Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- PERMISO
- Jose Manuel Edwards Silva
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Luis Castro Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Denise Pascal Allende
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- V. ORDEN DEL DÍA
- AUMENTO DE PENA DEL DELITO DE ROBO EN LUGAR HABITADO O DESTINADO A LA HABITACIÓN Y SU EXCLUSIÓN DEL CATÁLOGO DE BENEFICIOS DE LA LEY N° 18.216 (Primer trámite constitucional.Boletín N° 8934-07) [Continuación]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Sergio Espejo Yaksic
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE POLIFUNCIONALIDAD (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8417-13)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INCREMENTO DE BONIFICACIÓN POR CALIDAD DE SATISFACCIÓN AL USUARIO PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9288-05) [Sobre Tabla]
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- AUMENTO DE PENA DEL DELITO DE ROBO EN LUGAR HABITADO O DESTINADO A LA HABITACIÓN Y SU EXCLUSIÓN DEL CATÁLOGO DE BENEFICIOS DE LA LEY N° 18.216 (Primer trámite constitucional.Boletín N° 8934-07) [Continuación]
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- SOLICITUD A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PARA GESTIONAR ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNA SOLUCIÓN AL SECUESTRO DE MENORES DE EDAD EN NIGERIA (Preferencia)
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Felipe De Mussy Hiriart
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Pepe Auth Stewart
- Joaquin Godoy Ibanez
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Patricio Melero Abaroa
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Kenneth Giorgio Jackson Drago
- Karla Rubilar Barahona
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Felipe De Mussy Hiriart
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PROGRAMA ESPECIAL DEL INDAP PARA PERÍODO PRIMAVERA-VERANO A FIN DE ENFRENTAR ESCASEZ HÍDRICA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Alejandro Santana Tirachini
- Leopoldo Perez Lahsen
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- Patricio Vallespin Lopez
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Sergio Ojeda Uribe
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- German Verdugo Soto
- David Sandoval Plaza
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXENCIÓN DE IVA A IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS DE CHILE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Gabriel Silber Romo
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Cristian Campos Jara
- Leopoldo Perez Lahsen
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Yasna Provoste Campillay
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Felipe Ward Edwards
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SOLICITUD A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PARA GESTIONAR ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNA SOLUCIÓN AL SECUESTRO DE MENORES DE EDAD EN NIGERIA (Preferencia)
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE GRADO DE MONITOREO, PLANES DE CONTINGENCIA Y POTENCIALES RIESGOS DE FALLA LIQUIÑE-OFQUI (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DEEDIFICIO ABANDONADO EN COMUNA DE ÑUÑOA (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN DE VECINOS DE CURACAVÍ A SUBSIDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE NIVELES DE REPARACIÓN Y EVALUACIÓN DESOLUCIÓN DEFINITIVA A PERSONAS ENCARCELADAS DE MANERA INJUSTA (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN AERÓDROMO LA FLORIDA, COMUNA DE LA SERENA, Y SOBRE LICITACIÓN DE FUTURO AEROPUERTO EN TONGOY, COMUNA DE COQUIMBO (Oficio)
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO DURANTE LOS FINES DE SEMANA (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE CONVENIOS DOCENTE-ASISTENCIALES VIGENTES EN REGIÓN DE O’HIGGINS (Oficios)
- REFORZAMIENTO DE PERSONAL EN SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE JUSTICIA DE REGIONES DE LOS LAGOS, DE AYSÉN Y DE MAGALLANES (Oficios)
- PREOCUPACIÓN POR ATRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CAICAÉN-CALBUCO, REGIÓN DE LOS LAGOS (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DESARROLLADOS ANTE VOLCAMIENTO DE BUS EN COPIAPÓ (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE REEVALUACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE DE EX TRABAJADORES DE COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO(Oficio)
- Investigación de denuncia sobre discriminación a profesional del Servicio de Salud de Ñuble (Oficio)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Bernardo Jose Berger Fett
- Marcos Espinosa Monardes
- Gustavo Hasbun Selume
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Marcos Espinosa Monardes
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- Alberto Robles Pantoja
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Vlado Mirosevic Verdugo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 362ª
Sesión 22ª, en jueves 8 de mayo de 2014
(Ordinaria, de 10.39 a 13.44 horas)
Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo Carmona Soto, don Lautaro, y González Torres, don Rodrigo
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 9
II. APERTURA DE LA SESIÓN 13
III. ACTAS 13
IV. CUENTA 13
ACUERDOS DE LOS COMITÉS 15
V. ORDEN DEL DÍA 16
AUMENTO DE PENA DEL DELITO DE ROBO EN LUGAR HABITADO O DESTINADO A LA HABITACIÓN Y SU EXCLUSIÓN DEL CATÁLOGO DE BENEFICIOS DE LA LEY N° 18.216 (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8934-07) [Continuación] 16
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE POLIFUNCIONALIDAD (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8417-13) 33
INCREMENTO DE BONIFICACIÓN POR CALIDAD DE SATISFACCIÓN AL USUARIO PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9288-05) [Sobre Tabla] 46
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 48
SOLICITUD A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PARA GESTIONAR ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNA SOLUCIÓN AL SECUESTRO DE MENORES DE EDAD EN NIGERIA (Preferencia) 48
PROGRAMA ESPECIAL DEL INDAP PARA PERÍODO PRIMAVERA-VERANO A FIN DE ENFRENTAR ESCASEZ HÍDRICA 51
EXENCIÓN DE IVA A IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS DE CHILE 54
VII. INCIDENTES 56
INFORMACIÓN SOBRE GRADO DE MONITOREO, PLANES DE CONTINGENCIA Y POTENCIALES RIESGOS DE FALLA LIQUIÑE-OFQUI (Oficios) 56
INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE EDIFICIO ABANDONADO EN COMUNA DE ÑUÑOA (Oficio) 57
INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN DE VECINOS DE CURACAVÍ A SUBSIDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO (Oficios) 58
INFORMACIÓN SOBRE NIVELES DE REPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A PERSONAS ENCARCELADAS DE MANERA INJUSTA (Oficio) 59
INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN AERÓDROMO LA FLORIDA, COMUNA DE LA SERENA, Y SOBRE LICITACIÓN DE FUTURO AEROPUERTO EN TONGOY, COMUNA DE COQUIMBO (Oficio) 60
Pág.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO DURANTE LOS FINES DE SEMANA (Oficios) 60
INFORMACIÓN SOBRE CONVENIOS DOCENTE-ASISTENCIALES VIGENTES EN REGIÓN DE O’HIGGINS (Oficios) 61
REFORZAMIENTO DE PERSONAL EN SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE JUSTICIA DE REGIONES DE LOS LAGOS, DE AYSÉN Y DE MAGALLANES (Oficios) 62
PREOCUPACIÓN POR ATRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CAICAÉN-CALBUCO, REGIÓN DE LOS LAGOS (Oficio) 63
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DESARROLLADOS ANTE VOLCAMIENTO DE BUS EN COPIAPÓ (Oficios) 64
INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE REEVALUACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE DE EXTRABAJADORES DE COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO (Oficio) 64
Investigación de denuncia sobre discriminación a profesional del Servicio de Salud de Ñuble (Oficio) 65
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 67
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9294-06) 67
2. Oficio del Senado. (boletín N° 5483-12) 67
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que aumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios del servicio de Registro Civil e Identificación, establecida en la Ley N° 20.342 (boletín Nº 9288-05) 68
4. Proyecto de acuerdo iniciado en moción de los diputados señores Ulloa, Berger, Espinosa, don Marcos; Hasbún, Jaramillo, Ojeda, Ortiz, Schilling, Trisotti y Ward que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de crear una Comisión permanente de Bomberos. (boletín N° 9337-16) 72
5. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando, Cicardini y Núñez, doña Paulina y de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Farcas; Jarpa; Meza; Pérez, don José; Poblete y Robles que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de declarar zonas excluidas de la posibilidad de desarrollar actividades o proyectos susceptibles de causar impacto ambiental. (boletín N° 9338-12) 74
6. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Mirosevic, que “Modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, con el objeto de permitir la participación de alumnos y funcionarios en los órganos que indica de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que no han sido creados por ley”. (boletín N° 9339-04) 76
IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Comunicaciones:
- Comunicación del diputado señor Ulloa por la cual justifica su inasistencia a la sesión del 8 de mayo en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
-Comunicación del diputado señor Trisotti por la cual justifica su inasistencia a las sesiones de Sala de los días 19, 20 y 21 de mayo en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Comunicación del diputado señor Kort por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, jueves 8 de mayo en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Comunicación del diputado señor Edwards, quien
informa que, de conformidad con el artículo 195 del Código del Trabajo, hará uso del permiso parental el día 8 de mayo de 2014.
- Comunicación del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado
señor Rathgeb reemplazará al diputado señor Paulsen en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación .
- Comunicación del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor Paulsen reemplazará
al diputado señor Leopoldo Pérez en la Comisión Investigadora de la inversión pública en infraestructura hospitalaria.
2. Oficios:
- De la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, por el cual solicita se recabe el asentimiento de la Sala para que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula los servicios sanitarios rurales, boletín N°6252-09, que se encuentra en segundo trámite constitucional, actualmente radicado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al señor diputado Kort.
- De la Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades en los procesos de inversión pública en infraestructura hospitalaria, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Castro.
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual solicita que la Excma. Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, y de lo señalado en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se pronuncie sobre el proyecto que “Modifica el artículo 36 del Código Orgánico de Tribunales, relacionado con los juzgados con asiento en las comunas de Nueva Imperial y de Toltén.”. boletín N° 9106-07.
- De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se comunica que la diputada señora Fernández asistirá
a la reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano, que se efectuará en Perú, del 9 al 12 de junio próximo. (89).
- De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, por el cual comunica que la diputada señora Pascal concurrirá a la reunión del
Comité de Asuntos del Medio Oriente de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se realizará en Amman, Jordania, desde el 8 al 11 de junio próximo, en su calidad de Presidenta de dicha Comité. (81).
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
- Diputado Meza, Financiamiento del jardín infantil emplazado en 2009 en el sector de Conquil de la comuna de Villarrica y del hogar de larga estadía de adultos mayores construido en 2011 en la comuna de Toltén, los que a la fecha no han sido habilitados, iniciando los trámites administrativos que permitan determinar las responsabilidad involucradas. (30703 al 12992).
Ministerio de Interior
- Diputado Lemus, Nombramiento de un delegado presidencial para enfrentar el problema de la sequía en la Región de Coquimbo (7977 al 10).
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social
- Diputado Espinoza don Fidel, Disponer fiscalización respecto de diversos incumplimientos a la normativa laboral al interior de la empresa Ludrimar de Puerto Montt e informar de sus resultados a esta Corporación (1551 al 111).
Ministerio de Salud
- Diputado Mirosevic, Estudio respecto de las consecuencias de la presencia de boro en el agua para consumo humano en la Región de Arica y Parinacota (1096 al 18).
- Diputada Girardi doña Cristina, Informe respecto de los riesgos del uso indiscriminado del medicamento paracetamol en las redes de atención pública de salud del país (1097 al 106).
- Diputado Kort, Informe sobre las sustancias químicas autorizadas para labores de mantenimiento en el Mall Open Plaza de Rancagua y los protocolos de acción que deben ser utilizados en el tratamiento y uso de tales componentes químicos. (1098 al 3).
- Diputada Carvajal doña Loreto, Informar a esta Corporación respecto de la calidad del agua potable que están consumiendo los habitantes del sector La Concepción, de la comuna de Ránquil, (1099 al 303).
- Diputada Sabat doña Marcela, Posibilidad que tiene doña Julia Mora Albornoz de contratar un plan individual en la misma Isapre de su excónyuge, en el evento contrario señale las herramientas existentes para hacer frente a enfermedades crónicas y los altos costos de su medicación. (1100 al 183).
- Diputado Espinoza don Fidel, Antecedentes de las fiscalizaciones que ha realizado la Autoridad Sanitaria en el vertedero de la comuna de Río Negro, en la Región de Los Lagos, conforme al detalle que señala. (1101 al 340).
- Diputada Álvarez doña Jenny, Fiscalizaciones efectuadas por la Autoridad Sanitaria de la Región de Los Lagos, en relación a la operación de la Planta Cal Austral, ubicada en el sector Puacura, en la comuna de Dalcahue, Chiloé.. (1103 al 208).
- Diputado Arriagada, Diputado MELO, Poner en su conocimiento las denuncias formuladas por vecinos y organizaciones sociales de las comunas de San Ramón, La Granja y La Pintana, relativas al funcionamiento del hospital Padre Hurtado referidas a la renuncia masiva de profesionales y técnicos de la salud que hasta la fecha no han sido reemplazados, falta de equipamientos e implementos para dar una adecuada atención de salud a la población y condiciones de trabajo inadecuadas. Adicionalmente, se solicita tenga a bien informar a esta Corporación acerca de la efectividad de tales denuncias, así como de las políticas y presupuesto disponible y, o destinado a la contratación de profesionales y técnicos de la salud necesarios para reemplazar a los renunciados y las políticas y presupuesto disponible y, o destinado a la adquisición de equipamiento médico, insumos e implementos para el hospital (212 al 496).
- Diputada Álvarez doña Jenny, Acciones dispuestas para revertir la demora en la ejecución de las obras de construcción de los centros de salud familiar de las comunas de Dalcahue y Chonchi en la provincia de Chiloé. (967 al 597).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Diputada Hernando doña Marcela, Posibilidad de disponer que los buses que efectúan el recorrido entre Calama y Antofagasta se detengan en la localidad de Baquedano. (3030 al 179).
- Diputada Álvarez doña Jenny, Antecedentes y resultados de las fiscalizaciones que ha realizado la seremi de Transportes de la Región de Los Lagos en relación con la operación de taxis piratas. (3341 al 176).
- Proyecto de Acuerdo 830, “Solicita a S.E. el Presidente de la República que incorpore normas obligatorias de seguridad en los vehículos lde transporte escolar.” 3408.
Ministerio de Desarrollo Social
- Diputado De Urresti, Informe respecto del proyecto hidroeléctrico central Osorno y sus efectos en el complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante, sitio sagrado de la cultura mapuche williche, ubicado en la localidad de de Carimallín, en la comuna de Río Bueno (359 al 14278).
- Diputado Sandoval, Nuevos mecanismos para determinar a los beneficiarios de programas sociales y los cambios que afectarán a la Ficha de Protección Social. (809 al 61).
- Diputado Sandoval, Nuevos mecanismos para determinar a los beneficiarios de programas sociales y los cambios que afectarán a la Ficha de Protección Social. (809 al 65).
Servicios
- Diputada Hernando doña Marcela, Los resultados de la última Encuesta de Presupuestos Familiares, por regiones, ciudades y/o capitales regionales, precisando los antecedentes que indica. (702 al 113).
Varios
- Diputada Girardi doña Cristina, Informe respecto de los riesgos del uso indiscriminado del medicamento paracetamol en las redes de atención pública de salud del país (1 al 106).
- Diputado Farías, Estado de tramitación de la denuncia efectuada por la junta de vecinos “Parque Universitario”, unidad vecinal N° 20 de la comuna de Macul, respecto de ruidos molestos, malos olores y emanación de gases tóxicos que genera la empresa Dictuc S.A, que funciona en la dependencias del Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile y disponer una inspección personal. (600 al 354).
Municipalidades
- Diputada Álvarez doña Jenny, Número de personas que se encuentran con su Ficha de Protección Social actualizada en la comuna, indicando la cantidad aún pendiente y la estimación de tiempo requerido para completar dicho proceso. Finalmente, indique el número de personas de la comuna beneficiarias de cada uno de los subsidios entregados por ese municipio. (334 al 216).
