Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Accorsi Opazo
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcos Espinosa Monardes
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- SALUDO A EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- FORTALECIMIENTO DEL RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO (Primer trámite constitucional) [boletín N° 7975-25]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Arturo Squella Ovalle
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- FORTALECIMIENTO DEL RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO (Primer trámite constitucional) [boletín N° 7975-25]
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Y DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y FOTOGRÁFICO HISTÓRICO DE DIARIO LA NACIÓN (Votación)
- DEBATE
- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LOS CLIENTES USUARIOS DE SERVICIOS BÁSICOS
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Fernando Meza Moncada
- Marcos Espinosa Monardes
- Alberto Robles Pantoja
- Jose Perez Arriagada
- Manuel Rojas Molina
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Cristian Campos Jara
- Andrea Molina Oliva
- Issa Farid Kort Garriga
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REBAJA DE COSTO DE TERRENOS FISCALES Y DIFERENCIACIÓN DE MONTOS DE SUBSIDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Cristina Girardi Lavin
- Fernando Meza Moncada
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Felipe Ward Edwards
- Ximena Vidal Lazaro
- Gabriel Silber Romo
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Alfonso De Urresti Longton
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Y DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y FOTOGRÁFICO HISTÓRICO DE DIARIO LA NACIÓN (Votación)
- VII. INCIDENTES
- SUSPENSIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES Y DE REMATES DE PREDIOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE DISTRITO N° 10 (Oficio)
- AUMENTO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA O REPROGRAMACIÓN DE ASIGNACIONES EN LA REGIÓN DE AYSÉN (Oficio)
- PAGO DE BONO DE ZONAS EXTREMAS A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL Y A PERSONAL DE JARDINES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS MUNICIPALES (Oficios)
- SATISFACCIÓN POR DECLARACIÓN DE INSTITUTO DEDERECHOS HUMANOS (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS EN FAVOR DE MENOR AFECTADA POR DELITO DE VIOLACIÓN Y RESPECTO DE RESGUARDOS EN LA ENTREGA DE MENORES EN ADOPCIÓN O TUICIÓN (Oficio)
- SALUDOS POR TÉRMINO DE CONFLICTO LABORAL DE RECOLECTORES DE BASURA (Oficios)
- FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BASES DE LICITACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL GRAN VALPARAÍSO (Oficios)
- ANTECEDENTES CURRICULARES DE CURSOS SOBRE DERECHOS HUMANOS IMPARTIDOS EN ESCUELAS FORMATIVAS DE CARABINEROS DE CHILE (Oficios)
- ESCLARECIMIENTO DE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑA “YO VOTO” (Oficios)
- EXCLUSIÓN DE NIÑOS NACIDOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2013 DE TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA Y SEVERA, INCLUIDA ENTRE LAS PATOLOGÍAS GES (Oficio)
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- OMISIÓN DE TRÁMITE DE CAMBIO DE USO DE SUELO DEL SECTOR PUNTA CACHOS POR ALCALDE DE COMUNA DE COPIAPÓ (Oficios)
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- RESPUESTA A DEMANDAS DE TRABAJADORES Y PROFESORES DE FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR (Oficios)
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Marcelo Diaz Diaz
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS E INDEMNIZACIONES DE EJECUTIVOS Y GERENTES DE CORREOS DE CHILE (Oficios)
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Marcelo Diaz Diaz
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN Y CALIDAD DE SEÑALES DE CANALES DE TELEVISIÓN ABIERTA EN LOCALIDAD DE VILLASECA, COMUNA DE VICUÑA (Oficios)
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- ENTREGA OPORTUNA DE BOLETAS DE CONSUMO ELÉCTRICO EN VILLASECA, COMUNA DE VICUÑA (Oficios)
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- ADHESION
- TÉRMINO A DERROCHE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE VILLASECA,COMUNA DE VICUÑA (Oficios)
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- ADHESION
- RECHAZO A PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE MANGANESO EN PARINACOTA (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE BANDERAS BICENTENARIO EN CAPITALES REGIONALES (Oficios)
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE TRAMITACIÓN DE PENSIÓN DE VEJEZ (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE CRÉDITO SOLICITADO A CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HÉROES (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE PRÓTESIS (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SANEAMIENTO DE PREDIO EN COMUNA DE LONQUIMAY (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO Y ESTADO DE SALUD DE PACIENTE OPERADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO (Oficios)
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- CONDOLENCIAS A FAMILIA DE MENOR FALLECIDA EN SECTOR RURAL DE COMUNA DE LOS MUERMOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN EL LUGAR (Oficios)
- FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN EN VIVIENDAS DE POBLACIÓN ALTOS DE ALERCE TRES, COMUNA DE PUERTO MONTT (Oficio)
- RESPUESTA A DEMANDAS DE TRABAJADORES Y PROFESORES DE FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 51ª, en miércoles 31 de julio de 2013
(Ordinaria, de 10.40 a 13.41 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo, y Delmastro Naso, don Roberto.
Secretario , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario , el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 16
II. APERTURA DE LA SESIÓN 19
III. ACTAS 19
IV. CUENTA 19
SALUDO A EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE 20
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA 21
V. ORDEN DEL DÍA 22
FORTALECIMIENTO DEL RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO (Primer trámite constitucional) [boletín N° 7975-25] 22
VI. PROYECTOS DE ACUERDO 50
CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Y DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y FOTOGRÁFICO HISTÓRICO DE DIARIO LA NACIÓN (Votación) 50
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LOS CLIENTES USUARIOS DE SERVICIOS BÁSICOS 51
REBAJA DE COSTO DE TERRENOS FISCALES Y DIFERENCIACIÓN DE MONTOS DE SUBSIDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES 53
EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 53
VII. INCIDENTES 56
SUSPENSIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES Y DE REMATES DE PREDIOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE DISTRITO N° 10 (Oficio) 56
AUMENTO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA O REPROGRAMACIÓN DE ASIGNACIONES EN LA REGIÓN DE AYSÉN (Oficio) 57
PAGO DE BONO DE ZONAS EXTREMAS A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL Y A PERSONAL DE JARDINES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS MUNICIPALES (Oficios) 58
SATISFACCIÓN POR DECLARACIÓN DE INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (Oficios) 58
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS EN FAVOR DE MENOR AFECTADA POR DELITO DE VIOLACIÓN Y RESPECTO DE REGUARDOS EN LA ENTREGA DE MENORES EN ADOPCIÓN O TUICIÓN (Oficio) 59
SALUDOS POR TÉRMINO DE CONFLICTO LABORAL DE RECOLECTORES DE BASURA (Oficios) 60
FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BASES DE LICITACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL GRAN VALPARAÍSO (Oficios) 61
Pág.
ANTECEDENTES CURRICULARES DE CURSOS SOBRE DERECHOS HUMANOS IMPARTIDOS EN ESCUELAS FORMATIVAS DE CARABINEROS DE CHILE (Oficios) 62
ESCLARECIMIENTO DE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑA “YO VOTO” (Oficios) 63
EXCLUSIÓN DE NIÑOS NACIDOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2013 DE TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA Y SEVERA, INCLUIDA ENTRE LAS PATOLOGÍAS GES (Oficio) 64
OMISIÓN DE TRÁMITE DE CAMBIO DE USO DE SUELO DEL SECTOR PUNTA CACHOS POR ALCALDE DE COMUNA DE COPIAPÓ (Oficios) 64
VIII. ANEXO DE SESIÓN 67
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES. 67
RESPUESTA A DEMANDAS DE TRABAJADORES Y PROFESORES DE FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR (Oficios) 67
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS E INDEMNIZACIONES DE EJECUTIVOS Y GERENTES DE CORREOS DE CHILE (Oficios) 68
VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN Y CALIDAD DE SEÑALES DE CANALES DE TELEVISIÓN ABIERTA EN LOCALIDAD DE VILLASECA, COMUNA DE VICUÑA (Oficios) 69
ENTREGA OPORTUNA DE BOLETAS DE CONSUMO ELÉCTRICO EN VILLASECA, COMUNA DE VICUÑA (Oficios) 69
TÉRMINO A DERROCHE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE VILLASECA, COMUNA DE VICUÑA (Oficios) 70
RECHAZO A PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE MANGANESO EN PARINACOTA (Oficios) 71
INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE BANDERAS BICENTENARIO EN CAPITALES REGIONALES (Oficios) 72
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE TRAMITACIÓN DE PENSIÓN DE VEJEZ (Oficio) 74
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE CRÉDITO SOLICITADO A CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HÉROES (Oficios) 74
INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE PRÓTESIS (Oficio) 75
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SANEAMIENTO 75
DE PREDIO EN COMUNA DE LONQUIMAY (Oficios) 75
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO Y ESTADO DE SALUD DE PACIENTE OPERADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO (Oficios) 75
CONDOLENCIAS A FAMILIA DE MENOR FALLECIDA EN SECTOR RURAL DE COMUNA DE LOS MUERMOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN EL LUGAR (Oficios) 76
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN EN VIVIENDAS DE POBLACIÓN ALTOS DE ALERCE TRES, COMUNA DE PUERTO MONTT (Oficio) 77
Pág.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 79
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Otorga un bono de apoyo a familias numerosas”. (boletín N° 9040-31(S). (127-361). 79
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8150-09) (S) 84
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 7975-25) 84
4. Oficio del Senado. (boletín N° 8201-09) (S) 86
5. Oficio del Senado. (boletín N° 8972-06) (S) 87
6. Oficio del Senado. (boletín N° 6190-19) 87
7. Oficio del Senado. (boletín N° 5579-03) 88
8. Oficio del Senado. (boletín N° 8951-10) 90
9. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2454-13-INA. (8777). 90
X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Petición
- Petición de 51 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “Analizar, recabar información y concluir en un informe sobre los siguientes actos de Gobierno: a) Actuación y reacción del Servicio Nacional de Menores ( Sename ) en la vulneración de los derechos de los menores que se encuentran en hogares dependientes o sujetos a su fiscalización, como son la negación de alimentos, de asistencia médica, de vestuario y de educación entre otras; b) Situación de los centros u hogares de menores dependientes o sujetos a la fiscalización del Sename; c) Evaluar y ponderar las irregularidades que arrojó el estudio titulado “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial de Chile”, realizado por el Poder Judicial, la Unicef y el Sename; d) Establecer y evaluar la actuación y reacción de otros órganos de la administración del Estado involucrados o intervinientes en los mismos hechos referidos, así como en el sistema nacional de adopciones; e) Investigar acerca de la responsabilidades del Sename y de los demás órganos de la administración del Estado que debieron velar y fiscalizar en lo referente a los hechos descritos, y f) Remitir sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan, tales como tribunales de justicia, Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, proponiendo las medidas pertinentes. Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 180 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”. En Tabla.
Respuestas a oficios.
Contraloría General de la República:
- Diputado Robles, Informe sobre las demoras en el pago del subsidio por incapacidad laboral, motivado en licencias médicas, que debe efectuar el Servicio de Salud de Atacama, disponiendo una fiscalización. (46284 al 9573).
Ministerio de Interior:
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar respecto de la factibilidad de incrementar la dotación del personal administrativo dependiente de las fiscalías del Ministerio Público. (16283 al 3472).
- Diputado Meza, Evalúe la factibilidad de instalar de manera urgente un retén de Carabineros en la localidad de Ñancul, ubicada en el camino que une Villarrica con Loncoche, Región de La Araucanía. (16305 al 4803).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Silber, Diputado Ascencio, Solicita informe sobre cada una de las materias señaladas en la solicitud adjunta, referidas a los funcionarios dependientes del servicio a su cargo, asistentes a las tribunas de la Corporación en Valparaíso, el pasado jueves 4 de abril del año en curso. (5530 al 10683).
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Remitir antecedentes estadísticos, en relación con la aplicación de las medidas de apremio establecidas en la Ley 14.908 artículo N°16 sobre abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. (41620 al 11905).
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación que afecta a don José Ralil Velásquez, descrita en la solicitud adjunta. (41623 al 12049).
Ministerio de Educación:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes, en relación con el transporte escolar en sectores rurales de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos, descrita en la intervención adjunta. (220 al 4966).
- Diputado Ojeda, Solicita tenga a bien analizar la factibilidad de establecer financiamiento para el transporte escolar rural y particularmente, estudiar la situación de las localidades rurales de la comuna de Osorno, según se explica en la intervención adjunta. (221 al 4948).
Ministerio de Justicia:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Razones que motivaron el traslado de la Fiscalía Local de Maipú al edificio institucional de la Fiscalía Regional Metropolitana, y acerca de la posibilidad de reevaluar dicho traslado con el objeto de estudiar su reubicación dentro de la comuna respectiva. (5129 al 10057).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Accorsi, Tenga a bien informar sobre la red de boyas de alerta de tsunamis desplegadas en el territorio nacional por la institución a su cargo. (3550 al 11423).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir antecedentes relacionados con la situación que afecta a la señora Lioba Kuschel García, domiciliada en el sector denominado Nueva Línea, cerca del peaje ubicado en el ingreso norte de la comuna de Puerto Varas, en la Ruta 5 Sur, a quien la concesionaria de la ruta mencionada le clausuró el acceso vehicular a su residencia. (1702 al 10281).
- Diputada Cristi doña María Angélica, Requiere, con motivo de la decisión de reformular el trazado del proyecto autopista Vespucio Norte, se informe oportunamente a esta Cámara respecto de las nuevas alternativas de diseño de la iniciativa. (1705 al 9762).
- Diputado Chahín, Posibilidad de asignar recursos para la construcción de caminos al interior de los terrenos que ocupa la comunidad indígena “Marine Puñán A”, en el sector El Capricho, de la comuna de Galvarino. (1706 al 10120).
- Diputado Squella, Requiere se informe sobre la resolución recaída en el recurso de reconsideración de la Res. 143-144 DGA-Quillota, expediente VV-0505-797, interpuesto el 23 de febrero de 2012 por la Asociación de Derechos Ciudadanos, representada por el señor José Vallejos Ahumada, por usurpación de aguas en pozo no autorizado. (1707 al 10309).
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes e informar de estas a la Corporación, en relación con los hechos descritos en la solicitud y antecedentes adjuntos. (1708 al 10555).
- Diputado Bobadilla, Considere de manera urgente -dentro de los futuros proyectos de esa cartera en la Región del Biobío- la pavimentación del camino que une las comunidades de Quilacoya, Talcamavida y Unihue con la comuna de Hualqui, toda vez que esta es la única ruta que poseen sus habitantes para poder llegar a la comuna de Concepción. (1710 al 4788).
- Diputado Chahín, Remita todos los antecedentes del estudio de prefactibilidad para el embalse que se construirá en la comuna de Curacautín, considerando su emplazamiento y los impactos ambientales y sociales que producirá. (1712 al 11311).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Accorsi, Informe sobre el número de funcionarios que se desempeñan en la cartera a su cargo, con indicación de las cifras correspondientes a cada una de las regiones del país, desglosadas según sea la calidad en que se ejerce el cargo. (556 al 11070).
- Diputado Ojeda, Bajos índices de crecimiento y desarrollo que estaría presentando la provincia de Osorno en materia de agricultura; y, acerca de los proyectos y políticas agrícolas dispuestas para revertir esta situación en materia de producción. (574 al 11297).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Chahín, Razones que han impedido el pago de la cuota mortuoria correspondiente a los causantes Clorinda del Carmen ayala Silva, segundo Millapán Canio, Carmen Jaures Campos, Francisco Curaqueo Traipe, Ernesto Pineda León y Audolina del Carmen Baeza Huenteleo, individualizados en nómina que se acompaña, y la actual reglamentación que la rige. (219 al 11590).
Ministerio de Salud:
- Diputado Accorsi, Remita antecedentes estadísticos actualizados sobre las cifras correspondientes a las deudas hospitalarias de cada hospital, clasificadas por los servicios de salud del país. (2098 al 11420).
- Diputado Jarpa, Crear un servicio de salud de atención especializada a la población mayor de 60 años de la provincia de Ñuble, Región del Biobío , contratando especialistas en geriatría e implementar un hospital geriátrico, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (2282 al 11613).
- Diputado Robles, Solicita informe sobre los hechos descritos en la intervención y antecedentes adjuntos, en relación con la contratación de profesionales a honorarios y a suma alzada, en la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central. (2284 al 11430).
- Diputado Robles, Razones que impiden la ejecución del programa de atención de postrados en sus casas, en la comuna de Caldera. (2285 al 11126).
- Diputado Accorsi, Informe sobre el programa de salud que será implementado para enfrentar los problemas hospitalarios de las comunas de San Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine; como asimismo, indique en forma detallada las cifras correspondientes a los aportes entregados por el Ministerio de Salud a los recintos asistenciales de dichos sectores desde el año 2010 a la fecha. (2286 al 11471).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita disponga la realización de una auditoría en el Hospital San José de Osorno, Región de Los Lagos e informe a esta Corporación de sus resultados. (2288 al 11537).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Sabag, Postulación al subsidio habitacional del Comité de Vivienda Las Araucarias, de la comuna de Quillón. (448 al 9455).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con las normas que regulan el retiro de fondos de la cuenta de ahorro para la vivienda (449 al 10852).
- Diputado Rojas, Requiere se informe sobre los planes y recursos previstos para la recuperación y remodelación de las calzadas y aceras de las calles y avenidas principales de la ciudad de Antofagasta. (450 al 9763).
- Diputado De Urresti , Número de parques urbanos existentes en el país, remitiendo el catastro nacional; acerca de la creación del Parque Catrico; y, respecto de la política que se desarrolla en esta materia. (451 al 11112).
- Diputado Jarpa, Solicita informe sobre la fecha definitiva de entrega de los subsidios de construcción en sitio propio, a las familias individualizadas en la solicitud adjunta quienes esperan una pronta solución a su situación habitacional. (452 al 10900).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Rincón, Informe a esta Corporación sobre las medidas que se adoptarán, en relación con una serie de denuncias realizadas por usuarios del Metrotren por eventuales déficits operacionales en el recorrido Estación Central de Santiago y Estación San Francisco de Mostazal. (4377 al 11333).
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita informar sobre la factibilidad de rehabilitar el servicio de compra y recarga de la tarjeta Bip, en el local ubicado en Avenida Pajaritos N°1721, comuna de Maipú. (4515 al 11158).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Marinovic, Remitir información sobre la presentación de la Ficha EBI para las etapas de diseño y ejecución del proyecto destinado a realizar las obras de techado del Estadio Fiscal de Punta Arenas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. (3186 al 11763).
- Diputado Vargas, Informe acerca de la iniciativa -que el Ejecutivo pretende remitir próximamente al Congreso Nacional- que crea el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, fusionando al efecto los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales, de Obras Públicas y Transportes, en especial, precise su sentido y alcance (995 al 11261).
Ministerio de Desarrollo Social:
- Diputado Chahín, Desarrollo del programa del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, denominado “Avanza”, ejecutado en la comuna de Lautaro por la consultora “Orbe”, entidad que recibió los aportes y no ejecutó lo servicios ofrecidos, dejando a los beneficiarios en la imposibilidad de optar a nuevos beneficios; disponer una investigación sobre el uso de los recursos asignados y disponer las compensaciones que procedan para los afectados. (2423 al 9220).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Espinosa don Marcos, Informe sobre lo gestionado a la fecha, en relación con la fiscalización a la Empresa Geotérmica del Norte por el escape de vapor y agua a más de 60 metros de altura en unos de los pozos del sector de la Quebrada del Zoquete de la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, ocurrido el 8 de septiembre de 2009. (131100 al 11462).
- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre las medidas adoptadas por el servicio a su cargo, en cumplimiento del dictamen N° 015001N13 del pasado 7 de marzo, de la Contraloría General de la República. (131123 al 11036).
- Diputado Accorsi, Informar sobre el Plan de Manejo de Aguas que presentó la Empresa Barrick Gold al servicio a su cargo. (1657 al 11802).
Ministerio de Cultura y de las Artes:
- Diputado Baltolu, Informar sobre la existencia de medidas destinadas a apoyar y agilizar las gestiones del proceso de postulación de las Momias de Chinchorro para ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. (858 al 11906).
Intendencias:
- Diputado Estay, Informar sobre los planes y programas que se encuentran actualmente en carpeta y en ejecución, en relación con el turismo durante la temporada de invierno a nivel nacional, particularmente, en la comuna de Vilcún de la Región de La Araucanía. (50 al 11708).
- Diputado Estay, Informar sobre los planes y programas que se encuentran actualmente en carpeta y en ejecución, en relación con el turismo durante la temporada de invierno a nivel nacional, particularmente, en la comuna de Melipeuco de la Región de La Araucanía. (51 al 11710).
- Diputado Estay, Informar sobre los planes y programas que se encuentran actualmente en carpeta y en ejecución, en relación con el turismo durante la temporada de invierno a nivel nacional, particularmente, en la comuna de Curacautín de la Región de La Araucanía. (52 al 11709).
- Diputado Sandoval, Informe sobre las cifras correspondientes a la cantidad de subsidios otorgados para la compra de viviendas en la región, a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda con la “modalidad colectiva sin proyecto”; como asimismo, indique cuántos de estos subsidios se han materializado con la adquisición de una vivienda, precisando la fecha de otorgamiento del mencionado beneficio. (529 al 11642).
- Diputado Sandoval, Informar sobre las cifras correspondientes a la cantidad de subsidios otorgados para la compra de viviendas en la región, a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda con la “modalidad colectiva sin proyecto”; como asimismo, indique cuántos de estos subsidios se han materializado con la adquisición de una vivienda, precisando la fecha de otorgamiento del mencionado beneficio. (529 al 11659).
- Diputado Estay, Informar sobre los planes y programas que se encuentran actualmente en carpeta y en ejecución, en relación con el turismo durante la temporada de invierno a nivel nacional, particularmente, en la comuna de Lonquimay de la Región de La Araucanía. (53 al 11711).
Varios:
- Diputado Carmona, Solicita analizar y disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a don Fernando Dorador Jaime, descrita en la solicitud adjunta. (42379 al 4771).
XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputado Espinoza don Fidel, Remitir antecedentes, en relación con el seguro de muerte accidental ontológico contratado por don Hugo Bustamante Cárcamo con la empresa Metlife Chile Seguros de Vida S.A.; particularmente, informe sobre el estado de avance del proceso para hacer efectivo el beneficio por su viuda doña Milena Bustamante Alarcón. (12180 de 22/07/2013). A varios.
- Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre la existencia de terrenos disponibles en la localidad de Puchuncaví de la Región de Valparaíso, que puedan ser entregados a un comité de vivienda del sector. (12197 de 24/07/2013). A servicios.
- Diputado Monsalve, Informar sobre la situación que afecta a don Manuel Hidalgo Díaz, descrita en la solicitud adjunta. (12198 de 24/07/2013). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputado Monsalve, Informar sobre la situación que afecta a don Manuel Hidalgo Díaz, descrita en la solicitud adjunta. (12198 de 24/07/2013). A presidencia Concejo Municipal de Curanilahue .
- Diputado Monsalve, Informar sobre la situación que afecta a don Manuel Hidalgo Díaz, descrita en la solicitud adjunta. (12198 de 24/07/2013). A Gobernación de Arauco.
- Diputado Monsalve, Informar sobre la situación que afecta a don Manuel Hidalgo Díaz, descrita en la solicitud adjunta. (12198 de 24/07/2013). A don Manuel Hidalgo Díaz.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidencia del Concejo Municipal de Contulmo .
