Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Alberto Flores Garcia
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Alberto Flores Garcia
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Jose Manuel Edwards Silva
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Ward Edwards
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Jose Hoffmann Opazo
- PETICIÓN DE OFICIO : Issa Farid Kort Garriga
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Jose Hoffmann Opazo
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Francisco Chahuan Chahuan
- Ivan Moreira Barros
- Jacqueline Van Rysselberghe Herrera
- Carlos Montes Cisternas
- Alfonso De Urresti Longton
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- AUTORIZACIÓN A EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL PAÍS
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- SUPRESIÓN DE LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE VIVIENDAS SOCIALES. (Segundo trámite constitucional.Boletín N° 9029-14)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Paulina Andrea Nunez Urrutia
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Gabriel Boric Font
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- INTERVENCIÓN : Karol Aida Cariola Oliva
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- INTERVENCIÓN : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE ESTUDIAR A FONDO EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- SUPRESIÓN DE LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE VIVIENDAS SOCIALES. (Segundo trámite constitucional.Boletín N° 9029-14)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- EXTENSIÓN DE BENEFICIO DE BONO POSLABORAL A TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS TRADICIONALES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Lautaro Carmona Soto
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEROGACIÓN DE ARTÍCULO 3° TRANSITORIO DE LEY DE CASINOS
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Felipe De Mussy Hiriart
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Andrea Molina Oliva
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INTERVENCIÓN : Vlado Mirosevic Verdugo
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXTENSIÓN DE BENEFICIO DE BONO POSLABORAL A TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS TRADICIONALES
- VII. INCIDENTES
- IMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIO PARA REBAJA DE PRECIO DE COMBUSTIBLES EN REGIÓN DE AYSÉN (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE RETIRO Y REPOSICIÓN DE NAVES DE LAARMADA EN REGIÓN DE AYSÉN (Oficios)
- INVESTIGACIÓN SOBRE CAUSAS DE ACCIDENTE DE CICLISTA NACIONAL EN JUEGOS SUDAMERICANOS 2014 Y DESTINO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE NOMBRAMIENTO DE GOBERNADORA DE CHILOÉ Y SOBRE PUNTAJE OBTENIDO EN SU FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA DEL PAÍS (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE CIERRE DE EMPRESA SODICER EN COMUNA DE EL MONTE (Oficio)
- ANTECEDENTES SOBRE ESTADO DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL DE CHIMBARONGO (Oficios)
- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR EL SALTO,COMUNA DE PICHIDEGUA (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE OBRAS FLUVIALES REALIZADAS EN SECTORES LO ARGENTINA Y PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA (Oficio)
- CUMPLIMIENTO DE OFICIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO RELACIONADO CON MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJADORAS DE LA EMPRESA ARAMARK SERVICIOS MINEROS Y REMOTOS LIMITADA (Oficio)
- ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A EXDIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA (Oficios)
- INVESTIGACIÓN DE ACTUACIÓN DE SERNA PESCA DE REGIÓN DE TARAPACÁ POR NO PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR CAPTURAILEGAL DE ESPECIES (Oficio)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- REITERACIÓN DE OFICIO A MINISTRA DE SALUD POR CASO DE SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE POSIBILIDAD DE RETIRO DE DINERO DE FONDO DE PENSIONES (Oficios)
- EVALUACIÓN DE TRASLADO DE CARABINERO DESDE COMUNA DELA REINA A REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE EN FAVOR DE VECINA DE COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMAS DE PUBLICACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA CASEN Y DE MODIFICACIÓN DE LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO DE USUARIOS DEL INDAP Y SOBRE MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN RELACIONADAS CON LA FALSIFICACIÓN DE VINOS (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 362ª
Sesión 3ª, en martes 18 de marzo de 2014
(Ordinaria, de 11.14 a 14.41 horas)
Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo; Carmona Soto, don Lautaro, y González Torres, don Rodrigo.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 14
II. APERTURA DE LA SESIÓN 17
III. ACTAS 17
IV. CUENTA 17
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL 18
ACUERDOS DE LOS COMITÉS 19
AUTORIZACIÓN A EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL PAÍS 20
V. ORDEN DEL DÍA 21
SUPRESIÓN DE LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE VIVIENDAS SOCIALES. (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 9029-14) 21
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE ESTUDIAR A FONDO EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA 49
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 60
EXTENSIÓN DE BENEFICIO DE BONO POSLABORAL A TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS TRADICIONALES 60
DEROGACIÓN DE ARTÍCULO 3° TRANSITORIO DE LEY DE CASINOS 63
VII. INCIDENTES 67
IMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIO PARA REBAJA DE PRECIO DE COMBUSTIBLES EN REGIÓN DE AYSÉN (Oficios) 67
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE RETIRO Y REPOSICIÓN DE NAVES DE LA ARMADA EN REGIÓN DE AYSÉN (Oficios) 68
INVESTIGACIÓN SOBRE CAUSAS DE ACCIDENTE DE CICLISTA NACIONAL EN JUEGOS SUDAMERICANOS 2014 Y DESTINO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (Oficio) 68
INFORMACIÓN SOBRE NOMBRAMIENTO DE GOBERNADORA DE CHILOÉ Y SOBRE PUNTAJE OBTENIDO EN SU FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (Oficios) 69
INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA DEL PAÍS (Oficio) 70
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE CIERRE DE EMPRESA SODICER EN COMUNA DE EL MONTE (Oficio) 71
ANTECEDENTES SOBRE ESTADO DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL DE CHIMBARONGO (Oficios) 71
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR EL SALTO, COMUNA DE PICHIDEGUA (Oficio) 72
INFORMACIÓN SOBRE OBRAS FLUVIALES REALIZADAS EN SECTORES LO ARGENTINA Y PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA (Oficio) 73
CUMPLIMIENTO DE OFICIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO RELACIONADO CON MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJADORAS DE LA EMPRESA ARAMARK SERVICIOS MINEROS Y REMOTOS LIMITADA (Oficio) 73
Pág.
ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A EXDIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA (Oficios) 74
INVESTIGACIÓN DE ACTUACIÓN DE SERNAPESCA DE REGIÓN DE TARAPACÁ POR NO PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR CAPTURA ILEGAL DE ESPECIES (Oficio) 74
VIII. ANEXO DE SESIÓN 77
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES 77
REITERACIÓN DE OFICIO A MINISTRA DE SALUD POR CASO DE SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE (Oficio) 77
INFORMACIÓN SOBRE POSIBILIDAD DE RETIRO DE DINERO DE FONDO DE PENSIONES (Oficios) 77
EVALUACIÓN DE TRASLADO DE CARABINERO DESDE COMUNA DE LA REINA A REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios) 78
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE EN FAVOR DE VECINA DE COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficios) 78
INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMAS DE PUBLICACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA CASEN Y DE MODIFICACIÓN DE LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (Oficio) 79
INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO DE USUARIOS DEL INDAP Y SOBRE MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN RELACIONADAS CON LA FALSIFICACIÓN DE VINOS (Oficios) 79
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 81
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica (boletín N° 9278-06). 81
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9278-06) 82
3. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2456-13-INA. 83
4. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2408-13-INA 84
5. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2623-14-CPR 84
6. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.624-14-CPR 85
7. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.615-14-INA 86
8. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2565-13-CDS 86
X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Comunicaciones:
- Del Jefe de Bancada de Diputados del Partido Demócrata Cristiano y del Comité Independiente por la cual se informa que el diputado señor Iván Flores reemplazará al diputado señor Gabriel Boric en la Comisión de Pesca. Se autorizó el cambio.
- Del diputado señor Macaya por la cual justifica su inasistencia a la sesión de Sala del día miércoles 19 de marzo en curso.
- Del diputado señor Auth por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, martes 18 de marzo en curso.
- Del jefe de bancada de diputados del Partido Demócrata Cristiano y del Comité Independiente por la cual se informa que el diputado señor Iván Flores reemplazará al diputado señor Gabriel Boric, en la Comisión de Pesca.
2. Notas:
- Del diputado señor Edwards, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 15 de marzo próximo pasado, para dirigirse a Ginebra.
- De la bancada de la Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que han sido designados como Jefe y Subjefe de Bancada los diputados señores Felipe Ward Edwards e Ignacio Urrutia Bonilla, respectivamente
.
Respuestas a oficios
Ministerio de Interior
- Diputado Sabag, Estudio sobre apertura de paso fronterizo entre San Fabián de Alico, en Chile, y Las Ovejas, en Argentina (211 al 14056).
Ministerio de Relaciones Exteriores
- Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre la situación que afecta a los señores José Luis Ramírez Ortiz, Agustín Ismael Ponce Montiel y Guillermo Alberto Miranda Donoso, chilenos detenidos en Bélgica y que se encontraban desempeñando labores de marinos mercantes, por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes. Asimismo, solicita informar sobre la posibilidad de agilizar los trámites para que ellos puedan obtener el documento que valide su conducta intachable, el cual ya fue solicitado en la embajada de nuestro país. (957 al 13798).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Número de ex funcionarios de la Armada de Chile que se desempeñan en la actualidad en el Servicio Nacional de Pesca, remitiendo su nómina, precisando el sistema de selección y contratación de cada uno, el monto de sus remuneraciones, el cargo o función que cumplen, el año de ingreso y si alguno de ellos percibe alguna pensión u otro beneficio de cargo del Estado. (36459 al 14089).
Ministerio de Defensa Nacional
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Normativa que ampara la prohibición a los funcionarios de las Fuerzas Armadas para visitar la ciudad de Tacna y otras de países fronterizos durante los días festivos y feriados. (655 al 13554).
- Diputado Espinoza don Fidel, Disponer una investigación respecto de las razones de las nuevas exigencias al sindicato de boteros del Lago Todos los Santos (656 al 13960).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Normativa que ampara la prohibición a los funcionarios de las Fuerzas Armadas para visitar la ciudad de Tacna y otras de países fronterizos durante los días festivos y feriados. (854 al 13554).
Ministerio de Obras Públicas
- Diputado Silber, Informe sobre la normativa que regula a los Comités de Agua Potable Rural y cuál sería el procedimiento a seguir por el Comité “Manuel Rodríguez” para solucionar los problemas presentados en el pozo N°1 ubicado en la carretera del sector General San Martín kilómetro 26, comuna de Colina. Junto a lo anterior, informe sobre las potestades que tiene la Dirección de Obras Hidráulicas en relación a la fiscalización, regulación y administración de conflictos como el que se expone. (375 al 13461).
- Diputado Silber, Informe sobre la normativa que regula a los Comités de Agua Potable Rural y cuál sería el procedimiento a seguir por el Comité “Manuel Rodríguez” para solucionar los problemas presentados en el pozo N°1 ubicado en la carretera del sector General San Martín kilómetro 26, comuna de Colina. Junto a lo anterior, informe sobre las potestades que tiene la Subdirección de Agua Potable Rural en relación a la fiscalización, regulación y administración de conflictos como el que se expone. (375 al 13462).
- Diputado Jaramillo, Para que informe sobre los proyectos de construcción de los cuarteles de carabineros de la Comisaría N° 3 de la comuna de la Unión y de la Comisaría N° 4 de la comuna de Río Bueno, ambas de la Región de Los Ríos. (376 al 12149).
- Diputado Jaramillo, Informe si se encuentra en licitación el proyecto de Agua Potable Rural en la localidad de Nueva Esperanza, de la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos (377al 13637).
- Diputada Muñoz doña Adriana, Acciones emprendidas para que la Minera Frontera del Oro paralice sus labores y cumpla las resoluciones y recomendaciones. (378 al 13286).
- Diputado Martínez, Informe sobre los aspectos contemplados en el proyecto “Embalse La Punilla”, provincia de Ñuble, relativo a las diferentes acciones a las cuales podrán acceder los regantes de dicho embalse, en su acceso al recurso hídrico que finalmente percibirán. (379 al 13326).
- Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre el plazo de que dispone la segunda sección del Río Aconcagua para constituirse en junta de vigilancia. (380 al 13367).
- Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre la posible intervención del Río Aconcagua antes del mes de diciembre de este año, sobre la posibilidad de abastecimiento de pozos de manera exclusiva para los agricultores de la tercera sección del mismo río y a cerca del estado en que se encuentran los trabajos del embalse Catemu (381 al 13368).
- Diputado Farías, Estado del proyecto de construcción de la autopista costanera central, en su trazado por la comuna de Macul, y las políticas de participación ciudadana que se han implementado (382 al 13097).
- Diputado Farías, Estado del proyecto de construcción de la autopista costanera central, en su trazado por la comuna de Macul, y las políticas de participación ciudadana que se han implementado (382 al 13098).
- Diputado Farías, Reiterar oficio N°13.097 del pasado 03 de octubre, y, en definitiva informe sobre el estado del proyecto de construcción de la autopista costanera central, en su trazado por la comuna de Macul, y las políticas de participación ciudadana que se han implementado, conforme se describe en la intervención adjunta. Hago presente a US., que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 10 de la ley N° 18.918, de no darse pronta respuesta a este nuevo oficio, deberá iniciarse un procedimiento administrativo ante la Contraloría General de la República. (382 al 13773).
- Diputada Isasi doña Marta, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad reparar el camino que une el poblado de Pozo Almonte con el poblado de Mamiña, en la Región de Tarapacá. (384 al 13164).
- Diputado Robles, Presunta existencia de irregularidades, por caducidad, en la inscripción de derechos de agua en la cuenca del río Matancillo de la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo, que afectarían las aguas del río Huasco. (385 al 12616).
- Diputado Robles, Medidas que adoptará para cautelar los derechos de los regantes del río Huasco ante la presunta existencia de irregularidades en la inscripción de derechos de agua en la cuenca del río Matancillo de la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. (385 al 12618).
- Diputado Rojas , Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes en relación con la situación descrita en la intervención adjunta, referida a los arreglos del paso nivel de la ruta Mejillones-Antofagasta. (453 al 5391).
- Diputado De Urresti, Causas del retraso en las obras de construcción del Centro Teletón en la ciudad de Valdivia, el cronograma de su entrega y acerca de una eventual indemnización que se debería a la empresa constructora. (507 al 12877).
- Diputado De Urresti, Motivos de la tardanza en las obras de asfalto de los caminos Lanco-Trana y Malalhue-Antilhue, adjuntándose el respectivo calendario de ejecución. (508 al 13259).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Obras de reparación de la ruta A-65 que une Pozo Almonte con la localidad de Mamiña en la provincial del Tamarugal, adoptando las medidas urgentes que requiere la seguridad del tránsito por dicha arteria. (509 al 13080).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Reiterar el oficio N° 13.080 enviado el 02 de octubre del año en curso. (509 al 13645).
- Diputado Espinoza don Fidel, Remitir información detallada respecto del proceso de expropiación que estaría llevando a cabo esa Secretaría de Estado en los sectores de Chacao, Región de Los Lagos, como parte del proceso de construcción del puente sobre el Canal de Chacao. (510 al 8915).
- Diputada Pascal doña Denise, Informe respecto de los terrenos que se expropiarán para la ampliación de la autopista del Sol en la comuna de Peñaflor (511 al 13281).
- Diputada Pascal doña Denise, informar a esta Corporación respecto de los terrenos que se expropiarán para la ampliación de la autopista del Sol en la comuna de Peñaflor (511 al 13282).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Motivos que han retrasado el pago de expropiación, pendiente desde el año 2011, correspondiente a don Ismael Machuca Jara y la fecha probable en que se hará efectivo el mencionado pago. (665 al 13468).
- Diputado De Urresti , construcción de puente sobre el río Lingue, en el sector de Mississippi, de la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos (666 al 13017).
- Diputado Browne, Solicita responder cuestionario sobre diversos aspectos de la Consulta Ciudadana convocada por esa Cartera en julio de 2012 para fomentar la participación de la población en materia de propuestas de infraestructura en las distintas regiones (670 al 10094).
- Diputado De Urresti, Informe sobre el estado de las obras de pavimentación y construcción del alcantarillado en la localidad de Pelchuquín, comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, como asimismo, disponga que las empresas que las ejecutan, subsanen los inconvenientes que los trabajos han ocasionado a la comunidad. (671 al 8342).
- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (672 al 9652).
Ministerio de Agricultura
- Diputado Jarpa, Diputado Sabag, Solución a la emergencia que enfrentarán los regantes del sistema Laja-Diguillín ante la baja de las aguas del lago Laja al nivel de reserva (149 al 13935).
- Diputado Jarpa, Situación que afecta a los agricultores de las comunas de la provincia de Ñuble quienes han sufrido, el día de ayer, el corte del suministro de las aguas provenientes del lago Laja, considerando la posibilidad de establecer un convenio de flexibilización para la distribución de aguas, la creación de una junta de vigilancia en el río y lago Laja y la construcción del embalse Zapallar. (150 al 13978).
- Diputado Espinoza don Fidel, Informe a esta Cámara sobre la denuncia de maltrato animal efectuada en contra de la empresa lechera neozelandesa “Manuka” y asimismo la compatibilidad de los cargos de Director Regional del Servicio Agrícola Ganadero y de Gerente General de la empresa “Fröhlich y Cia Ltda.” o “Agro Fröhlich”. (171 al 14163).
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita tenga a bien analizar la factibilidad de extender el sitio de protección del Parque Nacional Volcán Isluga, comuna de Huara, Región de Tarapacá, hacia el geoglifo gigante de Atacama del cerro Unita, de la misma comuna. (71 al 5429).
- Diputado Saffirio, Proceso de licitación de 9 lotes de terreno al interior del Parque Nacional Villarrica mediante una licitación internacional en la que se recibirán propuestas sólo hasta el 31 de enero próximo. (99 al 14090).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
- Diputado Campos, Solicita interponer buenos oficios en solución del conflicto laboral de trabajadores de la planta industrial de Talcahuano de la empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada (30 al 5462).
- Diputado González, Informe sobre las denuncias formuladas por los sindicatos de profesionales de la empresa El Mercurio de Valparaíso , en proceso de negociación colectiva, contra la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso por no haber ejercido sus atribuciones en forma oportuna, especialmente frente a contravenciones a dictámenes relativos al reemplazo de trabajadores y prácticas antisindicales. (31 al 11399).
- Diputado Carmona, Informe los motivos por los cuales fue contratado el señor Alexis Gabriel León León como Jefe Nacional de la Unidad de Organismos Capacitadores y Compra de Cursos, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, quien habría renunciado en los primeros días del mes de enero del presente año, indicando además, si fue la persona más idónea para ocupar ese cargo atendido los antecedentes que eventualmente pesarían sobre él y de ser posible, ordene una investigación sobre el ejercicio del cargo durante su período. (32 al 14050).
- Diputado Campos, Grado de cumplimiento del protocolo de acuerdo sobre cobertura de programas de empleo en las comunas de Talcahuano y Hualpén (33 al 13177).
- Diputado Espinosa don Marcos, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral en la negociación colectiva que llevan a cabo los trabajadores de la Empresa Minera Cerro Dominador. (35 al 13928).
- Diputado Espinosa don Marcos, Medidas adoptadas para velar por cumplimiento de la normativa laboral en el conflicto colectivo de los trabajadores de la planta Santa Margarita de Calama, de propiedad de la minera Cerro Dominador (35 al 13967).
- Diputado Robles, Denuncia formulada por manipuladoras de alimentos de colegios de la Región de Atacama en contra de la empresa concesionaria Aliserv por presuntas presiones indebidas destinadas a obtener la suscripción de solicitudes de permiso sin goce de remuneración durante los meses de enero y febrero, disponiendo una investigación y la aplicación de drásticas sanciones si fuere procedente. (47 al 13842).
Ministerio de Salud
- Diputada Isasi doña Marta, Informe a esta Cámara sobre el avance de la investigación sumaria realizada en el Hospital Doctor Ernesto Galdámez de Iquique, con la finalidad de esclarecer el fallecimiento de la menor Antonia Javiera Rojas Oyanedel. (111 al 14013).
- Diputado Rosales, Posibilidad de contribuir, a través de los Ministerios de Salud o de Desarrollo Social, con los fondos que faltan a su familia para intervenir quirúrgicamente en una clínica privada de Santiago a la joven Josefa de la Fuente Gómez, quien sufre la enfermedad Aplasia Medular Severa. (425 al 5407).
- Diputado Espinoza don Fidel, Situación que afecta al hospital de la comuna de Fresia motivada por la ausencia de participación y presuntas malas prácticas llevadas a cabo por su dirección. (515 al 13833).
- Diputado Robles, Proceso de licitación de la concesión de recintos hospitalarios en el país. (516 al 14025).
- Diputado Chahin, Situación que afecta a la señora María Luisa Nahuelqueo Moreno de la comuna de Vilcún, quien requiere una intervención quirúrgica urgente para reparar un daño a su córnea o se le otorgue una pensión de invalidez. (518 al 13546).
- Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre la posibilidad de acceder a la petición presentada por el señor Arcadio Guerra Delgado, domiciliado en la comuna de Lanco, de la Región de Los Ríos, voluntario de la Segunda Compañía de Bomberos, quien producto de una diabetes que lo afecta sufrió la amputación de su pierna izquierda requiriendo con urgencia de una prótesis para iniciar su proceso de rehabilitación, solicitud que habría sido realizada en el mes de julio de 2013, no obteniendo respuesta hasta la fecha. (520 al 14086).
- Diputado Sabag, Factibilidad de aumentar la cantidad de mamógrafos disponibles, en especial en comunas alejadas, a fin de que las mujeres no deban recorrer grandes distancias para realizarse este examen preventivo (521 al 13566).
- Diputado De Urresti, Situación que afecta al Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU, de Valdivia por las deficientes condiciones y escasez de ambulancias que les aqueja, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (522 al 13656).
- Diputado Robles, Informe a esta Cámara sobre los fundamentos y antecedentes que se tuvieron en consideración para el despido de los funcionarios del Hospital de Vallenar, indicados en la solicitud adjunta. (523 al 13878).
Ministerio de Minería
- Diputado Espinoza don Fidel, Informe a esta Cámara sobre la entrega de mapas actualizados de los volcanes Michimahuida, Corcovado y Yate, a las autoridades de la Región de Los Lagos, para ser utilizados en planes de emergencia. (69 al 10262).
Proyecto de Acuerdo 734, ?Solicita una iniciativa de ley que cree la Empresa Nacional del Litio.? 92.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Diputado Montes , Informe sobre el estado de avance del compromiso adquirido en la ley de presupuestos correspondiente al año 2014, en la Partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Programa 01, Capítulo 01 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, glosa 15; esto es, encargar un análisis por región del programa contenido en el DS N° 49, del mencionado ministerio, y un estudio de la reconstrucción realizado por un organismo internacional o universidad de prestigio. (64 al 14088).
Ministerio de Desarrollo Social
- Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre la posibilidad de reconsiderar los antecedentes de salud del grupo familiar de la señora Sara Vioni Nuñez Cortés, domiciliada en la comuna de Quillota, a fin de que puedan ser rectificados los datos del Sistema de Focalización de la Ficha de Protección Social. (1321 al 13649).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informe sobre el estado de tramitación en que se encuentra la solicitud de doña María Espinoza Vilches, individualizada en la solicitud adjunta, en orden a recibir el bono al trabajo de la mujer, regulado en la ley N° 20.595, que crea el Ingreso Ético Familiar que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea Subsidio al Empleo de la Mujer . (1322 al 10799).
