Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- ANTECEDENTE
- INTEGRACIÓN
- Marcos Espinosa Monardes
- Jose Perez Arriagada
- INTEGRACIÓN
- ANTECEDENTE
- XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE LA ACTIVIDAD DEL LOBBY (Proposición de la Comisión Mixta. Boletín Nº 6189-06)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- OTORGAMIENTO DE BONO DE APOYO A FAMILIAS NUMEROSAS (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9040-31) [Continuación]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- CREACIÓN DE COMISIÓN DE VALORES Y SEGUROS (Primer trámiteconstitucional. Boletín N° 9015-05)[Continuación]
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL (Primer trámiteconstitucional. Boletín N° 8197-07)[Continuación]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- DEBATE
- DEBATE
- PRÓRROGA DE COTIZACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9231-13)
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE LA ACTIVIDAD DEL LOBBY (Proposición de la Comisión Mixta. Boletín Nº 6189-06)
- VI. HOMENAJE
- HOMENAJE AL PARTIDO RADICAL EN SU 150º ANIVERSARIO
- HOMENAJE : Marcos Espinosa Monardes
- HOMENAJE : Cristian Letelier Aguilar
- HOMENAJE : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- HOMENAJE : Tucapel Jimenez Fuentes
- HOMENAJE : Mario Bertolino Rendic
- HOMENAJE : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- HOMENAJE : Lautaro Carmona Soto
- HOMENAJE : Alejandra Sepulveda Orbenes
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCLUSIÓN DE FIESTA DE SAN SEBASTIÁN DE YUMBEL EN LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Sergio Ojeda Uribe
- Rosauro Martinez Labbe
- Cristian Monckeberg Bruner
- Alfonso De Urresti Longton
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Matias Walker Prieto
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN DE FIESTA DE SAN SEBASTIÁN DE YUMBEL EN LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO
- VIII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE PROCESO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA CONCESIONAR LOTES DE TERRENO DEL PARQUE NACIONAL VILLARRICA (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- ADHESION
- Gabriel Silber Romo
- Mario Venegas Cardenas
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- PREOCUPACIÓN POR DAÑOS PRODUCIDOS POR ÚLTIMOS INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
- ADHESION
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Gabriel Silber Romo
- ADHESION
- INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRAÍDOS CON VECINOS DE LA COMUNA DE QUILICURA EN ORDEN A MEJORAR EL TRANSPORTEPÚBLICO Y SU CALIDAD DE VIDA (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- ADHESION
- Mario Venegas Cardenas
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- ANTECEDENTES SOBRE PROCESO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA CONCESIONAR LOTES DE TERRENO DEL PARQUE NACIONAL VILLARRICA (Oficios)
- HOMENAJE AL PARTIDO RADICAL EN SU 150º ANIVERSARIO
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN POR DENEGACIÓN DE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO A PROFESORAS DE COMUNA DE LAUTARO (Oficio)
- ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL LINCOPÁN, CHEUQUE, MARÍA ANCALEO Y OTROS, COMUNA DE VICTORIA (Oficio)
- INFORMACIÓN POR RECHAZO A VECINA DE COMUNIDAD DE NILPE,COMUNA DE GALVARINO, A INCORPORARSE A PROGRAMA DE INGRESOÉTICO FAMILIAR (Oficio)
- DENEGACIÓN DE SUBSIDIO DE AMPLIACIÓN EN SITIO RESIDENTE A COMITÉ LAS ARAUCARIAS, COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficios)
- INVESTIGACIÓN SOBRE IRREGULARIDADES EN DESIGNACIÓN DEPRESIDENTE DE DIRECTIVA DE COMUNIDAD NAHUELCURA CAÑUMIR,COMUNA DE LONQUIMAY (Oficios)
- SUBSIDIO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE COMUNADE MILIPEUCO (Oficios)
- INVESTIGACION SUMARIA POR COSTOS DEL RECIENTE FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE TIERRA AMARILLA (Oficios)
- HOMENAJE A DON CAMILO ENRIQUE CABEZAS VEGA, ALCALDE DE YUMBEL RECIENTEMENTE FALLECIDO (Oficio)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión Especial sobre Política Antártica Chilena
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Carolina Goic Boroevic
- Pepe Auth Stewart
- Eugenio Bauer Jouanne
- Cristian Campos Jara
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Alfonso De Urresti Longton
- Jose Manuel Edwards Silva
- Issa Farid Kort Garriga
- Pablo Lorenzini Basso
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Fernando Meza Moncada
- Ivan Moreira Barros
- Alejandro Santana Tirachini
- Ernesto Silva Mendez
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Informe de la Comisión Especial sobre Política Antártica Chilena
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 117ª, en miércoles 22 de enero de 2014
(Ordinaria, de 10.41 a 14.47 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo; Godoy Ibáñez, don Joaquín, y Delmastro Naso, don Roberto.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- HOMENAJE
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 8
II. APERTURA DE LA SESIÓN 11
III. ACTAS 11
IV. CUENTA 11
ACUERDOS DE LOS COMITÉS 11
V. ORDEN DEL DÍA 13
ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE LA ACTIVIDAD DEL LOBBY (Proposición de la Comisión Mixta. Boletín Nº 6189-06) 13
OTORGAMIENTO DE BONO DE APOYO A FAMILIAS NUMEROSAS (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9040-31) [Continuación] 22
CREACIÓN DE COMISIÓN DE VALORES Y SEGUROS (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9015-05)[Continuación] 42
ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8197-07)[Continuación] 48
PRÓRROGA DE COTIZACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9231-13) 69
VI. HOMENAJE 71
HOMENAJE AL PARTIDO RADICAL EN SU 150º ANIVERSARIO 71
VII. PROYECTOS DE ACUERDO 90
INCLUSIÓN DE FIESTA DE SAN SEBASTIÁN DE YUMBEL EN LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO 90
VIII. INCIDENTES 93
ANTECEDENTES SOBRE PROCESO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA CONCESIONAR LOTES DE TERRENO DEL PARQUE NACIONAL VILLARRICA (Oficios) 93
PREOCUPACIÓN POR DAÑOS PRODUCIDOS POR ÚLTIMOS INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios) 94
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRAÍDOS CON VECINOS DE LA COMUNA DE QUILICURA EN ORDEN A MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO Y SU CALIDAD DE VIDA (Oficios) 95
IX. ANEXO DE SESIÓN 97
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES 97
INFORMACIÓN POR DENEGACIÓN DE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO A PROFESORAS DE COMUNA DE LAUTARO (Oficio) 97
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL LINCOPÁN, CHEUQUE, MARÍA ANCALEO Y OTROS, COMUNA DE VICTORIA (Oficio) 97
Pág.
INFORMACIÓN POR RECHAZO A VECINA DE COMUNIDAD DE NILPE, COMUNA DE GALVARINO, A INCORPORARSE A PROGRAMA DE INGRESO ÉTICO FAMILIAR (Oficio) 98
DENEGACIÓN DE SUBSIDIO DE AMPLIACIÓN EN SITIO RESIDENTE A COMITÉ LAS ARAUCARIAS, COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficios) 98
INVESTIGACIÓN SOBRE IRREGULARIDADES EN DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE DIRECTIVA DE COMUNIDAD NAHUELCURA CAÑUMIR, COMUNA DE LONQUIMAY (Oficios) 98
SUBSIDIO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE COMUNA DE MILIPEUCO (Oficios) 99
INVESTIGACION SUMARIA POR COSTOS DEL RECIENTE FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE TIERRA AMARILLA (Oficios) 99
HOMENAJE A DON CAMILO ENRIQUE CABEZAS VEGA, ALCALDE DE YUMBEL RECIENTEMENTE FALLECIDO (Oficio) 101
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 103
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 6189-06) 103
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 4595-15) 103
3. Oficio del Senado. (boletín N° 9041-31) 104
4. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby. (boletin Nº 6189-06). 104
5. Certificado de la Comisión de Hacienda. (Boletín N° 9231-13) 129
6. Informe de la Comisión Especial sobre Política Antártica Chilena 131
XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Nota:
- Del diputado señor Marcos Espinosa, por la cual comunica que reemplazará como titular Jefe de la Bancada Radical Socialdemócrata al Diputado señor José Pérez, en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
1. Oficio:
- De la Presidencia de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que las diputadas señoras María Angélica Cristi, Ximena Vidal, Mónica Zalaquett y Marta Isasi, no asistirán a la 58ª Sesión de la Comisión sobre la condición de las mujeres de la ONU, que se realizará en Nueva York, el 10 de marzo próximo. (471).
Respuesta a oficios.
Contraloría General de la República
- Diputado García don René Manuel, Disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la supuesta deuda impaga contraída por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con la Empresa Logística Industrial S.A. (2756 al 5227).
- Diputado Espinosa don Marcos, Posibilidad de verificar la legalidad de los procesos sumarios seguidos contra las funcionarias del Hospital Carlos Cisternas de la comuna de Calama, señoras María Veliz Villarroel y Paula Gutiérrez Sepúlveda. (2758 al 12759).
- Diputado Farías, Iniciar procedimiento administrativo respecto de los organismos de la Administración del Estado que se señalan, en atención a que no han proporcionado los informes o antecedentes específicos solicitados (2988 al 13791).
- Diputado Vargas, Informe a esta Cámara sobre los motivos considerados para el traslado de oficiales que se señalan, en atención a las resoluciones 9251, 9252 y 92505, teniendo presente que cuentan con fuero en atención a sus cargos como directivos regionales de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios. (3112 al 13371).
- Diputado Chahín, Se sirva disponer una fiscalización sobre el uso de recursos públicos y cumplimiento de objetivos del programa que lleva a cabo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar la pequeña propiedad de comuneros mapuches. (3319 al 5082).
- Diputado Bertolino, Solicita informe sobre cada una de las materias expuestas en la petición adjunta, referidas a la organización y funcionamiento del Internado del Liceo de Niñas Gabriela Mistral de la Serena, Región de Coquimbo. (3321 al 12436).
- Diputado Rojas, Solicita tenga a bien instruir la realización de las medidas de fiscalización que procedan en relación con el déficit recientemente informado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social y remita a esta Corporación copia de sus resultados. (3475 al 9680).
- Diputado González, Legalidad de las actuaciones de proselitismo político a favor de los candidatos de la Alianza por Chile desarrolladas por la señora María Angélica Maldonado, jefa de Gabinete de la alcaldesa de Viña del Mar, en una reunión con funcionarios municipales, según constaría en el video cuyo copia se acompaña, disponiendo una investigación al respecto. (3657 al 13306).
- Diputado González, Recursos destinados a la construcción del nuevo estadio Sausalito de Viña del Mar y disponga una investigación acerca de su correcta utilización por la municipalidad ejecutora del proyecto. (3660 al 12106).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
- Diputado Espinosa don Marcos, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de favorecer al Cuerpo de Bomberos de Calama con una excepción o franquicia aduanera para poder ingresar a Chile la unidad de rescate y el carro bomba adquiridos en el año 2012. (690 al 13929).
Ministerio de Obras Públicas
- Diputado Robles, Procedimientos para el cálculo de las tarifas de electricidad de la empresa Aguas Chañar S. A. y acerca de los métodos de cobranza que emplea, según denuncia la señora Fresia Carvajal Robles. De la comuna de Huasco. (84 al 13201).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
- Diputado Espinoza don Fidel, Antecedentes y estadísticas respecto del número de personas que anualmente, por regiones, son beneficiarias del Subsidio Único Familiar y de las que han dejado de serlo en los años 2012 y 2013. Para el caso de la Región de Los Lagos, se requiere la información desagregada por provincias y comunas. (19442 al 12440).
Ministerio de Salud
- Diputado Torres, Informe a esta Cámara sobre las razones que motivaron los despidos que se detallan y la posibilidad de reconsiderar la dicha medida. (79 al 13693).
Ministerio de Desarrollo Social
- Diputado Chahín, Posibilidad de otorgar el bono Bodas de Oro al matrimonio conformado por la señora Carmen San Martín y el señor José Alarcón González, quienes cumplieron 50 años de matrimonio el 1 de junio de 2012, pero quedaron fuera del beneficio por haber presentado su postulación después de transcurrido el plazo para impetrarlo. (19459 al 13004).
- Diputado Chahín, Estado de tramitación del proyecto de abasto de agua presentado por la Comunidad Francisco Necul del sector de Chihuaihue, comuna de Galvarino, presentada por las señoras Ema Briones y Brunilda Pérez y por los señores José Coilla, Pedro Santander, Fernando Huenchún, José Huenchún, Germán Huenchun, Elodor Morales, Eugenio Huenchun y Héctor Ruiz. (340 al 13764).
Servicios
- Diputado Araya, Estado en que se encuentra la solicitud presentada por don Mario Segundo Parada Neira, a quien se le adeuda parte de su pensión de invalidez entre los años 2010 y 2011. (1538 al 13466).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de que el señor Máximo Riquelme González, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, puede optar nuevamente al beneficio de la pensión asistencial, la que dejó de recibir en el pasado mes de abril. (19458 al 13884).
- Diputado Espinosa don Marcos, Informe sobre la situación descrita en la solicitud adjunta y que afecta a don Carlos Castro Jiménez y Hernán Arenas Valenzuela, en relación con su desvinculación de CODELCO. (2 al 11332).
- Diputado Chahín, Cobros efectuados por la Caj a de Compensación Los Héroes por concepto de intereses de los créditos otorgados a la señora Marta del Carmen Fonseca Ortega y al señor Pablino Cheuquenao Quilapán, ambos de la comuna de Lautaro, haciendo aplicable la rebaja a la tasa máxima de interés convencional y propiciar una mediación que les permita su renegociación. (2491 al 13824).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre si el Crédito de Consumo otorgado por la Caja de Compensación Los Héroes a la señora Georgina Rosa Miranda Gómez cumple con las normas establecidas. (2492 al 13696).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra la apelación presentada por don Jorge Andrés Soto Carreño a quien se le rechazó su postulación a la pensión de invalidez. (2493 al 13694).
- Diputado Cerda, Informe a esta Cámara sobre el problema de alcantarillado que existe en el sector de Catapilco, comuna de Zapallar. (74 al 13924).
- Diputada Molina doña Andrea, Informe acerca de la situación que afecta a la señora Daniela María Adriana González Huerta, respecto al pago de su pensión de vejez y que fue presentada ante el Instituto de Previsión Social de Viña del Mar el día 29 de Octubre del presente año. (799 al 13794).
Varios:
- Diputado Accorsi, Informar sobre la resolución dictada con fecha 25 de septiembre de 2012, en causa Rol N° 5339-2013, la que se pronunció sobre el recurso de Apelación en contra del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Copiapó y que confirmaría la paralización de obras del Proyecto Pascua Lama (37 al 5484).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita información sobre el estado de avance de la denuncia presentada con fecha 29 de junio del año en curso, en relación con los varamientos de carbón en la caleta Ventanas. (399 al 9272).
Municipalidades
- Diputada Pascal doña Denise, Informe respecto de situación de escuela básica municipal Dolores Cattín Faúndez de Peñaflor, que también es un internado para niñas en situación vulnerable, luego del incendio que la afectara (89 al 13741).
XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre lo que está sucediendo con los dineros del Crédito con Aval del Estado para la Universidad del Mar, ya que se han recibido denuncias que señalan que los dineros del crédito no estarían llegando a esta entidad, asimismo, solicito de manera especial, información respecto al caso de Felipe Andrés Montenegro Pizarro, quien se ve afectado por la situación descrita anteriormente. (14038 de 15/01/2014). A Ministerio de Educación
- Diputado Carmona, Informar sobre la posibilidad de realizar una investigación interna, estableciendo las causas y demás antecedentes pertinentes, de los hechos que provocaron la muerte del señor Jesús Orellana, trabajador de la Planta Matta. Asimismo, solicita que se tomen las medidas necesarias con la finalidad de evitar futuros accidentes de este tipo. (14065 de 17/01/2014). A Empresas del Estado.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio
Alinco Bustos René
Andrade Lara, Osvaldo
Araya Guerrero, Pedro
Ascencio Mansilla, Gabriel
Auth Stewart, Pepe
Baltolú Rasera, Nino
Barros Montero, Ramón
Bauer Jouanne, Eugenio
Bertolino Rendic, Mario
Browne Urrejola, Pedro
Burgos Varela, Jorge
Cardemil Herrera, Alberto
Carmona Soto, Lautaro
Castro González, Juan Luis
Cerda García, Eduardo
Ceroni Fuentes, Guillermo
Cornejo González, Aldo
Cristi Marfil, María Angélica
Chahín Valenzuela, Fuad
De Urresti Longton, Alfonso
Delmastro Naso, Roberto
Díaz Díaz, Marcelo
Edwards Silva, José Manuel
Eluchans Urenda, Edmundo
Espinosa Monardes, Marcos
Espinoza Sandoval, Fidel
Estay Peñaloza, Enrique
Farías Ponce, Ramón
García García, René Manuel
Girardi Lavín, Cristina
Godoy Ibáñez, Joaquín
Goic Boroevic, Carolina
González Torres, Rodrigo
Gutiérrez Gálvez, Hugo
Gutiérrez Pino, Romilio
Hales Dib, Patricio
Harboe Bascuñán, Felipe
Hasbún Selume, Gustavo
Hernández Hernández, Javier
Hoffmann Opazo, María José
Isasi Barbieri, Marta
Jaramillo Becker, Enrique
Jarpa Wevar, Carlos Abel
Jiménez Fuentes, Tucapel
Kast Rist, José Antonio
Kort Garriga, Issa Farid
Latorre Carmona, Juan Carlos
Lemus Aracena, Luis
León Ramírez, Roberto
Letelier Aguilar, Cristián
Macaya Danús, Javier
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag
Martínez Labbé, Rosauro
Melero Abaroa, Patricio
Molina Oliva, Andrea
Monckeberg Díaz, Nicolás
Monsalve Benavides, Manuel
Montes Cisternas, Carlos
Morales Muñoz Celso
Moreira Barros, Iván
Muñoz D'Albora, Adriana
Nogueira Fernández, Claudia
Norambuena Farías, Iván
Núñez Lozano, Marco Antonio
Ojeda Uribe, Sergio
Ortiz Novoa, José Miguel
Pascal Allende, Denise
Pérez Arriagada, José
Pérez Lahsen, Leopoldo
Recondo Lavanderos, Carlos
Rincón González, Ricardo
Rivas Sánchez, Gaspar
Robles Pantoja, Alberto
Rojas Molina, Manuel
Rosales Guzmán, Joel
Rubilar Barahona, Karla
Saa Díaz, María Antonieta
Sabag Villalobos, Jorge
Sabat Fernández, Marcela
Saffirio Espinoza, René
Sandoval Plaza, David
Sauerbaum Muñoz, Frank
Schilling Rodríguez, Marcelo
Sepúlveda Orbenes, Alejandra
Silber Romo, Gabriel
Silva Méndez, Ernesto
Squella Ovalle, Arturo
Tarud Daccarett, Jorge
Torres Jeldes, Víctor
Tuma Zedan, Joaquín
Turres Figueroa, Marisol
Urrutia Bonilla, Ignacio
Van Rysselberghe Herrera, Enrique
Vargas Pizarro, Orlando
Velásquez Seguel, Pedro
Venegas Cárdenas, Mario
Vidal Lázaro, Ximena
Vilches Guzmán, Carlos
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
Walker Prieto, Matías
Ward Edwards, Felipe
Zalaquett Said, Mónica
-Concurrió, además, el ministro de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn Cordua; el ministro secretario general de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y el ministro de Desarrollo Social, señor Bruno Baranda Ferrán.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Sergio Bobadilla Muñoz, Giovanni Calderón Bassi, Cristián Campos Jara, Pablo Lorenzini Basso y Jorge Ulloa Aguillón.
-Por encontrarse con permiso constitucional no asistieron los diputados señores Fernando Meza Moncada, Clemira Pacheco Rivas, Alejandro Santana Tirachini, Guillermo Teilier del Valle, Patricio Vallespín López, y Germán Verdugo Soto.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 110ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 111ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Ofrezco la palabra.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Edmundo Eluchans y con la asistencia de los diputados señores Aguiló, Bartolú, Delmastro, Díaz, Espinosa, don Marcos; Espinoza, don Fidel; Hasbún, Marinovic, Núñez, Pérez, don Leopoldo, y Rincón, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Considerar con preferencia en la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de acuerdo Nº 995, que solicita al ministro de Agricultura que instruya al director del Instituto de Desarrollo Agropecuario en orden a llevar a cabo las gestiones necesarias para proveer de recursos a los pequeños ganaderos de la Región de La Araucanía, en especial de la comuna de Lonquimay para la pronta obtención de forraje;
2. Votar en general en la sesión de hoy el proyecto de ley que establece un nuevo Código Procesal Civil;
3. Retirar de la Tabla de la sesión ordinaria del día de hoy el proyecto de ley que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país;
4. Remitir a la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, por petición expresa de la Comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio recíproco de información con otros países, en atención a que dicha comisión declinó su conocimiento por ser materias que estaban fuera de su competencia, y
5. Incorporar en la Tabla de la sesión ordinaria del jueves 23 de enero el informe recaído en el proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, sobre los acuerdos de los Comités, considero que no fuimos precisos en la información referida al proyecto de ley que establece el nuevo Código Procesal Civil. Lo que acordaron los Comités, por unanimidad, es votar en general dicho proyecto, pero no efectuar la discusión particular.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, si hubo un malentendido, lo aclaramos, pero entendí perfectamente al señor Secretario, en el sentido de que vamos a votar en general ese proyecto, que después volverá a la Comisión, donde podrán presentarse indicaciones. El Ejecutivo le retiró la urgencia, por lo cual ahora no tenemos ahora el apremio que teníamos.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, al parecer escuché mal debido a la “espectacular” acústica que tiene la Sala.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, lo importante es que se aclaró el punto.
El señor ELUCHANS (Presidente).-Tiene la palabra el diputado señor Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, quiero saber si la Mesa recibió la notificación del Tribunal Constitucional, en la cual se acoge el requerimiento de la Corporación contra el decreto N° 153, del Ministerio de Economía, que pretendía, entre comillas, regularizar el llamado consentimiento expreso en la repactación de los contratos de manera unilateral por las empresas financieras.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Efectivamente, nos hemos informado de eso a través de la página web, pero todavía no nos ha llegado la notificación oficial. Por eso aún no hemos dado cuenta de ello, señor diputado.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, si le parece, cedo mi tiempo al diputado Marcelo Díaz.
El señor ELUCHANS (Presidente).- No hay inconveniente, señor diputado. Recuerdo a la Sala que pueden intervenir hasta seis diputados por hasta cinco minutos cada uno.
V. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE LA ACTIVIDAD DEL LOBBY (Proposición de la Comisión Mixta. Boletín Nº 6189-06)
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que establece normas sobre la actividad del lobby.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión Mixta, en representación de mi bancada quiero señalar las novedades más importantes que contiene la proposición de dicha instancia, que en buena parte fue aprobada unánimemente y, en otras, por mayoría.
En relación con el texto que despachamos al Senado hace bastante tiempo, las novedades son las siguientes:
Primero, los registros de la agenda pública van a ser administrados por el Consejo para la Transparencia y no por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) -como originalmente estaba establecido en el proyecto que se despachó al Senado-, garantizando que, por tratarse de un organismo autónomo, el desempeño de esas funciones se materialice con independencia y por una entidad con amplio conocimiento en materia de acceso a la información pública.
A consecuencia, entiendo, de una indicación más bien verbal de senadores de la Comisión de Gobierno Interior, en particular de la Oposición, el Gobierno se allanó a que la sistematización y el trabajo de las agendas de los funcionarios obligados esté en el Consejo para la Transparencia.
Probablemente, este Consejo requerirá de más recursos o mayor personal. Eso tendrá que verlo el Ejecutivo que corresponda, para los efectos de que dicho consejo pueda desarrollar esa tarea.
La segunda novedad es que, no obstante exigirse la inscripción ex ante en los registros públicos de lobistas -esto es bien importante-, esta se materializará automáticamente una vez realizada la gestión, eliminando el plazo de varios meses para hacerlo. Me explico. Cuando discutimos este proyecto en la Cámara -esto surgió en la Sala-, establecimos para los lobistas un registro voluntario ex ante a que empiece a haber un registro producto de la publicidad de las agendas de los sujetos pasivos.
En el Senado se propuso que este registro siguiera siendo voluntario respecto de aquellas personas que quieran reconocerse como lobistas, pero que sea automático, es decir, que se ingrese automáticamente a él cuando se realicen gestiones de lobby. El Consejo para la Transparencia llevará a cabo esa incorporación en el plazo establecido, que es de tres meses.
En consecuencia, el registro ex ante tiene dos fuentes: la de la voluntariedad y la de la realidad, relacionado con personas que no habiéndose inscrito voluntariamente, terminan siendo lobistas por la razón de su actividad.
En tercer término, se eliminaron los secretarios de comisiones del Senado y de la Cámara como sujetos pasivos de lobby. Esta norma fue sancionada por una votación de mayoría. Yo estuve entre las dos personas que estábamos por dejarlos incluidos. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta estuvo por excluirlos, porque entienden que son esencialmente ministros de fe y, en consecuencia, no hay razón para pensar que puedan ser sujetos pasivos de lobby. Personalmente, no comparto ese juicio, y el diputado Ceroni, tampoco. Pero, en el ánimo de tener lo antes posible una futura ley que regule las gestiones que representan intereses particulares ante autoridades y funcionarios, el informe fue aprobado por unanimidad.
En cuarto lugar, tampoco quedan incluidos todos los asesores legislativos permanentes de los parlamentarios. En el proyecto que enviamos al Senado estaban incluidos todos los asesores legislativos de los parlamentarios; todos ellos debían ser considerados sujetos pasivos de lobby. En la propuesta de la Comisión Mixta quedó establecido que los propios parlamentarios, a comienzos de año, registrarán ante las respectivas comisiones de Ética y Transparencia a los asesores que ellos crean que, por su relevancia, tienen influencia en el trabajo legislativo. Ellos quedarán inscritos y, a partir de ese momento, pasarán a ser sujetos pasivos de lobby.
Esa norma se aprobó por mayoría. Algunos diputados, entre los que me cuento, sostuvimos que si ese era el camino, a lo menos se debía establecer una acción popular para que cualquier persona que estimara que un parlamentario omitió a un asesor legislativo, pudiera reclamar ante la Comisión de Ética y Transparencia. Esa alternativa y la de incluir a todos los asesores no obtuvo la mayoría de los votos.
También se precisó que quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley aquellas actividades que tengan estricta relación con el trabajo en terreno, propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones. Es decir, las tareas propias de la función de representación de un parlamentario en terreno quedan excluidas de la obligación de su publicidad. Esa cuestión surgió en la Comisión de Hacienda de la Cámara y fue perfeccionada por el Ejecutivo por la vía de una indicación.
Por último, se estableció un plazo de tres meses, contado desde la dictación de esta ley en proyecto, para dictar los reglamentos y, de esa manera, garantizar la operatividad de la legislación en tramitación.
Se trata de un buen proyecto y, en consecuencia, tiene sentido aprobar la proposición de la Comisión Mixta a la iniciativa, por cuanto genera más transparencia y se cumple mejor en materia de probidad, ambos principios establecidos en las reformas realizadas a la Constitución Política de la República en 2005.
En definitiva, todo es perfectible; por eso, habrá que ver cómo funciona esta futura legislación. Pero, como esta ley en proyecto constituye un avance muy importante, ojalá la Sala apruebe en forma unánime la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, agradezco al diputado Fidel Espinoza por cederme el uso de la palabra.
Comparto lo señalado por el diputado Jorge Burgos. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en la Sala de la Cámara hicimos un enorme esfuerzo para despachar el proyecto, que posteriormente fue objeto de críticas por algunos actores políticos, parlamentarios y no parlamentarios, que muchas veces ni siquiera habían abierto la boca para opinar respecto del tema, o que, pese haber tenido responsabilidades institucionales, lo que les ha-bría permitido apoyar la legislación en estudio, no fueron capaces de mover ni un solo milímetro la tramitación de una iniciativa de ley que lleva más de una década siendo objeto de deliberación por el Congreso Nacional, lo que, a mi juicio, tiene al país en una situación inadecuada.
Cuando hay que tomar decisiones, como hemos visto en el último tiempo, en torno de las cuales hay un conjunto de intereses privados que se movilizan para asegurar posiciones, no hay quién establezca ni reúna ni fiscalice que tales decisiones se adopten teniendo a la vista el interés general y no el particular. Eso no solo permite la captura de decisiones que se adoptan en el ámbito público, sino que a veces también posibilita el desprestigio de las instituciones, precisamente por la falta de la necesaria transparencia al momento de su adopción, lo que muchas veces significa que paguen justos por pecadores.
Coincidimos con que el proyecto despachado por la Cámara era bueno. Por cierto, no estaban incluidos todos los puntos que anhelábamos. Incluso más, los diputados de la Nueva Mayoría éramos partidarios de un registro de lobistas ex ante habilitante, pero no logramos un acuerdo al respecto; solo logramos una especie de transacción que nos permitió contar con un registro en condiciones distintas. No obstante, perfeccionamos en forma seria, con la buena voluntad de todos, el proyecto presentado originalmente a la Cámara.
Recomendaré a los diputados de mi bancada apoyar el proyecto en los términos en que viene redactado de la Comisión Mixta, para que, por fin, el país tenga por primera vez una ley de lobby.
Sin embargo, quiero dejar constancia de que modificaciones que se introdujeron en la Comisión Mixta van en el sentido contrario de lo que aprobamos en la Cámara, por lo que, a mi juicio, no son correctas. Tenemos, por ejemplo, la exclusión de la categoría de sujetos pasivos de lobby de los secretarios de comisiones y de los asesores de los parlamentarios o, como indicó el diputado Burgos, la inexistencia de un procedimiento que permita a cualquier ciudadano reclamar sobre la necesidad de incluir o no a un determinado funcionario o asesor parlamentario en el registro de lobistas.
En el futuro habrá que introducir algunas correcciones a esta legislación para que nuestra ley sea comparable con las legislaciones más modernas del mundo. Es necesario, por ejemplo, contar con un registro habilitante. Si bien el hecho de registrar las agendas públicas representará una enorme carga de trabajo para los sujetos pasivos de lobby, eso permitirá asegurar la máxima transparencia en el proceso de toma de decisiones, para poner cortafuegos infranqueables en materia de contaminación de las decisiones por parte del interés privado. A la larga, esto terminará beneficiando, sobre todo, el prestigio de las instituciones del país.
En la medida en que exista capacidad de fiscalizar y de tener control sobre la forma como se hace la gestión de lobby, tanto por quienes la realizan de manera remunerada como por quienes la realizan sin mediar un pago, también tendremos la posibilidad de que la ciudadanía se dé cuenta de que la inmensa mayoría de las decisiones se adoptan teniendo enfrente el interés general y no consideraciones subalternas.
Reitero que vamos a dar nuestro respaldo a la proposición de la Comisión Mixta al proyecto que, una vez que se convierta en ley, nos permitirá avanzar seriamente en esta materia.
Sin embargo, deseo reiterar algo que he dicho, como lo fenicios, siempre que discutimos proyectos de esta naturaleza. Hay cuatro pilares fundamentales para contar con un dispositivo jurídico-institucional que asegure que nuestro país tenga los más altos estándares de probidad y transparencia, a saber: primero, una buena ley de transparencia. En ese sentido, hay un proyecto, aprobado en forma unánime en esta Sala, que, de manera incomprensible, está durmiendo desde hace dos años en el Senado.
Segundo, una buena legislación en materia de lobby. Si hoy aprobamos este proyecto, el resultado será positivo.
Tercero, una buena ley de probidad. En la Cámara cumplimos con esa tarea. En el Senado, en cambio, el proyecto respectivo se encuentra frenado sin ninguna razón o fundamento, como bien dijo hace algunos días el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de nuestra corporación, diputado Patricio Vallespín. Dicha iniciativa establece una verdadera declaración de patrimonio e intereses, que impide ocultar los bienes e intereses que tengan las autoridades públicas y establece un fideicomiso ciego.
Finalmente, una nueva ley de transparencia y de control y límite del gasto electoral, que sigue siendo la gran tarea pendiente.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, esta es una buena fecha para recordar dentro del trabajo de la Cámara de Diputados. La historia del proyecto es larga, de hace diez años. Esta iniciativa fue ingresada por el gobierno de la época el
Tras cinco períodos consecutivos como diputado por Santiago, para mí es especialmente grato votar favorablemente la proposición de la Comisión Mixta. La Ley de Transparencia y la ley en proyecto serán dos pilares de un cambio de cultura en la ejecución y gestión de la función pública en Chile. Esas dos iniciativas nos ponen en la punta, en la avanzada en materia de legislaciones adecuadas para la transparencia pública, que es un valor fundamental reclamado por todos en el ejercicio de la función pública.
En el diario han aparecido algunos debates, a mi juicio, artificiales, planteados por parlamentarios, especialmente por senadores que han llegado tarde a la discusión de la futura ley. ¿Cuál ha sido el meollo de este tema? Es la famosa característica del registro de lobistas. ¿Qué pasaba? Que al momento de constituir el registro la tarea se tornaba imposible. El lobby mataba al lobby, porque, como estamos en Chile, la cantidad de personas que se iban a declarar lobistas, que estaban dispuestas a ello, era exigua, en circunstancias de que los que hacen lobby son muchos. Entonces, la gente expresaba: “Mire, yo no soy lobista; soy abogado, comunicador, asesor, gremio u ONG. Igual hago lobby, pero por ningún motivo a mí me inscriban en el registro de lobistas”, con lo cual íbamos a seguir teniendo el mismo lobby oculto de siempre con un registro de lobistas que no se movía, que se limitaba a dos o tres personas jurídicas o naturales inscritas en ese registro.
La indicación del Ejecutivo hizo un giro copernicano sobre la materia al establecer, con una medida bien inteligente -creo que así es reconocido por todos-, que quienes se declaren lobistas se inscriban voluntariamente en el referido registro, pero ese registro no solamente los contendrá a ellos, sino a todas las personas naturales y jurídicas que hagan efectivamente lobby, por la vía de obligar al funcionario público, al juez, al diputado, al senador, al que represente una función pública determinada en la ley como eventual objeto pasivo de lobby, quien deberá declarar en su agenda las reuniones que tenga, las audiencias que se le soliciten, las gestiones que se le planteen por quienes estén interesados en obtener una decisión legal, la aprobación de una iniciativa de ley o una decisión administrativa. De esa forma, de manera moderna, recogiendo todas las tecnologías adecuadas, se formará un registro efectivo de lobistas, tanto por la inscripción automática del que haga el lobby como por la declaración voluntaria del que haya partido por inscribirse.
El registro de lobistas y de gestores de intereses particulares, al que se incorporarán las personas que desempeñen estas actividades ante los sujetos pasivos de lobby, se organizará inscribiéndose en forma previa o automáticamente.
Dicho registro se publicará y actualizará mensualmente en el banner de Transparencia Activa y, asimismo, constará en el sitio web a cargo del Consejo para la Transparencia. Las personas inscritas en este registro deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la ley.
Por lo tanto, antes de que termine el año, en Chile va a haber un registro efectivo de lobistas, gracias al cual todo el mundo va a poder saber quiénes son lobistas y qué hacen. El lobby, en sí mismo, es una actividad no ilegal o ilegítima. Corresponde al derecho de petición de un gremio, de una persona, de un grupo de interés, y es perfectamente posible hacerlo. Sin embargo, es importante que Chile sepa cuándo se hace, cómo se hace y ante quién se hace, y eso va a quedar clarito. Entonces, este excelente proyecto de ley es una excelente noticia.
Respecto a los parlamentarios -yo no voy a serlo en el próximo período-, esta será una cuestión de criterio. Ha quedado fuera toda obligación de declarar los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propios de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo. Eso no está dentro del lobby.
¿Qué está dentro del lobby? Creo que aquí va a haber una cuestión de criterio. El diputado y el senador, sobre todo con experiencia, saben perfectamente cómo actuar cuando lo llaman, cuando le solicitan una audiencia, cuando les escriben un correo para pedirles que en tal iniciativa de ley o en tal decisión opine de tal o cual manera, y les dan una serie de argumentos. Entonces, el cuidado que habrá que tener es que las reuniones, las audiencias, las solicitudes estén también muy claras en la agenda de cada uno, que va a estar publicada en la web. Eso ayudará a saber exactamente quién hace lobby, cómo lo hace y cuándo lo hace.
Reitero que este es un excelente proyecto de ley que, junto con la ley de transparencia y sus modificaciones, son dos pilares de una nueva cultura de transparencia y de correcto ejercicio de la función pública. La aprobación por unanimidad de la proposición de la Comisión Mixta en relación con la iniciativa en estudio representará que estamos ante un trabajo eficaz y que honra la labor de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional.
Vamos a votar que sí con mucho gusto y entusiasmo.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente, en estos días he sido abordado en la calle por personas que me han preguntado cómo van a legalizar el lobby. En verdad, hay que aclarar que lobby es la palabra siútica con que los chilenos acostumbramos a llamar lo que en castellano se denomina cabildeo; es decir, la movilización de actores en defensa de sus intereses o de los intereses de otros, para lo cual son contratados para defenderlos a la hora de la tramitación de iniciativas de ley o de la toma de decisiones administrativas. En nuestro caso, en la tramitación de los proyectos de ley siempre somos objeto -es bueno que se sepa- de planteamientos de diversos sectores. Algunos defienden directamente sus intereses, otros defienden los intereses de otros; es decir, están profesionalizados en esto.
Lo que vamos a hacer no es legalizar el lobby; éste es legal, existe, está ahí, pero el punto es que no tiene regulación alguna. Lo que hace este proyecto de ley es permitir que cualquier ciudadano pueda observar con claridad la genealogía de las leyes; es decir, quiénes participaron en alguna de ellas, quiénes ejercieron presión, quiénes hicieron planteamientos y cuál es la relación entre el producto final, es decir, esa ley, y las respectivas presiones, los cabildeos, los distintos actores que intentaron incidir en ella.
Desde el punto de vista parlamentario, la ley en tramitación constituye un avance gigantesco en materia de clarificación, por cuanto llevará a cada uno de nosotros a obligarnos a escuchar a todos los actores involucrados en una temática particular, o bien a no escuchar a ninguno. Imagino que en la tramitación, por ejemplo, del proyecto de ley de televisión digital ningún parlamentario querrá aparecer en el registro, porque este -como decía el diputado Cardemil- se constituirá a partir de la información que entreguemos nosotros y de la decisión voluntaria de inscribirse por parte de los lobistas profesionales. Pero, finalmente, todo el que practique lobby estará inscrito en un registro, felizmente no administrado directamente por el gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sino por el Consejo para la Transparencia, lo que me parece una muy buena decisión de la Comisión Mixta.
Pero, retomando el argumento, nadie querrá que la genealogía de su propio voto pueda ser establecida por los ciudadanos electores, tras haberse reunido el parlamentario solo con el gran propietario de telecomunicaciones, si el proyecto en cuestión versara sobre las telecomunicaciones. Por lo tanto, o bien no nos reuniremos con ese personero, o bien nos obligaremos a reunirnos con todos los actores que deseen hacer algún planteamiento sobre el particular.
Mi disposición es que, desde ahora en adelante, quienes quieran reunirse conmigo para discutir algún asunto relacionado con un proyecto de ley en trámite -lo digo en público, a través de este medio-, serán invitados a hacerlo en la Comisión de Hacienda, de la que formo parte. Es en esa instancia legislativa -las comisiones- donde los diputados recibimos los planteamientos de los distintos actores. No hay razón alguna para que un parlamentario reciba de un actor particular una indicación particular que incida en la tramitación de un proyecto de ley particular.
En suma, la solución que nos plantea la Comisión Mixta es satisfactoria, aunque tiene algunos aspectos que son insatisfactorios, como haber dejado fuera a parte de los asesores parlamentarios. No sé por qué los senadores estaban muy interesados en esto.
Con todo, la solución es globalmente positiva, toda vez que la regulación de una actividad como el lobby constituye un avance muy importante para la transparencia democrática.
Por eso, votaré a favor e invito a mis colegas de la bancada del Partido por la Democracia a hacer lo propio.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, quiero referirme a dos temas que en algún momento fueron motivo de debate en la Cámara, respecto de los cuales, por lo que veo, en la Comisión Mixta no se avanzó. En primer lugar, se pone la carga de la regulación en el sujeto pasivo, es decir, en aquellos que son objeto del lobby, y no en el sujeto activo, que es el que desarrolla en lobby. A mi juicio, está regulación será difícil de implementar y generará controversia. Lamento lo que vaya a ocurrir en el futuro. Esto lo discutimos en la Comisión, cuando se planteo que la regulación iba a estar orientada hacia las autoridades receptoras de la gestión de lobby.
Voy a poner ejemplos simples. En el desarrollo de nuestro trabajo, uno recibe gente. Los parlamentarios representamos a un sector de la sociedad y a sectores del territorio. A veces ocurre que nuestros representados requieren gestiones del parlamentario para desarrollar acciones. Algunas pueden ser particulares, en beneficio de alguna persona. En mi caso, como soy médico, cuando hay problemas de salud puede ocurrir que una o varias personas me pidan apoyo para conseguir una mejor atención médica. Se trata de personas naturales que tiene un interés particular, las cuales se acercan al diputado en el terreno, en el distrito. ¿Es esto lobby pasivo? ¿Acaso esas personas, que se me han acercado para gestionar un interés particular, están actuando como lobistas? ¿Habrá que registrar estas gestiones de particulares para conseguir una mejor atención médica? ¿Habrá que comunicar que una señora se acercó a pedirme asesoría médica? A mi juicio, será complicado implementar esta ley en proyecto, dado que el regulado será el sujeto pasivo y no el que actúa como lobista.
Hay países en los cuales la ley actúa sobre el gestor activo del lobby, sobre aquel que hace lobby. Por eso, el registro de lobistas determina quiénes pueden ejercer la gestión de lobista. En cambio, el sistema chileno, por lo que infiero de la discusión que se está dando en la Cámara, está optando por regular respecto del sujeto pasivo del lobby. Creo que debimos haber sido más proactivos y centrarnos en el rol activo de aquellos que realizan lobby. De lo contario, nos vamos a encontrar con situaciones bastante complejas de resolver. Sin ir más lejos, la Comisión de Ética de la Cámara se va a convertir en un órgano especialmente particular, porque deberá resolver algunas discrepancias.
El diputado Auth nos decía que cuando algún dirigente gremial de alguna repartición pública o algún dirigente sindical se le acerque para plantearle algún tema de carácter legislativo, sencillamente lo va a invitar a la comisión. Pero, ¿qué va a pasar cuando un dirigente sindical, un dirigente de trabajadores de alguna empresa de su distrito se le acerque para plantearle los problemas que tiene con el empresario equis? Este acercamiento entre dirigente y diputado, ¿deberá ser declarado en su gestión?
Reitero, esto de centrar la regulación en el sujeto pasivo de lobby va a acarrear problemas de interpretación.
Si bien me parece razonable regular el lobby, el cautelar solo al sujeto pasivo no me parece la mejor medida. Lo dije la vez pasada y lo reitero hoy: era mucho más razonable y sencillo actuar como lo hacen otros países, que ponen la carga de la regulación en el sujeto activo, en el que hace lobby, en lugar de cautelar a quienes son receptores de lobby.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, sin duda que este proyecto, que regula las relaciones entre los lobistas y los funcionarios públicos, es un tremendo avance. Es de todos sabido el tremendo lobby que han desarrollado organizaciones gremiales y sindicales, las grandes empresas, etcétera, que prácticamente han vivido en los pasillos del Congreso Nacional cuando se ha legislado alguna materia trascendente.
Por eso, y porque es absolutamente necesario regular esta práctica, votaré favorablemente este proyecto. Con todo, creo que está incompleto. Hay temas que no se tocaron, y desconozco la razón. Comparto la necesidad de la transparencia total. A partir de ahora, existirá un registro de lobistas. Es decir, cuando una persona quiera conversar, lo primero que le van a pedir es el número de registro. A mi juicio, esto atenta contra la libertad de las personas. Por eso digo que el proyecto viene incompleto. Está bien que existan profesionales del lobby, pero, ¿qué va a pasar con los sindicatos, con los gremios? Por ejemplo, los sindicatos de Codelco han venido año tras año a hacer lobby para que exista la capitalización de Codelco. Lo han hecho con buenos argumentos. Pero si no figuran en el registro de lobistas, no van a poder hacerlo.
Entonces, creo que la ley en tramitación es incompleta. Es un esfuerzo para avanzar, pero todavía falta.
¿Quién va a faltar a la ley? ¿Quién no va a cumplir con ella cuando haga un lobby y reciba un pago por ese trabajo? Eso no está considerado en la iniciativa de ley. En consecuencia, ¿vamos a decir que son lobistas ad honorem o personas que van a recibir un pago?
Eso no está legislado, y creo que es una materia altamente delicada. Para que esto tenga transparencia y se logre lo que se pretende, que es legislar sobre el lobby para aceptarlo como actividad, se necesita una discusión mucho más amplia.
He señalado estos puntos para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, porque, finalmente, la ley en proyecto se puede transformar en letra muerta si no se cumple lo que estoy señalando.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la Comisión Mixta en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que regula la actividad de lobby.
Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere el voto favorable de 65 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvo eldiputado señor
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Despachado el proyecto.
OTORGAMIENTO DE BONO DE APOYO A FAMILIAS NUMEROSAS (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9040-31) [Continuación]
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Corresponde continuar con el debate sobre el proyecto de ley que otorga un bono de apoyo a familias numerosas.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto, contenido en el se inicio en la sesión 115ª de la actual legislatura, en 21 de enero de 2014.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el proyecto no me convence plenamente en lo que se refiere a utilidad. Más bien, tiendo a pensar que es el resultado de una promesa presidencial en un momento en que se iniciaba la campaña por los relevos, realizada cuando el actual Presidente pasaba por un bajo porcentaje de aprobación. Así lo decidía la ciudadanía en ese entonces, según las encuestas. Además, hay tres razones por las cuales el proyecto no me convence.
El ministro debería estar presente -sé que está cerca de la Sala- antes de la votación, para aclarar nuestras dudas, especialmente respecto de algunos casos.
