Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- PERMISO
- Andrea Molina Oliva
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Felipe De Mussy Hiriart
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADO SEÑOR JUAN LOBOS KRAUSE
- HOMENAJE : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADO SEÑOR JUAN LOBOS KRAUSE
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MATERIA DE INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO GRAVE (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9243-10)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Celso Rene Morales Munoz
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Karol Aida Cariola Oliva
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- TRANSFORMACIÓN DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HÍDRICOS (Continuación)
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- DEBATE
- REBAJA DE TASA DE INTERÉS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEUDORES DE INDAP
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Jose Perez Arriagada
- Rosauro Martinez Labbe
- Ivan Norambuena Farias
- Sergio Espejo Yaksic
- German Verdugo Soto
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Sergio Ojeda Uribe
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REVISIÓN DE LA LEY N° 19.992, QUE OTORGA BENEFICIOS A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Marcos Espinosa Monardes
- Alberto Robles Pantoja
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Cristina Girardi Lavin
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- TRANSFORMACIÓN DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HÍDRICOS (Continuación)
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE DOTACIÓN POLICIAL EN COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y EVALUACIÓN DE PLAN CUADRANTE (Oficios)
- INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALERTA DE TSUNAMI ENPROVINCIA DE CARDENAL CARO, SEXTA REGIÓN (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS Y PLANES PARA UNIR EL TERRITORIO NACIONAL CON FIBRA ÓPTICA (Oficio)
- ENTREGA DE ANTECEDENTES SOBRE INSTALACIONES MILITARES EN LAREGIÓN METROPOLITANA Y EN LA CUARTA REGIÓN (Oficio)
- DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE HOSPITAL PADRE HURTADO (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTO “ESTACIÓN CULTURAL PUEBLO HUNDIDO” (Oficio)
- ANTECEDENTES SOBRE DESTINO DE FONDOS PROVENIENTES DERECAUDACIÓN DE PATENTES DE SISTEMA ÚNICO DE AMPARO DE CONCESIONES MINERAS EN COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO “TREN URBANO” PARA CONECTAR COMUNAS DE LA SERENA Y COQUIMBO (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE OBRAS VIALES EN FAVOR DE DESTRITO N° 7 (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, PUERTO WILLIAMS (Oficio)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nicolas Monckeberg Diaz
- German Becker Alvear
- Bernardo Jose Berger Fett
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Joaquin Godoy Ibanez
- Rosauro Martinez Labbe
- Leopoldo Perez Lahsen
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Sergio Aguilo Melo
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Gabriel Boric Font
- Kenneth Giorgio Jackson Drago
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Cristina Girardi Lavin
- Yasna Provoste Campillay
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 362ª
Sesión 11ª, en jueves 10 de abril de 2014
(Ordinaria, de 10.37 a 13.33 horas)
Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo Carmona Soto, don Lautaro, y González Torres, don Rodrigo
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 9
II. APERTURA DE LA SESIÓN 13
III. ACTAS 13
IV. CUENTA 13
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EXDIPUTADO SEÑOR JUAN LOBOS KRAUSE 13
V. ORDEN DEL DÍA 14
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME) 14
PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MATERIA DE INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO GRAVE (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9243-10) 27
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 43
TRANSFORMACIÓN DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HÍDRICOS (Continuación) 43
REBAJA DE TASA DE INTERÉS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEUDORES DE INDAP 45
REVISIÓN DE LA LEY N° 19.992, QUE OTORGA BENEFICIOS A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 48
VII. INCIDENTES 50
INFORMACIÓN SOBRE DOTACIÓN POLICIAL EN COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y EVALUACIÓN DE PLAN CUADRANTE (Oficios) 50
INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALERTA DE TSUNAMI EN PROVINCIA DE CARDENAL CARO, SEXTA REGIÓN (Oficios) 52
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS Y PLANES PARA UNIR EL TERRITORIO NACIONAL CON FIBRA ÓPTICA (Oficio) 53
ENTREGA DE ANTECEDENTES SOBRE INSTALACIONES MILITARES EN LA REGIÓN METROPOLITANA Y EN LA CUARTA REGIÓN (Oficio) 54
DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE HOSPITAL PADRE HURTADO (Oficios) 55
INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTO “ESTACIÓN CULTURAL PUEBLO HUNDIDO” (Oficio) 55
ANTECEDENTES SOBRE DESTINO DE FONDOS PROVENIENTES DE RECAUDACIÓN DE PATENTES DE SISTEMA ÚNICO DE AMPARO DE CONCESIONES MINERAS EN COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO (Oficios) 56
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO “TREN URBANO” PARA CONECTAR COMUNAS DE LA SERENA Y COQUIMBO (Oficio) 56
INFORMACIÓN SOBRE OBRAS VIALES EN FAVOR DE DESTRITO N° 7 (Oficios) 57
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, PUERTO WILLIAMS (Oficio) 58
Pág.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 59
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9230-07) 59
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N°9287-06) 59
3. Oficio del Senado. (boletín N° 8201-09) 60
4. Oficio del Senado. (boletín N° 8813-15) 60
5. Oficio del Senado. (boletín N° 5579-03) 60
6. Oficio del Senado. (boletín N° 8329-15) 61
7. Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en moción, sobre “Medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras.”. (boletín N°8201-09) 62
8. Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales recaído en el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “Discusión inmediata”, que “Modifica ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, en materia de subrogación.”. (boletín N° 9230-07) 68
9. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Monckeberg, don Nicolás; Becker, Berger, Fuenzalida, Godoy, Martínez, Pérez, don Leopoldo, y Rathgeb, y de la diputada señora Núñez, doña Paulina, que “Modifica el decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, para eliminar barreras en el acceso al empleo que perjudican a personas con discapacidad”. (boletín N° 9302-13) 72
10. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Poblete, Aguiló, Arriagada, Boric, Jackson, Mirosevic, y de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Provoste y Sepúlveda, sobre “Reforma Constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria”. (boletín N° 9304-07) 74
IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Comunicaciones:
- Del diputado señor Hernández por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día jueves 10 de abril en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Gahona por la cual justifica la inasistencia a la sesión del día jueves 10 de abril en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Van Rysselberghe por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día miércoles 9 de abril próximo pasado, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- De la diputada señora Molina por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día miércoles 9 de abril próximo pasado, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día martes 8 de abril próximo pasado.
- Del diputado señor Núñez, don Daniel por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día jueves 10 de abril en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Andrade por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, jueves 10 de abril en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Rincón por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, jueves 10 de abril en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Letelier por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, jueves 10 de abril en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
2. Notas:
- De la diputada señora Molina, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 10 de abril de 2014 en curso, para dirigirse a España.
- Del diputado señor De Mussy, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 10 de abril de 2014 en curso, para dirigirse a Venezuela.
3. Oficios:
- De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural por el cual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del reglamento de la Corporación, ha acordado el archivo de los proyectos de ley signados con los boletines Nos 3457-01, 4003-01, 4530-01, 6226-01, 6503-11,6958-07, 7002-07, 7058-07, 7059-07 y 7084-07, señalados en anexo.
- De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el que informa que calificó como “misión oficial”, la participación de los diputados señora Cariola y señor Núñez, don Marco Antonio, en la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre la Aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo, que se realizará en Estocolmo, Suecia, entre los días 23 y 25 de abril próximos (39).
Respuestas a oficios
Ministerio de Obras Públicas
- Diputado Marinovic, Manifiesta disconformidad con utilización de fondos del Gobierno Regional para reposición de puentes de Punta Arenas, dañados por desborde de río Las Minas y solicita que reconstrucción se efectúe con fondos sectoriales del Gobierno central (1003 al 7063).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes en relación con la situación descrita en la intervención adjunta, referida al estado de las defensas fluviales los ríos Tinquiririca y Antivero de las comunas de San Fernando y Chimbarongo, Región de O'Higgins e informe a esta Corporación sobre las medidas que se dispondrán sobre la materia. (1004 al 12025).
- Diputado De Urresti, Solicita informe sobre el calendario de dragado del río de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos y los plazos de ejecución de las obras de construcción de la defensa fluvial del Río Cruces de la comuna de San José de la Mariquina, de la misma región. (1006 al 12380).
- Diputado De Urresti, Solicita informe sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con los problemas que ha presentado la ruta que une Valdivia y Antilhue, en la Región de Los Ríos. (1008 al 11949).
- Diputado Sabag, Solicita tenga a bien disponer un análisis de la calidad del agua potable de la comuna de San Nicolás, Región del Biobío e informar a esta Corporación de sus resultados. (1009 al 12674).
- Diputado De Urresti , Posibilidad de efectuar una inspección en el humedal urbano ubicado en Nueva Villa del Rey de la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, a fin de determinar si forma parte de la red primaria de aguas lluvias y los posibles efectos de su intervención por la construcción de viviendas en el lugar. Asimismo, S. S. solicita que, por su intermedio, el señor Director General de Aguas precise si existe un curso de aguas en el referido terreno y la normativa pertinente para permitir una intervención. (1010 al 12700).
- Diputado Bobadilla, Diputado Pérez don José, Para que hacer presente sus planteamientos en relación con el estudio y construcción del denominado “Quinto Puente ” sobre el río Biobío y la importancia del referido proyecto para la conectividad de las comunas de Santa Juana, Laja, Nacimiento y San Rosendo de la Región del Biobío, descritos en la petición y antecedentes adjuntos. (1011 al 5359).
- Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre la solución que pueda darse a la cooperativa de abastecimiento y distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento “Las casas de Pucalán”, ubicada en la comuna de Nogales, para que las instalaciones que ellos administran les puedan ser entregadas en dominio. (1012 al 14039).
Ministerio de Agricultura
- Diputado Santana, Las calificaciones, juicios y sumarios que afectan al señor Pedro Bahamondez Barría, a objeto de clarificar su legitimidad y prolijidad en función de responsable de Conaf y como funcionario de este organismo. (176 al 112).
Ministerio de Bienes Nacionales
- Diputado Sandoval, Factibilidad de hacer llegar a don Tirso Gómez, poblador de Puerto Aysén, copia del Decreto Supremo, que confirió la propiedad ubicado en el sector de San Luis, en la localidad de Puerto Aysén, conjuntamente con los antecedentes acerca de la situación actual del mismo y la veracidad de la existencia de nuevos traspasos de propiedad, por parte de este ministerio a Salmones Antártica S.A. (158 al 62).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
- Diputado Silber, Instruir un sumario interno en la Corporación de educación, rehabilitación, capacitación, atención de menores y perfeccionamiento (84 al 11690).
Ministerio de Salud
- Diputado Accorsi, Informe respecto a cuál es el porcentaje del Presupuesto de su cartera ministerial que está destinado a la atención odontológica y programas de salud bucal y con cuántos odontólogos contratados cuenta el sistema de salud público. Indique ambas informaciones con el detalle desagregado por región. (841 al 13992).
- Diputada Girardi doña Cristina, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de pronunciarse respecto a la presunta utilización, para otros fines, de recursos destinados a cubrir gastos de salud, según afirmó el señor Luis Plaza Sánchez, alcalde de la comuna de Cerro Navia. (842 al 14011).
Ministerio Medio Ambiente
- Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre la eventual aprobación de la declaración de los Parques Marino Tic-Toc y el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Pitipalena-Santo Domingo, entre las regiones de Los Lagos y Aysén, en espera de la ratificación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. (140981 al 14178).
Ministerio de Cultura y De Las Artes
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Antecedentes de los donantes en beneficio del proyecto “Astro Bus”, gestionado por la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Casa Abierta. (367 al 93).
Intendencias
- Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre el detalle de los viáticos autorizados y pagados a cada una de las secretarías ministeriales de la Región de Los Lagos, durante los años 2012 y 2013, individualizando cada secretaría ministerial, el destino y objeto del viaje, el monto del viático y el número de días utilizados en el cometido por cada funcionario. (113 al 14174).
- Diputado Robles, Proyectos aprobados, y terminados en cada una de las comunas de la Región de Atacama desde el 11 de marzo de 2010, indicando la fuente de su financiamiento. Asimismo, remita la nómina de proyectos pendientes de aprobación y ejecución y los gastos efectuados con cargo al presupuesto del gobierno regional durante el mismo período. (226al 14143).
- Diputado De Urresti , Estado de los proyectos que indica de reposición, mejoramiento y construcción, de obras públicas en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. (727 al 14208).
- Diputado De Urresti, Proyectos de reposición del cuartel de bomberos de Malahue, del edificio consistorial y del Teatro Galia, de la comuna de Lanco, Región de Los Ríos. (730 al 14209).
- Diputado De Urresti , Proyectos de habilitación de la estación Collilelfu y reposición de la escuela fusionada, ambos de la comuna de Los Lagos, Región Los Ríos. (731 al 14211).
- Diputado De Urresti, Estado de diversos proyectos que señala a ejecutarse en la comuna de Corral. (732 al 14220).
- Diputado De Urresti , Proyectos de construcción del Cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de Futrono, mejoramiento de la calle 21 de Mayo de Nontehuelá, el estado de la construcción de casetas sanitarias, instalación de red de agua potable y habilitación de energía eléctrica en la isla Huapi, todos de la comuna de Futrono. (733 al 14238).
- Diputado De Urresti , Proyectos de reposición del colegio Cultura y Difusión Artística y construcción del Cuartel General de Bomberos, ambos de la ciudad de La Unión. (734 al 14240).
- Diputado De Urresti , Proyectos de agua potable rural, restauración del castillo San Luis de Alba, reposición de la Tenencia de Carabineros de San José y construcción del alcantarillado en la localidad de Ciruelos, todos de la comuna de Mariquina. (735 al 14242).
- Diputado De Urresti , Estado de los proyectos contemplados en el Plan Región de Los Ríos 2010-2014, presentado por S. E. el Presidente de la República en enero de 2011, con una inversión total de 2 mil 372 millones de dólares. (736 al 14244).
Servicios
- Diputado Pérez don José, Solicita tenga a bien disponer la inspección en terreno del camino entre Los Ángeles y Santa Fe, Región del Biobío e informe a esta Corporación sobre sus resultados en relación con las condiciones en que se encuentra el asfalto y las reparaciones que se han efectuado en las vías singularizadas. (1005 al 12220).
- Diputado Díaz don Marcelo, Proyecto de alcantarillado que se ejecutará en la localidad de El Arenal, de la comuna de Vicuña. (1007 al 11285).
- Diputado Santana, Desempeño del Gobernador Provincial de Chiloé en el cargo de Director Regional de la Conaf de Los Lagos , en relación con la fiscalización de denuncias sobre tala ilegal de alerce (176 al 103).
- Diputada Álvarez doña Jenny, Antecedentes y copia del convenio suscrito entre el Sernatur y la Municipalidad de Ancud para la promoción de sitio Sipam. (344 al 136).
- Diputada Molina doña Andrea, Estado de la interconsulta del señor Francisco Javier Duarte Palma, Rut 7.748.792-1, derivado desde Consultorio de La Cruz al Hospital San Martín de Quillota. (419 al 14226).
Varios
- Diputado Sandoval, Razones por las cuales la localidad de Villa Ortega, de la comuna de Coyhaique, no cuenta con señal abierta de Televisión Nacional de Chile e indicar los plazos correspondientes para proceder con la reposición del servicio. (29al 14282).
Municipalidades
- Diputado Campos , Solicita informe y remita los antecedentes referidos a los programas municipales en las áreas de salud y educación; con indicación de las personas contratadas para su implementación. (164 al 12940).
- Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre las industrias que existen en el parque industrial de la comuna que usted administra y la situación en que se encuentran las patentes de estos. Asimismo, solicita se informe la cantidad de empresas que cuentan con los permisos de recepción de obra y los respectivos informes sanitarios. (177 al 14069).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Álvarez Vera, Jenny PS X 58
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Arriagada Macaya, Claudio DC RM 25
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bellolio Avaria, Jaime UDI RM 30
Berger Fett, Bernardo RN XIV 53
Boric Font, Gabriel IND XII 60
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cariola Oliva, Karol PC RM 19
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Carvajal Ambiado, Loreto PPD VIII 42
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Chahin Valenzuela, Fuad DC IX 49
Chávez Velásquez, Marcelo DC VIII 45
Cicardini Milla, Daniella IND III 5
Coloma Álamos, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo DC V 13
Espejo Yaksic, Sergio DC VI 35
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farcas Guendelman, Daniel PPD RM 17
Farías Ponce, Ramón PPD RM 25
Fernández Allende, Maya PS RM 21
Flores García, Iván DC XIV 53
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo RN XIV 54
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernando Pérez, Marcela PRSD II 4
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Insunza Gregorio de las Heras, Jorge PPD IV 9
Jackson Drago, Giorgio IND RM 22
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 24
Kast Sommerhoff, Felipe IND RM 22
Kort Garriga, Issa UDI VI 32
Lavín León, Joaquín UDI RM 20
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto DC VII 36
Lorenzini Basso, Pablo DC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Melo Contreras, Daniel PS RM 27
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Mirosevic Verdugo, Vlado Liberal de Chile XV 1
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz, Celso UDI VII 36
Morano Cornejo, Juan Enrique DC XII 60
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Núñez Urrutia, Paulina RN II 4
Ojeda Uribe, Sergio DC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel DC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paulsen Kehr, Diego RN IX 49
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Pilowsky Greene, Jaime DC RM 24
Poblete Zapata, Roberto IND. VIII 47
Provoste Campillay, Yasna DC III 6
Rathgeb Schifferli, Jorge RN IX 48
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rocafull López, Luis PS XV 1
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge DC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René DC IX 50
Saldívar Auger, Raúl PS IV 7
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel DC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Soto Ferrada, Leonardo PS RM 30
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor DC V 15
Tuma Zedán, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urízar Muñoz, Christian PS V 10
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Urrutia Soto, Osvaldo UDI V 14
Vallejo Dowling, Camila PC RM 26
Vallespín López, Patricio DC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Venegas Cárdenas, Mario DC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Walker Prieto, Matías DC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-No estuvo presente por encontrarse en misión oficial la diputada señora Andrea Molina Oliva.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 3ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 4ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADO SEÑOR JUAN LOBOS KRAUSE
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , he solicitado hacer uso de la palabra para informar a los colegas que mañana se cumplen tres años del sensible fallecimiento del exdiputado y amigo Juan Lobos Krause , a causa de un accidente automovilístico cuando se trasladaba desde su distrito a la Comisión de Salud de esta honorable Cámara.
Siento como muy necesario que nuestra Corporación recuerde a uno de los suyos, sobre todo porque el accidente que provocó su lamentable partida ocurrió en una circunstancia que podría calificarse como acto de servicio.
También siento que para los integrantes de las distintas bancadas su partida constituye un recuerdo de dulce y de agraz. De dulce, porque fue valioso conocer a una persona que, luego de fallecida, se ganó el titular de un diario que informó así: “Muere el diputado que todos querían”.
Señor Presidente , en recuerdo de quien fuera nuestro colega y queridísimo amigo Juan Lobos Krause , pido que la honorable Sala guarde un minuto de silencio.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Así se hará, señor diputado .
Invito a todos a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria del exdiputado Juan Lobos.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor CORNEJO (Presidente).- Muchas gracias.
-Aplausos.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)
El señor CORNEJO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores.
Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor René Saffirio.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 123ª dela legislatura 361ª, en 5 de marzo de 2014.Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SAFFIRIO (de pie).- Señor Presidente , en primer lugar, pido excusas a la Mesa y a los señores diputados porque, probablemente, este informe será más extenso de lo habitual, pues su texto completo tiene una extensión de 350 páginas, de las cuales más de 100 corresponden a conclusiones y propuestas. Por ello, he intentado reducir su contenido de la forma más pedagógica posible.
En representación de la Comisión Especial Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (Sename), vengo en informar sobre el trabajo realizado al término de su mandato, como asimismo las conclusiones y propuestas derivadas de la investigación efectuada por sus integrantes, los entonces diputados Nino Baltolú , Alfonso de Urresti , René Alinco , Enrique Estay , Cristián Letelier , Joel Rosales y María Antonieta Saa , y los diputados Hugo Gutiérrez , Tucapel Jiménez , Ricardo Rincón , Karla Rubilar , Marcela Sabat y quien habla.