- Diputada Álvarez doña Jenny, Número de personas que se encuentran con su Ficha de Protección Social actualizada en la comuna, indicando la cantidad aún pendiente y la estimación de tiempo requerido para completar dicho proceso. Finalmente, indique el número de personas de la comuna beneficiarias de cada uno de los subsidios entregados por ese municipio. (486 al 218).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Álvarez Vera, Jenny PS X 58
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arriagada Macaya, Claudio DC RM 25
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bellolio Avaria, Jaime UDI RM 30
Berger Fett, Bernardo RN XIV 53
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cariola Oliva, Karol PC RM 19
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Carvajal Ambiado, Loreto PPD VIII 42
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Chahin Valenzuela, Fuad DC IX 49
Chávez Velásquez, Marcelo DC VIII 45
Cicardini Milla, Daniella IND III 5
Coloma Álamos, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo DC V 13
De Mussy Hiriart, Felipe UDI X 56
Espejo Yaksic, Sergio DC VI 35
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farcas Guendelman, Daniel PPD RM 17
Fernández Allende, Maya PS RM 21
Flores García, Iván DC XIV 53
Fuentes Castillo, Iván IND XI 59
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo RN XIV 54
Gahona Salazar, Sergio UDI IV 7
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hernando Pérez, Marcela PRSD II 4
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Insunza Gregorio de las Heras, Jorge PPD IV 9
Jackson Drago, Giorgio IND RM 22
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 24
Kast Sommerhoff, Felipe IND RM 22
Lavín León, Joaquín UDI RM 20
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto DC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VI 33
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Melo Contreras, Daniel PS RM 27
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Mirosevic Verdugo, Vlado Liberal de Chile XV 1
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz, Celso UDI VII 36
Morano Cornejo, Juan Enrique DC XII 60
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Arancibia, Daniel PC IV 8
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Núñez Urrutia, Paulina RN II 4
Ojeda Uribe, Sergio DC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel DC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paulsen Kehr, Diego RN IX 49
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Pilowsky Greene, Jaime DC RM 24
Poblete Zapata, Roberto IND. VIII 47
Provoste Campillay, Yasna DC III 6
Rathgeb Schifferli, Jorge RN IX 48
Rincón González, Ricardo DC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rocafull López, Luis PS XV 1
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge DC VIII 42
Saffirio Espinoza, René DC IX 50
Saldívar Auger, Raúl PS IV 7
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel DC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Soto Ferrada, Leonardo PS RM 30
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor DC V 15
Trisotti Martínez, Renzo UDI I 2
Tuma Zedán, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Urízar Muñoz, Christian PS V 10
Urrutia Soto, Osvaldo UDI V 14
Vallejo Dowling, Camila PC RM 26
Vallespín López, Patricio DC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Venegas Cárdenas, Mario DC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Walker Prieto, Matías DC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: La diputada señora Marcela Sabat Fernández y los diputados señores Ramón Farías Ponce e Ignacio Urrutia Bonilla.
-Con licencia médica: El diputado señor José Manuel Edwards Silva.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 14ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 15ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud formulada por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación para que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional, que regula los servicios sanitarios rurales, actualmente radicado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra su señoría el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , yo me opuse a la petición de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, pero usted no miró hacia acá. En consecuencia, no doy la unanimidad para enviar el proyecto a dicha comisión.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , nuestra Corporación creó la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación para que trate todos los temas hídricos. En ese sentido, está requiriendo por enésima vez el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto de ley que dice relación con el funcionamiento de los comités de Agua Potable Rural.
Su señoría pidió el asentimiento unánime de la Sala para acceder a lo solicitado, lo que fue concedido. A lo mejor, el diputado García estaba conversando o distraído. Debo hacer presente que él siempre se ha opuesto a que se remita ese proyecto a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.
Repito, señor Presidente , usted pidió el asentimiento de la Sala, pero nadie se opuso. En consecuencia, procede que el proyecto sea enviado a la comisión señalada.
Además, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones lleva muchos años tramitando ese proyecto de ley, pero aun no lo despacha, a pesar de que varias regiones han sido afectadas por la sequía y han sido declaradas como zonas de catástrofe, por lo que se requiere despachar ese proyecto con urgencia.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , lamento las expresiones del diputado Walker . A lo mejor, él es mudo y por eso no conversa en la Sala; pero yo no estaba conversando.
En realidad, teníamos muy avanzada la tramitación de ese proyecto en la Comisión de Obras Públicas. Posteriormente, el gobierno lo retiró, pero jamás lo repuso, lo que no es responsabilidad de la comisión.
No di la unanimidad porque tenemos que terminar su tramitación en la Comisión de Obras Públicas. Además, hay otra razón mucho más poderosa: el agua potable rural depende del Ministerio de Obras Públicas, de manera que la comisión que debe tratarlo es la de Obras Públicas. Me opuse porque queremos despacharlo con urgencia.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Muy bien, señor diputado , dejaré pendiente la decisión hasta que revise el video respectivo.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , antes de que iniciemos el Orden del Día, solicito que se autorice a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala, en caso de que se cite a una sesión especial para tratar el proyecto de reforma tributaria.
Me explico. Entiendo que el martes y miércoles de la próxima semana trataremos dicho proyecto, pero podría ser necesario realizar una sesión especial para disponer de más tiempo para su discusión. Mi deseo es que esto no impida el normal funcionamiento de nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acoger la petición del diputado Ricardo Rincón?
Varios señores DIPUTADOS.- No, señor Presidente.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- No hay acuerdo.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario, quien va a dar a conocer los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Cornejo, don Aldo, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Incorporar en la Tabla de la presente sesión el proyecto de ley que aumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario, para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, establecida en la ley N° 20.342, que se votará sin debate el presente día, insertando, además, el discurso del señor diputado informante .
2. Considerar con preferencia el proyecto de resolución Nº 52, relativo a la desaparición de cerca de cien niñas en Nigeria.
3. Destinar el tiempo de la sesión ordinaria del martes, con un mínimo de seis horas, para el debate del proyecto de ley de reforma tributaria. Los discursos serán de hasta diez minutos por diputado y la inscripción se cerrará una hora antes del término del Orden del Día. Si al término de las seis horas aún quedaren diputados inscritos, se prolongará el tiempo de la sesión lo necesario para que todos hagan uso de la palabra. Luego se procederá a la votación general del proyecto. La presentación de indicaciones procederá hasta antes del cierre del debate de dicha sesión. En dicha sesión no habrá Proyectos de Acuerdo y de Resolución, Incidentes ni Comisión de Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes. En la sesión del próximo miércoles se votará el proyecto en particular con discusión de hasta diez minutos por diputado, artículo por artículo, y hasta el total despacho del proyecto. Ese día tampoco habrá Proyectos de Acuerdo y de Resolución, Incidentes ni Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes.
4. Se suspenderán las sesiones de comisiones de los días martes 13 y miércoles 14 de mayo, con excepción de aquellas citadas para conciderar proyectos que estén con urgencia calificada de suma o de discusión inmediata.
5. Se trasladará la sesión especial citada para el miércoles 14 de mayo en la tarde, sobre el incendio ocurrido en Valparaíso, para el jueves 15 de mayo, en reemplazo de la sesión ordinaria de ese día.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto sobre los acuerdos de los Comités.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación esperaban escuchar en la presente sesión el debate del proyecto de ley que aumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario, más cuando ayer no se habló ni 15 ni 20 minutos lo que se trató en la Comisión de Hacienda, sino que fue un proyecto que se revisó por varias horas.
Sin embargo, hoy, en Sala, curiosamente aquellos que no estuvieron, aceptan que no se discuta el proyecto, el cual pudo haber sido mejorado, incluida mi opinión al respecto.
He dicho.
El señor CARMONA ( Presidente ).- Señor diputado , la decisión tomada por los jefes de Comités da cuenta de la preocupación y receptividad en relación con la urgencia que tiene el punto que usted ha marcado. Como hay una Tabla preestablecida, se considera que es muy importarte que hoy tomemos la decisión de votar el proyecto en cuestión.
V. ORDEN DEL DÍA
AUMENTO DE PENA DEL DELITO DE ROBO EN LUGAR HABITADO O DESTINADO A LA HABITACIÓN Y SU EXCLUSIÓN DEL CATÁLOGO DE BENEFICIOS DE LA LEY N° 18.216 (Primer trámite constitucional.Boletín N° 8934-07) [Continuación]
El señor CORNEJO ( Presidente ).- En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que aumenta la pena para el delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación y lo excluye del catálogo de beneficios de la ley N° 18.216.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 19ª de la presente legislatura, en 24 de abril de 2014.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA .- Señor Presidente , conozco la realidad de los chilenos más carenciados, de los jóvenes que no tienen un proyecto de vida porque carecen de las condiciones para materializar la aspiración de todos los seres humanos: ser felices.
También conozco la situación de los chilenos que tienen más oportunidades, que viven mejor y que hoy experimentan razonablemente un miedo atávico a ser atacados en sus casas o en la calle. En suma, las personas con más recursos y los jóvenes que aspiran a tener bienes que su realidad económica no les permite adquirir con métodos y medios decentes, son víctimas de su condición socioeconómica.
Las brillantes exposiciones que escuchamos durante el debate que tuvimos aquí en días pasados fueron invisibilizando al ser humano. Algunos colegas dijeron que hay quienes defienden a los delincuentes. El estigma de delincuente hace que algunos penalistas respondan a esa problemática con el aumento de los grados de las penas. En cambio, quienes tenemos otra visión del ser humano, creemos que este nunca puede ser invisibilizado, cualquiera que sea su situación, porque cuando ello ocurre, le negamos hasta el mínimo respeto a sus derechos humanos y a ser defendido.
Nos interesa impedir situaciones de violencia en los hogares, lo que es justo; pero también lo es tener claro al momento de votar este proyecto que hay chilenos que han sido encausados porque su problemática no ha recibido ninguna respuesta.
Las personas enviadas al sistema carcelario son víctimas que pueden sufrir la misma suerte de esos 81 chilenos que murieron quemados en el incendio de la cárcel de San Miguel. Uno de ellos, habitante de mi comuna, era un joven padre de tres hijos, cuyo único delito fue vender CD piratas en una feria para sobrevivir. La sociedad no le dio la oportunidad de tener un mejor empleo. Esa misma historia se repite con los once jóvenes que resultaron quemados en un centro del Sename de Puerto Montt hace algunos años.
¿El Parlamento debe responder al problema de la delincuencia con el aumento de las penas, sin tomar en consideración las causas que originan esa realidad en Chile? ¿Podemos defender con mucha fuerza los derechos de las víctimas de los “delincuentes” sin resolver antes el problema carcelario y de la rehabilitación en las cárceles?
Quienes tenemos una concepción cristiana de la vida, sabemos la importancia que tiene el perdón, el arrepentimiento y la rehabilitación. Por eso el proyecto requiere ser analizado en profundidad.
La Cámara de Diputados tiene que dignificar la política, para lo cual debe poner en el centro de su gestión legislativa al ser humano, independiente de las condiciones que este tenga. Esta Corporación debe dar una señal al país de que legisla no para defender solo a algunos, sino para colocar al ser humano en el centro de su atención. La acción política y la acción legislativa deben dar cuenta de la totalidad de las causas de la delincuencia y no solo de sus efectos.
Todos debemos trabajar para que las familias vivan en paz, pero el Estado también debe amparar y no condenar doblemente a los jóvenes que aspiran a poseer los bienes que les ofrece el mercado, que no tienen educación, que no tienen proyectos familiares y que no tienen protección. Cuando una persona delinque y es condenado a prisión, su castigo es la privación de libertad, pero deben respetarse sus restantes derechos humanos; sin embargo, el Estado de Chile viola esos derechos con la actual realidad carcelaria que mantiene. Aun más, el Estado chileno viola los derechos de niños y de jóvenes con la actual realidad del Sename.
La respuesta de los abogados, en especial de los penalistas, no puede ser únicamente aumentar un grado más las penas aflictivas a quienes son condenados por cometer esas terribles acciones.
En su tarea de dignificar la política y de recuperar su prestigio ante los chilenos, el Parlamento tiene el deber de profundizar el análisis que hace a estos proyectos, para no caer en la tentación de resolver el problema de la delincuencia con el aumento de la represión y de las penas, haciendo la vista gorda de las causas que obligan a muchos jóvenes a tomar el camino de la delincuencia.
Si tuviéramos resueltos esos problemas, podríamos votar favorablemente el aumento de penas con absoluta convicción y libertad de conciencia, pero Chile tiene estándares que no garantizan los derechos esenciales de la juventud.
Por lo tanto, hago un llamado a rechazar el proyecto y a no renunciar a enfrentar el problema de la delincuencia en todas sus formas, como el asalto a una propiedad habitada o deshabitada, en la calle o en cualquier lugar, pero teniendo en consideración la situación que vive nuestro país.
Cuando invisibilizamos al ser humano, perdemos la perspectiva y creemos que solo es un tema de técnica legislativa o de argumentos, pues la palabra “delincuente” borra al ser humano. A unos se les reconoce la categoría de delincuentes y a otros la de víctimas; pero los jóvenes delincuentes de las comunas que represento en esta Corporación también son víctimas de un sistema que les ha impedido tener oportunidades para desarrollarse en la vocación esencial del ser humano, que es el ser feliz.
Reitero, hago un llamado a rechazar el proyecto, sin renunciar a la posibilidad de discutir temas que incorporen todas las realidades.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , se ha generado una larga discusión en este hemiciclo en relación con el proyecto de ley que busca aumentar la pena al delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación. Al respecto, se han vertido opiniones absolutamente discordantes de colegas de la Alianza por Chile y de la Nueva Mayoría. Los argumentos de los diputados de la derecha buscan dar factibilidad a la iniciativa, aduciendo que se requiere de iniciativas más duras debido a los problemas que se han generado en el país respecto del tema de la seguridad ciudadana, cuestión de la que ninguno de nosotros podría estar ajeno. En ese sentido, a todos quienes estamos en el Congreso Nacional nos une la idea y el ánimo de contribuir para que bajen considerablemente las cifras de delincuencia e inseguridad que se registran en el país.
Un aspecto que debemos dejar claro y establecido una vez más es que la delincuencia nunca más debe ser usada como un eslogan de campaña para obtener votos, como ocurrió hace cuatro años y medio, cuando un candidato a la Presidencia de la República señaló que a los delincuentes se les acababa la fiesta. Sin embargo, todos fuimos testigos de que no ocurrió eso en los cuatro años del gobierno anterior, sino que sucedió todo lo contrario.
Desde ese punto de vista, el proyecto de ley que estamos discutiendo constituye, en opinión de muchos parlamentarios, una aberración de carácter jurídico, por muchas razones.
En primer lugar, porque establece una condena dos veces superior a la que recibe una persona que comete un homicidio simple, que es de cinco años y un día de prisión. El proyecto dispone que una persona que ingresa a robar a una casa habitada, incluso si sus moradores no se dan cuenta de su presencia, deberá pagar una condena de diez años de cárcel, es decir, el doble de la condena de una persona que le quita la vida a otra.
Además, la iniciativa establece que no existe la posibilidad de aplicar el beneficio de penas sustitutivas, por lo que la persona debe cumplir efectivamente la condena a diez años de cárcel. Eso parece una aberración jurídica, porque hasta los genocidas de este país que violaron los derechos humanos, que torturaron, que lanzaron a compatriotas desde helicópteros en sacos con piedras o con rieles, que hicieron desaparecer personas pueden aspirar a penas sustitutivas, las que incluso son avaladas por muchos parlamentarios de la UDI, que ahora están por la aprobación de la iniciativa.
Aunque muchos de esos parlamentarios mueven la cabeza de un lado a otro, es así; no tienen por qué mover la cabeza, porque ustedes han avalado por años que los genocidas de este país puedan recibir penas sustitutivas.
Seamos claros: los genocidas han tenido la posibilidad de caminar libremente por las calles de Chile durante largos años, gracias a una Constitución que permitió, primero, la dictación de una ley de amnistía y, segundo, penas sustitutivas para los delitos más atroces que la humanidad ha conocido en nuestra nación.
A mi juicio, el proyecto constituye una aberración jurídica, porque establece una condena de diez años de cárcel, sin el beneficio de optar a penas sustitutivas, para la persona que entra a una casa y comete un delito, como robar un balón de gas. ¡Qué duda cabe de que debe pagar por ese delito si es sorprendido! No obstante, los mismos que presentaron esta iniciativa se quedaron calladitos cuando a los delincuentes de cuello y corbata conocidos por todo el país, como los de La Polar, les aplicaron penas irrisorias. Si no me equivoco, se les condenó a tomar clases de ética. ¡Esa fue la condena que dio la justicia chilena a esos delincuentes de cuello y corbata, que robaron a miles de chilenos! Los señores de enfrente no dijeron nada frente a eso, como tampoco lo hicieron ante los otros sinvergüenzas y ladrones de las farmacias. ¿Se acuerdan del caso de las farmacias? Aquí hay diputados que tienen familiares en las farmacias. ¿O no? Los sinvergüenzas y ladrones de las farmacias se ponían de acuerdo entre ellos para aumentar en cinco o seis veces el precio de remedios, con lo cual metían la mano al bolsillo de los chilenos, sobre todo de los adultos mayores.