En primer lugar, el proyecto establece que el bono se entrega por una sola vez. Por ello, dudo que pueda cumplir con los objetivos señalados en sus fundamentos, en el sentido de que el bono es un incentivo para que las familias puedan tener más hijos.
Si ese incentivo fuera mayor o tuviera carácter permanente, sería diferente.
En segundo lugar, tampoco me convence el hecho de que se entregue a todas las familias y no solo a aquellas que pertenecen a los sectores más desposeídos. Para los que tienen más no es un incentivo, y para los que tienen menos sería una ayuda ínfima en el momento en que la familia crece. Creo que, en ningún caso, este bono se transformará en un elemento que permita a estas familias mayor sustento en el futuro.
Por último, pienso que el financiamiento no está bien definido, ya que se establece que se hará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Eso no estuvo en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos que nos corresponde aplicar en 2014. Además, se establece que en lo que faltare -si no hay más presupuesto en dicho ministerio- se financiará con recursos provenientes de la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En realidad, necesariamente deberá cargarse al Tesoro Público, que es la partida prevista para emergencias o eventualidades en relación con proyectos de ley aprobados por las dos cámaras del congreso Nacional.
A su vez, en conversaciones con el señor ministro, posteriores a la discusión de la Comisión de Hacienda, analicé lo que él decía. Tocamos el tema en forma más profunda, con antecedentes que no se tuvieron en primera instancia, durante la discusión en la Comisión de Hacienda. Luego, acudí a las estadísticas, y creo aportar al señalar que los quintiles 1 y 2 son los mayormente beneficiados. De ser así, bien por los que más necesitan.
En la Comisión de Hacienda me abstuve, a la espera de contar con nuevas opiniones; quise ver si en la Sala se introducían nuevas indicaciones. Sin embargo, hasta la fecha no sé de ello. No obstante, se me produjo un cambio de opinión, aunque no profundo, al conversar con el señor ministro.
Debido a todo lo expresado, estoy por aprobar el proyecto, pero con el escepticismo que he planteado en mi intervención respecto de su utilidad, y en la esperanza de que, en el futuro, le demos una focalización más precisa y menos populista, según mi opinión.
He hecho estos comentarios, porque era la situación prevista en un primer instante, y he agregado lo que, en forma muy sabia, me ha dado a conocer el señor ministro.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, nunca podría ser desestimado un proyecto que apoya a la familia, sobre todo a aquellas que tienen muchos hijos, lo cual es un mérito en nuestra sociedad, especialmente si se considera que la natalidad está disminuyendo en forma preocupante.
Si bien es cierto que el proyecto está destinado a las madres que tengan un tercer hijo o hija, sea por naturaleza o por adopción, el bono se otorgará respecto de los nacimientos producidos desde el
El bono es de 100.000 pesos por el tercer hijo o hija; de 150.000 pesos por el cuarto hijo o hija, y de 200.000 pesos a contar del quinto hijo o hija. Este será de cargo fiscal, se concederá por una sola vez, no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno, y no será considerado subsidio periódico para los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.595.
La administración del bono corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social.
La iniciativa establece las condiciones para acceder al bono, con normas relativas a la verificación de información y determinación del cumplimiento de los requisitos para su concesión y el pago del beneficio.
Además, establece que a quien percibiere el bono indebidamente, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderle, de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido.
La postulación se podrá hacer en forma presencial o por vía electrónica, y se estima que la cantidad de bonos podría alcanzar a alrededor de 52.000 por año. Es decir, no va a todas las familias, sino a las de menores recursos con más de tres niños.
Finalmente, la iniciativa tiene artículos transitorios que se refieren al reajuste y de cómo se financiará el bono.
El proyecto es un compromiso del Estado con el fortalecimiento y el apoyo, en especial, a las familias y las mujeres, a través de distintos proyectos que ya se han aprobado. Si bien es cierto que algunos han considerado que es una iniciativa pro natalidad, la considero, más bien, un premio a las familias que han tenido más hijos. Es cierto lo que decía el diputado Jaramillo, en el sentido de que con 100.000 pesos no va a aumentar la natalidad, pero se podría premiar.
Por otra parte, se ha buscado emparejar a las familias, a través del aumento de la cobertura de la educación preescolar, con medidas como la obligatoriedad del kínder, la extensión de la subvención escolar a jardines infantiles, el aumento de cupos para las salas cuna y jardines infantiles, el acceso y la permanencia garantizados de los niños para las familias que ya tienen un hijo en el mismo establecimiento de enseñanza parvularia, entre otras, como el gran beneficio, al que no nos hemos referido, de la extensión del posnatal en nuestro país.
También se han entregado otros beneficios como una forma de reconocimiento a la familia y la maternidad.
Según la encuesta Casen, en el año 2006 había 402.355 familias chilenas con tres o más hijos menores, lo que representaba el 9,3 por ciento de los hogares, cifra que el año 2011 se redujo a 309.413, lo que representaba el 6,2 por ciento de los hogares.
Visto de otro modo, mientras el total de hogares aumentó en el mismo periodo a razón de 1,5 por ciento anual, las familias numerosas disminuyeron a razón de 4,6 por ciento. En la actualidad, cerca de 1.700.000 personas pertenecen a este tipo de familias, lo que representa el 10 por ciento de la población total del país.
Se puede apreciar, además, que el 45 por ciento de las familias numerosas -esto es importante por el otorgamiento del beneficio- pertenece al primer quintil de la población, donde cada persona vive en promedio con 39.300 pesos mensuales. Si a ello se suman las pertenecientes a los quintiles segundo y tercero, se puede concluir que el 82 por ciento de las familias con más de tres hijos menores en el país están en condición de vulnerabilidad social.
Ahora, si se consideran las familias con cuatro o más hijos, las cifras aumentan, ya que el 54 por ciento de ellas pertenecen al primer quintil y el 86 por ciento está en situación de vulnerabilidad si se añaden las pertenecientes a los dos quintiles siguientes.
En el caso de las familias con cinco o más hijos, dos de cada tres pertenecen al primer quintil y el 89 por ciento está en condición de vulnerabilidad. O sea, sigue la tendencia de que las familias de menores recursos tienen más hijos.
Con todo, la presente iniciativa, que pretende crear el bono de apoyo a las familias numerosas, ciertamente constituye una política, como dije, no de incentivo a la natalidad, sino para premiar a quienes han optado por la vida y no han tomado otras decisiones dramáticas como el aborto.
Señor Presidente, no veo por qué el proyecto pudiera ser cuestionado, ya que siempre se alabó y destacó que el gobierno anterior, de la Presidenta Michelle Bachelet, entregó muchos bonos a las familias chilenas, los que siempre se consideraron un aporte, un hecho positivo. ¡Qué cosa más bonita que entregar un bono a quienes han optado por la vida y que han decidido crear una familia numerosa, más allá de las condiciones económicas y de las situaciones difíciles que han tenido que enfrentar en la vida!
Por lo tanto, me parece muy importante aprobar el proyecto, ya que ha estado demasiadas veces en Tabla y, por fin, hoy día se logró que se vote en la Sala.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.- Señor Presidente, si hay algo en que no existe mayor duda dice relación con el fracaso de una de las grandes promesas del actual Gobierno, cual es la eliminación de la extrema pobreza.
La verdad es que ni siquiera fue capaz de medir bien la pobreza, porque en su afán exitista de tratar de conseguir resultados rápidos e históricos, el Gobierno no trepidó en manipular la encuesta Casen, lo que significó que se pusiera en duda el instrumento que permitía hacer una medición comparativa de la situación de la pobreza en nuestro país. Lo hizo primero desoyendo las recomendaciones de la Cepal para hacer las comparaciones con la Casén de 2009; luego, lo hizo con la Casen de 2010, modificando las preguntas, lo que significó que Cepal terminara de colaborar con Chile respecto de la encuesta y que esta no se pudiera aplicar posteriormente.
Tampoco se cumplió con un compromiso que figuraba en la Ley de Presupuestos de 2010, que era fijar una nueva línea de medición de la pobreza y una nueva canasta.
Creo que en estos días se pretende dar a conocer el nuevo indicador, pero pasó el Gobierno completo de Piñera sin novedad al respecto.
El Gobierno también prometió modificar la Ficha de Protección Social. Más de 12.000 millones de pesos en un año, 8.000 millones en otro, es decir, prácticamente 20.000 millones de pesos botados a la basura, porque no se pudo implementar esa nueva Ficha de Protección Social, lo que tiene a millones de chilenos con sus puntajes congelados y sin poder postular a distintos subsidios y beneficios. La verdad es que todo el trabajo que hizo el Panel de Expertos, como el levantamiento de información, el reencuestaje, no sirvió para nada.
Se creó el Ministerio de Desarrollo Social. Hemos tenido dos ministros en esa cartera, los señores Lavín y Baranda. La verdad es que cuando uno se pregunta cuál es el impacto de su creación, no ha sido muy distinto de lo que fue Mideplan, porque todavía no se ve su rol de articulación, los resultados del Consejo de Ministros, etcétera.
Señor Presidente, podemos asegurar que no hemos visto ninguna evaluación de impacto, por ejemplo, respecto del famoso Ingreso Ético Familiar, que se ha transformado en un bono mínimo para algunas familias, que ha operado de mala manera y para cuya implementación se han contratado operadores políticos en vez de personas idóneas para hacer el acompañamiento sociolaboral y sicosocial de la familia.
En materia de medición y de políticas, ha existido fracaso tras fracaso del Gobierno. Para tratar de tapar ese fracaso, envían el proyecto de bono de apoyo a las familias numerosas, como si tuviera un impacto real para incentivar la natalidad, en circunstancias de que considero que no tiene ningún impacto sobre el particular.
No voy a repetir los conceptos que planteó el diputado Marcelo Schilling en la sesión de
Sin embargo, señor Presidente, considero que es una señal para las familias más modestas, ya que aliviará algo su situación económica, sobre todo después que se desmanteló el Programa Chile Crece Contigo, creado durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, y todo el apoyo que entregaba desde la maternidad a la más tierna infancia.
Debido a esta mirada más bien monetarista de la pobreza que tiene el Gobierno del Presidente Piñera, dice que todo lo tapan con bonos. La verdad es que ese beneficio no conseguirá los objetivos que busca el proyecto; sin embargo, creo que hay que respaldarlo, sobre todo si pensamos en las familias más modestas, las que, ¡por Dios que les cuesta enfrentar la manutención de sus hijos! Por lo tanto, el beneficio otorgado por la iniciativa aliviará en algo esa realidad, aunque en forma muy temporal. Esto nos desafía a crear políticas reales de estímulo para aumentar la natalidad en el país.
Si pensamos de manera más profunda respecto de la situación, veremos que tiene que ver con la sociedad que estamos construyendo. ¿Por qué la gente no tiene hijos? Porque estamos viviendo una sociedad del consumo, de la competencia por sobre la colaboración, del exitismo, que obliga a ambos cónyuges a trabajar durante diez horas diarias, más dos horas que ocupan para transportarse, lo que desintegra a las familias. La sociedad que estamos construyendo no da espacio para las familias, no da espacio para que aumentemos la natalidad, porque los costos del colegio y de la salud son enormes. Además, las familias están sobreendeudadas. Como dijo el Papa, lamentablemente nos gobierna el dinero, pero el dinero no tiene que gobernar. No podemos poner el consumo en el centro del desarrollo, sino que debemos ubicar allí a la persona, al ser humano. Creo que ese es el paradigma que tenemos que cambiar. Un bono como este no aumentará la natalidad. Cambiemos el paradigma de desarrollo que tenemos, para lograr un modelo de desarrollo centrado en la persona, en el ser humano. Creo que ahí se va a dar más espacio para las familias, para el amor y, por cierto, vamos a tener más hijos, que es uno de los objetivos que busca el proyecto.
Votaré favorablemente el proyecto, pero no podemos barrer bajo la alfombra una realidad que claramente supera a la iniciativa.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, junto con señalar que votaré a favor el proyecto de ley en discusión, porque me parece muy positivo que se proponga otorgar un bono de apoyo a las familias numerosas, deseo expresar que lamento los planteamientos del diputado señor Chahin respecto de la política social del Gobierno, porque los considero injustos y equivocados, sin perjuicio de que valoro que también haya señalado que votará a favor la iniciativa.
El Gobierno ha logrado muchos avances en materia social, sin perjuicio de que algunas cosas quedarán pendientes, tal como ocurre en toda administración. Este Gobierno es el que ha hecho más cosas en favor de las personas más pobres, como la generación de trabajo y de acceso a mayores oportunidades y dignidad, De manera que me siento muy orgulloso de los avances alcanzados.
Asimismo, en este Gobierno se han reducido los niveles de pobreza, lo que constituye una buena noticia, sobre todo después de que la pobreza aumentó en la última etapa del gobierno pasado.
De igual modo, a diferencia de lo que ocurrió en la administración anterior, en el gobierno actual las desigualdades en materia de ingreso han disminuido, lo cual se puede comprobar sobre la base de las mediciones efectuadas por el coeficiente de Gini.
Por lo tanto, se ha avanzado de manera importante en materia de políticas sociales, razón por la que los comentarios que se han hecho al respecto resultan injustos. Reitero que quedarán aspectos pendientes, por ejemplo, en relación con la Ficha de Protección Social. En todo caso, espero que el nuevo gobierno se aboque a esas materias. Todos trabajaremos en unidad para que las cosas se hagan como corresponde.
Reitero que la iniciativa en debate es positiva, porque está en la línea de propender a que se reconozca el valor de la familia, pero no creo que el otorgamiento del bono que propone permita incentivar el aumento de la natalidad. A pesar de que eso es lo que se señala en el mensaje, comparto lo planteado por la diputada señora Cristi, en el sentido de que me parece un buen reconocimiento sobre el valor de la familia. Sin embargo, pero eso no se logra sin otras medidas con amplia cobertura y que apuntan en la misma dirección, como el aumento del posnatal, la creación del Ingreso Ético Familiar y el subsidio al empleo de la mujer. Ese conjunto de medidas son muy potentes, a las que se debe agregar la entrega del bono Bodas de Oro, destinado a todas las parejas que han cumplido cincuenta o más años de matrimonio. En ese contexto es una buena iniciativa.
En las comisiones en las que se tramitó el proyecto se consultó respecto de las personas que serían beneficiadas con lo que propone. No entraré en más detalles al respecto, porque, como ya lo señaló la diputada señora Cristi, será beneficiada la mayor parte de las familias numerosas, con tres o más hijos. De manera que la ayuda se concentra en los más pobres de Chile.
La iniciativa en debate se debe dimensionar sobre la base de lo que es, no en el sentido contrario, es decir, no pretende eliminar la pobreza ni aumentar la natalidad, sino hacer un reconocimiento a las familias numerosas, mediante la entrega de un bono de apoyo destinado a las familias que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, porque es en ellas donde se concentra el mayor número de niños.
En consecuencia, junto con reiterar que votaré a favor el proyecto, quiero decir que valoro lo señalado por el diputado señor Jaramillo, quien en la Comisión de Hacienda planteó sus dudas respecto de la iniciativa, pero en la Sala hoy ha manifestado que la apoyará.
Por último, espero que se implementen de buena manera y con prontitud sus disposiciones, porque creo que es una iniciativa valiosa.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, aunque en el debate de este proyecto se diga que su propósito es diferente del que se explicita en el mensaje, las cosas quedan como se dicen en el mensaje. En este caso se señala que lo que se propone es dar un bono de apoyo a familias numerosas a partir del tercer hijo, con el propósito de estimular el crecimiento de la población chilena. En ese sentido -tal como alcancé a escuchar de la intervención del diputado señor Chahin-, hay que decir, con certeza, que este tipo de medidas no contribuirán de manera significativa, ni siquiera insignificante, al aumento de nuestra población.
En 2012, las familias chilenas gastaron 560 millones de dólares en la educación a sus hijos, a través del copago u otras formas de pago de la educación. Por lo tanto, la eliminación de esa carga financiera aliviaría mucho los problemas económicos de las parejas jóvenes, lo que las animaría a tener hijos. Lo mismo ocurriría si tuviéramos una política de vivienda que no se limitara a repartir certificados que hipotéticamente dan a las familias que los reciben el derecho a un subsidio para la adquisición de una vivienda, sino que estimulara la construcción y que cambiara la política de vivienda social. Eso haría que muchas parejas jóvenes que se inhiben de tener hijos, porque están de allegados en la casa de su suegra, de su suegro o de algún hermano, se animaran a tener más familia.
Incluso, una medida que no tuviera connotaciones materiales, como la eliminación del aporte de las familias a la educación de sus hijos o la construcción de viviendas para que las parejas jóvenes se pudieran establecer de manera autónoma, rendiría más en términos del crecimiento de la población. Otro tanto ocurriría si, por ejemplo, algunas confesiones religiosas señalaran que el sexo no es pecado. Les aseguro que eso haría crecer más la población que con la entrega de este bono miserable, el cual -digámoslo- tiene un significado similar al de una dádiva, al de un pequeño regalito que entrega este Gobierno antes de irse. Sin embargo, que esto forme parte de una política social, ¡por favor! En cualquier parte del planeta, una proposición como la que se propone en la iniciativa que estamos discutiendo desataría carcajadas; solo en un país como Chile esta cuestión se toma en serio.
En forma sistemática, el Gobierno, desde que se instaló en el poder, se ha burlado de los chilenos, y este proyecto parece ser la última tomadura de pelo. Por lo mismo, independientemente de lo que digan desde las bancadas de enfrente, donde se entrenan para ser jefes de los partidos que serán Oposición y elaboran teorías rebuscadas para justificar lo injustificable, voy a votar en contra el proyecto.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el único mérito de este proyecto es que pone en la agenda pública un tema que en general ha sido invisibilizado: el de las familias numerosas.
Respecto de la situación de vulnerabilidad y pobreza en que viven las familias numerosas del país, entendiendo por tales las que tienen tres o más hijos, cabe señalar que el 82 por ciento de ellas están en los primeros tres quintiles, en el que se encuentran las personas vulnerables. Además, los datos indican que el 77 por ciento de las familias con cinco hijos pertenecen al primer quintil, que el 56 por ciento de las familias con cuatro hijos pertenece al primer quintil y que el 45 por ciento de las familias con tres hijos pertenecen al primer quintil. Así, la transferencia monetaria que se propone en el proyecto en discusión, al igual que el ingreso ético familiar, irá dirigido principalmente a las familias más vulnerables. De allí que no me puedo oponer a aprobar una iniciativa de esa naturaleza, ya que cualquier transferencia monetaria que llegue a las familias más vulnerables ciertamente que permitirá aliviar su situación.
No sé si lo que propone la iniciativa fomente la natalidad, pero no creo que sea así. El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero sí implementó una política que fomentó la natalidad, a través de la entrega de un bono de 1.500 euros por cada hijo nacido, puesto que España tenía una de las tasas de natalidad más bajas de Europa: 1,3 hijos por mujer, con lo cual logró el objetivo que se buscaba: que los españoles se decidieran a tener más hijos.
La tasa de natalidad de Chile es de 1,9 hijos por mujer, cifra que está por debajo de la tasa de recambio, lo cual ya es una preocupación. Si queremos que la pirámide demográfica no se invierta, con los efectos que eso produciría en el sistema previsional, debemos fomentar la natalidad. No sé si el bono que se quiere otorgar la fomentará, pero sí aliviará la vida de las familias más numerosas que están en situación de vulnerabilidad.
Como señalé, el mérito del proyecto es que pone en la agenda pública un tema que ha sido invisibilizado. En materia de postulación a la vivienda, no se distingue si se tienen tres, cinco o seis hijos. La persona postula siempre al mismo tipo de subsidio. En consecuencia, en virtud del decreto supremo N° 49, le entregan 490 unidades de fomento, que se suman al ahorro realizado, lo que permite acceder a una vivienda de cerca de 50 metros cuadrados, independientemente de que tenga uno, dos o diez hijos. El grado de hacinamiento en que viven las familias más vulnerables no se soluciona con la política habitacional chilena, que no distingue entre familias numerosas y familias no numerosas. Por eso, cuando uno va a las poblaciones ve la vivienda entregada por el Serviu y detrás de ella una mediagua o una rancha que la familia debió construir para enfrentar la situación de hacinamiento en que vivía.
Es cierto que el hecho de tener más cargas familiares otorga puntaje, pero en definitiva la persona siempre va a aspirar a la misma vivienda.
El bono por hijo nacido vivo, implementado por el gobierno de la Presidenta Bachelet, sí se hizo cargo indirectamente de este tema. Se trata de un bono que se otorga por cada hijo nacido, independientemente de que sea el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto.
Reitero, valoro el hecho de que esta iniciativa ponga en la agenda pública el tema de las familias numerosas, que afecta a un número importante de chilenos en situación de mayor vulnerabilidad.
Sí se ha puesto en la agenda pública la situación de las madres solteras. No es lo mismo que una familia sea sacada adelante entre dos que solo por la mujer, a lo cual se suma el hecho de que en el 70 por ciento de los casos en el país, el progenitor no paga la pensión de alimentos. Además, la mujer tiene una doble jornada laboral, pues debe desarrollar tareas domésticas en el hogar y cumplir con su trabajo fuera de la casa. Esa situación sí se ha visibilizado, por lo que existen muchas políticas públicas en apoyo a la mujer jefa de hogar. Todavía tenemos mucho que avanzar en esa materia. Sin embargo, el tema de las familias numerosas no se había abordado y considero que es un mérito del proyecto ponerlo en la agenda pública. Evidentemente que cien mil pesos alcanzarán, a lo mejor, para comprar los pañales durante un par de meses, pero el hecho de que se dé un paso adelante es importante para las familias más vulnerables.
Esta futura ley deberá ser complementada con otras medidas que esperamos implementar a partir del próximo gobierno. La diputada Clemira Pacheco, Presidenta de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social se abstuvo en la votación de este proyecto por considerar que era insuficiente. Habría sido preferible, por ejemplo, que en materia de salud el tercero, el cuarto o el quinto hijo tuvieran acceso gratuito en los consultorios hasta los dos años de edad. Como esa, podrían implementarse muchas otras medidas que permitirían aliviar la situación de vulnerabilidad que viven las familias numerosas en Chile.
Evidentemente, el proyecto es un avance pequeño, pero da una señal importante de que el Estado también se preocupará de los chilenos que deciden tener una familia numerosa.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, la reducción de la tasa de natalidad en el mundo ha estado asociada al desarrollo. La correlación entre los niveles de desarrollo y la tasa de natalidad es inequívoca. De hecho, en los años 70 el mundo se preocupó de controlar la natalidad y llegó a un nivel en que esta se redujo al punto de no permitir siquiera la reproducción entera del tamaño de una sociedad.
Chile está en un momento en que comienza a decaer su población y, por tanto, debe plantearse los mismos temas que se abordaron en Francia, Italia o Suecia, países que han tenido éxito en elevar las cifras de natalidad, por supuesto de manera menos significativa que antaño. Nunca se va a recuperar la familia al nivel de la que tiene Felipe Kast. No es un ejemplo que hoy pueda constituirse en un modelo a imitar. Pero está claro que es indispensable atacar el problema de la excesiva reducción de la natalidad en Chile.
El punto es que toda política social -en ello coincidirá conmigo el ministro Bruno Baranda- debe ser evaluada en función del impacto que genera respecto del objetivo que en ella se planteó. El mensaje señala con claridad que esta política apunta a revertir la tendencia creciente a la reducción de la natalidad en Chile. Les pregunto a las señoras diputadas y a los señores diputados si acaso creen por un segundo que alguien va a decidir tener un tercer hijo porque recibirá 100.000 pesos al momento en que este nazca o sea adoptado; si acaso alguien va a decidir tener un cuarto hijo porque va a recibir 150.000 pesos, o si alguien va a decidir tener un quinto hijo por la expectativa enorme de recibir 200.000 pesos de estímulo o de premio por ese hecho. Mi respuesta es definitiva: ese motivo no constituye un estímulo. Es una señal de que el Estado quiere que haya más niños. Pero, perdónenme, no hay ninguna relación entre esta política social que se propone y el objetivo señalado en el mensaje de revertir la tasa de natalidad.
Para decidir tener un tercer hijo es mucho más importante saber si será educado gratuitamente o si se deberá pagar por su educación; es mucho más importante saber si tendrá salud gratuita y de calidad o si se deberán cancelar ingentes sumas para su mantención y desarrollo; es mucho más importante saber cuáles serán los mecanismos y facilidades de acceso a la vivienda o a subsidios para la ampliación de la vivienda tras la llegada de ese tercer niño, en el caso de las familias numerosas, que la expectativa de recibir 100.000 pesos.
Este es un ejemplo claro de una política social completamente disociada de su objetivo. Está hecha simplemente para dar una señal. Pero las políticas sociales no son para dar señales, sino para resolver problemas. Si debemos atacar la reducción de la tasa de natalidad, debemos hacerlo de manera integral. Esta medida es completamente efectista, aunque puede que deje contentos a algunos.
Comentando lo que decía mi amigo y colega Jorge Sabag, la iniciativa no beneficiará a las familias numerosas de hoy, porque quienes recibirán los bonos son las familias cuyo tercer hijo nazca mañana, o cuyos cuarto o quinto hijo nazcan en el futuro. ¿Ustedes creen que la caída de la tasa de natalidad se va a revertir por el nacimiento del cuarto y del quinto hijo? La tasa de natalidad se va a revertir por el paso del primer al segundo hijo. Hoy, gran parte de las familias -esto ocurre en todo el mundo- tiene un solo hijo, y el paso al segundo, y más aún al tercero, es muy difícil.
Por su intermedio, señor Presidente, le digo al diputado Jorge Sabag que la idea de la familia numerosa no está en el horizonte. Si alguien quiere imitar a Felipe Kast será una excepción completa. En el futuro, las familias de cuatro y cinco hijos serán una excepción. El punto es cambiar la tasa de natalidad que en Chile está bajo los 2 hijos por familia. Nuestro objetivo es volver a superar esa cifra.
Ahora, los países en todo el mundo han resuelto los problemas del desarrollo poblacional con buenas políticas de inmigración y de inclusión y, sobre todo, con políticas sociales que hagan pensar a esas familias que tener un tercer hijo no representará un sacrificio ni los condenará a la pobreza. Perdónenme que lo diga, pero pretender desbaratar esta idea con 100, 150 o 200 mil pesos, por una sola vez, resulta francamente irrisorio.
Ahora, si el Gobierno tiene recursos y quiere dar una señal, por supuesto, es su decisión. ¿Cómo vamos a negar una transferencia de dinero -el diputado Sabag tiene razón- que probablemente irá mayoritariamente a las familias más vulnerables, aunque como hemos dicho, hay excepciones en el Opus Dei y en la UDI? En general, beneficiará a las futuras familias populares. Sin embargo, con una mano en el corazón, debemos tener claro que al aprobar este proyecto de ley no estamos contribuyendo en absoluto a resolver el problema de fondo, que es la necesidad que tiene Chile de revertir la caída persistente y creciente de la tasa de natalidad.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, no puedo dejar pasar la oportunidad de intervenir en este proyecto de ley, pero no para incidir en su votación que, por cierto, será positiva. Cualquier bono que se otorgue siempre es bienvenido. El hecho de que sea universal significa que no es exclusivamente para las familias vulnerables, sino, como se ha señalado en el debate, para estimular el aumento de la natalidad, objetivo que, según han señalado algunos colegas que han intervenido, no se cumple con este proyecto; ni siquiera incide mayormente.
Considero que es necesario sincerar la discusión. Cuando se presenta un proyecto de ley de este tipo, que pone en el centro del debate un problema tan relevante, es decir, la forma en que se puede enfrentar el crecimiento de nuestra población, el cambio en nuestra pirámide poblacional, vale la pena revisar el problema un poco más a fondo.
No voy a repetir los argumentos que se han dado aquí. En efecto, cuando se va a tener un hijo, la mayor preocupación de los padres es si podrán educarlo, por los costos que ello implica; si ante un problema de salud tendrán los medios para someterlo a un tratamiento. No es solo lo que se requiere para su nacimiento. Incluso, muchas mujeres me han dicho que, en este caso, los 100 mil pesos ni siquiera alcanzan para cubrir los gastos del parto, cuando la madre opta por comprar el bono en el Fonasa porque no desea atenderse en un hospital.
Entonces, una se pregunta cómo aprovechamos este compromiso para avanzar efectivamente en la entrega de incentivos que permitan abordar el problema del crecimiento poblacional en nuestro país, así como también las dificultades que deben enfrentar las familias para tener un hijo. Reconozco que hemos avanzado a través de grandes logros como el posnatal, que ayuda a conciliar la vida laboral con la familiar y permite la generación de ese espacio tan necesario para la crianza de los hijos, el apego en los primeros meses de vida y la tranquilidad que le da a la madre e, incluso, al padre, el hecho de mantener sus remuneraciones.
Pero hay temas pendientes, como la situación de algunas funcionarias públicas que ven disminuidas sus remuneraciones durante el período del posnatal parental, situación que planteamos durante la discusión de la ley señalada. Tal vez, podríamos decir que esto desincentiva a muchas madres para tener otro hijo, porque de alguna manera sienten que ello afectará su carrera profesional o implicará una disminución importante de sus ingresos cada vez que llegue un nuevo miembro a la familia. Todos sabemos que esto significa muchas alegrías, pero, sin duda, también tiene un costo adicional.
Podríamos revisar algunos proyectos sobre la materia cuya tramitación está pendiente. Por ejemplo, ¿por qué no avanzar en la discusión del proyecto sobre fuero paternal? Quizás sería un incentivo más potente. Muchas veces nos preguntan por qué no se puede recurrir a la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año. Ello constituye una discriminación. Nos ha costado avanzar en esta materia. Si revisamos el porcentaje relacionado con el uso del posnatal paternal, comprobaremos que es bajísimo. Creo que habría que premiar y destacar a los papás que han hecho uso de este beneficio.
Pero todo esto tiene que ver con que no estamos acostumbrados a entender la cultura laboral, en virtud de la cual se permite facilitar la relación con la familia, porque muchas veces ello significa una carga, un costo y un castigo para las mujeres.
Junto con el diputado Gabriel Silber y otros colegas, hace muchos años, presentamos un proyecto sobre fuero maternal. ¿Por qué no avanzar en su discusión? También recuerdo otro proyecto que aprobamos en la Cámara, que hoy se encuentra en el Senado, que apunta a que el derecho a la alimentación del niño también pueda ser utilizado por los padres. La hora que se concede a la madre dentro de la jornada laboral para que alimente a su hijo hasta que este cumpla dos años de edad actualmente solo se asigna a la madre. ¿Por qué no entregar esta responsabilidad también al padre? ¿Por qué no evitar en familias más modernas que la responsabilidad de la crianza de los hijos recaiga solo en la mujer? Tal vez, proyectos de este tipo tampoco solucionarán el problema del escaso crecimiento de nuestra población, pero sí ayudarían. Además, se trata de iniciativas que ya fueron presentadas y que hemos discutido. También nos habría gustado discutir si entre las prioridades del Ejecutivo está la posibilidad de abordar este tema de fondo.
Quiero referirme también a la otra cara de lo que está sucediendo en nuestro país. Con la diputada Mónica Zalaquett presentamos un proyecto de ley marco sobre prevención y protección del embarazo adolescente. En los antecedentes de la iniciativa señalamos que alrededor de un tercio de los nacimientos que se producen actualmente en nuestro país corresponden a hijos de madres adolescentes. Probablemente, el fracaso de las políticas de prevención del embarazo adolescente sea una de las causas de la baja tasa de crecimiento poblacional, la que se mantiene debido en gran parte al fracaso de las políticas públicas en materia de prevención del embarazo adolescente.
Este es un problema que también debemos ser capaces de abordar, porque cuando tenemos un embarazo adolescente no planificado, muchas veces implica que aumentan las condiciones de vulnerabilidad no solo del hijo o de la hija que nace, sino también de la madre. Además, hemos visto la forma en que aumentan los segundos embarazos de madres menores de 19 años, incluso, los terceros.
Considero que deberíamos realizar una discusión sobre esta materia, que fuéramos un poco más serios y que aprovecháramos los espacios de la discusión legislativa para abordar estos problemas que hoy están ocurriendo. Insisto en que en algunas familias este bono será bienvenido, pero lo importante pasa por los temas que he planteado y que tienen que ver con la forma en que crece nuestra población, con la calidad de vida y las condiciones en que están ocurriendo los nacimientos y con la manera en que enfrentamos las dificultades y apoyamos a las familias para hacer de la vida laboral y familiar aspectos que sean más fácil de conciliar.
Creo que en esta materia hay experiencia, interés e iniciativas que han estado funcionando. El respaldo legislativo nos ayudaría a avanzar con más fuerza.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, el proyecto de ley entrega una marraqueta a las familias que tendrán un tercer hijo; es decir, el niño llegará a la vida con una marraqueta debajo del brazo.
Cuando revisamos las políticas públicas que existen sobre esta materia, llegamos a la conclusión de que una de las cosas que debiera hacer el Estado chileno es no improvisar, sino implementar una política coherente en todos los aspectos. Me explico.
Efectivamente, en nuestro país la tasa de natalidad ha ido bajando en los últimos años. Hoy nos enfrentamos a parejas que no desean tener hijos o que si deciden hacerlo lo llevan a cabo más tardíamente. Se trata de familias que tienen uno o dos hijos como máximo, por lo que nuestra tasa de natalidad está en alrededor de 1,8 y 1,9 por ciento, lo que significa que dentro de unos cincuenta u ochenta años, en vez de aumentar en los próximos censos, nuestra población irá disminuyendo.
Todos los países desarrollan políticas públicas en este sentido. Una de ellas es la política de inmigración, respecto de la cual nuestro país está al debe. En los últimos años, se ha producido una creciente inmigración; por ejemplo, en el norte, que represento en la Cámara, hay poblaciones completas que están siendo colonizadas por inmigrantes ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos, que vienen a Chile en busca de oportunidades. Sin embargo, la política inmigratoria de nuestro país carece de lógica en términos de desarrollo. No se trata de personas que vengan a establecerse a nuestro país con el propósito de desarrollar aquí su vida: la gran mayoría de esas personas solo lo hacen atraídas por el boom económico del último tiempo y por el aumento de los empleos, pero sus ahorros los envían a sus familias que siguen radicadas en sus países de origen. No estamos frente a la política inmigratoria que tuvo Chile para colonizar el sur del país o para desarrollar ciertas zonas de nuestro territorio. La política inmigratoria debe estar acompañada de proyectos de ley como el que hoy votaremos.
El aumento de la tasa de natalidad en nuestro país debe ser planificado en el largo plazo, tal como lo hacen los países desarrollados, que apoyan a las familias que tienen 3 o 4 hijos en su educación y en su formación, a través de becas o sistemas de salud especiales. Por eso, es necesaria una política pública coherente para aumentar nuestra población en el futuro. Es una política necesaria, que va en la línea correcta. Un país tan pequeño como el nuestro, con tan poca población, no puede pensar que en 80 o 100 años va a poder mantener el mismo estatus.
Si no tomamos medidas a largo plazo, seremos colonizados de nuevo por otras personas que van a llegar a nuestro país. Incentivar la tasa de natalidad es una política razonable, adecuada. Lo complejo es la focalización, que fue uno de los temas que más discutimos en la comisión.
Es necesario focalizar para que la “marraqueta” se la lleven quienes realmente la necesitan y no los quintiles más altos de la población. El planteamiento que se nos hizo es que la cantidad de recursos y de personas que pertenecían al quintil más alto de la población eran muy pocas; por tanto, no había una relación económica para decir que podíamos buscar elementos de focalización. Este es un beneficio que se va a entregar a toda familia en la que nazca un tercer o cuarto hijo.
Hay dos aspectos que me parecieron adecuados. El primero es que el bono está asociado a la mujer, lo que me parece coherente en un país donde más del 50 por ciento de los niños nacidos son hijos de madres solteras. Pueden tener pareja, convivir durante largo tiempo, pero será la mujer la que va a obtener el bono y la que va a impetrar el derecho. Me parece razonable en términos de la política pública que se está planteando.
En segundo lugar, el que se haya decidido también entregar este bono a la familia que adopta un tercer o cuarto hijo me parece razonable, porque no se discrimina a ningún niño ni a ninguna familia. En ese sentido, el proyecto focaliza bien, pues no discrimina a quienes entrega este bono.
En términos generales, el proyecto está orientado en una línea que el país debiera seguir, pero todavía adolece de una planificación holística de temas. Chile no tiene una política pública en que estén consideradas todas las aristas del problema.
Se avanza con la entrega de este bono, pero faltan políticas de largo plazo que permitan mantener familias numerosas, que tengan posibilidades de acceder a beneficios especiales, a casas con más dormitorios que los que normalmente se asignan hoy.
Debemos desarrollar una política a largo plazo que permita a nuestro país, en 50, 70 o 100 años plazo contar con un mayor número de habitantes, con una política demográfica adecuada para el siglo en que vivimos.
Se requiere de políticas relacionadas con la natalidad, con la mantención de las familias, y con los procesos inmigratorios que, a mi juicio, son preocupantes, sobre todo, en ciudades del norte del país, donde hay una cantidad muy importante de extranjeros que viven en campamentos y que requieren distintos tipos de servicios de parte del Estado.
Anuncio el voto favorable de mi bancada al proyecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, cuando fue presentado el proyecto que otorga este bono hubo diversas reacciones. El proyecto concede un bono de 100 mil pesos para el tercer hijo de una familia, por una sola vez. A mi juicio, ello no tiene ningún sentido. ¿Qué significa esto? Es cierto que tenemos una tasa de natalidad baja, pero, ¿por qué nos encontramos con esta realidad? Porque la natalidad en Chile está penalizada. Si bien se ha avanzado con el aumento del plazo del posnatal, ¿qué pasa en el mundo laboral con las mujeres que quieren tener hijos?
Muchas veces el fuero maternal no es respetado. El mundo laboral no quiere que las mujeres tengan hijos. Entonces, tenemos un ordenamiento de la sociedad que es realmente patético en relación a la maternidad, porque -repito- existe una maternidad penalizada.
Por otro lado, existe una conciencia cada vez mayor entre las mujeres en el sentido de que no somos fábricas de niños, que tenemos todos los elementos para planificar la natalidad. Hoy, una familia puede decidir tener tres hijos y no más. Sé que hay colegas que tienen ocho hijos, pero no pueden transmitir eso a la sociedad porque es imposible, así como también es imposible para algunas madres tener hijos. Es claro que se han hecho pocos esfuerzos en términos de combatir la infertilidad.
Este bono de 100 mil pesos es patético, porque no ayuda en nada, no significa nada ni va a incentivar nada. Es similar al bono de las bodas de oro con que el Gobierno premia una sola manera de vivir la vida, pero, ¿qué pasa con los que vivieron la vida de una manera distinta? El bono de las bodas de oro tampoco ayuda a que la gente se case más. Son dos bonos que no tienen ninguna relación con la vida de los chilenos.
Es cierto que es preocupante la disminución de la tasa de natalidad y el desarrollo del país, pero fijemos buenas políticas de inmigración, con respeto a los derechos de quienes decidan venir al país.
La ley de Migración y Extranjería, en trámite, enviada por el Gobierno, es policial; no es una ley que incentive la inmigración ni el respeto de los inmigrantes. Bienvenidos sean los inmigrantes, porque las mujeres chilenas no van a tener más hijos por los cien mil pesos de este bono. Siento que es una dilapidación de los fondos fiscales, algo sin sentido y patético.
Si realmente queremos promover la natalidad deberíamos utilizar otros métodos. Las mujeres no van a abjurar del derecho a tener los hijos que deseen. Deberíamos hacer una muy buena ley que favorezca la migración, con derechos humanos consagrados para los inmigrantes.
Hay niños de inmigrantes que no pueden obtener carné, sin el cual no pueden hacer uso de los servicios públicos de medicina, no pueden ir a los consultorios ni tampoco a colegios. Preocupémonos de eso, en vez de meternos en las decisiones tan profundas de las mujeres respecto del asunto de tener hijos y de no tenerlos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, he seguido con atención el informe elaborado por la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que otorga un bono de apoyo a familias numerosas, que clara y didácticamente fue informado por nuestra colega Andrea Molina.
La iniciativa apunta a la creación de un bono destinado a las madres que tengan un tercer hijo o hija o más, biológico o adoptado, y a los padres solteros, divorciados o viudos que por adopción tengan un tercer hijo o hija o más y que busca, como se ha dicho, atender de manera concreta una realidad demográfica que nos está golpeando fuertemente, cuyos efectos son muy perniciosos para el desarrollo nacional.
La tasa de natalidad del país requiere de políticas públicas muy concretas y realistas, que impacten la problemática que estamos viviendo. En ese sentido, la experiencia internacional muestra la importancia de centrarse en las familias integradas por uno o dos ascendientes, con tres o más hijos menores de 18 años de edad, sean o no comunes.
Según la Encuesta Casen, las familias con estas características constituían, en 2006, el 9,3 por ciento de los hogares, y el año 2011, el 6,2 por ciento de ellos. Eso representa una caída de 4,6 por ciento.
Las cifras muestran que actualmente cerca de 1.700.000 personas pertenecen a este tipo de familias, lo que representa el 10 por ciento de la población total del país.
La baja natalidad tiene una multiplicidad de causas, entre ellas el factor económico, que visto desde la perspectiva de la temática que nos ocupa muestra que el 45 por ciento de las familias con tres hijos está en el primer quintil, el que se acrecienta en la medida en que el número familiar aumenta. Así, los hogares con cinco o más hijos se concentran en un 90 por ciento en este grupo etario, ahondando su condición de pobreza o vulnerabilidad.
Las cifras oficiales revelan también que el 55 por ciento de las madres de una familia numerosa tuvieron su primer hijo antes de los 20 años, y un alto grupo se constituye como monoparentales. El 32 por ciento pertenece al primer quintil y el 21 por ciento al segundo quintil. Esa es la cruda realidad que aborda esta iniciativa y que como tal va en la dirección de reconocer la maternidad. De allí, destaco como un hecho esencial que el beneficio debería ser para todas las madres, sin importar su condición social o situación de vulnerabilidad.
Asimismo, quiero destacar la garantía que se contempla de poder ser solicitado o concedido en caso de fallecimiento del beneficiario o beneficiaria, dentro del plazo establecido, por quien tenga el cuidado legal o judicial, y también ante el fallecimiento del hijo o hija.
En síntesis, estamos en presencia de una iniciativa que va en la línea de fortalecer la familia, muy en sintonía con otros proyectos que hemos aprobado en la Cámara y que hoy son leyes, que contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida de la población y a elevar los índices de desarrollo humano del país.
Con este proyecto estamos dando una señal muy potente al enfrentar, a través de políticas públicas, la enorme desventaja social que enfrentan las familias numerosas.
De ahí, mi voto favorable y reconocimiento al señor ministro por este trabajo que, estoy cierto, recibirá el apoyo unánime de la Cámara.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, contrariamente a las múltiples críticas y descalificaciones que se le han hecho a este proyecto por parte de los diputados de la Concertación, creo que es bueno.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- ¡Nueva Mayoría!
La señora PASCAL (doña Denise).- ¡Nueva Mayoría!
El señor RECONDO.- En verdad, apunta a un objetivo probablemente distinto del que están descalificando nuestros colegas, porque, tal como se señaló por lo menos en la Comisión de Hacienda, es un reconocimiento a las mujeres que tienen una familia numerosa. No es más que eso: un reconocimiento, un apoyo a la mujer, porque está destinado fundamentalmente a las mujeres.
Desde ese punto de vista, no tiene el propósito de ser un incentivo para que las familias o mujeres tengan una mayor cantidad de niños. Es obvio que no es un incentivo, porque es un bono que se otorga por una sola vez.
Por lo tanto, el argumento que señalaba en forma tan elocuente el diputado Auth -nos tiene acostumbrados a discursos muy elocuentes y muy bien armados; le reconozco esa condición y cualidad- en esta oportunidad apuntaba a descalificar el proyecto, pero con premisas que no son propias al mismo.
Es evidente que el bono no puede ser un incentivo para resolver el problema de la baja natalidad ni de la inversión de la pirámide poblacional que se nos está agudizando, como ocurre en todos los países que avanzan hacia el desarrollo y que se ha hecho muy grave en algunos desarrollados, así como tampoco lo fue la política pública que creó el bono Bodas de Oro.
No puedo pensar que algunos matrimonios soportarían cincuenta años de vida en común solo con la expectativa de recibir un bono de 250 mil pesos al final de ese período. Eso parece completamente ridículo. Ese bono es un reconocimiento a quienes han perseverado en el matrimonio, pensando en lo positivo que significa esa institución dentro de la sociedad. En este caso, es exactamente lo mismo. A eso lo podemos homologar. Es un reconocimiento a las mujeres que se han atrevido a tener una familia numerosa. De paso, esa intención significa mejorar la situación social poblacional de Chile, lo que es deseable.
Por otro lado, a propósito de iniciativas con una implicancia social como esta, quiero plantear que es muy dramática la forma cómo reaccionan algunos parlamentarios de la Concertación frente a ellas, generando una descalificación total a la política social del Gobierno del Presidente Piñera. Eso sí que no tiene ninguna justificación. No la tiene porque lo que hemos escuchado aquí es que el proyecto carece de los elementos necesarios para ser considerado una política pública integral que permita el desarrollo social. Ese tipo de frases grandilocuentes son las que han utilizado los detractores de la iniciativa, pero me pregunto qué proyecto de ley en el pasado ha tenido la pretensión de ser, por sí solo, una política pública que permita resolver los problemas sociales de nuestro país.
Lo que se necesita para acometer una tarea como esa es un conjunto de iniciativas que permitan avanzar en la solución de los problemas del desarrollo social y superación de la pobreza. Y en eso han contribuido todos los gobiernos, los anteriores y el actual. Pero nadie podría, a partir de un proyecto como este, encontrar argumentos para descalificar total y completamente la política social de un gobierno. Si así fuere, debiéramos también decir que la política social implementada a través del proyecto de ley que aumentó el posnatal a seis meses fue una medida equivocada, cuando la verdad es que todos reconocimos que fue un avance sustantivo en apoyo de la mujer.
A través de distintos programas del Sernam se han establecido una serie de ayudas para las mujeres trabajadoras y para las mujeres jefas de hogar, como el subsidio al empleo y el programa de 4 a 7, que permite que las mujeres que necesitan trabajar puedan dejar a sus hijos en guarderías si así lo requieren. Con esa medida se ha favorecido a más de 600 mil familias.
