Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA SESIÓN
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- SECRETARIO
- Miguel Landeros Perkic
- PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA SESIÓN
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- PERMISO
- Vlado Mirosevic Verdugo
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marco Antonio Nunez Lozano
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Silber Romo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Leon Ramirez
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Leon Ramirez
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Arturo Squella Ovalle
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- PETICIÓN DE OFICIO : Aldo Cornejo Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudia Nogueira Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Perez Arriagada
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Perez Arriagada
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Jose Hoffmann Opazo
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LOCUTOR RADIAL Y CONSEJERO REGIONAL DE VALPARAÍSO, SEÑOR CARLOS ALARCÓN VEGA,RECIENTEMENTE FALLECIDO
- V. ORDEN DEL DÍA
- RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA A CARRERAS DEL ÁREA DE LA SALUD (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 3849-04) [Continuación]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Vlado Mirosevic Verdugo
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Roberto Fortunato Poblete Zapata
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Gabriel Boric Font
- INTERVENCIÓN : Juan Enrique Morano Cornejo
- INTERVENCIÓN : Luis Alberto Rocafull Lopez
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- OBLIGACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE IMPARTIR CURSOS SOBRE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS PROHIBIDAS(Segundo trámite constitucional. Boletín N° 5345-04) [Continuación]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- DEBATE
- RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA A CARRERAS DEL ÁREA DE LA SALUD (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 3849-04) [Continuación]
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- SUSPENSIÓN DE COBRO DE PEAJES DURANTE FINES DE SEMANA LARGOS Y EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN CARRETERAS CONCESIONADAS (Preferencia)
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Jose Ramon Barros Montero
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Jose Perez Arriagada
- Rene Manuel Garcia Garcia
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO CEREBRAL MULTIDISCIPLINARIO PARA EL ADULTO MAYOR
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- David Sandoval Plaza
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Ivan Norambuena Farias
- Sergio Ojeda Uribe
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Bernardo Jose Berger Fett
- Leopoldo Perez Lahsen
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- Javier Hernandez Hernandez
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUSPENSIÓN DE COBRO DE PEAJES DURANTE FINES DE SEMANA LARGOS Y EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN CARRETERAS CONCESIONADAS (Preferencia)
- VII. INCIDENTES
- SATISFACCIÓN POR DEROGACIÓN DE DECRETO N° 140 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO, Y SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO PARA COMUNAS DE DISTRITO N° 52. (Oficio)
- ANTECEDENTES SOBRE ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, SENDA. (Artículo 52, N° 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gustavo Hasbun Selume
- DEBATE
- RECURSOS PARA CUERPO DE BOMBEROS DE MELINKA, COMUNA DE GUAITECAS (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y NO VOLUNTARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESDE EL 11 DE MARZO DE 2014 A LA FECHA (Oficios)
- ESCLARECIMIENTO DE SITUACIÓN DE SEREMI DE EDUCACIÓN DEREGIÓN DE O´HIGGINS (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE FALTA DE COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET VÍA CABLE EN VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA DE SAN BERNARDO (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE ALZA EN COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE VILLA RUBÉN LAMICH, DE BUIN (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE DESPIDO DE FUNCIONARIA DE GOBERNACIÓNDE MAIPO. (Oficio)
- EXPLICACIÓN ACERCA DE PETICIÓN DE ABANDONO DE ESTACIONAMIENTOS A FUNCIONARIOS DEL SAG DE LA PROVINCIA DEL MAIPO (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓNDE HOSPITAL DE BUIN (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE COMITÉ LA ESPERANZA DE LINDEROS, DE BUIN, Y SOBRE PROYECTO COLÓN, SEGUNDA ETAPA, DE SAN BERNARDO (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE OBRAS DEL PUENTE MAIPO Y DE FUTURAS OBRAS A REALIZAR EN AUTOPISTA CENTRAL, TRAMO SAN BERNARDO-PAINE. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE BUSES EN CRUCE COLÓN CON RUTA 5 SUR, COMUNA DE SAN BERNARDO (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE COBERTURA EN SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES E INDICACIÓN DE COEFICIENTE ENTRE EDUCADORAS DE PÁRVULOS, TÉCNICOS Y NIÑOS EN JARDINES JUNJI E INTEGRA. INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SALAS CUNA MEDIANTE ESTUDIO GEORREFERENCIAL (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN RÍOS TINGUIRIRICA, ANTIVERO Y ZAMORANO,REGIÓN DE O´HIGGINS (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDADES DE REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS (Oficio)
- REVISIÓN DE DECRETO RELACIONADO CON PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS EN LO CONCERNIENTE A EMISIONES FIJAS (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADES y SANCIONES POR FALTA DE FISCALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE NUEVO CONTRATO DE BARCAZA, COMUNA DE CORRAL (Oficios)
- CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN SECTOR SANTA TERESA Y DEPUENTE MENELHUE, COMUNA DE SAN CARLOS (Oficio)
- PLAN DE ENROLAMIENTO DE CAMINOS VECINALES (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE CRÉDITOS CORFO Y DE INSTITUCIONES BANCARIAS PARA FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (Oficios)
- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PLAN REGULADOR EN BARRIO LOS ADOQUINES, COMUNA DE ÑUÑOA (Oficio)
- PREOCUPACIÓN POR TÉRMINO DE PROYECTO “OBSERVATORIO GEODÉSICO INTEGRADO TRANSPORTABLE” (TIGO) (Oficios)
- DESARROLLO DE NUEVO MODELO DE MEDIO AMBIENTE
- INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD EN SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS RELACIONADAS CON ESTABLECIMIENTOSEDUCACIONALES REPUESTOS, AMPLIADOS O INTERVENIDOS (Oficio)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Manuel Monsalve Benavides
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Ivan Norambuena Farias
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Alejandro Santana Tirachini
- Gabriel Silber Romo
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gabriel Silber Romo
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Manuel Monsalve Benavides
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Joaquin Tuma Zedan
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Issa Farid Kort Garriga
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Javier Hernandez Hernandez
- Joaquin Jose Lavin Leon
- Javier Ignacio Macaya Danus
- David Sandoval Plaza
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gustavo Hasbun Selume
- Javier Hernandez Hernandez
- Joaquin Jose Lavin Leon
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Fernando Meza Moncada
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Leopoldo Perez Lahsen
- Joaquin Tuma Zedan
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- 10. Informe del diputado señor León sobre su participación tanto en la Reunión Parlamentaria que se desarrolló el 14 de abril próximo pasado, como en la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, efectuada los días 15 y 16 de abril del año 2014, ambas en ciudad de México.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Roberto Leon Ramirez
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 362ª
Sesión 16ª, en martes 22 de abril de 2014
(Ordinaria, de 11.09 a 14.37 horas)
Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo y Carmona Soto, don Lautaro
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 13
II. APERTURA DE LA SESIÓN 17
III. ACTAS 17
IV. CUENTA 17
ACUERDOS DE LOS COMITÉS 18
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LOCUTOR RADIAL Y CONSEJERO REGIONAL DE VALPARAÍSO, SEÑOR CARLOS ALARCÓN VEGA, RECIENTEMENTE FALLECIDO 19
V. ORDEN DEL DÍA 20
RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA A CARRERAS DEL ÁREA DE LA SALUD (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 3849-04) [Continuación] 20
OBLIGACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE IMPARTIR CURSOS SOBRE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS PROHIBIDAS (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 5345-04) [Continuación] 51
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 59
SUSPENSIÓN DE COBRO DE PEAJES DURANTE FINES DE SEMANA LARGOS Y EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN CARRETERAS CONCESIONADAS (Preferencia) 59
CREACIÓN DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO CEREBRAL MULTIDISCIPLINARIO PARA EL ADULTO MAYOR 62
VII. INCIDENTES 64
SATISFACCIÓN POR DEROGACIÓN DE DECRETO N° 140 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO, Y SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO PARA COMUNAS DE DISTRITO N° 52. (Oficio) 64
ANTECEDENTES SOBRE ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, SENDA. (Artículo 52, N° 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República) 65
RECURSOS PARA CUERPO DE BOMBEROS DE MELINKA, COMUNA DE GUAITECAS (Oficios) 69
INFORMACIÓN SOBRE RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y NO VOLUNTARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESDE EL 11 DE MARZO DE 2014 A LA FECHA (Oficios) 70
Pág.
ESCLARECIMIENTO DE SITUACIÓN DE SEREMI DE EDUCACIÓN DE REGIÓN DE O´HIGGINS (Oficios) 70
INFORMACIÓN SOBRE FALTA DE COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET VÍA CABLE EN VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA DE SAN BERNARDO (Oficio) 71
INFORMACIÓN SOBRE ALZA EN COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE VILLA RUBÉN LAMICH, DE BUIN (Oficio) 72
INFORMACIÓN SOBRE DESPIDO DE FUNCIONARIA DE GOBERNACIÓN DE MAIPO. (Oficio) 72
EXPLICACIÓN ACERCA DE PETICIÓN DE ABANDONO DE ESTACIONAMIENTOS A FUNCIONARIOS DEL SAG DE LA PROVINCIA DEL MAIPO (Oficio) 73
INFORMACIÓN SOBRE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE BUIN (Oficio) 73
INFORMACIÓN SOBRE COMITÉ LA ESPERANZA DE LINDEROS, DE BUIN, Y SOBRE PROYECTO COLÓN, SEGUNDA ETAPA, DE SAN BERNARDO (Oficio) 73
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE OBRAS DEL PUENTE MAIPO Y DE FUTURAS OBRAS A REALIZAR EN AUTOPISTA CENTRAL, TRAMO SAN BERNARDO-PAINE. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE BUSES EN CRUCE COLÓN CON RUTA 5 SUR, COMUNA DE SAN BERNARDO (Oficio) 74
INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE COBERTURA EN SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES E INDICACIÓN DE COEFICIENTE ENTRE EDUCADORAS DE PÁRVULOS, TÉCNICOS Y NIÑOS EN JARDINES JUNJI E INTEGRA. INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SALAS CUNA MEDIANTE ESTUDIO GEORREFERENCIAL (Oficio) 74
INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN RÍOS TINGUIRIRICA, ANTIVERO Y ZAMORANO, REGIÓN DE O´HIGGINS (Oficio) 75
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDADES DE REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS (Oficio) 75
REVISIÓN DE DECRETO RELACIONADO CON PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS EN LO CONCERNIENTE A EMISIONES FIJAS (Oficios) 76
INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADES y SANCIONES POR FALTA DE FISCALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficios) 77
INFORMACIÓN SOBRE NUEVO CONTRATO DE BARCAZA, COMUNA DE CORRAL (Oficios) 77
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN SECTOR SANTA TERESA Y DE PUENTE MENELHUE, COMUNA DE SAN CARLOS (Oficio) 78
PLAN DE ENROLAMIENTO DE CAMINOS VECINALES (Oficio) 78
INFORMACIÓN SOBRE CRÉDITOS CORFO Y DE INSTITUCIONES BANCARIAS PARA FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (Oficios) 79
Pág.
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PLAN REGULADOR EN BARRIO LOS ADOQUINES, COMUNA DE ÑUÑOA (Oficio) 81
PREOCUPACIÓN POR TÉRMINO DE PROYECTO “OBSERVATORIO GEODÉSICO INTEGRADO TRANSPORTABLE” (TIGO) (Oficios) 81
DESARROLLO DE NUEVO MODELO DE MEDIO AMBIENTE 83
INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD EN SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS RELACIONADAS CON ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES REPUESTOS, AMPLIADOS O INTERVENIDOS (Oficio) 83
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 85
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9290-05) 85
3. Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído en el proyecto de ley que establece el día nacional del trabajador forestal (boletín N° 6462-24). 111
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Monsalve; Browne; Espinoza, don Fidel ; Farcas; Norambuena; Rathgeb; Rincón; Santana y Silber y de la diputada señora Fernández que modifica la ley N° 20.563, que regulariza construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social, con el objeto de eliminar el plazo establecido para la regularización (boletín N° 9314-14) 113
5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Silber; Chahin; Espinoza, don Fidel; Farcas; Jiménez; Monsalve; Núñez, don Daniel; Poblete y Tuma y de la diputada señora Fernández que modifica diversos textos legales, en materia de denegación de venta de productos y prestación de servicios; de fusiones y adquisiciones de empresas y de concentración de mercados (boletín N° 9315-03) 114
6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mirosevic y Trisotti y de las diputadas señoras Hernando; Núñez, doña Paulina, y Sepúlveda que modifica el Código Penal, con el objeto de sancionar la publicación o difusión maliciosa de información, con ocasión de terremotos u otros desastres naturales en el caso que indica. (boletín N° 9316-07) 117
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Kort; Gahona; Hernández; Lavín; Macaya y Sandoval y de las diputadas señoras Hoffmann; Molina; Nogueira y Turres que modifica la ley N°17.288 sobre monumentos nacionales, estableciendo el beneficio de excusión respecto del propietario de un bien declarado monumento nacional. (boletín N° 9317-24) 120
8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hasbún; Hernández; Lavín; Macaya; Meza; Morales; Norambuena; Pérez, don Leopoldo y Tuma y de la diputada señora Carvajal que modifica la ley 18.290 de Tránsito, para eximir del pago de peaje a los vehículos de emergencia durante el ejercicio de sus funciones. (boletín N° 9318-15) 122
9. Informe final sobre la participación del diputado señor Urrutia, don Ignacio, en la 33ª Reunión del Consejo de Administración, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, los días 20 y 21 de marzo próximo pasado. 123
Pág.
10. Informe del diputado señor León sobre su participación tanto en la Reunión Parlamentaria que se desarrolló el 14 de abril próximo pasado, como en la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, efectuada los días 15 y 16 de abril del año 2014, ambas en ciudad de México 134
IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Nota:
- Del diputado señor Mirosevic por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 23 de abril de 2014, para dirigirse a Holanda.
2. Comunicaciones:
- De la diputada señora Pacheco por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día jueves 17 de abril próximo pasado.
- Del diputado señor Urízar por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día jueves 17 de abril próximo pasado, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Kort por la cual justifica su inasistencia a las sesiones del día martes 22 de abril en curso
.
- Del diputado señor Pérez, don José, por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día martes 22 de abril en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Monsalve por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día jueves 3 de abril próximo pasado.
- Del diputado señor Paulsen por la cual justifica su inasistencia a las sesiones del día de hoy, martes 22 de abril de 2014, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- De la diputada señora Álvarez por la cual justifica su inasistencia a la sesión ordinaria del día de hoy, martes 22 de abril de 2014, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, por la cual informa la inasistencia del diputado señor Espejo, a las sesiones del día de hoy, martes 22 de abril en curso.
3. Oficios:
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Norteamericano por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Núñez, don Marco Antonio.
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Kuwaití por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Sabag
.
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Azerbaiyano por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Silber.
- De la Comisión de Seguridad Ciudadana por el cual comunica que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del reglamento, ha acordado el archivo de los mensajes contenidos en los boletines N°s 5405-02, 5839-07 y 6791-06.
- De la Comisión de Seguridad Ciudadana por el cual comunica que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del reglamento, ha acordado el archivo de las mociones contenidas en los boletines Nos 8017-25, 7586-25, 7155-25, 6532-25, 4603-25, 4551-25, 3234-07, 2373-20, 2351-20, 2208-07,2081-07, 1752-07, 1751-07, 1748-20, y 1723-07.
Respuestas a oficios
Contraloría General de la República
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Reclamación que se acompaña por presunta existencia de contravenciones al principio de probidad administrativa, de parte del Servicio de Salud Iquique en el proyecto “Construcción Hospital de Alto Hospicio”, Licitación Pública N° 1637-304-LP13. (26364 al 236).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Diputado Bellolio, Información sobre tiempos de espera en las plantas de revisión técnica y las tasas de rechazo, especialmente en lo relativo a los vehículos con más de tres años de antigüedad (2881 al 50).
Varios
- Diputado Espinoza don Fidel, Antecedentes respecto del número de personas que visitaron cada uno de los casinos de juego durante los años 2012, 2013 y a la fecha, en los términos que indica. (500 al 186).
X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputada Álvarez doña Jenny, Antecedentes que obren en poder de la Dirección General de Aguas respecto del traspaso de los derechos de aguas desde la empresa Salmones Antártica al Comité de Agua Potable Rural de Curaco de Vélez. (503 de 14/04/2014). A servicios.
- Diputada Álvarez doña Jenny, Antecedentes respecto del número de personas que se desempeñan como buzos en la Provincia de Chiloé, que han sido afectadas o fallecidas, en los últimos tres años conforme al detalle que señala. (504 de 14/04/2014). A varios.
- Diputada Álvarez doña Jenny, Obras de acceso que realiza la empresa Sodimac, ubicada en el sector de Ten Ten, comuna de Castro, afectando el tránsito vehicular. (508 de 14/04/2014). A servicios.
- Diputada Álvarez doña Jenny, Estado actual del proceso de renovación del contrato que mediante un subsidio del Ministerio de Transportes, permite el servicio de transporte marítimo hacia la comuna de Chaitén. (511 de 14/04/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Jaramillo, Posibilidad de renovar el beneficio de atención de salud que prestaba el Hospital de Valdivia a los funcionarios del Hospital Particular de Panguipulli . Además, estudiar la construcción de un de un nuevo hospital público en Panguipulli y en la ciudad de La Unión. (515 de 14/04/2014). A Ministerio de Salud.
- Diputada Álvarez doña Jenny, Número de personas que se desempeñan como buzos en la Provincia de Chiloé, que han sido afectadas o fallecidas, en los últimos tres años conforme al detalle que señala. (516 de 14/04/2014). A Ministerio de Salud.
- Diputado Santana, Estado de avance del proyecto de cancha sintética de Club Deportivo Fátima de la comuna de Ancud. (517 de 14/04/2014). A municipalidades.
- Diputado Jaramillo, Posibilidad de financiar el proyecto de ampliación a la sede de adultos mayores ubicado en la localidad de Melefquen. (518 de 14/04/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputado Fuenzalida, Facultades del Ministerio para fiscalizar las casas de acogida de adultos mayores, señalando la forma en que opera, indicando la existencia de algún programa de fiscalización respecto a las casas de reposo en la Región de Los Ríos. (519 de 14/04/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputada Álvarez doña Jenny, Número de personas que se desempeñan como buzos en la Provincia de Chiloé, que han sido afectadas o fallecidas, en los últimos tres años conforme al detalle que señala. (522 de 14/04/2014). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Diputada Álvarez doña Jenny, Entrega del Aporte Familiar Permanente, las medidas adoptadas para que sea recibido por todos los trabajadores, en especial los afiliados a la Caja de Compensación La Araucana. (525 de 14/04/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputada Álvarez doña Jenny, Número de contribuyentes de cada una de las comunas de las Provincias de Chiloé y de Palena, que aun no hacen efectivo el retiro de sus cheques correspondientes a la devolución de excedentes de su declaración de impuestos a la renta en el período 2009 - 2013, señalando los procedimiento y plazos para hacerlo. (526 de 14/04/2014). A servicios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Estado en que se encuentra la apelación presentada por la señora Gladys María Figueroa Hernández, domiciliada en la comuna de Peumo, ante el rechazo de sus licencias médicas. (529 de 15/04/2014). A servicios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Motivos que se consideraron para suspender la entrega de una pensión de sobrevivencia a la señora María del Tránsito Salinas González. (530 de 15/04/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Motivos que se consideraron para suspender la entrega del beneficio de rebaja de dividendo al señor Lindor del Carmen Flores Zúñiga, domiciliado en la comuna de Peumo. (531 de 15/04/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Estado en que se encuentra la apelación presentada por la señora María José Muñoz Toledo, domiciliada en la comuna de Peumo, ante el rechazo y no pago de sus licencias médicas. (532 de 15/04/2014). A Servicios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Fecha que se efectuará el pago de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez al señor Juan Esteban Rubio Parada, domiciliado en la comuna de Las Cabras. (533 de 15/04/2014). A servicios.
- Diputado Jackson, Contribuyentes de Impuesto a la Renta de Primera y Segunda Categoría durante los años 2010, 2011 y 2012, los montos declarados por concepto de retiros en exceso, la pérdida de crédito de Impuesto a la Renta por operaciones de AFP y la transformación de ingresos del artículo 107 de la LIR, de Ingreso No Renta, en ingreso tributable, al ser pagado por la AFP. (534 de 15/04/2014). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado León, Posibilidad de disponer una fiscalización a la licitación del Contrato de Prestación de Servicios para la distribución de agua potable mediante camiones aljibes en las comunas que indica de la Provincia de Curicó, celebrada con fecha 24 de febrero del presente año entre “Gobernación Provincial de Curicó” y “Empresa ECO Sweep Ltda.” (535 de 15/04/2014). A Contraloría Regional del Maule.
- Diputado León, Posibilidad de disponer una fiscalización a la licitación del Contrato de Prestación de Servicios para la distribución de agua potable mediante camiones aljibes en las comunas que indica de la Provincia de Curicó, celebrada con fecha 24 de febrero del presente año entre “Gobernación Provincial de Curicó” y “Empresa ECO Sweep Ltda.” (536 de 15/04/2014). A Contraloría General de la República .
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Estado en que se encuentra el trámite del señor Luis Antonio Ayala Soza, domiciliado en la comuna de Peumo, quien espera ser reconocido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (537 de 15/04/2014). A servicios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de efectuar una revisión a deuda por atención en el Hospital Regional de Rancagua del año 2009, mediante el sistema AUGE estaría realizando el Fondo Nacional de Salud al señor Manuel Javier Olguín Riquelme, domiciliado en la comuna de Peumo. (538 de 15/04/2014). A Ministerio de Salud.
- Diputado Gahona, Motivos por el atraso en la construcción del Estadio “La Portada” de La Serena e indicando la empresa constructora de dicha obra conforme al detalle que señala. (539 de 15/04/2014). A municipalidades.
- Diputado Gahona, Motivos por el atraso en la construcción del Estadio “La Portada” de La Serena e indicando la empresa constructora de dicha obra conforme al detalle que señala. (540 de 15/04/2014). A intendencias.
- Diputado Gahona, Motivos por el atraso en la construcción del Estadio “La Portada” de La Serena e indicando la empresa constructora de dicha obra conforme al detalle que señala. (541 de 15/04/2014). A director regional de Deportes de Coquimbo .
- Diputado Squella, Situación del Comité Vivienda Ruka Antu de la comuna de Villa Alemana, remitiendo copia de todos los antecedentes del proyecto de construcción de viviendas a las que postulan sus integrantes. (542 de 15/04/2014). A director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso.
- Diputada Hernando doña Marcela, Política pública de entrega de terrenos a micro y medianas empresas, especialmente en la Región de Antofagasta. (543 de 15/04/2014). A Ministerio de Bienes Nacionales.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de efectuar una revisión a deuda por atención en el Hospital Regional de Rancagua del año 2009, mediante el sistema AUGE estaría realizando el Fondo Nacional de Salud al señor Manuel Javier Olguín Riquelme, domiciliado en la comuna de Peumo. (544 de 15/04/2014). A servicios.
- Diputada Hernando doña Marcela, Saldos finales de los procesos de la Subvención Escolar Preferencial otorgada a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta entre los 2009 y 2013. (545 de 15/04/2014). A Superintendencia de Educación Escolar.
- Diputada Hernando doña Marcela, Estado de tramitación de sumario instruido por dicha Contraloría en el Servicio de Salud de Antofagasta y Gobierno Regional a propósito de la fallida construcción del nuevo Hospital Público de Calama y adquisición en su equipamiento, remitiendo toda investigación o antecedente que diga relación con inversión en salud en cualquiera de los establecimientos de salud de la región. (546 de 15/04/2014). A Contraloría General de la República .
- Diputado Cornejo, Si las observaciones formuladas en el informe final N° 34 de fecha 17 de abril de 2013, por esa Contraloría, relacionados a una auditoría efectuadas a la Unidad de Radioterapia del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, han subsanados y el estado de tramitación del proceso administrativo orientado a determinar eventuales responsabilidades administrativas en dicho servicio, incoado por la Contraloría Regional de Valparaíso, en virtud de la misma auditoría 34/2012 de 17 de abril de 2014. (547 de 15/04/2014). A Contraloría General de la República .
- Diputado Santana, Posibilidad de evaluar un estudio para construir y ejecutar el Proyecto Agua Potable Rural de Huicha, comuna de Ancud. (548 de 15/04/2014). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Santana, Posibilidad de fiscalizar el proyecto de Agua Potable Rural de Pilluco, comuna de Ancud. (549 de 15/04/2014). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Santana, Posibilidad de evaluar un estudio para construir y ejecutar el proyecto Agua Potable Rural de Huicha, comuna de Ancud. (550 de 15/04/2014). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Santana, Cumplimiento de la Resolución Exenta N° 0267, de 17 de enero de 2013, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, destinada al financiamiento de materiales de construcción para el proyecto de mejoramiento de viviendas palafitos en el sector de Matadero de la comuna de Castro, especialmente respeto del señor Claudio Yáñez Paillán. (551 de 15/04/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Santana, Cumplimiento de la Resolución Exenta N° 0267, de 17 de enero de 2013, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, destinada al financiamiento de materiales de construcción para el proyecto de mejoramiento de viviendas palafitos en el sector de Matadero de la comuna de Castro, especialmente respeto del señor Claudio Yáñez Paillán. (552 de 15/04/2014). A director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Región de Los Lagos.
- Diputada Nogueira doña Claudia, Número de estudiantes matriculados en establecimientos municipales entre los años 2012 y 2014 de las comunas de Recoleta e Independencia, Región Metropolitana. (571 de 16/04/2014). A Ministerio de Educación.
- Diputado Pérez don José, Posibilidad de beneficiar a la comuna de Los Ángeles en el programa “Plan Chile Verde”, destinado a implementar parques y áreas verdes. (573 de 16/04/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Santana, Cumplimiento de la Resolución Exenta N° 0267, de 17 de enero de 2013, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, destinada al financiamiento de materiales de construcción para el proyecto de mejoramiento de viviendas palafitos en el sector de Matadero de la comuna de Castro, especialmente respeto del señor Claudio Yáñez Paillán. (576 de 16/04/2014). A delegado provincial Serviu Chiloé.
- Diputado Santana, Estado de avance y calendarización del proyecto Agua Potable Rural, sector de Aucaco-Taiguen de la comuna de Ancud. (581 de 16/04/2014). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Santana, Estado de avance y la calendarización del proyecto Agua Potable Rural, sector de Aucaco-Taiguen de la comuna de Ancud. (584 de 16/04/2014). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Santana, Estado de avance y la calendarización de la construcción del terminal portuario e infraestructura para la pesca artesanal en la couna de Chaitén, ingresando al Banco Integrado de Proyectos bajo el código 30083092-0. (586 de 16/04/2014). A director regional de Obras Portuarias Los Lagos .
- Diputado Santana, Situación de las cámaras de televigilancia en la comuna de Ancud, indicando el sistema que se empleará para su mantención y reparación. (588 de 16/04/2014). A Ministerio de Interior.
- Diputado Santana, Situación de las cámaras de televigilancia en la comuna de Ancud, indicando el sistema que se empleará para su mantención y reparación. (592 de 16/04/2014). A municipalidades.
- Diputado Santana, Situación de las cámaras de televigilancia en la comuna de Castro, indicando el sistema que se empleará para su mantención y reparación. (593 de 16/04/2014). A municipalidades.
- Diputado Pérez don José, Información enviada por oficio N° 2290, de 26 de mayo de 2014, referida al uso de los recursos provenientes de la Ley espejo del Transantiago que se ha utilizado en la Región del Biobío. (594 de 16/04/2014). A Contraloría General de la República .
- Diputado Sandoval, Estado en que se encuentra la solicitud presentada por don Héctor Eladio González Méndez para que se le pague la totalidad de los meses transcurridos desde la fecha de la resolución que le otorgó una pensión de invalidez. (595de 17/04/2014). A servicios.
- Diputado Sandoval, Estado en que se encuentra la solicitud presentada por don Héctor Eladio González Méndez para que se le pague la totalidad de los meses transcurridos desde la fecha de la resolución que le otorgó una pensión de invalidez. (596de 17/04/2014). A varios.
- Diputada Álvarez doña Jenny, Desagregación regional de los adultos mayores de menores recursos que pueden optar al beneficio de la rebaja del impuesto territorial establecida en la ley N° 20.732, detallando el número de beneficiarios potenciales en cada una de las comunas de las provincias de Chiloé y Palena. (600 de 17/04/2014). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado Sandoval, estado actual del proyecto de construcción del Centro de Recreación del Adulto Mayor de Puyuhuapi. (610 de 17/04/2014). A alcalde de Cisnes.
- Diputado Carmona, Situación que afecta al señor Edio Cortés Lara, extrabajador de Minera Candelaria que sufrió un accidente laboral sin ser indemnizado hasta la fecha e interponer sus buenos oficios para otorgarle una solución. (618 de 17/04/2014). A intendencias.
- Diputado Carmona, Situación que afecta al señor Edio Cortés Lara, extrabajador de Minera Candelaria que sufrió un accidente laboral sin ser indemnizado hasta la fecha e interponer sus buenos oficios para otorgarle una solución. (619 de 17/04/2014). A servicios.
- Diputada Hoffmann doña María José, Proyecto de saneamiento integral de Punta de Tralca, precisando su plan de ejecución y el monto de los recursos comprometidos. (620 de 17/04/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputado Trisotti, Estado de conservación de salas de cunas y jardines infantiles dependientes de su institución en la Región de Tarapacá. (623 de 17/04/2014). A servicios.
- Diputado Trisotti, Estado de conservación de todas las viviendas sociales ubicadas en la Región de Tarapacá. (626 de 17/04/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Trisotti, Estado de conservación de ductos, cañerías, y demás obras de las Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. (627 de 17/04/2014). A servicios.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arriagada Macaya, Claudio DC RM 25
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bellolio Avaria, Jaime UDI RM 30
Berger Fett, Bernardo RN XIV 53
Boric Font, Gabriel IND XII 60
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Carvajal Ambiado, Loreto PPD VIII 42
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Chahin Valenzuela, Fuad DC IX 49
Chávez Velásquez, Marcelo DC VIII 45
Cicardini Milla, Daniella IND III 5
Coloma Álamos, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo DC V 13
De Mussy Hiriart, Felipe UDI X 56
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farcas Guendelman, Daniel PPD RM 17
Farías Ponce, Ramón PPD RM 25
Fernández Allende, Maya PS RM 21
Flores García, Iván DC XIV 53
Fuentes Castillo, Iván IND XI 59
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo RN XIV 54
Gahona Salazar, Sergio UDI IV 7
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hernando Pérez, Marcela PRSD II 4
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Insunza Gregorio de las Heras, Jorge PPD IV 9
Jackson Drago, Giorgio IND RM 22
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 24
Kast Sommerhoff, Felipe IND RM 22
Lavín León, Joaquín UDI RM 20
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto DC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VI 33
Lorenzini Basso, Pablo DC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Melo Contreras, Daniel PS RM 27
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Mirosevic Verdugo, Vlado Liberal de Chile XV 1
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz, Celso UDI VII 36
Morano Cornejo, Juan Enrique DC XII 60
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Arancibia, Daniel PC IV 8
Núñez Urrutia, Paulina RN II 4
Ojeda Uribe, Sergio DC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel DC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Pilowsky Greene, Jaime DC RM 24
Poblete Zapata, Roberto IND. VIII 47
Provoste Campillay, Yasna DC III 6
Rathgeb Schifferli, Jorge RN IX 48
Rincón González, Ricardo DC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rocafull López, Luis PS XV 1
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge DC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René DC IX 50
Saldívar Auger, Raúl PS IV 7
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel DC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Soto Ferrada, Leonardo PS RM 30
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor DC V 15
Trisotti Martínez, Renzo UDI I 2
Tuma Zedán, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Urízar Muñoz, Christian PS V 10
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Urrutia Soto, Osvaldo UDI V 14
Vallejo Dowling, Camila PC RM 26
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Venegas Cárdenas, Mario DC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Walker Prieto, Matías DC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: La diputada señorita Karol Cariola Oliva y el diputado señor Marco Antonio Núñez Lozano.
-Con impedimento grave: Los diputados señores Sergio Espejo Yaksic e Issa Kort Garriga.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.09 horas.
El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 8ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 9ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , pregunto a la Mesa si la ilustrísima Corte Suprema de Justicia ha ingresado oficialmente la calificación de inconstitucionalidad que formuló sobre el actuar de la Cámara de Diputados, porque me parece un hecho de la mayor gravedad el cuestionamiento de ese Poder del Estado , más allá del mérito que tenga el informe, muchos de cuyos aspectos uno comparte -la UDI se abstuvo en este tema-, y que afecta a toda la Corporación.
Además, quiero saber si la Mesa ha adoptado alguna decisión al respecto.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Diputado Melero, todos los diputados conocimos, a través de una declaración pública, el acuerdo del pleno de la Corte Suprema, que se pronuncia sobre el informe que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, a propósito de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Sename.
En todo caso, informo que a la Corporación no ha ingresado, formal u oficialmente, ningún documento, oficio o declaración en tal sentido.
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , por las dudas y por la posición que compartió la mayoría de los jefes de bancada con la Mesa, en el sentido de que hacer una imputación de responsabilidad política y constitucional no era procedente, se optó por hacer la votación en forma separada. Nadie puede obligar a votar a los parlamentarios en determinado sentido.
Por lo tanto, quiero que se entienda que la decisión de la Mesa y de los Comités de que se votara separadamente no fue arbitraria ni antojadiza, sino que se debió a que compartíamos la posición de que era completamente improcedente y que no correspondía a nuestras atribuciones hacer imputaciones de responsabilidad política a un ministro de la Corte Suprema en un informe de una comisión investigadora.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , solo quiero hacer una precisión, porque creo que hablar del “pleno” es demasiado genérico. Generalmente, esta instancia adopta acuerdos independientemente de sus deliberaciones internas.
En esta oportunidad, la Corte Suprema tuvo una posición dividida. Un tercio del pleno no comparte ninguna de las afirmaciones que se hacen respecto de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Señores diputados, más allá de que no haya sido unánime, cabe tener presente que tampoco lo fue en la Corporación.
Lo concreto es que la Corte Suprema, dentro de su competencia, ha formulado una declaración respecto de un informe que esta Corporación trató y votó la semana pasada, pero formalmente no hemos tomado conocimiento de ella.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , no podemos darnos por enterados de una opinión del pleno de la Corte Suprema a través de los medios de comunicación.
La resolución que tomamos, como consecuencia del trabajo de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Sename, fue formal, votada en la Sala y traducida en un texto oficial. De tal forma que, desde mi punto de vista, no corresponde que estas comunicaciones, estos dimes y diretes -conocidos a través de la prensa-, se aborden en este momento.
He dicho.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor CORNEJO ( Presidente ).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Cornejo y con la asistencia de la diputada señora Claudia Nogueira y de los diputados señores Carmona (Primer Vicepresidente ), Espinosa, don Marcos; González (Segundo Vicepresidente ), Insunza, Jackson, Núñez, don Daniel; Rathgeb, Saldívar, Torres, Urrutia, don Ignacio, y Ward, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.- Tomar conocimiento de las Tablas de las sesiones ordinarias de la semana, documento que se encuentra a disposición en los pupitres electrónicos.
2.- Considerar con preferencia, en la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de resolución N° 34, que solicita a su excelencia la Presidenta de la República que decrete la suspensión del cobro de peajes durante los fines de semana largos y en situaciones de emergencia en las carreteras concesionadas.
3.- Incorporar los siguientes proyectos en la sesión ordinaria de mañana:
a) En el segundo lugar, el proyecto de ley que modifica disposiciones que señala, referidas al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín N° 9244-15), y votarlo en general. En caso de presentarse indicaciones en la Sala, enviarlo para segundo informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En caso contrario, votarlo inmediatamente en particular en dicha sesión.
b) En último lugar, el proyecto de ley que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica (boletín N° 9113-05).
4. Trasladar a la sesión del jueves 24 de abril, en el último lugar de la Tabla, el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín N° 8329-15).
5. Rendir homenaje, en la sesión ordinaria del 7 mayo próximo, al Premio Nobel Gabriel García Márquez, recientemente fallecido, inmediatamente después del Orden del Día, con la intervención de un diputado por cada coalición, uno independiente y un miembro de la Mesa, con un límite de cinco minutos.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LOCUTOR RADIAL Y CONSEJERO REGIONAL DE VALPARAÍSO, SEÑOR CARLOS ALARCÓN VEGA,RECIENTEMENTE FALLECIDO
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Señores diputados, se ha solicitado a la Mesa guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del destacado locutor radial y consejero regional por la provincia de Valparaíso, señor Carlos Alarcón Vega.
Pido a todos ponerse de pie.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor CORNEJO (Presidente).- Muchas gracias.
V. ORDEN DEL DÍA
RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA A CARRERAS DEL ÁREA DE LA SALUD (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 3849-04) [Continuación]
El señor CORNEJO ( Presidente ).- En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en moción, que confiere el carácter de título profesional universitario a las carreras de kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 74ª de la legislatura 357ª, en 2 de septiembre de 2009.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic.
El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente , anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
Si bien me gustaría que hubiera una reforma más general al sistema educacional, entiendo que es necesario comenzar con un primer precedente que avance hacia su regulación, pues en la actualidad la ley de acreditación permite que cualquier universidad, sin muchos requisitos -en comparación con los demás países de la OCDE o del resto del mundo-, pueda prestar servicios educacionales. La desregulación es casi total.
En ningún caso considero que la iniciativa signifique un menoscabo a la educación técnico-profesional, sino todo lo contrario. Un sistema educacional que avance hacia una mayor regulación debe considerar también una valoración importante hacia el mundo técnico-profesional.
Sin embargo, este proyecto puede servir como precedente para el momento en que desarrollemos el gran debate sobre la reforma educacional y la regulación del sistema universitario.
Hoy, muchos institutos profesionales se basan en un modelo de negocio, que no comparto, en el que no prima la educación de calidad, porque no es una preocupación, y en que se está lucrando con la aspiración que tienen muchas familias de que sus hijos puedan obtener un título profesional.
Por lo tanto, esa aspiración -que, por supuesto, es legítima y necesaria que exista en el mundo técnico-profesional- debe atenderse con la debida regulación, pues, de lo contrario, bajo el sistema educacional vigente, no ayudaremos en nada a que ese deseo se cumpla.
En consecuencia, reitero que votaré a favor el proyecto. Espero que en el futuro, cuando tengamos el debate sobre la gran reforma a la educación, podamos considerar esto como un primer paso.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio.
El señor BELLOLIO .- Señor Presidente , por su intermedio, saludo a las personas que nos acompañan en las tribunas, provenientes de distintos establecimientos educacionales: hay estudiantes de enfermería y del IPChile, con quienes me encontré a la entrada del edificio.
(Aplausos)
Hoy discutimos un proyecto de ley específico. Sin embargo, creo que también necesitamos hablar del marco conceptual, en el que se debe incluir a las carreras terciarias, las de nivel superior.
Lo primero se relaciona con el concepto de universidad.
Las semanas pasada y antepasada escuchamos a diversos diputados hablar de la universidad como algo distinto a lo que es hoy.
El concepto inicial de universidad tenía que ver con la lógica de buscar la verdad y de formar ciudadanos libres. De allí, por lo demás, se desprende, al menos para nosotros, la importancia de la libertad de enseñanza, porque es para formar ciudadanos libres.
Originalmente, la universidad era una comunidad de profesores y académicos que tenía solo cuatro ramas, es decir, cuatro “carreras”: Filosofía, Teología, Medicina y Derecho. Y eso era todo. Así nació la universidad.
Sin embargo, hoy vivimos en una sociedad mucho más compleja, en que se pone acento en lo laboral, en las herramientas que uno necesita aprender y comprender durante los estudios superiores, de manera que sean útiles para lo laboral.
Ahora, no puede ser que lo único relevante en la educación superior sea solo el aprender herramientas para desempeñarse en el mundo laboral, como tampoco puede serlo en la escuela. La formación de la persona y la entrega de herramientas para el trabajo deben ser compatibles. Es en el equilibrio de la formación de la persona, junto con la entrega de herramientas para el trabajo, donde los CFT, los IP y las universidades juegan su rol.
Se nos pide que votemos un proyecto que otorga exclusivamente a las universidades la entrega de una serie de títulos profesionales, adicionales a los 18 que ya contempla la ley. La argumentación ha ido en la línea de que así se podría asegurar la calidad y que esto permitiría un mayor desarrollo profesional.
De hecho, recuerdo que un diputado señaló que solo en la universidad se cumple el pensamiento crítico, se estudia la ciencia. Quiero decir a ese diputado que está equivocado; el pensamiento crítico se estimula desde antes, desde la escuela. Otra cosa es que hoy exista menor capacidad para realizar dicho proceso.
¿Qué significa que el pensamiento crítico se efectúe estrictamente en la universidad? ¿Que quienes estudian en los CFT e IP no tienen pensamiento crítico en sus carreras? Esa sería una manera burda de enfocar el tema.
El artículo 54 del DFL N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, establece qué significa cada concepto. Lo recuerdo porque creo que, lamentablemente, hemos caído en una confusión.
La norma dispone, en su letra a): “El título de técnico de nivel superior es el que se otorga a un egresado de un centro de formación técnica o de un instituto profesional que ha aprobado un programa de estudios de una duración mínima de mil seiscientas clases, que le confiere la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel profesional.”.
Ese es un aspecto. Otro es el título profesional, que, obviamente, entregan los institutos profesionales o las universidades que han aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional.
Entonces, a los diputados que piensan que solo en las universidades se elabora el conocimiento científico o se estimula el pensamiento crítico, les pido que lean la ley, que indica qué significa un título de un centro de formación técnica y un título de un instituto profesional.
Y más adelante, en la letra c), la norma establece: “El grado de licenciado es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada.”.
Si tuviéramos que conversar más en serio y con mayor profundidad sobre el particular, debería manifestar que me parece un error que establezcamos en la ley qué es una licenciatura y qué no. Eso es lo anticuado. Mientras el mundo va hacia otras partes del conocimiento, a un conocimiento más complejo, nosotros le ponemos restricciones y pretendemos ir más rápido que el conocimiento. En ese sentido, no corresponde que esta Sala defina qué es licenciatura, porque eso está completamente obsoleto. De hecho, el magíster es un grado que implica la profundización de las disciplinas. ¿Por qué esas disciplinas solo deben ser estudiadas en universidades y no en institutos profesionales? Obviamente, tal criterio es una reducción del saber.
En el artículo 63 de la misma norma se establece la diferencia entre título y licenciatura, en circunstancias de que se debe hacer exactamente lo contrario.
El Proceso de Bolonia , consenso al que se llegó en Europa, permitió, entre otras cosas, acortar las carreras, homologar los títulos y reconocer la movilidad. Lo señalo porque, cuando cursaba la carrera de ingeniería comercial en la Universidad Católica, quise asistir a clases en otras universidades, pero no pude hacerlo, debido a que se consideraba que existía incompatibilidad. ¿Por qué no puede ser compatible? ¿Por qué se necesitan seis años para estudiar ingeniería y se obliga a los estudiantes a cruzar por una especie de desierto de tres o cuatros años para recién comenzar la especialización? ¿Por qué no miramos la educación superior como algo distinto, como una educación de carácter general, en la cual se prueben las distintas competencias de los estudiantes y se permita el aprendizaje permanente? ¿Por qué algunos piensan que solo en las universidades puede haber pensamiento crítico? Considero que esa idea es un error. ¿Por qué se supone que hay más calidad en las universidades que en los institutos profesionales?
El Consejo Nacional de Educación elaboró un diagnóstico que señala, en forma clara, que el actual sistema de acreditación tiene algún grado de sesgo anti-CFT y anti-IP; está hecho para las universidades. Sin embargo, aun así, hay dos institutos profesionales que también tienen CFT: DUOC e Inacap, los cuales tienen siete y seis años de acreditación, respectivamente. ¡Más años de acreditación que treinta y tres universidades! Por su parte, IPChile, AIEP y otros siete institutos tienen cuatro años de acreditación, cantidad que supera los períodos de acreditación de más de diez universidades y que es igual a los de doce universidades.
Por lo tanto, ¿es garantía de calidad que un establecimiento de educación superior se llame universidad? La respuesta es no. Asimismo, ¿es garantía de un mejor desempeño profesional o para la obtención de mejores salarios el que una carrera se imparta en una universidad? La respuesta también es negativa.
Permítanme detenerme en un punto. Las plantas de los servicios públicos discriminan a los profesionales de institutos profesionales, práctica que es inaceptable. La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado permite ocupar cargos directivos a los licenciados o profesionales con diez semestres. Sin embargo, en los concursos respectivos se restringe la participación a los profesionales universitarios, lo que constituye una forma de discriminación inaceptable de parte del Estado hacia quienes estudiaron en institutos profesionales. No se puede permitir que se siga discriminando a quienes estudian en tales establecimientos de educación superior.
El Estatuto Administrativo tampoco hace esa forma de discriminación en el ámbito de los requisitos que se exigen para los cargos municipales, pero en la práctica igual se produce, de manera que es el momento de hacer la diferencia.
En el proyecto en discusión se propone establecer que las carreras de tecnología médica, enfermería y obstetricia y puericultura, entre otras, sean impartidas solo en universidades; pero, en la práctica, ninguna se enseña en institutos profesionales, porque es obvio que requieren de un campo distinto y de una complejidad educacional diferente, y eso lo saben los institutos profesionales.
Sin embargo, ¿qué les diremos a los jóvenes que estudian fonoaudiología, kinesiología, nutrición y dietética y terapia ocupacional? ¿Qué valen menos que los que estudian en universidades? Por supuesto que no; quien habla está en contra de ello. ¿Qué les diremos a los 1.500 alumnos que entraron a primer año en institutos profesionales, los que al momento de egresar, en cuatro o cinco años más, no serán reconocidos como profesionales? ¿Les diremos que deberían haber entrado a estudiar a otro establecimiento? Lo que se propone hacer en el proyecto de ley en debate es un error. Chile necesita más, no menos, profesionales de calidad.