I. Antecedentes
En cuanto al contexto en que surge esta instancia investigadora, me permito hacer presente que, en noviembre de 2011, se suscribe un convenio de cooperación entre el Presidente de la Corte Suprema y el representante de Unicef en Chile para la realización del estudio titulado “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial de Chile”, creándose en marzo de 2012 una mesa técnica conformada por el Poder Judicial, la Unicef y el Sename, que trabajó en la creación de 6.500 fichas a lo largo de once regiones del país, que recopilan y sistematizan la información proveniente de los sistemas informáticos de los tribunales de familia y del Sename, relativa a los niños, niñas y adolescentes que, por una orden judicial, se encuentran viviendo separados de su familia, al cuidado del Estado, en residencias del Sename.
La información recogida en la ficha única, que por primera vez en nuestro país se construyó para cada niño que el Estado tiene bajo su protección, da cuenta de graves anomalías en el sistema de protección, las cuales es imposible que no hayan sido conocidas por las autoridades administrativas y judiciales, funcionarios públicos y demás operadores del sistema, que son los encargados de dichos sistemas informáticos.
Las anomalías se detectaron:
Primero: En el sistema de justicia de familia, que no respeta las leyes de procedimiento y aplica lo dispuesto en auto acordados de regulación administrativa por sobre lo dispuesto en las leyes de la república y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Con ello, afecta derechos y garantías procesales esenciales de estos y sus familias en la tramitación de causas de protección y de susceptibilidad de adopción, y se vulneran sus derechos a vivir en familia, a que sus familias sean ayudadas a superar las dificultades que les impiden cuidarlos adecuadamente o sus derechos a la plena y oportuna rehabilitación de la salud física y psicológica si han sido víctimas de maltrato, violencia o abuso sexual, entre otros.
Segundo: En el Sename, el proceder de sus autoridades, funcionarios e instituciones públicas y privadas que licitan fondos públicos para acceder al cuidado de niños, niñas y adolescentes y que, amén de una falta de recursos suficientes, pretenden justificar todo incumplimiento de sus cometidos y deberes, y que han adoptado como cultura institucional defender su ineficacia mediante la asignación de responsabilidades a terceros.
Tercero: En el sistema de vida cotidiana que niños, niñas y adolescentes desarrollan en las residencias que los acogen, que es a tal punto negligente y descuidado que, en lugar de protegerlos, los coloca y mantiene en situación de riesgo físico, psíquico y social permanente que vulnera los derechos que les asisten especialmente.
Aunque parezca una obviedad, me permito hacer presente que la obligación de cuidado de estos niños, niñas y adolescentes recae, principalmente, en los jueces de familia de todo el territorio nacional, en el ministro de la Corte Suprema encargado de la reforma de la justicia de familia, en el Ministerio de Justicia y en el Servicio Nacional de Menores.
En el área judicial, la obligación de cuidado recae en los jueces de familia, porque ellos decretan su internación en el sistema residencial como medida de protección, y la ley los obliga a hacer un seguimiento de las medidas de protección que dictan y a programar varias audiencias para ello, hasta la completa superación de la vulneración de derechos sufrida por los niños. También los obliga a realizar visitas a las residencias en las cuales se encuentran los niños.
Recae también en el ministro de la Corte Suprema don Héctor Carreño , a quien nuestro máximo tribunal de justicia comisionó especialmente para velar por el correcto funcionamiento de la justicia de familia y que además lideró personalmente el Proyecto de Levantamiento de la Información de los Niños Acogidos en Sistema Residencial, que arrojó estos datos.
Esa máxima autoridad judicial impartió personalmente las instrucciones en cada región acerca de cómo proceder en las causas de protección de niños para cumplir con las metas de gestión administrativas establecidas para los años 2010 al 2013, en 60/40, 70/30, 80/20 y 85/15 de causas terminadas versus causas abiertas, lo que implicó una tramitación acelerada, con un costo muy alto para la efectiva protección de los niños y sus familias.
Hacerles efectivos sus derechos es justamente lo que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó cumplir a Chile en 2007, y es seguro que volverá a recomendarlo ahora, en 2014, cuando recibamos las Recomendaciones correspondientes al segundo Informe sobre Chile de Cumplimento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tal organismo se encuentra preparando.
En el área administrativa, la obligación de cuidado corresponde, como función propia, al Sename y al Ministerio de Justicia, como su superior jerárquico. Ambos deben proveer, a nombre del Estado, los servicios e instalaciones para el cuidado alternativo de los niños, así como el personal necesario para el cumplimiento de cada una de sus funciones.
No obstante, serias vulneraciones de derechos fueron encontradas a lo largo del país y que están instaladas en el sistema, que afectan a más de 6.500 niños y adolescentes, que hasta el día de hoy se mantienen en una situación que los expertos han calificado de “riesgo físico, psíquico y social”.
Por ello, la Cámara de Diputados, en su sesión 51ª, celebrada el 31 de julio de 2013, prestó su aprobación a la solicitud de 51 diputadas y diputados de crear una Comisión Especial Investigadora que analizara, recabara información y concluyera en un informe sobre la actuación del Servicio Nacional de Menores, al que hoy estoy dando lectura.
II. Trabajo de la Comisión
La comisión, en el cumplimiento de su cometido, celebró once sesiones, entre ordinarias y especiales, y escuchó las opiniones y declaraciones de más de treinta invitados. Así, se contó con la intervención del ministro de Justicia subrogante , señor Juan Ignacio Piña ; del jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia , Sebastián Valenzuela ; del director del Servicio Nacional de Menores , señor Rolando Melo ; de la jefa del Departamento de Protección de Derechos del mismo servicio, señora Angélica Marín ; del jefe nacional de Delitos Contra la Familia , de la Policía de Investigaciones, prefecto señor Raúl Novoa ; de la jefa del Departamento Jurídico de la PDI, señora Rosana Pajarito ; del representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( Unicef ), señor Tom Olsen ; de la consultora del Área de Maltrato Infantil de Unicef , señora Soledad Larraín , y de la socióloga, máster en Necesidades y Derechos de Infancia y Adolescencia, postitulada en Análisis e Interpretación de Datos Sociales, consultora de Unicef Chile para el área de protección especial, señora Carolina Bascuñán .
Del mismo modo, se contó con las exposiciones del vicepresidente de Fundación para la Confianza , señor James Hamilton ; del abogado de la ciudad de Rancagua señor Marcelo Figueroa ; del arzobispo de Santiago , a la sazón, y hoy cardenal de la Iglesia católica y presidente de la Conferencia Episcopal , señor Ricardo Ezzati ; de la presidenta de la ONG Asociación Chile Puede, señora Flor Bastidas ; de la exdirectora del Servicio Nacional de Menores de la Octava Región del Biobío , señora Jessica Flores , y de varios invitados más.
III. Conclusiones
Las conclusiones se consignan a partir de la página 144 del informe que está a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados.
1) Respecto de la evaluación y ponderación de la información que arrojó el “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial de Chile”, que dio origen a esta comisión investigadora, se concluye:
Primero. Existencia de graves vulneraciones de derechos fundamentales de los niños carentes de cuidado parental.
Los niños, niñas y adolescentes carentes de cuidado parental, que debieran estar protegidos por el Estado, se encuentran sufriendo graves vulneraciones de sus derechos a lo largo de nuestro país, por responsabilidad compartida de los ministros de Justicia que ejercieron el cargo en el período 2012-2013, del director nacional del Sename , de los directores de las residencias encargadas del cuidado cotidiano de los niños, del ministro de la Corte Suprema encargado de la reforma de la justicia de familia y de los magistrados que forman la justicia de familia, entre otros.
Entre las vulneraciones figuran:
a) Haber sido ingresados al sistema residencial no por razones de protección de sus derechos vulnerados al estar al cuidado de sus padres, sino simplemente en razón de carencias económicas, lo que es manifiestamente ilegal.
b) Haber sido ingresados al sistema residencial separados de sus hermanos, en residencias o, incluso, ciudades diferentes.
c) Encontrarse viviendo en residencias que no se ubican en el mismo lugar donde vive su familia y donde el niño, niña o adolescente tiene sus amigos, se educa, etcétera, sino en residencias que se ubican lejos de ese lugar -en ocasiones, a más de 150 kilómetros-, con lo que se produce un desarraigo completo de tipo familiar y comunitario y se hace imposible el contacto directo y regular con sus familias.
d) En los casos de menores de tres años de edad, encontrarse separados de su familias y vivir en residencias, cuando lo adecuado, a su corta edad, es que sean ubicados en familias de acogida, a lo menos.
e) Permanecer institucionalizados por períodos excesivamente largos, algunos durante toda su infancia y adolescencia, fundamentalmente porque los jueces de familia que decretan su ingreso al sistema lo hacen sin fijar un plazo de duración para la vigencia de esa medida de protección.
f) Permanecer institucionalizados sin sentido alguno, porque los jueces de familia que decretan su ingreso al sistema lo hacen sin fijar tampoco los objetivos de reparación, de ayuda a sus familias, de reintegración familiar, de reinserción comunitaria y/o preparación para la vida independiente, que le da sentido a la medida de protección decretada y que deben ser cumplidas por sus cuidadores y demás actores del sistema de protección. Y, finalmente, porque se decretan las medidas sin fijar un plan de seguimiento del cumplimiento de tales medidas, en audiencias posteriores, hasta la completa recuperación del niño y resolución de la situación que dio origen a la misma.
Segundo. El abuso sexual constituye un caso particularmente grave de vulneración del derecho a la integridad física, psíquica e indemnidad sexual de niños, niñas o adolescentes carentes de cuidado parental, instalado en el sistema residencial, respecto del cual existe completa indiferencia e inacción.
a) El abuso sexual que sufren los niños, niñas y adolescentes dentro de las residencias, cuando están a cargo del Estado, aun cuando no se realice necesariamente en dependencias de la residencia, o necesariamente por funcionarios públicos, no solo existe, sino que es una realidad instalada en el sistema de protección y que, insólitamente, los responsables (autoridades competentes, funcionarios públicos y particulares prestadores del servicio) no consideran un problema que requiere urgente atención y resolución. A juzgar por los testimonios recogidos por esta Comisión, estiman como un hecho casi consustancial a la vida en residencia, como una especie de “normalidad” que no queda más remedio que padecer.
b) Bajo ningún supuesto esta Comisión Investigadora comparte tal criterio y, lejos de aceptarlo, consigna especialmente la evidencia de su acaecimiento en este informe, de modo que nadie pueda negar su ocurrencia sistemática.
c) Se estiman graves las afirmaciones y distinciones hechas por el director nacional del Sename , señor Rolando Melo ; por la jefa de la Unidad de Protección, señora Angélica Marín ; por la encargada nacional de las Aldeas SOS, señora Alejandra Riveros González , y por otros colaboradores, entre un abuso cometido por adultos o por los propios niños, o el cometido por un adulto que es integrante de la residencia, o por un tercero ajeno a ella, o el abuso que sufren los niños al interior de esta, o los que sufren fuera de la misma, cuando salen a visitar a sus familias, en tanto son alegaciones ciegas ante la calidad de víctimas de los niños -activos o pacientes del abuso- y al innegable hecho de que, mientras se encuentran ingresados en el sistema de protección, quien tiene el cuidado personal de ellos, en todo momento y circunstancia, es el director de la residencia. En última instancia, siempre es responsable el Estado.
d) La perspectiva de la responsabilidad penal de quien comete el abuso no es, sin duda, la mirada que debe prevalecer en el sistema de protección, sino el interés superior del niño. Este concepto, tan sobreutilizado, no significa cualquier cosa, ni tiene un significado abstracto; es, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, “el uso pleno y el goce efectivo de sus derechos” por parte de los niños, y constituye un deber de todas las autoridades del Estado hacerlo prevalecer en todas sus decisiones, lo que, evidentemente, no ocurre en el sistema investigado.
e) A pesar del incumplimiento que ya ha existido de tal deber por todos los involucrados en estos hechos, el Estado de Chile, en tanto primer responsable del cuidado de los niños que acoge para proteger, no puede seguir incumpliéndolo ni continuar tolerando el abuso sexual sistemático que se produce en las residencias, con sus nefastas consecuencias en la vida y salud de las víctimas. Debe tomar medidas drásticas para acabar con él y prestar la debida y adecuada atención médica especializada, tanto a los niños actores de abusos como a quienes lo padecen, en tanto todos ellos son víctimas de violencia institucional por total desprotección y desatención.
Tercero. Los niños, niñas y adolescentes que viven en el sistema residencial en las once regiones analizadas se encuentran viviendo en situación de riesgo debido al incumplimiento de deberes por parte de las autoridades administrativas, judiciales, directores de residencias y cuidadores.
a) Desde 2012, en que fue recogida la información, y hasta la fecha, los niños, niñas y adolescentes que viven en el sistema residencial en las once regiones analizadas, se encuentran viviendo en riesgo, es decir, con una probabilidad de presentar un déficit importante en la satisfacción de las necesidades básicas que les garanticen una adecuada supervivencia y desarrollo.
b) Está en riesgo su integridad física en tanto están afectados por uno o varios de estos seis factores constatados en la investigación:
1. Consumo problemático de drogas y/o alcohol, o en condición de policonsumo de sustancias tóxicas.
2. Padecer una patología médica en lista de espera para ser intervenido o recibir tratamiento.
3. Ser víctima de maltrato intrarresidencial o al estar al cuidado de la residencia.
4. Mantener conductas sexualizadas, producto de un abuso, no obstante estar recibiendo tratamiento reparatorio.
5. Ser medicados por la residencia sin contar con un diagnóstico.
6. Carecer de historial médico al día y conocido por la residencia.
c) Está en riesgo su integridad psicológica en tanto son afectados por uno o más de estos tres factores constatados en la investigación:
l. Que se diagnostique un problema de salud mental, pero sin recibir el tratamiento médico necesario, adecuado y oportuno.
2. Ser medicados por sus cuidadores sin existir diagnóstico de una patología mental.
3. Vivir sin contacto con personas con las que tengan vinculación afectiva.
d) Además, están en riesgo social en tanto son afectados por uno o más de doce factores constatados en la investigación, entre lo que se encuentran:
1. Desarraigo de su comuna o lugar de origen.
2. Sin acceso a la red de protección social.
3. Con un importante nivel de rezago escolar.
4. Sin escolaridad.
5 Con una larga institucionalización.
e) El riesgo físico, psicológico y social en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes ocurre con el conocimiento, bajo la tolerancia e inacción de las autoridades administrativas y judiciales responsables, de los funcionarios públicos que trabajan en el sistema de protección y de los particulares que decidieron participar en la licitación de servicios públicos.
f) La definición precisa de los riesgos en que se encuentra cada niño del sistema contenida en el informe ha sido obtenida gracias a los datos recogidos y sistematizados por la Comisión de Trabajo del proyecto de Levantamiento y unificación de la información de niños y niñas en el sistema residencial. El mencionado trabajo es parte de un convenio de cooperación celebrado entre el Poder Judicial y la Unicef, y contiene la información desglosada de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama , Coquimbo, Valparaíso , O'Higgins, Maule , Los Lagos, Magallanes y Los Ríos, y dentro de cada una de ellas identifica, además, a aquellas residencias en las cuales vive el mayor número de niños en situación de riesgo. Sin embargo, se encuentra inconcluso.
g) No se posee la información correspondiente a la situación de la residencias y de los niños acogidos en ellas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Biobío, de La Araucanía y de Magallanes. El estudio tampoco tuvo el destino natural proyectado, que era ser enviado, en cuanto estuviese completamente sistematizada la información, a los jueces presidentes de los tribunales de familia de cada región de país, con el fin de que coordinaran, con cada juez de familia, las medidas urgentes a tomar para acudir en protección de los niños enviados a residencias y que se encontraran en riesgo en esos establecimientos.
h) No obstante, esta Comisión concluye que la determinación específica por región y, dentro de ellas, por cada residencia, de la situación de riesgo en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes acogidos debe tenerse respecto de todas las regiones.
i) Contar en esa información resulta imprescindible para proceder a la protección de cada uno de los niños acogidos, en el lugar concreto en que se encuentren y respecto de los derechos fundamentales específicos que se hallen vulnerados. No procurarse dicha información respecto de las regiones Metropolitana, del Biobío, de La Araucania y de Magallanes significa incurrir nuevamente -esta vez con nuestro conocimiento y aceptación- en un trato discriminatorio y en una nueva vulneración de derechos.
2) Respecto de la actuación del Servicio Nacional de Menores en la vulneración de derechos de los niños en las residencias por medio de las cuales desarrolla su cometido de darles protección, la comisión concluye:
l. Los hechos investigados eran conocidos por el Sename. Una serie de informes que figuran en el propio centro de documentación que el servicio mantiene en línea en su página web da cuenta de hechos similares a los investigados. Por ejemplo, están el Estudio diagnóstico de Unicef del 201O sobre el sistema Sename , el informe que Chile presentó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU en 2007, las observaciones finales hechas a Chile por el Comité de los Derechos del Niños en el mismo 2007, el informe de auditoría final efectuada al Sename por la Contraloría General de la República Nº 210, de 2011, y el Informe del catastro actualizado de los menores respecto de quienes se han dispuesto medidas de protección que importaran su internación en hogares de acogida, realizado en la Región Metropolitana por los jueces de familia de esa región en coordinación con magistrados del Centro de Medidas Cautelares de Santiago en 2010. Toda esta información, conocida por el Sename, ya daba cuenta de los mismos hechos relatados en este informe.
2. En consecuencia, el Sename no puede alegar ignorancia ni desacuerdos metodológicos con los resultados del “Levantamiento y Unificación de Información referente a niños, niñas y adolescentes en sistema residencial a nivel nacional”, pues tanto en el diseño como en la implementación de la ficha individual y la ficha residencial trabajó en conjunto y en consenso con el Poder Judicial y con la Unicef.
3. El Sename, sus jefaturas de las áreas de Protección, de Adopción y Jurídica, sus funcionarios, así como los representantes legales y directores de sus instituciones cuidadoras permanecieron en absoluto silencio y en la más completa inacción ante la denuncia de los hechos de que da cuenta el informe. Del mismo modo, por mucho tiempo, mostraron tolerancia inexcusable ante el incumplimiento de deberes por parte de los organismos colaboradores y ante las vulneraciones de derechos ocasionadas.
4. Conocidos los hechos por la opinión pública, durante y después de la labor de esta comisión, el Sename, sus jefaturas de las áreas de Protección, de Adopción y Jurídica, sus funcionarios, así como los representantes legales y directores de sus instituciones cuidadoras persistieron en una conducta que anteponía sus intereses particulares y/o gremiales al interés superior del niño, sin denunciar el riesgo material y moral en el que se encuentran dentro de ese sistema ni, mucho menos, resolviéndolo. Todo ello redunda en infracción de deberes constitucionales.
3) Respecto de la actuación de otros órganos de la Administración del Estado involucrados o intervinientes en los mismos hechos, se concluye:
1. Los hechos que motivaron la creación de la Comisión Investigadora también involucraron al Ministerio de Justicia, a su Subsecretaría y a los secretarios regionales ministeriales del ramo, debido a que el Sename es un servicio dependiente de dicha cartera.
2. Tales autoridades no desconocían ni podían desconocer la forma en que el Sename ha actuado, más aún si existían, por un lado, sendos y consecutivos informes de la Contraloría General de la República de 2009, 2010 y 2011, que dejaron claramente establecidos los incumplimientos de deberes con que se operaba.
3. Tampoco pudieron desconocer los convenios de cooperación existentes entre el Poder Judicial y el Sename, ni la recopilación de información que se hacía sobre el sistema de residencias y su funcionamiento.
