Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- RENUNCIA
- Felipe Letelier Norambuena
- RENUNCIA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Salaberry Soto
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Issa Farid Kort Garriga
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
- DEBATE
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE SITUACIÓNAMBIENTAL DE PROYECTO PASCUA LAMA
- CONCURRENCIA DE SUBSECRETARIO DE BIENES NACIONALES A SESIÓN ESPECIAL
- AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
- V. ORDEN DEL DÍA
- NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD PRIVADA (Primer trámite constitucional) [boletín N° 6639-25]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INCREMENTO DE SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS Y CREACIÓN DE FONDO DE APOYO REGIONAL (FAR) [Tercer trámite constitucional][boletín N° 8289-15]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD PRIVADA (Primer trámite constitucional) [boletín N° 6639-25]
- VI. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES DE OTORGMIENTO DE CRÉDITO POR BANCOESTADO A CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEÑORA MICHELLE BACHELET JERIA (Aplicación de artículo 52, N° 1),letra a), de la Constitución Política de la República)
- MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES PARA TRABAJADORES DE CORREOS DE CHILE (Oficio)
- ATENCIÓN DE DIVERSAS INQUIETUDES DE FUNCIONARIOS DE HOSPITAL DE CORRAL Y DE DIRIGENTES DE LA FENPRUSS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. (Oficios)
- ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA POSTULACIÓN A FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA EN COMUNA DE FRUTILLAR (Oficios)
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE GAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE INTERCOMUNA CHILLÁN-CHILLÁN VIEJO (Oficios)
- INTERVENCIÓN POLICIAL EN POBLACIONES DE LA REGIÓN METROPOLITANA (Oficios)
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE DESTRUCCIÓN DE AMPOLLAS CON TOXINAS BOTULÍNICAS EN INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. ANEXO DE SESIÓN
- FUNDAMENTOS PARA RATIFICAR A DON HÉCTOR AGUILAR TORRES EN CARGO DE DIRECTOR DE SERVICIO DE SALUD ATACAMA (Oficio)
- REPARACIÓN DE VIVIENDA DE VECINA DE COMUNA DE CURACAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
- INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA URGENTE A MENOR DE COMUNIDAD INDÍGENA MARINE PUÑÁN A, COMUNA DE GALVARINO (Oficios)
- ESTADO DE TRAMITACION DE SOLICITUD DE SUBDIVISIÓN JURÍDICA DE PREDIOS DE COMUNIDAD JUAN MARÍN (Oficios)
- DENEGACIÓN DE BONOS DE SISTEMA INGRESO ÉTICO A VECINA DE COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficio)
- INFORMACIÓN Y SUMARIO POR IRREGULARIDADES EN INSCRIPCIÓN DE DERECHOS DE AGUA DEL RÍO HUASCO (Oficios)
- DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA APÍCOLA PARA COMUNA DE QUILLÓN (Oficios)
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INCREMENTO DE RECURSOS SENCE PARA EL FINANCIAMIENTO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR (Oficios)
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE OBRAS BICENTENARIO (Oficios)
- CATASTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE PERSONAL DESTINADO A SU PROTECCIÓN (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE DOTACIÓN DE PERSONAL Y DISPONIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS DE LOS SAMU DE REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Joel Rosales Guzman
- Nino Baltolu Rasera
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Enrique Estay Penaloza
- Javier Hernandez Hernandez
- Manuel Rojas Molina
- David Sandoval Plaza
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 62ª, en martes 27 de agosto de 2013
(Ordinaria, de 11.11 a 14.09 horas)
Presidencia del señor Eluchans Urenda, don Edmundo.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- INCIDENTES
VII.- ANEXO DE SESIÓN
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 12
II. APERTURA DE LA SESIÓN 15
III. ACTAS 15
IV. CUENTA 15
AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 15
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE SITUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTO PASCUA LAMA 16
CONCURRENCIA DE SUBSECRETARIO DE BIENES NACIONALES A SESIÓN ESPECIAL 16
V. ORDEN DEL DÍA 17
NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD PRIVADA (Primer trámite constitucional) [boletín N° 6639-25] 17
INCREMENTO DE SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS Y CREACIÓN DE FONDO DE APOYO REGIONAL (FAR) [Tercer trámite constitucional] [boletín N° 8289-15] 48
VI. INCIDENTES 58
INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES DE OTORGMIENTO DE CRÉDITO POR BANCOESTADO A CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEÑORA MICHELLE BACHELET JERIA (Aplicación de artículo 52, N° 1), letra a), de la Constitución Política de la República) 58
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES PARA TRABAJADORES DE CORREOS DE CHILE (Oficio) 59
ATENCIÓN DE DIVERSAS INQUIETUDES DE FUNCIONARIOS DE HOSPITAL DE CORRAL Y DE DIRIGENTES DE LA FENPRUSS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. (Oficios) 60
ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA POSTULACIÓN A FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA EN COMUNA DE FRUTILLAR (Oficios) 61
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE GAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE INTERCOMUNA CHILLÁN-CHILLÁN VIEJO (Oficios) 62
INTERVENCIÓN POLICIAL EN POBLACIONES DE LA REGIÓN METROPOLITANA (Oficios) 63
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE DESTRUCCIÓN DE AMPOLLAS CON TOXINAS BOTULÍNICAS EN INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 63
VII. ANEXO DE SESIÓN 65
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES 65
FUNDAMENTOS PARA RATIFICAR A DON HÉCTOR AGUILAR TORRES EN CARGO DE DIRECTOR DE SERVICIO DE SALUD ATACAMA (Oficio) 65
Pág.
REPARACIÓN DE VIVIENDA DE VECINA DE COMUNA DE CURACAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios) 66
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA URGENTE A MENOR DE COMUNIDAD INDÍGENA MARINE PUÑÁN A, COMUNA DE GALVARINO (Oficios) 67
ESTADO DE TRAMITACION DE SOLICITUD DE SUBDIVISIÓN JURÍDICA DE PREDIOS DE COMUNIDAD JUAN MARÍN (Oficios) 67
DENEGACIÓN DE BONOS DE SISTEMA INGRESO ÉTICO A VECINA DE COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficio) 68
INFORMACIÓN Y SUMARIO POR IRREGULARIDADES EN INSCRIPCIÓN DE DERECHOS DE AGUA DEL RÍO HUASCO (Oficios) 68
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA APÍCOLA PARA COMUNA DE QUILLÓN (Oficios) 70
INCREMENTO DE RECURSOS SENCE PARA EL FINANCIAMIENTO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR (Oficios) 70
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE OBRAS BICENTENARIO (Oficios) 71
CATASTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE PERSONAL DESTINADO A SU PROTECCIÓN (Oficios) 72
INFORMACIÓN SOBRE DOTACIÓN DE PERSONAL Y DISPONIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS DE LOS SAMU DE REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficios) 72
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 74
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8232-14) 74
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletes Nos 8995-07, 7976-13, 8189-04, 8289-15) 74
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8270-08) 75
4. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Rosales, Baltolú, Barros, Bauer, Estay, Hernández, Rojas, Sandoval, Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock, que “Modifica la ley N° 17.898 sobre control de armas, limitando el acceso a armas de fogueo y aumenta penas por el porte y/o tenencia de armas artesanales o hechizas.”. (boletín N° 9073-25) 75
5. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 5232-2012. 77
IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Comunicación:
- Comunicación del diputado señor Letelier, por la cual comunica su renuncia a su calidad de militante del Partido Unión Demócrata Independiente e informa que se integrará al Comité Independiente.
2. Nota:
- Nota del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente por la que informa que el diputado señor Felipe Salaberry integrará en forma permanente la Comisión de Régimen Interno y pasa a ser el titular del Segundo Comité. Asimismo, informa que el subjefe de bancada será el diputado señor Ignacio Urrutia.
3. Oficios:
- Oficio de la Comisión Investigadora Encargada de Revisar a Fondo el Sistema Educación Superior Chilena, en virtud del artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 90 días su mandato.
- Oficio de la Comisión Investigadora de “Situación ambiental por efectos del Proyecto Pascua Lama”, en virtud del artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 60 días su mandato para 1.
Respuestas a oficios.
Ministerio de Interior:
- Diputado Chahín , Estado de avance de la resolución de pago de la pensión de exonerado político otorgada al señor Bernardino Lloncón López, precisando la fecha en se efectuará. (17583 al 11737).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Kort, Tenga a bien considerar la solicitud planteada por el señor Intendente y el señor Presidente del Gobierno Regional de O´Higgins, en relación con la incorporación de proyectos de inversión que beneficien a la Iglesia Evangélica, dentro de la Ley de Presupuestos del año 2014. (1145 al 5252).
- Diputado Sandoval, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes, con el objeto de incorporar en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2014, la asignación de zona equivalente al 125 por ciento para los docentes y el personal asistente de la rural Raúl Marín Balmaceda, de la comuna de Cisnes, Región de Aysén. (1160 al 4963).
- Diputado Sandoval, Tenga a bien evaluar la factibilidad de incorporar dentro del Presupuesto 2014 el beneficio del 125% de zona para los profesores de la escuela rural de Raúl Marín Balmaceda. (1160 al 4979).
- Diputado Sandoval, Tenga a bien evaluar la factibilidad de incorporar dentro del Presupuesto 2014 el beneficio del 125% de zona para los profesores de la escuela rural de Raúl Marín Balmaceda. (1160 al 4980).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Jaramillo, Para reiterar oficio N°11.722 del pasado 12 de junio, referido al proyecto de construcción de una oficina del Servicio Médico Legal en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos. (5785 al 12152).
- Diputado Alinco, Solicita remita información actualizada sobre las materias consignadas en el proyecto de acuerdo N° 412 del 11 de agosto de 2011, en relación con las fundaciones y corporaciones bajo la supervigilancia de la cartera a su cargo, pertenecientes al señor Douglas Tompkins. (5917 al 12016).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Díaz don Marcelo, Posibilidad de habilitar una vía caletera, paralela a la Ruta 5 Norte, con el objeto de facilitar el acceso a los habitantes de la localidad de El Trapiche, en la comuna de La Higuera, y evitar el pago de peaje que genera la concesión de la mencionada carretera. (1919 al 10132).
- Diputado Díaz don Marcelo, Resultado de las visitas inspectivas efectuadas en la quebrada ubicada al interior del fundo “El Arenal SPA”, en la comuna de Vicuña, lugar en el que se produjo un aluvión en 2012 como consecuencia del colapso de un estanque de acumulación de agua; y sobre la participación de la junta de vecinos del sector en dichas inspecciones. (1920 al 11284).
- Diputado Díaz don Marcelo, Resultado de las visitas inspectivas efectuadas en la quebrada ubicada al interior del fundo “El Arenal SPA”, en la comuna de Vicuña, lugar en el que se produjo un aluvión en 2012 como consecuencia del colapso de un estanque de acumulación de agua; y sobre la participación de la junta de vecinos del sector en dichas inspecciones. (1920 al 11286).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informe sobre las medidas que se adoptarán por la cartera a su cargo, en relación con los problemas que afectan la ruta que une a las localidades de la Puntilla de Codegua, La Gatera y El Sauce, de la comuna de Chimbarongo, Región de O'Higgins y que se detallan en la solicitud adjunta. (1923 al 11047).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informe sobre las medidas que se adoptarán por el servicio a su cargo, en relación con los problemas que afectan la ruta que une a las localidades de la Puntilla de Codegua, La Gatera y El Sauce, de la comuna de Chimbarongo, Región de O'Higgins y que se detallan en la solicitud adjunta. (1923 al 11048).
- Diputado Torres, Solicita informe sobre el cierre del acceso directo a la Ruta 68 en el sector de la Vinilla, comuna de Casablanca, Región de Valparaíso e indique si se contempla por parte de la concesionaria Litoral Central, la construcción de veredas con salida de aguas lluvias y acceso a la ruta, en el mismo sector. (1924 al 11269).
- Diputado Montes, Solicita informe respecto de cada una de las materias que señalan en la solicitud adjunta, en relación con el abastecimiento de agua potable en la Región Metropolitana. (1926 al 9985).
- Diputado Accorsi, Informe si a nivel nacional el agua potable cumple con el contenido máximo de arsénico que establece la norma chilena para el consumo humano. (2722 al 10393).
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Sandoval, Remita los informes realizados por la Unidad de Patrimonio Silvestre Regional, en relación con la fijación de los límites de la Reserva Nacional “Laguna San Rafael” de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (442 al 11339).
- Diputado Sandoval, Solicita informe sobre el traspaso de los terrenos en el loteo Escuela Agrícola, de la ciudad de Coyhaique, al Servicio de Vivienda y Urbanización para el desarrollo de proyectos habitacionales; particularmente, las razones por la demora en el referido trámite administrativo y las fechas estimativas para su concreción. (443 al 10642).
- Diputado Vargas, Diputada Saa doña María Antonieta, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes en relación con la regularización de los terrenos correspondientes a la agrupación dirigida por la señora Lilian Molina del sector Quebrada de Hacha , colindante sector 3 de la comuna de Arica; como asimismo, de disponga al regularización de la situación que afecta a los arrendatarios de los terrenos correspondientes al sector de Quebrada Vitor, ambas de la comuna de Arica. (477 al 5216).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Campos , dar cumplimiento cabal a los compromisos referidos a los programas de empleo de la Región del Biobío, en especial su cobertura; lo anterior en el marco de la reunión que sostendrá en la intendencia regional del Biobío el señor Subsecretario del trabajo con los dirigentes de los programas de empleo de la citada región. (1213-3 al 4835).
Ministerio de Salud:
- Diputado Pérez don José, Tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a doña Alicia Barra Monje, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (2601 al 5124).
- Diputado Robles, Posibilidad de agilizar la atención médica que requieren las señoras Jovana Leuquén Toloza y Miriam Godoy Vallejos y los señores Nelson Acosta Orellana y Luis Pinto Valenzuela. (2602 al 11992).
- Diputado Silber, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con posibles irregularidades en el funcionamiento del denominado Consultorio Maruri. (2604 al 11934).
- Diputado Schilling, Informar sobre el motivo considerado para suspender la entrega de medicamentos en la posta de Colliguay de la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. (2605 al 12031).
- Diputado Robles, Director del Servicio de Salud Atacama informe a esta Corporación, al tenor de la intervención adjunta, sobre las razones que impiden el pago de la asignación por llamada a uno de los médicos generales del consultorio de Freirina. (2606 al 11993).
- Diputado Ceroni, Cumplimiento del compromiso de construir nuevos hospitales en las ciudades de Cauquenes y Parral, en reemplazo de los que destruyó el terremoto del 27 de febrero de 2010, el estado de los proyectos y los plazos considerados para su ejecución. (2607 al 11849).
- Diputado Rincón, Solicita informe sobre las cifras correspondientes a las operaciones pendientes en los servicios de salud de la Región de O'Higgins, clasificadas según su grado de complejidad y desglosados por comuna. (2669 al 12141).
- Diputado De Urresti, Evaluar la factibilidad de incorporar en la red asistencial del Hospital Base Valdivia un centro de diálisis que beneficiaría a los pacientes dializados de la comuna de Paillaco, Los Lagos y Futrono; como asimismo, informe sobre la cantidad existente de dichos centros en la Región de Los Ríos y el número de pacientes que atienden. (2728 al 11786).
- Diputado Meza, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes, en relación con los hechos expuestos en la intervención adjunta. (2729 al 5104).
- Diputado Robles, Posibilidad de habilitar una casa de acogida para que los enfermos oncológicos y sus familiares de la Región de Atacama puedan hospedarse cuando realizan sus tratamientos en las ciudades de Antofagasta y Santiago. (2730 al 11967).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar e instruir la fiscalización sobre la precariedad en el servicio de transporte público entre las localidades de EntreLagos y Osorno de la Región de Los Lagos. (5031 al 11681).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita que CONASET remita un diagnóstico sobre la seguridad vial de la comuna de Chimbarongo, Región de O'Higgins; con indicación de los sectores donde se observa una alta tasa de accidentes en la comuna, sus tipos y causas. Del mismo modo, se requiere especificar si el diseño e implementación de un completo programa de seguridad vial, requiere del concurso de otra autoridad o ministerio, en consideración de las rutas viales comprometidas y la línea férrea que atraviesa la comuna. (5187 al 11841).
- Diputado Sandoval, Tenga a bien adoptar las medidas que sean pertinentes, en relación con la licitación anual del servicio de transporte marítimo Chacabuco-Puerto Aguirre de la Región de Aysén, que opera con el subsidio otorgado por el Estado. (5201 al 5261).
- Diputado Marinovic, Atraso en la instalación de paraderos de buses en la ciudad de Punta Arenas y disponga una investigación sobre el cumplimiento del proyecto respectivo. (5315 al 11991).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado De Urresti, Interponga sus buenos oficios ante S E. el Presidente de la República con el objeto que considere la posibilidad de hacer presente la urgencia, con carácter de “suma” para el despacho del proyecto de ley que crea el Estatuto del Periodista, boletín N° 4822-13. (1140 al 5211).
Ministerio de Desarrollo Social:
- Diputado Robles, Fundamento legal que ampara el otorgamiento de una pensión de gracia a cada uno de los quintillizos nacidos recientemente en el hospital San José, en Santiago; y, acerca de las demás prestaciones otorgadas con fondos del Estado. (3590 al 10788).
Ministerio Público:
- Diputada Sabat doña Marcela, Tenga a bien considerar la posibilidad de revisar y modificar las cadenas de comunicación entre el servicio a su cargo y las policías del país, con el fin de evitar descoordinaciones que afecten el éxito de una persecución penal. (5291 al 5291).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Chahín , Resoluciones de calificación ambiental recaídas en proyectos de centrales hidroeléctricas de paso en la comuna de Curacautín, remitiendo copia de todas las solicitudes ingresadas al sistema de evaluación de impacto ambiental y considere la exigencia de estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos en consideración a la condición turística de la zona. (131259 al 11702).
Consejo de Defensa del Estado:
- Diputado Espinoza don Fidel, Acciones deducidas tendientes a esclarecer las responsabilidades penales involucradas en el daño ambiental ocasionado en el predio del señor Julio Ponce Lerou, ubicado en el límite de las comunas de Pullehue y Río Bueno. (5943 al 12334).
Empresas del Estado:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre las cifras, desagregadas por región, de los estudiantes beneficiarios del crédito Corfo que fueron seleccionados para acceder a la rebaja de la tasa de interés de su deuda. (008110 al 10543).
Intendencias:
- Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la existencia de algún requerimiento que impida realizar actividades sociales en el Club Deportivo Condell de la comuna de San Antonio, indicando los niveles de contaminación acústica permitidos. (1421 al 12033).
- Diputada Hoffmann doña María José, Disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a don Patricio Arévalo González, doña Ada Gómez Gómez y doña Eliana Calderón Soto, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (1434 al 5196).
- Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la factibilidad de gestionar la regularización del comodato o título de dominio de la propiedad Rol 1103-9, ubicada en Calle La Caleta N°18 de la comuna de Cartagena y coordinar una audiencia con los dirigentes del Club Deportivo Puerto Nuevo de dicho sector. (476 al 11792).
Servicios:
- Diputado Chahín , Estado de tramitación de la pensión de vejez del señor Eduardo Farías Galaz. (16531 al 12253).
- Diputado Schilling, Informar sobre la situación que afecta a don Héctor Lejehanniere Casal, en relación con los motivos para el cese del pago de su pensión. (33 al 12243).
Varios:
- Diputado Espinoza don Fidel, Tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a don Manuel Herrera Vargas, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (1201 al 5165).
- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita tenga a bien disponer la revisión del sector comprendido entre las calles Puyehue, Calbuco y Tacora de la población Padre Hurtado de la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta e informar a esta Corporación de sus resultados. (2749 al 10992).