- Diputada Rubilar doña Karla, Solicita tenga a bien analizar la factibilidad de extender la subvención escolar de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. (1323 al 5404).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Requiere se informe sobre las razones por las que no se han pagado oportunamente los montos respectivos del subsidio al trabajo de la mujer a la señora Lucía Barrios Aros, domiciliada en la comuna de Peumo. (1389 al 10226).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Motivos que se consideraron para dejar sin efecto la entrega del beneficio de Pensión Básica Solidaria, a la señora María Olivia Saavedra Oyarzún, domiciliada en la comuna de San Fernando. (142 al 13401).
- Diputado Robles, Dinámica del otorgamiento del subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado en la Región de Atacama. (347 al 13085).
- Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre la etapa en que se encuentra el proceso de cálculo de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto, del embalse Catemu, en la Región de Valparaíso. (54 al 13167).
Ministerio Medio Ambiente
- Diputado De Urresti , Informe a esta Cámara sobre las medidas que se han adoptado para determinar las causas de muerte de las especies marinas en el río Cruces, de la comuna de Mariquina, Región de Los Ríos, debido a los sucesos de contaminación ocurridos en el último tiempo. Asimismo, solicita que se destinen todos los recursos necesarios para realizar una investigación, con motivo del reclamo interpuesto por las organizaciones indicadas en la solicitud adjunta. (136 al 14098).
- Diputado Díaz don Marcelo, situación de la entrega de nuevos capítulos de un proyecto con posterioridad a su presentación para calificación de impacto ambiental. (140139 al 13830).
- Diputado Díaz don Marcelo, Situación de la entrega de nuevos capítulos de un proyecto con posterioridad a su presentación para calificación de impacto ambiental. (140139 al 13831).
- Diputado Espinoza don Fidel, Informe respecto de la grave situación en que se encuentran los habitantes de la localidad de Parga en la comuna de Fresia al carecer de agua potable (140193 al 13956).
- Diputado Robles, Oficio del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago por el que acusó al Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama de haber ocultado información importante del expediente de Fiscalización y Seguimiento del caso Pascua Lama y disponer una investigación administrativa con el propósito de verificar la posible existencia de irregularidades en dicho organismo. (140222 al 13983).
- Diputado Rojas , Información sobre impacto vial y medioambiental de acopio de concentrado de cobre en puerto de Antofagasta (140297 al 13774).
- Diputado Jaramillo, Información sobre eventual intervención de ribera del río Bueno (140318 al 14052).
- Diputado Hernández, Remita información detallada respecto de los fondos de investigación científica, desarrollo tecnológico y social establecido en la Ley de Bases del Medio Ambiente otorgados a la Región de Los Lagos. (140357 al 8570).
- Diputado Díaz don Marcelo, Medidas que se adoptarán para minimizar la contaminación por polvo en suspensión que afecta a la localidad de El Toro de la comuna de Andacollo como consecuencia de las faenas mineras que desarrollan las empresas contratistas de la Compañía Minera Dayton. (140587 al 13976).
- Diputada Vidal doña Ximena, Información respecto de planes y estudios existentes sobre futura concesión de territorios ubicados en la comuna de San José de Maipo, destinados a constituir un parque de montaña (140651 al 13790).
Empresas del Estado
- Diputado Chahin, Viajes al extranjero efectuados durante 2013 por el personal de ese Ministerio financiados con su presupuesto, los gastos incurridos con ocasión de recepción de delegaciones extranjeras y los destinados a cubrir las delegaciones de empresarios invitadas a viajes oficiales, con los detalles que señala. (68 al 13189).
- Diputado Rincón, Factibilidad de proporcionar suministro permanente de agua a la población Los Cipreses de la localidad de Coya, en la comuna de Machalí (70 al 13861).
Intendencias
- Diputado Sandoval, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de entregar pasajes de retorno a la Región de Aysén al esposo e hijo de la señora María Gloria Alvarado, quien se encuentra internada en el Instituto Nacional del Tórax a la espera de una operación y tratamiento por la enfermedad que padece. (152 al 13590).
Servicios
- Diputado Robles, Oficio del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago por el que acusó al Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama de haber ocultado información importante del expediente de Fiscalización y Seguimiento del caso Pascua Lama y disponer una investigación administrativa con el propósito de verificar la posible existencia de irregularidades en dicho organismo. (140138 al 13984).
- Exdiputado De Urresti, Proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en Río Bueno, conforme se detalla en la intervención adjunta. (140266 al 14030).
- Diputado Robles, Denuncia formulada por manipuladoras de alimentos de colegios de la Región de Atacama en contra de la empresa concesionaria Aliserv por presuntas presiones indebidas destinadas a obtener la suscripción de solicitudes de permiso sin goce de remuneración durante los meses de enero y febrero, disponiendo una investigación y la aplicación de drásticas sanciones si fuere procedente. (262 al 13837).
- Diputado Sabag, Diagnóstico de endeudamiento de usuarios de Indap de la Provincia de Ñuble y de comunas de Cabrero y Yumbel (3960 al 13672).
- Exdiputado De Urresti, Informe a esta Cámara sobre las medidas que se han adoptado para verificar el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de riles de la empresa Arauco, con motivo de los sucesos de contaminación acaecidos en el último tiempo, en el río Cruces. Asimismo, solicita se informe si planta antes mencionada esta funcionando de acuerdo a las autorizaciones otorgadas, y si existen otras descargas de riles en dicho río. (535 al 14096).
XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputado Silber, Cumplimiento de los estándares de equipamiento del proyecto inmobiliario Zoduc Valle Grande, de la comuna de Lampa y disponiendo una fiscalización. (1 de12/03/2014). A intendencias.
- Diputada Hoffmann doña María José, Situación actual de la inspección de salud realizada al restaurante “Los Secretos de Clarita”, ubicado en la comuna de Algarrobo, de la Región de Valparaíso, para proceder a su apertura. (2 de 13/03/2014). A servicios.
- Diputado Kort, Informe sobre las sustancias químicas autorizadas para labores de mantenimiento en el Mall Open Plaza de Rancagua y los protocolos de acción que deben ser utilizados en el tratamiento y uso de tales componentes químicos. (3 de 13/03/2014). A Ministerio de Salud.
- Diputado Ward, Anomalías que afectan al Hospital de Calama y remita antecedentes respecto del número de profesionales destinados a la atención de los pacientes que día a día ingresan al recinto. (20 de 14/03/2014). A Ministerio de Salud.
- Diputada Hoffmann doña María José, Informe si los señores Guillermo González Pineda y Carlos Hernán Cabello Acuña califican como beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario establecido en la ley N° 20.652. (24 de 14/03/2014). A jefe del Departamento de Administración de Educación de San Antonio .
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Álvarez Vera, Jenny PS X 58
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arriagada Macaya, Claudio DC RM 25
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bellolio Avaria, Jaime UDI RM 30
Berger Fett, Bernardo RN XIV 53
Boric Font, Gabriel IND XII 60
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cariola Oliva, Karol PC RM 19
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Carvajal Ambiado, Loreto PPD VIII 42
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Chahin Valenzuela, Fuad DC IX 49
Chávez Velásquez, Marcelo DC VIII 45
Cicardini Milla, Daniella IND III 5
Coloma Álamos, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo DC V 13
De Mussy Hiriart, Felipe UDI X 56
Espejo Yaksic, Sergio DC VI 35
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farcas Guendelman, Daniel PPD RM 17
Farías Ponce, Ramón PPD RM 25
Fernández Allende, Maya PS RM 21
Flores García, Iván DC XIV 53
Fuentes Castillo, Iván IND XI 59
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo RN XIV 54
Gahona Salazar, Sergio UDI IV 7
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hernando Pérez, Marcela PRSD II 4
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Insunza Gregorio de las Heras, Jorge PPD IV 9
Jackson Drago, Giorgio IND RM 22
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 24
Kast Sommerhoff, Felipe IND RM 22
Kort Garriga, Issa UDI VI 32
Lavín León, Joaquín UDI RM 20
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto DC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VI 33
Lorenzini Basso, Pablo DC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Melo Contreras, Daniel PS RM 27
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Mirosevic Verdugo, Vlado Liberal de Chile XV 1
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz, Celso UDI VII 36
Morano Cornejo, Juan Enrique DC XII 60
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Arancibia, Daniel PC IV 8
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Núñez Urrutia, Paulina RN II 4
Ojeda Uribe, Sergio DC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel DC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Paulsen Kehr, Diego RN IX 49
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Pilowsky Greene, Jaime DC RM 24
Poblete Zapata, Roberto IND. VIII 47
Provoste Campillay, Yasna DC III 6
Rathgeb Schifferli, Jorge RN IX 48
Rincón González, Ricardo DC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rocafull López, Luis PS XV 1
Sabag Villalobos, Jorge DC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René DC IX 50
Saldívar Auger, Raúl PS IV 7
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel DC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Soto Ferrada, Leonardo PS RM 30
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor DC V 15
Trisotti Martínez, Renzo UDI I 2
Tuma Zedán, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urízar Muñoz, Christian PS V 10
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Urrutia Soto, Osvaldo UDI V 14
Vallejo Dowling, Camila PC RM 26
Vallespín López, Patricio DC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Venegas Cárdenas, Mario DC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Walker Prieto, Matías DC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Se contó con la asistencia, también, de los senadores señores Francisco Chahuán Chahuán, Iván Moreira Barros, Jacqueline Van Risselberghe Herrera, Carlos Montes Cisternas y Alfonso de Urresti Longton.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes, José Manuel Edwards Silva, Gustavo Hasbún Selume y Denise Pascal Allende.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.14 horas.
El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 120ª de la legislatura anterior se declara aprobada.
El acta de la sesión 121ª de dicha legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor CORNEJO ( Presidente ).- En relación con la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , hace dos semanas aprobamos las modificaciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, entre las cuales se estableció una sanción para los diputados que se ausenten injustificadamente a las sesiones de Sala.
En las sesiones siguientes hemos recibido, a través de la Cuenta, comunicaciones de distintos diputados por medio de las cuales señala que justifican su inasistencia a la sesión de tal día. La decisión que se adoptó en todos los casos es, de acuerdo con lo que figura en la Cuenta, “se tomó conocimiento”.
En ese sentido, quiero que la Mesa explique el procedimiento que se aplica para dar legitimidad a las comunicaciones en virtud de las cuales se justifica la inasistencia, porque, hasta donde tengo entendido, lo que aprobamos implica tomar una decisión en cuanto a si esa justificación es razonable o no, y, dependiendo de eso, si se procede o no al descuento proporcional de la dieta.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Señor Presidente , con la venia de la Cámara, en relación con la consulta del diputado Saffirio deseo expresar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados, ocurrida la inasistencia de un diputado , la Secretaría procede inmediatamente a cursar un oficio mediante el cual le solicita que, a más tardar dentro de tercero día, dé las excusas que corresponda para justificarla.
Asimismo, el artículo 41 bis y otras normas del Reglamento establecen cuáles son las causales que justifican la inasistencia de un diputado , entre las cuales está el hecho de cumplir una misión oficial de la Cámara en el extranjero o dentro de Chile, ejercer algunas de las actividades que establece el inciso segundo del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o cuando esté con licencia médica o con algún impedimento grave, como la enfermedad de algún familiar.
Una vez recibidas las excusas, estas son remitidas al Presidente de la Cámara , quien, en uso de sus facultades, si tiene dudas respecto de alguna inasistencia o justificación de algún señor diputado , envía los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia para que ella proceda a determinar la veracidad o procedencia de la justificación.
En caso de que dentro de tercero día el respectivo señor diputado o señora diputada no justifique su inasistencia, la Secretaría elabora un oficio, que debe ser firmado por el señor Presidente , para llevar a efecto el correspondiente descuento de la dieta.
Ese es el procedimiento, señor diputado.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL
El señor CORNEJO (Presidente).- En virtud del artículo 34 del Reglamento, corresponde hacer uso de la palabra a la diputada señora Andrea Molina.
Tiene la palabra, señora diputada.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , hoy hago uso del artículo 34 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a propósito de que desde la semana pasada he sido blanco de una serie de injurias y cuestionamientos a mi honradez y honorabilidad.
Como todos saben -los que no lo conocen se van a enterar ahora-, el martes 11 de marzo el noticiario de Mega, en su sección “El ojo indiscreto”, emitió una información falsa que no solo desprestigia mi imagen como diputada y persona, sino, además, arrastra una serie de situaciones incómodas no solo para mi familia, sino, fundamentalmente, para mis hijas.
Lo que ellos califican como una “humorada” ha desencadenado una serie de opiniones desinformadas, irresponsables y, en la mayoría de los casos, ofensivas, en programas como “Mentiras verdaderas”, de La Red; “SQP”, de Chilevisión, y en portales de internet como www.gamba.cl, donde han usado y abusado de una imagen que utilizó el noticiario de Mega y que han contextualizado en una realidad absolutamente falsa.
Sumado a ello, la reacción de la gente en las redes sociales no es menor. Las críticas y ofensas que han utilizado para referirse a mí han escapado a todo límite.
Sobre esa base, me pregunto: ¿Por qué debo aceptar que hablen de mí en los términos en que lo hacen si yo jamás descalifico a la personas, aun cuando tengamos diferencias de todo tipo? Solo a modo de ejemplo, quiero comentarles que, a partir de estos hechos, me han sindicado como “aprovechadora”, “avivada”, “rasca”, “deshonesta”, entre otros muchos epítetos que, por respeto a los presentes y a quienes nos escuchan, no puedo pronunciar.
Señor Presidente , no quiero victimizarme, pero sí generar un punto de inflexión. La ética periodística obliga a los profesionales de los medios de comunicación a dar información fidedigna, a ir a la fuente. Obliga, también, a que la información que emitan sea real y no falsa, y, de igual modo, los obliga a recurrir a todas las fuentes que sean necesarias.
Es cierto que Mega y La Red rectificaron la información; ¡pero, señores, el daño ya estaba generado!
Por lo mismo, el jueves de la semana pasada elevé una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en la cual argumento la vulneración de principios básicos, como la dignidad de las personas y la protección de la familia, y el sensacionalismo existente en programas informativos.
Sin ánimo de ser grave, como algunos lo han calificado, quiero decirles que muchos ven con liviandad este tema porque no son los afectados. Mis hijas están conectadas a las redes sociales, ven televisión y escuchan cosas que nadie quisiera escuchar de un ser querido.
Así, entonces, como yo soy una persona que tiene los mismos derechos que todos, voy a defender mi dignidad.
Han sido capaces de reírse cruelmente de un colega periodista que tiene una discapacidad visual, y, aun más, creen que corrigen el error con un twitter donde piden disculpas. Solidarizo plenamente con Javier Candia.
Señor Presidente, yo solo espero que el Consejo Nacional de Televisión cumpla con la función encomendada y que marquemos un precedente.
Para terminar, el martes pasado Camila Vallejo planteó la necesidad de reflotar el proyecto que repone el control ético de los colegios profesionales. Dicha colega cuenta con todo mi apoyo.
Por esta misma razón, solicitaré a la Presidenta de la República , mediante oficio, que retome la discusión de dicho proyecto, iniciado en mensaje, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (boletín N° 6562-07).
He dicho.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor CORNEJO (Presidente).- El Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Cornejo y con la asistencia de la diputada señora Claudia Nogueira y de los diputados señores Browne, Carmona, Espinosa, don Marcos; González, Gutiérrez, don Hugo; Insunza, Jackson, Pérez, don Leopoldo; Schilling, Torres, Urrutia, don Ignacio; Walker y Ward, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Tomar conocimiento de las Tablas de las sesiones ordinarias de la semana, documento que se encuentra en el pupitre electrónico de los señores diputados.
2. Aplicar, a partir de la próxima sesión, un sistema electrónico de uso de la palabra, en el cual los diputados van a poder inscribirse a través de sus pupitres. La palabra se otorgará alternadamente por cada bancada, según el orden de inscripción que tengan en esa bancada.
Esto -como dije- comenzará a regir en la sesión ordinaria de mañana miércoles.
3. Trasladar al Orden del Día el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.671, con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados (boletín N° 9029-14).
La idea es votar hoy este proyecto, por lo menos, en general.
4. Tratar durante las sesiones que se celebrarán entre los días 1 y 3 de abril próximo, los informes de las comisiones investigadoras sobre el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores y acerca de la situación ambiental en que se encuentran las comunas del valle del Huasco, en la Región de Atacama, por los trabajos de instalación del proyecto Pascua Lama.
5. No incorporar Tablas de Fácil Despacho en las sesiones ordinarias de mañana miércoles y del jueves.
6. Autorizar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52, número 2), letra a), de la Constitución Política de la República, al ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera para que pueda ausentarse del país entre el 23 y el 25 de marzo próximo, a fin de viajar a Perú, y entre el 30 de marzo y el 3 de abril, y entre el 8 y el 21 del mismo mes, con el objeto de dirigirse a los Estados Unidos de América.
AUTORIZACIÓN A EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL PAÍS
El señor CORNEJO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para autorizar al ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera para ausentarse del país?
Acordado.
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
V. ORDEN DEL DÍA
SUPRESIÓN DE LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE VIVIENDAS SOCIALES. (Segundo trámite constitucional.Boletín N° 9029-14)
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.671, con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados.
Diputada informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es la señora Claudia Nogueira.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 114ª de la legislatura 361ª, 16 de enero de 2014. Documentos de la Cuenta N° 10.
-Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 120ª de la legislatura 361ª, en 28 de enero de 2014. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora NOGUEIRA, doña Claudia (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, de origen en una moción de la senadora señora Lily Pérez y de los senadores señores Pedro Muñoz , Hosaín Sabag y Eugenio Tuma , que modifica la ley N° 20.671, que renueva y modifica el procedimiento de regularización de ampliaciones de viviendas sociales contemplado en la ley N° 20.251.
La idea matriz o fundamental del proyecto en informe es permitir a los propietarios de viviendas sociales regularizar, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 20.671, las ampliaciones de más de veinticinco metros cuadrados, siempre que la superficie total de la edificación no supere los noventa metros cuadrados.
La Comisión, tras compartir los fundamentos del proyecto y la necesidad de legislar en la materia, lo aprobó en general por la unanimidad de las diputadas y los diputados presentes, señoras Denise Pascal y Claudia Nogueira, y señores Browne , García , Hales , Jarpa , Latorre , León, Norambuena , Tuma y Velásquez .
El proyecto de ley no contiene normas de quorum especial.
En cuanto a sus fundamentos, la ley N° 20.671 permite regularizar, hasta el 8 de junio del 2015, las ampliaciones de viviendas sociales de hasta veinticinco metros cuadrados por medio de un procedimiento simplificado de tramitación. Con ello, las viviendas sociales, que, en promedio, tienen superficies edificadas de cuarenta metros cuadrados, pueden normalizar las extensiones de hasta veinticinco metros cuadrados, permitiéndoles así albergar de manera más adecuada al grupo familiar.
Sin embargo, se ha presentado el problema de la regularización de aquellas viviendas sociales desarrolladas con programas estatales, cuya superficie proyectada, en una primera etapa, disponía de lo mínimo; esto es, de una cocina, un baño y, en algunos casos, de un espacio multiuso. Dentro de esos programas cabe citar a los siguientes: Viviendas Progresivas, Viviendas Rurales, Chile Barrio y Recuperación de Barrios.
Ahora bien, lo que ha sucedido es que en varios casos las extensiones edificadas han sido de más de veinticinco metros cuadrados, por lo que, considerando la limitación de superficie impuesta por la ley N° 20.671, no es posible regularizarlas al amparo del procedimiento excepcional que prescribe esa normativa. En tal virtud, se hace necesario modificar la ley.
Contenido del proyecto. El texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional consta de un solo artículo, que incorpora varias enmiendas en el artículo 1° de la ley N° 20.671.
La principal de ellas consiste en sustituir la redacción del encabezamiento del inciso primero, cuyo texto en vigor consagra la facultad de los propietarios de viviendas sociales de regularizar las ampliaciones de hasta veinticinco metros cuadrados que hubieren efectuado en sus viviendas. La norma de reemplazo aprobada por el honorable Senado difiere sustantivamente de la disposición actual, pues permite regularizar inmuebles de hasta noventa metros cuadrados de superficie total.
Otra modificación importante se refiere al inciso segundo del mismo artículo 1°, que, en su texto actual, prescribe que tratándose de ampliaciones en segundo piso o superior, la solicitud de regularización deberá ser firmada por un arquitecto, o bien contar con un informe favorable de la dirección de obras municipales. La reforma consiste en hacer aplicable también la exigencia antedicha, es decir, la participación de un arquitecto en la petición o informe de la dirección de obras, tratándose de inmuebles adosados a tres o más deslindes del predio de que se trate.
Cabe hacer presente que la Comisión de Vivienda aprobó el proyecto en los mismos términos propuestos por el Senado.
En virtud de lo expuesto, la Comisión recomienda a la Sala aprobar este proyecto de ley.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , antes de iniciar mi intervención sobre el proyecto en debate, quiero plantear a la Mesa un tema relacionado con la inscripción electrónica para hacer uso de la palabra. En mi opinión, una vez realizado el proceso de inscripción, la Mesa debiera informar a la Sala sobre los diputados inscritos. Lo señalo, porque en otras oportunidades me he inscrito a través de este sistema y mi nombre no ha figurado en la pantalla del pupitre electrónico de la Mesa.
Por lo tanto, antes de iniciarse el debate, debiera individualizarse a quienes nos hemos inscrito para usar de la palabra. Es una propuesta para un mejor legislar.
El proyecto en debate, tan ansiado y necesario, especialmente para quienes tienen menos, es de Perogrullo. La iniciativa fue presentada por un grupo de senadores, entre ellos Eugenio Tuma , quien tuvo a bien integrar a la discusión a algunos diputados. Lo recuerdo perfectamente, porque hablamos de las viviendas progresivas, de no tan feliz recuerdo, aunque fueron las que iniciaron la actividad habitacional en los años 90, que vino a dar solución a los graves problemas que por tantos años sufrió gente que añoraba una vivienda propia. Recuerdo esto por el aporte que le hicimos al senador Eugenio Tuma en el momento en que nos solicitó una conversación sobre el problema que constataba en la ley N° 20.671, que permitió la regularización de las ampliaciones de las viviendas sociales.
Para que se entienda mejor, se trata de un proyecto parecido a la “Ley del Mono”; claro que esta fue sin costo. Dicha ley permite regularizar ampliaciones en todas las viviendas sociales, que, en promedio, tienen superficies edificadas de cuarenta metros cuadrados. Por supuesto que se contempla un criterio de tolerancia -algunos metros más-, ya que en esa discusión -no lo olvidemos- se acordó no ser tan exigente en relación con el límite de metros cuadrados.
Sin embargo, hoy existen viviendas sociales de menores dimensiones que fueron edificadas en su momento para solucionar problemas urgentes. Reitero el tema de las viviendas progresivas, de la década del 90, que permitían, por lo menos en ese entonces, brindar un techo y una solución sanitaria -baño y cocina- a familias de escasos recursos que prácticamente se encontraban en situación de calle. Esas viviendas, como es lógico, por el paso del tiempo han sido ampliadas para un mejor vivir de sus moradores. El problema es que algunos han hecho ampliaciones que sobrepasan los veinticinco metros cuadrados.