He dejado para el final la más importante de todas las políticas sociales implementadas durante estos años: la generación de una cantidad muy importante de puestos de empleo. Finalmente, la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo es una gran ayuda para las mujeres. De los 850 mil nuevos empleos que se han creado durante este período de gobierno, casi el 50 por ciento ha sido dirigido a las mujeres.
Por lo tanto, no puedo sino que estar muy en desacuerdo con lo que han planteado algunos diputados, que han sido muy categóricos para descalificar el proyecto en debate. El diputado Schilling, por ejemplo, dijo que esto es una tomadura de pelo. Frente a una calificación como esa, uno podría inmediatamente contraargumentar preguntando cuántas tomaduras de pelo tuvimos en el pasado, porque esta es la primera vez que un bono es calificado como una tomadura de pelo.
La diputada Saa, por su parte, sostuvo que un bono de esta naturaleza es patético; sin embargo, en el período de la ex-Presidenta Bachelet se otorgó una cantidad muy importante de bonos similares, y ninguno de ellos fue calificado como patético o tomadura de pelo por quienes sustentaban a ese gobierno. Todos los reconocieron como aportes extraordinariamente positivos, sobre todo porque les permitieron ganar elecciones.
Finalmente, señor Presidente, como mencionó hace un rato el diputado Ernesto Silva, algunas de las críticas han sido extraordinariamente injustas. En este sentido, no puedo dejar de referirme a los términos en que el diputado Chahin descalificó el proyecto, porque su argumentación se basó en una afirmación que no solo me parece falsa, sino que además malintencionada, ya que señaló que el Presidente Piñera había manipulado la encuesta Casen.
Esa afirmación no se vincula con la verdad ni con las situaciones que todos sabemos que ocurrieron. Ese fue un debate público, un debate abierto en que hubo posiciones en un sentido y en otro, y acuerdos entre especialistas de uno y otro lado, por lo que venir a sostener que el Presidente Piñera manipuló esa encuesta es abrir una debate sobre la base de una mentira, y no considero recomendable que la Cámara de Diputados funde sus debates en mentiras o afirmaciones completamente falsas.
Así es que, sin más, quiero reforzar los argumentos vertidos en favor del proyecto, porque beneficia a las mujeres y, fundamentalmente, porque considero que el bono es un reconocimiento a las familias, en especial a aquellas que se atreven a aumentar la cantidad de hijos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, tener opiniones discordantes acerca de esta iniciativa bajo ningún punto de vista puede constituir una descalificación al proyecto, como acaba de manifestar el diputado Carlos Recondo. Es absolutamente legítimo que exterioricemos nuestras opiniones respecto de un proyecto que consideramos irresponsable con nuestra nación por algo muy sencillo, muy simple: el problema que dejó latente el último censo que se implemento en el país, que fue desastroso, no obstante que el gobierno del Presidente Piñera había señalado que sería el mejor censo de la historia de Chile.
El problema que dejó en evidencia ese censo es nuestra baja tasa de natalidad, y respecto de eso no hay discusión. Sin embargo, ante dificultades de esa naturaleza, las naciones responsables desarrollan una política pública, como ya mencionaron mis colegas de la Nueva Mayoría, por lo que cuando quieren afrontar problemas como la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, no buscan solucionarlos con la entrega de un bono de cien mil pesos, porque no alcanza ni para alimentar durante dos o tres meses a un niño, si consideramos el precio al que hoy se vende, por ejemplo, un tarro de leche NAN, como siempre he sostenido.
Entonces, ¿qué hacen las naciones responsables, serias? Enfrentan el problema con mayor responsabilidad, implementando políticas de largo plazo que incentiven a las familias a tener un tercer o cuarto hijo, pero no con un bono de cien mil pesos, sino que entregándoles, por ejemplo, acceso preferencial a la casa propia, para que no sigan pagando arriendo y mejoren su calidad de vida; asegurándoles acceso a la educación y a prestaciones de salud a los niños mientras cumplen todas las etapas de su escolaridad, como corresponde.
Aquí pretenden hacernos creer que la familia chilena tendrá un tercer o cuarto hijo porque tiene derecho a un bono. Eso, señor Presidente -lo digo con el mayor respeto-, es creer que nuestras familias no tienen la inteligencia suficiente para darse cuenta de que criar y alimentar a un hijo o a una hija en nuestros días es, para muchas familias, sobre todo de clase media y de los sectores más vulnerables, una tarea bastante dificultosa, si se considera que tienen cuentas que pagar, deudas que cubrir y ya tienen otros hijos.
Considero que el proyecto debió haberse analizado con mayor profundidad, de modo de establecer una política pública de mayor peso y consolidación. Eso habría permitido que todos los parlamentarios lo aplaudiéramos.
El diputado Carlos Recondo señaló que este proyecto es un reconocimiento y un apoyo a las mujeres y que forman parte de una política social del gobierno del Presidente Piñera. En eso tengo una discrepancia absoluta con ese diputado y con todos los que han defendido esa línea argumental, porque generar un bono de estas características no puede ser parte de una política social impulsada por un gobierno para promover un hecho tan relevante como aumentar los integrantes de un núcleo familiar.
El diputado Recondo también sacó a relucir que nosotros aplaudíamos los bonos del gobierno de la Presidenta Bachelet. Eso es efectivo, fui uno de los parlamentarios que defendió con fuerza esos bonos, pero estamos hablando de cosas absolutamente distintas. Esos bonos del gobierno de la Presidenta Bachelet se otorgaban en marzo para apoyar a las familias de la clase media y de los sectores más vulnerables. Durante ese mes las personas tienen serias dificultades para comprar uniformes y los útiles escolares de sus hijos.
Me alegra enormemente que, dentro de las medidas del próximo gobierno se considere establecer que ese bono de marzo no dependa del Presidente de la República de turno, sino que se establezca por ley, es decir, en forma permanente. Así se generaría una política pública de apoyo a esas familias que en esos meses muchas veces no gozan de condiciones favorables, pues ganan el sueldo mínimo y éste no les alcanza para alimentarse, pagar la luz, el agua y, más encima, comprar uniformes escolares.
Muy diferente es el hecho de establecer un bono de cien mil pesos para concretar el incentivo, entre comillas, de tener un tercero o cuarto hijo. Por eso, es muy difícil votar a favor de una iniciativa de este tipo, porque sería poco menos que creer que nuestros compatriotas son poco inteligentes. Y yo no creo eso.
Termino diciendo que materias como las que ahora tratamos, como la natalidad, constituyen problemas de Estado que necesitan soluciones de Estado, no de parche, como ésta, que, repito, no contribuye en nada más que a generar un debate que además no tiene posibilidad de transformarse en un diálogo con contenido profundo que permita determinar cómo construimos un país atendido el hecho de la baja natalidad y el envejecimiento de la población.
Nuestro gobierno comenzará en ocho semanas más. En tal sentido, debemos ser capaces de generar una política mucho más efectiva y rotunda que acompañe a las familias durante el crecimiento y el desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud hasta que ese joven termine transformándose en un técnico o en un profesional, de modo de colaborar a que sortee las etapas de la vida en mejores condiciones. Así lo han hecho los países más responsables cuando han afrontado el problema de la baja natalidad.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Hago presente a la Sala que faltan seis minutos para el término del Orden del Día y que se encuentran inscritos dos señores diputados para hacer uso de la palabra. Propongo que ambos usen de la palabra durante tres minutos.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, creo que si se trata de realizar una transferencia de dinero por una sola vez equivalente a cien mil pesos o a ciento cincuenta mil pesos a las familias que se encuentran en zona de pobreza, uno podría decir que ello sí constituye una contribución del Estado. Sin embargo, si se trata de vincular esa asignación del Estado al nacimiento de un tercer, cuarto o quinto hijo, en particular si se trata de personas de sectores populares, de gente en situación de precariedad, se ve en la obligación de intervenir en defensa y reivindicación de la dignidad de las familias de escasos recursos.
En verdad, creo imposible que alguien sostenga seriamente que para motivar e incentivar el nacimiento de un nuevo hijo sea necesario asignar un bono por una sola vez y del monto que debatimos. Me parece que ello es imaginar que las familias pobres, motivadas por este incentivo, son las llamadas a ser quienes deben aumentar la tasa de natalidad del país. Eso raya no solo en la falta de respeto, sino que es un atentado a conceptos humanitarios elementales.
Si queremos proteger a las familias pobres más numerosas y garantizar en el caso de la mujer que a igual trabajo igual salario; si queremos garantizar un ingreso digno según el aporte que las personas hacen a la economía, debemos implementar medidas que vayan en la dirección de garantizar el uso de salas cunas, jardines infantiles y la promoción de un subsidio en beneficio de lograr una vivienda propia. Pero incentivar a las familias más vulnerables a que tengan más hijos a través de la entrega de un bono es algo que francamente constituye una falta de respeto. Las familias que viven en zonas de pobreza lo son como consecuencia de un modelo económico que permite la explotación sin límites.
Por ello, creo que hace mal el gobierno en presionar con esta medida. Parece que esa presión la ejerce el ministro Larroulet para lograr una marca estadística de legislación bajo este gobierno. Esta “ley Larroulet” termina siendo un atentado a la estabilidad, al camino serio y real para salir de la pobreza. Después de que nazca el niño, ¿qué pasará cuando cumpla un año? ¿Qué pasará cuando cumpla dos? Si no existe una política integral y de protección a los más pobres este incentivo se convertirá en un factor que empeorará y profundizará la situación de pobreza. Ésa es nuestra mirada respecto de este proyecto.
Insisto, nos vemos en la obligación de intervenir y de rechazar la iniciativa en defensa de la dignidad de las familias que no obstante ser pobres, son inteligentes; serán humildes, pero tienen dignidad. Nos opondremos a este tipo de iniciativas hasta cuando de verdad el Estado otorgue beneficios integrales que tomen en cuenta a todos quienes constituyen la sociedad chilena.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para concederle cinco minutos a la diputada señora Denise Pascal a fin de que pueda intervenir.
No hay acuerdo.
CREACIÓN DE COMISIÓN DE VALORES Y SEGUROS (Primer trámiteconstitucional. Boletín N° 9015-05)[Continuación]
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto que crea la Comisión de Valores y Seguros.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 115ª de la actual legislatura, en 21 de enero de 2014.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobaría en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con excepción de las normas que han sido objeto de indicación y que se votarán a continuación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
A continuación, examinaremos cada una de las indicaciones presentadas por el diputado Ricardo Rincón y le ofreceré el uso de la palabra en cada ocasión para que dé una breve explicación de lo que se vota.
En votación la indicación del diputado Rincón para agregar en la letra i) del artículo 20, antes del punto y coma (;), la siguiente oración: “En ningún caso esta facultad podrá referirse a materias de regulación sustantiva, que son propias de ley.”
Para su aprobación, esta indicación requiere del voto favorable de 65 señoras diputadas y señores diputados.
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, no sé si la Mesa se pronunciará sobre la admisibilidad al leer las indicaciones, porque, a nuestro juicio, esa y otras indicaciones son inadmisibles, por plantear facultades de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Entonces, quiero saber si su señoría puede, antes de leerla o al momento de hacerlo, plantear los fundamentos de la Mesa que sostienen su admisibilidad.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Señor diputado, la Mesa ha estimado que las indicaciones son admisibles.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, pido que se vote la admisibilidad de la indicación.
Por otro lado, la indicación está mal presentada, porque se refiere a facultades sancionatorias de la comisión, por lo que la indicación carece de sentido en ese contexto. Repito, no solo es inadmisible, sino que también está mal formulada.
El señor RINCÓN.-
Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Vamos a precisar las indicaciones respecto de las cuales el diputado Silva tiene una opinión distinta a la de la Mesa.
Diputado Silva, ¿por qué no precisa cuáles son?
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, eso no es necesario. El Ejecutivo me pidió que explicara las indicaciones durante una hora. Nos sentamos a conversar y acordamos que esa indicación se retiraba.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Sí, pero eso no priva al diputado Ernesto Silva a hacer el alcance.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, la estamos retirando; no estoy en contra de lo que señala el diputado Silva. Por lo demás, él no participó en esa conversación.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Señor diputado, quiero saber si coinciden la que usted desea retirar y aquella a la que ha aludido el diputado Silva.
Entonces, quiero que usted nos indique cuáles son esas indicaciones y consultarle si están dentro de las retiradas. Es el único procedimiento que puedo emplear.
El señor RINCÓN.-
Por eso he sugerido retirar la primera indicación que se ha leído, y así nos ahorraríamos esta lata discusión.
Señor Presidente, solicito suspender la sesión por cinco minutos.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Continúa la sesión.
Señoras y señores diputados, la Sala merece una explicación acerca del proceso de votación que estábamos llevando adelante.
La Mesa dijo al diputado Silva que consideraba admisibles todas las indicaciones, porque tomó conocimiento de que el diputado Rincón estaba retirando muchas de esas indicaciones. En consecuencia, no hay tal divergencia; no hay cuestionamiento de parte del diputado Silva, porque, reitero, el diputado Rincón ha retirado esas indicaciones, lo cual ha hecho un poco más complejo el proceso de votación, en lo que la Secretaría ya está trabajando.
Después del retiro de algunas indicaciones, se ha simplificado mucho más el proceso de votación.
En primer lugar, procedemos a votar la indicación del diputado Rincón, para reemplazar en la letra m) del artículo 20 la frase “definir las normas legales y reglamentarias que se propondrán” por la frase “para formular propuestas de reforma a normas legales y reglamentarias”, que requiere para su aprobación del voto favorable de 65 diputadas y diputados.
En votación.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
El señor ELUCHANS (Presidente).-
En votación la indicación para eliminar, en el artículo 30, la frase “se le podrá otorgar el carácter de plena prueba”.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Baltolú
El señor ELUCHANS (Presidente).-
En votación la indicación del diputado señor Rincón para agregar, en el artículo 58, la frase “de oficio o a petición de parte”, a continuación de la palabra “fiscales”
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votó por la negativa eldiputado señor
El señor ELUCHANS (Presidente).-
En votación la indicación para sustituir, en el inciso primero del artículo 60, la expresión “juzgado de letras de turno en lo civil de Santiago” por “juzgado de letras de turno que corresponda”, que requiere para su aprobación del voto favorable de 65 diputadas y diputados.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvo eldiputado señor
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Despachado el proyecto.
ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL (Primer trámiteconstitucional. Boletín N° 8197-07)[Continuación]
El señor ELUCHANS (Presidente).- Según el acuerdo adoptado unánimemente por los Comités Parlamentarios, corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el nuevo Código Procesal Civil.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 107ª de la actual legislatura, en 19 de diciembre de 2013.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, solicito autorización a la Sala para insertar mi discurso sobre el proyecto que establece un nuevo Código Procesal Civil, que será sometido a votación en un rato más, en atención a que no alcanzó el tiempo para ser debatido en esta sesión.
El señor ELUCHANS (Presidente).- No hay inconveniente, señor diputado. Por lo demás, todos los señores diputados pueden hacerlo.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario.
El señor ARAYA.- Para nadie es un misterio que nuestra justicia civil se encuentra en crisis por diversas razones, que van desde lo antiguo del procedimiento que la rige hasta lo lento y largo que resultan los procesos civiles para los justiciables.
Nuestro procedimiento civil se encuentra construido, principalmente, a partir de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, un modelo ya antiguo que nace a destiempo y que hoy se .ha vuelto anacrónico y no responde a las necesidades de la moderna contratación civil y comercial, así como tampoco al derecho de los justiciables de tener una justicia pronta y oportuna.
Una sociedad democrática no solo requiere que se reconozcan los derechos de sus ciudadanos, sino que ella demanda además, como complemento de lo anterior, que se deben consagrar normas que permitan proteger y amparar esos derechos reconocidos, cuando ellos son desconocidos o se ven vulnerados.
De ahí la importancia del proyecto que hoy se discute en la Sala de la Cámara, y que ha sido fruto del esfuerzo de los últimos gobiernos, en colaboración con distintos profesores que integraron el foro procesal civil, así como también de aquellos que lo hicieron sin integrar el foro.
En efecto, el proyecto que discutimos deja atrás el sistema escriturado, sin inmediación y con pluralidad de procedimientos, para pasar a un sistema oral, con inmediación y concentración de procedimientos.
Asimismo, se incluye una serie de principios que inspiran el nuevo procedimiento, como lo son la oralidad, la inmediación, la contradictoriedad, igualdad de armas, continuidad y concentración del proceso, publicidad y buena fe procesal, principios que han sido ampliamente desarrollados por la doctrina y que han sido recogidos por las otras reformas procesales que se han instaurados en nuestro país.
El nuevo código es el comienzo de una reforma procesal civil integral y es el primer paso para las transformaciones que necesita nuestra justicia civil para su modernización.
En honor al tiempo, me referiré a algunos aspectos del nuevo código:
1.- El rol del juez.
Nuestro actual proceso civil considera al juez como un mero espectador en el proceso, y salvo actuaciones muy puntuales no tiene un rol activo en el proceso.
Y es quizás en esta materia donde se produce uno de los principales cambios, ya que el juez asume un rol activo, deja de ser un mero observador.
Así las cosas, se le permite al juez de oficio adoptar una serie de medidas necesarias para un valido, eficaz y pronto desarrollo del proceso, así como también ordenar diligencias probatorias con el objeto de esclarecer los hechos o determinar la verdad y a fin de cuentas hacer justicia.
En este sentido, la preocupación que me generan estas modificaciones, que están contenidas en los artículos 290 y siguientes del proyecto, dice relación con que puede ocurrir que con el objeto de conseguir tan loables propósitos, que son los que el ejecutivo invoca en el mensaje para hablar del nuevo rol del juez, a la larga se termine afectando el debido proceso, ya que con estas nuevas atribuciones el juez puede terminar perdiendo su imparcialidad, en atención a que anticipadamente, previo a la dictación de la sentencia, conociendo de los hechos puede adherir a una de las teorías del caso que exponga una de las partes, teoría del caso que por diversas razones puede resultar que no se encuentre probada adecuadamente, y el juez mediante la prueba de oficio puede terminar subsidiando, por ejemplo, a una parte que ha sido negligente en la tramitación del juicio, a través de la prueba de oficio.
De ahí la necesidad de recalcar que el juez, haciendo uso de las facultades que le entrega la prueba de oficio no puede implicar que ello termine siendo un subsidio para aquel litigante que ha sido negligente, o bien tampoco podrá desarrollar su propia teoría del caso, desoyendo lo que las partes le proponen para su resolución.
2.- El juicio ejecutivo.
Parte importante del colapso del actual sistema de justicia civil está dado por el hecho de que más del 90% de las causas que tramitan nuestros juzgados civiles trata de juicios ejecutivos, principalmente cobranzas de bancos y del retail; de ahí la importancia de las modificaciones que se introducen en esta materia.
Entre los aspectos innovadores, y por cierto de los cuales se generó bastante debate al interior de la Comisión de Constitución, está la creación de la figura del oficial de ejecución, quién será el que reemplace al juez en parte importante de la tramitación del juicio ejecutivo. Así las cosas, el oficial de ejecución tendrá, entre otras funciones, la mediación entre las partes, llevar adelante el proceso de ejecución en contra del deudor en lo relativo al embargo y la realización de los bienes, aunque en esto siempre será supervigilado por el juez.
El punto central de discusión en lo que respecta al oficial de ejecución está dado en la naturaleza que tendrá este funcionario, si será público o privado. Y otro tema no menor es lo que dice relación con quién lo financiará y en cómo se hará, temas que deberán ser resueltos en otro proyecto de ley. Mi opinión personal es que necesariamente deberá ser un funcionario público.
Otro punto relevante en el nuevo juicio ejecutivo es lo que dice relación con las actitudes que puede adoptar el ejecutado frente a la resolución que ordena la ejecución. En este sentido, la Comisión de Constitución optó por modificar la idea original del proyecto que contenía un catálogo limitado de excepciones que podía oponer el ejecutado, por un catálogo más amplio que permitiera una mejor defensa del ejecutado.
Se establece, en el artículo 449 del proyecto, el deber de colaboración del ejecutado con el oficial de ejecución, con el objeto de establecer los bienes que pueden ser materia de embargo con ocasión del juicio ejecutivo, lo que constituye una verdadera innovación en la materia.
3.- Los recursos.
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es lo que dice relación con el régimen de impugnación de las resoluciones judiciales, ya que el proyecto se inclina por limitar el régimen recursivo, eliminando varios de los recursos que hoy existen en el proceso civil, y quizás lo más importante, y que sin duda será motivo de debate en el segundo trámite legislativo, es el que dice relación con la eliminación del recurso de casación propiamente tal.
El proyecto opta por darle una nueva naturaleza al recurso de apelación, contenido en los artículos 384 y siguientes del proyecto, el cual se funde con lo que conocíamos con el recurso de casación en la forma, quedando este nuevo recurso con un sentido más amplio, pero que se limita a ciertas resoluciones.
Asimismo, el proyecto elimina el recurso de casación en el fondo.
El proyecto innova al establecer un nuevo recurso, cual es el Recurso Extraordinario, que presenta varias particularidades, dentro de las cuales destaca lo que establece el artículo 414, respecto de que este nuevo recurso procede cuando existe un interés general y “se considere pertinente fijar, uniformar, aclarar o modificar, una doctrina jurisprudencial”.
Tema no menor, ya que en esta materia hay que tener presente que conforme a nuestra legislación civil y procesal civil las sentencias tienen un efecto relativo, ya que por regla general afectan solo a quienes han sido parte del juicio y respecto de la materia en él discutida, es decir, no tiene un efecto erga homnes, por lo que resulta difícil visualizar cual podría ser el interés general que amerite la interposición de este recurso.
Junto con ello, a nuestro juicio, con esta norma se introduce en nuestra legislación procesal civil una institución más bien propia del derecho anglosajón como son los precedentes, respecto de los cuales, conforme lo establece nuestra legislación civil, las sentencias tienen solo efecto relativo, y por la vía de este recurso se busca la unificación de la jurisprudencia.
Sin duda que este recurso también plantea la necesidad de redefinir la naturaleza, composición y atribuciones que debiera tener en el futuro la Corte Suprema.
Por último, quiero terminar agradeciendo a todos quienes colaboraron en el debate de la comisión, aportando con su experiencia e ideas, en primer término, al equipo del Ministerio de Justicia, encabezado por los distintos Ministros, Subsecretarios y asesores que participaron en el debate, los profesores Cristian Maturana, Raúl Tavolari y José Pedro Silva.
Asimismo, un agradecimiento especial a los profesores del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Hugo Botto y Francisco Pinochet, quienes semana a semana nos acompañaron en el debate y aportaron sus conocimientos para enriquecer el debate y sin duda mejorar el proyecto.
A don Eugenio Foster, Rafael, Ximena y Luz, que son un pilar fundamental en el trabajo diario de la Comisión de Constitución, y que tuvieron una especial dedicación en apoyarnos durante la discusión de este proyecto.
Finalmente a mis asesores legislativos Jorge Cortes-Monroy y Robert Angelbeck, que durante la tramitación del proyecto me aconsejaron de cómo ir abordando las distintas materias que trata el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, tanto desde un punto de vista doctrinario como también con su experiencia práctica.
He dicho.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, durante la discusión en la Sala del proyecto que hoy votaremos, hemos tenido la oportunidad de oír las intervenciones de algunos diputados, y todos coinciden en la necesidad de aprobar un nuevo Código Procesal Civil. Destaca la transversalidad política que ha logrado este proyecto, la misma tónica que se apreció durante los casi dos años de debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta honorable Cámara.
Sin embargo, hemos escuchado algunas aprensiones en torno al recurso extraordinario (artículos 410 a 421) y, en su lugar, se ha preferido la mantención del actual recurso de casación en el fondo, apreciaciones respecto de las cuales, como miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quisiera hacerme cargo, máxime si se considera la unanimidad con que, en esa instancia, fueron aprobados todos los artículos que lo regulan, luego de un profundo debate, donde tuvimos la oportunidad de oír a ministros de la Corte Suprema, profesores de derecho procesal y abogados de larga y reconocida trayectoria, al cabo del cual la comisión se inclinó a favor del recurso extraordinario y no del de casación en el fondo. Y lo quiero hacer en base a siete preguntas y sus respuestas:
1.- ¿Es necesario un cambio respecto de la competencia de la Corte Suprema desde una visión de los principios que inspiran a los modernos procedimientos orales?
Sí. Es una realidad que, desde que asumieron los gobiernos de la Concertación, con el apoyo de todo el mundo político, académico y judicial de este país, se ha impulsado una reforma de los procedimientos que se encontraban en códigos de comienzos del siglo XX, basados en principios propios del siglo XIX.
Las reformas introducidas en el proceso penal, en el cual se contemplan en la actualidad diversas instituciones, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y, por supuesto, los jueces de garantía y los tribunales orales en lo penal; la reforma al sistema procesal de familia y la reforma al sistema procesal laboral contemplan nuevos jueces y procedimientos orales, públicos y concentrados, continuos y en los que debe respetarse la inmediación, con valoración racional y no legal de la prueba, dando cuenta de ella en la fundamentación de la sentencia.
Si conforme con esos principios se privilegia la justicia del primer grado jurisdiccional, la revisión que se llegare a efectuar por el tribunal de segundo grado jurisdiccional necesariamente deberá ser acotada, no podrá contemplar una renovación del debate haciendo valer nuevas acciones o excepciones y rindiendo nuevas pruebas, sino que fundamentalmente se prevé la revisión de la sentencia y de los vicios esenciales del procedimiento que pudieran haber incidido en su dictación.
2.- ¿Es necesario un cambio respecto de los recursos que debe conocer la Corte Suprema y qué consecuencias puede traer ello en relación con su composición orgánica y forma de seleccionar los asuntos?
La composición orgánica de una Corte Suprema está directamente relacionada con los recursos que ella conoce, como lo he podido constatar en las visitas efectuadas a Argentina, Estados Unidos y diversos países de Europa.
Las cortes supremas, en países encargados de uniformar la jurisprudencia, tienen pocos ministros -por ejemplo, la Corte Suprema de USA tiene 9- y seleccionan en forma discrecional y con filtros positivos sus asuntos, al retener conocimiento solo de aquellos en los que se va a pronunciar (certiorari).
Los tribunales superiores de justicia, que conocen de asuntos en la instancia o ven recursos de casación, poseen muchos ministros (más de 90 en Alemania, España e Italia) y no seleccionan los recursos en forma discrecional, sino que mediante control de admisibilidad por incumplimiento de requisitos formales o de cuantía por regla general.
Si queremos una Corte Suprema con no más de 21 ministros, como existen ahora, no podemos asignarle las labores de fallar recursos de apelación, casación o equivalentes, como lo demuestra el mundo comparado.
Solo es posible una Corte Suprema con número acotado de ministros si posee certiorari y conozca de un reducido número de asuntos seleccionados por ella.
3.- ¿Es necesario un cambio desde el punto de vista de la vigencia del derecho en el mundo actual?
Sí. En el mundo actual, se ha podido apreciar que han aumentado las fuentes del derecho y por ello ya no es posible pensar solamente en un recurso que se centre solamente en la infracción de ley.
Nadie discute en la actualidad que nuestra Carta Fundamental es fuente del derecho y que ella puede ser aplicada para la solución de los conflictos, en particular en lo que dice relación con la consagración de los derechos fundamentales.
Por otra parte, los tratados internacionales sobre derechos fundamentales se han de entender incorporados en nuestra Carta Fundamental conforme al artículo 5° y nos presentan una dimensión internacional en cuanto a que su violación puede llevarnos como Estado al juzgamiento ante ellos (Corte Interamericana) o permitir el juzgamiento de personas en caso de no respetarlos en forma efectiva en el juzgamiento en virtud del principio de complementariedad (Corte Penal Internacional).
Además, se han incorporado los principios generales, ya sea en forma explícita, como acontece en el Libro I del Código Procesal Penal, o implícita, como pueden reconocerse en la aplicación de diversos preceptos, como la buena fe, enriquecimiento sin causa, principio in dubio pro reo, principio pro trabajador, la protección del interés superior del niño antes de su consagración en la Ley de Tribunales de Familia, etcétera.
Finalmente, el debido proceso de ley se nos presenta como la garantía de todas las garantías en palabras de Ferrajoli, y por ello no basta que una sentencia aplique correctamente la ley, sino que también emane de un debido proceso.
En consecuencia, no nos estamos moviendo en el mundo de hoy solo en el plano de la legalidad, sino también en de la legitimidad, esto es, no solo se infringe la ley, sino que muchas veces es necesario ponderar diversos principios para resolver adecuadamente un asunto (artículo 373, letra a), del Código Procesal Penal).
4.- ¿Es necesario un cambio desde el punto de vista de la convencionalidad de los tratados internacionales?
Sí. Los tratados internacionales de derechos humanos deben ser respetados y por ello cabe darles cumplimiento a esas convenciones.
En el ordenamiento interno, debería ser un solo tribunal quien tenga la última palabra en cuanto a la forma en la cual ellos deben ser interpretados, de manera que si llegamos a tener un tribunal inferior que los haya infringido esencialmente no pueda llegarse a la Corte Interamericana sin haberse agotado aquella vía interna.
Este principio de convencionalidad no está adecuadamente consagrado en los regímenes recursivos para velar por un adecuado respeto en el plano interno, en cuanto a consagrar la última vía interna efectiva y expresa antes de poder acudir ante la Corte Interamericana.
5.- ¿Es necesario un cambio respecto de los principios que debe perseguir el derecho en el mundo actual?
La justa composición del litigio se alcanza de mejor forma si consagramos un sistema judicial que nos brinde una pronta y efectiva tutela, en palabras del Constituyente español, o de una pronta y cumplida administración de justicia, según nuestro Constituyente (artículo 77 de la Constitución Política).
De allí que el proceso oral debe conducirnos a una pronta sentencia, porque justicia que se tarda es justicia que se deniega, y a una justa composición del litigio, lo que se logra con la debida aplicación de la ley. Conforme con ello, el juez de primer grado, con recurso al segundo grado, debe ser la vía para cumplir con esa finalidad. Con esa fórmula se logra en el proceso oral dar con la solución pronta y efectiva, satisfaciendo el interés particular de las partes en el proceso.
Sin embargo, el proceso debe velar por la seguridad jurídica, que importa brindarnos una igualitaria aplicación del derecho. Para ello, es necesario que se nos brinden en forma clara y precisa, a través de fallos acotados, la visión prospectiva y general en cuanto a cómo se deben resolver los asuntos en determinados procesos, con una igualitaria aplicación de la ley.
En una sociedad democrática, no es posible aceptar que la ley no se aplique en forma igualitaria y, por ello, no es posible que existan interpretaciones contradictorias, como se pretende eliminar con el recurso de nulidad penal ante la Corte Suprema y en el recurso de unificación de jurisprudencia, en el proceso laboral.
En consecuencia, con esta visión no estamos propugnando jueces activistas que fallen mas allá de la ley, sino jueces efectistas en una aplicación igualitaria de la ley, cumpliendo con ello no solo funciones de seguridad jurídica, sino que desincentivando la litigiosidad especulativa al saber que será uno el alcance de aplicación de la misma.
6.- ¿Es necesario un cambio de cuanto a la forma de selección de los asuntos que debe conocer la Corte Suprema?
Sí. Para que exista una igualdad en la interpretación de la ley y no nos movamos en el ámbito de la ficción, es necesario que se fallen un acotado número de asuntos por la Corte Suprema. Ello permite que los fallos que pronuncie realmente conduzcan a una uniformidad de jurisprudencia.
Si ello no fuera así, ¿podría alguien de esta Sala señalarme los más de 4.000 asuntos que ha resuelto cada año nuestra excelentísima Corte Suprema? Con todo respeto, creo que ni siquiera los propios ministros de la Corte Suprema podrían humanamente darnos cuenta de ello.
De allí que, en el mundo comparado, el único medio que permite lograr una selección acotada de asuntos y que conduzca a la dictación de sentencia con miras generales y hacia futuro es el Certiorari. Los filtros negativos son particulares y miran hacía el fallo de conflictos sucedidos en el pasado y no los que nos depara el futuro.
7.- ¿Es necesario un cambio en cuanto a poseer una Corte Suprema con una única identidad en los diversos sistemas procesales civiles o es orgánica y funcionalmente posible asignarle diversas funciones?
Finalmente, es necesario contemplar un régimen recursivo que brinde a la Corte Suprema una única identidad, no siendo posible que sea tribunal de segunda instancia (recurso de protección, apelación), tribunal de única instancia (recurso de queja), corte de casación (proceso civil actual) y unificación de jurisprudencia (proceso penal en nulidad per saltum por interpretaciones contradictorias de la ley y laboral en unificación de jurisprudencia).
De allí que no es viable orgánica ni funcionalmente tener diversos sistemas recursivos ante la Corte Suprema y la reforma procesal civil es la gran oportunidad para que podamos abordar estos temas.
He dicho.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, en su momento el país entero quedó perplejo con la noticia de que el candidato presidencial Lawrence Golborne era el gerente general del holding Cencosud cuando se aplicaron las cláusulas abusivas y alzas unilaterales en los costos de mantención en la tarjeta Jumbo Más. Le costó la candidatura.
Muchos lloraron juntos frente al televisor, al ver las entrevistas a las diversas familias estafadas por los hermanos Elgueta con la financiera Eurolatina, donde, por la vía de cobrar intereses usureros a personas que no tenían capacidad alguna de pago, les arrebataron el único bien inmueble que tenían para vivir y los arrojaron a la calle.
Quiero ser bien claro, el Código Procesal Civil que vamos a votar es el peor mecanismo para los deudores. Pienso que es un código hecho de mala fe, con el propósito de hacerle un traje a la medida a los dueños de este país, es decir, los Bancos y otros grandes acreedores masivos, sobre todo los proveedores de servicios y las grandes tiendas. Las cláusulas abusivas de Jumbo Más y las triquiñuelas de los hermanos Elgueta son un juego de niños al lado de este código hecho para los Bancos y el retail.
No seré parte de este abuso. Los hermanos Elgueta hubieran estado felices con un código como este para desalojar rápidamente a sus deudores. No quiero verme en la obligación de dar respuestas ridículas, como las entregadas por el señor Golborne, cuando me pregunten la razón por la que lo aprobé. No aprobaré este abuso; tendré la conciencia tranquila. Quien lo apruebe, tendrá que dar las explicaciones pertinentes; pero no digan que no se les informó, porque daré -con el tiempo que se me permite- las razones para oponerme a la forma como está planteado este proyecto de ley:
Lo más escandaloso del nuevo código -constituye la razón por la cual llamo a rechazarlo de plano- es el ejercicio de la acción ejecutiva, la que se hace no frente a un tribunal, sino ante un ente administrativo llamado oficial de ejecución.
Hoy, las cobranzas judiciales de títulos ejecutivos se hacen ante un juez civil; con el nuevo Código Procesal Civil se harán frente al oficial de ejecución. En buena cuenta, la cobranza de créditos, de las deudas que tienen los chilenos y chilenas, se hará ante un personaje que eventualmente puede ser pagado por el mismo acreedor.
¡Es la cobranza extrajurisdiccional de un crédito que consta en un titulo extrajudicial, y todo con utilización de la fuerza pública! ¡Es la fuerza pública puesta al servicio de un particular, llamado acreedor, para que cobre su crédito frente a otro particular!
Mis reparos concretos son:
1) Artículo 427: Se hace una solicitud desformalizada, sin necesidad de representación letrada, ante el oficial de ejecución. Los departamentos de cobranza, en vez de enviar las cartas que suelen mandar a los deudores, sencillamente las enviarán al oficial de ejecución, el cual actuará de oficio en la cobranza.
2) ¿Quién es el oficial de ejecución? No se sabe si será un empleado más del banco; si los receptores, que en la actualidad son verdaderos funcionarios de los acreedores, pasarán a ser oficiales de ejecución. Tampoco se sabe cómo se pagarán. En resumen, mientras no se clarifique ello, es totalmente irresponsable avanzar en este proyecto.
La Corte Suprema, al informar este proyecto de Código, señaló que en relación al Libro Cuarto, que trata “De la Ejecución”, se tenían reparos acerca de la naturaleza jurídica del oficial de ejecución, por las siguientes razones:
a.- La separación del procedimiento ejecutivo en dos etapas, una administrativa, en manos del oficial de ejecución, y otra judicial, no sería conveniente, debiendo la ejecución iniciarse y concluirse en la instancia jurisdiccional.
b.- Las funciones que se entregan al oficial de ejecución son netamente jurisdiccionales, de lo que se desprende la necesidad de que sean ejercidas por un funcionario sometido al régimen jurisdiccional, de tal manera que exista un control sobre él de parte de la respectiva superintendencia disciplinaria. Añadió que se estimaba que el mandamiento de ejecución y embargo sería un acto jurisdiccional y debería ser despachado por un juez.
En lo que se refería a la carga de trabajo de los tribunales, señaló que no se veía cómo la labor de este oficial podría influir significativamente en su disminución, considerando que sus resoluciones son recurribles ante el juez, lo que haría derechamente más adecuado establecer jueces de ejecución.
Por último, hizo presente que el desconocimiento de la regulación orgánica de esta nueva institución dificultaba la posibilidad de emitir una opinión fundada acerca de su naturaleza y atribuciones.
3) En el caso de que el ejecutado desee oponerse, debe demandar la oposición para ante el tribunal competente. Es decir, el ejecutante no requiere intervención letrada, pero el ejecutado, para presentar la demanda de oposición, sí la requiere. Pongámonos en el caso de cualquier deuda inferior a los 200.000 pesos. Una persona con un poco de sentido común optará por contratar un abogado para litigar en vez de pagar.
4) Se restringen sin motivo alguno las causales de oposición, dando la absurda posibilidad, en el inciso final del artículo 439, al ejecutado en un juicio declarativo posterior otros derechos. Es decir, se le está diciendo al ejecutado que deje que le subasten los bienes; total, después podrá hacer valer sus derechos.
5) Una de las características que más llama la atención en este procedimiento es la desigualdad de armas entre ejecutante y ejecutado, ya que en el artículo 444 se indica expresamente: “Si el ejecutado no compareciere a la audiencia señalada, el tribunal le tendrá por desistido de la demanda de oposición, ordenando la prosecución de la ejecución”. Sin embargo, si el ejecutante no compareciere, en vez de acoger de plano la oposición “del tribunal llevará a cabo la audiencia, procediendo en su rebeldía”. Es necesario dejar en claro que lo mismo ocurre si no contesta la demanda de oposición, sencillamente se sigue el procedimiento en rebeldía del ejecutante, a diferencia del ejecutado, que si no demanda está liquidado.
No es posible divisar motivo alguno frente a esta falta de igualdad ante la ley en la protección de los derechos, salvo la protección de determinados intereses.
6) Otra situación que llama la atención es el deber de colaboración regulado en el artículo 449, ya que eleva a interés general un asunto de interés particular, cual es el pago de un crédito.
“Si al momento de ser notificado personalmente de la decisión de ejecución o dentro de los tres días siguientes a su notificación en conformidad al artículo 95, el ejecutado no señalare al oficial de ejecución bienes susceptibles de ser embargados y suficientes para cubrir la deuda, intereses y costas, este estará facultado para recabar esa información de cualquier persona, entidades públicas y privadas. Todas estas personas y entidades están obligadas a prestar su colaboración en las actuaciones de ejecución y a entregar al oficial de ejecución o al tribunal, según corresponda, cuantos documentos y datos tengan en su poder, salvo que esa información estuviere legalmente protegida por reserva o secreto”.
No es fácil entender la razón por la que se le dan facultades de oficio en una cobranza de carácter particular a un funcionario como el oficial de ejecución, salvo que sea un funcionario pagado por el acreedor, lo que transforma esta institución en una aberración. Tampoco me explico la obligación de las entidades de prestar colaboración en una ejecución, en circunstancias de que no están para ello.
7) Todo el procedimiento de ejecución, ya bastante gravoso, está ayudado por el procedimiento monitorio, que, dicho sea de paso, se aplica para cobrar obligaciones no superiores a 300 UTM, cuando no existe título ejecutivo. Sin embargo, se puede exceder esa cuantía tratándose del “cobro de obligaciones de dar que consten en títulos de crédito ni de obligaciones de hacer que constando en un documento, consistan en la suscripción de un documento o constitución de una obligación”.
En este procedimiento lo primero que hace el juez es dictar “una resolución acogiendo la demanda y ordenando que se requiera de pago al deudor para que en el plazo de quince días cumpla con su obligación, más los intereses y costas”. Debemos recordar que no hay título ejecutivo; las empresas prestadoras de servicio estarán felices.
Esto ya es el acabose; es el cobro de una deuda que no consta en un título ejecutivo, y eventualmente puede llegar a usarse la fuerza pública.
Es por lo anterior que en este Título II “De la Ejecución” del nuevo Código Procesal Civil, hago reserva de constitucionalidad para que este proyecto de ley sea revisado por el Tribunal Constitucional, pues vulnera el derecho a un tribunal imparcial; menoscaba la facultad del Poder Judicial de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, y menosprecia la igualdad ante la ley al dejar en la total desprotección al deudor frente al acreedor.
También solicito, en virtud del artículo 146 del Reglamento de la Cámara, votación artículo por artículo de este proyecto de ley.
Para terminar, quiero hacerme cargo de la siguiente afirmación: es un código virtuoso, ya que simplifica y agiliza el sistema, con un sistema de administración de justicia más moderno, donde existe mayor inmediación con el juez y la forma de apreciar la prueba se hace en sana crítica, donde ya no importa tanto el formalismo como la impresión que se forme el juzgador.
Estas virtudes tienen errores que deben corregirse, como por ejemplo:
a) El artículo 16, donde se considera la posibilidad de que una parte en el proceso sea una comunidad, lo que en nuestra legislación, sin cambiar la ley sustantiva, aparece como una aberración.
b) También resulta paradójico que pueda representar a una parte un procurador del número, pero no un estudiante de tercero, cuarto o quinto año de la carrera de derecho, en circunstancias de, que bien puede este no tener ninguna calificación. Además, no se eliminó de raíz la institución del receptor judicial, que -en síntesis- se ha transformado en el cartero mejor pagado del mundo.
c) Son del todo cuestionables las facultades que se entregan al tribunal para interrogar a los testigos. Esta facultad le es negada al juez en lo penal porque rompe su imparcialidad. Aquí ocurriría lo mismo.
d) Las sanciones en las medidas cautelares y, en general, el sistema de apercibimientos rayan en la inconstitucionalidad, ya que es un sistema plagado de multas y posibilidades de decretar arrestos hasta por treinta días, en circunstancias de que esta debe ser la excepción en materia civil.
En este punto, también hago reserva de constitucionalidad en lo que dice relación con el apremio de arresto, pues sería evidentemente una prisión por deudas, lo que está estrictamente prohibido por los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Por eso, llamo a no aprobar este proyecto y a discutirlo seriamente, no como lo ha hecho la Cámara, en la soledad de un día jueves y con la intervención de cinco diputados. No se puede aprobar un Código de la República sin debate; no se puede aprobar un Código de más de 587 artículos sin que los diputados hagan aporte alguno, lo que daría a entender que ninguno de los honorables se tomó la molestia de leerlo por ser muy extenso; es decir, no hicieron su trabajo.
Por todo lo anterior, no daré mi aprobación a este proyecto de ley de nuevo Código Procesal Civil.
He dicho.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, los cambios que involucra una política pública pueden ir desde los simples ajustes a la legislación vigente, hasta las grandes reformas de Estado. Y aquí estamos, precisamente, frente a una reforma de Estado, una gran política pública en todo sentido porque busca cambios profundos en materia de justicia y no meras adecuaciones o cambios cosméticos; porque imprime nuevos valores y principios al Estado, y porque requiere de grandes consensos legislativos. El proyecto de Código Procesal Civil es, en este sentido, una política pública de gestación, promoción y apoyo transversal, y mal podría ser de otra manera si está llamada a beneficiar e incidir en la calidad de vida de todos los chilenos.
Por lo mismo, quiero detenerme en uno de los cambios, a mi parecer, más importantes con que el proyecto persigue elevar los estándares de la justicia chilena y, con ello, el bienestar de nuestros compatriotas en cuanto deudores y acreedores: me refiero a la ejecución civil, regulada en el Libro IV del nuevo código.
La ejecución civil en Chile
Cerca del 90 por ciento de los asuntos que ingresan a los tribunales civiles son juicios ejecutivos y gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, considerando que, en todas las regiones del país, por lo menos el 60 por ciento de las causas que ingresan son juicios de esta naturaleza. [1]
Esto significa, por un lado y desde la perspectiva de los tribunales, que nuestra justicia civil se dedica prioritariamente a la tramitación de asuntos que involucran casi exclusivamente tareas administrativas, tales como embargos, remates, otorgamiento de escrituras de adjudicación, liquidaciones de créditos, giro de cheques, etcétera, funciones todas que obligan al juez a desatender su función principal, cual es la de resolver conflictos de relevancia jurídica, aplicando el derecho al caso concreto. Esta situación de no ser modificada hace muy dificultoso contar con procedimientos orales, que requieren la concentración, continuidad e inmediación del tribunal, en que los jueces se concentren en la audiencia del juicio respectivo y no tengan que desempeñar otras labores administrativas paralelas.
Pero, por otro lado y desde la perspectiva de los justiciables, también significa que la recuperabilidad de los créditos de los acreedores y/o la afectación de los bienes, derechos y patrimonio del deudor, están en manos de un órgano que no fue creado para ello, pues, según se ha dicho, la mayoría de las tareas comprende aspectos administrativos y no jurisdiccionales. Ello permite, entre otras cosas, la intervención de agentes extraños durante los remates de inmuebles de los deudores, que no persiguen sino su interés patrimonial personal, perjudicando la recuperabilidad de los acreedores y enajenando los bienes del deudor a precio vil, para luego venderlos a un precio muy superior. Estos son los llamados “buitres y palos blancos de los remates inmobiliarios” que debemos erradicar de nuestra cultura, pues con su intervención, colusión y manipulación en los remates, siempre pierden acreedor y deudor, beneficiándose sólo estos terceros.