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidente de la Unión Comunal de Lota.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A Concejo Municipal de Lebu.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A Concejo Municipal de Lota.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidente de la Unión Comunal de Lebu.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidente de la Unión Comunal de Tirúa.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidente de la Unión Comunal de Contulmo.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidente de la Unión Comunal de Los Álamos.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidente de la Unión Comunal de Cañete .
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A Concejo Municipal de Los Álamos.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A Concejo Municipal de Cañete.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A Concejo Municipal de Tirúa.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidencia Concejo Municipal de Curanilahue .
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidente de la Unión Comunal de Arauco .
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A Concejo Municipal de Arauco.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A gobernadora provincial de Arauco.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidente de la Unión Comunal de Curanilahue.
- Diputado Monsalve, Remitir antecedentes sobre los subsidios de vivienda asignados, construidos o que se encuentren en inicio de obras, en las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo y Tirúa, de la Región del Biobío, otorgados a los afectados del terremoto del 27 de febrero del año 2010. (12199 de 25/07/2013). A presidente de Arauco 7.
- Diputado Monsalve, Tenga a bien instruir una fiscalización, en relación con la situación que afecta a don Pedro Martínez Figueroa, descrita en la solicitud adjunta, informando sobre sus resultados. (12200 de 25/07/2013). A presidencia Concejo Municipal de Curanilahue .
- Diputado Monsalve, Tenga a bien instruir una fiscalización, en relación con la situación que afecta a don Pedro Martínez Figueroa, descrita en la solicitud adjunta, informando sobre sus resultados. (12200 de 25/07/2013). A gobernadora provincial de Arauco.
- Diputado Monsalve, Tenga a bien instruir una fiscalización, en relación con la situación que afecta a don Pedro Martínez Figueroa, descrita en la solicitud adjunta, informando sobre sus resultados. (12200 de 25/07/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Monsalve, Tenga a bien instruir una fiscalización, en relación con la situación que afecta a don Pedro Martínez Figueroa, descrita en la solicitud adjunta, informando sobre sus resultados. (12200 de 25/07/2013). A don Pedro Martínez Figueroa.
- Diputado Monsalve, Tenga a bien informar sobre la situación que afecta a don Tomás Abraham Moraga, descrita en la solicitud adjunta. (12201 de 25/07/2013). A señor Tomás Abraham Moraga.
- Diputado Monsalve, Tenga a bien informar sobre la situación que afecta a don Tomás Abraham Moraga, descrita en la solicitud adjunta. (12201 de 25/07/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Monsalve, Tenga a bien informar sobre la situación que afecta a don Tomás Abraham Moraga, descrita en la solicitud adjunta. (12201 de 25/07/2013). A presidencia Concejo Municipal de Curanilahue .
- Diputado Monsalve, Tenga a bien informar sobre la situación que afecta a don Tomás Abraham Moraga, descrita en la solicitud adjunta. (12201 de 25/07/2013). A gobernadora provincial de Arauco.
- Diputado Monsalve, Tenga a bien informar sobre la situación que afecta a doña Reinería Figueroa Briones, descrita en la solicitud adjunta. (12202 de 25/07/2013). A señora Reinería Figueroa Briones.
- Diputado Monsalve, Tenga a bien informar sobre la situación que afecta a doña Reinería Figueroa Briones, descrita en la solicitud adjunta. (12202 de 25/07/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Monsalve, Tenga a bien informar sobre la situación que afecta a doña Reinería Figueroa Briones, descrita en la solicitud adjunta. (12202 de 25/07/2013). A presidencia Concejo Municipal de Curanilahue .
- Diputado Monsalve, Tenga a bien informar sobre la situación que afecta a doña Reinería Figueroa Briones, descrita en la solicitud adjunta. (12202 de 25/07/2013). A gobernadora provincial de Arauco.
- Diputado Jarpa, Informar sobre el estado de tramitación en que se encuentra el proyecto que pretende construir una tenencia de Carabineros en el sector Los Volcanes y Lomas de Oriente de la ciudad de Chillán de la Región del Biobío, indicando el lugar de emplazamiento, cronograma de ejecución de la obra y su plazo de término estimado. (12203 de 25/07/2013). A varios.
- Diputado Jarpa, Remitir un informe detallado, en relación con los plazos para la realización de los estudios de ingeniería y factibilidad del proyecto de construcción del nuevo Centro de Salud Familiar, emplazado en la comuna de Coihueco de la Región del Biobío. (12204 de 25/07/2013). A Ministerio de Salud.
- Diputado Jarpa, Remitir un informe detallado, en relación con los plazos para la realización de los estudios de ingeniería y factibilidad del proyecto de construcción del nuevo Centro de Salud Familiar, emplazado en la comuna de Coihueco de la Región del Biobío. (12204 de 25/07/2013). A intendencias.
- Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre la situación que afecta al Comité Los Jardines de Nogales, conformado por 140 familias de la comuna de Nogales, descrita en la solicitud adjunta. (12205 de 26/07/2013). A dirección regional del Serviu de la Región de Valparaíso.
- Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre la situación que afecta al Comité Los Jardines de Nogales, conformado por 140 familias de la comuna de Nogales, descrita en la solicitud adjunta. (12206 de 26/07/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Accorsi, Tenga a bien instruir una fiscalización, en relación con las denuncias efectuadas sobre la obligación de firmar un pagaré en blanco para recibir atención de urgencia en algunas clínicas privadas del país, informando sus resultados. (12207 de 26/07/2013). A Superintendencia de Salud.
- Diputado Espinosa don Marcos, Informar sobre la situación que afecta a los trabajadores de la Empresa Aramak Servicios Mineros y Remotos Ltda., en relación con la modificación de sus contratos de trabajo. (12208 de 29/07/2013). A servicios.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, el ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Andrés Chadwick Piñera.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 45ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 46ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, solicito la palabra sobre la Cuenta.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , en el número 2 de la Cuenta se informa de un oficio mediante el cual el Presidente de la República retira la suma urgencia para el proyecto de ley que figura en el primer lugar de la Tabla de esta sesión.
Al respecto, quiero saber si ello alterará el orden de la Tabla de hoy.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , se informó a los comités parlamentarios que debido a esta situación se altera el orden de la Tabla. El proyecto en comento pasa al tercer lugar.
-o-
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , quiero plantear un tema de Reglamento que fue debatido ayer, cuyo análisis continuamos durante la tarde junto con el diputado Jorge Burgos , y que tiene que ver con la transformación de las comisiones permanentes en comisiones especiales investigadoras.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , este no es el momento para plantear ese tema. Ahora, corresponde someter a votación la constitución de una comisión investigadora.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, se trata precisamente de ese tema y, por lo tanto, le ruego que me conceda dos minutos para explicar mi planteamiento.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Continúe con el uso de la palabra, señor diputado.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , usted tenía toda la razón cuando sostuvo que históricamente esta Cámara había acordado transformar legalmente comisiones permanentes en comisiones investigadoras, pero con una salvedad: usted no tenía razón cuando señalaba que ello podía ocurrir después de la reforma constitucional de 2005. A partir de esa reforma constitucional, las comisiones investigadoras fueron incorporadas, por primera vez, dentro de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, consignadas en el artículo 52 de la Constitución Política de la República.
En consecuencia, cuando la Cámara adoptaba los acuerdos antes de 2005 lo hacía teniendo como base de sustentación jurídica el propio Reglamento de la Cámara de Diputados y, por consiguiente, sus órganos podían modificarlo. Ello no puede ocurrir a partir de 2005.
En consecuencia, señor Presidente , conociendo su amplio criterio jurídico y su disposición expresada en la Sala el día de ayer, en términos de reevaluar o analizar un nuevo acuerdo respecto de este tema, le ruego que este reconozca la nueva norma del artículo 52 de la Constitución Política de la República y del artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y que, en lo sucesivo, no se permita transformar las comisiones permanentes en comisiones investigadoras.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, su planteamiento está claro y es exactamente el mismo que expuso ayer.
SALUDO A EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- La Mesa saluda con especial afecto la presencia en la tribuna de honor del embajador de Estados Unidos en Chile, señor Alejandro Wolff, quien durante los próximos días dejará de servir ese cargo.
-Aplausos.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición que han formulado 51 señores diputados y señoras diputadas, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra c), de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “Analizar, recabar información y concluir en un informe sobre los siguientes actos de Gobierno: a) Actuación y reacción del Servicio Nacional de Menores ( Sename ) en la vulneración de los derechos de los menores que se encuentran en hogares dependientes o sujetos a su fiscalización, como son la negación de alimentos, de asistencia médica, de vestuario y de educación, entre otras; b) Situación de los centros u hogares de menores dependientes o sujetos a la fiscalización del Sename; c) Evaluar y ponderar las irregularidades que arrojó el estudio titulado “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial de Chile”, realizado por el Poder Judicial, la Unicef y el Sename; d) Establecer y evaluar la actuación y reacción de otros órganos de la administración del Estado involucrados o intervinientes en los mismos hechos referidos, así como en el sistema nacional de adopciones; e) Investigar acerca de las responsabilidades del Sename y de los demás órganos de la administración del Estado que debieron velar y fiscalizar en lo referente a los hechos descritos, y f) Remitir sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan, tales como tribunales de justicia, Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, proponiendo las medidas pertinentes. Para el cumplimiento del propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 180 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.”
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
V. ORDEN DEL DÍA
FORTALECIMIENTO DEL RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO (Primer trámite constitucional) [boletín N° 7975-25]
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el resguardo del orden público.
Diputados informantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, y de Constitución, Legislación y Justicia son los señores Cristián Letelier y Arturo Squella, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7975-25, sesión 90ª de la legislatura 359ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, sesión 72ª de la legislatura 360ª, en 28 de agosto de 2012. Documentos de la Cuenta N° 20.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 50ª de la presente legislatura, en 31 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 11.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas.
El señor LETELIER (de pie).- Señor Presidente , la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que fortalece el resguardo del orden público, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República .
La idea matriz o fundamental del proyecto es perfeccionar y fortalecer las normas que permiten el efectivo resguardo del orden público.
En cuanto a las normas de quorum especial, el artículo tercero del proyecto debe ser aprobado como norma de quorum calificado, ya que modifica el artículo 14 de la ley sobre Control de Armas.
En la votación general, luego de haber escuchado a una serie de profesores de derecho penal y especialistas en criminología, cuyos nombres y cargos se detallan en el informe, se deja constancia de que esta iniciativa legal fue aprobada, en general, por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2011.
Ahora paso a referirme al contenido del proyecto.
La iniciativa consta de cuatro artículos permanentes.
El artículo primero introduce modificaciones al Código Penal en relación a los delitos de atentados contra la autoridad.
En primer lugar, se complementa el artículo 261 del Código Penal, que sanciona los atentados contra la autoridad, mediante un nuevo inciso segundo que explicita que pueden ser sujetos pasivos del delito los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los funcionarios de Gendarmería de Chile que se encontraren en el ejercicio de sus funciones.
En segundo término, se sustituye el artículo 262 del Código Penal, cuyo texto vigente sanciona con reclusión menor en su grado mínimo, esto es de 61 días a 540 días, o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, el atentado contra la autoridad. Además, establece tres agravantes que aumentan la pena a reclusión menor en su grado medio o multa de once a quince unidades tributarias mensuales.
El nuevo artículo 262 del Código Penal aprobado por la Comisión elimina las multas como penas facultativas, baja el piso de la pena a 541 días si los atentados contra la autoridad se cometieren poniendo manos en la autoridad o en las personas que acudieren a su auxilio y contempla un nuevo inciso que señala que las penas establecidas en el artículo 262 se impondrán siempre que el atentado contra la autoridad no constituya un delito al que la ley le asigne una pena mayor, caso en el cual se aplicará únicamente esta.
Se reemplaza el tipo penal del delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, el cual es muy distinto a la sedición, toda vez que el artículo 269 contempla las acciones momentáneas cuando alteren la tranquilidad pública, que viene desde 1874 por el comisionado señor Ballesteros .
Este artículo, que hoy ponemos a disposición de la honorable Cámara de Diputados para su discusión y, ojalá, aprobación, fue consecuencia de una indicación parlamentaria que sustituyó el texto propuesto por el Ejecutivo . Si bien se coincidió en la necesidad de contar con una legislación más efectiva en torno a los desórdenes que se generan a propósito de las marchas o protestas públicas, se distingue entre los desórdenes públicos punibles -a los que se les denomina desórdenes públicos graves- y los no punibles, respecto de los cuales se considera que deben ser castigados como faltas.
La nueva figura sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es 541 días a 3 años de reclusión, a quienes participen en desórdenes públicos graves, entendiéndose por tales los desórdenes públicos que importen la realización de alguno de los siguientes hechos: paralizar o interrumpir, valiéndose de fuerza en las cosas o de violencia o intimidación en las personas, algún servicio público (hospitales, de emergencia, servicios básicos, comunicaciones o transporte); saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, entre otros; impedir o alterar, ejerciendo violencia o intimidación en las personas, la libre circulación por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes, resistiendo el actuar de la autoridad; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; emplear armas de fuego, cortantes o punzantes; causar daños a la propiedad ajena en cualquiera de los siguientes casos: en hospitales o centros de salud; cuando se destruyan, inutilicen o dañen gravemente puentes, túneles, semáforos y otras instalaciones y artefactos para la seguridad u ordenación del tránsito público.
Hay un conjunto de acciones que en el último tiempo ha dañado la propiedad pública o privada, que recoge este proyecto y que la indicación parlamentaria establece. Por lo tanto, vienen a adecuar la legislación en esta materia.
La pena se aplicará sin perjuicio de la que corresponda aplicar, además, por los delitos de daños, incendios, atentados, robos, infracciones a la ley N° 17.798 sobre Control de Armas.
Por otro lado, se crearon dos nuevos artículos. El artículo 269 A, que sanciona con presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) al que impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a prestar auxilio en un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas o entorpezca la acción de la justicia o la policía, salvo que el hecho constituya otro delito que merezca mayor pena.
El artículo 269 B, que hace aplicable el máximo de la pena en los delitos de atentados contra la autoridad, atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos, y desórdenes públicos a los responsables que actuaren con el rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor. Esto se refiere a los denominados en la jerga popular como “encapuchados”.
El artículo segundo, que proponía una modificación sustancial al Código Procesal Penal, fue rechazado y reemplazado por otro, mediante el cual se modifica el decreto con fuerza de ley N° 7.912, del Ministerio del Interior, de 1927, que organiza las Secretarías del Estado, para establecer adecuaciones formales y permitir al ministro del Interior y Seguridad Pública , a los intendentes y gobernadores, según corresponda, interponer querellas en caso de los delitos previstos y sancionados en los títulos relativos a los delitos de atentados contra la autoridad, atentados y amenazas contra los fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos, y desórdenes públicos.
El artículo tercero, que es de quorum calificado, modifica el artículo 14 de la ley sobre Control de Armas para sancionar la fabricación, importación, internación o comercialización en cualquier forma de armas.
Finalmente, el artículo cuarto, incorporado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas como indicación de quien habla, establece que formalizada la investigación por alguno de los delitos de atentados contra la autoridad y desordenes públicos graves, el juez de garantía, a petición del fiscal o del querellante, podrá decretar, como medida cautelar personal, la prohibición al imputado de asistir a determinadas reuniones o manifestaciones públicas.
Por los motivos expuestos, esta comisión propone la aprobación del proyecto de ley que somete a la consideración de la Sala en los términos referidos.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor SQUELLA (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia vengo en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto, iniciado en un mensaje, que fortalece el resguardo del orden público, el que ya cuenta con un primer informe reglamentario de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas.
De acuerdo con los antecedentes, esta iniciativa tiene por objeto perfeccionar y fortalecer las normas que permiten un efectivo resguardo del orden público.
Sus fundamentos pueden encontrarse en el deber que corresponde al Estado de promover el bien común y la paz social, para lo cual debe establecer los mecanismos que faciliten la creación de las condiciones necesarias para permitir el adecuado desarrollo de todos los miembros de la sociedad, por lo que, en consecuencia, es propio de su labor el garantizar y asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades de todos quienes habitan el territorio nacional, dentro de un marco de tranquilidad social que permita el desarrollo y crecimiento del país y de sus habitantes.
De conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política, la autoridad del Presidente de la República se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, entendiendo el concepto de orden público, en general, como un estado opuesto al desorden, compuesto por tres elementos fundamentales, como son la seguridad y tranquilidad, la moralidad y la salubridad pública.
El primero de estos elementos -es decir, la seguridad y tranquilidad pública- se expresa en proteger a las personas y a sus bienes contra los daños que pueden provenir de otras personas, que se basa en el deber general de no perturbar el orden público que pesa sobre toda persona por el solo hecho de vivir en sociedad.
De la potestad constitucional del Jefe de Estado de conservar el orden público emanan las competencias que la ley confiere a diversos órganos de la Administración del Estado, como la que el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, entrega al Ministerio del Interior, a las intendencias y gobernaciones para querellarse por la comisión de hechos que revisten carácter de delito y que alteran el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales, o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías, reconocidos por la Constitución Política.
El artículo 1° de la ley N° 18.961 señala que Carabineros es una institución técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho, cuya finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la república.
Siempre de acuerdo a los antecedentes, un ejemplo de la vulneración del orden público, en lo relativo a la seguridad y tranquilidad públicas, se vincula con el ejercicio del derecho de reunión, que la Constitución garantiza como un derecho fundamental, que asegura a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas y establece que las reuniones que se efectúen en plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. No obstante, en ocasiones, el legítimo ejercicio de este derecho se ve perturbado por otras personas que, sobrepasando el marco constitucional, provocan desórdenes, agreden o lesionan a quienes se manifiestan pacíficamente o a los agentes policiales, causan daños a la propiedad, utilizan armas blancas y de fuego y, en general, afectan el normal desenvolvimiento y la vida diaria en los lugares por los que pasan las marchas, y muchas veces ocultan sus rostros para evadir la acción policial.
Todo lo anterior hace necesario perfeccionar la normativa vigente, con el fin de fortalecer el debido resguardo del orden público. Para ello es necesario modificar el tipo penal de delito de desórdenes públicos, puesto que no responde a los fenómenos sociales actuales ni da solución a los problemas que enfrentamos en esta materia.
A esta Comisión le correspondió pronunciarse sobre el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, con los siguientes resultados:
Primero, respecto de las modificaciones propuestas por el artículo primero del proyecto al Código Penal:
a) Aprobó, por amplia mayoría, la propuesta por el número 1) para modificar el artículo 261, que sanciona los atentados contra la autoridad. Con ese propósito, se agrega un inciso de carácter declarativo destinado a entender comprendidas dentro de las autoridades a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a los funcionarios de Gendarmería que se encuentren en el ejercicio de sus funciones, como una forma de solucionar el problema que se ha presentado en los tribunales a causa de las interpretaciones restrictivas que se han hecho de la ley, ya que no consideran a esos funcionarios dentro del concepto mencionado, el de autoridad.
b) Rechazó la sustitución del artículo 262 que plantea el número 2) del artículo primero del proyecto, norma que sanciona los atentados contra la autoridad si estos se verifican a mano armada o si, a consecuencia de la coacción, la autoridad hubiere accedido a las exigencias de delincuentes, por considerar, mayoritariamente, que había problemas de proporcionalidad respecto de la penalidad propuesta y poca claridad en la descripción de las circunstancias que agravan la responsabilidad.
c) Rechazó la sustitución propuesta por el número 3) del artículo primero del proyecto al artículo 269 del Código Penal, que sanciona el delito de desórdenes públicos. Esta Comisión rechazó tanto la propuesta de la Comisión de Seguridad Ciudadana como la indicación sustitutiva del Ejecutivo , por estimar que las figuras delictivas que se incluían en esos textos pueden ser sancionadas con las disposiciones vigentes del Código. Los diputados estimaron que, si no había resultados positivos, ello se debía a problemas relacionados con la forma de pesquisar esos delitos.
d) Aprobó el nuevo artículo 269 A, que se agrega por el número 4) del artículo primero del proyecto, a fin de sancionar a quienes impidieren o dificultaren la actuación del personal de los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a prestar auxilio en caso de siniestro u otra calamidad, o en casos en que se entorpezca la acción de la justicia o de la policía.
e) Rechazó el artículo 269 B, que también se incluía en el número 4) del artículo primero, por estimar que la regla de aplicación de la pena que establece, que agrava la responsabilidad de quienes cometan atentados contra la autoridad, contra los fiscales del Ministerio Público o contra defensores penales públicos e incurran en desórdenes públicos cubriéndose el rostro o utilizando cualquier otro elemento que impida o dificulte su identificación, constituiría un exceso por cuanto las razones de quienes se embozan o utilizan elementos que les cubra el rostro no pueden ser consideradas una agravante, porque formaría parte de la conducta típica. Los parlamentarios estimaron que no es posible pretender que el delincuente facilite su identificación a la autoridad.
f) Rechazó una indicación del Ejecutivo para agregar un nuevo artículo 410 bis a fin de que se considere como agravante en los delitos contra las personas -es decir, el homicidio, las lesiones y el duelo- el que se cometan con ocasión de actos o manifestaciones públicas, como también, en estos mismos casos y en el delito de desórdenes públicos, que se cometan utilizando embozo o capuchas, para aplicar el máximo de la pena correspondiente al delito.
g) También rechazó la indicación del Ejecutivo destinada a agregar un artículo 489 bis que establece iguales agravantes para conductas similares a las descritas en la letra anterior, pero respecto de delitos contra la propiedad.
h) Asimismo, rechazó la indicación del Ejecutivo para agregar un número 22 en el artículo 494, con el fin de sancionar como falta el hecho de usar capuchas, pañuelos u otros elementos análogos en un desorden público, aunque no se participe en ellos.
A consecuencia del rechazo anterior, se rechazó también el inciso final que la indicación del Ejecutivo agregaba al citado artículo 494, que permitía conmutar la pena asignada a la falta por la de trabajos en beneficio de la comunidad.
i) De igual forma, rechazó la indicación del Ejecutivo para introducir una modificación en el artículo 134 del Código Procesal Penal, a fin de permitir la detención del imputado que hubiere incurrido en la falta señalada en el artículo 494, N° 22 -es decir, el uso de capuchas o pañuelos en un desorden público-, figura que, como señalé anteriormente, fue rechazada.
Segundo, aprobó el artículo segundo del proyecto, que modifica el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 7.912, del Ministerio del Interior, de 1927, en el que se señalan las funciones que corresponden al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para permitir a esa secretaría de Estado querellarse por los delitos que se indican, fundamentalmente aquellos contra el orden público y otros contenidos en cuerpos especiales, como homicidios, lesiones o amenazas contra Carabineros, Policía de Investigaciones o Gendarmería. La razón de esta modificación es que el artículo 111 del Código Procesal Penal limita la posibilidad de querellarse a los órganos públicos solo a aquellos casos en que sus respectivas leyes orgánicas los faculten expresamente.
Tercero, rechazó el artículo tercero del proyecto, que modifica el artículo 14 de la Ley de Control de Armas, que sanciona a los que porten algunas de las armas o elementos que señala, para los efectos de agregar, además del porte, la fabricación, importación, exportación, internación, distribución o comercialización, en cualquier forma, de estos elementos, por tratarse de una materia que ya se aborda en un proyecto distinto, por lo que resultaba repetitivo.
Cuarto, finalmente rechazó el artículo cuarto del proyecto, mediante el cual se permitía al juez, una vez formalizada la investigación por los delitos de atentados contra la autoridad y desórdenes públicos, modificados en la forma propuesta por el proyecto, decretar la medida cautelar de prohibición de asistir a determinadas reuniones o manifestaciones públicas.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el ministro del Interior y Seguridad Pública.