En esas ocasiones, los señores de las bancadas de enfrente se quedaron calladitos, no dijeron que esos ladrones y sinvergüenzas de las farmacias, de La Polar y del caso Cascadas debían cumplir penas en la cárcel. ¿O estoy diciendo mentiras? No estoy mintiendo.
Hoy, una campesina mapuche de mi distrito, a quien represento con el diputado De Mussy , debe comenzar a cumplir la condena de dormir por treinta días en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque la Conaf la fiscalizó cuando cortaba leña durante el gobierno anterior. Ella no sabe leer ni escribir, pero le dieron un plan de manejo que no estaba claro en sus concepciones territoriales. Finalmente, el juzgado de Río Negro la condenó a pagar 15 millones de pesos; la Corte de Valdivia rebajó la multa a la mitad, pero no tiene dinero para pagarla, por lo que esa señora mapuche de Río Negro tendrá que ir a la cárcel por carecer de plata para pagar la multa.
¡Esa es la justicia que tenemos en este país! Pero los delincuentes de cuello y corbata de las farmacias y de La Polar están en sus casas. Es más, uno de esos exejecutivos de La Polar pidió que le conmutaran la pena domiciliaria para ir a su campo de Fresia en el verano. Esas son las diferencias que todavía tenemos en este país en materia de justicia. ¡Para qué hablar del caso Cascadas!
A propósito del caso de esa señora mapuche que debe cumplir condena a partir de hoy, quiero contar que el señor Ponce Lerou taló como quiso bosques y más bosques en Río Bueno y Puyehue durante el gobierno anterior. Todos sabemos quién es el señor Ponce Lerou . Oficié para pedir al gobernador señor Rodrigo Kauak que dispusiera fiscalizarlo -el señor Hernández me puede desmentir-, pero nunca lo hicieron, porque era Ponce Lerou , porque era un delincuente de cuello y corbata; no obstante, una mujer pobre debe ir hoy a la cárcel. ¿Eso es justicia? ¿Eso es lo que queremos? En verdad, no.
Digo que el proyecto es una aberración jurídica, porque sus autores buscan demostrar que están en favor de combatir la delincuencia, pero no dicen esto otro. Hay que plantearlo con todas sus letras, y nadie se debe oponer ni enojarse, porque es la verdad, es lo que nos ha pasado.
Por cierto, todos debemos perseguir los delitos, pero los establecidos en la iniciativa ya están tipificados y sancionados en forma dura en nuestra legislación, ya que la pena por robar en una casa habitada es semejante a la que recibe quien quita la vida a una persona.
No debemos generar una contradicción tan grande como condenar a diez años de cárcel a la persona que entra a robar a una casa habitada, y a cinco años a la que mata. Eso no ocurre en ninguna legislación del mundo.
Desde ese punto de vista, llamo a la gente a no dejarse engañar con este tipo de proyectos, que solo buscan un efecto populista, pero, en la práctica, se contradicen con nuestra propia legislación.
Sin duda, todos queremos que bajen las cifras de la delincuencia, pero está comprobado que no siempre el aumento de las penas permite bajar esos índices.
En honor de Elena Rivas Labrín, que hoy debe entrar a la cárcel porque taló leña para dar de comer a sus hijos; en representación de los miles de robados por los ladrones de cuello y corbata de La Polar, que están libres; de los estudiantes defraudados por los ladrones de cuello y corbata de las universidades que lucraron con ellos, y de los miles de chilenos estafados, propongo rechazar el proyecto.
Por lo mismo, invito a seguir trabajando por una justicia más igualitaria, porque, lamentablemente, la nuestra no lo es, ya que dicta condenas que obligan a tomar clases de ética a los ladrones de cuello y corbata, mientras que a los pobres los sanciona con cárcel.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , ayer la Comisión de Hacienda sesionó en forma urgente para analizar una iniciativa que apunta a la modificación de la ley N° 20.342, que crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Para eso citamos a reunión de Comités, señor diputado .
El señor JARAMILLO.- Muchas gracias, señor Presidente .
Ojalá que haya unanimidad para tratarla hoy.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, he decidido intervenir en esta oportunidad porque el tema es relevante y tiene que ver con nuestra perspectiva de vida.
No voy a votar a favor para que se aumenten las penas, no voy a contribuir a atacar el problema delictual por sus efectos y no por sus causas, ni para que se siga encarcelando a la gente de siempre, a los pobres.
El aumento de las penas no es la fórmula para evitar que las personas cometan delitos. Estamos abundando en la penalidad y en la criminalidad, en lugar de adoptar medidas para evitar que las personas cometan delitos. Hemos construido más cárceles, incrementado el número de carabineros y aumentado las penas; ahora se anuncia el incremento de personal de la Policía de Investigaciones. Todo eso es muy loable para el orden público; pero, pese a ello, el delito sigue creciendo, porque esas medidas no han logrado el efecto esperado. Mientras persistan las causas que originan la comisión de los delitos, estos continuarán cometiéndose.
Por lo tanto, debemos terminar con las causas, como el desempleo. Demos más empleos dignos; entreguemos más educación; terminemos con las discriminaciones y con los jóvenes sin futuro ni horizonte; hagamos la reforma tributaria para reducir la brecha entre ricos y pobres, y la reforma de la educación para lograr que sea gratuita.
Señor Presidente , esas son las causas y esas son las soluciones que debemos dar a la gente; pero no encarcelarlas ni subir las penas, pues, por más severas que sean, no lograrán terminar con los delitos, porque las causas que los generan son más fuertes, ya que son estructurales y están enraizadas en nuestra sociedad. Las penas no son intimidatorias ni ejemplarizadoras ante la desesperación o las necesidades de la gente.
Desde el punto de vista jurídico, con la presentación de estas iniciativas estamos volviendo al pasado, cuando nuestro Código Penal castigaba más severamente el delito contra las cosas o el patrimonio que los delitos contra la vida y las personas, situación que se venía superando. Por lo tanto, con este proyecto volvemos atrás.
Desde el punto de vista de la ciencia política y de la criminología, se produce una desproporcionalidad de la pena, ya que se busca que el hecho de cometer el delito de robo en un lugar habitado tenga una pena superior a la que se asigna al robo con violencia o a la violación. Además, la entonces ministra de Justicia , señora Patricia Pérez , señaló que el aumento de la pena para este tipo de delitos no influye en la conducta de los delincuentes.
Por otra parte, el entonces subsecretario de Prevención del Delito , señor Cristóbal Lira , sostuvo que al proponerse un aumento de la pena al delito en comento, se genera un desequilibrio con la pena asignada a otros delitos y, en particular, al de robo con violencia, que, de aprobarse la iniciativa legal, tendría la misma pena, es decir, presidio mayor en su grado mínimo a máximo, es decir, de cinco años y un día a veinte años, y más alta que la asignada a delitos tan graves como la violación y el homicidio simple.
No se trata de tipificar delitos, porque eso ya está hecho, como sucede con los delitos de robo y de hurto, que ya están castigados en el Código Penal, así como las agravantes. En consecuencia, cabe preguntarse por qué existe la necesidad de seguir agravando las penas y encarcelando.
No creo en la teoría del criminal nato, de Cesare Lombroso, ya que, por regla general, las personas cometen delitos porque se dejan llevar por las circunstancias; no son delincuentes, sino personas que incurren en un hecho delictual.
Por lo tanto, preocupémonos de la raíz del delito, de sus causas antes que de sus efectos. Si logramos atenuar las causas, disminuiremos la comisión de delitos y su grado de violencia.
Construir nuevas cárceles y contratar más personal para Gendarmería y Carabineros es algo que ayuda, pero no es el medio para terminar con el delito.
Demos mayores recursos para infraestructura, con el objeto de evitar el hacinamiento y la promiscuidad de las cárceles; para que los procedimientos de rehabilitación y de reinserción social sean verdaderamente efectivos, y para que la sociedad pueda acoger a quienes se rehabiliten y cumplan con su condena; pero no debemos cerrarles las puertas. Si no procedemos así, seguiremos siendo una sociedad hipócrita que combate el alcoholismo, pero promueve el consumo de bebidas alcohólicas; que combate el tabaco, pero que lo produce e industrializa; que habla de rehabilitación y de reinserción social, pero que, en la práctica, la rechaza, y el Estado nada hace para concretar las medidas de rehabilitación.
Señor Presidente , pregunto a los colegas presentes: ¿Han ido a las cárceles, han visto quiénes están en ellas? Les respondo: los pobres, los mapuches, los jóvenes vulnerables. Más que delincuentes, son víctimas de la pobreza y de la exclusión social. Ese es el punto que debemos atender, más que subir las penas, criminalizar y construir y llenar cárceles.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, junto con Arturo Squella y otros diputados de la UDI, presentamos este proyecto de ley, que se hace cargo de una realidad muy significativa.
Se han señalado con bastante pasión ideas positivas y negativas respecto del proyecto; pero luego de meses de estudiar y de revisar la realidad, hemos constatado -por eso presentamos el proyecto- que el robo en lugar habitado tiene una característica especial, cual es que está catalogado como un delito que afecta a la propiedad, en circunstancias de que perjudica la intimidad y la vida familiar de las personas y de su entorno.
Debo recordar que quienes entran a un hogar y cometen un delito, tienen tendencia a repetir ese hecho, lo que produce un daño muy fuerte en la familia afectada, cual es ver violentado su hogar, su lugar de encuentro, su lugar más íntimo.
Planteo esto, porque el diputado que me antecedió en el uso de la palabra señaló que la anterior ministra de Justicia dijo que se trata de un delito que afecta la propiedad; pero lo que daña en realidad es a la familia en su entorno más directo, al ser víctima de la violencia en su hogar y ver a su núcleo fundamental intimidado y afectado.
Lo anterior nos llevó a trabajar en este tema luego de conocer muchos casos, pues, como bien se dice en los informes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, y de Constitución, Legislación y Justicia, superaron los 72.000 en 2012.
Uno cometería un error monumental si abordara el problema de la seguridad ciudadana considerando solamente las penas; pero sería una renuncia inentendible si dejáramos de usar una herramienta penal como un mecanismo más para enfrentar el delito.
Con el diputado Arturo Squella recorrimos un número importante de cárceles en 2011 para conocer la realidad de la reinserción laboral. Comprobamos que para 100.000 condenados y cerca de 53.000 en régimen cerrado había solo 802 puestos de trabajo, que se otorgaban a personas que llevaban condenas muy largas.
Por lo anterior, elaboramos un proyecto en la Cámara, que se aprobó, para favorecer la reinserción laboral, para crear un nuevo estatuto laboral para reclusos, para establecer incentivos para que las empresas se instalen, para establecer un incentivo similar al subsidio del empleo a la mujer para la contratación de reclusos. Ese nos pareció un buen camino.
Por lo tanto, discrepo respetuosamente de quienes plantean que aquí solo se quiere subir las condenas, ya que se trata de trabajar en distintos frentes.
Este tema se discutió sin prejuicios en la Comisión de Seguridad Ciudadana; después se discutió y aprobó en la Comisión de Constitución, en la que no participo. En consecuencia, me sorprende que en la Sala tengamos un debate con tantas consignas y sin argumentos.
¿Cuáles son los dos temas que se han planteado acá? Primero, que la seguridad ciudadana y el delito se abordan en forma integral y con distintas herramientas e instrumentos.
El colega que me antecedió en el uso de la palabra mencionó las causas. En consecuencia, hay que trabajar en dar oportunidades, educación, empleo y dignidad. Además, hay que abordar con pasión el tema de la reinserción, lo que nos ha faltado, a fin de dar oportunidades laborales, y mejorar la calidad del ambiente y la dignidad de las cárceles, para impedir accidentes como el incendio de la cárcel de San Miguel.
Si uno entra en la realidad del Código Penal en relación con el comportamiento del delito, hay dos temas centrales.
En primer término, se considera el robo en lugar habitado como un delito a la propiedad, en circunstancias de que afecta la intimidad del hogar familiar; termina siendo un delito que afecta a las personas, no solo a la propiedad. Cuando uno lo mira así, se da cuenta de que las penas que se le aplican son bajas, lo que, en parte, ha permitido el aumento de esos robos en los últimos años.
Voy a tocar el segundo punto para fundamentar y tratar de convencer a la honorable Cámara de que esta es una buena iniciativa si se mira en forma global. En ella proponemos que no se puedan aplicar ciertos beneficios, con el objeto de que las penas por estos delitos se cumplan de manera efectiva.
En consecuencia, invito a revisar los argumentos, pues ha habido posiciones discrepantes, pero hemos llegado a la convicción que hemos señalado.
Por su parte, el trabajo legislativo en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas permitió mejorar el proyecto. Al respecto, valoro la labor de diputados de la Democracia Cristiana y de otros partidos políticos, quienes colaboraron para elaborar una buena iniciativa.
En resumen, creemos que hay que dar señales a través de distintos instrumentos, como la prevención, la educación y las oportunidades laborales. Hay que trabajar en la reinserción, pero hay que hacerlo mediante el establecimiento de sanciones penales y de una adecuada implementación.
Porque se trata de un delito que afecta no solo a la propiedad, sino también la intimidad de la familia y del hogar, proponemos aumentar las penas para quienes cometan este ilícito -el número de casos se ha incrementado significativamente durante los últimos años- y modificar el catálogo de beneficios establecido para estos casos.
Por lo tanto, solicito a la Cámara que analice bien el proyecto, lo acoja y lo apruebe, porque será una contribución, junto con otras iniciativas, para avanzar en la seguridad ciudadana del país.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER .- Señor Presidente , quiero dejar claramente establecido que los diputados que estamos en contra del proyecto no estamos por dejar sin castigar a los delincuentes como corresponde. Lo planteo porque los medios de comunicación, que entregan las noticias en forma muy sesgada, nos hacen aparecer ante al país como defensores de los delincuentes, mientras que quienes han negado históricamente la justicia al pueblo aparecen como los buenos.
Hace cuarenta años se decía que si un pobre robaba una gallina era condenado a una pena de cinco años y más; sin embargo, los ricos violaban a las mujeres y robaban tierras al pueblo mapuche pehuenche, hasta convertirse en grandes señores hacendados, pero no les “salía ni por curados”.
Hago esta reflexión porque no es mucho lo que ha cambiado la justicia. Uno se pregunta por qué en Bélgica y en otros países desarrollados prácticamente no hay clientes para las cárceles, mientras que en Chile tenemos la macropolítica de construir cárceles y más cárceles, aplicar represión y usar el garrote. A mi juicio, ello se debe a que en esos países existe una política benefactora, social y solidaria; además, los empresarios tributan entre el 40 y el 43 por ciento de sus utilidades. De hecho, los dueños de la Ericsson, de la Volvo o de la Scania tributan hasta el 50 por ciento de sus ganancias. En cambio, los empresarios chilenos tratan de eludir el pago de impuestos y hacer leso al fisco para tener más y más ganancias.
Como dijo un político republicano estadounidense, la codicia y la avaricia terminarán matando a la sociedad norteamericana. En Chile no andamos muy lejos de eso.
En los países europeos en que gobernó durante mucho tiempo la socialdemocracia no existía delincuencia, porque había espacios para el deporte, la recreación, la cultura y el arte, así como una política de respeto hacia el adulto mayor, los niños y los animales. Chile está muy lejos de eso. Mientras los empresarios mineros no tributen ni un solo peso por extraer la riqueza de todas las chilenas y de todos los chilenos, no se construirán espacios para practicar deportes ni para la recreación, la cultura y el arte. En consecuencia, me pregunto si terminaremos con la delincuencia aplicando solo represión y garrote.
Como diputado por el distrito 33, al que con mucha honra represento en la Corporación junto con el diputado Ricardo Rincón , me pregunto: ¿Cuántas canchas de tenis existen para que los niños y jóvenes de ese distrito hagan deporte? ¿Cuántas casas de la cultura cuentan con un piano o un tablero de ajedrez, o bien con una psicóloga que pueda atender a los jóvenes, porque también existe la violencia intrafamiliar y muchos jóvenes no entienden lo que pasa en sus hogares.
Cuando hablamos de causales, como señaló el diputado Arriagada en su intervención, obviamente son de diversos tipos; no obstante, aquí hacemos abstracción de ellas y solo nos enfocamos en la represión.