Actualmente, hay varios institutos profesionales a los que, de aprobarse la iniciativa, se les quitará la posibilidad de impartir las carreras señaladas en su articulado, lo que considero completamente equivocado. Si las carreras de tecnología médica, enfermería y obstetricia y puericultura solo se imparten en universidades, ¿cuál es el miedo? Es un error que continuemos una discusión en ese sentido.
Se debe analizar esa materia desde otro punto de vista. Si se exige haber cursado 1.600 clases para la obtención de un título en un CFT, ¿por qué insistimos en dejar de lado a los
liceos técnico-profesionales, que tienen cerca de mil? ¿No sería razonable que ese tiempo cursado por un alumno en ese tipo de establecimientos se le reconozca después en un CFT, para que pueda obtener su título o, si quiere profundizar su conocimiento, se le permita ingresar a un instituto profesional y luego, si quisiera cursar un magíster, pudiera ingresar a una universidad? Esa transición hoy no se da; es como si estuvieran en compartimentos estancos o en islas completamente separadas.
La entrada a la universidad debe ser con conocimientos generales y después viene la especialización. Soy partidario de que todos entremos a una especie de bachillerato, puesto que, probablemente, a los dieciocho años de edad ninguno de nosotros tenía claro qué quería estudiar en la universidad. El título profesional no debería estar ligado a la obtención de una licenciatura, puesto que el conocimiento avanza mucho más rápido.
No debemos discriminar ni mirar en menos a los miles de jóvenes de clase media que con gran esfuerzo trabajan y estudian. No profundicemos el error que se comete en la actualidad, no nos opongamos a la velocidad del conocimiento ni creamos que lo único que importa es un cartón pegado en la pared. Lo valioso es el esfuerzo, el mérito, el trabajo y el valor.
Tengo un profundo respeto hacia quienes han estudiado las carreras mencionadas en este proyecto de ley, razón por la cual lo votaré en contra.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente , diputados han planteado algunos argumentos en contra de limitar la dictación de esas carreras en los centros de formación técnica. Sin perjuicio de ello, el aumento de la complejidad en las atenciones de salud requiere de profesionales altamente capacitados, con un buen manejo de contenidos y con grandes habilidades y destrezas en la atención de pacientes, que solo las universidades pueden entregar.
Los profesionales de la salud deben saber captar los problemas como un escenario clínico, manejar el marco teórico en relación con esa situación, tener la capacidad de hacer una apreciación crítica de la literatura; hacerse preguntas, investigar y buscar el diseño para resolver el problema concreto de salud que afecta a la población, competencias que solo son adquiridas en el quehacer universitario.
En materia de equidad y estatus, el país no puede tener profesionales de primera y segunda categoría; en ese sentido, se debe nivelar hacia arriba. Si, a diferencia de otras naciones, hemos optado por tener profesionales de la salud de rango exclusivamente universitario, debe exigirse la licenciatura para todas las carreras de esa área. Pero hay argumentos fuertes para rechazar esa medida.
La circunstancia de que dichas carreras sean dictadas en forma exclusiva por una universidad no es sinónimo de calidad y no asegura idoneidad. Tal como lo señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, es necesario que las universidades y los centros de formación técnica cuenten con la idoneidad y las competencias suficientes para enfrentar cualquier escenario clínico, aspecto que espero esté considerado en la reforma educacional que será ingresada a tramitación legislativa, puesto que esas competencias no tienen por qué ser exclusivas de las universidades.
Las carreras del área de la salud, por su importancia y complejidad, requieren que se lleve a cabo una reforma en la salud que nos permita contar con más profesionales, no solo en las clínicas, sino también en los consultorios, para lo cual se debe reducir el número de años de estudio.
Por las razones señaladas, votaré en contra el proyecto en debate.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , se está llevando a cabo un debate muy amplio en materia educacional respecto de cómo avanzar en el establecimiento de medidas que permitan regular la proliferación de carreras sobre la base de lo que establece el mercado.
Sabemos que las familias cifran una cuota muy grande de esperanza cuando alguno de sus integrantes ingresa a un centro de formación técnica, a un instituto profesional o a una universidad. Sin embargo, se deben hacer enormes esfuerzos por validar y mejorar las condiciones y el estatus que se otorga a los estudiantes de centros de formación técnica e institutos de educación superior.
Las modificaciones propuestas por la Comisión de Educación al proyecto de ley en debate revitalizan el carácter de los centros de formación técnica y los institutos de educación superior, porque proponen impedir la dictación de carreras con una malla educacional desregulada y sin el foco centrado en el objetivo por el cual ingresan a ellas los estudiantes.
La iniciativa también pone de manifiesto la condición estratégica que el país otorga a la carreras vinculadas al sector de la salud, de modo que es necesario elevar el estatus de aquellas contenidas en el proyecto: kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional.
El proyecto también pone de manifiesto la importancia de esos profesionales en el desarrollo científico del país. Se trata de profesionales, hombres y mujeres, que hacen un enorme esfuerzo para, una vez terminadas sus carreras, continuar en el campo de la investigación por la vía de cursar programas de magíster y de doctorado. Por ello, es necesario que la ley les entregue un estatus distinto al que tenían.
Por otro lado, la iniciativa me parece importante porque va en la línea de poner en el curso de la educación superior algo que nunca debió haberse perdido, cual es establecer que los institutos profesionales no podrán, a contar de un año de la publicación de esta ley, incorporar nuevas promociones en las carreras que se indican. Sin perjuicio de ello, la normativa permite igualar a los estudiantes que, desconociendo esta medida, obtuvieron su título profesional en un instituto profesional, en las carreras mencionadas. La idea es que tengan el mismo estatus que quienes cursaron sus estudios en universidades.
Por lo expuesto, sobre la base de lo que hemos conversado con parlamentarios de las comisiones de Salud y de Educación, anuncio que vamos a apoyar esta iniciativa.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , la bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista va a votar a favor el proyecto de ley, que ha sido el resultado de un largo trabajo de los colegios profesionales y de las asociaciones gremiales de las distintas carreras del área de la salud contenidas en la iniciativa. La idea matriz de la misma es dar el carácter de título profesional universitario a las carreras de kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional.
En el debate se ha querido establecer un hecho que, de evidente, resulta incorrecto, cual es suponer que se da un estatus diferente a las carreras universitarias, a las de institutos profesionales y a las de centros de formación técnica. En el país se forman profesionales y técnicos para roles distintos dentro de la sociedad. No se trata de que unos sean de primera categoría y otros de segunda, sino que su formación está orientada a distintas áreas.
Parece que la sociedad ha sido bastante más sabia que lo que ha querido imponer la ley. Durante más de un siglo, carreras como enfermería eran exclusivamente universitarias. Sin embargo, en algún momento de la historia del país, se quiso entregar las carreras del área de la salud a la lógica del mercado, lo que permitió que pudieran ser impartidas por institutos profesionales y centros de formación técnica. Digo que la sociedad terminó siendo más sabia, porque entendió que la salud es un derecho que hay que proteger, y que la calidad de la formación de los profesionales que la entregan es tan relevante que, a pesar de ser posible que esas carreras se abrieran al mercado de la educación superior, hoy más del 90 por ciento de las matrículas de las mismas se mantiene en el ámbito universitario.
La sociedad chilena también avanzó en establecer un régimen de garantías explícitas en salud, conocido como AUGE. Cabe señalar que, desde el 1 de julio de este año, las prestaciones de salud vinculadas a las patologías AUGE podrán ser entregadas única y exclusivamente en establecimientos de salud que tengan acreditados su infraestructura, su equipamiento, los procesos de atención a los pacientes y sus recursos humanos, es decir, los equipos profesionales que trabajan en ellos. Esto no es casual. La sociedad chilena -reitero- avanzó en dar un estándar distinto a la atención de salud por la vía de garantizar derechos a los ciudadanos dentro de un régimen de garantías explícitas, en términos de oportunidad y calidad. No lo ha hecho con otras prestaciones ni en otras áreas. Lo hizo en un ámbito que constituye un elemento central para la sociedad chilena: el derecho a la salud. Y para proteger ese derecho, el Congreso Nacional, la sociedad y el país crearon un régimen de garantías explícitas que, entre otras cosas, acreditará al recurso humano que entrega esas prestaciones de salud. Reitero que la sociedad ha sido bastante sabia al respecto.
Por lo tanto, no corresponde que en una materia que corre en forma paralela -o al menos lo parece-, que se relaciona con la formación del capital humano y del equipo profesional de salud, tratemos de vulnerar un derecho al entregar dicha formación a la lógica del mercado y no a la lógica que la sociedad chilena ha querido establecer: que la salud es un derecho que debemos proteger.
Las carreras mencionadas en el proyecto requieren formación disciplinar. El tratamiento de un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, afectado, por ejemplo, por un infarto al miocardio o por un edema pulmonar, depende no solo de un profesional, sino también de la capacidad del equipo de salud que lo atiende. Por lo tanto, se precisa que ese equipo, compuesto por kinesiólogos, por terapeutas ocupacionales, por enfermeras y por médicos, sepa comprender no solo el lenguaje propio de esas disciplinas, sino también los procesos que se llevan a cabo en dicho tratamiento. Se trata de carreras que requieren una profunda raíz teórica y científica. Sus profesionales no solo deben hacer procedimientos, sino además estar capacitados para tomar decisiones fundadas, innovar, desarrollar pensamiento crítico, evaluar las alternativas terapéuticas y tomar resoluciones. Las anteriores son competencias propias de la formación universitaria.
El tratamiento y el pronóstico de un paciente dependen de la capacidad interdisciplinar del equipo de salud. Por ello, el bien que queremos cautelar, que se vincula con el bien común de la sociedad y con resguardar la salud y la vida de los chilenos, también debe ser protegido en el ámbito de la educación.
Estoy convencido de que quienes forman parte del equipo de salud requieren formación en ciencias básicas, formación disciplinar y pensamiento crítico, lo que está directamente vinculado a los logros en salud pública que la sociedad necesita y a la protección de un derecho tan importante como la vida y la salud.
Por lo expuesto, anuncio que nuestra bancada votará a favor el proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann.
La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente , reconozco la persistencia del diputado Sergio Aguiló en que este proyecto fuera tratado en la Comisión de Educación. Independientemente de que tengamos posiciones distintas, es necesario reconocer su esfuerzo y su perseverancia en que se volviera a debatir esta iniciativa, que, como sabemos, se originó en el Senado.
Quiero manifestar mi preocupación por el proyecto, toda vez que no se hace cargo del tema de fondo, que es la educación de calidad. Todos sabemos que un sector importante de la ciudadanía no logra acceder a la educación superior universitaria por distintas razones: no haber recibido una buena enseñanza básica y media, o tener problemas económicos. En consecuencia, muchos jóvenes deben estudiar carreras más cortas o simplemente se dedican al ejercicio de lo que estiman su vocación.
Otro dato relevante es que los estudiantes de carreras técnicas han estado muy postergados. En efecto, son los que reciben menos ayuda del Estado; la Beca Nuevo Milenio es la más baja. Dichas carreras, en las que se concentra la población más vulnerable, concentran al menos el 60 por ciento de la matrícula de educación superior.
Otro aspecto importante de analizar es que todos los países desarrollados de la OCDE reconocen la importancia de contar con especialistas y técnicos fortalecidos. Al respecto, desde hace varios años, la Sofofa ha manifestado que existe un déficit de alrededor de 600.000 técnicos en nuestro país.
Dicho lo anterior, quiero manifestar tres preocupaciones que tengo en relación con el proyecto. La primera es la distorsión y la estigmatización odiosa que se está generando.
Primero, hay una discriminación arbitraria que perjudica directamente a quienes desarrollan su vocación a través de carreras técnicas. Segundo, existe una estigmatización que revela un desprecio que en esta Sala no podemos validar. Tercero -el tema más de fondo-, no estamos regulando la calidad, porque el hecho de que una carrera sea impartida por una universidad no es garantía de calidad.
(Aplausos en las tribunas)
La calidad no es exclusiva de las universidades. En el fondo, estamos diciendo que, aunque otras instituciones de educación superior lo hagan bien, no tienen derecho a impartir estas carreras. Reitero: la calidad no es privativa de las universidades; basta con recordar el caso de la Universidad del Mar, al cual no me voy a referir porque ya lo discutimos en la Cámara en su momento.
De manera que si la preocupación de todos es la calidad, elevemos los estándares, pero no corresponde que tengamos una visión despectiva de la educación técnica. El prestigio de una carrera no está dado por la naturaleza de la institución que la imparte.
Hay un cuarto elemento que me genera muchas dudas. Si en la década de los 80 partimos con doce carreras, que con posterioridad se aumentaron a dieciocho, con este proyecto de ley vamos a llegar a veinticinco carreras impartidas exclusivamente por las universidades. ¿Qué impedimento existiría -les pido que me lo digan quienes están a favor del proyecto- para que no se sumen todas las carreras? Se supone que sobran argumentos. ¿Cuál es la lógica para prohibir a las instituciones de educación técnica que impartan estas carreras? Entiendo que en el Congreso Nacional hay otros proyectos que van en la misma línea de establecer que las carreras de construcción, sociología y otras que ejercen presión mediante sus gremios, sean ser impartidas exclusivamente por las universidades. Además, con este proyecto se sigue aplicando la lógica de agregar carreras que puedan ser impartidas exclusivamente por las universidades.
Considero muy legítima la preocupación -debemos hacernos cargo de ella- que manifestaron en la Comisión de Educación los representantes de los gremios durante el largo debate que se produjo allí. Me refiero a los gremios de kinesiólogos, de enfermeras y de todos los que nos visitaron.
En primer lugar, es necesario mejorar el sistema de acreditación, de modo que cuando una institución informe que está acreditada por equis años, las familias tengan la seguridad de que estarán acreditadas por esos años y que sus hijos estarán en manos de instituciones de calidad.
En segundo término, hay que romper con las estigmatizaciones y debemos atrevernos a dar saltos positivos. Por ejemplo, actualmente, un joven que estudie una carrera en un CFT o en un IP, con una duración de dos y cuatro años, respectivamente, no puede acceder a un grado académico; por lo tanto, tiene un techo. ¿Por qué la Cámara no trata de superar ese techo, de manera que ese joven que está siguiendo una carrera en un IP pueda acceder a un grado académico, como, por ejemplo, un magíster o un doctorado? ¿Por qué limitamos los sueños de los estudiantes de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales? Eso es lo que debemos hacer y lo que han hecho los países que han logrado avances importantes en esta materia.
En tercer lugar -es el tema de fondo-, si la legítima preocupación de los colegas presentes en la Sala y de los que estuvieron en la Comisión de Educación se relaciona con la calidad, ¿por qué no tenemos un debate serio e implementamos un sistema de habilitación profesional? Ninguna institución, ni técnica ni universitaria, habilita de por vida. Hoy se egresa para ejercer y nunca más se evalúa.
Entiendo que esto estaba incluido en un artículo transitorio de un proyecto de ley que discutimos en 2006. Tal vez es hora de retomarlo y de hacernos cargo del tema de fondo, cual es generar incentivos y reglas del juego que permitan garantizar habilitaciones permanentes durante toda la vida de ejercicio de carrera. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la licencia de conducir, que se debe renovar cada seis años; lo mismo ocurre con un instalador sanitario, que necesita un certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para poder ejercer. Por su parte, el Ministerio de Salud ya está haciendo un registro de especialidades.
De modo que debemos tomar en serio este dato porque este proyecto tiene una mirada muy discriminatoria hacia la educación técnica, toda vez que no pone límite alguno a la posibilidad de que todas las carreras aspiren a la exclusividad universitaria, aspiración legítima pero que, a veces, no va más allá de dar mayor estatus. Reitero que la naturaleza de la institución que imparte una carrera no garantiza calidad de la misma.
Por lo tanto, la mayoría de los diputados de la UDI vamos a votar a favor de la educación técnica, porque excluir a los institutos profesionales no es la solución para mejorar la calidad de las carreras que imparten.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Iván Flores.
El señor FLORES.- Señor Presidente , algunos de los tantos problemas que hoy acusa la educación superior chilena es la falta de control, la proliferación de carreras, la deficiente fiscalización y la dudosa acreditación de universidades y de la calidad de carreras que tienen un alto impacto en la comunidad nacional, independientemente de los justos sueños que han tendido miles de estudiantes cuando ingresaron a los institutos profesionales, en la búsqueda de aportar a Chile y también de tener la posibilidad de un mejor futuro.
Este proyecto se orienta a reconocer la relevancia científica y la calidad esencial y exclusivamente universitaria de las carreras que han sido mencionadas en forma reiterada. Asimismo, originalmente apuntaba a modificar el artículo 52 de la LOCE, que terminó con la exclusividad universitaria de las carreras de kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional, lo que permitió a los institutos profesionales abrir y dictar las carreras mencionadas, que, en su origen y fundamento, siempre fueron esencialmente universitarias y profesionales.
Las evidentes diferencias que existen entre las instituciones universitarias y las técnicas llevan a concluir que las referidas carreras, que tienen una profunda raíz profesional, no deberían ser impartidas por instituciones educacionales que no entreguen dicho título universitario.
Queda en completo entredicho la fe pública de estas profesiones, ya que, por una parte, la mayoría de los profesionales tendría una carrera universitaria de cinco años, en tanto que, a los que egresen de los institutos profesionales, la misma carrera les será impartida mediante un proceso notoriamente distinto y, en algunos casos, con una calidad y profundidad muy diferente a la que ofrecen las universidades tradicionales: complejas y completas.
Por otra parte, se observa que el artículo 112 del Código Sanitario exige título otorgado por alguna universidad reconocida por el Estado a las personas que deseen desempeñar cualquier actividad relacionada con la conservación y restablecimiento de la salud, de lo cual se colige que el espíritu de nuestra legislación ha sido siempre reconocer la importancia del carácter eminentemente universitario de estas profesiones. Por eso, permitir a los institutos profesionales que dicten carreras técnicas con el mismo nombre, aunque la malla curricular sea distinta, es un error más profundo de lo que pudiera parecer, lo que mediante este proyecto de modificación legal se propone enmendar.
Sin desmerecer en absoluto la tarea que deben enfrentar los titulados de las diferentes carreras técnicas impartidas por institutos profesionales, en el nivel y rol que les debe corresponder, en este caso resulta imperioso ser meridianamente claro. En mi opinión, las carreras en cuestión solo deben ser impartidas por universidades reconocidas por el Estado, de calidad y efectivamente acreditadas para entregar título profesional.
Por lo anterior, propongo a la Sala aprobar el proyecto de ley en discusión.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , este proyecto de ley, que ya hemos discutido en ocasiones anteriores, se refiere a la necesidad que tienen los egresados de algunas carreras relacionadas con el área de la salud de obtener el grado de licenciado y, por cierto, el título profesional.
A mi juicio, hay dos áreas en las cuales el Estado debe hacerse responsable de la formación que ofrece, porque son relevantes desde el punto de vista social: la de la salud y la de la educación. Al respecto, los ciudadanos no saben -no tienen por qué saberlo- si las personas que prestan servicios en estas áreas tienen las competencias necesarias para brindar una atención de calidad.
Por lo tanto, el rol del Estado es velar por que los profesionales que se formen y que presten servicios en nuestro país tengan las condiciones, las capacidades y la formación, desde los puntos de vista técnico o profesional, para resolver los problemas de salud de las personas.
Las personas que se dedican a la kinesiología, a la fonoaudiología, a la enfermería, a la obstetricia y puericultura, a la nutrición, a la tecnología médica y a la terapia ocupacional son profesionales de la salud que requieren una formación especial. La tecnificación y la especialización de la medicina y de toda el área de la salud requiere que con el tiempo los profesionales tengan no solo una formación de apoyo, desde el punto de vista del equipo de salud, sino que cada vez se hace imperativo que se conviertan en especialistas de sus propias disciplinas, para desarrollarlas en beneficio de la salud de las personas.
Este proyecto, de una forma bastante razonable, distingue dos tipos de formación: la técnica y la profesional. Eso no quiere decir que se denigre a una en beneficio de la otra, porque son distintas. Chile necesita tanto a los técnicos como a los profesionales, y con mayor razón en el área de la salud.
Los funcionarios de los distintos establecimientos de salud son de una extraordinaria calidad. Nuestros técnicos paramédicos reciben una formación cada vez de mayor calidad, y cualquier país quisiera contar con ellos. De hecho, la intención de los técnicos en enfermería es que se les reconozca, incluso desde el punto de vista remunerativo, su condición de técnico de nivel superior, que se imparte en algunas universidades para dar mayor formación a estos profesionales.
Me parece absurda la discusión que se ha desarrollado en la Sala, en el sentido de que se denigraría el nivel técnico o profesional por el hecho de que este proyecto diferencie el origen de la formación técnica y de la profesional. En Chile, necesitamos profesionales de la salud formados en las universidades y también técnicos formados en los institutos profesionales. Se trata de requerimientos distintos de los equipos de salud, sobre todo del sector público.
Este proyecto se hace cargo de un antiguo y anhelado requerimiento de los gremios de la salud, especialmente de las carreras de kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional. Ellos nos han planteado la necesidad de que se reconozca a esos profesionales como licenciados en esas disciplinas, pero que el título profesional sea otorgado solo por universidades, con el objeto de que sean reconocidos, desde el punto de vista profesional, en los distintos concursos públicos en que puedan participar. Es un proyecto razonable, porque viene a clarificar un tema que el mercado trató de desvirtuar.
Si el Estado no se pronuncia respecto de las necesarias competencias que deben tener estos profesionales, puede suceder lo que hemos apreciado en otras situaciones, donde personas sin los conocimientos ni la acreditación necesarios realizan actividades en sus respectivos ámbitos de trabajo, generando graves problemas de salud en sus pacientes.
A través de esta iniciativa, se busca incorporar las disciplinas mencionadas anteriormente en la nómina de aquellas cuyos estudiantes pueden optar a títulos profesionales, tras haber obtenido previamente el grado de licenciado. La formación profesional de estas disciplinas solo debe ser impartida por universidades, dejando a los institutos profesionales la administración de los grados de técnicos que correspondan a su formación.
En este proyecto de ley se han unido una serie de visiones que han estado en el tapete durante muchos años. En el pasado buscamos fórmulas para dar mayor competencia a estos profesionales. Al respecto, debo recordar que se pretendió que los tecnólogos médicos especialistas en oftalmología pudieran recetar lentes ópticos, a fin de disminuir la presión que en esta materia existe sobre los oftalmólogos.
Esa iniciativa se discutió en la Cámara de Diputados porque se entendió que los tecnólogos médicos son profesionales formados especialmente en estas materias y que por eso tienen capacidad para prestar este servicio. Hicimos lo propio con las matronas, quienes ahora tienen la posibilidad de extender recetas en condiciones especiales, por ejemplo, durante el embarazo.
Al precisar cómo debiera ser la formación de estos profesionales en el futuro, es necesario aclarar que ello debe hacerse sin afectar a aquellos que hoy ostentan estos títulos y que han sido formados en institutos profesionales. Me parece que es una forma de mirar el futuro de estos profesionales de forma razonable.
Por lo tanto, anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete.
El señor POBLETE.- Señor Presidente , estamos en los tramos finales de un proyecto que, a todas luces, aparece como necesario para la educación superior chilena, no solo por la importancia que reviste el perfeccionamiento de un vapuleado sistema universitario, sino, además, por la exclusividad universitaria que suponen disciplinas auxiliares y complementarias de la medicina.
La formación de profesionales en Chile está entregada a un mercado prácticamente desregulado y que no discrimina, y si lo hace, toma en consideración solo los precios de los servicios que finalmente ofrece.
Hay aquí un incentivo perverso para quienes han profitado del sistema, para quienes han formado universidades de mala calidad, de baja selectividad y con muy pocos medios. Se trata de universidades con altas tasas de retorno financiero -más encima, subsidiadas por el Estado- y que escapan a todo intento de fiscalización. El caso emblemático es la Universidad del Mar.
Hoy más que nunca la reforma educacional se hace pertinente y urgente. Debemos refundar la educación chilena, lo que debe llevarse adelante sobre nuevas bases, donde el mérito, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y el acceso democrático a los planteles se ponderen de acuerdo a nuevas normas que transformen nuestra educación superior en un entorno de oportunidades reales, de promoción social y de participación.
A estas alturas, me parece absolutamente innecesaria la discusión entre qué es más necesario o qué es mejor: si la formación técnica o la formación profesional. Este país no se puede permitir el lujo de prescindir de ninguna de las dos.
En el caso particular que nos convoca, quiero citar al diputado Monsalve -de profesión médico-, quien señaló que en el caso de la salud los equipos multidisciplinarios son los que en ocasiones salvan vidas.
Por eso, por la importancia que reviste para la salud de la población y por lo complejo de su disciplina, las carreras de kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional deben ser únicamente impartidas por universidades, ojalá de la mejor calidad posible a las que podamos aspirar como ciudadanos. Todas ellas deben ser libres, gratuitas y de calidad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast.
El señor KAST (don José Antonio).- Señor Presidente , en el último tiempo la educación superior ha sido objeto de muchas críticas y objeciones; pero hay que reconocer que esa educación superior tan vilipendiada permite que estudien más de 1 millón 200.000 alumnos y que tengan un futuro mucho mejor que el de muchos que están hoy en la Sala, o de sus familiares.
Aquí la discusión se ha centrado siempre en el lucro o no lucro, pero se ha dejado a un lado quizá lo más importante: la calidad. Aquí, una vez más, habría que preguntar a algunos parlamentarios que han hablado a favor del proyecto si el solo hecho de ser universitario garantiza la calidad de la educación. A mi juicio, el hecho de tener un título universitario no necesariamente lo hace. Al respecto, no solo hay que mencionar el conocido caso de la Universidad del Mar, sino también a universidades del Consejo de Rectores que imparten carreras del área de salud. Algunas han sido acreditadas por uno o dos años; a otras, incluso, se les ha rechazado la acreditación. Asimismo, hay profesionales de universidades del Consejo de Rectores que ejercieron por mucho tiempo sin estar acreditados. Por lo tanto, nadie puede decir que solo basta el título universitario para que las cosas se hagan bien.
En el área que nos ocupa, ¿solo un título universitario protege la salud? La respuesta es no, pues lo que realmente protegerá la salud de los chilenos es que cualquier carrera, sea universitaria o impartida por un instituto profesional, esté acreditada. Como expresó la diputada María José Hoffmann , solo una acreditación periódica de los planteles garantizará la calidad de la educación.
Tomemos el caso de un ingeniero que estudia siete años para obtener su título. ¿Podrá ese profesional construir puentes toda la vida? La respuesta también es negativa, porque deberá perfeccionarse y actualizar sus conocimientos. La educación, hace tiempo, y en todo el mundo, obedece a un proceso de perfeccionamiento continuo.
El proyecto busca restringir el acceso a la educación superior respecto de carreras tales como nutrición y dietética, tecnología médica, terapia ocupacional, kinesiología y obstetricia, entre otras. Nuestra bancada dejó a un lado la carrera de enfermería y la de obstetricia y puericultura. Escuchadas las presentaciones del Colegio de Enfermeras y de representantes de distintas instituciones que imparten esa carrera, pensamos que en el área de la enfermería hay una diferencia, cual es que dichas profesionales sí pueden dictar procedimientos y no se rigen por órdenes o instrucciones de médicos para hacerlo. Ello no ocurre con el resto de los profesionales a que alude el proyecto. Por ejemplo, un kinesiólogo no puede trabajar con un paciente si no tiene una prescripción médica que lo precise.
Tal como viene la propuesta, limita a miles de chilenos el acceso a la educación superior. Aquí se produce una contradicción, pues muchos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra dicen defender a los jóvenes.
Me gustaría que los colegas, sobre todo quienes representan a regiones, se acercaran a institutos profesionales como DUOC, Inacap, AIEP, Santo Tomás , IPChile, y les dijeran a los alumnos que a partir de ahora no podrán estudiar en esas instituciones las carreras de kinesiología, terapia ocupacional o fonoaudiología. En tal sentido, el proyecto restringe las posibilidades de los jóvenes que se sienten llamados a cursar esas carreras, más aún cuando la tendencia mundial es a acortar las carreras, todo lo contrario de lo que procura el proyecto en debate, que prolonga el tiempo de estudio y su costo.
Es necesario acortar el tiempo de duración de las carreras y procurar que el proceso de educación sea continuo. No tiene nada de malo que un alumno estudie en un instituto profesional y después siga perfeccionándose.
Existen muchos profesionales egresados de institutos profesionales que ejercen en estas áreas. El paciente no pide que este acredite si egresó de una universidad o de un instituto, pues los dos prestan una muy buena calidad de atención. Eso está acreditado a nivel mundial.
(Aplausos en las tribunas)
Con esta iniciativa se les está diciendo a los jóvenes de los institutos profesionales que son de segunda categoría. Muchos parlamentarios de regiones que han intervenido deberían ir a los institutos profesionales a decirles lo mismo a los jóvenes que allí estudian, pero en su cara. Por ejemplo, los representantes de los distritos de Los Ángeles o de Puerto Montt deberían decirles a los jóvenes de esas regiones que son de segunda categoría. En verdad, solo se atreven a afirmarlo en la Sala, no en terreno. De hecho, no los he visto nunca en institutos profesionales participando en foros o en debates para abordar estas materias. Al pan, pan, y al vino, vino. No dicen en esos lugares lo que sí se atreven a señalar aquí. Ello me parece muy mal.
Reitero, más allá de donde se impartan las carreras que menciona el proyecto, lo importante es la calidad educacional. Tenemos mucho que avanzar. También es relevante la acreditación continua y permanente en el tiempo, más que quien otorga el título en lo referido a carreras del área de la salud.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , el debate es estimulante para quienes no somos profesionales de la salud ni de la educación. Las dos comisiones técnicas que trataron el proyecto efectuaron aportes bastante interesantes.
Todos entendemos que Chile requiere una mejor salud. Los autores de la moción actuaron bien inspirados al momento de presentarla, ya que de su espíritu se desprende que pretende dar mayor importancia a las carreras ligadas al área de la salud, que por definición se relacionan con el cuidado de la vida y la integridad de las personas, los bienes jurídicos más importantes y superiores amparados por nuestra Constitución.
La base del proyecto es el estudio que hemos tenido a la vista. Sin embargo, al momento de analizarlo sobre la base de las intervenciones que he escuchado -se han dado verdaderas lecciones por parte de los diputados integrantes de las comisiones de Salud y de Educación-, constatamos algo que analizamos hace pocos días, con ocasión del debate del Informe de la Comisión Investigadora encargada de estudiar a fondo el sistema de educación superior chilena. ¿A qué me refiero? A que no por el hecho de que una determinada institución tenga el carácter de universidad asegura calidad en sus contenidos y programas. Así, por ejemplo, hay universidades con carreras acreditadas por muchos años, especialmente las del Consejo de Rectores. Hay otras que no tienen la correspondiente acreditación, pero siguen impartiendo carreras. A su vez, hay institutos profesionales que también tienen acreditadas sus carreras, lo cual podría ser una muy buena señal de calidad de las mismas. Sin embargo, en virtud del proyecto de ley, esos institutos podrían quedar impedidos de seguir dictándolas, medida que -¡oh paradoja!- no afectaría a universidades que no cuenten con acreditación suficiente.
(Aplausos)
Entonces, el problema no radica en si la carrera es impartida por una universidad o un instituto -no sé si está presente el diputado Robles, quien en su minuto nos dio una definición diferente-, sino en si el establecimiento educacional correspondiente cuenta con las competencias necesarias para impartirla y asegurar la adecuada calidad de sus profesionales.
En un principio me negaba a aprobar el proyecto, pero ahora no me niego a esta reforma. Con todo, solo se debe permitir que impartan las carreras señaladas en el proyecto los planteles acreditados. No basta tener un logo de universidad para preparar a profesionales que van a estar íntimamente ligados a la salud y al bienestar de las personas.
Por lo tanto, votaré favorablemente el proyecto, porque, entre otras materias, permitirá que los titulados de estas carreras puedan seguir estudiando licenciaturas y magísteres en sus respectivas especialidades, lo cual no constituye otra cosa que generar mayor conocimiento para el bien de la salud de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los profesionales de la salud que se encuentran en las tribunas.
Para Amplitud este proyecto es muy importante. Hoy, los médicos obtienen sus títulos en universidades, y otras profesiones de la salud tienen la posibilidad de ser impartidas por institutos profesionales. Pero la universidad no garantiza calidad. Estamos trabajando para mejorar eso.
Existen profesionales de la salud que se forman con menos estándares de calidad que otros. Lamentablemente, a muchos profesionales de la salud les toca ver cómo otros egresan de institutos profesionales para ejercer su profesión; pero luego estos deben nivelar sus estudios para obtener el grado de licenciado, requisito para acceder a campos de investigación u obtener posgrados.
Desde Amplitud estamos convencidos de que la salud pública no está formada solamente por médicos. Así, los estándares que se exigen a los médicos deben ser similares a los que se exijan a matronas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeras, etcétera. No puede haber ninguna diferencia, porque aquí no hay ningún profesional de la salud que sea mejor o más capaz que otro. Son diferentes, pero complementarios. Necesitamos que todos y cada uno de ellos tengan el estándar de licenciados en carreras universitarias para asegurar calidad mínima a la hora de atender a la población.
Entendemos que por otra vía se asegurarán los estándares mínimos para que una universidad funcione como tal y pueda ser acreditada. La universidad es el lugar donde se privilegia el conocimiento, la interacción y la investigación. Una cosa distinta es que existan diferencias entre los profesionales de la salud que se forman en institutos técnicos y los que estudian en universidades.
A mi juicio, tenemos que avanzar en el examen de las competencias de cada uno de los profesionales de la salud, no solo en aquellos diseñados para los médicos.
En Amplitud estamos convencidos de que el equipo médico se hace con todos los profesionales de la salud. Quienes lo integran -no solo el médico- son los que salvan vidas.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto.
El señor SOTO .- Señor Presidente , hago uso de la palabra en relación con este proyecto, que confiere el carácter de título profesional universitario a las carreras de kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional, para manifestar mi total apoyo a la iniciativa, pues a mi juicio avanza por el camino correcto.
El proyecto constituye un acto reparatorio de entera justicia, sin perjuicio de algunos ajustes o precisiones que puede necesitar.
Señor Presidente , en las áreas de la educación y de la salud se ha aplicado una visión neoliberal, lo cual ha descompuesto las estructuras formativas esenciales para obtener el anhelado desarrollo. Se nos dijo que estas carreras no tendrían carácter universitario, por cuanto no era necesario, ya que los institutos profesionales podían otorgar tales títulos. Me pregunto: ¿No es necesario que los profesionales que se preocupan de la salud de nuestra población obtengan título profesional en las entidades donde se avanza naturalmente en el conocimiento y la ciencia, como son las universidades? ¿Son estos profesionales menos importantes que un médico, un abogado, etcétera? No, señor Presidente .
Cabe señalar, sin desmerecer la invaluable labor de nuestros médicos, que la población que padece de algún problema de salud está más cerca de esos profesionales que de los médicos. Son dichos profesionales los que nos acompañan en nuestros exámenes, en nuestras terapias, en nuestros procesos de recuperación. Son ellos los que nos enseñan cómo debemos actuar en caso de sufrir una lesión o accidente, cómo tratar nuestras heridas, cómo alimentarnos sanamente; son ellos los que atienden a las madres durante su embarazo y también son quienes reciben a nuestros hijos.
Generalmente, son ellos quienes nos explican de manera simple aquello complejo de entender. Es decir, son ellos a quienes sentimos más cercanos en momentos especiales de nuestras vidas.
Precisamente por lo anterior, necesitamos que tales profesionales sean reconocidos por la institucionalidad en materia de educación. Es necesario que sus títulos sean entregados, como fue tradicionalmente en el pasado, por entidades universitarias; que sea allí donde obtengan el grado académico de licenciados que les permita seguir perfeccionándose o acceder a los posgrados que cada uno de estos profesionales requiera.
Llamo la atención de la Sala para que se repare en lo contradictorio e inconsistente que puede llegar a ser un diseño de equipos del área de salud en que exclusivamente los profesionales médicos progresen en su formación y perfeccionamiento, y los colaboradores o profesionales complementarios sean objeto de restricciones, limitaciones o exclusiones porque no cuentan con un título profesional universitario.
No estamos por el determinismo y las barreras académicas de estos. Creemos que esta barrera educativa, que el proyecto pretende eliminar, permitirá que esos profesionales accedan al perfeccionamiento universitario a que tanto aspiran, y que por su propio esfuerzo y méritos puedan conseguirlo sin limitación alguna.
En países más avanzados que el nuestro esos profesionales son especialmente reconocidos y valorados por su inapreciable colaboración a la salud de sus habitantes. Hacia allá debemos transitar.
Como dije, el apoyo a este proyecto es un acto reparatorio y de justicia para todos estos profesionales. Lo hago pensando especialmente en los cientos de matronas, kinesiólogos, enfermeras, fonoaudiólogos, obstetras, nutricionistas y tecnólogos médicos que actualmente colaboran abnegadamente en los hospitales El Pino y Parroquial de San Bernardo; en el hospital de Buin y en los cerca de dieciséis consultorios de atención primaria ubicados en mi distrito.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados en 2008, en un contexto de discusión sobre la educación completamente distinto al de hoy. Por lo demás, creo que el debate refleja ese desajuste entre el momento en que se originó el proyecto y la situación actual.
La iniciativa tuvo su origen en una moción del senador Alberto Espina y de la entonces senadora Evelyn Matthei. Su idea matriz se orienta a reconocer la relevancia científica y la calidad esencial y exclusivamente universitaria de una serie de carreras vinculadas a la salud, cerrando de manera definitiva el ingreso de nuevas promociones de esas carreras a los institutos profesionales.
Este proyecto, que está basado en la premisa de que existen profundas diferencias entre la instrucción universitaria y la técnica, pretende, a mi juicio, consagrar legalmente esas diferencias, en circunstancias de que el enfoque que debiéramos darle es diluir las que hoy existen. Por ejemplo, las universidades están definidas por ley como instituciones sin fines de lucro; en cambio, los institutos profesionales no tienen esa restricción. Creo que hay consenso -me imagino que también se extiende a los parlamentarios de la Derecha- en que el fin al lucro involucre también a los institutos profesionales. Esa diferencia fundamental desaparecería con la reforma.
Por otra parte, todos abogamos por un sistema más integrado, en el que los vínculos entre uno y otro ámbito de la formación en la educación superior se vayan profundizando y los grados de interrelación se vayan complejizando, es decir, que de los centros de formación se pueda pasar a los institutos y de estos a las universidades, y viceversa. Con este proyecto se genera un compartimento estanco, es decir, una separación nítida, tajante y definitiva entre la formación profesional y la universitaria. No creo que ese sea el camino de la reforma. En mi opinión, si se llegara a aprobar el proyecto, la señal iría en contra de la que queremos dar al sistema educacional. La señal de discriminación entre la formación profesional y la universitaria no debiera ser rectora del proceso de reforma educativa en el que estamos embarcados.
¿Es más importante que la entidad formadora de kinesiólogos esté acreditada o sea universitaria? ¿Es mejor que una universidad no acreditada forme kinesiólogos o que un instituto profesional acreditado y cuya formación tiene el sello estatal de la responsabilidad asignada a esa institución forme a los mismos? Creo que la cuestión no debe situarse en el carácter universitario o no universitario, sino frente al lucro o no lucro, o en la calidad versus la falta de calidad y no en la decimonónica división entre la formación profesional y la universitaria.
En ese sentido, este proyecto está fuera de tiempo. Probablemente, yo habría concurrido con entusiasmo a su aprobación en 2008, 2009 o 2010; pero aprobar hoy un proyecto que entrega la exclusividad de la formación de profesionales de la salud a las universidades, sin referencia a las cuestiones principales, me parece franca y completamente extemporáneo. No concurriré a consagrar legalmente la diferencia que existe entre institutos profesionales y universidades, pero sí debemos apuntar a disolverla.
Por eso, votaré en contra del proyecto. Seguramente estuvo muy bien inspirado en el momento en que lo redactaron la entonces senadora Matthei y el senador Espina. Hoy, ya no tiene sentido.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric.
El señor BORIC.- Señor Presidente , discúlpeme que sea majadero, pero me indigna que ni siquiera ya nos sorprendamos. Usted debió suspender la sesión durante cinco minutos porque no teníamos quorum.
Ahora, nuevamente mientras debatimos, veo a solo siete diputados de Derecha. Ello ha ocurrido no solo durante esta sesión, sino también en otras oportunidades y en relación con otras bancadas.
Ciertamente, estamos generando un debate tremendamente interesante. En verdad, las opiniones del diputado Jaime Bellolio y de la diputada María José Hoffmann merecen todo mi respeto por lo fundadas que fueron. Al mismo tiempo, valía la pena escuchar lo que recién señaló el diputado Pepe Auth y lo que manifestaron en su momento la diputada Yasna Provoste y, en sesiones anteriores, la diputada Karol Cariola y el diputado Giorgio Jackson : Sin embargo, una vez más no nos estamos escuchando. Entonces, al final, ¿de qué sirve todo este show que estamos haciendo si los votos están “cortados” en otra parte? Escuchémonos un poco más.
Creo que, particularmente sobre este proyecto, se han entregado argumentos muy contundentes de lado y lado y que, a lo menos, me han hecho dudar de mis posiciones previas.
“Lo importante es la calidad de la educación”. Así dice y repite casi obsesivamente la Derecha, atrincherada por las fuerzas de la sociedad organizada y en una posición de minoría en el debate educacional. Obviamente, también estamos de acuerdo con que lo relevante es la calidad; pero eso no es excusa para que sigamos liberalizando la oferta educacional y manteniendo un statu quo insostenible. La calidad y el negocio en materia educacional son absolutamente incompatibles. Pero tampoco nos engañemos, porque la mayoría de los argumentos que se esgrimen para defender el proyecto caen en el error -asumo que es involuntario- de generar una injusta discriminación entre técnicos y profesionales.
Hoy, Chile tiene una proporción entre profesionales y técnicos de 4 a 1, llevado quizá por una engañosa diferencia de estatus que otorgaría el hecho de ser profesional sin importar la universidad en la que se estudie, ya que lo importante sería el título, lo cual es un grave error.
Es esencial que este debate se dé en un marco más amplio y en el que revaloricemos y dignifiquemos las carreras. Sin embargo, como señalé, me parece que la solución no es seguir liberalizando la oferta educacional.
Por eso, después de haber escuchado con atención los argumentos vertidos a favor y en contra del proyecto, concurriré a su aprobación, porque tengo la convicción de que no podemos seguir abriendo nichos de negocios en espacios tan sensibles como es la materia educacional, en particular en el área de la salud.
Quiero hacer la siguiente prevención: las carreras incluidas en el proyecto -lo conversamos con el diputado Giorgio Jackson- han incrementado su matrícula en 85 por ciento en el mundo de las universidades privadas, muchas veces no reguladas y que cuentan con escasas acreditaciones, de lo cual no podemos desentendernos una vez aprobado el proyecto.
Por lo tanto -insisto-, votaré a favor la iniciativa, con la tremenda preocupación de que, una vez aprobada, no nos sintamos conformes y pretendamos que nada pasa, puesto que el negocio en la educación se ha extendido mucho más allá de los CFT e IP. Lo supimos con el caso de la Universidad del Mar y ahora lo vemos con nuestros propios ojos con la Universidad Andrés Bello. Debemos tener cuidado de que no suceda lo mismo que ocurrió con las 18.000 familias afectadas en el primero de los casos, las cuales, por la irresponsabilidad del Estado y de los diferentes grupos políticos aquí presentes, están endeudadas, y sus hijos sin títulos y profundamente decepcionados de lo que aquel debió haberles otorgado, cual es una educación de calidad.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Enrique Morano.
El señor MORANO .- Señor Presidente , en la mayor parte de los casos aún se encuentra abierta la posibilidad de que las carreras a que se refiere el proyecto se impartan en institutos profesionales con el carácter que este define.
En segundo lugar, me sumo a la preocupación del diputado Gabriel Boric, en cuanto a que al intervenir el sistema podemos generar mayores daños que los que queremos prevenir.
Mientras caminaba hacia el Congreso Nacional me detuve a leer en un quiosco un titular de El Mercurio de Valparaíso. Este señalaba que se aprobaba una vez más la quiebra de la Universidad del Mar y que se nombraba un nuevo síndico. Espero que así sea.
En cuanto al proyecto, voy a concurrir con mi voto favorable para que las carreras de enfermería y otras solo sean dictadas en universidades. Espero, en un futuro cercano, contribuir también a garantizar que las universidades que las impartan, entreguen formación de calidad a nuestros profesionales.
La labor de los institutos profesionales es muy importante, sobre todo en la formación de personas que prestan servicios intermedios. No olvidemos que en la gran mayoría de nuestros hospitales ninguno de los auxiliares de enfermería tiene formación universitaria y, sin embargo, desempeñan una excelente tarea. Son cosas distintas y tenemos que ser capaces de distinguirlas; pero hoy, estoy por aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Rocafull.
El señor ROCAFULL .- Señor Presidente , le digo al diputado señor Gabriel Boric que somos muchos los diputados que queremos debatir. Esta sesión es un apronte importante para lo que será el proyecto de reforma educacional, que, sin duda, marcará un hito en la historia del país.
Señor Presidente , lo que discutimos viene a reparar una tremenda deuda histórica. Para su valoración es bueno hacer un poco de historia
En la década de los años 80, sin ningún tipo de debate -algo muy anormal para los tiempos de hoy, pero normal para aquella época-, se eliminaron las sedes regionales de algunas universidades, como las correspondientes a la Universidad de Chile, del Norte y Técnica del Estado. Para la actual Región de Arica y Parinacota, ubicada a 2.080 kilómetros de Santiago, esas sedes universitarias eran muy relevantes para su desarrollo. A cambio de eso, se instaló un instituto politécnico, el IPA, que por supuesto fracasó al año siguiente.
Pero también en ese tiempo, se diferenciaron las carreras con título académico, como derecho, arquitectura, medicina y las de oficiales de las Fuerzas Armadas, de las no académicas, que conllevaban títulos técnicos. Es decir, hubo una diferenciación considerando las clases sociales.