- Diputado Kort, Informar sobre los motivos que produjeron interrupciones de suministro eléctrico en la Región de O´Higgins el pasado 27 de junio, indicando las fiscalizaciones efectuadas a la fecha para evitar estas situaciones. (7341 al 11972).
- Diputado Pérez don José, Solicita tenga a bien informar a esta Corporación sobre la situación que afecta a los sectores cordilleranos del Alto Biobío, en relación con los elevados costos de la energía eléctrica y la forma en que se efectúan las mediciones por la empresa proveedora para la determinación del consumo. (7477 al 12216).
- Diputado Meza, Solicita tenga a bien informar a esta Corporación sobre la situación que afecta a las comunas de Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén, Villarrica de la Región de La Araucanía , en relación con los elevados costos de la energía eléctrica y las mediciones efectuadas por la empresa proveedora para la determinación del consumo. (7478 al 12217).
- Diputado Pérez don José, Solicita tenga a bien disponer la investigación e informar a esta Corporación de sus resultados, en relación con los reiterados cortes de energía eléctrica que han afectado a sectores de la comuna de Nacimiento, Región de O'Higgins y se determinen las responsabilidades de la empresa Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda., como asimismo, las vías de compensación para los vecinos afectados. (7531 al 10623).
X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputado De Urresti, Informar sobre factibilidad de agilizar el procedimiento para determinar la causa de muerte de don Mauricio Ortega Gallardo, con el fin de que su viuda, doña Vitalia Quena Norambuena, pueda efectuar los trámites de defunción. (12509 de 12/08/2013). A Servicios.
- Diputado De Urresti, Informar sobre el estado de tramitación de los beneficios de la Ley Valech de don José Godoy Padilla. (12525 de 12/08/2013). A Ministerio de Interior.
- Diputado De Urresti, Informar sobre los programas de apoyo a los que doña Nancy Marinao Antinao puede postular, con el fin de mejorar la compleja situación socioeconómica que la afecta. (12526 de 12/08/2013). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre el reciente fallecimiento del buzo don Patricio Soto Vera, trabajador de la empresa Maestream de la comuna de Castro; como asimismo, remita cifras estadísticas de los últimos 5 años, respecto de las muertes de buzos en la Región de Los Lagos, particularmente de aquellos que se encontraban realizando labores salmoneras, desglosadas por comunas. (12527 de 12/08/2013). A Ministerio de Defensa Nacional.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la postura que mantiene el servicio a su cargo, en relación con el planteamiento de la comunidad indígena Hueichán Mapu, quienes señalan haber sido desalojados a principios de los años 90 de un predio ubicado en la comuna de Frutillar de la Región de Los Lagos; como asimismo, remita antecedentes del proceso de recuperación de tierras que mantiene dicha comunidad, las que actualmente pertenecen al fundo “La Añorada” de la empresa Lácteos San Luis. (12528 de 12/08/2013). A Servicios.
- Diputado Espinoza don Fidel, Remitir antecedentes sobre el proyecto “Desarrollo de una plataforma on line para el apoyo de la gestión de ecosistemas dulceacuícolas ante la amenaza de la alga invasiva Didymosphenia geminata (Didymo)”, que es cofinanciado por el servicio a su cargo y ejecutado por la Universidad de Chile, indicando los montos de financiamiento, plazos de ejecución, potenciales beneficiados, mecanismos de coordinación con otros servicios públicos y aportes de éstos. (12529 de 12/08/2013). A empresas del Estado.
- Diputado Kort, Informar sobre los motivos considerados por la Comisión Médica, Preventiva e Invalidez para otorgar un bajo porcentaje de incapacidad a don Manuel Candia Pérez, individualizado en la solicitud y antecedentes adjuntos. (12530 de 12/08/2013). A servicios.
- Diputado Walker, Informar sobre la existencia de algún estudio que se encuentre realizando la cartera a su cargo, con el fin de enviar un proyecto de ley que permita a los profesores solucionar el conflicto de interpretación suscitado a propósito de la ley N° 20.158, que otorga beneficios a los profesionales de la educación que indica. (12531 de 12/08/2013). A Ministerio de Educación.
- Diputado Walker, Informar sobre la subsanación de las observaciones a la propuesta de decreto N° 1.222 de fecha 19 de marzo de 2013, efectuadas por el Departamento jurídico del Ministerio de Bienes Nacionales, en relación con el proceso de transferencia de un inmueble ubicado en calle Arturo Godoy de la comuna de Coquimbo al Servicio de Vivienda y Urbanización. (12532 de 12/08/2013). A Ministerio de Interior.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolú Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrieron, además, los ministros de Transporte y Telecomunicaciones, señor Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, y el ministro secretario general de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.11 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 56ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 57ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión Investigadora encargada de revisar a fondo el sistema Educación Superior, para prorrogar en 90 días su mandato en razón de que cuenta con numerosas audiencias pendientes.
Se hace presente a la Sala que hasta ayer no se había solicitado prorroga; no obstante, se votó, pero no se alcanzó el quorum requerido. El plazo vence hoy 27 de agosto.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Acordado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE SITUACIÓNAMBIENTAL DE PROYECTO PASCUA LAMA
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión Investigadora de la situación ambiental por efectos del proyecto Pascua Lama en orden a prorrogar en 60 días su mandato, a contar del plazo de vencimiento, esto es, del 26 de septiembre.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
CONCURRENCIA DE SUBSECRETARIO DE BIENES NACIONALES A SESIÓN ESPECIAL
El señor ELUCHANS (Presidente).-Para un asunto de reglamento tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , le solicito arbitrar sus buenos oficios para asegurar la presencia de los ministros que han sido citados a la sesión especial de esta tarde. Sé que no depende de usted, pero como Presidente de la Corporación podría insistir, salvo en el caso de que alguno de los ministros se encuentre en el extranjero.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , la Mesa ha estado preocupada al respecto. Puedo decirle que hasta el momento está confirmada la asistencia de los ministros del Interior y subrogante de Obras Públicas , ya que la titular de esa Cartera se halla en el extranjero. Como el ministro de Vivienda y Urbanismo se ha excusado, en reunión de Comités solicitamos autorización para que pueda concurrir el subsecretario de Bienes Nacionales ; pero fue negada.
Quizás esta sea la oportunidad para recabar la autorización de la Sala a fin de que pueda concurrir a la sesión de la tarde el subsecretario de Bienes Nacionales.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD PRIVADA (Primer trámite constitucional) [boletín N° 6639-25]
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre seguridad privada.
Diputados informantes de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Hacienda son los señores Matías Walker y Alberto Robles, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 59ª de la legislatura 357ª, en 5 de agosto de 2009. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, sesión 104ª de la legislatura 360ª, en 26 de noviembre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 50ª de la presente legislatura, en 30 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidenta de la República de entonces, señora Michelle Bachelet , sobre seguridad privada.
La idea matriz o fundamental del proyecto se encuentra orientada a establecer un nuevo régimen jurídico en materia de seguridad privada en Chile.
Cabe hacer presente que el artículo 65 del proyecto tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por cuanto entrega el conocimiento de las infracciones de la nueva ley al juzgado de policía local respectivo.
Por su parte, requieren de quorum calificado para su aprobación, los artículos 3°, inciso cuarto, y 16, inciso final, en la medida en que establecen reserva o secreto de antecedentes en materia de seguridad privada, y los incisos primeros de los artículos 7°, 8° y 41, y el artículo 42, en la medida en que autorizan y regulan el porte de armas.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes al momento de la votación, señores Carlos Abel Jarpa , Cristian Mon-ckeberg y Carlos Montes , y el entonces diputado señor Gonzalo Duarte .
Esta iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 5 de agosto de 2009, y fue aprobada en general en la sesión celebrada el 16 de septiembre del mismo año.
Durante el estudio del proyecto original, se contó con la opinión, entre otras, de las siguientes personas y entidades: Patricio Rosende , exsubsecretario del Interior; general Patricio Reyes Morales y coronel Alberto Etcheberry , director y jefe, respectivamente, de la Dirección de Seguridad Privada de Carabineros de Chile; Sydney Houston , presidenta de la Comisión de Seguridad, Antidelincuencia y Defensa del Comercio Formal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio de Turismo; Jorge Lee Mira , vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Antidelincuencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile; presidente de la Asociación de Empresas de Alarmas y Seguridad (Achea); presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Transporte de Valores ( Aseva ); Javiera Blanco Suárez , directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, y Mario Contreras Rojas , presidente del Instituto de Jueces de Policía Local .
Con fecha 26 de octubre de 2010 el Ejecutivo presentó una serie de indicaciones al proyecto de ley, las cuales dieron cuenta de parte importante de la discusión realizada en la Comisión, pero se mantuvo discrepancias con algunos de sus miembros, fundamentalmente, acerca de la autoridad central encargada de la supervisión, control y fiscalización de la seguridad privada, cuestión que, como veremos, se mantuvo a lo largo de la discusión.
Finalmente, el 20 de junio de 2012, se presentó una indicación sustitutiva en base a la cual se elaboró el informe que se da cuenta, producto de que la votación en particular recayó sobre el texto que ella contiene.
Durante el análisis de este nuevo texto se recibió la opinión del señor Juan Cristóbal Lira , subsecretario de Prevención del Delito ; de la señora Silvia Siebert , jefa de la Dirección de Presupuestos; del general Julio Pineda Peña , director de Seguridad Privada y Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile; del señor Jorge Lee Mira , presidente de la Comisión de Seguridad y Antidelincuencia de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, y del abogado asesor del Ministerio del Interior y Seguridad pública, señor Juan Eduardo Vega Mora .
Las actividades relacionadas con la seguridad privada están bajo la tuición de Carabineros de Chile, según lo establece el artículo 3° de su ley orgánica constitucional, labor que se desarrolla a través de la Subdirección de Seguridad Privada y, específicamente, mediante las Oficinas de Seguridad Privada existentes en cada una de las prefecturas del país.
La legislación en materia de seguridad privada se encuentra contenida en diversas y sucesivas normas: decreto ley N° 194, de 1973, que autorizó el funcionamiento de vigilantes privados en empresas de importancia; decreto ley N° 3.607, de 1981, que determinó entidades que se encontraban autorizados u obligadas a contar con vigilantes privados y, además, las entidades obligadas a contar con un estudio de seguridad; decreto exento N° 1.222, de 1998, del Ministerio del Interior, que estableció las medidas de seguridad mínimas que deben adoptar las entidades obligadas a contar con vigilantes privados; decreto supremo N° 93, de 1985, del Ministerio de Defensa Nacional, que reguló las labores de asesoría, capacitación o prestación de servicios en materias inherentes a seguridad, y ley N° 19.303, que estableció la obligación de ciertas entidades de contar con medidas de seguridad.
El texto original del proyecto de ley constaba de 79 artículos permanentes, agrupados en ocho títulos, además de una disposición transitoria, cuyo contenido consta en el informe que obra en poder los integrantes de esta Corporación.
La indicación sustitutiva sobre la cual se elaboró el presente informe consta de setenta artículos permanentes y dos transitorios. Dicho articulado se organiza bajo los siguientes títulos:
I. Disposiciones Generales.
II. De las entidades obligadas a mantener sistemas de vigilancia privada.
III. De las empresas obligadas a contar con medidas de seguridad.
IV. Disposiciones comunes a los Títulos II y III;
V. De los servicios de seguridad privada.
VI. De la seguridad privada en eventos masivos.
VII. De las autoridades encargadas de la supervisión, control y fiscalización.
VIII. De las infracciones y sanciones.
IX. Disposiciones finales.
El proyecto aborda brevemente los siguientes temas:
1) Se establece una definición de seguridad privada y se determina quiénes pueden ejercer actividades relacionadas con ella.
Se define seguridad privada como el conjunto de actividades o medidas de carácter preventivo, coadyuvantes y complementarias de la seguridad pública, destinadas a la protección de personas, bienes y procesos productivos, que se encuentren en recintos previamente delimitados, realizadas por personas naturales o jurídicas de derecho privado, debidamente autorizadas en la forma y condiciones que se establecen en esta ley.
Solo pueden ejercer actividades de seguridad privada las personas naturales o jurídicas de derecho privado, quedando prohibido su ejercicio para el personal de la Administración del Estado.
2) Se establecen las entidades obligadas a mantener sistemas de seguridad privada.
El proyecto de ley señala que estarán obligadas a mantener sistemas de seguridad privada las empresas transportadoras de valores, las instituciones bancarias y las instituciones financieras, como también las entidades cuya actividad conlleva un mayor nivel de riesgo.
Además, establece la existencia de un sistema de seguridad que estará integrado por un organismo de seguridad, por los recursos tecnológicos y materiales, y por los protocolos de funcionamiento debidamente autorizados por la autoridad competente.
El sistema de vigilancia privada será dirigido por un jefe de seguridad e integrado, además, por encargados de seguridad, encargados de armas de fuego y por vigilantes privados, respecto de los cuales se establecen requisitos específicos.
Por otra parte, se reglamentan las características mínimas de los recursos tecnológicos y materiales, entre los que se regulan: sistema de alarmas de asalto; cajas receptoras y pagadoras de dineros y valores ubicadas en oficinas, agencias o sucursales en las que se atienda público; sistemas de filmación de alta resolución; sistema de comunicaciones entre el banco o financiera y la empresa de transporte de valores desde o hacia sus clientes.
3) Se establecen las entidades obligadas a contar con medidas de seguridad privada y los procedimientos que deben seguir.
El proyecto señala que están obligadas a contar con medidas de seguridad privada las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, cuyas características de funcionamiento las hagan vulnerables a los recintos en que ellas se encuentran emplazadas frente a la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de las personas que trabajen en ellas y de terceros que concurran al lugar, como también del dinero o valores que custodien, conserven, manejen o expendan, que determine el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
4) Deber de las entidades obligadas a mantener sistemas de seguridad privada y de las entidades obligadas a contar con medidas de seguridad y con un estudio de seguridad, el cual debe existir antes de iniciar el funcionamiento de cada entidad, con distintas características, requisitos y contenidos para cada caso.
El procedimiento para el estudio de seguridad es igual en ambos casos y la autoridad encargada de su fiscalización es la Subsecretaria de Prevención del Delito, que requerirá un informe técnico de Carabineros de Chile.
5) Se establecen regulaciones generales a los servicios de seguridad privada.
El proyecto regula a las empresas que desarrollan actividades de seguridad privada y, en particular, a las dedicadas al transporte de valores y a las personas que se dedican a labores de guardia de seguridad, investigadores privados, escoltas personales o guardaespaldas y a las instituciones de capacitación de personal dedicado a la seguridad privada.
6) Seguridad privada en eventos masivos.
Se define eventos masivos como aquellos de índole artística, recreativa, religiosa, política, social, cultural, deportiva o de cualquier otra naturaleza que se realicen en un recinto privado o público, o en un bien nacional de uso público que se cierre para tales efectos, capaz de producir una amplia concentración de asistentes y cuya convocatoria se haga al público en general.
Asimismo, respecto de los organizadores, se establece la obligación de presentar ante el intendente regional respectivo una directiva de funcionamiento antes de la realización de cualquier evento público.
Ante el incumplimiento de las medidas contenidas en la directiva, se autoriza a Carabineros de Chile para impedir o suspender el evento público.
Del mismo modo, se regula la responsabilidad de los organizadores que no presenten directiva de funcionamiento o que no cumplan con las medidas señaladas en aquella, por los daños que se produzcan con ocasión del evento público respectivo.
7) Se establecen autoridades encargadas de la supervisión, control y fiscalización de la ley.
La propuesta del Ejecutivo establece que la Subsecretaría de Prevención del Delito actuará como autoridad central de coordinación a nivel nacional, a través de la División de Seguridad Privada y, en tal carácter, podrá impartir instrucciones a la autoridad encargada de la fiscalización; esto es a Carabineros de Chile.
Corresponderá a Carabineros de Chile, en el ejercicio de su labor, controlar a las personas naturales y jurídicas que desarrollen labores inherentes a la seguridad privada, como también a las entidades que deban contar con sistemas de vigilancia privada o medidas de seguridad.
8) Sobre el sistema sancionatorio, el proyecto de ley establece que las infracciones se dividen en gravísimas, graves y leves. A su respecto, se determinan las sanciones para cada tipo de infracción, las que pueden comprender multas, clausuras, suspensión o revocación definitiva de las autorizaciones correspondientes.
Principales modificaciones introducidas por la Comisión:
En el artículo 16, que regula el procedimiento de elaboración del plan de seguridad, se eliminaron las siguientes funciones que entregaba el proyecto a Carabineros de Chile:
-Informe técnico elaborado a solicitud de la Subsecretaría de Prevención del Delito para su aprobación.
-Informe que dé cuenta que la implementación de las medidas de seguridad se ajustan al estudio aprobado y se hayan individualizado, por parte de la entidad obligada, todas las personas que integran el organismo de seguridad interno. Este informe era esencial en el otorgamiento de autorización de la Subsecretaría de Prevención del Delito para la puesta en marcha del plan de seguridad.
Como consecuencia de una indicación parlamentaria, se sustituyó el artículo 37, que definía “escolta personal o guardaespalda” como “todo aquel cuyo servicio consiste en acompañar a otro con la finalidad de protegerlo de posibles agresiones”, por otra norma que contiene la siguiente definición: “Escolta personal o guardaespalda es toda persona que es contratada a cualquier título para proteger a otra del riesgo de ser víctima de un delito”. La nueva norma agrega que solo podrán contratar escolta o guardaespalda aquellas personas que determine el reglamento de la presente ley. Por último, se sanciona como una infracción grave al que contratare los servicios de un escolta o guardaespalda sin estar autorizado para ello.
Finalmente, en cuanto a la labor de fiscalización del cumplimiento de la ley por parte de Carabineros de Chile, la Comisión rechazó los artículos 56 y 57.
El artículo 56 establecía que la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de la División de Seguridad Privada, sería la autoridad central de coordinación nacional y, en ese carácter, podría impartir instrucciones a las autoridades encargadas de la fiscalización.
La fiscalización, en cambio, correspondería a Carabineros de Chile, para lo cual podría controlar a las personas naturales y jurídicas que desarrollaran labores de seguridad privada, y a las entidades que debieran contar con sistemas de vigilancia privada o medidas de seguridad, con excepción de recintos portuarios, aeropuertos u otros espacios sometidos al control de la autoridad militar, marítima o aeronáutica.
El artículo 57 determinaba que la repartición operativa de Carabineros de Chile u otra autoridad militar, marítima o aeronáutica, según sea el caso, que se encuentre encargada de la fiscalización de la seguridad privada a nivel nacional, regional o comunal, según corresponda, sería designada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La supresión de estos artículos obedeció a que la mayoría de los integrantes de la Comisión consideró que estas normas constituían la concreción de la negativa del Ejecutivo a crear una superintendencia especializada que se dedique de manera exclusiva a los temas asociados a la seguridad privada, materia que fue solicitada al Ejecutivo en varias oportunidades durante el debate del proyecto.
Por los motivos expuestos, esta Comisión propone la aprobación del proyecto de ley en referencia en los términos propuestos, incluyendo los artículos que se rechazaron por las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Hacienda, por las razones expuestas.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ROBLES (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar sobre el proyecto de ley que consiste en establecer un nuevo régimen jurídico en materia de seguridad privada en Chile, con el objeto de uniformar criterios para su aplicación, transparentar las actividades y responsabilidades de los proveedores de seguridad privada, elevar el nivel de capacitación de quienes ejercen labores en el área y que quienes con sus actividades aumenten los riesgos de la población, se hagan cargo de los mismos, internalizando los costos sociales que generen.
Durante el estudio del proyecto, expusieron en la Comisión los señores Cristóbal Lira , subsecretario de Prevención del Delito , del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y Juan Eduardo Vega , asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 20 de junio de 2012 -no está tan actualizado- señala que el proyecto de ley establece incurrir en gastos para la instalación de la División de Seguridad Privada por un total de M$ 207.823, de los cuales M$ 173.671 corresponden a gastos en personal, y M$ 34.152 para funcionamiento. No obstante, en régimen, el costo asciende a M$ 193.327, conforme al detalle consignado en el informe.