El señor CHADWICK ( ministro del Interior y Seguridad Pública ).- Señor Presidente , en representación del Ejecutivo, vengo a exponer las razones y fundamentos que se tuvieron en consideración para presentar esta iniciativa y, muy especialmente, para modificarlo en aspectos importantes con la presentación de un conjunto de indicaciones, que esperamos puedan concentrar la atención de las señoras y señores diputados, porque creemos que ahí está el nervio de este proyecto.
¿Cuál es la situación que enfrentamos hoy, la realidad social que nos está indicando el país? Que nuestro derecho fundamental a reunirnos pacíficamente, consagrado en la Constitución, elemento esencial de nuestra democracia, enfrenta desde hace algunos años una suerte de amenaza, precisamente en cuanto a su condición de pacífica, amenaza que muchas veces puede deslegitimar, incluso, los fundamentos de las convocatorias o el espíritu u objetivo de los convocantes a reuniones, manifestaciones o marchas, por cuanto esa circunstancia de acciones públicas es aprovechada por un grupo de personas que ocultan su identidad, su rostro y que aprovechan el legítimo derecho de reunión para generar actos violencia y vandálicos y, de esa manera, deslegitimar las verdaderas causas y objetivos de los convocantes.
Frente a esa nueva realidad, que se viene dando desde hace algunos años, que vemos permanentemente cuando se producen movilizaciones o marchas, nuestra actual legislación, a juicio del Ejecutivo, presenta, por una parte, ciertos vacíos y, por otra, ciertas debilidades.
En nuestra actual legislación, uno de los vacíos que observamos es que la tipificación del delito de desórdenes graves viene desde los orígenes mismos de nuestro Código Penal; es decir, se trata del mismo delito consagrado en 1874.
Permítanme leer un texto breve, para que entiendan dónde radica el problema. El artículo 269 del Código Penal señala que se entiende por desórdenes graves “Los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado.”.
Es decir, se trata de una redacción, una tipificación, que inmediatamente nos muestra que es extraordinariamente antigua, poco precisa, muy amplia, que nos ha traído serios problemas para los efectos de la interpretación judicial de cuándo estamos en presencia de una situación de desorden grave.
Por otra parte, nuestra legislación presenta una debilidad al momento de sancionar las conductas reprobables, de acciones violentas o vandálicas que se producen para aprovechar el derecho a reunión, porque establece sanciones muy bajas, que hacen que, ante cualquier presentación en los tribunales de justicia, la persona acusada no solo recupera rápidamente su libertad, sino que también queda sujeta a una sanción prácticamente inexistente; por lo tanto, carecemos de las herramientas jurídicas necesarias para abordar ese problema.
En razón de esa experiencia y de lo que comúnmente hemos conocido como los encapuchados, lo que ha pasado a ser un tema de relevancia social, y dado que, como señalé anteriormente, nuestra legislación penal tiene esta debilidad, por su antigüedad, y un vacío como herramienta eficaz para enfrentar ese fenómeno, como Ejecutivo hemos decidido presentar un proyecto de ley, que originalmente tendía -sigue teniendo esa orientación- a fortalecer el orden público, pero al que, a la luz del debate desarrollado en las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia, le hemos introducido algunas indicaciones sustitutivas, con el propósito de buscar los acuerdos necesarios en esta Sala.
¿Qué estamos proponiendo? Tres figuras nuevas, que nos parecen esenciales. Primero, una nueva tipificación del delito de desórdenes graves, para actualizarlo, dada su antigüedad. Para ese efecto, proponemos dos situaciones muy precisas y concretas: que se entiendan por desórdenes públicos graves dos conductas. En primer lugar, la paralización de los servicios públicos de emergencia, ya sean de salud, de electricidad, de energía, de agua potable. Si producto de actividades de desórdenes se produce la paralización de un servicio público de emergencia necesario e indispensable para la sociedad, entendemos que estamos frente a una conducta de desorden grave.
En segundo lugar, si producto de esas mismas conductas se impide la libre circulación de las personas por calles, carreteras y caminos.
Por lo tanto, estamos planteando dos conductas que tipifican el delito de desordenes públicos graves: interrumpir un servicio público o impedir la libertad de locomoción. Y agregamos un requisito: que en ambos casos esa interrupción o ese impedimento a la libre circulación tiene que desarrollarse valiéndose de la fuerza en las cosas o de violencia o intimidación a las personas. No se trata de cualquiera interrupción, ni de cualquier impedimento para la libre circulación, sino de que exista una acción dolosa de una gravedad que implique la fuerza en las cosas o la intimidación de las personas.
Reforzamos la sanción, para efectos de que podamos tener sanciones efectivas y no meramente citaciones a los tribunales de justicia. Hoy, la sanción va de 61 a 540 días. Nosotros proponemos mantener los 61 días, pero ampliar el máximo a 3 años, para que esta conducta de penalidad grave tenga una sanción que sea proporcional.
El segundo punto de nuestras indicaciones sustitutivas es el establecimiento de una circunstancia agravante y un aumento de la penalidad en dos situaciones. La primera, cuando se trata de delitos cometidos contra las personas o que afecten los bienes o la propiedad. Si ambos delitos son cometidos con ocasión de una manifestación o un acto de carácter público y masivo, pasan a tener una circunstancia agravante de la conducta penal.
No queremos -y creemos que no es justo- que, a propósito del derecho de reunión pacífica, personas utilicen ese ejercicio del derecho para cometer delitos contra las personas y contra la propiedad, y que eso no les signifique una situación agravante de la penalidad. Por eso la colocamos como una circunstancia agravante, para aplicar una sanción mayor a quienes utilicen el legítimo derecho de reunión de otros con el propósito de cometer delitos.
Al mismo tiempo, proponemos el aumento de la penalidad a quienes cometan estos mismos delitos contra las personas, contra la propiedad o el delito de desórdenes graves en esas circunstancias, celebración de actos o manifestaciones públicas de carácter masivo, pero que para cometer esos delitos, además, utilicen algún tipo de elemento con el propósito de esconder su identidad, ya sea una capucha o algún elemento análogo que cubra su rostro, para cometer delitos en la vía pública, amparándose en el derecho de reunión. Para esos encapuchados que cometen tales delitos en esas manifestaciones, proponemos un aumento de penalidad.
Si al delito le corresponde la pena de un grado que sea divisible, que se aplique el máximo de esa pena, y si a ese delito le corresponden dos o más grados de penalidad, que no se le aplique el mínimo. Es decir, en una situación de división de la pena, que se aplique el máximo del grado que indica. Si tiene dos o más grados la pena, que no se aplique el mínimo. Estamos ponderando una mayor sanción, prudente, pero exigente para aquellas personas que utilicen el derecho de reunión para cometer delitos y, además, oculten su identidad.
En tercer lugar -es la tercera indicación sustitutiva que presentamos, para los efectos de simplificar el proyecto e ir a sus aspectos medulares-, apuntamos a aquella persona que concurre a una manifestación de carácter público, pero que oculta su identidad. Estamos en presencia de lo que hemos conocido como encapuchado. Ya no se trata de que cubra su rostro para cometer un delito, sino que vaya a un acto público a ejercer el derecho a reunión pacíficamente, pero lo haga ocultando su identidad y encapuchado. Creemos que esa conducta debe ser reprochable. En democracia, no se requiere esconder ni ocultar la identidad para ejercer los derechos en forma legítima. Por el contrario, en democracia, el ejercicio de los derechos -ese es uno de los valores de la democracia- se hace a cara descubierta; no ocultándose ni fingiendo una identidad.
Establecemos que dicha conducta sea una falta que tenga una multa que vaya de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, pero a esa falta agregamos lo que se denomina la falta calificada. ¿Qué significa eso? Que sea de las faltas respecto de las cuales el Código Procesal Penal faculta a la policía para proceder a la detención de la persona que la comete, para ponerlo a disposición del fiscal. Es decir, el encapuchado, el que oculta su identidad y quiera aprovecharse del ejercicio de un derecho, que en democracia se ejerce en forma descubierta, cometerá una falta y podrá ser puesta a disposición del fiscal, para evitar desórdenes públicos posteriores o daños mayores, porque es obvio que quien oculta su identidad lo hace siempre porque tiene una predisposición a desarrollar después alguna acción violenta.
Por eso, luego del trabajo que han realizado las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia, solicito a esta honorable Cámara el respaldo a esta iniciativa para mejorar nuestra legislación, a fin de fortalecer el derecho de reunión pacífica y poder atender una situación social que se ha presentado no solo en Chile, sino también en otros países, para lo cual necesitamos, cualquiera sea el gobierno de turno, herramientas jurídicas más poderosas, para efectos de evitar los desórdenes públicos y garantizar los derechos democráticos.
Reitero la solicitud de respaldo a la honorable Cámara de Diputados, en virtud del fortalecimiento del derecho a reunión, de nuestra convivencia democrática y para que las manifestaciones que se desarrollen en nuestro país sean pacíficas, en que nadie oculte su identidad bajo el pretexto de ejercer el derecho a reunión.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Pongo en conocimiento de las señoras diputadas y de los señores diputados que en sus computadores se encuentran disponibles las indicaciones que el Ejecutivo ha renovado esta mañana.
Además, en treinta minutos más, aproximadamente, va a estar a disposición de cada uno de ustedes la minuta de votación.
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , este proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, que viene tramitándose desde hace casi dos años en las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, viene a actualizar, como decía el ministro del Interior y Seguridad Pública , la legislación actual.
¿Cuál es la legislación actual que tiene la autoridad competente para resguardar el orden público?
Primero, el Código Penal, a través de los artículos 262 y siguientes, particularmente el 269, y la Ley de Seguridad Interior del Estado. El artículo 269 -a mi juicio, el artículo medular- permite al juez de la causa aplicar sanciones cuando exista alteración grave de la tranquilidad pública. Esta disposición penal fue redactada en el siglo XIX. Es un artículo redactado por el comisionado de la época, señor Ballesteros , y llama la atención que, cuando alude al tipo penal -dice “Los que turbaren gravemente…”-, no habla del orden público, sino de “la tranquilidad pública”.
¿Qué significa eso? Le quiso dar énfasis a la palabra tranquilidad porque se trataba de marchas o desórdenes de orden público de carácter transitorio. Ahí no había sedición o actos de esa naturaleza. No era gente, según decían los comisionados de esa época, que tratará de subvertir el orden público de forma definitiva, sino que solamente protestar para, como dice la norma, “…causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado…”. ¿Cuál es el fin reprobado? Hoy han cambiado totalmente las condiciones de la sociedad y no podríamos precisar cuál es ese fin reprobado.
Las últimas manifestaciones que hemos conocido, tanto de los estudiantes como, ayer, de los trabajadores recolectores de la basura, son muy distintas en cuanto a las motivaciones que los animan, pero que son legítimas, de acuerdo con nuestra Constitución. Por lo tanto, creemos que hay que adecuar el Código Penal a la realidad actual.
A juicio del parlamentario que habla, la ley de Seguridad Interior del Estado es absolutamente inoperante y, como se dice en derecho, ha caído en desuetudo, que significa que una ley es inaplicable, porque la última vez que se aplicó con éxito fue durante el gobierno del Presidente Lagos, cuando enfrentó una paralización del transporte público. Allí se aplicó la ley de Seguridad Interior del Estado y los tribunales nombraron un ministro en visita, el que procede, ipso facto, según establecía esa norma, a dictar el auto de procesamiento, y así pudo ordenar el transporte público de la época.
Hoy, la ley de Seguridad Interior del Estado es poco efectiva, toda vez que tiene que nombrarse un fiscal, el fiscal se enreda, en fin; hay otro parámetro para esa norma. Recordemos que esa disposición se dictó en 1927.
Por lo tanto, el proyecto de ley que estamos debatiendo viene a actualizar la normativa, porque recoge la realidad que la ciudadanía está viendo. La ciudadanía requiere con urgencia soluciones. Nos pregunta en los distritos qué pasa con los encapuchados y cuándo van a sancionar aquellos actos delictivos que se producen como consecuencia de las protestas estudiantiles -muy legítimas, por lo demás-; sin embargo, todos observamos que se destruye la propiedad pública y privada y que se atenta contra las personas.
De hecho, hoy, la prensa informa de que anoche una turba de encapuchados atacó un puesto de Carabineros en Alto Biobío y hay dos funcionarios gravemente heridos. Eso ocurrió ayer. Seguramente, esos encapuchados van a salir libres, porque actualmente la ley penal no es lo suficientemente rigurosa.
¿Cuál es la realidad fáctica? La realidad que ve la ciudadanía es que, como consecuencia de las marchas estudiantiles -muy legítimas, reitero-, en la mitad de su desarrollo o con posterioridad a su término, los encapuchados se aprovechan para delinquir, y eso la ciudadanía lo repudia y los parlamentarios nos debemos a ella y tenemos que reaccionar conforme a esa realidad.
Ayer hubo marchas de los trabajadores recolectores de la basura, también legítimas, pero no hubo ningún desmán y ningún encapuchado, y por eso los felicito. Sin lugar a dudas, se trataba de vindicaciones laborales muy justificadas.
Por ello, es urgente que exista una legislación penal que permita a la autoridad competente, sea el señor ministro del Interior y Seguridad Pública o los intendentes y gobernadores, contar con las herramientas jurídicas que pongan freno a esos encapuchados delincuentes.
Por tales razones, la Unión Demócrata Independiente y sus diputados vamos a concurrir a la aprobación de este proyecto de ley en su totalidad, porque es un requerimiento que la ciudadanía nos hace en nuestros distritos.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , en mi intervención quiero abordar cuatro temas.
En primer lugar, me interesa hacer referencia a la definición que este proyecto de ley, que bautizamos como “proyecto Hinzpeter-Chadwick”, hace de los desordenes públicos. En segundo término, me referiré a las modificaciones propuestas por la iniciativa a los artículos 261 y 262, relativas a los atentados contra la autoridad. En tercer lugar, aludiré al autoencubrimiento, el tema de los encapuchados, para, finalmente, explicar mi voto.
Respecto de la definición de desordenes públicos, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recibimos a la señora Myrna Villegas , doctora en Derecho, posgraduada en Criminología de la Universidad de Salamanca. ¿Qué nos planteó en la Comisión? Nos dijo -insisto en la definición de desordenes públicos- que si bien el texto vigente en el Código Penal establece una tipificación amplia de las conductas constitutivas de desórdenes públicos, cuyos deslindes están dados por el delito de desacato y los desórdenes públicos, faltas, previstos en los artículos 494, 495 y 496, las propuestas del mensaje y las aprobadas por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas presentan algunos inconvenientes.
Primero, el aumento de penas no considera las distintas hipótesis delictivas que conformarían el desorden público grave, por cuanto no es lo mismo paralizar un servicio público empleando fuerza en las cosas, como ingresar a un lugar mediante escalamiento, que utilizar violencia, vías de hecho o causando lesiones o intimidación en las personas, que raya con las amenazas. No se ha considerado que el Código Penal establece una diferencia entre ambas circunstancias, a propósito de los delitos de robo, y castiga el robo con violencia o intimidación en las personas con mayor pena que el robo con fuerza en las cosas, si bien ambas figuras comparten la misma pena en su extremo inferior.
En ese sentido, la propuesta aprobada por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas y las indicaciones del Ejecutivo infringen el principio básico, en derecho penal, de la proporcionalidad abstracta. Lo sostenido hace algunos minutos, en esta Sala, por el ministro del Interior y Seguridad Pública es, jurídicamente, imposible de sostener desde el punto de vista de la teoría del derecho penal.
Por otra parte, varias de las conductas que se describen como constitutivas de desórdenes públicos graves coinciden con algunas de las hipótesis delictivas establecidas en el artículo 6° de la Ley de Seguridad del Estado. El artículo 6° sanciona a: “a) Los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública.”.
La letra c) se refiere a los que, de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, etcétera.
La letra d) alude a los que, de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes.
Luego, vale la pena preguntarse qué diferenciaría un delito de desórdenes públicos de la Ley de Seguridad Interior del Estado con los desórdenes públicos comunes. Hay que recordar que en estos delitos no se hace alusión, en el tipo penal del artículo 6°, a ningún elemento subjetivo relativo al ánimo o a las finalidades del hechor, por lo que, indistintamente y al arbitrio exclusivo del órgano persecutor, podría formalizarse y eventualmente condenarse por la Ley de Seguridad Interior del Estado y por el Código Penal.
Con esa definición de desorden público, lo normal y lo excepcional pasan a ser las dos caras de la misma moneda.
Veamos algunas opiniones respecto de las modificaciones propuestas a los artículos 261 y 262 del Código Penal: Atentados contra la Autoridad. Se propone agregar al artículo 261, dentro de los destinatarios del atentado, a las Fuerzas de Orden y Seguridad (Carabineros e Investigaciones) y al personal de Gendarmería de Chile . La inclusión de las Fuerzas de Orden y Seguridad puede llevar a problemas de interpretación judicial, toda vez que las conductas constitutivas de atentados contra la autoridad ya están establecidas en los artículos 4l6, 416 bis y 417 del Código de Justicia Militar. Lo mismo sucede con las normas de los decretos leyes N° 2460 y 2859, este último que fija la Ley Orgánica de Gendarmería.
Como consecuencia de la reforma, una persona podrá ser formalizada copulativamente por el delito del artículo 261 del Código Penal, por los delitos establecidos en el Código de Justicia Militar, o por los del decreto ley N° 2460. En estricto rigor, con este proyecto se estaría alterando brutalmente la norma del ne bis in ídem, con lo cual se estarían transgrediendo principios básicos del derecho penal.
Por otra parte, es incongruente que, tratándose de los atentados contra la autoridad, en el último inciso se excluya expresamente la posibilidad de castigar dos veces por el mismo hecho, estableciendo claramente que si la conducta constituye un delito al que la ley le asigne una pena mayor, deberá aplicarse solo esta, y no se establezca disposición similar tratándose de los desórdenes públicos.
Permítame, señor Presidente , hacer algunas reflexiones sobre un tema que ha sido profusamente debatido, lo que en teoría penal se denomina el autoencubrimiento. No es mi opinión la que voy a emitir, sino la de don Enrique Cury , uno de los más destacados como profesor, académico y jurista en materia de derecho penal. Respecto del autoencubrimiento, se debe partir de la base de que la circunstancia del ocultamiento no es otra cosa que un autoencubrimiento. Y cito al profesor Cury: “El que se encubre asimismo únicamente puede ser castigado por la conducta de autoría, instigación o complicidad en que incurrió. El uso de medios que alteren o disimulen la identidad del hechor para evitar su reconocimiento, tales como capuchas, pañuelos, etcétera, no tiene por objeto asegurar la impunidad del delito, sino simplemente facilitar su ejecución.” Es lo que sostuvo don Enrique Cury .
Ello implica que esta acción de autoencubrimiento es un elemento que va inserto en la conducta, lo que aumenta el desvalor del acto, siendo errado desde el punto de vista sustantivo penal el establecerlo como un elemento que sirva para agravar la responsabilidad penal, ya que ello supondría que dicha responsabilidad ya ha sido declarada y, por ende, operaría únicamente en el momento en que el delincuente es detenido.
En conclusión, se aprecia una reforma que pretende introducir la agravante del ocultamiento en todos los delitos posibles de cometerse en una manifestación. Al menos, los más importantes: delito contra las personas; delito de desordenes públicos, delitos contra la propiedad y faltas referidas a desordenes públicos.
En resumen, son apreciaciones de carácter jurídico y no político, porque entendemos que esta es una norma que va a regular una materia que es transversalmente fundamental para el funcionamiento de la democracia.
Desde mi punto de vista, el proyecto contiene una inconsistencia dogmática, porque el ocultamiento forma parte de la conducta del hechor y no es un elemento aparte que sirva para agravar la responsabilidad penal. Así lo sostiene mayoritariamente la doctrina penal.
En segundo lugar, induce a errores de interpretación judicial, a confusiones respecto de la alevosía, en el caso de los delitos contra las personas.
En tercer lugar, establece dobles agravaciones, tratándose de los delitos contra las personas, concretamente, el delito de lesiones que se propone en el artículo 400 del Código Penal en relación con el artículo 410 bis del mismo texto legal. Hay un trasvasije de la normativa de excepción contenida en leyes o normas especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado o el Código de Justicia Militar, a la normativa penal común, con lo cual, y como se ha indicado anteriormente, lo normal y lo excepcional pasan a ser las dos caras de la misma moneda, provocando un efecto autoritario que contrasta con el Estado democrático. Esta idea se ve reforzada, desde el momento en que se citan para fundamentar la propuesta, por normas creadas en Italia para reprimir el terrorismo.
Concluyo manifestando mi decisión de votar en general y en particular en contra de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , estamos discutiendo un proyecto que ha generado cierta controversia, a mi juicio, absolutamente justificada.
Como han dicho los colegas parlamentarios, el proyecto tiene por objeto modificar el Código Penal para establecer una nueva regulación penal de los desórdenes públicos, para lo que incorpora como hipótesis la ocupación de calles, la paralización del tránsito, la ocupación de los servicios públicos, todo con el propósito de criminalizar la protesta social.
Desde ese punto de vista, queremos plantear algunos temas que consideramos relevantes, los que cuestionan de manera manifiesta el proyecto de ley, que tiene el objetivo de resguardar el orden público; pero que oculta, desde nuestro punto de vista, mayores restricciones y fórmulas del Estado y de las Fuerzas de Orden que son atentatorias inclusive contra los derechos de las personas.
El Ejecutivo planteaba como una prioridad el proyecto, más conocido como Ley Hinzpeter, en circunstancias de que no había claridad sobre su real necesidad, pues las conductas que buscaba regular, desde nuestro punto de vista, ya se encuentran sancionadas en el Código Penal, por lo que él no viene a llenar un vacío legal ni a perfeccionar una norma obsoleta. Pareciera ser, más bien, un intento por criminalizar, como dije, conductas que no son más que el ejercicio de derechos humanos.
El proyecto quedaba abierto a muchas interpretaciones, varias de las cuales pueden significar incluso una vulneración a derechos elementales de las personas, tales como la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de circulación, potencialmente prohibiendo o limitando su ejercicio.
Aquí se ha hablado mucho del tema de los encapuchados, a quienes todos criticamos; pero sus conductas ilícitas se encuentran establecidas y sancionadas en el Código Penal.
(Manifestaciones en las tribunas)
Señor Presidente, solicito que diga a los señores jubilados de las Fuerzas Armadas y oficiales y suboficiales en retiro que están en las tribunas que me dejen intervenir, porque es mi derecho.
(Manifestaciones en las tribunas)
Señor Presidente, así como usted ha llamado al orden a la gente del Sename, le pido que llame al orden a los jubilados de las Fuerzas Armadas y a los oficiales y suboficiales en retiro que se encuentran en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ruego a nuestros invitados guardar silencio para el buen desarrollo de la sesión.
Diputado Espinoza , le ruego que continúe.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , le solicito que, así como en la primera parte de esta intervención…
El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputado Espinoza, ya lo hice, por lo que usted cuenta con el silencio que necesita para continuar su intervención.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- No es así, señor Presidente , ya que usted acaba de escuchar que dijeron que el país estaba en democracia gracias a las Fuerzas Armadas. ¡Por Dios! A costa de la violación grave de los derechos humanos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputado Espinoza, le ruego, por favor, continúe con su intervención.