Como país, podemos tener altos índices de litigios, tasa que por lo demás se condice con el desarrollo y crecimiento de una economía, pero no podemos permitirnos carecer de un procedimiento apropiado para la tramitación de asuntos ejecutivos que proteja eficazmente a acreedor y deudor, sistema que actualmente es ineficiente, lento y que, por si fuera poco, deja serias dudas de ser respetuoso de los derechos de los justiciables.
Y es que en materia de ejecución civil la experiencia chilena es inquietante en varios sentidos:
-Los indicadores posicionan a Chile como un país ineficiente a la hora de hacer cumplir los contratos a través de los tribunales de justicia; [2]
-Los procedimientos que nuestra institucionalídad pone a disposición del ciudadano para perseguir el cobro de sus acreencias son excesivamente formalistas [3]; los costos que la tutela ejecutiva del crédito involucra para el acreedor y de la defensa del deudor son altos, pues siempre exige judicialización;
-La tasa de satisfacción del crédito es baja;
-La protección patrimonial y de los derechos del deudor es ineficiente.
Pues bien, con panoramas como este, de suyo preocupantes porque ni son eficaces en aquello para lo que han sido concebidos (perseguir el cumplimiento integro de las obligaciones inobservadas), ni respetan del todo a la figura del acreedor y del deudor, debemos replantear el sistema existente y mirar a los países que también han visto caer en la obsolescencia a sus modelos de ejecución civil, redefiniendo la institucionalidad asociada a ella y adoptando patrones más eficaces en la tutela satisfactiva del crédito, entendiendo que ella es condición necesaria para la paz social y el funcionamiento de las economías.
El proyecto de código hace suya esta preocupación, y sus normas, atendida la importancia jurídica y socioeconómica que tiene la ejecución, desarrollan un moderno modelo que recoge prácticas de probado éxito en la experiencia comparada: se incorpora la figura del oficial de ejecición en el procedimiento ejecutivo, elemento que modifica de manera relevante la forma tradicional de llevar a cabo la ejecición civil y que ha terminado por constituirse en la modalidad adoptada por la mayoría de los países europeos.
Este nuevo acto -cuya naturaleza, facultades, fiscalización, prohibiciones y régimen disciplinario serán regulados en una ley orgánica especial-, junto con aligerar la carga de los tribunales -pues sacará del ámbito del juez civil todas aquellas labores administrativas relacionadas con la ejecución-, será el encargado de proteger el crédito del acreedor y el patrimonio y derechos del deudor a través de actuaciones que siempre podrán ser sometidas a un control del juez.
Por lo pronto, lo que no podemos seguir tolerando es un sistema en el que unas pocas empresas tienen “tomado” el despacho del tribunal para dictar en él resoluciones de carácter meramente administrativo. Y cuando digo “pocas empresas” no exagero: información recabada y analizada con celo para el Ministerio de Justicia demostró que la casi totalidad de los asuntos de naturaleza ejecutiva tramitados ante los tribunales de justicia son promovidos principalmente por 33 empresas, casi todas de la banca y el retail.
La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos como país a entregar tan valioso recurso (el juez) al servicio de tan pocos. ¿Es el tiempo, la dedicación, conocimiento y formación de los jueces algo que queramos dejar reservado a un puñado de litigantes? ¿No será hora de abrir las puertas de la justicia al ciudadano? Lo cierto es que los asuntos que el proyecto quiere entregar al oficial de ejecución son materia administrativa que ocupan tiempo del juez que éste debiera reservar para conocer los conflictos con relevancia jurídica, que hoy quedan marginados del sistema ante el verdadero rebase de asuntos ejecutivos.
La ejecución en el proyecto de Código Procesal Civil
El nuevo Código Procesal Civil destina uno de sus cinco Libros a la ejecución civil y establece una regulación más moderna en esta materia, procurando compatibilizar dos principios que resultan elementales en un Estado Democrático de Derecho: la eficacia de la ejecución, pues se ha entendido que mal puede haber debido proceso allí donde el sistema es incapaz de imponer el cumplimiento de las obligaciones que consta en un título, y el resguardo y la protección de los intereses del deudor, quien con la regulación vigente, a menudo se limita a observar inerme cómo sus bienes se rematan a precio vil.
El proyecto apela a la descentralización de la ejecución, quedando radicada esta función en un oficial encargado de lograr un acercamiento entre las partes (deudor y acreedor) y llevar adelante todas las actuaciones de apremio, incluidos el embargo. No será el juez, entonces, sino el oficial de ejecución, quien realizará todas estas gestiones, pero sometido a un control permanente del juez.
Se espera así que la tutela ejecutiva sea efectiva y pronta, pero al mismo tiempo respetuosa de los derechos e intereses del deudor. Y es que el proyecto entiende que la tutela del crédito no puede lograrse a toda costa, y encuentra su limitación en la dignidad y los derechos del deudor.
De ahí que entre las funciones del oficial de ejecución está la de promover el entendimiento entre acreedor y deudor, facilitando acuerdos entre ellos e ideando alternativas de pago, con miras a satisfacer la deuda en beneficio del acreedor, pero con la menor afectación de bienes del deudor. La participación de este último está prevista en todo el ítem del procedimiento ejecutivo, pues sin perjuicio de la posibilidad de oponerse a la decisión de ejecución será él quien señale los bienes sobre los cuales habrá de recaer el embargo. Además, puede presentar un plan de enajenación para que sus bienes sean valorados correctamente y no a precio irrisorio como ocurre muchas veces hoy en día. En este orden de ideas, es función del oficial de ejecución obtener el máximo valor de los bienes ejecutados, asegurando que su realización se haga de la manera más eficiente posible.
En todo caso, la desjudicialización de las funciones administrativas en el oficial de ejecución en ningún caso importa dejar esas tareas sin un control jurisdiccional en el evento de que sean ejecutadas apartándose de la legalidad, reconociéndose las funciones básicas de la ejecución de naturaleza jurisdiccional, como lo son el derecho de defensa del derecho mediante la oposición de excepciones, la rendición de pruebas e impugnación de la sentencia que se pronuncie respecto de ellas, los reclamos de terceros que se vean afectados con la ejecución a través de las tercerías, etcétera.
En síntesis, requerimos contar con una ejecución que se rija por los principios modernos del mundo actual, como nos da cuenta el derecho comparado a lo largo de casi toda Europa Occidental y Oriental, a la cual debemos mirar como miembro del OCDE, porque en una sociedad democrática moderna y en un mundo globalizado no es posible sostener que existe un estado de derecho que resguarde los derechos de las personas y no se permita promover la inversión si no cuenta con una ejecución actualizada, que no es precisamente la contemplada en nuestro actual Código de Procedimiento Civil, regida por modelos de siglos pasados y actualmente superada como sistema.
Por ello, votaremos a favor de un nuevo sistema de ejecución, en miras de la tutela efectiva del crédito, considerando siempre para ello la menor afectación posible de los bienes e intereses del deudor, lo que resulta indispensable para que realmente contemos con un eficiente sistema de derecho.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor MONCKEBERG (don Cristián).- El año 1893, los parlamentarios de la época realizaban un esfuerzo por sistematizar las reglas de tramitación diseminadas en numerosas leyes, estableciendo procedimientos nuevos en armonía con las necesidades de los cuerpos normativos que hacían su aparición en el ordenamiento jurídico. Dicho ensayo respondía a lo necesidad de terminar con normas procesales vigentes desde la colonia, y que tenían aplicación de facto. Pero principalmente, y en términos de los propios legisladores, se buscaba conciliar el interés de los litigantes, que exige una pronto solución de los pleitos, y el interés de la justicia, que requiere una concienzuda y acertada apreciación del derecho sobre la que debe recaer el fallo.
Sin embargo, y a pesar del avance que esto suponía, se prefirió seguir el modelo de la ley de enjuiciamiento civil, descartando cualquier posibilidad de sumarse a la tendencia que por aquella época marcaban los códigos adjetivos de Austria, España o Francia. En efecto, los normas procesales que entraron en vigencia en nuestro país con el Código de Procedimiento Civil en 1906, tienen su origen principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, que contenía normas medievales, más específicamente del Código de Los Partidas.
Y si bien este procedimiento apegado a las fórmulas escritas ha estado en vigencia por más de un siglo, es evidente la necesidad de avanzar hacia un proceso civil moderno, capaz de entregar soluciones de manera pronta y eficaz. La inmediación, la concentración y la publicidad son valores que los agentes jurídicos del Chile de hoy estiman imprescindibles en todo proceso.
Asimismo, y haciendo un paralelo con el destino que tuvo hace casi una década atrás el proceso penal, la necesidad de un viraje conceptual no sólo se encuentra en la mera modernización, sino además en lo necesidad de respetar garantías procesales mínimas. En efecto, en el mensaje del código de procedimiento penal el gobierno de la época se disculpaba por la imposibilidad financiera de implementar un sistema que diere respuesta óptima al balance necesario entre garantías procesales y los fines persecutorios -en el proceso penal antiguo el propio juez buscaba pruebas para determinar la responsabilidad penal, acusaba y, luego, fallaba-, lo que se subsanó con la reforma procesal penal.
En materia civil, si bien el proceso en vigencia no adolece de vicios tan reñidos con el debido proceso, por cierto podríamos afirmar que la demora excesiva en obtener una sentencia de término se encuentra reñida con el artículo 19 número 3° de nuestra carta fundamental ¿Hay justicia cuando una causa demora más de 10 años? ¿Podríamos calificar un retraso de esta magnitud como un proceso racional y justo? La respuesta es obvia, y por ello afirmo que esta era una obligación impostergable que teníamos como país.
Por lo anterior, en marzo del 2012, luego de más de ocho años de arduo trabajo, y con la cooperación de académicos, magistrados, abogados y destacados profesionales tanto del mundo público como privado del derecho chileno, fue presentado al Congreso Nacional el mensaje Presidencial que establece el nuevo Código Procesal Civil. Este fue el comienzo de casi dos años de trabajo legislativo, en el que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados -la que he tenido el honor de presidir en estos dos años- trabajó ininterrumpidamente todos la semanas, con la misión de despachar el proyecto lo antes posible a su segundo trámite constitucional en el Senado, pero sin descuidar el contenido óptimo del mismo.
Cabe destacar la intención permanente de la Comisión por dar cabida a todas las visiones u opiniones en relación a cada tema tratado, lo que queda en evidencia con lo gran cantidad de audiencias públicas que precedieron la votación. En ellas se manifestaron personeros de los tres poderes del Estado, así como connotados profesores y abogados ajenos al mundo público. Mención especial merece la Jornada Temática realizada por la comisión junto al Ministerio de Justicia, donde se abordaron materias cruciales gue proponía la iniciativa legal, tales como medidos cautelares, ejecución, recursos, entre otras.
Una vez concluida la etapa de audiencias y habiendo provocado el debate tanto en sede legislativa como académica, se procedió a la discusión en particular de la iniciativa, la que concluyó a fines de noviembre luego de analizar más de 600 artículos. En este proceso, se contó con la presencia permanente del Ejecutivo, representado por la ministra y el subsecretario de Justicia, sus asesores y los profesores de Derecho Procesal Cristián Maturana, José Pedro Silva y Raúl Tavolari. Junto a ellos, participaron permanentemente del debate legislativo los profesores de derecho procesal Hugo Botto y Francisco Pinochet, y se contó con la cooperación de asesores parlamentarios, centros de estudios y la Biblioteca del Congreso Nocional.
Hoy, despachamos esta iniciativa a la Cámara Alta, la que en palabras del propio mensaje, constituye “un instrumento legal necesario para lograr una tutela efectiva de derechos e intereses involucrados en los conflictos de naturaleza civil y comercial, a la que deberán añadirse normas orgánicas, adecuatorias, leyes complementarias para el establecimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos, una nueva ley de arbitraje interno y, entre otros, una ley relativa a los asuntos voluntarios o no contenciosos.”
En efecto, se trata de una reforma legal imprescindible, que junto a otras iniciativas complementarias, le cambiará el rostro a la justicia civil, incorporando elementos novedosos e imprescindibles en todo sistema procesal moderno. Entre estos a mi juicio se destacan:
Rol del juez
Se otorga al juez un rol protagónico y activo, que implica, según indica el mensaje, un cambio de paradigma en la concepción del rol y poderes del juez en el proceso. El juez, en esta nueva calidad, podrá adoptar de oficio medidas para el válido, eficaz y pronto desarrollo del proceso; así como medidas para prevenir, corregir y sancionar acciones u omisiones que importen fraude, abuso procesal, colusión, o cualquier otra conducta contraria a la buena fe.
De la misma forma, podrá decretar oficiosamente diligencias probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.
Principios formativos del procedimiento, en especial la buena fe
El proyecto, al igual que las reformas procesales vigentes en el país, se estructura sobre la base de los principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad de las diligencias y actuaciones del proceso.
Mención especial merece la buena fe procesal, la que se establece como principio general, tal como ocurre en materia laboral. Y es que más que una mera enunciación, se disponen una serie de medidas que constituyen un verdadero sistema de tutela de la buena fe en el proceso, en términos similares a lo que ocurre en la actualidad a propósito de la promoción de incidentes con fines dilatorios. Entre otras medidas, se otorgan al juez facultades para velar por la observancia de una litigación responsable y se sanciona al apoderado responsable al pago de las costas en forma solidaria con su representado, cuando incurra reiteradamente en acciones manifiestamente dilatorias. Asimismo, se establece responsabilidad por los perjuicios causados con ocasión de medidas cautelares solicitadas en forma dolosa o abusiva.
Regulación expresa del litis consorcio
Se regula expresamente la figura del litis consorcio, su falta de integración y sanción, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.
Se separa la figura del litis consorcio de la pluralidad de acciones, clarificando que el objeto del proceso en caso de litis consorcio está compuesto por “una única acción o una única pretensión, sin que obste a ello la pluralidad de sujetos que ahí intervienen”.
Asimismo, se contempla el desarrollo de los casos de litis consorcio necesario activo y pasivo, estableciendo un procedimiento y sanciones para el caso de no cumplirse con ellas cuando correspondan.
Aspectos relativos a la actividad probatoria
El proyecto modifica diametralmente los criterios existentes hasta el momento en materia de prueba. Si bien la reforma procesal penal ya asimiló algunas de las innovaciones que incorpora el mensaje, se trata de iniciativas inéditas en el proceso civil.
En efecto, el proyecto contempla libertad probatoria, en virtud de la cual las partes pueden hacer uso de cualquier medio para acreditar la veracidad de sus afirmaciones vertidas en el proceso. Esto se desprende del artículo 288 que señala:
“Artículo 288.- Libertad y oportunidad probatoria. Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del conflicto sometido a la decisión del tribunal podrán ser probados por cualquier medio obtenido, ofrecido e incorporado al proceso en conformidad a la ley.”
Asimismo, se consagra la sana crítica como el sistema general de valoración de la prueba, lo que supone dejar atrás la prueba tarifada legalmente, permitiendo que los jueces puedan apreciarla conforme los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.
Excepcionalmente, y en consideración a las particularidades del proceso civil y razones de seguridad y tráfico jurídico, para determinados medios probatorios prima la prueba legal tasada, entre ellos, los actos o contratos solemnes que solo pueden ser probados por medio de la respectiva solemnidad, las presunciones legales y de derecho si se acreditan sus supuestos o circunstancias.
Cabe tener presente que no prosperó la propuesta original del proyecto sobre el principio de facilidad probatoria, también conocida como carga dinámica de la prueba, en virtud de la cual el juez podía excepcionalmente distribuir la carga de la prueba según la disponibilidad y facilidad probatoria de las partes. En su lugar, se aprobó una disposición según la cual, la carga de probar los fundamentos de hecho contenidos en una norma jurídica, corresponde a la parte cuya aplicación le beneficie, salvo que la ley la distribuya de manera diferente.
Específicamente la norma dispone:
“Articulo 296.- Carga de lo prueba. Corresponde la carga de probar los fundamentos de hecho contenidos en la norma jurídica a la parte cuya aplicación le beneficie, salvo que una disposición legal expresa distribuya con criterios diferentes o de uno manera diversa la carga de probar los hechos relevantes entre las partes.”
Esto en efecto varió en relación al artículo 294 original, que disponía:
“294.- Carga de lo prueba. Corresponde la carga de probar los fundamentos de hecho contenidos en la norma jurídica a la parte cuya aplicación le beneficie, salvo que una disposición legal expresa distribuya con criterios diferentes o de una manera diversa la carga de probar los hechos relevantes entre las partes.
El tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes en litigio, lo que comunicará a ellas con la debida antelación, para que asuman las consecuencias que les pueda generar lo ausencia o insuficiencia de material probatorio que hayan debido aportar o no rendir la prueba correspondiente de que dispongan en su poder.”
De esta manera, la posibilidad de distribuir la carga probatoria se establece por disposición legal y no por decisión judicial.
Modificación del sistema recursivo y creación del recurso extraordinario
El Mensaje modifica sustancialmente el mapa de recursos existentes, tanto en la existencia misma de algunos de ellos, como de su procedencia por determinadas causales.
Lo más importante de dichas modificaciones es la incorporación del recurso extraordinario, que viene a reemplazar la casación en el fondo. Su introducción busca fortalecer el rol de la Corte Suprema en la preservación de los derechos fundamentales, junto con promover la unificación de la jurisprudencia por parte del máximo tribunal.
El proyecto informado incorpora este recurso inédito en la legislación chilena en el artículo 410, disponiendo que:
“Artículo 410.- Objeto. El agraviado por uno sentencia podrá ocurrir excepcionalmente ante la Corte Suprema con los propósitos que en este Título se señalan y cumpliéndose los requisitos que se indican, para solicitarle que se avoque al conocimiento del asunto por estimarse afectado un interés general.”
Las resoluciones impugnables a través de este recurso son limitadas, y se reducen a las sentencias definitivas e interlocutorias inapelables, que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, dictadas por cortes de apelaciones.
Por otra parte, y con el objeto de evitar dilaciones innecesarias y perjudiciales para el fin del proceso, la iniciativa establece un catálogo taxativo de las resoluciones apelables, racionalizando con ello el uso de dicho recurso. Asimismo, se permite impugnar vicios de forma a través de la apelación, lo que hasta hoy es objeto del recurso de casación en la forma, el que es eliminado.
Nuevo rol de la Corte Suprema
Estrechamente relacionado con lo anterior, y en particular con la creación del recurso extraordinario, está el tema del nuevo rol del supremo tribunal. En relación a este punto, existen tres modelos de corte suprema: de instancia, casación y unificador de jurisprudencia. Los cambios propuestos en el proyecto de Código Procesal Civil suponen un máximo tribunal nacional que vela, esencialmente, por fijar, uniformar, aclarar y modificar la doctrina jurisprudencial. Se ha comentado, a favor y en contra, respecto de esta función, argumentando que su finalidad sería proteger el ordenamiento jurídico; que podría afectar el sistema de fuentes con la introducción del sistema de precedentes; que existiría poca experiencia en la forma de aplicar éste sistema; que no permitiría necesariamente asegurar tutela del ordenamiento jurídico; o que sería ajeno al sistema de derecho codificado.
Sin embargo, y a pesar de los temores que estas reformas puedan generar en los operadores jurídicos, creo que reservar la participación de la Suprema sólo en asuntos que en razón de su interés general lo demande, permite un trabajo más eficiente del supremo tribunal. Asimismo, esto se entiende por la mayor importancia que adquieren con la reforma los jueces del grado y las Cortes de Apelaciones, que permitirán agotar las causas sin necesidad de llegar a esta virtual “tercera instancia” en la que se estaba transformando la Corte Suprema.
La ejecución
El Mensaje, consciente de la importancia que han adquirido los procesos ejecutivos y la sobrecarga que implica para el trabajo judicial la gran cantidad de ellos, dispone una serie de medidas para fortalecerlo. Sin ir más lejos, se destina un libro especial para regular la ejecución, a diferencia de la normativa actual que lo contempla como un procedimiento especial más.
Por otra parte, la iniciativa opta por descentralizar la actividad ejecutiva para descongestionar los tribunales civiles, creándose figuras como el Oficial de Ejecución, quien es el encargado de llevar adelante todas las actuaciones de apremio, incluido el embargo; sometiéndolas a un control permanente del juez. Su naturaleza, facultades, prohibiciones y régimen disciplinario, serán regulados en una ley especial.
Por otro lado, se consagra como regla general le ejecución provisional de la sentencia; esto es, la posibilidad de solicitar el cumplimiento y ejecución inmediata de las setencias de condena, aun cuando existan recursos pendientes en su contra y sin necesidad de rendir caución.
En efecto, el artículo 235 dispone:
“Artículo 235.- Ejecución provisional. Las sentencias definitivas de condena, una vez notificadas a todas las partes, podrán ser cumplidas provisionalmente conforme a las disposiciones siguientes.”
Ello, reemplaza el actual procedimiento de cumplimiento incidental de las sentencias, y según señala el Mensaje, busca fortalecer la sentencia y el rol del juez de primer grado jurisdiccional.
Estas reformas, fundamentales para adecuar el proceso civil a las necesidades del Chile de hoy, y que a los ojos de la doctrina contemporánea son inherentes a un proceso eficaz y justo; constituyen una prioridad legislativa para este Congreso Nocional, y así lo entendió esta comisión.
Resulta necesario también señalar que esta reforma requiere de proyectos complementarios. Entre ellos, por ejemplo, las adecuaciones orgánicas para su implementación, la creación de la institucionalidad del oficial de ejecución, la regulación de los actos judiciales no contenciosos, la regulación del arbitraje interno, de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, de tasas judiciales, etc.
Hoy, con la tranquilidad del trabajo realizado durante estos casi dos años, entregamos el testimonio al Senado, y esperamos que tanto dicha corporación como el gobierno que dirigirá nuestro país en el próximo periodo presidencial asuman de manera responsable la obligación de dotar a nuestro país de un proceso civil en sintonía con las demandas de justicia de nuestros compatriotas y con los estándares de transparencia, agilidad y eficacia que se requieren para solucionar las controversias de relevancia jurídica.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- El Ejecutivo ha modificado la urgencia a este proyecto, de manera que puede volver a la Comisión, donde podrán presentarse indicaciones.
En votación general el proyecto, con la salvedad de los artículos 143, 179, 190, 191, 388, 407, 410, 414 y 588, por tratarse de normas orgánicas constitucionales.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Votó por la negativa eldiputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación general los artículos 143, 179, 190, 191, 388, 407, 410, 414 y 588, que requieren para su aprobación del voto favorable de 65 señoras y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Votó por la negativa eldiputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló
El señor ELUCHANS (Presidente).- El proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
PRÓRROGA DE COTIZACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9231-13)
El señor ORTIZ.-
Pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, tengo claro después de veinticuatro años que intervenir en este momento no es lo más adecuado. Sin embargo, existe una situación que me obliga a hacerlo.
En el punto 5 de la Cuenta figura el certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto iniciado en mensaje, con urgencia suma, que prorroga la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y modifica la ley N° 19.578. Esto significa que el aporte patronal del 0,05 está autorizado hasta el 31 de marzo. Si no se otorga la prórroga, como se ha hecho tres veces en años anteriores, desde el 1 de abril habrá serios problemas en ese sector para el pago de las pensiones.
Por lo tanto, solicito a su señoría que recabe el acuerdo de la Sala -ayer lo solicité en la Comisión de Hacienda- para votar el proyecto sin discusión y sin rendir el informe correspondiente, a fin de que sea enviado al Senado y se convierta en ley de la República antes del
El señor ELUCHANS (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para actuar en el sentido señalado por el diputado José Miguel Ortiz?
Acordado.
Corresponde entonces votar el proyecto de ley que prorroga la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 9231-13, sesión 110ª de la actual legislatura, en 8 de enero de 2014. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 114ª de la actual legislatura, en 16 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 15.
-Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Esta iniciativa contiene normas de quorum calificado, de modo que requiere para su aprobación del voto favorable de 58 señoras y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos en contra ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Y por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
VI. HOMENAJE
HOMENAJE AL PARTIDO RADICAL EN SU 150º ANIVERSARIO
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde rendir homenaje al Partido Radical con ocasión de su sesquicentenario aniversario.
(Aplausos)
Antes de dar inicio al homenaje, quiero saludar a quienes nos acompañan en la Tribuna de Honor: al presidente del Partido Radical Social Demócrata y vicepresidente del Senado, honorable senador José Antonio Gómez; a los miembros de la directiva nacional del partido y de la directiva de la Juventud Radical de Chile; a los exparlamentarios del Partido Radical y al senador electo señor Alejandro Guillier. Junto a ellos se ubican militantes y simpatizantes de esta colectividad política.
Para iniciar el homenaje, tiene la palabra al diputado del Partido Radical Social Demócrata señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA, don Marcos (de pie).- Señor Presidente; honorables diputadas y honorables diputados; senador José Antonio Gómez Urrutia, presidente del Partido Radical; senador electo por el Partido Radical, señor Alejandro Guillier Álvarez; representantes de la Mesa Nacional y Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical; Juventud Radical de Chile; mujeres radicales; presidentes regionales; Frente Sindical de Trabajadores Radicales; Frente Radical de Trabajadores de la Educación; alcaldes, concejales y consejeros regionales; exparlamentarios, en especial exautoridades que aún siguen vigentes y que no nos pudieron acompañar hoy. Vaya un especial saludo para Juan Luis Maurás, Esteban Leyton, Dionisio Faulbaum, Roberto Muñoz, Jonás Gómez, José Peña, entre otros.
Estimados amigos presentes, correligionarias y correligionarios todos, el día
Manuel Antonio Matta, Ángel Custodio Gallo, Pedro León Gallo, Francisco Marín, Juan Arteaga Alemparte y Guillermo Matta dieron inicio a 150 años de historia del glorioso Partido Radical de Chile.
Teniendo como antesala las ideas libertarias de la Sociedad Literaria y la Sociedad de la Igualdad, el Partido Radical nació como cuna política de grandes letrados, artesanos y participantes de las luchas independentistas, que promovieron la construcción de la república en todo su esplendor, reconociendo la soberanía del pueblo como base de la política, la democratización de la sociedad, la descentralización administrativa, la igualdad de oportunidades, la libertad electoral, el libre pensamiento, la formación laica, tolerante y progresista, y la fraternidad como ejemplo de vida y moralidad.
Junto a ellos, millones de hombres, mujeres y jóvenes han pasado por las filas de nuestro partido, el que se formó oficialmente en 1888, forjando el prestigio que ha llevado al radicalismo a mantenerse en la esfera política hasta nuestros días.
No obstante la potencia y vigor con que se constituyó el partido de los ideales, fue la época entre 1938 y 1952 cuando tuvo su mayor auge, con los gobiernos radicales, particularmente con el legado del Presidente Pedro Aguirre Cerda, quien, con el apoyo del Frente Popular, tuvo el mérito de adoptar la experiencia frentepopulista europea y aglutinar en torno a un programa de reformas a los sectores populares, a las capas medias emergentes y a los sectores progresistas de la burguesía opuestos a la oligarquía, que permitiría la modernización del país.
Bajo el lema “Gobernar es educar”, acuñado por don Valentín Letelier, se inició una verdadera revolución cultural y social con el masivo acceso de los sectores populares a la educación. Se multiplicaron las escuelas primarias, los liceos y las instituciones artísticas, además de dar fomento a la educación técnico-industrial, agrícola, artesanal y a la creación de escuelas especiales para niños de niveles vulnerables que residían lejos de los centros de enseñanza, todo con el apoyo del Estado.
Durante los gobiernos radicales, se dio impulso, además, al desarrollo económico de Chile, mediante el nacimiento de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con la cual se dejó atrás la economía aún semicolonial y se dio paso a la verdadera modernización del país.
Gracias a la Corfo, fue posible crear, entre otras obras, la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa); la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP); la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP); la Industria Azucarera Nacional (Iansa), y la Industria Manufacturera de Cobre (Madeco).
La Corfo también creó institutos de investigación, para estimular la industria nacional, como el Instituto de Investigaciones Geológicas, antecesor del Sernageomin; el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec); el Instituto de Desarrollo de Recursos Naturales, el Instituto Forestal y el Instituto de Fomento Pesquero, entre otros.
Mención especial merecen también distintas obras que se realizaron en dicha época, como la incorporación de la Antártica Chilena a nuestro país, en 1940; la modernización de las Fuerzas Armadas y de las policías; la proclamación de las 200 millas marítimas y, sin duda alguna, la consagración de uno de los hitos más importantes en nuestro país durante el siglo
XX: la iniciativa que dio origen a la ley N° 9.292, que otorga el derecho a voto a las mujeres chilenas y creó, además, el Registro Electoral de Mujeres.
(Aplausos)
Luego de esta imponente etapa de auge para nuestro país y nuestro partido, la sombra del autoritarismo y de la crueldad enlutaría la conciencia colectiva de muchos, que se llevará a grandes compañeros y correligionarios, hoy mártires del radicalismo, que dieron su vida en defensa de la libertad y de la democracia durante la dictadura militar, entre los que se encuentran Luis Gastón Lobos Barrientos y Tucapel Jiménez Alfaro. Para ellos, nuestra admiración y respeto.
(Aplausos)
No obstante lo anterior, las voces del radicalismo no se acallaron y, a pesar de la represión, la persecución, la tortura, el exilio y la muerte, siempre volcamos nuestros esfuerzos a las calles para hacer de Chile un lugar más justo, equitativo y libertario, donde se desarrollen nuestro hijos y vivan nuestros nietos, al alero del libre pensamiento y de la igualdad de oportunidades para todas y todos.
Por ello, a contar del retorno a la democracia, hasta nuestros días, el Partido Radical ha seguido al servicio de la patria, y hoy, a 150 años de su fundación, se sigue caracterizando por su más profundo respeto, cariño y lealtad al pueblo chileno, a los trabajadores, estudiantes, dueñas de casas, profesionales, dirigentes sociales, niños, jóvenes, adultos mayores y a todos quienes hacen de nuestro país una nación fuerte y vigorosa.
No abandonaremos esta tarea. Nuestro norte es trabajar bajo el prisma de lograr una nueva Constitución para nuestro pueblo, con justas reivindicaciones en educación, salud, vivienda, medio ambiente y energía; con reconocimiento a los pueblos originarios y fortalecimiento, por sobre todo, de las regiones, que tienen sus propias carencias, porque nuestro partido nació fuera de Santiago, y desde entonces se ha alzado con la bandera de la descentralización y el impulso hasta el último hito del territorio nacional.
Sin perjuicio de lo anterior y de la valiosa entrega de nuestro partido, es vital el concurso y participación de la ciudadanía, a través de los procesos, de sus representantes y de este nuevo conglomerado que llega al Gobierno: la Nueva Mayoría.
Esa es la tarea que queda pendiente: acercarnos más a la gente, encantarla y demostrar que estamos vivos, activos, al servicio del pueblo, como siempre, y con la convicción, más firme que nunca, para hacer las reformas que Chile merece y que los movimientos sociales reclaman en las calles.
Es tiempo de cambio -se respira en el aire- y nuestra misión, como partido y como parlamentarios, será apoyar ese cambio, impulsando desde aquí, desde el Congreso Nacional, a este nuevo Chile que se alza como gigante en Latinoamérica y en el mundo.
Estamos en política porque tenemos la convicción de que es necesaria la apertura de ideas y ampliar el marco de participación a las fuerzas sociales, a los dirigentes estudiantiles y sindicales.
Por ello, invito a mis colegas parlamentarios y a los demás partidos y conglomerados políticos a ser parte del cambio, a impregnarse de los llamados ciudadanos y de los fundamentos, aquí esbozados, del radicalismo, a fin de abrir las puertas a la gente y sus demandas.
El tiempo y la historia nos ha dado la razón: la unidad y el éxito no se dan entre cuatro paredes, ni se logran imponiendo; la unidad y el éxito se obtienen con cambios reales, escuchando y haciendo participar a la gente, y llevando a cabo gestos concretos para lograr una mejor democracia, una sociedad abierta en temas valóricos y, sobre todo, sin desigualdad, tomando siempre en consideración a la persona y su bienestar y velando por que el Estado garantice sus derechos y defienda sus intereses.
Hoy, tras 150 años de lucha, seguimos de pie, pues nuestra patria espera lo mejor de sus hijos, y el radicalismo no puede estar ausente en esa constante tarea de búsqueda de mejores horizontes para nuestros ciudadanos.
Por último, quisiera hacer un debido reconocimiento a importantes hombres que, en las últimas décadas, han pasado por nuestro partido, y son ejemplos siempre presentes de lucha y vocación de servicio; sin ellos, el radicalismo no sería lo que es hoy. Me refiero a Anselmo Sule Candia, expresidente del Partido Radical y exsenador de la República; Orlando Cantuarias Zepeda, expresidente del Partido Radical y exministro de Estado del Presidente Salvador Allende; Enrique Silva Cimma, expresidente del Partido Radical, excontralor general de la república y exministro de Estado del Presidente Patricio Aylwin; Carlos González Márquez, expresidente del Partido Radical y exsenador de la República; Raúl Rettig, destacado abogado, presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación, encargada de esclarecer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar en Chile.
Podría seguir con el listado de próceres radicales; sin embargo, mi mensaje está dirigido ahora a las nuevas generaciones, a la juventud radical, pues en sus manos está el destino de nuestro partido y de nuestro país. Los invito a encantarse con la política, a hacerla suya y a verla como la herramienta para mejorar Chile, sobreponiendo siempre los intereses generales por sobre los particulares y garantizando una mejor calidad de vida para todas y todos.
A quienes escuchan mis palabras, los invito a hacer suyos los principios del radicalismo, construyendo cada día una nación que se caracterice por el respeto a la libertad, la igualdad, la solidaridad, la participación y el bienestar de todos los chilenos y chilenas.
Por el gran partido de los ideales, por sus 150 años de historia y por los 150 años que se vienen, ¡de pie radicales, chilenos de pie!
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En representación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara de Diputados, distinguidos invitados, intervengo en representación del Partido Unión Demócrata Independiente y en el mío propio.
Hablar del Partido Radical es referirse a lo más genuino de la historia política de Chile. Como bien ha dicho el historiador inglés Simón Collier, “el ala más radical del liberalismo se transformó en políticamente significativa por primera vez con la Sociedad de la Igualdad de 1850 y resurgió durante la agitación de 1858-1859.”.
Ahí encontramos el eje inicial de ese radicalismo que, con vaivenes y mutaciones, se ha prolongado hasta hoy. Desde sus orígenes formales vinculados a la revolución de 1859, el Partido Radical se definió por dos ejes que ha hecho notar la historiadora Sol Serrano: la ampliación de las libertades públicas y la separación de la Iglesia y el Estado.
Desde su periódico La Voz de la Patria, promovió esas tendencias y, concentrando sus fuerzas en la rica zona minera de Copiapó, en el valle central y en Concepción, estuvo dispuesto a expresar su resentimiento al centralismo y se alzó en montoneras de terratenientes con sus campesinos, y de mineros y obreros.
Cuando se rompió la fusión liberal-conservadora, en 1873, el Partido Radical se unió a los liberales gobiernistas para formar la Alianza Liberal. Cuando los radicales obtuvieron el deseado resultado de las leyes laicas, bajo la presidencia de don Domingo Santa María, debieron enfrentarse una vez más al gobierno por la espinuda cuestión de la libertad electoral. Esa lucha radical se prolongó contra el propio Balmaceda. Victorioso el partido en la Guerra Civil contra el Liberal Democrático, de ahí en adelante integró la Alianza Liberal, junto con la mayoría de otros grupos de la misma tendencia.
Como ha hecho notar el historiador Cristián Gazmuri, su orientación fue liberal hasta 1906; pero, a partir de ese año, un sector del radicalismo encabezado por Valentín Letelier e influido por la doctrina del socialismo de Estado, comenzó a preocuparse también de los problemas sociales y a propiciar una mayor intervención estatal en la regulación socioeconómica de la sociedad.
Sin duda, la época de oro del Partido Radical estuvo en sus tres gobiernos, bajo el lema “Gobernar es educar”, acuñado por un antepasado de quien habla, don Valentín Letelier Madariaga. Don Pedro Aguirre Cerda llevó adelante esa frase, quien señaló que lo importante de un gobierno era avanzar en educación como herramienta para superar la pobreza.
¡Cómo no recordar también la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la industrialización del país!
Su sucesor, don Juan Antonio Ríos, continuó su legado y puso énfasis en la producción y en el fortalecimiento de la industria nacional.
Don Gabriel González Videla prosiguió con el programa de la Corfo y creó la refinería de petróleo de Concón y la Industria Azucarera Nacional, Iansa.
No cabe duda de que la obra visionaria del Presidente González Videla estuvo en la incorporación de la mujer en la vida política. Por eso quiero recordar lo que expresó el 9 de enero de 1949, durante la promulgación de la ley respectiva: “En este solemne e histórico acto, yo no podría sino rendir el homenaje de mi más devota admiración a la mujer chilena, y abriendo todo mi corazón de gobernante confesaros que en esta permanente y agotadora lucha que vengo manteniendo tenazmente contra el egoísmo y la demagogia, mi espíritu se abre a una nueva esperanza: que la mujer, en pleno dominio de sus derechos, ha de venir en ayuda para humanizar la política chilena y darle un sentido más profundo y más sincero de fraternidad, de justicia y de sensibilidad (…).
Mujeres de Chile: sois desde este instante ciudadanas de la República (…).
De vuestra acción dependerá en el futuro la felicidad de este pueblo de vivir en libertad y en plena democracia.”.
¡Qué pensamiento más preclaro de ese gobernante! Desde ese día, la mujer chilena fue una gran protagonista en nuestro quehacer público y el radicalismo tuvo el honor de que una mujer de sus filas fuera la primera diputada en el Congreso Nacional: doña Inés Enríquez Frödden.
(Aplausos)
Por eso, es muy merecido que una sala de la Cámara de Diputados lleve su nombre.
Con posterioridad a esa época histórica, el Partido Radical prosiguió su devenir político con el sello de Valentín Letelier, de Enrique Mac Iver, de los Matta y de los Gallo.
Quisiéramos recordar en este homenaje a muchos hombres notables que integraron las filas del Partido Radical y a quienes la patria les debe mucho por su aporte y entrega, so pena de cometer alguna injusticia por el olvido. ¡Cómo no recordar a don Humberto Aguirre Doolan; a don Exequiel González Madariaga, notable senador que se preocupaba de los asuntos limítrofes -cuánto le echamos de menos hoy y qué gran aporte sería en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados-; a don Raúl Juliet, a don Hermes Ahumada Pacheco, que tenía la particularidad de ser abogado y médico; a don Luis Álamos Barros, ministro de Relaciones Exteriores de don Arturo Alessandri, y a su socio, don Marcial Mora; a don Raúl Rettig, a don Sótero del Río, ministro del Interior de don Jorge Alessandri; a don Carlos Martínez Sotomayor, ministro de Relaciones Exteriores del mismo Presidente; a don Hugo Miranda Ramírez, a don Raúl Morales Adriasola, a don Humberto Enríquez Frödden; a los hermanos Durán, don Julio, gran polemista y orador, y don Domingo, quien, cuando recién comenzábamos en la política como jóvenes de la UDI, nos daba consejos irrepetibles, pero que muchas veces nos llevaron al triunfo! En fin, son muchos los hombres y las mujeres del Partido Radical que contribuyeron decisivamente al desarrollo del país y a la grandeza de la patria.
La existencia de la clase media se debe en gran medida a la doctrina radical, a su forma de ser y de pensar. Ser radical constituye toda una forma de vida: ser amigo, a pesar de las diferencias ideológicas; siempre amable, alegre, con el chiste y la talla oportuna. Nuestros padres siempre nos contaban que los clubes radicales instalados a lo largo del país eran ambientes propicios no solo para cultivar la amistad al calor de un apetitoso plato criollo y de un buen mosto, sino que también para cerrar grandes acuerdos políticos basados en la tolerancia y en el respeto al adversario.
Por eso nuestro homenaje más sincero, como UDI y como independiente, al Partido Radical en estos 150 años de existencia, a su dirigencia nacional, a sus parlamentarios, especialmente a quienes hoy son nuestros colegas en la Cámara de Diputados; a sus dirigentes provinciales y regionales, a quienes deseamos que, para bien del país, sigan existiendo por muchos años más.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En representación de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN (de pie).- Señor Presidente, honorable Sala, distinguidos amigos del Partido Radical que nos acompañan, es probable que no haya síntesis más precisa para entender el aporte de las ideas radicales a la construcción de la república que aquellas que implican una relación armónica entre la ilustración y la lucha por la libertad de todos los seres humanos, motivación que se encuentra en el origen de ese partido que, a través de sus 150 años de historia, ha acompañado la construcción de nuestra nacionalidad.
Desde los albores de la patria, en apoyo a las ideas de igualdad impulsadas por O'Higgins, es posible encontrar el germen de lo que, a poco andar, constituiría la creación del Partido Radical de Chile.
Sus primeras asambleas se establecieron a partir de su “oposición al autoritarismo presidencial, la descentralización administrativa, la democratización de la Constitución, la separación de la religión del Estado, la integración de las repúblicas americanas y la asociatividad del pueblo contra la indiferencia social”, como dice su reseña histórica. Tal vez por ello el Partido Radical mantiene su vigencia hasta hoy.
Desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta la elección del Presidente Juan Esteban Montero, en octubre de 1931, los radicales, “los más radicales de los liberales”, como se les solía decir, mantuvieron en alto los principios de igualdad y libertad, ya acompañada por la vocación de servicio público, tantas veces volcada a la actividad bomberil, que llevó a que, desde siempre, se reconociera a sus miembros como “radical, bombero y masón”, lo que daba cuenta de su vocación por la libertad, el servicio, la búsqueda del saber y la defensa de los seres humanos, que perfecciona al hombre, a través de la ilustración, lo que, con el correr del tiempo, haría pie en su vocación, que les acompaña hasta nuestros días, por el desarrollo de la educación pública.
Muchas de las principales reivindicaciones del radicalismo se hicieron realidad durante los gobiernos de presidentes radicales a partir del triunfo del Frente Popular en 1938. Este era una amplia coalición de centro izquierda, bajo la égida del Partido Radical, que integraba a comunistas, socialistas, demócratas y a la Confederación de Trabajadores de Chile.
De ese modo, el eslogan acuñado por Valentín Letelier, “Gobernar es educar”, llevaría al Presidente Pedro Aguirre Cerda a la primera magistratura en 1938, año en que ya se había producido el primer entendimiento entre el Partido Radical y la Falange Nacional, antecesora de la Democracia Cristiana.
En 1863, se funda la Asamblea Radical de La Serena, con la presencia de Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo. Desde allí, el Partido Radical ha contribuido al desarrollo de la Región de Coquimbo y del país. El alcalde de La Serena nos honra con su presencia, así como también nos honra que un diputado de nuestro partido, el señor Matías Walker, represente a un importante distrito de la Región de Coquimbo.
Con Pedro Aguirre Cerda los radicales contribuyen a una política de sustitución de importaciones y, tras la tragedia del terremoto de 1939, el talento del Presidente Cerda dio a origen a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), organismo que subsiste hasta nuestros días. Del mismo modo, se crea la Empresa Nacional de Electricidad, que luego el Estado de Chile perdería tras el paso de la dictadura.
Seguramente, su sello y preocupación por la educación hace que se le recuerde hasta nuestros días, pues llevó a cabo un ambicioso plan de educación, el cual supuso la creación de más de mil escuelas de enseñanza primaria y de unos 3.000 cargos para profesores. También durante su administración se fundaron numerosas escuelas técnico-industriales, dedicadas a formar a los trabajadores que iban a dirigir el progreso industrial del país. En el ámbito de la educación superior, la Universidad de Chile comenzó con un proceso de reforma cuyo objetivo era transformarla en un centro de investigación científica y desarrollo cultural a nivel nacional.
A la muerte prematura del Presidente Aguirre Cerda -dos meses después-, fue elegido como nuevo gobernante el radical Juan Antonio Ríos, con el apoyo de su partido, de los socialistas, comunistas, democráticos y la Falange Nacional, grupo surgido del Partido Conservador que más tarde daría vida a la Democracia Cristiana.
Si la impronta del Presidente Aguirre Ceda fue “Gobernar es educar”, la del Presidente Ríos fue “Gobernar es producir”, porque creó grandes empresas públicas, con gran sentido visionario, así como centrales hidroeléctricas y la Empresa Nacional del Petróleo. También se preocupó del fomento agrícola, a través de la Corfo, que estudió un plan destinado, entre otras cosas, a aumentar la producción de alimentos, lograr saldos exportables, mecanizar el trabajo del agro, propender al regadío de nuevos suelos y orientar la producción al cultivo intensivo.
Durante ese mismo período, se aprobó la primera reforma a la Constitución de 1925, mediante la cual se dio rango constitucional a la Contraloría General de la República.
En septiembre de 1946, fue elegido Presidente el radical Gabriel González Videla. La Guerra Fría y las diferencias en la coalición finalmente abortaron el éxito del Frente Popular y el gobierno del Presidente González Videla, el tercer Presidente radical consecutivo, amplió su gobierno e incorporó a representantes de la Falange Nacional y del Partido Conservador Social Cristiano, en lo que se llamó el gabinete de sensibilidad social, el cual tenía como objeto mejorar la situación de los trabajadores.
En el lapso de esa administración, en el sector educativo destaca la creación de la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago.
(Aplausos)
En el sector económico, se continuó con el programa de la Corfo y se organizó la Compañía de Aceros del Pacífico, que construyó, entre 1947 y 1950, la planta siderúrgica de Huachipato, con lo que abasteció de acero al mercado nacional y se exportó a todos los países de Sudamérica, a Estados Unidos de América, Canadá y Japón.
Asimismo, se construyó la Refinería de Petróleo de Concón y la Fundición de Paipote, esta última destinada a impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana minería del Norte Chico.
Hoy, el país encuentra un partido maduro que, al igual que la Democracia Cristiana, comparte los anhelos del pueblo de Chile, que ve en la Nueva Mayoría, dirigida por la Presidenta electa Michelle Bachelet, la esperanza de realización de los cambios necesarios que acerquen a todos los chilenos a los beneficios del progreso.
Permítanme una anécdota. En mis años de inicio para ser diputado, cuando caminábamos solos junto a algunos jóvenes de la Falange, un senador de la época, el señor Anselmo Sule, me permitió acompañarlo y caminar con él por Rengo y las comunas aledañas. Él me dijo que no sabía si sería reelegido, pero sí sabía que nosotros podíamos llegar al Congreso Nacional y que la juventud de la Democracia Cristiana podía ser un aporte junto al Partido Radical.