El día en que en este país tengamos una clase empresarial que se preocupe y tenga responsabilidad social -frase que se ha usado tan bien en los últimos tiempos, porque en la práctica no existe la responsabilidad social empresarial en la mayoría de las empresas-, sabremos qué hacer por nuestros vecinos que tienen menos condiciones materiales y económicas. También hablamos de las cárceles, que no rehabilitan a los internos, sino que dejan una huella imborrable en los chilenos y las chilenas que pasan por allí, ya que quedan marcados por el resto de sus vidas.
Entonces, no confundamos las cosas. En mi opinión, es necesario hacer una gran revisión de la justicia chilena. Incluso, en la calle la gente nos dice que en este país no hay justicia. Como la clase política y la justicia chilena están muy mal calificadas, llegó la hora de sentarnos a hacer las cosas en serio para que tengamos una política de educación, de prevención, de cultura, de participación y de consideración hacia las personas que están en las cárceles. No voy a repetir lo señalado por el diputado Fidel Espinoza , pero hay muchos delincuentes que se han hecho inmensamente ricos espoleando a los pobres y aprovechándose del poder en el pasado. Hay muchas personas que no pueden explicar su enriquecimiento, y en sus antecedentes no les sale ni siquiera una anotación por haber pasado una luz amarilla en estado de ebriedad.
Señor Presidente, hay que tomar en serio estas cosas. Pienso que los autores de esta moción lo han hecho con muy buenas intenciones, pero la verdad es que el proyecto es una aberración.
De manera que hago un llamado a hacer un estudio más a fondo respecto de esas situaciones, las cuales condenamos. Obviamente, queremos que haya justicia, porque también hemos sido víctimas de robo en nuestros hogares. Si hubiésemos llegado 15 minutos después de ocurridos los hechos, probablemente la situación hubiese sido distinta. Sin embargo, insisto, la iniciativa no resuelve el problema.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , con este tipo de mociones uno llega a la conclusión de que en materia de penas deberíamos tener algo parecido a lo que ocurre con los proyectos que implican gasto. Todos sabemos que los parlamentarios no podemos presentar mociones que irroguen gasto, porque es una facultad privativa y exclusiva del Presidente de la República ; por lo tanto, también es excluyente. Pero en materia de delitos, los parlamentarios podemos presentar mociones, por ejemplo, para aumentar las penas o para privar de beneficios carcelarios. Sabiendo la respuesta, uno se pregunta cuánto puede afectar eso a uno de los elementos rectores en materia de penas, cual es la proporcionalidad, que no solo debe ir en relación con el ilícito penal cuyo reproche y sanción demanda la sociedad, sino también con la forma como se penan otras conductas que igualmente merecen reproche y sanción penal. De aquí me surge una propuesta -sé que es admisible, pero costaría mucho que fuera norma- en el sentido de que cada vez que se quiera promover una iniciativa para aumentar penas se deba contar con el patrocinio del Ejecutivo o con un informe previo, aunque sea mínimo, en materia de proporcionalidad.
Siempre que estamos ante hechos que causan conmoción, alarma y reproche, por cierto nos sentimos tentados a aumentar las penas. La pregunta es si el aumento de penas es la solución. Es más, pienso que en algunos de los mocionantes existe poca convicción en cuanto a que el aumento de pena sea la solución. Personalmente, tengo la convicción de que ese aumento no va a variar nada, porque no es una señal inhibitoria de la conducta.
Por otra parte, el Estado, la sociedad y nosotros debemos tener conciencia de cuando una pena puede implicar no solo negación de beneficios carcelarios. Recordemos que aquí hay dos temas en juego: uno, aumento de pena, y otro, privación o exclusión de ciertos beneficios carcelarios, que contempla la ley N° 18.216, modificada recientemente por la N° 20.603, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
Con todo, en el abanico de reflexiones debiéramos tener claro qué sistema carcelario estamos proponiendo como sociedad para generar condiciones de rehabilitación y de reinserción social, que en nuestro país estamos lejos de alcanzar. ¡Ojo!, es un llamado de atención para la sociedad. Está asentado que si quieres conocer una sociedad, debes visitar sus cárceles. Conoce sus cárceles y la manera como esa sociedad trata a sus niños, niñas y adolescentes. Pienso que en ninguno de esos dos ámbitos salimos bien parados: cárceles sobrepobladas, hacinamiento extremo, riesgo permanente de incendios, muertes, y muchas veces no precisamente de sicarios. En San Miguel murió un hombre que estaba preso por comercializar discos compactos en una cuneta. No era un sicario, no era un violador, no era un criminal. Aquí tengo que hacer un alto, porque la diferencia entre criminal y delincuente tampoco la tenemos asentada en nuestra sociedad; son conceptos y conductas muy distintas.
Curiosamente, en materia de ilícitos penales no tenemos la exigencia del estudio previo de proporcionalidad de penas ni la del patrocinio del Ejecutivo , que sí tenemos en materia de financiamiento. Creo que nos hemos inundado de una profusa legislación que solo busca aumentar penas. Lo más fácil para cualquier parlamentario -y no digo que se haga por eso, ¡ojo!- es presentar una moción que establezca un aumento de penas.
Entiendo la legítima preocupación de los mocionantes, pero no olvidemos que, hace algunos años, para reprimir el aumento del denominado “robo hormiga” en los supermercados, se promovió una legislación que aumentaba las penas. Hoy, tenemos más presos en las cárceles por hurtar un kilo de arroz, desodorantes, pasta de dientes, etcétera. Pero, para los involucrados en el caso La Polar, nada. Creo que algunos fueron condenados a recibir clases de ética empresarial o a impartir educación informal o capacitación. Pero, a cuánta gente estafaron, a cuánta gente engañaron; cuánta gente pagó lo que no debió haber pagado nunca. Eso fue mucho más grave que el “robo hormiga”. ¡Ojo!, la legislación para castigar el “robo hormiga”, que sancionamos como Cámara de diputados y como Poder Legislativo , está vigente y sus consecuencias son más personas en las cárceles. Sin embargo, no tengo claro que haya bajado el robo hormiga.
Además -con todo respeto por los colegas que legítimamente quieren defender el aumento de la pena-, el proyecto está referido a un tipo penal donde el bien jurídico protegido es única y exclusivamente la propiedad. Alguien me dirá: “Pero, diputado , estamos hablando de un lugar habitado”. ¡No! Ese es el rótulo. Si hablamos de robo, entendemos perfectamente que el robo en lugar habitado o destinado a la habitación es un delito, es un tipo penal. Pero no estamos ante la conducta más reprochable penalmente y que requiere mayor reproche social, que es la del robo con violencia en las cosas o fuerza en las personas, que tiene otra penalidad. El derecho penal ha establecido en el código distintos tipos penales y también las diferencias entre uno y otro; son distintos. No es lo mismo el robo con violencia en las personas que el robo en lugar habitado, por mucho escarnio, problema e impacto que pueda ocasionar. El robo con intimidación también es distinto y la diferencia ya está establecida en nuestra legislación.
No creo que sea bueno proponer siempre un aumento de las penas. No falta el argumento -tiene algo de verdad- de que ya lo hemos hecho antes. Así es. Es que permanentemente estamos cometiendo -digo “estamos”, porque de una u otra forma existe responsabilidad colectiva, y en esto me incluyo- ese error, y como sociedad no tenemos ni siquiera cárceles que permitan validar el aumento de pena que queremos establecer.
Otros dirán que respecto del abuso sexual también aumentamos las penas. Pero ese es otro delito, otro catálogo. Algunos dirán que respecto del abuso sexual también lo hicimos. Sí, pero miren las diferencias. No podemos comparar el abuso sexual genérico o el abuso sexual específico, como el cometido contra niños, niñas y adolescentes, con el robo en lugar habitado. Me dirán que no son las mismas penas. Lo sé, pero estamos proponiendo aumentar las penas.
Señor Presidente , cuando uno tiene que presidir una comisión, trata de arbitrar que las mociones avancen en su tramitación. Ese ha sido el sentido de nuestro obrar en la comisión, y si las hemos remitido a la Sala, ha sido en el espíritu de que se respeten las mociones. La moción se respeta no cuando se discrepa de ella, sino cuando se permite que se debata y se sancione. Como Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, puedo afirmar que ese ha sido el criterio que siempre se ha seguido.
Con todo, no comparto la moción en debate. Es más, no me queda claro que la indicación propuesta, que obra en poder de la Mesa, sea suficiente para reparar el proyecto original.
Reitero, lo importante es que exista un pronunciamiento sobre las mociones, sea para bien o para mal. De lo contrario, se seguirá invisibilizando el trabajo parlamentario.
Por lo tanto, mi personal impresión sobre un proyecto que considero que nos es bueno, es que debe haber un pronunciamiento de la Sala en términos de si lo aprueba o lo rechaza. Esa debe ser la tónica en relación con las mociones: darles el espacio suficiente para que el trabajo parlamentario se visibilice. Aquí en la Sala las juzgaremos. En el Senado, pasará lo mismo con sus mociones. De esta forma, la opinión pública se irá generando una opinión más pormenorizada de nuestro trabajo. Pero -insisto- es fundamental que la moción sea discutida y sancionada.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , quisiera evitar un mayor comentario sobre este proyecto, sobre todo después de las destacadas exposiciones de los diputados Ricardo Rincón , Claudio Arriagada y otros. No obstante, me quiero basar en eso para volver al punto medular del proyecto, que, a mi juicio, debiera ser rechazado.
A pesar de que la discusión ha sido dura, también ha sido muy transparente, y pienso que así debiera ser el debate respecto de proyectos de ley, por ejemplo, relacionados con la delincuencia.
Tengo una duda respecto del punto 2 del proyecto, que propone incluir el delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación dentro de aquellos que se encuentran excluidos de los beneficios contemplados en la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, recientemente modificada por la ley N° 20.603.
Este punto me deja una interrogante, más cuando soy contrario al proyecto de ley. A lo mejor, el comentario de alguno de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra me puede dar una mayor seguridad sobre el voto negativo que voy a emitir respecto del proyecto.
Debemos entender el fondo del proyecto, que no es otra cosa que las causas que originan el delito. Por lo tanto, en una primera instancia, mi voto va a ser negativo.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo.
El señor ESPEJO.- Señor Presidente , prácticamente se han expresado todas las opiniones sobre el proyecto en discusión.
Este es un proyecto difícil de debatir. La experiencia de cada diputado en el territorio por el cual fue elegido nos muestra que existe temor entre los vecinos a ser afectados por delitos, el que naturalmente crece frente a la posibilidad de que ese delito se perpetre en el lugar que nos resulta más sagrado: nuestro hogar.
Se equivocan quienes, desde la caricatura, sostienen que este es un problema que afecta solo a los sectores más acomodados. Basta recorrer cualquiera de nuestras poblaciones para ver cómo la gente vive encerrada y con temor. Su reacción es natural: demandan protección.
Pero no se trata solo de castigar a quienes cometen los delitos, sino, en lo fundamental, de alejarlos de nuestras familias, de nosotros mismos para así evitar que nos hagan daño.
No veo cómo alguien podría pedir algo distinto.
Se equivocan también quienes han sostenido que el robo en un lugar habitado o destinado a la habitación es un delito contra la propiedad de menor entidad. En nuestra legislación este ilícito es sancionado con una pena base de cinco años y un día, hasta alcanzar los diez años de presidio. Es una sanción severa, pues se considera no solo la amenaza contra la propiedad, sino también el riesgo contra la integridad física y psíquica de las personas.
No hay duda de que quienes cometen este delito deben ser sancionados severamente, tal como lo establece el Código Penal. La pregunta es si se justifica elevar la pena de este delito y, además, excluirlo de los beneficios alternativos a las penas privativas o restrictivas de libertad.
Para ambas preguntas, tengo la convicción de que la respuesta es negativa. Proyectos como este, generados por la urgencia de responder a cuestiones puntuales, no toman en cuenta la complejidad del problema, ni los efectos que se provocan. No miran la globalidad: no van al fondo.
El derecho penal es la ultima ratio, es la respuesta más severa de la sociedad -la privación forzada de libertad- contra aquellos que atentan contra nuestros bienes más preciados. El derecho penal es mucho más que una suma de reacciones instintivas o que un conjunto de señales políticas: es una estructura sistemática, acotada y proporcionada, a través de la cual el Estado defiende a sus ciudadanos de las amenazas más graves.
En este proyecto, al abandonarse el principio de jerarquización de los bienes protegidos y de proporcionalidad entre delitos y penas, solo tendremos derecho penal simbólico. Es decir, un derecho que es apenas la ilusión de problemas resueltos: gatopardismo penal, es decir, cambiar todo para que no cambie nada.
El proyecto en análisis no respeta la proporcionalidad que debe existir entre ilícito y sanción. De aprobarse, considerando que -como bien nos ha recordado la Defensoría Penal Pública- los tribunales tienden a aplicar para cada delito la pena base establecida en el Código Penal, nos enfrentaríamos al absurdo de que resultaría igualmente grave el robo en una casa con moradores, aun cuando ellos no se den cuenta de que esta situación se ha producido, que el robo en un lugar no habitado con violación, mutilación o castración. Peor aún, ese delito sería más grave incluso que el de homicidio simple.
¿Qué sistema penal es aquel en el cual el atentado contra un bien superior como la vida es sancionado con una pena más baja que la que se aplica contra ilícitos de menor valor?
Me parece que no es serio ni razonable parchar nuestro sistema penal reaccionando de manera más bien instintiva contra una amenaza y renunciando a la tarea de convertirlo en una respuesta sistemática y estructurada que ordena nuestras prioridades como sociedad, castiga proporcionadamente los delitos y envía una señal nítida de las conductas que quiere disuadir.
Por razones similares, estoy en desacuerdo con impedir que sean aplicables en este caso los beneficios o penas sustitutivas de la ley N° 18.216. En primer lugar, porque dudo de la constitucionalidad de esta propuesta. En segundo término, porque estamos desatendiendo una lógica de política criminal básica que figura precisamente en tales beneficios.
Si queremos evitar la ocurrencia de nuevos delitos y sabemos que los niveles de reincidencia alcanzan a 50 por ciento entre quienes cumplen penas privativas de libertad y solo a 20 por ciento entre quienes cumplen penas alternativas, carece de toda lógica recurrir a la cárcel como única alternativa, particularmente entre reos primerizos.
Incluso más, como en el caso del robo en lugar habitado estamos hablando de penas severas, solo podrá acceder a los beneficios alternativos quien no sea reincidente y además cuente con atenuantes. Como señaló la propia autoridad del Ministerio de Justicia, se encuentran en esta circunstancia personas cuyo compromiso delictual es menor. Si queremos más reincidencia, entonces eliminemos estos mecanismos de cumplimiento alternativo de la pena.
Señor Presidente , este no es un buen proyecto. Aprobarlo, en mi opinión, significaría eludir las cuestiones de fondo:
Primero, que el proceso penal y las penas son un modo defectuoso, precario para resolver problemas graves, y que su potencial preventivo es bajo.
Segundo, que exaspera las penas al alza perdiendo proporcionalidad, sin una conexión con una política criminal seria y convirtiéndose solo en derecho penal simbólico, en populismo penal.
Tercero, que parchar un Código Penal añejo solo nos conduce a un engendro, un mamarracho jurídico. No basta con cortar y pegar; tenemos que discutir sistemáticamente sobre la respuesta punitiva o sancionadora del Estado. El Gobierno debe acelerar el paso hacia un nuevo Código Penal.
Por último, anuncio que no me sumaré al cuestionamiento de la buena fe de quienes apoyan este proyecto, pero señalo con claridad que lo rechazo y que no lo apoyaré, pues no ataca el problema de fondo, no disminuye el delito, no protege mejor a los chilenos y porque con la pretensión de generar la ilusión de que sí lo hace solo garantiza el incremento del desprestigio y la pérdida de legitimidad de nuestras instituciones.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer el respeto con que se ha tratado la materia que nos ocupa, y en particular a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Seguridad Ciudadana, instancias que tramitaron el proyecto de ley.
En segundo término, creo que, al final del día, independientemente de las posiciones en contrario a la presente iniciativa -el Presidente de la Comisión de Constitución, el señor Rincón, manifestó su postura en tal sentido-, sí se dio el espacio, la oportunidad para que pudiéramos tramitarla -ello también forma parte de la esencia de lo que debe ser el trabajo legislativo- y no circunscribirnos únicamente a los mensajes del Ejecutivo.