Por eso, la modificación propuesta -muy bien relatada por la diputada señora Claudia Noguera - es muy pertinente, dado que la ley actual no autoriza la regularización cuando la ampliación supera los veinticinco metros cuadrados.
La iniciativa en estudio propone una solución definitiva para quienes habiten en ese tipo de inmuebles, que, por aplicación de la ley N° 20.671, estaban impedidos de regularizar sus ampliaciones. En la mayor parte de los casos, gente que con mucho esfuerzo había logrado cimentar una vivienda más amplia y digna para sus familias, muchas veces se encontraba con la notificación de inspectores municipales.
Por las razones expuestas, anuncio que apoyaré esta iniciativa.
Por último, un recuerdo muy especial para el senador Eugenio Tuma , quien nos dio la oportunidad de participar en la discusión de esta moción.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, me preocupa este proyecto de ley.
Fui autor, junto con la diputada Claudia Nogueira y los diputados José Miguel Ortiz , Roberto León y prácticamente todos los diputados de la Comisión de Vivienda, del proyecto que dio origen a la ley que extendió la vigencia de la “Ley del Mono” -como se le conoce-, para regularizar las ampliaciones de viviendas sociales de hasta veinticinco metros cuadrados. Cabe recordar que la vigencia de esa ley expiraba en marzo de 2011.
Muchos propietarios de viviendas sociales y muchos comités de vivienda que no regularizaron con la “Ley de Mono”, no pudieron postular a subsidios de ampliación o de mejoramiento. Por eso presentamos la moción, cuya tramitación duró dos años. Al final se aprobó; se promulgó la ley y el Ministerio de Vivienda dictó el correspondiente reglamento, el mismo que hoy se está aplicando en todas las direcciones de obras del país.
Costó mucho aprobar ese proyecto. Recuerdo bien que el arquitecto y entonces diputado Patricio Hales y el expresidente del Colegio de Arquitectos, José Ramón Ugarte , quien era asesor técnico del Ministerio de Vivienda, nos dijeron que era muy complicado extender la vigencia de la “Ley del Mono” después del terremoto de 2010, dado que la autoridad técnica del nivel municipal y la del Ministerio de Vivienda se dieron cuenta de que muchas casas damnificadas o destruidas por el terremoto habían regularizado sus ampliaciones mediante dicha ley, en circunstancias de que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad.
Por eso, en la “Ley del Mono” modificada por nuestra moción parlamentaria, se establecieron varias limitaciones: primero, que las ampliaciones solo se podían realizar en los primeros pisos; segundo, que no podían estar ubicadas en zonas de riesgo o en bienes nacionales de uso público.
Ahora llega de la Cámara Alta una moción, muy respetable, del senador Tuma, por medio de la cual se pide ampliar el límite a noventa metros cuadrados, lo que tiene una finalidad social que valoro y comparto. Sin embargo, advierto que el año pasado la autoridad técnica del Ministerio de Vivienda nos dijo que por ningún motivo se podía autorizar por medio de la “Ley del Mono” ampliaciones de más de veinticinco metros cuadrados.
Lo otro que me llama la atención es que se coloque en una misma situación a los establecimientos de comercio y a las viviendas, en circunstancias de que estas requieren un estándar de seguridad mucho mayor.
Señor Presidente , recién hubo un sismo de 6,7 grados en el norte. Al respecto, como bancada de la Democracia Cristiana presentamos una propuesta sobre una nueva institucionalidad en materia de gestión de emergencias.
Yo, por un criterio de responsabilidad -lo dije en la reunión de los Comités-, dado que Chile es un país sísmico, quiero, antes de aprobar este proyecto, conocer la opinión técnica del Ministerio de Vivienda.
Creo que debemos aprobar el proyecto en general, es decir, la idea de legislar, pero que vuelva a la Comisión de Vivienda para que la autoridad técnica del Ministerio de Vivienda certifique que la ampliación, a través de la “Ley del Mono”, de viviendas sociales de más de veinticinco metros cuadrados no vulnera los requisitos mínimos de seguridad.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el señor Secretario para informar sobre los acuerdos de Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, acordaron lo siguiente:
En primer término, limitar hasta diez minutos -dos discursos de cinco minutos cada uno- el debate del informe de la Comisión de Educación, que hoy está en Tabla.
En segundo término, fijar nuevos horarios para el funcionamiento de las comisiones, los que van a estar en los pupitres electrónicos de todos los diputados. Eso implica el traslado del horario de funcionamiento de dos comisiones, la de Cultura y la de Deportes, a los jueves, y el establecimiento de tres horarios de funcionamiento los miércoles, los que se van a informar oportunamente.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).-
Gracias, señor Secretario .
Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo.
La señora VALLEJO (doña Camila).-
Señor Presidente , a pesar de que considero insuficiente el proyecto que modifica la ley Nº 20.671, con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados, lo votaré favorablemente en razón del beneficio que reportará a la regularización de miles de viviendas sociales de nuestro país.
Sin embargo, me permito intervenir en el debate, a fin de profundizar en lo sustantivo de la política pública de viviendas sociales.
Un hecho comprobado a lo largo de los últimos cuarenta años es que el Estado de Chile ha carecido de una política que promueva dignamente viviendas adecuadas para la población de menores recursos.
Esa omisión es absolutamente reprochable en un país que presume de sus grandes cifras económicas y que posee el ingreso per cápita más alto de la región. Además, es reprochable porque el derecho a una vivienda adecuada es un derecho social desconocido por la Constitución Política de 1980, pero que, al mismo tiempo, es reconocido internacionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile.
El derecho a la vivienda, internacionalmente, se asocia a una vivienda adecuada, lo que no debe entenderse únicamente referido al acceso a la vivienda, sino al hecho de que esta deba ser de calidad, contar con el espacio necesario, según cantidad de habitantes, y encontrarse situada en barrios que, como mínimo, cuenten con seguridad, comunicación vecinal, áreas verdes y de esparcimiento, cercanía a servicios y acceso a agua potable y a electricidad.
La experiencia comparada, en particular la de países hermanos en Sudamérica, dista mucho de nuestra pobre realidad en la materia. A modo de ejemplo -quizá, esto no gustará a los colegas de la Alianza-, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 82 lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”.
Fíjense ustedes que el derecho a la vivienda adecuada así reconocido, se preocupa de reconocer la necesidad de un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Se trata de un derecho que, a su vez, es una obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado.
Otro caso emblemático lo encontramos en Uruguay. De hecho, en uno de sus informes anuales, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, mencionó varios casos en que una activa política participativa municipal ha incidido positivamente en profundizar cambios sociales que apuntan a mayor justicia social. Y cita el caso de Montevideo, donde “las políticas y programas en favor de los pobres adoptadas por la ciudad, sin apoyo del gobierno central y a pesar del declive económico, han conducido al cierre de las enormes brechas entre los grupos de bajos ingresos y el resto de la población de la ciudad mediante, entre otras cosas: la ampliación de los servicios de saneamiento hasta llegar a más del 90 por ciento de las residencias; la oferta de transporte público a todos los asentamientos periféricos de la ciudad; la adquisición de más de 220 hectáreas de terrenos en el centro de la ciudad -no en la periferia- y su asignación para la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos; y el establecimiento de bancos de materiales de bajo costo y centros de asistencia técnica”.
Ocurre que una verdadera política pública de vivienda no puede ni debe implicar un negociado para las inmobiliarias y constructoras, como ha ocurrido hasta ahora en Chile. Es la dignidad del pueblo la que nos obliga a poner fin a la segregación de clases y a acabar con los guetos en las urbes. La forma como concebimos nuestra sociedad nos impone ocuparnos de las inadecuadas condiciones de vivienda en que habitan millones de chilenos y chilenas.
La necesidad de legislar al respecto es un debate impostergable en nuestra sociedad, que, idealmente, con participación ciudadana, pueda establecer una nueva política de vivienda que persiga el bienestar social antes que el individual y busque el crecimiento basado en la redistribución equitativa de la riqueza y no el crecimiento medido por índices macroeconómicos basados en las ganancias totales, que, como sabemos, quedan en los bolsillos de muy pocos.
Generar una nueva política de vivienda para Chile implica fortalecer el rol estatal y asumir la defensa por una mejor calidad de vida, que integre las poblaciones a las redes de servicios, en vez de instalarlas en la marginalidad, tal como ocurre ahora.
Generar esta política habitacional significa dejar de pensar en la vivienda como un bien que se adquiere en el mercado y comenzar a pensarla como un derecho social urgente y necesario para generar nuevas y mejores condiciones de vida para el pueblo chileno.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , en primer lugar, echo de menos a la ministra, quien no se encuentra en la Sala.
Si bien esta iniciativa se originó en una moción, creo relevante que, cuando se propone modificar una la ley que aprobamos hace un año, la ministra esté presente. Nos gustaría saber lo que va a ocurrir con el programa de mejoramiento y ampliación, considerando las distintas directrices que se están entregando. Al respecto, lamentablemente, no hemos visto si va a haber continuidad en relación con las regiones y los sectores rurales.
Me alegra que hoy estemos haciendo una reformulación de esta ley sobre la base de lo que hemos visto en terreno. Por eso, nos gustaría que la ministra estuviera acá, porque en terreno los directores de obras dicen que no han recibido las instrucciones para aplicar lo que tiene que ver con las ampliaciones y los mejoramientos; que no han recibido instrucciones de los seremis para saber si se trata de ampliaciones de hasta veinticinco metros cuadrados.
Sería importante contar con la presencia de la ministra para saber de qué manera el ministerio va a entregar las indicaciones que van a permitir que este sistema se encuentre operativo.
En terreno nos dicen: “Ustedes hacen la ley allá arriba, en el Congreso Nacional; pero, cuando hay que implementarla, cuando nos toca decir si sirve o no, ocurre que no sirve”.
Por eso, estoy de acuerdo con suprimir el límite máximo de veinticinco metros cuadrados, de manera que más propietarios de viviendas sociales puedan acogerse al beneficio de regularizar sus ampliaciones.
Sin embargo, después de conocer los planteamientos del diputado Tuma y de escuchar al diputado Matías Walker , creo que sería interesante chequear los estándares de seguridad de esas construcciones, ya que no podemos aprobar el proyecto a la ligera, más aún cuando los directores de obras no tienen como prioridad revisar esas ampliaciones.
Por lo tanto, es conveniente que el proyecto vuelva a la comisión técnica, con el objeto de incorporar estándares de seguridad que nos den tranquilidad respecto de esas construcciones. Además, señor Presidente , debemos escuchar lo que dice la gente, cual es que no se puede implementar la “Ley del Mono” porque los directores de obras no aplican las directrices que entregó el ministerio.
En consecuencia, no sacamos nada con aprobar iniciativas de ley de este tipo o aumentar la superficie de ampliación, por ejemplo, de veinticinco a cien metros cuadrados, porque nada de esto llega a esas familias.
Señor Presidente , con todo mi cariño le encargo que la próxima vez cite a la ministra, porque es necesario que resuelva nuestras consultas y nos diga cómo va a instruir a sus seremis. No quiero que existan interpretaciones al respecto, ya que, como diputada , represento a seis comunas, en cada una las cuales la ley se interpreta de manera distinta.
Por último, reitero que necesitamos saber cuáles son las instrucciones, si corresponden a lo establecido por el legislador y si satisfacen las necesidades de las familias.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Señora diputada, daremos a conocer sus planteamientos a la ministra y adoptaremos las medidas necesarias para que dicha autoridad esté presente en el segundo debate del proyecto, con el objeto de que pueda responder a todas las consultas.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
No esperaba menos de usted, señor Presidente .
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , quiero expresar mi satisfacción porque el proyecto de ley está alcanzando un acuerdo generalizado.
La moción satisface las aspiraciones de miles de familias chilenas, las cuales no solo podrán regularizar esas ampliaciones, sino la propia vivienda. Quiero recalcar que el proyecto posibilita no solo la regularización de las ampliaciones, sino de las viviendas, materia que no estableció la ley N° 20.671, que solo posibilitó la regularización de ampliaciones de hasta veinticinco metros cuadrados.
En el caso de mi distrito, particularmente en la comuna de Freire, se construyeron viviendas inmediatamente después del terremoto de 1960 -o sea, hace más de cincuenta años-, las que no se han podido regularizar, porque la Corvi, actual Serviu, no lo hizo y las entregó sin la recepción definitiva.
Por lo tanto, el proyecto permite regularizar la situación de muchas viviendas cuyos propietarios han esperado muchos años para hacerlo. La falta de regularización les ha impedido acceder a los beneficios que entrega el Serviu para reparar, por ejemplo, sus techos, algunos de los cuales en esos años se hicieron incluso con fonolas.
Me parece interesante lo señalado por la diputada Sepúlveda respecto de las recomendaciones que debe entregar el Serviu.
Asimismo, solicito al ministerio que apoye a las municipalidades con profesionales, ya que muchas de ellas están absolutamente colapsadas, como sucede con la de Temuco, que da hora para sesenta días más. Además, las direcciones de obras no tienen funcionarios. Al respecto, como ustedes saben, dichos directores tienen una particularidad: son elegidos por el alcalde, pero dependen del Ministerio de Vivienda. Ellos temen caer en alguna infracción. Como se sabe, la única manera de sacarlos del cargo es a través de un sumario. Por eso se cuidan mucho y no aportan a la solución de los problemas de la gente. En consecuencia, deseo discutir con la ministra sobre la forma en que deben ser instruidos.
Considero que es obligación del ministerio entregar directrices, certificados o el apoyo de profesionales, ya que muchos municipios no tienen dinero para contratarlos de manera que apoyen la aplicación de esta ley de regularización de construcciones, que, como dijo la diputada Sepúlveda , estamos generando desde arriba, pero que no se puede aplicar en la práctica.
Espero que los diputados votemos favorablemente el proyecto y que consigamos que el ministerio haga lo suyo, con el objeto de que esto sea una realidad para miles de chilenos que esperan la regularización de su vivienda. Sin embargo, debemos tener presente que hay dificultades en las municipalidades, materia que deberá abordar la ministra de Vivienda.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Paulina Núñez.
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-
Señor Presidente , como diputada del distrito N° 4, constituido por las comunas de Antofagasta, Mejillones , Sierra Gorda y Taltal , debo señalar que la política de viviendas sociales no llega a las regiones. Es así que en la Región de Antofagasta no solo debemos hablar de la regularización de ampliaciones de viviendas, sino de que las personas adquieran sus viviendas. La realidad de Antofagasta dista mucho de la existente en otras regiones, dado que allá los terrenos son muy caros. Recordemos que los terrenos para construir viviendas sociales deben ser transferidos desde el Ministerio de Bienes Nacionales o desde el Serviu.
Anuncio que votaré a favor la moción, pero debo dejar en claro ante el hemiciclo que tenemos que favorecer en esta materia a las regiones, sobre todo a la de Antofagasta, con el objeto de que los subsidios no queden solo en el papel, sino que se concreten en viviendas sociales que tanto añoran las familias de las comunas que nombré.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .-
Señor Presidente , estamos frente a un proyecto de gran significado social. En otras épocas, el Estado no tenía recursos suficientes, por lo que entregó viviendas de 18 metros cuadrados a muchas familias, las que debieron proceder a su ampliación. En todo Chile existen poblaciones llamadas caricaturescamente “pitufas”.
Posteriormente, las políticas habitacionales progresaron, lo que permitió entregar viviendas de hasta veinticinco metros cuadrados. En la comuna de Coyhaique, por ejemplo, existe la población El Bosque, estigmatizada porque, a fines de la década del 90 y a principios de la del 2000, se pretendió meter a familias numerosas en viviendas de veinticinco metros cuadrados, construidas en sitios de setenta y cinco u ochenta metros cuadrados. Obviamente, para esas familias el sueño de la casa propia se esfumó el día en que entraron en ella. Además, ante la ausencia de programas, de proyectos y de subsidios que apuntaran al mejoramiento de la condición de precariedad y de marginalidad habitacional que existía en esa época, muchas de ellas tuvieron que ampliar sus viviendas sin contar con apoyo alguno para lograr materializar el sueño de tener una casa digna, como se merecen las familias más vulnerables del país.
La ausencia de subsidios obligó a esas familias a autoconstruir como pudieran y como quisieran, lo que generó la existencia de viviendas no regularizadas, situación que ha impedido a sus propietarios acceder a las redes de ayuda que estableció el Estado.
Creo que este proyecto va en la dirección adecuada, porque permitirá la regularización de numerosas viviendas, y, con ello, que se premie el esfuerzo de tantas modestas familias que a lo largo del país se encontraron con la realidad descrita. Ello les permitirá, obviamente, acceder a otros beneficios de políticas habitacionales que se encuentran vigentes.
Por tanto, llamo a todos los miembros de la Cámara a aprobar la iniciativa en debate, porque, en definitiva, se trata de un proyecto social que, insisto, va en la dirección correcta y beneficiará a las familias más vulnerables de nuestro país.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , este proyecto, que modifica la ley N° 20.671, cobra enorme relevancia para numerosas comunas de nuestras regiones. Se trata de una iniciativa muy sentida por la comunidad, las organizaciones sociales y los comités de vivienda, por cuanto viene en contribuir a la solución de una problemática que afecta a muchas familias que, con gran esfuerzo, han optado por ampliar sus casas, pero no han tenido los recursos suficientes para regularizar tales ampliaciones ante las direcciones de obras municipales respectivas. La iniciativa en discusión permitirá que pobladores cuyas viviendas están emplazadas en áreas urbanas o rurales, por una sola vez, dentro del plazo de dos años, puedan regularizar sus inmuebles, con todo lo que ello trae consigo, por ejemplo, poder optar posteriormente a otros beneficios sociales que el Estado entrega a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, llámense ampliaciones de esas mismas casas, construcción de panderetas para sus cierres perimetrales, etcétera. Se trata de beneficios que, para las familias de bajos ingresos, significan aportes de tremenda relevancia que entrega el Estado, los que, particularmente durante estos últimos seis años -desde que se creó el Programa de Protección al Patrimonio Familiar-, han ido aumentando de manera considerable.
En consecuencia, esperamos que este proyecto contribuya a que miles de chilenos que se hallan en la situación descrita puedan optar -como sucedió con las primeras “leyes del mono”- al importante beneficio que se otorga. Ese será el resultado de la iniciativa, que se trabajó legislativamente durante largo tiempo y que debió aprobarse hace muchos meses.
Quiero hacer una reflexión. En este Gobierno que estamos iniciando -lo digo responsablemente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Vivienda - nos vamos a encontrar con una situación bastante compleja que nos deja de herencia el gobierno anterior. Lo señalo no solamente como una forma de criticar esa herencia negativa. Se estima que más de 50.000 familias tienen voucher, es decir, se les entregaron subsidios habitacionales por montos que no fueron suficientes para que empresas constructoras pudieran edificar sus viviendas. Al respecto, cabe agregar que los subsidios de muchas personas -como me lo manifestaron ayer algunos dirigentes de comités de vivienda del distrito que represento- vencerán dentro de un par de meses.
Entonces, el problema que denuncié en la Cámara durante tanto tiempo le llega con fuerza a este Ministerio de Vivienda y a esta ministra, la señora Paulina Saball , quien deberá enfrentar este enorme desafío. No se trata de criticar por criticar, como lo hacía la Derecha en el pasado; hoy se trata de asumir que tenemos un problema que heredamos, y debemos ver la forma de solucionarlo.
Si por algo se caracterizó el pasado gobierno en materia habitacional fue por entregar miles de subsidios de ampliación de viviendas y de panderetas para igualar las cifras del anterior gobierno de la Presidenta Bachelet , pero redujo a un tercio la cantidad de viviendas que efectivamente se construyeron. Aun más, nos dejaron, repito, más de 50.000 familias -algunas organizadas y otras individualmente receptoras de beneficios- sin posibilidad alguna de acceder hoy a la casa propia, por cuanto requieren de un subsidio adicional para complementar el subsidio entregado, de manera que alguien se interese en la construcción de esas viviendas.
Lo planteo porque, en definitiva, tenemos aquí un asunto de una importancia no menor: a medida que más familias se beneficien con la iniciativa que aprobaremos hoy, obviamente aumentará la demanda de la población para acceder a otros beneficios del Estado -como sabemos, antes se limitaba solo a uno, pero en la actualidad se puede acceder a dos o tres, dependiendo del caso-, entregados a través del Ministerio de Vivienda.
Por eso, quiero dejar establecido en la Sala -seguramente, mañana la señora ministra corroborará mi planteamiento- que, en el ámbito de la política habitacional, tenemos un problema que debemos asumir. La diputada que me precedió en el uso de la palabra se refirió a las regiones. Efectivamente, hay un problema en ellas; en regiones como la que represento, el problema es que mientras en el último año del anterior gobierno de la Presidenta Bachelet se entregaron 9.000 viviendas, en los cuatro años del gobierno que recién terminó se construyeron solo 3.000. De las treinta comunas que forman parte de la Región de Los Lagos, en veintiuna no se ha construido una sola casa nueva en los últimos años. Eso, lógicamente, significará un aumento enorme de la demanda en vivienda.
Menciono como ejemplo la situación de mi región, pero en todo el territorio nacional existirá una demanda tremenda en materia de vivienda, problema que se tendrá que enfrentar con el exiguo presupuesto que heredó del gobierno anterior el Ministerio de Vivienda, cartera que deberá resolver todos los problemas que aquí he detallado.
Culmino mis palabras haciendo un llamado a los colegas a que apoyen esta iniciativa. Sin lugar a dudas, para los diputados nuevos también debe ser un orgullo poder votar a favor este proyecto -así como ocurrió con el del bono marzo en la sesión anterior-, porque irá en directo beneficio de personas que lo necesitna, quienes para regularizar sus propiedades no tendrán que pagar a un arquitecto y los trámites correspondientes, lo que hacía inviable tal posibilidad.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Mario Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente , para mí reviste especial importancia el proyecto en debate. Al respecto, con el mayor de los respetos, deseo recordar que los antecedentes del cuerpo legal que hoy estamos modificando se encuentran en la ley N° 20.251, iniciativa que inició su tramitación en agosto de 2007 y que fue despachada por el Congreso Nacional en diciembre de ese año.
El diputado que interviene fue quien promovió la tramitación de la iniciativa que se convirtió en la ley que establece un procedimiento simplificado para los permisos de edificación de viviendas sociales, conocida vulgarmente como “Ley del Mono”.
El objetivo de dicha iniciativa era posibilitar que las familias más modestas pudieran acceder a un nuevo beneficio que se creó durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet : los subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinados a la reparación y la ampliación de viviendas. Para que las familias interesadas pudieran acceder a tales subsidios debían contar con el documento de la dirección de obras del municipio respectivo que señalara que su vivienda se encontraba regularizada. Sin embargo, eso no ocurría.
Como había una enorme cantidad de viviendas sociales de la gente más modesta sin la regularización de sus ampliaciones, promovimos la citada iniciativa, que se convirtió en ley. En aquella ocasión conté con el respaldo de la Comisión de Vivienda de la honorable Cámara de Diputados y del Gobierno para que la iniciativa finalmente se convirtiera en realidad.