Rindo un homenaje público al señor Anselmo Sule y le agradezco sus palabras de fines de 1997.
(Aplausos)
De este modo, el humanismo cristiano y el humanismo laico toman un rumbo común: el camino de las transformaciones en favor de las grandes mayorías, elementos que han hecho que tantas veces tengamos muchas coincidencias. Tal vez así pueda ser posible lo que la declaración de principios del Partido Radical nos propone, dado que ellos son “una comunidad de ciudadanos provenientes de los diferentes estratos sociales del país, sin distinción de creencias, sexo o niveles socioeconómicos que, inspirados en los principios del humanismo laico y en los fundamentos filosóficos y políticos de la socialdemocracia, propugnan la construcción de una sociedad democrática, solidaria, fraternal, integrada, pacífica, eficiente y profundamente humanista, que permita alcanzar los más altos valores sociales, políticos, económicos y de participación a que aspira todo ser humano y que sea capaz de satisfacer las necesidades materiales y espirituales del hombre, en un ambiente de libertad y de justicia.”.
La bancada de diputados de la Democracia Cristiana rinde un caluroso homenaje a su partido aliado -incluso en esta Sala, en los tiempos que corren-, en la esperanza de transitar juntos los caminos de la construcción de una sociedad más justa, más libertaria y más democrática.
¡Larga vida al Partido Radical de Chile!
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En representación del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ (de pie).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a la directiva del Partido Radical, a los colegas y amigos diputados que componen su bancada, a los integrantes de su juventud y a todos los militantes, simpatizantes y amigos que hoy nos acompañan en esta celebración.
Rindo este homenaje con mucha emoción, nostalgia y cariño, puesto que su realización en la Cámara de Diputados supone el reconocimiento a la trayectoria y a los servicios que ha prestado al país una persona, una institución o una obra de bien que se ha destacado en su labor y que ha dejado una huella a seguir para los ciudadanos y habitantes de nuestra patria. Sin duda alguna, el Partido Radical, hoy Partido Radical Social Demócrata, ha sido y sigue siendo una organización política que ha realizado una gran contribución a la consolidación de la República de Chile y a la construcción de un país con mejores instituciones políticas y sociales, en donde prime el espíritu de la justicia social, la igualdad, la libertad y la fraternidad entre los compatriotas.
Nadie que provenga de la clase media emergente que se ha creado en Chile puede desconocer que entre sus ancestros se encuentra algún militante del radicalismo. Para qué decir de aquellos que fuimos formados en los colegios públicos del país, en donde más de algún profesor normalista nos habló de los principios del laicismo, del racionalismo y del progresismo, valores e ideas tan propios de la doctrina del Partido Radical.
En esta oportunidad no quiero referirme en detalle a la historia de este partido, ya que con creces lo han hecho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Sin embargo, creo importante destacar que este referente político, que encuentra sus orígenes en la Sociedad de la Igualdad que crearon jóvenes liberales de mediados del siglo XIX, se ha transformado, a estas alturas de la historia de Chile, en el partido que ha influido en la mayoría de los partidos progresistas que han existido en nuestro país. Influyó en Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista; en el Partido Socialista, que se crea en 1933; en el Partido Socialdemócrata, con el cual se refundió en los años 90, y, por supuesto, en mi partido, el Partido por la Democracia, que recibió el aporte importante de exmilitantes del radicalismo al momento de su fundación y, por ello, mucho de su ideario ha quedado plasmado en nuestra declaración de principios.
Durante su trayectoria, nadie puede quitarle el lugar de haber sido el principal promotor del Estado laico en Chile, de la separación de la Iglesia y el Estado, de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y de la instauración del Estado docente.
Nadie puede dejar de reconocer el tremendo esfuerzo que se realizó en sus gobiernos para lograr la industrialización de nuestro país en base a la labor del Estado y del gran papel que jugó la Corfo para lograr ese objetivo. Para qué hablar de su dedicación a la educación y del aporte de militantes como Valentín Letelier y del propio Presidente Pedro Aguirre Cerda, que hizo suya la famosa frase “Gobernar es educar”.
Además, el Partido Radical ha tenido una tremenda influencia en la creación de la cultura urbana popular que se formó durante el siglo XX. Todos sabemos que hasta 1973, al lado de cada asamblea radical que existía en las ciudades de Chile, existía también el club radical, donde no solo se hablaba de política, sino que también se cultivaba el arte popular, los juegos típicos, la música, el baile y, por supuesto, la mejor comida criolla de que se tenga memoria, lo que he podido comprobar con mis amigos de la bancada radical.
El Partido Radical es también uno de los principales forjadores de la existencia de una gran clase media en el país. A través de la promoción de la educación pública, han sido miles los chilenos y chilenas que lograron salir de la pobreza para transformarse en técnicos y profesionales que han aportado a la patria. Es notable la labor que realizaron muchos de sus intelectuales para la formación de preceptores que pudieran hacerse cargo de las escuelas en los lugares más remotos de Chile, para iluminar las mentes de jóvenes presos de la ignorancia. Ni qué decir de la formación de miles de funcionarios, servidores públicos, para acometer las grandes tareas que requería el país en la fase de consolidación republicana. Mi padre, Tucapel Jiménez Alfaro, fue uno de esos funcionarios,…
(Aplausos en la Sala y en las tribunas)
…dirigió sus organizaciones y fue durante toda su vida un fiel y leal militante radical.
En este homenaje también es necesario destacar que el Partido Radical ha estado siempre profundamente comprometido con la democracia y con la república. En sus principios y doctrinas se concentra el mejor de los ideales progresistas de quienes conformaron la nación. Por ello quizás durante la dictadura militar fue atacado, no solo en la vida, integridad y libertad de muchos de sus militantes, sino también en sus instituciones, ya que cerraron sus sedes y clubes, y clausuraron las escuelas normales, en las que muchos de sus intelectuales formaban profesores. Además, se privatizaron las grandes empresas creadas durante sus gobiernos y se estableció un régimen opresor que atentaba contra los derechos fundamentales.
150 años en la historia nacional es un tiempo que ningún partido posee en nuestro país. Muchas han sido las experiencias que han naufragado en el intento de sobrevivir en la historia. Seguramente, esta perduración en el tiempo se debe a que los ideales que lo sustentan permanecen vigentes en el ideario ciudadano, y por eso muchos de ellos son compartidos por otros partidos políticos que tienen en sus venas el ADN radical.
Como hijo de radical y formado en la cultura propia de esa tienda, hoy los saludo en nombre del Partido por la Democracia y les deseo larga vida y éxito en el futuro.
Termino recordando a los próceres del partido, como Anselmo Sule, Orlando Cantuarias y otros, y por supuesto recordando el legado, compromiso y vocación social de un radical de tomo y lomo como lo fue mi padre, Tucapel Jiménez Alfaro,…
(Aplausos)
…quien en una entrevista de Raquel Correa, en plena dictadura, cuando le preguntaron: “¿Usted era radical?”, respondió: “No, yo no era radical. ¡Soy radical!”.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En nombre de la bancada del partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, bancada del Partido Radical de Chile, señor Presidente del Partido Radical, don José Antonio Gómez; miembros de la directiva nacional del partido, miembros de la Juventud Radical de Chile, exparlamentarios, militantes, señoras y señores:
Rindo homenaje al Partido Radical de Chile, en representación de mi bancada, Renovación Nacional.
La riqueza de una nación como Chile radica en su gente, en sus tradiciones y también en sus instituciones. Son estos los elementos que han ayudado a construir un país que está en pleno crecimiento y desarrollo, que nos enorgullece a todos sus ciudadanos y autoridades.
Dentro de las valiosas instituciones que han ayudado a edificar nuestra nación, hoy queremos rendir homenaje a una en particular. Me refiero al Partido Radical de Chile. Sin duda, esta agrupación política, heredera de la más antigua tradición laica y humanista, se ha ganado un espacio en la página más noble de la historia política nacional. Después de todo, no cualquier partido político logra mantenerse en la esfera pública por 150 años, contabilizando a su haber cuatro presidentes de la República, un sinnúmero de senadores, de diputados, de miembros de organismos del Estado y de connotadas figuras políticas.
Fue en el seno del Partido Liberal de los “pipiolos”, de las primeras generaciones republicanas, donde hace un siglo y medio el laicismo político tuvo sus primeras luces de independentismo, motivadas decisivamente por la Sociedad de la Igualdad, aquel movimiento impulsado por Francisco Bilbao y José Victorino Lastarria, sumido en un profundo ideal de gobierno descentralizado y derechos ciudadanos, en que el movimiento radical se fundó como una alternativa al conservatismo tradicional, al liberalismo criollo y a las entonces indisolubles relaciones entre Iglesia y Estado.
Descendientes directos de las doctrinas propias de la Revolución Francesa, los pioneros del Partido Radical encontraron en Copiapó, tierra de uno de los primeros exponentes del radicalismo, don Pedro León Gallo, el lugar idóneo para fundar el movimiento e instalar la piedra angular. Eran los tiempos de la presidencia de Manuel Montt. En el norte, los radicales fueron considerados revolucionarios y antigubernamentales, lo que implicó que las ideas de conservadores y radicales terminaran en no pequeños enfrentamientos bélicos.
¡Cuánto ha cambiado y avanzado nuestro país desde aquellos días! Hoy podemos mirarnos a los ojos y, aun reconociendo diferencias en los postulados radicales o de otros partidos, nadie pensaría en arrebatos como los vividos en Copiapó hace poco más de 150 años. Lo importante para los efectos de la historia política del país es que en dichos enfrentamientos se encontraba ya el germen de la avanzada radical. Por sus actos, Pedro León Gallo debió salir al exilio, y a su regreso, en 1863, se encontró con otro de los principales exponentes de lo que sería el radicalismo: Manuel Antonio Matta. Ambos coincidieron en cinco postulados, que constituyeron a la postre la base del Partido Radical: enseñanza laica, disminución del poder presidencial, descentralización administrativa, libertad electoral y reforma a la Constitución. El resto es historia.
Con las décadas, el Partido Radical fue tomando un rol cada día más importante en la política chilena. Como grandes articuladores de acuerdos, apoyaron gobiernos como los de Jorge Montt, Germán Riesco y Ramón Barros Luco, entre otros. Sabiendo que todavía no estaban preparados para asumir una Presidencia de la República sobre sus propios hombros, sorprendieron al apoyar al liberal Arturo Alessandri Palma, cuyo gobierno buscó ser profundamente reformista.
Como un árbol que demora en madurar, pero que cuando lo hace logra tener vigorosos frutos, debió pasar todavía algo de tiempo antes de que el radicalismo pudiese influir desde La Moneda. Se posicionaron en ella, aunque de forma breve, con don Juan Esteban Montero. Con posterioridad a ello, decidieron alejarse del segundo mandato de Alessandri Palma, y encontraron en partidos de izquierda sus nuevos aliados. Con ellos alcanzaron por fin la definitiva llegada al poder y dieron comienzo así a uno de los períodos más enseñados en la historia de Chile, el de los gobiernos radicales.
¡Cómo pasar por alto a don Pedro Aguirre Cerda, con su famoso lema “Gobernar es educar”, o a don Juan Antonio Ríos, a quien le tocó llevar adelante las relaciones internacionales en un período tan delicado como fue la Segunda Guerra Mundial, o finalmente a don Gabriel González Videla, coterráneo del diputado que habla, y de quien nos sentimos orgullosos los que somos oriundos de la ciudad de La Serena, de la cual fue declarado Hijo Ilustre! Entre muchos otros méritos, fue el primer Presidente de Chile en visitar la Antártica Chilena, porque entendió el valor estratégico y político que el continente blanco tenía y tiene para nuestra soberanía.
También bajo su mandato se implementó el derecho a voto de la mujer y el respeto a las 200 millas marinas.
A pesar de las posibles y legítimas diferencias ideológicas que nos pueden separar del Partido Radical, no podemos sino reconocer y valorar lo que sus gobiernos le entregaron a Chile.
Como representante de la bancada de diputados de Renovación Nacional, quiero manifestar el orgullo que siente todo nuestro sector de compartir escaños con el Partido Radical de Chile en la Cámara de Diputados. Esperamos que en los años venideros sigan siendo protagonistas de la historia.
Al igual que nuestros amigos del Partido Radical, sabemos que para trabajar por el progreso y desarrollo de Chile se necesitan muchas manos y de todos los colores políticos. Ello es lo que nos mueve a entregar los mejores esfuerzos por nuestro país y a rendir este homenaje y expresar nuestro reconocimiento al Partido Radical de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En representación de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA, don Fidel (de pie).- Señor Presidente, colegas parlamentarios, estimado Presidente del Partido Radical, senador José Antonio Gómez; senador Alejandro Guillier, recientemente electo, y apreciados militantes del Partido Radical:
Hoy, nuestra Corporación rinde un merecido homenaje a un importante partido: el Partido Radical Social Demócrata, que cumple 150 años desde su fundación.
Las características esenciales de esta colectividad política quedan retratadas de manera magistral en su declaración de principios, en la cual se afirma que “El Partido Radical Social Demócrata es una comunidad de ciudadanos provenientes de los diferentes estratos sociales del país, sin distinción de creencias, sexo o nivel socioeconómico, que inspirados en los principios del humanismo laico y en los fundamentos filosóficos y políticos de la socialdemocracia, propugnan la construcción de una sociedad democrática, solidaria, fraternal, integrada, pacífica, eficiente y profundamente humanista, que permita alcanzar los más altos valores sociales, políticos, económicos y de participación a que aspira todo ser humano y que además sea capaz de satisfacer las necesidades materiales y espirituales del hombre en un ambiente de libertad y justicia.”.
Desde mi punto de vista y desde la visión del Partido Socialista, esa ha sido, sin duda, la tarea que ha impregnado, durante largos años de su historia, el desarrollo de este partido, que ya hacia fines de mayo de 1850, durante el gobierno del Presidente Manuel Bulnes, participó en la conformación de la gran Sociedad de la Igualdad, integrada entonces por intelectuales jóvenes que regresaban desde Europa, después de haber terminado sus estudios. Entre ellos destacaron José Victorino Lastarria, Eusebio Lillo y Francisco Bilbao.
Esa sociedad se convirtió en el foco de agitación política en el país y atrajo hacia su seno a todos los jóvenes intelectuales y a un buen número de artesanos. Sus integrantes promovieron levantamientos en contra del gobierno, razón por la cual el 9 de noviembre de 1850, por decreto de la intendencia, dicha sociedad fue disuelta y sus líderes fueron apresados y encarcelados. Otros como Santiago Arcos, José Victorino Lastarria y Federico Errázuriz fueron desterrados.
No obstante, también se puede decir que los orígenes del Partido Radical se hallan en octubre de 1858, en la formación de la organización llamada Asamblea Constituyente, que agrupó a la mayoría de los líderes del partido: Manuel Antonio Matta, Ángel Custodio Gallo, Francisco Marín y tantos otros.
Pero fue recién a fines del gobierno de Manuel Montt que los radicales surgen como el tercer partido político en la historia de Chile, después de los partidos Conservador y Liberal. En mayo de 1862, se funda el periódico “La Voz de Chile”, que difunde las bases del radicalismo: enseñanza laica, libertad electoral, derecho edilicio, descentralización administrativa, reforma de la Constitución de 1833 e interacción del pueblo en la generación de las autoridades.
Podríamos hablar mucho más sobre las temáticas vinculadas a la larga historia de este importante partido. No puedo dejar de señalar en esta intervención que muchos militantes del Partido Radical, tal como ha ocurrido en la mayoría de los partidos democráticos chilenos, sufrieron a lo largo de su historia cárcel y exilio. Responsables de la formación de Chile como nación independiente, se constituyen a través de la historia en incansables luchadores por la democracia, el laicismo y la justicia social. Esta disposición política los llevará a integrar la Unidad Popular y a participar, no sin divisiones, en el Gobierno democrático del Presidente Salvador Allende y, posteriormente, a sufrir la represión de la dictadura de Pinochet que, después de 17 años de tiranía, dejó desarticulados a los partidos políticos chilenos.
Pero dicha realidad no impide que los radicales se sumen a la Concertación de Partidos por la Democracia, exitosa coalición, única en la historia política de Chile y de América Latina.
Debido al paso de los años y en medio del desgaste que produce ser partido de gobierno, como consecuencia de la elección de 1994, el Partido Radical se fusiona con el pequeño pero dinámico Partido Social Demócrata, pasando a denominarse Partido Radical Social Demócrata.
Este partido considera que sus ideales solo pueden concretarse en democracia, puesto que en ella es posible instaurar por la vía pacífica el dominio de una forma de vida y de una filosofía social bosquejadas en los principios ya destacados, los cuales se adhieren a los postulados de la Internacional Socialista, de la cual forma parte desde 1972.
Termino mis palabras señalando que, por todo lo anterior, el Partido Radical Social Demócrata es profundamente chileno, comprometido con nuestra historia y con nuestro futuro. Es un partido reformista y progresista que orienta sus actividades a introducir los cambios que la sociedad reclama para lograr un desarrollo equilibrado y solidario; un partido convencido de que la realización integral del ser humano solo se puede alcanzar en un sistema democrático, con real vigencia de las libertades públicas y observancia del estado de derecho; un partido de amplia representación social que lucha por erradicar la pobreza y dar solución a los problemas que afectan a las grandes mayorías nacionales y que propicia el establecimiento de una sociedad justa y pacífica que configure un estado de derecho social y democrático.
Muchas de estas ideas están inspiradas en el gran trabajo realizado por nuestro exsenador Anselmo Sule, cuyos hijos están presentes en las tribunas, incluido nuestro excolega Alejandro Sule.
(Aplausos)
Para finalizar, en nombre de la bancada de diputados del Partido Socialista, en este nuevo aniversario del Partido Radical Social Demócrata, quiero expresar nuestro más sincero reconocimiento y congratulaciones a nuestros compañeros y compañeras de coalición. Hemos sido testigos de su trabajo y dedicación al servicio del país, constituyéndose en piedra fundamental en la profundización del sistema democrático y de las libertades individuales.
Muchas felicidades en este nuevo aniversario.
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En representación del Partido Comunista, tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.
El señor CARMONA (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, senador José Antonio Gómez, presidente nacional del Partido Radical, dirigentes nacionales de la Juventud Radical, militantes del Partido, a través de quienes envío un abrazo a cada uno de los militantes a lo largo y ancho del país:
En nombre de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, rendimos homenaje a uno de los partidos con más historia de nuestro país.
Hace 150 años, en diciembre de 1863, un grupo de jóvenes integrantes de la Sociedad de la Igualdad constituyeron las primeras asambleas electorales en Copiapó, las cuales darían origen al Partido Radical. La Sociedad de la Igualdad se había fundado en 1842 y estaba compuesta por intelectuales jóvenes que regresaban al país después de haber estudiado en Europa, entre los que se contaban personajes tan connotados como José Victorino Lastarria, Eusebio Lillo y Francisco Bilbao. Este último es el primero que usa el concepto de América Latina, en su discurso “Iniciativa de la América del Sur”, pronunciado el 22 de junio de 1856, en París.
Rupturista del orden conservador heredado de la monarquía española, la Sociedad de la Igualdad se convirtió en el foco de agitación política de entonces, que coordinaba levantamientos contra el gobierno, por lo que muchos de sus líderes fueron perseguidos y encarcelados.
Fueron precisamente miembros fundadores de la Sociedad de la Igualdad los que constituyeron las asambleas que darían continuidad ideológica a las luchas independentistas contra la monarquía española, la Constitución de la República y la ideología de la ilustración, dando base al Partido Radical.
Se iniciaría una larga historia de organización y trabajo político, cuya primera expresión fue la organización llamada Asamblea Constituyente, que agrupó a la mayoría de los líderes del Partido Radical: Manuel Antonio Matta, Ángel Custodio Gallo, Pedro León Gallo, Francisco Marín, Juan Arteaga Alemparte y tantos otros que tenían como principal objetivo político la reforma a la Constitución Política de 1833.
Sería el origen de un partido político que buscaba democratizar el Estado, criticando el autoritarismo presidencial, la centralización administrativa y la influencia desmedida de la Iglesia en las decisiones del Gobierno. Para 1860 ya se consolidaban en el país tres instituciones que marcarían las nuevas formas de sociabilidad política, fuertemente influidas por las ideas libertarias venidas de la revolución francesa: la Masonería, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Partido Radical.
Por aquellos años, la extrema pobreza de obreros y pobladores que ilustraba en la llamada cuestión social, demandaron la necesidad de garantizar los derechos básicos de las personas, a través del llamado socialismo de Estado, que encabezaron figuras como Valentín Letelier. Sería el inicio de la instalación del Partido Radical como uno de los principales representantes de los anhelos de una emergente clase media chilena.
Chile era uno de los países con mayor tasa de mortalidad infantil en el mundo y la cuestión social recrudecía, empeorando cada vez más las condiciones de vida de pobladores y de obreros. Probablemente por ello, los radicales de la década de 1930 se alejaron de los sectores liberales para conformar una alianza con aquellos movimientos sociales y sectores políticos que incorporaban banderas políticas sostenidas también por socialistas, comunistas e independientes de izquierda. Eran los tiempos del Frente Popular. En ese contexto, en 1938, el radical Pedro Aguirre Cerda logra un importante triunfo en las elecciones presidenciales con el lema “Gobernar es educar”.
Bajo su gobierno se implementó un modelo económico de industrialización para sustituir importaciones, que permitió fundar importantes empresas estatales.
¡Cómo no evocar las palabras que mencionara el Presidente Pedro Aguirre Cerda en torno al derecho a la educación durante su discurso presidencial del 21 de mayo de 1939!
En esa oportunidad señaló: “Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud, es necesario que sea gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el período formativo.”.
Así también, durante su gobierno se desarrolló una importante política de salud, destacándose en esa labor un joven ministro de Salud y luego gran Jefe de Estado. Me refiero a Salvador Allende Gossens.
(Aplausos)
Ese gobierno quedó como uno de los más importantes en la historia del país debido al impulso que recibió la industria nacional a través de la creación de la Corfo, a la reforma a la educación, a la relevancia que se dio al fortalecimiento de la oferta en materia de salud, y a las más de mil escuelas que se construyeron en todo el territorio nacional.
A partir de entonces, vendrían nuevos gobiernos radicales, los que continuarían entregando importancia al rol del Estado.
Sería en un gobierno Radical la primera vez que el Partido Comunista integra un Gobierno. Me refiero al Gobierno de Gabriel González Videla, que traicionó los postulados iniciales, aplicando la mal llamada Ley de Defensa de la Democracia, calificada por el senador Pablo Neruda como la “Ley Maldita”, quien hizo claridad sobre ella en el histórico discurso “Yo acuso”, leído en el Senado antes de pasar a la clandestinidad.
Esta política que atentó contra el proceso democrático, como lo demuestra la historia, fue calificada como un error histórico por parte del Partido Radical, lo cual valoramos.
La aplicación de esa política, sin embargo, no impidió que volviéramos a encontrarnos junto a los trabajadores y a los obreros, representando un proyecto de la izquierda política. Otra vez los comunistas volveríamos a reunirnos con los radicales en el proyecto de la Unidad Popular, que en la elección de 1970 permitió el histórico triunfo del compañero Presidente Salvador Allende Gossens.
El Golpe de Estado de 1973 abrió fuego contra las organizaciones democráticas chilenas, contra los partidos y movimientos de izquierda, entre ellos, el Partido Socialista, el MIR, y el Partido Comunista, pero también contra el Partido Radical.
Debido a la persecución que estableció la dictadura militar, tres parlamentarios de entonces se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos. Me refiero al diputado radical Luis Gastón Lobos, quien fue detenido y hecho desaparecer el 5 de octubre de 1973; el diputado socialista Carlos Lorca diputado del Partido Socialista y Vicente Atencio, diputado del Partido Comunista.
(Aplausos)
Desgraciadamente, en 1982, el reconocido líder sindical y militante radical Tucapel Jiménez fue asesinado por comandos del Cuerpo de Inteligencia del Ejército.
Para confrontar los golpes dictatoriales, ambos partidos junto a otras organizaciones políticas y sociales, luchamos incansablemente para recuperar la democracia y terminar con la sangrienta dictadura que tanto daño causó al pueblo chileno.
Hoy, a cuarenta años del golpe de Estado y a 150 años de la fundación del Partido Radical, una vez más, compartimos un espacio político para disponernos a responder al desafío que nos impone la sociedad chilena, el pueblo, y al compromiso hecho por la Nueva mayoría, encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet, que busca hacer realidad una nueva Constitución Política de la República, una reforma tributaria que acorte la vergonzosa brecha de la desigualdad, así como también una profunda reforma educacional.
En estos desafíos, encabezados por la Presidenta Bachelet y respondiendo a la historia de nuestro pueblo, estoy cierto que, así como los otros partidos políticos, podremos decir también con el Partido Radical, frente al pueblo: cumpliremos con nuestro deber.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En representación de la bancada Regionalista e Independiente, rinde homenaje al Partido Radical, la diputada señora Alejandra Sepúlveda, a quien ofrezco la palabra.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (de pie).- Señor Presidente, quiero saludar en forma muy especial a todos los militantes del Partido Radical que hoy se encuentran en esta Sala.
Agradezco en especial, la presencia de su presidente, José Antonio Gómez, que está sentado entre los diputados de su partido.
En este homenaje no voy a hablar de la historia del Partido Radical, pues ya se ha hablado de ella. Sí quiero contar algunas anécdotas que ocurrieron en el Congreso Nacional durante el siglo XIX.
En 1840, nace el diputado Juan Agustín Palazuelos, quien llega al Congreso Nacional a los 30 años. A esa edad, el 16 de septiembre llega a jurar a la Cámara de Diputados. Para ese efecto, se debía colocar en medio de la Sala, a fin de que el Presidente le tomara el juramento. Pero el diputado Palazuelos dijo que no quería jurar. Y no juró.
Como buen correligionario, se le invitó al centro de la Sala para que jurara, pero se negó a hacerlo.
El diputado Palazuelos, según la tradición y la Constitución, en ese momento debía jurar. Sin embargo, sostuvo: “Yo no me niego a prestar el juramento. Este es, precisamente, el acto
más solemne que ejecuto como diputado de la República; pero no lo haré por esos Evangelios que llaman Santos, sino por mi honor, sino por mi conciencia, sino por lo que más respeto”.
(Aplausos en las tribunas)
Los jóvenes del Partido Radical deben imaginarse esa escena. Está de más explicar que ese hecho mandó al suelo la tradición.
En algún minuto, el diputado se quiso casar. La elegida fue doña Clarisa Maturana Palazuelos. Por lo tanto, se vio en la necesidad de pedir permiso a la Iglesia para casarse. Y la Iglesia le contestó que no, porque era indigno de recibir ese sacramento.
Frente a esa situación, estoy hablando de historia, es lo que ocurrió, está en las actas del Congreso Nacional, resolvió casarse en un acto civil, frente al notario público don Daniel Álvarez, el 10 de agosto de 1871. En el acta dice:
“Por la imposibilidad de celebrar un matrimonio conforme a las prácticas habituales, mi ánimo y voluntad de este es tener por toda la vida como marido y como mujer y como legítimos casados, por lo tanto, reconozco todos los derechos en conciencia, ante las autoridades y ante la sociedad”.
Sus padrinos fueron Manuel Antonio Matta, Vicente Reyes, Ángel Custodio y Pedro León Gallo.
En ese acto nace, por primera vez, lo que hoy podemos llamar el matrimonio civil.
(Aplausos)
Traje estas vivencias a la Sala como un reconocimiento, primero, por romper con lo establecido; segundo, por aventurarse a expresar cosas que nadie se atrevía a decir; tercero, porque uno puede encontrar en cada uno de ustedes, sobre todo en la juventud radical, a muchos Palazuelos que quieren terminar con una infinidad de contradicciones y manifestar efectivamente lo que piensan. Ahí están los rebeldes, los creativos, los díscolos.
Hay que tomar en consideración que uno de los padrinos de Palazuelos fue Pedro León Gallo, uno de los primeros en hablar de regionalización en Chile.
Si cerramos los ojos un instante y escuchamos una de sus célebres frases, veremos que interpreta muy bien a quienes somos de regiones: “No soportaremos más este centralismo ciego y denigrante. Al autoritarismo de los santiaguinos -por Dios que es cierto esto-, opondremos nuestra valentía; a la ceguera de sus jefes, nuestra sana voluntad de progreso regional; al afán de imponer sus desaciertos, nuestra conciencia batalladora”. Es como si estuviera aquí Pedro León Gallo y nos dijera: Piensen, díganlo y tratemos de hacer algo.
Fui la única mujer que hoy pudo rendir homenaje. Aclaro esto por lo que plantearé a continuación.
Quiero dar las gracias en forma muy especial al Partido Radical, por Dina Guerrero, que nació en 1882, y Florencia Miranda, en 1903, profesoras que, el 9 de enero de 1949, estuvieron presentes en el Teatro Municipal junto a Gabriel González Videla, para agradecer profundamente lo que expresó en ese minuto el Presidente de la República.
Él sostuvo: “Mucho disteis a la República a través de cien años de colaboración silenciosa y abnegada. Mucho es lo que ahora podéis dar a la clara luz de vuestros derechos políticos, ejercitándolos sin otro norte que el bien de nuestro pueblo, y especialmente -miren lo que afirmó y que hoy podemos repetir con total exactitud- de la mujer proletariada, la que en el hecho no solo sobrelleva la carga de la maternidad, sino que es la verdadera víctima de la injusticia social.
Mujeres de Chile: sois en este instante ciudadanas de la República”.
(Aplausos)
Esa es la frase que hoy quiero agradecer: el que podamos ser ciudadanas de la república y la posibilidad de realizar este homenaje.
Recomiendo a los jóvenes buscar a Inés Enríquez, a Juan Agustín Palazuelos, a Pedro León Gallo, y siempre que deban tomar decisiones vuelvan a la fuente y a la doctrina, porque es la única luz que es capaz de iluminar el buen camino.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al Partido Radical, con ocasión de su centésimo quincuagésimo aniversario.
Agradecemos la presencia de sus dirigentes y parlamentarios en nuestra tribuna de honor.
-Aplausos.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
INCLUSIÓN DE FIESTA DE SAN SEBASTIÁN DE YUMBEL EN LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, corresponde conocer el proyecto de acuerdo N° 993, en virtud del cual se solicita al Ministerio de Educación la presentación de la fiesta de San Sebastián de Yumbel al Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Convención de la Unesco.
El señor Prosecretario va a dar lectura a su parte dispositiva.
El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los diputados señores Sabag, Sauerbaum, Ojeda, Martínez, Monckeberg, don Cristián; De Urresti, Vilches, Walker, Rincón y Jarpa, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1.- Solicitar a los ministros de Educación y de Relaciones Exteriores que postulen la fiesta de San Sebastián de Yumbel a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, dependiente de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.
2.- Solicitar al intendente de la Región del Biobío que coordine con las demás autoridades civiles pertinentes, la alcaldía de Yumbel y el Arzobispado de Concepción, el diseño de los proyectos necesarios para mejorar las instalaciones en las que se desarrolla la fiesta de San Sebastián de Yumbel.
3.- Una vez inscrita y aceptada la postulación a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, solicitar a los ministros ya indicados que postulen proyectos de reparación y mejoramiento de la infraestructura, accesos y sus dependencias anexas al Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, le solicito que instruya al señor Secretario que dé lectura a la parte pertinente del Reglamento para que nos aclare qué ocurre con la sesión cuando, realizada una votación, no se alcanza el quorum necesario.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, si no es posible posponer el tratamiento de este proyecto de acuerdo para la sesión de mañana, daré a conocer los fundamentos que lo inspiran.
Esta iniciativa se vincula con la Convención de las Naciones Unidas para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que se ve afectado por el proceso de globalización que viven los pueblos, ya que van perdiendo su identidad cultural y corren el riesgo de que desaparezca.
La importancia del patrimonio cultural inmaterial radica en que es crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sustentable. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura haya aprobado una convención que crea una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a la cual pueden postular los Estados que la suscriben.
Según esa convención, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos, y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.
El tratado mencionado pretende crear conciencia entre los jóvenes acerca de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y su salvaguardia.
La fiesta de San Sebastián de Yumbel se remonta a los orígenes de nuestra nación. La imagen del santo que se venera en esa ciudad llegó a Chile en 1580 e inicialmente fue instalada en la plaza fuerte de San Bartolomé de Chillán, Luego, en 1655, en el contexto de la Guerra de Arauco, la imagen policromada, tallada en cedro, fue trasladada a un predio cercano a lo que hoy es la ciudad de Yumbel, donde años después fue hallada por soldados españoles.
Este hecho generó una disputa entre los vecinos de Yumbel y Chillán por la propiedad de la imagen. Finalmente, el tribunal eclesiástico resolvió en favor de esta última. Sin embargo, la tradición sostiene que cuando intentaron llevar la imagen a Chillán, no lograron moverla con la fuerza de una yunta de bueyes y que, en cambio, al querer llevarla al templo de Yumbel, un niño pudo alzarla con sus manos.
Tras este fenómeno, se decidió que la imagen quedara en lo que hoy es la comuna de Yumbel, donde se venera desde 1663. Anualmente acude más de un millón de peregrinos a esa fiesta religiosa, que se celebra el 20 de enero y el 20 de marzo.
San Sebastián fue un soldado romano que sufrió el martirio en tiempos del emperador Maximiano, en 288, y fue de devoción de los españoles, que trajeron su imagen a Chile.
Señor Presidente, esta fiesta que, como dije, convoca a más de un millón de personas el 20 de enero y el 20 de marzo de cada año, tanto de la Región del Biobío como del resto del país, está profundamente arraigada entre los chilenos, por lo que merece ser postulada por el Ministerio de Educación y la Cancillería para que forme parte de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de la Unesco, de manera que sea salvaguardada y en el futuro puedan postularse proyectos internacionales que la beneficien y permitan mejorar la infraestructura del lugar donde se lleva a cabo, para atender de mejor manera a los peregrinos que anualmente concurren a esa celebración.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- La votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la sesión de mañana.
Tiene la palabra el diputado, don José Miguel Ortíz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, son las 14.35 y los miembros de la Comisión de Hacienda estamos citados a sesión a las 15 horas.
El Reglamento de la Cámara es muy claro al señalar que la hora de citación de las comisiones que coincida con la sesión de Sala deberá aplazarse en 10 minutos, por lo que si a las 15.00 horas de hoy la Sala aun está en sesión y las comisiones que están citadas a esa hora no reúnen el quorum, no corresponde que se declare fracasada esa sesión, sino que empiezan a correr esos 10 o 15 minutos desde el término de la sesión de Sala.
Solicito que el señor Prosecretario, que en estos momentos oficia de Secretario de la Sala, ratifique, como ministro de fe, lo que acabo de plantear.
Si no me equivoco, son 10 o 15 minutos los que se prorroga la citación. Es lo que quiero saber.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene toda la razón, señor diputado, son 10 minutos después del término de la sesión de Sala, más los 15 minutos habituales.
El señor ORTIZ.- Entonces, que se les recuerde esta disposición a los secretarios de las comisiones que están citadas para las tres de la tarde, para que no se den por fracasadas las sesiones por falta de quorum.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Así se hará, diputado Ortiz.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII. INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE PROCESO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA CONCESIONAR LOTES DE TERRENO DEL PARQUE NACIONAL VILLARRICA (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado René Saffirio, hasta por cuatro minutos.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional Forestal han iniciado un proceso de licitación internacional para entregar en concesión, por 30 años, nueve lotes de terreno del Parque Nacional Villarrica.
El proceso comenzó el pasado 15 de enero y se otorgó plazo hasta el 31 de marzo próximo para que los inversionistas privados interesados en participar presenten sus propuestas y proyectos de inversión en ese parque, que es el más importante de La Araucanía.
Llama profundamente la atención y no parece razonable que en las postrimerías del actual gobierno estén llamando a esta licitación internacional y se otorgue un plazo tan reducido para presentar las ofertas, considerando que se trata de una licitación que afecta a una parte importantísima de los recursos naturales de La Araucanía, que por esta vía pretenden privatizar.
Por ello, señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Bienes Nacionales, señor Rodrigo Pérez, y al director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, para que remitan a esta Cámara la totalidad de los antecedentes referidos a ese proceso de licitación internacional, con el objeto de verificar que se han adoptado todas las medidas necesarias para salvaguardar ese patrimonio de la naturaleza de la región que represento.
Hace aproximadamente dos años se planteó la posibilidad de licitar esos nueve lotes del Parque Nacional Villarrica a diversas instituciones regionales, lo cual fue rechazado por unanimidad. Por ello, llama la atención la premura con que se está realizando este proceso, que afectará gravemente uno de los recursos naturales y turísticos más importante de La Araucanía.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Gabriel Silber y Mario Venegas.
PREOCUPACIÓN POR DAÑOS PRODUCIDOS POR ÚLTIMOS INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas, hasta por tres minutos.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, la Región de La Araucanía, que represento en esta Corporación, en particular la provincia de Malleco, ha sido afectada por numerosos incendios en el transcurso de las últimas semanas, al igual que otras regiones del país, como es sabido por todos.
En la provincia de Malleco se han registrado incendios en comunas tales como Angol, su capital; Ercilla, Los Sauces y Traiguén, que han afectado una cantidad de terrenos que hasta la semana pasada superaban las 8 mil hectáreas.
Lo anterior ha generado significativas pérdidas en nuestro patrimonio tanto de flora como de fauna. Pero no puedo dejar de poner en evidencia los efectos negativos y los daños que se ha generado a los pequeños propietarios que han visto afectadas sus propiedades. Lo he podido constatar en terreno. Y nuestro Presidente, que conoce el tema, sabrá que las empastadas naturales se pierden; que ha habido pérdidas de animales; que ha habido pérdida de masa boscosa, tanto alóctona, en la forma de pinos o eucaliptos, como de bosque nativo.
La situación se agrava por la evidente falta del recurso agua en las zonas rurales de nuestra provincia, especialmente en las zonas y comunas que he citado.
Este fin de semana me reuní con pequeños propietarios del sector de Mininco, comuna de Los Sauces, quienes me plantearon con dramatismo lo que les esperaba, ya que en lo inmediato tienen problemas de agua, falta de forraje para alimentar a sus animales y una negra expectativa respecto de lo que va a ocurrir en el próximo invierno.
Por lo anterior, solicito a las autoridades que corresponda tomar las medidas de corto, mediano y largo plazo, a fin de ir en ayuda de estos esforzados propietarios agricultores para evitar que se generen situaciones más graves en el futuro.
Pido, entonces, que se oficie al ministro de Agricultura, al intendente de la Región de La Araucanía, al gobernador provincial de Malleco y al director regional de Indap, porque son las autoridades a las que les compete analizar los programas de acción para ir en ayuda de las personas que he indicado.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Saffirio y Gabriel Silber.
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRAÍDOS CON VECINOS DE LA COMUNA DE QUILICURA EN ORDEN A MEJORAR EL TRANSPORTEPÚBLICO Y SU CALIDAD DE VIDA (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Por el resto del tiempo que corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, como diputado por la comuna de Quilicura, quiero señalar que uno de los problemas más graves que afecta de manera cotidiana la calidad de vida de los vecinos dice relación con el transporte público, la falta de accesos y las horas que dedican los vecinos para salir o entrar a la comuna.
Esta situación provoca angustia. En este último tiempo, ha sido aplacada por sendos anuncios de la autoridad, los que, en rigor, a la fecha están absolutamente agotados respecto de los plazos.
Señor Presidente, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Basta simplemente “guglear” el concepto salida de Quilicura a Lo Marcoleta para encontrarse con que el 19 de marzo de 2012, en dependencias del intendente de Santiago, señor Juan Antonio Peribonio, se anunciaba que al año siguiente, en el primer semestre del 2013, se iniciarían los trabajos que darían solución a una de las salidas más importantes y anheladas por la comuna de Quilicura. Esa reunión está a la vista. Y pueden ver a los integrantes que participaron en adoptar tales compromisos. Llegó el primer semestre del 2013, pero nada de ello ocurrió. Luego, el 10 de abril de 2013, el intendente, tal vez viendo el incumplimiento manifiesto de parte suya, realizó una nueva actividad, esta vez nada menos que en la comuna de Quilicura.
Tal parece que la época preelectoral que auguraba este año tenía como resultado la decisión de hacer nuevamente un anuncio respecto de la tan anhelada vía para nuestra comuna. Y así el intendente Juan Antonio Peribonio anunció nuevamente que ibamos a tener 7,2 kilómetros de extensión de la avenida Lo Marcoleta, lo que iba a descongestionar la carretera y la salida de la comuna; señaló que ello iba a tener un costo de 25 mil millones de pesos; además dijo que iba a ser doble calzada, con un paso bajo nivel, con ciclovía y con paisajismo; una obra de gran envergadura y que él asumía el compromiso delante de toda la comunidad y de las autoridades; además, anunció que la primera etapa del proyecto se iba a realizar el segundo semestre de este año.
Señor Presidente, ya estamos en el 2014 y a la fecha no se ha construido nada; no se ha avanzado un metro de tan anhelada obra. El intendente ha mentido dos veces a los vecinos de la comuna de Quilicura, lo que ha provocado una sensación de frustración e indignación y ha hecho que cualquier anuncio por parte de la autoridad, sea muy poco creíble. Pero el problema sigue ahí, por lo que no le creemos nada a la autoridad saliente.
Pero, en uso de mis facultades fiscalizadoras, junto con manifestar una protesta pública por esta falta de respeto y esta tomadura de pelo a la comunidad, quiero emplazar y pedir, por su intermedio, al intendente Juan Antonio Peribonio, que nos entregue una respuesta en el más breve plazo de por qué a la fecha no se han cumplido los plazos y obras comprometidas; por qué la calle Lo Marcoleta sigue esperando, pese a los dos anuncios de la autoridad respecto del inicio de los trabajo con plazos comprometidos.
Quiero preguntarle, además, a la ministra de Obras Públicas si estos 25 mil millones de pesos van a ser financiados con platas del Serviu, como en algún minuto se anunció o si va a ser con cargo a futuros Tags, fruto del aumento o de la extensión de la concesión de la ruta 5 norte, lo cual hace que al final del día sean los propios usuarios quienes terminen asumiendo estos costos.
Señor Presidente, repito, hay una sensación de frustración e indignación. Por eso, pido, en el más breve plazo, una respuesta del intendente metropolitano, de la ministra de Obras Públicas y del director Serviu, quien ha asistido a todas las actividades y ha participado en los anuncios, sin que se haya materializado nada en concreto en nuestra comuna.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Mario Venegas y René Saffirio.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.47 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14.35 horas.
El señor CERDA (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN POR DENEGACIÓN DE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO A PROFESORAS DE COMUNA DE LAUTARO (Oficio)
El señor CERDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Educación a objeto de que envíe información detallada respecto de las razones por las cuales las señoras Siria Eliana Lagos Cruces y Berta Inés Castillo Soto, profesoras de la comuna de Lautaro, postularon al bono de incentivo al retiro para profesores que se acogen a jubilación, de acuerdo con la ley N° 20.501, pero no han podido acceder a tal beneficio, sin que hasta la fecha hayan recibido una debida explicación por parte de esa Cartera.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL LINCOPÁN, CHEUQUE, MARÍA ANCALEO Y OTROS, COMUNA DE VICTORIA (Oficio)
El señor CHAHIN.- Asimismo, solicito que se oficie al intendente de la Región de La Araucanía, a fin de que informe sobre el estado en que se encuentra el proyecto de agua potable rural, denominado Lincopán, Cheuque, María Ancaleo y otros, de la comuna de Victoria. Dicho proyecto tiene código BID N° 30063182-0.
Además, pido que se envíe copia del oficio al presidente de la Comunidad Luis Carilao, de la comuna de Victoria, don Sergio Carilao, cuyo número de teléfono dejaré en poder de la Secretaría para la acertada ubicación de ese dirigente.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN POR RECHAZO A VECINA DE COMUNIDAD DE NILPE,COMUNA DE GALVARINO, A INCORPORARSE A PROGRAMA DE INGRESOÉTICO FAMILIAR (Oficio)
El señor CHAHIN.- Además, solicito que se oficie al ministro de Desarrollo Social, con el fin de que informe las razones de por qué la señorita Karina Sepúlveda, cédula de identidad N° 18.723.843-9, quien es madre soltera de la comunidad de Nilpe, comuna de Galvarino, y a pesar de tener una situación económica muy vulnerable, no ha sido incorporada al Programa de Ingreso Ético Familiar.
Asimismo, dejaré en poder de la Secretaría su número de teléfono para que se le remita copia del oficio y de la respuesta directamente a la interesada.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DENEGACIÓN DE SUBSIDIO DE AMPLIACIÓN EN SITIO RESIDENTE A COMITÉ LAS ARAUCARIAS, COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficios)
El señor CHAHIN.- De igual forma, solicito oficiar al ministro de la Vivienda, con copia al director del Serviu de la Región de La Araucanía, para que informe las razones por las cuales el Comité Las Araucarias, de la comuna de Curacautín, no ha obtenido hasta ahora el subsidio de ampliación en sitio residente, a pesar de haber postulado en varias oportunidades.
Asimismo, pido que se envíe copia del oficio a la señora Betty Saavedra, presidenta de dicho comité, domiciliada en la citada comuna.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INVESTIGACIÓN SOBRE IRREGULARIDADES EN DESIGNACIÓN DEPRESIDENTE DE DIRECTIVA DE COMUNIDAD NAHUELCURA CAÑUMIR,COMUNA DE LONQUIMAY (Oficios)
El señor CHAHIN.- Por otra parte, solicito que se envíe un oficio al Contralor General de la República y al director nacional de la Conadi, a fin de que informen qué ocurre con la directiva de la comunidad Nahuelcura Cañumir, de la comuna de Lonquimay. El presidente electo por la asamblea fue justamente el señor Patricio Nahuelcura, pero mediante un engaño y como no hubo asamblea, posteriormente se designó como tal a don Jerónimo Nahuelcura.