Hoy, no estamos hablando de cualquier carrera: estamos hablando de carreras del área de la salud. No nos referimos a disciplinas que tienen que ver con máquinas, tecnología y herramientas, que por supuesto son muy importantes, sino de carreras que apuntan a mejorar la calidad de vida, virtud que tienen las del área de la salud. Con esta reparación histórica estamos devolviéndoles el nivel que corresponde a esas carreras, que, como dijo una diputada que me antecedió en el uso de la palabra, son complementarias a la medicina.
El diputado señor Monsalve señaló que toda la bancada socialista votará a favor el proyecto. Conforme, pero yo tengo mi propio fundamento, que lo baso en la historia y en nivelar hacia arriba; pero también en el compromiso que debiera asumir el Estado de generar las oportunidades para que los jóvenes que han estudiado en los centros de formación técnica tengan la posibilidad de acceder a la universidad, a la educación continua, para alcanzar el grado de licenciado.
Haciendo justicia se construye progreso y desarrollo. Las carreras de kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional tienen un rol importante en el desarrollo y la calidad de vida de nuestro país.
Por lo señalado, concurriré con mi voto favorable a la aprobación del proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , después de escuchar el debate habido en torno de este proyecto y de comprobar el amplio consenso que existe sobre la necesidad de revitalizar la educación técnico-profesional y de generar mecanismos más potentes de acreditación en el marco de la reforma educacional en materia de educación superior que ha propuesto el Gobierno, y con el ánimo de hacer justicia, pido que recabe el asentimiento de la Sala para que el proyecto vuelva a la Comisión de Educación.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para que el proyecto vuelva a comisión?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente , la diputada señora Provoste , que gracias a la sabiduría del electorado de su región hoy ocupa ese cargo, no tiene por qué saber que el proyecto lleva más de cuatro años de tramitación solo en la Comisión de Educación. Lo hemos estudiado de distintas formas. Hemos escuchado a los gremios, a representantes de casas de estudios y a todas las organizaciones estudiantiles. Créame, estimada diputada Yasna Provoste , que le encuentro toda la razón a su petición, habida consideración del sentido de la misma. Con todo, puedo informarle que la iniciativa ha sido discutida en Sala, con distintas conformaciones de diputados, dos o tres veces, y creo difícil encontrar nuevos argumentos de los que ya se han expresado acá para reenviar el proyecto a la comisión técnica.
Señor Presidente , para bien o para mal, hay que votar hoy el proyecto. Recordemos que esta moción no estuvo archivada, sino en tramitación durante cuatro años, por lo que nada justificaría dilatar su despacho.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado del debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde pronunciarse en particular sobre el proyecto de ley que confiere el carácter de título profesional universitario a las carreras de kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional.
En votación el epígrafe del artículo 1° propuesto por la Comisión de Educación, para cuya aprobación requiere del voto afirmativo de 69 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Auth
-Se abstuvieron los diputados señores:
Pilowsky
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde votar la modificación introducida por la Comisión de Educación al número 3 del artículo 1°, con excepción de sus literales r), s), v), w) y x), cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor José Antonio Kast. Se trata de una enmienda que incide en las carreras de enfermería y obstetricia y puericultura, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde votar los literales r), s), v), w) y x) del número 3 del artículo 1°, que corresponden a las carreras de kinesiología, fonoaudiología, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Auth
-Se abstuvieron los diputados señores:
Carvajal
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde votar el resto del artículo 1º propuesto por el Senado, esto es, sus números 1 y 2. Para su aprobación se requiere del voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde votar la modificación introducida por la Comisión de Educación al artículo 2º.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Se abstuvieron los diputados señores:
Edwards
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde votar la modificación introducida por la Comisión de Educación al artículo 3º.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde votar el artículo 1º transitorio, con la modificación introducida por la Comisión de Educación, para cuya aprobación se requiere de quorum simple.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde votar la eliminación del artículo 2º transitorio propuesta por la Comisión de Educación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
El señor CORNEJO (Presidente).- Despachado el proyecto.
OBLIGACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE IMPARTIR CURSOS SOBRE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS PROHIBIDAS(Segundo trámite constitucional. Boletín N° 5345-04) [Continuación]
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde continuar con el debate del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el fin de imponer a los establecimientos educacionales el deber de impartir cursos para prevenir el consumo de drogas prohibidas.
Hago presente a la Sala que el informe del proyecto fue rendido durante la sesión del 8 de abril recién pasado.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 9ª de la actual legislatura, en 8 de abril de 2014.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas.
El señor FARCAS.- Señor Presidente , valoro la iniciativa, toda vez que es muy importante hacernos cargo de lo que está sucediendo en las comunas de nuestro país en relación con el narcotráfico y, particularmente, de aquellos aspectos vinculados con educación y prevención para que nuestros niños y niñas se mantengan alejados de este flagelo.
Entiendo y valoro las restricciones y complejidades que se han planteado en la tramitación de este proyecto y la mirada que pueden tener los alcaldes, quienes serán los llamados a implementar, junto con el Ministerio de Educación, los contenidos y sus formas.
Lo que se ha establecido en la discusión es muy importante y significativo. Pero quiero ir al centro de la preocupación, que debe ser nuestra tarea primordial, cual es hacernos cargo de lo que está ocurriendo.
En algunos casos, vemos con preocupación y, en otros, con horror, el hecho de que el narcotráfico toma cada vez más posesión de cada una de las comunas de Chile. Las fuerzas policiales no son capaces de contener lo que está pasando. La organización y participación ciudadana y, fundamentalmente, la cooperación entre todos los actores -municipales, legislativos, gubernamentales y de distintos órganos sociales- pueden jugar un rol muy importante en esta materia.
Más allá de las consideraciones que no permitan aprobar el proyecto con la magnitud y profundidad con que fue concebido, como consecuencia de las aprensiones manifestadas para implementarlo, relacionadas con los recursos, formatos y tareas, y de los argumentos señalados por quienes han sido alcaldes, quienes tienen propiedad para opinar sobre la forma de implementar esta tarea, busquemos la forma para hacernos cargo de lo que está pasando, porque estamos frente un problema realmente complejo. La situación es sumamente grave y no podemos dejarla solo al arbitrio de la suerte, porque estamos hablando de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Por eso, quiero llamar a los parlamentarios y parlamentarias a que busquemos fórmulas para implementar una tarea ineludible: incorporar contenidos en la educación escolar y en la formación cívica en orden a combatir la drogadicción en el país.
Es un llamado a la reflexión y a compartir criterios de solución. Si esta no es la forma más adecuada, busquemos otras formas de hacernos cargo del problema.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , no tuve la posibilidad de discutir este proyecto en la comisión, pero entiendo bastante bien el fin que motiva a sus autores. Sin embargo, me di el trabajo de revisarlo detenidamente, porque es un tema muy relevante, sobre todo en relación con las medidas de prevención en los establecimientos educacionales, en particular de los sectores más vulnerables de comunas que represento, lo que es causal de que muchas familias continúen en la pobreza.
Un gran abogado penalista me dijo que para calificar a una persona como buena o mala esta debería haber tenido la opción de ser buena o mala. La inmensa mayoría de los niños que entran al círculo de la delincuencia provienen de familias cuyos padres están presos; donde la forma de ganarse la vida es el microtráfico; donde lo normal es que en fiestas y reuniones familiares las personas estén bajo la influencia del alcohol y de las drogas. Cuando algunos niños pequeños dicen que van a salir a “trabajar”, significa que van a robar, porque es lo que conocen como sistema de vida. Estamos hablando de una de las desigualdades más grandes, porque esos niños no tienen la opción de elegir el tipo de vida que quieren.
En ese sentido, la droga ha hecho que esa desigualdad aumente, porque, además, se genera imposibilidad de tomar una decisión real bajo los efectos de la droga o del alcohol.
El tema es muy relevante. El proyecto en discusión calma un poco nuestras conciencias, pues sentimos que a través de él estamos haciendo algo en relación con esta materia. La iniciativa obliga a crear una asignatura que enseñe la problemática de las drogas, a fin de creer que con ello obtendremos algún resultado.
El tema de las drogas y del alcohol es muy relevante en Chile. Tenemos récords que nos destacan en el mundo, lo cual no es muy satisfactorio. Debemos generar una política integral, mucho más clara, que trascienda a los gobiernos de turno y que no apunte solo a la educación, sino a la rehabilitación, porque no es lógico que queramos pesquisar a un niño con problemas de drogadicción, o que, incluso, se dedique al tráfico sin que haya una respuesta para darle a fin de rehabilitarlo.
No podemos seguir adelante con el tema de la penalización; aquí hay un problema de salud pública. Por lo tanto, aunque la idea es muy loable, el articulado no da respuesta a la real necesidad de enfrentar este tema como corresponde.
Me sumo a las palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda. Lo hemos conversado al interior de Amplitud. Somos partidarios de aprobar la idea de legislar, pero creemos que este proyecto debería ir a comisión mixta.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , si bien es cierto que este proyecto no da solución definitiva al drama que se vive en Chile por el consumo de drogas, alcohol, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo menos va en un sentido correcto.
Durante siete años estuve a cargo de un plan sobre drogas y alcohol en la comunidad de Madrid. En ese lapso, desplegamos todo tipo de iniciativas para reducir el consumo de drogas.
Naturalmente, en el diagnóstico está lo que señaló quien me antecedió en el uso de la palabra. Hay familias fracturadas y tremendas desigualdades desde los puntos de vista socioeconómico y cultural, lo que hace que, muchas veces, los jóvenes busquen en la droga el alivio para su situación. Por lo mismo son presa fácil de delincuentes, de narcotraficantes, los que, al amparo de una legislación débil, llevan a nuestros niños y jóvenes a un camino que, en numerosas oportunidades, no tiene retorno.
En la Comunidad Europea conseguimos que se legislara para incluir en las mallas curriculares de todos los establecimientos educacionales cursos de prevención para evitar el aumento permanente en el consumo de sustancias. En Chile, hace rato que, en materia educativa, se dejaron a un lado materias importantes para la formación de las personas.
Esta mañana, en televisión, una dirigente estudiantil se quejaba porque en Chile se prepara a los alumnos para rendir las pruebas en matemáticas y ciencias -lo que antiguamente se llamaba bachillerato en letras y en ciencias-, pero no se los prepara en otros conocimientos necesarios para enfrentar la vida en sociedad.
El pasado fin de semana vimos como Senda, institución encargada de luchar contra las drogas y el alcohol, dependiente del Ministerio del Interior, cometió el error de sacar de circulación las ambulancias que estarían en los puntos de control de alcotest de Carabineros para realizar las pruebas de sangre que se requirieran para detectar el consumo de alcohol. Ello, de alguna manera, influyó para que durante ese fin de semana largo se duplicara el número de fallecidos respecto del año pasado. Errores de esa naturaleza también se cometen en materia de prevención de drogas en los establecimientos educacionales y en nuestras deprimidas poblaciones.
Por lo tanto, debemos apoyar proyectos de la naturaleza del que nos ocupa, más allá de que sean perfectibles. Tenemos que impulsar que el Ministerio de Educación acoja en las mallas curriculares de los establecimientos educacionales cursos de prevención del consumo de drogas prohibidas para evitar que nuestros niños, jóvenes o incluso adultos caigan en ese mundo, que, insisto, es un camino sin retorno. Ello será positivo.
Hace algunos años presenté un proyecto de ley para que la caridad y el ejemplo comenzaran por casa, con la obligación de que todo candidato a diputado o a senador se realice un test de drogas. Pero la iniciativa está dormida, porque, o no tiene el patrocinio adecuado, o no se ha puesto en Tabla. Sería una linda señal dirigida a la ciudadanía, porque el consumidor de drogas duras termina siendo un esclavo de sus proveedores. No puede ser que en Chile -ojalá aquí no suceda- tengamos la duda de si algún parlamentario, juez de la República , ministro o subsecretario es esclavo de su proveedor de drogas.
Junto con solicitar que el Ministerio de Educación incorpore en la malla curricular este plan relacionado con drogas y alcohol en materia educativa, deberíamos dar el ejemplo al respecto. El proyecto que presenté molesta a muchos, porque se dice que atenta contra la intimidad. A mi juicio, apunta precisamente a mostrarle al país que tiene una Cámara de Diputados y un Senado limpios; que aquí nadie depende de ninguna droga y que estamos en condiciones de legislar con absoluta libertad.
Por otro lado, aprovecho esta instancia para manifestar cuánto falta en la malla curricular en materia de educación. ¡Dónde está la educación cívica que los radicales venimos reclamando desde hace tanto tiempo! ¡Cuántos años llevamos en ello! ¡Cuántas veces hemos alegado en esta Sala por el drama de la educación pública gratuita y de calidad! Durante decenios venimos levantando esa voz. Felizmente, hoy está siendo escuchada. Espero que la petición no se transforme en decepción.
A todos quienes están por luchar contra este tremendo problema que cada día crece más en nuestra sociedad, cual es el consumo y tráfico de drogas prohibidas y el consumo de alcohol, les solicito que aprueben el proyecto.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , seré muy breve en mi intervención.
Quiero manifestar mi apoyo a esta iniciativa, que pretende imponer en los establecimientos educacionales el deber de impartir cursos para prevenir el consumo de drogas prohibidas. Este flagelo no nos puede llevar a bajar los brazos frente a una realidad que nos ha superado.
Pero, más allá de eso, tenemos que insistir en que la droga crea adicción y va matando lo mejor del ser humano, quien va perdiendo su libertad y su capacidad de discernimiento. Por tanto, es importante hacer hincapié a las nuevas generaciones, a través del sistema educacional, acerca de que es trascendental prevenir el consumo de drogas para evitar males mayores a las personas y la familia.
Evidentemente, la mejor manera de prevenir las adicciones es tener una familia con la que se puedan conversar estos temas; pero, por desgracia, muchos chilenos no cuentan con esa posibilidad, ya sea por su trabajo, por el estilo de vida actual o por situaciones familiares, lo que los obliga a buscar la droga como una medida de escape, un alucinógeno que los introduce en un mundo ficticio y que lleva a muchas personas a perder su vida, con lo cual crea un problema al Estado de Chile, que debe hacerse cargo de tales situaciones.
Por eso, considero que deben incluirse cursos sobre prevención de consumo de drogas prohibidas en la malla curricular de todos los establecimientos educacionales del país, sean públicos, privados o particulares subvencionados, como también sobre sexualidad y otras materias fundamentales, como hemos solicitado a través de proyectos de acuerdo, para que la juventud pueda ir por el buen camino.
Espero que la iniciativa se pueda perfeccionar si se envía a comisión mixta. No obstante, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rathgeb.
El señor RATHGEB.- Señor Presidente, quiero entregar algunos datos relevantes.
En la actualidad, más del 80 por ciento de las personas que se encuentran privadas de libertad en nuestra patria cometieron delitos en que estuvieron involucrados el alcohol y las drogas. El 90 por ciento de ese porcentaje no fue advertido de las consecuencias que podría ocasionar la comisión de determinado delito relacionado con el consumo de alcohol y drogas.
Es nuestra responsabilidad, como Poder Legislativo, aportar para que esos porcentajes disminuyan a futuro. Para lograr ese objetivo, es muy importante que se incluya la realización de cursos para prevenir el consumo de drogas prohibidas en los establecimientos educacionales, donde se enseña a nuestros hijos lo necesario para enfrentar la vida.
Como señalaron algunos diputados, faltan muchas asignaturas en la malla curricular de esos establecimientos de enseñanza, como las de educación cívica, de conducción, sobre normas de tránsito, entre otras.
Por lo tanto, anuncio que apoyaré la iniciativa en comento, porque creo que, frente a hechos como los mencionados, debemos prevenir antes que reprimir. En consecuencia, este debe ser un aporte importante, no solo pensando en los alumnos de establecimientos educacionales, sino también en las consecuencias que ese tipo de hechos puede tener a futuro y lo que ello puede significar.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Venegas, don Mario.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, me gustaría poner en contexto al proyecto de ley.
Recordemos que se trata de una modificación a la ley N° 20.370, General de Educación, y a normas del decreto con fuerza de Ley N° 1 que no han sido enmendadas.
El propósito del proyecto, que todos compartimos, es prevenir el consumo de drogas, para lo que introduce modificaciones al artículo 46 de la Ley General de Educación, que establece cómo y en qué condiciones el Ministerio de Educación entregará el reconocimiento oficial a los establecimientos educacionales, y les impone un conjunto de requisitos señalados en letras a), b), c), d), e), f), etcétera. El proyecto agrega a esta última letra el siguiente párrafo final: “Dicho reglamento, además, deberá incluir una política para la prevención del consumo de alcohol y drogas.”. No obstante, el texto del Senado no establece a quién y cómo se aplica esa obligación; o sea, no se concreta ese propósito, respecto del cual, según escuché de los diputados Meza , Rathgeb y otros, estamos de acuerdo.
Repito, las diferentes letras del artículo 46 establece una serie de requisitos al encargado para reconocer oficialmente a un establecimiento de educación parvularia, básica o media, como tener un reglamento de convivencia, un proyecto educativo, etcétera. En la letra f) de dicho artículo, que dice relación con el ámbito de la convivencia escolar, el proyecto entrega una nueva función al referido encargado del establecimiento educacional, cualquiera que sea su nivel, cual es que deberá incluir una política para la prevención del consumo de alcohol y drogas.
Uno de los autores de la moción, el senador señor Jaime Orpis , reconocido luchador en favor de una mayor prevención del consumo de alcohol y drogas, asistió a la Comisión de Educación de nuestra Corporación, instancia en la que pidió que votáramos en contra el proyecto de ley en discusión, porque, a su juicio y por las razones descritas, no se logrará el objetivo de la iniciativa de incluir una política para la prevención del consumo de alcohol y drogas en los establecimientos educacionales, razón por la que se transformará en letra muerta; será como un nuevo adorno en un árbol de pascua en donde hay muchas responsabilidades, pero no se asignan las horas pedagógicas respectivas ni los recursos para conseguir ese objetivo.
Reitero que uno de los autores de la moción pidió votar en contra la iniciativa, a fin de que sea enviada a comisión mixta, para perfeccionarla y lograr el objetivo compartido por todos. Señaló que si el proyecto se aprueba en los mismos términos que el texto despachado por el Senado, solo constituirá una mera declaración de intenciones. En ese sentido, tal como lo señaló el diputado señor Iván Flores , una cosa son las declaraciones de intenciones y otras los compromisos. Nosotros quisiéramos que hubiera efectivamente un compromiso con el sistema escolar para lograr ese objetivo tan relevante.
En consecuencia, invito a la Sala a considerar lo solicitado por el autor de la moción, con el propósito de que el proyecto sea enviado a comisión mixta para su perfeccionamiento.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti.
El señor TRISOTTI.- Señor Presidente , si uno lee detalladamente todos los antecedentes de la iniciativa, desde que ingresó a tramitación legislativa en 2007 hasta le fecha, sin duda nos quedaría muy clara, extraordinariamente demostrada y debidamente fundamentada la necesidad de legislar en esta materia.
En el país se incrementa cada día el número de consumidores de droga, muchos de los cuales son jóvenes. Chile limita con los dos países que producen más del 55 por ciento de la droga en el mundo: Perú y Bolivia. Las regiones del Norte Grande tienen más de mil kilómetros de frontera con ambas naciones, razón por la que la aplicación del Plan Frontera Norte ha tenido por finalidad impedir el ingreso de contrabandos de droga y de personas en forma ilegal. Sin embargo, aún así sigue ingresando droga, la que no solo se distribuye en las regiones del Norte Grande, sino que se traslada al resto del país e, incluso, más allá de nuestras fronteras.
El consumo y tráfico de drogas tienen consecuencias nefastas, puesto que existe directa relación entre la droga y la delincuencia. Todos los estudios sobre la materia demuestran que gran parte de los delincuentes son consumidores de drogas y que la mayoría de ellos delinque para tener dinero para pagar esa adicción. Sin duda, las drogas también producen la destrucción del tejido social en todos los niveles, en especial en los sectores más modestos. Además, existe directa relación entre la droga y la deserción escolar: más del 25 por ciento de ella se produce por el abuso de las drogas y el alcohol.
Chile figura en aquellos rankings en los que no nos gusta estar: ocupa los primeros lugares de Latinoamérica y a nivel mundial en materia de consumo de drogas. En consecuencia, es nuestra obligación legislar al respecto. No basta con que tengamos leyes para la represión y la rehabilitación, sino que debemos legislar sobre la prevención, la que deberá enseñarse especialmente en los establecimientos educacionales, con el objeto de dar a conocer los efectos que produce el consumo de drogas en el ser humano, para disminuir los niveles de consumo y para aumentar la percepción de los riesgos de su utilización.
El texto aprobado por el Senado se aleja del proyecto inicial, el cual buscaba incluir la prevención en los establecimientos educacionales, mediante la obligación de que en ellos se impartieran a sus alumnos, durante por lo menos cuatro horas mensuales, cursos de prevención sobre el consumo de alcohol y drogas.
En ese sentido, si bien el proyecto en discusión es un avance, no es suficiente, de manera que votaré a favor la proposición de la comisión técnica que lo tramitó, a fin de rechazarlo para que sea enviado a comisión mixta, con el objeto de que el Ejecutivo se comprometa a garantizar espacios y horas lectivas para la prevención del consumo de drogas y de alcohol en los establecimientos educacionales.
En consecuencia, tenemos la gran tarea de llenar un vacío que se observa en la ley N° 20.000, la que abarca solo aspectos represivos en la política antidrogas y no incluye un aspecto esencial, como es la prevención como política de aplicación general.
La droga no discrimina edad, tendencia ni grupo social; solo ataca y destruye, razón por la que es urgente legislar para la prevención de su consumo.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el fin de imponer a los establecimientos educacionales el deber de impartir cursos para prevenir el consumo de drogas prohibidas, para cuya aprobación se requiere del voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 87 votos. Hubo 1 abstención.
El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Campos
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvo el diputado señor Verdugo Soto Germán.
El señor CORNEJO (Presidente).- En consecuencia, pasa a comisión mixta.
-o-
El señor CORNEJO ( Presidente ).- En nombre de la Mesa, saludo al exdiputado por la entonces provincia de O’Higgins, señor Wladimir Chávez, quien nos acompaña en las tribunas.
-
-Aplausos.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
SUSPENSIÓN DE COBRO DE PEAJES DURANTE FINES DE SEMANA LARGOS Y EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN CARRETERAS CONCESIONADAS (Preferencia)
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Los Comités parlamentarios acordaron por unanimidad tratar con preferencia el proyecto de resolución a cuya parte dispositiva dará lectura el señor Prosecretario .
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 34, de los señores Jorge Sabag, Víctor Torres, Jaime Pilowsky, de la señora Alejandra Sepúlveda, de los señores Marcelo Chávez, Ramón Barros, Pedro Browne, Ricardo Rincón, José Pérez y René Manuel García, cuya parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas que se eleve a rango legal la disposición que establece las excepciones al cobro de peaje en las carreteras concesionadas, para que no existan dudas ni interpretaciones al respecto.
2. Solicitar, asimismo, al Ministerio de Obras Públicas que decrete la suspensión del cobro de peajes durante los fines de semana largos previstos en el calendario, dando especial prioridad a los días comprendidos entre el 18 y el 20 de abril correspondientes a Semana Santa, y entre el 17 y 21 de septiembre, por Fiestas Patrias.
3. Proponer a las partes una revisión de los contratos de las concesiones, para que sea la autoridad la que pueda disponer la suspensión del cobro de peajes cuando se produzcan determinadas circunstancias, como desastres naturales o cuando se decrete un estado de excepción por parte del Ejecutivo, estableciendo anticipadamente un mecanismo de compensación para los privados, ya sea en dinero o en la extensión de los contratos de concesión, sobre la base del cálculo de los menores ingresos percibidos.
4. Finalmente, la Cámara de Diputados acuerda solicitar a los ministerios de Obras Públicas, de Transportes y del Trabajo, y a Carabineros de Chile que evalúen el sistema de información acerca de los costos de los accidentes en los días feriados, incluyendo a quienes fallecen con posterioridad a los accidentes, y el cálculo de los costos de estos, tanto en términos de daños en la infraestructura pública, en la propiedad privada, el valor de la atención médica y la pérdida de la productividad.
El señor CORNEJO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , acaba de terminar un fin de semana largo, que correspondió a Semana Santa. Según las cifras oficiales, este año hubo 450 accidentes de tránsito en los que resultaron 28 personas fallecidas, lo que supera las 14 registradas en la misma fecha de 2013. En esta oportunidad, cerca de 350.000 vehículos salieron desde Santiago hacia Valparaíso y hacia el sur de Chile principalmente.
El ministro de Obras Públicas , señor Alberto Undurraga , señaló que el tema de fondo es que nuestras carreteras no están preparadas para esa cantidad de automóviles. Agregó: “Lo que estamos haciendo es cambiar los contratos para aumentar las pistas en algunos casos y, en otros, aumentar las políticas de seguridad.”. Añadió que necesitamos autopistas para un Chile distinto de cuando fueron construidas.
También manifestó que las medidas aplicadas en el plan de contingencia vial por el fin de Semana Santa ayudan, pero no resuelven toda la congestión vehicular, y que es necesario impulsar nuevas inversiones, como terceras pistas, para mejorar el estándar de las autopistas en Chile.
Asimismo, explicó que las nuevas inversiones “las hace el Estado con subsidio estatal, se aumentan las tarifas y se las carga al ciudadano, o se aumenta el plazo de la concesión. Nosotros, en aquellos lugares donde sea económica y legalmente posible y conveniente para el Estado, privilegiaremos esa solución, de manera tal de no cargarle el bolsillo a los ciudadanos ni al Estado con esas inversiones.”.
En relación con levantar las barreras de los peajes en caso de alta congestión, el exdiputado Rodrigo Álvarez , hoy presidente de la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Pública, Copsa , señaló: “Como ha ocurrido en algunas ocasiones cuando la plaza de peaje es la causa de la congestión, se pueden tomar estas medidas especiales, y sin duda así lo haremos.”.
El año pasado, los diputados Ricardo Rincón y Jaime Pilowsky presentaron una iniciativa legal para regular esa situación.
Lo que pretendemos con el proyecto de resolución es que cuando se produzcan situaciones como la ocurrida en el peaje de Angostura, en donde se produjo un “taco” de casi 10 kilómetros el último fin de semana, que afectó el tránsito vehicular y ocasionó accidentes, el Ministerio de Obras Públicas pueda negociar con la empresa concesionaria, a fin de que se levanten las barreras durante los días de Semana Santa y Fiestas Patrias, que no se aumente el valor del peaje y que se amplíe el plazo de la concesión como una forma de compensar las pérdidas que sufra la concesionaria por este motivo. El alza del peaje del último fin de semana afectó a 700.000 vehículos que entraron a Santiago y salieron de la capital.
Como dijo el ministro de Obras Públicas , es legítimo que las concesionarias obtengan ganancias, pero en la medida en que ello vaya asociado a una buena calidad del servicio que prestan. Evidentemente, esto no ocurrió durante el último fin de semana, toda vez que miles y miles de personas tuvieron que esperar durante horas para pagar el peaje.
Por eso, el proyecto de resolución propone simplemente que se levantan las barreras en situaciones muy específicas, que serán calificadas por el Ministerio de Obras Públicas, y que se extienda el plazo de concesión a las empresas concesionarias, en compensación por las eventuales pérdidas que puedan sufrir durante esos días específicos, de manera que no se repita lo que sucedió el fin de semana último, en que ocurrieron muchos accidentes y el servicio que se entregó a los usuarios fue de mala calidad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 13 abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arriagada
-Se abstuvieron los diputados señores:
Bellolio
CREACIÓN DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO CEREBRAL MULTIDISCIPLINARIO PARA EL ADULTO MAYOR
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 20, de los diputados señor David Sandoval, señorita Marcela Sabat; señores Iván Norambuena, Sergio Ojeda, Ignacio Urrutia, Bernardo Berger, Leopoldo Pérez; señora María José Hoffmann, y señores Jorge Rathgeb y Javier Hernández, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
En atención a lo anteriormente expuesto, solicitamos a S.E. la Presidenta de la República disponer las medidas administrativas, técnicas y legales para lograr la materialización de un Centro de Entrenamiento Cerebral Multidisciplinario para el Adulto Mayor, pues en esta forma se estará contribuyendo a la detección y tratamiento oportuno del alzheimer y de otras patologías neurológicas.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, pido la atención de los colegas presentes en la Sala, porque la edad de todos nosotros avanza en forma inexorable.
Todos los estudios se refieren al fuerte incremento experimentado por la población adulta mayor, a lo cual hay que asociar la existencia de problemas relacionados con la memoria de esas personas. Hay un test muy sencillo y de muy bajo costo que permite hacer un diagnóstico prematuro de las enfermedades asociadas a la edad avanzada y, sobre esa base, recomendar ejercicios muy sencillos que se podrían materializar a través de los servicios de atención primaria de salud, es decir, consultorios y postas.
Acciones de esta naturaleza permitirían mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la población adulta mayor afectada por problemas mentales. Esta es una realidad en todos los países desarrollados y, por cierto, también en el nuestro.
Por lo tanto, esperamos que el Ministerio de Salud implemente una medida de esta naturaleza, toda vez que representaría una gran ayuda para las familias y contribuiría a impulsar acciones preventivas y correctivas relacionadas con este tipo de problemas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , la atención de la autoridad pública siempre está centrada en programas sociales, culturales y recreativos para el adulto mayor; pero siempre se deja fuera un ámbito importante como es el aspecto mental.
El proyecto de resolución se preocupa precisamente de esto. Se señala que el porcentaje de adultos mayores afectados por alzheimer es cada vez mayor y que la memoria del adulto mayor es cada vez más frágil, por lo que es necesario preocuparse de ello.
Ayer leí en un medio de comunicación algo que me sorprendió y preocupó, cual es que 6.130 chilenos tienen cien años de edad; antes era muy difícil encontrar una persona de esa edad. Es más, en 2050 existirán 37.000 chilenos de cien años de edad. Todo esto nos debe llevar a implementar una política pública en beneficio de ellos.
Esta realidad nos impactó sobremanera en la Comisión de Familia y del Adulto Mayor, donde la psicóloga Paola Tavano Ávalos , magíster en gerontología social, nos dio algunas cifras que nos inquietaron. Ella propone la implementación de centros de entrenamiento cerebral multidisciplinarios enfocados a disminuir el impacto de enfermedades demenciales en nuestro país y, por consiguiente, mejorar la calidad de vida de las personas y de su entorno.
Debemos preocuparnos del estado mental de los adultos mayores, que representan el 15 por ciento de nuestra población y que en 2025 constituirán entre el 18 y el 25 por ciento de la misma; de modo que tendremos una gran población de adultos mayores.
Por eso, en el proyecto de resolución solicitamos a la Presidenta de la República que disponga medidas administrativas, técnicas y legales eficientes y necesarias para lograr la materialización de un Centro de Entrenamiento Cerebral Multidisciplinario para Adultos Mayores, puesto que de esta manera la Cámara de Diputados estará contribuyendo a normalizar el estado mental de esas personas, de modo de que tengan la suficiente funcionalidad y claridad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
SATISFACCIÓN POR DEROGACIÓN DE DECRETO N° 140 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO, Y SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO PARA COMUNAS DE DISTRITO N° 52. (Oficio)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , hace un par de días el país se enteró a través de la prensa de la revocación de 18 zonas de interés turístico, que afectó a muchas localidades del distrito N° 52, Región de La Araucanía, que represento en la Cámara de Diputados.
Por eso, hemos acogido con satisfacción la decisión del Comité de Ministros de derogar el decreto N° 140 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que el gobierno anterior dictó solo un par de días antes de dejar La Moneda y que, como señalé, revocaba la condición de zona de interés turístico de varios lugares del país.
Las zonas de interés turístico debieran tener una especial atención económica para que puedan desplegar todas sus potencialidades, lo que implica mejorar los caminos, la conectividad vial, la infraestructura hotelera, entre otros aspectos, con el fin de dotarlas de los medios necesarios para que los turistas nacionales e internacionales disfruten de sus bellezas.
Tenemos el caso de Toltén Viejo, azotado por un devastador maremoto en 1960, y que ahora se encuentra en vías de recuperar su condición de zona de interés turístico; lo mismo sucede con Queule, una caleta hermosísima de la comuna de Toltén, y también con las comunas de Pucón, Villarrica , Gorbea , Loncoche , Cunco y Curarrehue.
Señor Presidente , La Araucanía tiene una riqueza que va más allá de los ríos, de los lagos, de los volcanes, de la cordillera y de tantos parajes maravillosos. Sin embargo, es la región con mayor índice de pobreza del país, con el peor ingreso per cápita de Chile y con el PIB más bajo. Los expertos señalan que esa región podría recurrir al turismo para despegar, para que sus habitantes reciban una merecida satisfacción de una vez por todas.
Para lograr este objetivo, se hace necesario que se piense un poco más allá de las tres o cuatro localidades de La Araucanía que he nombrado y que, por supuesto, son muy hermosas.
Por lo tanto, solicito oficiar al Comité de Ministros para que se considere la posibilidad de declarar zona de interés turístico a todo el distrito N° 52, que represento en la Cámara, porque allí se están instalando plantas de piscicultura y centrales hidroeléctricas de paso, lo que altera el hermoso entorno que tenemos y afecta a los pueblos originarios, en concreto al pueblo mapuche, y hace irrespirable la situación y los conflictos que allí se desarrollan.
Repito, espero que se declare zona de interés turístico al distrito N° 52, que incluye las comunas de Toltén, Pucón , Villarrica , Curarrehue, Gorbea , Cunco y Loncoche , con el objeto no solo de proteger las bellezas naturales, sino también de levantar económicamente a la deprimida Región de La Araucanía.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, SENDA. (Artículo 52, N° 1), letra a), inciso segundo, de la Constitución Política de la República)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , de conformidad con lo previsto en la letra a) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, solicitamos a la Presidenta de la República que remita información acerca de lo siguiente.
A los jefes de servicio les corresponde dirigir, organizar, administrar, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de cada uno de sus respectivos servicios; responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley les asigna.
Entre las obligaciones especiales de la autoridad y jefaturas está la de ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos, extendiéndose dicho control a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y a velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y por la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones.
Los jefes superiores de los servicios públicos son funcionarios de la confianza exclusiva del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar su nombramiento.
Las autoridades y jefaturas, como la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), deben entregar con fidelidad los antecedentes respecto de su gestión, ya sea cuando son requeridos por los órganos contralores y fiscalizadores, como por la ciudadanía, aun cuando se trate de un asunto sensible o de interés público.
El 21 de abril se ha conocido la decisión de la directora nacional del Senda, señora Paulina Saavedra , de eliminar la Unidad de Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol, que tenía a su cargo el programa Control Cero Alcohol, consagrado en la ley N° 20.713, de Presupuestos del sector público para 2014, medida que habría adoptado el pasado 3 de abril.
Más allá de la incidencia o impacto en la ejecución del programa, resulta extremadamente preocupante la falta de claridad y de veracidad de las declaraciones de las autoridades que se han pronunciado al respecto. Es así que hemos escuchado al ministro secretario general de Gobierno señalar que el programa sigue ejecutándose, mientras que la directora de Senda ha expresado que no se está implementando dicho plan en este momento, pues se está reevaluando el programa en su totalidad.
También hemos escuchado falsedades de esta última autoridad, como cuando manifestó que no existía presupuesto para financiar el funcionamiento del programa, lo que desmiente la partida 05, capítulo 09, programa 01 de la Ley de Presupuestos, en la que figuran casi mil millones de pesos para dicho objetivo, con todas las flexibilidades que le otorga una glosa que dispone que podrán emplearse en todo tipo de gastos.
Luego, sostiene que no se había dispuesto de uno de los vehículos acondicionados para realizar las alcoholemias en el lugar del control vehicular, por no encontrarse apto para esa tarea, lo que ha sido desmentido incluso por Carabineros de Chile. Por lo demás, si fuera como dice la directora, ¿dónde está la capacidad de anticiparse y la obligación de disponer oportunamente las reparaciones necesarias?
Por eso, solicitamos oficiar a la Presidenta de la República , con el objeto de que ponga término a las perniciosas contradicciones que se han evidenciado y determine la inmediata continuidad y ejecución del programa Control Cero Alcohol, a cargo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Adicionalmente, pedimos que se nos informe acerca de los recursos asignados en la Ley de Presupuestos y la ejecución presupuestaria de ese plan, y sobre los motivos de la suspensión, con indicación precisa de las razones objetivas que se tuvieron a la vista para efectuar la referida decisión de la autoridad.
Además, que nos informe acerca del número de fallecimientos en accidentes de tránsito durante las festividades de Semana Santa y fines de semana largo entre 2010 y 2014, y que se remita información acerca de las medidas que se implementarán durante el próximo fin de semana largo del 1 de mayo.
Asimismo, solicitamos que se nos clarifique si la directora de Senda se encuentra ejerciendo funciones en propiedad, en calidad de interina o como subrogante.
La suspensión de este plan ha constituido un absoluto descriterio, que ha costado indirectamente la vida de más de 28 chilenos durante el último fin de semana largo.
Por último, solicitamos a la Presidenta de la República la remoción inmediata de esa directora por haber cometido una negligencia inexcusable.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Señoras diputadas y señores diputados, quiero clarificar la petición.
Hago presente que el artículo invocado por el señor diputado señala: “Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado , con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno.”
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- ¡Señor Presidente , ya conocemos la norma! ¡Simplemente, sométala a votación!
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Estoy explicando la situación, señor diputado .
Continúo: “El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior”. Es decir, en treinta días.
“En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado ;”.
En consecuencia, corresponde votar la solicitud planteada por el diputado señor Gustavo Hasbún.
Recuerdo que los diputados y diputadas presentes en la Sala estamos obligados a votar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Boric
-Se abstuvieron los diputados señores:
Jackson
El señor BORIC.- ¡Debiera darles un poco de vergüenza! ¡No estuvieron en toda la sesión y solo aparecen para votar cuando les conviene! ¡Me parece muy vergonzoso!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Para un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado José Antonio Kast.
El señor KAST (don José Antonio).- Señor Presidente , pido que Secretaría tome nota de los parlamentarios que no votaron, a pesar de que se encontraban presenten en la Sala.
No alcancé a ver toda la votación. Me gustaría saber si votó la diputada Girardi , quien se acaba de retirar. Además, pido el registro de los parlamentarios que no votaron, a fin de que pasen a la Comisión de Ética.
El señor ORTIZ ( Presidente ).- Hago presente al señor diputado que formamos parte de un Poder del Estado , tenemos claras las normas constitucionales y se ha tomado debida nota. No era necesario que su señoría hiciera presente el evento, porque ya habíamos tomado las providencias del caso.
Aclaro esta situación porque la sesión está siendo transmitida por el canal de televisión de la Cámara de Diputados y no quiero que quede una imagen equivocada de lo ocurrido. Algunos tenemos experiencia después de veinticuatro años de ejercicio parlamentario.
El señor KAST (don José Antonio).- Lo voy a hacer presente cada vez que sea necesario.
El señor ORTIZ ( Presidente ).-Insisto, colega, no hay para qué plantear asuntos de esa naturaleza.
RECURSOS PARA CUERPO DE BOMBEROS DE MELINKA, COMUNA DE GUAITECAS (Oficios)
El señor ORTIZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , la semana recién pasada tuvimos una audiencia con los representantes del Cuerpo de Bomberos de Melinka, de la comuna de Guaitecas, la cual conformada por alrededor de dos mil habitantes. Hace pocos días dicha localidad fue conmovida por un incendio que terminó con la vida de un joven matrimonio.
Ese siniestro dejó al desnudo la precariedad de ese Cuerpo de Bomberos en materia de equipamiento, implementación y vehículos, los cuales tienen una antigüedad de más de cuarenta años.
Por eso, pido oficiar a la intendenta de la Región de Aysén , señora Ximena Órdenes ; al director regional de la Onemi y a los subsecretarios de Desarrollo Regional y del Interior, a fin de que coordinen ayuda para ese Cuerpo de Bomberos, comandado por don Jaime Mera , concejal, profesor y superintendente de esa compañía. La idea es que puedan contar con los elementos básicos para combatir incendios en la localidad. Ojalá que nunca más tengamos que lamentar la pérdida de dos vidas humanas a consecuencia de un incendio.
Melinka es la localidad más antigua de la Región de Aysén. Por eso, pido oficiar a esas autoridades, porque ellas manejan recursos y pueden distribuirlos a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
En tal sentido, se solicita a la Onemi la entrega de un equipo de comunicación, con el que no cuenta dicho Cuerpo de Bomberos, para el cual es muy importante contar con dicha tecnología.
Los oficios para la Subdere y para la Subsecretaría del Interior se justifican, porque ambas manejan programas de mejoramiento urbano. A través de la primera, el municipio puede requerir recursos para el mejoramiento del cuartel; a través de la segunda de las subsecretarías señaladas, dicho Cuerpo de Bomberos puede lograr el equipamiento básico a través del Fondo Social de la Subsecretaría del Interior.
La muerte de ese joven matrimonio amerita que mediante esas acciones se pueda contar con la implementación adecuada para que la comunidad de Melinka pueda contar con un Cuerpo de Bomberos operativo. Ello será un gran apoyo para la seguridad de las familias.
Espero la adhesión de todos los presentes.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputados y de los señores diputados que así lo hacen presente.
INFORMACIÓN SOBRE RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y NO VOLUNTARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESDE EL 11 DE MARZO DE 2014 A LA FECHA (Oficios)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , solicito oficiar a todos los ministros para que informen respecto de las renuncias voluntarias y no voluntarias contabilizados desde el 11 de marzo del presente año a la fecha, la antigüedad en los respectivos cargos y si el puesto era remunerado a honorarios o a contrata. En el caso de ser a honorarios, señalar el monto por el cual habían sido contratados; en el caso de las contratas, el grado al que se les asimiló. Además, que se especifique si las personas fueron o no fueron reemplazadas, y en el caso de serlo, el monto de los honorarios o el grado por el cual fueron reemplazadas.
Asimismo, en el caso de los ministerios que cuentan en su dotación con personas elegidas por la Alta Dirección Pública, deseo saber si ellas siguen o no ejerciendo sus funciones. En caso de haber sido removidas o aceptada una renuncia no voluntaria, que se indique el nombre de la persona que se encuentra ejerciendo el cargo.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras y de los señores diputados que así lo indican.
ESCLARECIMIENTO DE SITUACIÓN DE SEREMI DE EDUCACIÓN DEREGIÓN DE O´HIGGINS (Oficios)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente , pido que se oficie a distintas instituciones sobre una situación producida en la Región de O`Higgins, debido al nombramiento de la seremi de Educación, señora Alyson Hadad .
Me interesa que se clarifique el caso, pues es de conocimiento público que ha asumido en ese cargo una persona que figura en la Ficha de Protección Social con aproximadamente 3.000 puntos, lo que, a nuestro juicio, se debe aclarar. En lo personal, no tengo inconvenientes en que ocupe el cargo. Nos asiste la convicción de que personas que presentan vulnerabilidad o una condición económica no común puedan acceder a cargos públicos. En tal sentido, no hay inconveniente alguno. Sin embargo, me preocupa que durante los últimos años y antes de asumir el cargo de seremi de Educación, la señora Alyson Hadad haya ocupado el cargo de directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), donde tomó contacto con el Sistema de Protección Social y tuvo conocimiento de los puntajes de las personas. Por lo tanto, me parece muy extraño que no haya tenido conocimiento de su situación particular, tal como lo señaló al asumir el nuevo cargo, más aún cuando eso le permitió cobrar el año pasado el bono marzo.
Repito, esta situación debe ser clarificada. Tengo entendido que los antecedentes sobre la materia han sido puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la que, espero, pueda responder a este requerimiento.
Me interesa que el contralor general de la República nos informe sobre las medidas que se van a adoptar sobre este caso en particular y que, además, sean informadas al gobierno regional de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins.
Pido, además, que se oficie al ministro de Educación , con el objeto de que informe sobre las medidas que se van a tomar en este caso, y al alcalde de Chimbarongo , quien señaló que en las últimas semanas, debido a este caso, ha sido objeto de presiones destinadas a modificar la Ficha de Protección Social.
No estamos en contra de esa persona, ni de su situación de supuesta vulnerabilidad económica, ni de que haya asumido el cargo, pero sí consideramos importante aclarar, a la luz de los antecedentes expuestos, que en el cargo que ejerció con anterioridad percibía un ingreso superior al millón y medio de pesos. Queremos saber por qué asumió este cargo de tanta importancia, considerando este antecedente en su Ficha de Protección Social.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE FALTA DE COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET VÍA CABLE EN VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA DE SAN BERNARDO (Oficio)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio.
El señor BELLOLIO .- Señor Presidente , pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones , porque en la villa San Francisco , de la comuna de San Bernardo, algunas personas nos han dicho que no tienen cobertura de servicio de telefonía y de internet vía cable.
Al respecto, no habría cobertura ni disponibilidad, porque supuestamente se trata de un barrio o de una zona de alto riesgo, lo cual nos parece una discriminación arbitraria.