Deseo recordar que cuando la Cámara despachó el proyecto en su primer trámite constitucional, este no contemplaba una limitación en relación con la cantidad máxima de metros que podían tener las ampliaciones. Fue en el Senado donde, para disgusto del diputado que habla y también de los miembros de la Comisión de Vivienda de la Cámara, se estableció el límite de veinticinco metros cuadrados, criterio que, con el paso del tiempo, demostró ser erróneo. Es lo que ahora está tratando de corregir el Senado, porque, hoy por hoy, por las razones ya señaladas, existen muchas viviendas sociales con ampliaciones de, por ejemplo, treinta, treinta y dos o treinta y cinco metros cuadrados.
Los colegas deben considerar que hacer una habitación de tres por tres significa doce metros cuadrados. Mucha gente modesta se está quedando sin la posibilidad de acceder a la ampliación o la reparación de sus viviendas.
En la práctica, en los hechos, todos nos hemos encontrado con que la limitación introducida por el Senado resulta inadecuada para la realidad de hoy. El beneficio tiene por objeto favorecer a las familias más vulnerables; pero, reitero, la limitación de superficie impuesta para la ampliación de viviendas sociales, la cual no puede superar los veinticinco metros cuadrados, resulta inconveniente.
El proyecto de ley en debate modifica lo establecido en la ley N° 20.671 -iniciativa cuyo autor fue, entre otros, el diputado señor Matías Walker -, que dispuso la renovación y modificación -por un período de dos años, hasta 2015- del procedimiento de regularización de ampliaciones de viviendas sociales contemplado en la ley N° 20.251.
La modificación que propone el proyecto en discusión apunta en la dirección correcta, de manera que solicito a las señoras diputadas y a los señores diputados que lo aprueben, porque permitirá apoyar a muchísimas familias.
Uno de los grandes problemas de los cordones periféricos de nuestras ciudades dice relación con las poblaciones que se construyeron sobre la base del sistema de autoconstrucción, porque muchas de las ampliaciones de las viviendas sociales que las integran no cuentan con la regularización definitiva, debido a que la extensión de dichas obras en muchos casos supera los veinticinco metros cuadrados. Eso les impide beneficiarse del procedimiento de regularización simplificado contemplado en la legislación sobre la materia, así como de otros beneficios, como, por ejemplo, no ser objeto de la exigencia de que la ampliación deba ser autorizada por un arquitecto o la exención del pago de los impuestos e intereses respectivos.
El procedimiento simplificado y sin costo de regularización de ampliación de viviendas sociales constituye un enorme beneficio para muchas familias. Por esa razón, hago un llamado a la Sala a considerar el espíritu original de la ley que regula la materia y a aprobar el proyecto de ley sometido a nuestra consideración, puesto que la modificación que propone será muy bien recibida por la inmensa mayoría de las familias más modestas y vulnerables del país.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric.
El señor BORIC.-
Señor Presidente , tal como la diputada señora Alejandra Sepúlveda señaló que le llamaba la atención que la ministra de Vivienda y Urbanismo no se encontrara presente en la discusión de esta iniciativa, en mi caso -quizá, en lo que voy a decir peque de ingenuo debido a mi condición de “pajarito nuevo”- extraño la ausencia en la Sala de muchos diputados en esta discusión. Asimismo, me sorprende que casi la mitad de los que se encuentran presentes no estén prestando atención a lo que se está diciendo. No sé si eso es normal. En algún momento me percaté de que más de la mitad de los integrantes de las bancadas de la Derecha, así como de otras, no se hallaban presentes en la Sala, situación que creo también resulta impresentable para quienes están observando la sesión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados.
No puede ser que no nos escuchemos entre nosotros, de manera que pido un poco de respeto hacia lo que señalan los diputados que hacen uso de la palabra, porque la discusión se relaciona con una materia importante, aunque, en la práctica, pareciera que no lo es.
En relación con el proyecto en debate, tal como lo mencionó el diputado señor Matías Walker , la iniciativa debe volver a la Comisión de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales para que sea discutida con mayor profundidad. Sin embargo, me gustaría plantear la situación que afecta a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a la que pertenece el distrito que represento, así como otro aspecto de fondo.
Los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la administración anterior siempre fueron reacios a flexibilizar las normas sobre regularización de ampliación de viviendas sociales debido al peligro que, a su juicio, conllevaba la autorización de obras que no cumplían con las disposiciones existentes sobre la materia. Si bien, en principio, esa postura podría parecer razonable, esta no se hace cargo de la realidad y lleva a que las autoridades terminen por taparse los ojos, por ejemplo, ante casos como el de la Región de Magallanes, en la que más del 40 por ciento de las viviendas han sido levantadas sobre la base del sistema de autoconstrucción, lo que ha significado que su crecimiento haya sido progresivo.
Muchas de esas viviendas en principio solo contaban con algunas piezas y fueron habitadas como consecuencia de una toma; pero luego se transformaron en casas de más de cien metros cuadrados, situación que impide a sus dueños acceder al proceso de regularización. Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es el problema que impide su regularización, así como postular, por ejemplo, a subsidios como el de acondicionamiento térmico, el cual, en la región a la que pertenece el distrito que tengo el orgullo de representar, es fundamental, lo que también incide en el problema del buen uso de la energía, en especial en los duros meses de invierno.
Aprobaré el proyecto en discusión, pero es importante considerar lo planteado por la diputada señora Camila Vallejo respecto del tema, porque, como en muchas de las discusiones que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, no solo nos estamos refiriendo, en este caso, a un proyecto de ley que dice relación con las viviendas sociales, sino al carácter y al rol del Estado que hemos construido en los últimos veinticuatro años.
En materia de vivienda sucede exactamente lo mismo que en materia de educación, salud y pensiones. En este caso, la construcción de soluciones habitacionales se deja en manos de privados; es decir, el Estado se abstiene de actuar para que el mercado haga lo suyo. Esa es la lógica del Estado subsidiario, la cual, tal como hicimos antes desde las calles, esperamos combatir desde la Cámara de Diputados.
El derecho a una vivienda adecuada se halla reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 11 establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo que incluye el derecho a alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de las condiciones de existencia. En nuestro país ese derecho no se encuentra consagrado, lo que se traduce, entre otras cosas, en que el acceso a una vivienda digna sea determinado por la capacidad económica de las personas y por las políticas del gobierno de turno.
Por lo tanto, desde mi perspectiva, creo que es fundamental avanzar no solamente hacia cambios importantes, pero menores, en materia de vivienda, sino también hacia una reforma constitucional en ese sentido.
Para ese efecto fue presentado el proyecto de ley que establece el derecho a acceder a una vivienda digna; pero el Ejecutivo , lamentablemente, no ha hecho presente la urgencia. Esa iniciativa, basada en el derecho comparado, propone elevar a rango constitucional el derecho a la vivienda, aspecto que esperamos discutir con la ministra de Vivienda y Urbanismo, porque implica que el Estado tendría un rol más activo en asegurar que todos los chilenos y todas las chilenas cuenten con una vivienda digna, promovida por políticas públicas.
Asimismo -hablo a quienquiera que escuche en la Sala-, otro proyecto de ley que debería ser objeto de la calificación de urgencia de parte del Ejecutivo es el que establece la reserva de suelo para viviendas sociales.
Por último, quiero señalar que me parece importante que desde el Congreso Nacional entendamos la vivienda y la ciudad como un derecho, no como un negocio, lo que implica cuestionar la lógica del Estado subsidiario y fomentar un proceso de empoderamiento de los gobiernos locales para que puedan ser parte del proceso de construcción de una ciudad amigable para todos.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente , si bien comparto gran parte de los objetivos propuestos en el proyecto de ley en debate, porque apuntan a beneficiar a la gente más vulnerable que necesita regularizar la ampliación de su vivienda a través de un mecanismo simplificado, cuyo plazo de vigencia fue prorrogado mediante la iniciativa de la que fue autor el diputado señor Matías Walker , creo que la ley que regula la materia no ha sido la solución que todo el mundo esperaba, pero no porque su espíritu no haya sido el pertinente para tal efecto, sino, básicamente, como lo sabrán quienes vienen desde el mundo de la administración municipal, porque esa legislación no ha sido aplicada de la misma manera y con el mismo criterio en todo el país.
A modo de ejemplo, en el municipio de Talcahuano hace varios meses que se habla de impulsar la regularización de las ampliaciones de algunas poblaciones construidas sobre la base del programa Chile Barrio. Sin embargo, cuando las personas inician el procedimiento correspondiente, la autoridad municipal en muchos casos les señala que la información no está actualizada en la dirección de obras municipales ni en el sitio web del ministerio del ramo, tal como efectivamente lo hemos podido comprobar.
Esa situación constituye un problema, porque los vecinos que quieren regularizar la ampliación de sus viviendas mediante la denominada “Ley del Mono” no pueden hacerlo, ya que las carpetas con la información requerida son devueltas por las direcciones de obras municipales respectivas, para lo cual se argumenta que la ley no está en vigencia o que esas personas no cumplen con los criterios de selección respectivos para abordar su necesidad de regularización.
El proyecto de ley en discusión propone que los propietarios de viviendas sociales de más de veinticinco metros cuadrados puedan regularizar la ampliación que han llevado a cabo, siempre que la superficie total de la construcción no supere los noventa metros cuadrados. Con ello, el croquis o el “mono” respectivo crecerá, pero lo que en verdad interesa es que se aplique el espíritu de la norma de los senadores que han impulsado esta iniciativa, porque en cada comuna la realidad es distinta.
Durante la discusión del proyecto llevada a cabo el año pasado se escuchó la opinión de los técnicos. Por eso se llegó a la cifra de veinticinco metros cuadrados. Pero la idea de aumentar a noventa metros cuadrados el límite de la superficie total de la edificación permite mejorar la situación de muchas viviendas del mundo rural y de otros sectores en los cuales esta medida es necesaria, oportuna y pertinente.
No sé si lo más adecuado es que el proyecto vuelva a la Comisión. Debemos ponernos de acuerdo en si lo votamos hoy o si decidimos que sea tratado nuevamente por la Comisión de Vivienda, a fin de que los especialistas que concurran a ella señalen si la superficie de noventa metros cuadrados es la más pertinente desde el punto de vista técnico.
Espero que las instituciones hagan su labor. El Congreso Nacional aprobó, luego de mucha discusión, la ley N° 20.671. Es de esperar que las instituciones la apliquen. Para eso tenemos canales en la Cámara. Por ejemplo, la Comisión debería invitar a la Asociación Chilena de Municipalidades, a fin de instarla a que instruya a los alcaldes para que entiendan la referida norma. Por el solo hecho de ser ley se entiende conocida por todos y es aplicable; sin embargo, en algunos municipios, como el de Talcahuano, ello no está ocurriendo.
Anuncio que aprobaremos el proyecto, sin perjuicio de lo cual espero que quede claro si la iniciativa volverá a la Comisión, a fin de recibir en ella la última opinión técnica antes de votarla para que se convierta en ley.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , luego de leer nuestra Constitución Política de la República -todos la tenemos en nuestro pupitre-, no sé si sus disposiciones son declaraciones de principios o no. El hecho es que están consagrados todos los derechos que reclama la gente. En consecuencia, hagamos valer la Constitución y tendremos todos los derechos resguardados. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que nadie puede vivir en un medio ambiente contaminado. La Constitución establece que el Estado es responsable de velar para que ese derecho no sea afectado. La Constitución dispone muchas cosas, pero como aquí no se lee -algunos vienen llegando recién-, no se sabe lo que establece. En consecuencia, muchas veces uno entra en desesperación cuando ve que pasarán los años y no se podrá cumplir lo que uno ha prometido. Ello ocurre por una razón muy simple: se prometen muchas cosas que están fuera de las facultades que tenemos los parlamentarios.
Por lo tanto, les recomendaría a algunos colegas que leyeran cuáles son las facultades de los diputados, de modo de no caer en contradicciones ni empezar a emporcar nuestro propio nido. Les recuerdo a los señores diputados que no hay peor ave que la que empuerca su propio nido.
Además, el hecho de que un parlamentario esté o no presente en la Sala es responsabilidad de él. Si un diputado no quiere estar en la Sala es cosa de él. Nosotros tenemos la obligación de ver qué es lo mejor para el cumplimiento de nuestros deberes. Puedo decir con conocimiento de causa que muchos diputados se encuentran en las diversas comisiones que están sesionando. En efecto, soy uno de los parlamentarios que ha asistido a la Sala toda la vida, porque me gusta estar aquí, escuchar los comentarios, compartir con mis colegas y ver lo que vamos haciendo.
Muchas veces se ha dicho que esta será una ley de absoluta justicia para la clase media. ¡Esta es la cuarta “Ley del Mono” que se aprobará! No es la primera. Lo digo para los que creen que encontraron la panacea. Es así por una razón muy simple: cada “Ley del Mono” se ha aprobado con una vigencia de tres años, pues debe ajustarse a las necesidades de las personas. Partimos con una ley que establecía ampliaciones de veinticinco metros cuadrados; el proyecto que ahora vemos permite ampliaciones siempre que la superficie total de la edificación no supere los noventa metros cuadrados. Eso no habla bien del Parlamento; habla bien de las personas, del país y de los gobernantes que hemos tenido. Gracias a Dios, estamos discutiendo un proyecto que permite regularizar viviendas de una superficie de hasta noventa metros cuadrados, y no se están entregando casas, con baños sanitarios, de dieciocho metros cuadrados o menos, como las que se entregaron en el pasado. Recuerdo que con un diputado fuimos a ver una construcción de dos metros cuadrados en Lican Ray. Con el presente proyecto -reitero- vamos en noventa metros cuadrados. Ojalá lleguemos a cien metros cuadrados y que la gente tenga su vivienda digna y garantizada.
No hay nada que dé más garantía y estabilidad a un matrimonio, a una familia, que tener una casa digna. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo las familias regularizaban las ampliaciones que hacían. Para hacer una reparación o ampliar una vivienda había que tener un plano hecho por un arquitecto. Todos sabemos cuánto cobra un arquitecto por hacer ese trabajo y estampar su firma. Su valor es inalcanzable para la gente. Por ello, cuando ampliaban sus casas y querían optar a un beneficio, no podían obtenerlo porque en la municipalidad les pedían la regularización de su propiedad.
Cuando uno aprueba un proyecto que se convierte en ley -lo digo para los colegas nuevos-, queda feliz. Sin embargo, más adelante se da cuenta de que el respectivo reglamento echa a perder esa ley, porque no es posible aplicar lo que dispone. Así, ¿qué pasará si el reglamento que dicte el Ministerio de Vivienda dispone que la propiedad debe tener un muro de contención, una separación de tal dimensión en el patio de atrás, etcétera? En ese escenario nos amarraremos las manos.
En la Sala hay colegas que vienen del mundo municipal y conocen esos problemas. Por ejemplo, si el director de obras, que es autónomo, “le tiene mala” al alcalde, podría decir: “Señor alcalde , yo debo regirme por el reglamento del Ministerio de Vivienda. Por tanto, usted no tiene poder para decirme lo que tengo que hacer.”.
Lo ideal sería que todos tiremos para el mismo lado en estos problemas que atañen a las personas.
El diputado Espinoza decía que en su zona se habían construido 3.000 viviendas. Indudablemente que es así, pero no dijo que se construyeron 220.000 a raíz del terremoto. Son prioridades; lo entiendo. El señor diputado defendió mucho el sector Los Alerces, en Puerto Montt.
Todos tenemos algo que decir, pero lo importante, antes que hablar tanto, es ver qué haremos con esta futura ley. Se han hecho dos peticiones para que el proyecto se vote en general y vuelva a la Comisión, a fin de que la ministra de Vivienda y Urbanismo y las nuevas autoridades expongan su punto de vista al respecto.
No he escuchado a ningún parlamentario hablar en contra del proyecto. En consecuencia, para qué seguimos discutiendo más, si todos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer y en cuál es el fondo del problema. Votémoslo a favor en general para que vuelva a la Comisión de Vivienda. En esa instancia, junto a la ministra del ramo o a las autoridades que el Presidente de la Comisión , señor Fidel Espinoza , tenga a bien invitar, lo discutiremos y veremos de verdad cuáles son los problemas que habrá que abordar.
Me acuerdo de que en su momento hubo una gran discusión sobre la calidad de las casas. Desde Arica hasta Punta Arenas la construcción era la misma. Absolutamente ridículo. Las casas de Punta Arenas, cuyos ocupantes se morían de frío, tenían la misma aislación que las de Arica, en las que sus moradores se morían de calor. Era increíble. Se trató de arreglar. No estoy hablando del gobierno del Presidente Piñera, sino del conjunto de los gobiernos que empezaron a hacer proyectos para mejorar las viviendas del país. Todavía en Punta Arenas hay problemas. Claro que puede haberlos, como los hay en Temuco, en Cunco y en las comunas del distrito N° 52 que represento con el diputado Meza .
Lo importante es que estamos de acuerdo con este proyecto, pues constituye una buena alternativa para que la gente pueda regularizar a título gratuito su vivienda. No les quepa ninguna duda de que seguirán dictándose “leyes del mono”, porque si el país sigue progresando la gente seguirá ampliando sus viviendas.
Ahora, me parece increíble -más que el proyecto- que haya sitios de seis metros cuadrados, en los que el auto debe entrar retrocediendo para que pueda bajar el chofer. En consecuencia, muchas personas no podrán aumentar ni un metro su vivienda. Por ello, es importante que las personas tengan un terreno acorde a sus necesidades. No es posible que haya terrenos de 60 metros cuadrados y que nosotros aprobemos un proyecto que dispone que la edificación no supere los 90 metros cuadrados. Estoy hablando del máximo y del mínimo de superficie a edificar. Con tan pocos metros cuadrados disponibles en algunas viviendas no habrá espacio ni siquiera para pasar a pie por alrededor del sitio. Por lo tanto, también debe-ríamos legislar sobre cuál sería el sitio ideal para tener una casa acorde a los tiempos que estamos viviendo.
Votaré esta nueva “Ley del Mono” como siempre he votado las anteriores: favorablemente, pues constituye un tremendo beneficio para los miles y miles de chilenos que esperan la regularización de sus títulos de vivienda.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , como dijo el diputado Espinoza , qué duda cabe de que el Gobierno de la Presidenta Bachelet enfrentará una situación compleja en materia de vivienda, debido a una política habitacional equivocada -por lo menos en las regiones no afectadas por el terremoto- que se concentró en la entrega de subsidios y no en la construcción de nuevas viviendas sociales. Es un tema que tendremos que enfrentar en conjunto, porque, probablemente, significará modificaciones en la política habitacional y en el presupuesto.
La discusión del proyecto es completamente pertinente y necesaria, porque quienes estamos permanentemente en terreno con la comunidad, viendo los problemas que se han dado en esta materia, nos hemos dado cuenta de que ha presentado problemas la regularización de aquellas viviendas sociales desarrolladas con programas estatales, cuya superficie proyectada en una primera etapa disponía de lo mínimo. Me refiero a los programas de vivienda progresiva, a algunas viviendas rurales, al programa Chile Barrio, etcétera, en los que las viviendas tenían la cocina, el baño y, en algunos casos, una sala multipropósito o multiuso, con lo cual la restricción de 25 metros cuadrados resultaba insalvable. Por lo tanto, es necesario revisar esta materia, porque si bien el proyecto original que lideró el colega Matías Walker respondió a una necesidad, hoy debe ser mejorado porque mucha gente no está logrando solucionar su problema.
Además, es el momento para hacer una reflexión: tal vez este proyecto no cumple con el objetivo que se persigue. Comparto la proposición formulada por distintos parlamentarios, en el sentido de que sea votado en general en esta sesión porque, como decía el diputado René Manuel García , nadie ha intervenido en contra. Lo único que pretendemos es perfeccionarlo para que no vuelva al Senado, porque ello implicaría otra ronda de discusión y análisis de un problema que requiere pronta solución. ¿Qué duda cabe -probablemente todos lo hemos vivido- de que el criterio que hoy aplican los municipios para interpretar la ley, muchas veces, haciendo exigencias adicionales o complementarias, también constituye un problema?
La aprobación en general del proyecto sería una clara señal que daríamos al Gobierno, en cuanto a que nos interesa sacarlo adelante lo antes posible. Es decir, se trata de que vuelva a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales porque allí, bajo la presidencia del diputado Fidel Espinoza , la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball , que conoce en profundidad la materia, podrá recoger las opiniones que se viertan para perfeccionar el contenido del proyecto. Además, como decía la diputada Alejandra Sepúlveda -por eso son tan importantes las reflexiones que se han hecho en la Sala-, ello nos permitiría concordar lineamientos para que los municipios faciliten la aplicación de la ley, porque muchas viviendas no han podido ser regularizadas, debido a las exigencias que estos imponen.
Considero necesario resguardar el límite máximo de 90 metros cuadrados para que, en el marco de esta restricción, las viviendas sociales puedan ser regularizadas.
Como el diputado Fidel Espinoza , Presidente de la Comisión , convocará a la ministra de Vivienda y Urbanismo , Paulina Saball , a fin de tratar esta materia, le sugiero que lleve un levantamiento de información, es decir, una especie de evaluación de la aplicación de la ley N° 20.671 hasta el momento, porque si comprobamos que han existido mayores exigencias, tal vez sea el momento de ampliar el plazo, porque lo que todos queremos es que muchos chilenos y chilenas que con gran esfuerzo han logrado tener su vivienda, muchas veces con subsidio estatal, hoy puedan regularizar las ampliaciones y reparaciones realizadas en forma ilegal y postular a los subsidios que existen para tal efecto. Cabe recordar que la regularización es requisito para obtener los subsidios respectivos.
Estamos en el momento preciso para perfeccionar el proyecto, de manera que responda a las demandas de la población y permita verdaderamente, con la colaboración de las nuevas autoridades de vivienda, obtener un proyecto que vaya al hueso, es decir, a solucionar los problemas de muchas familias que, debido a la ley vigente que establece un límite máximo de 25 metros cuadrados, no han podido regularizar sus viviendas. En realidad, este metraje es una discriminación arbitraria, toda vez que se fijó solo porque había que establecer un horizonte máximo. Por eso, como digo, es necesario revisarlo y modificarlo.
Por lo tanto, invito a todos los colegas a votar favorablemente el proyecto en general para que vuelva a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales y en un breve plazo -el diputado Espinoza tendrá que hacer las gestiones pertinentes- vuelva a la Sala para que sea votado en particular.
Para terminar, debo hace presente que el diputado Matías Walker fue el gestor de esta iniciativa, que fue perfeccionada y plasmada en el proyecto en discusión.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , comparto lo que se ha manifestado aquí, en cuanto a que, atendido el consenso existente, no deberíamos dilatar la aprobación de un proyecto de esta naturaleza, a menos que se presenten indicaciones específicas, caso en el cual no veo inconveniente alguno para que las discutamos y votemos en forma muy rápida en la Sala.
Quiero hacer una observación en la línea de las indicaciones.
El despacho total de este proyecto demorará alrededor de un año, puesto que ingresó al Senado en julio de 2013. Me gustaría que evaluáramos la posibilidad -a eso apunta la indicación que presenté- de que el plazo transitorio de dos años, contado desde la publicación de la ley, para la regularización de las viviendas, no quede limitado a dicho período. Si se trata de regularizar una vivienda de hasta 90 metros cuadrados, no veo qué sentido tiene establecer un plazo transitorio; debiera ser permanente. Estoy pensando en que, al terminar los dos años, será necesario presentar un nuevo proyecto de ley para prorrogar este plazo, a pesar de lo cual siempre habrá rezagados. En mi opinión, cuando se trate de viviendas de hasta 90 metros cuadrados, no debiéramos fijar un plazo transitorio de dos años.