La verdad es que esto ha sido más bien con el fin de tomar decisiones respecto de los proyectos de mejoramiento de abasto de agua; pero no hubo asamblea, los socios se quejan de que ellos jamás tuvieron conocimiento de que ése era el objetivo de las firmas que se les pi-
dió y, por lo tanto, creo que tanto la Conadi como la Contraloría debieran efectuar una investigación respecto de la situación real que está ocurriendo en la comunidad Nahuelcura-Cañumir de la comuna de Lonquimay.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SUBSIDIO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE COMUNADE MILIPEUCO (Oficios)
El señor CHAHIN.- Señor Presidente, finalmente, pido que se envíe un oficio al director regional del Serviu, de la Región de La Araucanía, con copia a la Seremi y a la presidenta del Comité de sitio residente Ruca Mapu II. Se trata de cuatro familias; aún cuando son muy pocas, sabemos que hay complejidades para poder obtener subsidios en Milipeuco y es lo que ha sucedido con esas cuatro familias de ese comité las que hasta ahora no han logrado obtener un subsidio para construir su vivienda en un sitio residente en esa comuna cordillerana. Es muy urgente que se les dé una solución habitacional.
Voy a dejar a disposición de la Secretaría el número de teléfono de la presidenta, señora Elvira Pardo, para que también se le envíe una copia de esta intervención y de la respuesta.
He dicho.
El señor CERDA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INVESTIGACION SUMARIA POR COSTOS DEL RECIENTE FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE TIERRA AMARILLA (Oficios)
El señor CHAHIN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, en comunas de distintas regiones del país se están desarrollando diferentes festivales de la canción. Al parecer, esta tónica se está dando normalmente en el verano. Sin embargo, me parece que en algunos casos amerita necesariamente que haya transparencia en términos del uso de los recursos, sobre todo cuando en la ciudadanía hay dudas sobre cómo se están gestionando esos festivales y sus costos.
En la Región de Atacama, las comunas de Freirina, de Huasco y de Vallenar van a tener festivales de la canción, y en ellos los alcaldes no van a invertir más allá de 60 millones de pesos en el desarrollo de dichos eventos, con muy buenos artistas nacionales e internacionales, realmente connotados desde el punto de vista nacional. No obstante, hace pocos días se llevó a cabo un festival de la canción en Tierra Amarilla, donde su alcalde planteó que al costo para el municipio era prácticamente tres veces más que en las demás comunas. Expresó que el municipio iba a gastar más de 160 millones de pesos en ese festival.
Se me ha informado también que ese festival finalmente costó bastante más que eso y se habla de cifras siderales, de cerca de 700 u 800 millones de pesos.
A mí no me parecen bien los rumores. En este sentido, se debe actuar con mucha transparencia y evaluar todas las condiciones y características que permitan determinar que los recursos públicos puedan utilizarse en otro tipo de cosas en la comuna. Por ejemplo, con esos mismos 160 millones de pesos, el municipio de Tierra Amarilla perfectamente pudo haber contado con un turno permanente de asistencia médica las veinticuatro horas durante todos los días del año para atender sin problemas a las personas de esa comuna.
Por eso, me interesa que haya transparencia en este tipo de cosas y, dada la cantidad de rumores, pido que la Contraloría realice una investigación sumaria en relación con el costo del Festival de la Canción de Tierra Amarilla. Particularmente, que me informen acerca de los pagos efectuados a los cantantes; si lo hizo la propia municipalidad o a través de un tercero, de una empresa productora, etcétera. Además, es importante saber cuál fue la cotización que hizo la empresa productora en términos de los costos por pagos a los artistas, por pagos a la producción y de iluminación; quiénes se encargaron de esto, etcétera. Me interesa que haya una evaluación completa, y una fiscalización en cuanto a los recursos.
También me interesa saber si ingresaron a la municipalidad recursos o aportes de las empresas mineras de la zona para el festival, para la cancelación de los artistas, o para algunas materias asociadas. Me gustaría saber si hubo incorporación de platas a fondos de terceros del municipio. Por eso, es importante que la Contraloría me haga un informe completo en este sentido.
Vuelvo a repetir, aquí hay una mirada crítica, sobre todo de algunas personas de la junta de vecinos, quienes me han planteado que el costo es bastante alto comparado con el que se aprecia en otros festivales de la región.
Me interesa que Televisión Nacional, a través de su directorio, me informe si pagó a la Municipalidad de Tierra Amarilla por transmitir el festival o si, por el contrario, cobró por su transmisión o si hizo algún aporte ya sea en términos monetarios, de personas o trabajadores que participaron.
Pido que se oficie a todas las empresas mineras de la zona, como Candelaria, Caserones, Casales y Maricunga -respecto de las cuales voy a dejar copia al secretario-, con el objeto de que me informen si entregaron aportes, ya sea monetarios o a través de la contratación de artistas o de algún elemento de apoyo al festival de Tierra Amarilla. Me interesa mucho que haya transparencia en el uso de los recursos públicos y, en ese plano, quisiera que todos estos oficios fuesen remitidos.
También pido que copia de mi intervención sea enviada al intendente de la Región de Atacama y, por cierto, al Concejo Municipal de Tierra Amarilla.
He dicho.
El señor CHAHIN (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia íntegra de su intervención.
HOMENAJE A DON CAMILO ENRIQUE CABEZAS VEGA, ALCALDE DE YUMBEL RECIENTEMENTE FALLECIDO (Oficio)
El señor CHAHIN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
Además, lo dejo en calidad de Presidente accidental de esta sesión.
El señor SABAG.- Gracias, señor Presidente.
En estos minutos, quiero rendir un sentido homenaje a quien fuera alcalde de la comuna de Yumbel, hasta el viernes 17 de enero de 2014, don Camilo Enrique Cabezas Vega. La madrugada de ese día va a ser recordada como una fecha muy dolorosa para los yumbelinos y yumbelinas, porque falleció de un paro cardiorespiratorio, a los 62 años, el alcalde en ejercicio de esa comuna. Nacido el 17 de septiembre de 1951, había sido elegido alcalde, el 2008, con el 47,92 por ciento de los votos, y reelegido en la última elección municipal, del 2012, con el 47,72 de los votos, siendo el único alcalde del Partido Humanista del país.
Padre de familia, compuesta por su señora, Ana Luisa Cuevas Sáez; sus hijos, Camilo, Ana y Javiera; abuelo de tres niños; profesor de historia y geografía, siempre tuvo una vocación profunda de servicio público y de dedicación hacia los más pobres. Su vocación de servicio se vio reflejada en su vocación por enseñar, porque, una vez culminada su educación en la comuna, decidió estudiar pedagogía en historia y geografía en la Universidad de Concepción. Sin embargo, el hecho de estudiar en la capital penquista no lo alejó de Yumbel, adonde viajaba todos los fines de semana. Una vez de regreso en Yumbel, trabajó en el Liceo Agrícola de Los Ángeles, pero pasó muchos años en el Liceo A-71, de Monteaguila, para luego volver a enseñar en Yumbel, en el Instituto San Sebastián, Liceo C-70, actual Luis Saldes, y en el colegio Raiquén.
En cuanto a su vida política, sus inicios comenzaron con la defensa activa de sus colegas en el despido masivo de profesores en el liceo de Monteaguila, en 1986, y luego, fue presidente del Comando del No en la comuna de Yumbel.
Fue concejal de la comuna desde 1992 hasta el 2000. Entre sus últimas incursiones políticas se cuenta su candidatura a diputado por el Partido Humanista, en el 2005, por el distrito N° 42.
Reitero, fue electo alcalde, por primera vez, en las elecciones municipales del 2008, con un 47,92 por ciento de los votos, convirtiéndose en el primer alcalde humanista de la historia. Sin la ayuda de un pacto por omisión, su nombramiento fue considerado una victoria rotunda en la ciudad de Yumbel, provincia del Biobío.
Asimismo, repito, fue reelecto el 2012 con el 47,72 por ciento de los votos. Al fallecer, en la madrugada del viernes 17 de enero, ha dejado un legado invaluable para los yumbelinos y yumbelinas que conocieron a Camilo Cabezas como un profesor que se dedicó a la enseñanza de varias generaciones de hombres y mujeres de bien que hoy lloran su partida, y también como un servidor público abierto, tolerante, capaz de trabajar con todas las fuerzas políticas y de abrir las puertas a todos los parlamentarios y a todos los servidores públicos para el engrandecimiento de la comuna de Yumbel.
En lo personal, como diputado de la República, me correspondió trabajar y coincidir con él en seis años de trabajo. Por eso, hoy quiero testimoniar y agradecer a la persona de Camilo Enrique Cabezas Vega el haberme permitido trabajar junto a él en el engrandecimiento de la comuna de Yumbel. El mismo sentimiento quiero expresar en nombre de mi padre, el senador Hosain Sabag, quien se sintió muy honrado de poder colaborar en la gestión edilicia de Camilo Cabezas, gestión que hoy da sus frutos con innumerables obras, algunas terminadas y otras en ejecución. Esperamos que el pueblo de Yumbel le reconozca el día de mañana a este alcalde todo el trabajo que realizó en beneficio de su querida comuna y, sobre todo, de los más pobres.
Pido que copia de mi intervención se envíe al Concejo del municipio de Yumbel.
He dicho.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.52 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 6189-06)
?Honorable Senado:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
6189-06
Establece normas sobre la actividad de lobby.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 4595-15)
?Honorable Senado:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
4595-15
Modifica el Código Aeronáutico, en materia de transporte de pasajeros y sus derechos.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia”.
3. Oficio del Senado. (boletín N° 9041-31)
“Valparaíso, 21 de enero de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.253, sobre normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas, estableciendo dieta para los Consejeros Nacionales de la Conadi y para los Comisionados de la Codeipa que indica, correspondiente al Boletín N° 9.041-31.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.994, de 21 de noviembre de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos. [1]
Dios guarde a Vuestra Excelencia
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Vicepresidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.
4. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby. (boletin Nº 6189-06).
?Honorable Senado
Honorable Cámara de Diputados:
Por acuerdo de 6 de noviembre del año 2013 y mediante oficio N° 886 de la misma fecha, el Senado comunicó a la Honorable Cámara la aprobación de las enmiendas introducidas por esa Corporación al proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby, con excepción de la del artículo 4°, nuevo e incorporado al proyecto en el segundo trámite constitucional por la Honorable Cámara; las de las recaídas en el artículo 4º del texto aprobado por el Honorable Senado, que pasó a ser artículo 6º en el proyecto de la Honorable Cámara; las de los artículos 9º y 13, nuevos, en el proyecto de la Honorable Cámara y de la del artículo 2º transitorio de la Honorable Cámara, que ha rechazado, por lo que de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política se formó una Comisión Mixta encargada de dirimir las divergencias producidas.
La Comisión Mixta quedó conformada, por el Senado, con los miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Orpis, Rossi y Sabag; y en representación de la Cámara de Diputados, por los Honorables Diputados señores Burgos, Monckeberg, don Cristián, Ceroni, Silva y Squella.
Integrada con los Honorables Senadores señores Bianchi, Orpis, Rossi y Sabag, y los Honorables Diputados Burgos, Cardemil (señor Monckeberg), Silva y Squella, y citada por el señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día
A una o más sesiones en que la Comisión Mixta se ocupó de este proyecto asistieron, además de sus integrantes, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, y los Honorables Diputados señores Monckeberg, don Cristián y Carlos Recondo; el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, el Jefe de la División Jurídica de esa repartición, señor Sebastián Soto y las asesoras señoras Ana María Muñoz y María Jaraquemada.
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NORMAS DE QUORUM ESPECIAL
Hacemos presente que las enmiendas aprobadas por esta Comisión Mixta, recaídas en los artículos 4°, incisos segundo y tercero, y 6°, N° 7), de aprobarse, deben serlo con rango de ley orgánica constitucional pues afectan normas de esa jerarquía.
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DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA Y
ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA
Durante el tercer trámite constitucional, el Senado rechazó las normas del texto del proyecto de ley señaladas precedentemente.
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A continuación se describen los preceptos que trabaron la controversia y los acuerdos que adoptó esta Comisión Mixta.
Artículo 4° de la Honorable Cámara
El nuevo artículo 4º incorporado, por la Honorable Cámara, en los ocho numerales que lo conforman, señala las autoridades y funcionarios de los diversos estamentos del Estado que deben ser considerados como sujetos pasivos de lobby. Al efecto, menciona a los directivos superiores de la Administración Regional y Comunal, a los de la Contraloría General de la República, Banco Central, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública; al Congreso Nacional, al Ministerio Público; y a determinados organismos como el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo para la Transparencia y otros, y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Agrega este precepto que las mencionadas instituciones podrán designar otros funcionarios que, en razón de sus cargos, deban ser considerados sujetos pasivos sometidos a esta normativa. El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral podrán ejercer esta atribución y, finalmente, acuerda a cualquier persona el derecho de solicitar que determinados funcionarios se incorporen a esta condición de sujetos pasivos en caso de ejercer funciones relevantes o influir decisivamente en decisiones que deban adoptar otros sujetos pasivos.
Este precepto fue rechazado por el Senado y, por ende, objeto de controversia, en relación con la norma que se refiere a los sujetos pasivos del Congreso Nacional (diputados, senadores, los secretarios y prosecretarios de ambas Corporaciones, los secretarios de Comisiones y los asesores permanentes de los parlamentarios), pues se estimó que debían excluirse de tal condición a los secretarios de Comisiones y precisarse, además, los circunstancias que permitan calificar como sujetos pasivos de lobby a los asesores y asistentes de los parlamentarios.
Al iniciarse el debate de esta controversia, el Honorable Senador señor Orpis señaló que los Secretarios de Comisiones no pueden ser considerados sujetos pasivos de lobby, pues su labor es certificar el debate de las sesiones y no adoptar decisiones finales respeto de actos legislativos.
A propósito de los asesores de los Parlamentarios, manifestó que con éstos se da una relación que algunas veces puede tener el carácter de permanente y otras veces transitoria o extraordinaria para proyectos específicos, por lo que, a su juicio, no debieren incluirse en la norma. Agregó que en el resto de los sujetos pasivos de lobby no existe obligación para que sus asesores o jefes de gabinete sean sujetos pasivos de lobby; así, sólo los Parlamentarios tienen la obligación de incluir a sus asesores, lo que constituye una asimetría de proyecto.
El Honorable Diputado señor Burgos hizo presente que un Secretario de Comisiones de cualquiera de las Cámaras puede ser objeto (sujeto pasivo) de lobby respecto de un determinado asunto. Esa fue una de las razones por las cuales la Cámara aprobó la norma en debate.
Respecto de los asesores parlamentarios, señaló que éstos sí deben quedar incluidos en el texto, puesto que, en su opinión, tienen acceso directo a las decisiones que los Parlamentarios adoptan. Explicó que el sentido de la norma aprobada por la Honorable Cámara de Diputados recogió las observaciones que se hicieron durante la discusión en esa instancia, toda vez que éstos (los asesores) son quienes reciben a los interesados en la aprobación o rechazo de un proyecto de ley, comunicándolo a los Parlamentarios.
El Honorable Senador señor Rossi recordó, sobre el tema, que por ejemplo los jueces de los tribunales de justicia tampoco son sujetos pasivos de lobby, pues su función es la de resolver sobre asuntos judiciales, de tal manera que, por esa propia labor, no pueden ser incluidos en esta norma. En su opinión, el caso de los Secretarios de las Comisiones del Congreso Nacional es similar al anotado.
A continuación, el Honorable Diputado señor Silva señaló que la norma no sólo hace referencia a los Secretarios de Comisiones, sino, también, a los asesores de los Parlamentarios, pero las funciones de unos y de otros son diferentes. Manifestó su acuerdo en suprimir a los Secretarios, pero sí es necesario que los asesores de los parlamentarios queden incluidos, por la influencia que ejercen en las decisiones de aquellos.
El Honorable Diputado señor Cardemil recordó que en su momento votó favorablemente la propuesta de la Honorable Cámara de Diputados de incluir a los Secretarios de las Comisiones como sujetos pasivos de lobby, pues, éstos cuentan con antecedentes de instituciones interesadas en determinados asuntos. Luego de las argumentaciones expuestas, y con el objeto de solucionar la controversia ha adquirido convicción que efectivamente los Secretarios son ministros de fe y no adoptan decisiones finales en materia legislativa, por lo que votará a favor de retirarlos del artículo en debate. Respecto de los asesores permanentes de los parlamentarios, expresó que sí deben quedar incluidos, toda vez que ellos no sólo reciben gente interesada en la aprobación o rechazo de los diversos proyectos de ley, sino que, además, tienen relación directa con quienes toman de decisiones en materia legislativa.
El Honorable Diputado señor Squella fue de parecer que la determinación de los sujetos pasivos del lobby debe relacionarse con la norma contenida en el artículo 5° del proyecto, que dispone, en su encabezado, que “Las actividades de lobby reguladas por esta ley son aquellas destinadas a obtener las siguientes decisiones”. Ninguna de éstas están vinculadas con los Secretarios de Comisiones, toda vez que, como se ha dicho, éstos cumplen la función de certificar los acuerdos que se adoptan y mal pueden quedar incluidos en la norma. Otra cosa, continuó, es el caso de los asesores permanentes de los parlamentarios, quienes, cual se ha señalado, sí tienen directa relación con quienes adoptan decisiones legislativas y efectivamente reciben personas interesadas en los diversos temas que se discuten en el Parlamento, cuestión que, además, se condice con otras disposiciones que incluyen a jefes de gabinete u otros funcionarios que cumplen labores similares. Por las razones expuestas, fue de opinión de excluir a los Secretarios de Comisiones y de mantener a los asesores permanentes.
El Honorable Diputado señor Ceroni declaró que analizados los argumentos expuestos, la labor de los Secretarios de Comisiones es la de ser ministros de fe, certificar acuerdos y guiar desde el punto de vista jurídico las decisiones políticas que están involucradas en cada uno de los asuntos que se debaten en el Parlamento. Por esa razón, estimó que el rechazo del Senado a la norma en debate dice relación con lo que efectivamente dichos funcionarios realizan. Declaró que la función de éstos no es la de adoptar decisiones (tal cual lo han manifestado otros señores Parlamentarios), ya que, en caso de recibir influencias o de intentar incidir en decisiones legislativas de acuerdo a un interés particular, serían objeto de sanciones. En relación con los asesores permanentes de los Parlamentarios, sí estuvo de acuerdo en mantenerlos, pues su suspensión podría prestarse para vulnerar la norma. Agregó que la función principal de éstos es no sólo asesorar al Parlamentario, sino, también blindarlo.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, recordó que el texto aprobado por el Senado incluía a los Secretarios de Comisiones y a los asesores, por lo que lo que se debate ya estuvo sancionado en su momento y corroborado por la Honorable Cámara de Diputados. Sin perjuicio de lo anterior, y atendida la discusión, estimó pertinente suprimirlos de la norma (a los Secretarios de Comisiones). Luego, los asesores permanentes de los Parlamentarios sí deben estar incluidos como sujetos pasivos, toda vez que influyen en las decisiones legislativas, por lo que podría precisarse la norma para que sean sólo aquellos que lo hagan de manera “decisiva”, diferenciándolos de otros funcionarios que cumplen otros roles de carácter administrativo.
El Honorable Senador señor Frei expresó que no es partidario que los Secretarios de las Comisiones sean sujetos pasivos de lobby, pues, cual se ha dicho, cumplen una función de asesoría jurídica y de ministros de fe de las decisiones que se adoptan y, por tanto, no pueden quedar en la norma propuesta por la Honorable Cámara.
Respecto de los asesores parlamentarios, continuó, tampoco deben incorporarse a la norma, toda vez que éstos no adoptan decisiones finales sobre los actos respecto de los cuales recae el proyecto ley, y, además, no siempre son permanentes, puesto que en reiteradas ocasiones asesoran al Parlamentario dependiendo del asunto de que se trate.
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Atendido el debate precedentemente descrito, la Comisión Mixta se abocó a tres propuestas para solucionar la controversia, que se transcriben a continuación:
La primera, de S.E. el señor Presidente de la República, propone incorporar en el numeral 5), a continuación de la coma que sigue a la frase “el Prosecretario Tesorero del Senado”, la frase “y los asesores permanentes de los parlamentarios. Estos últimos serán comunicados anualmente por el respectivo parlamentario a la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda.”.
La segunda, de los Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Rossi y Sabag, reemplaza el N° 5), por el siguiente:
“5) En el Congreso Nacional: Los diputados, los senadores, el Secretario General y el Prosecretario de la Cámara de Diputados y el Secretario General y el Prosecretario General del Senado.”.
La tercera, del Honorable Diputado señor Burgos, sugiere incorporar a continuación del punto aparte (.) lo siguiente: “En caso que una persona considere que se omitió informar a un asesor parlamentario que influya decisivamente en éste, podrá solicitar, por escrito a la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria correspondiente, su incorporación. Ésta deberá pronunciarse sobre dicha solicitud dentro del plazo de veinte días hábiles, en única instancia. La resolución que la rechace deberá ser fundada.”.
Puesta en votación, la primera proposición (la de S.E. el Presidente de la República), el Honorable Senador señor Frei reiteró que no está de acuerdo con su redacción, toda vez que los asesores parlamentarios, en su opinión, no son sujetos pasivos de lobby, por cuanto son los Parlamentarios quienes adoptan la decisión final sobre los asuntos que les son propios.
Por su parte, el Honorable Senador señor Bianchi estimó que la propuesta elaborada por algunos señores senadores integrantes de la Comisión de Gobierno del Senado está acorde con lo que se ha debatido, dado que sólo considera como sujetos pasivos de lobby (en el Congreso Nacional) a quienes efectivamente pueden ser objeto de influencia por parte de quienes tienen intereses en los proyectos que se debaten; sin perjuicio de lo anterior, estimó que ni el Secretario General ni el Prosecretario de ambas Cámaras son sujetos pasivos de lobby, pero que, dada la responsabilidad que asumen en cada una de las discusiones, hay que integrarlos.
El Honorable Diputado señor Burgos solicitó dejar constancia en el informe de que si bien está de acuerdo con la redacción propuesta por el Ejecutivo, los Secretarios de las Comisiones sí pueden ser objeto de lobby, puesto que son ellos los que reciben los llamados, peticiones y documentos de todos quienes tienen un interés en el debate de los diversos proyectos de ley.
A su turno, el Honorable Senador señor Rossi, declaró que es partidario de lo sugerido por los señores Senadores, por cuanto deja abierta la posibilidad para que no sólo sean los asesores permanentes, sino que, además, a quienes se designe para proyectos específicos.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que cada una de las Cámaras deberá elaborar sus respectivos reglamentos sobre el tema, atemperado a sus características de funcionamiento.
El Honorable Diputado señor Cardemil sugirió aprobar la norma del Ejecutivo, enmendada en el sentido de facultar a cada Comisión de Ética para determinar la forma y procedimiento en que se hará la calificación, con lo cual se reconoce la posibilidad de reclamo.
La propuesta del Ejecutivo (la primera) fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Orpis, Rossi y Sabag, y Honorables Diputados señores Burgos, Cardemil, Ceroni, Silva y Squella, con una nueva redacción que expresa:
“Incorporar en el N° 5), a continuación de la coma (,) que sigue a la frase el Prosecretario Tesorero del Senado”, la frase “y los asesores legislativos que indique anualmente cada parlamentario, en la forma y con el procedimiento que determine la Comisión de Ética y Transparencia parlamentaria que corresponda.”.
Con la misma votación resultó rechazada la segunda propuesta de los señores Senadores señor Bianchi, Frei, Rossi y Sabag. (La segunda).
El Honorable Diputado señor Burgos solicitó votación separada de su propuesta (la tercera). Al respecto, argumentó que ésta tenía por propósito entregar una herramienta a la ciudadanía para solicitar información respecto a la incorporación de asesores parlamentarios en asuntos que sean decisivos sobre alguna materia a cada una de las Comisiones de Ética y Transparencia”
La propuesta del Honorable Diputado señor Burgos fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Burgos, Squella y Cardemil. Por la negativa se pronunciaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Sabag y Rossi, y los Honorables Diputados señores Ceroni y Silva.
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Artículo 4° del Senado
Artículo 6° de la Honorable Cámara de Diputados
En el primer trámite constitucional el Honorable Senado aprobó una norma -artículo 4° del proyecto- que señalaba las actividades que no constituyen lobby, enunciándolas en trece numerales (el último integrado por ocho literales) que incluían genéricamente discursos, artículos, publicaciones e informaciones por cualquier medio; manifestaciones en reuniones o asambleas de carácter público; declaraciones o comunicaciones del afectado en un procedimiento o a investigación administrativa; presentaciones agregadas a un expediente administrativo o hechas con el fin de obtener un beneficio social; asesoría a funcionarios públicos o a parlamentarios; declaraciones o informaciones entregadas al Congreso Nacional y otras relativas a actividades de asociaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, juntas de vecinos y otras organizaciones consideradas cuerpos intermedios.
En el numeral 4) el texto del Honorable Senado incluía entre las actividades que no constituyen lobby a “Toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos de lobby, en el ejercicio de sus funciones y en el marco de actuaciones oficiales.”.
En el segundo trámite constitucional, la Honorable Cámara introdujo diversas enmiendas de forma y fondo a este precepto, como por ejemplo, sustituir en su encabezamiento la frase “no constituyen lobby” por “no están reguladas por esta ley”, o reemplazar “Toda expresión realizada por discursos, artículos, publicaciones o de cualquiera otra forma destinada al público en general, o difundida por cualquier medio de comunicación” por “Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión o asamblea de carácter público”. También suprimió los numerales (2), 3), 5), 8) y 13)); y agregó otros nuevos (9), 10) y 11)), que declaran que no están regulados por esta ley (es decir, no constituyen lobby en el texto del Senado) la defensa en juicio, el patrocinio de causas judiciales o la práctica de buenos oficios (amicus curiae, en ese texto), las actuaciones judiciales o administrativas, o reproducen estas actividades que en el texto del Honorable Senado se incluían en otros numerales que se suprimieron.
Por lo que hace al numeral 4) del texto del Senado, precedentemente descrito, la Honorable Cámara lo reemplazó por otro que declara que no queda regulada por esta ley (no constituye lobby) “Toda declaración o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones”.
Durante el debate que este asunto provocó en la Sala del Senado, se observó la necesidad de precisar las actuaciones de los sujetos pasivos que deben incluirse o excluirse del ámbito de aplicación de las reglas del lobby, cuestión que no aparece clara en los textos propuestos, pues en el del Senado la actuación de la autoridad se excluye como actividad sujeta al lobby, en tanto que en la proposición de la Honorable Cámara tal exclusión no se menciona. Lo dicho trabó la controversia entre ambas Corporaciones respecto de estos preceptos (artículo 4° del texto del Senado y 6° del de la Cámara).
En relación con esta divergencia, la Comisión Mixta conoció tres proposiciones, dos de S.E. el Presidente de la República, y una de los Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Rossi y Sabag.
La primera (de S.E. el Presidente de la República) sugiere incorporar en el numeral 1) (“Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión o asamblea de carácter público.”), a continuación de la palabra “reunión” la palabra “actividad”; y entre el vocablo “público” y el punto aparte la frase “y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizada por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones.”
La segunda, también de autoría de S.E. el Presidente de la República, incorpora en el numeral 2) (“Toda declaración o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones.”) a continuación de la palabra “declaración” el vocablo “actuación”.
La tercera, de los Honorables Senadores Bianchi, Frei, Orpis, Rossi y Sabag, sugiere reemplazar el numeral 2) por otro, nuevo, que prescribe que no constituirá lobby “toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos del lobby, en el ejercicio de sus funciones.”.
Puestas en votación, las proposiciones 1 y 2 (ambas del Ejecutivo), resultaron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Rossi y Sabag, y Honorables Diputados señores Burgos, Cardemil, Ceroni, Silva y Squella.
Con la misma votación resultó aprobada la última propuesta descrita, subsumida en la que la precede.
Artículo 9° de la Honorable Cámara
Dispone, en su inciso primero, que la información de los registros a que se refiere el artículo 7° será publicada y actualizada, al menos, una vez por mes, en los sitios electrónicos que corresponda. Respecto de los sujetos pasivos de los N°s 2), 3), 5), 6) y 8 del artículo cuarto ya descrito, (Contraloría General de la República, Banco Central, Congreso Nacional, Ministerio Público y Corporación Administrativa del Poder Judicial) la información se publicará en los sitios electrónicos pertinentes de acuerdo con el principio de transparencia activa.
El inciso segundo encarga al Ministerio Secretaría General de la Presidencia poner a disposición del público estos registros en un sitio electrónico de su responsabilidad.
Por su parte, el inciso tercero declara que el mismo Ministerio, semestralmente, pondrá a disposición del público una nómina sistematizada de las personas, naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que hayan sostenido reuniones con los sujetos pasivos del artículo 3° y los de los N°s 1), 4) y 7) del artículo 4°. La individualización deberá comprender la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la reunión, dejando constancia del nombre a quién en cuyo favor se gestionaron los intereses particulares, la individualización de los asistentes, si se percibió o no una remuneración, y el lugar fecha y hora de la reunión.
Los sujetos pasivos de los N°s 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4° -previene el inciso cuarto - enviarán la información al Ministerio Secretaría General de la Presidencia respecto de los convenios que celebren, con el objeto de levantar la información el sitio electrónico al que hace alusión el inciso segundo de este artículo.
Por último, el inciso quinto expresa que los reglamentos a que se refiere el artículo 10 (que debe dictar cada una de las instituciones afectadas), establecerán los detalles de cada uno de los registros, tales como información solicitada, solicitudes de audiencia y publicaciones, entre otros.
Este precepto fue objeto de dos observaciones en la Sala del Senado. Mediante la primera se repara en que sea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia la entidad facultada para ejecutar las acciones que propone el artículo, estimándose más adecuado entregar esta facultad al Consejo para la Transparencia.
La segunda dice relación con el intervalo que media entre una y otra publicación de las nóminas de las personas que se hayan reunido con los sujetos pasivos de lobby (semestralmente), que resulta muy extendido.
La divergencia comentada se superó mediante un acuerdo unánime de la Comisión Mixta que recogió dos propuestas de similar contenido formulada por el Ejecutivo y por los Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Rossi y Sabag, que reemplazan en el texto de este artículo, las dos veces que aparece, la denominación “Ministerio Secretaría General de la Presidencia” por “Consejo para la Transparencia” y “semestralmente” por “trimestralmente”.
El acuerdo aprobatorio contó con los votos de los Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Rossi y Sabag, y los Honorables Diputados señores Burgos, Cardemil, Ceroni, Silva y Squella.
Artículo 13 de la Honorable Cámara
La Cámara Diputados introdujo en el segundo trámite un artículo 13, nuevo, que prescribe, en su inciso primero, que habrá un registro de lobbystas y de gestores de intereses en el que se incorporarán las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que desempeñen actividades de lobby o de gestión de intereses privados ante los sujetos pasivos señalados en los artículos 3° y 4°.
El inciso segundo prescribe que el registro será administrado por cada uno de los órganos de conformidad con el artículo 7° ya referido.
Las personas inscritas deberán cumplir las obligaciones establecidas en esta ley. (Inciso tercero).
El reglamento (y reglamentos que dicte cada institución afectada) establecerá las exigencias, plazos, procedimientos, antecedentes e informaciones para poder inscribirse en el registro público. (Inciso cuarto).
La norma descrita – que es la que constituye la controversia entre ambas Corporaciones - fue debatida respecto de si la obligación de registrarse debiere ser “ex ante” o “ex post”, puesto que optar por una u otra fórmula determinaría el sentido del proyecto, toda vez que las opciones implican, por una parte, regular la actividad y, por la otra la obligación de registrarse, (la modalidad norteamericana admite la inscripción previa, en tanto que la europea regula la posterior) todo lo cual varía la carga de quién es el obligado a anunciar una actividad de lobby: el lobbysta o el sujeto pasivo de lobby.
El Honorable Senador señor Frei hizo presente que la obligación de registro debiere ser de quienes solicitan reunirse con los Parlamentarios, pues de otra forma será obligación de quienes reciben a los lobbystas anunciarlo, lo que tergiversa el sentido de una legislación que regule la actividad. De acuerdo con ello, precisó que la “carga de la prueba” debiere recaer en quienes realizan la actividad, y no en quienes son los sujetos pasivos de la misma. Tal forma como viene propuesta la norma de la Honorable Cámara, no podrá diferenciarse entre la labor de lobbystas de la de otros gestores que representan intereses.
El Honorable Senador señor Rossi coincidió con el Honorable Senador señor Frei, pues la obligación de anunciar la actividad de lobby debe ser de quienes la realizan, y no de quienes son los sujetos pasivos. En su opinión, dicha labor queda cumplida con la nominación de actividades en cumplimiento de la obligación de la norma que establece la agenda pública.
El Honorable Senador señor Bianchi distinguió entre las actividades de lobby que se realizan ante el Parlamento y quienes son los sujetos pasivos. En su opinión, hay que diferenciar entre la obligación de inscribirse previamente o posteriormente a la gestión de que se trate. A su juicio, la obligación debe ser la de inscribirse previamente y trasladar (como dijo el Honorable Senador señor Frei) la “carga de la prueba” a quienes realizan la actividad de lobby o de gestión de intereses privados.
El Honorable Diputado señor Burgos argumentó que lo expresado por los Honorables Senadores señores Frei y Rossi altera el sentido del proyecto de ley, puesto que obligar a los lobbystas a registrarse previamente debilita el sentido del proyecto, puesto que nadie se inscribirá previamente como tal. Recordó que fue este asunto controvertido lo que ha mantenido este proyecto por largo tiempo en el Congreso Nacional, pues el incentivo que debe provocarse, en su opinión, es a la actividad más que al registro, toda vez que una persona que realiza lobby quedará inmediatamente registrada.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que existen dos formas de regular el lobby: por registro o por actividad. En su opinión, lo que corresponde es que sea por esta última, toda vez que es aquélla la que genera la obligación de anunciar las reuniones que se tengan por cada tema. Es el sujeto pasivo quien debe informar (vía agenda pública) con quien se reúne y para qué asuntos lo hace, por lo que está de acuerdo con la redacción propuesta por la Honorable Cámara.
Atendido el debate precedentemente descrito, la Comisión Mixta consideró dos propuestas: una de S.E. el Presidente de la República y otra de los Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Rossi y Sabag.
La primera reemplaza el artículo 13 por otro, nuevo, que prescribe en su inciso primero, que habrá un registro de lobbystas y de gestores de intereses en cada uno de los órganos que sean sujetos pasivos de lobby. El registro será administrado por éstos y se incorporarán las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que desarrollen la actividad.
En su inciso segundo, declara que a los registros señalados en el inciso anterior se podrá ingresar inscribiéndose en forma previa o automáticamente cuando se realicen actividades de lobby o de representación de intereses privados. Dichos registros serán y públicos y actualizados.
El inciso tercero prescribe que las personas inscritas en el registro deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo anterior.
El inciso cuarto expresa que el reglamento establecerá los procedimientos, plazos y antecedentes para las inscripciones en el registro de lobbystas y de gestores de intereses.
La proposición de los parlamentarios enunciados, sustituye el mencionado artículo 13 por otro, nuevo, que prescribe que habrá un registro público de lobbystas y de gestores de intereses privados por cada uno de los órganos que son sujetos pasivos de lobby. El registro será administrado por éstos y se incorporarán las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que desempeñen dichas actividades (inciso primero).
Para ejercer dichas actividades se deberá estar inscrito previamente en el pertinente registro. (Inciso segundo).
Las personas inscritas en el registro deberán cumplir las obligaciones señaladas en el artículo 12. (Inciso tercero).
Finalmente, prescribe que los reglamentos establecerán los requisitos y procedimientos para practicar las inscripciones en el registro público de lobbystas y de gestores de intereses particulares. (Inciso cuarto).
Puestas en votación ambas propuestas, el Honorable Senador señor Frei solicitó suprimir en el inciso segundo del texto propuesto por el Ejecutivo la frase “o automáticamente”, puesto que, en su opinión, ello obliga a los sujetos pasivos del lobby realizar el registro, lo que tergiversa el sentido de lo que debe ser la regulación de la actividad (la obligación de anunciarse como tal (lobbysta) debe ser de quienes realizan la actividad y no de quienes son objeto de ella).
El Honorable Diputado señor Burgos señaló que suprimir la frase “o automáticamente” anula el efectivo sentido de la regulación que persigue el actual proyecto, pues ello haría inaplicable la norma, toda vez que provocaría un incentivo perverso respecto de quienes realizan la actividad y nadie se inscribiría anunciando su labor. En tanto, mantener la frase, estimula a quienes son sujetos pasivos para dar a conocer su condición de tal.
El Honorable Senador señor Rossi compartió el argumento del Honorable Senador señor Frei, precisando que eliminar la frase “o automáticamente” traslada la obligación de anunciarse como lobbysta o gestor de intereses a quienes efectivamente realizan dichas labores, particularmente en aquellos casos en que los Parlamentarios reciben organizaciones o personas naturales en circunstancias que no son propiamente dentro del Congreso Nacional, sino que en eventos propios de su función de representación.
El Jefe de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Sebastián Soto, expresó que el artículo 13 del proyecto de ley aprobado en el segundo trámite establece un registro tanto de lobbistas como de gestores de intereses particulares, en los cuales se incorporarían dichas personas que realicen tales gestiones ante los sujetos pasivos durante los últimos seis meses. Por su parte, un reglamento establecería la información, plazos y procedimientos necesarios para la debida inscripción.
Dadas las discusiones suscitadas en el interior de esta Comisión Mixta respecto a la necesidad de un registro previo y habilitante, el Ejecutivo formuló una propuesta que toma parte de la de los Parlamentarios a que se hizo alusión.
De este modo, de aprobarse, existiría un registro público de lobbistas y gestores de intereses. Éstos pueden inscribirse antes de sostener una reunión con los sujetos pasivos. Asimismo, en caso de solicitarles una audiencia o reunión, previamente deben otorgarle cierta información como por ejemplo, señalar a quién representan y si perciben una remuneración por dichas gestiones.
Los sujetos pasivos podrán decidir si le otorgan la audiencia o reunión requerida –sin perjuicio de mantener una igualdad de trato respecto de las distintas personas u organizaciones que soliciten audiencias- y luego, sostenida la reunión, deberán enviar al responsable del registro la información otorgada por el sujeto pasivo, junto con aquella relativa al lugar donde se sostuvo, la fecha y la materia tratada. Los reglamentos establecerán con mayor detalle la información que deberá solicitarse previa a la reunión y los demás aspectos necesarios para el funcionamiento y publicación de los registros.
Esta información se incluirá en el registro de agenda pública, el cual se actualizará una vez al mes, de acuerdo a las normas de transparencia activa en el banner respectivo. También, y sobre la base de la información señalada, se publicará en el portal único a cargo del Consejo para la Transparencia.
En caso que el sujeto activo –lobbista o gestor de interés particular- omita inexcusablemente o incluya a sabiendas información inexacta y falsa, que luego sea publicada en los registros, será sancionado penalmente con multa de 10 a 50 UTM, sin perjuicio de las otras penas que pudieren corresponderle.
Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, resultó aprobada por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, y los Honorables Diputados señores Burgos, Cardemil, Ceroni, Silva y Squella. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Rossi y Sabag.
Con la misma votación resultó rechazada la propuesta de los señores Senadores.
Artículo segundo transitorio del Senado
Artículo segundo transitorio de la Honorable Cámara
El Senado en el primer trámite constitucional consideró un artículo segundo transitorio que prescribe que la presente ley entrará en vigencia doce meses después de su publicación en el Diario Oficial.
La Honorable Cámara , en el segundo trámite, lo reemplazó por otro, nuevo, que dispone en su inciso primero que los reglamentos y demás normas establecidos en esta ley deberán dictarse dentro del plazo de cuatro meses desde su publicación.
El inciso segundo previene que la ley comenzará a regir cuatro meses luego de la publicación de dichos reglamentos.
En el Honorable Senado se reparó en que este precepto subordina la vigencia de esta ley a la condición de que se dicten los reglamentos, cuestión que también trabó controversia entre ambas Corporaciones.
Al debatirse esta diferencia, la Comisión Mixta tomó conocimiento de dos proposiciones, una de S.E. el señor Presidente de la República y otra de los Honorables Senadores señores Bianchi, Frei, Rossi y Sabag.
La primera, del Ejecutivo, reemplaza el artículo segundo transitorio por otro, nuevo, que prescribe que el Presidente de la República promulgará el reglamento de esta ley dentro del plazo de tres meses luego de su publicación. (Inciso primero).
Agrega que sin perjuicio de lo anterior, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los demás órganos dotados de autonomía constitucional podrán determinar las demás normas administrativas que sean convenientes en las materias que les conciernen. (Inciso segundo).
El inciso tercero previene que esta ley comenzará a regir tres meses después de la publicación del reglamento aludido
en el inciso primero respecto de las autoridades y funcionarios que corresponda. (Inciso tercero).
Finalmente, prescribe que sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, respecto de los jefes de servicio, los directores regionales de los servicios públicos, de los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y jefes de gabinete, comenzará a regir ocho meses después de la publicación del reglamento. Asimismo, respecto de los sujetos pasivos del Nº 1) del artículo 4º (Administración regional y comunal), en el inciso final del artículo 3º y en el inciso segundo del artículo 4º, con excepción de los jefes de gabinete, esta ley entrará en vigencia doce meses después de la publicación del reglamento de esta ley.”.
La segunda sustituye la expresión “cuatro” (meses) por “dos”, las dos veces que aparece.
La propuesta del Ejecutivo resultó aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables senadores señores Bianchi, Frei, Larraín, don Hernán, Rossi y Sabag, y Honorables Diputados señores Burgos, Cardemil, Ceroni, Silva y Squella.
Con la misma votación se rechazó la propuesta de los señores Senadores.
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En consecuencia, como forma y modo de resolver las divergencias producidas entre ambas Corporaciones ésta Comisión Mixta, tiene a honra proponer al Honorable Senado y a la Honorable Cámara la siguiente redacción para las normas en controversia:
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Artículo 4°
Artículo 4°.- Son también sujetos pasivos de esta ley, aquellas autoridades y funcionarios indicados a continuación:
1) En la Administración Regional y Comunal: los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales y los secretarios municipales.
2) En la Contraloría General de la República: el Contralor General y el Subcontralor General.
3) En el Banco Central: el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros.
4) En las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública: los Comandantes en Jefe, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el General Director de Carabineros de Chile, el Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones. En este último caso, anualmente y mediante resolución del jefe superior de la institución respectiva, se individualizarán los funcionarios que ocupen dicho cargo.
5) En el Congreso Nacional: los diputados, los senadores, el Secretario General y el Prosecretario de la Cámara de Diputados, el Secretario General y el Prosecretario Tesorero del Senado, y los asesores legislativos que indique anualmente cada parlamentario, en la forma y con el procedimiento que determine la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda.
6) En el Ministerio Público: el Fiscal Nacional y los fiscales regionales.
7) Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del Consejo Nacional de Televisión, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los integrantes de los Paneles de Expertos creados en la ley N° 19.940 y en la ley N° 20.378 y del Panel Técnico creado por la ley N° 20.410, sólo en lo que respecta al ejercicio de sus funciones. Asimismo, se considerarán sujetos pasivos de esta ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la ley N° 19.886, sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones.
8) En la Corporación Administrativa del Poder Judicial: su Director.
Las instituciones y los órganos a los que pertenecen los sujetos pasivos indicados en este artículo podrán establecer mediante resoluciones o acuerdos, según corresponda, que otros funcionarios sean considerados sujetos pasivos para efectos de esta ley, cuando en razón de su función o cargo y por tener atribuciones decisorias relevantes o por influir decisivamente en las personas que tienen dichas atribuciones, es necesario, para efectos de transparencia, someterlos a esta normativa. Tales personas deberán ser individualizadas anualmente por resolución de la autoridad competente, la cual deberá publicarse de forma permanente en los sitios electrónicos indicados en el artículo 9°.
El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral podrán ejercer la atribución establecida en el inciso anterior, dictando para estos efectos los acuerdos o resoluciones que correspondan, los que deberán publicarse de manera permanente en sus sitios electrónicos.
En caso que una persona considere que un determinado funcionario o servidor público se encuentra en las situaciones descritas en el inciso segundo de este artículo y en el inciso final del artículo anterior, podrá solicitar su incorporación, por escrito, a la autoridad que dictó o adoptó la resolución o acuerdo que allí se establecen. Ésta deberá pronunciarse sobre dicha solicitud dentro del plazo de diez días hábiles, en única instancia. La resolución que la rechace deberá ser fundada.”.
Artículo 6º
Artículo 6°.- No obstante lo señalado en el artículo precedente, no están regulados por esta ley:
1) Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquéllos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones.
2) Toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones.
3) Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo.
4) La información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión, dentro del ámbito de su competencia.
5) Las presentaciones hechas formalmente en un procedimiento administrativo, por una persona, su cónyuge o pariente hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo de afinidad en la línea recta y hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad en la colateral, siempre que no se solicite la adopción, modificación o derogación de normas legales o reglamentarias, ni el cambio de resultados de procesos administrativos o de selección.
6) Las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios realizadas por profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga, así como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un órgano del Estado.
7) Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas ante una comisión del Congreso Nacional, así como la presencia y participación verbal o escrita en alguna de ellas de profesionales de las entidades señaladas en el número precedente, lo que, sin embargo, deberá ser registrado por dichas comisiones.
8) Las invitaciones por parte de funcionarios del Estado y de parlamentarios para participar en reuniones de carácter técnico a profesionales de las entidades señaladas en el número 6).
9) La defensa en juicio, el patrocinio de causas judiciales o administrativas o la participación en calidad de amicus curiae, cuando ello se permita, pero sólo respecto de aquellas actuaciones propias del procedimiento judicial o administrativo.
10) Las declaraciones o comunicaciones realizadas por el directamente afectado o por sus representantes en el marco de un procedimiento o investigación administrativos.
11) Las presentaciones escritas agregadas a un expediente o intervenciones orales registradas en audiencia pública en un procedimiento administrativo que admita la participación de los interesados o de terceros.”.
Artículo 9º
Artículo 9°.- La información contenida en los registros a que se refiere el artículo 7° será publicada y actualizada, al menos una vez al mes, en los sitios electrónicos a que hace referencia el artículo 7° de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública. Respecto de los sujetos pasivos indicados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4°, dicha información se publicará en el sitio electrónico establecido en las normas de transparencia activa que los rijan.