En el debate de la Comisión, el señor Cristóbal Lira sostuvo que las razones para regular el mercado de la seguridad pública dicen relación, básicamente, con el resguardo de las garantías constitucionales en las materias relacionadas con la seguridad pública, puesto que actividades de la industria de la seguridad privada pueden poner en peligro el derecho constitucional a la intimidad, ya sea por la utilización de tecnologías que pueden ser intrusivas o por la posición de autoridad en que pueden encontrarse los agentes de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Además, es necesario mantener el monopolio del Estado en el uso de la fuerza pública, evitando el uso de la seguridad privada para la protección de grupos políticos, étnicos o, incluso, criminales. Asimismo, se requiere delimitar la función policial de la seguridad privada, ya que el fenómeno de la privatización de la seguridad obliga a definir los poderes con que actúa esa industria. Finalmente, planteó que es necesario establecer las ventajas y riesgos de la interacción entre las policías y la seguridad privada.
El señor Lira hizo presente que las características de la industria de la seguridad privada están muy relacionadas con la fe pública, por lo que se requiere un nivel de exigencia mayor. Por su parte, los empleados de las empresas de seguridad privada tienen acceso privilegiado a información acerca de las debilidades de sus clientes, razón por la cual los actores involucrados en esta industria no pueden tener antecedentes criminales o vínculos con agentes criminales, debiendo excluirse a personas con características inapropiadas para desempeñar funciones en seguridad privada.
Por todo lo anterior, afirmó, se requiere la profesionalización de la seguridad privada, regulándola como actividad, a fin de mejorar la calidad y los estándares del servicio y la formación y capacitación del personal que labora en esta actividad.
Se estableció que los objetivos de la regulación de la seguridad privada que el proyecto propone son básicamente tres: reducir el riesgo a que se expone la población por el desarrollo de actividades económicas; establecer un estándar mínimo de servicio en la industria de la seguridad privada y regular la capacitación y entrenamiento de los prestadores de seguridad.
Se hizo presente que alrededor de 140 mil personas ejercen labores de seguridad privada en bancos, edificios, empresas de transporte de valores, comercio, etcétera, en contraposición, por decirlo de alguna manera, con los cerca de cincuenta mil funcionarios de Carabineros y los seis mil de la Policía de Investigaciones.
El contenido de la regulación que se plantea en esta iniciativa es obligar a las empresas a establecer sistemas o medidas de seguridad; instituir requisitos mínimos para que una empresa o una persona natural pueda prestar servicios de seguridad y exigir capacitación a las empresas y a las personas naturales.
El proyecto establece como encargado de la fiscalización y control a Carabineros de Chile, quien regula los sistemas y directivas de seguridad propuestas por las empresas. Además, Carabineros fiscaliza el cumplimiento de los estudios sometidos a la autoridad.
La autorización constituye una licencia de la autoridad para prestar los servicios. La autorización y control del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En el caso de las personas naturales, la autorización es otorgada por Carabineros, pero las empresas capacitadoras y los capacitadores son autorizados por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Respecto de los sujetos regulados, el proyecto contempla a las empresas obligadas a establecer sistemas o medidas de seguridad, a las empresas proveedoras de servicios de seguridad privada y a las personas naturales que prestan servicios de seguridad privada.
En el primero de los casos señalados, las empresas son sujetos de regulación, a fin de establecer un ámbito de acción propio de la seguridad privada, basado en el mayor riesgo que su actividad impone a la sociedad. Los otros dos casos son sujetos de regulación para proteger las garantías constitucionales de los ciudadanos que puedan vincularse con empresas de seguridad privada y para garantizar un estándar mínimo de servicio.
El proyecto entrega la fiscalización y control, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de la División de Seguridad Privada, siendo Carabineros el encargado técnico de la evaluación del cumplimiento de las medidas.
Consultado por el diputado señor Marinovic , el subsecretario señor Lira explicó que las disposiciones del proyecto que regulaban esta materia fueron rechazadas por la Comisión de Seguridad Ciudadana. Se argumentó que entregar la fiscalización de la seguridad privada a Carabineros de Chile importaba sobrecargar a la Institución con nuevas funciones.
Al respecto, el Ejecutivo planteó que Carabineros debe realizar la función de fiscalización, dado el alto número de personas que desarrollan actividades de seguridad privada, y que la Subsecretaría del Delito sea la autoridad encargada de su supervisión y control, a través de la nueva División de Seguridad Privada, la que contará con un jefe de División y tres profesionales. Esta es una dotación muy mínima para las tareas que se le están pidiendo.
El señor Juan Vega explicó que el rechazo de estas disposiciones en la Comisión de Seguridad Ciudadana obedece a la negativa de entregar nuevas funciones administrativas a Carabineros de Chile, ya que implicaría distraer a la Institución de sus funciones operativas. Frente a este argumento, el Gobierno sostuvo que la seguridad privada es un complemento de la seguridad pública, ya que cogenera seguridad pública, de forma tal que una mejor calidad de la seguridad privada redunda en un beneficio social evidente.
Por ello, y dado el emplazamiento territorial de Carabineros, se proponía tener un ente contralor dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito -la División de Seguridad Privada- encargado de la labor administrativa, pero la labor de fiscalización se entregaba a Carabineros de Chile, de manera de generar la sinergia necesaria entre la seguridad privada y la seguridad pública en el desarrollo de la labor propia de la seguridad pública.
El señor Lira sostuvo que en la Comisión de Seguridad Ciudadana se discutió mucho la forma jurídica de la autoridad administrativa encargada del control y la fiscalización de la seguridad privada, lo que ha retrasado la tramitación de esta iniciativa, no obstante la importancia y necesidad de regular esta actividad.
Al respecto, aclaró que entregar la función fiscalizadora de esta actividad a Carabineros de Chile no implica sustraer a estos funcionarios de su función propia, que es estar en las calles, puesto que la fiscalización de esta actividad es en las calles, básicamente en los lugares donde se pone en riesgo a la población, como bancos, comercio, casas, etcétera. De forma tal que no se distraería a Carabineros para realizar tareas administrativas, porque la fiscalización de esta actividad se realiza “in situ”, en terreno.
La Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas dispuso que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 23, inciso segundo; 61, 62, 63, 64, 66 y 68 y del artículo segundo transitorio.
En relación con la discusión particular del articulado, el señor Juan Eduardo Vega afirmó que el Ejecutivo presentó una indicación para reponer la norma que entrega la fiscalización de la nueva Ley de Seguridad Privada a Carabineros de Chile. Al efecto, se incorporan al texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas dos nuevos artículos: 56 y 57, modificando subsecuentemente la numeración correlativa.
Puesta en votación la indicación precedente, se registraron 5 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, dándose por rechazada por falta de quorum de aprobación.
Sometidos a votación los artículos 23, inciso segundo; 61, 62, 63, 64, 66 y 68 permanentes, y el artículo 2º transitorio, fueron aprobados por 6 votos a favor y 5 en contra.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 10 y 17 de julio de 2013, con la asistencia de los diputados señores Marinovic , ( Presidente ); Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Montes, Ortiz , Recondo , Robles, Santana , Silva y Von Mühlenbrock , según consta en las actas respectivas.
Es cuanto corresponde informar a esta Sala.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Iniciando el debate, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , antes de hacer algunas apreciaciones sobre el proyecto, quiero agradecer a los diputados Matías Walker y Alberto Robles , informantes de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Hacienda, respectivamente, la solidez de sus informes.
En el ánimo de aportar y no de generar discusión, quiero fundamentar por qué respecto de algunos artículos no estoy de acuerdo con lo que el Ejecutivo está entregándonos.
Por eso, parto con que debemos tener claro que la Constitución Política de la República regula todo lo que significa seguridad privada, y se traduce en el artículo 1°, inciso quinto, que dice: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional”, además de otros derechos establecidos en incisos pertinentes.
Entonces, no estamos ajenos a lo que entendemos como seguridad privada.
¿Qué tenemos que regular? Se mejoran los servicios y su calidad y se capacita al personal. Entonces ¿de qué servicios hablamos? De dinero en tránsito, servicios comerciales, guardias, alarmas de teléfonos móviles -como se ha dicho en los informes-, control de multitudes en eventos masivos -extraño aquello-, protección cercana a personas, investigación privada, alarmas de monitoreo, formación de seguridad, vigilantes de seguridad de casas, supervisión de puertas y procesamiento de efectivo.
Según el informe de los diputados Walker y Robles , 125 mil personas trabajan en ese rubro.
El inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política dice:
“Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la seguridad pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público, la seguridad pública y la seguridad interior”, determinado por las leyes orgánicas del Ministerio del cual depende la seguridad pública.
El artículo 19, N° 21°, establece “el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.”
Así vamos entendiendo que es un buen proyecto.
Al final, llegamos a que la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de la nueva División de Seguridad Privada, contará con un jefe de división y tres profesionales.
El punto central, según entiendo y según mi apreciación, son los artículos 55 y 56.
El artículo 55 establece que la autoridad pública encargada de supervisar el sistema de seguridad privada es la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de la División de Seguridad Privada.
El artículo 56 del proyecto, contenido en la indicación sustitutiva del Ejecutivo , atribuye la fiscalización específica de la ley a Carabineros de Chile.
Aquí está la discusión y mi posición. Por supuesto, voy a rechazar el artículo 56, como lo hice en la Comisión. Respecto de esta materia, en la técnica que informa el diputado Walker se ha insistido en la necesidad de contar con un organismo público autónomo, con características de superintendencia, que asuma dicha función, de manera que Carabineros pueda destinar esos recursos a sus labores propias orientadas a entender directamente la función pública relacionada con la seguridad ciudadana y la prevención y represión del delito.
Estamos hablando de todas las normas y atribuciones que deberían tener los que se capacitan para esta seguridad privada. Reitero, son 125 mil personas. Carabineros son alrededor de 50 mil.
Por lo tanto, para el que habla, es bastante claro que hay que votar en contra del artículo 56.
Por supuesto, lo demás debe estar orientado, de una vez por todas, a modernizar la seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor ELUCHANS .-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .-
Señor Presidente , quiero hacer algunos comentarios sobre este proyecto de ley, cuya tramitación lleva bastante tiempo en la Cámara. Recuerdo que la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió esta iniciativa de parte del gobierno anterior. El proyecto original fue aprobado, más o menos, en 2009. Ya en ese minuto, en dicha Comisión, los diputados Harboe y Burgos, que habían sido subsecretarios en los gobiernos de Lagos y de Bachelet, decían que era muy difícil lograr una regulación en esta materia, principalmente por los escollos, complicaciones y enredos que ella significaba. Pasaron bastantes años para tener en la Cámara este proyecto de ley que permite dar una mirada distinta a la seguridad privada. Quizás, uno no dimensiona -y lo ve en los informes y por las opiniones de las personas que visitaron la Comisión de Seguridad Ciudadana, y posteriormente la de Hacienda- la magnitud del rubro que significa la seguridad privada. Son más de 126 mil personas las que trabajan en ella. De ellas, alrededor de 115 mil son guardias privados y 11 mil -bastante menos- son vigilantes privados autorizados para portar armas. Representan más de 124 por ciento de la cantidad de carabineros y detectives que, en la actualidad, prestan servicios en materia de seguridad. La industria mueve alrededor de 1.200 millones de dólares al año. Eso da cuenta de la magnitud del rubro de la seguridad privada, y de la cantidad de personas y empleos que se generan a través de esta actividad.
Lógicamente, este proyecto viene a regular lo que está regulado hace bastante tiempo. Es un tema relevante que hay que ir destacando, porque el proyecto regula normas que están muy diseminadas en diferentes ministerios desde hace más de 30 años. Así se logra armonizar, de manera bastante efectiva, la regulación que, como decía, está en diferentes ministerios, muy desordenada y que poco se conoce por quienes quieren ingresar por primera vez a esta actividad.
Dentro de las cosas que hay que destacar en el proyecto, aunque sea de Perogrullo, es la definición de seguridad privada, porque en la Comisión de Seguridad Ciudadana se produjo una discusión principalmente sobre cuál iba a ser el rol de la seguridad privada. Creo que el proyecto ratifica las normas constitucionales. ¿A quién está entregada la función de seguridad? Obviamente, en forma exclusiva, al Estado. Pero la seguridad privada, tal como lo dice su definición, va a tener el carácter de preventiva, coadyuvante y complementaria de la seguridad pública. Es importante dejarlo claro. Con esta regulación, en general, esta actividad no está reemplazando, bajo ningún aspecto, las labores que se realizan en materia de seguridad, las que están entregadas exclusivamente a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, bajo los mandos que corresponden y que se establecen en la Constitución y en las leyes.
Es una actividad que existe en la actualidad. Lo que se está haciendo aquí es, simplemente, regularla de mejor manera y dejando claro que es preventiva, coadyuvante y complementaria de la seguridad pública.
Como decía, el primer objetivo de este proyecto es armonizar toda la normativa que existe, el cual se cumple bastante bien. Segundo, dar estándares de calidad.
Se produjo una discusión muy fuerte en la Comisión respecto de qué tipo de seguridad se está ofreciendo cuando se contratan estos servicios, porque están los guardias privados, los vigilantes, lo que dice relación con seguridad en eventos masivos, con los guardaespaldas, tema al cual me voy a referir más adelante. ¿Qué estándares de calidad se están llevando adelante o se están exigiendo? Nos dimos cuenta de que son muy pocos.
Todas las personas invitadas a la Comisión, que son muchos actores del rubro, coincidían en que es necesario elevar los estándares de calidad en torno a las exigencias a cada una de las personas que quiere participar en esta función. Por ejemplo, se establecen los requisitos para quienes quieren ser vigilantes, guardias, como también para las empresas obligadas a tener medidas de seguridad, que hoy día no existen o están establecidos en algunos decretos. Aquí se regula lo que dice relación con la seguridad en los actos masivos, que distraen de sus labores a funcionarios de Carabineros. La Ley sobre Violencia en los Estadios había regulado solo la seguridad en los espectáculos de fútbol profesional, pero aquí se regula la seguridad para el resto de los espectáculos masivos.
También vale la pena destacar que se otorga la posibilidad de reclamar a quien considere deficiente la labor del servicio de seguridad que ha contratado, una de las correcciones que me alegro que se haya recogido en la Comisión. Al respecto, se aplicará la Ley de Protección al Consumidor y los procedimientos judiciales ante los juzgados de policía local. En consecuencia, una persona común y corriente que contrata un sistema de seguridad, supongamos, alarmas, guardias de seguridad, etcétera, y considera que se le está prestando un mal servicio, el proyecto también establece un procedimiento expedito, simple y con sanciones bastante importantes respecto de esos reclamos.
Otro tema relevante que se vio también en la comisión dice relación con la fiscalización de esta actividad.
En la actualidad, la fiscalización de esta actividad está en manos del OS-10 de Carabineros, labor que realiza de la mejor manera, pero con todas las limitaciones que eso significa.
Este tema se discutió muchísimo. Muchos parlamentarios sostenían que era necesaria la creación de una superintendencia que regulara esa actividad. La respuesta del gobierno anterior y de éste es que no existen los recursos necesarios ni la disposición para crear una superintendencia que regule esta actividad. En consecuencia, se buscó una fórmula intermedia, que consiste en crear una División de Seguridad Privada en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que fijará las normas, supervisará y controlará esta industria. Al mismo tiempo, se entrega a Carabineros la fiscalización en terreno, lo que me parece bastante lógico, porque es una labor administrativa que realiza muy bien y de manera muy correcta dicha institución.
Quiero dejar claro que la capacitación de guardias, las normas que se les van a exigir y la fijación de los estándares de calidad a los diferentes servicios que se regulan a través del proyecto, no estará en manos de Carabineros, como sucede actualmente, sino que en las de la División de Seguridad Privada.
Por último, señor Presidente , planteé un tema en la Comisión que no me convenció del todo y que el Ejecutivo consideró dejarlo fuera del proyecto en algún minuto, pero después lo incorporó, que dice relación con los guardaespaldas y escoltas.
En Chile existen guardaespaldas y escoltas, pero no existe una regulación respecto de ellos. El proyecto regula a los vigilantes y a los guardias privados; pero, además, incorpora en la legislación el concepto de guardaespaldas y escoltas, lo que se justificó mediante una declaración que señalaba que el Estado y el Gobierno no podían responder a esos requerimientos de seguridad.
Señor Presidente , no me parece adecuado ni correcto dejar establecido en la ley la existencia de guardaespaldas y de escoltas. En consecuencia, planteé, aunque no me fue muy bien, que los guardaespaldas y los escoltas no solamente no debieran estar regulados, sino que debieran ser prohibidos por nuestra legislación. Vale decir, estoy de acuerdo con que existan servicios de seguridad privada para proteger la actividad bancaria, el transporte de valores, los eventos masivos, etcétera; pero, a mi juicio, no corresponde establecer por ley la existencia de guardaespaldas ni de escoltas para proteger la seguridad de una determinada persona; al contrario, estimo que habría que prohibir su existencia.
Señor Presidente , consideramos que se trata de un buen proyecto de ley y que hemos esperado muchísimo tiempo para tener una regulación importante en esta materia, por lo que solicitamos el respaldo de los diputados y diputadas en la votación de hoy.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Quiero recordar a la Sala que existe un acuerdo de los Comités para destinar noventa minutos para el debate del proyecto y que quedan todavía muchos diputados inscritos, cada uno de los cuales podría hablar hasta diez minutos. En consecuencia, sugiero acortar las intervenciones a siete minutos, porque permitiría intervenir a todos los inscritos.
No puedo solicitar el asentimiento de la Sala en este momento, por lo que hago esta sugerencia.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , el proyecto en discusión ingresó al Congreso hace mucho más de cuatro años, pero la Comisión de Seguridad Ciudadana solicitó hace ocho años el envío de una iniciativa de esta naturaleza, lo que se concretó solamente gracias a un gran subsecretario, creo que de apellido Harboe .
Si me preguntasen cómo votaría el proyecto, respondería que lo aprobaría en general; pero la verdad es que me preocupa su actual redacción.
Este es un tema conceptual, política e institucionalmente muy importante. Es raro que no esté el ministro del Interior y Seguridad Pública en un debate de estas características. Querámoslo o no, un conjunto de roles de las policías es compartido con organismos de seguridad privada, que aunque coadyuvantes han realizado una suerte de privatización de ciertos roles, práctica que está ocurriendo en el mundo entero debido a la complejización de las ciudades y de un conjunto de situaciones, de formas de vender, de comercializar, etcétera.
Debemos tener claro que estamos hablando de organismos que tienen tres o cuatro veces más personal que la policía chilena, que mueven entre 1.200 millones y 2.000 millones de dólares, lo que no solo corresponde a lo que se capta como ingresos, sino también a las fábricas que producen artículos relacionados, porque hoy existe un cluster de la seguridad privada, por decirlo de alguna forma.
Además, vemos que este sector está muy vinculado a otros organismos de la sociedad y de seguridad. Las alarmas de las casas informan a la policía para que reaccione ante eventuales delitos. Ese solo hecho indica la influencia que tiene en cuerpos públicos y privados de seguridad.
Tampoco podemos olvidar de que aquí hay una fuente de mucho riesgo. Con Jorge Burgos hicimos un análisis de los asaltos que afectaron en su momento a los bancos y a distintas instituciones financieras. En casi todos esos delitos estaban involucrados guardias que trabajaban en esos organismos de seguridad. O sea, aquí se está creando un poder dentro del poder, que ya existe en la realidad.
No quiero analizar todas las observaciones de los organismos de seguridad. Por ejemplo, en este ámbito hay mucha gente que perteneció en su momento a la CNI. Además, quien dirige a la asociación de AFP es, a su vez, abogado de todo el sistema.
Un señor DIPUTADO .-
¡ Willy Arthur!