Por eso, mi indicación apunta a eliminar este plazo, de manera que al hacerlo permanente cualquier vivienda se pueda acoger al procedimiento simplificado.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia.
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente , me referiré a dos aspectos relacionados con el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.671, con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de 90 metros cuadrados. Cabe recordar que el proyecto original establecía un máximo de 25 metros cuadrados.
En primer lugar, el objetivo del proyecto es legalizar una situación irregular, para lo cual se fija un plazo. El proyecto de ley establece el 8 de junio de 2015 como fecha tope; es decir, prácticamente dos años.
En segundo lugar, estoy de acuerdo con lo planteado por la diputada Alejandra Sepúlveda , en el sentido de que es necesario instruir a los directores de Obras Municipales, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a fin de que para la recepción de estas viviendas se exija el fiel cumplimiento de las normas urbanísticas establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. De no ser así, la futura ley provocará serios problemas entre los vecinos, lo que afectará el clima organizacional en cada uno de los barrios.
Aprobaré el proyecto porque considero que beneficia a muchos chilenos que están esperando su aprobación para postular a los subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como el 3PF y otros. Asimismo, debo señalar que esto es solo la punta del iceberg porque a través de este proyecto de ley no se podrán regularizar, por ejemplo, las viviendas de construcción espontánea o de autoconstrucción, ni los loteos irregulares. Otro problema pendiente es la aprobación de este tipo de loteos.
Estoy de acuerdo con que el proyecto se vote en general en esta sesión, a fin de no dilatar más su despacho, atendidos los grandes beneficios que representará para personas que están esperando hace mucho tiempo optar a mejores y más beneficios.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, comparto algunos de los argumentos que se han dado en este debate.
¿Qué duda cabe de que la “Ley del Mono” fue una aspiración muy sentida por miles de familias que veían como una barrera infranqueable la exigencia de que tuvieran regularizadas las ampliaciones o mejoras realizadas en sus viviendas? Después de muchos esfuerzos y de iniciativas parlamentarias, lideradas por Matías Walker , se logró elaborar una nueva “Ley del Mono” que fue vista con muchas esperanzas por las familias y comités de vivienda. Sin embargo, la aplicación de la ley ha tenido algunas dificultades.
El primer problema es que ha existido disparidad de criterios, puesto que las decisiones no dependen solo de la Dirección de Obras de cada municipio, sino también de los Serviu, que tienen distintos criterios para establecer las exigencias respectivas. De hecho, existen diversas interpretaciones sobre lo que debe ser un croquis; algunos entienden que debe ser prácticamente un plano firmado por un profesional, en circunstancias de que la ley original solo apunta a simplificar el trámite de regularización. Solo para algunas ampliaciones de viviendas, por ejemplo las que consideraban un segundo piso, se exigía la firma de un profesional y el plano correspondiente.
Otra dificultad se relaciona con el tamaño de las ampliaciones que podían ser regularizadas por esta vía.
Represento a un distrito en donde la inmensa mayoría de las comunas son rurales, con ciudades pequeñas, de manera que los terrenos son bastante más grandes que en los centros urbanos y, por lo tanto, las personas disponen de más espacio para ampliar sus viviendas, muchas veces en forma rudimentaria. Sin embargo, estas claramente exceden el límite que impone la ley vigente, por lo cual, por ese solo hecho quedan imposibilitados de utilizar la “Ley del Mono”, regularizar sus ampliaciones y postular a los distintos subsidios que entrega el Estado.
Por lo tanto, es indispensable modificar el límite máximo para que el beneficio cubra el mayor número de viviendas y las personas puedan postular a los subsidios de protección del patrimonio familiar que entrega el Estado.
Es importante que hoy podamos votar en general este proyecto, que se puedan analizar las modificaciones y que pueda opinar la nueva ministra, quien conoce en detalle el tema, porque fue subsecretaria de esta cartera cuando entró en vigencia la anterior “Ley del Mono”.
Tratemos de mejorar el proyecto ahora, aquí en la Cámara de Diputados, para que el segundo trámite constitucional en el Senado sea lo más rápido posible, para evitar el tercer trámite constitucional y la iniciativa se transforme en ley de la república el próximo mes. Así, daremos una señal clara de compromiso con las familias que están esperando que modifiquemos esta norma para postular a los subsidios que entrega el Estado.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores.
El señor FLORES.-
Señor Presidente , estamos discutiendo una medida incompleta si no se acompaña del fortalecimiento de las direcciones de obras u otros mecanismos que se puedan validar. El objetivo es asesorar a quienes ampliaron sus viviendas o necesitan ampliarlas y no pueden esperar un subsidio. Me gustaría que las miles de ampliaciones que la gente ha estado ejecutando con recursos propios -cansados de vivir en 20 o 30 metros cuadrados- tengan un apoyo más integral, más completo, respecto del financiamiento y del apoyo técnico necesario para conducir mejor las ampliaciones precarias.
Este tema toca una enorme deuda social del Estado de Chile con la gente más pobre, pero también con la clase media. Al revisar la política de sumar estadísticas de números crudos, se advierte la entrega burlona de miles de papeles sin destino, de miles de subsidios sin posibilidad alguna de ser aplicados, como es el caso de las postulaciones sin proyecto.
Todo esto ha sido una burla a la necesidad más preciada de las familias humildes. Tenemos una deuda creciente de respuestas habitacionales concretas. La postergación gigantesca que en los últimos cuatro años han tenido las regiones, excepto las más afectadas por el sismo, requieren de la mayor preocupación del Gobierno y también de este Parlamento.
Estoy de acuerdo en aprobar en general lo que aquí se propone, pero necesitamos discutir políticas habitacionales más integrales que involucren también a otras instituciones, como el fortalecimiento de los municipios. No sacamos nada con aumentar los metros cuadrados de las viviendas para que se puedan regularizar a través de la “Ley del Mono” si no les damos a los municipios las herramientas necesarias para que efectivamente puedan asesorar o fiscalizar estas construcciones que, en un grado no menor, también se constituyen en un riesgo para las familias que lo han estado haciendo de cualquier manera.
Me sumo al planteamiento de la diputada Sepúlveda y de los diputados Espinoza y Vallespín en cuanto a solicitar la presencia de la ministra de Vivienda en esta Sala para que en conjunto podamos hacer el mayor y máximo esfuerzo por mejorar la condición habitacional de las familias, especialmente, de aquellas regiones que no recibieron subsidios o recibieron papeles que consignaban estos: me refiero a los que no sufrieron los efectos directos del sismo.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Karol Cariola.
La señora CARIOLA (doña Karol).-
Señor Presidente , en primer lugar, estoy de acuerdo con las palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda en cuanto a la necesidad de recoger las distintas opiniones de la ciudadanía, en particular cuando se trata de discutir proyectos de ley en esta Cámara de Diputados. Muchas veces nos olvidamos de quiénes estamos representando, por lo que me parece muy importante y legítimo que empecemos a discutir cómo incorporar más a la ciudadanía. Lo debemos hacer en honor de aquellos que viven el conflicto social de la vivienda; en honor de aquellos que viven de allegados; de aquellos que viven hacinados en casas de parientes; de aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad; de aquellos que se ven obligados muchas veces a vivir en la calle y de aquellos que, lamentablemente, se quedarán con el sueño en sus manos, pues tienen un voucher que vencerá porque no tiene el respaldo de una vivienda digna y de calidad, tal como lo mencionó el diputado Fidel Espinoza .
Además, esas personas llevan muchos años exigiendo una política real de vivienda; exigiendo que esta Cámara y los gobiernos de turno se hagan cargo de que la vivienda es un derecho social que debiese estar garantizado.
Alguien dijo que no estaba en discusión que esta Cámara se la jugará por desarrollar una política seria para que los chilenos y las chilenas tengan acceso a una vivienda digna. Si estamos todos de acuerdo en ello, entonces avancemos en una reforma real que implique incluso cambios constitucionales para que la vivienda sea un derecho, ya que evidentemente ello no está asegurado por el Estado, lo que se puede apreciar en cada uno de los territorios que representamos.
Por el momento, hacemos un llamado a aprobar en términos generales este proyecto de ley, que facilita la regulación de ampliaciones de vivienda, puesto que favorece sin duda a los ciudadanos que, con esfuerzo, realizan ampliaciones en sus casas para vivir con un poco más de dignidad.
En mi distrito ya se tiene conciencia de la aplicación de esta ley en otros momentos. Ello ha tenido buenos resultados. Por lo tanto, hay una solicitud explícita de la ciudadanía de llevarla adelante.
El proyecto permite acceder a otros beneficios sociales a través de los municipios, pues se requiere tener regularizadas las viviendas para poder acceder a ellos.
También, es importante considerar que los municipios en sus distintos roles como gobiernos locales y administraciones locales deberían tener mayores facultades para asesorar de manera continua y permanente a aquellas familias que decidan acceder a esta forma de regularización, con el fin de evitar riesgos en la construcción y, por ende, resguardar que exista un adecuado asesoramiento profesional y no se produzca el abuso económico de algunos profesionales para cumplir con urgencia esta medida.
Hay que dimensionar esta ley en su justa medida y dedicar mucho más tiempo a la construcción de una verdadera política de vivienda, basada en la justicia social y en una mirada de futuro que no responda solo a las necesidades coyunturales.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , todos quienes estamos en esta Sala tenemos claridad en que los pobres tienen todo el derecho de ampliar su vivienda para vivir con mínima dignidad. Pero digamos las cosas como son: durante muchos años la vivienda ha sido una mercancía de uso, de cambio, pero sobre todo de especulación y de abuso electoral.
Aquellos que conocen el mundo desarrollado se darán cuenta de que en él no existe la vivienda básica; sin embargo, un expresidente, que vivió en el país de las mil maravillas, dijo que ya estábamos en el primer mundo.
Entendemos que no es posible que una familia pueda vivir en una vivienda básica, en una vivienda social, de la que hablaban los colegas de enfrente, de solo 20 o 30 metros cuadrados.
Llegó la hora de que la Nueva Mayoría, que tiene el compromiso de cambiar las cosas en este país, llame a un nuevo trato social, a un nuevo trato valórico. ¡No es posible que siga la competencia entre quienes hacen más cajas de fósforos y quienes hacen más palomeras! Necesitamos replantearnos e ir al fondo del tema de la vivienda. Hay quienes han abogado por un Estado chiquitito, débil, donde el Serviu o el Ministerio de Vivienda no tengan los suficientes fiscalizadores.
Vamos a apoyar este proyecto, porque dentro de todos los males que tiene el sistema de vivienda en algo contribuye esta iniciativa. Pero no nos podemos quedar en esta competencia absurda de quién hace más viviendas. No me quiero encontrar, a lo menos en la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins, con que se entregaron muchos papeles, muchos subsidios sin respaldo económico, porque esa competencia a todos nos ha llevado a cometer errores.
Por eso mi llamado es a hacer un nuevo trato a todas las fuerzas políticas de este país, a fin de no seguir construyendo cajas de fósforos ni palomeras. La idea es que durante el próximo invierno los techos no se vuelen y no existan inundaciones, calvario que vivimos año a año.
Vamos a aprobar el proyecto en el sentido propuesto, pero llamo a una reflexión más de fondo, sobre todo a quienes señalan que este país es de primer mundo. Los invito a ver cómo son las viviendas en Gran Bretaña, los países nórdicos y Europa. Ahí se darán cuenta de que estamos a años luz de esa realidad a la que queremos llegar.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA .-
Señor Presidente , quien habla nació en San Gregorio, una población de emergencia hermana de otras, como Santa Adriana, José María Caro y Pablo de Rokha. A medida que crecía, las casas de emergencia comenzaron a ser ampliadas por aquellos que tenían la suerte de tener un empleo estable. Pero un alto porcentaje de esas viviendas no pudo ser mejorado; al revés, con el paso del tiempo las termitas hicieron lo suyo. Las direcciones de obras municipales, que en general no cumplen la ley, las debieran declarar inhabitables, porque están a punto de derrumbarse.
Me parece muy relevante que esta Cámara apruebe este proyecto, que premie el esfuerzo de los que pudieron ampliar sus viviendas y, de esa manera, les permita regularizar ese trabajo y cumplir con la ley. No obstante, también debe preocuparse del porcentaje de personas que no tiene nada que regularizar, que no es menor.
Junto con manifestar mi voluntad de aprobar en general esta importante iniciativa, me gustaría pedir a algunos miembros de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano que se allanen a recibir una invitación de mi parte. Quiero invitarlos a recorrer la construcción en altura que hemos edificado en los últimos años en una de las comunas que represento.
Quienes conocemos los guetos de nuestras comunas, podemos comprobar que se han construido verdaderos palafitos en el segundo, tercero, cuarto y quinto pisos, sin importar medidas técnicas de protección y seguridad, porque cuando crecen los cuatro o cinco hijos de una familia pobre esta se ve obligada a buscarles un lugar donde dormir.
En los límites de San Bernardo, El Bosque, La Pintana y La Granja es habitual comprobar cómo alrededor de los edificios de departamentos de menos veinte metros cuadrados, separados por menos de tres metros de distancia; de ventanas muy pequeñas, de materiales que se fatigan muy rápido, los pobladores van construyendo en altura palafitos y mediaguas sobre palafitos. Me encantaría que a través de una indicación planteáramos si esos pobladores tienen o no derecho a regularizar esa situación, porque eso desnudaría una realidad dolorosa para muchos chilenos.
Hay miles de habitantes de las poblaciones de emergencia Santa Adriana , Malaquías Concha , La Legua o San Gregorio , en la cual nací, que ven sus casas inhabilitadas por las termitas y el paso del tiempo, por lo que no tienen nada que regularizar. Conforme a esa realidad, me gustaría que este Congreso Nacional aprobara leyes que sintonizaran con su situación.
Para mí no era desconocido este Poder del Estado. Llegué acá como presidente de la Asociación de Municipalidades , tarea en la que observé el esfuerzo de muchos diputados de todos los sectores al trabajar en las comisiones con seriedad. Al irme de Valparaíso, comprobaba la incomprensión de la opinión pública sobre el trabajo de los diputados y de esta Corporación, porque aquí se trabaja. A veces falta el esfuerzo de incorporar la realidad del Chile profundo y real en los proyectos. En este que se propone aprobar quedan sin expresión profundas realidades que se deben mejorar.
Por lo tanto, reitero la invitación a conocer lo que pasa con la construcción en altura, en los guetos que han surgido y, vía indicación, mejorar esta importante iniciativa.
He dicho.
(Aplausos)
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, estamos a favor de este proyecto, el que, sin duda, puede ser mejorado.
Tangencialmente, quiero explicar a quienes se vienen incorporando a este hemiciclo que cuando no estamos en la Sala es porque, o estamos dando una conferencia de prensa para bajar el impuesto de los combustibles o para hablar de los acuerdos tomados por Unasur. Por ejemplo, hoy está invitado el Canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores, a la que pertenecemos muchos de nosotros.
Volviendo al tema, queremos que se amplíen las casas de nuestra gente. El gobierno pasado aumentó el metraje de ampliación de las viviendas. Ojalá que se siga agrandando en el actual, porque las personas merecen mejor calidad de vida.
Para eso estamos trabajando. Aquí no aceptamos diferencias entre rojos, verdes o amarillos, porque somos todos chilenos y deseamos lo mejor para nuestra gente y el país.
Anuncio nuestro apoyo al proyecto, pero sin duda introduciremos algunos cambios, a fin de mejorar su dirección, para que nuestra gente tenga casas apropiadas a sus necesidades.
He dicho.
(Aplausos)
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Insunza.
El señor INSUNZA .-
Señor Presidente , en este debate han aparecido varios tópicos esenciales en materia de vivienda, por lo que se hace necesario distinguir los distintos rumbos que ha tomado la discusión.
Entiendo que esta es una nueva iniciativa relacionada con la “Ley del Mono”. En años anteriores se han aprobado otras similares, porque siempre nos vemos enfrentados a la necesidad de regularizar las ampliaciones que efectúa la gente.
Sin embargo, me gustaría llamar la atención de por qué se repite este fenómeno y el Congreso Nacional debe discutir de nuevo una “Ley del Mono”, en circunstancias de que antes se han dado plazos para tal regularización.
Como lo expresó la diputada Alejandra Sepúlveda , con quien estoy completamente de acuerdo, se da el caso de que las leyes promulgadas con anterioridad tienen dificultades en su aplicación por distintas razones, ya sea por los trámites engorrosos, por la falta de normas reglamentarias o de voluntad de los directores de obras de los municipios, ya sea porque subsiste el fenómeno de que la gente amplía sus casas sin hacer los trámites previos. Por lo tanto, estamos frente a un problema normativo distinto. Por eso, la Comisión de Vivienda y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debieran abocarse de manera especial a este asunto para ver la manera de simplificarlo.
Señalo esto, porque tenemos una experiencia y una tradición muy fuerte en el país, cual es que las personas van construyendo su propia ampliación, es decir, se produce la autoconstrucción. Este fenómeno tiene muchas características positivas, en el sentido de que la gente se adecua a sus propias necesidades, hay un esfuerzo individual en ello, un propósito familiar detrás. O sea, tiene un sentido de realidad. El problema está en que nuestras normas y su aplicación concreta no se ajustan a ese propósito.
En primer lugar, la “Ley del Mono” siempre aborda medidas parches y, en segundo término, estas son siempre propensas al populismo, como es estar, cada cierto tiempo, promoviendo una discusión de esta naturaleza para enfrentar un problema particular, sin subsanar asuntos más de fondo.
Sugiero que hoy no solo aprobemos el proyecto de ley, sino que también la Comisión de Vivienda, junto con el Ministerio de Vivienda, como lo he señalado, se aboquen a la revisión en detalle de esos obstáculos, que no permiten una regularización ni una formalización debida, de modo de contar con mecanismos para que la autoconstrucción tenga las facilidades correspondientes por parte de los municipios.
Desde ese punto de vista, estoy en desacuerdo con el planteamiento del diputado Monckeberg respecto de establecer esta medida como una norma permanente. Eso resultaría ridículo, porque con ello normalizaríamos lo irregular. Lo que debemos hacer es que el procedimiento que establezcamos permita que esos procesos de autoconstrucción cuenten con las facilidades correspondientes para que se hagan de buena forma.
Esto también nos ha llevado a muchos otros errores en políticas de vivienda -que se observan cada cierto tiempo, cuando sufrimos catástrofes naturales-, como las construcciones en zona de riesgo, las construcciones que no cumplen con las normas sísmicas y otras precauciones que establece nuestra legislación para que la vivienda no solo sea un espacio de calidad, sino también de seguridad para cada uno de quienes las habitan.
En tercer lugar -con esto concluyo-, aquí se han planteado muchos otros tópicos que necesitamos revisar para enfrentar una exigencia de política de vivienda, que, por lo demás, ha sido una de las activaciones de los movimientos sociales más interesantes que han ocurrido en los últimos años.
En estos años hemos asistido al gran fracaso de la política de los vouchers, del subsidio a la demanda, por dos grandes razones: primero, porque han demostrado su irrealidad. Hoy tenemos a miles de personas que tienen un papelito que no les sirve para nada, porque no hay casas para comprar ni tienen dónde ejercer ese supuesto derecho. Y segundo, porque esta política del subsidio a la demanda, los voucher, generan una inflación de precios que, incluso, termina perjudicando a la propia gente a la cual se le entrega ese beneficio.
Como ha quedado demostrado por muchas otras experiencias de aplicación de la teoría del subsidio a la demanda, por esa vía se genera más bien una elevación de los precios en lugar de la satisfacción de una necesidad social. Y eso también ha ocurrido en materia de salud, de educación y, por supuesto, de vivienda.
Creo que uno de los puntos que debiéramos discutir al interior de esta Cámara es poner coto a esta práctica, para fortalecer los recursos destinados al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas.
El señor FARCAS.-
Señor Presidente, el derecho a la salud, a la educación y al transporte de calidad son fundamentales, al igual que el derecho a la vivienda. Por eso, vamos a apoyar el proyecto de ley.
Me sumo a la propuesta que han formulado varios parlamentarios y parlamentarias para que la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales -como ha dicho su Presidente, el diputado Fidel Espinoza- profundice aquellos aspectos que, como bien se ha expresado en la Sala, mejoren el proyecto de ley.
Me parece que en la Comisión de Vivienda deberemos tratar no solo aquellas materias específicas del proyecto, sino también aquellas referidas al decreto supremo Nº 49, de 2011, publicado en el Diario Oficial de 26 de abril de 2012, ya que estamos hablando de una serie de aspectos que tienen que ver con subsidios entregados a distintos comités de vivienda que no tienen proyectos específicos, algunos de ellos cercanos a vencer en el próximo mes de mayo.
Por lo tanto, estas materias, que tienen que ver con hacer justicia, pero fundamentalmente para no jugar con el anhelo de muchas familias chilenas que creen tener un subsidio para una casa propia, pero que, en la práctica, no tienen dónde hacer efectivo ese derecho.
Considero significativo que en la Comisión de Vivienda podamos mejorar los aspectos específicos de este proyecto de ley, y también abocarnos a aquellas materias que tienen relación con los comités de vivienda que esperan una respuesta y con aquellos a los que se les han entregado formalmente subsidios, pero que no han podido materializarlos.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente , coincido plenamente con lo señalado por el diputado Claudio Arriagada respecto de cómo hemos ido construyendo una política de vivienda que a la gente no le ha servido y en que hemos ido generando espacios de relegación en lugar de barrios que integren y signifiquen una real solución habitacional.
Si bien este proyecto de ley tiene que ver con la posibilidad de generar una nueva “Ley del Mono” o ampliar la existente, considero que este tema debiera ser permanente, porque la vivienda social que hemos generado no es una vivienda que cumpla con todos los requisitos necesarios. Por lo tanto, la gente va a modificar y ampliar las viviendas que no dan cuenta de las necesidades de las familias a las que se asignan. Este tema tiene que ser analizado por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales y por las nuevas autoridades.
A mi juicio, debiera haber una ley permanente de regularización de la vivienda social, que debiera tener como requisito el estar exenta del pago de contribuciones. En la comuna en que me correspondió ser alcaldesa, el 96 por ciento de las viviendas estaba exento del impuesto territorial. Y ese mismo porcentaje debiera estar afecto a la posibilidad de acceder a regularización en forma permanente. Si están exentos, quiere decir que no son palacios y, por lo tanto, la gente que vive en esas viviendas necesita ampliarlas y regularizar dicha ampliación.
Esto no tiene que ver con lo que planteó el diputado Jorge Insunza , ya que no se trata de un tema de procedimiento, sino de cómo hemos ido construyendo esas viviendas y de cómo hemos ido generando estas “faltas” de los sectores más pobres de nuestro país.
Propongo aprobar hoy este proyecto y que se plantee la elaboración de una “Ley del Mono” permanente para todas aquellas viviendas que estén exentas del pago de contribuciones.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.671, con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de 90 metros cuadrados.
Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Se abstuvo el diputado señor
El señor CORNEJO (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a comisión para segundo informe.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
ARTÍCULO ÚNICO
Número 1
Letra b)
1.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para sustituir la expresión “90 m2” por “100 metros cuadrados”.
2.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para incorporar un número 3, nuevo, con el texto que se señala a continuación:
“3.- Intercálase el siguiente inciso final:
“Quedarán exceptuados del pago todos los adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad y cuyos puntajes estén agrupados entre el I y II quintil.”.”.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE ESTUDIAR A FONDO EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de estudiar el sistema de educación superior chilena.
Diputado informante de la Comisión es el señor Mario Venegas.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 121ª de la legislatura 361ª, en 4 de marzo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 11.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, pido la palabra por un punto de Reglamento.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , estoy de acuerdo con que el diputado señor Mario Venegas rinda el informe de la Comisión Investigadora, ya que no vamos a disponer de más tiempo para el debate.
Por lo tanto, solicito que mañana se inicie el debate con la presencia del señor ministro de Educación, para lo cual pido a la Mesa que haga las gestiones pertinentes para asegurar su presencia en la Sala.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para actuar en los términos planteados por la diputada Yasna Provoste?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado informante .
El señor VENEGAS (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión Especial Investigadora encargada de estudiar a fondo el sistema de educación superior chilena, me corresponde informar sobre el cometido que ella ha desarrollado.
En la sesión celebrada el 12 de diciembre de 2012, esta Corporación aprobó una solicitud suscrita por 54 diputados pertenecientes a partidos políticos de la Nueva Mayoría e independientes, por la cual se propuso crear una Comisión Especial Investigadora encargada de revisar a fondo el sistema de educación superior chilena.
Debo recordar que en julio del mismo año concluyó su cometido la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento de la educación superior en Chile, predecesora de esta.
El informe de esa comisión señaló que existía lucro en el sistema universitario chileno, en especial en universidades pertenecientes al sistema privado. Ese informe resultó rechazado al no obtenerse la mayoría de los diputados, por la diferencia de un voto. Sin embargo, dicha comisión tuvo el gran mérito de dejar sentado en el consciente colectivo de nuestro país que la educación, que otrora fuera una obligación preferente del Estado, hoy, en sus diversos niveles, se ha convertido en un negocio más para los grupos económicos y una fuente inagotable e ilegal de lucro para la mayoría de las universidades privadas, en alianza con grupos y fondos de inversión nacionales y extranjeros.
El informe de la Comisión demostró que el lucro se había convertido en el fin primario de muchas universidades y que la ley que lo prohibía era vulnerada por múltiples artificios de apariencia legal, fruto de lo cual el Estado se había convertido en una fuente inagotable de recursos para esos ávidos empresarios. Asimismo, miles de estudiantes y familias chilenas habían hipotecado su tranquilidad económica y habían convertido sus sueños de contar con un título técnico o profesional en una pesadilla de endeudamiento, al amparo del Crédito con Aval del Estado, del endeudamiento personal y familiar y hasta de los propios créditos otorgados con el aval de la Corfo.
Muchos parlamentarios y gobiernos debemos hacer un mea culpa por no haber sido capaces de prever las consecuencias económicas que tendrían aquellas medidas o políticas guiadas -es cierto- por los mejores propósitos en favor de la mayor cobertura de la educación y por no haber implementado poderosos sistemas de fiscalización sobre el lucro y la calidad de la educación. En esta materia, hemos sido débiles e irresolutos. Hoy, debemos reconocer que el movimiento estudiantil, que pronto se transformó en un fuerte movimiento social, despertó la conciencia del país, en el sentido de que no podía continuar este orden de cosas. Hoy, la comunidad nacional ha entregado un claro mandato al actual gobierno en materia educacional, que todos debemos cumplir.
¿Qué señalamos en la solicitud presentada a la Sala para crear esta Comisión Investigadora? Que durante el último tiempo, como consecuencia directa del informe aludido, hemos conocido de la formalización por cohecho, soborno y lavado de activos a exrectores de universidades y, además, ha trascendido que otros cuantos planteles privados de educación superior aparecen investigados por el Ministerio Público.
También se ha conocido que durante el lapso en que el expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), señor Luis Eugenio Díaz, ejerció ese cargo se habrían producido filtraciones de información confidencial desde la CNA a instituciones de educación superior que se encontraban en proceso de acreditación, entre otras posibles irregularidades.
A su vez, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe relativo a la Comisión Nacional de Acreditación que, entre otros puntos, critica duramente los procedimientos internos, la falta de normativa, la fiscalización e, incluso, su composición. El paradigma en la degradación a que había llegado el sistema universitario por parte de ciertos actores lo constituyó, lamentablemente, la Universidad del Mar, situación conocida por todos ustedes.
Por su parte, el Ministerio de Educación había manifestado que no poseía los suficientes instrumentos de supervigilancia para realizar una adecuada fiscalización del sistema universitario y de los cuantiosos recursos que a él destina cada año el Estado de Chile, lo que de alguna forma quedó desmentido con el cierre de la referida universidad.
Entendimos a la Comisión Especial Investigadora como una continuadora del trabajo que realizó la anterior comisión, a fin de que complementara los aspectos que quedaron pendientes, en especial en lo referido a la revisión a fondo del sistema y su forma de ingreso; evaluara el cumplimiento de las normas que prohíben el lucro en las universidades y los conflictos de interés que puedan existir, analizara el financiamiento de las universidades públicas, realizara un análisis de cuentas respecto de los dineros aportados por el Fisco de Chile y, en general, del funcionamiento del sistema de educación superior y, además, analizara el actual sistema de acreditación de universidades, el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación y el estado de la implementación de la ley N° 20.129, que contiene instrumentos para el aseguramiento de la calidad de la educación.
Reglamentariamente, la Comisión se constituyó el 3 de abril de 2013 y eligió como Presidente al diputado que informa, y quedó integrada con las diputadas señoras Cristina Girardi y Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Becker, Espinosa, don Marcos; Godoy, González, Gutiérrez, don Romilio; Hasbún, Monsalve, Rojas, Silber y los hoy exdiputados Arenas y Rojas.
Desde que inició su trabajo, el 3 de abril de 2013, la Comisión celebró 23 sesiones, que se extendieron hasta el 15 de enero de 2014. Las tres últimas se destinaron a debatir los considerandos y las conclusiones y proposiciones del informe.
En el curso de las investigaciones, nuestra Comisión contó con la valiosa participación de autoridades de gobierno, de rectores de diversas universidades públicas y de algunas privadas, del contralor general de la República , del fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa , Santiago, señor Carlos Gajardo; de la directora del Centro de Información Periodística , Ciper Chile, señora Mónica González; de la directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, la periodista señora María Olivia Monckeberg; de dirigentes estudiantiles, y de otras personas que están debidamente individualizadas en el informe y cuyas declaraciones constan en él.
Asimismo, dejo constancia de que, en forma reiterada, varios rectores de algunas de las universidades más cuestionadas y otras autoridades no acogieron las invitaciones formuladas por la Comisión, que reiteramos hasta en tres oportunidades. Respecto de esta materia, reconocemos, una vez más, la pobre y deficiente normativa que regula las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, lo que atenta gravemente contra la eficacia de su funcionamiento.
Me centraré fundamentalmente en lo medular del informe, es decir, en las consideraciones que sirven de base a las conclusiones y las propuestas, que fueron aprobadas -quiero destacarlo- por la unanimidad de los diputados presentes en las sesiones en que fueron sometidas a votación.
El referido informe final de la Comisión Investigadora mencionada precedentemente, en lo principal, estableció dos actuaciones en el ámbito de la educación superior que afectaban gravemente el ordenamiento jurídico y la fe pública. En primer lugar, que un conjunto de las universidades privadas incurrieron en diversos mecanismos para vulnerar la norma legal que establece la prohibición del lucro, consignada en el artículo 15 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1980, del Ministerio de Educación Pública, que fija normas para crear universidades; posteriormente ratificada en el artículo 30 de la ley Nº 18.962, de 1990; asimismo, en el artículo 34 del DFL N° 1, de 2005, y finalmente en el artículo 53 del DFL N° 2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005.
En segundo lugar, pudo determinar que el Ministerio de Educación, en particular la División de Educación Superior de esta cartera de Estado, no estaba fiscalizando de forma eficiente a las universidades, conforme a lo que mandata el artículo 8° de la ley N° 18.956, de 1990, circunstancia ratificada en el curso de la investigación tanto por el señor Ramiro Mendoza, contralor general de la República , como por el señor Felipe Bulnes, exministro de Educación .
Pese a haber sido rechazado, el informe final de la Comisión Investigadora mencionada precedentemente tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación, prevaleciendo la idea de que se trataba de antecedentes válidos y confiables para revelar algunos aspectos críticos del funcionamiento de la educación superior en nuestro país, los que precisamente estaban en la raíz del movimiento estudiantil y social de 2011.
Por primera vez, una Comisión Investigadora de un Poder del Estado estableció que algunas universidades privadas no tradicionales desarrollaban diversas fórmulas y prácticas que permitían el lucro. En particular, se observó que los propios controladores de las corporaciones universitarias celebraban contratos con empresas comerciales de propiedad de los mismos controladores, lo que generaba un evidente conflicto de interés; se pagaban remuneraciones sin tope, contrataban a familiares directos, fijaban altos aranceles; matriculaban en primer año a numerosos alumnos, sin asegurar estándares mínimos de enseñanza y retención; vendían las carteras de los deudores morosos y diversos grupos financieros nacionales e internacionales con fines de lucro compraban o vendían universidades en altas cifras expresadas en millones de dólares, como ha acontecido con los grupos Apollo Group y Laureate, entre otros.
La Fiscalía Nacional, a partir de junio de 2012, inició la denominada “investigación del lucro” en contra de diversas universidades que fueron sindicadas como aquellas en que existía esta práctica, según la denuncia interpuesta por un grupo de parlamentarios el 26 de junio de 2012. El Ministerio Público ha formalizado por cohecho, soborno y lavado de activos al expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), junto con exrectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, debido a denuncias formuladas por un particular, el señor Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación.
El Ministerio de Educación inició investigaciones sobre denuncias de irregularidades que implicarían formas posibles de lucro al menos contra cuatro instituciones de educación superior, sobreseyendo tres y sancionando solo a una. En este orden, canceló la personalidad jurídica y revocó el reconocimiento oficial a la Universidad del Mar, a partir de múltiples denuncias de estudiantes, de docentes y del propio exrector de esa casa de estudios.
A su turno, el contralor general de la República ha publicado dos informes de auditoría administrativa de cumplimiento de normativa respecto de dos instituciones del Estado responsables, junto al Ministerio de Educación, de la gobernanza del sistema de instituciones de educación superior, y formuló, en ambos casos, observaciones, conclusiones y recomendaciones, que revelan que estas instituciones no han funcionado de manera eficiente. Asimismo, la Contraloría General de la República ha publicado dos informes sobre financiamiento fiscal a la educación superior, donde describe y analiza los recursos públicos entregados a las instituciones que imparten educación superior, uno correspondiente al 2011 y otro al 2012. En este último revela que, del total de fondos disponibles para financiar la educación superior, el 69,9 por ciento corresponde a aporte fiscal para los estudiantes; el restante 30,1 por ciento corresponde a los fondos distribuidos entre las instituciones de educación superior. En particular, destaca que los alumnos de las universidades privadas son los que reciben un mayor financiamiento fiscal para costear sus estudios, asignándoles a estos un 16,6 por ciento del total de recursos fiscales, a través del CAE, bastante superior al 1,4 por ciento que reciben los alumnos de las universidades tradicionales no estatales y al 1,3 por ciento de las universidades estatales.
Paralelamente, el Congreso Nacional, desde el 2011 en adelante, ha aprobado los programas anuales de asignaciones presupuestarias para la educación superior, en los correspondientes proyectos de ley de presupuestos del sector público, estableciendo glosas que consignan el deber de las instituciones de educación superior que reciban recursos públicos de remitir al Ministerio de Educación, antes del 30 de junio del año siguiente, sus estados financieros del año precedente, contemplando de manera desagregada todos los ingresos y gastos de cada una. Asimismo, las glosas consignan que deberán entregar un listado actualizado con la individualización completa de sus socios o miembros y directivos. En particular, las universidades deberán remitir al Ministerio de Educación el listado actualizado y los balances de las entidades en cuya propiedad la universidad tenga una participación igual o superior al 10 por ciento, y las corporaciones o fundaciones en que, conforme a los estatutos de estas, la universidad pueda elegir, a lo menos, a un miembro del directorio u órgano de administración.
En consecuencia, de lo anterior se desprende que el Ministerio de Educación -además de la información consignada en los párrafos precedentes sobre funcionamiento de la educación superior en nuestro país- ha recibido los informes de los estados financieros de todas las universidades correspondientes a los años 2011 y 2012. No obstante todo lo consignado en los puntos anteriores, el Ministerio de Educación siguió manifestando que no poseía los suficientes instrumentos de supervigilancia para realizar una adecuada fiscalización del sistema universitario y de los cuantiosos recursos que a él destina cada año el Estado de Chile.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados aprobó constituir una nueva Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior que complementara el informe final de la anterior Comisión, analizando e indagando las materias que habían quedado pendientes. En este orden, esta Comisión Investigadora se dedicó a lo siguiente:
En primer lugar, a revisar el caso del cierre de la Universidad del Mar, constituyéndose en un espacio para el acercamiento entre los estudiantes afectados, sus familias y el Ministerio de Educación.
En segundo término, a evaluar el cumplimiento de las normas que prohíben el lucro en las universidades y los conflictos de interés que pudieran existir en las diversas instituciones de educación superior.
En tercer lugar, a evaluar el financiamiento de las universidades públicas.
En cuarto lugar, a realizar un análisis respecto de los dineros aportados por el Estado de Chile a la educación superior, en particular, de las asignaciones por concepto del Crédito con Aval del Estado (CAE).
En relación con la Comisión Nacional de Acreditación, la Comisión de Educación se constituyó en investigadora y de su trabajo, cuyas conclusiones fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros, se clarificaron numerosas situaciones irregulares, algunas de ellas de carácter ilícito. Las acciones posteriores de la Comisión, que significaron negar la acreditación de varias entidades universitarias, pusieron en evidencia la necesidad de realizar una profunda modificación al sistema vigente.
Como consecuencia de lo expuesto en este informe, de los numerosos testimonios y antecedentes recogidos durante el curso de esta investigación y, principalmente, del debate habido en su seno, vuestra Comisión aprobó las conclusiones y proposiciones que paso a señalar.
Conclusiones
Las bases del sistema de educación superior -heredadas del Gobierno Militar- constituyen un sistema basado en el desapego del Estado con las universidades públicas. Estas deben participar en un cuasimercado educativo, buscando su autofinanciamiento, con limitaciones que impiden la competencia en igualdad de condiciones con las instituciones privadas, las que, tras la promulgación de diversos decretos del régimen, experimentaron un crecimiento exponencial a consecuencia de la consagración de procedimientos simples de creación, con escasas barreras académicas, sin fiscalización financiera, sin regulación sobre la oferta de carreras, en un contexto, en general, desregulado.
Ese sistema desregulado, a partir del retorno a la democracia, se profundizó. Los fundamentos ideológicos sobre los que se sustenta el modelo de educación superior en Chile han subsistido en la concepción de la educación como un bien de consumo y no como un derecho social. De forma tal que, en el transcurso del tiempo, el sistema ha logrado una formidable expansión y una virtual universalización de la cobertura, gestando una “gran industria”, con un volumen de negocios del orden del 2,6 por ciento del producto interno bruto (PIB), con un número creciente de jóvenes y familias endeudadas, con títulos universitarios de muy bajo valor en el mercado laboral, que no compensan el esfuerzo realizado, hipotecando así la vida laboral de los jóvenes y sus familias, que apostaron por una educación superior que respondiera a una anhelada movilidad social, la que ha terminado generando sentimientos de frustración, impotencia y rabia.
No obstante, es preciso señalar que, a juicio de la Comisión, hay universidades privadas que han realizado un trabajo serio y responsable, que sí han alcanzado un amplio reconocimiento por su labor académica y apego a las normas establecidas, como las universidades Alberto Hurtado, de los Andes, Diego Portales, Adolfo Ibáñez, entre otras.
Sin embargo, este sistema ha generado numerosos problemas, entre los cuales cabe mencionar:
1.- Una expansión desregulada de las universidades privadas no tradicionales, es decir, aquellas que se crearon después de 1981.
2.- Existencia de limitaciones legales en las universidades públicas, que impiden una igualdad de condiciones, tales como la imposibilidad de contraer créditos bancarios por un plazo mayor a 4 años, limitaciones para expandir sus matrículas, falta de recursos fiscales, etcétera, que han llevado a que la matrícula en el sector privado sea considerablemente mayor a la matrícula en el sector público.
3.- Estancamiento en el tiempo de los aportes fiscales directos, indirectos y otros desde el Estado a las universidades públicas. En un informe de la OCDE de 2009, se hace referencia a que el aporte del Estado a las universidades de su propiedad corresponde solo al 17 por ciento, por debajo del promedio OCDE. Se transitó desde un sistema gratuito de orientación pública -previo a la reforma del 80- a un sistema financiado en más de 80 por ciento por las familias de los estudiantes.
4.- Entrega de recursos del Estado a privados y sobreendeudamiento de los estudiantes. A partir de la ley N° 20.027, se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE), que se transformó en la principal fuente de financiamiento utilizada por los estudiantes chilenos más vulnerables de los quintiles I y II, con una cobertura de 83 por ciento, la que no logra cubrir, en la mayoría de los casos, el arancel completo, por lo que se debe recurrir a otras instituciones financieras para cubrir la diferencia restante. La Comisión Ingresa solo exige, para la entrega del CAE, que la institución se encuentre acreditada, constituyéndose en un incentivo -perverso, por lo demás, como ha quedado demostrado- para las instituciones de derecho privado someterse al proceso de acreditación.
En 2012, la proporción de participación del crédito corresponde a 81 por ciento para los estudiantes de las universidades privadas no tradicionales y a 19 por ciento para las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh). Desde el 2006 al 2012, ocho instituciones universitarias privadas no tradicionales concentraron la mayor participación en los montos asociados, y seis concentran más del 50 por ciento de los montos asociados: Universidad Santo Tomás, 13,6 por ciento; Universidad San Sebastián, 9,87 por ciento; Universidad Autónoma de Chile, 9,3 por ciento; Universidad de las Américas, 8,72 por ciento; Universidad Mayor, 4,79 por ciento, y Universidad Diego Portales, 4,23 por ciento.
La entrega del CAE se realiza sin contemplar una institucionalidad que fiscalice acuciosamente la calidad de las instituciones de educación superior ni tampoco que pueda identificar subterfugios para el retiro de excedentes vía operaciones con empresas relacionadas, lo que viola la prohibición legal de lucrar.
5.- Cuestionamiento a la fe pública del sistema. Este concepto quedó claramente comprobado en la primera Comisión Investigadora de Educación Superior, así como en la Comisión Investigadora de la Comisión Nacional de Acreditación. A partir de la expansión desregulada que experimentaron principalmente las universidades privadas, emergió el problema de la fe pública en la institucionalidad consagrada para el sistema de educación superior. En el caso de la Comisión Nacional de Acreditación, se conocieron diversas irregularidades, las que han sido denunciadas a la Fiscalía, la que en estos momentos mantiene una investigación contra doce universidades por delitos tales como lavado de dinero, cohecho, fraude al fisco y tributarios, y ha formalizado a otras tres. Así también el Servicio de Impuestos Internos, a partir del Plan de Control de Cumplimiento Tributario, ha fiscalizado a veintidós universidades y, por medio del Programa Selectivo de Fiscalización, ha notificado a otras once.
6.- Falta de fiscalización. Por su parte, el Ministerio de Educación, previa consulta al Consejo Nacional de Educación (CNED), decretó el cierre de la Universidad del Mar, el caso más evidente -de momento- de cómo los controladores sacaron provecho de la desregulación y carencia de normas y procedimientos para enriquecerse a costa de los estudiantes de la Universidad el Mar.
7.- Crisis del sistema. Se manifiesta en los siguientes hechos:
a) Universidades en las cuales se ha formalizado la investigación: Universidad Internacional SEK, Universidad Pedro de Valdivia y Universidad del Mar.
b) Universidades que han perdido su acreditación: Universidad Bernardo O’Higgins, Ucinf -antigua Universidad de Ciencias de la Informática-, Universidad Gabriela Mistral, Universidad Bolivariana, UNIACC, Universidad de Las Américas y Universidad Pedro de Valdivia.
c) Universidades investigadas por el Ministerio Público: Universidad Andrés Bello, Universidad de Las Américas, Universidad de Viña del Mar, Universidad Santo Tomás, Universidad del Desarrollo, Universidad San Sebastián, Universidad Central, Uniacc y Universidad Autónoma.
A partir de lo anterior, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
a) Respecto de la regulación del sistema de educación superior, afirmamos que el Estado ha tenido y tiene una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación y de instituciones públicas con regulación insuficiente, privilegiando el derecho a la libertad de enseñanza -entendida esta como libertad de entrada a la oferta educativa- por sobre el ejercicio del derecho a la educación, transgrediendo los principios de calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores del sistema educativo chileno, según la Ley General de Educación.
b) Que las universidades privadas, especialmente las no tradicionales, a diferencia de las universidades del Estado, no se encuentran sujetas a un sistema de fiscalización suficientemente efectivo que permita determinar si en sus actuaciones han vulnerado su naturaleza de entidades sin fines de lucro, toda vez que el Mineduc ha negado, sistemáticamente, sus facultades fiscalizadoras sobre las instituciones de educación superior, pese a los pronunciamientos explícitos en contrario de la Contraloría General de la República. Por su parte, las universidades públicas se encuentran sujetas solo a mecanismos de fiscalización administrativa y contable.
c) Sobre el Crédito con Aval del Estado, la comisión concluyó que el Estado privilegió la cobertura por sobre la calidad. El Crédito con Aval del Estado fue funcional a la explosión de la matrícula en el Sistema de Educación Superior, entregando recursos solo en consideración de la condición económica de los beneficiarios y que se encuentre en una institución acreditada, sin fijar criterios en referencia a la calidad de las instituciones. La Comisión Ingresa entregó recursos CAE a instituciones que no estaban acreditadas. La entrega de recursos a instituciones no acreditadas se determinó en la comisión como nociva, porque se entregan recursos a instituciones que no los debían recibir, generándose el efecto perverso de obligar a la CNA a acreditar a las instituciones debido al desastre económico que podría generar en los estudiantes y sus familias.
El caso de la Universidad del Mar marcó parte importante del trabajo de la comisión. En numerosas oportunidades, se recibió a sus autoridades, dirigentes estudiantiles y sindicales. A partir de esta investigación, se pudo constatar el abandono del proyecto educativo, la fragmentación grave de sus facultades, regiones y sedes; la alta fragmentación de las carreras, con sus distintas combinaciones diurnas y vespertinas; niveles complejos de insolvencia, deficiente gestión académica y administrativa, y falta de condiciones necesarias para llevar los estudios: bibliotecas, campus clínicos, etcétera.