4. El Ministerio de Justicia, bajo la conducción de la ministra Patricia Pérez , en mayo de 2012 conformó comisiones para la inspección de 48 hogares de la red de protección. La información levantada por tales comisiones ministeriales, encabezadas por cada seremi en todas las regiones, es muy similar a la que un año después levantó, niño por niño, hasta llegar a un total de 6.500, la comisión Poder Judicial-Unicef en once regiones.
5. El hecho de que las mismas autoridades ministeriales hayan registrado graves negligencias en la satisfacción de necesidades como la alimentación, la higiene, las condiciones mínimas para dormir, la seguridad o indemnidad sexual y no hayan tomado las medidas inmediatas que la ley ordena, constituye una grave y sistemática vulneración de los derechos fundamentales de los menores, por acción del propio Estado de Chile, situación que no puede volver a repetirse.
Por ello, en este caso la infracción de deberes constitucionales alcanza extremos del todo inadmisibles.
6. El ministro de Justicia , el subsecretario de la misma cartera, los secretarios regionales ministeriales de Justicia de las regiones comprometidas, el director nacional y los directores regionales del Sename, así como el jefe de la Oficina de Protección de Derechos del Sename nacional y sus colaboradores son responsables por una conducta que vulnera normas constitucionales, de la Convención de los Derechos del Niño y, además, de las Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños , de Naciones Unidas.
4) Respecto de la actuación de la justicia de familia, se concluye:
1. Falta de actuación de oficio en el ejercicio de la potestad cautelar de parte de los jueces de familia para proteger del riesgo físico, psíquico y social a los niños que viven en los lugares donde ellos los envían.
2. Existencia de malas prácticas e incumplimiento de deberes jurisdiccionales por parte de los tribunales de familia del país, constatados en virtud de la información contenida en el sistema informático de esos mismos tribunales.
3. Tales factores les han dado el carácter de generalizado, estandarizado y sistemático a esas malas prácticas e incumplimiento de deberes. Ello, junto con las irregularidades de tipo administrativas, ha coadyuvado a la existencia de esta realidad vulneradora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de protección.
5) Respecto de las responsabilidades de las personas que debieron velar por el respeto pleno de los derechos de los niños, fiscalizar lo referente a los hechos descritos y ponerle pronto remedio.
Primero, es necesario hacer una aclaración.
La competencia de la Comisión Investigadora alcanza hasta este punto, es decir, hasta constatar los hechos acaecidos, dejarlos establecidos, determinar cuál fue la conducta de las autoridades del Estado y de los funcionarios públicos en los hechos investigados, la existencia de infracciones a la Constitución o a las leyes y, de conformidad con ello, determinar las distintas responsabilidades en las que han incurrido.
A su vez, lo que se someterá a la votación de esta Sala es la aprobación o rechazo del informe del que rindo cuenta. Y dentro de ello se encuentra el reconocimiento de esta Sala de la calidad de niños en riesgo de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran acogidos en el sistema de protección, a su calidad de víctimas efectivas o potenciales de un abuso sexual instalado en el sistema y de la necesidad de la movilización completa del aparato estatal para su inmediata protección, del deseo de su completa y pronta recuperación física, psíquica y espiritual; de su reintegración a la vida familiar y comunitaria, de la asistencia efectiva a sus familias para ayudarlos a mantener su cuidado y desarrollar una parentalidad positiva.
En caso alguno se someterá a votación en esta Sala una posible o subrepticia acusación constitucional en contra de algún secretario de Estado o ministro de la Máxima Corte . Todos los señores diputados y señoras diputadas saben que para ello la Constitución establece otros procedimientos, que, evidentemente, no son los relativos a las comisiones investigadoras.
Segundo, respecto de las responsabilidades, se concluye:
En el área de la Administración del Estado:
1. Existencia de responsabilidad política de quienes ejercieron sucesivamente el cargo de ministro de Justicia durante 2012 y 2013, por infracción de los artículos 5º, inciso segundo, y 6° de la Constitución.
El artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental, establece para todos los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Por su parte, el artículo 6º prescribe para todos los órganos del Estado el deber de someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.
2. Existencia de responsabilidad constitucional de los subsecretarios de la misma cartera en dicho período, los secretarios regionales ministeriales de Justicia de las regiones comprometidas; el director nacional, los directores regionales y la jefa nacional de la oficina de Protección de Derechos del Sename ; los representantes legales y directores de las instituciones colaboradoras de ese organismo, por las mismas causales antes descritas, con la precisión de que el artículo 6°, inciso segundo, aclara que los preceptos constitucionales obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
3. La responsabilidad constitucional de todos ellos compromete, a su vez, la responsabilidad convencional internacional del Estado de Chile en tanto su actuación sistemática y sostenida en el tiempo importa grave infracción de la Convención de los Derechos del Niño y de las Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, de Naciones Unidas.
4. Existencia de responsabilidad administrativa general de quienes ejercieron sucesivamente el cargo de ministro de Justicia durante 2012 y 2013, del subsecretario de la misma cartera en el mismo período, de los secretarios regionales ministeriales de Justicia de las regiones comprometidas; del director nacional, los directores regionales y la jefa de la oficina de Protección de Derechos del Sename ; de los directores de las residencias cuestionadas, así como de los profesionales a cargo del cuidado y tratamiento de los niños y adolescentes vulnerados, por incumplimiento de deberes esenciales de su trabajo consagrados en el DFL Nº 1 Ley de Bases de la Administración del Estado y en la ley Nº 18.575, sobre probidad administrativa, identificándose y citándose cada uno de los deberes funcionarios infringidos y la forma como tales autoridades y funcionarios los vulneraron.
5. Existencia de responsabilidad administrativa específica del Sename y de su red de instituciones colaboradoras, por infracción de deberes especiales prescritos en la ley Nº 2.465, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, y en la ley Nº 20.032, que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores, identificándose detalladamente en el informe los deberes infringidos y la forma en que los vulneraron.
En el área de la administración de justicia, se concluye:
1. Existencia de malas prácticas e incumplimientos de deberes jurisdiccionales por parte de los tribunales de familia del país, constatados en virtud de la información contenida en el sistema informático de esos mismos tribunales.
2. Existencia de responsabilidad política del excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Chile don Héctor Carreño Simans , a la sazón encargado por nuestra más alta magistratura del funcionamiento de la justicia de familia en Chile y responsable del proyecto de levantamiento que recogió toda la información en once regiones del país, por infracción de los artículos 5°, inciso segundo, y 6°, de la Constitución Política de la República.
El inciso segundo del artículo 5° establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Lo anterior se concluye en consideración a que el ministro de la excelentísima Corte Suprema don Héctor Carreño , al conocer el resultado de dicho estudio, no adoptó las medidas necesarias para evitar que los abusos denunciados perseveraran en el tiempo.
Solo el 14 de marzo de 2014 -hace veinticinco días-, la excelentísima Corte Suprema dictó un auto acordado mediante el cual impartió instrucciones en esta materia, esto es dos años después de la creación de la mesa técnica, conformada por el Poder Judicial , el Sename y la Unicef.
IV. Propuestas.
Se consignan en el Apartado V del informe, a partir de la página 220.
Es importante hacer dos aclaraciones.
En primer lugar, el 5 de marzo, día en que se aprobó el informe, la Comisión aprobó el envío de una serie de oficios a diferentes autoridades -con el fin de completar la información obtenida y afinar aún más los datos necesarios para abordar, de modo conjunto y coordinado, la protección de los desprotegidos-, entre ellas, al presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia .
Dado que el mismo día 5 de marzo concluía el plazo de funcionamiento de la Comisión Investigadora, se acordó que los oficios de respuesta fueran dirigidos a quien habla en su calidad de Presidente de la Comisión Investigadora . Lamentablemente, por un error evidente de la comisión, no se advirtió que en ese momento ello era reglamentariamente improcedente.
Por lo tanto, los solicitados no se encuentran obligados a contestar tales oficios, sin perjuicio de que serán siempre libres de colaborar, aportando la valiosa información solicitada directamente en una comunicación dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados , quien sabrá dirigirla a la comisión permanente o especial que corresponda.
En segundo lugar, atendido que fue la excelentísima Corte Suprema de Justicia la que celebró el convenio de cooperación con la Unicef, con vistas a levantar la información existente sobre niños, niñas y adolescentes del sistema residencial, y procuró la colaboración del Ministerio de Justicia y del Sename en dicha iniciativa, la Comisión Investigadora consideró justo y pertinente dirigir a ese Poder del Estado propuestas específicas para un trabajo concreto, sostenido, pero, ante todo, coordinado y mancomunado entre los tres poderes del Estado, a fin de enfrentar de modo exitoso el gran desafío que como Estado tenemos no solo ante estos niños y sus familias, sino también ante la ciudadanía y la comunidad internacional.
A. Propuestas dirigidas a la excelentísima Corte Suprema de Justicia.
1. Terminar el levantamiento de información en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Biobío, de La Araucanía y de Magallanes, siguiendo el mismo método exhaustivo utilizado por la Comisión Poder Judicial-Unicef en las regiones investigadas en 2012, que consistió en construir una ficha por cada niño en terreno y visitar las residencias en las que se encontraba cada uno de ellos.
2. Confeccionar, con los datos obtenidos del levantamiento de información en las regiones faltantes, un estudio de similares características que el “Informe Estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile”, que su Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) ordenó realizar respecto de las diez regiones concluidas, de modo de obtener la identificación concreta y específica de los niños, niñas y adolescentes que en esas regiones se encuentran en situación de riesgo.
3. Hacer entrega oficial y formal del informe estadístico de los niños y niñas privados de cuidado parental en Chile a los ministerios de Justicia, de Desarrollo Social, de Salud y de Educación, así como a las respectivas cortes de apelaciones del país.
4. Conformar, en el más breve plazo, un grupo de trabajo intersectorial junto a la Administración del Estado y al Congreso Nacional, encargado de diseñar e implementar a la brevedad posible las acciones necesarias para ir en atención de los niños, niñas y adolescentes que actualmente viven en el sistema residencial y se encuentran en riesgo a lo largo del país.
5. Elaborar, de modo urgente, instrucciones concretas dirigidas a los jueces de Familia del país, en orden a poner fin a las malas prácticas y a actuar como en derecho corresponde, haciendo plena aplicación de las normas sobre la Convención de los Derechos del Niño y de las Directrices de Naciones Unidas sobre Modalidades de Cuidado Alternativo de Niños, de modo de no comprometer con su actuar la responsabilidad constitucional de la Corte Suprema de Justicia ni la responsabilidad convencional internacional del Estado de Chile.
6. Elaborar un documento de trabajo específico para ministros de cortes de apelaciones y para jueces de Familia sobre prácticas judiciales debidas respecto de los niños, niñas y adolescentes carentes de cuidado parental o en riesgo de estarlo.
7. Capacitar a todos los jueces de Familia y consejeros técnicos de la misma judicatura en la materia, en particular, en las normas de la Convención sobre los Derechos de los Niños y de las Directrices de la ONU sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de Niños relativas a los derechos de los niños, los deberes del Estado y el debido proceso en materia de cuidado alternativo de niños.
B. Propuestas dirigidas al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
1. Ocuparse, de modo específico y urgente, de atender los casos graves de vulneración de los niños y adolescentes cuyas situaciones fueron especialmente conocidas por esta Comisión, y coordinar su actuar con los ministerios de Justicia, de Salud y de Desarrollo Social, para la pronta y efectiva atención y rehabilitación completa de las víctimas, y con la Corte Suprema de Justicia en procura del cese inmediato de las vulneraciones.
2. Tomar las medidas legislativas, administrativas y de otro carácter, necesarias para asegurar a los niños, niñas y adolescentes del sistema residencial el pleno respeto de los derechos que les reconocen las Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, de la ONU.
3. Tomar las medidas legislativas, administrativas y de otro carácter, en coordinación con esta Corporación, en orden a crear una nueva institucionalidad para la protección de la niñez y adolescencia en el país, que permita enfrentar del modo debido los problemas que le aquejan y que significan una vulneración sistemática de sus derechos.
C. Propuesta dirigida al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y a los ministerios de Justicia, Salud, Educación y Desarrollo Social.
Conformación, en el más breve plazo, de un grupo de trabajo intersectorial, junto con la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, encargado de diseñar e implementar, a la brevedad posible, las acciones necesarias para ir en atención de los niños, niñas y adolescentes que actualmente viven en el sistema residencial y se encuentran en riesgo a lo largo del país.
D. Propuestas dirigidas al Ministerio de Justicia.
1. Desarrollar las investigaciones y sumarios necesarios para el restablecimiento del imperio del derecho en el desempeño de las funciones propias de su cartera, y que a propósito de esta cuestión no han sido realizadas hasta la fecha, en coordinación con la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y los Tribunales de Familia, competentes en cada caso.
2. Tomar las medidas necesarias para asegurar que el sistema de cuidados alternativos en nuestro país respete plenamente los derechos del niño.
3. Elaborar de modo urgente -mientras la institucionalidad de protección de nuestro país sea debidamente modificada- instrucciones concretas dirigidas a todas las personas que trabajan en el sistema de protección de niños y adolescentes, dirigidas a poner fin a las malas prácticas, prohibiendo su desarrollo, y a que se actúe como en derecho corresponde, haciendo plena aplicación de las normas sobre la Convención de Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas sobre Modalidades de Cuidado Alternativo de Niños, de modo de no comprometer con su actuar la responsabilidad constitucional del ministro de Justicia ni la responsabilidad convencional internacional del Estado de Chile.
4. Capacitar a todas las personas que trabajan en el sistema de protección de niños y adolescentes, partiendo por los funcionarios públicos, en particular, en las normas de la Convención de Derechos del Niño y de las Directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de Niños relativas a los principios rectores del cuidado alternativo, los derechos de los niños, los deberes del Estado y el debido proceso en materia de cuidado alternativo de niños.
E. Propuestas dirigidas a los ministerios de Justicia , Salud, Educación y Desarrollo Social.
1. Tomar todas las medidas necesarias para intervenir directamente en cada uno de los casos de niños, niñas y adolescentes que, a lo largo del país, sufren vulneración de sus derechos fundamentales estando al cuidado del Estado, con el objeto de poner fin a la misma, efectivizando el o los derechos vulnerados que sean de competencia de cada uno y, en particular, con el fin de restablecer a los niños en el uso y goce pleno y efectivo de sus derechos y hacerse cargo de la reparación de los daños sufridos por cada uno de ellos.
2. En particular, se propone a los titulares de las carteras de Salud, de Educación y de Desarrollo Social que tomen las medidas de todo tipo que sean necesarias para establecer un programa de atención que realice las evaluaciones médicas, cognitivas, pedagógicas y sociales, tanto del niño como de su grupo familiar, que son necesarias para el adecuado conocimiento y resolución de su caso por los jueces de Familia, por un equipo de profesionales especializados, de calidad, objetivo e imparcial, que le otorgue verdadero carácter científico y técnico a tales antecedentes.
3. En particular, se propone al ministro de Justicia que, en conjunto con el ministro de Salud, de Educación y de Desarrollo Social , tome las medidas que sean necesarias para abordar el problema de abuso intrarresidencial, para atender debidamente a las actuales víctimas y sus familias y para llevar adelante un plan de acción que lo erradique por completo de los lugares de cuidado alternativo de niños.
4. Por último -con esto concluyo esta relación-, que a modo muy particular y urgente diseñen e implementen una política pública especial de reparación que asegure tanto la recuperación física y psicológica, como la reintegración social de todo niño, niña o adolescente víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y en un ambiente que fomente la salud, el respeto por sí mismo y la dignidad del niño, toda vez que ello es un deber del Estado, conforme al artículo 39 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es urgente y se encuentra pendiente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
-o-
El señor CORNEJO (Presidente).- Continúa la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura al acuerdo de los Comités.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Aldo Cornejo, acordaron por unanimidad iniciar el debate del informe de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores ( Sename ) en la sesión del próximo martes e invitar al ministro de Justicia .
PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MATERIA DE INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO GRAVE (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9243-10)
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de Estados Unidos de América en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, suscrito en Washington D.C. el 20 de mayo de 2013.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Cristián Campos.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 115ª de la legislatura 361ª, en 21 de enero de 2014. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 8ª de la actual legislatura, en 3 de abril de 2014. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CAMPOS (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional y sin urgencia, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de Estados Unidos de América en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, suscrito en Washington D.C. el 20 de mayo de 2013.
Como señala el mensaje, en un mundo globalizado e interdependiente como el actual, los estados han tendido a establecer políticas para liberalizar las restricciones migratorias suprimiendo barreras, pero sin descuidar la prevención de hechos delictivos, sobre todo tomando en consideración el fenómeno del crimen transnacional. De allí que la mayor circulación de personas, bienes, servicios y capitales debe ir acompañada de mecanismos de cooperación entre los países para compatibilizar esa mayor facilidad de traslado y movilidad con la debida protección de la seguridad migratoria.
Agrega que Chile y Estados Unidos de América celebraron el Acuerdo, que ahora se somete a la consideración de esta Cámara, para permitir el intercambio recíproco de información en materia de datos personales y así prevenir e investigar hechos delictivos. Lo anterior, en el marco de las negociaciones relativas al ingreso de Chile al Programa de Exención de Visa de la administración estadounidense, conocido como Visa Waiver Program, el que autoriza el ingreso a los Estados Unidos de América sin necesidad de visa a los ciudadanos de países que mantienen una baja tasa de inmigración ilegal, con la finalidad de facilitar la movilidad de las personas, sea por motivos de turismo o de negocios, y cuya estadía no supere los noventa días.
Puntualiza que la idea central que subyace en el Acuerdo que se somete a la aprobación del honorable Congreso Nacional mediante el proyecto de acuerdo en estudio, es la de reafirmar nuestro compromiso con aquellos instrumentos de cooperación destinados a elevar los estándares de seguridad internacional, en una época en que el crimen transnacional es una realidad que no puede ser soslayada. Así, lo que se busca es armonizar el libre tráfico de viajeros con los resguardos necesarios propios de un sistema migratorio, cuya seguridad mínima beneficie a ambos países.
Añade que, con la finalidad antes indicada, el presente Acuerdo establece un procedimiento que, una vez en vigencia, permitirá que Chile y Estados Unidos de América puedan compartir información de sus respectivas bases de datos para la prevención y combate de la actividad delictual.
Del mismo modo, hace presente que, específicamente, las disposiciones del Acuerdo se refieren a la posibilidad de que una de las Partes, cuando circunstancias legalmente válidas así lo ameriten, pueda iniciar un proceso destinado a identificar si las huellas dactilares de una persona determinada, sometida a alguna investigación, figuran en las bases de datos criminales de la otra Parte. Solo en caso de producirse una coincidencia, será posible proceder a efectuar otras consultas sobre el individuo, a través de los canales de asistencia penal mutua y compartir información relevante en la materia. El procedimiento solo tendrá lugar sobre la base de una estricta reciprocidad, tratándose de aquellos delitos que este instrumento califica de graves, esto es, las conductas punibles bajo el derecho de las Partes con una pena privativa de libertad superior a un año.
Manifiesta, asimismo, que si bien el articulado del Acuerdo considera la consulta de perfiles de ADN, estableciendo un procedimiento muy semejante al antes descrito para la consulta de datos a partir de huellas dactilares, la entrada en vigor de tales disposiciones se deja en suspenso mientras ambas Partes no declaren expresamente que están en condiciones de ejecutar tales artículos sobre la base de la reciprocidad.
Agrega que las Partes podrán también intercambiar información criminal de manera voluntaria o espontánea, sin que medie una petición de la otra Parte.
Concluye precisando que la cooperación que dispone este instrumento se verificará en los términos que lo permitan los respectivos ordenamientos internos de ambos estados. En razón de ello, agrega, conjuntamente con este proyecto de acuerdo se ingresará al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio de información con los gobiernos de otros estados con los cuales se hubiere suscrito acuerdos internacionales de igual naturaleza, sobre la base del principio de reciprocidad.