Como autor de la moción, primero quiero recoger algunos planteamientos de varios colegas que han manifestado su postura en contra del proyecto de ley.
Concuerdo plenamente en que nuestro Código Penal tiene algunas asimetrías, ciertas figuras que pueden aparecer desproporcionadas, que son fruto justamente de que en determinados momentos el Parlamento ha escuchado la voz de la ciudadanía a efectos de establecer la aplicación de determinada pena de una entidad mayor en casos que han sido conocidos.
Eso lo hemos visto en los últimos años. Hace un par de semanas aprobamos el proyecto de ley Emilia, que aumenta penas a quienes conduzcan bajo la influencia del alcohol, evidentemente en respuesta a una circunstancia trágica conocida por todos, como lo fue el fallecimiento de una menor.
De igual forma, aprobamos el aumento de penas asignadas al delito de robo de cajeros automáticos. Lo mismo se hizo en el caso del robo de vehículos motorizados.
En definitiva, el Código Penal ha sufrido, como bien lo manifestaron algunos que critican la moción, muchos parches, lo que ha hecho que probablemente en algunas entidades -para esos críticos-, el proyecto quizá carezca de cierta proporcionalidad.
Al respecto, quiero recoger la voz de la ciudadanía, que nos indica que más de 200.000 personas son afectadas todos los años por delitos en sus viviendas, el bien sagrado más importante para las familias.
Al respecto, lamentablemente, se ha dado una división en el país con ciertas personas que aparecen como garantistas, con la visión de que las cárceles no cumplen ningún rol.
En lo personal, creo que los recintos penitenciarios hoy cumplen un rol muy malo. Coincido en que tenemos una política carcelaria deficiente y cárceles en las que existe hacinamiento, lo que quizá están generando posibilidades de rehabilitación bastante nefastas para los delincuentes. Pero nadie puede negar el efecto y la señal que se les envía con este proyecto a más de 200.000 familias que año tras año sufren la ocurrencia de este delito en su bien más sagrado, cual es su vivienda y su familia.
Por tanto, es evidente que en esta materia las señales importan.
Comparto la crítica de quienes señalan que nuestro Código Penal está muy parchado. Sin embargo, quiero señalar que el gobierno del Presidente Piñera recogió esa crítica mediante el envío de un proyecto de ley que establecía un nuevo Código Penal que sistematizaba las penas y establecía proporcionalidad en algunos casos.
Muchos han manifestado que en este caso se trata de un delito contra la propiedad. Pero yo tengo una diferencia profunda al respecto, porque se trata de un delito que termina afectando la psiquis de una familia completa; conlleva violencia psicológica, daño moral, como se plantea en Derecho Civil, pero también es un delito en el que, previo a su comisión, el delincuente tiene la claridad de que atacará un lugar en el que posiblemente hay moradores y, como es obvio, en cualquier momento se puede transformar en un delito que atente contra el bien más sagrado: la vida.
Considero que en materia punitiva, las señales no son indiferentes. Así lo ha demostrado la baja en la comisión de ciertos delitos, como el robo de cajeros automáticos o el robo de vehículos motorizados.
Desde ese punto de vista, me gustaría que ojalá fuéramos capaces de superar esta sociedad dividida fundamentalmente entre abogados penalistas y abogados absolutamente garantistas. Para estos últimos, cualquier política que no sea la de medidas alternativas, de aplicación de la máxima garantía posible atenta contra los derechos humanos, en este caso, de los delincuentes. Para los otros, la política debe ser ciento por ciento punitiva, donde las cárceles son la única respuesta.
Creo que ambos mundos pueden sentarse a conversar. Desde esa perspectiva, valoro mucho el esfuerzo que se hizo durante el gobierno del Presidente Piñera de enviar -reitero- el proyecto de ley que establecía un nuevo Código Penal que sistematizaba penas y otorgaba mayor proporcionalidad. Sin embargo, reitero, lamentablemente fue retirado durante los primeros días de este Gobierno.
Espero que realicemos esfuerzos en la materia. Como dije, no son indiferentes las señales que en la actualidad estamos enviando al país, a las víctimas. Si el Congreso Nacional rechaza este proyecto de ley, les estará diciendo a esas 200.000 familias que han sido víctimas de delitos de robo en lugar habitado que esos hechos le son indiferentes.
Valoro la posibilidad de realizar este debate. Agradezco también el que hayamos tenido la posibilidad de discutir el proyecto en Sala rápidamente, y espero que con él enviemos una señal potente al respecto.
El debate sobre la presente iniciativa continuará en el Senado, y probablemente también se topará en el camino con el posible envío o el posible reimpulso del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal, el cual también es importante para avanzar en materias como la que nos ocupa.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable y el de toda la bancada de la Unión Demócrata Independiente al proyecto.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde votar en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que aumenta la pena al delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación y lo excluye del catálogo de beneficios de la ley N° 18.216.
Hago presente a la Sala que el artículo único del proyecto es propio de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Barros
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvieron los diputados señores:
Tuma
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE POLIFUNCIONALIDAD (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8417-13)
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo en materia de polifuncionalidad.
Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señora Denise Pascal.
Antecedentes:
-Moción, sesión 51ª de la legislatura 360ª, en 5 de julio de 2012. Documentos de la Cuenta N° 9.
Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 20ª de la presente legislatura, en 6 de mayo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 14.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora PASCAL, doña Denise (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el Código del Trabajo en materia de polifuncionalidad, iniciado en moción de las entonces diputadas señoras Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y de los diputados señores Aguiló , Andrade , Espinosa, don Marcos ; Jarpa , Jiménez , Monsalve y Saffirio , y del entonces diputado señor Araya , respecto del cual el Ejecutivo no ha calificado su urgencia.
A las sesiones que la comisión destinó al estudio de la iniciativa asistieron la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco Suárez ; el subsecretario del Trabajo del gobierno anterior, señor Fernando Arab Verdugo , y el asesor legislativo de esa cartera, señor Francisco del Río Correa .
El proyecto que se somete al conocimiento de la Sala tiene por objeto asegurar que si en el contrato de trabajo se pactan dos o más funciones, sean estas alternativas o complementarias, ellas deben responder necesariamente a la naturaleza de los servicios contratados.
La ley N° 19.759, de 2001, estableció, entre otras materias, una modificación al artículo 10 del Código del Trabajo, el cual establece que el contrato de trabajo debe contener la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse.
Dicho cuerpo legal añade que el contrato, para tal objeto, podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. Precisa, a continuación, que la idea de dicha modificación era abordar un vacío de la legislación, por el cual no se requería que en el contrato se especificaran las funciones, lo que generaba una amplitud que hacía problemática la determinación de los servicios que prestaba en realidad el trabajador, de conformidad con las tareas para las que fue contratado, dado que podían establecerse funciones genéricas que podrían dar lugar a situaciones de manifiesto abuso.
Asimismo, se precisa que en la discusión de esa norma se señaló que el interés del Ejecutivo no era limitar el número de funciones, sino que estas tuvieran que especificarse, con la finalidad de que tanto al momento en que las partes convinieran en celebrar un contrato y establecer las funciones del caso como durante la vigencia del mismo existiera plena claridad en cuanto a cuáles son dichas funciones, tal como se expresó en el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
Sin embargo, se asegura que se han constatado diversas prácticas atentatorias contra los derechos de los trabajadores, consistentes en que el empleador fija en el contrato de trabajo dos o más funciones específicas del trabajador, pero que no necesariamente corresponden a la naturaleza de los servicios contratados, la que, de conformidad con el texto legal es una sola, no varias. En la práctica, se ha encontrado un mecanismo para que el empleador continúe indeterminando las funciones del trabajador, mediante ampliar hasta el extremo las posibilidades de exigirle múltiples tareas, las que no necesariamente responden a la remuneración pactada.
De conformidad con lo anterior, la propuesta contenida en la iniciativa pretende aclarar que si se pactan diversas funciones, estas deben responder a la naturaleza de los servicios contratados y no representar una dispersión tal que, en la práctica, signifique que el trabajador debe realizar todas las tareas que mande el empleador, sin criterio diferenciador alguno.
Como consecuencia de ello, en forma adicional el proyecto establece que en los casos en que el trabajador pacte la realización de dos o más funciones que responden a la misma naturaleza de los servicios contratados, y se produzca el despido de aquel por necesidades de la empresa, el juez podrá, en su caso, verificar que dichas necesidades invocadas se refieran a todas las funciones contratadas o bien el trabajador pueda ser reasignado a otras de las funciones especificadas en el contrato de trabajo, especialmente en caso de que ellas sean complementarias.
Además de los representantes del Ejecutivo, la Comisión recibió a los representantes de la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio y Servicios, Consfecove; de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio; de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; de la Asociación de Supermercados de Chile A.G.; de la Dirección del Trabajo; del Instituto Libertad y Desarrollo, y al Sindicato de Trabajadores de H&M, los que entregaron sus opiniones y propuestas.
El proyecto fue aprobado en general en la sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de fecha 22 de abril del año en curso, con el voto favorable de la diputada señora Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Andrade , Barros , Boric , Campos, Carmona , De Mussy , Jiménez , Melero , Monckeberg , don Cristián ; Monckeberg , don Nicolás , y Saffirio . No hubo votos en contra ni abstenciones.
En el transcurso de su discusión general, la comisión se formó el convencimiento de que la modificación de la ley N° 19.759, de 2001, tuvo por objeto abordar un vacío de la legislación, por el cual no se requería que en el contrato se especificaran las funciones, lo cual generaba una amplitud que hacía problemática la determinación de los servicios que realmente prestaba el trabajador en virtud de las tareas para las que había sido contratado, lo que daba lugar a manifiestos abusos.
Del mismo modo, la comisión constató diversas prácticas atentatorias contra los derechos de los trabajadores, las que consistían en que algunos empleadores fijan en el contrato de trabajo dos o más funciones específicas del trabajador, las que no necesariamente corresponden a la naturaleza de los servicios contratados, la cual, de conformidad con el texto legal, es una sola, no varias.
En la práctica, se ha encontrado un mecanismo para que el empleador continúe indeterminando las funciones del trabajador, a través de ampliar hasta el extremo las posibilidades de exigirle múltiples tareas, las que no necesariamente responden a la remuneración pactada.
Por ello, durante la discusión particular de la iniciativa la comisión aprobó, por la unanimidad de los doce diputados presentes, el número 1 del artículo único, el que agrega en el número 3 del artículo 10 del Código del Trabajo, a continuación de la palabra “complementarias”, la oración “en tanto correspondan a la misma naturaleza de los servicios contratados”.
Asimismo, se acogieron las sugerencias al número 2 del artículo único de la iniciativa formuladas tanto por el Instituto Libertad y Desarrollo como por la Dirección del Trabajo, en el sentido de que era conveniente aclarar que el pronunciamiento del tribunal se debe referir a la calificación de las causas señaladas en el despido, de tal forma de determinar si este es o no injustificado, para los efectos de los recargos indemnizatorios establecidos en el artículo 168 del Código del Trabajo, en la medida en que fueran procedentes, sin que ello pudiera significar que el juez pueda ordenar la reincorporación del trabajador.
Además, la Comisión aprobó, por la misma unanimidad, la indicación presentada por diversos diputados para agregar en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo la sugerencia señalada.
Por último, quiero señalar que a juicio de la Comisión el proyecto no contiene disposiciones de rango orgánico constitucional o de quorum calificado, o que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia financiera ni presupuestaria del Estado.
En consecuencia, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a la Sala la aprobación del proyecto en informe.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , el proyecto en debate constituye un avance que beneficia a los trabajadores cuyos contratos están vinculados a la polifuncionalidad. Como saben los colegas de la Comisión de Trabajo, en su momento presenté indicaciones en la perspectiva de precisar y resguardar mucho más sus intereses. Sin perjuicio de ello, no tengo ninguna duda de que debemos apoyar la iniciativa y mejorar la legislación sobre la materia.
La polifuncionalidad da cuenta de una diversidad mayor de las actividades laborales. Desde el punto de vista del desarrollo de los trabajadores, constituye un paso que los desafía a tener más capacidades que las que desplegaban en una estricta y monótona actividad, como ocurría con la división del trabajo en la primera etapa de la actividad industrial.
Pero si tiene tanto mérito la polifuncionalidad, ¿por qué es necesario precisar su legislación? Porque el empleador puede abusar en la interpretación de esta forma de trabajo. Por ello, es necesario modificar la normativa referida a la polifuncionalidad, la cual se introdujo mediante la ley N° 19.759, que modificó el número 3 del artículo 10 del Código del Trabajo, de modo que los abusos se limiten y ojalá se eliminen de la interpretación que el empleador hace a los contratos de trabajo que admiten dicha modalidad. En ese sentido, la moción propuesta está bien encaminada para restringir las posibilidades de abuso por los empleadores. Desde mi mirada, el proyecto no logra superar plenamente el problema de fondo; no obstante, lo vamos a respaldar.
Los representantes de diversas organizaciones sindicales que concurrieron a la Comisión de Trabajo manifestaron sus inquietudes respecto del proyecto e indicaron que si bien supone un avance, todavía sigue vigente el problema que crea la polifuncionalidad cuando los trabajadores son sometidos a distintas labores, sin que ello tenga una retribución desde el punto de vista económico, es decir, una mejora en su salario.
Bajo ninguna condición debería suceder, por ejemplo, que un trabajador contratado para ejercer funciones en una bodega, además deba descargar los camiones que llevan productos a la misma porque su empleador estima que es una labor complementaria a la primera. Pero será el debate que se produzca en razón de la discusión de la reforma laboral el que termine de precisar esta materia en beneficio de los trabajadores. Por ello, valoro el proyecto como un paso adelante. En efecto, el establecimiento de una negociación colectiva que reconozca autonomía a las partes y que asegure el equilibrio entre ellas, de modo que se constituya en un efectivo mecanismo de diálogo que permita abordar y superar las falencias y los problemas que presenta la normativa laboral, también formará parte del debate más global de las reformas laborales.
Hechas estas salvedades, y sin perjuicio de que se haya declarado inadmisible la indicación presentada cuyo objetivo era resguardar el nivel de ingresos de los trabajadores en materia de polifuncionalidad, anuncio que votaré a favor el proyecto.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente , Chile requiere una reforma laboral estructural; Chile requiere que el cuarto pilar de la lucha contra la desigualdad en que está empeñado el Gobierno sea la reforma laboral. A ello se ha comprometido el Gobierno. Entiendo que en el segundo semestre de este año conoceremos los proyectos más sustantivos en materia de titularidad sindical, negociación colectiva, derecho a huelga, etcétera.
Sin embargo, hay que seguir avanzando, como lo hemos hecho también en el último tiempo, pero no en los cuatro años pasados. Este es un proyecto que avanza en esa dirección. Es un paso adelante, como dijo el diputado Carmona .
La iniciativa intenta establecer dos controles. El primero es eliminar la arbitrariedad que significa que por la vía de entregar distintas funciones se genere una polifuncionalidad que atenta contra el propio trabajador. Quiero recordar que esta iniciativa surgió a propósito de una audiencia en la que la Comisión de Trabajo recibió a algunos trabajadores que nos presentaron un material gráfico que exhibía cómo un guardia de seguridad además tenía que hacer aseo y sacar los botes de basura. También mostraba que en un supermercado la misma persona tenía que atender la caja, embolsar las mercaderías, preocuparse de los carros, atender en el sector de venta de pan y de fiambrería, y arreglar las naves del local. Reitero, esta moción emana de una realidad que los trabajadores vinieron a denunciar en la Comisión de Trabajo.
Por lo tanto, lo que intenta el proyecto -creo que lo hace; por eso fue respaldado en la comisión- es establecer un control al disponer que las distintas tareas que puede permitir la polifuncionalidad deben ser de similar naturaleza. Pueden ser diversas, pero de similar naturaleza. La idea es impedir que se produzca una arbitraria asignación de trabajos.
Pero también tiene un segundo objetivo: sancionar el abuso. ¿Cómo lo hace? De una manera muy simple. Quiero decirles a los colegas de las bancadas de enfrente que esta fue una insinuación que, si mal no recuerdo, nos hizo el Instituto Libertad y Desarrollo, en el sentido de que sería bueno que se estableciera un mecanismo para que el empleador que pese a tener la posibilidad de reasignar a un trabajador dentro de las distintas funciones que admite una contratación polifuncional, optara por despedirlo, sea sancionado por la vía del pago de una indemnización recargada.