Queremos que el subsecretario de Telecomunicaciones nos explique si puede o no una compañía ejercer tal discriminación.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ALZA EN COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE VILLA RUBÉN LAMICH, DE BUIN (Oficio)
El señor BELLOLIO .- En segundo lugar, pido que se oficie a la superintendenta de Servicios Sanitarios respecto de un hecho que ocurrió en la villa Rubén Lamich , de Buin, donde se rompió una matriz, tras lo cual las cuentas de muchos vecinos subieron de 15.000 o 20.000 pesos a 100.000 pesos. Después de esa rotura de matriz, lo único que hizo Aguas Andinas fue ofrecer que esas personas paguen la deuda en cuotas, en circunstancias de que lo que se debe hacer es aclarar la responsabilidad y establecer quiénes deben pagar esa reparación y compensar a todos los hogares afectados.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE DESPIDO DE FUNCIONARIA DE GOBERNACIÓNDE MAIPO. (Oficio)
El señor BELLOLIO .- En tercer lugar, pido que se oficie al gobernador de la provincia de Maipo , con el objeto de que nos explique por qué ha despedido a la funcionaria María de la Luz Núñez Muñoz , quien tenía treinta y dos años de servicio en la institución y solo le faltaban cuatro para jubilar.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
EXPLICACIÓN ACERCA DE PETICIÓN DE ABANDONO DE ESTACIONAMIENTOS A FUNCIONARIOS DEL SAG DE LA PROVINCIA DEL MAIPO (Oficio)
El señor BELLOLIO .- En cuarto lugar, pido que se oficie al gobernador de la provincia del Maipo a fin de que explique por qué a los funcionarios del SAG se les ha pedido que dejen sus estacionamientos, lo cual pone trabas a su trabajo, especialmente en una zona como la provincia del Maipo, donde el SAG cumple una función fundamental. Además, queremos saber cuál es el orden de prioridades en esa gobernación para ocupar esos estacionamientos fiscales.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓNDE HOSPITAL DE BUIN (Oficio)
El señor BELLOLIO .- En quinto lugar, pido que se oficie a la ministra de Salud , con el objeto de que nos informe qué ocurre con el hospital de Buin, si está o no en los planes del Gobierno proceder a su construcción. Durante el gobierno anterior se puso como prioridad, considerando el alto porcentaje de adultos mayores que viven en la zona y el aumento de la población. Repito, queremos saber si está o no en los planes del Gobierno la construcción de ese hospital.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE COMITÉ LA ESPERANZA DE LINDEROS, DE BUIN, Y SOBRE PROYECTO COLÓN, SEGUNDA ETAPA, DE SAN BERNARDO (Oficio)
El señor BELLOLIO .- En sexto lugar, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo , con el objeto de que el Serviu nos informe sobre el estado de situación del Comité La Esperanza de Linderos, de Buin, y cuáles son los pasos que se deben a seguir al respecto, porque no hemos tenido respuesta del Serviu sobre el particular.
Además, pido información sobre qué planes contempla el Gobierno en cuanto al proyecto Colón, segunda etapa, de San Bernardo.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE OBRAS DEL PUENTE MAIPO Y DE FUTURAS OBRAS A REALIZAR EN AUTOPISTA CENTRAL, TRAMO SAN BERNARDO-PAINE. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE BUSES EN CRUCE COLÓN CON RUTA 5 SUR, COMUNA DE SAN BERNARDO (Oficio)
El señor BELLOLIO .- En séptimo lugar, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos informe sobre el estado de las obras de la concesionaria del puente Maipo ; cuáles son las futuras obras sobre la Autopista Central que tiene que ver con la carretera de San Bernardo hasta Paine , y también del acceso sur. Además, pido que se informe sobre el estado del proyecto de construcción de paradero de buses en cruce Colón con ruta 5 Sur.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE COBERTURA EN SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES E INDICACIÓN DE COEFICIENTE ENTRE EDUCADORAS DE PÁRVULOS, TÉCNICOS Y NIÑOS EN JARDINES JUNJI E INTEGRA. INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SALAS CUNA MEDIANTE ESTUDIO GEORREFERENCIAL (Oficio)
El señor BELLOLIO.- Por último, pido que se oficie al ministro de Educación, con el objeto de que nos informe sobre el aumento de cobertura que se ha anunciado respecto de salas cuna y jardines infantiles.
Por otra parte, que informe sobre cuál es el coeficiente que existe entre adultos y niños, desde el punto de vista de educadoras de párvulos, técnicos y niños en todos los jardines Junji e Integra, particularmente en la provincia del Maipo.
Además, que informe cuándo se construirán las nuevas salas cuna y jardines infantiles a través del sistema georreferencial.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN RÍOS TINGUIRIRICA, ANTIVERO Y ZAMORANO,REGIÓN DE O´HIGGINS (Oficio)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el turno del Comité Independiente, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Obras Públicas -Dirección de Obras Hidráulicas-, debido a que todos los pronósticos climatológicos nos indican que este año será lluvioso.
Al respecto, quiero decir que en relación con el caudal de los ríos de la zona central, en especial de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, existe bastante complicación en invierno.
Por lo tanto, pido que el ministro nos indique la fuente de financiamiento para la construcción de defensas fluviales en los ríos Tinguiririca, Antivero y Zamorano . Existe un plan maestro para ejecutar dichas obras. Por tanto, es importante que informe en qué puntos se deberían ejecutar las obras de defensas fluviales. Creo que deberían estar específicamente en las entradas de los canales de regadío. Me gustaría saber cuáles son aquellos puntos. En el río Tinguiririca, por ejemplo, son alrededor de 18 a 36.
En consecuencia, quiero que me informe sobre cuáles son esos puntos, cuáles van a ser las inversiones y que señale el tiempo que se calcula para ejecutar dichas obras.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDADES DE REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS (Oficio)
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Por último, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos informe sobre proyectos de agua potable rural, ya que existen varios sectores de mi distrito que están esperando una inversión en tal sentido.
La localidad de Quicharco, comuna de Chimbarongo, es un sector cordillerano donde viven familias que aún no tienen agua potable y, por consiguiente, tampoco pueden postular al subsidio rural.
En consecuencia, quiero que se me informe si para el sector de Quicharco se tiene contemplado un proyecto de APR como inversión. Quiero saber cuándo se va a realizar ese proyecto de inversión; si va a ser vía sectorial o se van a enviar todos los antecedentes para el financiamiento al FNDR de la Región de O´Higgins.
Además, que me informe en relación con el programa Agua Potable Rural (APR) Agua Buena, porque actualmente los vecinos de ese sector sacan el agua de un estanque que hay que cambiar. Varias veces he señalado en la Sala la necesidad de apresurar el cambio de ese estanque, ya que existen aproximadamente doscientas familias que no tienen agua potable de la calidad que bebe la mayoría de los chilenos.
El tercero es en El Crucero, sector La Paloma, comuna de San Fernando, donde hay que hacer una importante inversión en conservación en un tramo de alrededor de 400 metros. En ese sentido, quiero saber en qué fecha se realizará dicha inversión en ese importante sector de San Fernando, que pertenece más bien al valle de la comuna y no al sector cordillerano.
Por último, respecto del agua potable rural de la localidad de Larmahue, comuna de Pichidegua, todavía no se tiene información sobre los derechos de agua que deberían haber llegado a la única cooperativa que está constituida desde el año pasado. Lamentablemente, dicha cooperativa aún no ha inscrito los derechos de agua, los cuales pertenecían al Sendos desde antes de que se privatizara.
Por eso, me gustaría que la unidad jurídica del Ministerio nos aclare qué está sucediendo con los derechos de agua que se constituyeron hace ya varios años, pero que, lamentablemente, todavía no pueden utilizarse a través de la nueva cooperativa de agua potable de Larmahue.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
REVISIÓN DE DECRETO RELACIONADO CON PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS EN LO CONCERNIENTE A EMISIONES FIJAS (Oficios)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el turno siguiente, correspondiente al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro del Medio Ambiente y a la intendenta de la Región de O´Higgins, con copia a la seremi del Medio Ambiente, con el objeto de que dispongan la revisión del decreto respectivo del plan de descontaminación de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins en lo concerniente a las emisiones fijas, y muy especialmente las relacionadas con las panaderías, dada la importancia que tiene la producción de pan, alimento esencial en la dieta no solo de los ciudadanos de dicha región, sino del resto del país.
Pido que analicen medidas concretas que mitiguen las prohibiciones respecto de esas emisiones, que son pocas si analizamos los puntos de emisión tanto en la capital regional como en cada una de las regiones, en comparación con otros puntos de emisión.
En mi opinión, se puede estar generando un problema para la industria del pan, lo cual puede producir un menoscabo irreparable si pensamos en lo que significaría la disminución de panaderías que elaboran dicho alimento y que con su trabajo contribuyen a que ese vital producto alimenticio esté en la dieta y en la mesa de los habitantes de Rancagua, de las comunas del distrito N° 33, integrado, entre otras, por Rengo, Graneros , Machalí , Doñihue, y, en general, de todas las demás comunas de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención a los representantes de las asociaciones de panaderos no solo de la región, sino también de todo el país, cuyos antecedentes haré llegar en detalle a la Mesa.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADES y SANCIONES POR FALTA DE FISCALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficios)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores.
El señor FLORES.- Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Obras Públicas y al director nacional de Arquitectura de dicha cartera para que informen sobre las responsabilidades y establezcan eventuales sanciones a quienes debieron haber hecho bien la labor de fiscalización, lo cual no ocurrió, en una nueva expresión de incapacidad y falta al deber en la Región de Los Ríos. Me refiero al edificio del Servicio Médico Legal, que fue construido a fines de la década de los noventa. El proyecto de ampliación fue aprobado en 2009, y, a pesar de haber sido inaugurado en 2013, todavía no tiene recepción definitiva y presenta múltiples fallas.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE NUEVO CONTRATO DE BARCAZA, COMUNA DE CORRAL (Oficios)
El señor FLORES.- Asimismo, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y a la directora de Obras Portuarias , para que expliquen las condiciones y diferencias del nuevo contrato de la barcaza que da conectividad a la comuna de Corral. Aquí se ha producido un hecho grave, pues se debió haber llamado a licitación. Hoy, el contrato se encuentra desmejorado respecto del anterior en términos de los beneficios que entrega a los corraleños.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN SECTOR SANTA TERESA Y DEPUENTE MENELHUE, COMUNA DE SAN CARLOS (Oficio)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , a propósito de las concesiones viales, el ministro de Obras Públicas ha señalado recientemente que se están modificando algunos contratos para aumentar el número de pistas en algunas casos, y las políticas de seguridad, en otros.
En relación con este último punto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que disponga la construcción de una pasarela en el sector Santa Teresa , en la ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Carlos. Se trata de una obra que había sido considerada en un plan de mejoramiento de la autopista, pero que fue rechazada en el gobierno anterior por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, que cumpla con la construcción del puente Menelhue, comuna de San Carlos, obra adicional que también se había anunciado por parte del MOP y que permitirá una mayor seguridad en la autopista que une Chillán con Talca.
En definitiva, se trata de mejorar las condiciones de seguridad de los vecinos del sector Santa Teresa, por cuanto se han producido varios atropellos en la comuna. Incluso, hace poco tiempo falleció una joven que cruzaba la calle a tomar locomoción colectiva para dirigirse a su colegio.
Por lo tanto, ellos necesitan esa pasarela y, además, debe haber un mejor plan de seguridad en las autopistas.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo indican a la Mesa.
PLAN DE ENROLAMIENTO DE CAMINOS VECINALES (Oficio)
El señor SABAG.- Finalmente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas , a fin de que inicie un plan de enrolamiento de caminos vecinales, de gran utilidad pública. Hoy, dicha cartera no puede intervenirlos precisamente por carecer de la normativa legal que lo permita.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE CRÉDITOS CORFO Y DE INSTITUCIONES BANCARIAS PARA FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (Oficios)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , el sistema educacional es muy desigual, y de esto no se escapa el sistema de financiamiento. Las personas que han tenido la intención de estudiar y que no tienen los medios para hacerlo han solicitado créditos para pagar sus estudios en la educación superior. Dentro de esos créditos se encuentra el otorgado por Corfo, el cual ha mostrado distintas falencias a lo largo del tiempo.
No podemos quedar indiferentes ante los menoscabos y graves perjuicios que han sufrido los estudiantes y sus familias que hicieron uso del crédito Corfo , que suponía un beneficio y una facilitación para que esas personas pudieran estudiar, pero que se ha transformado en una pesadilla que no tiene fin. Lamentablemente, aún existen más de 100.000 personas afectadas.
Durante el último período del gobierno del Presidente Piñera, se realizó una negociación para abordar ese grave problema, comprometiéndose a rebajar la tasa de interés a 2 por ciento.
Para la rebaja de la tasa de interés, amén de otros puntos que se abordaron en el acuerdo alcanzado entre distintos bancos, Corfo , Sernac e Ingresa, se puso a disposición la pagina web creditopregrado.cl, en la que los estudiantes que suscribieron el crédito Corfo para el financiamiento de la educación superior podían refinanciar la deuda, además de acceder al beneficio de la rebaja de la tasa de interés a 2 por ciento.
Para ello, los estudiantes debían acreditar un crédito Corfo vigente y estar dentro de los nueve primeros deciles de la población -criterio que también se utilizó para la rebaja del crédito con aval del Estado-, además de cumplir con el requisito excluyente de no tener morosidad en el cumplimiento del pago del crédito, ni demanda en su contra.
Con todo, se han dado las siguientes situaciones, según datos entregados por la agrupación “Estafados por Corfo”:
De 106.000 estudiantes con crédito Corfo para la educación superior, postularon solamente 40.747 personas, lo cual es inferior al 50 por ciento de las personas con crédito. De esas 40.747 personas que postularon al beneficio, solo 32.529 obtuvieron la rebaja de tasa a 2 por ciento, vale decir, fueron rechazadas 8.218 solicitudes.
Adicionalmente a esos 106.000 estudiantes, unas 25.000 personas no se encontraban en condiciones de recibir beneficio alguno, ya que al momento de renegociar la deuda con los bancos, tomaron conocimiento de que el crédito que habían suscrito para financiar sus estudios superiores no correspondía al crédito Corfo , sino a uno que venía de recursos propios de bancos, es decir, habían suscrito un crédito de consumo con la banca. A este tipo de crédito para el financiamiento de la educación superior se le llama “el crédito no Corfo”, que corresponde a estudiantes que, creyendo haber sido beneficiados con el crédito Corfo para la educación superior, suscribieron uno de consumo con la banca, cuya tasa de interés puede llegar, incluso, al 12,6 por ciento.
Hago hincapié en que los intereses se comienzan a pagar al mes subsiguiente de suscribir el crédito con un banco. Lo anterior, demuestra la inutilidad de la rebaja a 2 por ciento, dado que no se aplica de manera retroactiva, ya que los intereses fueron pagados en su mayoría con tasas de interés superiores a 2 por ciento, llegando incluso a 12,6 por ciento.
Además, entre los acuerdos que se lograron en 2012 estaba el compromiso de detener los juicios ejecutivos en contra de los deudores por créditos Corfo, con el objeto de flexibilizar el pago de la deuda.
Actualmente, existen 4.800 personas demandadas judicialmente por la banca; las demandas se ejercen contra el deudor principal y el aval, por lo cual la cantidad de afectados por el no cumplimiento de ese acuerdo puede llegar, en el mejor de los casos, a las 10.000 personas, si consideramos que tienen solamente un crédito moroso. Al respecto, cabe considerar que existen aproximadamente cuatro o cinco créditos por persona.
Por lo tanto, pido que se oficie:
Al superintendente de Bancos, para que remita la información correspondiente a los créditos suscritos con modalidad de consumo para financiamiento de estudios en la educación superior entre las distintas entidades bancarias y los estudiantes, habida consideración de haberse utilizado el logo de Corfo para entregar lo que en realidad eran créditos de consumo con altas tasas de interés y no créditos Corfo .
Al vicepresidente de Corfo, para que remita el número de personas que visitaron la pagina web creditopregrado.cl, con el objeto de verificar la efectividad de la publicidad sobre el beneficio en el cambio de condiciones del crédito Corfo y contrastar esa información con el catastro actualizado de los estudiantes afectados hasta el mes de abril del presente año.
Además, para que remita el número de personas que a la fecha ha postulado al beneficio del crédito Corfo , el número de personas que negoció el cambio del crédito Corfo y el número de personas a las cuales sí se les concedió el beneficio y que obtuvo la rebaja a 2 por ciento.
Al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), para que envíe información acerca del cumplimiento de los convenios suscritos por los bancos Scotiabank (ex-Banco del Desarrollo) y Banco Falabella, en conjunto con el Servicio Nacional del Consumidor y el vicepresidente de Corfo, a fin de verificar si el Servicio ha realizado un seguimiento de los acuerdos abordados y su efectivo cumplimiento, dado que la mera existencia de ellos no obsta para que se cumplan.
Por último, dado lo sensible que son los temas en educación, pido que se oficie al ministro de Educación para que coordine una mesa de trabajo entre la Agrupación de Estudiantes Estafados por el Crédito Corfo y esa Corporación.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
Si su señoría lo estima, la Mesa sugiere enviar copia de su intervención también a los afectados.
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PLAN REGULADOR EN BARRIO LOS ADOQUINES, COMUNA DE ÑUÑOA (Oficio)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Maya Fernández.
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya) .- Señor Presidente , desde hace un tiempo los vecinos de la comuna de Ñuñoa están preocupados por la forma como se viene destruyendo la vida de barrio. No están en contra de la llegada de nuevos vecinos y vecinas, pero sí están preocupados de que se construya en armonía con su entorno.
Es el caso de los vecinos de las unidades vecinales N° l y N° 2, del barrio Los Adoquines, que están preocupados por el cumplimiento de la normativa de la Ordenanza del Plan Regulador de Ñuñoa.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que se proceda a fiscalizar el debido cumplimiento por parte de la Dirección de Obras, revisor independiente del arquitecto proyectista o de las inmobiliarias, de los estándares que se deben cumplir en los proyectos de las zonas Z-4m y Z-4b del barrio Los Adoquines, al tenor de las normas referidas.
Asimismo, que se informe acerca del cumplimiento de la publicidad requerida de los proyectos por parte de la Dirección de Obras (DOM) y de las inmobiliarias.
Señor Presidente , para quienes vivimos en la comuna de Ñuñoa eso es muy importante. Hace unos días dejaron un panfleto en mi casa, en el cual ya no solamente me solicitan que venda mi propiedad, sino que ahora me ofrecen kilómetros LanPass si logro convencer al vecino de que venda la suya. Estamos llegando a niveles tales que debemos ejercer control y fiscalización en esta materia.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
PREOCUPACIÓN POR TÉRMINO DE PROYECTO “OBSERVATORIO GEODÉSICO INTEGRADO TRANSPORTABLE” (TIGO) (Oficios)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete.
El señor POBLETE.- Señor Presidente , el desarrollo de las áreas de investigación es quizá la dimensión más importante que enfrentan las universidades chilenas de cara al siglo XXI. En ese sentido, hay factores específicos que requieren una toma de conciencia particular, sobre todo en aquellas áreas de la ciencia más desconocidas para la ciudadanía, como pueden ser las geociencias, en especial, la geodesia.
El Observatorio Geodésico Integrado Transportable (TIGO) es, originalmente, un proyecto de la Oficina Federal de Cartografía y Geodesia de Alemania y se encuentra ubicado en los fundos La Cantera y El Guindo, de la Universidad de Concepción.
En ese sitio se instalaron el radiotelescopio VLB-1, con su antena de seis metros de diámetro; un telescopio óptico láser para mediciones satelitales; dos relojes atómicos; un sismómetro y un receptor GPS, entre otros equipamientos necesarios para cumplir con los objetivos del observatorio, esto es, efectuar observaciones para contribuir al establecimiento del sistema de referencia global y mantención de su correspondiente marco de referencia, y efectuar monitoreo de los parámetros de orientación de la Tierra y movimiento de la corteza.
Este consorcio penquista está integrado por las Universidades de Concepción, del Bío-Bío, de la Santísima Concepción y el Instituto Geográfico Militar, entidades que firmaron un convenio de colaboración para actuar como contraparte chilena del proyecto alemán.
Sin embargo, hoy el proyecto llega a su término debido a la falta de financiamiento y se traslada a Argentina, donde sí cuenta con financiamiento adecuado y con espacio en la institucionalidad educacional argentina.
Pensamos que, francamente, es inexplicable que en nuestro país se desaproveche una oportunidad de hacer ciencia, como la que representa este centro de geodesia. La escasez de investigación de calidad, la pobreza institucional en materia de apoyo a las universidades públicas para investigar adecuadamente, la permanente precariedad de los medios y la despreocupación del Estado de Chile, hacen aconsejable mirar de una buena vez y con detención el destino del proyecto TIGO, para así poder revertir esta decisión.
Esta resolución puede ser un desastre para la investigación y la geociencia en Chile. Es nuestro deber, por tanto, intentar hacer algo y frenar de una vez por todas este abandono.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Educación , en su calidad de tal y en su calidad de presidente del Consejo de Rectores , con copia a los rectores de la Universidad de Concepción, de la Universidad del Bío-Bío y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, para que se notifique a esta Sala respecto de la información con que se cuenta acerca de la decisión del proyecto “Observatorio Geodésico Integrado Transportable” (TIGO), de trasladarse por falta de financiamiento, y de las acciones que ese ministerio ha realizado para reconsiderar y revertir tal decisión.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
DESARROLLO DE NUEVO MODELO DE MEDIO AMBIENTE
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Daniel Melo.
El señor MELO.- Señor Presidente , la conmemoración del Día de la Tierra corresponde a la iniciativa de un colega nuestro, quien rechazaba la idea de que el crecimiento económico debería ser más relevante que la protección medioambiental. Sin embargo, podemos afirmar que somos los seres humanos quienes estamos destruyendo nuestro planeta, desacreditando definitivamente el argumento empresarial de que las emisiones de carbono producidas por el ser humano no están afectando el cambio climático.
¿Qué estamos haciendo al respecto? La respuesta puede ser dolorosa.
Chile ha multiplicado por cuatro sus emisiones de carbono. Hay una interminable cadena de centrales termoeléctricas y de rellenos sanitarios.
Las soluciones son difíciles de compatibilizar con una política de desarrollo sustentable, como los proyectos HidroAysén y Pascua Lama, que no invitan a catalogar al país como líder en el cuidado del medio ambiente.
Por ello, al legislar, debemos incorporar en el análisis y decisión aquellos valores que pueden ser objeto de valorización económica: me refiero a los derechos territoriales ancestrales, a la justicia ambiental y social y a la subsistencia humana.
En la conmemoración del Día de la Tierra, quiero reafirmar el compromiso de insistir, con más fuerza que nunca, en la necesidad de contar con un nuevo modelo de desarrollo en nuestro país. Si queremos ofrecer un futuro mejor a las nuevas generaciones, debemos interrogarnos sobre la relación que establecemos, como sociedad, con nuestro medio ambiente. Quizá, aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo y dar una oportunidad a una transición socioecológica, pactada y planificada a nivel local y global, donde los énfasis de política pública sean puestos en tecnologías de conservación de energía, en gestión circular de materiales, en transporte público urbano y agricultura orgánica.
Necesitamos construir un nuevo mundo, donde podamos vivir de manera igualitaria y cuyo norte último sea la felicidad humana, el cuidado del medio ambiente y no la acumulación de riqueza de unos pocos a costa de la destrucción de nuestra tierra.
He dicho.
INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD EN SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS RELACIONADAS CON ESTABLECIMIENTOSEDUCACIONALES REPUESTOS, AMPLIADOS O INTERVENIDOS (Oficio)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar.
El señor SALDÍVAR .- Señor Presidente , solicito oficiar al Ejecutivo para que informe si tiene considerado incorporar elementos de sustentabilidad en las soluciones arquitectónicas, particularmente de los establecimientos educacionales que van a ser repuestos, ampliados o intervenidos.
En mi opinión, resulta sustantivo y fundamental incorporar la sustentabilidad como elemento clave en nuestra sociedad, en lo económico y en lo social, para tener una vida en condiciones mucho más amigables con el ambiente, sobre todo por el ahorro de agua, de energía y, especialmente, de iluminación en dichos establecimientos.
En mi opinión, esos elementos van a permitir que los estudiantes, en contacto con esa naturaleza, sean capaces de incorporar conocimientos, afecto y mejor disposición frente a los temas naturales.
Mi consulta es si, por vía administrativa, se dispondrá que las licitaciones que se efectúen para intervenir establecimientos escolares conllevarán elementos de sustentabilidad, los que, a mi juicio, son importantes en esta oportunidad, en que buena parte de nuestro territorio se encuentra asolado por una tremenda sequía.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados y las diputadas que así lo manifiestan a la Mesa.
Por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.37 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9290-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO 2°
1) Para modificar el numeral 3), que adecúa el artículo 8° de la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en su literal g) que reemplaza el literal m) del precitado artículo, en el siguiente sentido:
a) Suprímese la frase “efectuada dentro del plazo de 36 meses contados desde su adquisición, fabricación o término de construcción, según proceda,”.
b) Agrégase un párrafo segundo del siguiente tenor:
“No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, no se considerará, para los efectos del presente artículo, la venta de bienes corporales muebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, efectuada después de transcurrido un plazo de 36 meses contados desde su adquisición, importación, fabricación o término de construcción, según proceda, siempre que dicha venta haya sido efectuada por o a un contribuyente acogido a lo dispuesto en el artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta, a la fecha de dicha venta. Si la venta se lleva a cabo antes del vencimiento del plazo señalado, y no se soportó el impuesto al valor agregado en la adquisición, la base imponible de dicho tributo será la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Para estos efectos deberá reajustarse el valor de adquisición del bien mueble de acuerdo con el porcentaje de variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor en el período comprendido entre el mes anterior al de la adquisición y el mes anterior a la fecha de la venta.”.
2) Para sustituir en el numeral 5), que modifica el artículo 16 de la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, su literal b. por el siguiente:
“b. Reemplázase el literal g) por el siguiente:
“g) En el caso de venta de bienes inmuebles usados, en cuya adquisición no se haya soportado impuesto al valor agregado, realizada por un vendedor habitual, la base imponible será la diferencia entre los precios de venta y compra. Para estos efectos deberá reajustarse el valor de adquisición del inmueble de acuerdo con el porcentaje de variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor en el período comprendido entre el mes anterior al de la adquisición y el mes anterior a la fecha de la venta.”.”.
3) Para modificar el numeral 9), que reemplaza el artículo 42 de la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en el siguiente sentido:
a) Intercálase en el párrafo segundo de la letra a) entre la palabra “nutricional” y la preposición “a” la siguiente frase “de elevado contenido de azúcares” y agrégase entre el número “20.606,” y el artículo “la”, la siguiente frase: “la que para estos efectos se considerará existente cuando tengan más de 15 gramos (g) por cada 240 mililitros (ml) o porción equivalente,”.
b) Suprímese en la letra b) la última oración que comienza con las expresiones “Con todo”, pasando el actual punto (.) seguido a ser punto (.) final.
4) Para modificar el numeral 10) que incorpora un nuevo artículo 46 a la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en el siguiente sentido:
a) Reemplázase en su inciso primero la frase “la importación, sea habitual o no, de” por “los”, y sustitúyase la palabra “pagará” por “pagarán”.
b) Elimínase en su inciso tercero la expresión “de la importación” la primera vez que se emplea, y reemplázase la expresión “a la importación” por la palabra “respecto”.
c) Reemplázase su inciso quinto por el siguiente:
“El impuesto a que se refiere el presente artículo será pagado en el Servicio de Tesorería, según el valor de la Unidad Tributaria Mensual vigente a la fecha del pago. No se procederá a la inscripción del vehículo respectivo en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación sin que previamente se acredite el pago del impuesto antes dicho.”.
d) Reemplázanse sus incisos sexto y séptimo por los siguientes:
“Los contribuyentes afectos al Impuesto al Valor Agregado , tendrán derecho a deducir de su débito fiscal determinado de conformidad a las normas del artículo 20 y siguientes, en calidad de crédito fiscal, una suma equivalente al impuesto pagado de conformidad a este artículo, en la adquisición de camionetas nuevas de menos de 2.000 kilos de capacidad de carga útil que empleen petróleo diésel y siempre que pasen a formar parte del activo inmovilizado del contribuyente. Para impetrar este beneficio, el contribuyente deberá contar con el comprobante de pago de este impuesto, el que deberá hacer referencia al número de inscripción de la camioneta de que se trate, así como a los demás antecedentes para su correcta singularización. El Servicio de Impuestos Internos establecerá la forma y condiciones en que podrá hacerse efectivo este crédito y verificará su correcta aplicación. En el caso que el contribuyente enajene la o las camionetas a que se refiere este inciso, dentro del plazo de 36 meses contados desde su adquisición, deberá devolver la cantidad correspondiente a la deducción efectuada conforme a esta disposición.
Si de la aplicación de la norma contemplada en el inciso precedente resultare un remanente de crédito en favor del contribuyente, éste podrá imputarse a cualquier otro impuesto fiscal, incluso de retención o de recargo que deba pagar por el mismo período tributario, a darle el carácter de pago provisional mensual de la ley de la renta, o a que le sea devuelto por el Servicio de Tesorería, en la forma que lo dispone el artículo 3º del presente decreto ley.
El precitado crédito se considerará, para los efectos de su imputación, devolución y sanciones como un impuesto sujeto a retención o recargo, siéndole aplicables las normas que correspondan tanto de este decreto ley como del Código Tributario.”.
ARTÍCULO 2° BIS NUEVO
5) Para agregar un artículo 2° bis nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 2° bis.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 4° del decreto ley N° 828, de 1974, que establece normas para el cultivo, elaboración, comercialización e impuestos que afectan al tabaco, el guarismo “0,000128803” por “0,000143959”.”.
AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO
6) Para reemplazar su numeral 4), por el siguiente:
“4) En el inciso segundo, del número 8, del artículo 17, elimínense las expresiones:
“Tratándose de la enajenación de derechos en sociedad de personas o de acciones emitidas con ocasión de la transformación de una sociedad de personas en sociedad anónima, que hagan los socios de sociedades de personas o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones, a la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, para los efectos de determinar el mayor valor proveniente de dicha operación, deberán deducir del valor de aporte o adquisición de los citados derecho o acciones, según corresponda, aquellos valores de aporte, adquisición o aumentos de capital que tengan su origen en rentas que no hayan pagado total o parcialmente los impuestos de esta ley. Para estos efectos, los valores indicados deberán reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición o aporte, aumento o disminución de capital, y el último día del mes anterior a la enajenación.”.”.
7) Para agregar en su numeral 8), que modifica el artículo 54 de la ley sobre impuesto a la Renta, una letra c) nueva del siguiente tenor:
“c) Reemplázase el inciso sexto del número 1 por el siguiente:
“Se incluirán también las rentas o cantidades percibidas de empresas o sociedades constituidas en el extranjero y aquellas que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 G, las rentas presuntas determinadas según las normas de esta ley y las rentas establecidas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71. En el caso de comunidades el total de sus rentas presuntas se entenderán retiradas en proporción a sus respectivas cuotas en el bien de que se trate.”.”.
AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO
8) Para reemplazar el contenido del número X) propuesto, por el siguiente:
“Lo dispuesto en el número 15), letra b, del artículo 1° de la presente ley, regirá a contar del primer día del mes siguiente a su publicación, respecto de las cantidades pagadas, adeudadas, abonadas en cuenta, contabilizadas como gasto, remesadas o que se pongan a disposición del interesado a partir de esa fecha. Sólo podrán rebajarse como gasto las cantidades allí señaladas, que no hayan sido deducidos como tales con anterioridad a la referida entrada en vigencia.”.
AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO
9) Para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo séptimo. Lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley entrará en vigencia de manera gradual, de acuerdo a las siguientes fechas: A partir del 1° de enero del año 2015, el crédito establecido en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, se aplicará en la venta de bienes corporales inmuebles para habitación efectuada y contratos generales de construcción que se suscriban, a partir de esa fecha y cuyo valor no exceda de 4.000 unidades de fomento, con un tope de hasta 200 de dichas unidades por vivienda. A partir del 1° de enero del año 2016, dicho crédito se aplicará cuando el valor no exceda de 3.000 unidades de fomento, con un tope de hasta 150 de dichas unidades por vivienda. Finalmente, a partir del 1° de enero del año 2017 el precitado crédito se aplicará cuando el valor antes dicho no exceda de 2.000 unidades de fomento, con un tope de hasta 100 de dichas unidades por vivienda.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; ALBERTO ARENAS DE MESA, Ministro de Hacienda .”
Informe Financiero
Indicación al proyecto de ley de reforma tributaria que modifica el sistema de
tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario
Mensaje 063-362, (boletín 9290-05)
I. OBJETIVOS DE LA INDICACIÓN
La presente indicación al proyecto de ley de reforma tributaria, tiene como objetivo principal el perfeccionar aspectos específicos del mensaje 024-362, que dio inicio a la tramitación de dicho proyecto.
Coherente con lo anterior, la indicación considera las siguientes modificaciones:
I) Al numeral 8 del artículo 2°, en lo correspondiente a las normas que permiten gravar con IVA las venta de activos fijos que realicen las empresas, independientemente del plazo transcurrido desde su compra. Con todo, se exime de este impuesto a las empresas contribuyentes del artículo 14 ter sobre impuesto a la Renta, tanto en la adquisición de bienes muebles que formen parte de su activo fijo, como en la venta de los mismos, siempre que esta se materialice transcurridos 36 meses constados de su importación, adquisición, fabricación o término de construcción.
II) A los numerales 9 y 10 el artículo 2°, en lo correspondiente al impuesto a bebidas alcohólicas y analcohólicas, y a la aplicación de las normas relativas a la tributación de camionetas que utilizan diésel como combustible, precisando que aquéllas que se destinen como bienes de capital de la empresa puedan recuperar dicho impuesto como crédito contra el IVA y otros impuestos que indica.
III) Se incorpora un nuevo artículo 2° bis al proyecto, que establece un incremento al impuesto específico a la venta de cigarrillos y
IV) Otras adecuaciones asociadas a la entrada en vigencia y aplicación de la reforma tributaria, contenidos en los artículos segundo, tercero y séptimo, todos transitorios, de este proyecto de ley.
II. EFECTO DE LA INDICACIÓN AL PROYECTO DE LEY SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL.
El principal efecto sobre el presupuesto fiscal de las indicaciones antes descritas proviene, en lo permanente, de la aplicación de aquellas señaladas en el literal I) y, en los transitorio, de las señaladas en el literal II) y que modifican la estructura de los ingresos que se espera obtener con la reforma tributaria mientras se alcanza el estado de régimen. Esto se presenta a continuación:
a) Aplicación del IVA a venta de activos fijos que hayan recuperado el impuesto al momento de comprarlo, independiente de la fecha de la compra. El efecto de esta medida es de mayores ingresos de $19.792 millones el año 2014 y de $62.432 millones el año 2015 y siguientes, siendo por tanto el impacto en régimen equivalente a 0.05% del PIB 2013, respecto de los ingresos proyectados en el informe financiero del mensaje 24-362 (IF N° 38/2014).
b) Impuesto bebidas alcohólicas y analcohólicas
La modificación al artículo 2° del proyecto modifica la tributación de bebidas alcohólicas y analcohólicas, eliminándose el impuesto específico (sobretasa). Esto, genera como efecto ingresos fiscales de $ 38.058 millones en el año 2014 y $114.175 millones el año 2015 y siguientes, siendo por tano el impacto en régimen de -0.7% del PIB, respecto de los ingresos proyectados en el IF N° 38/2014.
c) Modificación a la tributación del tabaco, nicotina y similares: Consiste en elevar el impuesto específico al tabaco, de 0.00012803 a 0.000143959 UTM por cigarrillo, generando ingresos adicionales por $ 10.532 millones el año 2014 y $31.595 millones el año 2015. En régimen, la mayor recaudación equivale a 0,02% del PIB 2013.
En este caso, se ha estimado el efecto de la nueva tasa sobre la base de recaudación del mismo impuesto sobre la venta de cigarrillos 2012, según datos de Servicio de Impuestos Internos (SII).
d) Aplicación impuesto a vehículos diésel.
Esta medida, al representar una precisión al texto original expresada por el ejecutivo en el mensaje 024-362, no implica cambio en la estimación de ingresos fiscales.
e) Medidas transitorias.
a. Respecto del artículo segundo transitorio: Si bien se adelanta el efecto positivo en recaudación, no es posible determinar ese valor con los datos existentes;
b. Respecto del artículo tercero transitorio: Según estimaciones del SII, adiciona $5.787 millones el año 2014, y $17.360 millones cada uno de los años 2015 y 2016;
c. Respecto de la indicación al artículo séptimo transitorio, consiste en un cambio en la gradualidad de aplicación de la modificación al crédito establecido en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, según el SII el efecto estimado con la indicación es el de la obtención de ingresos fiscales por $36.171 millones el año 2015 y $108.514 millones el año 2016.
Total efectos sobre los ingresos fiscales.
El efecto neto permanente de los cambios presentados, equivale a 0% del PIB, dado que el conjunto de medidas compensan los efectos que se proyectan parra cada una sobre los ingresos fiscales.
(Fdo.): SERGIO GRANADOS AGUILAR, Director de Presupuestos .?
2. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaídoen el proyecto de ley que suprime el feriado judicial para los tribunalesque indica (boletín N° 9.155-07-1).
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República .
Para el despacho de esta iniciativa, S.E. la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “simple” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de 30 días para afinar su tramitación, término que vence el día 1° de mayo próximo por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 1° de abril, recién pasado.
Durante la discusión de este proyecto de ley, vuestra Comisión contó con la asistencia del Ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez; del Presidente de la Excma . Corte Suprema, señor Sergio Muñoz Gajardo, del ex Subsecretario de Justicia , señor Juan Ignacio Piña Rochefort; de la Coordinadora General de la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia del Ministerio de Justicia, señora Mariana Valenzuela Cruz; del asesor de dicha cartera de Estado señor José Miguel Poblete y del asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, señor Héctor Mery Romero.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1) La idea matriz o fundamental del proyecto es la de eliminar el feriado judicial en los Tribunales Superiores de Justicia y en los juzgados de letras con competencia civil, a fin de asegurar la continuidad del servicio de administración de justicia.
2) Normas de carácter orgánico constitucional.
Se encuentra en esta situación el artículo 1° del proyecto en informe, que introduce modificaciones al Código Orgánico de Tribunales.
3) Normas de quórum calificado.
No hay.
4) Requiere trámite de Hacienda.
No.
5) El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.
En sesión 7ª, de 14 de abril de 2014, se aprobó en general por unanimidad.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahín, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Rincón, don Ricardo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo.
5) Se designó Diputado Informante al señor Saffirio, don René.
-o-
I. ANTECEDENTES GENERALES.
1.- Consideraciones previas.
El significativo avance en el proceso de modernización de la justicia que ha existido en nuestro país en los últimos veinte años, iniciado con la Reforma Procesal Penal, seguido de la reforma a la justicia de familia, laboral, tributaria y de medio ambiente, a lo que se suma el diseño actualmente en discusión del nuevo sistema de justicia civil y comercial, ha significado importantes mejoras en los índices de efectividad en la tutela judicial de los derechos de las personas. La instauración de nuevos procedimientos inspirados en los principios de inmediación, oralidad, publicidad y libertad probatoria, entre otros, ha mejorado valiosamente tanto en calidad como en oportunidad la obtención de justicia por parte de los habitantes de nuestro país.
De esta manera, el Estado de Chile viene cumpliendo y promoviendo, decidida y enérgicamente, su compromiso de asegurar la debida, oportuna e igualitaria protección de la ley en el ejercicio de los derechos de todas las personas.
En este contexto de reformas judiciales y de notable progreso económico y social de nuestro país, la ciudadanía se ha hecho más consciente de sus derechos y de las oportunidades que el sistema de administración de justicia le provee. Como consecuencia de esta legítima expectativa, la demanda por los servicios judiciales ha experimentado un notable aumento en los últimos años, llegando a 3.003.271 ingresos en el año 2012, cifra ampliamente superior a los 1.676.472 ingresos ocurridos el año 2002.
Al mismo tiempo, y con el propósito de entregar el mejor servicio posible, tales reformas implicaron profundas modificaciones a la administración de los tribunales. Así, se introdujo un modelo de gestión que incorporó la figura del Administrador del Tribunal y de distintas unidades administrativas. De esta manera, se ha concebido la Administración de Justicia como un servicio público de excelencia y orientado a las personas, a través del cual se ejerce la jurisdicción y se resuelven las controversias de relevancia jurídica con un estándar acorde a un Estado democrático de Derecho moderno.
Lo anterior ha implicado que, al igual que en el resto de los servicios públicos, en el ejercicio jurisdiccional se vele por la continuidad del servicio, haciéndose necesaria la exclusión del feriado judicial en estos nuevos tribunales. Así, los tribunales de Familia y del Trabajo, junto a los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía, Tribunales Tributarios y Aduaneros y Tribunales Ambientales, se encuentran excluidos del referido receso estival. De esta manera, junto a algunos tribunales especiales que no son objeto de la presente iniciativa, solo los juzgados civiles y los Tribunales Superiores de Justicia suspenden su funcionamiento durante el mes de febrero.
Por otra parte, desde el punto de vista estatutario, resulta impropio obligar a determinados funcionarios del orden judicial a ejercer su derecho a vacaciones en un específico mes del año calendario, en circunstancias que sus pares de la judicatura especializada pueden hacerlo en cualquier período del año, resguardando, en todo caso, el buen y continuo servicio judicial del respectivo ente jurisdiccional al que pertenecen. En este mismo sentido, creemos que con esta normativa los funcionarios del Poder Judicial gozarán de flexibilidad en el uso de su feriado legal, lo cual resulta beneficioso para su desempeño profesional y en términos de gestión de tribunales.
Asimismo, desde un punto de vista constitucional, el feriado judicial no contribuye a la promoción de la “igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, que la Constitución Política de la República (artículo 19 número 3°) asegura a todas las personas, toda vez que, en la actualidad, existen ciertas pretensiones jurídicas que se pueden ejercer todos los días hábiles del año y otras que no.
En otro orden de ideas, si se analizan los tribunales que tienen competencia en asuntos civiles, siguiendo la diferenciación que se hace en el Código Orgánico de Tribunales, encontramos que existen 133 juzgados con competencia común y 85 con competencia civil. Los primeros, junto con conocer asuntos civiles y comerciales, ven conflictos regidos por procedimientos reformados que no se suspenden durante el feriado judicial, por lo que funcionan ininterrumpidamente durante todo el año y podrían seguir conociendo las causas civiles durante febrero sin mayor inconveniente. A lo anterior, se suma que, por ejemplo, en los territorios jurisdiccionales de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de Arica y Puerto Montt no existen juzgados civiles –las causas civiles son conocidas por tribunales con competencia común- por lo que no se aplica el señalado receso estival en primer grado jurisdiccional.
Por su parte, en lo que respecta a los tribunales civiles, el actual artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales enumera una serie de materias y procedimientos que se encuentran exceptuados del feriado judicial, por lo que en la actualidad funciona un sistema de turno que implica que en promedio cada territorio jurisdiccional mantenga un 31% de funcionamiento de sus tribunales civiles, excluyendo los de la Corte de Apelaciones de Santiago.
A mayor abundamiento, dentro de las materias consideradas en la disposición señalada en el párrafo anterior, se encuentran los juicios ejecutivos, las gestiones preparatorias a la vía ejecutiva y las medidas prejudiciales, que, en conjunto, corresponden a más del 90% de los ingresos civiles. De esta manera, las materias que se ven afectadas por el feriado judicial son menos del 10% del total de ingresos civiles, cifra que puede ser menor aún dado que los litigantes siempre pueden solicitar la habilitación de feriado contemplada en el artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales.
De esta manera, queda de manifiesto que la institución del feriado judicial, junto con ser tributaria de una realidad social, jurídica y comercial diferente y constituir un obstáculo al acceso a la justicia, tiene un impacto menor respecto del universo de materias que conocen nuestros tribunales de justicia.
Por su parte, la Excelentísima Corte Suprema ha venido manifestando su interés en la supresión del mencionado receso en variadas ocasiones, destacándose la propuesta elaborada por el Comité de Modernización del Poder Judicial en el año 2009; el acuerdo logrado en sus Jornadas de Reflexión de octubre de 2010 (Acta 151-2010); y distintos borradores elaborados por el Poder Judicial .
2.- Objetivos del mensaje.
El proyecto de ley en informe tiene por objetivos, los siguientes:
a. Eliminar el feriado judicial en los Tribunales Superiores de Justicia y en los juzgados de letras con competencia civil;
b. Asegurar la continuidad del servicio de administración de justicia en todos los tribunales ordinarios del país.
3.- Contenido del proyecto.
a. Exclusión de los tribunales ordinarios con competencia civil y de los Tribunales Superiores de Justicia del feriado establecido en el inciso primero del artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales.
Con la presente iniciativa, se pone fin al feriado judicial en los tribunales ordinarios con competencia civil y en los tribunales superiores de justicia, mediante la debida adecuación normativa del artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales.
De esta manera, se asegura la provisión del servicio judicial durante todo el año, sin generar problemas de continuidad a raíz del descanso anual al que todo trabajador tiene derecho, garantía que esta iniciativa salvaguarda adecuadamente.
b. Inclusión de los funcionarios judiciales de tribunales ordinarios con competencia civil y de los Tribunales Superiores de Justicia al estatuto general del artículo 343 del Código Orgánico de Tribunales.
En lo que se refiere al estatuto de vacaciones aplicable a los funcionarios judiciales de tribunales ordinarios con competencia civil y de los Tribunales Superiores de Justicia, se buscó incorporarlos al estatuto general establecido en el artículo 343 del Código Orgánico de Tribunales.
Junto a lo anterior, se regula la prohibición que se haga uso simultáneo del feriado judicial por un juez y el secretario de un mismo tribunal.
c. Modificaciones normativas adecuatorias.
A este respecto, se contemplan modificaciones a distintas disposiciones contenidas en diversos cuerpos legales, que hacen referencia al feriado judicial que tienen los tribunales civiles, que por este proyecto se elimina y una modificación específica al Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, en orden a establecer expresamente que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia no tiene la obligación legal de funcionar en el mes de Febrero, según lo determina la sentencia de la Excma. Corte Suprema dictada en la causa rol N° 1966-09.
II. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.
1.- Discusión General.
El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por vuestra Comisión en su sesión 7 de fecha 14 de abril del 2014, por unanimidad.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahín, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Rincón, don Ricardo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo.