(Manifestaciones en las tribunas)
¡Silencio, por favor!
Diputado Espinoza , por favor, le ruego continúe con su intervención.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , el delito de “desórdenes”, como proponía el artículo 269 del Código Penal, no contemplaba una definición de “desórdenes” e implicaba que la misma pena resultaría aplicable a conductas muy disímiles, algunas de las cuales involucran el ejercicio de derechos humanos.
Ejemplos de lo anterior es que el tipo penal que propone el Ejecutivo aplica la misma pena, hasta tres años de cárcel, a quien altere la libre circulación mediante una marcha pacífica, que a quien lo hace mediante el uso de la violencia o la fuerza; a quien participa en la toma u ocupación de un establecimiento, que a quien lo saquea; a quien altera la circulación de un vehículo por pararse en la calle con un cartel en la mano o, incluso, en la vereda, que a quien emplea un artefacto explosivo que puede causar daño a las personas; a quien fomenta o promueve un desorden que impide o dificulta la libre circulación, que a quien paraliza un hospital mediante violencia. Para la ley es lo mismo un grupo de activistas que hacen ejercicio de un derecho y que ocasionan alteraciones a la tranquilidad, que una persona que porta armas o aparatos explosivos y que actúa de manera violenta.
También era preocupante el último inciso de este nuevo artículo 269, que planteaba riesgos para defensores de derechos humanos, abogados, estudiantes y sindicalistas que convocasen a “desórdenes”; ya que no sólo aplica una pena de hasta tres años de cárcel por el solo hecho de promover el acto, sino que, además, agrega un elemento que es difícil de probar en contrario, como es “que la ocurrencia de los hechos haya sido prevista por aquellos”. Así, si una persona anima, a través de twitter u otra red social, a asistir a una marcha que impida la libre circulación y en conocimiento de que lo probable es que ello ocurriera, podría cometer delito, que conlleva la pena indicada, por “promover” dicha marcha, aun sin necesariamente haber asistido a ella. Esto sería una vulneración directa a la libertad de expresión, en cuanto puede criminalizar el solo hecho de proferir una opinión o promover una idea.
Además, la gran amplitud del tipo penal hacía especialmente difícil para las personas saber si determinada conducta era o no constitutiva de delito, lo cual quedaba a la interpretación de las personas encargadas de hacer cumplir la ley: inicialmente, a Carabineros, al momento de la detención; luego, a la Fiscalía, y, finalmente, a los jueces.
Todo lo anterior se hacía aún más preocupante en el contexto que Chile ya ha sido cuestionado por instancias internacionales, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unicef, en lo relativo a la libertad de expresión y a los derechos vinculados con las manifestaciones. Desde nuestro punto de vista, la aprobación del proyecto traería consigo mayores restricciones a un derecho cuya protección en Chile, según estándares internacionales, ya ha sido calificada negativamente.
El contenido del proyecto de ley quedaba abierto a muchas interpretaciones, varias de las cuales podrían significar una vulneración a derechos elementales de las personas establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
Por eso, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó:
1. El numeral 2) del artículo primero, que incorpora el artículo 262, que aumenta las penas para aquellos atentados contra la autoridad que se hayan hecho a mano armada, mediante coacción, poniendo manos en la autoridad.
2. El numeral 3) del artículo primero, que incorpora un nuevo artículo 269 del Código Penal, para regular el delito de desórdenes públicos. Fue siempre un artículo polémico por la cantidad de conductas incorporadas. Se trató de buscar una fórmula consensuada con parlamentarios oficialistas; sin embargo, el Gobierno no se mostró dispuesto a avanzar en una redacción más adecuada al delito de desórdenes públicos. Al rechazarse este artículo, se rechazó también el artículo 262 B, referido a la fijación de la pena.
3. El numeral 6) del artículo 1°
Se rechazó el numeral 6 del artículo primero, introducido vía indicación del Ejecutivo, que agregaba un artículo 489 bis nuevo al Código Penal, que incorporaba como agravante el hecho de cometer un delito relacionado con el orden público, con ocasión de una manifestación pública.
4. El numeral 7 del artículo primero, introducido vía indicación del Ejecutivo, que incorporaba un numeral 22 al artículo 494 del Código Penal, que establecía como falta per se el solo hecho de encapucharse. Se trataba de una falta que autorizaba a Carabineros a detener a la persona afectada. Este rechazo provocó que, a su vez, se rechazara el numeral 2, que reemplazaba el inciso cuarto del artículo 134 del Código Procesal Penal, en lo relativo a la facultad de detener a quienes incurrieran en esta conducta típica.
Esta votación se dio en el contexto de la visita de 14 días a Chile de una autoridad inglesa, el señor Ben Emmerson , relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo, quien recomendó la inmediata suspensión de la ley antiterrorista, que ha sido utilizada en forma discriminatoria contra nuestras etnias y pueblos mapuches, y sugirió la creación de un órgano investigador independiente que revise el uso excesivo de la violencia policial contra las comunidades indígenas.
Sin embargo, el Gobierno insiste en buscar más restricciones. El pasado lunes 29 de julio, el Ejecutivo ingresó el proyecto de ley que establece un control preventivo de identidad por parte de Carabineros de Chile (Boletín 9036-07), que es una versión 2.0 de la extinta detención por sospecha.
Por lo expuesto, anuncio que la bancada del Partido Socialista votará en contra la idea de legislar de este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , la iniciativa que hoy nos convoca, denominada “Proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público”, y que ha sido conocida como “Ley Hinzpeter”, deberíamos bautizarla como “Ley Hinzpeter-Chadwick”, en atención a que el ministro Chadwick ha sido un fuerte impulsor de ella.
Anuncio que votaré en contra esta iniciativa por varias razones. La primera es de orden constitucional.
-Manifestaciones en las tribunas.
Señor Presidente, le pido, por favor, que tome medidas para que los asistentes a tribunas guarden silencio.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Reitero a nuestros invitados que se hallan en las tribunas que guarden silencio para que esta sesión pueda desarrollarse adecuadamente.
Continúa con la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Reitero que vamos a votar en contra esta iniciativa por diversas razones. La primera es de orden constitucional. Este proyecto de ley...
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido que suspenda la sesión y cite a reunión de Comités.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Quiero hacer un especial llamado a los invitados que están en las tribunas para que, con el objeto de lograr un buen desarrollo de la sesión, guarden silencio y respeten a los diputados que están interviniendo. Esta es la Cámara de Diputados, donde es normal que haya distintas opiniones, que debemos aprender a respetar. Es lo que tratamos de hacer los diputados. Por eso, les ruego que tengan el mismo comportamiento.
Continúa con el uso de la palabra el diputado Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, decía que estaba por rechazar este proyecto, por varias razones.
En primer lugar, por un motivo de orden constitucional. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, discutimos con el distinguido académico, profesor y ministro del Interior y Seguridad Pública , don Andrés Chadwick , que estamos ante una esfera de derechos constitucionales que podríamos llamar de segunda y tercera generación.
Si bien es cierto que el proyecto busca resguardar el orden público, es decir, el normal desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos, también genera una colisión de derechos frente a su legítimo derecho a manifestarse y a emitir opiniones, ambos derechos consagrados en el numeral 19°, artículo 19, de nuestra Constitución Política. Frente a esto, como legisladores, debemos sopesar a qué derecho le daremos mayor preponderancia, entendiendo que ambos son legítimos y que, por lo tanto, pueden ser exigidos por los ciudadanos.
En esta línea y a la luz de la doctrina constitucional moderna, especialmente en lo que dice relación con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos tener especial cuidado con la forma en que se regula el derecho a manifestarse. Teniendo en consideración lo que ocurrirá con la legislación, especialmente con posterioridad a las reformas constitucionales de 2005, la legislación interna está al debe en esta materia; incluso, teóricamente, podríamos decir que es inconstitucional. En nuestro país, el derecho a manifestarse está establecido en un reglamento, específicamente en el decreto supremo N° 1.086, de 1983, del Ministerio del Interior, el cual, a mi juicio, no respeta los estándares mínimos del derecho a manifestarse.
Paralelamente, cabe recordar que las reformas constitucionales de 2005 establecieron una serie de figuras que no han sido reguladas legalmente, como es el caso de los estados de excepción constitucionales. En esta línea, debemos buscar la forma de generar una nueva regulación del derecho a manifestarse, de manera que, al estar consagrado en la Constitución Política, sea considerado por la autoridad administrativa policial o política que otorga las autorizaciones.
Dicho esto, por razones de tipo constitucional, este proyecto infringe claramente la Constitución Política, toda vez que lo que hace es limitar el derecho a manifestarse; es decir, a reclamar contra determinadas conductas. En este sentido, lo que ocurre es que las vías institucionales para reclamar frente a un hecho puntual no pueden ser consideradas penalmente típicas, con el objeto de sancionarlas. Asimismo, algunas vías de carácter no institucional tampoco pueden ser penalizadas.
Esta es la primera línea de argumentación que avala mi decisión de rechazar el proyecto.
En segundo lugar, respecto de la dogmática penal, no hubo ningún profesor de derecho penal, salvo aquellos que son funcionarios del Ministerio del Interior, que estuviera de acuerdo con el proyecto. Por ejemplo, si leemos el informe que emitió la ilustrísima Corte Suprema , veremos que determinó, en votación dividida, que el proyecto era altamente inconveniente. Respecto del delito denominado desorden público, hay que ver cuál es el bien jurídico que se pretende tutelar: la tranquilidad pública, que debe ser entendida como el normal desarrollo de las actividades de los ciudadanos; es decir, que estos puedan llevar a cabo sus actividades normalmente, sin que sean perturbadas. En otras palabras, lo que se pretende sancionar en virtud del delito de desorden público son las alteraciones pasajeras de la tranquilidad del orden establecido.
Quiero detenerme en un comentario que hizo el profesor José Luis Guzmán D’Albora , que considero que pone el acento preciso para determinar cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos de desorden público. El profesor Guzmán D’Albora sostiene que este delito tiene un elemento normativo de juicio cognitivo de importancia, cual es la gravedad; que para que se dé este delito la perturbación debe tener cierta entidad y que esto hay que establecerlo, caso a caso, en consideración al tiempo, lugar y ubicación de las personas que intervienen, para poder distinguirlo de la falta.
Si vemos lo que dice el profesor Guzmán y el texto del proyecto del Ejecutivo , nos daremos cuenta de que el proyecto no hace esta diferencia, sino que más bien establece tipos penales en blanco que mezclan las cosas y que en nuestra legislación penal tienen distintos tratamientos como, por ejemplo, la utilización de fuerza en las cosas, la violencia o la intimidación. En esta línea, resulta contraproducente aprobar esta iniciativa, porque genera tipos penales en blanco.
Quiero hacerme cargo de un argumento que dio mi colega, el diputado Cristián Letelier , quien señaló que esta norma es de antigua data, específicamente de 1875. Debemos recordar que nuestro Código Penal es de 1874, y si bien es cierto que algunos tipos penales han sido modificados, la estructura gruesa del mismo se mantiene vigente desde entonces, y no por eso las figuras penales han dejado de aplicarse. Lo que ha ido ocurriendo a través del tiempo es que la doctrina y la jurisprudencia han interpretado los tipos penales, de acuerdo a los tiempos que se viven. En razón de esto, el delito de desorden público, regulado por los artículos 269 y siguientes del Código Penal, puede ser interpretado a la luz de la ocurrencia de los hechos que se producen actualmente y que son motivo de cuestionamiento en el proyecto de ley en discusión.
Otro aspecto importante dice relación con el uso de las capuchas. Los diputados que me precedieron en el uso de la palabra dieron argumentos más que suficientes sobre la materia. Sin embargo, quiero insistir en que, a mi juicio, no existen razones dogmáticas que justifiquen considerar los disfraces como una agravante especial, puesto que son más bien un recurso destinado a ocultar la identidad de quien comete un delito. Tal vez, se podría avanzar en una nueva regulación de las agravantes generales establecidas en el artículo 12, número 5°, del Código Penal, que la doctrina y la jurisprudencia han tendido a interpretar que se aplican solamente en los delitos contra las personas. Con el establecimiento de una agravante genérica se podría resolver el problema, en la medida en que se entendiera que ella podría ser aplicada a otros delitos que no son necesariamente los que se cometen contra las personas.
Ya se ha dicho que el autoencubrimiento no puede ser punible, en virtud del principio básico de que nadie puede declarar en contra de sí mismo; de manera que carece de sentido aplicar esta agravante especial a una persona que cubre su rostro en una manifestación, porque, además, en el evento de que esté cometiendo un delito, será detenida.
Hay otro tema del cual quiero hacerme cargo. Se han tratado de instalar algunas verdades por parte del ministro del Interior y Seguridad Pública y de algunos funcionarios policiales, al decir que Carabineros de Chile no tiene atribuciones para actuar frente a la comisión de estos delitos.
Sostuve en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que cuando se cometen delitos como el saqueo o el incendio de un local comercial, estamos frente a figuras penales que ya están contempladas en la legislación; esto es, el delito de incendio, el delito de robo en lugar no habitado o no destinado a la habitación. Se han mencionado también el ataque a las casetas de Seguridad Ciudadana y las lesiones a personas, en cuyo caso corresponde el delito de lesiones. Es decir, hay figuras penales que sancionan esos hechos puntuales.
A mi juicio, lo que ocurre -y en esto quiero ser categórico- es que no hay una investigación policial adecuada para determinar quiénes son los culpables. No se puede decir que saquear o desvalijar el local de un pequeño comerciante no está sancionado en la legislación penal. Eso está sancionado con el delito de robo y de hurto, según corresponda, y de incendio, si es que se ha utilizado fuego.
Reitero, aquí hay una mala investigación criminal. Con este proyecto, a mi juicio, el Gobierno comete un error, porque lo que busca es criminalizar la protesta social. Se trata de una teoría que no es nueva. Se inició en Alemania con lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, donde se deja de mirar al ciudadano como un sujeto de derecho y se mira a aquellos ciudadanos que presentan cierto grado de conflictividad como un enemigo de la sociedad, sancionando conductas como tipos penales sin que se afecte un bien jurídico. Acerca de esta materia, Gunther Jakobs ha escrito numerosos libros. A mi juicio, es la línea que sigue hoy el Gobierno con este proyecto.
Aquí no se busca una solución política a un conflicto social, sino la penalización de este; es decir, llevarlo a un extremo donde es casi imposible solucionarlo. Cuando se interviene en los conflictos políticos con penalidades no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Uno esperaría que hubiera mayor capacidad política para solucionar el problema.
Un último argumento de por qué se debe rechazar este proyecto es de carácter procesal. Con las penas que se han propuesto, especialmente en el artículo 269 y, en el caso de las faltas, conforme al artículo 388 del Código Procesal Penal debiera irse a un procedimiento simplificado. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hice presente que, de prosperar este proyecto, me interesaría saber cómo se piensa aumentar la dotación de fiscales y de jueces de garantía, porque el procedimiento simplificado establece que, una vez hecho el requerimiento, inmediatamente se debe llevar a juicio a una persona. De aprobarse la iniciativa, ello va a significar una mayor carga para el sistema procesal penal.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , es muy bueno realizar este debate en una cámara política por excelencia y hacerlo de cara al país, porque lo que hay es un problema mayúsculo que afecta a la sociedad chilena.
El país tiene muchos problemas; eso es evidente, pero hay un problema grueso. En los últimos ocho años, las manifestaciones sociales han ido en aumento y llegaron para quedarse; y es más, se van a incrementar durante el próximo Gobierno, sea cual fuere su signo político, pues es un derecho legítimo de los ciudadanos el manifestarse.
Sin embargo, -y este es un patrón- estas manifestaciones están siendo infiltradas, cooptadas y manipuladas en forma progresiva por sectores violentistas que se adueñan de ella, dejando en la ciudad una secuela de destrucción tanto de la propiedad pública como privada. Se producen atentados contra la integridad física y la vida de las personas, hay interrupción de los servicios básicos y caos en el tránsito, lo cual afecta la vida de todos los ciudadanos, produciendo un problema mayúsculo.
Represento en esta Cámara a la comuna de Santiago y quienes me están viendo en este momento por televisión saben que cuando hay manifestaciones, el centro de la ciudad se paraliza con graves efectos e implicancias para la vida normal del resto de los ciudadanos. Los datos están a la vista: desde 2011 a la fecha, más de 2.600 carabineros -entre ellos hay dos muertos- han sido gravemente lesionados y en algunos casos dados de baja, a lo cual hay que agregar la gigantesca destrucción de la propiedad pública y privada.
Frente a este problema, hay que responder con políticas públicas adecuadas. Por eso, es muy bueno que hoy cada uno de los diputados, frente a su electorado, asuma la responsabilidad de votar a favor o en contra de este proyecto.
La iniciativa tiene cuatro propuestas que es bueno mencionarlas en la Sala.
La primera propuesta es sancionar -voy a ser cuidadoso en las palabras- a quienes violentamente interrumpan servicios públicos o interfieran la libre circulación de las personas.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero saber quién está a favor o en contra de esta idea. Los que están en contra deben explicarlo a la Cámara y al país. ¿Son partidarios de interrumpir violentamente los servicios públicos e interferir la libre circulación de las personas?
La segunda propuesta es aumentar las penas para quienes cometan delitos en contra de las personas o de la propiedad pública o privada con ocasión de las manifestaciones públicas.
¿Hay alguien que esté en desacuerdo con esta idea? ¿Hay quienes creen que no hay que penalizar con mayor gravedad a quienes cometen delitos en contra de la integridad física de las personas o en contra de la propiedad, con ocasión de la realización de manifestaciones públicas?
Estamos hablando de una situación que se produce todos los días cuando hay manifestaciones públicas.
La tercera propuesta es agravar las penas para aquellas personas encapuchadas que delinquen en actos públicos. Esta medida es pedida a gritos por la gente. Todos los días vemos por televisión cómo los delincuentes encapuchados quedan libres y vuelven a las andadas. Todos saben quiénes son y los vemos por televisión haciendo las mismas fechorías después de cada manifestación pública.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero preguntar a los señores diputados por qué no son partidarios de agravar las penas de quienes delinquen encapuchados en actos públicos. ¡Explíquenselo al país!
La cuarta propuesta es sancionar como falta el concurrir encapuchado a una manifestación pública, dando lugar a una detención. Es evidente que quien está protestando encapuchado debe ser controlado por carabineros, y llevado a la comisaría por la comisión de una falta, donde se le realizará un adecuado control de identidad y pasará al tribunal que corresponda. Es lo mínimo que puede exigir una sociedad bien organizada. Todo esto es lo que está pidiendo la gente.
Por eso, es realmente incomprensible oponerse a este clarísimo conjunto de medidas destinadas a robustecer el orden público. No vamos a combatir la delincuencia con una cantidad de argumentos alambicados, especiosos y barrocos que hemos escuchado aquí, ni con citas de determinados especialistas garantistas. Con ello, lo único que vamos a lograr es tender otra capa de impunidad a una situación lamentable que a la gente la tiene más arriba de la coronilla y que necesita una corrección.
Todos sabemos lo que está pasando. La cooptación, la manipulación de las manifestaciones públicas por parte de los violentistas, hace necesaria la presencia de la fuerza pública. Sin embargo, cuando esta actúa se tiende toda una red de protección hacia este tipo de manifestantes para acusarla de violencia innecesaria. Luego hay una segunda capa de protección en los tribunales de justicia, a través de innumerables abogados que mueven todas las palancas garantistas para que esta gente no reciba ningún castigo. Y ahora, a estas dos capas de impunidad, se les estaría agregando -espero que no se concrete- la de los parlamentarios que van a votar en contra de este proyecto de ley, lo que haría más dificultoso para el Estado el poder contar con medidas eficaces para mantener el orden público.
Hago un llamado a la responsabilidad de los señores diputados. El problema no es de este Gobierno, pues todo Gobierno -de Izquierda, de Derecha o de Centro- tiene como obligación fundamental mantener el orden público, y este problema lo va a tener también el próximo Gobierno, cualquiera sea su signo político; por eso, pido que seamos responsables y dotemos al Estado de los elementos básicos para mantener la autoridad, que es la que hace florecer los otros derechos.
Se ha dicho, de manera absolutamente impropia e injusta, que lo que se está haciendo aquí es criminalizar las manifestaciones públicas. Eso es absolutamente falso. El objeto de este proyecto valora el derecho a manifestar en paz, lo que tiene como contraposición el derecho del resto de las personas que necesitan desarrollar su vida con tranquilidad y paz, algo propio de la persona humana.
Dentro de las cosas que se han dicho durante el debate está la de uno de los más versados y a quien estimo mucho, el diputado René Saffirio , pero que representa el resumen de los argumentos incomprensibles de la Oposición. El señaló que no se debía gravar la pena del encapuchado ni sancionar como falta su participación en una manifestación, porque esa conducta no facilitaría la impunidad, sino la ejecución del delito. Lo mismo sostuvo el diputado Pedro Araya .
Eso es lo que queremos, no facilitar la ejecución de esos delitos.
Vamos a votar favorablemente la iniciativa, porque estamos con el común de la gente, con la que desarrolla su vida con normalidad, con la señora que es agredida, con el hombre de la tercera edad que es atacado en el centro, con el niño que va al jardín infantil y es agredido en el centro, con la gente que estaba rezando en la Catedral el otro día, con los estudiantes que quieren educarse en el Instituto Nacional y les destrozaron la Pinacoteca y la Biblioteca histórica, etcétera.
¡No queremos facilitar la ejecución de esos delitos por los encapuchados! ¡No deseamos facilitarles la vida a los encapuchados! No obstante, creemos en los derechos humanos de los delincuentes.
(Manifestaciones en las tribunas).
Los delincuentes también tienen derechos humanos, al igual que los encapuchados. Pero el resto de la gente que ese día necesita educarse, comprar, llegar a su lugar de trabajo, movilizarse porque tiene a una persona enferma, andar por la calle sin que la agredan, atender su pequeño negocio sin que las hordas de vándalos le destruyan su fuente de vida después de una manifestación, también los tiene. Y tales derechos humanos florecen en el orden público.
Por último, deseo destacar que el orden público, el Estado de derecho, es el que facilita la expresión de los derechos humanos de todos.
Por eso, vamos a dar nuestro sí a este proyecto. Por su parte, la opinión pública verá cómo vota cada uno de los señores diputados.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, vamos a votar negativamente la idea de legislar sobre este proyecto de ley, porque creemos verdaderamente en los derechos humanos, y no es solo porque lo hemos dicho.
(Aplausos)
Tal vez, otro sería nuestro actuar si el Ministerio del Interior hubiese dado respuesta a lo que recomendó el relator especial sobre promoción y protección al derecho a la libertad de opinión y de expresión; si hubiese dado respuesta a lo que expresó el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica; si hubiese dado respuesta a lo que sostuvo el relator especial sobre los defensores de derechos humanos; ahora se agrega el no haber dado respuesta coherente al informe sobre Libertad Sindical, del 21 de junio 2013, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiriéndose al caso chileno.
Voy a leer lo que los trabajadores de nuestra patria hicieron ver en la OIT.
El punto 220 del informe dice: Los querellantes: El proyecto en cuestión es una aberración jurídica que busca resolver los conflictos de la sociedad encarcelando a los que disienten o no están de acuerdo con decisiones o medidas del gobierno, de un ministerio, de una empresa o de un servicio, y de esta manera socavan gravemente las bases de una sociedad plural y democrática.