El Acuerdo se encuentra estructurado por un preámbulo, que da cuenta de las consideraciones que tuvieron las Partes para celebrarlo, y 24 artículos en los cuales se contienen las normas dispositivas y finales del mismo, de los que, en aras del tiempo, no daré cuenta por encontrarse ellos contenidos en el informe que los señores diputados tienen en su poder.
En el estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Claudio Troncoso Repetto , director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Julio Bravo Yubini , ministro consejero de esa cartera de Estado , quienes refrendaron los fundamentos expuestos en el mensaje que acompaña este proyecto de acuerdo, efectuaron una reseña acotada de sus contenidos y manifestaron, en síntesis, que el presente convenio se suma a otros instrumentos jurídicos celebrados por el Estado de Chile en la lucha contra el crimen internacional organizado y facilitará a nuestro país evitar que quienes hayan cometido delitos en Estados Unidos de América puedan llegar a encontrar refugio en Chile.
Por su parte, las señoras diputadas y los señores diputados presentes que expresaron su decisión favorable a la aprobación de este proyecto de acuerdo, manifestaron que con él se cumple, además de lo declarado por los representantes del Ejecutivo , uno de los requisitos fundamentales para el ingreso de nuestro país al Programa de Exención de Visa para ingresar a Estados Unidos de América.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y una abstención se aprobó el proyecto de acuerdo en informe. Votaron a favor las señoras Molina , doña Andrea , y Sabat , doña Marcela , y los señores Campos, don Cristián ; Edwards, don José Manuel ; Hernández, don Javier ; Jarpa, don Carlos Abel ; Rocafull, don Luis ; Sabag, don Jorge , y Tarud, don Jorge . Se abstuvo el señor Teillier, don Guillermo .
Por último, me permito hacer presente que vuestra comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, ella determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a la honorable Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se encuentra inserto en el referido informe.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.
El señor MORALES.-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, tiene como propósito único y exclusivo que en ambos países el tránsito de los ciudadanos que los visiten se efectúe en forma segura, según el interés de las Partes.
El libre tránsito de personas de uno y otro país constituye una manifestación de civilidad, amistad y buena convivencia entre las naciones. Manifiesta un estatus de los países en orden a fomentar una verdadera integración entre los pueblos, hecho que claramente redunda en positivas consecuencias para las personas en los más diversos aspectos.
Los acuerdos migratorios suscritos por Chile con los países del Mercosur, o el reciente acuerdo firmado por Chile con los Estados Unidos de América en el marco de las negociaciones relativas al ingreso de Chile al Programa de Exención de Visa impulsado por la administración estadounidense, que autoriza el ingreso a los Estados Unidos de América sin necesidad de visa a los ciudadanos de países que mantienen una baja tasa de inmigración ilegal, con la finalidad de facilitar la movilidad de las personas, sea por motivos de turismo o de negocios, y cuya estadía no supere los 90 días, son claros ejemplos de una política seria del Estado de Chile en orden a proteger con mayor eficiencia a los ciudadanos que salen de sus fronteras y entran en ellas.
Este último Acuerdo no puede sino hacernos sentir orgullosos del respeto que hemos alcanzado en el concierto internacional, nos impulsa a mantener nuestro compromiso de combatir la criminalidad transnacional y constituye una manifestación clara de nuestro deber por promover la legalidad internacional. El libre tránsito de personas debe constituir una realidad permanente, fecunda y que dé tranquilidad por las condiciones en que se llevará a efecto.
Así las cosas, el proyecto que hoy se somete a consideración de esta Corporación dispone un procedimiento que, una vez en vigencia, permitirá que Chile y Estados Unidos de América puedan compartir información de sus respectivas bases de datos para la prevención y combate de la actividad delictual.
Asimismo, las disposiciones del acuerdo se refieren a la posibilidad de que una de las Partes, cuando circunstancias legalmente válidas así lo ameriten, pueda iniciar un proceso destinado a identificar si las huellas dactilares de una determinada persona sometida a alguna investigación figuran en las bases criminales de la otra Parte.
También preceptúa que el procedimiento solo tendrá lugar sobre la base de una estricta reciprocidad, cuando se trate de aquellos delitos que este instrumento califica de graves, esto es, de las conductas punibles bajo el derecho de las Partes que conllevan una pena privativa de libertad superior a un año.
El Acuerdo contiene una serie de normas sobre manejo, intercambio y retención de información, destinadas a asegurar la protección de los datos y la privacidad de las personas en ambos países. A mi juicio, toda medida que apunte a elevar los estándares de seguridad internacional -realidad de la que nadie puede esconderse- es buena.
Por eso, invito a los parlamentarios a aprobar este proyecto de acuerdo, porque permitirá que el tránsito de los ciudadanos entre ambos países se efectúe con la mayor seguridad.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson.
El señor JACKSON.-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América representa un tema bastante sensible, que merece un profundo debate en cuanto al precio a pagar por la integración. El flujo de personas entre ambos países estará sujeto al manejo de información para la investigación de determinados delitos -en esto se presenta cierto grado de ambigüedad-, pero solo con ese fin.
Formularé comentarios relativos a tres aspectos del proyecto de acuerdo.
En primer lugar, la transferencia de datos personales de ciudadanos chilenos a otra jurisdicción afecta directamente el derecho a la privacidad establecido en los tratados suscritos y ratificados por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos instrumentos internacionales establecen que toda persona tiene derecho a protegerse ante injerencias arbitrarias y abusivas que afecten su vida privada. Asimismo, nuestra Constitución establece en el numeral 4° del artículo 19 el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
Los instrumentos internacionales relacionados con la materia contemplan el derecho de los ciudadanos a decidir la utilización y el destino de sus datos personales. Por lo tanto, un convenio que establezca la obligación de entregar datos personales, como perfiles de ADN o huellas dactilares de ciudadanos chilenos, información que quedaría al arbitrio de otro sistema normativo, conlleva abandonar la protección de antecedentes personales que instrumentos jurídicos de derechos humanos y nuestra Carta Fundamental consideran de especial relevancia para la convivencia y el respeto de los individuos. En consecuencia, su protección se torna de especial relevancia en esta materia.
En segundo lugar, el proyecto de acuerdo regula en forma ambigua los procedimientos de protección. El convenio solo señala fines genéricos que autorizan el intercambio de datos, sin considerar procedimientos de control de su utilización, o procedimientos específicos de almacenamiento que impidan la filtración de datos hacia otras instituciones, o la utilización de estos para otros objetivos. Estados Unidos de América no constituye precisamente un ejemplo en cuanto a manejo de datos privados. Esto no se basa solamente en una especulación, sino en la constatación del mal uso y el espionaje reiterado que han ejercido los gobiernos de dicho país en esta materia.
Acerca del control del uso de la información, solo se contempla un procedimiento escueto de información, previa solicitud de la Parte informante , así como la obligación de que el sistema de información solicitado sea conservado por dos años como máximo, salvo solicitud de destrucción de datos realizada por el Estado informante.
Por otra parte, el convenio no contempla procedimientos para el almacenamiento de datos y deja a criterio de cada Estado Parte la determinación de estos. Solo establece la obligación de “velar por que se adopten las medidas técnicas y se empleen los medios organizacionales necesarios para proteger los datos personales contra una destrucción accidental o ilegal, pérdida accidental o divulgación, alteración o acceso no autorizado o cualquier forma no autorizada de procesamiento.
El tercer argumento tiene que ver con el funcionamiento interno de la utilización de sistemas de datos. En nuestro país la utilización de ADN y de huellas dactilares con fines investigativos en materia penal debe ser solicitada por la Fiscalía, encargada como diligencia al Servicio de Registro Civil e Identificación, que maneja ambos sistemas de datos.
En relación con el sistema de registro de ADN, alimentado de antecedentes recabados por distintos procedimientos judiciales en materia penal, el artículo 3º de la ley Nº 19.970 considera como principio rector la reserva y el secreto de los registros, además de considerar como datos sensibles aquellos relacionados con las características físicas, psicológicas y morales de las personas.
En este contexto, la ley establece que el registro de huella genética para fines de investigación penal se hará sobre la base de ADN no codificante, esto es, aquel ADN que no entrega información genética de las personas. Por tanto, nuestra legislación interna, al establecer el sistema de registro y control de elementos de identificación, se ha preocupado de conservar y proteger la privacidad de los ciudadanos ante -incluso- injerencias arbitrarias de los servicios públicos del Estado. De hecho, ha impedido a todos los servicios del Estado acceder a esos registros y ha dejado su administración a cargo de uno solo.
Permitir que otro Estado acceda a esos registros, sin acordar específicamente ningún procedimiento de utilización de datos ni de protección de la privacidad de estos, así como establecer un sistema de consulta automatizada de perfiles de ADN en los términos propuestos, implica un descuido del afán protector de los derechos ciudadanos.
Por estas razones -la materia merece un debate amplio-, manifiesto mi rechazo al proyecto, porque los datos de las personas, que son privados, no pueden ser entregados con tal nivel de ambigüedad y arbitrio a otro Estado, proceder que se intenta justificar en aras de la integración.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , comparto las preocupaciones expresadas por el diputado señor Giorgio Jackson .
Antes de votar, me parece muy importante que los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y, en particular, el diputado informante, nos puedan hacer algunas aclaraciones.
Hace algunos días, la prensa informó que Chile estaba pronto a suscribir un acuerdo que permitía a nuestros ciudadanos ingresar a los Estados Unidos de América sin visa.
Quiero preguntar a mis colegas de la Comisión de Relaciones Exteriores si este proyecto de acuerdo entre Chile y los Estados Unidos de América condiciona esa medida. Si la Cámara postergara o votara en contra este proyecto de acuerdo, ¿ello impediría concretar el acuerdo que va a permitir a los chilenos ingresar a territorio estadounidense sin visa?
Por otra parte, es muy importante que se contesten algunas de las interrogantes formuladas por el diputado señor Giorgio Jackson , porque la suscripción de este proyecto de acuerdo supone la cesión de soberanía sobre materias muy importantes. Desde luego, hay presupuestos en el proyecto de acuerdo que, por lo menos en el caso de Chile, no se verifican.
Hay obligación de entregar información recíproca sobre organizaciones terroristas que operan en ambos territorios. En la Comisión de Seguridad Ciudadana y en la Comisión de Gobierno Interior -esto ocurrió hace cinco meses-, los dos organismos policiales oficiales de nuestro país, es decir, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, han afirmado categóricamente -a través de su general director, en el caso de Carabineros, y de su director general, en el caso de Investigaciones- que en Chile no existe ninguna organización de esa naturaleza. Entonces, mi pregunta es quién va a definir el carácter de tales y qué tipo de información debe entregar Chile a una potencia extranjera como Estados Unidos de América en virtud de este proyecto de acuerdo.
Si Chile se va a ver obligado a entregar información sobre la base de lo que en Estados Unidos de América se califica como grupos terroristas, ya sea una organización estudiantil, una organización de la etnia mapuche, etcétera, aunque en Chile no se las califique como tales, estaremos haciendo no solo una cesión de soberanía, sino importando conceptos y definiciones foráneos, que no tienen nada que ver con la estructura jurídica de nuestro Estado de derecho.
Se ha dicho, además, que el tipo de información sobre las personas o el tipo de exámenes especiales, de ADN y otros que se van a intercambiar una vez que entre en vigencia este proyecto de acuerdo, en Chile tiene un tratamiento muy específico: se rige por disposiciones jurídicas y legales muy específicas, muy distintas de las que podrían ser requeridas desde los Estados Unidos de América, país que, como ya sabemos, mantiene este tipo de acuerdo con otras naciones, en particular con países de Centroamérica. Ya sabemos que son bastante unilaterales las exigencias de Estados Unidos de América respecto de las naciones con las que mantiene este acuerdo.
Pido a mis colegas de la Comisión de Relaciones Exteriores y al diputado informante que nos hagan las aclaraciones pertinentes, porque no debemos hacer cesión de soberanía ni de autonomía sobre materias establecidas en nuestros códigos y en nuestra Constitución Política, los que contienen preceptos muy distintos de los que Estados Unidos de América, de manera unilateral, define para el resto de los países.
Se ha dicho, y con razón, que los Estados Unidos de América se autoarroga el rol de guardián del mundo respecto de organizaciones políticas, países y organizaciones internacionales que ellos definen como terroristas, pese a que ni el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ni ningún otro organismo multilateral de la misma naturaleza los ha caracterizado de esa manera.
Considero riesgoso votar a favor un proyecto de esta naturaleza sin que, por lo menos, se aclaren las interrogantes que he manifestado.
Por lo tanto, señor Presidente -sé que son preocupaciones que a usted también lo acompañan-, quiero que los colegas de la Comisión de Relaciones Exteriores respondan las inquietudes relacionadas con la materia.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores han escuchado los motivos de su preocupación. Seguramente se van a inscribir para darle respuesta.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, comienzan las dudas.
La gran potencia mundial, Estados Unidos de América , “exige” a sus aliados suscribir este tipo de convenios de cooperación. ¿Por qué entra Chile en este escenario? Porque Chile se acerca en gran medida a ser importante en el tema migratorio. El 99 por ciento de los migrantes chilenos son legales. Por lo tanto, para el sistema migratorio de los Estados Unidos de América no representa ningún problema que dicha nación suscriba un acuerdo con Chile.
Este proyecto -lo señaló el diputado informante - incrementa la cooperación transfronteriza en el combate contra el terrorismo, la gran médula del proyecto. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Hasta allí, vamos muy bien.
Pero, además, se abre un debate y aparecen algunas dudas, porque dice que también se intercambiará información criminal de manera voluntaria o espontánea, sin que medie una petición de la otra parte. ¡Ojo con ello!
El informe agrega que “conjuntamente con este proyecto de acuerdo se ingresará al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio de información con los gobiernos de otros Estados...”. Ya no hablamos solo de los Estados Unidos de América con nuestro país. Estaríamos dando la posibilidad de intercambiar información con otros estados con los cuales Estados Unidos de América tenga acuerdos internacionales de igual naturaleza; o sea, nosotros nos sometemos a la reciprocidad con otros estados, lo que el proyecto no contempla.
Por eso, es interesante lo que pide el diputado señor Aguiló : que la Comisión de Relaciones Exteriores nos informe un poco más y nos aclare las dudas que tenemos, particularmente los diputados Aguiló , Jackson y quien les habla.
Ojalá que la Comisión pertinente resuelva estas dudas.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , en general, el proyecto parece positivo; pero si revisamos más en detalle su contenido, surgen algunas dudas, más aún cuando la experiencia nos muestra el uso inadecuado de los datos personales, que no están adecuadamente protegidos por una ley moderna, actualizada, que se haga cargo de la evolución de las bases de datos, y nos llevan a reflexionar si las preguntas del diputado Aguiló están resueltas.
Un informe de la OCDE, sobre protección de datos personales, señala que Chile está en una situación muy deficitaria al respecto. Los chilenos tenemos la certeza de que se usa y abusa de la información que fluye de las bases de datos y que estas se comercializan como cualquier otro producto. Por eso, en la Comisión de Economía de la Cámara fuimos majaderos en señalar durante el anterior gobierno que era fundamental trabajar en un proyecto de ley sobre protección de datos personales -antes que cualquier otra modificación al sistema de información comercial-, porque no estaba garantizada la protección de los datos personales.
Con el diputado Chahín fuimos muy claros al señalar que el proyecto que entregaba la protección de datos a una unidad menor del Sernac -no sabemos si el Gobierno le irá a dar prioridad- era absolutamente insuficiente. Sostuvimos que debíamos avanzar, como lo han hecho países que han tomado en serio la protección de los datos personales, hacia una agencia nacional de protección de datos. Será la ley la que establezca qué datos serán protegidos y cuáles serán sensibles, porque no pueden entregarse así como así.
Por eso, aunque en un comienzo el proyecto es estudio parece muy positivo, surgen algunas dudas después de reflexionar que establece, en lo esencial, que se permitirá el intercambio recíproco de información en materia de datos personales, para prevenir e investigar hechos delictivos. No vaya a ser cosa que las ambigüedades de que adolece nuestra legislación en el tratamiento de datos personales redunden en una aplicación arbitraria de las exigencias que nos pueda hacer Estados Unidos de América en materia de entrega de información y terminemos vulnerando los derechos de las personas, que en muchas otras legislaciones del mundo están resguardados.
Por eso, mi determinación al momento de votar dependerá de las respuestas que nos den los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores. Si, como país, estamos retrasados en la elaboración de una ley moderna sobre protección de los datos personales, que defienda los intereses y la información de sus ciudadanos, nos exponemos a enviar a los Estados Unidos de América, so pretexto de la prevención de delitos, datos sensibles e importantes de las personas.
Con este proyecto no vamos a resolver el problema de fondo. Ojalá que el Ejecutivo , el actual Gobierno, nuestro Gobierno, el de la Nueva Mayoría, entienda y priorice una nueva legislación de protección de datos personales, con una agencia nacional encargada de esa protección, de manera de resguardar que los datos personales de los ciudadanos no fluyan como cualquier otro producto que hoy se vende en el mercado virtual. Espero que nuestro Gobierno asuma esa prioridad.
Por último, espero que los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores despejen estas preocupaciones, porque la aprobación de algo que parece muy poco relevante podría generar algún tipo de complicación.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo.
La señorita VALLEJO (doña Camila).-
Señor Presidente , me da un poco de escalofrío este proyecto de acuerdo. Tal como han señalado los diputados Jackson , Aguiló y Vallespín, me pregunto cuánta soberanía estaríamos cediendo en caso de aprobarlo.
Señor Presidente , debido a nuestra historia, a nuestra experiencia, conocemos el rol intervencionista que ha jugado Estados Unidos de América en nuestros procesos políticos y económicos: intervención militar, económica, política, comunicacional y en mecanismos de inteligencia. No vaya a ser que con este proyecto de acuerdo estemos legalizando y abriendo espacios a mayor intervención en inteligencia.
Me preocupa no solo la protección de los derechos y el resguardo de la información personal de nuestros ciudadanos, sino también la forma como va a ser utilizada esa información por el país del norte, que no solo ha intervenido fuertemente en Chile, sino en otros países de Latinoamérica y del mundo, haciendo uso y abuso de la información personal de ciudadanos y de autoridades de otras naciones.
Si me preguntan si prefiero entrar a Estados Unidos de América sin visa y ceder sobera-nía, obviamente elijo pagar la visa antes que ceder soberanía.
Por lo tanto, tal como está formulado el proyecto de acuerdo, que no tiene regulado lo relativo a los requisitos mutuos para el intercambio de información, yo lo rechazaría.
No podemos ser ingenuos ni ilusos. Hay desconfianza respecto del rol que juega los Estados Unidos de América en nuestra realidad. Tenemos también incertidumbre en torno a una posible intervención militar de ese país del norte, por la construcción de una base militar en Concón, de la cual todavía no se nos entrega la información correspondiente. No sabemos si es propiedad estadounidense ni qué relación tiene con Estados Unidos de América.
Insisto, no podemos ser ingenuos ni ilusos. Tal como está formulado el proyecto, es ceder soberanía, es generar en el ámbito legal mayor intervención de Estados Unidos de América en materia de inteligencia, toda vez que deja sin claridad alguna qué se entiende por terrorismo o por terroristas en ambos países.
Por lo tanto, rechazaré el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente , este Acuerdo se suma a otros instrumentos jurídicos celebrados por el Estado de Chile para luchar contra el crimen internacional organizado y facilitará a nuestro país evitar que quienes hayan cometido delitos en Estados Unidos de América puedan encontrar refugio en Chile, y viceversa.
Las diputadas y los diputados que expresaron su voluntad favorable a la aprobación del proyecto de acuerdo, manifestaron que con él se cumple, además de lo declarado por los representantes del Ejecutivo , uno de los requisitos fundamentales para el ingreso de nuestro país al Programa de Exención de Visas para ingresar a Estados Unidos de América.
A primera vista, pareciera recomendable dar nuestra aprobación al proyecto. Sin embargo, dado lo que han comentado colegas diputados, hay dos cuestiones que me parecen importantes de tener en cuenta y que hay resolver antes de seguir con la discusión.