Durante la discusión general el ex Subsecretario de Justicia , señor Piña, don Juan Ignacio, explicó que esta iniciativa legal no solo se justifica porque la Corte Suprema ha manifestado la necesidad de suprimir el feriado judicial en los años 2009 y 2010, sino también porque cada vez resulta más difícil sostener que sea compatible con los avances que han tenido los ordenamientos procesales en las últimas dos décadas. Indicó que la modernización que se ha llevado a cabo implica tener una mayor disponibilidad del trabajo jurisdiccional para los ciudadanos y que el feriado judicial tenía históricamente un ámbito de aplicación bastante mayor que el actual, en el que se excluía el Código de Procedimiento Penal, donde se funcionaba con un sistema de turnos. Agregó que las modificaciones procesales impulsadas en los últimos años han suprimido el feriado judicial en el ámbito laboral y en los tribunales de familia. A ello, se agrega que, revisando la composición de la jurisdicción, se puede concluir que hay más tribunales de competencia común que juzgados civiles. En razón de todo lo anterior, pierde sentido mantener el feriado judicial para estos últimos si se considera que la gran mayoría de los tribunales deben trabajar en febrero porque tienen competencia común y deben hacerse cargo de otros ámbitos jurisdiccionales, donde no rige este feriado.
Adicionalmente, hizo presente que, en el caso de los funcionarios del Poder Judicial que se desempeñan en los tribunales civiles, sus vacaciones están predeterminadas y hay una escasa movilidad.
La Coordinadora General de la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia del Ministerio de Justicia, señora Valenzuela, doña Mariana, dio a conocer que el fundamento de este proyecto radica en velar porque el ejercicio jurisdiccional otorgue un servicio continuo a la ciudadanía, lo que se justifica en virtud del proceso de reforma que se ha vivido en el país en los últimos años. Señaló que si se analiza el artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales, que regula el feriado judicial respecto de los tribunales que conocen de materias civiles, debe tenerse en cuenta que, según el mencionado cuerpo legal, 133 tribunales del país tienen competencia común, lo que significa que conocen de asuntos civiles, penales, laborales y de familia. Indicó que, por ello, no suspenden su trabajo durante el mes de febrero, mientras que los tribunales civiles suman 85 a lo largo del país. A ello se agrega que, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales, hay una serie de materias civiles cuya tramitación no se suspende por el feriado judicial, como los juicios ejecutivos, hasta cierta etapa del proceso; las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y ciertas medidas precautorias, asuntos todos estos que representan alrededor del 90% de las causas. Lo anterior lleva a concluir que la supresión del feriado judicial en sede civil no tendría una mayor relevancia.
En lo que respecta al contenido de esta iniciativa legal, mencionó los siguientes aspectos:
1. La exclusión de los tribunales ordinarios con competencia civil y de los tribunales superiores de justicia del feriado establecido en el inciso primero del artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales. Se pretende, entonces, poner fin al feriado judicial en este tipo de tribunales, con lo cual se asegura la provisión del servicio judicial durante todo el año, sin generar problemas de continuidad con motivo del descanso anual a que todo trabajador tiene derecho. Agregó que con esta iniciativa no se estaría obligando a los funcionarios judiciales a tomarse las vacaciones en un mes determinado, como sucede en la actualidad, en que se les impide que ello ocurra durante el resto del año.
2. La inclusión de los funcionarios de los tribunales ordinarios con competencia civil y de los tribunales superiores de justicia al estatuto general establecido en el artículo 343 del Código Orgánico de Tribunales. Junto con ello, se regula la prohibición de que se haga uso simultáneo del feriado judicial por parte del juez y del secretario en un mismo tribunal, con el fin de no afectar la subrogancia.
3. La incorporación de modificaciones normativas adecuatorias en otros cuerpos legales, en los que se hace referencia al feriado judicial de los tribunales civiles que se propone eliminar y una modificación específica al decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, en orden a establecer expresamente que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia no tiene la obligación legal de funcionar en el mes de febrero, según lo determina la sentencia de la Corte Suprema dictada en la causa rol N° 1966-09.
El ex diputado señor Letelier manifestó su oposición frente a esta iniciativa legal, apelando a la tradición jurídica, pues existe una conciencia colectiva de que los abogados, los jueces y los funcionarios de los tribunales descansan en febrero, tras un año que suele ser muy duro. Indicó que incluso en materia penal los abogados tienden a buscar a algún reemplazante o un procurador para que tramiten sus causas mientras están de vacaciones. Indicó que la ley debe recoger la realidad y que la mencionada tradición jurídica no afecta el trabajo judicial para los usuarios del sistema.
El ex diputado señor Burgos valoró esta iniciativa legal y señaló que, atendida su naturaleza y el impacto que tiene en el Poder Judicial , así como la existencia de otro Poder del Estado que no funciona en febrero, es necesario actuar con cautela, de modo que no aparezca el Poder Legislativo , poniendo fin a una institución del Poder Judicial , continuará manteniéndola por tradición. Ello, sin perjuicio de reconocer que ambos poderes tienen una relación distinta con los justiciables o representados, según sea el caso.
El ex Subsecretario señor Piña sostuvo que hay ciertas tradiciones jurídicas que es necesario revisar porque el concepto de la función pública ha cambiado y, específicamente, la jurisdiccional, de modo que a medida que pasa el tiempo y la sociedad evoluciona, aquellas son cada vez más difíciles de sostener. Agregó que en los últimos veinte años se ha emprendido una tarea de facilitación real y efectiva del acceso a la justicia, que justifica con creces revisar la mantención de la tradición del feriado judicial.
Hizo presente que, generalmente, los abogados trabajan en sus causas penales, siendo poco probable que se mantenga el feriado en ciertos ámbitos y en otros no. Acotó que las tablas de las salas de verano se suelen atiborrar con 200 o 250 recursos de amparo en una mañana, lo que difícilmente puede entenderse como una correcta función jurisdiccional en la actualidad, independientemente de que los abogados estén acostumbrados a esta práctica. En efecto, es difícil sostener que el hecho de que el tribunal de segunda instancia deba conocer esa cantidad de causas diarias, con motivo del funcionamiento de una sola sala de verano, resulte acorde con el sistema de acceso a la justicia que se desea para los ciudadanos.
La señora Valenzuela añadió que, en la práctica, en las regiones distintas de la Metropolitana, los abogados y los tribunales no paralizan sus actividades en febrero precisamente porque la mayoría de los juzgados son de competencia común. Indicó que si se acota la discusión de esta iniciativa legal a la realidad de los abogados que tramitan causas civiles en Santiago, se estaría atendiendo a un universo bastante menor respecto de lo que es el país, en general. Hizo notar que los proyectos siempre deben estar orientados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en lo tocante al acceso a la justicia, más allá de la labor que realizan los abogados, que igualmente, están al servicio de los justiciables.
El Presidente de la Excma. Corte Suprema, señor Sergio Muñoz Gajardo, sostuvo que en el orden internacional los tribunales de justicia tienen feriados de similar naturaleza al chileno, los que incluso se extienden hasta dos meses al año.
Expresó que el feriado judicial en los términos actualmente establecidos debe suprimirse, con el fin de velar por un adecuado uso de los recursos públicos.
Recordó que seis años atrás, en una Jornada de Reflexión de la Corte Suprema se concluyó que el feriado judicial debía ser eliminado.
En primer lugar, en la regulación que se hace de este tema en el Código Orgánico de Tribunales se han ido estableciendo una serie de excepciones. En la práctica el feriado judicial ha quedado circunscrito únicamente a las materias civiles. Precisamente, informó, es en el ámbito civil donde se registra una mayor lentitud en la resolución de los conflictos.
En este sentido, consideró contradictorio que se suspenda la tramitación de los procesos civiles por el lapso de un mes. Hizo presente que esta suspensión también se extiende a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema.
En virtud de lo expuesto, en ejercicio de sus atribuciones, hace alrededor de cinco o siete años, la Corte Suprema resolvió que una de las Salas se avoque al conocimiento de todas aquellas materias que no se sujetan al feriado judicial, lo que fue resuelto a través de un auto acordado.
Añadió que, en casi todas las Cortes de Apelaciones, se mantiene una Sala para conocer de aquellas materias no acogidas al mencionado feriado, con excepción de aquellas de mayor magnitud, como Valparaíso, Concepción, San Miguel y Santiago, en las cuales se mantienen dos Salas. Tales materias son principalmente recursos de amparo y protección y causas de naturaleza laboral.
Reiteró que, con el fin de alcanzar un mejor y más eficiente uso de los recursos públicos, estimaron que resultaba preferible que los procesos continuarán su tramitación en los meses de febrero, incluso en las causas civiles. Esta idea fue compartida por el pasado gobierno.
Hizo presente que, de acuerdo a la legislación vigente, los abogados igualmente podrían solicitar la suspensión de la tramitación, de mutuo acuerdo. Sin embargo, en tal hipótesis, ya no será el sistema judicial el responsable de la tardanza o demora, sino que ello responderá a la voluntad de las partes.
Añadió que han solicitado que se permita a la Corte Suprema el gestionar y resolver sobre las vacaciones de los funcionarios durante el mes de febrero, dado que es de suponer que durante los primeros años los abogados procurarán mantener vigente el actual sistema, a través de la suspensión del procedimiento.
Por ello, debiera ser la Corte Suprema la que resuelva cuantos tribunales civiles y cuántas Salas de las Cortes de Apelaciones permanecerán funcionando durante el mes de febrero. De esta forma, se evitará que las Salas prácticamente permanezcan con poco trabajo en verano, para que después los Ministros hagan uso de las vacaciones durante el año.
Con los antecedentes expuestos ya acordados, el anterior Ejecutivo presentó el mensaje en discusión, proyecto al cual formularon observaciones menores, a través del oficio remitido a esta Comisión.
De esta forma, se pretende alcanzar una justicia más pronta, oportuna y con menores dilaciones, de modo de responder de mejor forma a los tratados internacionales sobre garantías individuales, suscritos por Chile y que se encuentran vigentes. Hizo presente que la Corte Americana de Derechos Humanos ha sostenido que debe estarse a la realidad del país para los efectos de determinar a cuanto puede extenderse la demora de un proceso judicial.
Añadió que, los procedimientos de mayor complejidad pueden durar años. Éstos deben regirse por el principio dispositivo en lo sustancial. El tribunal no puede agregar aspectos que las partes no han sometido a su decisión. Sin embargo, junto con ello, es necesario que rija también el principio de oficialidad en el procedimiento. Ello en atención a que todo proceso judicial en esencia significa un estado de violencia, en que las partes han sometido a un tercero, el tribunal, para resolver el conflicto. Por ello, tal situación latente de violencia racionalizada debe ser resuelta por el Estado en el menor tiempo posible.
Reiteró que la iniciativa en discusión es evaluada positivamente por la Corte Suprema.
Expresó que han cuantificado los recursos vinculados a esta decisión. Si se les permite gestionar el tema de los feriados mediante un auto acordado, se trataría de un costo bajo que ellos pueden asumir. Si se les impone obligatoriamente que toda la judicatura civil, así como todas las Cortes de Apelaciones deba permanecer funcionando durante el mes de febrero, sin flexibilidad alguna, ello significará para el Estado un gran esfuerzo, que se representaría en una suma cercana a los dos mil quinientos millones de pesos.
Si se deja obligatoriamente trabajando a todos los funcionarios de los tribunales civiles, sin una carga mayor de trabajo, significará que se les deberá conceder vacaciones durante el año, con el consiguiente costo, dado que será necesario la designación de un suplente.
El Ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez explicó que el Ejecutivo comparte las observaciones efectuadas por el Presidente de la Corte Suprema . Sin embargo, indicó que es necesario estudiar y redactar las indicaciones que concretarán tales observaciones.
Asimismo, compartió la propuesta del Presidente de la Corte Suprema, en orden a permitir que sea dicho tribunal el que gestione el tema de los feriados.
Por otra parte, expresó que el Ejecutivo también desea modificar el artículo 7° del mensaje original en lo relativo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El artículo 9 del D.L. N°211 establece que el Tribunal funcionará en forma permanente y fijará sus días y horarios de sesión. En todo caso, deberá sesionar en sala legalmente constituida para la resolución de las causas, como mínimo tres días a la semana. El proyecto propone eliminar la expresión “en forma permanente” y exceptúa de la regla recién mencionada al mes de febrero. Al respecto indicó que el Ejecutivo pretende que también se termine con el feriado judicial en lo que respecta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia .
El diputado señor Soto indicó que funcionarios del Poder Judicial le manifestaron sus inquietudes por el contenido de este proyecto, dado que hoy para sus vacaciones cuentan con el mes de febrero en su integridad. Con la explicación dada por el Presidente de la Corte Suprema queda claro que los funcionarios mantendrán un mes completo de vacaciones, el que no será necesariamente el mes de febrero.
El diputado señor Chahín destacó que resultaba contradictorio que allí donde existe mayor demora en la tramitación de las causas, sea el único ámbito de la justicia donde subsiste el feriado judicial del mes de febrero.
Manifestó ser partidario de otorgar las mayores atribuciones a la Corte Suprema para que ésta mediante auto acordado gestione todo aquello relativo al uso del feriado de vacaciones.
El diputado señor Squella compartió los objetivos que persigue el proyecto de ley. Asimismo, estaba de acuerdo con otorgar atribuciones a la Corte Suprema en el sentido expuesto por el Presidente de dicho tribunal.
Preguntó si el acuerdo adoptado en el Pleno al pronunciarse sobre esta iniciativa fue unánime.
El Presidente de la Excma . Corte Suprema, señor Sergio Muñoz Gajardo, en respuesta al diputado Soto, señaló que resultaba normal que surjan aprensiones de parte de los funcionarios del Poder Judicial . Explicó que quienes integran los tribunales civiles hoy sólo pueden tomar sus vacaciones durante el mes de febrero. Con el proyecto se permite que puedan hacer uso de sus vacaciones durante otros meses del año. Aclaró que nunca fue la intención de la Corte Suprema el mermar los derechos de los trabajadores.
En relación a la consulta del diputado Squella indicó que desconoce si hubo alguna opinión disidente al interior de la Corte Suprema tanto en las Jornadas de Reflexión como en la discusión del Pleno. Con todo, manifestó que al elaborar el informe que se remitió a esta Comisión no existieron discrepancias.
El diputado señor Andrade apoyó la idea de otorgar a la Corte Suprema la facultad de administrar el ejercicio del derecho a feriado de los funcionarios, mediante un auto acordado.
Hizo presente que el Congreso Nacional ha optado por aumentar los días de feriados que existen en el país y mantener los días de vacaciones, en circunstancias que la lógica quizás indica lo contrario, esto es, disminuir los feriados generales y aumentar las vacaciones.
En relación al articulado del proyecto sostuvo que lo dispuesto en el artículo 5°, que a su vez, modifica el artículo 10 de la ley N°15.632, puede inducir a error. La norma propone que reemplazar en el inciso primero, la expresión “sólo tendrán derecho a un mes de feriado cada año”, por la frase “tendrán derecho a un feriado anual de un mes por año trabajado”. Ello puede dar a entender que la persona tiene derecho a un mes de feriado por cada año trabajado. Esto es, si trabajó once años tendría derecho a once meses de vacaciones. Estimó que debiera redactarse de mejor manera.
El Presidente de la Excma . Corte Suprema, señor Sergio Muñoz Gajardo, explicó que los receptores tienen derecho a un mes de feriado. Sin embargo, hizo presente que éstos son remunerados por las partes y no por el Poder Judicial . Cuando ejercen su derecho a vacaciones éstas son pagadas por el sistema judicial, la que será equivalente al sueldo base mensual de que goce el secretario del juzgado de letras de mayor jerarquía del territorio jurisdiccional en que ejerzan sus funciones.
Como todos los tribunales civiles están cerrados, se le asegura al receptor un ingreso durante sus vacaciones del mes de febrero.
Aclaró que la norma pretende establecer que una vez que la persona haya trabajado durante un año, tendrá derecho al mes de vacaciones. Con todo, estimó posible clarificar la norma para evitar confusiones, de modo que no se interprete en el sentido que indicó el diputado Andrade.
Concluyó que, en resumen, el proyecto pretende terminar con el feriado judicial, racionalizar el número de Salas que funcionan durante febrero y el número de tribunales civiles que deberá mantenerse trabajando durante dicho mes.
El diputado señor Coloma señaló que es necesario clarificar a cuántos días se extenderá el feriado de los funcionarios, en atención a que no todos los meses son de igual duración.
El diputado señor Rincón hizo presente que los abogados que litigan siempre han tomado sus vacaciones en el mes de febrero. Preguntó si es probable que las parten opten por pactar suspensiones de mutuo acuerdo.
El Presidente de la Excma . Corte Suprema, señor Sergio Muñoz Gajardo, en respuesta a la consulta efectuada por el diputado Coloma, expresó que se optó deliberadamente por consagrar que las vacaciones durarán un mes, cualquiera sea la duración de éste. Será el funcionario quien determinará el mes que desea tomar sus vacaciones.
En relación a la pregunta del diputado Rincón , sostuvo que es probable que ocurra lo indicado por el diputado . Por ello, los tribunales deberán ir adaptándose a los requerimientos de las partes. Con todo, hizo presente que puede ocurrir que el demandante no otorgue su consentimiento para la suspensión del procedimiento.
La diputada señorita Núñez, doña Paulina, señaló que de acuerdo al artículo 315 hoy vigente, las Cortes de Apelaciones juegan un importante rol a la hora de determinar los turnos. Sin embargo, en la propuesta de la Corte Suprema no se contempla la participación de aquellas. Sugirió que sean escuchadas antes de la dictación del auto acordado que regulará el funcionamiento de las Salas durante el mes de febrero.
El Presidente de la Excma . Corte Suprema, señor Sergio Muñoz Gajardo, sostuvo que podría establecerse que el auto acordado se dictará previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de las Cortes de Apelaciones. Con todo, aclaró que puede ocurrir que toda la Corte opte por permanecer trabajando durante el mes de febrero.
Explicó que el informe que emite la Corporación Administrativa del Poder Judicial es necesario, porque allí se señalará con cuántos recursos se cuenta para financiar las suplencias que sean necesarias.
El diputado señor Chahín expresó que el proyecto busca dotar de una mayor eficiencia al Poder Judicial . Indicó que no se justifica que se cuente con toda la dotación de funcionarios de tribunales cuando existe menos carga de trabajo y viceversa.
2.- Discusión Particular.
Artículo 1°
Los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahín, don Fuad; Monckeberg, don Cristián; Rincón, don Ricardo y Soto, don Leonardo, formularon indicación para incorporar el siguiente numeral 1:
“1) Modifícase el artículo 61 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese, en su inciso primero, la frase “el último día hábil de enero de cada año” por la expresión “el primer día hábil de diciembre del año anterior a aquel en que hayan de funcionar las salas en cada Corte de Apelaciones”.
b) Agrégase el siguiente inciso final:
“En el mes de diciembre de cada año la Corte Suprema, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, podrá dictar un auto acordado que determine el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones para el mes de febrero del año siguiente con un número inferior de salas a aquellas mencionadas en el primer inciso del presente artículo.”.”.
La primera indicación modifica el inciso primero del artículo 61. Dicho inciso dispone que para la constitución de las diversas salas en que se dividan las Cortes de Apelaciones para su funcionamiento ordinario, se sortearán anualmente los miembros del tribunal. El sorteo correspondiente se efectuará el último día hábil de enero de cada año.
La indicación tiene por objeto establecer que el sorteo se realice el primer día hábil de diciembre del año anterior a aquel en que hayan de funcionar las salas en cada Corte de Apelaciones.
Sometida a votación la letra a) fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, señores Andrade, Ceroni, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
La segunda indicación incorpora un inciso final al mismo artículo, por el cual se dispone que en el mes de diciembre de cada año la Corte Suprema, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, podrá dictar un auto acordado que determine el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones para el mes de febrero del año siguiente con un número inferior de salas a aquellas mencionadas en el primer inciso.
Sometida a votación la letra b) fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes, dado que por tratarse de la misma materia, la Comisión optó por la indicación que modifica el artículo 315 del Código Orgánico de Tribunales. Participaron en la votación los diputados señores Andrade, Ceroni, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti (Ver la discusión de la indicación presentada al artículo 315).
Artículo 1° N°1 (pasó a ser N°2)
Dicho numeral establece que corresponde al Presidente de la Corte Suprema designar a uno de los miembros del tribunal para que quede de turno durante el feriado de vacaciones
Los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo, formularon indicación para reemplazarlo por el siguiente:
“2.- Al artículo 105 del Código Orgánico de Tribunales:
a) Reemplázase, en el numeral 7 el ilativo “y” y la coma (,) que la antecedente por un punto aparte (.).
b) Suprímese el numeral 8°.”.
La indicación efectúa correcciones formales al articulado.
Sometida a votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, señores Andrade, Ceroni, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Artículo 1° N°2 (pasó a ser N° 3)
El artículo 313 dispone en su inciso primero que el tiempo de vacaciones de cada año, que comenzará el 1º de febrero y durará hasta el primer día hábil de marzo. Por su parte, el inciso segundo establece que Lo dispuesto en este artículo no regirá, respecto de feriado de vacaciones, con los jueces letrados que ejercen jurisdicción criminal, laboral y de familia.
Este numeral en su literal a) propone consagrar que el tiempo de vacaciones corresponderá a un feriado anual de un mes. El literal b) propone derogar el inciso segundo.
Sometida a votación el numeral, en su texto original, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores Andrade, Ceroni, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Artículo 1° N°3 (pasó a ser N°4)
Este artículo establece que durante el feriado de vacaciones funcionarán de lunes a viernes de cada semana los jueces de letras que ejerzan jurisdicción en lo civil para conocer de aquellos asuntos a que se refiere el inciso segundo de este artículo.
El inciso segundo dispone que los jueces durante el feriado de vacaciones deberán conocer de todas las cuestiones de jurisdicción voluntaria, de los juicios posesorios, de los asuntos a que se refiere el N° 1 del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, de las medidas prejudiciales y precautorias, de las gestiones a que dé lugar la notificación de protestos de cheques, de los juicios ejecutivos hasta la traba de embargo inclusive, y de todas aquellas cuestiones, respecto de las cuales se conceda especialmente habilitación de feriado.
El inciso tercero señala que la habilitación a que se refiere el inciso anterior deberá ser solicitada ante el tribunal que ha de quedar de turno, y en aquellos lugares en que haya más de un juzgado de turno, la solicitud quedará sujeta a la distribución de causas a que se refiere el inciso primero.
El inciso cuarto consagra que el tribunal deberá pronunciarse sobre la concesión de habilitación dentro del plazo de 48 horas contado desde la presentación de la solicitud respectiva.
El inciso quinto establece que en Santiago, los tribunales deberán remitir, salvo lo dispuesto en el inciso tercero de este artículo, las causas habilitadas a la Corte de Apelaciones para su distribución.
El inciso final señala que en todo caso, las partes, de común acuerdo, podrán suspender la tramitación de cualquier asunto durante el feriado judicial.
El asesor legislativo del Ministerio de Justicia, señor José Miguel Poblete, explicó que el artículo 314 en su inciso final se refiere específicamente a la posibilidad de suspender la tramitación durante el feriado judicial. El mensaje original deroga dicho artículo. Por tanto, en principio las partes, en las causas civiles, deberían seguir tramitándolas durante el mes de febrero.
El diputado señor Soto señaló que el inciso segundo del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Las partes, en cualquier estado del juicio, podrán acordar la suspensión del procedimiento hasta por un plazo máximo de noventa días. Este derecho sólo podrá ejercerse por una vez en cada instancia, sin perjuicio de hacerlo valer, además, ante la Corte Suprema en caso que, ante dicho tribunal, estuviesen pendientes recursos de casación o de queja en contra de sentencia definitiva.”
Por tanto, cuando el Presidente de la Corte Suprema sostenía que las partes conservarían el derecho a suspender la tramitación de la causa de común acuerdo, estaba aludiendo a esta norma del Código de Procedimiento Civil y no al artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales, cuya derogación se propone.
El diputado señor Squella compartió los dichos del diputado Soto.
El diputado señor Coloma expresó que más allá de la regla general consagrada en el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, el inciso final del artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales establece una regla especial: las partes de común acuerdo pueden suspender la tramitación de cualquier asunto durante el feriado judicial. Por tanto, ésta es una suspensión adicional a la regla adicional.
El diputado señor Ceroni expresó que en las grandes oficinas siempre existirán abogados litigantes que puedan reemplazar a quienes vacacionan durante el mes de febrero. No ocurre lo mismo con aquellos abogados que representan a personas de menores recursos, dado que no cuentan con colegas que lo puedan sustituir durante el mes de febrero.
El diputado Chahín expresó que la suspensión puede tener lugar no solo para que los abogados hagan uso de sus vacaciones, sino también para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Señaló que la norma vigente tiene una motivación práctica: En muchos lugares del país existen abogados que trabajan en solitario, por lo que no cuentan con reemplazantes que lo sucedan en el cargo mientras se toman su descanso anual.
Expresó que el permitir se suspenda por un mes la tramitación de la causa, en forma adicional a la regla general consagrada en el Código de Procedimiento Civil, significará crear un feriado judicial por la vía convencional, en virtud del acuerdo de las partes.
Sometido a votación el numeral, en su texto original, fue aprobado por once votos a favor y una abstención. Votaron a favor los diputados señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti. Se abstuvo la diputada señora Turres, doña Marisol.
Artículo 1°N°4 (pasó a ser N° 5)
Este numeral propone reemplazar el artículo 315 por uno que establece que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, mediante auto acordado, deberán disponer las reglas para el uso del feriado anual de sus funcionarios y de aquellos que ejercen labores en los tribunales de su respectivo territorio jurisdiccional.
Los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo, formularon indicación para reemplazarlo por el siguiente:
“5. Reemplázase el artículo 315 por el que a continuación se señala:
“Art. 315.- La Corte Suprema, mediante auto acordado dictado en diciembre de cada año, en base a la información que le entreguen la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las Cortes de Apelaciones, podrá determinar el número de salas en que ella misma y estas últimas funcionarán durante el mes de febrero del año siguiente. Las salas que sesionen el mes de febrero podrán conocer de las apelaciones en que otra sala haya decretado orden de no innovar.”.”
La indicación sustituye el numeral por otro que también reemplaza el artículo 315, estableciendo que la Corte Suprema, mediante auto acordado dictado en diciembre de cada año, en base a la información que le entreguen la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las Cortes de Apelaciones, podrá determinar el número de salas en que ella misma y estas últimas funcionarán durante el mes de febrero del año siguiente y que las salas que sesionen el mes de febrero podrán conocer de las apelaciones en que otra sala haya decretado orden de no innovar.
El asesor legislativo del Ministerio de Justicia, señor José Miguel Poblete señaló que la indicación que se efectuó al artículo 61 del Código Orgánico de Tribunales responde a una sugerencia efectuada por el Presidente de la Excma . Corte Suprema. Ante tal recomendación, los diputados propusieron que la Corte Suprema dicte el auto acordado con la información que proporcione no solo la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sino también con la que entreguen las Cortes de Apelaciones.
Añadió que el artículo 61 se refiere únicamente al número de Salas con que cuenta cada Corte de Apelaciones. El inciso propuesto en la indicación a dicho artículo, tiene el mismo contenido deóntico que la presente indicación.
Mencionó que la indicación en discusión dispone que el auto acordado que regulará los feriados se deberá dictar en el mes de diciembre de cada año, a diferencia de lo que ocurre hoy, en que se fija a fines del mes de enero las Salas que funcionarán durante el mes de febrero.
Como ambas indicaciones regulan la misma materia, propuso aprobar la presente indicación y rechazar la efectuada al artículo 61.
Sometida a votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, señores Andrade, Ceroni, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Artículo 1° N°5 (pasó a ser N° 6)
El artículo 343 dispone que los funcionarios judiciales a quienes la ley no les acuerde el feriado establecido en el artículo 313, podrán obtenerlo cada año por el término de un mes, siempre que no hayan usado permiso por motivos particulares durante los once últimos meses. Si el funcionario hubiere obtenido esta clase de permiso, por un lapso inferior a su feriado, tendrá derecho a él por el tiempo necesario para enterarlo. En el literal a) del numeral se propone reemplazar la primera oración por otra que dispone que el feriado anual de los funcionarios judiciales se otorgará siempre que no hayan usado permiso por motivos particulares durante los once últimos meses.
En su inciso segundo el mencionado artículo establece que no podrán hacer uso de este feriado, simultáneamente, dos o más miembros de un tribunal colegiado, ni tampoco dos o más jueces de letras de una misma comuna o agrupación de comunas cuando ello perjudique al servicio, a juicio de la autoridad que debe conceder el feriado. El literal b) del numeral establece que en ningún caso podrán hacer uso del feriado anual conjuntamente el juez y el secretario de un mismo tribunal.
Sometidas a votación las letras a) y b) fueron aprobadas por once votos a favor y una abstención. Votaron a favor los diputados señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti. Se abstuvo la diputada señora Turres, doña Marisol.
El diputado señor Rincón, formuló indicación para agregar la siguiente letra c), nueva:
“c) En su inciso tercero, para suprimir la voz “iguales” y, a continuación del punto aparte (.) que se suprime, agregar la frase “y no pudiendo una de las fracciones ser inferior a 15 días.”.
El diputado señor Squella preguntó cuál es el sentido de la indicación, dado que si el feriado se extenderá por treinta días y se prohíbe que una de las fracciones sea inferior a quince días, necesariamente la otra fracción también será de un tiempo equivalente.
El asesor legislativo del Ministerio de Justicia, señor José Miguel Poblete, explicó que esta norma se refiere a la acumulación de feriados, vale decir, se trata de aquellas personas que no hicieron uso de su feriado, debiendo acumularlo al segundo año. Hoy la norma establece que puede hacer uso de sus vacaciones, pero sólo se autoriza el fraccionamiento en dos partes iguales del total acumulado. Por tanto, sólo podría fraccionar las vacaciones, dividiendo el período en dos fracciones de un mes.
El Ministro Muñoz hizo presente que era necesario otorgar mayor flexibilidad en el fraccionamiento de las vacaciones. Con todo, el período no podrá ser inferior a quince días, para que el descanso sea efectivo.
El diputado señor Chahín enfatizó que la explicación dada por el representante del Ejecutivo no se condice con el contenido de la indicación. Ésta consagra que una de las fracciones no podrá ser inferior a quince días. Por tanto, el período de vacaciones se puede dividir en varias fracciones, siempre que una de ellas no sea inferior a quince días, pudiendo las otras partes alcanzar un plazo inferior. Dicho de otra forma, no se trata que ninguna fracción pueda ser inferior a quince días. Sólo basta que una de ellas cumpla con ese plazo, pudiendo las otras no cumplirlo.
El diputado señor Saffirio relató su experiencia como abogado integrante por cuatro años, de la Corte de Apelaciones de Temuco. Al respecto señaló que cada vez que correspondía redactar sentencias complejas, el Ministro de turno se encontraba de vacaciones o con licencia médica, por lo que correspondía a los abogados integrantes redactar los fallos. Por ello, sostuvo que el fraccionamiento de las vacaciones puede generar complicaciones para el funcionamiento, al menos, de las Cortes de Apelaciones. Si bien se está exigiendo que una de las partes en que se dividen las vacaciones, no sean inferiores a quince días, al mismo tiempo se está permitiendo dividir el resto del feriado en fracciones pequeñas.
El diputado señor Insunza afirmó que para precaver los temores expuestos por los diputados Chahín y Saffirio la norma dispone que el fraccionamiento se debe efectuar en dos partes.
Añadió que desde el punto de vista de las vacaciones de los funcionarios, la norma es coherente, porque asegura un período de quince días de descanso.
La diputada señora Turres, doña Marisol, sostuvo que limitar una de las fracciones a un mínimo de quince días significa limitar la libertad del funcionario para optar para que se le otorguen dos o tres días de vacaciones.
El diputado señor Chahín recalcó que la norma contempla dos limitaciones: el período de feriado se puede dividir máximo en dos partes, y que una de ellas no puede ser inferior a quince días. Por tanto, si una persona cuenta con treinta días de vacaciones, cumple con la norma si tal período lo fracciona en uno de veintiocho días y otro de dos días.
Sometida a votación la indicación fue aprobada por once votos a favor y una abstención. Votaron a favor la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Soto, Squella y Trisotti. Se abstuvo el diputado señor Saffirio.
Artículo 1° N°6 (pasó a ser N° 7)
El artículo 477 dispone que las obligaciones de residencia y asistencia cesan durante los días feriados. Su inciso segundo señala que esta disposición no regirá en el feriado de vacaciones con los notarios, conservadores y archiveros, con los juzgados que queden de turno, ni con los auxiliares que determinen los tribunales colegiados para el funcionamiento de sus respectivas salas de verano. El numeral deroga el inciso segundo y efectúa una referencia al artículo 313 en el inciso primero.
Sometido a votación el numeral fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señora Turres, doña Marisol y señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Artículo 1° N°7 (pasó a ser N° 8)
El artículo 497 dispone que son igualmente aplicables a los auxiliares de la Administración de Justicia las disposiciones relativas a las licencias, permisos y feriados de los jueces. El inciso segundo establece que la disposición del artículo 343 regirá con los secretarios de los tribunales que no tienen derecho al feriado indicado en el artículo 313. El inciso tercero consagra que los presidentes de las Cortes de Apelaciones fijarán un turno entre sus secretarios en forma que el feriado a que dicho artículo se refiere, no perjudique las labores del tribunal.
Los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo, formularon indicación para reemplazar el numeral 7, que modifica el artículo 497 del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:
“7. Suprímanse los dos últimos incisos del artículo 497.”.
Sometida a votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, señora Turres, doña Marisol y señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Artículo 2°
Este artículo elimina el inciso segundo del artículo 66 del Código de Procedimiento Civil. Dicho artículo establece que los términos de días que establece el presente Código, se entenderán suspendidos durante los feriados, salvo que el tribunal, por motivos justificados, haya dispuesto expresamente lo contrario. El inciso segundo dispone que lo anterior no regirá con los asuntos indicados en el inciso segundo del artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales respecto del feriado de vacaciones.
Sometido a votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señora Turres, doña Marisol y señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Artículo 3°
Este artículo efectúa modificaciones al Código de Aguas.
N° 1
Este numeral deroga el inciso final del artículo 247. Dicho artículo establece que el que se sienta perjudicado por algún fallo arbitral, podrá reclamar de él ante los tribunales ordinarios dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de su notificación. El inciso final establece que en estas reclamaciones procederá siempre la habilitación del feriado de vacaciones.
N° 2
Este numeral elimina en el inciso final del artículo 275 la expresión “El feriado de vacaciones se entenderá siempre habilitado para los efectos de esta reclamación.”.
Sometido a votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señora Turres, doña Marisol y señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Artículo 4°
Modifica el inciso primero del artículo 177 ter del Código de Comercio. Dicho inciso establece que el deudor podrá solicitar al tribunal competente para conocer de su quiebra, que cite a una junta de acreedores, la que tendrá lugar dentro de 10 días contados desde la notificación por aviso de la resolución recaída en la solicitud, a fin de que ella designe a un experto facilitador. Este plazo no se suspenderá durante el feriado judicial. El artículo elimina esta última oración.
Sometido a votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señora Turres, doña Marisol y señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Artículo 5°
Este artículo modifica el artículo 10 de la ley N° 15.632. El artículo 1º mencionado dispone que los Receptores sólo tendrán derecho a un mes de feriado cada año, el cual será remunerado. Dicha remuneración será equivalente al sueldo base mensual de que goce el secretario del juzgado de letras de mayor jerarquía del territorio jurisdiccional en que ejerzan sus funciones. Los receptores harán uso del feriado de acuerdo con el orden que el efecto establezca la respectiva Corte de Apelaciones.
Esta remuneración será de cargo fiscal y las Tesorerías respectivas la pagarán directamente a los receptores dentro los cinco últimos días del mes de Enero de cada año, previa presentación de un certificado expedido por el Secretario de la Corte de Apelaciones correspondiente o por el Secretario del Juzgado en que el Receptor actúa, y en el cual se acredite que el interesado se encontraba en posesión de su cargo al 31 de Diciembre del año anterior.
El artículo propone reemplazar la expresión “sólo tendrán derecho a un mes de feriado cada año”, por la frase “tendrán derecho a un feriado anual de un mes por año trabajado”. Asimismo, propone sustituir la frase “al 31 de Diciembre del año anterior”, por la expresión “en igual fecha, el año anterior”.
El diputado señor Andrade recordó que en la pasada sesión hizo presente que la redacción propuesta en el mensaje original podía sugerir que el funcionario tendría derecho a un mes de feriado por año trabajado, por lo que al cabo de varios años trabajados, tendría derecho a varios meses de vacaciones.
El asesor legislativo del Ministerio de Justicia, señor José Miguel Poblete, expresó que la redacción original tiene por objeto aclarar que el feriado de un mes tendría lugar luego de doce meses trabajados. Hizo presente que los receptores no trabajan durante un mes de los doce meses del año. Por ello, para mantener este principio, se propone que luego de un año trabajado los receptores tendrán un mes de vacaciones.
El diputado señor Coloma hizo presente que el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 15.632 dispone que la remuneración de los receptores durante el feriado será de cargo fiscal y las Tesorerías respectivas se las pagarán directamente dentro los cinco últimos días del mes de Enero de cada año. De aprobarse la modificación que se propone, debiera eliminarse la referencia al mes de enero, dado que las vacaciones no necesariamente tendrán lugar en el mes de febrero.
El diputado señor Insunza hizo presente que la norma actual dispone que los receptores sólo tendrán derecho a un mes de feriado cada año, lo que puede corresponder a un año calendario. Vale decir, si el receptor ingresa a trabajar durante el mes de enero y el feriado judicial permanece en febrero, podría tener derecho a vacaciones habiendo trabajado sólo un mes. El Mensaje del Ejecutivo desea corregir tal situación.
La Secretaría de la Comisión destacó que el artículo 313 dispone que las obligaciones de residencia y asistencia diaria al despacho cesan durante los días feriados. Son tales los que la ley determine y los comprendidos en el tiempo de vacaciones de cada año.
Sometido a votación el literal a) del artículo fue aprobado por siete votos a favor y cinco en contra. Votaron a favor los diputados señores Andrade, Ceroni, Coloma, Insunza, Monckeberg, Saffirio y Trisotti. Votaron en contra los diputados señora Turres, doña Marisol y los señores Chahín, Rincón, Soto y Squella.
Sometido a votación el literal b) fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señora Turres, doña Marisol y los señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Por último, se facultó a la Secretaría para modificar el inciso segundo del artículo 10, en los términos formulados por el diputado señor Coloma.
Artículo 6°
Este artículo modifica el artículo 435 del Código del Trabajo, que establece que los plazos que se establecen en el Libro V, de la Jurisdicción Laboral, son fatales, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal, cualquiera que sea la forma en que se expresen. Los términos de días que establece el Título I se entenderán suspendidos durante los días feriados. El feriado de vacaciones a que se refiere el artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales no regirá respecto de las causas laborales. Este artículo propone eliminar la última oración.
Sometido a votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señora Turres, doña Marisol y señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
Artículo 7°
Este artículo modifica en su literal a) el inciso primero del artículo 9° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973. Dicho inciso dispone que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia funcionará en forma permanente y fijará sus días y horarios de sesión. En todo caso, deberá sesionar en sala legalmente constituida para la resolución de las causas, como mínimo tres días a la semana. El literal a) propone eliminar la expresión “funcionará en forma permanente y”. Por su parte, el literal b) permite al mencionado tribunal no sesionar durante el mes de febrero.
Los diputados señores Chahín, don Fuad y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para eliminarlo.
El asesor legislativo del Ministerio de Justicia, señor José Miguel Poblete, expresó que la ley que el artículo 9° que se modifica, establece que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debe sesionar en forma permanente. Asimismo, dispone que a dicho Tribunal se le aplicará las normas del Código Orgánico de Tribunales en cuanto fueren aplicables.
En virtud de lo expuesto, podría entenderse que el plazo para presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema impugnando una sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se suspende durante el mes de febrero. El año 2009 surgió la discusión en la Corte Suprema en orden a determinar si el feriado judicial del mes de febrero regía o no para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por una parte el artículo 9° en su inciso primero dispone que dicho tribunal funcionará en forma permanente y en su inciso segundo establece que se regirá por las normas del Código Orgánico de Tribunales en cuanto le fueren aplicables.
Aseveró que el Ejecutivo es partidario de la primera interpretación, vale decir, que el Tribunal debe funcionar durante todo el año. Por ello, recoge la indicación presentada por los diputados Rincón y Chahín, en orden a eliminar el artículo 7° originalmente propuesto.
Informó que la misma norma rige para los Tribunales Ambientales.
Sometida a votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, señora Turres, doña Marisol y señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
-o-
Los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo, formularon indicación para incorporar el siguiente artículo nuevo:
“Artículo.- Las referencias al feriado judicial de febrero consignadas en cualquier cuerpo legal y que no se encuentren previstas expresamente en la presente ley, se entenderán derogadas para todos los efectos legales.”.
Sometida a votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, señora Turres, doña Marisol y señores Andrade, Ceroni, Chahín, Coloma, Insunza, Monckeberg, Rincón, Saffirio, Soto, Squella y Trisotti.
III. DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
La Cámara de Diputados, a través de oficio N°10.995, de 25 de noviembre de 2013, consultó su opinión a la Corte Suprema, acerca del proyecto de ley en informe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Ella respondió, mediante oficio N°1-2014, de 7 de enero de 2014, en el cual señaló:
“Cuarto: Que esta Corte Suprema comparte, en general, el proyecto de ley, con las siguientes observaciones:
1. Parece pertinente que al derogar el numeral 8° del artículo 105 del Código Orgánico de Tribunales se elimine en el número 7° la letra (y) junto con la coma (,) que la antecede y se reemplace por un punto final.
2. En el caso del artículo 315 del referido cuerpo de leyes, se estima que debiera ser la Corte Suprema exclusivamente la que regule la materia, a fin de mantener un criterio para todos los funcionarios del país, administrar las cargas de trabajo y especialmente las suplencias. Lo descrito permitiría disminuir los costos en régimen del proyecto. Para ello se propone la siguiente redacción: La Corte Supremo mediante auto acordado podrá determinar, previo informe de lo Corporación Administrativa del Poder Judicial relativo a las respectivos cargos de trabajo, el número de salas que funcionarán durante el mes de febrero de cada año, tanto en ésta como en las Cortes de Apelaciones.
3. En cuanto a la modificación del artículo 343 del citado Código, se propone en el inciso final de este artículo suprimir desde la primera coma en adelante y dejar a la Corte Suprema la facultad de definir las normas de uso y fraccionamiento del feriado, con la restricción de que en caso alguno una de las fracciones sea inferior a 15 días (así los días restantes podrían tomarse en fracciones no inferiores a 7 días corridos). Lo anterior se relaciona con la observación efectuada precedentemente para el artículo 315, en cuanto debiera radicarse en la Corte Suprema exclusivamente la facultad de regular la materia.
4. Se advierte que en el artículo 497, la modificación establecida como letra a) está incorrectamente expresada, toda vez que lo que se elimina es el inciso segundo completo. Bastaría con expresar: “elimínense los incisos segundo y tercero (final) del artículo 343 del Código Orgánico de Tribunales”.
5. Las modificaciones a los artículos 314 y 477 del mismo Código, 66 del Código de Procedimiento Civil, 247 y 275 del Código de Aguas, 177 ter del Código de Comercio, 10 de la Ley N° 15.632, 435 del Código de Trabajo y 9° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2004, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 de 1973, no ameritan observaciones.
6. Se estima recomendable establecer una norma general referida a la derogación de toda mención expresa que cualquier cuerpo legal efectúe en relación al feriado judicial que el presente proyecto elimina, en caso que alguna se haya omitido.
Vuestra Comisión, mediante oficio N°24-14, de abril del presente año, comunicó a la Corte Suprema las modificaciones introducidas por ella, al texto que le fuera consultado anteriormente, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas.
IV. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que no existen disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.
-De los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahín, don Fuad; Monckeberg, don Cristián; Rincón, don Ricardo y Soto, don Leonardo, para incorporar al artículo 61 del Código Orgánico de Tribunales, el siguiente inciso final:
“En el mes de diciembre de cada año la Corte Suprema, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, podrá dictar un auto acordado que determine el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones para el mes de febrero del año siguiente con un número inferior de salas a aquellas mencionadas en el primer inciso del presente artículo.”.
VI. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.- Efectúanse las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:
1.- Modificase el artículo 61 del Código Orgánico de Tribunales en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese, en su inciso primero, la frase “el último día hábil de enero de cada año” por la expresión “el primer día hábil de diciembre del año anterior a aquel en que hayan de funcionar las salas en cada Corte de Apelaciones”.
2.- Modificase el artículo 105 del Código Orgánico de Tribunales en el siguiente sentido:
a) Reemplázase en el numeral 6 el punto y coma (;) por una coma (,) seguida del ilativo “y”.
b) Reemplázase, en el numeral 7 el ilativo “y” y la coma (,) que la antecede por un punto aparte (.).
c) Suprímese el numeral 8°.
3.- Modifícase el artículo 313 en el siguiente sentido:
a) En su inciso primero, reemplázase la frase “comenzará el 1° de febrero y durará hasta el primer día hábil de marzo” por “corresponderá a un feriado anual de un mes”.
b) Elimínase el inciso segundo.
4.- Derógase el artículo 314.
5.- Reemplázase el artículo 315 por el que a continuación se señala:
“Art. 315.- La Corte Suprema, mediante auto acordado dictado en diciembre de cada año, en base a la información que le proporcionen la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las Cortes de Apelaciones, podrá determinar el número de salas en que ella misma y estas últimas funcionarán durante el mes de febrero del año siguiente. Las salas que sesionen el mes de febrero podrán conocer de las apelaciones en que otra sala haya decretado orden de no innovar.
6.- Modificase el artículo 343 de la siguiente forma:
a) Reemplázase la expresión que comienza con “Los funcionarios judiciales” y finaliza con “el término de un mes”, la coma (,) inclusive, por “El feriado anual de los funcionarios judiciales se otorgará”.
b) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 343, tras el punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En ningún caso podrán hacer uso del feriado anual conjuntamente el juez y el secretario de un mismo tribunal.”.
c) Suprímese en el inciso tercero la voz “iguales” y, a continuación del punto aparte (.) que se suprime, agregáse la frase “y no pudiendo una de las fracciones ser inferior a 15 días.”