¿Qué sugiere la OIT en el último informe? Son recomendaciones para el gobierno de excelencia. Dice: Recomendaciones del Comité de la OIT: El Comité espera, firmemente, que el proyecto final por el que se prevé introducir ciertas enmiendas al Código Penal, sea objeto de consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas y que se tenga debidamente en cuenta los principios mencionados en las conclusiones.
En consecuencia, si creemos en los derechos humanos, también debemos aceptar que existe un sistema internacional de protección de los derechos humanos que le está diciendo a este Poder del Estado , parte del Estado chileno, que no apruebe esta legislación, porque atenta contra el derecho de expresión, de reunión, de derechos fundamentales de los chilenos y chilenas.
Si el mundo entero nos está diciendo a través de las relatorías especiales de las Naciones Unidas, de la OEA, que no aprobemos esta legislación, ¿por qué instamos a una responsabilidad supuesta? ¿Con quiénes debemos ser responsables? Justamente, con todos estos organismos internacionales que protegen nuestros derechos humanos y que nos expresan de manera categórica y clara que no debemos aprobar esta legislación.
Más aún, voy a leer lo que plantean algunas ONG de derechos humanos.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional , doña Ana Piquer , opina: Estos delitos que ya están penalizados en la ley, como se ha sostenido, debieran ser investigados, y si procede, debidamente juzgados. Es decir, ella dice que el asalto a un banco o a un quiosco cometido por encapuchados debe ser debidamente sancionado. Pero no debería ser distinto -esto es lo importante- si se cometiera en cualquier otro contexto.
Agrega: Incrementar la sanción de un delito solamente porque se comete en el contexto de una manifestación, en la práctica, constituye un castigo por participar en la manifestación y puede tener como efecto restringir el derecho a reunión.
¿Qué nos plantea con esto Amnistía Internacional? El contexto en el que estamos actuando derechamente indica que estamos sancionando el derecho a reunión; penalizando a quienes participan del ejercicio de un derecho fundamental en una sociedad democrática, como es el derecho a reunión y la libertad de expresión.
¿Quiénes lo dicen? Eso lo dicen personas autorizadas, entendidas.
¿Qué nos aconseja Greenpeace al respecto, una agrupación más preocupada de los derechos esenciales de todas las personas en el mundo? No aprueben esta legislación.
¿Qué nos sugiere el Instituto Nacional de Derechos Humanos? No aprueben esta legislación.
Es decir, todo el mundo entendido en derechos humanos nos recomienda de manera categórica y clara que no debemos aprobar esta legislación, porque atenta contra derechos fundamentales de todas las chilenas y chilenos. Porque así como se sostiene que el día de mañana el gobierno de turno tendrá que resguardar el orden público, tendrá que velar por el derecho de todos los chilenos y chilenas a manifestarse.
Lo que está en juego aquí es la democracia y el ejercicio de los derechos dentro de ella; es decir, si nos interesa o no resguardar el derecho a reunión, que está por sobre un encapuchado y cualquier orden público. Lo que hay que entender es que los derechos esenciales de las personas están por sobre cualquier contextualización de un mentado orden público. Los derechos de las personas son fundamentales y deben ser respetados por el Estado y no restringidos, como se pretende hacer a través de este proyecto.
Esta iniciativa ha sido denominada Ley Hinzpeter, ya que su ideólogo y creador fue el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter , quien participó directamente en su debate, pero hoy debiéramos llamarlo Ley Hinzpeter-Chadwick.
Desde que se conoció el proyecto ha generado un profundo malestar. ¿Por qué molesta tanto? Porque su objetivo principal es criminalizar la protesta social. Digámoslo honestamente: lo que le molesta al Gobierno es encontrar a miles de jóvenes y trabajadores en las calles, manifestándose contra un orden neoliberal que ellos consideran injusto. Este proyecto surge -hay que decirlo- como una respuesta a las multitudinarias movilizaciones realizadas en 2011, en defensa de la educación, en las que miles de personas, especialmente jóvenes, se expresaron de manera multitudinaria en las calles.
Claramente, esta iniciativa constituye el intento más grave de imponer una nueva normativa represiva para los chilenos y chilenas, especialmente para aquellos que protestan, sancionando mediante la aplicación de penas restrictivas de libertad conductas que hasta ahora se consideraban como expresiones propias de las movilizaciones sociales.
Desde esa perspectiva, a nuestro entender, este proyecto debe ser considerado como una ley maldita que procura inhibir que la juventud, los trabajadores y los pobladores se manifiesten en contra de las decisiones gubernamentales.
Este proyecto de ley, que fortalece el resguardo del orden público, pretende responder a ciertas conductas delictivas que se producen en el contexto del ejercicio de un derecho legítimo, como es el derecho a reunión.
El texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana se aprecia como una reforma farragosa, dado que pretende introducir agravantes de ocultamiento en todos los delitos posibles; no obstante, eso ya está sancionado. Tiene inconsistencias dogmáticas e inducirá a errores de interpretación y supondrá una doble agravación cuando se trate de delitos contra las personas.
Es decir, la reforma propuesta acarreará más problemas que soluciones, especialmente problemas interpretativos. Por eso es que la Corte Suprema tampoco quiere que se apruebe, según se manifiesta internamente en ese Poder del Estado.
El sistema internacional de protección no quiere este proyecto de ley; tampoco le interesa a la Corte Suprema. ¿A quién solo le interesa este proyecto? A un Gobierno que le gusta la represión como solución a las movilizaciones sociales.
Por eso es que estamos en contra de la idea de legislar para establecer atentados en contra de los derechos fundamentales de los chilenos y chilenas y, en consecuencia, votaremos en contra del proyecto de ley.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , por su intermedio quiero agradecer la presencia en las tribunas de varias delegaciones de jubilados por todo lo que esa gente ha dado a la patria. Ellos se retiran en estos momentos sin que hayamos podido debatir el proyecto que los favorece. Eso se debe a que, lamentablemente, la discusión del proyecto que estamos debatiendo nos ha tomado toda la mañana. Les reitero mi agradecimiento.
Entrando en el análisis de la iniciativa que fortalece el resguardo del orden público, considero que hay que separar la discusión en dos partes: la relativa a la técnica legislativa, que corresponde a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, y otra muy distinta, que es la parte relativa a lo que sucede en la práctica.
En distintos lugares, la gente nos pregunta por qué esto no funciona o por qué funciona de esta o de esta otra manera, cuando la ley dice esto o esto otro. Porque lo cierto es que la ley dice lo que se debe hacer, pero no se cumple.
Por eso, voy a canalizar el tema práctico, dado que el de la técnica legislativa ha sido abordado por varios parlamentarios, ya sea en favor o en contra. A mí me preocupa lo que sucede en la práctica, en las calles de nuestro país, lo que he visto con estupor.
Algunos de los que ya intervinieron han dicho que rechazarán el proyecto y se lavan la boca con los derechos humanos de los encapuchados, sin pensar en la gente que ha sido atacada por ellos. ¡Eso es una vergüenza!
No he participado en las marchas, así es que no puedo decir que haya visto físicamente lo que sucede, pero cuando miro la televisión, veo que los comerciantes están tratando de defenderse, incluso a palos, de los encapuchados, que lo único que hacen es provocar destrozos y más destrozos.
Realmente siento algo muy extraño cuando salgo de la Sala y me encuentro en la cafetería o en otros lugares con los parlamentarios de la Concertación, que me dicen “La Evelyn Matthei no tiene nada que hacer en esta candidatura, va a ganar la Bachelet lejos”. Bueno, y si va a ganar la Bachelet lejos, ¿creen que se acabarán los encapuchados? ¿Sinceramente creen que se acabarán los encapuchados si la Bachelet es presidenta? No se van a acabar, señores. Los encapuchados van a seguir igual, exactamente igual. Y ahí los quiero ver, cuando manden un proyecto de ley y nos pidan por favor que lo aprobemos para meterlos presos, porque le estarán haciendo un daño enorme a su presidenta. ¡Ahí los quiero ver!
Ahora, para eso van a tener que esperar cuatro años más, porque el próximo período será Evelyn Matthei la presidenta. Así es que tendrán tiempo para pensar en esto.
Pero tal como expresó el diputado Cardemil hace un rato, la realidad es muy distinta a lo que dispone la ley. La gente reclama sin parar. Y no solo lo hacen quienes transitan por las calles, sino también los comerciantes que, tal como pude ver por televisión durante la última protesta, persiguen a palos a los encapuchados. ¡Cómo no se dan cuenta de eso! Ya no es el público en general; son los propios afectados los que están saliendo a las calles a pedir, a rogar e incluso a golpear a estos malvados que provocan tanto daño. Y ahora que tenemos la oportunidad de contar con una ley que castigue efectivamente a quienes provocan los destrozos, la mayoría de la Cámara se opone a aprobar el proyecto, por lo que es muy probable que termine rechazándose.
¿Qué le van a decir a los comerciantes cuando en la próxima protesta los encapuchados salgan nuevamente a la calle? ¿Qué le van a decir a los feriantes, a la gente que se ve directamente afectada por ellos?
Espero que cuando eso ocurra, el Gobierno diga con toda la fuerza del mundo que fue la Concertación la que rechazó en el Parlamento el proyecto de ley que metía presos a los encapuchados.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , por su intermedio, junto con saludar al señor ministro del Interior , debo decir que lamento las prioridades del Gobierno en el combate de la delincuencia, la falta de prioridad en materia de seguridad ciudadana. El mismo Gobierno que prometió a los chilenos terminar con la delincuencia, que se acabaría la fiesta de los delincuentes, ha equivocado absolutamente sus prioridades legislativas en materia de seguridad ciudadana.
La semana pasada conocimos las lamentables cifras que nos entregaron las encuestas Adimark y Fundación Paz Ciudadana respecto de cómo han aumentado, por ejemplo, los delitos de robo en lugar habitado, los delitos de robo con fuerza.
Quiero lamentar que no hayamos podido examinar el proyecto que regula y fiscaliza el negocio de la seguridad privada, que viene del gobierno de la Presidenta Bachelet , a través del cual por primera vez se intenta regular el mercado de guardias y vigilantes de empresas obligadas a contratar sistemas de seguridad privada. Y no pudimos examinarlo en la sesión fijada para ello porque una vez más el Gobierno ha priorizado este proyecto de ley, mal llamado de resguardo del orden público y más conocido como Ley Hinzpeter.
Este Gobierno tampoco ha priorizado el proyecto que modifica la Ley sobre Control de Armas y que incide en un delito de mayor connotación social que afecta a los chilenos en su vida diaria. Ese proyecto fue despachado por la Cámara en octubre de 2011. Han pasado prácticamente dos años y no hemos tenido noticias, ello porque el Gobierno no le ha dado prioridad. Además, se relaciona con las armas hechizas que proliferan en las poblaciones y con la posesión de armas de fabricación irregular por parte de menores de edad.
El Gobierno tampoco le ha dado prioridad al proyecto sobre resguardo al Ministerio Público y a la Fiscalía Nacional, con el objeto de tener más fiscales en la persecución de los delitos. En vez de eso, el Gobierno quiere hacernos creer que hoy los delitos o faltas perpetradas por personas encapuchadas quedan en la impunidad.
El diputado Cristián Letelier , por su intermedio, señor Presidente , comentaba hace algunos días en una red social que el miércoles -hoy- íbamos a ver qué parlamentarios están a favor y qué parlamentarios están en contra de los encapuchados. Señor Presidente , qué simplismo más burdo, qué falsedad más grande, como si acá hubiéramos algunos que estamos defendiendo a los encapuchados.
Les quiero decir, por su intermedio, a los diputados Letelier y Cardemil, que me antecedieron en el uso de la palabra, que todos estos delitos y faltas están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico; que Carabineros no solamente puede, sino que tiene el deber de detener a una persona que en situación de flagrancia comete delitos estando encapuchada.
Quiero invitar a los diputados que mencioné a leer el artículo 85 del Código Procesal Penal respecto del control de identidad. Señala que los funcionarios policiales deberán, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados en que según las circunstancias estimaren que existen indicios de que hubieren cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta. Lo dice el actual Código Procesal Penal. No es necesaria la Ley Hinzpeter.
¿Qué señala además este artículo? Que en caso de personas que se encapuchen o embocen para ocultar, dificultar o disimular su identidad, Carabineros deberá hacer un control de identidad. Agrega el artículo 85 del Código Procesal Penal -lo menciono a propósito del nuevo proyecto de ley que sobre el particular ha anunciado el Presidente de la República con bombos y platillos- que la policía podrá proceder al registro de vestimentas, equipajes y vehículos de las personas cuya identidad se controla, y cotejar las órdenes de detención que puedan existir sin necesidad de orden judicial previa.
Entonces, cuando nos dicen que este proyecto por primera vez va a permitir a Carabineros detener a personas que, encapuchadas, cometen delitos o faltas, sucede que ni siquiera han reparado en lo que señala el artículo 85 del Código Procesal Penal.
Le dijimos al Gobierno que estábamos dispuestos a dar una nueva redacción al artículo 269 del Código Penal, que tipifica los delitos contra el orden público. Ya en el anteproyecto de Código Penal, gestado en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se había establecido la necesidad de adecuar la redacción del artículo 269 del Código Penal, cuyo origen data del siglo XIX y que es uno de los muchos artículos que debemos actualizar en cuanto a redacción. Lamentablemente, nunca hubo voluntad en el Gobierno para llegar a un acuerdo. El diputado Jorge Burgos , quien me acompaña, le dijo al ministro del Interior en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que estábamos dispuestos a llegar a una fórmula consensuada respecto de la redacción del artículo 269 del Código Penal. El diputado Burgos propuso una fórmula, pero nunca fue acogida por el Gobierno. ¿Por qué actuamos en tal sentido? Porque ningún profesor de derecho penal, con excepción de Juan Domingo Costa, asesor del Ministerio del Interior y redactor de este proyecto -lo digo con propiedad porque estuve en la Comisión de Seguridad Ciudadana y en la de Constitución, Legislación y Justicia examinando la iniciativa- recomendó aprobar su redacción. Repito, solo un penalista recomendó aprobar este proyecto. Todos los profesores de derecho penal que hemos escuchado, de manera pública o privada, tanto en la Comisión de Seguridad Ciudadana como en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia nos dijeron que este proyecto afectaba el principio de proporcionalidad en materia penal o afectaba derechos fundamentales y limitaba en su esencia el derecho de reunión que, dicho sea de paso, debemos regularlo en la ley y no a través de disposiciones generales de policía, como establece la actual Constitución.
Por último, tal ha sido nuestra convicción propositiva en estas comisiones, donde apoyamos un proyecto de ley que presentaron el diputado Monckeberg con la diputada Sabat , que junto con los diputados Harboe y Silber suscribimos un proyecto para establecer que el ocultamiento de rostro como circunstancia agravante de carácter general y no respecto de delitos específicos, como establece en la actualidad el Código Penal y como propone el Gobierno mediante las indicaciones que repone. ¿Por qué proponemos el ocultamiento como circunstancia agravante de carácter general? ¡Por Dios que habría sido bueno que hubieran sido sancionados durante la dictadura los agentes del Estado que actuaban con el rostro oculto y cobardemente a la hora de detener a la gente en las poblaciones para luego hacerlas desaparecer! ¡Por Dios que habría sido bueno haber contado con esa circunstancia agravante! Por eso, queremos establecer tal circunstancia respecto de los delitos en general, como circunstancia agravante general y no respecto de delitos específicos, y por eso vamos a votar en contra del proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ha concluido el Orden del Día.
Están inscritos para intervenir el diputado Arturo Squella , la diputada María Angélica Cristi , los diputados Iván Moreira , Giovanni Calderón , Gabriel Silber , Ricardo Rincón , Jorge Burgos , Sergio Ojeda , Felipe Harboe , Rodrigo González , Cristián Monckeberg , la diputada Marcela Sabat , el diputado Marcelo Díaz , la diputada Denise Pascal y los diputados señores Alberto Robles , Marcelo Schilling y Tucapel Jiménez .
En consecuencia, como la urgencia lo permite, vamos a continuar el debate de este proyecto el martes o miércoles de la próxima semana.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Y DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y FOTOGRÁFICO HISTÓRICO DE DIARIO LA NACIÓN (Votación)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 768, por el cual se solicita a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos que asuma la custodia y mantenimiento del centro de documentación y fotográfico histórico del diario La Nación y del inmueble perteneciente a dicho diario.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LOS CLIENTES USUARIOS DE SERVICIOS BÁSICOS
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 769, por el cual se solicita mejorar la atención de los clientes usuarios de servicios básicos.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 769, de los diputados señores Meza, Espinosa, don Marcos; Robles, Pérez, don José; Rojas, González, Campos, Molina, doña Andrea; Kort y Sauerbaum, cuya parte dispositiva señala:
“La Cámara de Diputados acuerda oficiar a su excelencia el Presidente de la República para que instruya a los respectivos superintendentes de los ramos correspondientes a servicios básicos, entiéndase Agua y Energía Eléctrica, para que ordenen, mediante sus atribuciones, la existencia de líneas gratuitas de atención telefónica de servicio al cliente para emergencias y desperfectos técnicos, así como también ordenen incluir en sus boletas de cobro información detallada y destacada respecto de las instancias posibles de recurrir en caso de reclamos y fiscalización.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo incide en la necesidad de que los ciudadanos chilenos puedan tener información adecuada de parte de las empresas que prestan servicios básicos, por ejemplo, de electricidad, de agua potable, de gas u otro. En ese sentido, me parece que el proyecto va en la línea correcta. Sin embargo, puesto que no lo he suscrito, intervengo simplemente como uno más de quienes han leído su texto.
Al respecto, quiero señalar que las empresas de servicios en nuestro país, particularmente las de distribución eléctrica y de agua potable, por la vía de introducir el sistema de centros de llamados o call center gratuitos para los usuarios, han disminuido el personal directamente involucrado en la administración de estas empresas en cada una de las comunas. Vale decir, por esta vía las empresas han disminuido personal especializado que históricamente tenía a su cargo la administración de los servicios en cada una de las comunas o en determinados sectores territoriales del país.
Hoy resulta inaceptable que un ciudadano que se ve afectado por una emergencia de cualquier tipo, por corte de energía o corte de agua potable, tenga como único referente un número telefónico al cual llama y desde el cual muchas veces no se le entrega ninguna respuesta adecuada, salvo un número que acredita que hizo un reclamo. Esto es en el mejor de los casos, porque comunicarse a veces es muy difícil.
Por eso, quiero manifestar mi apoyo a este proyecto de acuerdo. Con todo, señalo que debiera ser complementado con una revisión de las tarifas de las empresas distribuidoras de gas, de agua potable y de electricidad, y para que cumplan con el personal adecuado a fin de tener interlocución válida en cada una de las comunas de nuestro país, sobre todo en nuestro mundo rural.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , en Chile existen muchos abusos. Uno de ellos tiene que ver con las empresas de servicios básicos, concretamente de energía eléctrica y de agua potable.
Por un lado, los cobros son indiscriminados, sobre todo en los sectores rurales, en las pequeñas comunas, donde no guarda relación el consumo con lo que cobran estas empresas.
Cuando se interrumpe el servicio de agua potable o de energía eléctrica, los usuarios tienen que hacer llamados para reponerlos, y lo hacen a una línea 600, que muchas veces está absolutamente colapsada, o quedan en espera por muchos minutos. Se trata de gente de campo que gasta su tarjeta de prepago de telefonía celular para que una empresa, que ha cometido un error en el suministro de energía eléctrica o de agua potable, atienda sus requerimientos.
Por eso, mediante este proyecto de acuerdo solicitamos que las empresas de servicios básicos entreguen un número telefónico gratuito; es decir, una línea 800 a disposición de la ciudadanía para que con rapidez puedan comunicarse y buscar una solución a sus problemas.
No puede ser que la ciudadanía esté expuesta al actuar de estas empresas, que muchas veces cobran sumas absolutamente onerosas, por encima de lo que indica la realidad. Muchas veces miran los medidores desde lejos, en los campos sobre todo, y más encima la gente tiene que reclamar sus derechos a través de una línea telefónica pagada.
A través de este proyecto de acuerdo queremos que las empresas de servicios básicos expliciten claramente en las boletas un número de línea 800 que permita a los usuarios reclamar sus derechos y la reposición de los suministros interrumpidos en algún momento. Esto sucede especialmente cuando ocurren catástrofes, temporales o rotura de matrices, como ha sucedido últimamente en Valparaíso y en otras comunas, donde la ciudadanía se encuentra absolutamente desvalida y sin posibilidades de reclamar sus derechos si no tiene un teléfono a mano o dinero para pagar el llamado telefónico.
Solicito a los colegas parlamentarios aprobar este proyecto de acuerdo para llevar un poco de tranquilidad a los ciudadanos, que a menudo ven cómo les cortan la electricidad o les interrumpen el suministro de agua potable y no tienen a quién reclamar.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
REBAJA DE COSTO DE TERRENOS FISCALES Y DIFERENCIACIÓN DE MONTOS DE SUBSIDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 770, de los diputados Espinosa, don Marcos; Girardi, doña Cristina; Meza, Schilling, Ward, Vidal, dona Ximena; Silber, Teillier, Rivas y De Urresti, cuya parte dispositiva señala:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia el Presidente de la República que instruya a los titulares de las carteras de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, además del Servicio de Vivienda y Urbanismo, para que puedan estudiar la implementación de las siguientes medidas en la Región de Antofagasta, a fin de terminar con el alto déficit en la región:
a) Proporcionar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Servicio de Vivienda y Urbanismo, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, terrenos fiscales a menor precio que sean ocupados en construcción de viviendas sociales; y
b) Subsidiar de una manera diferenciada las viviendas que se construyen en la región, considerando que la mano de obra es más cara y que los insumos también tienen un precio mayor que en el resto del país, a causa de la actividad minera y el alto costo de vida.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , pido que recabe la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto, porque me parece que no debería concitar ni oposición ni debate.
No soy autor del proyecto, pero me parece…
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , Secretaría me informa que tenemos que registrar la votación.
Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo persigue establecer un subsidio diferenciado para materializar la construcción de viviendas sociales para la Región de Antofagasta, la que, de acuerdo con la medición de requerimientos de vivienda, se ubica dentro de las primeras cinco regiones con mayor déficit habitacional, por no decir la primera. Son más de 4.500 las soluciones habitacionales que esperan su materialización.
Las razones y las variables que explican esa situación son particularmente dos: la primera, el alto precio de los terrenos en la Región, particularmente en Antofagasta y Calama, donde se aplica, a partir de 2010, la política de valorizar estos terrenos a precio de mercado y no a valor fiscal, como se hizo durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. Esta política ha postergado indudablemente la materialización de los ansiados proyectos de viviendas sociales. Las otras variables que distorsionan de manera brutal los costos de construcción de los proyectos de viviendas sociales son la mano de obra carísima, determinada por los altos ingresos de los trabajadores en la empresa minera, y el costo de los insumos
Por eso, pedimos a los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales que establezcan un subsidio diferenciado, un subsidio especial para la construcción de soluciones habitacionales en la Región de Antofagasta, y destinen terrenos específicos, a valores razonables, para concretarlas.
Solo un dato. Terrenos que antes costaban 0,14 UF el metro cuadrado, hoy tiene un valor cercano a 1,74 UF, incluso 2 UF el metro cuadrado, lo que hace prácticamente imposible que el Estado construya soluciones habitacionales. Además, los pequeños y medianos empresarios agricultores tampoco pueden acceder a regularizar sus títulos de dominio.