El señor MONTES.-
Efectivamente, Willy Arthur .
Lo que quiero decir es que esos organismos de seguridad están muy imbricados con toda nuestra estructura de poder.
La Comisión de Seguridad manifestó durante mucho tiempo que se debía legislar, regular y enfrentar esta realidad. Cuando se envía un proyecto, uno siempre dice que es un avance respecto de no tener nada.
En la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, independientemente de los acuerdos que adoptamos posteriormente, convenimos en que debíamos avanzar, a pesar de tener cosas poco claras, que no estaban bien definidas, en el entendido de que eso posibilitaría que el conjunto de la Sala se involucre en el debate conceptual global de estas normas que tratan temas frontera, respecto de los cuales ni siquiera tenemos muy claros los aspectos conceptuales.
Entiendo que el proyecto vuelve a comisión y que ahora el espíritu de algunos diputados es distinto.
¿Cuáles son los problemas básicos del proyecto? Sin lugar a dudas, el problema en que coindicen -así lo entiendo- todos los sectores es determinar quién y cómo se va a dirigir este conjunto de funciones que se ejercen. En este punto hemos tenido problemas con el gobierno anterior y con el actual. Normalmente, el argumento es más bien de carácter financiero que de concepto institucional.
Muchos pensamos -tengo entendido que el diputado Cristián Monckeberg opinó en la misma dirección- que se requiere una dirección de este cuerpo a la altura de lo que esto va a significar y, por lo tanto, se necesita un organismo público con la calificación, con las condiciones tanto para normar como para asegurar que dichas normas se cumplan y que se puedan presentar reclamos, observaciones y propuestas. Porque esto tiene que ir madurando y desarrollándose.
Esto va a ser -ya lo es- muy grande. Las metas que se proponen y los objetivos a que se aspira son enormes. Por lo tanto, se requiere un organismo de iguales características.
¿Y qué nos propone el proyecto? Nos propone entregarlo a una Subsecretaría que dicte normas. Y, por otro lado, nos plantea que Carabineros debe asegurar que se cumplan las normas. Pero todos sabemos -no nos engañemos- que la mayor parte de los creadores y organizadores de este sistema corresponde a personas que fueron carabineros, que hoy son jubilados, y que tienen un vínculo con el tema -esto fue parte del debate inicial-, de manera que había que ir más allá.
Creo que, por la importancia, por la magnitud, por la gravedad, por los riesgos que esto tiene, hay que crear un organismo público de envergadura. Y me parece que hay acuerdo para votar en contra la propuesta del Ejecutivo a ese respecto.
Con relación al resto de las materias -porque hay un conjunto de otras cuestiones que se deben analizar-, es necesario destacar que también se regulan, entre otras cosas, las condiciones y posibles deficiencias de los guardaespaldas. Asimismo, se ha mencionado que se regulan los actos masivos, fundamentalmente culturales, porque en esos actos se debe cumplir un conjunto de funciones de seguridad, que podríamos llamar policiales, en orden a asegurar que las personas se encuentren en buenas condiciones.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Cómo se van a seleccionar esos equipos? ¿Cómo se van a formar? ¿Cómo se van a evaluar? ¿Cómo se van a controlar? ¿Está bien resuelto esto en el proyecto? Yo creo que no está adecuadamente resuelto. Sin duda, constituye un gran avance, pero además se requiere garantía de disciplina, de ética, de calidad del personal, de los equipos y de los roles.
Por ejemplo, se plantea que en la ley debe haber exigencias de dispositivos y de planes de seguridad respecto de las actividades que se realicen, y que se va a exigir que los diseñen. Entonces, no se trata solo de la voluntad de que esto exista, sino que tiene que normarse, incluso reglamentariamente. No creo que todo tenga que estar en la ley, pero ella debe contener el principio que guíe lo que hay que hacer a nivel reglamentario.
En definitiva, si bien la Comisión se demoró mucho en el estudio de esta ley en proyecto, porque era muy reglamentaria y muy de detalle, se trata de un tema frontera, nuevo, que me preocupa. Me gustaría que la iniciativa volviera a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, para darle una nueva vuelta y asegurar que salga más madura, porque aún no lo está. Una manera de trasladar nuestra responsabilidad es enviarlo al Senado y que esa instancia lo decante y lo haga madurar, tanto en la parte institucional como en el desarrollo y la organización. En todo caso, asumo la mayoría.
Lamento que en un proyecto de esta envergadura -si es que estamos de acuerdo en que tiene importancia- no haya estado presente el ministro del Interior y Seguridad Pública, porque esta materia forma parte de la organización general de nuestra sociedad, que será muy determinante para adelante, como ya lo ha sido hacia atrás.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , como se ha mencionado, este proyecto data del año 2009. Han pasado ya más de cuatro años y todavía no podemos tener una iniciativa sobre seguridad privada que dé garantías de fiscalización, de orden y de buen desarrollo, considerando el alto impacto que han tenido los sistemas de seguridad en nuestro país.
Este proyecto establece claramente sus objetivos, que son: refundir y sistematizar las regulaciones vigentes en materia de seguridad privada, actualizar la regulación vigente en materia de seguridad privada, uniformar criterios en la aplicación de la ley, transparentar las actividades y responsabilidades de los proveedores de seguridad privada -que no están para nada claras-, elevar el nivel de capacitación de quienes ejercen labores en materia de seguridad privada, y hacer que quienes con sus actividades aumentan los riesgos de la población internalicen los costos sociales asociados a dicha actividad.
¿Qué dice el proyecto y cómo define la seguridad privada, aclaración a la que la Comisión dedicó mucho tiempo? Que la seguridad privada es el conjunto de actividades o medidas de carácter preventivo que son coadyuvantes -esto es muy importante- y complementarias de la seguridad pública, destinadas a la protección de las personas, los bienes y los procesos productivos que se encuentran en recintos previamente delimitados, realizadas por personas naturales o jurídicas de derecho privado debidamente autorizadas en la forma y condiciones que se establecen en la ley.
¿Por qué hago esta definición? Porque queda claro en esta ley en proyecto que las empresas de seguridad privada son coadyuvantes de quienes están por ley encargados de la seguridad pública, que fundamentalmente son las fuerzas de Carabineros de Chile.
Está claro que se trata de un negocio que ha ido en permanente crecimiento. Recuerdo haber escuchado, en los años 80, a personas que venían del extranjero y traían empresas de seguridad a Chile. Y yo pensaba: “¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer negocio?”. Admiraba que se hubieran atrevido a iniciar empresas de seguridad.
Hoy ni siquiera tenemos clara la cifra de empresas de seguridad que trabajan en el país. Según el proyecto, tenemos 1.024 empresas de seguridad. Recuerdo que el diputado Harboe habló de 2.400.
Sabemos que se trata de una industria que genera más de 1.500 millones de dólares al año y que presta servicios, entre otras, a instituciones bancarias y financieras, a empresas transportadoras de valores, etcétera. En general, sirve de apoyo al giro bancario, a empresas de gran riesgo y de gran importe, desde el punto de vista económico.
Por otra parte, destaco que la iniciativa no solo menciona los recursos materiales y tecnológicos que se pueden incluir, tales como los sistemas de comunicación, las alarmas de asalto, las cámaras de vigilancia y los protocolos autorizados por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Un punto importante, que concentró el mayor trabajo de la Comisión y en lo que quizá se demoró más de lo que hubiéramos querido, dada la urgencia de legislar en esta materia, fue determinar quién va a controlar la enorme cantidad de empresas de seguridad. El proyecto establece claramente que una empresa de seguridad debe tener su programación y todo su proyecto aprobado por Carabineros de Chile, supervisado y visado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Dicha subsecretaría requerirá un informe de Carabineros. O sea, el gran trabajo de fiscalizar y de aprobar el proyecto lo llevará Carabineros de Chile, y la subsecretaría dará la autorización correspondiente. Se crea una nueva unidad, con un jefe de servicio responsable.
Sin embargo, varios diputados y diputadas pensamos que una actividad de este tipo debió encargarse a una superintendencia, tal como existe para otras entidades, como las instituciones financieras, las isapres, las AFP y tantas otras, dada la gran cantidad y diversidad de empresas de seguridad. Es muy distinto proteger a empresas que transportan valores que a un sector de la población, como un barrio residencial.
Hay un acuerdo de votar en contra el referido artículo, para seguir analizando cuál es la mejor forma de resguardar la seguridad privada, el buen comportamiento y el correcto funcionamiento de todas esas empresas.
Por otra parte, permanentemente nos informamos a través de los medios de comunicación de situaciones relacionadas con guardias de seguridad privados. Si bien la ley establece claramente quiénes pueden ser guardias de seguridad privados, que no pueden tener antecedentes, que deben tener una formación y capacitación registrada en el OS-10 de Carabineros, sabemos que muchas personas contratan guardias que no cumplen con todos esos requisitos, lo que indica que esa exigencia no está bien fiscalizada, y muchas veces se producen problemas complicados en los supermercados o en algunas tiendas del retail.
Por lo tanto, es claro que se necesita reforzar los requisitos respecto de quiénes pueden ser guardias de seguridad y la capacitación que deben tener para efectuar una labor tan compleja y cada día más recurrente -por desgracia-, como es la seguridad privada en el país.
En el proyecto se establece que Carabineros deberá fiscalizar a las empresas de seguridad privada, pero no hay que olvidar que se calcula que más de 150.000 personas se encargan de esa labor de carácter privada, cantidad que triplica la dotación de Carabineros, que llega a aproximadamente 50.000 efectivos.
También debemos considerar que, durante los primeros meses del año pasado, Carabineros concurrió a 567.000 procedimientos originados por alarmas de seguridad y situaciones de emergencia en todo el país, de los cuales 112.000 correspondían a llamados de empresas de seguridad. Sin embargo, el 98,9 por ciento de esos llamados correspondían a falsas alertas.
Es decir, además de tener que llevar a cabo la labor de fiscalización, Carabineros se ve recargado por la enorme cantidad de falsas alarmas y por los llamados de las empresas privadas de seguridad. O sea, tal como dijo un señor diputado , en muchos casos las empresas de seguridad se convierten en una central telefónica para avisar a Carabineros de una situación de alarma que la policía debe concurrir a revisar. Eso no lo debería hacer la seguridad privada.
Sin perjuicio de que ante la comisión de un delito la institución que debe concurrir es Carabineros, las empresas de seguridad deberían ser más facilitadoras del control de la fiscalización, mediante la utilización de vehículos propios y con la presencia de guardias que acudan rápidamente al lugar donde se genera la alarma, tal como ocurre en la municipalidad de Vitacura, que cuenta con un sistema de alarma y con una central de llamados que permite a sus vigilantes llegar en minutos al lugar de los hechos desde el que se ha denunciado una situación de emergencia.
La recepción de más de 700 falsas alarmas al día durante el primer semestre del año en curso, provenientes de empresas de seguridad, implican una pérdida enorme de recursos institucionales.
Por lo tanto, se necesita disponer de mejores metodologías para la verificación de las alertas, así como el establecimiento de una multa importante para el caso de alarmas falsas. Al respecto, el representante de la Asociación de Empresas de Alarmas y Seguridad explicó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas que las alertas falsas surgen debido a que el estándar de la industria no está regulado mediante un reglamento.
El Ejecutivo propone que las entidades financieras deberán pagar una multa de 60.000 pesos por la activación de una alarma falsa, sanción que, a mi juicio, no resuelve el problema, puesto que para esas instituciones es más fácil pagar ese monto que terminar con un sistema que concentra tantas responsabilidades en Carabineros de Chile.
También es interesante que el proyecto de ley en discusión proponga una serie de otras normas en materia de seguridad privada respecto de situaciones que hoy no están muy bien reguladas, como la seguridad en los eventos masivos, materia sobre la que ha habido una discusión permanente. La Ley de Violencia en los Estadios dispone que las empresas responsables de eventos de carácter masivo deben contar con sistemas de seguridad privada. No sé si eso se establece para todo tipo de eventos, pero lo que no debe ocurrir es que las empresas que lucran producto de la realización de un evento masivo soliciten a Carabineros que lleve a cabo labores de fiscalización o que disponga de un contingente de seguridad para garantizar su buen desempeño.
Muchas veces se ha planteado que se debería pagar a Carabineros por brindar ese tipo de protección, situación que, como es obvio, nunca llegará a ser realidad. Sin embargo, el proyecto sometido a nuestra consideración pone énfasis en que los que realicen eventos privados también deberán pagar por la seguridad. En todo caso, se debe determinar la calidad del personal de seguridad que estará a cargo del resguardo de esos eventos, que en la actualidad es muy dudosa.
Por último, quiero señalar que votaremos a favor la iniciativa, porque no creemos que deba volver a ser tramitada por la comisión técnica, instancia en la que ha estado radicada durante aproximadamente cuatro años. Soy partidaria de apoyar el proyecto, sin perjuicio de las dudas que provoca el artículo 56, el que fue rechazado en la Comisión, debido a que considero que se debe crear una superintendencia que regule esas empresas, razón por la que espero que el Senado proponga las modificaciones que se deben llevar a cabo; de lo contrario, nunca contaremos con un reglamento, el cual se requiere con urgencia, para regular la seguridad privada en el país.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Quiero reiterar a las señoras diputadas y a los señores diputados la sugerencia de que, en lo posible, reduzcan el tiempo de su intervención, porque aún quedan seis diputados inscritos para hacer uso de la palabra y solo restan 25 minutos para que concluya el tiempo destinado a la discusión de esta iniciativa.
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente , me atendré a su sugerencia.
La iniciativa en debate lleva más de cuatro años en la Cámara de Diputados, razón por la cual sería una lástima prolongar su discusión por más tiempo.
Por eso, la proposición que hemos hecho todos los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, en forma transversal, así como los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, es que la Sala apruebe el proyecto en los mismos términos en que lo hicieron las comisiones señaladas, con el objeto de dejar constancia ante el Senado -que deberá tratar la iniciativa en segundo trámite constitucional- de cuáles son las disposiciones respecto de las que existen discrepancias.
En 2010, junto con los diputados Felipe Harboe y Jorge Burgos , pedimos al entonces ministro del Interior y Seguridad Ciudadana , señor Rodrigo Hinzpeter , que el Ejecutivo presentara una indicación para incorporar la creación de la Superintendencia de Seguridad Privada. ¿Por qué es necesaria la creación de una superintendencia para efectuar la supervigilancia de ese mercado? Porque, tal como lo señalaron los diputados Carlos Montes y Enrique Jaramillo -quien me hizo una consulta al respecto-, en el país 125.622 personas laboran en el mercado de la seguridad privada, de los cuales 114.622 trabajan como guardias y 11.600 como vigilantes privados, los que están autorizados a portar armas. Por eso, es muy importante que las labores de fiscalización y control de ese mercado sean llevadas a cabo por una Superintendencia de Seguridad Privada, y no que estas sean entregadas a una división de seguridad privada de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Quiero aprovechar la oportunidad para señalar que echo de menos la presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública en este debate, así como la del subsecretario de Prevención del Delito . Desconozco si se pidió la autorización de la Sala para autorizar el ingreso del señor Cristóbal Lira , pero considero que su presencia es fundamental.
El proyecto de ley en debate fue originado en mensaje, pero resulta curioso que seamos quienes integramos las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Hacienda los que hemos instado a la Sala a aprobarlo, porque se trata de un tema país que debiera ser prioritario en la agenda de seguridad ciudadana. Cuando en esta Sala se discuten iniciativas relacionadas con la represión de las manifestaciones sociales, sí contamos con la presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública .
Reitero que espero que el proyecto se apruebe en los mismos términos en que lo hicieron las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Hacienda, con el objeto del dejar constancia de los artículos rechazados.
La semana pasada, en un supermercado de Coquimbo, un joven de 20 años de edad, quien presuntamente había hurtado una bandeja con carne, murió durante la retención de que fue objeto en una sala de seguridad de ese recinto, a mano de cuatro guardias.
Por lo tanto, ¡cómo no va a ser importante regular ese mercado a fin de determinar qué se les exigirá a las personas que se desempeñen como guardias o vigilantes!
En el proyecto se propone que los guardias de seguridad no solo deberán tener cuarto año medio rendido, sino que, en el caso de los vigilantes, que están autorizados a portar armas, estos deben tener 21 años de edad, así como las condiciones físicas y sicológicas adecuadas para ejercer el cargo. Además, al igual que en el caso de los guardias, no deben haber sido condenados por crimen o simple delito ni por actos de violencia intrafamiliar. Se trata de los requisitos mínimos que se les deben exigir a las personas que ejercerán labores de guardias de seguridad.
En ese sentido, a propósito del cruel asesinato del subteniente de Carabineros Daniel Silva , abatido hace pocos meses, tras un enfrentamiento con delincuentes durante un asalto a una caja de compensación, es fundamental que las empresas privadas que trasladan valores de los bancos y las cajas de compensación -las que están a cargo del pago de las pensiones- cuenten con sistemas de vigilancia y con guardias y vigilantes de seguridad.
Por eso, junto con destacar el trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas -a cuyos integrantes agradezco que me hayan designado diputado informante del proyecto-, quiero señalar que hemos instado al Gobierno a hacer presente la urgencia de discusión inmediata. De allí que agradezco que después de cuatro años finalmente lo hayamos logrado.
Por lo tanto, una vez más hago un llamado a la Sala a aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hicieron las Comisiones respectivas, tanto con los artículos aprobados como con los rechazados, de manera de dejar constancia ante el Senado de las disposiciones aprobadas y rechazadas. Ojalá que en el segundo trámite constitucional en la Cámara Alta, o en el tercer trámite, logremos que se cree la Superintendencia de Seguridad Privada, que es lo que este mercado necesita.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , como plantearon otros parlamentarios, el proyecto aborda una materia sobre la cual es necesario legislar. Evidentemente, la seguridad privada es un tema relevante en el país. De acuerdo con las cifras entregadas en las comisiones respectivas, el número de agentes de seguridad privada es prácticamente el triple del de agentes que los organismos del Estado tienen para la seguridad pública. Es importantísima la cantidad de personas que ejercen funciones de seguridad privada en el país. En la Comisión de Hacienda se mencionó que entre 140.000 y 150.000 personas dependen de esta actividad. Carabineros cuenta con aproximadamente 50.000 funcionarios. Por cada carabinero en Chile hay tres guardias de seguridad privada. Algunos de ellos portan armas, como es el caso de los guardias a cargo de la seguridad de los camiones que transportan valores de los bancos. Otros cuentan con elementos especiales de seguridad que el resto de los mortales en Chile no tiene.
Por lo tanto, es necesario regular el sistema de seguridad privada. Pero regularlo significa no solo otorgar capacitación o dotar de ciertos elementos al personal que desarrolla esta actividad, sino también establecer una fiscalización clara por el Estado.
De acuerdo con algunos estudios que hemos tenido oportunidad de analizar, existe una cantidad importante de empresas que solo ofrecen servicios de “horas guardia” -por así llamarlos- o de alarmas, y punto, pero no un sistema de seguridad privado. Además, en muchos casos, las personas que ejercen las “horas guardia” no tienen capacitación ni idoneidad para cumplir esa función. Por cierto, regular aquello es responsabilidad del Estado.
Cuando se discutió lo relativo a la fiscalización de las actividades de seguridad privada, el Gobierno dijo: “que fiscalice Carabineros”. En verdad, me parece razonable que sea Carabineros el principal actor público que fiscalice el sistema de seguridad privada, pues se trata de una labor que debe desarrollarse en las calles, como se señaló en el informe. Por ello, comparto ese planteamiento formulado en la Comisión. No obstante, hay que hacerlo con una mirada que aborde el aspecto administrativo y con una regulación adecuada, que permita que se cumpla con los objetivos de ese servicio. Es necesario que las empresas y que cada una de las personas que desarrollan actividades de seguridad privada estén registradas. No es posible que el Estado tenga identificados a todos nuestros carabineros con número de placa -la institucionalidad de Carabineros tiene clara conciencia de dónde está y de que hace cada uno de sus funcionarios-, pero que en el área de la seguridad privada, tan difusa, no tenga claridad de lo que está ocurriendo, ni conozca a la enorme cantidad de personas que desarrolla esa labor.