En primer lugar, el tema de la reciprocidad. Entendemos que los mismos requisitos que nos van a exigir los Estados Unidos de América para ingresar serán los que exigiremos a los estadounidenses al ingresar a Chile.
Por eso, quiero saber, de labios de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, si hay reciprocidad entre los mecanismos de toma de datos y de documentos de Chile y de Estados Unidos de América, antes de poner en manos de ese país elementos que tienen que ver con la protección de los datos de las personas.
En segundo lugar, también quiero saber si en este Acuerdo existe la posibilidad de impedir que Estados Unidos de América disponga de esos datos a nivel mundial. Los parlamentarios lo han planteado. Sería muy importante proteger nuestros datos e impedir que cualquier Estado pueda hacer uso de ellos.
Es primordial resolver esas dos cuestiones que me parecen esenciales antes de aprobar el proyecto. Espero que los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores puedan dilucidar esas interrogantes antes de continuar con esta discusión.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente , me parece extremadamente peligroso el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre los gobiernos de Chile y de Estados Unidos de América en materia de incremento de la cooperación en el combate de delitos graves. Tiene un bonito título; pero estamos hablando de un país que tiene un derecho penal del enemigo y que establece la limitación a la protección de datos personales ante una mera amenaza, no ante la ocurrencia de un atentado a la seguridad pública.
Como señaló el diputado Vallespín , estamos en deuda como país. No hemos sido capaces de actualizar la protección de datos personales. Despachamos el proyecto en la Comisión de Economía, pero sin institucionalidad, porque se pretendía otorgar esa facultad al Servicio Nacional del Consumidor, el cual no tiene el diseño institucional, ni los objetivos, ni la expertise para hacerse cargo de este tema.
Hemos dicho que Chile debe contar con una agencia pública especializada en la protección de datos personales. Pero con el proyecto en discusión se pretende no solo entregar datos personales, sino también información sensible de las personas.
Por lo tanto, me parece que no podemos aprobar un convenio de esta naturaleza si no tenemos la legislación apropiada para proteger nuestros datos personales y la transferencia internacional de datos, ni la institucionalidad para protegerlos.
En consecuencia, estamos eliminando todos los avances que hemos hecho en materia de información de las personas y estamos dando un paso atrás ante Estados Unidos de América. Se trata de una incoherencia absoluta.
La Cámara aprobó prácticamente por unanimidad normas de la ley Dicom para mejorar la protección de la información de las personas; pero hoy estamos renunciando a ello frente a Estados Unidos de América.
Reitero, no tenemos la institucionalidad que proteja adecuadamente los derechos de las personas, cuyos datos les pertenecen.
No estamos en condiciones de suscribir acuerdos como este, a pesar de que se nos explicó que era necesario para que los chilenos ingresen sin visa a Estados Unidos de América. Ese tratado tenía letra chica que dejará en el desamparo la información personal y sensible de los chilenos.
Por lo tanto, independientemente de que la Comisión de Relaciones Exteriores haya aprobado el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo, no estamos en condiciones de respaldarlo como Sala.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Karol Cariola.
La señorita CARIOLA (doña Karol).-
Señor Presidente , está claro en el informe que la aprobación de este Acuerdo es requisito fundamental para que Chile ingrese al programa de exención de visa para entrar a Estados Unidos de América.
Es macabro que ese convenio, que en principio parece ser beneficioso, esté condicionado a la aprobación de este Acuerdo que nos obliga a entregar información personal, como perfiles de ADN, huellas dactilares y otras informaciones relevantes.
Me sumo a las palabras de los colegas que han planteado que con este proyecto estamos entregando parte de nuestra soberanía; nos estamos sometiendo a normas de otro país. A pesar de que tenemos falencias respecto del resguardo de la información personal de los chilenos, estamos frente a un acuerdo que nos deja expuestos a situaciones de este tipo.
El hecho de que ambas partes puedan intercambiar información criminal de manera voluntaria es bastante peligroso y, a la vez, poco confiable, ya que no se determinan límites para solicitarla, por lo que, en caso de que el Acuerdo se apruebe, quedaría a criterio de otros países, lo cual no me parece correcto.
Hace algunos meses, Estados Unidos de América fue denunciado públicamente, a propósito de una acusación de espionaje, porque sus servicios secretos crearon una base de datos especiales con más de 122 informes de mandatarios de otros países.
Como dijo el diputado Chahin , no podemos exponernos a aprobar un proyecto que tienen un título bonito, que habla de cooperación y de seguridad, pero que nos deja sujetos a un país respecto del cual no tenemos seguridad ni resguardos y que ha utilizado la información a que tiene acceso con fines distintos de la protección y de la seguridad.
Me opongo al proyecto; creo que debemos rechazarlo, porque genera desconfianza y no deja claras sus intenciones de fondo. Es como entregar un dulce a un niño con intenciones que no corresponden al resguardo de su seguridad.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , sugiero a la Sala que enviemos el proyecto de vuelta a la comisión técnica, que se invite al ministro de Relaciones Exteriores para absolver varias consultas que se han hecho y que se le entregue un boletín de la sesión, de manera que conozca las inquietudes de los parlamentarios. Después, la iniciativa podrá volver a la Sala, sin perjuicio de que el diputado informante aclare ahora algunas de las dudas.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , sugiero que el proyecto se envíe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque debemos pronunciarnos sobre dos temas: la aplicación del principio de reciprocidad y la propiedad de los datos personales. Es fundamental que lo tengamos claro antes de votar.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente , la aprobación del proyecto de acuerdo es completamente vinculante respecto del ingreso al programa de exención de visa de Estados Unidos de América. Hay que dejar en claro esa situación, que también figura en el informe.
Insisto: la aprobación del proyecto de acuerdo es vinculante para seguir adelante con los pasos para ingresar al Visa Waiver Program.
Asimismo, existen algunos reparos en relación con la entrada en vigencia de algunas disposiciones del Acuerdo referidas a consultas de datos, porque claramente se deja en suspenso el intercambio de datos mientras ambas partes no declaren expresamente que están en condiciones de ejecutar los artículos correspondientes sobre la base de la reciprocidad de intercambio de datos.
Por otra parte, debo responder con mucha transparencia que el proyecto no deja claro, lo que tampoco se dilucidó en el debate de la comisión, que los datos entregados por ambas partes no serán utilizados en otras materias que no tengan que ver con la prevención y el combate del delito grave y del terrorismo.
Por último, el convenio obligará a modificar varias leyes. Entiendo que las iniciativas ya están en las respectivas comisiones. Solo enumero algunos cuerpos legales que se modificarán: la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada; el decreto ley N° 2.460, que dictó la ley orgánica de la Policía de Investigaciones; la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros; la ley N° 19.477, orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Se envió el oficio correspondiente a las comisiones respectivas el 21 de enero de 2014.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , en primer lugar, parto de la base de que Comisión de Relaciones Exteriores realizó un trabajo acucioso respecto del proyecto y que recopiló la información que se necesita para sancionar un tratado como el que debatimos.
En segundo término, hemos firmado este tipo de acuerdos con otros estados y asociaciones de países, respecto de los cuales no hemos tenido estos inconvenientes. En consecuencia, pareciera ser que el problema es que se trata de Estados Unidos de América.
Francamente, me parece que es una posición bastante injusta y, a lo menos, equívoca, porque se trata de un convenio que permite intercambiar antecedentes sobre delitos que nosotros consideramos graves, al igual que la otra parte, que es Estados Unidos de América.
Sin embargo, lo más importante de esto es que nos sentimos orgullosos de que hace apenas un par de días comenzó un nuevo tratamiento hacia los chilenos que viajan a Estados Unidos de América, pero ahora sencillamente queremos terminar con eso.
Si se plantea rechazar el acuerdo sobre el supuesto de que dicho país hará esto o lo otro; bueno, ellos pueden hacer esa misma suposición.
Lo que aquí se ha hecho es establecer un tratado que exige pleno respeto de las partes a sus respectivas legislaciones. Es decir, hay reciprocidad respecto de todos los delitos que el instrumento califica de graves, que es lo que nos importa.
En cuanto a cada acuerdo internacional que firmamos, sea con Estados Unidos de América o cualquier otro país, existe la posibilidad de que se ocupen nuestros datos para otras situaciones o que puedan intentar hacernos algo fuera de lo convenido. En consecuencia, estoy absolutamente en contra de que adoptemos esa postura en este caso por el solo hecho de tratarse de Estados Unidos de América, ya que la considero profundamente equivocada. Es cuestión de leer el informe para darse cuenta de que aquí se trata de delitos que ambos estados parte consideran graves. Si no tenemos esa vinculación, si no podemos trabajar sobre esa base, entonces las desconfianzas generarán algo muy distinto de lo que buscamos.
Los discursos que aquí he escuchado no son de cooperación, sino de disenso, de desconfianzas profundas, lo que, desde luego, no contribuye a dar solución a lo que el convenio pretende, que es establecer un marco de información mutua respecto de los delitos considerados graves, en particular por Chile.
Reitero, me parece que las intervenciones que he escuchado aquí no conducen a un mejoramiento ni al cumplimiento de lo que pretende el Acuerdo, sino solo establecen profundas desconfianzas, que creo no debieran formar parte de esto.
Por tanto, llamo a la cordura respecto del proyecto de acuerdo, pues hemos firmado muchos de este tipo. En consecuencia, debemos aprobarlo, porque responde también a la reciprocidad que tenemos con Estados Unidos de América.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.
A continuación, se votará la propuesta del diputado señor Sergio Aguiló para que el proyecto vuelva a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Si se aprueba dicha proposición, se votará la del diputado Saffirio, que requiere la unanimidad de la Sala para su aprobación. En caso contrario, el debate continuará en la sesión del próximo martes, porque todavía quedan diputados inscritos para intervenir en esta materia.
Tiene la palabra diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , si usted lo tiene a bien, le pido consultar a la Secretaría respecto del procedimiento que se adoptará, porque está claro que nos encontramos ante a un proyecto aprobatorio de un Acuerdo, que no tiene el mismo tratamiento de un proyecto de ley. Por tanto, o se continúa el debate la próxima semana o se vota ahora; pero no hay otra opción.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario me informa que la propuesta está hecha de acuerdo con el artículo 111, letra b), del Reglamento de la Corporación, que permite a la Mesa proceder en ese sentido, cual es someter a votación la propuesta formulada por el diputado señor Sergio Aguiló, para luego resolver las otras peticiones.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , retiro mi propuesta de remitir el proyecto a la Comisión de Constitución, porque es evidente que no hay unanimidad en la Sala para aprobarla.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Muy bien, diputado Saffirio.
Entonces, corresponde votar la indicación presentado por el diputado Aguiló.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente , que se lea la indicación, por favor. Si no sabemos lo que dice, ¡cómo vamos a votarla!
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario dará lectura a la indicación que se somete a votación.
El señor MEZA.-
Es una petición, no una indicación.
El señor LANDEROS ( Secretario ).-
Conforme al artículo 111, letra b), del Reglamento de la Corporación, el diputado señor Sergio Aguiló presentó una indicación.
Debo aclarar que se llama indicación a cualquier propuesta que hagan los diputados sobre el procedimiento. Es similar a las indicaciones que se realizan en los trámites legislativos. Se trata de una nueva facultad que se incorporó en el Reglamento en la última modificación de que fue objeto. La nueva letra b) dice: “Pasar de nuevo el asunto a Comisión.”. El tercer inciso de la letra d) de dicho artículo agrega: “Las indicaciones a que se refieren las letras a), b) y c) se votarán sin discusión en el acto de ser formuladas, y la de la letra d) -referida a la reapertura del debate de una disposición- necesitará, para ser aprobada, los votos de los dos tercios de los Diputados presentes.”.
Se trata de una indicación que requiere de simple mayoría para ser aprobada y la puede presentar cualquier diputado durante la discusión general de los proyectos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.-
Señor Presidente , entiendo que el artículo que acaba de leer el señor Secretario está referido a proyectos de ley. En este caso estamos tratando un proyecto de acuerdo aprobatorio de un tratado. Obviamente, como Congreso Nacional, no tenemos facultades para modificarlo; se aprueba o se rechaza. Entiendo que la propuesta del diputado Aguiló es que el proyecto de acuerdo vuelva a la Comisión. Pero eso no es una indicación; no hay un texto de la indicación.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Me aclara la Secretaría que los proyectos de acuerdo tienen la misma tramitación que los proyectos de ley.
En votación la propuesta del diputado señor Sergio Aguiló.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Barros
-Se abstuvo el diputado señor
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
En consecuencia, el proyecto de acuerdo vuelve a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , ¿para qué va a comisión, si el proyecto aprobatorio no se puede modificar en esa instancia? Está claro que el proyecto ira a pasear a la comisión, porque no se le puede hacer ninguna modificación.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana.
El señor SANTANA.-
Señor Presidente, pido que se anule mi voto porque estoy pareado.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Así se hará, señor diputado .
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
TRANSFORMACIÓN DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HÍDRICOS (Continuación)
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.- Señor Presidente , está pendiente la discusión del proyecto de resolución N° 14. En la sesión pasada un señor diputado inició su intervención para hablar a favor de él, pero no pudo terminarla porque concluyó el tiempo destinado al tratamiento de esos proyectos.
Por lo tanto, pido que continuemos el debate del proyecto de resolución N° 14 y que conceda el uso de la palabra a quienes estamos a favor de él. Falta que intervenga un diputado o diputada de alguna bancada de Gobierno y después deberán hacer uso de la palabra quienes deseen impugnarlo. La idea es terminar como corresponde el debate del mismo.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Señor diputado , efectivamente, va a continuar el debate del proyecto de resolución N° 14.
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , he adherido al proyecto de resolución debido a la prolongada sequía que vive el país, que ha obligado a declarar zona de emergencia y zona de catástrofe a varias regiones.
Es más, nuestra Presidenta ha nombrado un delegado para que se haga cargo de lo relativo a la sequía y formule propuestas institucionales sobre el particular. Pensamos que la institucionalidad de la Dirección General de Aguas ha producido situaciones muy complicadas en algunas cuencas del país, fundamentalmente por la sobreexplotación de los recursos hídricos, por la escasez de agua y porque se han entregado derechos de agua que exceden la disposición real de las cuencas.
Por lo tanto, es imprescindible que el Gobierno y el Congreso Nacional legislen para crear una institucionalidad que responsa a los grandes desafíos que tiene el país en materia hídrica. Hemos establecido en nuestra agenda productiva que la energía es un elemento necesario e imprescindible para el crecimiento; lo mismo estimamos respecto del agua.
Por lo expuesto, anuncio mi voto a favor del proyecto de resolución, y llamo a la Sala a que lo apoye.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
REBAJA DE TASA DE INTERÉS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEUDORES DE INDAP
El señor CARMONA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 15, de los diputados señores Jorge Sabag, José Pérez, Rosauro Martínez, Iván Norambuena, Sergio Espejo, Germán Verdugo, Marcelo Chávez, Iván Fuentes, Fuad Chahin y Sergio Ojeda, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar al ministro de Agricultura que disponga una revisión de las normas que regulan el funcionamiento del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, especialmente en lo que se refiere a las normativas internas relativas a sus programas crediticios.
2. Solicitar al ministro de Agricultura que presente al Congreso Nacional un proyecto en el que se establezca con rango legal un sistema de fijación de las tasas de interés que evite cualquier discrecionalidad y garantice la función social de los créditos que otorga el Indap.
3. Pedir al director nacional del Indap que revise las resoluciones exentas emitidas en el pasado y establezca una tasa de interés para los usuarios de este organismo del 2 por ciento, del mismo modo que se hizo con los créditos Corfo contraídos por los alumnos de los establecimientos de la educación superior.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , si hay una actividad económica que vive en la incertidumbre permanente es la agricultura: heladas, sequías, terremotos e inclemencias del tiempo afectan la productividad de los pequeños agricultores.
El proyecto de resolución pretende hacerse cargo de la complicada situación económica de los deudores del Indap -esta se ve agravada por la actual sequía que afecta a muchas regiones, como la del Biobío, la de La Araucanía y gran parte de las del centro del país-, por la vía de solicitar que se establezca un principio de equidad como el que se aplicó, hay que reconocerlo, en el gobierno anterior, en virtud del cual se rebajó la tasa de interés de los deudores universitarios de créditos Corfo con aval del Estado de 8,5 a 2 por ciento.
La tasa de interés de 6 por ciento que pagan los pequeños agricultores deudores del Indap es excesiva y onerosa. Por ello, dada la situación que viven por la sequía y por las heladas, es de justicia que el Estado tenga un trato mucho más social y equitativo para con ellos, como lo hizo, reitero, con los deudores universitarios de créditos Corfo , al reparar la injusticia de que eran objeto.
Evidentemente, podríamos pedir la condonación de las deudas o que la tasa de interés fuera cero; pero queremos avanzar en ese sentido, al equiparar a los deudores del Indap con los deudores Corfo , por la vía de establecer también para los primeros una tasa de interés de 2 por ciento. Ello haría más llevadera la situación de los deudores del Indap, muchos de los cuales, por medio de los Prodesal, han desarrollado pequeños emprendimientos, que lamentablemente se han visto afectados por las heladas y por la sequía.
Por lo tanto, llamo a los colegas a aprobar el proyecto de resolución. Esperamos que durante el actual Gobierno se avance en esta materia y que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que rebaje al 2 por ciento la tasa de interés de los deudores del Indap.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , una de las labores que es analizada con mayor frecuencia es precisamente la que realiza el Indap, organismo creado allá por 1967, que entrega a los pequeños agricultores no solo transferencia tecnológica, sino también créditos y subsidios para el fomento productivo. Por eso, es muy pertinente que vayamos modernizando y adecuando en su justa medida los programas crediticios de dicho organismo.
Una de las mayores complicaciones que existen hoy es la tasa de interés que se aplica a los créditos que concede y el mecanismo de pago. Si me lo permite el diputado Sabag -es uno de los autores del proyecto de resolución-, yo agregaría que el pago de los créditos sea en pesos, porque actualmente, aparte de las altas tasas de interés, los agricultores deben pagarlos en UF.
Hace mucho tiempo que venimos solicitando que se considere la posibilidad de que paguen una tasa de interés lógica -ojalá se pueda llegar al 2 por ciento- y que los créditos se paguen en pesos, porque son una herramienta productiva. El punto 2 del proyecto de resolución dice: “garantice la función social de los créditos que otorga el Indap”. Lo que nosotros pretendemos es que, aparte de cumplir una función social, también tengan una función de fomento productivo que permita a los pequeños agricultores salir de su precaria situación, dar sustento a su familia y producir los alimentos que necesita el país.
Por eso, voy a votar favorablemente este proyecto de resolución, con el fin de que se rebaje la tasa que se aplica a los créditos. Sin embargo, como digo, habría que agregar que los créditos se paguen en pesos, no en UF.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Se abstuvieron los diputados señores:
Boric
REVISIÓN DE LA LEY N° 19.992, QUE OTORGA BENEFICIOS A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 16, de los diputados señores Marcos Espinosa, Alberto Robles, señora Marcela Hernando, señores Carlos Abel Jarpa, Tucapel Jiménez, señoras Cristina Girardi y Alejandra Sepúlveda, señor Víctor Torres y señora Daniela Cicardini, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República , Michelle Bachelet Jeria, una revisión de las normas establecidas en la ley N° 19.992, que otorga reparación y otros beneficios a aquellas personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a fin de verificar la posibilidad de establecer una reparación económica equitativa y digna, además de hacer compatibles sus beneficios con los establecidos en las leyes N°s. 19.234, 19.582 y 19.881, y con las pensiones asistenciales.
Dichos beneficios deberán ser transmisibles a los herederos de los beneficiarios, entendiéndose por tales a los hijos y cónyuge sobreviviente.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , lo que busca este proyecto de resolución es enfrentar la dramática realidad que están viviendo miles de chilenos que durante la dictadura militar fueron víctimas de tortura, exilio y prisión política.