Por lo expuesto, solicitamos al Presidente de la República instruir a los titulares de las carteras de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales y, por esa vía, al director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta , que estudien la implementación de dos instrumentos que, a nuestro juicio, permitirían descomprimir esa angustiosa situación: primero, entregar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Serviu regional, a través de Bienes Nacionales, terrenos fiscales a menor precio para que sean ocupados en la construcción de viviendas sociales y, por otro lado, subsidiar de manera diferenciada las viviendas que se construyan en la región.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, quiero respaldar la propuesta hecha por el diputado Marcos Espinosa.
En la Región de Antofagasta, el elevado valor del suelo nos genera un serio problema para la construcción de viviendas sociales. A mi juicio, el alto precio del suelo antofagastino está dado por una burbuja inmobiliaria, toda vez que el Ministerio de Bienes Nacionales, que administra casi el 78 por ciento del suelo fiscal, no ha sacado a licitación pública paños de terrenos para la construcción.
El problema radica en que la política de Bienes Nacionales, bastante buena en orden a sacar a licitación una cantidad importante de terrenos fiscales para la construcción de viviendas y para la instalación de empresas, no distinguió respecto de los valores a cobrar. Por eso que la Cartera de Vivienda no ha podido construir viviendas sociales durante el gobierno del Presidente Piñera, y solamente se están terminando de levantar aquellas viviendas o programas habitacionales que venían de la época de la Presidenta Bachelet. En tal virtud, resulta absolutamente necesario que el gobierno tenga una política habitacional diferenciada para la Región de Antofagasta, dado que no existe suelo para construir y el que hay es de propiedad fiscal o es administrado por Bienes Nacionales.
Otro problema es el alto costo de la construcción. En la época de la Presidenta Bachelet esto se solucionó con el subsidio diferenciado a la localización, lo que permitió entregar mayores subsidios a la gente más modesta.
Esperamos que el gobierno atienda esta petición y que Bienes Nacionales le entregue terrenos al Ministerio de Vivienda para la construcción de viviendas sociales, además de un subsidio diferenciado que permita absorber el mayor costo de construcción que existe en Antofagasta.
Como último dato, un estudio que realizó hace un par de años el gobierno regional determinó que Antofagasta era la segunda ciudad más cara para vivir de Chile y que uno de los componentes de mayor valor era la construcción.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor Estay Peñaloza Enrique.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
SUSPENSIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES Y DE REMATES DE PREDIOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE DISTRITO N° 10 (Oficio)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , reitero mi llamado al Ejecutivo , particularmente al Presidente de la República , para que operen los beneficios que conlleva la declaración de zona de catástrofe, tales como la suspensión de los pagos de las contribuciones de los predios de los pequeños y medianos agricultores de nuestra zona.
Nuestra gente no puede seguir resistiendo los embates de la sequía. Han perdido sus predios; han debido despedir a mucha gente; la están pasando mal. Es más, ni siquiera están cumpliendo con sus pagos.
Es cierto que el Gobierno los está ayudando. Los agricultores que son parte del Indap y que mantenían deudas desde 2007 hasta el 30 de junio del 2013 quedarán al día gracias al bono de compensación que les ha entregado.
Con todo, estoy hablando de una situación tremendamente relevante. Necesitamos que se suspenda el cobro de las contribuciones; necesitamos que nuestros pequeños y medianos agricultores sientan que se les está ayudando donde más lo necesitan, que es en el bolsillo.
Por lo tanto, solicito reiterar el oficio al Presidente de la República , para requerir lo que hemos pedido muchas veces, materia que hablé con el Presidente el año pasado y con todos los ministros que han querido escuchar cuando fui a La Moneda, ya que es fundamental que se apliquen los beneficios que otorga el decreto de catástrofe, como retrasar el pago de contribuciones y parar los remates de los predios de nuestra gente. Ojalá nos escuche el Ejecutivo y que concrete esto a la brevedad.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, de lo que Secretaría está tomando debida nota.
AUMENTO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA O REPROGRAMACIÓN DE ASIGNACIONES EN LA REGIÓN DE AYSÉN (Oficio)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , la semana distrital recién pasada nos reunimos con un grupo de dirigentes de cuatro comités habitacionales de la comuna de Coyhaique, Llévame al Futuro II , Amanecer con Esperanza, Gabriela Mistral e Ilusión Joven, integrados por 168 familias que están aspirando, como muchos a lo largo del país, al subsidio para la construcción de sus respectivas viviendas.
Esos dirigentes me señalaron que no podrían concursar para optar a los subsidios que se otorgarán en julio, agosto y septiembre, ya que los organismos técnicos de la vivienda de la Región de Aysén establecieron como prioridad asignar subsidios a los comités que construirán sus casas en los terrenos de la antigua escuela agrícola.
Nos parece bien que se establezca esa prioridad, pero no es razonable que se deje al margen de ese beneficio a familias de otros comités que aspiran legítimamente a ese subsidio, para el cual el Estado otorga un total de alrededor de 130.000 UF para la Región de Aysén.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo , señor Rodrigo Pérez , a fin de que estudie la posibilidad de otorgar más subsidios de ese tipo a la Región de Aysén, porque todos conocemos las extremas condiciones de aislamiento y de frío en que viven los habitantes de esa región. En último término, pido que se reprogramen las asignaciones en la Región de Aysén, con el fin de asegurar el equitativo acceso a este beneficio habitacional tan importante para la gente de nuestra región.
Hago entrega a la Mesa de los antecedentes para que se los hagan llegar al ministro don Rodrigo Pérez, para que estudie a la brevedad esta situación.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, de lo que Secretaría está tomando debida nota.
PAGO DE BONO DE ZONAS EXTREMAS A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL Y A PERSONAL DE JARDINES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS MUNICIPALES (Oficios)
El señor SANDOVAL .- En otro orden de cosas, los asistentes de la educación que se desempeñan en los departamentos de educación y los funcionarios que laboran en los jardines vía transferencia de fondos que administran muchos municipios a lo largo del país curiosamente no reciben el bono de zonas extremas, a pesar de que la opinión de todos los miembros de la Comisión de Zonas Extremas es que debieran percibirlo desde hace mucho tiempo.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Hacienda , ojalá con la adhesión de los colegas parlamentarios, con el objeto de que se incorpore ese beneficio a dichos trabajadores en la Ley Presupuestos de la Nación de 2014, petición que se ha reiterado todos los años. Asimismo, pido enviar copia del oficio y de mi intervención a los diez alcaldes de mi Región de Aysén para que se sumen a este esfuerzo.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que Secretaría toma debida nota.
SATISFACCIÓN POR DECLARACIÓN DE INSTITUTO DEDERECHOS HUMANOS (Oficios)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , daré lectura a una carta del Instituto de Derechos Humanos, ya que se relaciona con la nueva legislación que regulará el orden público en nuestro país, materia que discutimos hace poco rato y con otros acontecimientos que han sucedido en el país. Lo hago porque siempre he sido una persona crítica de la actuación y de la forma cómo dicho instituto ha enfrentado temas relacionados con la violencia, pero ahora coincido con esta declaración, que dice: “Llamamos a la ciudadanía a ejercer el derecho a manifestación de manera pacífica.
Frente a los hechos de violencia cometidos en la Catedral de Santiago, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Sesión Ordinaria efectuada el 29 de julio de 2013, acordó la siguiente declaración pública:
El derecho a manifestar en paz es un derecho humano que conjuga tanto el ejercicio de la libertad de expresión como el derecho a reunión y asociación, ambos fundamentales para el desarrollo de toda sociedad democrática. Rechazamos los hechos violentos de que fuera objeto la Catedral de Santiago y llamamos a la ciudadanía, que por distintos motivos se moviliza, a ejercer este derecho de manera pacífica.
La libertad de culto así como la garantía de su ejercicio también se encuentran amparadas por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. La intolerancia frente a cualquier tipo de expresión religiosa es incompatible con una cultura democrática y respetuosa de dichas libertades. Llamamos a la ciudadanía a rechazar todo acto de intolerancia y a respetar las diversas expresiones culturales y religiosas de nuestra sociedad.
En toda manifestación pública se produce algún grado de afectación a aquellos que no hacen parte de la misma. La interrupción u obstaculización del tránsito o la libre circulación, los ruidos o la imposibilidad de acceder a ciertos lugares son algunas de estas dificultades que la autoridad competente tiene la obligación de prever y encauzar, otorgando alternativas que permitan el desarrollo pacífico de dichas expresiones, a la vez que el resguardo al orden público. Las autoridades competentes deben buscar los mayores grados de coordinación con quienes convocan a dichas manifestaciones y acordar con suficiente antelación el lugar y recorridos a desarrollar, de manera de hacer plenamente compatibles las tareas de mantención del orden público con la garantía y respeto a los derechos humanos.”
Por lo tanto, solicito oficiar a la directora y a los miembros del Instituto de Derechos Humanos para hacerles llegar mi beneplácito por esta declaración.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS EN FAVOR DE MENOR AFECTADA POR DELITO DE VIOLACIÓN Y RESPECTO DE RESGUARDOS EN LA ENTREGA DE MENORES EN ADOPCIÓN O TUICIÓN (Oficio)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , hace unos días nos enteramos de una lamentable situación que afecta a una menor de doce años de edad, quien fue violada por un familiar en el sector denominado Caleta Buena , provincia de Tocopilla.
Esta situación, que es muy compleja, nos alerta respecto de la situación de los menores desvalidos y de lo que puede hacer el Sename por ellos.
Ya hemos discutido y estamos de acuerdo en constituir las comisiones investigadoras que se preocuparán de esas materias.
Sin embargo, quiero señalar que aquí están actuando otros organismos del Estado, como los tribunales de familia, en el ámbito de la justicia, pero no sé si tienen la preocupación necesaria en aquellos casos en que los niños necesitan protección familiar.
La menor de Tocopilla fue retirada de su núcleo familiar directo debido a que su madre no podía tenerla bajo su cuidado, y fue entregada a un familiar también directo: un tío. Lamentablemente, este la violó. La niña tiene 12 años y está embarazada.
Ante esta preocupación que me asiste por lo que está ocurriendo con nuestras menores, que muchas veces están desvalidas frente a sus propias familias, me parece que debemos buscar la forma de que organismos, como el Sename, actúen de la mejor manera posible.
Pido que se oficie a la ministra de Justicia , a fin de que informe cuáles son las instancias protocolares que deben cumplirse cuando una menor es entregada en adopción o tuición a terceros o a familiares directos por parte del Sename. En particular, quiero que la ministra de Justicia nos informe claramente qué providencias tomará el Sename para contribuir en el cuidado y protección de la menor de Tocopilla.
Muchas veces, en las instituciones o casas de acogida de menores se producen problemas que derivan en situaciones dramáticas como la que hoy está viviendo una menor de 12 años de edad de nuestra región, quien lamentablemente fue embarazada por un familiar directo.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
SALUDOS POR TÉRMINO DE CONFLICTO LABORAL DE RECOLECTORES DE BASURA (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , he solicitado la palabra para referirme al término del conflicto que se había suscitado a lo largo del país con los trabajadores y trabajadoras recolectores de basura, empleados de empresas concesionadas, a través de los municipios, que prestan un servicio vital en el país.
Hace algún tiempo, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se conformó una mesa de diálogo y de trabajo para abordar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de ese rubro. Es así como la entonces ministra Matthei avanzó con los municipios en orden a mejorar las condiciones de higiene y de seguridad durante el tránsito en los camiones recolectores de basura, y otras que permitieran que su trabajo se efectuara de manera digna, pues -reitero- se trata de una función vital para el país.
Uno de los puntos que quedaron pendientes en el proceso de modernización y de dignificación de la labor de recolección de basura fue el mejoramiento de las condiciones de remuneración de sus trabajadores. La idea era que dichas condiciones se asimilaran a las de los funcionarios municipales que desarrollan la misma función. Lamentablemente, la no concreción de ese punto derivó en una paralización que en las últimas horas tuvo al país en ascuas y preocupado por que se produjera una eventual emergencia sanitaria.
Junto al diputado Tucapel Jiménez , y en nombre de la Comisión de Trabajo, fuimos invitados por la Federación de Trabajadores de Empresas de Aseo, Jardines y Rellenos Sanitarios y por el ministro Juan Carlos Jobet a ser parte de una mesa de trabajo y de diálogo con los trabajadores del rubro del aseo, con las dos principales asociaciones de municipios y con las empresas dedicadas al aseo y ornato del país. Ese trabajo, que duró varias horas a partir del lunes en las oficinas ministeriales, ha concluido en el día de hoy con éxito.
Aprovecho esta instancia para saludar a los trabajadores y trabajadoras recolectores de basura de nuestro país. Reitero: el conflicto que se había producido ha culminado con éxito. Hace algunas horas, el 30 por ciento de los trabajadores volvió a su lugar de trabajo. Se espera que en las próximas horas el resto de los trabajadores se vaya reincorporando a sus funciones.
Asimismo, se ha establecido una mesa técnica, que en los próximos 60 días deberá evacuar un informe que, en un plazo no mayor a un año, permita generar las condiciones financieras y legales para que en los procesos de licitación de los municipios los trabajadores vayan equiparando sus condiciones laborales y remuneracionales a las de los funcionarios municipales que cumplen igual labor.
Reitero mi saludo al ministro del Trabajo , quien facilitó el inicio de estas conversaciones; al presidente de la Federación de Trabajadores de Empresas de Aseo , Jardines y Rellenos Sanitarios, señor Armando Soto , y a sus trabajadores asociados; al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , señor Santiago Rebolledo , y al presidente de la Asociación de Municipios de Chile , señor Felipe Guevara .
Tengo claro que algunos pretenderán decir que este conflicto pudo haberse resuelto antes. Pero ocurre que en momentos de diálogo y de tensión -lo señalaban los propios trabajadores-, muchas veces se dicen cosas por las cuales después hay que disculparse. Afortunadamente, en este proceso, al final, ha primado la cordura y principalmente la intención de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores del rubro del aseo en el país.
He dicho.
FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BASES DE LICITACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL GRAN VALPARAÍSO (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- El tiempo adicional de cinco minutos corresponde a la bancada de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , no es ningún misterio y es de público conocimiento que hace algunos días la seremi de Transportes de la Quinta Región resolvió prorrogar por dieciocho meses las licitaciones del transporte público del Gran Valparaíso a los actuales operadores, sin que se conozcan las razones de esa decisión. La medida agrava la situación del sistema de transporte público en Valparaíso, que es francamente insuficiente en términos de cobertura, horarios, recorridos, etcétera.
Por ello, pido que se oficie al contralor general de la República , a fin de que disponga que se investiguen a la brevedad posible las razones que tuvo a la vista la autoridad regional de Transportes para prorrogar en dieciocho meses las licitaciones del transporte público en el Gran Valparaíso. El argumento que ha dado la seremi de Transportes es que no estuvieron disponibles a tiempo los estudios que se habían encargado para hacer la licitación en el momento adecuado. Sin embargo, tuvo tres años y medio para realizar dichos estudios y llamar a una nueva licitación.
Además, solicito que se oficie a la autoridad de Salud que corresponda, a fin de que imparta instrucciones a la seremi de Transportes, en orden a que se fiscalice la situación sanitaria de los terminales de buses que operan en el Gran Valparaíso.
También pido que se oficie a la directora Nacional del Trabajo , a fin de que verifique el cumplimiento de todas las normas laborales incorporadas en las bases de licitación del trasporte público en el Gran Valparaíso. Hoy no se cumple con el sueldo base que quedó establecido en esas bases para los conductores del transporte público de Valparaíso; no hay horarios de funcionamiento, existe “collereo”, como ocurría antes de la licitación; algunos conductores trabajan 17 y 18 horas diarias, no disponen de servicios higiénicos, no se les pagan las horas extraordinarias, etcétera.
Por eso, reitero que se oficie a la directora nacional del Trabajo , a fin de que fiscalice si se están cumpliendo las normas laborales incorporadas en las bases de la licitación, que, inexplicablemente, fue prorrogada por 18 meses. Asimismo, es necesario que el contralor general de la República investigue por qué la licitación fue prorrogada por ese período en beneficio de los actuales operadores, y el destino de los recursos otorgados en calidad de subsidios a distintas unidades de negocios en el Gran Valparaíso.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
ANTECEDENTES CURRICULARES DE CURSOS SOBRE DERECHOS HUMANOS IMPARTIDOS EN ESCUELAS FORMATIVAS DE CARABINEROS DE CHILE (Oficios)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- En el resto del tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , pido que, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública , se oficie al general director de Carabineros de Chile y al director del Departamento de Estudios de la institución, con el objeto de que tengan a bien enviar la malla curricular de los cursos sobre derechos humanos que se imparten en las distintas escuelas de formación, así como también los elementos bibliográficos y los antecedentes fundantes de los cursos.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
ESCLARECIMIENTO DE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑA “YO VOTO” (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- El Comité del Partido por la Democracia va a hacer uso del tiempo adicional de cinco minutos a que tienen derecho todas las bancadas una vez cada tres semanas.
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , como es de público conocimiento a nivel nacional se ha formulado una serie de denuncias relacionadas con irregularidades en el manejo de fondos públicos en distintos programas desarrollados por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), debido a las cuales debió renunciar la directora nacional de la institución, doña María José Domínguez Farah , señalada como principal responsable de los hechos denunciados.
Atendidas las graves irregularidades denunciadas ante la Contraloría General de la República, dadas a conocer, además, por varios medios de comunicación, pido que se oficie al ministro de Desarrollo Social , señor Bruno Baranda , a fin de que informe de manera pormenorizada a la Cámara sobre las medidas administrativas que ha adoptado, en su calidad de superior jerárquico del Injuv, con el objeto de esclarecer los graves hechos denunciados que se relacionan con dicha institución, y sobre el estado de avance de las mismas.
En el mismo contexto, con fecha 12 de junio el diputado que habla solicitó a la hoy exdirectora del Injuv lo siguiente: primero, un informe pormenorizado de la campaña “Yo voto”, que lleva a cabo la institución, de los procesos de licitación asociados, del estado de ejecución del proyecto y de los estados de pago realizados y pendientes, y segundo, un listado de todos los convenios firmados, vía trato directo, su justificación y los montos involucrados durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de mayo de 2013, ambas fechas inclusive, correspondiente al subtítulo 24.
Pues bien, como el oficio N° 11.787, de fecha 17 de junio de 2013, remitido por la Cámara, que contiene los puntos detallados anteriormente, no ha sido respondido por la dirección nacional del Injuv, pido que esta acuse recibo del mismo y remita, a la brevedad, la información recabada.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
EXCLUSIÓN DE NIÑOS NACIDOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2013 DE TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA Y SEVERA, INCLUIDA ENTRE LAS PATOLOGÍAS GES (Oficio)
El señor FARÍAS.- En segundo lugar, con la publicación en el Diario Oficial del decreto N° 4, de 2013, del Ministerio de Salud, se incorporaron 11 nuevas patologías al programa GES-AUGE, iniciativa que, sin duda, representa un gran avance en materia de protección y de acceso garantizado de la población a la salud.
Así las cosas, el diputado que habla tomó conocimiento de una lamentable situación que podría ser catalogada como discriminación arbitraria que afecta el principal objetivo que nos preocupa y que nos encomienda la ciudadanía: el porvenir de los niños de nuestro país.
Digo esto porque, en relación al tratamiento de la hipoacusia moderada y severa, es decir, la sordera, se estableció un requisito que excluye en forma arbitraria a todos los niños nacidos antes del 1 de enero de 2013. De esta forma, el decreto N° 4, de 2013, del Ministerio de Salud, está negando el acceso a ese costoso tratamiento a cientos de niños que padecen esa enfermedad, negándoles la posibilidad de llevar una vida normal.
Ante esta situación, pido que se oficie al ministro de Salud , señor Jaime Mañalich , a fin de que informe a nuestra Corporación por qué el tratamiento de la hipoacusia moderada y severa, incluida entre las patologías GES-AUGE, está garantizado solo para los niños nacidos desde el 1° de enero de 2013 en adelante, excluyendo arbitrariamente a cientos de pequeños que también lo requieren.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado José Miguel Ortiz .
OMISIÓN DE TRÁMITE DE CAMBIO DE USO DE SUELO DEL SECTOR PUNTA CACHOS POR ALCALDE DE COMUNA DE COPIAPÓ (Oficios)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- El tiempo adicional de cinco minutos del Comité de Renovación Nacional ha sido cedido al diputado señor Alberto Robles.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , ante todo, agradezco al Comité de Renovación Nacional que me haya cedido su tiempo.
En primer lugar, pido que se oficie al contralor regional de Atacama y al contralor general de la República , a fin de informarles que ayer me enteré de que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Copiapó acogió nuevamente a tramitación un proyecto que la empresa MPX pretende llevar adelante en la Región de Atacama: la central hidroeléctrica Castilla .
Cabe recordar que la Tercera Sala de la Corte Suprema dictaminó que el proyecto mencionado no solo estaba mal planteado, sino que sería contaminante, debido a lo cual no debía llevarse a cabo.
Pues bien, resuelto el tema por la Corte Suprema, el año pasado el concejo de Copiapó acordó el cambio de uso de suelo del sector Punta Cachos, en la comuna de Copiapó. En realidad, la Región de Atacama prácticamente no tiene costa; pero el proyecto afectaría a toda su costa, en particular a Caldera y Huasco. Como digo, el concejo acordó cambiar el uso de suelo y retrotraerlo a la época en que la costa estaba destinada a actividades inofensivas, como turismo, pesca y acuicultura.
Por eso, pido que las autoridades mencionadas me informen sobre los motivos por los cuales el alcalde no ha realizado los trámites para cambiar el uso de suelo, lo que ha permitido que el director de Obras , sin informarle a nadie, haya acogido nuevamente a tramitación el proyecto de construcción de la termoeléctrica Castilla, a pesar de haber sido desechado por la Corte Suprema de nuestro país.
Me parece que esto es una burla a todos los habitantes de la región; si el problema no se resuelve ahora sería impresentable desde el punto de vista ciudadano.
Quiero que el contralor regional me informe sobre el cumplimiento de una atribución del concejo, que consiste en exigir el cambio de uso de suelo, trámite que el alcalde no ha realizado.
Asimismo, pido que se oficie al concejo de Copiapó , a fin de que me informe sobre esta materia, porque el problema no le compete solo al alcalde , sino a todo el municipio. Los acuerdos del concejo deben ser cumplidos, lo que significa que el alcalde debe arbitrar las medidas necesarias para que el director de Obras dé cumplimiento a la decisión del concejo de cambiar el uso de suelo de ese sector, de manera que se instalen allí solo industrias inofensivas.
Eso no se ha hecho. Hace mucho tiempo que se tomó ese acuerdo, y ahora vemos que la empresa arremete nuevamente vulnerando la decisión de la gente de la región y lo que resolvió la justicia en relación a este proyecto, el más contaminante de toda Latinoamérica.
Pido que se envíe copia de mi intervención a todos los municipios de la Región de Atacama, a todos los concejales, a los consejeros regionales, al intendente, a los gobernadores provinciales, a las uniones comunales de juntas de vecinos de la región, a la Central Unitaria de Trabajadores y a los empresarios de nuestra región. Necesitamos contar con energía, pero eso no puede ser a costa del desarrollo de la región y de la salud de su población.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor José Miguel Ortiz .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.41 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.11 horas.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
RESPUESTA A DEMANDAS DE TRABAJADORES Y PROFESORES DE FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR (Oficios)
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , deseo oficiar a servicios públicos en relación con dos justas y legítimas movilizaciones de trabajadores, una de las cuales se está llevando adelante en nuestra región, y la otra, a nivel nacional.