Por eso, comparto que es necesario que el Estado establezca una regulación y una mayor fiscalización de esa actividad.
Si despachamos el proyecto tal como fue aprobado por las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, y de Hacienda, tendremos a tres o cuatro funcionarios sentados en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en Santiago, en La Moneda, trabajando tal vez con un par de monitores, pero con cero posibilidad de controlar que la ley se aplique. En consecuencia, esta futura ley será letra muerta, porque no habrá un sistema operativo de control y de fiscalización de las empresas de seguridad pública.
Por ello, me parece relevante que este aspecto se corrija o mejore. Así como está, el proyecto puede parecer un paso adelante; pero yo diría que es un paso atrás, porque hoy Carabineros, al menos, tiene algunas atribuciones para el control de los cuerpos privados de seguridad. Si con esta iniciativa no entregamos facultades de fiscalización real a Carabineros o a algún otro organismo, no lograremos el efecto deseado.
El diputado que habla está disponible para avanzar en que se establezca una fiscalización adecuada, porque me parece un tema relevante, aunque no hemos llegado a consenso. Algunos dicen que entregar esta función a Carabineros significaría sacarlos de las actividades propias que deben desarrollar en terreno. Al contrario, diría que si somos capaces de hacerlo bien, esta medida implicaría poner en la calle no a 50.000 sino que a 200.000 funcionarios que estarán preocupados de la seguridad, unos en el área privada y otros en el área pública. Pero -reitero- ello debe estar bien regulado.
Me parece que este es un proyecto importante, que aborda una materia sobre la cual debemos legislar, pero que adolece de problemas serios. Si no establecemos una buena regulación y una fiscalización adecuada al sistema de seguridad privada, no tendremos buenos resultados y esta futura ley será letra muerta.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , la tramitación que se dio al proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas fue realmente encomiable, pues se trataba de un texto, primero, de muy larga data y, segundo, tedioso en algunas disposiciones, lo que provocaba que no fuera fácil de despachar.
Sin embargo, se sacó el proyecto. Aunque no es lo óptimo, como se ha expresado en la Sala, no olvidemos que a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno.
La iniciativa recoge y regula una realidad que está insuficientemente normada, como es la seguridad privada. Ciertamente, el decreto ley N° 3.607, de 1981, es absolutamente insuficiente para regular el desarrollo de esta industria, que ya genera, ni más ni menos, según manifiesta la Cámara Chilena de Comercio, recursos por 1.500 millones de dólares. Por otro lado, la ley N° 19.303, sobre seguridad de las personas, también es insuficiente, atendida la realidad de la sociedad de hoy y la inseguridad. Por ello, es muy importante regular la industria de la seguridad privada.
El único inconveniente que retrasó la aprobación del proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas fue lo que aquí se ha reiterado, entre ellos el diputado Montes: muchos diputados estimaban que debía crearse una Superintendencia de Seguridad Privada. En su momento, pensamos que podría ser interesante la creación de dicha institucionalidad.
No obstante, a nuestro juicio, el contenido del proyecto era lo mínimo, pero suficiente, para seguir adelante con cosas más importantes, como la regulación de la actividad de los investigadores privados. La industria de los investigadores privados ha crecido mucho. Atendida la reforma procesal penal, no hay ningún estudio de abogados penalistas que no tenga investigadores privados, toda vez que es necesario realizar investigaciones que colaboren con la que desarrolla el Ministerio Público, sobre todo cuando el abogado representa al imputado o, con mayor razón, al querellante.
A pesar de que tenga todas las falencias que se han señalado, estoy muy contento de que durante nuestra presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana se haya aprobado el proyecto, y de que hoy se esté discutiendo en la Sala. Espero que se apruebe y que el Senado de la República lo perfeccione.
Considero que la Superintendencia de Seguridad Privada estará presente en la discusión, pero no debemos retrasar el despacho de este proyecto; aprobémoslo, para que exista una ley marco sobre regulación de esta industria de la seguridad privada, porque ello permitirá que haya mayor seguridad para quienes desarrollan esta actividad y para la ciudadanía que muchas veces reclama este tipo de servicio.
Reitero mi satisfacción porque estoy seguro de que la honorable Cámara aprobará este proyecto, espero que en forma unánime, atendido el hecho de que tiene los fundamentos adecuados y las disposiciones necesarias para regular esta industria de la seguridad privada de acuerdo con la realidad, quedando pendiente solo el perfeccionamiento de su institucionalidad.
Por lo tanto, concurriré con mi voto a la aprobación del proyecto de ley.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo) .-
Señor Presidente , solo expondré algunas reflexiones, desde mi expertise de abogado especializado en derechos humanos, sobre algunos aspectos bastante llamativos que me causan cierta molestia y preocupación.
Se ha señalado que uno de los objetivos del proyecto es resguardar los derechos individuales relacionados con la seguridad pública, uno de los cuales es el derecho a la intimidad que, por supuesto, está garantizado por nuestra Constitución Política.
Pero quiero referirme a una situación que resulta preocupante. ¿Qué es un investigador privado? El artículo 33 del proyecto dice: “Son investigadores privados las personas naturales que realizan actividades tendientes a la obtención y aporte de información relativa a hechos de carácter privado o derivados de algún proceso judicial a instancias de alguno de los legitimados en éste.”. Una persona que se ocupe de obtener antecedentes o información de carácter privado debe estar sometida a una regulación. Pero me pregunto: ¿qué pasa con el derecho a la información? Es lo que ha caracterizado al periodismo investigativo. Es decir, para que un periodista pueda obtener información sobre hechos privados, ¿debe tener una licencia o inscribirse en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública? Me parece que es inaudito, porque lo que estamos haciendo, en buenas cuentas, es cerrar la puerta al periodismo investigativo y, prácticamente, sería necesario transformar a los periodistas en detectives privados, lo que no corresponde.
Pero, a contrapelo, aquí le estamos dando más importancia a la intimidad que a un derecho tan fundamental como es el derecho a ser informado sobre hechos privados que interesan a la opinión pública porque son relevantes, aunque a veces no estén en la esfera pública. En consecuencia, considero que el artículo 33 vulnera, derecha y francamente, el derecho a la información y a ser informado, garantizado por la Constitución Política.
Además, si la intimidad nos importa tanto como para regular a la persona natural que busca antecedentes o hechos de carácter privado, me parece absurdo que el inciso cuarto del artículo 34 establezca lo siguiente: “Asimismo, deberán informar a la Prefectura de Carabineros respectiva la totalidad de las investigaciones que estén realizando.”. Es decir, una persona que ha sido contratada para hacer una investigación privada está obligada a entregar toda la investigación que esté realizando a la Prefectura de Carabineros respectiva. ¿Por qué un periodista o un investigador privado debe entregar toda la investigación que está realizando a una prefectura de Carabineros? Este es un verdadero despropósito. ¿Para qué se le da la posibilidad de investigar si después debe entregar toda la investigación privada sobre determinada persona a una prefectura? Me parece que eso tampoco corresponde.
Por otra parte, el inciso segundo del artículo 36 dispone: “Asimismo, el investigador privado que intercepte comunicaciones telefónicas será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 161-A del Código Penal.”. Es la misma sanción que se le aplica a cualquier privado señalado en dicho artículo. Si un investigador privado intercepta un teléfono, la pena debería ser aumentada porque para ejercer su profesión se estaría valiendo de intercepciones telefónicas o de las comunicaciones. De manera que no podemos aplicarle la misma sanción establecida en el artículo 161-A, sino agravarla; de lo contrario, estaría siendo considerado como cualquier persona particular.
Otra norma que me causa preocupación es el artículo 37, que dispone: “Escolta personal o guardaespaldas es toda persona que es contratada a cualquier título para proteger o otra del riesgo de ser víctima de un delito.”. Creo que es una definición muy restrictiva, porque los escoltas o guardaespaldas, en general, no son contratados solo para proteger a determinadas personas del riesgo de ser víctimas de un delito, sino también para proteger, por ejemplo, a los artistas o a los futbolistas, pero no de la posibilidad de ser víctimas de algún delito, sino del acoso de sus fans. Por lo tanto, considero innecesario restringir la acción de un escolta o guardaespaldas a la protección de personas del riesgo de ser víctimas de un delito.
Sin ser un gran defensor de la libertad económica, no estoy de acuerdo con el inciso segundo del artículo 37, que establece: “Solo podrán contratar escoltas personales o guardaespaldas aquellas personas que determine el reglamento de esta ley.”. Esto equivale a dejar entregada una actividad económica a un reglamento, lo que está prohibido por la Constitución Política. Las limitaciones a una actividad económica solo pueden ser impuestas por ley, no por un reglamento. Es decir, se atenta contra lo que establece la Constitución Política, porque dejar entregado a un reglamento quién puede ser escolta o guardaespaldas atenta contra la libertad económica.
Es más, el artículo 39 dispone que los servicios de escolta o guardaespaldas solo podrán prestarse a través de una persona jurídica, en circunstancias de que la regulación que estamos discutiendo se refiere a que esta actividad puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas; pero en este caso se pone un límite, al establecer que los guardaespaldas solo pueden ser contratados a través de personas jurídicas. Por tanto, aquí también se atenta contra la libertad económica.
Como dije, no soy la persona más indicada para defender la libertad económica, pero el proyecto contiene una limitación flagrante y artera a que cualquiera persona pueda ejercer la actividad de escolta o guardaespaldas.
En consecuencia, hay derechos y libertades esenciales que resultan menoscabados en este proyecto, razón por la cual debe ser analizado nuevamente; de lo contrario, estaremos aprobando una iniciativa que atenta contra derechos garantizados por la Constitución Política.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , en primer lugar, considero válido hacer una reflexión en cuanto a que lo que nuestro país y la ciudadanía demandan en forma creciente es seguridad, pero seguridad pública.
La seguridad no puede ser un elemento que quede sujeto a las reglas del mercado; más bien, debe ser potenciado y fortalecido el rol público de la seguridad, toda vez que, desde el minuto en que se renuncia a ella y se entrega al mercado, hay un sector de la sociedad que carece de los recursos económicos suficientes para poder costearla. Por tanto, vamos a extender las desigualdades a un ámbito fundamental, como es el de la seguridad y el derecho a la tranquilidad.
Mucho se ha hablado respecto del estado de la industria de la seguridad privada. Hoy, en Chile, tenemos una industria de la seguridad privada que mueve, según los últimos informes, más de 1.056 millones de dólares al año, que ha tenido un crecimiento promedio de 9 por ciento, y que existen 2.800 empresas que generan más de 180 mil empleos directos. Estas son las cifras que mueve esta industria. Lamentablemente, la regulación que existe es bastante antigua y está sujeta a decretos leyes de la década del 80. Por eso, todos los actores públicos y privados que pasaron por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas coincidieron en la necesidad de establecer una nueva regulación.
Como digo, tenemos una regulación anacrónica que ha permitido el surgimiento y la evolución de una industria de la seguridad privada completamente desregulada y de mala calidad, lo que hace que, al final del día, el ciudadano carezca de derechos para hacer valer sus garantías fundamentales. Incluso, en el caso de las alarmas de seguridad, muchas veces ni siquiera queda bajo el amparo de las normas de protección al consumidor.
Actualmente, la regulación está centrada principalmente en la fiscalización del OS-10 de Carabineros. Al respecto, cuando una persona contrata un servicio de seguridad privada -guardias de seguridad- supone la existencia de personal debidamente calificado. Sin embargo, observar un tipo de publicidad como el que tengo en mis manos, en que se promociona el convertirse en guardia de seguridad en tan solo doce días, con el respectivo certificado del OS-10 de Carabineros, produce vergüenza.
Entregar la seguridad privada de un condominio, de un recinto o de un banco a una entidad llamada Academia Nacional de Seguridad de Chile, que en doce días forma a los guardias de seguridad, obviamente no es lo corresponde validar. Por eso, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se envió un proyecto de ley sobre seguridad privada, que se ha demorado, como ya se ha señalado, más de cuatro años y que ha sido corregido en un conjunto de elementos, pero en el que, lamentablemente, no se llegó a un acuerdo en el punto principal.
Aquí, se requiere una institucionalidad pública fuerte, capaz de fiscalizar a una industria millonaria. Hoy, existe el negocio de la inseguridad, del miedo y del delito, que es un buen negocio para esta industria. Por lo tanto, se requiere de una superintendencia que, con una buena ley, regule a esta industria, a este mercado, y otorgue a los ciudadanos garantías frente a la contratación de servicios de seguridad. El proyecto en discusión es bien intencionado, pero está mal logrado.
En materia de institucionalidad, el Título VII, artículos 54 y 55, le otorga a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de la División de Seguridad Pública, la supervigilancia de esta industria.
Sin embargo, a partir de mi experiencia en el Ministerio del Interior, en especial en temas de seguridad, considero prácticamente imposible que un ministerio, particularmente una subsecretaría, se puedan hacer cargo de esta función. Se requiere independencia del poder político y, en este caso, de personas que tengan una carrera, una trayectoria en esta materia, que sean expertos capaces de regular la actividad.
Por otra parte, me llama profundamente la atención la insistencia del Gobierno para incorporar dentro de esta regulación el sistema de escoltas personales o guardaespaldas.
Al respecto, el diputado Cristián Monckeberg en la discusión en la Comisión planteó abiertamente que era altamente inconveniente incorporarlos en esta regulación, que además estaba mal lograda. El diputado Giovanni Calderón también coincidió en lo mismo.
Por nuestra parte, planteamos que si se va a regular esta actividad, que se haga de buena forma y completa. Hoy, la regulación que se está planteando, lejos de ser un aporte, va a generar una legitimación, desde el punto de vista legal, de esta actividad y va a crear una arbitrariedad respecto de los servicios, razón por la cual, en estas materias, votaré en contra.
Ahora bien, en materia de investigadores privados, el artículo 33 está igualmente muy mal logrado y es peligroso, porque generará la posibilidad de que terceras personas puedan involucrarse en la vida privada de otros, las cuales estarán legitimadas gracias a una mala regulación.
Por último, también fuimos bastante explícitos con el Gobierno, en el sentido de que la regulación de los eventos masivos, de acuerdo al derecho comparado, se hace a través de leyes especiales. No corresponde que en esta futura ley se haga una regulación que será incompleta y que puede llevar finalmente a una distorsión del actual mercado de la seguridad privada en eventos masivos e, incluso, a su confusión con el rol de la seguridad pública.
Por las razones anteriores, anuncio mi voto en contra de varios artículos de este proyecto de ley que, fundamentalmente, son los mismos que voté en contra en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Ha terminado el tiempo destinado a la discusión de este proyecto.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, originado en mensaje, sobre seguridad privada, con la salvedad del artículo 65, por tratarse de una norme orgánica constitucional, y de los artículos 3°, inciso cuarto; 7°, inciso primero; 8°, inciso primero; 16, inciso final; 41, inciso primero, y 42, por tratarse de normas de quorum calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar en general los artículos 3°, inciso cuarto; 7°, inciso primero; 8°, inciso primero; 16, inciso final; 41, inciso primero, y 42, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 61 diputadas y diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el artículo 65, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 69 diputadas y diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se daría por aprobado el proyecto en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado los quorum constitucionales correspondientes, con la salvedad de los artículos 33 a 48, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Burgos.
¿Había acuerdo?
El señor MONTES.-
Señor Presidente, pido votación.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar en particular todo el articulado, con excepción de los artículos 33 a 48, cuya votación separada ha sido solicitada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvieron los diputados señores:
Muñoz
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar los artículos 33 a 48, cuya votación separada ha sido solicitada, con la salvedad del inciso primero del artículo 41 y del artículo 42, por tratarse de normas de quorum calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el inciso primero del artículo 41 y el artículo 42, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 61 diputadas y diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Despachado el proyecto.
El señor AGUILÓ.-
señor Presidente , en la votación anterior figuran 65 votos a favor, en circunstancias de que su señoría advirtió que se trataba de normas que requerían quorum de ley orgánica.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señor diputado , las normas votadas eran de quorum simple.
INCREMENTO DE SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS Y CREACIÓN DE FONDO DE APOYO REGIONAL (FAR) [Tercer trámite constitucional][boletín N° 8289-15]
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el Fondo de Apoyo Regional (FAR).
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 61ª de la presente legislatura, en 26 de agosto de 2013. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Pablo Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ ( ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente , me gustaría destacar algunos aspectos de este proyecto, que considero realmente excepcionales.
La iniciativa se enfoca por entero en el tema regional. La discusión sobre las mejoras al Transantiago se encuentra alojada en la Dirección de Transporte Público; lo que se discute en este proyecto respecto del Transantiago es solo acerca de los fondos. El resto del proyecto se planteó para mejorar la capacidad de abordar los desafíos regionales.
En la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados se discutió la elaboración de un proyecto que consensuara las visiones de todos los actores políticos. Por eso, cuando se votó en la Cámara de Diputados, obtuvo 107 votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra.
En el Senado se realizó un análisis detallado y nos concentramos en mejorar las habilidades para ejecutar los proyectos en regiones. Por eso, se incorporan los nombramientos mediante el sistema de Alta Dirección Pública y se entregan fondos para que haya equipos técnicos en regiones. Al respecto, se reconoce que la problemática de transporte es más bien local y no nacional; hay desafíos nacionales, pero el esfuerzo más grande es de carácter local, por lo cual se designan técnicos especialistas en cada una de las regiones.
Además, se discute la fórmula de licitación versus el perímetro de exclusión, el cual es una fórmula muy buena en muchos casos. Asimismo, se establece el rol del panel de expertos; existirá mayor transparencia y mejor información, y, además, se introducen correcciones menores al proyecto original. La votación en el Senado fue de 26 votos a favor, una abstención y un voto en contra.
En suma las modificaciones que se introdujeron al proyecto, así como el cuerpo principal de este fueron sólidamente discutidos, analizados y consensuados antes de pasar a las respectivas Salas de ambas corporaciones.
En lo esencial, hay un aumento de fondos, llegando, en total, a 370.000 millones de pesos para Santiago y la misma cifra para regiones. Se discutió en profundidad sobre la necesidad de ejecutar bien los fondos en las regiones.
Estamos frente a un proyecto muy positivo y que, reitero, ha sido ampliamente debatido en ambas cámaras.
Mi solicitud a la Sala es que se apruebe el proyecto lo antes posible y con un apoyo transversal, porque es lo que la gente espera de todos nosotros.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , por su intermedio, vaya mi saludo al ministro .
Es de justicia señalar que celebramos la forma como el ministro de Transportes y Telecomunicaciones se ha esforzado por sacar adelante este proyecto de ley, de claro impacto sobre la calidad del transporte colectivo a lo largo del país.
Quienes representamos a comunas con altos niveles de ruralidad somos más conscientes de que la conectividad sigue siendo uno de los grandes problemas de comunidades, las que se ven impedidas de cualquier proyecto de mejoramiento económico y social, y se quedan por largos períodos impedidas de poder entrar o salir de sus localidades.
En La Araucanía existe, además, la agravante de que buena parte de los caminos rurales -probablemente, la mayor red vial a nivel mundial para unir comunidades indígenas- se ven enfrentados a la presión del deterioro por las condiciones climáticas y, lo que es más grave, por las grandes explotaciones forestales, que desde el inicio de la primavera comienzan sus operaciones transportando enormes volúmenes de carga y de peso, sin compensar ni mitigar de manera alguna los daños que ocasionan a los caminos rurales.
Por eso, para nosotros es de gran importancia que el Fondo de Apoyo Regional pueda servir no solo para financiar grandes obras de infraestructura y conectividad, sino también para asegurar la conservación y ampliación de los caminos rurales existentes.