7.- Modificase el artículo 477 de la siguiente forma:
a) En el inciso primero, suprímese el punto aparte (.) y agrégase la siguiente frase final “que señala el artículo 313.”
b) Derógase el inciso segundo.
8. Suprímanse los incisos segundo y tercero del artículo 497.
Artículo 2°.- Elimínase el inciso segundo del artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 3°.- Efectúanse las siguientes modificaciones al Código de Aguas:
1.- Derógase el inciso final del artículo 247.
2.- Elimínase del inciso final del artículo 275 la expresión “El feriado de vacaciones se entenderá siempre habilitado para los efectos de esta reclamación.”.
Artículo 4°.- Suprímese, en el inciso primero del artículo 177 ter, del Libro IV, del Código de Comercio, la oración “Este plazo no se suspenderá durante el feriado judicial.”.
Artículo 5°.- Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 10 de la ley N° 15.632:
a) En su inciso primero, reemplázase la expresión “sólo tendrán derecho a un mes de feriado cada año”, por la frase “tendrán derecho a un feriado anual de un mes por año trabajado”.
b) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “de Enero de cada año” por la siguiente: “anterior a aquel en que se hará uso del feriado a que alude el inciso anterior”.
c) En su inciso segundo, sustitúyase la frase “al 31 de Diciembre del año anterior”, por la expresión “en igual fecha, el año anterior”.
Artículo 6°.- Elimínase en el inciso final del artículo 435 del Código del Trabajo, la oración “El feriado de vacaciones a que se refiere el artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales no regirá respecto de las causas laborales.”
Artículo 7°. Las referencias al feriado judicial de febrero consignadas en cualquier cuerpo legal y que no se encuentren previstas expresamente en la presente ley, se entenderán derogadas para todos los efectos legales.
-o-
Tratado y acordado en sesiones de 4 de diciembre de 2013, 14 y 15 de abril de 2014, con la asistencia de los ex diputados señores Burgos, don Jorge y Letelier, don Cristián; la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Calderón, don Giovanni; Ceroni, don Guillermo; Chahín, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Insunza, don Jorge; Monckeberg, don Cristián; Rincón, don Ricardo ( Presidente ); Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.
Asistió, además, la diputada señorita Núñez, doña Paulina.
Sala de la Comisión, a 15 de abril de 2014
(Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de la Comisión .”
3. Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído en el proyecto de ley que establece el día nacional del trabajador forestal(boletín N° 6462-24).
“Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones viene en informa las observaciones formuladas por el entonces Presidente de la República , recaídas en el proyecto de ley de la referencia, originado en una moción del ex Diputado señor Alfonso de Urresti Longton, y de los diputados señores Fidel Espinoza Sandoval, Manuel Monsalve Benavides e Iván Norambuena Farías.
I. ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL VETO
Conforme a lo señalado en el artículo 119 bis del Reglamento de la Corporación, corresponde a la Comisión pronunciarse sobre los alcances de la observación formulada y proponer su aprobación o rechazo.
El veto presidencial contiene una sola indicación sustitutiva, del siguiente tenor:
“Reemplázase en el artículo único la oración “, debiendo programarse para el efecto actividades en los establecimientos educacionales del país”, por la siguiente:
“Los establecimientos educacionales podrán programar, como actividad complementaria, acciones relacionadas con este día”.
II. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
El artículo único de la iniciativa parlamentaria plasma la idea de sus autores de reconocer la labor que desarrollan los trabajadores que se desempeñan en el ámbito forestal promoviendo con su trabajo el desarrollo de esta área económica, fundamental en la economía del país. En tal sentido, el proyecto de ley establece el día 3 de mayo de cada año como Día Nacional del Trabajador Forestal .
Adicionalmente, el proyecto dispone que los establecimientos educacionales deberán programar actividades para conmemorar dicha festividad.
Sobre esto último punto, el Ejecutivo estimó que no es conveniente disponer, con carácter obligatorio, que los establecimientos deban desarrollar actividades afines a la celebración, por cuanto hoy en día ya son múltiples las actividades que éstos deben llevar a efecto durante la jornada académica.
Así, para ejemplificar el sinnúmero de actividades académicas y extraacadémicas con las que éstos deben cumplir, hizo presente que la jornada escolar se compone actualmente de 38 horas semanales en enseñanza básica y 42 horas semanales en enseñanza media, las cuales deben distribuirse entre 10 u 11 asignaturas obligatorias y algunas horas de libre disposición, las que están diseñadas para ser utilizadas en actividades deportivas, extra programáticas u otras que apunten a la formación integral de los alumnos.
Por lo anterior, fundamentó su observación precisando que es conveniente dar flexibilidad a los establecimientos educacionales y así, disponer que dentro de sus posibilidades efectúen acciones destinadas a conmemorar el día nacional del trabajador forestal, señalando que estas acciones podrán llevarse a efecto como actividades complementarias, esto es, organizadas durante el horario escolar, de conformidad con su proyecto curricular y con un carácter diferenciado de las propiamente lectivas.
Los diputados presentes en el debate coincidieron con los fundamentos del veto presidencial porque, por una parte, mantiene la idea central de la iniciativa, esto es, rendir homenaje a los trabajadores de la actividad forestal instaurando un día para su reconocimiento y celebración, y, por la otra parte, hace cumplir el espíritu de la norma de acuerdo a las posibilidades reales de los establecimientos educacionales, de manera que para algunos será más factible y no necesariamente una disposición obligatoria que cause problemas prácticos en el quehacer escolar diario.
Por lo anterior, sin mayor debate, la Comisión procedió a la aprobación de la observación presidencial interpuesta, en los mismos términos, por la unanimidad de seis de sus integrantes presentes, señores Marcos Espinosa, Ramón Farías, Issa Kort, Roberto Poblete, Jorge Rathgeb y Guillermo Teillier ( Presidente ).
-o-
III. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.
Artículo único.- Declárase el 3 de mayo de cada año como Día Nacional del Trabajador Forestal .
Los establecimientos educacionales podrán programar, como actividad complementaria, acciones relacionadas con este día.
-o-
Se designó Diputado Informante a don Marcos Espinosa Monardes.
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión de 17 de abril del año en curso, con asistencia de los diputados señores Marcos Espinosa Monardes, Ramón Farías Ponce, Issa Kort Garriga, Roberto Poblete Zapata, Jorge Rathgeb Schifferli y Guillermo Teillier Del Valle ( Presidente ).
Sala de la Comisión, a 17 de abril de 2014
(Fdo.): MARÍA EUGENIA SILVA FERRER, Abogado Secretaria de la Comisión .”
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Monsalve, Browne, Espinoza, don Fidel; Farcas, Norambuena, Rathgeb, Rincón, Santana y Silber y de la diputada señora Fernández que modifica la ley N° 20.563, que regulariza construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social, con el objeto de eliminar el plazo establecido para la regularización (boletín N° 9314-14)
“1. Fundamentos.- En nuestro sistema jurídico, las reglas generales en materia de derecho urbanístico, se encuentran previstas en diversos continentes normativos siendo la ley orgánica de municipalidades y la ley general de construcciones la que establecen la regla general en materia de recepción de obras sobre la base que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva sea parcial o total. La realidad de la vida se ha encargado de verificar que diversos factores impiden la aplicación de esta regla general en ciertos contextos. En este sentido, son de público conocimiento, los positivos efectos de la Ley N°19.583 (y con sucesivas prórrogas de vigencia mediante las leyes núm. 19.667 y 19.727), de ordinario, conocida corno ley del mono, destinada a regularizar la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. Esta ley tuvo por objeto autorizar en forma excepcional, y por una sola vez, a través de un simple procedimiento administrativo, la regularización definitiva de ampliaciones o edificaciones ejecutadas sin cumplir con las exigencias de la ley de construcciones vigente. Más recientemente, se ha planteado ampliar este criterio, a microempresas, equipamiento social como fluye de la ley Núm. 20.563, y recientemente en actual tramitación la que prorroga y amplía el sistema de la ley Núm. 20.671 para regularización de viviendas sociales (Boletín 9.029-14).
El hecho que una ampliación o construcción no esté regularizada, además de constituir una infracción a la ley, genera múltiples efectos negativos, tales como, la imposibilidad de tramitar una patente municipal para el funcionamiento del taller o microempresa ubicado en una vivienda, y de acceder a créditos para el mejoramiento de la misma, menores ingresos para los municipios debido a que nos se pagan las contribuciones correspondientes a tales construcciones, etc. En estas condiciones por encontrarse en una situación irregular en ampliaciones y construcciones, hacen necesaria una revisión legislativa en la materia. El propósito fundamental del presente proyecto de ley es autorizar en forma permanente la aplicación de este procedimiento simplificado, sin grandes desembolsos ni trámites complejos, para la regularización definitiva de ampliaciones o construcciones extendiendo el marco actual a las entidades religiosas en el entendido que el Estado garantiza el libre desarrollo de estas actividades que cumplen una importante función social. En este sentido creemos necesario por razones sistemáticas utilizar las expresiones propias de la ley Núm. 19.638 y superar las dudas interpretativas que presenta la norma vigente.
2. Historia legislativa. La Ley N°19.583 (y con sucesivas prórrogas de vigencia mediante las leyes 19.667 y 19.727) tuvo su origen en la moción de los Diputados Samuel Venegas, Ramón Elizalde, Carlos Montes, José Makluf Francisco Encina, Rodolfo Seguel, Iván De La Maza, Juan Pablo Letelier, Ignacio Balboniin, Hosain Sabag, (Boletín 1873-14), que entre sus fundamentos señalo “la necesidad de enfrentar decididamente la superación de la pobreza que aún azota a sectores importantes de nuestra población” de ahí que se propone legislar a fin que “los propietarios de las viviendas sociales a que alude la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que hubieren realizado ampliaciones y nuevas construcciones con o sin permiso municipal de edificación, pudieran regularizar su situación legal y administrativa ante los organismos técnicos competentes”, son indiciarias que si bien el rendimiento de las iniciativas ha sido aceptable, las sucesivas prórrogas denotan la necesidad de establecer un régimen permanente en la materia, como asimismo, sistematizar el marco de beneficiarios.
3. Ideas matrices.- El proyecto que se propone establecer en forma permanente el régimen simplificado que permite regularizar la situación legal y administrativa ante los organismos técnicos competentes de aquellas microempresas en las cuales se hayan realizado ampliaciones y nuevas construcciones con o sin permiso municipal de edificación, conforme a las exigencias previstas en la ley Núm. 20.563. Asimismo, en el contexto que la referida ley señaló como beneficiario a edificaciones destinados a equipamiento social, y mediante una norma interpretativa incluyó a los centro de actividades religiosas, entendemos, que resulta más adecuado una remisión expresa de este régimen simplificado a las entidades religiosas, tal como las define la ley 19.638, aplicándoles las limitaciones que establece el citado cuerpo normativo.
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único. Modifiquese la ley Núm. 20.563 en el siguiente sentido:
1) Para suprimir en el artículo primero la frase “dentro del plazo de dos años, a contar desde la fecha de publicación de esta ley”.
2) Para intercalar en el artículo segundo a continuación de la expresión “social”, la siguiente frase “y de entidades religiosas”
5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Silber, Chahin,Espinoza, don Fidel; Farcas, Jiménez, Monsalve, Núñez, don Daniel; Poblete y Tuma y de la diputada señora Fernández, que modifica diversos textos legales, en materia de denegación de venta de productos y prestación de servicios; de fusiones y adquisiciones de empresas y de concentración de mercados(boletín N° 9315-03)
“En nuestro país, se han generado en los últimos años evidentes manifestaciones de concentración de intereses económicos en unas pocas manos que detentan, hoy por hoy, parte fundamental de la riqueza de nuestro país, con claro desmedro del resto de los ciudadanos, y del mismo sistema económico que se dice defender.
En efecto, Chile ha transitado desde una pretendida economía social de mercado, simplemente a un capitalismo despiadado, en que el mercado y sólo el mercado, y por ende, los actores más poderosos, pueden subsistir, dominarlo, vincularse y, en definitiva, cometer toda clase de abusos en contra de los ciudadanos, especialmente de clases más pobres, dando origen a una sociedad fuertemente mercantilizada, donde los valores de la solidaridad, el respeto a la persona y sus derechos, la igualdad de oportunidades, se tornan cada día más ilusorios, y el único derecho constitucionalmente consagrado que recibe pleno respeto es el de propiedad, que se acrecienta día a día en manos de unos pocos.
Resulta ciertamente un contrasentido, que luego de décadas de implantación del modelo económico, Chile tenga hoy millonarios en la lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes, y, por otro lado, tenga un sistema educacional colapsado por la falta de recursos para propender a una educación que otorgue verdadera igualdad de oportunidades, listas de esperas en consultorio, subsidios de vivienda sin terreno, etc. Los continuos reportes de la OCDE sobre la desigualdad en nuestro país, no hacen sino confirmar esta realidad.
Muestra clara de esta situación la constituyen los conflictos que han envuelto a diversas industrias en claro perjuicio de los consumidores, como la colusión de las farmacias y las avícolas; o la situación producida en torno a la empresa La Polar, por citar sólo algunos.
El desembarco en Chile de una empresa supermercadista cuyas operaciones son siete veces el tamaño de la economía chilena y que ya comienza a introducir en el país sus productos de marca propia, en desmedro de la producción nacional, es otro foco que debe merecer nuestra atención, pues además de ello, nos encontramos con una situación especialmente delicada, en la concentración horizontal y vertical que producen las grandes cadenas de retail, particularmente con sus supermercados, los cuales abusan de su poder de compra -hecho de todos conocido- que nos lleva a encontrarnos, al interior de sus salas de venta, con una oferta cada vez más creciente de productos de marca propia, que no son sino el resultado de diversas pymes que se ven absorbidas o sometidas por estos gigantes, por cuanto, si se es productor de aceite, detergentes, legumbres o cualquier otro producto de consumo masivo, y éste no está en las estanterías de las grandes cadenas, sencillamente, no existe en el mercado.
En materia del acceso al financiamiento, las descomunales y desproporcionadas utilidades de la banca, que obtiene en Chile rentabilidades cuatro veces superiores a las que se producen en otros países, y que ahora dice va a bancarizar a una población en que el 60% de los trabajadores no califica para aspirar a ello, es otra situación anómala que, estimamos, debe ser corregida. En efecto, como lo muestran recientes estudios económicos de autores del mayor prestigio, como los Doctores Luis Riveros y Mario Morales, la prometida bancarización de la población es sólo una ilusión, pues según las cifras de la encuesta CASEN, más del 60% de la población gana menos de $265.000,- mensuales, y la banca exige como requisito mínimo una renta de $ 350.000.- y un empleo estable y formal.
Así, la rebaja en el costo del crédito cuya materialización en la reciente modificación de la ley 18.010 celebramos, en beneficio de la población más modesta, se topa, no obstante con la realidad que el sector del comercio que atiende las necesidades de crédito de los segmentos más modestos, podría desaparecer y/o verse en la necesidad de abandonar a los deudores de menos recursos, y por lo tanto más riesgosos, dejando a un gran número de personas fuera del crédito formal y en manos de los prestamistas ilegales, cuyo negocio se torna cada día más floreciente, amparado bajo la figura de una compraventa con derecho a recomprar las joyas que en la práctica los modestos deudores empeñan, lo cual, en verdad, no ocurre nunca, o casi nunca. De hecho, hay voces que se levantan pidiendo el fin del monopolio del Estado en materia de crédito prendario, para así garantizar que este pingüe negocio de la llamada compraventa de oro, siga adelante con el beneplácito del Congreso Nacional.
Estamos convencidos, por otro lado, que las condiciones de compra de los grandes actores en todos los rubros, por todos conocidas, en nada favorecen una competencia abierta y leal, que beneficie a los ciudadanos, especialmente a los más modestos.
Estimamos que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto y dar un golpe de timón, que implique abandonar la senda del capitalismo despiadado hacia una economía que, si bien, reconoce la importancia del emprendimiento privado, del respeto al derecho de propiedad y la plena libertad para desarrollar todo tipo de actividad económica, se hace cargo, también, de propender en forma adecuada a una razonable distribución de la riqueza entre todos los ciudadanos, asegurando a éstos condiciones dignas de vida, igualdad de oportunidades y protección frente al abuso.
Chile, hoy por hoy, no responde a estos requerimientos, y su economía ha perdido todo sentido social, poniéndose incluso en riesgo las bases mismas de una economía de mercado sana que requiere, por tanto, de adecuada competencia, de forma de posibilitar a los ciudadanos una amplia gama de alternativas de consumo, acorde a sus necesidades, alejando el fantasma de la concentración y por ende, de la colusión y el monopolio.
Creernos que es la hora de abandonar, con decisión y fuerza, el dogma de la incontrarrestable igualdad en la regulación de los distintos agentes económicos, por cuanto, ante un escenario en el cual existen ya desigualdades tan profundas, mantener regulaciones uniformes a lo único que conducirá será a profundizar esas desigualdades, en desmedro de los intereses de toda la ciudadanía.
Asimismo, estamos ciertos que la sola sanción en el patrimonio de los grandes conglomerados no ha sido disuasión suficiente para toda clase de conductas tendientes a favorecer la concentración económica; en la medida que los autores de estas conductas queden impunes, si la multa la paga el negocio, bienvenida la multa, parece ser el paradigma. De hecho, tampoco la paga el negocio, sino los consumidores, a través de mayores precios.
La propuesta que desarrollamos a continuación se basa, entonces, en el reconocimiento expreso de una situación inaceptable y nociva a los intereses de la ciudadanía, y también para las bases mismas de nuestra economía y del progreso, en cuanto el mercado está hoy seriamente amenazado, en distintos rubros, con niveles de concentración que hacen ciertamente aconsejable actuar sobre esta realidad.
Por otro lado, si bien es cierto escuchamos reiteradamente de parte del pasado gobierno un mensaje que hablaba de su interés por la pequeña y mediana empresa, finalmente no divisamos en manera alguna medidas concretas que hayan sido propuestas al país para avanzar de verdad, en el camino de propender al desarrollo de dicho importante sector de la economía, que representa una parte significativa de la oferta de empleo en nuestro país, y que hoy, sencillamente, está imposibilitada de competir con los intereses de los grandes grupos económicos. Nuestras PYMES no vivirán de sellos que vienen a ser algo así como una dádiva de las grandes empresas. Se necesitan acciones concretas, aquí y ahora.
Así, la agenda contra la concentración económica que en este instante proponemos, el siguiente
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEY N° 211, QUE FIJA NORMAS PARA LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, Y LA LEY N° 20.169, QUE REGULA LA COMPETENCIA DESLEAL
Artículo 1° Introdúcese una modificación en el artículo 3° letra c) del Decreto Ley 211, agregándose a continuación del punto, lo siguiente:
“Constituirá especialmente una práctica de este tipo, la denegación de la venta de un producto o de la prestación de los servicios que formen parte del giro del oferente de tales productos o servicios. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la comercialización de bienes o servicios de cualquier clase, deberá permitir la adquisición o contratación de ellos a cualquier interesado, en las condiciones objetivas y uniformes para todo el mercado que al efecto haya fijado, las cuales deberá dar a conocer a cualquier persona que así lo solicite”.
Artículo 2° Introdúcese una modificación en el artículo 4° del Decreto Ley 211, de 1973, agregándose un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:
“Las fusiones, adquisiciones, actos y contratos de cualquier clase y respecto de todo tipo de empresas, cualquiera sea su naturaleza o régimen jurídico aplicable, que puedan significar la concentración de más del 15% del mercado de cualquier actividad económica, en manos de una misma empresa o grupo empresarial, en conformidad a la definición que de éstos hace el artículo 96 de la Ley 18.045, no podrán celebrarse ni ejecutarse, en tanto los contratos o acuerdos preparatorios que den cuenta de ellos, no hayan sido aprobados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.
Artículo 30 Introdúcese una modificación en el artículo 18° del Decreto Ley 211, de 1973, remplazándose el texto del número 3, que pasa a ser número 4, corrigiéndose también la numeración que sigue, por el siguiente:
“3) Conocer y aprobar o rechazar de modo vinculante, a petición del Fiscal Nacional Económico, de los interesados en la operación respectiva, o de cualquier persona natural o jurídica que así lo solicite, las fusiones, adquisiciones y actos y contratos de cualquier clase y respecto de todo tipo de empresas, cualquiera sea su naturaleza o régimen jurídico aplicable, que pueda significar la concentración de más del 15% del mercado de cualquier actividad económica, en manos de una misma empresa o grupo empresarial, en conformidad a la definición que de éstos hace el artículo 96 de la Ley 18.045. Los actos y contratos que se ejecuten o celebren una vez otorgada la autorización respectiva, deberán ajustarse estrictamente a los sometidos a consideración del Tribunal, en conformidad a lo dispuesto por el artículo cuarto inciso segundo de esta ley.”
Artículo 3° Introdúcese en el artículo 4° de la ley 20.169, la siguiente letra h), nueva:
“Toda conducta que persiga eludir la obligación que impone el artículo 39 letra c) del decreto Ley 211, de 1973”.
Artículo 4° Introdúcese un artículo 4° bis, nuevo, en la ley 20.169, del siguiente tenor:
“El que con ánimo de lucro ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia en las actividades económicas, tanto en las referentes al comercio interno como en las relativas al comercio exterior, será penado con presidio mayor en cualquiera de sus grados. Cuando el delito incida en artículos o servicios básicos tales como: agua potable, electricidad, alimentación, telefonía, vivienda, medicina o salud en general, transportes, combustibles y educación, la pena se aumentará en un grado”.
6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mirosevic y Trisotti y de las diputadas señoras Hernando; Núñez, doña Paulina, y Sepúlveda, que modifica el Código Penal, con el objeto de sancionar la publicación o difusión maliciosa de información, con ocasión de terremotos u otros desastres naturales en el caso que indica. (Boletín N° 9316-07)
"Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1, 5, 19 número 12, 63 y 65 de la Constitución Política de la República; en la Ley 19.733; en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal; en la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y; en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1.- Que, por su ubicación y sus características, Chile es un país afecto a terremotos y desastres naturales.
2.- Que, si bien la publicación y difusión de información de utilidad pública durante períodos de conmoción resulta indispensable para una adecuada gestión de emergencias, por el contrario la difusión maliciosa de informaciones falsas, engañosas o exageradas de desastres pueden tener perjudiciales efectos en la población. Así ocurrió en el norte de nuestro país con ocasión del terremoto y la actividad sísmica de comienzos de abril de 2014, circunstancia en la cual informaciones exageradas, engañosas o derechamente falsas causaron infundadas alarmas en la población induciéndola a dejar sus viviendas con el fin de evacuar hacia algún cerro, acopiar agua potable y comprar para acumular víveres y combustible. Las señaladas conductas ejecutadas por la población, inducidas por informaciones inexactas, han causado inconvenientes e incluso fatales consecuencias, como por ejemplo: la muerte de un lactante debido a que su familia pasó la noche a la intemperie buscando seguridad fuera de su vivienda, o la escasez de agua potable, víveres y combustible debido a una infundada sobre demanda.
3.- Que, estas informaciones falsas, engañosas o exageradas de desastres naturales pueden ser publicadas o difundidas por cualquier persona o por los medios de comunicación social. En efecto, actualmente las redes sociales permiten a cualquier persona acceder a plataformas con aptitud para publicar y difundir, amplia y rápidamente, cualquier información. Incluso, una vez publicada alguna información a su círculo cercano de contactos esta puede alcanzar a un muy elevado número de destinatarios a través del fenómeno de la “viralización”.
4.- Que, si bien tanto nuestra Constitución como diversos instrumentos internacionales reconocen a todas las personas el derecho a emitir opinión e informar en cualquier forma y por cualquier medio, sin censura previa, también permiten a la ley regular la responsabilidad procedente de los delitos y abusos que se cometan en ejercicio de esta libertad.
5.- Que, la idea matriz de esta iniciativa es sancionar penalmente a aquel que, aprovechándose de la fragilidad emocional de la población durante períodos de conmoción, a sabiendas publicare o difundiere, tanto por cualquier medio de fácil acceso al público (como por ejemplo alguna red social) como a través de un medio de comunicación social formal (como por ejemplo prensa televisiva, radial, escrita, etc) alguna información falsa, engañosa o exagerada de terremoto u otro desastre natural, que produzca o pueda producir alarma en la población. Este proyecto establece una sanción más grave cuando la información es publicada o difundida por un medio de comunicación social formal, lo cual encuentra fundamento en el rol social que cumple la función periodística y en su mayor aptitud de afectar el orden público a través de su poderosa influencia en la población.
6.- Que, la materia que esta iniciativa pretende sancionar no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico penal. En efecto, nuestro Código Penal en el “Título VI DE LOS CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICOS COMETIDOS POR PARTICULARES”, prevé dos normas que si bien tipifican y sancionan la alarma pública, dejan sin sanción la publicación o difusión de informaciones falsas, engañosas o exageradas de terremoto u otro desastre natural durante períodos de conmoción, que produzcan alarma en la población. Es así como el artículo 268 bis solamente sanciona (con pena de reclusión menor en su grado mínimo) a “aquel que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública”. Por su parte, el inciso segundo del artículo 269 del mismo Código solamente sanciona con presidio menor, en su grado mínimo a medio, a “aquel que impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas”.
7.- Que, a diferencia de nuestro ordenamiento jurídico, la conducta que esta iniciativa pretende sancionar se encuentra regulada en el Derecho Comparado. En este sentido podemos citar, en primer lugar, a legislación italiana. En dicho ordenamiento jurídico se sanciona la publicación o difusión de información falsa, engañosa o exagerada, por la cual puede ser perturbado el orden público con prisión de hasta 3 meses o multa, si no califica como delito (artículos 656 hasta 660 del Código Penal Italiano)[1].
Por su parte, el Estado de Puebla en México sanciona con 2 a 12 años de prisión o multa la difusión de noticias, haciendo uso de cualquier medio de comunicación, que siendo falsas se hagan aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación (artículo 165 del Código de Defensa Social)[2]
Finalmente, Austria sanciona, por regla general, con prisión hasta 6 meses o multa, en casos graves con prisión de hasta 3 años y, en caso de muerte de personas, con prisión hasta 5 años, el diseminar intencionalmente un rumor falso que puede inquietar a muchas personas y disturbar el orden público (Artículos 274 hasta 276 del Código Penal)[3]
8.- Que, el establecimiento de las causales de responsabilidad penal que este proyecto contempla resultan del todo necesarias para asegurar un fin legítimo como lo es el orden público, la seguridad de la población y la integridad física y psíquica de cada persona con ocasión de terremotos y desastres naturales.
Por tanto:
Los diputados que suscribimos venimos en someter a vuestra consideración el siguiente,
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Agrégase el siguiente artículo 269 A del Código Penal:
“El que, a sabiendas, durante períodos de conmoción, publicare o difundiere, por cualquier medio información falsa, engañosa o exagerada acerca de la ocurrencia o las consecuencias de terremoto u otro desastre que produzca o pueda producir alarma en la población, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales.
Si quien ejecuta la conducta descrita en el inciso precedente lo hiciere en el contexto de informar a través de algún medio de comunicación social formal, tales como prensa escrita, radial, televisiva, entre otros, se aplicará la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales. No será responsable quién, con anterioridad, represente por escrito al director del medio de comunicación la posibilidad de producir alarma en la población a causa del carácter falso, engañoso o exagerado de la información.
Igual pena a la señalada en el inciso anterior sufrirá tanto quien haya dado la instrucción de emitir dicha información como quién luego de la advertencia a que se refiere el inciso precedente insista en la ejecución de su instrucción, aún cuando no la publique o difundiere personalmente.”
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Kort, Gahona, Hernández, Lavín, Macaya y Sandoval y de las diputadas señoras Hoffmann, Molina, Nogueira y Turres, que modifica la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales, estableciendo el beneficio de excusión respecto del propietario de un bien declarado monumento nacional. (Boletín N° 9317-24)
"El artículo 1 de la ley 17.288 que legisla sobre los Monumentos Nacional establece que estos “son los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a lo historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo”.
La importancia que poseen nuestros monumentos nacionales es manifiesta, a través de ellos se deje un testimonio de nuestra cultura y tradiciones más representativas de nuestra alma nacional y junto con ello constituye una fuente inagotable de cultura, elemento trascendental para el porvenir de nuestra sociedad.
Como sabemos, los monumentos nacionales, específicamente los históricos, pueden ser de dominio público o privado, en este último caso la normativa vinculada a su uso, goce y disposición se sujeta a lo preceptuado en el derecho común con la sola restricción que su dueño deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas. Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá excavarse o edificarse, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, como en los casos anteriores.
Sin embargo en todos los otros ámbitos el propietario se sujeta a las normas que al efecto, el Código Civil y otras leyes establecen para el derecho de propiedad, así las cosas y, como toda persona, el propietario puede verse expuesto a una situación económica desventajosa y por tal motivo verse involucrado en deudas que no le permiten hacerse cargo competentemente de sus compromisos financieros, ante este escenario la ley chilena contempla genéricamente todo un sistema tendiente a que los acreedores puedan cobrar eficazmente sus créditos en contra de aquel deudor insolvente, y precisamente una de las herramientas que contempla nuestro ordenamiento jurídico es el derecho de garantía general de los acreedores, consistente tal facultad en un derecho o prerrogativa que tiene todo acreedor para exigir el pago de sus créditos en todos los bienes del deudor sean estos presente o futuros. Es así como la forma más grave de llevarse a efecto esta institución, es a través del embargo, acto que consiste en la aprehensión material de los bienes del deudor quedando por tanto éstos fuera del comercio humano. Este acto posibilita que el derecho del acreedor pueda ser efectivamente materializado mediante la venta del bien realizada por el ministerio de la justicia.
Sin embargo, tal institucionalidad posee matices que morigeran los efectos y consecuencias de esta garantía general, y es así que nos encontramos entre otras modalidades con el denominado beneficio de excusión, institución propia de las obligaciones de carácter subsidiaria como la fianza y que en términos gruesos consiste en aquella facultad que posee el deudor reconvenido para exigir del acreedor que antes de dirigirse contra él, se cobre el crédito en todos y cada uno de los bienes del deudor principal y en garantías que éste haya constituido para seguridad de su pago.
Bajo este contexto la presente moción propone, a partir de la importancia histórica, inmaterial y cultural de estos bienes para la identidad nacional, establecer una suerte de beneficio de excusión en caso de que tales inmuebles tengan el triste destino de ser embargados y rematados al mejor postor para pagar las deudas de su propietario, toda vez que- pensamos- resulta indigno no sólo para el propietario sino para la nación en su conjunto que tales bienes tengan aquel destino, envileciendo el valor del bien, sino de la cultura nacional que no es admisible en un país que aspira al desarrollo como el nuestro.
Se trata en consecuencia de una salida tendiente a que el deudor pague con otros bienes sus obligaciones y en consecuencia dejar, si tales bienes no satisfacen la deuda solventarlas con este bien, como última ratio.
Que tal solución no es nueva en nuestro Derecho positivo, en efecto en materia de bienes familiares, muy especialmente cuando recae sobre la casa que sirve de residencia principal de la familia, se contempla esta suerte de beneficio de excusión, en donde si bien es cierto no nos encontramos ante una hipótesis de inembargabilidad si existe una protección especial, a partir de que dicho bien es familiar.
Esta iniciativa, sin lugar a dudas, representa un elemento de sinergia con lo que nuestro país ha promovido en los últimos años en materia de cultura, en base a la necesidad de hacer de nuestro país una nación que se reencuentre de un modo profundo con sus raíces y encontrar en ello su identidad profunda que le permita afrontar su futuro seriamente.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 12 de la Ley 17.288, norma que a continuación se reproduce:
“El propietario de un monumento histórico goza de beneficio de excusión, de conformidad al artículo 148 del Código Civil”
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8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hasbún, Hernández, Lavín, Macaya, Meza, Morales, Norambuena, Pérez, don Leopoldo y Tuma, y de la diputada señora Carvajal, que modifica la ley 18.290 de Tránsito, para eximir del pago de peaje a los vehículos de emergencia durante el ejercicio de sus funciones. (boletín N° 9318-15)
“Desde siempre los eventos de la naturaleza han constituido sucesos trágicos que han propiciado destrucción y muerte en nuestra infraestructura y población, hechos que de tanto en tanto enlutan a nuestro país, haciendo al mismo tiempo brotar lo mejor de nosotros, esto es la solidaridad, la sensibilidad ante el dolor ajeno, la eficacia de nuestras gestiones. Tales características constituyen elementos que nos imprimen un claro sello de nación que nos comprometen con el presente y futuro de nuestra patria.
Es así como inundaciones, terremotos, tsunamis, temporales de lluvias y viento, incendios, entre otros desastres, posibilitan la generación de todo un sistema de acción que va en auxilio de todas aquellas personas que resultan damnificadas por tales desastres de la naturaleza. Tal sistema se encuentra constituido, entre otros ámbitos, por los denominados vehículos de emergencia.
Estos vehículos se encuentran definidos en el número 43 del artículo 2° de la ley 18.290 que regula el Tránsito, como aquellos “pertenecientes a Carabineros de Chile e Investigaciones, al Cuerpo de Bomberos y las ambulancias de las instituciones fiscales o de los establecimientos particulares que tengan el respectivo permiso otorgado por la autoridad competente”.
Bajo este orden de cosas, se requiere, para que la labor de las instituciones descritas anteriormente sea eficaz, un conjunto de condiciones capaces de introducir marcos de acción lo suficientemente dúctiles para hacer de la labor de emergencia eficaz y expedita. Nuestro ordenamiento jurídico, precisamente rescata esta actitud que debemos tener las personas para coadyuvar a la función de rescate y emergencia en diversas disposiciones diseminadas en la ley del tránsito y otras normativas legales y reglamentarias.
Que de lo descrito anteriormente, resultaría ilógico- y en algunos casos incluso ilegal- que durante emergencias de diversa consideración, como el reciente terremoto ocurrido en nuestro norte grande el pasado 1 de abril y el gigantesco incendio que azotó a 4 cerros del puerto de Valparaíso, los vehículos de emergencia deban detenerse ante cada plaza de peaje que se encuentra en el camino, toda vez que se trata de vehículos que gozan de un estatuto jurídico diferenciado a partir de la importante labor que desempeñan y en ese contexto gozan de un derecho preferente de paso, y dicho paso debe operar, a nuestro juicio, para todos los efectos prácticos, no sólo en materia de señales del tránsito, como son los semáforos o discos pare o ceda el paso, sino en cualquier hipótesis de detención que signifiqué un obstáculo a su labor.
Es así como los firmantes de esta iniciativa legal, concordamos en la idea, que lo fundamental en materia de vehículos de emergencia constituye el hecho que nada entorpezca su accionar, y frente a ello el objetivo de esta moción es establecer la prohibición de impedir u obstaculizar el accionar de tales vehículos, ni aún a pretexto de circunstancias legales o administrativas, consagrando asimismo sanciones para quienes no respeten dichas normas.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final al artículo 2° de la ley 18290, sobre el Tránsito, norma que reza de la siguiente manera:
“Los vehículos de emergencia, establecidos en el número 43 de este artículo, en sus desplazamientos realizados con ocasión del desempeño de su labor, no se les podrá en caso alguno, impedir u obstaculizar el paso, especialmente en plazas de peajes, ni siquiera a pretexto de circunstancias legales o administrativas, debiendo toda persona o entidad facilitar su trayecto. Adicionalmente se le aplicará una multa a la empresa concesionaria en caso del cobro de peaje al carro de emergencia, de 1 a 50 UTM”
9. Informe final sobre la participación del diputado señor Urrutia,don Ignacio Introducción
ParlAmericas celebró su 33ª Reunión del Consejo de Administración en Santo Domingo, República Dominicana, los días 20 y 21 de marzo de 2014. Los participantes, en representación de las cuatro subregiones de Par!Americas, estaban encantados de estar en la República Dominicana, donde fueron cálidamente recibidos.
Los objetivos principales de la reunión fueron recibir las noticias de parte del personal de la Secretaría Internacional, aprobar propuestas con los temas del próximo Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias y de la 11ª Asamblea Plenaria, aprobar el plan de trabajo y el presupuesto para el ciclo venidero y debatir el financiamiento de la organización.
1. Apertura de la reunión
1.1 Palabras de bienvenida
El Sr. Randy Hoback, presidente de Par!Americas y de la reunión, abrió la sesión dando la bienvenida a cada uno de los presentes y comentando sobre lo bien que había estado la recepción de la noche anterior. El Sr. Hoback declaró que tenía muchas ganas de conocer a los nuevos miembros del Consejo y repasó los principales temas de la agenda: la aprobación del plan de trabajo del presente ciclo, las novedades sobre áreas de trabajo especificas y el desarrollo de medidas concretas para conseguir los fondos necesarios para continuar con el trabajo de ParlAmericas. El Sr. Hoback resaltó la urgencia de encontrar variadas fuentes de financiamiento dado que el proyecto ACDI llegaría a su fin en diciembre de 2014. Luego expresó su gratitud a la República Dominicana por haberse ofrecido para acoger esta reunión, agradeció a la Sra. Valdez y la invitó a decir unas palabras.
La Sra. Valdez dio la bienvenida a los presentes, a titulo personal y tanto en nombre del presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Sr. Abel Martínez Durán, cerno del resto de los legisladores. Señaló que estar en el Consejo era una buena oportunidad para establecer un diálogo ccn otros parlamentarios de la región, nutrirse de sus experiencias y contribuir al fortalecimiento del rol de los parlamentos en la promoción y defensa de la democracia y de los derechos humanos.
A continuación, el Sr. Hoback invitó a los miembros del Consejo a presentarse. Mencionó las ausencias de Victor Juliao 1 1 1 , diputado de Panamá ; Cheryl Bazard, senadora de Las Bahamas ; y Luiz Carlos Hauly, anterior presidente de Par!Americas y actual diputado de Brasil . Gina Hill, la Directora General saliente, no pudo asistir a la reunión; sin embargo, estaba en la Secretaria Internacional, en Ottawa, dispuesta a responder cualquier consulta que hubiera podido surgir. Mr. Hoback presentó a la nueva Directora General , Alisha Todd. Agradeció al personal del país anfitrión y al de la Secretaría Internacional de ParlAmericas, como así también al resto de los participantes. Para una lista completa de los presentes, remítase al Anexo A.
1.2 Adopción de la Agenda
El Sr. Hoback invitó a los miembros del Consejo a considerar la agenda preliminar de la reunión.
RESOLUCIÓN BDM33-01:
Se resuelve que el Consejo de Administración apruebe la propuesta y adopte la agenda tal como fue presentada.
Moción presentada por Hugh Buchanan (Jamaica), apoyada por María Jeannette Ruiz (Costa Rica) y aprobada por unanimidad.
1.3 Aprobación del informe de la 32ª Reunión del Consejo de Administración La reunión prosiguió con la consideración del informe de la 32ª Reunión del Consejo de Administración celebrada en San José, Costa Rica, los días 20 y 24 de agosto de 2013. El informe habia sido enviado a los miembros del Consejo por correo electrónico el 25 de septiembre de 2013.
RESOLUCIÓN BDM33-02:
Se resuelve que el Consejo de Administración apruebe el Informe de la 32ª Reunión del Consejo de Administración.
Moción presentada por Germán Blanco (Colombia), apoyada por Jennifer Simons ( Surinam ) Y aprobada por unanimidad.
2. Informe del Presidente
Al momento de informar al Consejo de Administración sobre sus actividades, el Sr. Hoback hizo referencia al informe escrito. Resaltó en particular su trabajo con diferentes embajadores en Canadá y su participación en la recepción de apertura del grupo de amistad Canadá-Colombia. En enero el Sr. Hoback había estado en Veracruz, México, participando de la iniciativa de la Cuenca del Atlántico. Pidió disculpas por su ausencia en Costa Rica, motivada por problemas de salud.
Luego de que el Sr. Hoback invitara a los participantes a hacer preguntas, el Sr. Buchanan mencionó que el presidente había estado ausente en el reciente taller realizado en Trinidad y Tobago. El Sr. Hoback explicó que en Canadá el jefe de bancada es quien controla los viajes de los parlamentarios cuando la cámara está en sesión y que él no había podido obtener el permiso correspondiente.
RESOLUCIÓN BDM33-03:
Se resuelve que el Consejo de Administración reciba el Informe del Presidente.
Moción presentada por Hugh Buchanan (Jamaica), apoyada por Mirma Figueroa (Guatemala) y aprobada por unanimidad.
3. Informe de la Secretaría Internacional
3. 1 Informe de la Directora General
Dado que la Directora General saliente, Gina Hill, no estaba presente, el Sr. Hoback dio la palabra a 1 Gerente de Programa, Anabella Zavagno. La Sra. Zavagno presentó en nombre de la Secretaria Internacional las novedades sobre el programa y sobre las finanzas, incluyendo el informe de la Directora General y el presupuesto para aprobación.
La Sra. Zavagno leyó el Informe de la Directora General preparado por Gina Hill, que resumía sus reflexiones sobre el pasado reciente y el futuro inmediato de ParlAmericas. La Sra. Hill resaltó que durante su mandato la organización experimentó un completo cambio de imagen, desarrolló su primer plan estratégico y reforrnuló sus reglamentos; ahora la prioridad debía ser la obtención de fondos para la organización.
Ignacio Urrutia (Chile) comentó que la contribución de la Sra. Hill habla sido muy valiosa y dijo que era una lástima que ella no estuviera presente. El Sr. Hoback aclaró que la Sra. Hill habla sido invitada, pero que no habla podido asistir. Agregó que tenian la suerte de que la Directora General entrante, Alisha Todd, estuviera con ellos.
A continuación, el Sr. Hoback dio la palabra a la Sra. Todd, quien se presentó y declaró que se concentraría en la búsqueda de fondos. Comentó que habla trabajado en desarrollo empresarial y en programas de democracia, en Ottawa, durante los últimos ocho años y que se había especializado en observación electora\ y en relaciones bilaterales tanto a nivel mundial como hemisférico. La Sra. Todd expresó que le producía placer reorientar su carrera hacia la región y esperaba hacer su aporte al trabajo que ParlAmericas venia realizando.
4. Novedades relativas a recientes actividades de los miembros del Consejo de Administración
4.1 Novedades de los miembros
El Sr. Hoback invitó al res o de los miembros del Consejo a que hablaran sobre cualquier actividad que hubieran llevado a cabo en nombre de ParlAmericas desde la última reunión.
La Sra. Simons informó que el taller celebrado en Trinidad y Tobago había sido muy exitoso y que los miembros que participaron regresaron a su pais muy entusiasmados. Hubo cambios inmediatos en su manera de trabajar con el comité de gastos del estado.
El Sr. Buchanan dijo que el taller realizado en Trinidad y Tobago sobre fortalecimiento de la supervisión del presupuesto habla sido una gran oportunidad y que había habido una amplia participación regional. Luego de reconocer el excelente trabajo llevado a cabo por la Sra. Hill, afirmó que el foro habla sido muy revelador. En su opinión, los participantes se fueron con un mayor conocimiento sobre cómo operar en los Comités de Cuentas Públicas. Dijo que existia la posibilidad de que hubiera talleres de seguimiento en ciertos paises para continuar el diálogo, dado que el representante del Banco Mundial habla manifestado su interés el continuar con la iniciativa.
La Sra. Simons resaltó que ParlAmericas debería hacer más actividades de este tipo, que eran más directas y apuntaban a enfrentar problemas prácticos.
El Sr. Hoback consideró que era un excelente punto y que debía alinearse con las posibilidades de financiamiento. Luego de señalar el éxito de los programas regionales, alentó a los miembros del Consejo a que identificaran temas de interés. Asimismo, remarcó que próximamente habría una misión canadiense a Perú, compuesta por todos los partidos y con el objeto de analizar la Alianza del Pacífico, el tratado de comercio y la industria e:xtractiva. El Sr. Hoback dijo que le gustaría hacer más viajes para misiones bilaterales, pero que los fondos eran limitados.
5. Informe del programa, presentación de las finanzas y plan de trabajo de abril 2014 a marzo 2014
5.1 Informe del programa
La Sra. Zavagno fue nuevamente invitada a hablar para repasar las actividades más importantes de la Secretaria Internacional en relación a las seis lineas de financiamiento de la ACDI. En su repaso, la Sra. Zavagno mencionó la organización y realización de la actividad de capacitación sobre supervisión del presupuesto parlamentario para países del Caribe; la preparación y distribución del ínfomie de la 1Oª Asamblea Plenaria y del boletín ParlAmericas Express; los esfuerzos para conseguir un país anfitrión para el Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias; el trabajo para aumentar la presencia de ParlAmericas en los medios sociales y para revisar el sitio web; la preparación de los estatutos de la corporación y de informes para la ACDI; y la coordinación de la transición de dos puestos altos de la Secretaría Internacional.
Luego, la Sra. Zavagno invitó a los miembros del Consejo a hacer preguntas.
5.2 Presentación de las finanzas
La Sra. Zavagno pasó a la presentación de las finanzas para dar información sobre lo previsto en el presupuesto en comparación con los valores reales para el período que va desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013.
Luego de explicar al Consejo el contenido del documento, señaló las tres líneas de ingresos: cuotas anuales ordinarias, el proyecto de la ACDI y otros proyectos e ingresos.
La Sra. Zavagno atrajo la atención de los miembros del Consejo hacia la columna de las cuotas anuales ordinarias, que mostraba que ParlAmericas había recibido más ingresos que los previstos y dijo que esto se debía a que estaban incluidas las cuotas de este año y las cuotas adeudadas de años anteriores. También explicó que bajo la columna de otros proyectos e ingresos el monto previsto era más alto que el real debido a que ParlAmericas había considerado la realización de un proyecto conjunto con la Organización Mundial de Comercio y que lamentablemente dicho proyecto no se había materializado. Sin embargo, hubo ganancias, originadas, principalmente, por las tasas de cambio favorables.