Por esa razón, en la Comisión de Trabajo elaboramos una indicación que suscribieron todos los parlamentarios y que fue aprobada en forma unánime.
Reitero, el proyecto apunta a terminar con un abuso, y creo que lo hace de buena manera. Quedará pendiente la creación de una normativa para que la polifuncionalidad se retribuya con mejores remuneraciones. Ello será materia de los proyectos más estructurales que trataremos este año.
Cabe señalar que la iniciativa que la Presidenta de la República presentó respecto de las trabajadoras de casa particular también contiene una mención sobre la naturaleza de sus funciones y una precisión vinculada con el lugar donde estas deberán prestarse. La idea es evitar que las trabajadoras de casa particular deban ir a la playa durante las vacaciones de su empleador y seguir atendiendo no solo a la familia del mismo, sino también a las demás familias que comparten con ella. Es un proyecto que va en una buena dirección.
Por esa razón, como bancada, tenemos la mejor disposición para respaldar esta moción.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente , en la misma línea de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, creo que el proyecto es un avance.
Se está corrigiendo una de las tantas injusticias que existen en el mundo laboral. La mayoría de los diputados presentes creemos que una de las formas de terminar con la desigualdad en el país es efectuando una gran reforma laboral. Sabemos que las reformas tributaria, educacional y política van a mejorar el funcionamiento de nuestro país. El modelo y precedente es que en todos los países desarrollados que han alcanzado mayor equidad existe mayor negociación colectiva, sindicatos fuertes y menos abusos. Ello ha permitido que los países crezcan con mayor equidad y justicia social.
Por lo tanto, tal como señaló el diputado Osvaldo Andrade , estamos a la espera de lo que viene durante el segundo semestre: una agenda con proyectos, ojalá bien potentes en el ámbito laboral, como los relativos a la negociación colectiva, al rol de los sindicatos y el fin del reemplazo de los trabajadores en huelga. Se trata de cambios profundos.
El proyecto en debate busca llenar un vacío legal, puesto que, actualmente, no se requiere detallar las funciones del trabajador en el contrato. Los trabajadores que concurrieron a la Comisión nos contaron sus experiencias. Hay trabajadores que desempeñan una cantidad de funciones que no tienen ninguna relación entre sí. Una trabajadora puede ser cajera, reponedora, hacer el aseo, etcétera. En la comisión, los trabajadores detallaron una cantidad de abusos realmente escalofriantes, a los cuales debemos ponerles fin.
Como dijo el diputado Carmona, se pueden introducir algunas mejoras al proyecto, pero va en la línea correcta de poner fin a uno de los tantos abusos que existen en el mundo laboral.
La propuesta contenida en la iniciativa pretende aclarar que si se pactan diversas funciones, estas deben responder a la naturaleza de los servicios contratados y no representar una dispersión tal que, en la práctica, signifique que el trabajador debe realizar todas las tareas que mande el empleador, sin criterio diferenciador alguno. Representantes de la Dirección del Trabajo señalaron que no quieren limitar las funciones, sino más bien tener claridad respecto de ellas.
Espero que el proyecto sea aprobado por la unanimidad de los diputados y diputadas, porque, además, como explicó el diputado Andrade , se impondría una sanción. Los representantes del Instituto Libertad y Desarrollo efectuaron esa observación en la Comisión, la cual fue bien recibida por todos los diputados, lo que se tradujo en una indicación. Por consiguiente, fue un buen aporte.
Insisto, espero que el proyecto sea aprobado por la Sala y despachado al Senado, a fin de que a la brevedad se convierta en ley de la República. De esta manera, iremos poniendo fin a los abusos que sufren los trabajadores, que, principalmente, se producen en el sector del retail.
Nuestra bancada apoyará el proyecto. Espero -repito- que nuestros colegas aquí presentes hagan lo propio, para que pongamos fin a una de las tantas injusticias que persiste en el mundo de los trabajadores.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , para el Gobierno de la Nueva Mayoría resulta positivo seguir avanzando en temas puntuales que mejoren el Código del Trabajo, pero también estamos esperanzados en fijar el cuarto pilar del Gobierno de la Presidenta Bachelet , relativo al tema laboral.
Por eso, con mucha expectativa, esperamos sacar adelante, primero, el proyecto relacionado con los accidentes del trabajo, que lleva años en tramitación y que no ha podido ver la luz. Creemos que ahora ello será posible merced a algunas indicaciones sustitutivas que propondrá el Ejecutivo , lo que permitirá efectuar cambios relevantes para proteger de verdad a los trabajadores.
También esperamos tener una sólida reformulación de temas fundamentales relacionados con el Código del Trabajo, para equilibrar la relación entre empleador y trabajador, como el fortalecimiento de los sindicatos, el mejoramiento del proceso de negociación colectiva y el derecho a huelga efectiva, con el propósito de terminar con los reemplazos.
Sin duda, se debe terminar también con el abuso del multirrut. A ese respecto, se ha ingresado una indicación en el Senado que esperamos que sea aprobada. Obviamente, en la Cámara de Diputados también le prestaremos nuestro apoyo, porque queremos eliminar un conjunto de elementos que afectan los derechos de los trabajadores.
La Comisión tiene que seguir avanzando. Efectivamente, uno podría pensar, en teoría, que la polifuncionalidad, que hoy está consagrada en la legislación, es positiva, como ocurre en países desarrollados, donde se permite flexibilidad al trabajador, que claramente es remunerado de mejor manera al asignársele una función adicional a la que cumple. Pero, ¿qué pasa en el caso chileno? La polifuncionalidad no ha sido un elemento que genere un mayor ingreso al trabajador, sino una expresión de abuso. Al trabajador se le asignan nuevas funciones y su remuneración no se incrementa. ¿Cuál es el resultado final? Un trabajador con sobrecarga de trabajo. Eso nos parece completamente inaceptable.
En la Comisión, recibimos a distintos sindicatos de empresas del retail y de los supermercados, lugares donde se detecta mayormente este abuso. ¿Qué nos dijeron sus representantes? Que, efectivamente, en los contratos se van agregando funciones y que, obviamente, no hay aumento en las remuneraciones. ¿Qué significa eso? Que el número de tareas que efectúa el trabajador durante su jornada se va incrementando con labores que, a veces, no tienen nada que ver con su tarea central. Los diputados señores Andrade y Jiménez ya dieron ejemplos al respecto. No los voy a repetir, pero en la Comisión quedó en evidencia que existen abusos.
Examinemos si existe coherencia entre lo que acabamos de señalar y lo aprobado en forma unánime en la comisión.
El número 1 del artículo único señala que se deberá agregar en el número 3 del artículo 10 del Código del Trabajo, a continuación de la palabra “complementarias”, la siguiente oración precedida de una coma (,): “en tanto correspondan a la misma naturaleza de los servicios contratados;”. Es decir, no se pueden agregar tareas adicionales que no tengan relación con la función central del trabajador.
Cuando invitamos a los representantes de la Dirección del Trabajo para preguntarles si consideraban que había un vacío en esta materia, la respuesta fue que sí, porque el Código del Trabajo permite la polifuncionalidad sin precisarla, razón por la cual los fiscalizadores no tienen cómo sancionar al empleador no obstante identificar funciones que claramente no tienen que ver una con otra. Por eso, cuando nos señalaron que sería bueno precisar el punto, porque ello les permitiría contar con un elemento fiscalizador claro y efectivo, pensamos que debíamos proteger al trabajador.
Ojalá que el proyecto sea aprobado en forma unánime, pues con ello limitaremos el posible abuso y restringiremos la posibilidad de que la polifuncionalidad sea usada como sobrecarga laboral de los trabajadores.
La iniciativa apunta en la línea correcta. Si bien a los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana nos parece que el proyecto es insuficiente, de todos modos se trata de un paso significativo valorado por los trabajadores. Por eso, lo vamos a votar favorablemente, porque creemos que la empresa es un espacio donde el equilibrio entre trabajador y empleador debe ser el pan de cada día y no un abuso, como ocurre hoy en muchos casos.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente , valoro profundamente la iniciativa que debatimos. Destaco el hecho de que una inquietud expresada por los mismos trabajadores en el seno de la comisión hoy se transforme en un proyecto que, estoy seguro, aprobaremos en forma unánime.
Agradezco y destaco la labor cumplida por el Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, diputado señor Tucapel Jiménez , pues condujo muy bien las tareas acometidas en relación con la iniciativa a fin de sacarla adelante.
La polifuncionalidad, materia que aborda la iniciativa en estudio, no es mala en sí misma, puesto que permite el crecimiento del trabajador -antes, un operario contratado para atornillar un perno solo realizaba esa tarea y nada más-; pero cuando esta se presta para abusos, es necesario establecer regulaciones que corrijan esta suerte de vacío legal, cuestión de la cual se ocupa el proyecto en análisis.
Al respecto, recibimos testimonios de trabajadores del retail, de los supermercados, que daban cuenta de abusos, resultado de una interpretación mañosa de la normativa. Por ejemplo, trabajadores contratados para cuidar determinados lugares terminaban cargando camiones. Así como este, conocimos muchísimos casos de empleados que debían desempeñar labores ajenas a las establecidas en sus contratos de trabajo.
Por eso, estamos plenamente convencidos de que este es un buen proyecto, porque corrige arbitrariedades practicadas especialmente en el retail.
En el ámbito de la pequeña y mediana empresas, la polifuncionalidad es muy común, puesto que pocos trabajadores deben desarrollar muchas funciones. Sin embargo, a nivel del retail y de supermercados hemos constatado polifuncionalidades, pero con grados de abuso.
La iniciativa establece en su artículo único que si en el contrato de trabajo se pactan dos o más funciones, sean estas alternativas o complementarias, ellas deben responder necesariamente a la naturaleza de los servicios contratados, lo cual permite corregir los abusos que se cometen al amparo de la polifuncionalidad.
Por otra parte, el proyecto establece -ello fue aprobado por unanimidad- que en los casos en que el trabajador pacte la realización de dos o más funciones que responden a la misma naturaleza de los servicios contratados, en caso de que se produzca el despido de aquel por necesidades de la empresa, el juez podrá, en su caso, verificar que dichas necesidades invocadas se refieran a todas las funciones contratadas, o bien el trabajador pueda ser reasignado a otras de las funciones especificadas en el contrato de trabajo, especialmente en caso de que ellas sean complementarias.
Anuncio que nuestra bancada votará favorablemente el proyecto. Felicito a los autores de la iniciativa y reitero mi agrado de haber trabajado en un ambiente en el cual se reflexionó en profundidad, gracias a lo cual se lograron los acuerdos necesarios para evacuar de buena manera la iniciativa.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , en nombre de la bancada del Partido Radical anuncio que votaremos favorablemente el proyecto, puesto que nos asiste la profunda convicción de que este es un paso importante en materia de corregir graves distorsiones en nuestra actual legislación laboral.
La polifuncionalidad se puede apreciar en su más nítida expresión, por ejemplo, en el mundo del retail -el caso de las farmacias es elocuente-, donde se puede ver a personas que, además de preocuparse de las ventas y de manejar dinero, deben hacer el aseo de los recintos en que trabajan. Pero esta grave distorsión e inequidad no solo se da en el retail, sino, también, en la industria minera, donde se producen situaciones que lindan en lo increíble. Existe una empresa que presta servicios a la principal minera estatal, la que, flagrante y sistemáticamente, incumple la norma de modificar sus contratos de trabajo. Al respecto, el contrato estipula que la labor que deben desempeñar las trabajadoras -la mayoría son mujeres jefas de hogar- es aseo doméstico, pero la verdadera naturaleza del trabajo que realizan es de aseo industrial. Eso significa someter a las trabajadoras al cumplimiento de labores delicadas en recintos altamente contaminados y exponerlas a peligros adicionales, pues quedan entregadas a un total abandono e indefensión a la hora de sufrir un accidente o de padecer alguna enfermedad como consecuencia de trabajar en ambientes extremadamente tóxicos.
Este problema debe ser abordado con la rigurosidad que requiere, pues estamos frente a una práctica frecuente de las grandes empresas. El caso a que he hecho alusión corresponde a la empresa Aramark , que tiene contratos vigentes con la mayoría de los centros productivos de Codelco. A pesar de que existe un dictamen de 2010 emanado de la directora nacional del Trabajo para que esa empresa modifique sus contratos de trabajo y especifique que sus trabajadores cumplen labores de aseo industrial, ha preferido pagar millonarias multas antes que cumplir con la ley. Por tal razón, la naturaleza de los servicios contratados debe estar claramente expresada en el contrato de trabajo. He aquí el espíritu, la esencia de terminar con la polifuncionalidad.
También resulta necesario revisar otros aspectos del actual Código del Trabajo, como la práctica de invocar su artículo 161 para desvincular a un trabajador. Ello es arbitrario, discrecional y no consistente con un país que respeta los derechos de los trabajadores y que protege la empleabilidad.
Por todo lo expresado, reitero, la bancada del Partido Radical concurrirá con su voto favorable a aprobar el proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de polifuncionalidad, en el marco de las relaciones laborales entre empleador y trabajador.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , valoro el proyecto de ley y felicito a sus autores. Es una iniciativa que, sobre todo, protege a los trabajadores del retail y del comercio. Así lo manifestó, también, el presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio y Servicios, José Luis Ortega , quien, si bien señaló que el proyecto no satisface todas las inquietudes de los trabajadores del comercio, sí constituye un avance. Idénticas expresiones vertió el director del Trabajo.
Es necesario recordar, tal como lo señaló la ministra del Trabajo , que antes de la reforma de 2001, que ahora complementamos, ni siquiera se establecía la naturaleza de los servicios contratados en el contrato de trabajo. Solo en virtud de esa reforma se incorporó esa materia como una garantía para los trabajadores.
Por otra parte, esa reforma introdujo la posibilidad de que los trabajadores puedan prestar servicios de manera complementaria o alternativa. El proyecto en debate complementa esa materia e incorpora un resguardo: el contrato debe señalar que esas labores complementarias o alternativas deben prestarse en tanto correspondan a la misma naturaleza de los servicios contratados. Con esta disposición, la norma se pone en armonía con lo establecido en el artículo 12 del Código del Trabajo, que señala que el empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, siempre a condición de que se trate de labores similares. Esta ha sido una práctica recurrente en el sector del retail.
Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio y Servicios señaló en la Comisión técnica que en la empresa JC Penney , por ejemplo, los contratos establecían funciones tan distintas que un mismo trabajador podía ser vendedor y, al mismo tiempo, bodeguero. Como se dijo claramente en la Comisión, es una mala práctica que se ha extendido a todo el sector del retail.
Sin duda, este proyecto constituye un avance. Es muy interesante el agregado que se hace al inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, que dice: “En caso que el contrato de trabajo señalare dos o más funciones alternativas o complementarias, el juez deberá -no solo podrá- considerar, entre otros elementos -de acuerdo con el principio de la sana crítica y de la valoración de la prueba-, si el trabajador pudo ser reasignado en alguna de las funciones pactadas, a efectos de declarar el despido como improcedente conforme lo dispuesto en el artículo 168, si ello corresponde.”.
Como sabemos, de acuerdo con el artículo 168, el trabajador puede impugnar la causal de despido establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, por necesidades de la empresa. Sin embargo, siento que esto no está suficientemente arraigado en el conocimiento de los trabajadores como consecuencia de lo que se señaló durante la celebración del Día del Trabajador, el 1° de Mayo recién pasado, esto es de la escasa participación de nuestros trabajadores, de la poca consideración hacia el mundo de la sindicalización y del bajo porcentaje de trabajadores -inferior al 10 por ciento- que están sindicalizados o que negocian colectivamente.
En efecto, en la actualidad los trabajadores no saben que pueden impugnar la causal de despido del artículo 161, es decir, por necesidades de la empresa; no saben que no basta con que les llegue la carta de notificación, que supone la oferta irrenunciable del pago de una indemnización por años de servicios que establece el Código del Trabajo; no saben que si consideran que dicha causal es injustificada, pueden impugnarla.
En caso de que el trabajador considere que su despido es injustificado, el juez puede decretar el pago de la indemnización con un recargo del 30 por ciento, tal como lo establece el artículo 168 del Código del Trabajo. Esto fortalece el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet . Muchos de nosotros hemos hecho hincapié en que debemos avanzar hacia una legislación laboral que resguarde de mejor manera la estabilidad laboral.