Este punto fue debatido en varias oportunidades en las Comisiones Unidas de Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda del Senado. Sin embargo, de la sola lectura de sus actas y de la redacción casi sin modificaciones del texto que llegó a la Cámara, no resulta del todo claro de qué manera estos recursos que, según entendemos pueden ser empleados para estos fines, se armonizarán con los recursos permanentes que la Dirección de Vialidad, a través del Ministerio de Obras Públicas, contempla para estos fines.
En definitiva, no queremos que bajo el alero de esta futura ley se esconda una operación financiera en la que, en el fondo, dinero cambie de denominación presupuestaria, pero que siga siendo el mismo dinero dándose vueltas. Sería como cambiar la plata de un bolsillo a otro, y no entregar aportes nuevos y frescos para mejorar la disponibilidad presupuestaria existente hasta este momento.
Por lo expuesto, solicito expresamente al señor ministro de Transportes que nos explique en detalle este punto, a fin de adoptar una decisión informada y esclarecer, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, su verdadero sentido y alcance.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , este proyecto fue estudiado en la Comisión con mucha profundidad. En ese sentido, todo lo que dijo el ministro es cierto. En la Cámara, el proyecto fue aprobado por 107 votos a favor, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión. Por su parte, el Senado lo aprobó por 26 votos a favor, uno en contra y una abstención. Por lo tanto, las dos Salas plenarias aprobaron los textos de sus respectivas comisiones. Sin embargo, falta consensuar la posición de las dos Cámaras, por cuanto no hay afinidad alguna entre ambos textos. Tenemos, por un lado, lo que aprobó la Cámara por 107 votos a favor, y estamos absolutamente convencidos de que hicimos el mejor proyecto; pero la Cámara Alta lo modificó sustancialmente; los senadores aprobaron lo que quisieron aprobar. En consecuencia, creo que la iniciativa debería volver a Comisión.
Voy a referirme a otra cosa que me llama profundamente la atención. Nosotros tenemos un compromiso serio en relación con la modificación del artículo octavo transitorio de la ley N° 20.378. El ministro conoce una grabación -para qué vamos a entrar en detalle- en la que se plantea que los empresarios “podrán” dar lo que corresponde a los choferes por boleto cortado. Como se dice “podrán”, nunca se lo han dado, porque aseveran que pierden plata. No es así, porque cuando se subsidia al empresario se le paga el porcentaje restante del pasaje. El Senado no abordó esa materia, fundamentalmente para que los choferes reciban el porcentaje total por boleto cortado. Me explico. Si el pasaje cuesta cien pesos, pero se, rebaja a setenta, y el Estado financia los otros treinta pesos, sin duda ahí se enteran los cien pesos. Sin embargo, el 99 por ciento de los empresarios paga a sus choferes utilizando como base de cálculo el 70 por ciento, los que, por lo tanto, no reciben el total de la plata que deberían percibir.
Ese fue un compromiso que adquirimos en la Comisión con la gente que vino en dos oportunidades. También adquirimos un compromiso con el ministro ; pero, por extraña coincidencia, en el Senado llegaron hasta el artículo sexto transitorio.
¿Cómo vamos a aprobar las modificaciones del Senado, en circunstancias de que adquirimos ese compromiso? No es que no estemos de acuerdo con el proyecto; al contrario, estamos absolutamente de acuerdo con él. Pero no podemos dejar en la estacada a la gente que creyó en nosotros, en el sentido de que esto se iba a modificar, que se cambiaría “podrán” por “deberán” en el respectivo artículo, lo que no se hizo.
Luego, no me siento en condiciones de aprobar las modificaciones del Senado. Parece una presión indebida, pero no lo es, ya que es la única manera que tenemos de hacer valer la voz de quienes tenemos un compromiso serio con los trabajadores.
Si no actuamos así, perderemos toda credibilidad ante la gente que viene a hablar con nosotros a las comisiones. Lamento expresarlo, pero es así.
Por eso, sin perjuicio de estar de acuerdo con el proyecto, que hace un tremendo bien al incrementar los recursos del subsidio y crear el Fondo de Apoyo Regional (FAR), no puedo pasar eso por alto. De los presentes en la Sala, nadie debiera apoyar una iniciativa que no arregle la situación de los trabajadores.
Creo que no estamos en condiciones de votar las modificaciones del Senado. Por lo tanto, deberíamos devolver el proyecto a la Comisión para corregir esta falacia, porque existe un importante compromiso.
Ayer, me llamaron los trabajadores. Les respondí que había un compromiso en el Senado para modificar el artículo octavo transitorio de la ley N° 20.378, pero no se modificó. En consecuencia, la única oportunidad que tenemos es no aprobar ahora las modificaciones del Senado.
En lo demás, estoy absolutamente de acuerdo. Pero, de corazón, les digo que no estoy en condiciones de vulnerar un compromiso asumido con los trabajadores. Incluso más, comprometí mi palabra, como Presidente de la Comisión , en el sentido de que esa situación se arreglaría. También tenemos el compromiso del ministro .
Todavía más, cuando en la Comisión aprobamos por unanimidad este proyecto, fue porque existía un compromiso adquirido con los trabajadores. Todos los colegas estábamos de acuerdo en la petición de los diferentes gremios.
Por ende, formalmente, solicito que el proyecto vuelva a Comisión, a fin de tratar la modificación del artículo octavo transitorio de la ley N° 20.378, en el sentido de cambiar la forma verbal “podrán” por “deberán” y analizar las modificaciones del Senado. Aunque sea majadero, repito que nuestra Sala aprobó prácticamente por unanimidad la iniciativa que recibió de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Como diputado integrante de dicha instancia, agradezco que hayan confiado plenamente en nosotros; la prueba está en el apoyo que concitó el proyecto en la Sala. También reitero que el Senado aprobó lo que quiso aprobar.
Por eso, debemos analizar los dos puntos de vista: el del Senado y el de la Cámara, y llegar a una conclusión más amplia, sobre todo en lo relativo a modificar el artículo octavo transitorio de la ley N° 20.378, disposición que, perdonando la palabra, me atora, porque no establece garantía alguna de que a los trabajadores se le pagarán sus remuneraciones y bonificaciones de acuerdo con el subsidio que reciben los empresarios.
Repito, formalmente solicito que el proyecto vuelva a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente , pensaba hacer una intervención distinta, pero quiero sumarme a las palabras del Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
Creo que en esta materia no debiera haber mayor diferencia -me lo ratifica el Presidente-, en el sentido que sería bueno que el proyecto volviera a la Comisión, donde el punto planteado puede ser subsanado.
No creo que la Comisión demore mucho en el estudio de un punto de una iniciativa tan importante, que ha contado con respaldo transversal. Efectivamente, cuando se comprometieron los votos de esta Corporación, se señaló que el tema de los trabajadores sería discutido en el Senado. Como no tengo la experiencia técnica respecto de la temática, no voy a ahondar más en eso.
Dado que existe un espíritu transversal de apoyo a la iniciativa y que el ministro de Transportes ha realizado un esfuerzo permanente -así se le ha reconocido en esta Corporación-, considero que es posible que ella vuelva a Comisión, a fin de subsanar ese punto.
Dicho lo anterior, concuerdo con lo planteado por el parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que el proyecto, que modifica la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el Fondo de Apoyo Regional (FAR), es positivo.
No obstante, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quiero dejar sentado que este aumento -se pasa de un límite de 230.000 millones de pesos a uno de 380.000 millones de pesos- no se distribuye por igual para las regiones, no obstante que el artículo 2° establece que se dividirá en partes iguales. El primer literal de dicho artículo habla de “la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto”, y el segundo literal habla de “la Región Metropolitana, excluidas la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, así como las demás regiones del país.”.
Seguramente, la distinción se hizo en función del mentado tema del Transantiago. Pero, en concreto, en cuanto a la distribución de recursos, la mitad no va a las otras regiones, distintas de la Metropolitana. Obviamente, esta es una región; eso no está en discusión; no hay una distribución de la mitad de los recursos al resto de las regiones. En términos financieros, contables, numéricos, la Región Metropolitana -incluidas sus provincias y comunas- percibe muchos más recursos que el total de las demás regiones.
En mi opinión, como política pública no es lo ideal. No es bueno seguir concentrando recursos en la Región Metropolitana si queremos -como hemos dicho, en general, todos, al abordar distintos temas sobre política pública- que las regiones tengan un desarrollo y un incentivo fuerte, concreto y preciso, como debiéramos hacer permanentemente, según me indica el diputado Enrique Jaramillo.
Existe un segundo punto, señor Presidente . Al respecto he visto dar una larga pelea a muchos parlamentarios, de manera transversal. En ese sentido, quiero mencionar a los diputados señores Juan Carlos Latorre, quien seguramente va a intervenir; René Manuel García, Enrique Jaramillo, Pablo Lorenzini y a otros que transversalmente, pedían la incorporación del transporte público menor, que no estaba considerado. Hoy, por ejemplo, sí lo está el de taxis colectivos, tanto para el subsidio como para el Fondo de Apoyo Regional (FAR). También se menciona a Ferrocarriles, en términos de hacer posible la inversión para mejorar y potenciar el transporte público. Existe disposición expresa sobre el particular.
Entonces, creo que estamos ante un buen proyecto. No puedo no decir que la diferente distribución que otorga a la Región Metropolitana es algo que se debe corregir en algún momento. A mi juicio, no es bueno que continúe la disparidad en la distribución de los recursos.
El tema planteado por el presidente de la Comisión Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se puede analizar y resolver en dicha instancia técnica especializada. Ello, a fin de que en el proyecto se incorporen los acuerdos mencionados, de manera que vuelva a la Sala -esta ha sido transversal en el tratamiento del proyecto de ley- para que sean ratificados.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , no sé si al señor ministro le ha llegado alguno de los mensajes que le han enviado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, porque desde que ingresó a la Sala siempre ha estado en amena conversación con algún colega. Me imagino lo entretenido que debe de estar ahora con el diputado Eduardo Cerda .
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al ministro que soy el cuarto diputado que interviene para pedirle, en forma transversal, que el proyecto vuelva a Comisión.
¿Por qué me parece importante que en la Comisión de Obras Públicas estudiemos las enmiendas del Senado? Por lo siguiente: en la Comisión, el proyecto de ley fue aprobado en forma transversal, y contó con un muy buen respaldo en la Cámara de Diputados. Por su parte, el Senado se demoró varios meses en terminar de estudiarlo. Me imagino que durante ese tiempo se hicieron aportes muy importantes, seguramente con una fundamentación muy rica.
Por eso, me parece que en la Comisión de Obras públicas, Transportes y Telecomunicaciones deberíamos tener la oportunidad de conocer las modificaciones del Senado y de sostener el necesario diálogo con el ministro responsable de que el proyecto llegue a feliz término.
Quiero conocer la justificación de algunos puntos. Por ejemplo, respecto de la referencia a los taxis colectivos formulada por el diputado Ricardo Rincón , quiero saber qué significa exactamente el cambio.
También hay una referencia al transporte escolar. El Senado incorporó, a continuación de la expresión “subsidio al transporte escolar;”, la siguiente frase: “un subsidio orientado a la
promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales del país;”. Se cambia la idea. Quiero saber por qué. Me imagino que debe ser una propuesta complementaria, probablemente muy bien concebida. Me gustaría que en la Comisión pudiéramos estudiar modificaciones como la indicada.
Asimismo, el Senado reemplazó las palabras “prestadores de servicios”, por “responsables del servicio”. Me parece necesario estudiar con qué fin se ha planteado dicha modificación. En fin, existen numerosas modificaciones respecto de las cuales quisiéramos tener la oportunidad de estudiarlas en una sesión de la Comisión.
En tal sentido, respaldo la propuesta que hizo el Presidente de la Comisión . Hoy en la mañana, antes de que se iniciara el tratamiento de este proyecto de ley, tuvimos la oportunidad de conversar transversalmente con varios diputados sobre esa posibilidad. Estaban presentes la diputada señora Clemira Pachecho , diputados de la UDI y los diputados señores René Manuel García , Fernando Meza y Ricardo Rincón . Con posterioridad, se lo comenté al diputado Joaquín Tuma .
En consecuencia, pido que la Cámara se pronuncie respecto de la solicitud de que el proyecto vaya a Comisión por un plazo corto y que después vuelva a ser discutido en la Sala.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Hago presente a la Sala que el proyecto se encuentra en su tercer trámite constitucional. En consecuencia, no puede ir a Comisión para discutir nuevas indicaciones.
Lo que solicitó el diputado Latorre es distinto de lo pedido por los diputados Rincón y García, quienes hablan de indicaciones para efectuar modificaciones. Lo que se podría hacer es enviar el proyecto a la Comisión para que ella informe a la Sala sobre las modificaciones propuestas por el Senado, pero nada más. La Sala puede aprobar o rechazar las enmiendas del Senado. Si las aprueba, el proyecto continúa su trámite para convertirse en ley; si las rechaza, pasa a comisión mixta.
En consecuencia, antes de la votación vamos a recabar la unanimidad para los efectos de que el proyecto vaya a la Comisión para que ella informe a la Sala.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , le agradecería que si va a pedir la unanimidad, lo haga desde ya, porque quienes estamos participando en la Sala…
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señor diputado , no puedo pedir la unanimidad en este momento. Después le explico.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , en primer lugar quiero saludar al ministro de Transportes , quien se la ha jugado por la provincia de Talagante y Melipilla al impulsar el proyecto Melitrén.
El diputado Rincón expresó su malestar en el sentido de que la Región Metropolitana se lleva más de la mitad de los recursos por concepto del subsidio de compensación. Al respecto, señor Presidente , por su intermedio quiero decirle a ese señor diputado que si las provincias de Talagante y de Melipilla, y también la provincia de Colina -son las provincias rurales de la Región Metropolitana- no contaran con un subsidio al transporte, sus habitantes estarían pagando más que los de la región de dicho colega por concepto de transporte público.
Hace cinco años, cuando se creó el Transantiago, se lograron las compensaciones necesarias para nuestras provincias, igual que para el resto de las regiones.
Si bien somos de la Región Metropolitana, no compartimos el mismo desarrollo ni menos el Transantiago; todo lo contrario, muchas veces somos el patio trasero de esa región. Por eso, defendemos constantemente a los habitantes de nuestras provincias para que tengan los mismos derechos que los del resto de las regiones.
Señor Presidente , por su intermedio quiero decirle al diputado Rincón que vamos a seguir peleando para que las compensaciones nos lleguen de la misma forma que a los habitantes de la Sexta Región, que a veces tienen muchos más privilegios que nosotros.
Continuando con el proyecto en análisis, quiero señalar que estoy muy conforme con los avances que ha tenido. Sin embargo, no cabe duda de que es necesario revisar algunos aspectos para que salga una futura ley que nos ayude a lograr que el transporte público considere no solo el transporte mayor, sino también los taxis colectivos de nuestras regiones.
Sin lugar a dudas es esencial lo que decía el diputado García, en el sentido de que es necesario beneficiar a los trabajadores. En el Senado se introdujeron algunas modificaciones respecto de las cuales no existe suficiente claridad.
Por eso, concuerdo en que, por el bien de todos los ciudadanos de nuestro país, es necesario que el proyecto vuelva a la Comisión técnica para que sea revisado e informado de mejor manera, y así entender y votar en conciencia las enmiendas del Senado.
El proyecto representa avances centrales en lo relativo a facilitar el otorgamiento de recursos al transporte rural.
Las comunas rurales de las provincias de Talagante y de Melipilla necesitan contar con subsidios para el transporte rural, puesto que el transporte de una comuna a otra representa un alto costo. Si no buscamos fórmulas diversas para tener los recursos necesarios, vía subsidios, y llamar a licitación del transporte interurbano o rural interurbano, sucederá lo mismo que está ocurriendo en el día de hoy, en que, por ejemplo, un estudiante necesita diariamente 3.000 pesos para viajar a Santiago, más el costo del transporte en la capital, lo que afecta directamente el bolsillo de muchas familias, en especial de las más vulnerables. Por lo tanto, es indispensable que el proyecto contemple el subsidio necesario para el transporte rural.
Además, nos parece indispensable tener terminales y rodoviarios adecuados. Nuestros buses llegan a Santiago y muchas veces no tienen dónde estacionar. Los terminales en Santiago, donde llegan los buses desde nuestras provincias, no tienen condiciones adecuadas para los usuarios, los que muchas veces tienen que esperar en largas colas, al aire libre. Los más perjudicados son los estudiantes, que quedan para el final.
Por eso, nos parece importante que este proyecto considere lo relacionado con los terminales y rodoviarios necesarios para mejorar ese aspecto. Es necesario que se controle y supervise el cumplimiento de las normativas respectivas, de manera que, cuando los buses lleguen a Santiago, nuestra gente tenga condiciones adecuadas para tomarlos.
Por último, me parecen importantes los mejoramientos en materia de transporte propuestos por el Ministerio, pero, sobre todo, la posibilidad de financiar el transporte vía metrotrenes a las diferentes zonas de nuestro país, lo que facilitaría el traslado, de manera eficiente y cómoda, de personas de un lugar a otro. Se podría explorar la posibilidad de que el transporte público mediante buses acerque a la gente al tren.
Estamos ante una ley en proyecto importante y necesaria para nuestra zona y nuestra región. Por eso, si es necesario que vuelva a Comisión, daremos nuestro acuerdo. Así podríamos revisar las modificaciones introducidas por el Senado, que no hemos tenido el tiempo necesario para estudiarlas y analizarlas, a fin de votarlo en conciencia.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Someto a consideración de la Sala la petición formulada por algunos diputados, en orden a que este proyecto vaya por una semana a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para el solo efecto de que informe las modificaciones introducidas por el Senado.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente , como soy miembro de la Comisión de Transportes, probablemente mi participación será más completa cuando hayamos revisado las modificaciones que introdujo el Senado.
Lo primero que hay que destacar -en realidad, hay que reiterarlo, porque lo hicimos cuando el proyecto se aprobó por amplia mayoría en su primer trámite constitucional- es la excepcional disposición del ministro de Transportes a escuchar. Digo excepcional, porque no ha sido la regla de comportamiento ministerial durante estos cuatro años. Por lo mismo, vale la pena destacar la particular disposición del ministro de Transportes para construir acuerdos sobre la base de las principales inquietudes de los parlamentarios.
En primer lugar, se trató de evitar que los fondos espejo, es decir, los recursos que, en la misma cantidad, se destinaban a regiones, fueran a paliar las insuficiencias de los distintos ministerios. La idea es que más bien se orienten a producir cambios en la tarifa y en la modernización de los servicios de transporte.
En segundo lugar, se buscó incorporar la noción de transporte público menor, de manera de considerar como potenciales receptores del subsidio a los taxis colectivos, que estaban completamente excluidos de esa posibilidad. En muchas comunas de Chile, el principal medio de transporte que emplea la gente para llegar a sus lugares de trabajo es justamente el taxi colectivo. Por eso resulta tan indispensable y bienvenida esa modificación, aceptada por el ministro .
Vale la pena destacar el aporte que hizo el Senado al incorporar de manera expresa un subsidio orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales; no solo a favor de las zonas aisladas geográficamente, sino de las zonas rurales específicas dentro de las distintas regiones, lo que es muy importante.
Señor Presidente , pensaba aprobar las modificaciones del Senado en esta ocasión, pero me parece bastante positivo que la Comisión de Transportes, de la que formo parte, tenga la posibilidad de examinarlas en detalle. Necesito una explicación en relación con la modificación por medio de la cual se elimina la frase “y también en las zonas que cuenten con servicios de taxis colectivos”. Quiero saber qué significa exactamente eso. Me refiero a la letra a) del número 2) del artículo 1º.
También quiero saber qué significa la prohibición expresa de la posibilidad de informar y publicitar, es decir, el uso de estos recursos en publicidad e información. No me queda claro el carácter y la intención que tuvo el Senado al eliminar expresamente eso.