Las distintas organizaciones de derechos humanos nos han presentado un conjunto de debilidades que presenta el actual sistema de reparación a las víctimas, fundamentalmente en lo que dice relación con la imposibilidad de hacer extensivos los beneficios de reparación a los hijos y cónyuge sobreviviente.
Tampoco debemos olvidar que todas estas medidas de reparación son incompatibles con cualquier otra asignación, subsidio o tributo que eventualmente pueda entregar el Estado.
Por estas razones, solicitamos a la Presidenta de la República la modificación de la ley N° 19.992, que establece precisamente el mecanismo de reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos, con el objeto de que sea compatible con los beneficios establecidos en las leyes N°s. 19.234, 19.582 y 19.881, aparte de incorporarlos a las pensiones asistenciales.
Asimismo, solicitamos que estos beneficios sean efectivamente transmisibles a los herederos de los beneficiarios, entendiéndose por tales a los hijos y cónyuge sobreviviente.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , estoy absolutamente de acuerdo con el contenido de este proyecto de resolución, porque considero que se ajusta a los actuales requerimientos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La ley N° 19.992 no se aplicó en su totalidad, puesto que solo benefició a un número determinado de chilenos. Debido al vencimiento del plazo para acogerse a sus beneficios y a que la comisión encargada de evaluar y determinar quiénes debían ser beneficiarios terminó su cometido, no fue posible continuar con la aplicación de esta norma que entregaba beneficios a los prisioneros políticos y a los torturados incluidos en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que están incluidas en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Para mayor claridad, me refiero a la denominada ley Valech.
Nosotros realizamos múltiples intentos, con el objeto de que se continuara entregando esos beneficios a los afectados, pero no fue posible. De manera que hay una situación pendiente, cuya solución podría abordarse mediante la revisión de la ley N° 19.992 -aspecto que se solicita en el proyecto de resolución-, el envío de un proyecto de ley sobre la materia y la constitución de una nueva comisión que efectúe las evaluaciones correspondientes, dentro de los plazos que sean necesarios. Es una deuda, un incumplimiento con estas personas que sufrieron en carne propia los efectos y el daño que les produjeron la prisión injusta y la tortura. Muchas de ellas aún sufren las secuelas de aquello; incluso, están siendo tratadas psicológicamente. Por lo mismo, consideramos que esos daños deben ser reparados mediante una revisión de la ley N° 19.992 y el envío al Congreso Nacional de otro cuerpo legal.
Por lo tanto, mi bancada va a votar a favor de este proyecto de resolución, porque consideramos de justicia que se efectúe un estudio y que se envíe un proyecto de ley a la brevedad posible, con el objeto de responder a la necesidad de reparación y de compensación a personas que fueron víctimas evidentes de violaciones a los derechos humanos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar en contra del proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Se abstuvo el diputado señor
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE DOTACIÓN POLICIAL EN COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y EVALUACIÓN DE PLAN CUADRANTE (Oficios)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky.
El señor PILOWSKY.- Señor Presidente, qué duda cabe que uno de los principales problemas que nos plantea la gente es la seguridad ciudadana en nuestras comunas.
Así lo revelan las diversas encuestas, pero, además, el contacto permanente que tenemos con nuestros vecinos y vecinas.
La delincuencia es un tema complejo, por lo que aquí no caben los eslóganes ni las soluciones fáciles. Lo que sí cabe es una estrategia de trabajo integral, sostenida y con una mirada desde lo local.
Ahora bien, lo integral implica una preocupación por trabajar sistemáticamente en programas que apunten a la prevención situacional, la prevención social, así como al control y a la sanción.
Me detengo en este último punto. En los últimos años, los sucesivos gobiernos han propuesto un aumento sostenido de la dotación policial y el mejoramiento institucional y tecnológico de los procedimientos policiales. Sin embargo, pese a estos avances, los recursos policiales no siempre están bien distribuidos. Son pocas las cifras oficiales que se conocen, pero hay estudios, como el de la fundación Ciudad Justa, de 2013, que señalan que en algunas comunas hay un carabinero por cada 640 habitantes, mientras que en otras, que tienen mayores problemas de seguridad, hay un carabinero por cada 1.300 habitantes. Es decir, esta inequidad en la distribución parece no estar relacionada con las cifras de victimización o temor que las propias agencias estatales dan a conocer o con las necesidades de seguridad en las comunas.
En los próximos días, la Presidenta de la República , en respuesta a sus compromisos de los primeros cien días, presentará un proyecto de ley que aumentará la dotación de carabineros en 6.000 nuevos funcionarios y la de la Policía de Investigaciones en 1.200 nuevos funcionarios para los próximos cuatro años.
Compartimos esta política de aumentar la dotación policial, pero resulta esencial mejorar la distribución de los policías en el territorio nacional y profundizar en el acercamiento de la policía y la comunidad. Lo comunitario y la confianza son elementos indispensables para fortalecer la prevención y combatir el delito.
Muchas comunas del sector sur-oriente de Santiago tienen una demanda en seguridad que satisfacer, pero muchas veces no cuentan con los recursos, con personal suficiente, ni con una dotación policial adecuada a sus necesidades.
Una buena distribución de los recursos policiales, tanto en cantidad como en calidad de su planificación, puede contribuir decididamente a bajar las tasas de victimización, a reducir la inseguridad y a evitar la reiteración de hechos criminales.
Del mismo modo, es necesario evaluar de manera permanente los propios planes que la institución policial ha desarrollado para contribuir a la reducción del delito y a la disminución del temor. Al respecto, tengo entendido que Carabineros ha realizado estudios tendientes a medir el impacto de programas como el Plan Cuadrante. Esos estudios ayudan a mejorar el desarrollo de dichas medidas en el sentido de reforzar lo que funciona bien y modificando aquello que no está teniendo resultados.
En razón de lo expuesto, solicito que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública y al general director de Carabineros para que nos remitan información sobre dos puntos fundamentales: la dotación policial de cada una de las comunas de la Región Metropolitana y los estudios de que disponga Carabineros de Chile que digan relación con la evaluación del Plan Cuadrante en los últimos cuatro años.
Además, pido que se envíe copia de esta intervención al intendente de la Región Metropolitana .
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALERTA DE TSUNAMI ENPROVINCIA DE CARDENAL CARO, SEXTA REGIÓN (Oficios)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo.
El señor ESPEJO.- Señor Presidente , hace solo algunos días vivimos el terremoto del Norte Grande y fuimos testigos del sufrimiento y del temor de miles de chilenos que debieron evacuar las costas de nuestro país.
Nadie podría decir que se trata de una situación inesperada, pues vivimos una tragedia similar en febrero de 2010, y el 11 de marzo de 2012 un sismo en Japón obligó a una evacuación preventiva de casi treinta horas en gran parte del país y, por cierto, en las costas de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, debido al anuncio de tsunami.
Chile se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Solo entre 1900 y 1995 tuvimos 247 tsunamis en la zona.
Tenemos 113 kilómetros de costa entre las comunas de Navidad, Pichilemu, Litueche y Paredones , en la provincia de Cardenal Caro. En días pasados, cerca de 12.000 niños, niñas, hombres, mujeres y adultos mayores de Bucalemu, Lo Valdivia, Cáhuil, Pichilemu, Pupuya, La Boca y Puertecillo tuvieron que evacuar nuevamente no una, sino dos veces. Pero es importante señalar que ellos no evacuaron gracias a un sistema de alerta preventiva que permitiera que la información fuera recibida con rapidez; tampoco evacuaron gracias a un sistema de alarmas, como se ha solicitado reiteradamente, sino que lo hicieron gracias al esfuerzo de dirigentes sociales, de autoridades municipales y de carabineros que recorrieron las calles y las casas pidiéndole a la gente evacuar.
A cuatro años de la tragedia de febrero de 2010, en la provincia de Cardenal Caro, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, solo tenemos una radio por comuna y un teléfono satelital en la gobernación. Cuando hay una alerta preventiva, la vida de los habitantes del borde costero depende de la diligencia y de la facilidad que tengan las autoridades para recorrer la zona en vehículo o a pie, solicitando a la gente evacuar. Eso es absolutamente inaceptable: la vida de los habitantes de la Sexta Región no vale menos que la vida de los habitantes de la región donde se ubica la sede del Congreso Nacional, a la hora de tener los mecanismos necesarios para su protección en caso de un evento como el indicado.
Por lo tanto, con el apoyo de los diputados que así lo estimen, solicito que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública , a fin de que informe acerca del grado de avance y de los plazos en los cuales nuestra región contará con un efectivo sistema integrado de alerta de tsunami que proteja la vida de nuestros habitantes.
Por último, pido que se envíe copia de este oficio a la intendenta de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, a los alcaldes y concejales de las comunas de la provincia de Cardenal Caro y a la gobernadora de esa provincia.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los cuales se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS Y PLANES PARA UNIR EL TERRITORIO NACIONAL CON FIBRA ÓPTICA (Oficio)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Enrique Morano.
El señor MORANO.- Señor Presidente, hoy el diario La Prensa Austral, de Punta Arenas, dedica un amplio espacio para informar acerca de la falla mayoritaria de los servicios de internet en nuestra región.
El editorial señala: “Para la Región de Magallanes, contar con una conexión confiable -y además con un servicio de calidad en materia de velocidad, tarea aún pendiente- es fundamental.”
Una vez más, los habitantes de Magallanes han recordado nuestra calidad de isla, en la práctica, respecto del resto del territorio nacional.
La potencial y justa huelga de los funcionarios de la Línea Aérea Nacional, LAN, el estado de las rutas argentinas y las fallas de internet, una vez más nos hicieron ver la prioridad que el Estado de Chile ha dado en todo sentido a la conectividad terrestre, marítima, de carreteras y digital.
Las regiones del general Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes no están conectadas físicamente al territorio nacional. En Magallanes, más de 15.000 hogares -el 60 por ciento de las personas conectadas- se quedaron sin su conexión a internet. Esto fue ocasionado por graves y extremas condiciones climáticas. Por cierto, no se trató de un sismo, como el que afectó a la zona norte de nuestro país, sino que, curiosamente, fue el resultado de las fuertes lluvias e inundaciones en la República Argentina.
Es el momento de que el Estado de Chile asuma su deuda histórica con esas dos regiones australes, independientemente de los costos, absolutamente abordables para un país que crece y se siente orgulloso de pertenecer al selecto grupo de los integrantes de la OCDE.
En Magallanes tenemos fibra óptica que depende de los avatares climáticos y de agitación social de la vecina República Argentina. El año recién pasado, la amenaza vino de parte de trabajadores que, en legítima huelga, señalaban que cortarían el cable de la fibra óptica.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informe detalladamente acerca de la existencia de proyectos y planes para unir todo el territorio nacional con fibra óptica. El asunto es no seguir con la situación actual, en que la tenemos solo desde el extremo norte hasta la Región de Los Lagos.
También pido agregar a esta petición de oficio el editorial del diario regional La Prensa Austral , que dejaré a disposición de la Mesa. Por último, solicito enviar copia de mi intervención al señor intendente de Magallanes , a los alcaldes de la región y al director del diario La Prensa Austral .
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que están levantando la mano.
ENTREGA DE ANTECEDENTES SOBRE INSTALACIONES MILITARES EN LAREGIÓN METROPOLITANA Y EN LA CUARTA REGIÓN (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA .- Señor Presidente , Santiago es una ciudad que cuenta con una fuerte presencia militar y con instalaciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas muy significativas.
Debo aclarar que esto no es exclusivo de las Fuerzas Armadas, porque también existe una cantidad impresionante de instalaciones industriales abandonadas, algunas por largos años, como las de las antiguas y grandes empresas Sumar, Comandari y Yarur.
Las instalaciones del Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, del Regimiento de Infantería de San Bernardo, y en Peldehue y Colina son enormes…
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se agota su tiempo, señor diputado . Pida los oficios que requiere.
El señor ARRIAGADA .- Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Defensa Nacional para que nos entregue los antecedentes sobre el total de las instalaciones militares que se hallan en la Región Metropolitana y en la Cuarta Región.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo indican.
DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE HOSPITAL PADRE HURTADO (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo .
El señor MELO .- Señor Presidente , el diputado Claudio Arriagada y quien habla hemos recibido un conjunto de denuncias de vecinos y organizaciones sociales relativas al funcionamiento del hospital Padre Hurtado , que atiende a la población de las comunas de San Ramón, La Granja y La Pintana.
Las denuncias se refieren a la renuncia masiva de veinticuatro profesionales de la salud, los que hasta la fecha no han sido reemplazados, cuatro de los cuales eran pediatras de la unidad de cuidados intensivos; a la falta de equipamiento e implementos para que los servicios que presta el hospital funcionen de manera adecuada para garantizar el derecho a la salud de la población, y a las condiciones de trabajo inadecuadas de los profesionales del hospital, que se traducen en excesiva carga en las jornadas de trabajo.
Las denuncias recibidas han sido, además, objeto de reportajes y publicaciones, tanto por la prensa escrita como por la radio y televisión. Con ello, los hechos son de púbico conocimiento.
En este contexto, junto con el diputado Claudio Arriagada vengo en solicitar oficiar a la ministra de Salud , a la subsecretaria de Redes Asistenciales , al director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y al director del hospital Padre Hurtado , a fin de que informen, de acuerdo con su respectiva esfera de competencia y responsabilidad, sobre la efectividad de las denuncias ya descritas; las políticas y presupuestos disponibles y/o destinados a la contratación de profesionales, técnicos y trabajadores que reemplacen a los que han renunciado a sus labores en el hospital, y las políticas y presupuestos disponibles y/o destinados para equipamiento médico, insumos e implementos para el hospital.
Además, pido enviar copia de la respuesta a este oficio a los dirigentes de la agrupación de padres de niños con enfermedades crónicas de San Ramón, señora Miryam Palma y señor Cristián Valdés , quienes, junto con los usuarios y funcionarios del hospital Padre Hurtado , han puesto este problema en conocimiento de la opinión pública.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTO “ESTACIÓN CULTURAL PUEBLO HUNDIDO” (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señorita Daniella Cicardini.
La señorita CICARDINI (doña Daniella).- Señor Presidente , pido oficiar al alcalde de la comuna de Diego de Almagro , debido a las graves denuncias que he recibido de vecinas y vecinos de dicha comuna, para que informe sobre la ejecución del proyecto denominado Estación Cultural “Pueblo Hundido”, con fondos de patentes mineras.
Dicha obra, emblemática en el contexto cultural de la comuna, debió ser entregada a la comunidad hace por lo menos cuatro años. El referido proyecto tiene su origen en el acuerdo del concejo N° 236, de 15 de diciembre de 2005. Es decir, han pasado prácticamente ocho años desde el origen de la obra, sin resultado alguno.
Quiero destacar que la cultura es un elemento fundamental para enriquecer la vida de la gente de la comuna de Diego de Almagro y de la población de la Región de Atacama, la cual, por ser víctima del centralismo del país, permanece aislada y sin oportunidades de acceso a la riqueza del patrimonio del arte y de las diversas manifestaciones culturales.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE DESTINO DE FONDOS PROVENIENTES DERECAUDACIÓN DE PATENTES DE SISTEMA ÚNICO DE AMPARO DE CONCESIONES MINERAS EN COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO (Oficios)
La señorita CICARDINI (doña Daniella).- Por otro lado, solicito que se oficie al alcalde de la comuna de Diego de Almagro, con copia al intendente de la Región de Atacama y al gobernador de la provincia de Chañaral, para que nos entregue los antecedentes sobre los destinos que se han dado a los fondos obtenidos por la recaudación proveniente de las patentes del sistema único de amparo de concesiones mineras en la comuna de Diego de Almagro, y el detalle de cuánto se ha recaudado en dinero por las patentes mineras en los últimos cuatro años. También que especifique los proyectos que se han financiado con esos mismos recursos y la manera en que estos han cumplido con el imperativo legal de ser obras de desarrollo para la comuna, tal como lo establece la letra b) del artículo único de la ley N° 19.143.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO “TREN URBANO” PARA CONECTAR COMUNAS DE LA SERENA Y COQUIMBO (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar.
El señor SALDÍVAR .- Señor Presidente , quiero solicitar el envío de un oficio al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que informe respecto del estado actual del proyecto de “Tren urbano”, presentado a esa cartera por el exdiputado Marcelo Díaz durante el período anterior, con el propósito de desarrollar los estudios y el posterior proyecto definitivo del tren urbano que conecte, mediante una vía estructurante, las comunas de La Serena y Coquimbo.
Dado que este proyecto tiene alto interés para descongestionar las densificadas vías, sobre todo estructurales, que unen a esas dos comunas, es de mi interés conocer los antecedentes, con el objeto de evaluar próximas acciones.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que levantan su mano.
INFORMACIÓN SOBRE OBRAS VIALES EN FAVOR DE DESTRITO N° 7 (Oficios)
El señor SALDÍVAR .- Señor Presidente , hace pocos días el país se enteró de la posible ocurrencia de un tsunami en las costas de Chile. Debido a ello, en las comunas de La Serena y Coquimbo hubo mucha preocupación, ya que las vías de escape que conectan ambas comunas están cercanas a la costa, razón por la cual fueron cerradas, lo que impidió que los habitantes de muchos sectores se pudieran conectar con la ruta que une a Coquimbo con La Serena.
Debido a ello, se hace necesario y urgente desarrollar la construcción de una vía de escape que esté ubicada más al oriente, la cual ya se encuentra en proyecto.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio a la ministra de Vivienda y Urbanismo, y, por su intermedio, al director de Vialidad, para que nos informen en qué estado se encuentra el proyecto de conexión vial La Serena Coquimbo, denominado Eje Cisternas.
Además, pido que nos informe sobre las condiciones en que se halla el proyecto nudo vial cruce a desnivel, avenida Francisco de Aguirre , ruta 5, ya que, a mi juicio, se ha dilatado mucho su desarrollo.
Estas materias tienen que ver con la densificación vial experimentada en los últimos años, lo que ha redundado en congestión vial y ha generado graves problemas en la calidad de vida de los vecinos que habitan en esa conurbación.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que alzan su mano, de los cuales la Secretaría toma debida nota.
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, PUERTO WILLIAMS (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El Comité Socialista cedió el resto de su tiempo al diputado señor Gabriel Boric.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BORIC.- Señor Presidente , ayer, en la Comisión de Zonas Extremas, pedí al señor secretario remitir un oficio al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos informe sobre los plazos que se manejan para la construcción del camino Estancia Vicuña-Yendegaia, que va a conectar la ciudad de Puerto Williams con el resto de Chile.
Sin embargo, el secretario me recomendó que también lo hiciera en Incidentes, puesto que esta vía nos otorga mayores posibilidades de que nos contesten con mayor celeridad.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos informe cuáles son los plazos que se están manejando para la construcción del camino Estancia Vicuña-Yendegaia, que va a conectar la ciudad de Puerto Williams con el resto del país.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.33 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9230-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, en materia de subrogación. (boletín N° 9230-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9287-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica. (boletín N° 9287-06).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
3. Oficio del Senado. (boletín N° 8201-09)
“Valparaíso, 9 de abril de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras, correspondiente al Boletín N° 8201-09.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): EUGENIO TUMA ZEDÁN, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”
4. Oficio del Senado. (boletín N° 8813-15)
“Valparaíso, 9 de abril de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito N° 18.290, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte, correspondiente al Boletín N° 8813-15.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.965, de 16 de octubre de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ISABEL ALLENDE BUSSI, Presidenta del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”.
5. Oficio del Senado. (boletín N° 5579-03)
“Valparaíso, 9 de abril de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas, correspondiente al Boletín N° 5579-03.
Hago presente a Vuestra Excelencia que dicha proposición fue aprobada, en lo referente al inciso tercero del artículo 49 bis contenido en el artículo 1° de la iniciativa, con el voto favorable de 22 Senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 11.142, de 4 de marzo de 2014.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): EUGENIO TUMA ZEDÁN, Presidente (E) del Senado, MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”.