Asimismo, el Consejo para la Transparencia pondrá a disposición del público estos registros en un sitio electrónico, debiendo asegurar un fácil y expedito acceso a los mismos.
Del mismo modo, trimestralmente, dicho Consejo deberá poner a disposición del público un registro que contenga una nómina sistematizada de las personas, naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que en tal período hayan sostenido reuniones y audiencias con los sujetos pasivos individualizados en el artículo 3° y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4°, que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5°. Dicha nómina deberá individualizar a la persona, organización o entidad con la cual el sujeto pasivo sostuvo la audiencia o reunión, dejando constancia de: a nombre de quién se gestionaron los intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas presentes, si se percibió una remuneración por dichas gestiones, el lugar, fecha y hora de cada reunión o audiencia sostenida, y la materia específica tratada.
Los sujetos pasivos individualizados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4°, enviarán al Consejo para la Transparencia la información que se acuerde en los convenios que celebren, para efectos de publicarla en el sitio electrónico señalado en el inciso segundo de este artículo.
El reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 10 establecerán la información que deberá incluirse en el registro, la fecha de actualización, la forma en que ha de hacerse la publicación, los antecedentes requeridos para solicitar audiencias y los demás aspectos que sean necesarios para el funcionamiento y publicación de dichos registros.
Artículo 13
“Artículo 13.- Habrá un registro público de lobistas y de gestores de intereses particulares por cada uno de los órganos e instituciones a que se refiere el artículo 7º. El registro será administrado por éstos y a él se incorporarán las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que desempeñen las actividades señaladas en los números 1) y 2) del artículo 2º ante las autoridades y funcionarios mencionados en los artículos 3º y 4º.
A los registros señalados en el inciso anterior podrá ingresarse inscribiéndose en forma previa o automáticamente cuando se efectúen las actividades a que hacen referencia los numerales 1) y 2) del artículo 2º, ante las autoridades y funcionarios individualizados en los artículos 3º y 4º. Dichos registros se publicarán y actualizarán de acuerdo a lo señalado en el artículo 9º.
Las personas inscritas en el registro deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo anterior.
El reglamento y demás normativas a que hace referencia el artículo 10, establecerán los procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones requeridas para practicar las inscripciones en el registro público de lobistas y de gestores de intereses particulares.”.
Artículo segundo transitorio
Artículo 2º.- El Presidente de la República promulgará el reglamento de esta ley dentro del plazo de tres meses contado desde la publicación de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los demás órganos dotados de autonomía constitucional, podrán determinar las demás normas administrativas que sean convenientes en las materias que les conciernen específicamente.
Esta ley comenzará a regir tres meses después de la publicación del reglamento señalado en el inciso primero respecto de las autoridades y funcionarios individualizados en los artículos 3º y 4º.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, respecto de los jefes de servicio, los directores regionales de los ervicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y jefes de gabinete, comenzará regir ocho meses después de la publicación del reglamento. Asimismo, respecto de los sujetos pasivos individualizados en el numeral 1 del artículo 4º, en el inciso final del artículo 3º y en el inciso segundo del artículo 4º, con excepción de los jefes de gabinete, esta ley entrará en vigencia doce meses después de la publicación del reglamento de esta ley.”.
-o-
Con el mérito de la relación precedente, el proyecto, de aprobarse con las proposiciones de la Comisión Mixta, queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Esta ley regula la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1) Lobby: aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos que se indican en los artículos 3° y 4°.
Lo anterior incluye los esfuerzos específicos para influir en el proceso de toma de decisiones públicas y cambios en las políticas, planes o programas, en discusión o en desarrollo, o sobre cualquier medida implementada o materia que deba ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismos público correspondiente, o bien para evitar tales decisiones, cambios y medidas.
2) Gestión de interés particular: aquella gestión o actividad ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos que se indican en los artículos 3° y 4°.
3) Registro de agenda pública: registros de carácter público, en los cuales los sujetos pasivos deben incorporar la información establecida en el artículo 8°.
4) Interés particular: cualquier propósito o beneficio, sean o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada.
5) Lobbista: La persona natural o jurídica, chilena o extranjera, remunerada, que realiza lobby. Si no media remuneración se denominará gestor de intereses particulares, sean éstos individuales o colectivos. Todo ello conforme a los términos definidos en los numerales 1) y 2) precedentes.
Artículo 3°.- Para efectos de esta ley, son sujetos pasivos los ministros, subsecretarios, jefes de servicios, los directores regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores.
También estarán sujetos a las obligaciones que esta ley indica, cualquiera sea su forma de contratación, los jefes de gabinete de las personas individualizadas en el inciso precedente, si los tuvieren; así como las personas que, en razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por ello regularmente una remuneración. Anualmente, el jefe superior del servicio respectivo individualizará a las personas que se encuentren en esta calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de forma permanente en los sitios electrónicos indicados en el artículo 9°.
Artículo 4°.- Son también sujetos pasivos de esta ley, aquellas autoridades y funcionarios indicados a continuación:
1) En la Administración Regional y Comunal: los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales y los secretarios municipales.
2) En la Contraloría General de la República: el Contralor General y el Subcontralor General.
3) En el Banco Central: el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros.
4) En las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública: los Comandantes en Jefe, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el General Director de Carabineros de Chile, el Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones. En este último caso, anualmente y mediante resolución del jefe superior de la institución respectiva, se individualizarán los funcionarios que ocupen dicho cargo.
5) En el Congreso Nacional: los diputados, los senadores, el Secretario General y el Prosecretario de la Cámara de Diputados, el Secretario General y el Prosecretario Tesorero del Senado, y los asesores legislativos que indique anualmente cada parlamentario, en la forma y con el procedimiento que determine la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda.
6) En el Ministerio Público: el Fiscal Nacional y los fiscales regionales.
7) Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del Consejo Nacional de Televisión, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los integrantes de los Paneles de Expertos creados en la ley N° 19.940 y en la ley N° 20.378 y del Panel Técnico creado por la ley N° 20.410, sólo en lo que respecta al ejercicio de sus funciones. Asimismo, se considerarán sujetos pasivos de esta ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la ley N° 19.886, sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones.
8) En la Corporación Administrativa del Poder Judicial: su Director.
Las instituciones y los órganos a los que pertenecen los sujetos pasivos indicados en este artículo podrán establecer mediante resoluciones o acuerdos, según corresponda, que otros funcionarios sean considerados sujetos pasivos para efectos de esta ley, cuando en razón de su función o cargo y por tener atribuciones decisorias relevantes o por influir decisivamente en las personas que tienen dichas atribuciones, es necesario, para efectos de transparencia, someterlos a esta normativa. Tales personas deberán ser individualizadas anualmente por resolución de la autoridad competente, la cual deberá publicarse de forma permanente en los sitios electrónicos indicados en el artículo 9°.
El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral podrán ejercer la atribución establecida en el inciso anterior, dictando para estos efectos los acuerdos o resoluciones que correspondan, los que deberán publicarse de manera permanente en sus sitios electrónicos.
En caso que una persona considere que un determinado funcionario o servidor público se encuentra en las situaciones descritas en el inciso segundo de este artículo y en el inciso final del artículo anterior, podrá solicitar su incorporación, por escrito, a la autoridad que dictó o adoptó la resolución o acuerdo que allí se establecen. Ésta deberá pronunciarse sobre dicha solicitud dentro del plazo de diez días hábiles, en única instancia. La resolución que la rechace deberá ser fundada.”.
Artículo 5°.- Las actividades reguladas por esta ley son aquellas destinadas a obtener las siguientes decisiones:
1) La elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes, como también de las decisiones que adopten los sujetos pasivos mencionados en los artículos 3° y 4°.
2) La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas sus comisiones.
3) La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos señalados en esta ley y que sean necesarios para su funcionamiento.
4) El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos señalados en esta ley, a quienes correspondan estas funciones.
Asimismo, se comprenden dentro de las actividades reguladas por esta ley, aquellas destinadas a que no se adopten las decisiones y actos señalados en los numerales precedentes.
Artículo 6°.- No obstante lo señalado en el artículo precedente, no están regulados por esta ley:
1) Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquéllos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones.
2) Toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones.
3) Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo.
4) La información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión, dentro del ámbito de su competencia.
5) Las presentaciones hechas formalmente en un procedimiento administrativo, por una persona, su cónyuge o pariente hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo de afinidad en la línea recta y hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad en la colateral, siempre que no se solicite la adopción, modificación o derogación de normas legales o reglamentarias, ni el cambio de resultados de procesos administrativos o de selección.
6) Las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios realizadas por profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga, así como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un órgano del Estado.
7) Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas ante una comisión del Congreso Nacional, así como la presencia y participación verbal o escrita en alguna de ellas de profesionales de las entidades señaladas en el número precedente, lo que, sin embargo, deberá ser registrado por dichas comisiones.
8) Las invitaciones por parte de funcionarios del Estado y de parlamentarios para participar en reuniones de carácter técnico a profesionales de las entidades señaladas en el número 6).
9) La defensa en juicio, el patrocinio de causas judiciales o administrativas o la participación en calidad de amicus curiae, cuando ello se permita, pero sólo respecto de aquellas actuaciones propias del procedimiento judicial o administrativo.
10) Las declaraciones o comunicaciones realizadas por el directamente afectado o por sus representantes en el marco de un procedimiento o investigación administrativos.
11) Las presentaciones escritas agregadas a un expediente o intervenciones orales registradas en audiencia pública en un procedimiento administrativo que admita la participación de los interesados o de terceros.”.
TÍTULO II
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Artículo 7°.- Créanse los siguientes registros de agenda pública en los que deberá incorporarse la información señalada en el artículo 8°:
1) Los registros a cargo del órgano o servicio al que pertenece el respectivo sujeto pasivo indicado en el artículo 3° y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4°.
2) Un registro a cargo de la Contraloría General de la República, en el que deberá consignarse la información relativa a los sujetos pasivos indicados en el numeral 2) del artículo 4°.
3) Un registro a cargo del Banco Central, en el que deberán incluir la información los sujetos pasivos indicados en el numeral 3) del artículo 4°.
4) Dos registros, cada uno a cargo de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria, en los que deberá incorporarse la información por los sujetos pasivos señalados en el numeral 5) del artículo 4°.
5) Un registro a cargo del Ministerio Público, en el que deberá incluirse la información por los sujetos pasivos indicados en el numeral 6) del artículo 4°.
6) Un registro a cargo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el que deberá incorporarse la información por el sujeto pasivo indicado en el numeral 8) del artículo 4°.
Artículo 8°.- Los registros de agenda pública establecidos en el artículo anterior deberán consignar:
1) Las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5°.
En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quién se gestionan dichos intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión, si se percibe una remuneración por dichas gestiones, el lugar y fecha de su realización y la materia específica tratada.
El que, al solicitar reunión o audiencia, omitiere inexcusablemente la información señalada en el inciso anterior o indicare a sabiendas información inexacta o falsa sobre tales materias, será sancionado con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las otras penas que pudieren corresponderle.
2) Los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos establecidos en esta ley, en el ejercicio de sus funciones.
Deberá publicarse en dicho registro el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o natural que lo financió.
3) Los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación, que reciban los sujetos pasivos establecidos en esta ley, con ocasión del ejercicio de sus funciones.
En dichos registros deberá singularizarse el regalo o donativo recibido, la fecha y ocasión de su recepción y la individualización de la persona natural o jurídica de la cual procede.
Se exceptuarán de esta obligación aquellas reuniones, audiencias y viajes cuando su publicidad comprometa el interés general de la Nación o la seguridad nacional.
De éstos se rendirá cuenta anual, en forma reservada, a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General o de quien éste delegue, respecto de los sujetos pasivos señalados en el artículo 3° y en los numerales 1), 2), 4) y 7) del artículo 4°. En el caso de los sujetos pasivos señalados en los números 3), 5), 6) y 8) del artículo 4°, dicha rendición se realizará ante quien tenga la potestad sancionatoria, de acuerdo a las normas del Título III.
Artículo 9°.- La información contenida en los registros a que se refiere el artículo 7° será publicada y actualizada, al menos una vez al mes, en los sitios electrónicos a que hace referencia el artículo 7° de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública. Respecto de los sujetos pasivos indicados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4°, dicha información se publicará en el sitio electrónico establecido en las normas de transparencia activa que los rijan.
Asimismo, el Consejo para la Transparencia pondrá a disposición del público estos registros en un sitio electrónico, debiendo asegurar un fácil y expedito acceso a los mismos.
Del mismo modo, trimestralmente, dicho Consejo deberá poner a disposición del público un registro que contenga una nómina sistematizada de las personas, naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que en tal período hayan sostenido reuniones y audiencias con los sujetos pasivos individualizados en el artículo 3° y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4°, que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5°. Dicha nómina deberá individualizar a la persona, organización o entidad con la cual el sujeto pasivo sostuvo la audiencia o reunión, dejando constancia de: a nombre de quién se gestionaron los intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas presentes, si se percibió una remuneración por dichas gestiones, el lugar, fecha y hora de cada reunión o audiencia sostenida, y la materia específica tratada.
Los sujetos pasivos individualizados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4°, enviarán al Consejo para la Transparencia la información que se acuerde en los convenios que celebren, para efectos de publicarla en el sitio electrónico señalado en el inciso segundo de este artículo.
El reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 10 establecerán la información que deberá incluirse en el registro, la fecha de actualización, la forma en que ha de hacerse la publicación, los antecedentes requeridos para solicitar audiencias y los demás aspectos que sean necesarios para el funcionamiento y publicación de dichos registros.
Artículo 10.- El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dictará el o los reglamentos de esta ley.
La normativa de los registros a cargo de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público será aprobada mediante resolución del Contralor General y del Fiscal Nacional del Ministerio Público, respectivamente, la que será publicada en el Diario Oficial.
Aquella que regule el registro a cargo del Banco Central de Chile será establecida mediante acuerdo de su Consejo, publicado en el Diario Oficial.
Asimismo, las normas que regulen los registros del Congreso Nacional serán, para cada Cámara, las que apruebe la Sala de cada de una de ellas, a proposición de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria.
Las normas que regulen el registro de la Corporación Administrativa del Poder Judicial serán las que apruebe el Consejo Superior de dicha entidad.
Artículo 11.- Las autoridades y funcionarios señalados en los artículos 3° y 4° deberán mantener igualdad de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma materia.
Artículo 12.- Las personas que realicen lobby o gestiones de intereses particulares, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, estarán sujetas a las siguientes obligaciones:
1.- Proporcionar de manera oportuna y veraz a las autoridades y funcionarios respectivos, la información señalada en esta ley, cuando ésta les sea requerida, tanto para solicitar audiencias o reuniones, como para efectos de su publicación.
2.- Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, el nombre de las personas a quienes representan, en su caso.
3.- Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, si reciben una remuneración por las gestiones.
4.- Proporcionar, en el caso de las personas jurídicas, la información que se les solicite respecto de su estructura y conformación, sin que en caso alguno les sea obligatorio suministrar información confidencial o estratégica. Dicha información será solicitada a través de un formulario que, para estos efectos, elaborará el Ministerio Secretaría General de la Presidencia respecto de los sujetos pasivos señalados en el artículo 3° y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4°, y el organismo a cargo de cada registro, respecto de aquellos individualizados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4°, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 10.
La omisión inexcusable de la información requerida en el inciso anterior o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, por parte de las personas señaladas en dicho inciso, será penada con la multa señalada en el artículo 8°.
Tales personas deberán informar a sus clientes o representados de las obligaciones a las que están sujetas en virtud de esta ley.
“Artículo 13.- Habrá un registro público de lobistas y de gestores de intereses particulares por cada uno de los órganos e instituciones a que se refiere el artículo 7º. El registro será administrado por éstos y a él se incorporarán las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que desempeñen las actividades señaladas en los números 1) y 2) del artículo 2º ante las autoridades y funcionarios mencionados en los artículos 3º y 4º.
A los registros señalados en el inciso anterior podrá ingresarse inscribiéndose en forma previa o automáticamente cuando se efectúen las actividades a que hacen referencia los numerales 1) y 2) del artículo 2º, ante las autoridades y funcionarios individualizados en los artículos 3º y 4º. Dichos registros se publicarán y actualizarán de acuerdo a lo señalado en el artículo 9º.
Las personas inscritas en el registro deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo anterior.
El reglamento y demás normativas a que hace referencia el artículo 10, establecerán los procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones requeridas para practicar las inscripciones en el registro público de lobistas y de gestores de intereses particulares.”.
TÍTULO III
DE LAS SANCIONES
Artículo 14.- La infracción de las normas de esta ley hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que ésta determine. La responsabilidad administrativa se hará efectiva con sujeción a las normas de este Título y, en lo no previsto por esta ley, se sujetará a las normas estatutarias que rijan al órgano del cual dependa el sujeto pasivo involucrado.
Párrafo 1º
De las sanciones aplicables a las autoridades y funcionarios de la
Administración del Estado
Artículo 15.- En caso que el sujeto pasivo de aquellos señalados en el artículo 3° y en los numerales 2), 4) y 7) del artículo 4°, los consejeros regionales y el secretario ejecutivo del consejo regional señalados en el numeral 1) del artículo 4°, no informare o registrare lo señalado en el artículo 8° dentro del plazo dispuesto para ello, la Contraloría General de la República le comunicará dicha circunstancia, y el obligado tendrá el plazo de veinte días para informar al respecto. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en conciencia. La Contraloría mediante resolución fundada, propondrá, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia, si corresponde, al jefe de servicio o a quien haga sus veces, la aplicación de una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. En caso que el sujeto pasivo sancionado sea el jefe de servicio o autoridad, la potestad sancionatoria residirá en la autoridad que lo nombró.
De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva hoja de vida funcionaria. Se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas en los sitios electrónicos del respectivo órgano o servicio, por un plazo de un mes desde que esté firme la resolución que establece la sanción.
La resolución que imponga la sanción estará sujeta al trámite de toma de razón. Dicha resolución será impugnable en la forma y plazo prescritos en el artículo 18.
En el caso del Contralor General de la República, será la Cámara de Diputados la encargada de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Artículo 16.- La omisión inexcusable de la información que conforme a esta ley y su reglamento debe incorporarse en alguno de los registros establecidos en el artículo 7°, o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, se sancionará, respecto de las personas señaladas en el artículo anterior, con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en dicho artículo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderles.
Artículo 17.- Los alcaldes, concejales, directores de obras municipales y secretarios municipales que incurran en alguna de las infracciones establecidas en los artículos 15 y 16 serán sancionados por la Contraloría General de la República conforme a lo dispuesto en dichas normas.
Una vez ejecutoriada la sanción que se aplique, se notificará por el organismo competente al concejo municipal en la sesión más próxima que celebre. Asimismo, dicha sanción se deberá incluir en la cuenta pública a que hace referencia el artículo 67 de la ley N° 18.695 e incorporarse en el extracto de la misma, que debe ser difundida a la comunidad.
Artículo 18.- Las sanciones contempladas en los artículos 15, 16 y 17 serán reclamables ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quinto día de notificada la resolución que las aplique.
La Corte pedirá informe a la autoridad que dictó el acto o resolución recurrida, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días siguientes a tal requerimiento. La Corte podrá pedir también, en esa misma resolución, informe a este respecto a la Contraloría General de la República. Para el conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se aplicarán las normas sobre las apelaciones de los incidentes en materia civil, con preferencia para su vista y fallo.
La interposición de esta reclamación suspenderá la aplicación de la sanción impuesta por la resolución recurrida.
La reincidencia en las infracciones consignadas en este Párrafo, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la infracción, será considerada falta grave a la probidad.
Párrafo 2°
De las sanciones aplicables a otras autoridades
Artículo 19.- Las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria conocerán y resolverán acerca de la aplicación de las sanciones a las que se refiere este artículo.
Si alguna de las personas señaladas en el número 5) del artículo 4° no informa o registra lo señalado en el artículo 8° dentro del plazo dispuesto para ello, la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda le aplicará una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de sus remuneraciones o dieta, cuando corresponda.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por las comisiones señaladas en el inciso primero o por denuncia de cualquier interesado, lo cual será comunicado al afectado, quien tendrá derecho a contestar en el plazo de veinte días. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en conciencia. La Comisión deberá dictar la resolución final dentro de los diez días siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia.
La omisión inexcusable de la información que se debe incorporar en el registro a que se refiere el número 4) del artículo 7°, o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa en dicho registro, se sancionará con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
En el sitio electrónico de la respectiva Cámara se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas, por el plazo de un mes desde que la resolución que establece la sanción esté firme.
Artículo 20.- Si alguna de las personas individualizadas en el numeral 3) del artículo 4° no informa o registra de manera oportuna lo señalado en el artículo 8°, será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, la que será impuesta por el Consejo del Banco Central.
Para estos efectos, el ministro de fe del Banco deberá poner los antecedentes respectivos en conocimiento del Consejo, para que se inicie el pertinente procedimiento, comunicándose esta circunstancia al afectado, quien tendrá el derecho a contestar en el plazo de diez días hábiles, pudiendo establecerse, en caso de ser necesario, un período probatorio de ocho días, dentro del cual podrán presentarse todos los medios de prueba, la que se apreciará en conciencia. El Consejo deberá dictar la resolución final dentro de los diez días siguientes, contados desde la última diligencia.
En todo caso, el afectado podrá reclamar de la multa que le imponga el Consejo conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 de la ley orgánica constitucional del Banco Central, contenida en el artículo primero de la ley N° 18.840.
La omisión inexcusable de la información que se debe incorporar en el registro a que se refiere el número 3) del artículo 7°, o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa en dicho registro, se sancionará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley orgánica constitucional del Banco Central, contenida en el artículo primero de la ley N° 18.840, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
En el sitio electrónico del Banco Central se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas, por el plazo de un mes desde que la resolución que establece la sanción esté firme.
Artículo 21.- Si alguna de las autoridades del Ministerio Público individualizado en el numeral 6) del artículo 4°, no informa o registra de manera oportuna lo señalado en el artículo 8°, será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, impuestas administrativamente por el Fiscal Nacional.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el superior jerárquico que corresponda o por denuncia de cualquier interesado, comunicándose esta circunstancia al afectado, quien tendrá derecho a contestar en el plazo de veinte días. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en conciencia. El superior jerárquico deberá dictar la resolución final dentro de los diez días siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia. Si el que incumple o comete las infracciones referidas precedentemente fuese el Fiscal Nacional, se estará a lo dispuesto en el artículo 59 de la ley N° 19.640.
La omisión inexcusable de la información que se debe incorporar en el registro a que se refiere el número 5) del artículo 7°, o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa en dicho registro, se sancionará con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
En los sitios electrónicos de la respectiva Fiscalía se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas, por el plazo de un mes desde que la resolución que establece la sanción esté firme.
Artículo 22.- Si el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial no informa o registra de manera oportuna lo señalado en el artículo 8°, será sancionado con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, impuesta por el Consejo Superior.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el Consejo Superior o por denuncia de cualquier interesado, comunicándose esta circunstancia al afectado, quien tendrá derecho a contestar en el plazo de veinte días. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en conciencia. El Consejo Superior deberá dictar la resolución final dentro de los diez siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia.
La omisión inexcusable de la información que se debe incorporar en el registro a que se refiere el número 6) del artículo 7°, o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa en dicho registro, se sancionará con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
La sanción aplicada por el Consejo Superior será reclamable ante el Pleno de la Corte Suprema, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24, correspondiendo a este último pedir información a la autoridad que dictó el acto o resolución recurrida.
Artículo 23.- Si durante el curso de la investigación o sumario administrativos, el investigador o fiscal, según corresponda, conoce de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de delito, estará obligado a hacer la denuncia respectiva al Ministerio Público.
La reincidencia en las infracciones consignadas en este Párrafo, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la infracción, será considerada falta grave a la probidad.
Artículo 24.- Salvo que se contemplen procedimientos especiales, las sanciones contempladas en este Párrafo serán reclamables ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quinto día de notificada la resolución que las aplique.
La Corte pedirá informe a la autoridad que dictó el acto o resolución recurrida, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días siguientes a tal requerimiento. Para el conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se aplicarán las normas sobre las apelaciones de los incidentes en materia civil, con preferencia para su vista y fallo.
La interposición de esta reclamación suspenderá la aplicación de la sanción impuesta por la resolución recurrida.
TÍTULO IV
DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 25.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:
1. En el artículo 248 bis:
a) Elimínase, en el inciso primero, la expresión “especial o”, y reemplázase el término “temporales” por “temporal”.
b) Suprímese, en el inciso segundo, la locución “especial o”; agrégase, a continuación de la palabra “público”, una coma (,), y sustitúyese el término “perpetuas” por “perpetua”.
2. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 249, la frase “inhabilitación especial perpetua e inhabilitación absoluta temporal, o bien con inhabilitación absoluta perpetua”, por la siguiente: “inhabilitación absoluta, temporal o perpetua,”.
3. Agrégase, en el inciso tercero del artículo 250, a continuación de la palabra “mínimo”, la expresión “a medio”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1°.- El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley durante el año de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de las instituciones respectivas, pudiendo al efecto realizarse transferencias y reasignaciones.
Artículo 2º.- El Presidente de la República promulgará el reglamento de esta ley dentro del plazo de tres meses contado desde la publicación de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los demás órganos dotados de autonomía constitucional, podrán determinar las demás normas administrativas que sean convenientes en las materias que les conciernen específicamente.
Esta ley comenzará a regir tres meses después de la publicación del reglamento señalado en el inciso primero respecto de las autoridades y funcionarios individualizados en los artículos 3º y 4º.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, respecto de los jefes de servicio, los directores regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y jefes de gabinete, comenzará regir ocho meses después de la publicación del reglamento. Asimismo, respecto de los sujetos pasivos individualizados en el numeral 1 del artículo 4º, en el inciso final del artículo 3º y en el inciso segundo del artículo 4º, con excepción de los jefes de gabinete, esta ley entrará en vigencia doce meses después de la publicación del reglamento de esta ley.”.
-o-
Acordado en sesiones celebradas los días
Sala de la Comisión, 13 de enero de 2014.
(Fdo.): MARIO TAPIA GUERRERO, Secretario de la Comisión”.
Oficio del Senado.
“Valparaíso, 21 de enero de 2014.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby, correspondiente al boletín N° 6189-06.
Hago presente a vuestra Excelencia que dicha proposición fue aprobada en lo referente al artículo 4°, incisos segundo y tercero, y al artículo 6°, número 7), con el voto favorable de 24 senadores de un total de 36 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.
5. Certificado de la Comisión de Hacienda. (Boletín N° 9231-13)
“Valparaíso, 21 de enero de 2014.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que prorroga cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y modifica ley N° 19.578 (Boletín Nº 9.231-13), con urgencia calificada de “suma”, fue tratado en esta Comisión en sesión de esta fecha, con la asistencia de los Diputados señores Marinovic, don Miodrag (Presidente); Auth, don Pepe Edwards, don José Manuel; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del artículo único del proyecto, por tener incidencia en materia financiera y presupuestaria del Estado.
Puesto en votación el artículo único, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Santana, don Alejandro.
Se adjunta al presente certificado el informe financiero N° 138, de fecha 25 de noviembre de 2013, elaborado por la Dirección de Presupuestos.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión”.
Informe Financiero
Proyecto de ley que prorroga la cotización extraordinaria para el seguro social
contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y
modifica la Ley N° 19.578
Mensaje N° 320-361
I. Antecedentes.
El proyecto de ley que se presenta tiene por objetivo prorrogar la vigencia de la cotización extraordinaria del 0,05% del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo de la ley N° 16.744, establecida en el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578, a contar del mes de abril de 2014, para que el Fondo de Contingencia destinado a financiar mejoramientos extraordinarios de pensiones y otros beneficios pecuniarios extraordinarios alcance un monto similar al de los pasivos que está llamando a financiar, representados al valor actual de los mejoramientos extraordinarios de pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios.
Con el mismo objeto, se hace también conveniente modificar la exigencia de destinar recursos al Fondo de Contingencia hasta que se complete una suma equivalente al monto que resulte mayor entre el 100% del Gasto Ajustado de Pensiones del año anterior y el valor del Fondo de Contingencia al 31 de diciembre del año anterior, cambiando el parámetro Gasto Ajustado de Pensiones como referencia para determinar el límite del Fondo de Contingencia, por el Valor Actual de las Obligaciones por los Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados que deben financiar dicho Fondo. De esta forma, se asegura que la recaudación del 0,05% se destine íntegramente al Fondo de Contingencia hasta que el valor de este Fondo sea igual al valor actual de las obligaciones señaladas, monto que, por otra parte, debe ser determinado y revisado cada año por la Supeintendencia se Seguridad Social.
Por último, este proyecto propone aumentar el límite de respaldo de la Reserva de Pensiones desde el 40% al 100%, con el objetivo de que la totalidad de los recursos excedentarios del Fondo de Contingencia sean destinados a la compra de instrumentos financieros para respaldar el pago futuro de las pensiones por parte de las Mutualidades de Empleadores.
II. Efecto del proyecto sobre el Presupuestos Fiscal.
Los contenidos del presente proyecto de ley producirán mayores ingresos fiscales estimados en $ 1.114.315 miles para el primer año y $ 1.671.473 miles en régimen.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos?.
Informe de la Comisión Especial sobre Política Antártica Chilena
“Honorable Cámara:
La Comisión Especial sobre Política Antártica Chilena pasa a informar las conclusiones y propuestas emanadas del trabajo realizado en cumplimiento del mandato otorgado por esta Sala según acuerdo adoptado por esta Corporación en sesión celebrada el 5 de septiembre de 2012.
I. COMPETENCIA.
La Cámara de Diputados, conforme a los antecedentes y objetivos contenidos en el oficio Nº 10.357, acordó la creación de esta comisión especial en la sesión mencionada, como consecuencia de un proyecto de acuerdo impulsado por el diputado Miodrag Marinovic, quien con posterioridad fue elegido Presidente de la Comisión.
El texto del oficio es del siguiente tenor: “La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha y en virtud de lo dispuesto en el artículo 229 del reglamento de la Corporación, ha prestado su aprobación a la solicitud de 41 señores Diputados, para crear una Comisión Especial encargada de establecer políticas que favorezcan la soberanía territorial de Chile en el continente antártico, como asimismo fortalecer la presencia y desarrollo de instituciones nacionales en aquel y consolidar el 6 de noviembre como Día Nacional de la Antártica Chilena.
La Comisión Especial tendrá un plazo de 180 días para cumplir su cometido, y para tal efecto podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Lo que tengo, a honra comunicar a Ud., por orden del señor Presidente de la Cámara de Diputados y en cumplimiento del referido acuerdo.”
Al respecto, cabe hacer presente que por mandato constitucional a la Cámara de Diputados le corresponde legislar junto con el Senado y el Presidente de la República, fiscalizar los actos de Gobierno y representar a la ciudadanía, pero en ningún caso se le ha encomendado la tarea establecer políticas, cualquiera sea la naturaleza de éstas, razón por la cual los diputados integrantes de la Comisión orientaron sus esfuerzos a analizar la política antártica que realiza el Ejecutivo, en el entendido de que ello forma parte de sus facultades fiscalizadoras, y de acuerdo con ese análisis, proponer la adopción de medidas o políticas vinculadas con el trabajo desarrollado.
II. RELACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
La Comisión se integró por las señoras diputadas y los señores diputados que a continuación se indican:
Auth, don Pepe
Bauer, don Eugenio
Campos, don Cristián
De Urresti, don Alfonso
Edwards, don José Manuel
Goic, doña Carolina
Kort, don lssa
Lorenzini, don Pablo
Marinovic, don Miodrag
Meza, don Fernando
Moreira, don lván
Santana, don Alejandro, y
Silva, don Ernesto
El diputado señor Cerda reemplazó en forma permanente al diputado señor Lorenzini.
El diputado señor René Alinco asistió habitualmente a las sesiones de la Comisión.
La Comisión, en el cumplimiento de su mandato, celebró un total de 12 sesiones y en la primera de ellas eligió como Presidente al diputado señor Miodrag Marinovic.
La Sala de la Corporación, en ses1on celebrada el 12 de marzo de 2013, amplió el plazo de la Comisión para cumplir su cometido.
Asistieron como invitados el general Maximiliano Larraechea, Secretario General de la Fuerza Aérea de Chile; el embajador Camilo Sanhueza, encargado de la Dirección de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien concurrió acompañado de la subdirectora señora María Luisa Carvallo y del tercer secretario señor Javier Foxon; el general (r) Jaime Alarcón, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil; el capitán de navío Víctor Sepúlveda, jefe de la División de Asuntos Antárticos de la Armada de Chile; el señor Jaime Vásquez, presidente de la empresa de turismo Antártica XXI; la señora María Isabel Castillo, directora de aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas; el señor Homero Ponce, secretario general del Cuerpo de Socorro Andino; el señor José Retamales, director del Instituto Antártico Chileno; el señor Pablo Longueira, ministro de Economía; la señora Jacqueline Plass, subsecretaria de Turismo; el comandante Gonzalo Opazo, de la Fuerza Aérea de Chile, y el doctor Ricardo Jaña, investigador del Instituto Antártico Chileno, y el abogado Luís Valentín Ferrada, asesor de la dirección de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
III. RESUMEN DE PRESENTACIONES
El embajador Camilo Sanhueza, director de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, asistió en dos ocasiones a la Comisión. En la primera de ellas expuso en términos generales acerca de los principios y objetivos que orientan la Política Antártica de nuestro país, contenidos en el decreto supremo Nº 429, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de marzo de 2000, haciendo hincapié en cuatro objetivos principales: proteger y fortalecer los derechos antárticos de Chile con claros fundamentos geográficos, históricos y jurídicos; fortalecer y acrecentar la influencia de Chile en el Sistema del Tratado Antártico; participar efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico, y fortalecer la institucionalidad antártica nacional.
Asimismo, aclaró qué se entiende por Sistema del Tratado Antártico, los países que lo integran y las calidades en las que participan, haciendo ver que el nuestro es uno de los 7 países reclamantes de soberanía en dicho continente, de un total de 28 países que forman parte contratante del mencionado tratado. Dio especial énfasis a lo dispuesto en el artículo IV de dicha convención, en cuanto salvaguarda de nuestros derechos soberanos, por cuanto si bien establece una especie de congelamiento de las reclamaciones soberanas en el continente helado, no permite la aparición de nuevas reclamaciones soberanas. Hizo ver, además, que el régimen de administración de la Antártica es acordado por los países integrantes del Tratado.
En su segunda visita se refirió a la institucionalidad antártica de nuestro país, que involucra a diversos actores institucionales, algunos con competencia directa en la materia, como el Ministerio de relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Antártica y el Instituto Antártico Chileno, y el Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Defensa, del Estado Mayor Conjunto de los operadores antárticos (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de otros servicios dependientes de estos, como el SHOA, la DGAC y la Directemar, y el Ministerio de Hacienda. Indicó que el ente máximo de esta .institucionalidad es el Consejo de Política Antártica, responsable de formular la Política Antártica Nacional, cuya misión es determinar las bases políticas, científicas, económicas y jurídicas de la acción nacional en el territorio antártico chileno, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que según la legislación vigente es el encargado de la ejecución de dicha política.
En seguida se refirió a las actividades que desarrolla la Dirección de Antártica de la Cancillería, que él dirigía en ese momento y cuyo principal objetivo es coordinar y facilitar las actividades de los diversos actores nacionales en materia antártica. Al respecto mencionó que esta institución, creada en 2011, ha centrado sus esfuerzos en reactivar la institucionalidad antártica nacional, en reformular el presupuesto del Consejo de Política Antártica, en modernizar y actualizar la institucionalidad legal, en fortalecer la región de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica, en apoyar las visitas del Presidente de la República y otras autoridades nacionales y extranjeras a dicho territorio, en vincularse con los diversos organismos estatales con injerencia en materia antártica, en difundir la actividad antártica nacional, en participar en las principales reuniones del Sistema del Tratado Antártico, de manera que Chile esté representado en todos los foros de dicho sistema, por mencionar solo las principales actividades de esa dirección.
Finalmente, hizo mención a los principales objetivos del Plan Estratégico Antártico 2011-2014, que contiene las diversas acciones que el Gobierno se propuso realizar en el cuatrienio mencionado y que a su institución le corresponde coordinar, en la medida de sus posibilidades.
En su segunda visita el director de Antártica concurrió acompañado por el abogado Luís Valentín Ferrada, asesor de la Dirección de Antártica, quien expuso sobre el anteproyecto de Ley Antártica en el que se encuentran trabajando, cuyo objetivo principal es reunir la legislación que norma estas materias en nuestro país, que se encuentra muy dispersa, y compatibilizarla con los tratados internacionales firmados por Chile. Hizo especial énfasis en la voluntad de consultar a los señores parlamentarios en la elaboración de dicho anteproyecto y se comprometió, con la venia del señor Sanhueza, a enviarlo cuando lo tuvieran listo.
Indicó que la normativa antártica chilena es numerosa y se encuentra dispersa y, en ocasiones, contradictoria, por lo que, a fin de promover nuestros intereses permanentes en el territorio chileno antártico, se requiere sistematizar, actualizar y modernizar esa normativa. Agrego que, asimismo, se requiere establecer procedimientos expeditos para incorporar al ordenamiento jurídico interno e implementar las regulaciones acordadas en el Sistema del Tratado Antártico.
Más adelante sostuvo que el nuevo estatuto nacional antártico debe considerar la doble dimensión jurídica de la Antártica, pues, desde la perspectiva del derecho interno, el territorio chileno antártico está sujeto a la soberanía nacional y forma parte del territorio de Chile, pero desde la perspectiva del derecho internacional, Chile se ha comprometido, por el Tratado Antártico, a la co administración internacional de ese territorio, conforme el respectivo régimen internacional acordado.
Sostuvo que la nueva normativa antártica se concibe en 3 niveles: constitucional, a fin de dar al territorio chileno antártico el carácter requerido para establecer en él una forma de administración distinta al resto del país (por su dualidad nacional/internacional) y permitir al legislador la restricción de ciertos derechos y garantías constitucionales; legal, mediante un estatuto nacional antártico que actúe como ley marco en la que se sistematice y modernice la actual legislación antártica, además de implementar adecuadamente las normas del Sistema del Tratado Antártico, y reglamentario, mediante los reglamentos de implementación del estatuto nacional antártico, en especial en lo referido a la evaluación de impacto ambiental y a las autorizaciones de actividades turísticas y no gubernamentales.
En cuanto a la recopilación, sistematización y estudio de la legislación nacional, señaló que se han identificado aproximadamente 200 normas relacionadas con distintos aspectos de la Antártica, entre leyes, decretos ley, decretos con fuerza de ley y decretos supremos.
Respecto de normas internacionales vigentes en Chile relacionadas con la antártica, indicó que se han identificado 4 grupos de normas: tratados multilaterales que conforman el Sistema del Tratado Antártico; normativa vinculante adoptada en las reuniones consultivas del Tratado Antártico y reuniones de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, entre las que se cuentan recomendaciones, medidas, decisiones, resoluciones y medidas de conservación; tratados, acuerdos, y memorándum de entendimiento sobre cooperación antártica suscritos por Chile con diversos países miembros del Tratado Antártico y organizaciones internacionales, y tratados multilaterales aplicables a la Antártica pero que no forman parte del Sistema del Tratado Antártico.
Indicó que también se efectuó un estudio de la normativa antártica interna de otros países con intereses antárticos, la que en algunos casos se ha utilizado como referencia en la elaboración del proyecto de Ley Antártica.
Formalmente, el proyecto de ley que se propone será introducido como una modificación de la Ley Nº 11.846, de 1955, que en parte permanecerá vigente, pero se establecerá el nuevo estatuto nacional antártico como una actualización de su contenido.
Sobre la estructura de la Ley Antártica, informó que el proyecto considera diez títulos, más un capítulo derogación de normas obsoletas y otro con normas transitorias, cuyos contenidos son los siguientes:
Título Preliminar. Define el ámbito de aplicación de la ley, el Territorio Chileno Antártico y la forma de compatibilizar la soberanía antártica de Chile con el régimen de administración dual, nacional e internacional.
Título I. Principios, objetivos y definiciones. Resalta y reafirma los principios y valores inspiradores de la acción de Chile en la Antártica. Las definiciones establecen el significado jurídico de los conceptos empleados en la Ley.
Título II. lnstitucionalidad antártica. Moderniza la actual institucionalidad antártica, delimitando la función de cada institución y creando nuevas entidades con la finalidad de mejorar la coordinación entre los organismos con competencias antárticas.
Título III. Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico. Define la forma de administrar este territorio especial y crea la figura del Administrador del Territorio Chileno Antártico.
Título IV. Relación entre normas de origen nacional e internacional. Regula la forma de recepcionar en el ordenamiento jurídico nacional las normas que se generan en el Sistema del Tratado Antártico.
Título V. Ejercicio de la jurisdicción. Fija el modo de ejercer la jurisdicción chilena en la Antártica respecto a sus nacionales y a los extranjeros, abordando uno de los temas más debatidos a nivel internacional.
Título VI. Actividades permitidas y aprovechamiento de los recursos antárticos. Establece las actividades permitidas y prohibidas y crea un mecanismo de autorización para ellas.
Título VII. Protección y conservación del medio ambiente antártico. Fija los criterios para la protección y conservación del medio ambiente antártico, e implementa en la legislación nacional el Protocolo que regula estas materias.
Título VIII. Financiamiento de la actividad antártica y aspectos tributarios. Perfecciona la asignación de los recursos fiscales a las actividades antárticas del Estado, además de asegurar un adecuado financiamiento para la concreción de la Política Antártica Nacional.
Título IX. Fiscalización y sanciones. Establece los mecanismos de fiscalización de la normativa antártica, así como las sanciones penales, civiles y administrativas que procedan en caso de incumplimiento de las mismas.
Finalmente, un capítulo sobre derogación de normas antárticas obsoletas y otro sobre normas transitorias.
Indicó que espera que el proyecto ingrese a tramitación lo antes posible y que esta sea lo más expedita posible, porque se requiere con urgencia para mejorar la operación, el modo de funcionamiento de las distintas instituciones involucradas, así como delimitar las facultades y competencia de cada una de las autoridades y cumplir mejor nuestros compromisos internacionales en este ámbito.
En estos momentos el anteproyecto se encuentra en fase de sociabilización para recibir los comentarios de los diversos actores y enviarlo lo antes posible al Congreso Nacional.
Consultado por el Presidente de la Comisión, diputado Miodrag Marinovic, sobre si el anteproyecto considera los incentivos tributarios, respondió que existe un sistema de exención tributaria para las actividades antárticas, no total, pero sí importante. Por ello, en esta materia, si bien la Ley Antártica será una ley de excepción, no busca solucionar los temas tributarios, sino donde corresponde, que es en el Código Tributario. Lo mismo ocurre con otras materias, como el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. Ello, porque si bien esas normas pueden ser perfeccionadas, hasta ahora han funcionado suficientemente bien. Además, no quieren replicar el problema de dispersión normativa que existe en materia antártica a otras áreas, como sería la tributaria, en este caso.
Al mismo tiempo, hay actividades de riesgo, como el turismo antártico, y es de riesgo no solo por los problemas medioambientales que puede generar, sino porque año a año se producen accidentes navieros, yates que se hunden, etcétera, por lo que, para poder afrontar adecuadamente, tal como ocurre en otros países, quiere crear un fondo para responder a esas contingencias. Entonces, si bien no se quiere ser especialmente gravosos con quienes desarrollan actividades en la Antártica, se considera que estos agentes constructores de riesgo deberían ayudar a financiar este fondo destinado a paliarlo, porque son negocios tremendamente rentables, como ocurre con el turismo y la pesca en esa zona.
Es un punto a discutir, en el que hay que pensar, considerando que a Chile le conviene mantener incentivos para ser puerta de entrada al continente antártico, pero se deben equilibrar los intereses privados con los nacionales y, como autoridades, corresponde anteponer estos a aquellos. En consecuencia, hasta ahora no se ha considerado una exención total de impuestos.
El general Maximiliano Larraechea, secretario general de la Fuerza Aérea de Chile, asistió en dos ocasiones a la Comisión para tratar con sus integrantes los aspectos operativos relacionados con la histórica sesión oficial que se realizó el martes 26 de marzo de 2013 en la base Eduardo Frei Montalva, en el territorio antártico nacional, y ofreció toda la colaboración de su institución para estos efectos.
El general (r) Jaime Alarcón, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se refirió al estado y equipamiento del aeródromo de la base Teniente Marsh, y respondió las consultas que le hicieron los señores parlamentarios al respecto, dado los inconvenientes que presenta para que puedan operar los diversos aviones que sirven la ruta. Se le hizo ver que en la temporada actual sólo los aviones Hércules C-130 habían operado con regularidad en la ruta Punta Arenas - Aeródromo Teniente Marsh, dado la falta de mantención adecuada a la pista y del equipamiento necesario para realizar acercamientos y aterrizajes con instrumentos cuando las condiciones meteorológicas lo exigen. El general Alarcón respondió que hay una serie de proyectos de infraestructura destinados a mejorar la operatividad de dicho aeródromo, como nuevos edificios, implementación de equipos que permitan aterrizar o acercarse con instrumentos y ampliación de la pista para estos efectos. Agregó que el problema de la falta de regularidad de los vuelos comerciales de las empresas privadas que sirven la ruta se debe a que no cuentan con el material de vuelo adecuado para aterrizar en una pista que no está cubierta por nieve, sino por hielo, como los Hércules C-130 que ocupa la FACH, que pueden aterrizar en una pista congelada gracias a que pueden frenar con sus turbinas, lo que no pueden hacer otros aviones, como los BAE, que también se ocupan para cubrir esa ruta.
El capitán Víctor Sepúlveda, jefe de la División de Asuntos Antárticos de la Armada de Chile, se refirió al rol y las funciones que cumple dicha institución en el territorio antártico nacional en apoyo a las distintas instituciones nacionales que operan en ese continente. Recalcó la vital misión que le cabe a esa institución llevando pertrechos a las diversas bases y en las labores de vigilancia y rescate que realiza en las aguas australes, que benefician a toda la comunidad internacional presente en esas latitudes. Asimismo, dio cuenta de la labor de protección del medioambiente antártico que realiza la Armada en el cumplimiento de su labor de retirar del continente helado todos los desechos que genera nuestra presencia en esos territorios. Finalmente, se refirió a los proyectos más importantes que tiene su institución en este ámbito. Hizo especial hincapié en la necesidad de reemplazar a la brevedad el rompehielos Viel, embarcación que se encuentra pronta a cumplir su vida útil.