La Sra. Zavagno también señaló que debido a que el proyecto de la ACDI estaba finalizando, un porcentaje más alto de los salarios de la Secretaría Internacional sería absorbido por el ingreso de las cuotas anuales ordinarias.
El Sr. Urrutia pidió una clarificación en relación al ingreso de las cuotas anuales ordinarias debido a que veía una gran disparidad entre los ingresos previstos y los reales. Quería saber de dónde provenía el monto estimado.
El Sr. Hoback comprendió la preocupación del Sr. Urrutia y explicó que a medida que más países fueran involucrándose se esperaba recolectar más cuotas anuales ordinarias. Resaltó que ParlAmericas debía ser agresiva para poder sobrevivir.
La Sra. Todd pidió la palabra para decir que el monto previsto incluía cuotas anteriores que no habían sido pagadas y que podrían aparecer en la cuenta bancaria en caso de que estos miembros regularizaran su situación. La Sra. Todd consideró que un cambio en la forma de presentar los números ayudaría a evitar confusiones.
La Sra. Valdez sugirió incluir las contribuciones en especie que hacen los países, especialmente cuando son anfitriones de eventos, como ingresos y en una columna separada.
La Sra. Todd expresó que estaba muy interesada en hacerlo debido a que de esa manera se reflejaría mejor qué tanto estaban aportando los miembros a ParlAmericas y ofrecería una manera de demostrar cuán valiosa era esta red.
El Sr. Blanco estuvo de acuerdo con la idea de la Sra. Valdez. Dijo que le gustaría ver las contribuciones en especie reflejadas en el presupuesto. La Sra. Ruiz dijo que era importante tener en cuenta las contribuciones en especie, pero que debía dejarse en claro que eran donaciones y quizás no deberían reflejarse en el presupuesto sino en la liquidación de gastos del año previo.
El Sr. Urrutia comunicó su preocupac1on por los miembros que nunca habían pagado sus cuotas anuales ordinarias. Consideró que esos parlamentos no deberían tener el mismo derecho a ocupar una banca del Consejo que tienen los parlamentos que siempre han pagado. El Sr. Urrutia dijo que entendía que esta cuestión estaba establecida en los Reglamentos, pero que el Consejo podía aprobar una resolución para impedir que un miembro presentara su candidatura si dicho miembro no había pagado al menos la última cuota anual ordinaria.
El Sr. Hoback pidió al Consejo volver sobre el tema y sugirió a los miembros que conversaran entre sí. Volviendo al estado financiero y al no haber más preguntas, requirió que alguien presentara la moción y que alguien la apoyara para así aprobar el presupuesto.
RESOLUCIÓN BDM33-04:
Se resuelve que el Consejo de Administración apruebe el presupuesto para el periodo comprendido entre el 1 de octubre 2012 y el 30 de septiembre de 2013, tal como fue presentado.
Moción presentada por Ignacio Urrutia (Chile), apoyada por Mirrna Figueroa (Guatemala) y aprobada por unanimidad.
5.3 Plan de Trabajo
La Sra. Zavagno continuó con el Plan de Trabajo para el período que va desde abril de 2014 hasta marzo de 2015. Recordó al Consejo que el Proyecto ACDI terminaba a fines de año y que las actividades del Plan de Trabajo reflejaban los compromisos de ParlAmericas con el proyecto hasta ese momento.
La Sra. Zavagno enumeró las siguientes actividades planeadas; preparación y distribución del informe sobre el taller Fortalecimiento de la Supervisión del Presupuesto Parlamentario - Fase 2; conversaciones con la OEA en relación al proyecto en curso en América Central, México y la República Dominicana; preparativos para la Asamblea Plenaria a celebrarse en Chile; publicación de otra edición del boletín ParlAmericas Express; preparativos para el Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias; revisión y actualización del sitio web y actualización de la base de datos; coordinación de reuniones del Consejo; e implementación de la estrategia de financiamiento.
Por último, la Sra. Zavagno resaltó que para el periodo que va desde enero a marzo se indicaban solo funciones básicas debido a que la disponibilidad de fondos y los proyectos estaban por confirmarse.
El Sr. Hoback informó al Consejo sobre algunas ideas que habían surgido en diferentes conversaciones. Una era incluir en el Consejo a un miembro asociado de la OEA; otra idea era realizar, en el futuro, la Asamblea Plenaria en conjunto con la Asamblea General de la OEA. También se refirió a la asistencia a la Asamblea General de la OEA a celebrarse en Paraguay y expresó que los miembros que desearan concurrir debían cubrir sus propios costos debido a que solo había presupuesto para el viaje del presidente. Por último, el Sr. Hoback presentó a Andrés López-Hoyos, quien presentaría ideas sobre lo que podría hacerse con respecto a la recaudación de fondos.
A continuación, el Sr. Hoback pidió una resolución para aprobar el Plan de Trabajo.
RESOLUCIÓN BDM33-05:
Se resuelve que el Consejo de Administración apruebe el Plan de Trabajo propuesto para el año 2014-2015, tal como fue presentado.
Moción presentada por Hugh Buchanan (Jamaica), apoyada por Jennifer Simons (Surinam) y aprobada por unanimidad.
6. Presentación del Consultor: Financiamiento más allá de diciembre de 2014, 1ª parte
El Sr. Hoback explicó que, tal como se había acordado en una reunión del Consejo previa y según la Estrategia de Financiamiento, la Secretaria Internacional había contratado a un consultor para que trabajara en la búsqueda de fondos para la organización. Dijo que Andrés López-Hoyos tenia una sólida experiencia en la preparación de informes y propuestas como también una interesante experiencia internacional que incluía varias misiones de observación con la OEA.
El Sr. López-Hoyos se presentó y dijo que había sido contratado para trabajar en dos recomendaciones clave emanadas de la estrategia de financiamiento de la organización: 1) la diversificación de las fuentes de financiamiento para obtener fondos para el largo plazo y 2) el involucramiento de los parlamentos miembros y la expansión de la membresía. Señaló que su presentación se centraría en el primer objetivo: el desarrollo de una cartera de fuentes potenciales de financiamiento y mecanismos que permitiría a ParlAmericas operar con los fondos necesarios durante los próximos tres a cinco años.
El Sr. López-Hoyos enumeró las acciones que había llevado a cabo antes de la reunión. Entre ellas se incluían aprender de previos intentos de financiamiento hechos por ParlAmericas; revisar los mecanismos de financiamiento de agencias similares; investigar qué otras organizaciones estaban trabajando en proyectos e iniciativas en sectores relacionados con el trabajo de ParlAmericas; y entrevistar partes interesadas clave.
Presentó una lista de organizaciones que potencialmente podrían dar financiamiento a ParlAmericas, dividida en cuatro grupos: gobiernos, fundaciones, agencias internacionales de financiamiento y empresas privadas. El Sr. López-Hoyos resaltó que conseguir aprobación para los pedidos de financiamiento podía llevar varios meses, lo que era relevante en este caso porque ParlAmericas tenía solo hasta diciembre de 2014 para obtener fondos.
Para ir avanzando, el Sr. López-Hoyos pidió a los miembros del Consejo que obtuvieran una carta de cada uno de sus respectivos parlamentos en la que estos solicitaran la asistencia de ParlAmericas para mejorar la capacidad de los parlamentarios. Explicó que esas cartas serían incluidas en las propuestas de financiamiento porque era importante mostrar solicitudes de apoyo provenientes del terreno. Por otro lado, sugirió a los miembros del Consejo que usaran sus contactos para comunicarse con los diferentes niveles de decisión en las organizaciones a las que ParlAmericas contactaría para solicitar apoyo.
La sesión se abrió a debate y el Sr. Blanco mencionó la importancia de solicitar el apoyo del Banco 1 nteramericano de Desarrollo. El Sr. López-Hoyos estuvo de acuerdo y dijo que el BID tiene dos proyectos que se alinean con lo que hace ParlAmericas. Sin embargo, manifestó que le preocupaba el tiempo que podría tomar para que una propuesta sea aprobada.
El Sr. Urrutia preguntó por qué la ACDI figuraba como una potencial fuente de financiamiento cuando dicha organización ya había manifestado que no renovaría el proyecto. El Sr. López Hoyos respondió que la ACDI podría reconsiderar su posición no solo porque había nuevos empleados en la organización sino también porque había un renovado interés en la región, especialmente en materia de seguridad y aumento de las capacidades.
La Sra. Ruiz expresó que el financiamiento podría buscarse caso por caso, dependiendo del proyecto. De esta manera, a las organizaciones se les pediría que financiaran eventos en los que tuvieran algún interés. La Sra. Ruiz expresó su acuerdo con que temas como seguridad regional, prevención del crimen organizado y crimen cibernético podrian ser mencionados en la solicitud de fondos.
La Sra. Sirnons dijo que deberían hacer coincidir los temas que ParlAmericas qu1s1era promover con aquellos que los potenciales financiadores quisieran promover porque ParlAmericas no debería promover cuestiones solo porque un financiador así lo quisiera. Sugirió explorar la posibilidad de trabajar con el PNUD.
El Sr. Hoback consultó a los miembros del Consejo cómo se sentirían si ParlAmericas controlara y administrara proyectos en el terreno, en ciertos países. Dichos proyectos caerían dentro del mandato de ParJAmericas y buscarían aumentar la capacidad de los empleados de los parlamentos locales. Luego de un animado intercambio de ideas entre el Sr. Hoback y la Sra. Simons, ambos acordaron que sería una posibilidad a considerar siempre y cuando los parlamentos locales tuvieran participación en las decisiones a lo largo de todo el proceso.
El Sr. Hoback también mencionó la posibilidad de controlar elecciones.
La Sra. Valdez dijo que el enfoque de financiamiento debería considerar alianzas estratégic”.s, que a su vez podrían utilizarse para influenciar la agenda politica. Como un potencial financiador mencionó a Brasil y su agencia de cooperación. Dijo que financiadores privados también ern una posibilidad, pero que debería ir de la mano de la responsabilidad social corporativa de la empresa, especialmente en cuanto al medio ambiente, la Justicia social Y los derechos humanos.
El Sr. López-Hoyos resaltó la importancia de tener apoyo político estratégico Y; por lo tanto, consultó a los miembros del Consejo si conocían personas en puestos de alto nivel en alguna de las entidades en cuestión.
La Sra. Valdez señaló que podrían abordar a potenciales financiadores a través de terceras personas, individuos claves que tienen acceso a aquellos que toman las decisiones.
La Sra. Comelli estuvo de acuerdo y expresó que todos los países, de una manera u otra, tienen relaciones con varias de las agencias mencionadas. Según ella, era responsabilidad de cada uno encontrar acceso a los potenciales financiadores.
La Sra. Valdez dijo que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo estaba financiando proyectos relativos a gobemanza, transparencia, rendición de cuentas y modernización de partidos políticos. Sugirió que debería considerarse una alianza estratégica con ellos.
La Sra. Ruiz mencionó que el Parlamento Europeo cooperaba con algunos países en relación a la transferencia de conocimiento entre regiones. Dijo que podrían estar interesados en cuestiones de mujeres, pequeñas y medianas empresas, seguridad y medio ambiente.
El Sr. Blanco dijo que no podía imaginar a ParlAmericas acercándose a una compañía minera multinacional para solicitar financiamiento porque algo así ofuscaría al público al interior de sus países.
El Sr. Costa habló sobre la agencia ABC de Brasil. Dijo que normalmente cooperan con países, pero que estan analizando incluir también instituciones internacionales. No estaba seguro de la situación de ABC en la actualidad, pero dijo que averiguaría.
El Sr. López-Hoyos dijo que la ACDI y ABC podrían trabajar en conjunto en observación electoral.
El Sr. Urrutia puntualizó los problemas que las compañías mineras presentan en América Latina, principalmente en relación al medio ambiente. Dijo que si ParlAmericas aceptara fondos de una compañía minera, la gente pensaría que dicha compañía compró a ParlAmericas y a los parlamentarios involucrados.
La Sra. Comelli habló sobre responsabilidad social empresaria y sobre valor compartido. Dijo que cuano las empresas retnbyen, prefieren hacerlo en forma de cosas tangibles y a nivel local. Según su criterio, ParlAmencas podría trabajar con parlarnentos locales.
La Sra. Ruiz dijo que deberían ser muy cautos al discutir financiamiento privado cualquiera sea el tipo de empresa. Afirmó que deberían concentrarse en la ACDI e identificar otras organizaciones que no interfirieran con el trabajo que ParlAmericas llevaba adelante.
La Sra. Simons comentó que las empresas cuidan sus negocios y sus ganancias, pero que los parlamentarios deberían pensar en términos de los beneficios para toda la nación. Afirmó que si una empresa financiara cierto proyecto, esperaría algo a cambio.
El Sr. López-Hoyos agradeció a todos los participantes y dijo que habría ot;a sesión sobe financiadores potenciales el próximo día. Se mostró confiado en que ParlAmencas consegu1na fondos como resultado del trabajo en equipo.
7. Preparativos para la 11ª Asamblea Plenaria
7.1 País Anfitrión
La Asamblea Plenaria se celebrará en Santiago, Chile, entre los días 25 y 27 de septiembre de este año. El Sr. Urrutia habló sobre algunos detalles relativos a los preparativos y a la logística del evento.
7.2 Agenda preliminar y temas a tratar en la 11ª Asamblea Plenaria
La Sra. Zavagno presentó un memorando de la Secretaría Internacional con la propuesta de que el Consejo seleccionara uno de los tres temas generales con sus respectivos subtemas para los grupos de trabajo como así también un tema para la Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias.
El Sr. Hoback alentó a los miembros del Consejo a que expresaran sus ideas. Después de una animada conversación, los miembros del Consejo decidieron que ninguna de las propuestas era totalmente satisfactoria.
Con posterioridad a una pausa en la que la Secretaría Internacional modificó los temas propuestos, se llegó a un acuerdo en relación al tema general y a los subtemas.
El Sr. Urrutia propuso que la Sra. Ruiz fuera invitada como oradora y el Sr. Hoback alentó a todos los miembros del Consejo a que mandaran por correo electrónico sus sugerencias con respecto a los expertos.
RESOLUCIÓN BDM30-06:
Se resuelve que el tema general de la 11ª Asamblea Plenaria sea Integración de la Sostembt/Jdad y que los subtemas sean 1) Agenda Legislativa en las Américas más allá del 2015; 2) Acceso a la Información y Economía Digital; 3)Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias: Atención Médica de la Mujer.
Se resuelve además que los presidentes de los Grupos de Trabajo sean los siguientes:
1) Agenda Legislativa en las Américas más allá del 2015: Guadalupe Valdez (República Dominicana)
2) Acceso a la Información y Economía Digital: Humberto Costa (Brasil)
3) Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias: Marcela Guerra (México)
Moción presentada por Hugh Buchanan (Jamaica), apoyada por Germán Blanco (Colombia) y aprobada por unanimidad.
7.3 Revisión de las bancas del Consejo abiertas a elección
Las bancas que se someterán a elección durante la próxima Asamblea Plenaria fueron revisadas. El Sr. Hoback recordó a los miembros del Consejo que en la última Asamblea Plenaria se había acordado agregar una banca adicional tanto para el Caribe como para América del Sur.
El Sr. Urrutia reiteró que era aconsejable que el Consejo tomara una decisión en relación a cuáles legislaturas tendrían permitido presentar sus candidaturas para una banca en el Consejo. De acuerdo a su criterio, no era lógico ni justo que se permitiera a los miembros que nunca habían pagado sus cuotas que presentaran sus candidaturas y expresó que el Consejo debía tomar una resolución sobre el tema.
El Sr. Hoback respondió que ParlAmericas no impedía a nadie la participación en actividades, independientemente de cuán frecuentemente pagaran sus cuotas. Clarificó que el punto presentado por el Sr. Urrutia no era sobre permitir la participación en tal\eres u otras reuniones, si no que era sobre la posibilidad de presentación de candidaturas a una banca en el Consejo. Consultó al Consejo si había algún cambio que debía hacerse al respecto.
La Sra. Simons consideró razonable la posición del Sr. Urrutia. Dijo que no estaba de acuerdo con excluir a una legislatura que hubiera dejado de pagar una o dos cuotas, pero que era diferente cuando una legislatura nunca había pagado.
La Sra. Ruiz estuvo de acuerdo con la Sra. Simons.
El Sr. Buchanan estuvo de acuerdo con el Sr. Urrutia y, a su vez, se preguntó si una legislatura que nunca había pagado iba a ser automáticamente autorizada a presentarse en una elección después de un pago o si serían necesarios más pagos.
El Sr. Blanco también estuvo de acuerdo con el Sr. Urrutía. Dijo que el esfuerzo que algunos parlamentos hacían para pagar sus cuotas debía ser compensado con la posibilidad de obtener una banca en el Consejo.
El Sr. Hoback dijo que tenía que pensar cuál sería el procedimiento correcto para tomar una decisión sobre un asunto como este. Su sensación era que la Asamblea Plenaria sería un lugar más indicado que la reunión del consejo para poner esta cuestión a consideración.
El Sr. Urrutia solicitó información en relación a la participación de cada uno de los miembros (pago de cuotas, acogimiento de eventos, asistencia a actividades, etc.) para la próxima reunión del Consejo, de manera que una decisión pudiera tomarse sobre el tema.
El Sr. Hoback solicitó que este tema fuera inciuido en la agenda de la próxima reunión del Consejo.
8. Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias
La Sra. Simons presentó al Consejo las novedades sobre las conversaciones que había estado manteniendo en relación al tema principal para el Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias. Dijo que el tema general sería pasaje de la igualdad formal a la igualdad real. La Sesión 1 sería superación de fa brecha entre la ley escrita y la práctica; la Sesión 2 sería educación y capacitación para la igualdad; y la Sesión 3 sería creación de presupuestos para lograr la igualdad de género.
Se debatió sobre cuál sería la mejor semana para realizar el evento y la Sra. Guerra ofreció hacer las consultas correspondientes con el Senado de México para luego enviar las fechas propuestas tanto al presidente de ParlAmericas como a la presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias .
RESOLUCIÓN BDM30-07:
Se resuelve que el Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias 2014 será realizado en la ciudad de México, en junio.
Moción presentada por Hugh Buchanan (Jamaica), apoyada por Jennifer Simons (Surinam) y aprobada por unanimidad.
9. Financiamiento más allá de diciembre de 2014, 2ª parte
El Sr. Hoback preguntó a los miembros del Consejo cómo se sentirían si se permitiera a compañías de programas y equipos de computación que asistieran al lugar donde se vaya a celebrar la Asamblea Plenaria para que instalen puestos donde pudieran mostrar sus productos. Remarcó que ParlAmericas no respaldaría a ningún vendedor en particular, sino que les daría acceso a todos los parlamentarios presentes.
La Sra. Simons dijo que ella estaría abierta a esta posibilidad, pero que debían discutirse las reglas.
El Sr. Buchanan consideró que era una buena sugerencia sobre la cual era necesario trabajar.
El Sr. López-Hoyos preguntó a los miembros del Consejo si estarían dispuestos a crear una alianza con ABC (Brasil). La Sra. Ruiz dijo que toda alianza debería ser hecha con agencias de cooperación internacionales sin fines de lucro que no pusieran en riesgo la independencia de ParlAmericas. Dijo, además, que ParlAmericas podría ser un brazo de la OEA que trabajara en supervisión electoral y en fortalecimiento de la democracia.
La Sra. Guerra consideró que la supervisión electoral no era una de las funciones de ParlAmericas. Dijo que supervisar elecciones podría ir en contra de la soberanía de un país.
La Sra. Valdez dijo que la observación electoral no proporcionaría ingresos suficientes para sostener a ParlAmericas: Además, dicha actividad podría poner en peligro la pluralidad que caractenzaba a ParlAmencas.
El Sr. Hoback advirtió que el modelo de financiamiento actual no es sostenible y, por lo tanto, deberían estar abiertos a realizar otros proyectos. Dijo que ParlAmericas podría presentar algo revolucionario en el área de la provisión de servicios.
El Sr. López-Hoyos comunicó a los miembros del Consejo que los debates y las sugerencias iban a considerarse en la preparación de las propuestas de financiamiento. Agregó que los mantendría informados sobre las instituciones que contactara, de manera que cada miembro pudiera comunicarse con sus contactos dentro de las mismas. Para finalizar, agradeció a todos y declaró que era optimista sobre la posibilidad de obtener fondos para ParlAmericas.
10. Futuras reuniones y cierre de la presente reunión
La 34ª Reunión del Consejo de Administración se celebrará en la Ciudad de México, México, inmediatamente antes del Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias .
El Sr. Hoback anunció que la presente seria la última reunión del Consejo para la Sra. Ruiz y le agradeció por todo su trabajo en el Consejo de Administración de ParlAmericas. También expresó su gratitud hacia la Sra. Valdez y su equipo por haber acogido tan fructífera reunión. El Sr. Hoback entregó un presente a la Sra. Ruiz y otro a la Sra. Valdez.
La Sra. Guerra también entregó a la Sra. Valdez un regalo de parte del Senado mexicano, como agradecimiento por haber organizado la reunión.
El Sr. Hoback agradeció a los presentes por haber participado, reconoció el buen trabajo de los intérpretes y deseó a todos un buen viaje de regreso.
No habiendo otros asuntos a tratar, el Sr. Hoback declaró finalizada la reunión.
11. Participantes
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESENTES
Presidente
-Randy Hoback, Miembro del Parlamento (Canadá)
Segundo Vicepresi dente y Presidente del Grupo de Mujeres Parlamentarias
-Jennifer Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam
América del Norte
-Michael L. MacDonald, Senador (Canadá)
-Marcela Guerra, Senadora (México)
América Central
-María Jeannette Ruiz Delgado, Diputada (Costa Rica)
-Mirma Figueroa de Coro, Diputada (Guatemala)
El Caribe
-Hugh Buchanan, Miembro del Parlamento (Jamaica)
-Guadalupe Valdez, Diputada (República Dominicana)
América del Sur
-Germán Blanco Álvarez, Representante (Colombia)
-Alicia Comelli, Diputada (Argentina)
-Humberto Costa, Senador (Brasil)
Anfitrión de la 11ª Asamblea Plenaria
-Ignacio Urrutia Bonilla, Diputado (Chile)
Directora General
-Alisha Todd
SECRETARÍA I NTERNACIONAL de ParlAmericas
-Anabella Zavagno, Gerente de Programa
-Marcelo Virkel, Coordinador de Proyectos
-Lisane Thirsk, Responsable de Comunicaciones
-Andrés López-Hoyos, Consultor para la Captación de Fondos y el Involucramiento de Miembros
OTROS INVITADOS y OBSERVADORES
-Reshma Alladin, Experta en Derechos Humanos, Surinam
-Guyanne Desforges, Parlamento de Canadá, Sección Canadiense de ParlAmericas
-María Mercedes, Directora del Departamento de Relaciones Intemacionales, República Dominicana
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUSENTES
Primer Vicepresidente
-Víctor Juliao 111, Diputado ( Panamá )
El Caribe
-Cheryl Bazard, Senadora (Las Bahamas)
Presidente inmediato anterior
-Luiz Carlos Hauly, Diputado (Brasil)
Directora General saliente
-Gina Hill
Miembro Asociado
Michel Rathier.
-
10. Informe del diputado señor León sobre su participación tanto en la Reunión Parlamentaria que se desarrolló el 14 de abril próximo pasado, como en la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, efectuada los días 15 y 16 de abril del año 2014, ambas en ciudad de México.
“Honorable Cámara:
Tengo a honra informar acerca de la participación que me correspondió en la Reunión Parlamentaria que se efectuó en dependencias del ex Senado mexicano, el día 14 de abril de 2014, en forma paralela con la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, efectuada en México, los días 15 y 16 de abril de 2014.
I. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN.
-Visión y Postura de AGCI-Chile sobre la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.
A continuación se transcribe un documento proporcionado por Cancillería, que señala que la cooperación de Chile se orienta de acuerdo al concepto de que el Desarrollo es un fenómeno histórico, concreto y que responde a un contexto específico. En particular para América Latina y el Caribe, existe una heterogeneidad de modelos y estrategias nacionales de desarrollo, que se manifiestan en procesos diferenciados con ritmos distintos que se podría llamar “diversidad dentro de la visión regional”, por lo que los desafíos y las brechas de desarrollo que aún persisten tienden a ser distintos de un país a otro; teniendo en cuenta que nuestra región es la que tiene mayor cantidad de países cataloga dos de Países de Renta Media .
Frente a este contexto diverso, algunos países de la región han sido catalogados como de renta media, entrando en procesos de “graduación” como receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En este grupo se encuentra Chile, que ha buscado consolidarse como un Socio Oferente de cooperación internacional en la región, compartiendo su propia experiencia de desarrollo, adaptándola a la propia realidad de sus Países Socios Beneficiarios, ya sea mediante acciones directas, proyectos y programas-país bajo las modalidades bilateral, triangular y regional.
Ahora bien, la experiencia chilena se basa en la consolidación de tres componentes claves entrelazados entre sí: una lnstitucionalidad y Gobernabilidad sólida s, lo que sumado a un Compromiso Nacional (multisectorial) con el Desarrollo, han sido las bases para la construcción y puesta en marcha de Políticas Públicas asertivas y con resultados exitosos a nivel regional en la superación de la pobreza multidimensional y el progreso económico de nuestra patria. La interacción y mutuo reforzamiento entre estos tres elementos permitió a nuestro país transitar desde un receptor neto de cooperación para el desarrollo a estar en condiciones de movilizar los recursos necesarios para el desarrollo interno, combinando el crecimiento económico y social nacional, con el diseño e implementación de políticas públicas replicables y sostenibles en el tiempo.
La cooperación para el desarrollo realizada por Chile está basada en los principios de la Cooperación Sur-Sur (horizontal, consensuada y equitativa) y es una excelente herramienta para el proceso de la integración regional ya que al compartir experiencias de desarrollo, se promueve cierto grado de consenso y armonización en las políticas públicas, además de fortalecer los lazos de amistad, hermandad y fraternidad al incentivar el intercambio y comprensión de las diversas particularidades socio culturales presentes en la región. En esta misma línea, la cooperación chilena para el desarrollo posee una orientación multisectorial, ya que el crecimiento económico es un elemento necesario pero no suficiente para alcanzar el desarrollo, ya que éste no se puede entender sin las dimensiones, sociales, culturales y políticas.
En el plano multilateral del sistema de cooperación internacional, actualmente se discute en torno a los objetivos de desarrollo post 2015, y varios de los puntos clave respecto al monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos, e inclusión de nuevos actores, convergen en la iniciativa de la Alianza Globo/ para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Al respecto, AGCI ha sistematizado su postura en tres puntos, los cuales deben entenderse como complementarios y que aspiran a poder representar una postura común que rescate las particularidades e intereses de los países de América Latina y del Caribe;
1.- Defensa de los Países de Renta Media respecto de los criterios de graduación de la AOD.
El crecimiento económico y la mejora social relativa, ha llevado a que hoy por hoy más de la mitad de los países de la región sean clasificados como Países de Renta Media (incluso de Media Alta) y es posible que dentro de algunos años la gran mayoría de los países de la región serán considerados como tal, pero dichos niveles de ingreso o crecimiento económico; no necesariamente implican un desarrollo social efectivo. En la región persisten brechas estructurales que responden a las particulares de cada país, y que requieren de apoyo y solución a través de la cooperación internacional, entendiéndola más allá de la Ayuda Oficial al Desarrollo , especialmente a través de nuevas modalidades de financiamiento innovativos.
En este sentido existen desafíos del desarrollo nacional que se encuentran mucho más allá de los criterios de graduación de la AOD, ya que problemáticas y brechas como las desigualdades, la inclusión económico-socio-cultural, la pobreza multidimensional, la inversión y la educación, entre otras, no podrían lograr ser resueltas solamente mediante el crecimiento económico y se requeriría de Asistencia Técnica y Formación de capital humano en temáticas tales como fortalecimiento institucional, gobernabilidad y diseño de políticas públicas.
Entendido así, el desafío de los Países de Renta Media frente a los criterios de graduación de la AOD sería generar un discurso común donde se establezcan que más allá de estos criterios existen brechas que deben ser abordadas para no caer en la trampa de los ingresos medios por Jo que la cooperación Norte -Sur hacia los PRM no debiese detenerse, si no que continuar expresada en diferentes modalidades no tradicionales, como la Asistencia Técnica y la Formación de Capital Humano.
Es por esto que el criterio de graduación no debiera ser la renta per cápita de los países, y en cualquier caso si la graduación se refiere a la AOD como “Ayuda Oficial al Desarrollo”, no debiera existir una graduación en cuanto a asistencia técnica para los países en desarrollo, convirtiendo a la AOD en “Asistencia Oficial al Desarrollo”.
2.- El rol complementario de la Cooperación Sur-Sur.
La CSS puede entenderse como el continuo intercambio de a prend izajes y capacidades institucionales en diferentes materias relacionadas con políticas públicas exitosas orientadas al continuo desarrollo económico y social de todos los socios entre los que se establecen víncu los en materia de cooperación. Se diferencia de la AOD principalmente por ser una relación entre pares, basada en la solidaridad, la construcción mutua de los objetivos, el respeto a las diversas visiones de desarrollo, la relación de doble vía, el compartir conocimiento mutuamente y la horizontalidad en las relaciones de cooperación, sin condiciones. Es una cooperación técnica y no financiera, orientada a la instalación de capacidades institucionales que perduren en el largo plazo, de mejora continua.
Asimismo, es menester señalar que si bien los países que adhieren a la CSS comparten ciertos principios básicos, los proyectos y acciones de CSS no son uniformes. En este sentido, la CSS se expresa de diversas maneras ya que existen diferentes estrategias y modelos utilizados por los distintos países del Mundo, por lo que no puede ser entendida unívocamente.
Así, la CSS debe entenderse como una modalidad de cooperación que se diferencia de la AOD, pero que es complementaria al apoyar objetivos similares. De esta manera, la CSS no sustituye a la AOD ya que el principio de responsabilidad com partida y diferenciada se encuentra vigente hoy más que nunca luego de las crisis financieras, por lo que se debe continuar exhorta ndo a los países más avanzados a cumplir el compromiso de destinar un porcentaje del PIB a la AOD.
En Latinoamérica y el Caribe, entendemos la Cooperación Sur-Sur como el intercambio de experiencias en base a Asistencia Técnica y Fortalecimiento del Capital Humano, de manera de generar instituciones sólidas, creando competencias dentro de las mismas, que eventualmente generen políticas públicas asertivas en beneficio de toda una Nación.
Junto a lo anterior, hay que considerar a la Cooperación Triangular, la cual amplía a la CSS y da cabid a a la AOD y a la Asistencia Técnica con los Países de Renta Media, llegando de mejor forma a los beneficiarios finales. Asimismo la Cooperación Triangular sirve para unir la AOD y la CSS que es recibida por los países del Sur ya que implica una apropiación de los conocimientos aportados por los donantes tradicionales que se retrasmite, con apoyo financiero del donante tradicional, a un tercer país y el expertise técnico del socio triangular que aporta con funcionarios públicos o privados para el logro de los objetivos. En este sentido y al igual que la CSS, la Cooperación Triangular debe ser entendida como complemento y no sustito de la AOD, ya que apalanca la misma.
La Cooperación Triangular permite además que países pivote (como el caso de Chile) aporten sus ventajas comparativas en cuanto a cercanía cultural, lingüística e histórica dentro de su región, para donantes que se ven muy lejanos en cuanto a los mismos conceptos.
En este punto hay que considerar que tanto la CSS como la CT deben ser cualificadas y cuantificadas, de forma diferente y no bajo los mismos criterios y parámetros de la AOD, por lo que se requerirá de una metodología adaptada a las particularidades de la CSS que evite la estandarización genérica de las prácticas.
3.- Los Espacios Multilaterales.
El primer desafío que se debe asumir en la construcción de una Alianza Global es el desarrollo de Alianzas Regionales o Locales que sean capaces de distinguir las particularidades y brechas en el desarrollo de sectores geográficos determinados que posean bienes públicos globales, los cuales son vulnerables en la ausencia de cierto nivel mínimo de armonización en el desarrollo regional. En este sentido existen espacios regionales desarrollados en temáticas de cooperación como es el caso de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) a través del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (Pifcss), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza del Pacífico, desde los cuales se puede avanzar en la construcción de políticas comunes de cooperación y facilitar el diálogo extra regional. Asimismo hay un espacio para la cooperación para el desarrollo que debe ser abordada en otros mecanismos de coordinación regional como son Unasur, Mercosur, CLAD y CAN; además de permitir la interlocución intra-regional entre otros organismos regionales como OEA, Caricom, SELA, SICA y OECS
Debe incorporarse y favorecerse una cooperación “poli-angular” en la cual uno a más países entreguen cooperación a uno o más países con beneficios en ambos sentidos en búsqueda de una cooperación más directa que armonice, iguale e integre dentro de una región en particular, primero, y luego a nivel más global inter-regional.
II. ENCUENTRO PARLAMENTARIO.
Contó con la participación de representantes del Parlamento de México, de la Unión Interparlamentaria, de la Asociación de Parlamentarios de Europa para África (AWEPA) y de numerosos parlamentarios provenientes de otros países y se llevó a cabo el día 14 de abril.
Cabe señalar que el sector parlamentario ha venido contribuyendo en esta tarea, a través de la Unión Interparlamentaria en lo que se refiere al debate sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo, desde hace años.
Lo anterior, se vio reflejado en la Declaración de Paris, del año 2005, en el Programa de Acera del año 2008, y finalmente en la Declaración de Busan del año 2011.
Fue así, como la UIP y la Asamblea Nacional de la República de Corea, en cooperación con la Asociación de Parlamentarios de Europa para África (Awepa) organizó un foro parlamentario con motivo del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la eficacia de la Ayuda, celebrado en Busan, en noviembre del año 2011, ocasión donde se expusieron con claridad la función y las responsabilidades de los parlamentos en la esfera de la cooperación para el desarrollo.
De esta manera, se han venido elaborado múltiples documentos, como resoluciones, declaraciones, estudios monográficos, informes y otros documentos que dan cuenta de una permanente preocupación por la temática desde la óptica parlamentaria.
Con posterioridad, la UIP fue convocada como representante de los Parlamentos al Comité Directivo de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo.
En razón de lo anterior, la UIP ha puesto especial interés en continuar intensificando la contribución de los parlamentos en los procesos de cooperación para el desarrollo en curso a escala mundial.
Por lo anterior, la UIP en conjunto con el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos organizó esta reunión con ocasión de la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo.
Finalmente, tener presente que a los parlamentarios como representantes de sus electores, les compete desempeñar una función crucial en la mejora de la eficacia de la cooperación para el desarrollo, específicamente en cuanto a la capacidad de un país para responsabilizarse plenamente de las políticas y programas nacionales de desarrollo y para supervisar los gastos en desarrollo.
III. OBJETIVOS.
Los principales objetivos dijeron relación con los siguientes aspectos:
-Examinar en que medida ha conseguido la Alianza Mundial cumplir con los compromisos en materia de cooperación eficaz para el desarrollo, en especial aquellos que incumben a los parlamentos en torno a algunos indicadores corno se comentara más adelante.
-Transmitir un mensaje claro sobre la necesidad de reforzar los parlamentos de modo que como asociados claves en el plano nacional, puedan contribuir a los procesos que favorezcan la eficacia de la cooperación para el desarrollo.
-Elaborar una declaración desde perspectiva parlamentaria sobre los temas clave de la Primera Reunión de Alto Nivel , incluidos la movilización de recursos nacionales, las labores de seguimiento por parte de los parlamentos y la inclusión de estos en las estructuras de ayuda a nivel de los países.
Todo lo anterior, se tradujo en una agenda que contempló el análisis de las siguientes temáticas:
-Función de los Parlamentos en la cooperación para el desarrollo desde Busan: ¿qué ha cambiado? [1]
Uno de sus objetivos fue analizar los progresos alcanzados en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en Busan el año 2011, y la manera de promover la cooperación eficaz para el desarrollo en el contexto de la Agenda para el Desarrollo post 2015.
El citado acuerdo, contempla una cooperación para el desarrollo más inclusivo y centrado en los países.
Algunos de los indicadores de Busan dicen relación con la integración de la ayuda en el presupuesto, (numeral 6); rendición de cuentas mutua, (numeral 7) y eliminación del condicionamiento de la ayuda, (numeral 10), todos los cuales reflejan la importancia de la función parlamentaria en la cooperación eficaz para el desarrollo.
En este orden de ideas, se efectuó un balance de los progresos realizados con respecto a la participación de los parlamentos en la cooperación para el desarrollo y de las medidas recomendadas para continuar en este proceso de avance.
-Contribución de los parlamentos a la movilización de los recursos nacionales.
En lo que se refiere a esta materia, se examinó la forma en que los parlamentos podrían apoyar la movilización de los recursos nacionales como un eje clave del programa de Busan, “más allá de la ayuda”.
En forma especial, se analizó la capacidad de los parlamentarios para participar activamente en la política fiscal y a la utilización de la asistencia oficial para propiciar la creación de estas capacidades.
Asimismo, se discutió acerca de la tributación de las industrias extractivas y las empresas multinacionales en los países donde se realizan ese tipo de actividades y en los países de origen. De esta manera, se conversó sobre los obstáculos que impiden un mayor control parlamentario y respecto de la adopción de medidas concretas para que los parlamentarios contribuyan de manera efectiva en la movilización de, recursos internos.
Como finalidad última de la reunión parlamentaria, estaba efectuar una contribución desde el ámbito parlamentario a la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, para lo cual se elaboró un informe que fue remitido al Comité Directivo de la citada Alianza.
IV. DECLARACION FINAL.
El encuentro parlamentario finalizó con la siguiente declaración:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
REUNIÓN PARLAMENTARIA EN OCASIÓN DE LA PRIMERA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA GPEDC
14 de abril 2014
Ciudad de México, México.
“Nosotros, parlamentarios de más de treinta parlamentos nacionales y tres órganos parlamentarios regionales, reunidos en ocasión de la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial para la Cooperación al Desarrollo Eficaz (GPEDC), emitimos la siguiente declaración como una contribución al resultado final de la Reunión de Alto Nivel.
Somos conscientes de la oportunidad que el GPEDC presenta a los parlamentarios para hacer un llamamiento a los actores del desarrollo para fortalecer los parlamentos como las instituciones de acuerdo con sus mandatos constitucionales.
Tomando nota de los compromisos asumidos en la Declaración de París, la Agenda de Acción de Acera y la Alianza de Busan, en particular las que se refieren al papel del Parla mento en la cooperacron al desarrollo eficaz, estamos preocupados por la falta de financiación y de la capacidad de los parlamentos para cumplir con sus funciones básicas, incluyendo la supervisión presupuestaria y la formulación de políticas, así como a la falta de participación de los parlamentos en las estructuras de responsabilidad mutua a nivel nacional.
Estamos igualmente preocupados de que los resultados de los recientes informes sobre la aplicación de los compromisos contraídos muestran un progreso limitado en todos los indicadores medidos.
Reconocemos que la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la cooperación que promueva el desarrollo sostenible, son las principales prioridades en la agenda global de desarrollo post 2015. Con este fin, vemos la necesidad urgente de incorporar la perspectiva parlamentaria en la discusión de nuevos actores, modelos y mecanismos en la agenda internacional de cooperación al desarrollo. Reiteramos la importancia de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como un nuevo marco para las asociaciones de desarrollo incluyentes.
También tomamos nota de que los Estados afectados por conflictos deben recibir una atención especial como destinatarios de la cooperación al desarrollo.
Subrayamos la importancia de la solidaridad parlamentaria entre los países desarrollados y en desarrollo, en particular mediante el intercambio de información como una manera de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de los recursos, la asistencia oficial y otras áreas de interés mutuo. Al mismo tiempo, alentamos a los colegas de todo el mundo a seguir trabajando para fortalecer sus propias instituciones parlamentarias a través de medidas proactivas para dotar a los Parlamentos con mayores poderes de su pervisión.
Por consiguiente, solicitamos:
I. Una participación más fuerte de los parlamentarios en la revisión final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el diseño del nuevo marco de desarrollo post 2015.
II. Mayor apoyo para asegurar una mejor capacidad analítica y técnica para el desarrollo de nuestro trabajo en la supervisión y escrutinio de todos los recursos de desarrollo, nacionales o extranjeros, públicos o privados, para beneficiar a los nacionales de los países receptores.
III. La creación de un entorno favorable por parte de los ejecutivos con profundización de la participación parlamentaria en el proceso presupuestario y en el control parlamentario de los gastos de desarrollo.
IV. El uso de la ayuda exterior en el fortalecimiento de la ejecución de las funciones de supervisión de los parlamentos y de la participación de los parlamentarios en el proceso presupuestario.
V. Acelerar la implementación del compromiso con los sistemas de monitoreo de presupuestos, con desglose por género; así como un compromiso más fuerte para apoyar el empoderamiento político de las mujeres como una forma comprobada para mejorar los resultados de desarrollo.
VI. Mayor apoyo para el establecimiento de las instituciones fiscales independientes y de expertos para financiar el presupuesto parlamentario y de cuentas de los comités en conjunto con las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
VII. Seguimiento más frecuente y riguroso a nivel de país de los compromisos de cooperación para el desarrollo y la inclusión urgente de los parlamentos en todos los procesos pertinentes.
VIII. Reconocer el rol de liderazgo de los parlamentos en la responsabilidad mutua como factor clave de la cooperación al desarrollo eficaz, en particular mediante la elaboración y adopción de una política nacional de ayuda.
IX. Asignar un rol más relevante para los parlamentos en la creación de marcos legislativos para aumentar la eficacia y la sostenibilidad de la cooperación internacional para el desarrollo, en particular mediante la participación de la sociedad civil y el sector privado, así como los medios de comunicación.
X. Profundizar la acción legislativa en la promoción de la movilización de recursos nacionales, en particular con respecto a la política fiscal, el sector extractivo y los flujos financieros ilícitos.
XI. La institucionalización de esta reunion parlamentaria para que se lleve a cabo con regularidad antes de la Reunión de Alto Nivel.
XII. Reafirmar y fortalecer los compromisos existentes de la Reunión de Alto Nivel de la GPEDC con los parlamentarios en cuanto a la eficacia del desarrollo y fortalecimiento del papel de los parlamentos en el control de todos los recursos para el desarrollo”.
V. PRIMERA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA MUNDIAL DE COOPERACIÓN EFICAZ PARA EL DESARROLLO.
Esta reunión se desarrolló los días 15 y 16 de abril y contó con la participación de un amplio espectro de actores, representantes de !as organizaciones internacionales, la sociedad civil, fundaciones y del sector privado.
Dentro de los objetivos perseguidos, estuvo el de continuar impulsando el cambio en el plano nacional y contar con la participación activa de todas las partes interesadas.
Otros aspectos en discusión se refirieron a la fiscalización y la movilización de recursos nacionales a favor de países en desarrollo, la cooperación sur-sur y triangular, la cooperación para el desarrollo con los países de ingresos medianos y el papel de las empresas como asociados para el desarrollo.
La Declaración final adoptada, se adjunta en Anexo N° l.
VI. REUNIONES BILATERALES.
En otro orden de materias, se sostuvieron reuniones con personeros del gobierno mexicano, como con Vanessa Rubio, Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Francisco Rosenzweig, Subsecretario de Comercio Exterior de la Cancillería y con la senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, con quienes se intercambiaron diversos e interesantes puntos de vista tanto sobre los temas de la reunión como aspectos de política internacional y comercial, como también sobre el futuro y desafíos de la Alianza del Pacífico.
VII. DOCUMENTACION PREPARADA POR LA BCN, SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS, SE ADJUNTAN EN ANEXO N° 2.
-Función de los Parlamentos en la cooperación para el desarrollo desde Busan: y cambios y perspectivas.
-Fiscalidad y la movilización de recursos nacionales a favor del desarrollo.
-La eficacia en la Cooperación Internacional para el desarrollo, desafíos para la cooperación sur-sur, triangular y con los países de ingresos medios.
-El sector privado y la cooperación al desarrollo eficaz.
(Fdo.): ROBERTO LEÓN RAMÍREZ, diputado .
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN FINAL
Reunión Parlamentaria en ocasión de la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
14 de abril de 2014
Ciudad de México (México)
Nosotros parlamentarios de más de treinta Parlamentos nacionales y tres órganos parlamentarios regionales reunidos en ocasión de la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (Gpedc por sus siglas en inglés) hacemos pública la siguiente declaración.
PREÁMBULO
Conscientes de la oportunidad que la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo representa a fin de que los parlamentarios insten a los diversos actores a fortalecer el ámbito de acción de los Parlamentos en consonancia con sus mandatos constitucionales.
Destacando los compromisos asumidos en la Declaración de Paris, el Programa de Acción de Acera y la Alianza de Busán, en particular los relativos al papel que los Parlamentos están llamados a desempeñar en favor d e la cooperación eficaz al desarrollo, expresamos nuestra preocupación por los problemas financieros por los que muchos de ellos atraviesan para cumplir con sus funciones esenciales, fundamentalmente la supervisión presupuestal y de las políticas públicas, así como su escaso involucramiento en las estructuras nacionales de rendición de cuentas. Asimismo, manifestamos nuestra inquietud por el hecho de que, según lo reportado por los recientes informes de implementación de los compromisos contraídos, los indicadores de referencia muestran avances limitados.
Reconocemos que la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la cooperación a favor del desarrollo sustentable, son las principales prioridades de la agenda global para el desarrollo post-2015. Con este fin en mente, consideramos que es urgente incorporar la perspectiva parlamentaria en el debate sobre nuevos actores, modelos y mecanismos de la agenda de cooperación internacional para el desarrollo. Lgualmente, reiteramos la importancia de la cooperación Sur-Sur y de la cooperación triangular como nuevos marcos de referencia para la generación de asociaciones de desarrollo inclusivas. Adicionalmente, hacemos notar que los Estados afectados por conflictos debieran recibir atención especial como receptores de la cooperación para el desarrollo.