A los estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad del Mar se les quiso entregar soluciones desde la óptica de consumidores y de empresa; no de derechos.
En el proceso, se involucró al Sernac y se decretó la quiebra, con el respectivo nombramiento de un síndico, como si se tratase de una empresa. Desde esa perspectiva, también se negó la creación del administrador provisional, argumentándose que no había nada que administrar, porque no quedaban activos.
Se gestaron convenios de reubicación con universidades que están siendo investigadas por el Ministerio Público.
La labor desarrollada por la ministra de Educación , Carolina Schmidt, y diversos rectores de instituciones de educación superior a lo largo del país y la preocupación constante de la propia Comisión de Educación de la Cámara de Diputados han permitido, en medida significativa, que los estudiantes de la Universidad del Mar vayan superando gradualmente la crisis institucional que los afectó, restableciendo su vida académica en otros establecimientos, aunque el problema no está resuelto en forma definitiva.
Utilidades y compraventa de las Universidades
En Chile se han comprado y vendido universidades, lo que ha generado grandes utilidades para quienes participan del negocio. Una forma a través de la cual se venden universidades, lo que fue denunciado en el seno de esta comisión, consiste en el llamado cambio de “los sillones del consejo directivo”. Ejemplos de esta práctica los encontramos en las transacciones celebradas, entre otras, por las universidades Gabriela Mistral, San Sebastián y aquellas pertenecientes al grupo Laureate, a saber, universidades de las Américas, de Viña del Mar y Andrés Bello.
Se han creado sociedades controladoras y sociedades relacionadas para extraer utilidades al margen de la ley, contraer créditos con los bancos y entidades financieras y, luego, sincerar su patrimonio para vender.
Una forma de lucro dice relación con el retiro de las utilidades que se realiza, generalmente, a través de empresas relacionadas, mediante fórmulas como el pago de altos sueldos a miembros del directorio o a ejecutivos importantes, la externalización de servicios relevantes a empresas que son de propiedad o ligadas a los mismos propietarios de la universidad, entre otras.
La comisión concluyó, además, que es urgente normar los estudios y otorgamiento de títulos a través del sistema online, que en Chile está absolutamente desregulado, tanto para el sistema público como para el privado, y que se requiere una institucionalidad que permita recuperar la confianza en el sistema y sus instituciones y que dé respuesta a los desafíos del país en el desarrollo productivo, científico y cultural.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Señor diputado , ha cumplido el tiempo máximo de que disponía.
Le ruego que redondee su informe.
El señor VENEGAS (de pie).- Muy bien, señor Presidente.
Finalmente, la comisión acordó formular una serie de proposiciones centradas en la necesidad de realizar una profunda rectificación en el modelo de educación superior chilena.
Para ello, proponemos crear la Subsecretaría de Educación Superior, crear la Superintendencia de Educación Superior, con competencias claras y recursos necesarios para cumplir sus funciones, en especial la fiscalización del uso de los recursos públicos; velar que se cumpla la prohibición de lucro y crear una Agencia de la Calidad de la Educación Superior, responsable de la acreditación.
Concretamente, se propone:
1.- Abordar una definición, como país, de lo que se entenderá por calidad de la educación superior, porque no hay un concepto claro; hay mucha ambigüedad.
2.- Es indispensable reconstruir el sistema de aseguramiento de la calidad, partiendo por acotar la concesión de licencias a las áreas, carreras y sedes que fueron debidamente supervisadas y controladas.
3.- Se deben elevar los estándares y exigencias en las carreras de pedagogía.
Actualmente, hay 104.000 estudiantes en todo el sistema.
4.- Revisar el sistema de financiamiento de la educación superior, con especial preocupación en la educación pública y los aportes directos o basales que haga el Estado.
5.- Otorgar mayores facultades a la Contraloría General de la República, especialmente para fiscalizar el uso de los recursos públicos asignados a las instituciones privadas.
6.- Se requiere crear, jurídicamente, la figura denominada spin off, que permita a las universidades estatales insertarse con mayor facilidad en el desarrollo científico y tecnológico del país. En la experiencia comparada, hay casos muy interesantes.
7.- Modificar el régimen sancionatorio para las instituciones que no cumplan con la obligación de entregar la información financiera exigida en la ley N° 20.129.
8.- Exigir que la Comisión Nacional de Acreditación entregue el resultado del proceso de acreditación antes del mes de diciembre de cada año, para evitar entregar recursos a instituciones sin acreditación.
9.- Para el evento de que se decrete el cierre de una institución de educación superior, la Comisión propone crear una institucionalidad que permita que otras universidades puedan ser cerradas. No se puede repetir la experiencia traumática de la Universidad del Mar.
Presentamos un proyecto de administrador provisional que, desgraciadamente, no fue acogido por el gobierno anterior.
10.- Definir y tipificar en el ordenamiento jurídico chileno la figura penal y civil del lucro en las Universidades.
Hacemos un llamado al Ministerio Público, para que investigue con la mayor acuciosidad.
Por último, los miembros de la comisión abrigamos la legítima esperanza de que el informe se apruebe por la unanimidad de la Sala y de que constituya un signo predecesor de las reformas educacionales que aseguren una educación gratuita y de calidad para todos los chilenos. Solo así daremos respuesta al anhelo de construir un país más justo y equitativo para todos.
He dicho.
-Aplausos.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
EXTENSIÓN DE BENEFICIO DE BONO POSLABORAL A TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS TRADICIONALES
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Señores diputados, no se han presentado proyectos de acuerdo, pero sí tres proyectos de resolución.
El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del primero de ellos.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución N° 1, de los señores González y Carmona, que en su parte resolutiva expresa:
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a su excelencia la Presidenta de la República y a los ministros de Educación , Hacienda y Secretario General de la Presidencia , con la finalidad de que se sirvan estudiar la factibilidad de enviar a consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo mediante el cual se modifique la ley N° 20.305, de manera de extender el beneficio de bono poslaboral a los trabajadores de las universidades privadas tradicionales que reciben aportes financieros fiscales directos por parte del Estado y que hoy en día sufren una gran merma en su nivel de ingresos cuando jubilan, por haber sido incorporados al sistema privado de pensiones.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Para intervenir a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente , mediante el presente proyecto de resolución se busca hacer justicia a los trabajadores de las universidades tradicionales privadas del país: de Concepción, Católica de Chile, Católica de Valparaíso, Federico Santa María, del Norte, Austral de Chile, quienes tradicionalmente estuvieron adscritos a la Escala Única de Sueldos y, por lo tanto, tenían en su época, la misma condición que los trabajadores de las universidades estatales y estaban adscritos a un sistema que los asimilaba a la calidad de funcionarios públicos.
Sin embargo, la ley N° 20.305 dejó fuera a esa gran cantidad de trabajadores de la posibilidad de obtener el bono poslaboral, que es un aporte permanente de 50.000 pesos a la jubilación de los trabajadores que han sufrido daño previsional y que fueron prácticamente forzados por el gobierno militar, por la dictadura, a ingresar al sistema de AFP sin que obtuvieran los beneficios que esperaban. Más aún, por adscribir a este sistema, perdieron los beneficios que tienen en la actualidad los trabajadores de las municipalidades, de los servicios descentralizados y la inmensa mayoría sujeta al sistema público.
Por lo tanto, mediante el proyecto de resolución se solicita a la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el objeto de que esos trabajadores, que fueron injustamente despojados de ese beneficio, lo puedan obtener.
Ojalá el proyecto de resolución sea aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , una vez más, se está planteando un tema muy de fondo relacionado con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Dieciséis universidades son consideradas fiscales o estatales, pero hay nueve que son privadas tradicionales, pero que debieran ser consideradas como fiscales y estatales. ¿Quién puede dudar de lo que han significado, por ejemplo, las universidades de Concepción, Austral de Chile, Católica de Valparaíso, Federico Santa María, del Norte, actual Universidad Católica del Norte, y Católica de Chile?
Al respecto, quiero hacer un alcance. Todos dicen que la Universidad Católica recibe muchas donaciones, pero callan que las sedes regionales de dicha universidad padecen muchas complicaciones en relación con sus ingresos.
Con este proyecto de resolución queremos hacer justicia a todos los trabajadores respecto del bono poslaboral que establece la ley N° 20.305.
Algunas personas podrían decirme que no he hecho nada al respecto, a pesar de que soy diputado desde 1990. La verdad es que planteé la igualdad de esas veinticinco universidades; lamentablemente, los gobiernos de turno no nos hicieron caso.
Además, durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación de 2012, junto a los diputados Alfonso de Urresti, actual senador de la república; Enrique Jaramillo, Roberto Delmastro, Fernando Meza, José Pérez y otros colegas planteamos la tesis del aporte basal a las universidades, y esa vez ganamos el beneficio para las veinticinco universidades. Así defendimos a las universidades de regiones.
Por lo tanto, con la aprobación unánime del proyecto de resolución daremos una señal potente para solicitar a nuestro gobierno, encabezado por nuestra Presidenta Michelle Bachelet, que envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional que ponga término a la discriminación que dejó fuera del beneficio poslaboral a miles de funcionarios de las universidades privadas tradicionales, que son parte vital del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Para intervenir en contra del proyecto, ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no es precisamente para hablar en contra, porque adhiero al proyecto de resolución.
Solo quiero expresar que faltó agregar una aproximación de los costos que involucraría tal medida.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Señor diputado , ofrecí la palabra para intervenir en contra, porque ya se pronunciaron los dos diputados que apoyan el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra para intervenir en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
DEROGACIÓN DE ARTÍCULO 3° TRANSITORIO DE LEY DE CASINOS
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 2, en virtud del cual se solicita a su excelencia la Presidenta de la República que remita un proyecto de ley que derogue el artículo 3° transitorio de la Ley de Casinos, que establece el año 2015 como plazo máximo de vigencia de las leyes que amparan el establecimiento de los casinos municipales.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución N° 2, de los diputados señores Osvaldo Urrutia, Renzo Trisotti, Vlado Mirosevic, Jorge Ulloa, Sergio Gahona, Felipe de Mussy, Rodrigo González y de la señora Andrea Molina, que en su parte resolutiva expresa lo siguiente:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que envíe a la brevedad un proyecto de ley para derogar el artículo 3° transitorio de la Ley de Casinos, que establece el año 2015 como plazo máximo de vigencia de las leyes que amparan el establecimiento de casinos municipales.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia.
El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente , la ley N° 19.995 establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego e introduce una serie de modificaciones al sistema de casinos de concesión municipal existente hasta el 7 de enero del 2005.
Como consecuencia de lo anterior, actualmente en Chile existen 24 casinos de juego en operación, 17 de los cuales se rigen por la ley N° 19.995, y fueron autorizados por el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación, desde el 2006 al 2008.
Los 7 casinos restantes corresponden a concesiones municipales de comunas cuya principal actividad económica es el turismo: el Casino Municipal de Arica, desde 1958; el de Puerto Varas, desde 1969; el de Coquimbo desde 1976, y los de Iquique, Pucón y Puerto Natales, desde 1990.
Mención aparte corresponde hacer del Casino Municipal de Viña del Mar, cuyo funcionamiento de concesión municipal data desde 1928, es decir, desde hace 85 años.
La citada ley N° 19.995 introduce además una serie de modificaciones al sistema de casinos existente hasta esta fecha en el país, estableciendo en sus disposiciones transitorias normas que afectan y perjudican gravemente a los denominados casinos municipales y, en particular, a las comunas donde se emplazan, al señalar que dejarían de operar con sus actuales reglas el 31 de diciembre del próximo año.
Las condiciones de esos casinos municipales implican parámetros distintos de aplicación del impuesto al juego, donde cada uno de ellos establece su propio gravamen a través del pago de concesiones municipales por parte de los privados que los operan.
Con el cierre de esos establecimientos, los municipios dejarán de recibir recursos que van desde el 15 al 40 por ciento, según el año, y en algunos casos ellos representan hasta el 45 por ciento de los ingresos municipales, como es el caso de la comuna de Viña del Mar, porque cuando deje de operar se podrán instalar nuevos casinos, siempre y cuando existan privados interesados en estos proyectos de inversión. Sin embargo, los ingresos que se recibirán serán de acuerdo a la ley N° 19.995, que señala que el municipio solo percibirá el 50 por ciento del impuesto de tasa de 20 por ciento sobre los ingresos brutos, previas deducciones legales.
Por último, queremos solicitar a la Presidenta de la República que envíe a la brevedad un proyecto de ley para derogar el artículo 3° transitorio de la Ley de Casinos, que establece el año 2015 como plazo máximo de vigencia de las leyes que amparan el establecimiento de los casinos municipales.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic.
El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente , firmé este proyecto de resolución, elaborado por el diputado Osvaldo Urrutia, porque considero que los habitantes de Arica, región con más de 40 años de abandono y que durante la dictadura militar fue víctima del retiro de muchos beneficios que, en su momento, durante las décadas de los 50 y 60, fueron instrumentos de desarrollo. Perdimos esos beneficios, y nos parece que la Ley de Casinos debe significar una recaudación importante para los municipios de nuestra región.
Por eso, suscribo plenamente el proyecto de resolución, que significará que Arica pueda mantener una serie de subvenciones, como, por ejemplo, a bomberos, que nace de la municipalidad. Necesitamos que nuestra comuna de Arica no pierda esos recursos, ese casino histórico, que, por lo demás, fomenta la vocación turística que tiene nuestra región.
Por último, pido al resto de los diputados solidaridad con las comunas y regiones respecto de las cuales hemos visto un abandono histórico permanente de parte de este centralismo feroz que nos afecta, mediante la aprobación de este proyecto de resolución.
Esperamos mantener esa recaudación que le llega a nuestra comuna.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Para intervenir en contra del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , no es raro que este proyecto de resolución haya surgido de las bancadas de enfrente, porque es un monumento al egoísmo y a la discriminación territorial y demográfica del país.
Lo que están pidiendo -aunque les duela lo que señalo- es que esos beneficios que recaen en siete comunas del país sigan siendo exclusivamente en favor de esas comunas y no como lo dispone la Ley General de Casinos, que señala que, del 20 por ciento de los ingresos operacionales, la mitad se destinará a la comuna donde está asentado el casino y la otra mitad se distribuirá en toda la región, a través del FNDR.
El proyecto que están proponiendo no ha oído hablar nunca de la idea del desarrollo armónico y equilibrado del país, de sus territorios y de sus regiones. Se trata de un monumento -reitero- al egoísmo.
No me extraña que quienes han hecho del dinero un nuevo ídolo vengan a pedir un nuevo privilegio. El país ya les dio el privilegio de tener una sala para hacer legal lo que es ilícito: en Chile el juego es un ilícito. Pero se ha hecho con ellos una excepción y se les ha regalado la posibilidad de que cuando se juegue ahí no haya delincuencia.
No solo les regalaron eso; les regalaron otro privilegio: el privilegio de que se beneficien de los ingresos económicos que derivan de los trabajos que se desarrollan alrededor del casino, como el transporte, las actividades de esparcimiento, la hotelería, la gastronomía, etcétera, mientras los demás miran “como gatos para la carnicería”.
Yo le pregunto, por su intermedio, señor Presidente , al diputado Squella, que representa a Quilpué, que jamás tendrá un casino, porque se encuentra a menos de 100 kilómetros del casino más próximo, si él va a votar a favor este proyecto de resolución.
El señor SQUELLA.- ¡Voy a votar a favor!
El señor SCHILLING.- El diputado Squella va a votar a favor. Por eso representa tan “bien” a Quilpué.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
Y al diputado Godoy, que jamás tendrá un casino en Valparaíso, le pregunto si votará a favor con su grupo Amplitud.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
Agradezco a los diputados que han puesto en el tapete el tema, porque revela el verdadero rostro, el verdadero espíritu y la verdadera alma de la Derecha: el egoísmo que preside todas sus acciones.
Por lo expuesto, los invito a votar en contra de este proyecto de resolución.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Para impugnar también el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , ¿por qué Valparaíso no recibe ni un solo peso de los beneficios del único casino que tiene esta gran provincia? ¿Por qué Villarrica no recibe ni un peso de todos los beneficios que percibe Pucón?
Si los colegas quieren consagrar tal desigualdad e inequidad inaceptables, voten a favor el proyecto de resolución, pero si quieren que los casinos de juego y la ley que los rige beneficien a todas las regiones, deben votarlo en contra.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvieron los diputados señores:
Gutiérrez
VII. INCIDENTES
IMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIO PARA REBAJA DE PRECIO DE COMBUSTIBLES EN REGIÓN DE AYSÉN (Oficios)
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , así como a la intendenta de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y a la seremi de Transportes y Telecomunicaciones de esa región, con el objeto de que, a la brevedad posible, dispongan la articulación de todas las acciones pertinentes para que en la Región de Aysén, frente al problema de los altos costos de los combustibles, se implemente la aplicación de un subsidio para combatir dichas alzas, cuyos recursos se encuentran considerados en la Ley de Presupuestos del presente año, vigente desde el 1 de enero pasado. Sin embargo, debido a la instalación del nuevo gobierno, aún no ha sido posible la implementación del reglamento respectivo para poner en práctica su aplicación.
En la localidad de La Junta, en el extremo norte de la Región de Aysén, el litro de combustible tiene un valor de 1.038 pesos, mientras que en el otro extremo, en la comuna de O´Higgins, su valor asciende a 1.200 pesos el litro. La aplicación del subsidio señalado permitiría que el valor del combustible que rige en Coyhaique también pudiera estar vigente en todas las comunas y localidades de nuestra región, como Cisnes, Lago Verde, Chile Chico, Puerto Tranquilo, Cochrane, etcétera.
Este subsidio está absolutamente financiado en la Ley de Presupuestos de este año, de manera que se requiere que las autoridades a las que he pedido oficiar lleven a cabo su implementación a la brevedad posible, puesto que su postergación está afectando en forma significativa a los pequeños emprendedores marítimos y a los proveedores de diversos servicios de la región, debido al elevado precio de los combustibles.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE RETIRO Y REPOSICIÓN DE NAVES DE LAARMADA EN REGIÓN DE AYSÉN (Oficios)
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , en segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Defensa Nacional y al comandante en jefe de la Armada de Chile , a fin de que nos informen respecto del plan de retiro y, fundamentalmente, de reposición de naves destinadas al servicio y atención de la Armada en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Sabemos que en la actualidad se encuentra en operación un plan en el sentido indicado, lo que ha significado el retiro de algunas naves, con la consecuente disminución de la capacidad operativa de la Armada, razón por la que es absolutamente necesario que esa institución lleve a cabo, a la brevedad posible, un reestudio de esa situación, puesto que el retiro de naves está afectando la atención que se debe brindar ante situaciones de emergencia en el largo y extenso litoral de la Región de Aysén, así como el apoyo que estas prestan a los servicios diversos que en ella se llevan a cabo, sin perjuicio de los efectos negativos que eso implica en materia de fiscalización del territorio marítimo y del litoral.
La actitud de la Armada se contradice con el esfuerzo que hacen otras ramas de las Fuerzas Armadas, como el Ejército, en materia de mejoramiento de su equipamiento, de dotación de helicópteros y la puesta en operación de nuevas instalaciones.
Insisto en que los planes puestos en marcha por la Armada están afectando la operatividad y las condiciones de resguardo básicas para la población, así como los mecanismos de fiscalización que son absolutamente necesarios para una región tan extensa como la nuestra, razón por la que solicito que las autoridades a las que he pedido oficiar me informen respecto de esa situación.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INVESTIGACIÓN SOBRE CAUSAS DE ACCIDENTE DE CICLISTA NACIONAL EN JUEGOS SUDAMERICANOS 2014 Y DESTINO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (Oficio)
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.
El señor MORALES.- Señor Presidente , hoy culmina en Santiago la competencia deportiva más importante organizada en el país en el último tiempo: los Juegos Sudamericanos 2014, evento que, sin duda alguna, nos deja un legítimo sentimiento de orgullo por lo que nuestra nación ha sido capaz de realizar, debido a que nos hemos situado en las grandes ligas en materia de organización de eventos de primer nivel.
Lamentablemente, en dicho certamen la velocista curicana del equipo nacional de ciclismo Irene Aravena Cortés sufrió un accidente muy grave, el cual la tiene postrada en una clínica de la capital, debido a una fractura en su pulgar izquierdo y en su rodilla izquierda.
En relación con esa lamentable situación, pido que se oficie a la ministra del Deporte , con el propósito de que disponga que se lleve a cabo una investigación para aclarar las causas de ese accidente y para determinar las eventuales responsabilidades de las personas que participaron en el desarrollo de la prueba de ciclismo en que participó la velocista del equipo nacional, así como para que nos informe sobre cuál será el rol del Estado en el proceso de recuperación y de apoyo que se debe brindar a esa deportista.
Los Juegos Sudamericanos 2014 han dejado muchas conclusiones y desafíos para Chile.
En primer término, podemos indicar que, felizmente, se ha derribado el mito de que Chile es un país que solo se interesa en el fútbol. El desarrollo de ese certamen nos permitió apreciar, con grata sorpresa, que todas las competiciones deportivas se disputaron a estadio lleno, lo que refleja el espíritu que existe en el pueblo chileno respecto de otras disciplinas deportivas.
Otra de las conclusiones positivas la constituye la extraordinaria infraestructura que han dejado los Juegos Sudamericanos para el país, razón por la que solicito que la ministra del Deporte nos informe de qué manera se utilizará la infraestructura destinada al desarrollo de las diferentes competencias deportivas llevadas a cabo en ese certamen, como el nuevo velódromo de Santiago, el cual es uno de los mejores del mundo.
En consecuencia, reitero la necesidad de que la ministra del Deporte nos señale de qué manera se apoyará a la ciclista nacional accidentada, en el sentido de cuáles serán los recursos que se dispondrán para apoyar su proceso de recuperación, el cual superará los seis meses, y de qué manera se proyecta la utilización de la infraestructura que ha quedado luego de la realización de los Juegos Sudamericanos organizados por nuestro país.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su seño-ría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE NOMBRAMIENTO DE GOBERNADORA DE CHILOÉ Y SOBRE PUNTAJE OBTENIDO EN SU FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (Oficios)
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , quiero plantear un tema que preocupa mucho a la Región de Los Lagos y a todo el país, que dice relación con la probidad en el nombramiento de los cargos hecho por el actual gobierno. En esta oportunidad quiero referirme específicamente al nombramiento en el cargo de gobernadora de la provincia de Chiloé.
Bastante ha aparecido en la prensa sobre el particular. No quiero cuestionar que muchas personas, independientemente de que tengan una profesión o un título técnico o universitario, puedan pasar por una situación económica difícil en algún momento dado. Pero claramente este caso llama la atención por lo siguiente. La señora Claudia Placencio aparece con 2.119 puntos en la Ficha de Protección Social, lo que la ubica dentro de los más pobres de los más pobres del país. Reitero, eso llama la atención. Pregunto lo siguiente: cualquier persona que tenga un título profesional, aunque se encuentre cesante en un momento dado, ¿puede llegar a obtener ese puntaje en la Ficha de Protección Social? Este caso nos hace tener serias dudas acerca del objetivo por el cual se obtuvo la Ficha de Protección Social y del uso que se le dio.