Por eso, este proyecto representa un paso importante en ese sentido, razón por la cual los diputados de la Democracia Cristiana lo vamos a aprobar.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas.
El señor FARCAS.- Señor Presidente , en primer término, saludo el trabajo realizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en particular por su Presidente , Tucapel Jiménez .
Me parece muy relevante especificar, como lo han dicho diversos diputados y diputadas, las funciones que las trabajadoras y los trabajadores deben cumplir. En este marco, considero muy positivo haber podido escuchar en forma activa a las personas que concurrieron a la comisión, cuyas declaraciones se pueden conocer al leer el resumen contenido en el informe.
Pero quiero ampliar esta reflexión al ámbito de la competencia y la globalización. Como muy bien dijo el diputado Vallespín , si las funciones que realizan los trabajadores son diferentes, también deben ser remuneradas en la forma en que lo establece el respectivo contrato de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque espero que en una economía cada vez más competitiva y en un ámbito donde la tecnología juega un rol muy importante, tengamos posibilidades de mejorar la capacitación, la formación y el acceso a la tecnología de las trabajadoras y los trabajadores chilenos, lo que debe tener como correlato un aumento sustantivo de sus remuneraciones, toda vez que ello puede significar -debería ser así- un aumento sustantivo de su productividad.
Voy a apoyar esta iniciativa, por una parte, porque me parece consistente con lo que estamos buscando y, por otra, porque a futuro deberemos estudiar la forma de incorporar elementos que conduzcan a la polifuncionalidad, siempre que exista el incentivo de que será remunerada como corresponde. Es decir, las trabajadoras y los trabajadores que cumplen distintos roles deben recibir una remuneración acorde con el aumento de su productividad.
Esto no es contradictorio ni una dicotomía; por el contrario, es una sinergia sustantiva que, por un lado, respeta los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y, por otro, nos lleva a mirar hacia el futuro, tomando en cuenta sus desafíos y realizando esfuerzos para desarrollar una economía competitiva, en donde el efecto de la tecnología impactará el ámbito laboral en forma cada vez más creciente y progresiva.
Aparte de anunciar con mucha fuerza mi aprobación al proyecto y de rescatar el trabajo realizado por la comisión, quiero poner el acento en la forma en que debemos incorporar al mundo laboral la tecnología, las capacidades y las habilidades, de manera que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan llevar efectivamente a cabo las funciones que les permitan desempeñarse en forma adecuada, eficiente y eficaz en este tipo de tareas. Insisto en que la retribución debe ir asociada a un importante aumento de sus remuneraciones.
Según todos los estudios realizados, en nuestro sistema económico existen desigualdades muy marcadas, lo que se refleja en los bajos salarios que reciben los trabajadores. Por eso, cualquier elemento que incida fundamentalmente en su capacitación, formación e incorporación al mundo de la tecnología debe ir asociado a un aumento de sus salarios. Ello permitirá incrementar, por un lado, su poder adquisitivo y, por otro, la importancia de nuestros mercados a nivel mundial. Asimismo, contribuirá a mejorar la economía familiar en forma sustantiva, aspecto que tanto nos preocupa en cada una de las comunas de nuestro país.
Por eso, vamos a apoyar el proyecto -creo que es muy necesario hacerlo-, tomando en cuenta las consideraciones y los elementos asociados al respeto de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores chilenos. Al respecto, debemos actuar con una perspectiva de futuro que nos permita incorporar en forma creciente y sustantiva políticas públicas que espero que podamos desarrollar en el futuro. Así lo prometió la Presidenta Bachelet durante su campaña. Si cumple esa palabra, nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores tendrán capacitación y formación que les entregarán los conocimientos necesarios para que puedan cumplir sus funciones en mejor forma y obtener mayores remuneraciones por las labores que realizan, lo que también les permitirá mejorar su productividad en un futuro muy cercano.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , sin duda, esta iniciativa, que fue patrocinada por distintos diputados, viene a llenar un vacío que existía en nuestra legislación en materia de regulación de la polifuncionalidad, pero no para restringirla, sino más bien para encauzarla; no para delimitarla, sino más bien para especificarla, con el objeto de que, como se ha dicho aquí, no genere abusos.
Quiero resaltar el lado positivo que tiene la polifuncionalidad, desde el punto de vista de la productividad laboral y del buen uso de los recursos humanos.
En una empresa, los trabajadores muchas veces, no se restringen, exclusiva y excluyentemente, a cumplir una sola función, sino que cumplen más de una. Eso es un hecho positivo de la naturaleza humana, puesto que, tal como se dice popularmente, los hombres y las mujeres podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo, es decir, podemos hacer más de una cosa. ¡Y es bueno que así sea!
La polifuncionalidad ayuda al rendimiento, a la productividad y a la estabilidad laboral, pero también favorece la disposición con la que los trabajadores enfrentan su trabajo.
En tiempos en que empezamos a tener señales amenazantes en materia de generación de empleos, en que vemos que la economía chilena se está desacelerando y que el desempleo está creciendo, es muy importante que este tipo de legislación apunte en la dirección correcta. En ese sentido, está claro que no hay mejor política laboral que aquella que permite que todos los chilenos tengan trabajo. Hoy, muchos chilenos están empezando a perder sus empleos. Por eso, debemos preocuparnos del tipo de legislación que establecemos y de la forma como seguimos incentivándola.
Por otra parte, se trata de una legislación muy útil para nosotros como diputados, pues si alguien requiere de la polifuncionalidad en sus trabajadores somos los parlamentarios. Tenemos secretarias, conductores y otro tipo de personal que trabaja en los distritos, que no cumplen una, sino muchas funciones. En ese sentido, la caridad debe partir por casa. Por eso, lo primero que debemos establecer en los contratos de nuestros empleados son las funciones que les vamos a pedir que cumplan. No vaya a ser que las primeras demandas recaigan sobre parlamentarios por abuso de la jornada de trabajo de nuestros trabajadores. Recordemos que solicitamos a nuestra gente, entre otras cosas, ir a las ferias a repartir información, conducir, otras veces tipear escritos o permanecer en oficinas.
Sería bueno que revisáramos los contratos que hacemos a la luz de la polifuncionalidad que estamos estableciendo.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , pido la palabra.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , sé que aún quedan diputados por intervenir, pero dado que se trata de un proyecto consensuado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pido que recabe el acuerdo de la Sala para votarlo en esta sesión.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para votar en la sesión de hoy el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de polifuncionalidad?
No hay acuerdo.
Su discusión continuará en una próxima sesión.
INCREMENTO DE BONIFICACIÓN POR CALIDAD DE SATISFACCIÓN AL USUARIO PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9288-05) [Sobre Tabla]
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
De conformidad con el acuerdo adoptado por los Comités parlamentarios, corresponde votar en general, sin discusión, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, establecido en la ley N° 20.342.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 6ª de la presente legislatura, en 1 de abril de 2014. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvo el diputado señor
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
-De conformidad con el acuerdo adoptado por los Comités parlamentarios, se inserta el siguiente discurso del diputado informante no pronunciado en la Sala:
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, honorables diputadas y diputados:
Me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que tiene por objeto modificar el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 20.342 que crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas que indica para los funcionarios del servicio de registro civil e identificación.
El proyecto fue iniciado en mensaje de S.E la Presidenta de la República y tiene por idea matriz o fundamental ajustar los montos que perciben los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación por concepto de la bonificación contemplada en la ley N° 20.342 en consideración del aumento y diversificación de las funciones que desempeña dicha repartición pública.
En concreto, a través del artículo único del proyecto se sustituye el inciso primero del artículo segundo de la ley N° 20.342, reemplazando la cifra de $ 813.600 (ochocientos trece mil seiscientos pesos) que es la que a la fecha reciben por concepto de bonificación, por la de $ 1.050.000 (un millón cincuenta mil pesos). El mayor gasto que implique dicha iniciativa se hará con cargo al presupuesto del Servicio de Registro Civil e Identificación y el aumento regirá desde el 1 de enero de 2014.
Durante el debate se contó con las exposiciones del señor Ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez ; de la Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, señora Claudia Gallardo y de la Presidenta de la Asociación de empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación, señora Nelly Díaz Delgado , todos quienes estuvieron contestes con los argumentos y fines del proyecto.
Destaco el hecho de que el Servicio de Registro Civil e Identificación, es uno de los pocos servicios, junto con la Caja de Crédito Prendario, que no solo obtiene recursos que superan sus costos, si no que, además, genera ganancias para el Estado. Además, subrayo que es uno de los servicios con más alto reconocimiento, en las encuestas anuelaes, por la ciudadanía, en porcentajes que oscilan entre el 80 y 90 por ciento
Dado que esta iniciativa corresponde al justificado reconocimiento que merecen los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación y a la labor que día a día desempeñan a los largo del país, es que la Comisión de Hacienda propone a esta Cámara la aprobación del proyecto que informo.
He dicho.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
SOLICITUD A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PARA GESTIONAR ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNA SOLUCIÓN AL SECUESTRO DE MENORES DE EDAD EN NIGERIA (Preferencia)
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Por acuerdo de los Comités parlamentarios, corresponde conocer con preferencia el proyecto de resolución N° 52.
El señor Secretario va a dar lectura a su parte dispositiva.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución N° 52, de los diputados señores Felipe de Mussy, Vlado Mirosevic, Pepe Auth, Joaquín Godoy, Tucapel Jiménez, de la diputada señora María José Hoffmann; del diputado señor Patricio Melero, de la diputada señora Daniella Cicardini, del diputado señor Giorgio Jackson y de la diputada señora Karla Rubilar, cuya parte dispositiva señala:
Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que realice las gestiones al más alto nivel principalmente en Unicef y ONU Mujer, a objeto de que tales organismos internacionales adopten las medidas conducentes para la pronta solución de este repudiable acontecimiento.
El señor CORNEJO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe de Mussy.
El señor DE MUSSY .- Señor Presidente , este proyecto de resolución busca que nuestro país, a través de la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , señale, fuerte y claro, su repudio a lo que está sucediendo en Nigeria.
Los conocimientos y contactos de la Primera Mandataria como expresidenta de ONU Mujer pueden ayudar a que esa entidad dé con el paradero de las menores de edad secuestradas en Nigeria.
Recordemos que hace tres semanas un grupo fundamentalista islámico llamado Boko Haram , creado hace alrededor de diez años en Nigeria, y que solo este año ha provocado la muerte de más de 1.500 personas, secuestró a más de 200 jóvenes de entre 16 y 18 años. El objetivo del secuestro es destinar a esas personas a la trata de blancas y la esclavitud. De hecho, ya se ha sabido que algunas de ellas han sido vendidas en su propio país por solo doce dólares.
Este tipo de hechos suceden en África. Tuve la oportunidad de recorrer durante mucho tiempo distintos países de ese continente y puedo señalar que lo ocurrido en Nigeria es una dolorosa realidad.
La presión internacional es fundamental para revertir la situación. Este proyecto de resolución no tiene colores políticos. Espero que Chile siempre sea apreciado internacionalmente como un país que se opone a este tipo de situaciones.
La Presidenta Bachelet tiene grandes contactos y conocimientos sobre la materia. Espero que con mucha fuerza y energía la Organización de las Naciones Unidas entregue la ayuda y se produzca la presión necesaria para que este tipo de situaciones no se repitan en Nigeria u otros países.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, quiero adherir a este proyecto de resolución.
Lo que está sucediendo en Nigeria, aunque dicho país se encuentra muy alejado de Chile, de todas maneras nos afecta, porque se encuentran involucradas menores de edad.
Nadie puede quedar al margen de una protesta mundial o de una intervención en relación con ese hecho.
A través de este proyecto de resolución recurrimos a los buenos oficios de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales para afrontar esta dolorosa situación. Se trata de una acción repudiable, que va en contra de los derechos humanos y en contra de todos los principios de la humanidad. Es inaceptable que en pleno siglo XXI se produzca este tipo de hechos.
Mi bancada no tiene fundamentos en contra para rechazar este proyecto de resolución; por el contrario, estamos absolutamente de acuerdo con sus considerandos. Hablo no solo como integrante de la bancada del partido Demócrata Cristiano, sino como integrante de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, de la cual soy su Presidente , instancia que analiza la situación de los niños y los problemas que los afectan.
Por eso, anuncio que votaré favorablemente el proyecto de resolución.
He dicho
El señor CORNEJO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
PROGRAMA ESPECIAL DEL INDAP PARA PERÍODO PRIMAVERA-VERANO A FIN DE ENFRENTAR ESCASEZ HÍDRICA
El señor CORNEJO ( Presidente ).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución N° 36, de los diputados señores Alejandro Santana, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb, Patricio Vallespín, Iván Fuentes, Sergio Ojeda, Gonzalo Fuenzalida, Germán Verdugo, David Sandoval y señora Alejandra Sepúlveda, cuya parte dispositiva señala lo siguiente:
En mérito de lo expuesto y con el objeto de ejercer las facultades que me confiere el artículo 52, número 1, inciso primero de la letra a) de la Constitución Política, en orden a adoptar acuerdos o sugerir observaciones sobre los actos del Gobierno, se solicita:
I. Decretar programa especial de Indap en el período primavera-verano, dado que es donde se ve mayormente afectado el mundo de la agricultura por la problemática en comento. Esto hace relación a que se realice inicialmente una evaluación de la actual situación y una proyección de los daños mayores que podrían ocurrir en el evento de que las condiciones climatológicas se mantengan en los ciclos de tiempo y abrir una línea de apoyo crediticio especial para pequeños agricultores y en paralelo a los 835 millones de pesos que informó el subsecretario de Agricultura que se liberarán en los próximos meses.
II. Se analice la posibilidad de que por parte del Ministerio de Agricultura se desarrolle con mayor énfasis los concursos enmarcados en la Ley Nº 18.450, fomentando la construcción de pozos profundos y así permitir paliar en el futuro los efectos de eventuales sequías.
III. Si bien el decretar emergencia agrícola es materia competente al Ministerio de Agricultura, se solicita al delegado presidencial para la escasez hídrica, Reinaldo Ruiz, desarrollar planes de mitigación de impacto con los servicios púbicos pertinentes, para efectos de asegurar inicialmente las cuotas de consumo humano en las comunas afectadas y por cierto pequeños agricultores que tienen problemas con el riego y forraje para sus animales.
IV. Por parte de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) se solicita transparentar los planes de distribución de agua para consumo humano en camiones aljibe a efectos de tener constancia si aquello cubre la demanda solicitada o cubre focos pertinentes, teniendo presente que los recursos se entregan en la medida en que los municipios lo requieran.
V. Si bien existe un Programa Nacional para la conservación de humedales, este solo afecta a los que se encuentran insertos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para lo cual se solicita que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) expanda su ámbito de acción a otros terrenos, para efectos de proteger aquellos humedales y por cierto las turberas compuestas por el denominado pompón (Sphagnum magellanicus) en vistas a que este tiene la particularidad de mantener grandes cantidades de agua en tiempos de sequía.
VI. Vinculado al punto anterior, se solicita que Conaf realice mayor fiscalización a los planes de manejo que se realizan en los sectores rurales en virtud a la gran presencia de eucaliptus en la zona e incentive alternativas de forestación para pequeños y medianos propietarios por medio del Decreto Ley Nº 701 y sus posteriores modificaciones.
VII. Solicitar al Ministerio de Hacienda, si así se requiere, los recursos necesarios para implementar los puntos anteriormente mencionados.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señor Presidente , valoro y agradezco a los parlamentarios de las distintas bancadas que han entendido que los problemas hídricos no solo afectan a las regiones del centro o de la zona norte, sino también a la zona sur austral. De hecho, hace un par de semanas aprobamos un proyecto vinculado con la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, respecto del cual se solicitó declararla en emergencia agrícola por los serios problemas que enfrenta en esta materia.
Por otra parte, más de 28.000 personas debieron ser abastecidas con camiones aljibe en la Región de Los Lagos. En la provincia de Chiloé, 22 sectores fueron abastecidos de agua para consumo humano durante el verano. Todo esto representa un costo significativo para la Onemi. El problema ha generado grandes efectos en el consumo humano y en la agricultura.
Hace un par de días se realizó un seminario sobre la escasez hídrica en la comuna de Ancud, en el que participaron expertos, profesionales, agricultores y gente que ha vivido en carne propia esta crisis, en el que se pidió al Congreso Nacional y al Ejecutivo no actuar en forma reactiva, como suele suceder.