En primer lugar, me refiero a los sindicatos que reúnen a los trabajadores y profesionales de la educación pertenecientes a la Fundación Educacional El Salvador, dependiente de Codelco.
Esos trabajadores pertenecen a una fundación, cuya participación principal tiene que ver con el aporte de Codelco.
Más allá de los rumores, el hecho serio es que en algún momento se puede plantear el cierre de la División El Salvador y, por ende, el traslado del campamento donde están ubicados los establecimientos en los cuales trabajan.
Ellos iniciaron una negociación legal, pero, al no ser escuchados, han debido llegar, incluso, a movilizaciones que han alterado el desarrollo normal del flujo vehicular en la zona.
¿Qué plantean? Lograr un plan de egreso para los trabajadores, tal como sucede con los trabajadores de planta de la División El Salvador -es decir, sin tope de años de servicio-, para que puedan organizar su reubicación en la misma actividad o en otra, ante el eventual traslado del campamento a otro lugar.
Además, piden un bono por término de conflicto, tal como ocurre en las negociaciones de los trabajadores de Codelco. No aceptan que el sostenedor, Codelco , complemente su petición mediante préstamos que, al final, terminen pagando los trabajadores.
Finalmente, solicitan un reajuste real de 4 por ciento y la actualización, según el IPC, hacia adelante.
Su demanda me parece muy legítima. Han tratado de llamar la atención de los ejecutivos de la Fundación Educacional y de los ejecutivos de la División El Salvador, pero hasta ahora no ha habido una acogida ni se ha formado una mesa a fin de llevar adelante esa negociación.
Por eso, solicito oficiar al vicepresidente ejecutivo de Codelco , a la gerencia de la División El Salvador y a los ejecutivos de la Fundación Educacional El Salvador para que expliquen por qué no atienden esta legítima demanda de un sector de trabajadores vinculados a un tema tan esencial, como es la educación de niños y jóvenes radicados en dicho lugar, de la comuna de Diego de Almagro.
Pido enviar copia de mi intervención a los sindicatos mencionados, con los que estuve reunido hace algunos días; a los sindicatos vinculados a la Federación de Trabajadores del Cobre de El Salvador, a los sindicatos vinculados a la Confederación de Trabajadores del Cobre que tienen que ver con los subcontratistas -los hijos de trabajadores de ambos sindicatos estudian en esa localidad-, al alcalde y concejo de la Municipalidad de Diego de Almagro y a la CUT provincial de Chañaral.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con las copias solicitadas y con la adhesión de los diputados Díaz , Vargas , Chahín y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS E INDEMNIZACIONES DE EJECUTIVOS Y GERENTES DE CORREOS DE CHILE (Oficios)
El señor CARMONA.- También quiero referirme al conflicto que llevan adelante los trabajadores de Correos de Chile, quienes plantean una demanda bastante atendible. La respuesta de la empresa en la negociación es que no hay recursos. Sin embargo, la información que manejan esos trabajadores es que los ejecutivos que se integran y los que se acogen a planes de retiro reciben cifras millonarias.
Frente a la respuesta de que no hay recursos, los trabajadores piden -me hago parte de ello- que se precisen los ingresos y las indemnizaciones que reciben los ejecutivos y gerentes de Correos de Chile, para ver si se condicen con la baja escala de sueldos de los trabajadores de esa empresa.
Es necesario que se publiquen los ingresos de esos altos ejecutivos en cumplimiento de la Ley de Transparencia, cuestión que a la fecha no se ha podido conocer debido a que hay cambios permanentes en la página web de Correos de Chile, a fin de impedir el conocimiento de esos montos.
Se trata de demandas muy sentidas y de justicia total. Por tanto, pido que se oficie a la presidenta del directorio de la empresa Correos de Chile, señora Susana Carey, con copia al Sindicato Nacional de Trabajadores de Correos y a los organismos de trabajadores que pertenecen a la CUT a nivel nacional y regional.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados Díaz , Vargas , Chahín y de quien preside.
VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN Y CALIDAD DE SEÑALES DE CANALES DE TELEVISIÓN ABIERTA EN LOCALIDAD DE VILLASECA, COMUNA DE VICUÑA (Oficios)
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , quiero solicitar el envío de varios oficios en relación con situaciones que me han planteado vecinos de la localidad de Villaseca, de la comuna de Vicuña, en particular en relación con el funcionamiento de servicios públicos, y también de servicios privados, pero que cumplen función pública.
Con mucha inquietud, los vecinos me transmitieron el siguiente problema. En ese sector, donde el acceso al servicio de televisión por cable es bastante difícil, la posibilidad de ampliar su acceso, por ejemplo, a programas de entretención o de cultura depende de la recepción de la señal de televisión abierta.
En ese sentido, las señales de Canal 13 y de Mega derechamente no son recibidas, o bien se reciben en muy malas condiciones.
Por eso, pido oficiar al intendente y al seremi de Gobierno de Coquimbo, y al presidente del Consejo Nacional de Televisión para que, entre ellos, arbitren medidas a fin de solicitar a esos canales de televisión la gentileza de verificar la recepción y calidad de sus señales en esa localidad.
En varias ocasiones lo hemos solicitado respecto de Canal 13, porque en la comuna de Vicuña existen problemas para la recepción de su señal. Sé que se trata de una empresa privada, pero también debe cumplir una función social. Por eso, estoy seguro de que tendrá a bien hacerse cargo de esta inquietud de los vecinos de Villaseca.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Vargas , Fidel Espinoza y de quien preside.
ENTREGA OPORTUNA DE BOLETAS DE CONSUMO ELÉCTRICO EN VILLASECA, COMUNA DE VICUÑA (Oficios)
El señor DÍAZ.- Por otra parte, también en relación con esa misma localidad, los vecinos me han manifestado su inquietud por una situación que viene ocurriendo de manera recurrente. La Empresa de Electricidad de Coquimbo (EMEC), no les hace llegar en forma oportuna los recibos correspondientes a los montos que adeudan mes a mes y, con posterioridad, una vez que llegan, vienen con cobro de interés por mora.
Entiendo que la boleta constituye un acto de emplazamiento de la compañía respecto de lo que se debe y del plazo en el cual se debe pagar. En consecuencia, las compañías prestadoras de esos servicios tienen la obligación de hacer llegar dicho recibo al domicilio del cliente de manera oportuna, para que este tenga noticias de lo que debe y del plazo con que cuenta para pagar.
A mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, pero las compañías han respondido, suprimiendo el interés por mora o corrigiendo sus procedimientos. Pero no estamos ante un caso particular, sino frente un asunto más general, pues afecta a varios vecinos de la localidad de Villaseca.
Reitero que se trata de una zona rural de la comuna de Vicuña, del séptimo distrito, en la Región de Coquimbo, donde la acumulación de cargos de interés por mora va generando un perjuicio patrimonial contra familias que, en muchos casos, cuentan con ingresos bastante modestos.
Por ello, solicito que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles , al intendente de la Región de Coquimbo y al subsecretario de Telecomunicaciones , por si tuviese alguna injerencia en la materia, a los efectos de que se pongan en contacto con las empresas involucradas y les soliciten que corrijan esa situación, de manera que los vecinos reciban sus boletas en forma oportuna o, en caso de no recibirlas, que no se les cobren intereses por mora, dado que, según entiendo, es responsabilidad de la empresa realizar la notificación en la fecha que corresponde.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Vargas y de quien habla.
TÉRMINO A DERROCHE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE VILLASECA,COMUNA DE VICUÑA (Oficios)
El señor DÍAZ.- Por último, señor Presidente , vecinos de la misma localidad me plantearon algo que me parece tremendamente importante a propósito de la sequía que afecta a la Región de Coquimbo y en el marco de la crisis energética. Al respecto, en un medio periodístico nacional de hoy leí que los precios de la energía se mantendrán altos, ya que estamos en el cuarto o quinto año consecutivo de sequía a nivel nacional.
En la Región de Coquimbo estamos viviendo la sequía más grande en los últimos cien años, no obstante lo cual, según me cuentan los mencionados vecinos, en Villaseca hay focos de alumbrado público, como los de la plazoleta o los de las calles Navarino y Magallanes , que están encendidos todo el día, consumiendo energía permanentemente, en una región azotada de manera dramática por la sequía.
En consecuencia, solicito que se oficie al intendente de la Región de Coquimbo a los efectos de que se haga cargo de la situación y tome contacto con las autoridades locales y con la empresa correspondiente, para que se ponga fin a esta franca e inaceptable negligencia o descuido.
Además, solicito que se envíe copia de mi intervención al presidente de la junta de vecinos de Villaseca , al presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de la comuna de Vicuña y al concejal Yerman Rojas , de dicha comuna.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Vargas y de quien habla.
RECHAZO A PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE MANGANESO EN PARINACOTA (Oficios)
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente , desde hace un tiempo la minera Los Pumas, representada por la empresa Hemisferio Sur, está desarrollando obras relacionadas con un proyecto de extracción de manganeso en nuestra región. Sus instalaciones están ubicadas a 175 kilómetros de Arica, al interior de Parinacota .
Sin embargo, según entiendo, la presentación que hizo la empresa mencionada para obtener la resolución ambiental correspondiente estaría mal hecha, no obstante lo cual la autoridad ambiental no ha querido rectificar y estaría por aprobar el proyecto, que nace muerto, pues no cuenta con agua.
Existen defectos insubsanables. De las observaciones de los órganos con competencia ambiental y las respuestas del titular a dichas observaciones se producen cuatro instancias.
Lo curioso, como señalé, es que este proyecto no tiene un litro de agua a nombre del titular, lo que lo hace inviable. La comunidad Juan de Dios Aranda , que pretende vender dichas aguas al titular minero, se encuentra regularizándolas en tribunales desde 2010, lo que constituye un objeto litigioso (causa rol 1861-2010, del Primer Juzgado de Letras de Arica ). Aquí estamos ante una expectativa de derecho, no un derecho consolidado.
En la causa se han opuesto diez comuneros de la zona, además de la junta de vigilancia del río Lluta, y hasta la fecha la comunidad mencionada no ha podido acreditar el uso ancestral de las aguas, ni mucho menos que esté libre de clandestinidad, como exige el artículo 2° transitorio del Código de Aguas.
La empresa minera necesita contar con esas aguas para dar inicio a sus faenas mineras, por 18,9 litros por la vertiente Taapeca .
El Servicio de Evaluación Ambiental señala en defensa de su posición que la controversia respecto de la propiedad de las aguas no es un elemento de su análisis, lo que resulta irrisorio, tomando en consideración que el proyecto debe analizar técnicamente el medio hidrogeológico, respecto de lo cual se analiza una tentativa de afectación, pero no un hecho consolidado, lo que resulta arriesgado y poco serio.
Además, esas aguas en litigio, que corresponden a un tributario del río Lluta, forman parte del agua potable que bebemos en Arica y de las que llegan hasta la playa, donde hay un humedal en el que habitan miles de aves que migran hacia ese lugar.
Lo peor de todo esto es que si se contaminan esas aguas con manganeso, que es uno de los minerales más contaminantes, habrá problemas de salud y se afectará el valle del río Lluta, donde más de 10.000 personas viven de la agricultura, cifra no comparable con las 110 personas que se espera contrate la empresa minera.
El titular señala que no intervendrá el Parque Nacional Lauca. Sin embargo, Conaf , en su última intervención, señala que dicho parque se encuentra dentro de su línea de base, y, por lo tanto, resultaría intervenido por el proyecto minero. Asimismo, no se ha hecho un estudio de impacto vial relativo a la sobrecarga en materia de transporte y actividades industriales en la ciudad. O sea, ocuparán la carretera CH1, que usan los bolivianos para llevar y traer sus mercaderías.
La empresa señala que no afectará la napa subterránea, por lo que evade la presentación del permiso ambiental sectorial número 92, no obstante que su propia empresa consultora, Coffey Mining , en su anexo G, señala que afectará las napas subterráneas del río, de la cual la empresa sanitaria Aguas del Altiplano extrae agua potable que suministra a la ciudad.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al intendente de la Región de Arica y Parinacota para pedirle que se ponga del lado de la gente, del lado de la salud y, en su condición de presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental, vote en contra el proyecto. Espero que escuche y recoja la opinión de la ciudadanía y, reitero, vote en contra.
Asimismo, solicito que se oficie a la ministra de Medio Ambiente para que aclare todas las discordancias existentes en relación con dicho proyecto.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE BANDERAS BICENTENARIO EN CAPITALES REGIONALES (Oficios)
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , solicito que se oficie a la ministra de Obras Públicas y, por su intermedio, al director nacional de Arquitectura de dicha cartera; a la ministra de Educación , en su calidad de presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales , y al intendente de la Región de Los Ríos para que nos informen sobre la materia a la que me voy a referir.
El año pasado, la comunidad nacional tomó conocimiento de que se ejecutarían proyectos destinados a instalar banderas Bicentenario en cada una de las capitales regionales del país. Según informó el entonces ministro de Obras Públicas , señor Golborne , el precio sería de prácticamente un millón de dólares cada una. Son obras realmente impresionantes, pero demandan un gasto exorbitante.
En oficio de respuesta a una consulta sobre la materia, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas señaló que el monto total de las inversiones sería de 5.757.482.000 pesos y que en la Región de Los Ríos, el proyecto se ubicaría en el sector costanera.
Al respecto, entiendo que una serie de autoridades ya habrían dado su aprobación en forma escrita.
La pregunta es qué opinó la comunidad; cómo un proyecto que debiera considerar la participación ciudadana, se aprueba con omisión de algo tan fundamental, como es preguntarle a la gente cuál es su idea, su opinión sobre el proyecto. Si existe un consejo de la sociedad civil, ¿por qué no fue considerado?
En medios de prensa se ha informado que en septiembre comenzará la confección de las banderas, y que la instalación se proyecta para febrero del 2014 en todas las capitales regionales.
Por lo anterior, solicito que las autoridades que mencioné al comienzo de mi intervención informen de dónde surgió este proyecto; si se consideró la opinión y la participación ciudadana, situación normada por la ley Nº 20.500, y quién definió los lugares para que sean instaladas estas banderas.
Además, pido que se informe si el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Arquitectura confeccionaron informes o han recibido pronunciamientos a favor o en contra de esa instalación en cada una de las regiones, en particular en la de Los Ríos. En el caso específico de Valdivia, que se nos informe sobre el impacto que tendrá en la costanera.
Asimismo, pido que el Consejo de Monumentos Nacionales nos informe respecto de qué instancias fueron consultadas sobre el impacto que tendrá en el paisaje; si fueron consultadas entidades locales, como la Dirección de Museología, o profesionales del área patrimonial de la Región de Los Ríos.
Espero que las referidas instancias indiquen si es factible incluir, en el caso de la Región de Los Ríos, la opinión de la comunidad sobre el proyecto. Se trata de una valiosa inversión, por lo cual es fundamental la participación de toda la comunidad.
También, pido que se oficie al ministro de Desarrollo Social, a fin de saber si dichas obras cuentan con la rentabilidad social que se requiere. Es inaceptable que, a pesar de haber tantas necesidades pendientes en cada una de nuestras ciudades, se esté priorizando una obra de esta naturaleza. En suma, pido que el Ministerio de Desarrollo Social informe si evaluó el proyecto en cada una de las regiones.
Pido que se remita copia de mi intervención a las autoridades cuyos nombres dejaré a disposición de la comisión.
Por último, pido que se oficie al contralor general de la República , con el objeto de que informe sobre la legalidad del proceso de adjudicación y su cumplimiento. La Contraloría debería pronunciarse respecto de la participación ciudadana -consagrada en la ley Nº 20.500- y también sobre dictámenes del proceso de licitación, que ya han sido solicitados por otros diputados.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Fuad Chahín y de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE TRAMITACIÓN DE PENSIÓN DE VEJEZ (Oficio)
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , pido que se oficie al director nacional del Instituto de Previsión Social , con el objeto de que nos informe sobre el estado de tramitación de la pensión de vejez solicitada por don Eduardo Farías Galaz , cédula de identidad Nº 5.918.089-4. Desde hace años, don Eduardo viene tramitando esa pensión, pero hasta hoy todavía no se le concede. La última información al respecto es de mayo de 2013.
En consecuencia, pido que a la brevedad se le otorgue ese beneficio, en virtud de que cumple todos los requisitos establecidos por la ley.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE CRÉDITO SOLICITADO A CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HÉROES (Oficios)
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , también solicito que se oficie a la superintendenta de Seguridad Social para que nos informe, con copia al interesado, sobre la situación de don José Pincón Pinehual , quien hace aproximadamente dos años y medio solicitó un crédito a la Caja de Compensación Los Héroes por 300.000 pesos. Al inicio, las cuotas eran de 12.000 pesos, pero hoy han aumentado a 22.000 pesos.
Por lo tanto, él quiere saber en qué situación se encuentra ese crédito; es decir, cuántas cuotas quedan por pagar y, sobre todo, si se ha dado cumplimiento a las circulares dictadas por esa Superintendencia. En efecto, se ha innovado en relación con el otorgamiento de créditos, en aspectos como monto máximo, porcentaje máximo que se puede descontar por medio de las cuotas y número de cuotas en que se puede dividir un crédito.
Estimo de suma importancia que se responda a don José Pincón , cédula de identidad Nº 5.378.093-8.
Por último, pido que se le remita copia del oficio.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE PRÓTESIS (Oficio)
El señor CHAHÍN.- Pido que se oficie a la directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad ( Senadis ), con el objeto de que se responda a la brevedad y, ojalá, se otorgue la prótesis solicitada por don Segundo Uribe Arriagada, cédula de identidad Nº 8.239.937-2, cuyo domicilio daré a conocer a la comisión.
Hace más de once años, el señor Uribe sufrió la amputación de su pierna izquierda. Por eso, ha solicitado que el Senadis le entregue una prótesis, la que le permitiría contar con una mínima autonomía para su desplazamiento al interior de su hogar y fuera de este.
Solicitó la prótesis formalmente en mayo pasado. Según su médico tratante, al contar con ella podría recuperar gran parte de su autonomía.
Pido, entonces, que el Senadis evalúe y, en lo posible, acceda al otorgamiento de ese beneficio.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención a la persona interesada.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SANEAMIENTO DE PREDIO EN COMUNA DE LONQUIMAY (Oficios)
El señor CHAHÍN.- Pido que se oficie al ministro de Bienes Nacionales y a la seremi de Bienes Nacionales de la Región de La Araucanía , con el objeto de que nos informen en qué estado se encuentra el trámite de saneamiento de un predio fiscal -saneamiento a título gratuito, de acuerdo con un programa especial que se está implementando en la comuna de Lonquimay-, que beneficiará a don Carlos Alberto Pino Baeza , cédula de identidad Nº 11.302.921-8, cuyo número telefónico dejaré a disposición de la Secretaría para que se remita copia de mi intervención.
Hago presente que, según me informó don Carlos Pino , dicho programa ya está terminando y a varios otros postulantes les han entregado sus títulos. Sin embargo, él todavía no ha recibido información sobre el estado de tramitación de su regularización.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO Y ESTADO DE SALUD DE PACIENTE OPERADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO (Oficios)
El señor CHAHÍN.- Por último, pido que se oficie al director del Servicio de Salud Araucanía Sur , con el objeto de que informe respecto de la situación en que se encuentra don Juan Alfonso Reimán Liempi , cédula de identidad Nº 7.969.236-0 -dejaré su número de teléfono a disposición de la Comisión para que se le envíe copia del oficio-, quien fue operado de vesícula en el Hospital Regional de Temuco el 15 de enero de 2013 y hasta la fecha no le han sacado las sondas. Ello porque, según le señalaron, se había operado mediante un programa especial, y ahora no existen recursos para terminar su tratamiento. Esto le ha generado muchas dificultades.
Nos parece inaceptable que se intervenga a una persona por medio de un programa especial y que después no se termine su tratamiento. Don Alfonso lleva prácticamente seis meses con sondas, lo que le provoca grandes dificultades.
Solicito que se remita copia de mi oficio al interesado.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se remitirá copia de su intervención al interesado, con la adhesión de quien preside.
CONDOLENCIAS A FAMILIA DE MENOR FALLECIDA EN SECTOR RURAL DE COMUNA DE LOS MUERMOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN EL LUGAR (Oficios)
El señor CHAHÍN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , como jefe de la bancada del Partido Socialista, quiero enviar mis condolencias a la familia de la niña Patricia Oyarzún Ascencio , del sector San Carlos de Ñadi , comuna de Los Muermos, quien falleció ayer en un trágico accidente en el cruce La Barrera, de dicho sector.
Este accidente ha provocado una congoja total en toda la comunidad escolar de la escuela rural de Ñadi y, por cierto, en los familiares, amigos y todos quienes conocieron a la menor. Lamentamos profundamente el accidente que le costó la vida.
Aprovecho la oportunidad para pedir que se oficie al director de Vialidad del MOP, con el objeto de que se busquen mecanismos de mitigación en el lugar en que se produjo ese accidente. Según me han hecho saber algunos vecinos, no es la primera vez que en ese lugar se producen accidentes, en esta oportunidad con un desenlace trágico.
Como diputado de la bancada del Partido Socialista y representante de la comuna de Los Muermos, pido hacer llegar copia de mi intervención a la familia de Patricia. Deseo solidarizar con sus familiares, más que como parlamentario, como una persona cercana a esa comuna, que siente un dolor inmenso por la inesperada partida de una niña que tenía un futuro promisorio. Hoy, esa comuna está de duelo, lo que provoca un profundo dolor en quienes nos hemos impuesto de ese trágico hecho.
Finalmente, pido que se remita copia de mi intervención al concejal de Los Muermos señor Antonio Gallardo y a la junta de vecinos del sector San Carlos de Ñadi.
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención a las autoridades que mencionó.
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN EN VIVIENDAS DE POBLACIÓN ALTOS DE ALERCE TRES, COMUNA DE PUERTO MONTT (Oficio)
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , también pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo , con el objeto de denunciar una grave situación -espero que dicha cartera efectúe la respectiva fiscalización con lo que está ocurriendo en el sector poblacional Altos de Alerce Tres, comuna de Puerto Montt-. Allí, 56 familias están sufriendo un verdadero drama desde que obtuvieron sus subsidios para la terminación y ampliación de sus casas con un segundo piso.
De las cincuenta y seis casas, veintidós están terminadas, pero con muchos problemas de infraestructura y de construcción; veinte están sin terminar y cinco fueron levantadas, pero están y absolutamente incompletas.
El contratista no ha dado cumplimiento real y cabal a los requerimientos establecidos en el proyecto, lo que ha significado un detrimento tremendamente grave en la calidad de vida de las familias que habitan allí.
Haré entrega a la Comisión del número telefónico de la señora Cristina Ríos Benavides , la presidenta de ese comité, con el propósito de que le hagan llegar copia de mi intervención, para que tome conocimiento de que, por medio de la Cámara de Diputados, hemos pedido que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo regularice la situación.
Tal vez será necesario que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo otorgue recursos extraordinarios para paliar los graves menoscabos experimentados durante las etapas I y II de la ampliación de viviendas de la población Altos de Alerce Tres, de manera de solucionar el problema que enfrentan esas 56 familias, que no pueden continuar viviendo en la situación actual: casas con goteras y, en general, con serios problemas; otras que no tienen aleros o caídas de agua. No se ha dado cumplimiento a ninguno de los plazos estipulados.