6. Oficio del Senado. (boletín N° 8329-15)
“Valparaíso, 9 de abril de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares , correspondiente al Boletín Nº 8.329-15, con la siguiente enmienda:
Artículo único
Ha contemplado un literal c), nuevo, del siguiente tenor:
“c) Intercálase, en el artículo 6°, a continuación del vocablo “aplicables”, el siguiente texto: “. Asimismo, tendrá la obligación de certificar que sus conductores y acompañantes están habilitados para desempeñarse como tales, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 4°. Si con posterioridad a dicha certificación alguno de sus conductores o acompañantes incurre en la causal de denegación del registro a la que se refiere el artículo señalado precedentemente, el empresario deberá informar inmediatamente a la Secretaría Regional Ministerial respectiva”.”.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.398, de 4 de octubre de 2012.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ISABEL ALLENDE BUSSI, Presidenta del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”.
7. Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergenciassuscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en moción,sobre “Medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes quecruzan carreteras.”. (boletín N°8201-09)
?Honorable Senado,
Honorable Cámara de Diputados:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 70 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver la divergencia surgida entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores García Huidobro, Uriarte, Larraín Fernández, Orpis y Pérez Varela.
-o-
La Cámara de Diputados, cámara revisora, en sesión de 9 de enero de 2014 designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Sergio Bobadilla Muñoz, René Manuel García García, Juan Carlos Latorre Carmona, Iván Norambuena Farías y Joaquín Tuma Zedán.
El Senado, por su parte, en sesión celebrada el día 15 de enero de 2014, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores que conforman su Comisión de Obras Públicas.
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 5 de marzo de 2014, con la asistencia de sus miembros Honorables Senadores señores Alejandro García Huidobro Sanfuentes, Antonio Horvath Kiss y Hosaín Sabag Castillo, y Honorables Diputados señores Rene Manuel García García, Juan Carlos Latorre Carmona, Iván Norambuena Farías y Joaquín Tuma Zedán. En dicha oportunidad vuestra Comisión, por unanimidad, eligió como su Presidente al Honorable Senador señor García Huidobro.
A la sesión celebrada por la Comisión Mixta asistió, además de sus integrantes, el Honorable Senador señor Kuschel.
Además concurrieron el Abogado Jefe de la División Jurídica de Concesiones Obras Públicas , señor Cristián Melero, y el Asesor de la Secretaría General de la Presidencia , señor Francisco Montero.
-o-
DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA Y ACUERDOS
DE LA COMISIÓN MIXTA
El Honorable Senado, en primer trámite constitucional, aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras, correspondiente al Boletín N° 8.201-09, iniciativa que mediante un artículo único introduce dos modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley Nº 206, de 1960.
La primera modificación que propone el proyecto consiste en incorporar tres incisos nuevos a su artículo 84°. El primero de ellos hace de cargo del Ministerio de Obras Públicas el establecer, por Reglamento, las normas de seguridad mínimas que deben cumplir las pasarelas peatonales y los pasos desnivelados o puentes, que pasan sobre carreteras, para evitar el lanzamiento de objetos contundentes a los vehículos en circulación, y determina que dichas normas serán parte integrante de los nuevos contratos de construcción de obras y de concesión de carreteras.
El segundo de los incisos dispone que en las bases de licitación de obras públicas -cuando se trate de los caminos que define el inciso anterior-, se deberán contemplar niveles de servicio acordes con las normas de seguridad fijadas por el referido decreto del Ministerio de Obras Públicas, así como las sanciones y multas aplicables ante el incumplimiento de dichos niveles de servicio.
Por último, el tercer inciso establece una excepción para los actuales límites de ampliación de obras que contempla la ley de concesiones, el que opera exclusivamente para la incorporación de las nuevas medidas de seguridad en las vías concesionadas, exigiendo que si el valor de la inversión excede del 5% del presupuesto oficial de la obra, o de 100.000 unidades de fomento, su ejecución sea licitada por el concesionario bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas, en la forma que establezca el reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, compensando el Fisco al concesionario por el valor que resulte de la licitación de las obras más el costo de administración del contrato, que se determinará en las bases.
La segunda modificación propone un nuevo artículo transitorio que hace inaplicable las modificaciones anteriores a los actuales contratos de concesión, sin perjuicio de permitir que sus titulares opten por incorporar las nuevas disposiciones, dentro del plazo que indica.
En el segundo trámite constitucional la Honorable Cámara de Diputados desechó el proyecto en su totalidad.
-o-
En discusión la iniciativa, el Honorable Diputado señor García expresó que rechazó la idea de legislar teniendo en consideración que el propósito de la iniciativa -establecer normas de seguridad de pasarelas y puentes-, escapa del ámbito de la ley y ya se encuentra regulado por la vía reglamentaria.
Agregó que también le merece dudas el que la aprobación de la iniciativa genere algún impacto, ya que las concesionarias de caminos realizarán toda obra que se le solicite por el Estado siempre que se les pague por su ejecución, lo que el Ministerio de Obras Públicas podría hacer disponiendo de los recursos para ello y sin necesidad de esta nueva regulación.
El Honorable Diputado señor Latorre manifestó que el tema central de la discusión es determinar si el objeto del proyecto corresponde a una materia propia de ley o a una materia reservada al ámbito del ejercicio de la potestad reglamentaria. Agregó que, en su opinión, las normas de seguridad de las pasarelas dicen relación con materias reglamentarias, por cuanto se refiere a normas esencialmente variables en función de lo que pueda ser una licitación o un contrato de concesión.
Por otra parte expresó que con motivo de la discusión de este proyecto, en la Honorable Cámara de Diputados, se estableció que esta normativa se encuentra recogida en el Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo con lo expuesto por funcionarios de la Dirección de Vialidad de dicha Secretaría de Estado, y se concluyó que no tiene sentido una propuesta de orden legal frente a un tema debidamente regulado. Agregó que de requerirse un cambio de estas normas para ello no es necesario recurrir al Congreso Nacional.
Señaló que la presente iniciativa surge ante la inquietud de una nueva realidad, consistente en los accidentes ocasionados por el apedreamiento de vehículos desde las pasarelas que cruzan las carreteras. Tal situación llevó a presentar esta iniciativa, que está muy bien inspirada y tiene un sesgo positivo, pero que no resuelve los problemas existentes, particularmente respecto de las autopistas ya concesionadas.
En tal sentido, continuó expresando, que mediante Convenios Complementarios celebrados entre la Dirección de Concesiones y las concesionarias en operación se han introducido mayores exigencias en materia de seguridad vial, pero sobre la base de un cambio contractual celebrado de común acuerdo, estimando que para que una concesionaria asumiera una disposición como la contenida en este proyecto, si altera sus normas contractuales, habría que incluir una disposición transitoria que facultara al Estado de Chile a modificar una norma contractual, materia de gran complejidad que además requiere contar con el respectivo financiamiento.
El Honorable Senador señor García Huidobro indicó que este proyecto efectivamente surge a raíz de la muerte de una periodista en una carretera concesionada, víctima fatal de un nuevo fenómeno delictual que se hace presente en las carreteras concesionadas y no concesionadas.
Expresó que en la iniciativa en informe se ha trabajado por cerca de dos años, y se logró convencer al Ejecutivo de la necesidad de establecer nuevas medidas de seguridad en las pasarelas, y contar con su patrocinio, permitiendo que las nuevas regulaciones cuenten con financiamiento para su ejecución.
De esta forma, agregó, mediante la aprobación de diversas indicaciones se logró establecer la obligación del Ministerio de Obras Públicas de dictar un reglamento con las nuevas medidas de seguridad que resulten útiles y apropiadas y, más importante, hacer de cargo del Fisco la ejecución de tales obras en determinado tipo de carreteras, concesionadas o no concesionadas.
Respecto de las inquietudes antes planteadas, indicó que las concesionarias de carreteras ya concesionadas no se encontrarían obligadas a adoptar las nuevas medidas que pueda fijar un reglamento si el porcentaje de obras adicionales que puede exigir el Fisco ya se encuentra copado, que es lo que actualmente ocurre.
Para superar ese problema el proyecto establece la obligación del concesionario de ejecutar tales obras aunque sobrepasen tal límite siempre que las financie el Fisco, que también asume el costo de las obras en las carreteras no concesionadas.
Finalmente, manifestó que la iniciativa aprobada en primer trámite constitucional tiene el propósito central de entregar todos los instrumentos al Estado para que pueda establecer medidas de seguridad en las pasarelas, que permitan disminuir el riesgo de los usuarios de las carreteras de ser apedreadas o sufrir accidentes debido a ello.
El Honorable Diputado señor Tuma respaldó el criterio de la Honorable Cámara sobre esta iniciativa. Además, agregó, su mayor preocupación dice relación con la ausencia de pasarelas en todos los caminos, como ocurre en el distrito que representa, pese a que existan situaciones de gran riesgo para los peatones. Un ejemplo de ello, agregó, es lo que ocurre en la ruta que une las ciudades de Freire y Villarrica, en cuyo margen habita una comunidad indígena con un elevado porcentaje de personas no videntes que, ante la inexistencia de una pasarela peatonal, arriesgan la vida cada vez que cruzan la ruta.
El Honorable Senador señor Sabag manifestó que la mayoría de los accidentes de los peatones en las carreteras indican que los usuarios atraviesan en lugares no habilitados, más que por no contar con una pasarela en las cercanías. Indicó que para aumentar la seguridad de los peatones el Estado permanentemente construye pasarelas, lo que salva vidas y también en gran medida su responsabilidad ante accidentes de este tipo. Agregó que con este proyecto se pretende aumentar la seguridad de los usuarios de las vías, para lo cual la Comisión compartió la inquietud que dio origen al proyecto con el Ministerio de Obras Públicas y sus especialistas, lo que motivo al Ejecutivo a presentar una indicación sustitutiva que hace operativa la iniciativa, que consideró un artículo transitorio que permite a las actuales concesionarias incorporar mayores niveles de seguridad.
Agregó que las actuales concesionarias tienen un doble incentivo para adoptar los nuevos requerimientos que establezca el reglamento. El primero es que el Fisco asume el costo de construcción de las obras y, el segundo, que su adopción disminuye el riesgo de accidentes y baja la posibilidad de enfrentar demandas por no haber tomado los resguardos necesarios para la operación de la vía.
El Jefe de la División Jurídica de Concesiones de Obras Públicas , señor Melero, expresó que la iniciativa cuenta con el apoyo del Ejecutivo , que presentó sus indicaciones en el primer trámite con el propósito de establecer la obligación del Ministerio de dictar un reglamento que fije las normas mínimas de seguridad en pasarelas, atraviesos o pasos sobre nivel, que crucen carreteras, tanto concesionadas como caminos públicos no concesionados. Precisó que la diferencia, entre el proyecto original y la indicación presentada por el Ejecutivo , dice relación con que esta obligación se aplicaría a carreteras concesionadas y a caminos públicos tradicionales.
Destacó que dicho reglamento permitiría establecer condiciones mínimas de seguridad, dentro del decreto supremo N° 900 del Ministerio de Obras Públicas que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, determinando que cuando esas obras superen las 100 mil Unidades de Fomento serán contratadas por el concesionario mediante licitación pública, y permitiendo que las requiera el Estado -que las paga- sin sujeción al límite de 15% del presupuesto oficial de la obra, ni al impedimento de solicitarla antes que transcurran las 3/4 partes del tiempo de vigencia de la concesión.
El señor Melero manifestó que ante un tema de seguridad tan importante se coincidió en poder exigir al concesionario las nuevas medidas de seguridad en cualquier momento, aun cuando esté superado el 15% del presupuesto oficial de la obra en modificaciones.
Agregó que las nuevas medidas de seguridad deberán ser incorporadas en todas las próximas bases de licitación, en caso de ser aprobada la iniciativa legislativa, y que para las concesiones vigentes se requerirá la adhesión de las concesionarias. Resaltó que con o sin esta ley las modificaciones derivadas de la incorporación de mayores niveles de seguridad deberán ser pagadas a las concesionarias.
Informó que en la actualidad el Ministerio de Obras Públicas ha modificado los contratos de concesión en los trayectos Santiago-Talca y Santiago-Los Vilos, casos en que se incluyeron medidas de seguridad en atraviesos y pasarelas. Sin embargo, aseguró, los proyectos de incorporación de mayores niveles de seguridad en las pasarelas del tramo de Talca a Puerto Montt no han contado con financiamiento presupuestario. En tal sentido, la obligación del Ministerio de Obras Pública de dictar un reglamento con normas de seguridad mínimas determinará que el Ministerio de Hacienda deba entregar los recursos para cumplir con dichas exigencias, constituyendo una condicionante normativa para el Estado.
Respecto a la naturaleza de las normas estimó que lo ideal, por la dificultad de la modificación de una norma legal, es que se materialice a través de un reglamento que contenga normas de seguridad mínimas, lo que es suficiente y permite que se contemplen los recursos necesarios para cumplir la obligación del Estado de proveer seguridad en las carreteras, tal como lo propone el proyecto.
Por último y en relación a las normas del Manual de Carreteras a que se ha hecho alusión, expresó que no es vinculante para las concesionarias y que se modifica cada dos años. Por ello cuando se establece en las bases de licitación que las ingenierías y las obras deberán ajustarse al Manual de Carreteras se entiende que es el que se encuentra vigente a la época de ejecución de la obra, por lo que ante cualquier cambio las concesionarias argumentan que modificar la normativa vigente altera el equilibrio económico del contrato, lo que determina que en definitiva sea necesario terminar negociando compensaciones con ellas.
El Honorable Senador señor Horvath expresó que una discusión similar, sobre la necesidad de realizar una modificación legal o reglamentaria, se produjo cuando se constató la necesidad de establecer caminos laterales de servicio o caleteras a las vías públicas concesionadas, debido a que al no haber sido consideradas al licitar la respectiva concesión de las carreteras se terminó afectando a la gente que habitaba en sus márgenes. Señaló que, en definitiva, tal situación se subsanó mediante modificaciones fruto de la iniciativa legal parlamentaria.
Añadió que el proyecto pretende que en las pasarelas existentes se instalen elementos de protección que eviten los daños y el peligro que actualmente ellas representan para los usuarios de las vías, haciendo presente que entregar la solución al ejercicio de la potestad reglamentaria es dejarla pendiente a la voluntad de la autoridad de turno, que siempre tiene más requerimientos que recursos, lo que justifica plenamente que se establezca por ley la obligación de establecer condiciones mínimas de seguridad para los usuarios de las vías de que se trata.
Cerrado el debate, el señor Presidente de la Comisión Mixta anuncia que, como forma y modo de resolver la divergencia, someterá a votación el proyecto despachado por el Senado en el primer trámite constitucional.
Votan por su aprobación los Honorables Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Sabag, y por su rechazo los Honorables Diputados señores García, Latorre y Tuma.
Repetida la votación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Senado, el proyecto despachado por el Senado es aprobado por mayoría de votos.
Votan por su aprobación los Honorables Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Sabag, y por su rechazo los Honorables Diputados señores Latorre y Tuma. Se abstiene el Honorable Diputado señor García.
En mérito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como forma y modo de salvar diferencias entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, aprobar la iniciativa en los mismos términos en que lo hiciera el Senado.
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A título meramente informativo, cabe hacer presente que de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto de la iniciativa legal queda como sigue:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley Nº 206, de 1960:
1.- En su artículo 84°, intercálanse como incisos primero, segundo y tercero, nuevos, pasando sus actuales incisos primero y segundo a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente, los siguientes:
“Artículo 84°.- Corresponde al Ministerio de Obras Públicas establecer mediante un Reglamento las normas de seguridad mínimas de las pasarelas peatonales y los pasos desnivelados o puentes, que pasan sobre caminos unidireccionales con dos o más pistas por calzada, sin cruces a nivel y con velocidades mayores a 80 Kilómetros por hora, para evitar el lanzamiento desde ellos de objetos contundentes a los vehículos en circulación, considerando el tipo de vía de que se trate y los parámetros técnicos que defina. Dichas normas se entenderán formar parte de los contratos de construcción de obra y de concesión referidos en el artículo 87, según corresponda, para todos los efectos.
Las bases de licitación de concesiones de obras públicas, cuando corresponda, deben contemplar niveles de servicio acordes con las normas de seguridad fijadas de acuerdo al inciso anterior y sanciones y multas agravadas para el incumplimiento de dichos niveles de servicio.
Para el sólo efecto de la incorporación de las medidas de seguridad que fije el Reglamento a que se refiere el inciso primero en vías concesionadas, no serán aplicables los montos y plazos máximos que se establecen en los artículos 19 y 20 del decreto supremo N° 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas. Asimismo, si el valor de su incorporación excediera el cinco por ciento del presupuesto oficial de la obra o correspondiere a una suma superior a cien mil unidades de fomento, su ejecución deberá ser licitada por el concesionario, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas, en la forma que establezca el reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en cuyo caso el valor de las inversiones que se compensarán al concesionario será el que resulte de la licitación, a lo que se sumará un monto adicional a título de costos de administración del contrato, que será determinado en las respectivas bases de licitación.”.
2.- Incorpórase como artículo 11° transitorio, nuevo, el siguiente:
“Artículo 11° transitorio.- Las disposiciones de los tres primeros incisos del artículo 84° no serán aplicables respecto de los contratos de concesión resultantes de procesos de licitación cuyas ofertas se hayan presentado con anterioridad a su entrada en vigencia, salvo a aquellos concesionarios que, dentro del plazo de tres meses siguientes a la publicación del Reglamento a que se refiere dicho artículo, opten por la aplicación de esas normas a sus respectivos contratos.”.”.
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Acordado en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2014, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Alejandro García Huidobro Sanfuentes, Antonio Horvath Kiss y Hosaín Sabag Castillo, y Honorables Diputados señores René Manuel García García, Juan Carlos Latorre Carmona, Iván Norambuena Farías y Joaquín Tuma Zedán.
Sala de la Comisión Mixta, a 6 de marzo de 2014.
(Fdo.): JUAN PABLO DURÁN G., Secretario de la Comisión Mixta ”.
8. Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturalesrecaído en el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “Discusión inmediata”, que “Modifica ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, en materia de subrogación.”. (boletín N° 9230-07)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en una moción de los senadores Alejandro García Huidobro Sanfuentes, Baldo Prokurica Prokurica, Fulvio Rossi Ciocca y Eugenio Tuma Zedán y de la ex senadora Ximena Rincón González, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Durante la realización de este trámite, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del Presidente del Segundo Tribunal Ambiental don José Ignacio Vasquez y del Ministro del mismo tribunal, don Rafael Asenjo. Asimismo, concurrieron en representación del Tercer Tribunal Ambiental su Presidente don Michael Hantke, y el Ministro don Jorge Retamal.
De conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 290 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados en sesión 121ª, de fecha 4 de marzo año en curso, con la indicación formulada en la Sala y admitida a tramitación.
I. ANTECEDENTES GENERALES
El objetivo de la iniciativa legal es modificar el sistema de subrogación de los Ministros que integran los Tribunales Ambientales, estableciendo que, tratándose de los Ministros letrados, los subrogarán Ministros de Cortes de Apelaciones , de acuerdo a lo dispuesto por el Código Orgánico de Tribunales. Con ello, se establece un criterio similar al de otros tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y que tienen una composición similar. Por otra parte, tratándose de los ministros licenciados en Ciencias, la subrogación la hará un ministro suplente de otro Tribunal Ambiental .
Se explicó, durante la tramitación de esta iniciativa legal, que la modificación propuesta precavería el problema que podría producirse si el Segundo Tribunal Ambiental, por cualquier impedimento, careciere de Ministros titulares o suplentes para formar quórum. En ese evento, dispone el artículo 10 de la ley que creó estos tribunales que la subrogación se efectuará por Ministros suplentes del Primer Tribunal Ambiental, lo que actualmente y en los próximos meses no podría llevarse a cabo, debido a que dicho tribunal aún no se ha instalado, atendido que el proceso de nombramiento de sus Ministros se ha retrasado considerablemente.