Reitero, me parece muy bien que se haya incorporado la frase “un subsidio orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales del país;”.
Quiero saber por qué no ha sido tratada ni está en el comparado la modificación al artículo octavo transitorio de la ley N° 20.378, a que hacía alusión el diputado René Manuel García , respecto de la obligación o la posibilidad -ahí está justamente la discusión- de que estos beneficios sean necesariamente traspasados a los trabajadores, compromiso que tomamos como Comisión y que, obviamente, queremos hacer respetar.
En consecuencia, sin perjuicio de tener una disposición globalmente positiva y de reiterar nuestras felicitaciones al ministro por su disposición y capacidad para construir acuerdos, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones queremos revisar las modificaciones del Senado para exponer a la Cámara cuáles son, a juicio nuestro, las coincidencias y las diferencias que tenemos con el texto aprobado por el Senado, de manera de llegar al mejor proyecto posible. Esta futura ley es muy importante. Se reconoce de manera taxativa y definitiva que no hay posibilidad de transporte público integrado sin el aporte solidario del Estado para que la calidad del transporte sea la misma en todas partes, independientemente del territorio donde vivan los chilenos y de sus recursos.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señoras diputadas y señores diputados, con motivo del reciente acuerdo adoptado, se ha producido una situación especial, porque todavía están inscritos para intervenir los diputados Cerda, De Urresti y el diputado Chahín.
Entonces, si alguno de estos diputados quiere hacer uso de la palabra, lo puede hacer; pero, si no, sugiero dejar hasta aquí el debate, que el proyecto vaya a Comisión, y cuando vuelva nuevamente a la Sala, cada uno de ellos podrá hacer uso de la palabra después de que se rinda el respectivo informe.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES DE OTORGMIENTO DE CRÉDITO POR BANCOESTADO A CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEÑORA MICHELLE BACHELET JERIA (Aplicación de artículo 52, N° 1),letra a), de la Constitución Política de la República)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- En el tiempo cedido por el Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , en virtud de lo establecido en el artículo 52, N° 1), de la Constitución Política, pido que se oficie al Presidente de la República para que el BancoEstado nos entregue los antecedentes del crédito solicitado por la señora Michelle Bachelet , por cerca de 2.500 millones de pesos. Específicamente pido que nos remita copia del mandato que, por disposición de la ley de financiamiento de partidos políticos, debió firmar la señora Bachelet , estableciendo la cesión de sus derechos de reembolso de la campaña electoral, y los antecedentes que se tuvieron a la vista para calcular los posibles votos que obtendrá la señora Michelle Bachelet , para establecer el monto de 2.500 millones de pesos que solicitó.
He dicho.
El señor ELUCHANS Presidente).- En votación
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René ; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo ; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolú Rasera Nino ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Calderón Bassi Giovanni ; Cardemil Herrera Alberto ; Castro González Juan Luis ; Cerda García Eduardo ; Cristi Marfil María Angélica ; Edwards Silva José Manuel ; Eluchans Urenda Edmundo ; García García René Manuel ; Kort Garriga Issa ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Gutiérrez Pino Romilio ; Harboe Bascuñán Felipe ; Hernández Hernández Javier ; Hoffmann Opazo María José ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; León Ramírez Roberto ; Rosales Guzmán Joel ; Macaya Danús Javier ; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Morales Muñoz Celso ; Moreira Barros Iván ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rivas Sánchez Gaspar ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Salaberry Soto Felipe ; Sandoval Plaza David ; Santana Tirachini Alejandro ; Silva Méndez Ernesto ; Squella Ovalle Arturo ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe ; Zalaquett Said Mónica .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Campos Jara Cristián ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Lorenzini Basso Pablo ; Ojeda Uribe Sergio ; Rincón González Ricardo ; Saffirio Espinoza René ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Becker Alvear Germán ; Burgos Varela Jorge ; Chahín Valenzuela Fuad ; Espinosa Monardes Marcos .
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES PARA TRABAJADORES DE CORREOS DE CHILE (Oficio)
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro hasta por un minuto y medio.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, hago presente que hoy es un día muy importante, porque es posible que se llegue a acuerdo en el conflicto de Correos de Chile.
Ha visitado nuestra Corporación la delegación de la Región de O’Higgins, que tiene más de cien trabajadores que están, desde hace 18 días, en un paro de actividades dramático, a raíz del cual la ciudadanía se ha visto seriamente afectada, sin perjuicio de comprender las razones de dicha reivindicación.
Con motivo de esta visita muy importante de la delegación de O’Higgins al Parlamento y en vísperas de que se llegue a un virtual acuerdo, pido que se oficie al gerente general de Correos de Chile , a fin de solicitar, de manera expresa, que existan condiciones laborales que permitan dar dignidad a los trabajadores de Correos, en el sentido de que tengan el vestuario adecuado, alimentación, que los recorridos que tienen que hacer los carteros en Chile puedan hacerlos con tranquilidad y con un sueldo superior al mínimo. Correos de Chile se ha comportado más bien como una empresa privada que como una empresa autónoma del Estado.
Por último, quiero saludar a los representantes de Correos de Ñuble y de Los Ángeles, que también han estado presentes en las tribunas y que integran una de las partes en conflicto en el marco de la dramática situación que afecta a esta institución.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo hacen presente.
La señora SAA (doña María Antonieta) .- La bancada del PPD adhiere en su totalidad.
ATENCIÓN DE DIVERSAS INQUIETUDES DE FUNCIONARIOS DE HOSPITAL DE CORRAL Y DE DIRIGENTES DE LA FENPRUSS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. (Oficios)
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , recientemente me reuní con dirigentes de la Fenpruss de la Región de Los Ríos y con funcionarios del Hospital de Corral, quienes me han planteado una serie de inconvenientes relacionados con el hecho de trabajar en ese recinto asistencial. Por ejemplo, existen serias dificultades de conexión entre Corral y el sector de San Carlos, lugar donde está ubicado el nuevo centro de salud. Eso es motivo de preocupación. Si bien por un lado se avanza con la entrega de un recinto moderno, por otro se produce una alta rotación de profesionales que permanecen un par de meses y, luego, deben trasladarse a otros hospitales.
Por las características geográficas tan especiales que lo acompañan, Corral se comporta como un territorio insular. Existe un camino que en forma frecuente sufre cortes, porque está en malas condiciones y carece de estándares de seguridad. La vía más utilizada es la barcaza, lo que obviamente implica mayor costo, porque se debe pagar pasaje desde Corral a Niebla y otro desde Niebla a Valdivia. Lo anterior hace poco atractivo trabajar en el Hospital de Corral, y nos obliga, como Estado, a buscar soluciones, en especial si se trata de un tema tan sensible como la salud, donde es importante lograr incentivos para la permanencia de los trabajadores y funcionarios, quienes son los responsables de entregar una atención óptima y de calidad.
En tal contexto, solicito oficiar al ministro de Salud para evaluar la incorporación de una asignación especial para quienes trabajan en el Hospital de Corral.
Además, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para que, en la próxima licitación de la barcaza Cullamó se evalúe la factibilidad de subvencionar la compra de pasajes de los funcionarios del Hospital de Corral.
Asimismo, solicito oficiar al ministro de Salud para que informe sobre el proyecto de modernización del Hospital Base de Valdivia en la realización de los diálogos ciudadanos que se efectuaron en la Región. El subsecretario de Redes Asistenciales informó sobre esa iniciativa, sin entregar mayores detalles sobre las obras que se realizarán, principalmente en el centro asistencial de la Región de Los Ríos. Además, pido que se informe sobre los detalles de las futuras especialidades, proyectos de inversión del futuro centro del cáncer y avances del plan maestro de Valdivia.
Por último, solicito que se envíe copia de este oficio a los ministros señalados, a don Dino Rossinelli , presidente de la Fenpruss ; a Pamela Medina , funcionaria del Hospital de Corral, y a don Juan Valenzuela , de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Corral.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo solicitan.
ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA POSTULACIÓN A FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA EN COMUNA DE FRUTILLAR (Oficios)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel) .- Señor Presidente , solicito oficiar al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para ratificar, como diputado representante del distrito N° 56, la petición realizada por los dirigentes de los comités Mi Tierra III y Los Aromos, de la comuna de Frutillar, junto con la concejala María Gallardo , de dicha comuna. Con ocasión de la visita del subsecretario Miguel Flores, efectuada hace un mes, los representantes de dichos comités expusieron la necesidad de contar con los recursos que permitan la compra de terrenos para postular al Fondo Solidario de Vivienda. Esos comités congregan a 300 familias de Frutillar. Desde ese punto de vista, es imperiosamente necesario y fundamental que ese proyecto se concrete y se adquieran los terrenos para la concreción de las iniciativas habitacionales.
En lo personal, tengo una profunda molestia, por cuanto los responsables del Plan de Desarrollo de Frutillar (Plades), en particular el señor Rengifo , han privilegiado los mejoramientos de la costanera por sobre la adquisición de terrenos para la gente humilde que vive de allegada en esa comuna. La Subsecretaría de Desarrollo Regional ha otorgado 87 millones de pesos para la confección de una urbanización en Frutillar. Solicito que el Plades, organismo que se ha conformado en la comuna, realice una licitación abierta y transparente para la ejecución de estos diseños, que implican el mejoramiento de dicha costanera en la comuna de Frutillar. Con todo -insisto-, lo medular, lo principal, lo esencial es que todos luchemos -en eso pido apoyo al subsecretario de Desarrollo Regional- para que se adquieran los terrenos a fin de que esas 300 familias de los comités que he mencionado postulen al Fondo Solidario de Vivienda.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al concejo de la comuna de Frutillar.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE GAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE INTERCOMUNA CHILLÁN-CHILLÁN VIEJO (Oficios)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , en mi condición de médico y de parlamentario, me he preocupado desde hace más de tres años por la situación ambiental que se produce en los meses de invierno en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, situación que también afecta a otras ciudades, como Los Ángeles y Temuco, especialmente por el uso de la leña como combustible para calefaccionar los hogares de esas ciudades.
Ya oficié al Ministerio de Energía para, a través de la planta de regasificación ubicada en la comuna de Pemuco, buscar una fórmula que permita mejorar las condiciones ambientales de esas ciudades.
A pesar de que la seremi de Salud declaró zona saturada a la intercomuna Chillán-Chillán Viejo en marzo de este año, las medidas adoptadas han sido insuficientes, lo que ha provocado la ocurrencia de ocho episodios de mayor concentración de micropartículas en esa intercomuna durante el período invernal, en circunstancias de que lo normal es que se produzca uno. De esos ocho episodios, seis se produjeron durante agosto. El más importante ocurrió en la noche del 25 de agosto, ocasión en que los niveles microparticulares se elevaron a 175,4 microgramos de PM 2,5.
Señor Presidente , esta situación es especialmente riesgosa para la salud de los adultos mayores y de los menores de edad, por lo que vemos con mucha preocupación el aumento de patologías respiratorias en esos grupos etarios.
La seremi de Salud ha señalado que el próximo año se tomarán las medidas necesarias para mejorar las condiciones que han debido soportar en estos meses las cerca de 200 mil personas que constituyen la población de Chillán y Chillán Viejo, ya que es un tema relevante.
Por eso, es necesario insistir una vez más en lo que ya he señalado con anterioridad, cual es que además de las medidas que se están adoptando con respecto a la leña, busquemos una fórmula para suministrar gas a un precio que esté al alcance de la población de Chillán y de Chillán Viejo, a fin de mejorar sus condiciones de salud.
Por lo tanto, solicito oficiar al Ministerio de Salud y al Ministerio del Medio Ambiente, con el objeto de que adopten las medidas necesarias para resguardar la salud de la población de Chillán y de Chillán Viejo, especialmente de los menores y de los adultos mayores.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando su mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
INTERVENCIÓN POLICIAL EN POBLACIONES DE LA REGIÓN METROPOLITANA (Oficios)
El señor ELUCHANS (Presidente).- En uso de los cinco minutos adicionales mensuales a que tiene derecho cada bancada, tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , anoche se implantó un estado de sitio en la población Lo Hermida, de Peñalolén; Villa Francia, San Bernardo , La Legua, La Pincoya y otras poblaciones de Santiago de Chile.
La Dipolcar y la PDI amenazaron toda la noche a cientos de miles de chilenos, de niños, de adultos mayores y de dueñas de casa con armamento de guerra y gases tóxicos.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior y al subsecretario del Interior, con objeto de que nos den una explicación inmediata sobre esta acción.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Fidel Espinoza , Carlos Abel Jarpa y José Miguel Ortiz .
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE DESTRUCCIÓN DE AMPOLLAS CON TOXINAS BOTULÍNICAS EN INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
El señor ALINCO.- Señor Presidente , la exdirectora del Instituto de Salud Pública (ISP), Ingrid Heitmann , aseguró a medios de comunicación que en 2008 encontró cajas con armas biológicas, las que habría ordenado quemar, hecho que resulta de la mayor gravedad, a pesar de lo cual ha pasado inadvertido por esta Cámara hasta el momento.
En primer término, señor Presidente , la destrucción de esas armas biológicas constituye un acto irregular, irresponsable y, me atrevería a decir, hasta criminal, toda vez que implica la desaparición de evidencia de gran relevancia para la resolución de diversos crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar que encabezó Pinochet, acompañado de algunos de los que hoy ocupan escaños en esta Sala. No olvidemos que existe un manto de dudas respecto de la muerte del expresidente Frei Montalva , de Pablo Neruda, entre otros. Según señaló la propia exdirectora del ISP faltaban ampollas al momento de encontrar las toxinas. Dónde fueron usadas, por quiénes y contra quiénes son parte de las interrogantes que debemos hacernos y que la justicia ordinaria debe aclarar.
La desaparición de esas toxinas no es casual ni antojadiza; aquí hubo un acto deliberado para hacerlas desaparecer. No es posible que ninguna autoridad política haya estado al tanto; no resulta creíble que la entonces directora del ISP haya actuado motu proprio, sin aplicar protocolos de seguridad para estos casos; no es creíble que todos los funcionarios que participaron en la destrucción de esas toxinas hayan callado durante todo este tiempo un hecho de la más alta gravedad, como la destrucción de esas armas químicas; no es creíble que esas armas hayan estado tanto tiempo en el ISP sin que nadie lo supiera. Acá existieron decisiones políticas, tanto para mantener dichas toxinas guardadas desde la vuelta a la democracia, como para ordenar su destrucción a espaldas de la opinión pública y de la justicia. Debo decir que no me extrañaría que ocultar esto fuera otro de los acuerdos de la transición.
Acá existen responsabilidades políticas que dilucidar y los tribunales deberán establecer las responsabilidades penales que pudieran existir ante tan graves hechos.
Señor Presidente , así como es importante y fundamental que se aclaren las responsabilidades políticas y administrativas por la destrucción de esas toxinas biológicas, también es necesario y urgente que se aclare con celeridad de dónde provenían, dónde se usaron, para qué Chile contaba con ese tipo de armamento. En esto la Derecha tiene mucho que decir, por ejemplo el diputado Cardemil , quien fue subsecretario del Interior durante la dictadura militar. Considero que el señor Cardemil no podía ignorar la existencia de esas toxinas biológicas, su ubicación y el destino que se dieron a las ampollas que faltan. Señor Cardemil , por intermedio del señor Presidente , usted y los amigos personales de Pinochet, que fueron partícipes y cómplices de esa dictadura genocida, hoy deben explicar al país dónde están y para qué tenían esas armas. ¿O, como dijo el diputado Fidel Espinoza en un medio de comunicación, pedirán un perdón electoral?
Señor Presidente, exijo que el diputado Cardemil y las autoridades de gobierno que participaron y fueron cómplices de la dictadura militar aclaren esta situación.
Por lo tanto, señor Presidente , pido que se solicite la constitución de una comisión investigadora de estos hechos. No basta que la derecha, que participó en los asesinatos ocurridos durante la dictadura, pida un perdón electoral, como dijo el diputado Espinoza . Lo que queremos los chilenos es que se diga la verdad respecto de todos los crímenes que se cometieron en Chile y se explique para qué el general Pinochet y sus cómplices compraron esas armas toxicas. ¿Para asesinar en nuestro país? ¿Para generar una guerra? ¿Para qué? Exigimos una explicación, señor Presidente . Basta de que la Cámara haga oídos sordos de lo que sucede fuera de estas puertas.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.09 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓNY DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.54 horas.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
FUNDAMENTOS PARA RATIFICAR A DON HÉCTOR AGUILAR TORRES EN CARGO DE DIRECTOR DE SERVICIO DE SALUD ATACAMA (Oficio)
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Salud para que nos informe sobre las razones que tuvo en cuenta para no considerar la palabra de la Mesa Gremial Hospitalaria de Copiapó, que fue convocada por él mismo a la última etapa de una serie de reuniones, en el Ministerio de Salud, en Santiago, la que contó con la representación del Capítulo Médico, de la Fenpruss, que agrupa a los profesionales no médicos de la salud, y por los funcionarios de la Fenats Base de Copiapó.
Se realizaron dos reuniones consecutivas con el ministro de Salud . Allí las tres organizaciones nombradas le hicieron saber, con mucho argumento, del daño que producía en el clima laboral el director suplente del Servicio de Salud Atacama, don Héctor Aguilar Torres . Tanto fue así que el propio ministro les solicitó a esos dirigentes de la salud que le hicieran llegar por escrito, en términos formales, los cargos que se imputaban, porque eran muy serios y correspondía tener ese documento para producir el cambio de ese director suplente y apurar la nominación del titular.
Sin embargo, con espanto los dirigentes vieron que se ratificó al director suplente hasta que termine la elaboración del concurso público -ello será en dos o tres meses más-, ya que no solo se cuenta lo vinculado al uso indebido de un vehículo fiscal por parte de aquel, lo que afecta la probidad en el ejercicio de su cargo, sino también al papel activísimo que juega en crear un clima laboral nefasto entre los funcionarios y profesionales, situación que agrava mucho más la crisis de la salud pública en la Región de Atacama.
Se avanzó en el nombramiento del director del Hospital. Está por verse lo relativo a los subdirectores. Pero el tema más de fondo es la mantención del director del Servicio de Salud Atacama en su cargo, cuestión que confirma que el ministro no escuchó a los respectivos dirigentes. El ejercicio simulado de hacer participar, a través del derecho a voz, a médicos, funcionarios y otros profesionales, con la presencia de los parlamentarios de la Región, incluidos los dos del distrito N° 5, nos parece un abuso del tiempo de cada uno de esos profesionales, porque la decisión tomada por el ministro , de acuerdo a su potestad, por cierto, equivale casi a una provocación a los argumentos que le fueron entregados.
En ese contexto, el ministro debiera dar garantías de que ninguno de los funcionarios que formalizó acusaciones verá peligrar su estabilidad laboral en caso de que el director denunciado pudiera atentar contra ellos.
Por último, solicito que mi petición al ministro de Salud y su posterior respuesta se envíen la Mesa Gremial Hospitalaria de Copiapó, conformada por el Capítulo Médico, la Fenpruss y la Fenats Base Copiapó; a la CUT provincial Copiapó , que también ha acompañado a sus dirigentes; a los comités de usuarios de salud pública de la ciudad de Copiapó, al intendente de Atacama y a los consejeros regionales, como también a los alcaldes y concejales de la Región de Atacama.
He dicho.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención y de la posterior respuesta del señor ministro de Salud en los términos por usted señalados.
REPARACIÓN DE VIVIENDA DE VECINA DE COMUNA DE CURACAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN .- Señor Presidente , en primer término, solicito oficiar al señor ministro de Vivienda , con copia al director regional del Serviu de Región de La Araucanía , a objeto de que se tomen las medidas correspondientes para dar una pronta solución al caso que afecta a la señora Mely Valeria , domiciliada en calle Gregorio Urrutia N° 345, comuna de Curacautín.