La empresa del señor Ignacio Bilbao, de la cual tengo buenas referencias, no ha dado abasto con este proyecto. Al respecto, solicito que dicha empresa tome conocimiento del grave problema que está generando a esas familias, cuyas casas están con humedad y con hongos.
Un proyecto que debiese haber estado listo el año pasado, aún no se materializa.
Es fácil que esa empresa o Egis gane nuevos proyectos y se vaya a trabajar a otra población, pero lo ideal es que, antes, el ministerio exija que termine ciento por ciento la ejecución de dicho proyecto.
Solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que adopte todas las medidas pertinentes con el objeto de que se fiscalice lo que ahí está ocurriendo.
Ojalá el señor Tapia , director del Serviu de la Región de Los Lagos , otorgue una audiencia a la presidenta de la junta de vecinos de dicho sector, señora Cristina Ríos Benavides -ella la ha pedido, sin éxito por varias semanas-, con el objeto de que lo ponga en conocimiento de esta compleja situación.
Por último, es necesario que el Serviu revise un informe elaborado por las familias sobre el estado de las casas.
He dicho.
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.42 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Otorga un bono de apoyo a familiasnumerosas”. (boletín N° 9040-31(S). (127-361).
“Honorable Cámara de Diputados:
Dando cumplimiento a lo expresado en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo del presente año, en lo que respecta al otorgamiento de un Bono para las madres a partir de su tercer hijo o hija, y en uso de las facultades que la Constitución Política de la República me confiere, vengo en someter a vuestra consideración un proyecto de ley que crea el referido Bono.
I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
La fecundidad es uno de los componentes del crecimiento demográfico que tiene mayor incidencia en las modificaciones que experimenta la población humana, siendo fundamental para toda nación que se proyecta hacia el desarrollo social y económico.
De acuerdo a las cifras aportadas por el Servicio de Registro Civil e Identificación, nuestro país ha sufrido cambios demográficos significativos en las últimas décadas. En efecto, existe una clara tendencia decreciente en el registro de nacimientos. Si durante 1990 se inscribieron 387.094 niños, en el 2012 se realizaron 254.573 inscripciones. Las familias en los distintos niveles socioeconómicos están optando por tener menos hijos.
Del mismo modo, el Informe de Situación de Salud en las Américas, Indicadores Básicos de 2012, de la Organización Panamericana de la Salud, indicó que en nuestro país la Tasa Global de Fecundidad es de 1,8 hijos por mujer, cifra considerablemente inferior a los 3,6 hijos por mujer de 1970. Lo anterior es preocupante si se considera que la Tasa de Recambio Poblacional equivale a 2,1 hijos por mujer, lo que implica que los hijos nacidos por cada mujer no alcanzarían para renovar la población una vez fallecidos sus progenitores. De mantenerse esta tendencia, en el mediano plazo la población de Chile en lugar de crecer se reducirá.
Hoy estamos frente a una población joven que disminuye en el tiempo y una población adulta que crece progresivamente. Según los expertos, entre los factores que han incidido en la brusca caída de las cifras se encuentra la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral -aumentando con ello sus posibilidades de desarrollo educacional, académico y laboral-, y los cada vez mayores niveles de escolaridad.
Tal como señalamos durante el mensaje presidencial del 21 de mayo, nuestro Gobierno ha tenido un claro y fuerte compromiso con el fortalecimiento de la familia y con el apoyo a las mujeres. En razón de ello extendimos el posnatal de tres a seis meses y ampliamos la cobertura del posnatal de una de cada tres mujeres, a todas las mujeres trabajadoras de Chile. Todo esto para que esos niños puedan tener el apoyo y el cariño de sus padres durante los primeros seis meses de vida y para que nunca más el hecho de ser madre sea un obstáculo para el trabajo, ni el hecho de trabajar sea un obstáculo para la maternidad. Estos elementos que inciden, sin lugar a dudas, en la Tasa Global de Fecundidad del país y, por ende, en el bienestar social de todos los chilenos.
Consecuente con lo anterior, creemos necesario revalorizar e impulsar aún más los índices de nacimientos en nuestro país, reconociendo a través de un Bono a las familias numerosas, es decir, a quienes tengan un tercer hijo o hija o más, de filiación por naturaleza o adoptiva, y siempre que haya nacido o haya sido adoptado a partir del 1° de enero del año 2014 o de la fecha de publicación de la ley, si ésta fuere posterior a la primera.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley que se presenta a consideración de este H. Congreso Nacional, crea un Bono destinado a las madres que tengan un tercer hijo o hija o más, de filiación por naturaleza o adoptiva, y a los padres solteros, divorciados o viudos que por filiación adoptiva tengan un tercer hijo o hija o más. Este bono se otorgará respecto de los nacimientos y adopciones producidos a contar del 1° de enero del año 2014 o de la fecha de publicación de la ley, si ésta fuere posterior a la primera. Al efecto, consta de doce artículos permanentes y dos artículos transitorios.
El Bono ascenderá a la suma de $100.000.- por el tercer hijo o hija, $150.000.- por el cuarto hijo o hija, y $200.000.- a contar del quinto hijo o hija. Éste se concederá por una sola vez, será de cargo fiscal, no imponible ni tributable, no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal, ni se encontrará afecto a descuento alguno, y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 20.595.
La administración del Bono corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social.
La iniciativa a su vez establece las condiciones para acceder al Bono, cómo se impetra, las normas relativas a la verificación de información y determinación del cumplimiento de los requisitos para su concesión y el pago del beneficio.
Además, se establece que todo aquel que percibiere indebidamente el Bono, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderle de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido.
Finalmente, en sus artículos transitorios, esta iniciativa indica cuando se realizará el primer reajuste y, por último, como se financiará el Bono.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.-Créase un Bono, de cargo fiscal, destinado a las madres, a contar de su tercer hijo o hija, y siempre que haya nacido o haya sido adoptado a contar del 1° de enero de 2014 o de la fecha de publicación de la presente ley, si esta data fuera posterior a aquella.
También accederán a este Bono, los padres solteros, divorciados o viudos que por filiación adoptiva tengan un tercer hijo o hija o más, siempre que haya sido adoptado a contar del 1° de enero de 2014 o de la fecha de publicación de la presente ley, si esta data fuera posterior a aquella.
Artículo 2°.-La administración del Bono corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social, en adelante también e indistintamente el “Ministerio”, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social.
TÍTULO II
BENEFICIARIOS, REQUISITOS Y MONTO DEL BONO
Artículo 3°.- Serán beneficiarios del Bono:
a) Las madres que tengan un tercer hijo o hija o más, de filiación por naturaleza o adoptiva; o
b) Los padres solteros, divorciados o viudos que por filiación adoptiva tengan un tercer hijo o hija o más.
La filiación por naturaleza o adoptiva se verificará a través de la inscripción de nacimiento del respectivo hijo o hija en el Registro de Nacimiento , del Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la presente ley.
Artículo 4°.- El Bono ascenderá a $ 100.000 (cien mil pesos), por el tercer hijo o hija, a $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos), por el cuarto hijo o hija, y a $200.000 (doscientos mil pesos) a contar del quinto hijo o hija.
El Bono se concederá por una sola vez, no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno, y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.595.
El monto del bono se reajustará el 1° de febrero de cada año en el 100% de la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, determinado e informado por el Instituto Nacional de Estadísticas u organismo que lo reemplace, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año calendario anterior.
TÍTULO III
SOLICITUD, VERIFICACIÓN Y PAGO DEL BONO
Artículo 5°.-Para impetrar el Bono establecido en la presente ley, la madre o el padre, según corresponda, personalmente o por cualquiera a su nombre, a partir de la fecha de inscripción de la filiación del respectivo hijo o hija en el Registro respectivo del Servicio de Registro Civil e Identificación, y hasta los 12 meses siguientes a dicha fecha, deberá presentar su solicitud ante el Ministerio de Desarrollo Social, a través del o los formularios determinados para tal efecto, los que también se encontrarán disponibles a través de medios electrónicos. Se entenderá que renuncia al Bono, el beneficiario o beneficiaria que no lo solicite en el plazo antes señalado.
En caso de que el beneficiario o beneficiaria hubiere fallecido dentro del plazo establecido en el inciso anterior, sin haber impetrado el Bono, este podrá ser solicitado o concedido, según corresponda, por quien o a quien tenga legal o judicialmente a su cuidado al respectivo hijo o hija.
En cualquier caso, el Bono se podrá solicitar y conceder, si el hijo o hija a que se refieren las letras a) y b) del artículo 3° se encontrare fallecido.
Artículo 6°.- El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, verificará y determinará el cumplimiento de los requisitos para acceder al Bono, concederlo y ordenar su pago, con todos los antecedentes disponibles que se contengan en el Registro de Información Social y/o con la información que le proporcionen otros organismos públicos.
Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proporcionar al Ministerio de Desarrollo Social los datos personales y la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al Bono.
El Ministerio podrá requerir a el o la solicitante del Bono, la información que resulte necesaria para verificar y determinar el cumplimiento de los requisitos que hacen procedente la concesión del Bono.
Artículo 7°.- Las notificaciones a que de lugar la tramitación de la solicitud del Bono se realizarán por cualquiera de las formas establecidas en la Ley Nº 19.880 o por correo electrónico. En este último caso, el solicitante deberá indicar para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada.
Artículo 8°.- El pago del Bono será de responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, el que de conformidad con sus facultades legales podrá, para este efecto, suscribir uno o más convenios con el Instituto de Previsión Social o con otras entidades públicas o privadas.
El plazo para el cobro del Bono será de seis meses contados desde la emisión del pago.
Artículo 9°.- El pago del Bono se efectuará directamente a la persona beneficiaria, ya sea personalmente o debidamente representada. La representación se acreditará ante la entidad encargada de su pago.
Artículo 10.- Todo aquel que percibiere indebidamente el Bono, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, deberá restituir la suma indebidamente percibida, reajustada de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderle, de acuerdo a la legislación común.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 11.- Las personas que en virtud de lo dispuesto en la presente ley tengan acceso a datos personales, deberán respetar su confidencialidad, estando prohibida su adulteración o difusión no autorizada por el Ministerio. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y demás normas aplicables.
Para el caso de los funcionarios públicos, los hechos que configuren infracciones a este artículo vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
Artículo 12.- Para efectos de las reclamaciones a que dé lugar el Bono, se aplicará lo dispuesto en la Ley N° 19.880.
Dichas reclamaciones serán resueltas por el Ministerio, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social y podrán ser presentados ante las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo Primero.- El primer reajuste por aplicación del inciso tercero del artículo 4° de la presente ley será el 1° de febrero de 2015.
Artículo Segundo.- El gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año de su entrada en vigencia, se financiará con el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Presupuestaria Tesoro Público.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda ; BRUNO BARANDA FERRÁN, Ministro de Desarrollo Social ; PATRICIA PÉREZ GOLDBERG, Ministra de Justicia .”
Informe Financiero
Proyecto e ley que otorga un bono para las madres a partir de su tercer hijo o hija.
Mensaje n° 127-361.
I. ANTECEDENTES.
El presente proyecto de ley crea un bono destinado a las madres que tengan un tercer hijo o hija o más, de filiación por naturaleza o adoptiva y a los padres solteros, divorciados o viudos que por filiación adoptiva tengan un tercer hijo o hija o más; y se otorgará respecto de nacimientos y adopciones producidos a contar del 1° de enero del año 2014 o de la fecha de publicación de la ley, si ésta fuere posterior a la primera.
El bono ascenderá a los siguientes montos, los cuales se concederán por una sola vez, de cargo fiscal, no imponible ni tributable, y no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal:
-$100.000 por el tercer hijo o hija.
-$ 150.000 por el cuarto hijo o hija.
-$ 200.000 a contar del quinto hijo o hija.
Los beneficiarios tendrán hasta 12 meses para impetrar el bono, cuya solicitud se deberá presentar a la Subsecretaría de Evaluación Social, del Ministerio de Desarrollo Social, organismo que será responsable de la administración de éste.
II. EFECTO DEL PROYECTO SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL.
El mayor gasto fiscal que irroga la aplicación de esta ley, durante el primer año de su entrada en vigencia, considerando su efecto año completo, es de $ 7.149.000 miles, y se financiará con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos .?
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8150-09) (S)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8150-09
Faculta a directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia, para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 7975-25)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales y en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 del Reglamento de ésta H. Corporación vengo en renovar las siguientes indicaciones al proyecto de ley, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en la sala de esta Honorable Cámara de Diputados:
AL ARTÍCULO PRIMERO
1) Para reemplazar el número 3), por el siguiente:
“3) Sustitúyese el Artículo 269 por el siguiente:
“Artículo 269. Serán castigados con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio quienes cometan desórdenes públicos graves. Se entenderán que son graves, los desórdenes públicos que importen la realización de alguno de los siguientes hechos:
1.- Paralizar o interrumpir, valiéndose de fuerza en las cosas o de violencia o intimidación en las personas, algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; y,
2.- Impedir o alterar, ejerciendo fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas, la libre circulación por puentes, carreteras, caminos u otros bienes de uso público semejantes, resistiendo el actuar de la autoridad.”.”.
2) Para introducir un numeral 5), nuevo:
“5) Agrégase el artículo 410 bis, nuevo:
“Artículo 410 bis: Constituirá una circunstancia agravante de los delitos establecidos en los párrafos I, III y IV de este Título, el haber sido cometidos con ocasión de la celebración de actos, manifestaciones o espectáculos públicos que congreguen la presencia masiva de personas.
Quienes incurrieren en las conductas descritas en el artículo 269 y en los párrafos señalados en el inciso anterior, con ocasión de la celebración de actos, manifestaciones o espectáculos públicos que congreguen la presencia masiva de personas y cubran su rostro con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con el máximum de la pena establecida para el delito, si ésta constare de un grado de una divisible, o no se aplicará el grado mínimo, si constare de dos o más grados.”.”.
3) Para introducir un numeral 6), nuevo:
“6) Agrégase el artículo 489 bis, nuevo:
“Artículo 489 bis: Constituirá una circunstancia agravante de los delitos establecidos en este Título, el haber sido cometidos con ocasión de la celebración de actos, manifestaciones o espectáculos públicos que congreguen la presencia masiva de personas.
Quienes incurrieren en las conductas descritas en este Título, con ocasión de la celebración de actos, manifestaciones o espectáculos públicos que congreguen la presencia masiva de personas y cubran su rostro con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con el máximum de la pena establecida para el delito, si ésta constare de un grado de una divisible, o no se aplicará el grado mínimo, si constare de dos o más grados.”.”.
4) Para introducir un numeral 7), nuevo:
“7) Agrégase el número 22, nuevo, al artículo 494:
“N° 22: El que, en un desorden público, cubra su rostro con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito.”.”.
5) Para introducir un numeral 8), nuevo:
“8) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 494:
“Tratándose de la falta mencionada en el número 22, la pena podrá conmutarse en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 494 bis.”.”.
AL ARTÍCULO SEGUNDO, NUEVO
6) Para agregar el siguiente numeral 2), nuevo, pasando el actual a ser 3) y así sucesivamente:
“2) Reemplázase el inciso 4° del artículo 134, por el siguiente:
“No obstante lo anterior, el imputado podrá ser detenido si hubiere cometido alguna de las faltas contempladas en el Código Penal, en los artículos 494, N°s. 4, 5, 19 y 22; 494 bis, 495 N° 21, y 496, N°s. 5 y 26. Sin embargo, en lo que respecta a los casos del artículo 496 N°19, se exceptúan de lo dispuesto en este inciso los hechos descritos en los artículos 189 y 233.”
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; ANDRÉS CHADWICK PIÑERA, Ministro del Interior y Seguridad Pública; PATRICIA PÉREZ GOLDBERG, Ministra de Justicia .”
4. Oficio del Senado. (boletín N° 8201-09) (S)
“Valparaíso, 30 de julio de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 8.201-09:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 850, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840 y del decreto con fuerza de ley Nº 206, de 1960:
1.- Intercálanse, en el artículo 84, los siguientes incisos primero, segundo y tercero, pasando los actuales incisos primero y segundo a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:
“Artículo 84.- Corresponde al Ministerio de Obras Públicas establecer mediante un Reglamento las normas de seguridad mínimas de las pasarelas peatonales y los pasos desnivelados o puentes, que pasan sobre caminos unidireccionales con dos o más pistas por calzada, sin cruces a nivel y con velocidades mayores a 80 kilómetros por hora, para evitar el lanzamiento desde ellos de objetos contundentes a los vehículos en circulación, considerando el tipo de vía de que se trate y los parámetros técnicos que defina. Para todos los efectos, dichas normas se entenderán formar parte de los contratos de construcción de obra y de concesión referidos en el artículo 87, según corresponda.
Las bases de licitación de concesiones de obras públicas, cuando corresponda, deberán contemplar niveles de servicio acordes con las normas de seguridad fijadas de acuerdo al inciso anterior y sanciones y multas agravadas para el incumplimiento de dichos niveles de servicio.
Para el solo efecto de la incorporación de las medidas de seguridad en vías concesionadas que fije el Reglamento a que se refiere el inciso primero, no serán aplicables los montos y plazos máximos que se establecen en los artículos 19 y 20 del decreto supremo N° 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, del Ministerio de Obras Públicas, de 1991, que contiene la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Asimismo, si el valor de su incorporación excediera el cinco por ciento del presupuesto oficial de la obra o correspondiere a una suma superior a cien mil unidades de fomento, su ejecución deberá ser licitada por el concesionario, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas, en la forma que establezca el Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en cuyo caso el valor de las inversiones que se compensarán al concesionario será el que resulte de la licitación, a lo que se sumará un monto adicional a título de costos de administración del contrato, que será determinado en las respectivas bases de licitación.”.
2.- Incorpórase, como artículo 11 transitorio, el siguiente:
“Artículo 11 transitorio.- Lo dispuesto en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 84 no será aplicable respecto de los contratos de concesión resultantes de procesos de licitación cuyas ofertas hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de tales incisos, salvo a aquellos concesionarios que, dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha de publicación del Reglamento a que se refiere dicho artículo, opten por la aplicación de esas normas a sus respectivos contratos.”.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
5. Oficio del Senado. (boletín N° 8972-06) (S)
“Valparaíso, 30 de julio de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara al proyecto de ley que regula la actualización de los padrones electorales, correspondiente al Boletín N° 8.972-06, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Carta Fundamental.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.840, de 18 de julio de 2013.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
6. Oficio del Senado. (boletín N° 6190-19)
“Valparaíso, 30 de julio de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a algunas de las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre, correspondiente al Boletín N° 6.190-19, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores señora Ena Von Baer Jahn y señores Francisco Chahuán Chahuán, Guido Girardi Lavín, Juan Pablo Letelier Morel y Jorge Pizarro Soto concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.823, de 9 de julio de 2013.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
7. Oficio del Senado. (boletín N° 5579-03)
“Valparaíso, 30 de julio de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas, correspondiente al Boletín Nº 5579-03, con las siguientes enmiendas:
Artículo único
Lo ha modificado del modo que sigue:
-Ha sustituido su denominación por “Artículo 1°”.
-Ha reemplazado el artículo 49 bis que propone por el siguiente:
“Artículo 49 bis.- Los fabricantes e importadores de videojuegos deberán colocar en los envases en que comercialicen dichos productos leyendas que señalen claramente el nivel de violencia contenida en el videojuego respectivo, según las instrucciones establecidas en el presente artículo. Tal advertencia deberá ocupar, a lo menos, el 25% del espacio de ambas caras del envase o envoltorio del videojuego respectivo.
Los fabricantes, importadores, proveedores y comerciantes sólo podrán vender y arrendar videojuegos que fueren calificados como no recomendados para menores de una determinada edad, a quienes acrediten cumplir la edad requerida, debiendo exigir en cada venta o arriendo la cédula de identidad respectiva.
La infracción a las disposiciones del presente artículo será sancionada por el juez de policía local competente, con una multa de 1 a 50 unidades tributarias mensuales y comiso de las especies materia de la infracción.
En caso de reincidencia, el juez podrá aplicar el doble de la multa establecida para la infracción respectiva. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor incurra en una misma contravención, en dos oportunidades dentro del mismo año calendario.”.
-o-
Ha incorporado un artículo 2°, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 2°.- Modifícase la ley Nº 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, de la siguiente manera:
a) Elimínase la letra d) del artículo 7°, pasando su literal e) a ser letra d).
b) Incorpórase el siguiente artículo 11 bis:
“Artículo 11 bis.- La calificación de los videojuegos se hará conforme a las siguientes categorías y criterios:
1.- Videojuego especialmente recomendado para niños y adolescentes: por contener material educativo y ningún elemento inapropiado para su edad.
2.- Videojuego sin contenido objetable: que puede ser visto por personas de cualquier edad.
3.- Videojuego no recomendado para menores de 8 años: por contener un porcentaje menor de lenguaje inapropiado, insinuaciones sexuales o violencia.
4.- Videojuego no recomendado para menores de 14 años: por contener un porcentaje moderado de lenguaje inapropiado, insinuaciones sexuales o violencia.
5.- Videojuego no recomendado para menores de 18 años: por contener un porcentaje importante de lenguaje vulgar, material sexual explícito, desnudez frecuente o importantes niveles de violencia.
No será necesaria la calificación señalada en el inciso anterior si los fabricantes o importadores de videojuegos observan la equivalencia con los sistemas de calificación del país de origen del videojuego que hayan sido reconocidos por resolución del Consejo de Calificación Cinematográfica.”.
c) Modifícase el artículo 22 del siguiente modo:
i) Intercálase, en el inciso primero, a continuación de la palabra “cinematográficas”, la expresión “o videojuegos”.
ii) Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto, a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En el caso de infracciones relativas a la venta o arrendamiento de videojuegos sin respetar la calificación efectuada por el Consejo o sin observar la equivalencia con los sistemas de calificación del país de origen del videojuego que hayan sido reconocidos por resolución del Consejo, en su caso, se aplicará lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 49 bis de la ley N° 19.496.”.
d) Agrégase, en el inciso primero del artículo 29, a continuación de las palabras “producción cinematográfica”, la expresión “o sinopsis de videojuego”.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 28 Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, el inciso tercero del artículo 49 bis contenido en el artículo 1° del texto despachado por el Senado fue aprobado con el voto favorable de 25 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.229, de 18 de enero de 2011.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
8. Oficio del Senado. (boletín N° 8951-10)
“Valparaíso, 30 de julio de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo para modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha modificado entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá”, firmado en Santiago, Chile, el 16 de abril de 2012, correspondiente al Boletín Nº 8.951-10.
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de acuerdo fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 25 Senadores, de un total de 38 Senadores en ejercicio.
En particular, el párrafo 2 del artículo H bis-01 del capítulo sobre Servicios Financieros, contenido en el Apéndice I, también fue aprobado con el voto favorable de 25 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Por su parte, el artículo H bis-07 del capítulo sobre Servicios Financieros, contenido en el Apéndice I, fue aprobado, asimismo, con el voto a favor de 25 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.753, de 23 de mayo de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
9. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2454-13-INA. (8777).
?Santiago, 12 de julio de 2013.
Oficio N° 8.777
Remite resolución
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 12 de julio de 2013, en el proceso Rol N° 2.454-13-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovido ante este Tribunal en los autos sobre indemnización de perjuicios, caratulados “Eduardo Antonio Becerra Márquez con Universidad de Valparaíso”, de que conoce el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso, bajo el Rol N° C-4573-2011. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; RODRIGO PICA FLORES, Secretario Subrogante .
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”