El señor Jaime Vásquez, presidente de la empresa de turismo Antártica XXI, única empresa de capitales nacionales que se dedica al turismo antártico, expuso sobre los inconvenientes que han debido enfrentar para realizar sus operaciones en el aeródromo de la base Teniente Marsh, cuya pista no está en condiciones de recibir a los aviones con los que habitualmente operan. Asimismo, expuso la necesidad de dotar a dicha base de mejor equipamiento para mantener su pista siempre en condiciones de recibir los vuelos de los aviones que utiliza Aerovías DAP, línea aérea comercial que cubre regularmente la ruta con aviones BAE. Estimó los costos de dicho equipamiento adicional en aproximadamente 900 millones de pesos.
La señora María Isabel Castillo, directora de aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, quien concurrió en reemplazo de la ministra de dicha cartera, señora Loreto Silva, se refirió a las obras de mejora que considera el llamado Plan Maestro de Aeropuertos para el aeródromo de la base Teniente Marsh. En tal sentido, preciso que está presupuestado ampliar la longitud de la pista con el fin de dotarla de una franja de seguridad al comienzo y al final de la misma. También está previsto ampliar el ancho de la pista, con la intención de ajustarla a la norma OACI.
Asimismo se considera construir una losa para estacionar hasta dos aeronaves tipo Hércules C-130 y, aledaños a dicha losa, dos edificios: uno de servicio y otro de carácter logístico, con el propósito de reemplazar las instalaciones que resultaron dañadas por un incendio que se produjo en el lugar. Además, pretenden proveer al aeródromo de un edificio de atención de pasajeros que entregue un estándar de confort y seguridad adecuados para los pasajeros que arriban al lugar.
La señora Castillo informó que el proyecto se encuentra en etapa de evaluación ambiental y, a modo de conclusiones, indicó que considera un mejoramiento integral que permitirá un ordenamiento general del aeródromo, junto con una eficiente operación desde el punto de vista ambiental y económico. En cuanto a su materialización, indicó que ésta se desarrollará por etapas.
Sobre los impactos identificados, indicó que tienen claras posibilidades de ser manejados adecuadamente mediante medidas de mitigación, seguimiento y control ambiental, y que el proyecto no prevé generar impactos de tipo acumulativos, está en conformidad a lo señalado en el Anexo 1, artículo 2, del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.
El señor Homero Ponce, secretario del Cuerpo de Socorro Andino, se refirió a las actividades que desarrolla esa institución en el territorio antártico y puso especial énfasis en la necesidad de regular que quienes realicen acciones de salvamento y guía de expediciones turísticas en esos lugares cuenten con la capacitación necesaria.
El señor José Retamales, director del Instituto Antártico Chileno, se refirió a las actividades que realiza la institución que dirige y dio cuenta de los foros y organizaciones internacionales del Sistema del Tratado Antártico en que dicha institución representa a nuestro país, entre ellos, la reunión Consultiva del Tratado Antártico, el Council of Managers of National Antartic Programs y el Scientific Commitee on Antartic Research.
El señor Retamales puso especial interés en referirse a los proyectos de investigación científica que desarrollan actores nacionales en el territorio antártico, en particular las universidades, y al incremento que se ha producido tanto en los recursos que se destinan al efecto como en el número de proyectos que se desarrollan, que en el último año llegaron a 64, lo que nos sitúa entre los países que están en la vanguardia en esta materia, habida consideración del tamaño relativo de las economías de los países con los que nos compara. En tal sentido, destacó los programas de investigación sobre calentamiento global y su influencia en los niveles de los océanos, que podrían subir hasta un metro y medio como consecuencia de los deshielos en la Antártica, lo que provocaría la inundación de vastas zonas costeras en todo el mundo. Asimismo, se refirió a los alarmantes aumentos en la presencia de C02 en la atmósfera.
También mencionó la intención del lnach de operar una base que se encuentre más al sur dentro continente antártico, para lo cual mencionó la posibilidad de hacerse cargo de la base Carvajal, ubicada en la isla Adelaida, lo que se financiaría con fondos de su presupuesto, que ya alcanza a cinco millones de dólares.
Finalmente, se refirió a los desafíos que enfrenta nuestra política antártica, entre los que mencionó la eventual necesidad de cambiar el enfoque con el cual nuestro país ha enfrentado tradicionalmente esta materia. Agregó el interés por consolidar a Punta Arenas como puerta de entrada al continente antártico, gracias a su conexión aérea con la isla Rey Jorge. Mencionó que para ello se necesitan políticas públicas similares a las que se han aplicado en ciudades de otros países, como Hobart, en Australia; Chrischurch, en Nueva Zelanda, y Ushuaia, en Argentina, que duplican y hasta triplican la contribución que se hace en Punta Arenas a las actividades antárticas. Señaló que, no obstante su ubicación e infraestructura, Punta Arenas es la ciudad menos beneficiada por su cercanía geográfica con la.Antártica, desde el punto de vista económico. Agregó que el desafío es incorporar dicha ciudad a ese continente, al igual que a Puerto Williams, a fin de que quienes las visitan se sienta cerca del continente helado y pueda conocerlo incluso sin visitarlo, para lo cual se requiere apoyar una estrategia cultural de desarrollo antártico.
El ministro Pablo Longueira sostuvo que uno de los mayores desafíos que se ha planteado el Gobierno es posicionar al turismo como el tercer sector más importante de la economía nacional, lo que plantea una serie de tareas y objetivos que se deben desarrollar, en especial diseñar políticas públicas útiles al efecto. De allí que considere de la mayor importancia trabajar en conjunto con la Comisión de Política Antártica en estas temáticas, cuya creación declaró celebrar.
En ese contexto, informó que se ha realizado un trabajo con visión de Estado que nos permiten contar a la fecha con 15 programas regionales y una estrategia nacional de desarrollo turístico.
Agregó que a los ámbitos de desarrollo turístico que ya se están explotando se debe agregar dos nichos nuevos de turismo receptivo que son de la mayor importancia, para aprovechar nuestras ventajas comparativas. Se trata del turismo astronómico y del turismo antártico. Expresó que el segundo de ellos es de especial importancia, puesto que se trata de un turismo selectivo que se planifica con bastante antelación y que genera cuantiosos recursos, por los altos costos que involucra para los usuarios. Sin embargo, destacó que nos encontramos muy rezagados respecto de lo que en este mismo ámbito están haciendo otros países de proyección antártica, como Argentina, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica.
En ese contexto, señaló que se ha hecho un gran rediseño de los programas de promoción de la imagen de nuestro país en el exterior, con miras a transformar a Chile en la puerta de entrada del turismo antártico.
El propósito es aprovechar mejor nuestras ventajas comparativas, como la cercanía con la Antártica, que en algunos casos es un tercio de la distancia que separa a esos países del continente helado. Para ello propone una cooperación público-privada que permita a estos iniciar los emprendimientos necesarios al efecto, en tanto que es Estado debería generar las facilidades e inventivos que motiven a los empresarios a hacer esas inversiones. Una de esas facilidades tiene que ver con mejorar las condiciones de utilización de la pista de la base Teniente Marsh, que es otra de nuestras grandes ventajas comparativas, para su utilización por las aerolíneas privadas
Hizo presente que comparativamente en el sector turismo se encuentra el mayor porcentaje de las pymes y que, en términos de empleo, el 50 por ciento de los puestos de trabajo que generan esa empresas son ocupados por mujeres y el 30 por ciento por jóvenes, que son dos de los sectores que presentan más problemas de empleabilidad.
Finalizó expresando su deseo de que la creación de esta Comisión no se quede en lo anecdótico de una visita al continente antártico, sino que sirva de inicio para un mayor involucramiento de la Cámara de Diputados en el desarrollo de políticas de Estado que reafirmen nuestra presencia en esas latitudes, en especial para permitir un cambio en la mirada con la que nuestro país ha enfrentado estas materias, de manera que además de en vez de centrarnos solo en los temas relativos a la soberanía, agreguemos más interés por el desarrollo de las actividades productivas, como el turismo.
La subsecretaria JACQUELINE PLASS manifestó el desarrollo del turismo antártico es un asunto en el que vienen trabajando desde hace dos años, pero que ha resultado frustrante, por constatar que nos hemos ido quedando bastante rezagados frente a lo que han realizado otros países. Según las cifras que entregó, de los 35 mil turistas que visitaron la Antártica la última temporada, solo el 1O por ciento lo hizo a través de Chile. Agregó que es tal la ventaja que nos han sacado, que nos llevará un par de años volver a ser competitivos, pues se requiere invertir en infraestructura, especialmente en la construcción de un muelle en Puerto Williams.
Señaló que, en consecuencia, por ahora había que focalizarse en el puente aéreo entre Punta Arenas y la base teniente Marsh, que es lo que nos permite seguir siendo competitivos, dado que hay muchos turistas que prefieren evitar atravesar el Mar de Drake por vía marítima y la alternativa avión más crucero, que ofrecen algunos operadores turísticos nacionales reduce a un par de horas esa travesía, que por vía marítima demora un día entero desde Ushuaia, y hay un precio similar.
También se refirió a la necesidad de realizar algunos cambios institucionales, como incluir al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en el Consejo de Política Antártica y al de Medio Ambiente, así como a la Subsecretaría de Turismo y a la de Medio Ambiente. En tal sentido, en conjunto con el ministro de Economía, se comprometió a preparar y enviar un proyecto e ley, que proponen copatrocinar con los diputados de la Comisión, para introducir los cambios legislativos necesarios que se requieran para esta y otras materias vinculadas con el tema antártico.
En materia de inversiones urgentes, indicó la necesidad de implementar en el aeródromo Teniente Marsh un sistema de aterrizaje con instrumentos compatible con la navegación civil, porque los equipos actualmente existentes en el lugar solo pueden apoyar a las aeronaves militares. Asimismo, enfatizó la necesidad de dotar a dicho aeródromo de la maquinaria necesaria para mantener operativa su pista en condiciones meteorológicas extremas, como las que se dan en el lugar; habilitar un paso peatonal para que los pasajeros se desplacen con seguridad entre la plataforma Charlie y la base y dotar el lugar de infraestructura pública para atender a los visitantes en esas condiciones extremas que mencionó.
Otros propósitos que mencionó tienen que ver con fortalecer nuestra competitividad, desarrollando nuevos destinos y productos turísticos, y con crear una identidad chilena antártica. En este sentido mencionó su deseo de que se materialice la construcción de un centro antártico en Puerto Williams, proyecto que está en etapa de conseguir los recursos del FNDR para la elaboración de planos y otros detalles menores, que suponen un costo cercano a los 200 millones de pesos.
Asimismo, dentro de los que serían los productos turísticos nuevos, se refirió a la posibilidad de crear un circuito por las bases que nuestro país mantiene en el continente antártico, para lo cual habría que dotarlas de los elementos necesarios para recibir visitantes.
Finalmente se refirió al objetivo de transformar a Magallanes de puerta de entrada al continente helado, materia respecto de la cual no debiera suscitarse una competencia entre Punta Arenas y Puerto Williams, pues la primera de estas ciudades debiera servir de puerta para el transporte aéreo, en tanto que la segunda debiera ser la puerta para el transporte marítimo, para lo cual, además de la construcción del muelle propuso la habilitación de una marina que albergue y preste servicios a los yates que cruzan el Cabo de Hornos, lo que le permitiría competir en igualdad de condiciones con Ushuaia.
El comandante Gonzalo Opazo, de la Fuerza Aérea de Chile, quien se encuentra a cargo de las operaciones de esa rama castrense en la base Teniente Marsh, expuso acerca de la presencia histórica de la FACH en esas latitudes y sobre las actividades que actualmente realizan, haciendo especial hincapié en las labores de abastecimiento al resto de las bases antárticas, de conectividad con el continente americano y las de orden sanitarias, en caso de emergencias médicas.
El doctor Ricardo Jaña, del Instituto Antártico Chileno, se refirió a las investigaciones científicas que realiza en la Antártica dicho instituto, directamente o a través de la entrega de recursos concursables gestionados la misma. Puso énfasis en las investigaciones en el campo de la paleontología, la biología y la climatología, relevando los descubrimientos que se han realizado en materia de flora y fauna antártica y sus aplicaciones en diversos campos, como la medicina, y la influencia que ejerce el continente antártico en el clima mundial y cómo está determinando las transformaciones meteorológicas y climatológicas en todo el planeta en términos que a veces resultan alarmantes.
IV. CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN
No hay.
V. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN
Antecedentes
La Comisión se constituyó para dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la Sala en sesión celebrada el 5 de septiembre de 2012, en orden a establecer políticas que favorezcan nuestra presencia territorial en el continente antártico, la presencia y desarrollo de instituciones nacionales en dicho territorio y consolidar el 6 de noviembre como Día Nacional de la Antártica Chilena.
Al respecto, como se dijo al comienzo de este informe, cabe mencionar que por mandato constitucional a la Cámara de Diputados le corresponde legislar junto con el Senado y el Presidente de la República, fiscalizar los actos de Gobierno y representar a la ciudadanía, pero en ningún caso se le ha encomendado la tarea establecer políticas, cualquiera sea la naturaleza de éstas, razón por la cual, más que establecer políticas del tipo que menciona el mandato, los diputados integrantes de la Comisión decidimos orientar nuestros esfuerzos a analizar la política antártica que desarrolla el Gobierno, en el entendido de que ello forma parte de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, y, de acuerdo con ese análisis, proponer la adopción de ciertas medidas o políticas a las autoridades competentes. Además, decidimos presentar una moción que eleva a rango legal el establecimiento del 6 de noviembre como Día Nacional de la Antártica Chilena, ya ingresado a tramitación, fecha que recuerda la promulgación, en 1940, del decreto supremo Nº 1747, que estableció los límites del territorio chileno antártico, durante el gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda.
Hechas estas prevenciones, podemos señalar que el trabajo de la Comisión, las intervenciones de los invitados y los documentos recibidos, permiten arribar a una serie de conclusiones y proposiciones relacionadas con las materias contenidas en el mandato, las cuales agruparemos en dos áreas: a) políticas que favorezcan la soberanía nacional en el continente antártico y que fortalezcan la presencia y desarrollo de instituciones nacionales en aquel, y b) consolidación del 6 de noviembre como Día Nacional de la Antártica Chilena.
A) POLÍTICAS QUE FAVOREZCAN LA SOBERANÍA NACIONAL EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO Y QUE FORTALEZCAN LA PRESENCIA Y DESARROLLO DE INSTITUCIONES NACIONALES EN AQUEL
Cabe hacer presente que la política antártica de nuestro país se encuentra establecida en el decreto supremo Nº 429, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de marzo de 2000, en el cual se identifican las prioridades, se señalan los principios y se indican los horizontes hacia los cuales debe encaminarse la acción del país en el continente antártico.
De acuerdo con dicho texto normativo, los objetivos de nuestra política antártica son los siguientes:
1.- Proteger y fortalecer los derechos antárticos de Chile con claros fundamentos geográficos, históricos y jurídicos;
2.- Fortalecer y acrecentar la influencia de Chile en el Sistema del Tratado Antártico;
3.- Participar efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico; nacional;
4.- Fortalecer la institucionalidad antártica 5.- Preservar el territorio antártico como zona de paz destinada a las actividades científicas y como reserva natural;
6.- Cooperación Internacional;
7.- Promover las facilidades en Chile continental como país puente a la Antártica, fortaleciendo la participación de la región de Magallanes y Antártica Chilena;
8.- Orientar la ciencia nacional antártica hacia las grandes tendencias mundiales;
9.- Conservar de los recursos marinos y la pesca austral;
10.- Promocionar el turismo controlado, y
11.- Planeamiento territorial.
El desarrollo de estos objetivos da origen al Plan Estratégico Antártico cuatrienal, que fija el Consejo Antártico, el que, a su vez, se concreta en el llamado “Programa Antártico”.
Al respecto, es necesario recordar que nuestro país, al igual que otros, mantiene reclamaciones de soberanía sobre una porción del territorio antártico y que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo IV del Tratado Antártico, esas reclamaciones se encuentran suspendidas o congeladas. En consecuencia, lo que se intenta es realizar acciones que refuercen esas reclamaciones soberanas, no actos de soberanía.
La política antártica nacional, contenida en el decreto supremo ya mencionado, en las materias vinculadas con el mandato de la Sala, establece la necesidad de conservar y afianzar nuestros derechos en el marco del Tratado Antártico, a través de su fiel cumplimiento. Según la Cancillería, este es un objetivo permanente que sirve de puente entre los enfoques de las décadas pasadas y lo que viene en el escenario de los próximos años.
Más adelante, el decreto agrega que el fortalecimiento de nuestra posición e influencia en el Sistema del Tratado Antártico, a través de su fiel cumplimiento, contribuye a la preservación y valorización de nuestros derechos, puesto que dicho instrumento no solo protege la posición jurídica de los Estados con derechos de reclamaciones territoriales, sino que impide que se materialicen nuevas reclamaciones o se amplíen las ya existentes. Sin embargo, se plantean desafíos muy importantes en el ejercicio de la jurisdicción y competencia en materia de protección ambiental y responsabilidad por daño al medio ambiente, consustanciales al ejercicio de la soberanía. Este objetivo también plantea el riesgo que proviene de la dificultad de dar cumplimiento a las obligaciones de la Convención sobre Derecho del Mar en cuanto a proporcionar cartografía sobre los límites marítimos, incluida la delimitación de la plataforma continental, pues más allá de las dificultades técnicas que concita su cumplimiento, también plantea dificultades entre países reclamantes de soberanía con los que no reconocen soberanía en el continente helado, dado que son germen de conflictos potenciales entre los países suscriptores del Tratado Antártico y con otros miembros de la comunidad internacional.
Luego, el decreto que contiene la Política Antártica plantea como objetivo nuestra participación efectiva en el Sistema del Tratado Antártico, donde se adoptan decisiones en base al consenso. Hace presente que el régimen internacional antártico no es un co-dominio, sino un co-imperio y que, en la medida en que ese régimen genera formas de control para efectos de protección ambiental o para garantizar la cooperación en investigación científica, otorga al país un papel que va más allá de su calidad de reclamante o poseedor de derechos soberanos. En este sentido, la Comisión comparte que estas competencias no pueden ser delegadas a otros esquemas o instituciones internacionales, ni siquiera al Sistema de Naciones Unidas a través del Consejo de Administración Fiduciaria, como han planteado algunos países.
El Sistema Antártico no puede seguir internacionalizándose, pues dicho proceso atentaría contra nuestra posición jurídica y limitaría las posibilidades que tenemos como país para orientar constructivamente dicho sistema. Por tal motivo, se platea la necesidad de maximizar la aplicación de los mecanismos de consenso para garantizar a nuestro país la preservación de sus posiciones jurídicas y el deber de buscar el permanente fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico.
En seguida, respecto de la necesidad de fortalecer la institucionalidad antártica nacional, la Política Antártica Nacional plantea como objetivo, la necesidad de fortalecer el Consejo de Política Antártica como ente planificador y coordinador de las acciones que los actores nacionales desarrollan en la Antártica, unificándolas y concertándolas en un Programa Antártico Nacional.
En esta materia la Comisión hace presente su v1s1on crítica en cuanto a la eficiencia del modelo institucional implementado por nuestro país, puesto que ha privilegiado la presencia institucional de los operadores antárticos por sobre una presencia nacional. Ello se expresa, entre otras cosas, en falta de coordinación entre los actores institucionales, en ineficiencias presupuestarias administrativas. Asimismo, considera necesario establece un órgano centralizador de la actividad antártica nacional que sea más ejecutivo y tenga capacidades resolutivas respecto del conjunto de los operadores nacionales.
En el ámbito del Presupuesto, se ha plantado como objetivo de la Política Antártica al necesidad de definir un marco presupuestario que permita cumplir los objetivos de la Política Antártica Nacional, hacer realidad el Programa Antártico Nacional y adecuarse al nuevo escenario instaurado por la entrada en vigor del Protocolo Antártico, objetivos que la Comisión comparte y apoya.
Posteriormente, el • decreto supremo en comento platea como objetivo la promoción de las facilidades que Chile ofrece como país puente a la Antártica, con especial énfasis en el rol que en este ámbito debe cumplir la región de Magallanes, conforme a las competencias que le otorga la legislación nacional. Estas materias están regidas por el Estatuto del Territorio Chileno Antártico, contenido en el DFL Nº 298, de 1956, y por normas de Derecho Internacional, con las cuales debe armonizar. Hace hincapié en la necesidad de desarrollar la infraestructura de Punta Arenas para transformar dicha ciudad en un centro internacional de actividades antárticas, útil y eficiente, que otorgue facilidades, servicios y espacios para científicos, turistas y visitantes.
La Política Nacional agrega la necesidad de estudiar fórmulas que permitan a operadores privados transferir recursos a entidades sin fines de lucro que actúen en materias ambientales, de protección de la vida silvestre, el patrimonio natural, etcétera, a fin de abordar materias como la concesión de terrenos, la construcción de infraestructura ambientalmente sostenible para la investigación científica y el turismo. Asimismo, señala la necesidad de promover la realización en Punta Arenas de reuniones internacionales de los diversos organismos que actúan en materia antártica y otras ciudades nacionales que sirvan como puente a la Antártica, como es el caso de Puerto Williams.
Finalmente, aunque escapa un poco del ámbito del mandato, la Comisión agrega a su análisis el objetivo contenido en la Política Antártica Nacional referido a la promoción del turismo controlado, pues consideramos necesario fortalecer la participación de nuestro país en dicho mercado, donde otros países nos han sacado mucha ventaja. Asimismo, la Comisión señala como un imperativo la necesidad de realizar acciones de penetración profunda en el continente antártico, entre las cuales resalta la de establecer una base permanente de nuestro país en la zona continental de la Antártica, en las planicies interiores, dentro del círculo polar, y en las costas menos exploradas del Territorio Chileno Antártico. En este sentido, consideramos un avance el establecimiento de una base en el Glaciar Unión, pero esperamos pueda ser permanente.
Políticas y medidas concretas y que la comisión propone adoptar
Hecho el análisis de los objetivos de la Política Antártica Nacional relacionados con nuestro mandato, y habida consideración de los demás antecedentes reunidos y analizados en el transcurso de nuestro trabajo, la Comisión propone la adopción de las siguientes políticas y medidas:
1.- Consolidar Magallanes como puerta de entrada al territorio antártico
Por su ubicación geográfica, la región de Magallanes debe consolidarse como puerta de entrada al continente antártico. Su cercanía a ese territorio, que incluso forma parte de la misma Duodécima Región, según nuestra división político administrativa, así como su infraestructura, entregan condiciones estratégicas inigualables para transformarse en el principal punto de acceso al continente helado. No obstante, otros países nos han sacado ventaja considerable en esta materia, producto de que, impulsados por una real voluntad de hacer soberanía, los gobiernos respectivos han apoyado con fuerza su política antártica, lo que se ha transformado en la aprobación de proyectos potentes y en la inversión de recursos cuantiosos, muy superiores a los que destina nuestro país al mismo efecto.
No desconocemos los aportes hechos por el Gobierno y el especial interés mostrado por el Presidente de la República en esta materia, pero resultan insuficientes para mantenernos a la par de los esfuerzos que realizan otras naciones en este campo. Incluso en estudios comparativos hechos a partir de las potencialidades relativas de los países, esto es, no comparando inversiones peso a peso, sino que ponderando dichas inversiones según factores que consideran las capacidades relativas de cada país, los rankings nos ubican en lugares secundarios. Asimismo, en el gráfico denominado Panorama General de Ciudades Antárticas, incluido en la exposición que realizó el doctor José Retamales ante la Comisión, cuyo texto se adjunta como anexo de este informe, se observa, también a título comparativo, que durante el año pasado, mientras las autoridades antárticas neozelandesas contribuyeron con 85 millones de dólares a la ciudad de Christchurch, las australianas con 82 millones de dólares a la ciudad de Hobart y las argentinas con 38 millones de dólares a la ciudad de Ushuaia, Punta Arenas recibió solo 25 millones de dólares de las autoridades antárticas chilenas.
Ello hace que poco a poco provincias de otros países de proyección antártica vayan tomando ventaja en este objetivo de posicionarse como puerta de entrada al continente antártico. El caso de Ushuaia, en la República Argentina, es paradigmático, pero debemos tomarlo como una alerta, pues las cuantiosas inversiones realizadas por el vecino país en esa ciudad la han transformado en punto de partida obligado de todos los cruceros que trasladan turistas hasta el continente blanco, con lo cual el puerto de Punta Arenas, que se encuentra a un día más de navegac1on de la Antártica, perdió competitividad para atraer ese movimiento de pasajeros y el servicio respectivo a las naves, lo que significan una cantidad de divisas cuantiosas que ahora ingresan a las arcas argentinas. En esta materia, debe tenerse presente que Puerto Williams tiene una ubicación geográfica de privilegio, pero no cuenta con la infraestructura necesaria para competir con posibilidades reales de éxito con Ushuaia, ya que no cuenta con un puerto adecuado -en los hecho solo la Armada cuenta con instalaciones portuarias en el lugar- y su aeródromo no cuenta con las capacidades para recibir aviones de mediana envergadura
Pero no todo es inversión de recursos económicos, resulta casi increíble que en ciudades como Hobart, en Australia, o Christchurch, en Nueva Zelanda, ubicadas aproximadamente a 3000 y 4000 kilómetros, respectivamente, del continente antártico, sea posible vivir una experiencia antártica mucho más profunda que la que se puede sentir en cualquier ciudad de la región de Magallanes, cuya capital, Punta Arenas, se encuentra a solo 900 kilómetros del continente mencionado. Ello se debe a una política de desarrollo de la cultura antártica que ha sido inteligentemente potenciada por los gobiernos locales y fuertemente apoyada por los gobiernos centrales de los respectivos países. No se observa igual determinación en las autoridades nacionales. De hecho, la ciudad de Punta Arenas está más orientada a brindar a los turistas que la visitan una experiencia patagónica que una experiencia antártica. Lo mismo se observa en Puerto Williams, no obstante ser la capital de la provincia Antártica.
En ese contexto, la Comisión especial de Política Antártica acordó, por unanimidad, presentar un proyecto de ley que eleva a rango legal el establecimiento del 6 de noviembre como Día de la Antártica Chilena. Si bien la presentación de esta moción es un acto más bien testimonial, pretende motivar el emprendimiento de una serie de acciones culturales y educacionales que lleven a desarrollar un espíritu de pertenencia antártica en toda la comunidad nacional, especialmente entre la gente de Magallanes. Esperamos que el Ejecutivo se sume a la iniciativa y le incorpore otros elementos, mediante indicaciones propias de su iniciativa, que la perfeccionen y transformen en una herramienta efectiva de desarrollo de cultura antártica en el país.
Camino de Penetración hasta el Canal Beagle
Asimismo, la Comisión considera que una obra de infraestructura trascendente, para conectar a la provincia Antártica con el resto de la región y que permitirá consolidar a Puerto Williams como puerta de entrada a la Antártica, es el camino al sur de Tierra del Fuego, para llegar a la bahía Yendegaia. Estimamos de vital importancia que se avance lo más rápido posible en esta obra que ejecuta el Cuerpo Militar del Trabajo, pues permitirá la conectividad a través del Canal Beagle, para llegar a Puerto Williams, que debiera contar con el puerto y el aeropuerto más austral del mundo y los más cercanos a la Antártica.
2.- Mejorar la lnstitucionalidad Antártica
Tal como informaron los representantes de la Dirección de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la política antártica de nuestro país es coordinada por la Cancillería, pero desarrollada por diversos operadores. No obstante, como pudo constatar la Comisión, lo que se advierte en los hechos es una presencia institucional de dichos operadores, no una presencia nacional.
En el mismo sentido, consideramos que el Consejo Antártico no funciona adecuadamente, pues la presencia en él de varios ministros impide un trabajo más continuo, dada la escases de tiempo de esas altas autoridades para dedicar la atención que requiere esta materia. Se necesita un ente central más ejecutivo que coordine la actividad de los operadores nacionales que cuente con capacidad resolutiva y competencias presupuestarias, dado que, como se pudo advertir, la Dirección Antártica de la Cancillería no cuenta con los medios ni la autoridad suficiente para coordinar y supervisar adecuadamente el trabajo que realizan las demás instituciones públicas en materia antártica. Tal como dijo su director en ese momento, hacen lo que pueden con los medios con que cuentan.
En consecuencia, estimamos que debe estudiarse el modelo institucional antártico de nuestro país y buscar uno que facilite la coordinación entre los distintos operadores y mejore la eficiencia presupuestaria, para que, en definitiva, prime la presencia nacional por sobre la institucional.
Del mismo modo, se deben hacer esfuerzos por mejorar la presencia de servicios públicos en el territorio antártico.
Desde esta perspectiva, la Comisión respalda la idea de que se presente prontamente a tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de Ley Antártica que agrupe la legislación vigente en esta materia, actualmente dispersa en diversos cuerpos normativos, y que establezca una nueva institucionalidad en esta materia, de las características mencionadas, esto es, más ejecutiva, coordinadora y con capacidad resolutiva.
3.- Fortalecer la Infraestructura
La visita realizada por los integrantes de la Comisión a la base Eduardo Frei Montalva, así como los antecedentes recopilados, evidencian la necesidad de realizar una serie de inversiones en infraestructura que permitan afianzar la presencia nacional en esas latitudes. Nuestro país cuenta con numerosas bases antárticas, todas ellas equipadas para permitir la adecuada realización de las actividades institucionales de los operadores que las tienen a su cargo, pero en varios aspectos se notan precariedades que deben ser subsanadas para permitir un óptimo funcionamiento, así como para acometer otros desafíos, imposibles de intentar si no se cuenta con los medios necesarios al efecto.
3.1.- Reemplazo del rompehielos Viel
La labor de transporte marítimo que realiza la Armada de Chile resulta fundamental para el abastecimiento de las bases nacionales y para el resto de la comunidad antártica, y es cumplida satisfactoriamente con el rompehielos Viel, que tiene la connotación de Buque Antártico Nacional, pues sirve a toda la comunidad antártica nacional, no solo a la Armada. No obstante, esta embarcación está pronta a cumplir su vida útil, pues en 2015 deberá darse de baja, pues los expertos estiman que ya no es posible segur alargando su vida útil, por lo que se hace indispensable su reemplazo con una nave más moderna que cumpla adecuadamente no sólo con los requerimientos de la Armada, sino también con los de los demás operadores antárticos nacionales, especialmente las actividades científicas que desarrolla el lnach.
La satisfacción de esta necesidad es de la mayor urgencia, dada la proximidad de la fecha límite de vida útil (FLVU) de la nave, y en atención a que el procedimiento para adquirir otra embarcación capaz de operar en esas aguas, sea nueva o usada, toma mucho tiempo. Los costos asociados a esta operación superan los 200 millones de dólares, según los presupuestos con que cuenta la Armada para adquirir una nave usada.
Su excelencia el Presidente de la República ya ordenó iniciar los estudios conducentes a concretar el reemplazo de dicha embarcación y, según lo informado por la Armada, la matriz de decisión presentaba un avance del 60 por ciento al momento en que sus representantes expusieron ante la Comisión, por lo cual a esta altura ya se debe haber hecho la presentación pertinente ante la Subsecretaría de Defensa. Si se cumplen a tiempo las etapas del proyecto de la Armada, según lo planificado por esa institución, la nueva unidad debería estar operativa en 2016. Sin embargo, aún no se ha tomado la decisión definitiva.
También debe considerarse la opción de mandar a construir una embarcación nueva, dado que, según informó Asmar, esa institución está en condiciones de construir una embarcación capaz de romper hielo de hasta un metro de espesor, por un valor cercano a los 155 millones de dólares, más equipamiento científico y helicóptero, y que el plazo de entrega sería de 44 meses desde la firma del contrato respectivo. En todo caso, previo a ello es necesario encargar los estudios de ingeniería básica, cuyo valor bordea los 3,5 millones de dólares.
Como se puede apreciar, los tiempos son muy acotados, razón por la cual no debiera haber demoras de ninguna naturaleza si el propósito es mantener un buque operativo para el servicio antártico, capaz de cumplir con todos los requerimientos de la comunidad nacional en esta materia. Sin embargo, el éxito está supeditado a que se obtengan el financiamiento necesario, por lo cual la Comisión lamenta que no se hayan destinado los recursos en la Ley de Presupuestos de la Nación recientemente aprobada.
3.2 Infraestructura Aeroportuaria Mejoras en aeródromo Teniente Marsh
Chile cuenta con una de las dos pistas de aterrizaje operativas en el territorio antártico, pero con la única ubicada en la isla Rey Jorge, que es donde se encuentra la mayor parte de las bases de los países que tienen presencia en dicho continente. Nos referimos a la pista del aeródromo Teniente Marsh, cuyo óptimo funcionamiento resulta vital para todos los operadores ubicados en esas latitudes. No obstante, los medios con que cuenta no permiten mantenerla operativa en forma permanente, durante todo el año, y para todo tipo de aeronaves. Ello, en el marco de las cambiantes y extremas condiciones meteorológicas que se dan en el lugar.
En ese sentido, la Dirección General de Aeronáutica Civil informó que, en términos de ayudas audiovisuales y navegación, el equipamiento de dicho aeródromo es similar al de los aeropuertos de Antofagasta y Balmaceda, y que, en cuanto al equipamiento destinado a la mantención de la pista, se cuenta con la maquinaria adecuada, dado que se trata de una pista de grava de la cual se puede eliminar la nieve y el barro, pero no el hielo que se forma en su superficie. Por ello, es posible mantener la pista operativa durante todo el año para el tráfico de aeronaves turbohélice, como los Hércules C-130 de la FACH, pero no para los otros tipos de aviones que utilizan la pista, pues no puede frenar cuando la pista está cubierta de hielo.
Opinión distinta entregaron los representantes de la empresa de turismo Antártica XXI, quienes señalaron que se requiere maquinaria similar a la que se utiliza en la pista de la base Rothera, del Reino Unido, que permite mantener la pista en condiciones de operar durante todo el año. Por consiguiente, en opinión de los representantes de dicha empresa que concurrieron a la Comisión, habría que adquirir dos snowblower y un rodillo compactador, lo que significaría una inversión cercana a los 230 millones de pesos. Agregaron que era indispensable implementar el TLS (transponder landing system), o radiofaro, que se encuentra instalado en el aeródromo, para la operación de vuelos comerciales, ya que en la actualidad no pueden hacer uso de ese importante apoyo tecnológico; habilitado solo para los vuelos militares. Ello permitiría mejorar los sistemas de aproximación a la pista y, en consecuencia, aterrizar con condiciones meteorológicas adversas, sin visual. Asimismo, indicaron la necesidad de construir una pasarela peatonal entre la plataforma Charlie y los hangares, lo que tendría un valor cercano a los 150 millones de pesos. Finalmente, manifestaron que se requiere construir un albergue para pasajeros en tránsito, con un presupuesto estimativo de 400 millones de pesos.
La Comisión considera que a lo menos debiera analizarse la posibilidad de realizar estas inversiones.
También recibimos la visita de representantes de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, quienes informaron acerca de los proyectos de dicha repartición para mejorar las operaciones del aeródromo Teniente Marsh, entre los que se incluyen la ampliación de la pista, para permitir la utilización de los sistemas de ayuda tecnológica en los aterrizajes, como el ya mencionado TLS, y sobre las demás obras que se pretenden construir para mejorar la operatividad de dicho aeródromo, como el cuartel para los vehículos de auxilio y el terminal de pasajeros, todo lo cual supone inversiones por el equivalente a varios millones de dólares, inversiones que la Comisión estima necesarias, no obstante que no cuenten con la recomendación del banco integrado de proyectos.
Obras en aeródromo de Puerto Williams
Asimismo, las autoridades invitadas informaron acerca del proyecto de ampliación de la pista del aeródromo de Puerto Williams, a fin de que puedan operar aviones de mayor envergadura. Ello, junto con la construcción de un puerto para recibir cruceros que trasladan turistas a la antártica y la habilitación de una marina para los veleros que circunnavegan el Cabo de Hornos, permitiría competir en mejores condiciones con Ushuaia para brindar serv1c1os al cada vez mayor tráfico de turismo antártico y transformarnos en la auténtica puerta de entrada al continente blanco.
3.3 Infraestructura portuaria
Muelle en base Presidente Eduardo Frei Montalva
Con ocasión de la visita realizada a la base Presidente Eduardo Frei Montalva, los diputados pudimos constatar la necesidad de contar con un molo que facilite el embarque y desembarque de pasajeros desde y hacia los cruceros que llegan al lugar y la carga y descarga de los pertrechos que arriban por vía marítima, especialmente la de mayor volumen. Ha de tenerse presente que, de acuerdo con los tratados vigentes suscritos por nuestro país, es menester retirar desde la Antártica toda la basura que genera nuestra presencia en dicho continente, lo cual constituye un importantísimo volumen de carga, difícil de manejar si no se cuenta con los medios adecuados. Los mismos problemas se presentan cuando es necesario descargar elementos de gran tamaño y peso desde las embarcaciones, como ocurrió con el conteiner que servirá como edificio para el funcionamiento de la oficina de correos o con las partes con que se armará el domo en el que funcionará el gimnasio de la comunidad de Villa Las Estrellas.
Por cierto, el muelle debiera contar con una grúa que permita levantar grandes pesos. Actualmente, para ese tipo de labores se debe recurrir a la buena voluntad del personal de la base china, quienes tienen una grúa autopropulsada capaz de realizar esas labores, la cual facilitan a las dotaciones de otros países cuando la requieren.
Muelle y Marina en Puerto Williams
Asimismo, como ya mencionamos, la Comisión apoya los proyectos destinados construir un puerto para cruceros y una marina para veleros en Puerto Williams, con depósitos de combustibles y acomodaciones para prestar servicios logísticos a ese tipo de embarcaciones (cruceros y veleros) y, como se dijo, convertir a esa ciudad en la puerta de entrada marítima al continente blanco.
3.4 Laboratorios más avanzados para el lnach
La visita a las bases de otros países, especialmente la de la República Popular China, dejo en evidencia que, no obstante los esfuerzos que se han hecho para dotar a la base Profesor Escudero de los adelantos tecnológicos necesarios para realizar investigaciones científicas in situ, nuestra realidad en esta materia dista mucho de la de otros países, como la de la República Popular China y la de Corea, cuyos laboratorios son muchos más avanzados que los nuestros.
En ese sentido, los miembros de la Comisión estimaron necesario seguir invirtiendo en la implementación de laboratorios modernos, mejor equipados, para facilitar la investigación de nuestros científicos y las de otros países que desarrollan proyectos con apoyo del lnach. Ello permitiría procesar más muestras en la Antártica y no tener que trasladarlas hasta el continente americano, con los altos costos y las consiguientes demoras que ello involucra. Chile puede y debe constituirse en un prestador de servicios e infraestructura para la comunidad científica internacional.
La Comisión deja constancia de su reconocimiento a la importantísima labor que desarrolla el lnach para el desarrollo de la actividad científica en el continente antártico y celebra la decisión gubernamental de trasladar su sede a la ciudad de Punta Arenas, como una muestra significativa de apoyo a la descentralización y al desarrollo de nuestras regiones.
3.5.- Comunicaciones e Internet
La Comisión advirtió en terreno la precariedad en materia de comunicaciones, especialmente en el servicio de internet, por lo que considera necesario que el Estado se preocupe de mejorar la calidad de los servicios que se prestan en este ámbito. En la actualidad el servicio es otorgado por un proveedor privado que tiene la capacidad para mejorar sus prestaciones, pero que pide se le pague extra por hacerlo.
Sin perjuicio de las carencias mencionadas, la Comisión estima que las instalaciones con que cuenta nuestro país son de nivel adecuado y permiten que nuestros operadores realicen sus actividades como es debido. La idea es mantener los estándares y, en algunos casos, como los mencionados, mejorarlos.
3.6.- Nueva base en el continente antártico.
Del estudio de los antecedentes aportados, es posible constatar que la presencia nacional en la Antártica se limita a la periferia de ese vasto continente. En efecto, todas nuestras bases están situadas en islas ubicadas en la parte exterior del continente blanco, no en la masa continental propiamente tal, como si ocurre con bases de otros países, como Argentina, China y Estados Unidos. Incluso este último país cuenta con una base en el mismísimo Polo Sur, llamada Amundsen-Scott. En este sentido, la Comisión saluda y felicita los esfuerzos nacionales, encabezados por el propio Presidente de la República, en orden a establecer una base en el glaciar Unión, ubicado a 1300 kilómetros del polo sur, pero dentro del círculo polar antártico, donde hasta ahora solo hay presencia de China y Estados Unidos. Sin embargo, desearíamos que en un futuro no muy lejano nuestra presencia en esas latitudes se concretara en una base permanente, no temporal, como la actual. Ello sería de gran importancia en la defensa de nuestros derechos soberanos.
Las autoridades invitadas manifestaron, en general, estar conscientes de la necesidad de realizar todas estas inversiones en infraestructura, lo que está avalado por lo proyectos que mostraron a la Comisión, pero su factibilidad es incierta, pues dependerá de que se consigan los recursos necesarios para financiarlas y, lamentablemente, no gozan de rentabilidad social, por el número de personas que se verían beneficiadas. De allí que sea necesario que se desarrollen en un contexto de política de Estado destinada a potenciar la presencia nacional en el territorio antártico, materia en la cual al Congreso Nacional le cabe un rol destacado .
3.7.- Construcción de Centro Antártico Internacional y de Centro Subantártico Cabo de Hornos
La Comisión apoya la construcción del Centro Antártico Internacional en Punta Arenas y del Centro Subantártico Cabo de Hornos en Puerto Williams , proyectos que deben considerar la edificaciones adecuadas para la implementación de actividades culturales , educativas y de investigación científica , ante la carencia de espacios como estos en esa ciudades . Consideramos que la implementación de iniciativas como las mencionadas ayudaría poderosamente a la creación de una auténtica cultura antártica en Magallanes .
En su edificación deben considerarse diversas variables , como la necesidad de contar con espacios amplios y el equipamiento requerido para el desarrollo de las actividades mencionadas y la eficiencia energética.
4.- Turismo Antártico
Fomentar el turismo antártico como prioridad nacional debe ser una tarea en la que todos colaboremos, para ponernos como país a la altura de los desarrollos alcanzados por otros Estados, como Nueva Zelanda , Australia y Argentina. En este sentido, consideramos necesario presentar iniciativas legislativas que faciliten la asociación pública-privada , como incluso han planteado autoridades del Ministerio de Economía , y otras iniciativas que establezcan incentivos para quienes invierten en estas actividades .
También se hace soberanía a través del desarrollo de emprendimientos turísticos y científicos realizados a través de nuestro país y no de otros , por lo que debe considerarse el establecimiento de diversos incentivos , especialmente tributarios , para el tratamiento de dichas actividades en esos territorios. No debemos dar ventajas competitivas a otros países en este ámbito , puesto que muchos operadores privados podrían preferir realizar sus proyectos a través de esos países y no del nuestro. Debemos ser cuidadosos en estas materias.
5.- Rol de la Cámara de Diputados
Las comisiones de la Cámara de Diputados, en cuanto entes fiscalizadores, deben constituir instrumentos de evaluación de las políticas públicas desarrolladas por el Ejecutivo. Desde esta perspectiva, nos parece necesario asignar competencia a alguna de la comisiones permanentes de la Corporación para que conozca de las materias relacionadas con el tema antártico, dada su importancia para las pretensiones soberanas de nuestro país en el dicho continente y por los recursos que se destinan a asegurar nuestra presencia como país en dichas latitudes, que no obstante su cuantía, siguen pareciendo insuficiente para mantenernos a la cabeza entre los países reclamantes de soberanía sobre territorio antártico. Con tal objeto, la Comisión estima que la competencia respecto de las materias antárticas podría entregarse a la Comisión de Zonas Extremas, a la de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana o a la de Defensa. Entre las obligaciones de dicha comisión deberá estar necesariamente la de realizar a lo menos una sesión oficial al año en el territorio antártico. Asimismo, se deberán realizar las gestiones necesarias para asegurar la participación del Presidente de dicha Comisión en todas las sesiones del Consejo de Política Antártica, en representación de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la Comisión de Hacienda de la Corporación debiera poner especial cuidado, a través de la participación de sus integrantes en la Comisión Mixta de Presupuestos, en las priorizaciones presupuestarias que plantea anualmente el Ejecutivo en el proyecto de ley de Presupuestos para dar cumplimiento al Plan Estratégico Antártico vigente, como manifestación de la Política Antártica Nacional.
B) CONSOLIDACIÓN DEL 6 DE NOVIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTICA CHILENA
Como ya se expresó, la Comisión presentó un proyecto de ley, moción de sus integrantes, que eleva a rango legal la determinación del 6 de noviembre como Día Nacional de la Antártica Chilena, fecha que recuerda el día en que, bajo la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda, se dictó el decreto que fija los límites del territorio antártico chileno. Los diputados mocionantes estiman que ese día debiera consagrase al desarrollo de la cultura antártica en toda la comunidad nacional, pero especial.mente en Magallanes, donde quizá podría establecerse como feriado regional.
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Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 10 de octubre, 21 de noviembre, 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2012; 9 de enero , 16 de enero, 6 de marzo, 13 de marzo, 26 de marzo, 12 de junio y 15 de octubre de 2013, y 14 de enero de 2014, con asistencia de la diputada señora Goic Boroevic, doña Carolina, y de los diputados señores Auth Stewart, don Pepe; Bauer Jouanne, don Eugenio; Campos Jara, don Cristián ; Cerda García, don Eduardo; De Urresti Longton, don Alfonso ; Edwards Silva, don José Manuel; Kort Garriga, don lssa; Lorenzini Basso, don Pablo; Marinovic Solo de Saldivar, don Miodrag; Meza Moneada, don Fernando; Moreira Barros, don lván; Santana Tirachini , don Alejandro , y Silva Méndez, don Ernesto.
(Fdo.): HERNÁN ALMENDRAS CARRASCO, Abogado Secretario de la Comisión”.