Enfatizamos la importancia de la solidaridad parlamentaria entre países desarrollados y en desarrollo, en particular a través del intercambio de información como mecanismo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la asistencia oficial y el sector vinculado a los recursos naturales entre otras áreas de interés mutuo. Al mismo tiempo, urgimos a nuestros colegas alrededor del mundo redoblar esfuerzos para fortalecer sus propias instituciones parlamentarias a través de medidas proactivas para proveer al Parlamento de mejores capacidades de supervisión.
Por lo anterior hacemos un llamado a favor de:
I. Una participación mayor de los parlamentarios en el examen final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el diseño de un nuevo marco de desarrollo post-2015;
II. Mayor apoyo institucional para el despliegue de nuestras mejores capacidades analíticas y técnicas en el trabajo de supervisión y escrutinio de los recursos, tanto nacionales como extranjeros, públicos o privados, destinados al desarrollo a fin de que los nacionales de los países receptores sean sus principales beneficiarios;
III. La creación de un entorno favorable por parte de los Poderes Ejecutivos, así como otros actores relevantes, para hacer posible una mayor participación parlamentaria en el proceso presupuestario y el control parlamentario de las erogaciones destinadas al desarrollo;
IV. La utilización catalizadora de la asistencia externa para reforzar el desempeño de la función de supervisión de los
Parlamentos y la participación de estos en el proceso presupuestario.
V. La implementación expedita del compromiso hacia la elaboración de sistemas de supervisión y presupuestos sensibles a la equidad de género; así como un compromiso más fuerte para respaldar el empoderamiento político de las mujeres como una manera de contribuir al desarrollo;
VI. Un amplio respaldo en el establecimiento de instituciones fiscales independientes y otros órganos especializados a fin de apoyar a los comités y comisiones parlamentarias que se ocupan de la auditoría de los recursos presupuestarios en conjunto con las Instituciones Superiores de Auditoría.
VII. Una supervisión sistemática y rigurosa, a nivel nacional, de los compromisos de cooperación para el desarrollo y la inclusión urgente de los Parlamentos en to dos los procesos asociados;
VIII. El estímulo a un papel de liderazgo creciente para los Parlamentos en la rendición de cuentas mutua como un factor clave de la cooperación eficaz para el desarrollo, en particular mediante la adopción de una política nacional en materia de ayuda.
IX. Un papel más relevante para los Parlamentos en el desarrollo de un marco legislativo destinado a aumentar la eficacia y sustentabilidad de la cooperación internacional para el desarrollo en particular mediante la participación de la sociedad civil el sector privado y la prensa;
X. La adopción de medidas legislativas destinadas a promover la movilización de recursos nacionales, en particular con respecto a la política fiscal, el sector extractivo y los flujos financieros de carácter ilícito;
XI. La institucionalización de esta Reunión Parlamentaria a fin de que pueda convocarse periódicamente antes de la Reunión de Alto Nivel.
XII. Que la reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo reafirme y refuerce los compromisos contraídos con los parlamentarios en el desarrollo de mecanismos para asegurar la eficacia del desarrollo y fortalecer el papel de los Parlamentos en la supervisión de los recursos destinados al desarrollo.
Función de los Parlamentos en la cooperación para el desarrollo desde Busan: Cambios y perspectivas [1]
Cómo pueden contribuir los Parlamentos -y, en consecuencia, los legisladores- a convertirse en agentes activos de una cooperación para el desarrollo más inclusiva y abarcadora : tal es el objetivo central de la Reunión Parlamentaria que precederá a la Primera Reunión de Alto Nivel de la Asociación Global para la Cooperación eficaz al Desarrollo, a realizarse en Ciudad de México, en abril próximo. En dicho evento, convocado por la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) y la Asociación de Parlamentarios Europeos con África (Awepa) se hará un balance de los progresos realizados en este campo y de las medidas recomendadas para seguir mejorando la participación parlamentaria en el ámbito reseñado.
I. Antecedentes generales
La Primera Reunión de Alto Nivel de la Asociación Global para la Cooperación eficaz al Desarrollo, cuya realización está prevista para los días 15 y 16 de abril de 2014, en Ciudad de México, marcará, sin duda alguna, un hito importante en la lucha mundial contra la pobreza y el subdesarrollo.
Más de 1.300 líderes en esta materia se unirán a la convocatoria que será encabezada por el Presidente de México , Enrique Peña Nieto; el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon; y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría [2]
Un día antes, el 14 de abril, tendrá lugar una reunión convocada por la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), el Parlamento de México -como anfitrión de la cita- y la Awepa (Asociación de Parlamentarios Europeos con África), cuyo objetivo es evaluar de qué manera, desde la especificidad de la función legislativa, se puede contribuir a hacer avanzar las políticas que tienen como finalida d conseguir una cooperación para el desarrollo más inclusiva y abarcadora.
Ambos eventos buscan efectuar un balance de la aplicación de los acuerdos alcanzados en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, que se llevó a cabo en Busan (Corea), entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2011. Un resumen de dichos acuerdos (desde el punto de vista del foro parlamentario que acompañó al evento principal) está contenido en el reporte final entregado por Lord David Chidgey, del Reino Unido, al plenario de la reunión UIP Awepa antes de su clausura [3].
Con todo, es pertinente recordar que los esfuerzos en esta área tienen antecedentes previos que conviene considerar en una mirada larga y capaz de registrar los sucesivos avances que se han venido dando en este ámbito para confluir en el escenario actual.
II. Hitos en la materia desde 1996 a la fecha [4 ]
A escaso tiempo de la llegada del nuevo milenio, la OCDE, por medio del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD, organismo que agrupa a los principales donantes)[5], adopta una estrategia titulada “El papel de la cooperación al desarrollo en los albores del siglo XXI”[6]. En este trabajo se establecen una serie de indicadores para medir el progreso hacia ciertos objetivos de desarrollo surgidos de las diversas cumbres impulsadas por Naciones Unidas a mediados de los años 1990 y se lo considera pionero en el trabajo de concientización que culmina posteriormente con la elaboración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
La iniciativa reforzada para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) es, a su vez, una estrategia conjunta e integral, adoptada en 1996 por el Fondo MonetarioInternacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), con el objeto de intentar velar para que ningún país pobre tuviese que afrontar una carga de deuda externa que le fuera insoportable o demasiado agobiante.
a) 2000-La Cumbre del Milenio: En el año 2000, la OCDE, el BM y la ONU adoptan, en forma conjunta, los objetivos trazados por la estrategia Shaping the 21st Century (ver nota 6) y expresan sus prioridades en este campo en un nuevo documento: “Un mundo mejor para todos. Consecución de los objetivos de desarrollo internacional”[7]. En septiembre del mismo año, se celebra en Naciones Unidas la Cumbre del Milenio, que congrega a 191 países. Estos rubrican la “Declaración del Milenio” [8], que sella el compromiso de los firmantes en procura de lograr un mundo más pacífico, próspero y justo, compartiendo ocho objetivos concretos que a partir de ese momento se conocen como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y que se definen como el marco de convergencia para todas las agendas incluidas en este ámbito.
b) 200 2-Monterrey: La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada en Monterrey (México), que origino el llamado “Consenso de Monterrey” [9], puede ser considerada uno de los antecedentes más inmediatos de la discusión internacional sobre eficacia en ayuda y cooperación. Este consenso supone un acuerdo global sobre ciertas metas de financiación para concretar del mejor modo posible los ODM.
c) 2003-Roma: En el año 2003, se crea el Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda (Working Party on Aid Effectiveness, WP-EFF)[10], coalición formada por actores bilaterales, multilaterales, países receptores de ayuda, donantes tradicionales y emergentes, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los parlamentos. Este grupo impulsa, junto con el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, los Foros de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda. El primero de estos Foros se reúne en Roma (Italia), a comienzos de 2003, en un encuentro organizado por el CAD. En esa ocasión, países dona ntes y receptores hacen lo que nunca antes se había llevado a la práctica: un bala nce conjunto de lo conseguido hasta la fecha por pa rte de la cooperación internacional, aprobando la “Declaración sobre Armonización de Roma” [11] que establece compromisos en pos de lograr un trabajo más coordinado y eficaz en esta área.
d) 2005-París: La “Declaración de París” (Francia)[12] es el principal acuerdo consensuado por los países desarrollados y en desarrollo para mejorar la coordinación y la efectividad en la entrega de la ayuda. Tal pronuncia miento emana del Segundo Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, llevado a cabo en la capital francesa, y organizado por el WP-EFF (por su sigla e inglés) y por la OCDE. La declaración establece un programa de acción de cinco años con metas concretas e indicadores. En paralelo, tiene lugar en Nueva York (EE.UU.), ese mismo año, la Cumbre Milenio+5, que aborda temas de desarrollo, paz y seguridad colectiva y DD.HH. La Cumbre resuelve revitalizar el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc, por su sigla en inglés) y convertirlo en herramienta clave para dar orientación a políticas de desarrollo social y económico, a escala global.
e) 2008-Accra : En el año 2008, entre el 20 y 25 de abril, se celebra el Tercer Foro de Alto Nivel en Acera (Ghana), que sirve como espacio de revisión de medio término sobre los avances logrados en la implementación de los acuerdos y contribuye, en forma decisiva, a una mejor definición de algunos de sus puntos. En ese cónclave, se acuerda el “Programa de Acción de Accra”[13]. A su vez, también entre junio y julio de 2008, se celebra en la sede de la ONU en Nueva York el Primer Foro de Cooperación para el Desarrollo del Ecosoc, que está orientado a mejorar el diálogo a nivel internacional en este campo.
f) 2011-Busan: A fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2011, se realizó el Cua rto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, donde asistieron más de 3.500 representantes de gobiernos, sociedad civil y sector privado, procedentes tanto de países en desa rrollo como de países donantes. Los participantes evaluaron los progresos realizados desde la Declaración de París, a la hora de proporcionar ayuda y ampliar las actividades de desarrollo en todo el mundo y se planificó, en forma colectiva, el futuro de la cooperación al desarrollo, aceptando como principal criterio su efectividad y la minimización de los costos de traspaso de esta ayuda. Las deliberaciones arrojaron como conclusión la firma de la denominada “Declaración de Busan” (Busan Partnership far Effective Development Cooperation)[14] donde se compendian los acuerdos allí alcanzados. Allí se firma el compromiso de “establecer una alianza mundial nueva, incluyente y representativa” para conseguir un ayuda más eficaz, pero sin acuerdos vinculantes. Además, se adoptaron nuevos compromisos con respecto a los estados frágiles, en el llamado “Nuevo Trato para el Compromiso con los Estados Frágiles” [15], que vinculó de manera específica la ayuda que reciben con sus necesidades puntuales de paz y sus procesos de consolidación institucional.
III. La agenda parlamentaria en una visión prospectiva
El programa de la reunión conjunta organizada por la UIP y Awepa, en la antigua sede del Senado mexicano, consulta dos grandes temas como materia principal de discusión: 1) Función de los Parlamentos en la Cooperación para el Desarrollo desde Busan: ¿Qué ha cambiado?; y 2) Contribución de los Pa rla mentos a la Movilización de los Recursos Nacionales.
En el primer caso, el debate se es la bona con algunos de los indicadores elaborados desde Busan, en particular los indicadores 6, 7 y 10, que tienen que ver, respectiva mente, con la integración de la ayuda en los presupuestos nacionales, la rendición de cuentas mutuas y la eliminación del condicionamiento de la ayuda. Tres aspectos en los que, indudablemente, los Parlamentos tienen mucho que decir.
En el segundo caso se a bordarán aspectos tales como la capacidad de los parlamentarios para participar activamente en la elaboración de la política fiscal y la utilización de la asistencia oficial para propicia r la creación de esas capacidades. También se examinará, como se señala textualmente en el proyecto de programa del encuentro [16] “la cuestión de la tributación de las industrias extractivas y las empresas multinacionales en los países donde realizan sus actividades y en los países de origen (el subrayado es nuestro)”.
En ese aspecto, el proyecto de programa añade: “Se identificarán los obstáculos que impiden un mayor control parlamentario y se recomendará la adopción de medidas concretas para que los Parlamentos contribuyan de manera efectiva a la movilización de recursos internos”.
La comunidad parlamentaria mundial, por vía de la UniónInterparla mentaria (UIP) y sus asociados, ha contribuido en forma sustantiva a la discusión sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo desde hace mucho tiempo. Parte de esta contribución se expresó en la Declaración de París, el Programa de Acción de Acera y, por cierto, también en la Declaración de Busan [17].
Del mismo modo, también se han elaborado resoluciones, declaraciones, estudios monográficos, informes y otros documentos con objeto de realizar aportes adicionales y relevantes de la comunidad parlamentaria a la discusión en marcha.
3.1. Objetivos centrales
La reunión parlamentaria que se realizará como preámbulo al Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda servirá, por lo tanto, para:
-examinar en qué medida ha conseguido la Alianza Mundial cumplir sus compromisos en materia de cooperación eficaz para el desarrollo, en especial aquellos que incumben a los parlamentos (los ya mencionados indicadores 6 y 7 de la Declaración de Busan);
-transmitir un mensaje claro sobre la necesidad de reforzar la labor parlamentaria, de modo que, como asociados clave en el plano nacional, los legisladores puedan contribuir a los procesos que favorecen la eficacia de la cooperación para el desarrollo;
-elaborar una perspectiva parlamentaria sobre los temas clave de la Reunión de Alto Nivel, incluida la movilización de recursos nacionales;
-alentar las labores de seguimiento por parte de los parlamentos y la inclusión de estos en las estructuras de ayuda a nivel de los países.
3.2. Estrategias de aproximación a esta tarea
Los principales aportes de los parlamentos en todo lo relacionado con la tarea de maximizar la eficacia de la ayuda, a nivel internacional, están ejemplarmente reseña dos en el documento denominado “Principios Legislativos para la Eficacia del Desarrollo 2011”, que se encuentra, asimismo, disponible, en su totalidad, en la página web de la UIP [18].
En lo central, el texto en comento señala que [19]:
“Reconocer el papel de la legislatura como actores clave en la eficacia del desarrollo (es, quizás) la innovación más importante hacia la (consecución de la) eficacia de la ayuda y (la cooperación para) el desarrollo (...) (Una tarea central, entonces) en el contexto de la nueva arquitectura de la ayuda debería ser la elevación de la rama legislativa del gobierno para asegurar las responsabilidades domésticas y nacionales como parte de un sistema de gobernanza que incluye (en la política democrática) una clara separación de poderes.
Para alcanzar estos fines: 1.1.) Debe haber un reconocimiento que la eficacia en la ayuda para el desarrollo siempre se mejorará de manera significativa a través de la supervisión de los gastos de desarrollo, incluida !a ayuda, por las instituciones existentes en cada país que, por mandato constitucional, deben hacerse cargo de ello; 1.2.) En general, las legislaturas tienen bajo su responsabilidad y su esfera de competencia debatir y aprobar los planes nacionales de desarrollo y los presupuestos, y, consecuentemente, hacer un seguimiento de los mismos y ocuparse de que los gobiernos rindan cuenta de la entrega de resultados de desarrollo; 1.3 En lo más específico, las legislaturas son responsables de:
-escrutar, debatir y aprobar la legislación;
-crear marcos legales para actividades de desarrollo;
-deliberar sobre y aprobar el presupuesto nacional (ex ante);
-ejercer supervisión efectiva del presupuesto (ex post) ;
-examinar la aprobación de préstamos extranjeros y sus condiciones;
-supervisar la aplicación de la rama ejecutiva de los presupuestos;
-comprometerse con los mandantes sobre cuestiones relativas a la ayuda para el desarrollo y con el monitoreo y control de las mismas a nivel comunitario;
-representar los intereses de los ciudadanos en la preparación de !as políticas públicas y e! proceso de formación de las leyes;
-tener acceso a los informes de avance del Poder Ejecutivo en estas materias y la revisión de éstos en los respectivos comités de análisis;
-contribuir a la formulación de las políticas de ayuda y la supervisión de su aplicación;
-aprobar, cuando proceda, las estrategias de reducción de la pobreza pertinentes y los documentos de estrategias nacionales al respecto.
La Eficacia en la Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Desafíos para la Cooperación Sur-Sur, Triangular y con los
Países de Ingresos Medios [20]
La presente Minuta fue elaborada para apoyar la participación de la delegación parlamentaria chilena en la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo (Gpedc) que se sostendrá en la Ciudad de México durante los días 15 y 16 de abril de 2014 y la que asistirán ministros y funcionarios de alto nivel, incluidos parlamentarios, de todo el mundo así como de múltiples partes interesadas (stakeho /ders ) y de participantes pertenecientes a organizaciones internacionales, la sociedad civil, fundaciones y el sector privado.
En la reunión se examinarán los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos contraidos en laIV Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo ( High Leve/ Forum on Aid Effectiveness - HLF4) en Busan (2011) y la manera en que puede promoverse la cooperación eficaz para el desarrollo en el contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015 (plazo para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio). El objetivo último de esta reunión es continuar impulsando el cambio en el plano nacional y contar con la participación activa de todas las partes interesadas.
Las sesiones principales de la reunión se centrarán en la fiscalidad y la movilización de recursos nacionales en favor del desarrollo, la cooperación Sur-Sur y triangular, la cooperación para el desarrollo con los países de ingresos medianos y el papel de las empresas como asociados para el desarrollo.
I. Antecedentes generales
Más de 2.500 participantes se reunieron en Busan (Corea) a fines de noviembre de 2011con el objetivo de debatir acerca de las nuevas orientaciones y direcciones en materias de cooperación internacional. El foro concluyó con una declaración final [21] que pone énfasis en el rol significativo de la cooperación sur-sur, la importancia de una mayor disposición del sector privado para invertir en un número importante de países en desarrollo, nuevos enfoques para la cooperación con “Estados frágiles” y Estados en situación de post-conflicto así como en la generación de una nueva Asociación Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo (Global Partnership far Effective Development Cooperatíon).
Varios dadores/donantes del Development Assistance Commíttee (DAC) de la OCDE hicieron un último esfuerzo por cumplir con los compromisos adquiridos en septiembre de 2008 durante la III Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo (Hígh Level Forum on Aid Effectiveness - HLF3) en Acera (India) acerca de la transparencia de la cooperación internacional. Así Jos Estados Unidos de América y Canadá se comprometieron a cumplir con los estándares de transparencia desarrollados por la Iniciativa Internacional por la Transparencia de la Asistencia (Intemational Aíd transparency Initíatíve - ATI).
La asistencia de personeros políticos, como Paul Kagame, Presidente de Ruanda , Hillary Clinton, Secretaria de Asuntos Exteriores de los EE.UU., Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas , José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE , la Reina Rania de Jordania y Lee Myung-bak Presidente de la República de Corea , contribuyó a reorientar el debate desde una discusión meramente técnica a la dimensión política de la eficacia de la asistencia internacional.
II. Inflexiones observadas en materias de cooperación internacional
La cooperación internacional para el desarrollo entró en movimiento. Desde comienzos del nuevo milenio, su impacto en los niveles de desarrollo ha sido el mejor desde la creación del sistema de cooperación internacional después de la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento en los países en vías de desarrollo ha sido rápido con un promedio del 7% per cápíta de acuerdo al Fondo Monetario Internacional [22] (FMI). El número de países de bajos ingresos (low incomecountries) se ha reducido de 63 en 2000 a 35. Unos 800 millones de personas lograron superar la pobreza desde el comienzo del nuevo milenio y cerca de 10 millones de muertes infantiles pudieron ser evitadas gracias a avances como las vacunas. El número de países polio-endémicos se ha reducido de 125 a 4. Hasta el Estado más “frágil” del mundo, Somalia, ha podido ser borrado de esta lista en 2003. En el mismo período, el tétano maternal y neonatal ha podido ser eliminado en 19 países, entre ellos algunos de los más pobres del mundo.
Gracias a las tecnologías biométricas y la telefonía móvil, los envíos de recursos para la superación de la pobreza pueden ser efectuados con un menos riesgo de corrupción y pueden llegar a lugares y sectores en los que antes habría sido imposible operar: a soldados y combatientes desmovilizados en la República Democrática del Congo, a familias de pastores en Etiopía o a asentamientos de familias afganas refugiadas, solo por nombrar algunos ejemplos.
Todo esto sería razón suficiente para celebrar en la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo en Busan en 2011, pero la reunión de Busan se realizó en un ambiente de impaciencia con el avance del desarrollo y de percepciones de errores cometidos en el contexto de los enfoques tradicionales de la cooperación internacional. Hoy existen más “Estados frágiles” y países afectados por conflictos armados que nunca antes y ninguno de ellos está encaminado a cumplir con un solo Objetivo del Milenio. La primera hambruna del siglo XXI en el Cuerno de África y los problemas persistentes respecto de la reconstrucción en Haití nos hacen recordar que la población más pobre siempre es la más afectada por los desastres naturales. Las preocupaciones acerca del cambio climático, de la seguridad alimenticia, los mercados financieros volátiles o la estagnación global sugieren que se requiere de un nuevo paradigma en la cooperación para el desarrollo.
La HLF4 de Busan 2011 fue construida sobre foros anteriores de eficacia de la cooperación internacional para el desarrollo (High Level Forum de París en 2005 y International Conference on Financing Development de Monterrey en 2002). En ella se enfatizó en las dimensiones ownership, es decir, el empoderamiento del país receptor de la ayuda en el proceso de cooperación, en un mayor rol de partes interesadas no gubernamentales incluyendo a los parlamentarios el empresariado y la sociedad civil. También destacó la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, la reducción de la desigualdad de género, reconociendo los principios de Estambul. No obstante, la reunión fue ambigua en materias del “desarrollo basado en derechos”, respaldando las resoluciones de Naciones Unidas existentes, pero no logró avanzar en conceptos más específicos de “los derechos como base del desarrollo”. Esto se plasmó en el resultado de la reunión de Busan: un amplio consenso acerca de solo unos pocos puntos y con el alto costo del reconocimiento de que existen muchas vías para alcanzar el desarrollo y que éstos pueden requerir de modelos alternativos. En la consideración de algunos analistas, esto condujo a un debilitamiento del compromiso y a la probabilidad de que se formen grupos o bloques que buscarán probar que su propia aproximación generará una mayor eficacia en la cooperación que los acuerdos a escala global.
III. De la Cooperación Sur-Sur y Triangular
La cooperación entre países en vías de desarrollo (cooperación sur-sur) y entre países desarrollados y en vías de desarrollo por intermedio dentro país (cooperación triangular) tiene un volumen muy modesto en comparación con la cooperación internacional “oficial” (10 al 15 por ciento). Estas cifras pueden conducir a subestimar el impacto de este tipo de cooperación internacional, pero ellas solo refieren al costo de la cooperación y no a su impacto. Así, profesores indios o médicos cubanos pueden proveer de los mismos servicios que profesionales de un país industrializado, pero a un costo muy inferior. Lo anterior refuerza la idea de que la cooperación sur-sur y triangular es un componente esencial de la cooperación internacional para el desarrollo que no debe continuar siendo percibida como un apéndice de la anterior.
Los países socios aplauden la cooperación sur-sur como una nueva fuente valiosa para la asistencia para el desarrollo. En algunos casos, se ha reconocido y agradecido la naturaleza empática de sus proyectos. Países como China se han mostrado dispuestos para asistir con proyectos de infraestructura y, más recientemente, aportando con la construcción de parques industriales. A través de la combinación de la ayuda con los créditos comerciales y la inversión en la industria de los recursos naturales, China también ha podido multiplicar el impacto logrado con su cooperación (huella de cooperación - cooperation footprint).
Algunos socios, sin embargo, están preocupados por la sustentabilidad de la cooperación sur-sur. Gastos en infraestructura que ignoran los requerimientos de recursos locales para su operación y mantenimiento rápida mente pueden convertirse en “elefantes blancos”. El principio de no ingerencia puede ser abusado para la asignación discrecional de los recursos transferidos a proyectos no prioritarios. Glosas presupuestarias conquistadas a duras penas en los países donantes DAC y ayuda multilateral otorgada por intermedio de condonaciones de deudas pueden erosionarse rápida mente por un nuevo endeuda miento comercial con países del Sur. También los estándares social y ambiental pueden variar de acuerdo a quién es el inversor y en qué contexto se realizan las inversiones, lo que podría gatillar una competencia por socavarlos.
El diálogo con los proveedores de asistencia provenientes del Sur es, por ende, una mezcla entre una búsqueda de oportunidades de colaboración, aprovechando sus ventajas como experiencias exitosas anteriores y sus bajos costos por un lado, y la expectativa, por el otro, de encontrar mecanismos de coordinación que protejan contra los efectos de proyectos de cooperación sur-sur pobremente diseñados y ejecutados y su contagio con otras iniciativas de ayuda. Los resultados de ambos procesos suelen ser formalizados en acuerdos entre proveedores de asistencia desarrollados y proveedores del Sur para efectuar la cooperación triangular. Mientras tanto, la discusión acerca de “no hacer daño” continúa bajo la consigna de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
Esta última discusión fue la más controvertida en Busan. Varios de los proveedores de ayuda del Sur, entre ellos China como el mayor, no están de acuerdo con asumir los mecanismos de cooperación que los países avanzados han establecido para si mismos. Los donantes DAC (países industrializados) informan sobre la asistencia brindada y los recursos transferidos conforme con los principios de transparencia acordados, sostienen intensos diálogos con los países receptores sobre estrategias de reducción de la pobreza así como una serie de otras herramientas de accountability . Los proveedores de asistencia del Sur, sin embargo, ven la cooperación sur-sur como un asunto bilateral que solo incumbe a los responsables involucrados y no ven mayor utilidad en ampliar el marco para la rendición de cuentas.
En Busan se hicieron manifiestas las dificultades de reunir los proveedores de cooperación para el desarrollo del Sur con los enfoques tradicionales (definidos por el Norte). Existió el riesgo de que el documento final no contara con el apoyo de todos los participantes y se requirió de largas negociaciones para adecuar el lenguaje con el objetivo de que fuera acepta ble para todos. Así, por ejemplo, los países en vías de desarrollo más dinámicos ( dynamic deve/oping countries ) promovieron la inclusión de una cláusula respecto del carácter voluntario de la asistencia y de la respectiva accountability para reforzar la noción de ausencia de una obligación o responsabilidad formal para proveer cooperación internacional. Los proveedores DAC, al contrario, trataron de obtener acuerdos sobre algunos compromisos mínimos respecto de la transparencia y los mecanismos de coordinación. Finalmente, se consiguió una redacción aceptable para todos y los participantes a poyaron el documento final sin excepción. Esto es un logro significativo, ya que el documento reconoce las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” y se aleja del enfoque de que existe una estrategia única (one-size fits-all) para la cooperación para el desarrollo. Pero el documento también apunta hacia las severas dificultades resultantes de la posible renuncia a una asociación global multilateral (multilateral global partnership) y de la concentración a la cooperación bilateral entre Estados-nación que podrían presentar intereses nacionales contrarios.
Fiscalidad y la movilización de recursos nacionales a favor del desarrollo [23]
¿Cómo mejorar los mecanismos a través de los cuales se “movilizan” recursos nacionales para el desarrollo de los países? El actual debate en los foros internacionales se refiere a ver cómo los países en desarrollo pueden ser mejor apoyados para aprovechar el entorno internacional más transparente, y para fortalecer sus sistemas fiscales. En especial considerando que diversas investigaciones muestran las dificultades de gravar a las elites en los distintos países debido a la existencia de un sin número de mecanismos para eludir el pago correspondiente a provechando la débil aplicación de impuestos y la falta de sistemas internacionales adecuados de intercambio de información.
Este tema - central en lo que se entiende hoy como cooperación para el desarrollo -será debatido en un Foro Parlamentario organizado por la UIP que se realizará en México en ocasión de la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.
La presente minuta fue preparada para apoyar la participación parlamentaria de Chile en este evento, a realizarse entre los días 15 y 16 de abril de 2014 en la Ciudad de México.
I. Introducción
La cooperación al desarrollo -concepto que no ha tenido una definición única y válida a través del tiempo- evoluciona en la medida que los desafíos mundiales en materia de desarrollo también lo hacen en función del pensa miento y los valores dominantes [24]. Sin embargo, frente ante cualquier concepción sobre la cooperación para el desarrollo, es necesario incorporar alternativas para obtener los recursos que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos propuestos, es decir el papel de la misma en el marco de la financiación del desarrollo.
En el último encuentro internacional de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, realizado en Busan el año 2011, se reflexionó sobre la necesidad de obtener más recursos para impulsar las agendas para el desarrollo de cada país y de formas factibles de hacerlo. Específicamente en el intercambio acerca de iniciativas de “movilización” de los recursos nacionales en los países en desarrollo, se estableció la importancia de fortalecer en estos países la institucionalidad responsable de la recaudación y de la gestión de los ingresos tributarios y se evaluaron alternativas de cooperación al desarrollo con este fin.
II. Antecedentes Generales en Cooperación y Fiscalidad
Antes de abordar más directamente el tema de la cooperación para el desarrollo en materia de fiscalidad, parece conveniente hacer una mención al contexto de globalización económica en el que nos encontramos, y a su reflejo en el ámbito de la tributación internacional. Un dilema político fundamental se refiere a lograr un régimen fiscal atractivo para el crecimiento y la inversión -nacional y extranjera - pero, que al mismo tiempo, permita asegurar los ingresos necesarios para el gasto público. Especialmente frente a la evidencia de que las multinacionales han aumentado su poder de negociación, ya sea presionando la competencia por incentivos fiscales más atractivos para los inversores potenciales o directamente a través de amenazas más o menos explicitas referidas a ubicar sus capitales en lugares más “amigables” y menos exigentes en materia de impuestos.
La globalización del sistema financiero mundial ha hecho que sea cada vez más sencillo para las empresas y las personas acceder a inversiones fuera de sus países de origen tras la búsqueda de condiciones más favorables. Se fue haciendo necesario entonces avanzar en mayor transparencia e intercambio de información en materia de impuestos. Como lo señalaba el Secretario General de la OCDE: “Durante décadas, algunos contribuyentes han escondido ingresos y activos cuantiosos de las autoridades tributarias, abusando del secreto bancario u otros impedimentos al intercambio de información. Esto se acabó. La cooperación entre autoridades tributarias se esta convirtiendo en la regla y no en la excepción. El margen de tolerancia para la evasión fiscal se ha reducido a cero. Esto no podía ser de otra manera. En el contexto de la crisis económica y financiera, los gobiernos requieren de mayores ingresos tributarios y los ciudadanos necesitan la seguridad de que la carga fiscal está distribuida de manera justa”.[25]
En efecto, la realidad de capitales con gran movilidad y capacidad de desplaza miento entre fronteras, unida a una creciente deslocalización internacional de los factores de producción, ha exigido generar una plataforma abierta e internacional para el intercambio de información; el establecimiento de estándares paulatinamente aceptados internacionalmente; la necesidad de contar con sistemas fiscales más transparentes y finalmente la necesidad de potenciar la asistencia administrativa internacional en materia fiscal.
Entre las variadas iniciativas impulsadas en los últimos años para promover la acción colectiva internacional en materia de fiscalidad se encuentra el Diálogo Fiscal Internacional (International Tax Dialogue - (ITD) ), un acuerdo de colaboración entre el Banco Mundial, el BID, la Comisión Europea, el FMI y la OCDE, destinado a fomentar y facilitar la discusión de cuestiones tributarias entre funcionarios de administraciones fiscales nacionales, organizaciones internacionales y otros interesados. Cabe destacar asimismo que ante una solicitud del G20 para reforzar las acciones contra la evasión de impuestos y para dotar de mayor equidad a los sistemas internacionales de impuestos, la OCDE acaba de generar un nuevo estándar global único sobre el intercambio automático de información entre las autoridades fiscales en el mundo, detallando “la información de los estados de cuenta que deben ser intercambia dos, las instituciones financieras que necesitan reportar, los diferentes tipos de cuentas y contribuyentes cubiertos así como procedimientos comunes de diligencia que deben ser seguidos por las instituciones financieras” [26]. Con este nuevo estándar sobre el intercambio automático de información se busca aumentar la cooperación tributaria internacional entre gobiernos, protegiendo la integridad de sus sistemas fiscales y evitando la evasión de impuestos [27].
III. Cooperación para el desarrollo y Fiscalidad
Estos retos colectivos en materia de fiscalidad en los cuales están involucrados todos los gobiernos, han puesto de manifiesto la necesidad de un mayor desarrollo de las capacidades fiscales en los países en vías de desarrollo. Y se plantea lo anterior no solo en referencia a la necesidad de trabajar a nivel mundial “como parte integral de los esfuerzos internacionales para luchar contra los flujos financieros ilícitos y evasión de impuestos”, sino además porque la tributación es un aporte fundamental de recursos necesarios para que el gobierno pueda invertir en el desarrollo y en el largo plazo. Objetivos tan variados como el combate a la corrupción; la capacidad de atraer a la inversión extranjera directa, la posibilidad de financiar las políticas sociales, o el desarrollo de sistemas financieros transparentes, son todos logros que requieren de una adecuada capacidad fiscal, englobando en este concepto al conjunto de normas, reglamentos y operatoria en materia fiscal, incluyendo por cierto los procedimientos relativos a la administración fiscal y la capacidad para hacer cumplir las obligaciones fiscales.
Se señala entonces que los países deben conseguir más recursos y hacerlo de manera autónoma, no dependiendo de las ayudas externas. Así, la cooperación para el desarrollo canalizada hacia los países en vías de desarrollo se orientaría, entre otros, a potenciar su capacidad interna para aumentar los ingresos fiscales. Aunque los ingresos tributarios han ido aumentando a través del tiempo y actualmente conforman una significativa parte del PIB de muchos de los países en desarrollo, la posibilidad de potenciar una administración tributaria eficaz permitiría una mejor “movilización de recursos nacionales a favor del desarrollo”. Se trata este de un macro objetivo que a la vez requiere avanzar en asegurar que los ingresos generados en el país permanezcan en el interior, lo que implica, entre otras cosas, luchar contra la salida ilícita de capitales de los países en desarrollo, por ejemplo, mediante precios de transferencia por parte de las empresas multinacionales.
El actual debate en los foros internacionales se refiere a ver cómo los países en desarrollo pueden ser mejor apoyados para aprovechar el entorno internacional más transparente, y para fortalecer sus sistemas fiscales. En especial considerando que diversas investigaciones muestran las dificultades de gravar a las elites en los distintos países debido a la existencia de un sinnúmero de mecanismos para eludir el pago correspondiente aprovechando la débil aplicación de impuestos y la falta de sistemas internacionales adecuados de intercambio de información.
Entre las áreas de colaboración y cooperación se definen las siguientes:
-Acuerdos de intercambio de información para fines tributarios, incluyendo el trabajo a través de mecanismos multilaterales;
-La creación de estructuras administrativas para implementar el intercambio de información y los mecanismos para proteger la confidencialidad de la información una vez intercambiada;
-El fortalecimiento de mecanismos de auditoría para que los países en desarrollo puedan utilizar eficazmente la información obtenida en virtud de acuerdos.
Se plantea asimismo que una mejor administración tributaria puede mejorar las relaciones con los contribuyentes, y por lo tanto el cumplimiento voluntario, en la medida que éstos sientan que los gobiernos hacen un buen uso de los fondos públicos y que los patrones de gasto reflejan sus deseos.
IV. Comentario final
Dos aspectos parecen estar detrás de la vigencia del tema de la cooperación para el desarrollo ligado a los temas de fiscalidad. Por un lado la evidencia de que muchos desafíos actuales necesitan ser enfrentados mediante acuerdos globales, como lo son el tratamiento de temas ambientales; el comercio internacional o la evolución del sistema financiero internacional, de su arquitectura y de sus mecanismos de operación. Un segundo aspecto apunta a la constatación de que la actual concepción de lo que se entiende por Ayuda Oficial para el Desarrollo, la AOD, no se adapta a los cambios experimentados en la sociedad internacional y a la naturaleza de los problemas actuales.
Antes se mencionó que las concepciones del desarrollo de quienes conducen la economía global y las prioridades que de allí derivan son determinantes fundamentales del contenido de la cooperación al desarrollo. Según éstas vayan cambiando, los objetivos perseguidos por la cooperación al desarrollo evolucionarán, como también lo harán las modalidades de cooperación.
La globalización económica en un contexto de pensamiento neoliberal es un motor necesario de proteger. El fundamento es que el libre comercio y el libre flujo de capitales y su rápida movilidad entre países ofrece mejores perspectivas de crecimiento económico para todos los países. No es difícil entender entonces la evolución de la cooperación para el desarrollo hacia los temas de fiscalidad mencionados más arriba.
El sector privado y la cooperación al desarrollo eficaz [28]
En abril de 2014 se realizará la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz a l Desarrollo, acuerdo multilateral resultante del V Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado a fines del 2011. En dicha reunión se analizarán entre otros temas las vías para fortalecer el papel de las empresas en apoyo al desarrollo y las formas para potenciar los esfuerzos de movilización de recursos internos de los países.
La presente minuta se preparó con el fin de apoyar a la delegación parlamentaria de Chile al Foro Parlamentario organizado por la UIP que se efectuará en ocasión de esta Primera Reunión de Alto Nivel y donde se abordarán estos mismos temas.
I. Introducción
En los últimos años se ha realizado una gran variedad de foros internacionales donde el tema central ha sido el rol de la cooperación en el nuevo escenario internacional. Ejemplos de ello son los Foros de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda realizados en Roma 2003; París, 2005; Acera, 2008 y finalmente el realizado en Busan el año 2011. Específicamente en este último encuentro se estableció una Alianza Global por la Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo, que para muchos supuso el inicio de un nuevo capítulo en la cooperación en el sentido que allí comenzó a promoverse un cambio de la eficacia de la ayuda al concepto más amplio de eficacia del desarrollo. La discusión entonces se amplía más allá de la cooperación oficial y no oficial, incorporando ahora nuevos recursos e instrumentos que se destinan al desarrollo o que podrían contribuir a éste. Esta nueva perspectiva de la cooperación considera además la incorporación de modelos de nuevas alianzas de actores en las que participan la sociedad civil, empresas, parlamentarios y otros.
II. Sector privado y cooperación para el desarrollo
A comienzos del mes de marzo recién pasado la Organización de los Estados Americanos (OEA) organizó el “Foro para la Cooperación Eficaz al Desarrollo”, reuniendo a diversos actores involucrados en la formulación y aplicación de políticas de cooperación para el desarrollo en la región. Se trató de un evento diseñado partiendo de la temática central de los foros mundiales sobre desarrollo, especialmente en lo relativo al rol de actores como los sectores privado y académico, en contribución a la agenda de cooperación. Al inaugurar el encuentro, el Secretario General Adjunto de la OEA afirmó que “en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, un número creciente de actores no estatales se han convertido en socios importantes del desarrollo y se han unido a los esfuerzos por encontrar soluciones a los complejos y multifacéticos desafíos que enfrentamos”[29], enfatizando que en el camino hacia una nueva asociación mundial para el desarrollo, “los actores privados son reconocidos como socios clave y son cruciales para aumentar la autosuficiencia de los países y el crecimiento sostenible”.
Se trató de un evento que ejemplifica bien la evolución que se ha producido en los últimos años en la forma de considera r al sector privado dentro de las políticas de cooperación al desarrollo. Así, buena parte de los actores del mundo de la cooperación coinciden hoy en la necesidad de otorgar un papel más relevante a las empresas como agentes de desarrollo [30]. Así quedó establecido en “La Alianza para una Cooperación al Desarrollo Eficaz”, acuerdo multilateral resultante del V Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (FAN4), que se realizó a fines del 2011 en Busan, República de Corea del Sur, donde no solo se reconoce el rol del sector privado, sino que se le asigna un rol “central” por su cualidad para facilitar la innovación, crear riqueza y movilizar recursos domésticos.
En Busan se estableció por primera vez un marco para la cooperación al desarrollo consensuado entre las organizaciones de la sociedad civil como participantes plenos e iguales, los gobiernos socios, los donantes tradicionales, los cooperadores SurSur, los países BRIC, y los donantes privados. El acuerdo firma do reconoce en su punto 32 el rol central del sector priva do en el desarrollo por su capacidad de crear riqueza y trabajo. Lo anterior justificaría la habilitación del sector privado en el diseño y la implementación de políticas y estrategias de desarrollo para contribuir al crecimiento sustentable y a la reducción de la pobreza. Como consecuencia de lo anterior se enfatiza la necesidad de promover una mejora del ambiente de negocios, regulatorio y administrativo y facilitar las alianzas público-privadas [31] . Específicamente señala que “promovemos la «cooperación para el comercio” como motor del desarrollo sostenible, enfocada a resultados e impacto, a fin de construir capacidades productivas, ayudar a solucionar deficiencias del mercado, fortalecer el acceso a los mercados de capitales y propiciar enfoques que atenúen los riesgos que afrontan los actores del sector privado”.
En los mismos términos en uno de los borradores a ser discutidos en la próxima Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo se argumenta que una cooperación eficaz al desarrollo debe reconocer que “El sector privado es el motor del crecimiento económico y un socio indispensable para lograr desarrollo sostenible e incluyente, empleo y reducción de la pobreza. Ofrece significativas oportunidades de progreso tecnológico, innovación, inversión, formación de la mano de obra y oferta de medios de subsistencia”. En este caso sin embargo las afirmaciones anteriores se ponderan de alguna manera al agregar la necesidad de reconocer las limitaciones del sector privado como artífice del desarrollo, señalando luego que se debe adoptar un enfoque equilibrado, reconociendo el papel del Estado y de la sociedad civil que trabajan junto al sector privado, y respetando los derechos huma nos y las normas internacionales en ámbitos tales como la tierra, el trabajo y el género” [32].
Es en este contexto y bajo esta concepción del sector privado y de su rol donde se inserta el tema de la cooperación al desarrollo.[33] No hay duda alguna que la acción del sector privado empresarial afecta, y mucho, el desarrollo de los países. La cuestión es determinar su signo y evaluar la posibilidad de garantizar que su acción tenga un impacto positivo. Lo que se busca entonces es analizar en qué medida los sectores público y privado pueden unirse para mejorar la cooperación al desarrollo en la búsqueda de los objetivos de los países, tales como el crecimiento incluyente y sostenible y la reducción de la pobreza.
III. Modelos de alianzas público-privado
Han surgido diversas modalidades para la posible colaboración público-privada en cooperación a través de las cuales se busca no solo reconocer, sino además “capitalizar” tales conexiones. Específicamente, de acuerdo al texto introductorio al tema para esta Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, se incorporarán tres ámbitos de discusión considerando los distintos tipos de empresas privadas y las diferentes formas en las que ellas se involucran en el desarrollo.
*En primer lugar se menciona el Dialogo Público Privado (PPD), señalando que este puede ser un importante mecanismo y un punto de partida para una cooperación más amplia entre los actores públicos y privados en el campo del desarrollo puesto que permite la interacción entre ambos grupos en “la creación de un entorno propicio para el desarrollo del sector privado”.
*Otra área de asociación surge en relación al concepto de “valor compartido” “shared value”, a través del cual se busca establecer una ligazón entre el desarrollo de una comunidad y los objetivos de la empresa. La premisa central es que la competitividad de una empresa y la salud de las comunidades que la rodean son mutuamente dependientes y que no hay razón para que exista un conflicto entre el logro de impacto en el desarrollo y la obtención de una ganancia privada. De acuerdo a esta perspectiva la empresa adecuaría su modelo de negocio incorporando o poniendo mayor énfasis en aspectos tales como la inclusión financiera, las cadenas de suministro o la capacitación de sus trabajadores.
*También se hace mención a la asociación vía colaboración con financiamiento público para algunos emprendimientos privados que generen impacto. Específicamente “el aprovechamiento de los escasos recursos públicos de una manera más inteligente puede ayuda, entre otras fórmulas, el uso de fondos públicos como garantía de inversiones privadas; el fomento al desarrollo de mercados de capital locales y el apoyo a mecanismos financieros para reducir en parte ciertos riesgos en los que incurren los privados.
IV. Chile y la cooperación privada para el desarrollo
Nuestro país no ha estado ajeno al modelo de cooperación internacional que promueve la asociación público-privada. A mediados de julio del año pasado se reunieron en la Sofofa funcionarios de gobierno, de entidades gremiales y del sector empresarial en un taller para analizar las ventajas de este “vínculo estratégico para el desarrollo” y para conocer experiencias de Chile en alianzas público-privadas con miras a la cooperación al desarrollo. El evento fue organizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (Agcichile) y la Sofofa.
Esta actividad se inserta bien en la nueva política de cooperación del país que considerando el contexto de la nueva arquitectura de la cooperación internacional, ha estado promoviendo la participación de nuevos actores. En relación a la empresa ya se han desarrollado proyectos coordinados por AGCICHILE, junto a empresas como Komatsu Cummins Chile, en la reconstrucción de la Escuela República de Chile, damnificada tras el terremoto en Haití en enero de 2010 que educa niñas de Puerto Príncipe; Aquology, en un proyecto de racionalización y control de pérdidas de aguas en Perú; y la Asociación de Exportadores de Chile, en la mejora del Prog ramaIntegral de Protección Agrícola y Ambiental, en certificación e inspección fitosanitaria en Guatemala.
La AGCI promueve las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD), entendidas como mecanismos de trabajo colaborativo entre los gobiernos y los privados para realizar proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Específicamente este organismo público señala que las APPD “pueden transformarse en un buen mecanismo de inserción, reconocimiento y prestigio para las empresas dentro de su expansión en la región, particularmente en los países miembros de la Alianza del Pacífico en la cual existe un escenario propicio para la inversión, tanto en capital como en lo social”. Al respecto detalla dos modalidades diferentes:
*Responsabilidad Social mediante APPD
A través de la vinculación con los programas de cooperación de Agcichile, las empresas tienen la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos/programas vinculados a sus políticas de Responsabilidad Social, que apoyen su proceso de internacionalización. El objetivo del programa es “brindar valor agregado a la operatividad de la empresa, impulsar la inclusión de éstas en Políticas de Cooperación Internacional del Estado y acercarlas con sus públicos de interés en su proceso de internacionalización”.
*Vínculo con/entre Asociaciones Gremiales
En este caso y con objetivos similares se promueve la alianza entre el sector público y los gremios nacionales del sector privado para diseñar y organizar de manera conjunta los programas de cooperación con otros gobiernos de la región, ejecutando y colaborando en materias técnicas.