Por lo anterior, para no seguir especulando y tener respuestas concretas, con el diputado Felipe de Mussy pedimos que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública , a fin de que nos informe qué antecedentes se tuvieron a la vista para nombrar a la señora Claudia Placencio como gobernadora de Chiloé, y si se tenía conocimiento de la situación de su Ficha de Protección Social. A la ministra de Desarrollo Social , a fin de que nos informe sobre la Ficha de Protección Social de la señora Claudia Placencio .
De acuerdo con lo que aparece en la prensa, su ficha habría sido obtenida en 2007, cuando ella trabajaba en el Registro Civil . Por lo tanto, es muy difícil que una persona profesional y que tiene trabajo obtenga el puntaje que a ella se le asignó. Quiero saber si eso es efectivo, de cuándo es la ficha, qué cambios ha tenido y si la señora Placencio ha obtenido algún beneficio que dependa de la Ficha de Protección Social. Sabemos que el objetivo de este instrumento es estratificar socioeconómicamente, a fin de permitir un mayor acceso a equidad y a justicia social.
Además, pido que se oficie al contralor general de la República , a fin de que determine de qué manera el actuar de esta funcionaria pública, el de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social o el de funcionarios de alguna municipalidad tuvo algo que ver en los errores o irregularidades que pudo haber en la confección de la Ficha de Protección Social. Si así fuere, pido que el contralor investigue las responsabilidades administrativas que corresponda.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA DEL PAÍS (Oficio)
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio.
El señor BELLOLIO .- Señor Presidente , marzo es un mes en el que las familias deben afrontar muchos gastos, por ejemplo, en materia de educación. Uno de tales gastos es el permiso de circulación. A pesar de que la revisión técnica se efectúa en un mes determinado de acuerdo con la placa patente, muchas personas dejan este trámite para marzo.
Pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , a fin de que informe cuál es el tiempo de demora promedio de todas las plantas de revisión técnica en aprobar o rechazar cada uno de los vehículos que concurren a ellas, y cuál es la tasa de rechazo en dichas plantas.
Asimismo, quiero saber cuál es la tasa de rechazo de los automóviles que tienen tres años de antigüedad, esto es, de aquellos cuyo certificado de homologación ha vencido, razón por la cual se debe sacar su revisión técnica por primera vez.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE CIERRE DE EMPRESA SODICER EN COMUNA DE EL MONTE (Oficio)
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , hace más de diez años, en la comuna de El Monte, se instaló Sodicer, una empresa de crianza de cerdos, que genera no solo malos olores y problemas por la presencia de moscas, sino que además ha desarrollado su labor con total prescindencia de las mínimas relaciones comunitarias. Por ello, el año anterior se inició el plan de cierre de esa empresa. Lamentablemente, sus dueños no han estado a la altura y no han iniciado el referido plan de cierre como se comprometieron ante la autoridad sanitaria en su momento.
Por lo anterior, pido que se oficie a la seremi de Salud de la Región Metropolitana , a fin de que informe sobre el estado del plan de cierre de la planta de la empresa Sodicer, la situación actual de funcionamiento de la misma y si se cumplirá el plan de cierre -falta menos de 45 días para que venza el plazo- de acuerdo con lo señalado por la autoridad sanitaria.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE ESTADO DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL DE CHIMBARONGO (Oficios)
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente , pido que se oficie a la ministra de Salud , con copia al gobierno regional de la Región de O’Higgins, a fin de que informen qué posición asumirán en relación con la construcción del nuevo Hospital de Chimbarongo, proyecto emblemático para esa comuna, cuyo diseño y construcción, después de mucho esfuerzo, fueron licitados en el gobierno anterior.
Lamentablemente, desde fines del gobierno anterior hasta esta semana que lleva la Administración actual no hemos podido recabar antecedentes sobre cuál será la posición de las actuales autoridades en relación con la concreción de ese proyecto. Entendemos que hay un retraso ocasionado por el hecho de que los oferentes que llegaron al proceso de licitación y al de adjudicación presentaron ofertas por encima de los montos prefijados por el ministerio.
Reitero, nos interesa saber cuál es la posición de las autoridades del gobierno central y del Ministerio de Salud respecto de este emblemático proyecto para la comuna de Chimbarongo. Si los recursos son insuficientes, ojalá que se suplemente esa deficiencia, a fin de que se concrete la construcción del nuevo Hospital de Chimbarongo, proyecto que hemos sido capaces de apoyar transversalmente los distintos actores políticos de la zona y fundamentalmente del distrito N° 34.
Pido a la ministra de Salud y a las autoridades de la Región de O’Higgins que nos den cuenta del estado de avance del proceso de adjudicación, y de las medidas que se tomarán ante la imposibilidad de adjudicar las obras debido al problema de montos que existiría entre los oferentes y el Ministerio de Salud.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR EL SALTO,COMUNA DE PICHIDEGUA (Oficio)
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de hacerle presente la situación del sistema de agua potable rural en el sector de El Salto, comuna de Pichidegua, donde se realizaron los estudios pertinentes de prefactibilidad y de factibilidad para ampliar dicho suministro.
En el diseño de las obras se invirtieron alrededor de 22 millones de pesos. Se trata de una ampliación integral, que incluye la instalación de bomba, estanque, matriz y pozo. La idea es hacer una inversión de alrededor de 400 millones de pesos.
Pido que el ministro de Obras Públicas nos informe qué prioridad se dará a ese proyecto de agua potable rural y qué sistema de inversión se utilizará, esto es, si se comprometerán fondos del Ministerio de Obras Públicas o si se recomendará la utilización de fondos regionales.
El referido sector es muy importante. Debido a la falta de agua potable rural, en la comuna existen complicaciones para los comités de vivienda que allí operan. Por lo tanto, si no contamos con la ampliación del sistema de agua potable rural, tampoco será posible mejorar la calidad del servicio que requieren las familias de El Salto, que es uno de los sectores rurales más poblados de la comuna de Pichidegua.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están indicando a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE OBRAS FLUVIALES REALIZADAS EN SECTORES LO ARGENTINA Y PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA (Oficio)
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .- Señor Presidente , en segundo lugar, pido que se oficie al jefe del Departamento de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas , a fin de informarle que en la misma comuna de Pichidegua, en el sector de Lo Argentina, en la ribera norte del río, ocupada por los agricultores más grandes, que son exportadores de fruta, se construyó una defensa fluvial que afectará al sector que ocupan los pequeños agricultores.
Es decir, se protege a un sector de la ribera en perjuicio de otro, porque el río se desviará precisamente al sector ocupado por estos. Además, allí está ubicado el pozo de agua potable. De manera que la obra pone en peligro a los pequeños agricultores y a la fuente del sistema de agua potable rural.
Por lo tanto, pido que el jefe del Departamento de Obras Fluviales ordene realizar una fiscalización al sector, que me informe sobre las autorizaciones que se han concedido y si son privados los recursos que se utilizaron para construir las defensas fluviales en los sectores de Lo Argentina y de Patagua Orilla, en la comuna de Pichidegua.
Por último, que me informe sobre el programa de inversiones que se realizarán en el río, a fin de determinar en conjunto con la comunidad la pertinencia y la calidad de los trabajos que se realizarán.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están indicando a la Mesa.
CUMPLIMIENTO DE OFICIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO RELACIONADO CON MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJADORAS DE LA EMPRESA ARAMARK SERVICIOS MINEROS Y REMOTOS LIMITADA (Oficio)
El señor CARMONA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , honorable Sala, en reiteradas oportunidades y a través de nuestra Corporación, solicité al ministro del Trabajo y Previsión Social de la Administración anterior el cúmplase de un oficio emanado de la Dirección Nacional del Trabajo que ordenó la modificación de los contratos de trabajo de más de 300 mujeres jefas de hogar que prestan servicios en una empresa denominada Aramark Servicios Mineros y Remotos Limitada, que tiene un contrato vigente con Codelco, División Chuquicamata .
En ese dictamen de 2009, la Dirección Nacional del Trabajo obliga imperativamente a dicha empresa a modificar la definición y la nomenclatura del contrato, toda vez que las mujeres están prestando un servicio industrial y no doméstico.
Obviamente, la definición de servicio industrial lleva asociada una serie de aspectos que van en la dirección de entregar más protección a las trabajadoras, mejor nivel de remuneración y, sobre todo, un dispositivo especial de protección en caso de enfermedades laborales.
Espero que la actual ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco , tome cartas en este asunto y obligue a la empresa señalada a modificar los contratos de trabajo de esas más de 300 mujeres, en su mayoría jefas de hogar.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están indicando a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A EXDIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA (Oficios)
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , en segundo lugar, pido que se oficie a la ministra de Salud y a la subsecretaria de Redes Asistenciales, con el objeto de que me informen sobre las medidas administrativas que se aplicarán a la exdirectora del Servicio de Salud de Antofagasta, toda vez que al momento de poner término al contrato con la empresa Comsa Pilasi no fueron entregados a ese servicio los planos de canalización eléctrica y alcantarillado.
Este hecho reviste especial gravedad, porque al no contar con dichos planos que corresponden a más del 70 por ciento de la construcción del Hospital Carlos Cisternas de Calama, que hoy está literalmente botado, resulta muy difícil hacer un nuevo llamado a licitación sin que antes un equipo técnico evalúe en terreno si la canalización eléctrica y el alcantarillado son consistentes con el proyecto y diseño original del hospital.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están indicando a la Mesa.
INVESTIGACIÓN DE ACTUACIÓN DE SERNA PESCA DE REGIÓN DE TARAPACÁ POR NO PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR CAPTURAILEGAL DE ESPECIES (Oficio)
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- El Comité del Partido Comunista ha solicitado hacer uso de los cinco minutos adicionales correspondientes al mes de marzo.
Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , he pedido hacer uso de los cinco minutos adicionales a que tiene derecho mi Comité, para formular, a mi entender, una grave denuncia de que he tomado conocimiento, respecto de la cual se deben adoptar medidas urgentes, atendida la tardanza con que han actuado las autoridades del Sernapesca.
Tengo en mi poder dos correos electrónicos, uno de los cuales fue enviado por el señor Patricio Rivas Deville , del Sernapesca de la Región de Tarapacá, al señor Juan Luis Ansoleaga Bengoechea , director nacional del Sernapesca.
El asunto a que se refiere el correo electrónico se relaciona con las especies pejerrey de mar y bonito. En uno de los mails se señala que se remite el archivo Excel “Desembarque Pejerrey Industrial 2012”, que resume los desembarques de la flota de las empresas Corpesca S.A. y Compañía Pesquera Camanchaca S.A. en el período que va desde el 1 de febrero al 7 de junio de 2012, relacionados con las especies pejerrey de mar y, en mucha menor proporción, bonito.
Tal como lo plantea el correo electrónico, los referidos desembarques acreditados mediante formularios DI-01 pueden generar denuncias por incumplimiento del porcentaje de tolerancia de 2 por ciento de pesca de pejerrey, del total capturado por la flota por viaje de pesca y captura de la especie, sin el permiso correspondiente y, por otro lado, infracciones a las plantas reductoras por elaboración de harina en base a un recurso pesquero no autorizado para estos efectos.
Además, el mail señala lo siguiente: “Desde el punto de vista punitivo, se plantean tres escenarios posibles de implementar para el ámbito de operaciones de la flota industrial:
1) Criterio Norma: Los antecedentes consignados en el archivo “Desembarque Pejerrey Industrial 2012” dan cuenta de un total de 50 casos en los que el porcentaje de tolerancia de captura de pejerrey de mar como fauna acompañante de especies pelágicas pequeñas ha superado el máximo de 2 por ciento permitido por la norma (decreto N° 152/2); de estos, 39 casos corresponden a Corpesca y 11 a Camanchaca. Se incluyen dos casos por captura de la especie bonito (sin porcentaje de tolerancia).
2) Criterio de corte 5 por ciento: Los casos se reducen a 18, correspondiendo 13 a Corpesca y 5 a Camanchaca. Se incluye un caso por captura de bonito.
3) Criterio de corte 10 por ciento: En este escenario surgen 7 casos; todos ellos corresponden a la empresa Corpesca. Se incluye un caso por captura de la especie bonito.?.
Hasta aquí todo está muy bien; pero, ¿cómo concluye el mail? Que si estas situaciones son denunciadas ante los tribunales correspondientes, “cabe la posibilidad de perder causas en tribunales”. Es decir, el director de Tarapacá le señala al director nacional del Sernapesca que, no obstante que hay infracciones graves, toda vez que se ha estado capturando especies que no están destinadas a la fabricación de harina de pescado -en el mismo documento se indica que son 50 casos, correspondientes a Corpesca y Camanchaca -, las denuncias no se harán efectivas ante los tribunales porque cabe la posibilidad de que se pierdan.
Entonces, ¿para qué se hacen las fiscalizaciones y se determina que hay infracciones graves a la Ley de Pesca si no se harán denuncias en los tribunales debido a que se pueden perder? Resulta obvio que se pueden perder las causas, pero ellos tienen el deber de denunciar ante los tribunales las infracciones detectadas.
En otro mail, que también voy a acompañar a mi intervención, se señala lo siguiente: “3) La aplicación de la acción fiscalizadora implicaría la tramitación de 78 denuncias…“. Como son tantas las denuncias que habría que presentar a consecuencia precisamente de la fiscalización realizada, ¿qué recomienda el director? Simplemente, no hacerlas.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Economía , Fomento y Turismo para que inicie la investigación de rigor, acompañe los correos electrónicos, los respectivos desembarques de industriales y los archivos Excel de desembarque de pejerrey industrial 2012.
Además, pido que se realicen los sumarios correspondientes y se envíe copia de esta intervención a la Subsecretaría de Pesca y a los sindicatos de pescadores artesanales de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, por cuanto me parece increíble que las denuncias no se realicen en los tribunales bajo el argumento de que las causas se pueden perder o que se generaría un conflicto con las empresas pesqueras.
Es obvio que se generarían conflictos con las empresas pesqueras, pero las fiscalizaciones y las multas debieran aplicarse de todas maneras. Sin embargo, aquí se optó por no realizarlas.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.41 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14.17 horas.
El señor MELERO (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
REITERACIÓN DE OFICIO A MINISTRA DE SALUD POR CASO DE SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE (Oficio)
El señor MELERO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.- Señor Presidente , en primer lugar, pido que se oficie a la ministra de Salud , a fin de que tenga a bien dar una respuesta distinta de la que entregó el exministro de esa cartera, mediante el oficio N° 409, de 3 de febrero de 2014, a otro oficio enviado a través de esta Comisión, el N° 13.544, de 20 de noviembre de 2012,
Digo esto, porque el anterior ministro solo remitió una respuesta de la entonces directora del Servicio de Salud Araucanía Sur, en que señala que el caso corresponde al Servicio de Salud Araucanía Norte. La verdad es que quien se equivocó en remitir la solicitud de antecedentes fue el exministro. Por lo tanto, responden de una manera francamente ridícula, porque nos dicen que no corresponde a la competencia de su servicio, cuando fue el propio exministro quien consultó a esa repartición.
En consecuencia, pido que la nueva ministra pueda responder a ese oficio como corresponde.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE POSIBILIDAD DE RETIRO DE DINERO DE FONDO DE PENSIONES (Oficios)
El señor CHAHIN.- Señor Presidente , en segundo término, pido oficiar a la superintendenta de Pensiones , con el objeto de que tenga a bien informar sobre la situación que atañe a don Juan Alberto Campos Jara, cédula de identidad N° 6.898.456-4, domiciliado en la Parcela 1212202, del sector Santa Ema, de Curacautín.
El se encuentra afiliado a la AFP Capital y quiere saber qué posibilidad tiene de retirar aproximadamente 13.800.000 pesos de su fondo de pensiones, toda vez que recibe una pensión de exonerado. Por lo tanto, no hará uso de ese fondo.
Además, pido que se envíe copia del oficio a don Juan Alberto Campos Jara y que se le remita una respuesta.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EVALUACIÓN DE TRASLADO DE CARABINERO DESDE COMUNA DELA REINA A REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
El señor CHAHIN.- Señor Presidente , en tercer lugar, pido oficiar al general director de Carabineros o al encargado de Recursos Humanos de Carabineros , a fin de que tengan a bien considerar una solicitud de traslado del carabinero Róbinson Alexis Concha Vargas, cédula de identidad N° 17.187.879-8, código de funcionario 981759-A.
Él se desempeña en la Comisaría N° 16, de la comuna de La Reina, y solicita su traslado a la Región de La Araucanía por razones familiares. Sus padres viven en el campo, tiene una hermana con Síndrome de Down que requiere mayor atención y sus padres, por la avanzada edad, no se la pueden prestar.
Además, solicito que se le envíe copia al funcionario a la Comisaría antes mencionada.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE EN FAVOR DE VECINA DE COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficios)
El señor CHAHIN.- Señor Presidente , por último, solicito que se oficie a la ministra de Desarrollo Social , con el objeto de que me informe sobre la situación de la señora María Elizabeth Mora Morales, cédula de identidad Nº 10.347.861-8, quien tenía derecho al subsidio de agua potable y no sabe cuáles son las razones por las cuales el sistema lo rechaza. Además, se encuentra enferma.
Hago presente que cuenta con un puntaje de 7.114 puntos en la Ficha de Protección Social. Su domicilio es calle Los Álamos 184, población Santa Isabel, de Curacautín.
Doña María Elizabeth fue a renovar su subsidio en octubre, dentro del plazo, pero se le negó ese derecho.
Finalmente, pido que se remita copia del oficio y de mi intervención a la señora María Elizabeth Mora.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMAS DE PUBLICACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA CASEN Y DE MODIFICACIÓN DE LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (Oficio)
El señor MELERO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast.
El señor KAST (don Felipe).- Señor Presidente , pido que se oficie a la ministra de Desarrollo Social , a fin de que nos dé a conocer el cronograma previsto para la publicación de datos de la encuesta Casen.
Además, solicito que nos haga llegar el cronograma de modificación de la Ficha de Protección Social.
Estas dos materias han sido publicadas como elementos centrales del programa de gobierno.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO DE USUARIOS DEL INDAP Y SOBRE MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN RELACIONADAS CON LA FALSIFICACIÓN DE VINOS (Oficios)
El señor MELERO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap , con el objeto de que nos informen acerca de la situación actual de endeudamiento de los agricultores usuarios del Indap a nivel nacional y específicamente de la provincia de Ñuble, para evaluar la situación que afecta a los productores de uvas destinadas a la elaboración de vinos, quienes están enfrentando una situación muy difícil, debido a los bajos precios que reciben por ese producto en la actual temporada de vendimia.
Además, pido que se oficie al director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con el propósito de que nos señale cuáles son las medidas que está tomando dicho servicio para fiscalizar la falsificación de vinos, práctica que lamentablemente se da en ese rubro y que afecta a los productores tradicionales. Me interesa saber sobre los recursos con que cuenta su servicio para fiscalizar ese ilícito, con el propósito de que podamos evaluar la posibilidad de contar con un aporte especial en la ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.24 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica (boletín N° 9278-06).
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de Ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica.
I. FUNDAMENTOS
Las municipalidades, según lo dispuesto en el artículo 3° letra f) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, tienen la función privativa de aseo y ornato de la comuna. Es así como el servicio de extracción, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios se efectúa de dos formas. De una parte, de manera directa por las propias municipalidades con personal de su dependencia, o bien, de otra parte, a través del servicio que prestan empresas externas con sus trabajadores.
En el año 2009 la ley N° 20.355, modificó la ley orgánica de municipalidades haciendo aplicable las normas sobre compras públicas contenidas en la ley N° 19.886. Sin embargo, en el régimen actual no queda suficientemente garantizado que en las licitaciones de contratos de concesión para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos se tome como criterio de evaluación preponderante las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores de dichas empresas.
II. CONTENIDO
Por lo anteriormente expuesto, a fin de dar preponderancia a la protección de los trabajadores, mediante este proyecto de ley, en primer lugar, se establece obligatoriamente la consideración del precitado factor con una ponderación mínima del 10% del total de los criterios de evaluación para la adjudicación de la referida licitación.
En segundo lugar, y de manera excepcional, la presente iniciativa viene a autorizar que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución N° 312 de 23 de diciembre de 2013, lo sean a su vez a las empresas proveedoras del servicio de extracción de basura, con el fin que éstas los transfieran a sus trabajadores.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único.- Agrégase al artículo 6° de la ley N° 19.886, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, adecuándose correlativamente la numeración de los incisos siguientes:
“Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación. Para evaluar este criterio, se deberán considerar como factores, el nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo y el reajuste de éstas. Asimismo, se podrán considerar otros factores como la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia de incentivos y otras condiciones laborales que resulten de importancia en consideración a la naturaleza de los servicios contratados.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo Único- Excepcionalmente, facúltase a las municipalidades del país a transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados por éstas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de la presente ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, Ministro del Interior y Seguridad Pública; ALBERTO ARENAS DE MESA, Ministro de Hacienda ; JAVIERA BLANCO SUÁREZ, Ministra del Trabajo y Previsión Social .”
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9278-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, respecto del proyecto de ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica.
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Ministra Secretaria General de la República .”
3. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2456-13-INA.
?Santiago, 4 de marzo de 2014.
Oficio N° 9.612
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. coipa autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 4 de marzo en curso en el proceso Rol N° 2456-13-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión “por accidentes del trabajo a que se refiere la Ley N° 16.744,” contenida en el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1° de la Ley N! 20.244, en la causa Rol N° 33-2013, recurso de protección, de que conoce la Corte de Apelaciones.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”
4. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2408-13-INA
?Santiago, 10 de marzo de 2014.
Oficio N° 9.641
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 6 de marzo en curso en el proceso Rol N° 2408-13-INA, requerimiento inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado por la Juez Subrogante del Juzgado de Familia de Pitrufqué respecto del artículo 206 del Código Civil, en causa RIT C-226-2012, sobre reconocimiento de paternidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”
5. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2623-14-CPR
?Santiago, 11 de marzo de 2014.
Oficio N° 9.653
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 11 de marzo en curso en el proceso Rol N° 2623-14-CPR, sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la
transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, contenido en el Boletín N° 8210-06.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON ALDO CORNEJO GONZALES
VALPARAÍSO.”
6. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.624-14-CPR
?Santiago, 11 de marzo de 2014.
Oficio N° 9.674
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 11 de marzo de 2014, en el proceso Rol N° 2.624-14-CPR respecto al control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitarla administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales, contenido en el Boletín N° 8232-14.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON ALDO CORNEJO GONZÁLEZ
VALPARAÍSO.”
7. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.615-14-INA
Santiago, 10 de marzo de 2014.
Oficio N° 9-645
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 7 de marzo de 2014, en el proceso sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Rol N° 2.615-14-INA respecto de las partes que indica de los artículos 277, inciso segundo y 320 del Código Procesal Penal y 411 quáter, inciso primero del Código Penal, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”
8. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2565-13-CDS
?Santiago, 5 de marzo de 2014.
Oficio N° 9.617
Remire resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 4 de marzo de 2014, en el proceso Rol N° 2565-13-CDS (2.618-14-CDS acumulado), sobre requerimiento de inconstitucionalidad respecto del Decreto Supremo N° 153, de 13 de septiembre de 2013, del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, publicado en el Diario Oficial el 19
de diciembre del mismo año, que aprueba el Reglamento sobre manifestación expresa de la aceptación del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios financieros.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”