Consideran que, además, esta propuesta vendría a solucionar el inconveniente práctico de que la subrogación se efectúe por Ministros de Tribunales bastante distantes geográficamente y evitaría adicionalmente alterar su normal funcionamiento jurisdiccional, atendido el pequeño número de Ministros de cada uno, tanto titulares como suplentes.
II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 290 del Reglamento de la Corporación, en este Informe debe dejarse constancia de lo siguiente:
1.- De los artículos que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo en la Comisión.
No existen disposiciones que se encuentren en esta situación.
2.- De los artículos que deben darse por aprobados reglamentariamente, con indicación de aquellos que requieren un quórum especial de votación.
El artículo único del proyecto en informe fue objeto de indicación y, además, requiere de quórum especial de aprobación.
3.- De los artículos que el Senado calificó como normas de rango orgánico constitucional o de quórum calificado y de los que la Cámara consideró de igual carácter.
El H. Senado declaró que el artículo único de esta iniciativa legal incide en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, en los términos del artículo 77 de la Constitución Política, por lo que tiene rango de norma orgánica constitucional. Consecuentemente, para su aprobación se requiere el voto favorable de las cuatro séptimas partes de los diputados en ejercicio de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Se hace constar que el proyecto de ley fue puesto en conocimiento de la Excma, Corte Suprema de conformidad a lo establecido en los artículos 77 de la Constitución y 16 de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Con fecha 16 de enero de 2014, por oficio N° 9.2014, la Excma. Corte Suprema remitió su opinión respecto de la iniciativa en tramitación.
4.- De los artículos suprimidos.
No hubo disposiciones suprimidas.
5.- De los artículos modificados.
No hubo disposiciones modificadas.
6.- De los artículos nuevos introducidos.
No se introdujeron nuevos artículos.
7.- De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Su artículo único no se encuentra en esta situación.
8.- De las indicaciones.
En la Sala de la Corporación se formuló una indicación por los diputados señores Jaramillo y Pérez Lahsen, y el entonces diputado señor De Urresti, para reemplazar el artículo único, por el siguiente:
“Artículo único.- La subrogación procederá, siempre, con otros ministros ambiental del país.”.
Sobre esta indicación y el proyecto de ley, el Presidente del Tercer Tribunal Ambiental , explicó que ante la ausencia de un ministro de los tribunales, actualmente opera la suplencia, existiendo un suplente para el ministro licenciado en ciencias y un suplente para los dos ministros letrados, y que luego se recurre a ministros de otros tribunales ambientales. Agregó que esta disposición le merece algunos reparos, ya que:
(i) Actualmente no es operativa por no encontrarse funcionando el primer tribunal ambiental;
(ii) No prevé el caso en que falten los ministros suplentes que deben subrogar; y
(iii) Solo existe un suplente para los dos ministros letrados que integran los respectivos tribunales.
Puntualizó que son múltiples las causas que pueden generar una ausencia, incluyendo enfermedad, inhabilidades u otras. Es por estas razones, que el señor Hantke, Presidente del Tercer Tribunal Ambiental , señaló que apoya el proyecto tal y como fue aprobado por el Senado en su primer trámite constitucional.
Por su parte, el Presidente del Segundo Tribunal Ambiental , coincidió en la necesidad de aprobar esta modificación a la ley que creó los Tribunales Ambientales, puesto que consideró que apunta más allá de una mera necesidad coyuntural, entregando una solución de largo plazo que, además, permitirá fortalecer la judicatura ambiental. Destacó que la fórmula de subrogación que propone el proyecto ya ha sido utilizada para el funcionamiento de otros tribunales especiales, como los de propiedad industrial y el tribunal de defensa de la libre competencia. Señaló además, que los ministros de las Cortes de Apelaciones están interiorizados con los temas ambientales, ya que han visto causas sobre estos temas vía recursos de protección.
Puesta en votación, la indicación fue rechazada por seis votos (6 de 8) de la diputada Vallejo y de los diputados Chávez, Melo, Sandoval, Urizar y Vallespín, y dos abstenciones (2 de 8) de los diputados Morales y Pérez Lahsen.
9.- De las modificaciones introducidas al texto aprobado por el Senado.
El texto del proyecto de ley fue aprobado en los mismos términos propuestos por el H. Senado.
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Por las razones expuestas y por las que hará valer oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión propone aprobar el proyecto conforme al siguiente texto:
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Reemplázase el artículo 10 de la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, por el siguiente:
“Artículo 10.- Subrogación. Si por cualquier impedimento un Tribunal careciere de ministros titulares y suplentes para formar quórum, se procederá a la subrogación de éstos de acuerdo a las siguientes reglas:
1.- En el Primer Tribunal Ambiental la subrogación de los ministros letrados se efectuará por ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la subrogación del ministro licenciado en Ciencias se efectuará por el respectivo ministro suplente del Segundo Tribunal Ambiental o, en su defecto, por el del Tercer Tribunal Ambiental.
2.- En el Segundo Tribunal Ambiental la subrogación de los ministros letrados se efectuará por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y la subrogación del ministro licenciado en Ciencias se efectuará por el respectivo ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental o, en su defecto, por el del Tercer Tribunal Ambiental.
3.- En el Tercer Tribunal Ambiental la subrogación de los ministros letrados se efectuará por ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia y la subrogación del ministro licenciado en Ciencias se efectuará por el respectivo ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental , o en su defecto, por el del Segundo Tribunal Ambiental.
Si la subrogación de los ministros licenciados en Ciencias no pudiere efectuarse, impidiendo al Tribunal sesionar con el quórum establecido en el artículo 6°, éstos serán reemplazados por el ministro suplente letrado del propio Tribunal o, de no ser posible, subrogados por ministros de las Cortes de Apelaciones respectivas, todo de conformidad con las reglas anteriores.
El Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva determinará el ministro que efectuará la subrogación.
Si un Tribunal Ambiental careciere de la totalidad de sus miembros titulares y suplentes, será subrogado por otro Tribunal Ambiental, de conformidad a las siguientes reglas:
1.- El Primer Tribunal Ambiental por el Segundo Tribunal Ambiental.
2.- El Segundo Tribunal Ambiental por el Primer Tribunal Ambiental.
3.- El Tercer Tribunal Ambiental por el Segundo Tribunal Ambiental.?.?
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Se designó como Diputado Informante al señor Leopoldo Pérez Lahsen.
Acordado en sesión de fecha 9 de abril de 2014, con la asistencia de la diputada Camila Vallejo Dowlings y de los diputados Daniel Melo Contreras ( Presidente ); Marcelo Chávez Velásquez; Celso Morales Muñoz; Leopoldo Pérez Lahsen; David Sandoval Plaza; Christian Urizar Muñoz y Patricio Vallespín López.
Sala de la Comisión, a 9 de abril de 2014.
(Fdo.): MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS, Abogada, Secretaria de la Comisión”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Monckeberg,don Nicolás; Becker, Berger, Fuenzalida, Godoy, Martínez; Pérez,don Leopoldo, y Rathgeb, y de la diputada señora Núñez, doña Paulina,que “Modifica el decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, para eliminar barreras en el acceso al empleo que perjudican a personas con discapacidad”. (boletín N° 9302-13)
Antecedentes
1.- Una de las situaciones más problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en el mundo, es la falta de empleo. El caso de Chile no es distinto, las cifras de acceso al empleo son preocupantes, según la Encuesta Nacional de la Discapacidad realizada el año 2004(ENDISC), las personas con discapacidad que se encontraban en edad de trabajar y tenían un trabajo remunerado representaba solo el 29,2%, cifra que está por debajo del 48,1% de la población sin discapacidad con trabajo remunerado al momento de aplicarse la encuesta. En el mismo sentido, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Organización Mundial del Trabajo efectuaron un estudio a 150 empresas en el año 2013, en el que se constató que este colectivo representa solo el 0.5°/0 del total de la fuerza de trabajo.
2.- El Estado de Chile al suscribir y luego ratificar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante Cidpcd) en el año 2008, no solo incorporo a nuestro ordenamiento jurídico dicho instrumento internacional, en virtud del art. 5 inciso 2 de la Constitución, sino que también asumimos como país el gran compromiso de implementar una nueva forma de entender y tratar la discapacidad -distinto e innovador a como lo venimos realizando -, esto es, a través de un Modelo Social basado en los Derechos Humanos, lo que implica incluir en los distintos ámbitos de la vida nacional a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos y eliminar las barreras del entorno que impiden su participación plena. Uno de estos ámbitos, de vital importancia, es el compromiso de incluir a las personas con discapacidad en el trabajo, facilitando su acceso y eliminando las barreras a éste, además de “Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo”, y “Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas (art. 27, número 1, letras e) y h) CIDPCD).
3.- En el mismo sentido, se publicó en el año 2010 la Ley N° 20.422 (Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad), que en materia laboral encomienda al Estado promover y aplicar medidas de acción positiva para fomentar la inclusión y la no discriminación, en especial “El Estado creará condiciones y velará por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad. Para tal efecto, podrá desarrollar en forma directa o por intermedio de terceros, planes, programas e incentivos y crear instrumentos que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes” (art.44).
4.- Teniendo en cuenta estos antecedentes, se ha observado que una de las barreras constantes que impiden o limitan a las personas con discapacidad insertarse en el mundo laboral es el temor de perder los beneficios asociados a la calidad de causante de asignación familiar y -con ello además - si se encuentra en un Régimen de Prestaciones de Salud, perder permanentemente la calidad de beneficiario del plan de salud del afiliado (comúnmente del padre, la madre o del cuidador) al momento de encontrase empleados. Lo anterior acontece, toda vez que mantienen esta calidad (de causante asignación familiar o de beneficiario del régimen previsional del afiliado) siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, al tenor de lo dispuesto en el art. 5 del DFL 150 del año 1981 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el que prescribe: “En el caso de las personas mencionadas en el articulo 3° (afectados de invalidez), serán requisitos comunes para causar beneficios de asignación familiar y maternal, que éstas vivan a expensas del beneficiario que las invoque y que no disfruten una renta, cualquiera que sea su origen o procedencia, igual o superior al cincuenta por ciento del ingreso mínimo mensual ..” [1]. Estos requisitos se relacionan directamente con la calidad de beneficiarios del Régimen de Prestaciones de Salud, ya que de la satisfacción y mantención de estos requisitos depende la calidad de beneficiarios, según se desprende del art. 136 letras b) y c) y art. 137 del DFL 1, del año 2005 del Ministerio de Salud.[2]
5.- Con todo, esta situación cobra mayor importancia tratándose de personas con discapacidad mental, grupo especialmente vulnerable, quienes son excluidos del sistema privado de salud por las Instituciones de Salud Previsional, al considerar las deficiencias mentales como preexistencias, siendo rechazadas y por lo tanto su libertad de elección se ve limitado a acudir al sistema público, que si bien admite a toda persona, el grado de cobertura y atención que ofrece para las discapacidades mentales es deficiente, no solo por la escases de profesionales especialistas psiquiatras, sino también por las largas listas de espera, falta de medicamentos y la histórica deficiencia presupuestaria.[3]
6.- Por cuanto, el objeto del presente proyecto es facilitar a las personas con discapacidad el acceso al trabajo y con ello sumarse a la fuerza laboral del país, permitiendo que aun disfrutando una renta, cualquiera que sea su origen o procedencia, igual o superior al 50% del ingreso mínimo mensual, puedan mantener la calidad de causante de la asignación familiar, y con ello mantener la calidad de beneficiario del Régimen de Prestaciones de Salud.
Por tanto:
Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Modifíquese el art. 5 del Decreto con Fuerza de Ley N° 150, del año 1981, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en el siguiente sentido: agréguese después del punto final del inciso primero, lo siguiente:
“Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de personas con discapacidad, debidamente calificadas y certificadas, podrán disfrutar de una renta, en los términos ya descritos, sin que ello signifique la perdida de la calidad de causante de los beneficios de asignación familiar.”
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Poblete, Aguiló, Arriagada, Boric, Jackson, Mirosevic, y de las diputadas señoras Carvajal,Girardi, Provoste y Sepúlveda, sobre “Reforma Constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria”. (boletín N° 9304-07)
Antecedentes y Fundamentos
A nivel internacional no existe uniformidad respecto a los mecanismos que determinan el monto de dietas y asignaciones parlamentarias. La realización de un análisis de derecho comparado arrojó como resultado la identificación de tres modalidades para determinar las dietas y asignaciones: 1) determinación por Ley, 2) autodeterminación y, 3) existencia de comisiones especiales internas o externas. Independiente de la dificultad de comparar sistemas jurídicos internacionales, como es evidente, la regulación constitucional no se encuentra dentro de las tendencias internacionales de derecho para regular y fijar la dieta parlamentaria. Es más, es posible constatar que ninguna de las legislaciones estudiadas en la revisión aludida señala en la Constitución el monto exacto a percibir por los parlamentarios, ni aún menos fija un estándar por referencia a otro alto cargo de la administración del Estado.
Chile es el único de los países estudiados que regula esta materia en la Constitución. Así, el actual Artículo 62 de la Carta Fundamental señala que “Diputados y Senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan”. La regulación constitucional de esta materia encuentra su fundamento en evitar sean los mismos parlamentarios, sujetos receptores de la remuneración, quienes al mismo tiempo determinen el monto de éstas. De esta forma, la regulación constitucional está pensada como un mecanismo de protección contra las posibles arbitrariedades de los Diputados y Senadores.
La regulación constitucional del monto es también una anomalía en el contexto de nuestra historia institucional y en nuestra regulación nacional respecto de otros fondos -asignaciones- que están a disposición de los parlamentarios para el desarrollo de su función.
En cuanto a nuestra tradición jurídica nacional la regulación constitucional de las dietas parlamentarias es también una excepción: ni siquiera la Constitución inmediatamente anterior a la que nos rige consideraba esta regulación. En efecto, la Constitución de 1925 en su artículo 44 establecía que “[S]olo en virtud de una lei [sic] se puede: 6.o Fijar la remuneración de que gozarán los Diputados y Senadores.” Así, dicha Constitución, en concordancia con la tendencia de la regulación comparada, confió a la legislación la determinación de la remuneración de los parlamentarios en conjunto con el establecimiento de un mecanismo cuyo propósito consistió en evitar el conflicto de interés.
Por otro lado, la regulación de las asignaciones parlamentarias, esto es, aquellos fondos que son otorgados a los parlamentarios para, entre otros, contratar personal técnico y administrativo, cubrir gastos operacionales o contratar la realización de asesorías externas con el objetivo de asegurar el cumplimiento óptimo de su función, están consagradas a nivel legal en la ley 20.447 y reguladas, de acuerdo a esa norma, por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria. Independiente de que ambos fondos - asignaciones y dieta - tienen funciones distintas y, por tanto, responden a lógicas también diferentes, la fundamentación para que la regulación de la dieta tenga nivel constitucional podría, en alguna medida, aplicarse igualmente a las asignaciones parlamentarias ya que son los mismos parlamentarios que utilizan esos fondos quienes evalúan la pertinencia de los ítems y la cantidad aprobada para cada uno de ellos. Sin embargo, al igual que la regulación de la Constitución de 1925, la regulación de las asignaciones ha confiado a otros mecanismos jurídicos la protección y la correcta utilización de los fondos públicos.
Por otro lado, nuestra regulación de dietas parlamentarias no es sólo una rareza según lo establecido previamente, sino que adicionalmente es incoherente con la diferenciación de la función que cumple la Constitución y la ley. En este sentido, la Constitución Política de la República, como la norma de mayor rango del ordenamiento jurídico de una sociedad, está destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política, los principios que la rigen y las grandes estructuras del Estado. En este marco, se hace incomprensible que una materia administrativa y procedimental tal como la fijación de los salarios de un específico grupo de servidores públicos se encuentre entre las bases del ordenamiento jurídico nacional y se someta una materia como ésta, que requiere la riqueza de una discusión política constante y de una reevaluación de las circunstancias de nuestra sociedad, a la rigidez e invariabilidad que conlleva la regulación constitucional. Por lo anterior, destacamos a Francia, Costa Rica y Alemania como modelos a seguir en esta materia, pues en estos tres países se determina el monto de la dieta parlamentaria mediante una ley.
Además de la experiencia comparada, también un argumento de igualdad ante la ley, o más bien, igualdad en la ley,' habla en contra de una regulación constitucional de estos sueldos. Las sociedades modernas se oponen a las diferencias estructurales que establezcan órdenes jerárquicos rígidos y categorías de ciudadanos. Es en este sentido, que debe tenderse a generar regímenes que, si bien pueden contener diferencias, no deben dotar de privilegios. Ninguna otra remuneración a cargos públicos o privados se encuentran regulados en la Constitución, ni un principio referido al sueldo mínimo de los trabajadores de la Nación, ni el de otros cargos estatales.
Asimismo, resulta desacertada e imprecisa la asimilación de la dieta parlamentaria a la remuneración de los Ministros de Estado más todas sus asignaciones. En términos generales, ya que no todos ellos reciben el mismo salario, los Ministros de Estado reciben un sueldo base al cual se suman distintas bonificaciones, incrementos y asignaciones, muchas de cuales resulta incomprensible sean utilizadas para incrementar la dieta parlamentaria. Así por ejemplo, dentro de las asignaciones recibidas por los Ministros de Estado, se encuentra la asignación de modernización establecida por la ley N° 19.553 o la bonificación establecida por el artículo 10 de la ley N° 18.675 cuyo fin es compensar el efecto del artículo 9° de esa misma ley, que declara a las asignaciones que dicho artículo señala como ingresos afectos a la cotización para el financiamiento del sistema de pensiones que indica. Es decir, la determinación de las rentas que reciben los Ministros de Estado es un entramado complejo de distintas leyes y asignaciones que están pensadas desde la función ministerial, difícilmente aplicable a la labor parlamentaria sin ulterior adecuación o cuya modificación conlleva mayor oscuridad de la forma específica en que se determina la dieta parlamentaria. En conclusión, la determinación indirecta de la dieta parlamentaria produce menos publicidad y claridad del monto de ésta, conflicto que puede ser resuelto mediante una determinación del monto específico a través de una ley dictada para estos fines que aproveche la publicidad y transparencia del mecanismo democrático de creación de la ley.
En consecuencia, la consagración en la Constitución Política de la República, si bien busca sacar de la competencia de los congresistas la decisión sobre su propia dieta, tiene por resultado meramente una regulación indirecta y rígida por la vía de fijación en referencia a la remuneración de los Ministros. Sin embargo, al estar la remuneración de los Ministros fijada por un conjunto de leyes que otorgan distintos montos de asignaciones, los parlamentarios tienen injerencia indirecta sobre sus remuneraciones. No resuelve, por lo tanto, el problema de que los incumbentes tengan decisión sobre su propio beneficio, que como se ha dicho es el objetivo de la consagración constitucional.
Así, junto con este proyecto se presentará un proyecto de ley que crea un mecanismo para determinar el monto de la dieta parlamentaria. La regulación por vía legal se condice con el modo de determinación de las demás remuneraciones de los servidores públicos, permite igualmente un control por parte de la Cámara revisora y promueve una disposición a la austeridad por deberse cuenta pública a los ciudadanos sobre los motivos que justifican la decisión adoptada, sin poder excusarse en que un cuerpo normativo impone ex ante la determinación. Al mismo tiempo, la discusión que preside la dictación de una ley, permite el reconocimiento de quienes intervienen en su creación y, por tanto, la fiscalización de sus propuestas, argumentos y votaciones, lo que no sucede con una regulación pétrea e inamovible. En este sentido, la determinación legal de la dieta parlamentaria contribuye a la realización del ideal democrático en una materia tan relevante como la fijación de ésta.
Es por todo lo ya expresado que venimos en presentar lo siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Modificase la Constitución Política de la República en el sentido que indica:
1. Reemplácese Artículo 62, por el siguiente:
“Artículo 62: Una ley determinará la dieta que percibirán los Diputados y Senadores, incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.”