Ella fue “beneficiada” con un subsidio posterremoto luego del desastre ocurrido el 27 de febrero de 2010. Hace menos de un año se le entregó su vivienda; sin embargo, esta se encuentra completamente dañada por la humedad, lo que la hace prácticamente inhabitable.
Curacautín es una comuna cordillerana, cuestión que, evidentemente, forma parte de lo que tiene que evaluar una empresa constructora antes de edificar una vivienda y de lo que debe fiscalizar el Serviu: que se cumpla con los materiales requeridos para ello y también con los mecanismos que posibilitan una adecuada impermeabilización de las casas y evitar que la humedad pueda afectarlas.
Dejaré en poder de la Secretaría dos fotografías muy ilustrativas respecto del estado en que se encuentra el inmueble señalado, el cual, a pesar de haber sido entregado hace menos de un año, hoy se encuentra prácticamente inhabitable.
Por lo tanto, espero que el Serviu fiscalice la situación denunciada y que haga efectivos los seguros comprometidos y las garantías correspondientes, con el objeto de que sobre la base de lo que establece la ley respectiva proceda a reparar la vivienda de la señora Mely Valeria.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA URGENTE A MENOR DE COMUNIDAD INDÍGENA MARINE PUÑÁN A, COMUNA DE GALVARINO (Oficios)
El señor CHAHÍN.- En segundo término, pido que se oficie al ministro de Salud , a la directora del Servicio de Salud Araucanía Sur, al director del Hospital Regional de Temuco Dr. Hernán Henríquez Aravena , al director del Hospital de Galvarino y a la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, con la finalidad de darles a conocer el caso que afecta a la niña de 4 años de edad Ayline Maribel Huenchuleo Llebul , quien vive en la comunidad indígena Marine Puñán A, ubicada en el sector rural El Capricho, de la comuna de Galvarino.
Desde hace más de un año que esa pequeña, RUT 22.879.783-9, está en lista de espera para ser sometida a una intervención quirúrgica de su lagrimal, situación que tiene sus ojos muy dañados. Hemos intentando, vía correo electrónico, pedir a la dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur que apure la cirugía a la que debe ser sometida, porque a causa del tiempo que ha debido esperar se le está generando un grave daño a su visión, el cual puede llegar a ser irreparable. En enero pasado hicimos la petición respectiva, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta satisfactoria.
Creo que se están vulnerando los derechos de esa niña de 4 años, a la que -repito- se le está generando un daño que puede llegar a ser irreparable. De hecho, da mucha pena ver que esa pobre niña aún no sea intervenida.
Por lo tanto, espero que el Ministerio de Salud adopte las medidas necesarias para agilizar su intervención quirúrgica, para que pueda ser sometida a la operación de su lagrimal.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a la madre de la niña que se encuentra en esa situación, cuyo nombre y número de teléfono dejaré en poder de la Secretaría.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
ESTADO DE TRAMITACION DE SOLICITUD DE SUBDIVISIÓN JURÍDICA DE PREDIOS DE COMUNIDAD JUAN MARÍN (Oficios)
El señor CHAHÍN .- Por otra parte, pido que se oficie al ministro de Bienes Nacionales y al director nacional de la Conadi , a fin de que me informen respecto del estado de tramitación de la solicitud de subdivisión jurídica de dos predios hecha por la comunidad Juan Marín , cuya personalidad jurídica está consignada con el número 99, según lo establecido en la ley N° 19.253, que dispone normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Esa comunidad indígena -que en sus orígenes estaba radicada en la comuna de Vilcún- será subdividida por el predio Río Negro, de la comuna de Curacautín, y por el Fundo Las Abejas, de la comuna de Victoria, razón por la que ha solicitado la subdivisión jurídica de
ambos predios, con los cuales existe un convenio, con la finalidad de poder trabajarlos, pero hasta la fecha no ha tenido una respuesta.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DENEGACIÓN DE BONOS DE SISTEMA INGRESO ÉTICO A VECINA DE COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficio)
El señor CHAHÍN.- Por último, pido que se oficie al ministro de Desarrollo Social para que nos informe respecto del caso que afecta a la señora Gloria Margarita Cofré Cofré , RUT 11.302.435-6, domiciliada en la población Los Caciques, comuna de Curacautín, dueña de casa, quien a pesar de sumar en la Ficha de Protección Social un puntaje levemente superior a los 5.000 puntos, de tener dos hijos y de carecer de un trabajo formal -al igual que su marido-, razón por la que solo obtiene algunos ingresos esporádicos, se le ha señalado que no tiene derecho a postular ni a recibir los bonos establecidos en el programa del Ingreso Ético Familiar, razón por la cual quiere recibir algún tipo de explicación.
He dicho.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN Y SUMARIO POR IRREGULARIDADES EN INSCRIPCIÓN DE DERECHOS DE AGUA DEL RÍO HUASCO (Oficios)
El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , quiero referirme a una situación que me parece de la máxima gravedad para la Región de Atacama, la que hace muchos años tenía demarcaciones limítrofes que le permitían acceder a todas las cuencas, ríos y afluentes del Río Huasco, en la Provincia de Huasco.
Si mal no recuerdo -la gente de la zona lo tiene muy claro- incluso las instalaciones de la Compañía Minera El Indio estaban en la Región de Atacama, específicamente en la Provincia de Huasco, no en la Región de Coquimbo. Sin embargo, como el gobierno de la dictadura cambió los límites de la región, con lo cual afectó los afluentes del Río Huasco y dejó una porción de ellos en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, hoy tenemos un problema grave, porque la incompetencia que a mi juicio existe de parte de la Dirección General de Aguas y en la Región de Coquimbo permite que se especule con los derechos de aguas.
En el sector del Río Huasco, la junta de vigilancia de esa cuenca y sus afluentes me informó de un problema muy serio, puesto que -tal como señalé- la zona alta de esa cuenca, en el sector del Río Matancilla, en la actualidad se encuentra ubicada en la comuna de La Higuera, de manera que se ha transformado en un afluente del Río Huasco, el que confluye con el río que termina en el sector de San Félix. Debido a esa situación, se han cometido irregularidades en la inscripción y en el perfeccionamiento de los derechos de aguas del Río Matancilla.
Eso se ha producido porque en los años 50 una persona adquirió una propiedad, un terreno eriazo abierto ubicado en el sector de San Félix al interior, en el punto denominado Matancilla , en la actual comuna de La Higuera, el cual presentaba una superficie de 30 por 25 kilómetros, área que nunca había utilizado las aguas del río para su regadío. Según la información que tengo, en esa venta se entregaron derechos de aguas a esa porción de tierra, la cual -en ese tiempo- estaba relacionada con esos derechos.
Con posterioridad, sin que nadie lo supiera en la Región de Atacama -creo que con un claro fin especulador-, se logró la inscripción de esos derechos de aguas en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena, lo que se llevó a cabo sobre la base de lo consignado en la escritura del año 1955. Debido a lo señalado, en la actualidad hay varios propietarios de esos derechos de aguas: el señor Juan Pablo Pesenti , Inversiones Catemu Limitada , Agrícola e Inversiones Los Notros Limitada y Asesoría de Inversiones Ensenada Sociedad Anónima, los que están haciendo los trámites respectivos para perfeccionar la obtención de 900 litros por segundo del Río Matancilla; es decir, prácticamente toda el agua asignada a la cuenca del Río Huasco, en el sector de San Félix.
Esa situación me parece inaceptable, porque para la ocurrencia de esos hechos se ha prestado la Dirección General de Aguas, el Ministerio de Obras Públicas y, por cierto, la justicia, porque, al final de cuentas, esas materias son tramitadas en los tribunales, en Santiago, donde menos conocimiento se tiene de la zona. Debido a eso, la gente de la Región de Atacama no ha tenido antecedentes con relación a lo que ocurre.
Me parece que en ese caso hay un problema de insubsistencia grave, porque entiendo que los derechos de aguas de esa propiedad caducaron en 1981, con la entrada en vigencia del actual Código de Aguas.
Por lo tanto, pido que se oficie al director general de Aguas , con el objeto de que me informe respecto de lo que he planteado y para que disponga la instrucción de un sumario con el propósito de determinar qué ha pasado con la inscripción de esos derechos de aguas.
También pido que se oficie al intendente de la Región de Atacama , a fin de que me informe cómo va a cautelar los derechos de aguas de los regantes del Río Huasco; a la ministra de Obras Públicas , a fin de que me informe qué medidas adoptará en relación con el hecho de que regiones contiguas adquieran derechos de aguas que no les corresponden; y al intendente de la Región de Coquimbo , a fin de que me informe qué gestiones ha realizado para que la Dirección General de Aguas de su región vele por que no se afecten las cuencas de la región vecina.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a los concejales de las comunas de Alto del Carmen, Huasco, Freirina y Vallenar, y a la Junta de Vigilancia del Río Huasco.
He dicho.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA APÍCOLA PARA COMUNA DE QUILLÓN (Oficios)
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en mayo del presente año, en la comuna de Quillón, se produjo un fenómeno inusitado: la muerte de más del 50 por ciento de las abejas productoras de miel. Se están investigando las causas. En un oficio anterior solicité al Servicio Agrícola y Ganadero y al Indap que emitieran un informe técnico que indicara las causas de esa muerte. Entre ellas podría mencionarse el megaincendio forestal ocurrido el año pasado en Pichiqueime, que afectó a más de 30.000 hectáreas y que arrasó con la biodiversidad y con la flora y fauna del sector; el uso de pesticidas y otras que se están investigando.
Por ello, pido que se oficie al ministro de Agricultura , a fin de que declare zona de emergencia apícola a la comuna de Quillón y sus alrededores. La idea es apoyar a los pequeños y medianos productores de miel de la zona, por la vía de permitirles renegociar sus deudas con el Indap y de otorgarles apoyo directo, de modo que puedan afrontar las consecuencias del megaincendio forestal ocurrido en Pichiqueime el año pasado.
Pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde de Quillón.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien preside.
INCREMENTO DE RECURSOS SENCE PARA EL FINANCIAMIENTO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR (Oficios)
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro del Trabajo y Previsión Social y al director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo , a fin de que en el Presupuesto 2014 se consideren mayores recursos para financiar la realización de cursos para obtener licencia de conducir. Saber conducir un vehículo motorizado, un camión o vehículos de alto tonelaje es un capital de trabajo muy significativo y un intangible muy importante para las futuras generaciones. En los centros de capacitación técnico-profesional de la Sofofa se han realizado algunas experiencias en este ámbito, las cuales deberían replicarse en los colegios técnico-profesionales del país, de modo que los estudiantes, junto con el título profesional, también obtengan una licencia de conducir. Ello les permitirá tener mayores posibilidades de empleabilidad. Los recursos que hoy se destinan a través del Sence a dicha capacitación todavía son muy insuficientes en relación con la gran demanda que existe.
Solicito que desde hoy el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo destine más recursos para la realización de cursos para la obtención de licencia de conducir para los jóvenes que estudian en los centros de capacitación técnico-profesional, de manera de mejorar su empleabilidad.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE OBRAS BICENTENARIO (Oficios)
El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , como parte de la celebración de nuestro Bicentenario, se planificaron obras emblemáticas en distintas regiones. En la Región de Los Ríos se anunciaron inicialmente ocho obras, de las cuales solo una está terminada y entregada a la comunidad: el Paseo Libertad, en la ciudad de Valdivia.
El fin de semana pasado, a través de un reportaje en el Diario Austral de Valdivia , hemos recordado que aún faltan obras por concretar. Si bien cinco de ellas se encuentran en diversas etapas de desarrollo -el puente Cau-Cau, la Costanera Cultural, el sector Alto Guacamayo , el sector Estación y el Portal Valdivia-, existen dos cuyo futuro y estado de avance aún desconocemos: me refiero al Cantón Bueras , en cuyo espacio se proyectaba continuar el parque Kramer , y crear un gran centro verde, con ciclovías y áreas para la recreación de la comunidad y vecinos del sector, y al fundo Cau-Cau, donde existía un proyecto de renovación urbana y un proyecto científico, que tampoco se han concretado. Incluso, las propias autoridades han reconocido que no existen avances.
Dada la relevancia de esas obras, que se planificaron hace más de diez años y que se informaron a la comunidad, es importante que se indiquen las causas del retraso.
Por lo anterior, solicito que se oficie al Presidente de la República , a fin de que informe sobre el estado de avance de cada uno de los proyectos mencionados, y al intendente de la Región de Los Ríos , con el objeto de que informe qué obras Bicentenario están definidas para la Región de Los Ríos, en qué etapa se encuentra cada una de ellas, adjuntando el respectivo cronograma, y si existe una comisión especial encargada de su concreción, ya sea a nivel regional o nacional.
Solicito que se entregue la misma información respecto de todas las regiones del país.
Pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde de la ilustre municipalidad de Valdivia , a su honorable concejo; a los señores Patricio Alarcón , vicepresidente del Cosoc , y Roberto Paredes , presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos , y a otras autoridades cuyos antecedentes dejaré a disposición de la Secretaría de la Comisión.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CATASTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE PERSONAL DESTINADO A SU PROTECCIÓN (Oficios)
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en un seminario realizado en la ciudad de Valdivia, la semana pasada, se llevó adelante el 10° Congreso Latinoamericano de Reservas Privadas y Pueblos Originarios, una importante jornada de discusión sobre el estado en que se encuentran las áreas privadas protegidas a lo largo de Chile y en Latinoamérica en general.
Pido que se oficie a la ministra del Medio Ambiente , a fin de que informe sobre el catastro de áreas privadas protegidas en nuestro país, con un desglose por regiones, y al director ejecutivo de la Conaf , a fin de que informe, por región, qué áreas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe); en qué categorías de las establecidas por el propio Snaspe está cada una de ellas, y qué cantidad de personal se dispone para su protección.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE DOTACIÓN DE PERSONAL Y DISPONIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS DE LOS SAMU DE REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficios)
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en una reunión celebrada con funcionarios y dirigentes del SAMU de Valdivia nos hemos enterado de una serie de deficiencias que afectan a este importante servicio para la comuna. Existen situaciones irregulares en materia contractual. Un porcentaje de trabajadores se encuentra contratado a honorarios, el parque de ambulancias es insuficiente y las condiciones en que funciona no son acordes con un servicio tan importante para la capital regional.
Gracias a la presión ciudadana y a la voluntad de las autoridades, logramos que el SAMU de Puerto Montt se trasladara a Valdivia. Sin embargo, para que pueda funcionar bien deben existir buenas condiciones laborales para sus trabajadores y trabajadoras, mayor dotación de personal, infraestructura en materia de espacio físico y dotación de ambulancias.
Por eso, pido que el ministro de Salud nos indique claramente cuántos funcionarios laboran allí, cuál es el régimen contractual de cada uno de ellos; si están a contrata, a honorarios o en otra situación; cuántas ambulancias están disponibles para atender al SAMU de Valdivia y cuál es su equipamiento y antigüedad.
Asimismo, que se me informe sobre todos los SAMU implementados en la Región de Los Ríos y las dotaciones que existen a lo largo del país.
Considero que los SAMU son fundamentales, pero para que cumplan adecuadamente sus funciones debe haber funcionarios y profesionales motivados, bien remunerados y, en el caso de las ambulancias, que estén en óptimas condiciones y con una data de antigüedad acorde a los requerimientos de la población.
Sé que los dirigentes del SAMU han tenido reuniones con el director provincial de Valdivia . Ya en 2012, en oficio dirigido por el Ministerio de Salud, se les indicó que este año se solucionaría la situación, cosa que no ha ocurrido.
Pido que se envíe copia de mi intervención a César Collao , Claudio Fernández y Carlos Valdivia , cuyos antecedentes voy a dejar en poder de la Secretaría.
He dicho.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien preside.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.22 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8232-14)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8270-08
Procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletes Nos 8995-07, 7976-13, 8189-04, 8289-15)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8995-07
Aumenta las protecciones legales y beneficios aplicables a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
7976-13
Modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo.
8189-04
Establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal.
8289-15
Modifica la Ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR).
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispues-
to en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8270-08)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8783-11
Crea la Agencia Nacional de Medicamentos.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROLUET VIGFNAU, Ministro de Energía ; PATRICIA PÉREZ GOLDBERG, Ministra de Justicia ”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Rosales, Baltolú,Barros, Bauer, Estay, Hernández, Rojas, Sandoval, Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock ANTECEDENTES:
Que muchas veces hemos conocido de asaltos, en los cuales los delincuentes usan armas hechizas o de fogueo, que igualmente intimidan a la víctima, ya que se ve expuesta a un miedo superior de afectar su vida o integridad, que le hace actuar por sobre su voluntad, entregando especies o facilitando el acceso a ello.
Es así como las armas de fogueo hoy han alcanzado un grado de similitud importante a las verdaderas, que fácilmente conducen a error, incluso a las policías. Así las cosas, algunas armas de fogueo son adaptadas para disparar municiones de bajo calibre.
Ante esto no existe un control de importación ni venta de las armas de fogueo, lo que hasta cierto punto, facilita el acceso a tales especies, que no siempre serán utilizadas como tal: un juguete o con fines deportivos, sino que otras tantas, son adquiridas con el propósito de delinquir.
El artículo 2 de la Ley de Control de Armas, deja sometida al control legal a las armas de fuego, los explosivos, las sustancias utilizadas e incluso los fuegos artificiales, incluso comprende a las armas de fantasía, entendiéndose por tales aquéllas que se esconden bajo una apariencia inofensiva (un bastón que dispara balas, por ejemplo), pero curiosamente excluye en dicho tratamiento a las armas de fogueo y sus municiones.
Por otro lado, se conoce la existencia clandestina de gran cantidad de armas hechizas o artesanales, muchas incautadas a grupos de delincuentes, utilizadas en asaltos y ataques a las fuerzas de orden y seguridad.
Que no cabe duda alguna que el porte o tenencia de un arma hechiza es para delinquir y no para otro fin; por lo que se estima que en esta caso jamás puede considerarse la presunción del artículo 11, inciso 2° de la Ley 17.798.
Es más, se propone aumentar la pena para el caso de porte y/o tenencia de un arma de fuego hechiza o artesanal, asimilando las penas al porte y tenencia prohibida de armas de uso bélico.
Se estima necesario regular esta situación, para su control y fiscalización; reduciendo el espacio de acción de la delincuencia.
PROYECTO DE LEY
Modifíquese la Ley N° 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS:
ARTÍCULO 1.- Modificase el artículo 2, incorporando después de la letra g), una letra h):
“h) La armas de fogueo y aquellas que asemejen las características de un arma verdadera y sus municiones.”
ARTÍCULO 2.- Incorpórese el siguiente artículo 3 B:
“Artículo 3 B.- Las armas de fogueo y sus municiones, como también aquellas que asemejen las características de un arma verdadera, que solo disparen salvas o fogueos; que se importen fabriquen, transporten, almacenen o distribuyan en el país, deberán cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas que establezca el Reglamento.”
ARTÍCULO 3.- Introdúzcase, el siguiente inciso 3° al artículo 11, pasando el actual inciso 3° a ser el final
“No será aplicable la presunción anterior cuando se trate de armas de fuego artesanales o hechizas.”
ARTÍCULO 4.- Introdúzcase la frase “artesanales o hechizas” en el inciso 2° del artículo 14, quedando como sigue:
“Si dichas armas son artesanales o hechizas, material de uso bélico o aquellas señaladas en el inciso final del artículo 3°, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 5232-2012.
?Santiago, 14 de agosto de 2012.
Oficio N° 8.849
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 14 de agosto de 2013, en el proceso Rol N° 2341-12-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Alejandro Fainé Maturana respecto del inciso cuarto del artículo 8° de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en los autos sobre reclamo de ilegalidad, caratulados “Fainé Maturana Alejandro con Ministerio Público”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 5232-2012.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta Subrogante ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO”.