Por eso, en el entendido de que esta crisis hídrica ha llegado para quedarse por un buen tiempo, con este proyecto de resolución se pide al Gobierno que el Indap se prepare para la época de primavera-verano; que se fomente la construcción de pozos profundos, a través de la ley N° 18.450; que el delegado presidencial, don Reinaldo Ruiz , interactúe con los distintos servicios públicos para llevar a cabo acciones preventivas y proactivas; que, por el alto costo que significa el desplazamiento de los camiones aljibe en toda la región, la Onemi transparente esta solicitud y los costos vinculantes; que la Conaf practique la supervigilancia en los humedales y turberas, sobre todo en la administración de los planes de manejo de eucaliptus, cuya forestación consume grandes caudales de agua, y que el ministro de Hacienda incorpore un ítem en el Presupuesto de la Nación para hacer frente a esta crisis hídrica, que, repito, llegó para quedarse.
Como existe conciencia sobre este problema de parte de los parlamentarios de diversas regiones y de diferentes bancadas, solicito la aprobación de este proyecto de resolución por amplia mayoría, porque va en ayuda de quienes están sufriendo la escasez de agua. Sin duda, la gente valorará que el Estado se interese por su problema, porque esto está afectando a miles y miles de personas de muchas regiones.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , hace algunas semanas, en esta Cámara aprobamos un proyecto de resolución, firmado por la diputada Andrea Molina , miembro de la Comisión de Recursos Hídricos, y varios otros diputados, mediante el cual se pedía la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en el entendido de que la Dirección General de Aguas es la institución que hoy atiende estos temas. Esa iniciativa me pareció correcta y fue apoyada por amplia mayoría.
La sequía, la falta del recurso agua, afecta a todo Chile, y vino para quedarse. Parece increíble, pero es así. La Región de Aysén está siendo atendida con camiones aljibe para asegurar el suministro de agua. Por ello, es necesario tomar muy en serio este tema, para tratar de enfrentarlo de una manera adecuada. Deberíamos legislar sobre el Código de Aguas y plantearnos una reforma constitucional sobre el agua.
El ejemplo que nos da el apoyo transversal a este y otros proyectos de resolución, que mi bancada también aprobará, nos indica que deberíamos legislar sobre estos temas, a fin de enfrentar el problema como corresponde.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Se abstuvieron los diputados señores:
Jackson
EXENCIÓN DE IVA A IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS DE CHILE
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución Nº 37.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución Nº 37, de los diputados señores Daniel Farcas, Gabriel Silber, Fernando Meza, Carlos Abel Jarpa, Cristián Campos, Leopoldo Pérez, señoras Loreto Carvajal y Yasna Provoste, y señores Gaspar Rivas y Felipe Ward, que en su parte dispositiva expresa:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República hacer el esfuerzo necesario y urgente, y envíe a la brevedad posible un proyecto de ley que exima del pago de IVA a las importaciones de bienes sin carácter comercial para equipamiento del Cuerpo de Bomberos de Chile, tales como vehículos y cualquier tipo de equipamiento tecnológico que permitan la correcta ejecución de la labor que desempeña esa institución.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para intervenir a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas.
El señor FARCAS.- Señor Presidente , agradezco a las señoras diputadas y los señores diputados que han adherido a este proyecto de resolución, al igual que al diputado Marcos Espinosa , quien ha desarrollado todo un esfuerzo para tratar de incluir este objetivo en la reforma tributaria.
La labor que realiza Bomberos a lo largo del país -varios colegas han sido no solo testigos, sino también protagonistas de ella, como los diputados Silber y Ulloa- es realmente notable y muy rescatable desde el punto de vista del servicio público.
Me parece de toda justicia, entonces, que se le entreguen los elementos indispensables para que desarrolle sus tareas, que no solo consisten en enfrentar catástrofes, como la que afectó a Valparaíso a raíz del último incendio, sino que también implica realizar una labor profesional que involucra distintos ámbitos.
Por lo tanto, con mucha fuerza, pido a los señores diputados que apoyen el proyecto de resolución. Espero que, en el futuro, también se incluyan otros elementos que hagan la vida más fácil a esos chilenos y chilenas que entregan parte de su tiempo, en forma voluntaria, para protegernos de distintos desastres y dificultades.
A los que no lo saben, les informo que, en la actualidad, Bomberos también cumple la labor de rescate de personas cuando ocurren, por ejemplo, accidentes automovilísticos, inundaciones u otros desastres que pueden producirse en el norte, en el centro o en el sur del país, labor que muchas veces no es retribuida ni siquiera con un “muchas gracias” por parte los ciudadanos.
Debemos valorar la tarea que cumple Bomberos de Chile y rescatar su noble espíritu de servicio público. En atención a ello, creo que debemos dotar a dicha institución de mayores recursos y se requiere adoptar una decisión esencial: eximir del pago de IVA a los vehículos y elementos tecnológicos que debe importar desde otros países.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , he suscrito este proyecto de acuerdo de mi colega Daniel Farcas , por cuanto considero que, en el marco de la discusión de la reforma tributaria, es indispensable corregir algunas situaciones que afectan a los cuerpos de bomberos del país.
En este caso, se trata de su obligación de importar maquinaria y equipamiento para cumplir un buen servicio. Sin embargo, en la actualidad sufren de restricciones para adquirir insumos y equipamiento, pues cuando los importan deben pagar el IVA, además de los derechos de internación. De manera que, para desaduanar y dejar operativo un carro bomba, cuyo costo es de 80 millones o 90 millones de pesos, además deben pagar alrededor de 8 millones o 9 millones de pesos, lo que complica la precaria situación financiera de Bomberos para realizar ese trámite con celeridad.
Por tales razones, mediante este proyecto de resolución solicitamos a su excelencia la Presidenta de la República que exima del pago del IVA a las importaciones que efectúe el Cuerpo de Bomberos de Chile, especialmente en el caso de los carros bomba y equipamiento.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, ofreceré la palabra a la diputada señora Yasna Provoste.
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
Álvarez
VII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE GRADO DE MONITOREO, PLANES DE CONTINGENCIA Y POTENCIALES RIESGOS DE FALLA LIQUIÑE-OFQUI (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete.
El señor POBLETE.- Señor Presidente , en terminología geológica, una falla se entiende como una fractura de la corteza terrestre con un movimiento relativo de los bloques a ambos lados de la fisura. En nuestro país tenemos alrededor de diez fallas importantes. Las que presentan algún grado de riesgo son aquellas que tienen una actividad sísmica confirmada en el último tiempo.
Hoy, luego del desastre provocado por el terremoto del 2010, investigadores de distintas universidades han consensuado que cinco de ellas son las que el país debe tener más en cuenta: la de Atacama, que se extiende con orientación norte-sur por cerca de mil kilómetros entre Iquique y La Serena; la de San Ramón, que corre al pie de la precordillera, frente a Santiago, por alrededor de 30 kilómetros; la de Pichilemu, que pasa, por algunas decenas de kilómetros, por las cercanías del balneario del mismo nombre; la de Magallanes-Fagnano, que tiene 800 kilómetros en la región austral. Por último, tenemos la falla Liquiñe-Ofqui, que se extiende a lo largo de la cordillera de los Andes por alrededor de 1.200 kilómetros en sentido norte-sur, desde el volcán Copahue, en Alto Biobío, hasta el golfo de Penas, en Aysén. Esta es, sin duda, la más extensa de todas y, según informes recientes de sismólogos y geólogos, se encuentra activa. De hecho, es sindicada como responsable del terremoto de 2007 en Aysén y de la erupción del volcán Chaitén .
Entonces, la información recopilada sobre la falla de Liquiñe-Ofqui es de vital relevancia. Desde el terremoto del 27-F, los especialistas son de la opinión de incluirla a la brevedad para tomar los resguardos necesarios e instruir a los ciudadanos sobre los riesgos de erigir construcciones sobre ella o en sus inmediaciones.
Por lo tanto, tenemos especial preocupación por la represa de Ralco, en Alto Biobío, que es compartida por las autoridades locales, porque, ante la eventualidad de una catástrofe, ni siquiera existe un plan de contingencia.
Una política preventiva al respecto puede salvar muchas vidas, evitar muchos daños y ahorrar gran cantidad de recursos. Es hora de que, como país, nos hagamos cargo del tema.
En consecuencia, pido que se oficie a la ministra de Minería , con copia al director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), con el objeto de que nos informen sobre el grado actual de monitoreo de la falla Liquiñe-Ofqui en el sur del país.
Además, solicito que se oficie al señor ministro del Interior y Seguridad Pública , con copia al director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), a fin de que nos informen sobre los planes de contingencia y sobre los riesgos que existen respecto de dicha falla geológica.
Por último, pido que se remita copia de estos oficios a los alcaldes del sector Biobío Cordillera, señores Claudio Solar, de Antuco ; Nivaldo Piñaleo, de Alto Biobío ; Daniel Salamanca, de Santa Bárbara ; Jorge Rivas, de Mulchén ; Rolando Tirapegui , de Quilaco, y Esteban Krause , de Los Ángeles.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su seño-ría, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que levantan su mano, de los cuales Secretaría toma debida nota.
INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DEEDIFICIO ABANDONADO EN COMUNA DE ÑUÑOA (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Maya Fernández.
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya) .- Señor Presidente , en Ñuñoa, que pertenece al distrito Nº 21, que represento, se comenzó a construir una clínica para la comuna cuando quien habla era concejala. Dicha obra contempló una inversión inicial de 5.000 millones de pesos del presupuesto del municipio, es decir, de todos los ñuñoínos.
El edificio que albergaría a la clínica fue construido, pero desde hace tres años se encuentra totalmente vacío y se ha convertido en una especie de elefante blanco, y no se sabe qué va a pasar con él; además, se encuentra ubicado junto al colegio República de Siria.
Por lo tanto, pido que se oficie al alcalde de Ñuñoa , con el objeto de que nos informe respecto del costo de construcción, mantención, limpieza, guardia y administración de ese edificio, que actualmente no presta ningún servicio a la comunidad de Ñuñoa.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que alzan su mano y de los cuales la Secretaría toma debida nota.
INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN DE VECINOS DE CURACAVÍ A SUBSIDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO (Oficios)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , en Curacaví y en otros lugares de mi distrito hay serios problemas respecto de los programas de construcción de vivienda en sitio propio, sobre todo en el mundo rural, donde generalmente la distancia entre un sitio y otro es de alrededor de 500 metros a 1 kilómetro, por lo cual no hay constructoras que se interesen en construir en tales territorios.
En Curacaví, durante los últimos cuatro años la EGIS municipal ha mantenido expectante a un grupo de personas que ha tratado de buscar una solución para saber realmente si dicha entidad ha enviado las postulaciones al Serviu, ya que en este servicio no aparecen, pero el municipio afirma que sí fueron remitidas. Esas treinta personas, que han tratado de alcanzar su casa definitiva desde hace años -algunas durante cuatro años y otras por más tiempo-, están pasando momentos muy difíciles, sobre todo si consideramos que pronto llegará el invierno y muchas de ellas viven en mediaguas o de allegadas en las casas en que les han permitido instalarse.
Por lo tanto, solicito que se oficie al alcalde de Curacaví , a fin de que me informe sobre la real situación de ese comité, llamado “Calidad de vida mejor”, cuya presidenta es la señora Marianela Durán , que, al parecer, no tiene mejor calidad de vida. Asimismo, quiero saber qué solución se les entregará y si efectivamente se han realizado los trámites correspondientes en el Serviu para que en algún momento puedan tener su vivienda definitiva.
Además, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al director del Serviu de la Región Metropolitana , a fin de solicitarles que revisen los subsidios dirigidos al sector rural, ya que fueron medidos, sobre todo durante el último gobierno, con la misma vara con que se miden los destinados al sector urbano. Sin embargo, se les hacen exigencias adicionales que impiden que esas personas puedan obtener sus viviendas.
Me gustaría tener una respuesta clara sobre lo que está sucediendo con las viviendas en el mundo rural.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que levantan la mano.
INFORMACIÓN SOBRE NIVELES DE REPARACIÓN Y EVALUACIÓN DESOLUCIÓN DEFINITIVA A PERSONAS ENCARCELADAS DE MANERA INJUSTA (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar.
El señor SALDÍVAR .- Señor Presidente , quiero plantear un asunto de orden más general, pero no por eso menos profundo y de honda sensibilidad.
Al revisar antecedentes respecto de las cuentas del Ministerio Público, me he percatado de que ha ido creciendo el número de personas encarceladas injustamente en nuestro país durante los últimos años. Esa situación me preocupa, porque se relaciona con la condición de nuestro país, que avanza en el perfeccionamiento de su democracia y que necesariamente debe mostrarse como una nación que alcanza mejores estatus en su condición de país civilizado, lo cual no nos puede dejar indiferentes.
Entiendo que el año pasado fueron más de ochocientas las personas que estuvieron hacinadas en cárceles de manera injusta; por lo tanto, ellas necesitan -el país lo debe- una reparación. A mi juicio, esa situación no puede continuar así; la tendencia debiera ir exactamente en sentido contrario.
Hace pocos minutos fuimos testigos de un debate sobre un proyecto que busca endurecer las penas y las sanciones. Pero el complejo mundo carcelario y la intrincada normativa relacionada nos han demostrado que debemos continuar perfeccionando todo el sistema en su conjunto, porque, de lo contrario, nuestro país, que debiera avanza hacia un mejor estatus civilizatorio, se seguirá enfrentando a situaciones como la descrita, las que son muy lamentables. El hecho de que en Chile más de ochocientas personas hayan estado encarceladas de manera injusta no se condice con ningún parámetro.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Justicia , para que indague y nos informe sobre cuántas de esas personas han sido suficientemente reparadas en su dignidad, cuántas han cobrado las indemnizaciones que les corresponde, de acuerdo con lo que establece la ley, y de qué manera se está pensando en buscar una solución definitiva a una problemática tan aguda, profunda y humana como esa.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN AERÓDROMO LA FLORIDA, COMUNA DE LA SERENA, Y SOBRE LICITACIÓN DE FUTURO AEROPUERTO EN TONGOY, COMUNA DE COQUIMBO (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , durante los últimos días, el aeródromo La Florida, ubicado en La Serena, se ha visto afectado por la cancelación de numerosos vuelos provenientes principalmente de Santiago y de otras ciudades del país, lo que ha provocado un serio problema de conectividad aérea y de reprogramación de vuelos para cientos de pasajeros en ese terminal aéreo. Esa situación, que no es nueva, ya que se ha venido repitiendo durante los últimos años, reaviva el debate sobre la construcción del aeropuerto de Tongoy, proyecto que se inició bajo el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet , con el trámite de las expropiaciones.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , señor Alberto Undurraga , con el objeto de que nos informe cómo la Dirección de Aeropuertos y la Dirección General de Aeronáutica Civil resolverán la situación de conectividad en el corto plazo, debido a la cancelación de vuelos por factores climáticos y de visibilidad en el aeródromo La Florida y, al mismo tiempo, sobre el estado en que se encuentra la licitación del futuro aeropuerto en la localidad de Tongoy, comuna de Coquimbo.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que están levantando la mano.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO DURANTE LOS FINES DE SEMANA (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky.
El señor PILOWSKY .- Señor Presidente , hace algunos días, la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , anunció la creación de treinta nuevos centros deportivos integrales y la implementación del programa Escuelas Deportivas, compromiso que estaba dentro de las 56 medidas de los primeros cien días de gobierno. Tales medidas no solo apuntan a contar con mayor y mejor infraestructura, sino también a incorporar planes y programas que permitan que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar actividades deportivas.
El deporte es una actividad que favorece al bienestar de las personas, previene importantes problemas de salud y posibilita la integración social de quienes lo practican. De ahí la importancia de contar no solo con infraestructura de calidad, sino también con espacios públicos y áreas verdes accesibles a todos para el desarrollo seguro de las actividades deportivas.
En ese contexto, quiero reiterar la petición que realicé en forma escrita, en marzo de 2014, a la ministra de Vivienda y Urbanismo, de quien depende el Parque Metropolitano Cerro San Cristóbal, a fin de que su director adopte las medidas que correspondan para practicar deportes de manera segura en ese lugar, durante los fines de semana y festivos, como prohibir, en un horario determinado -por ejemplo, de 8 a 14 horas-, la circulación de vehículos particulares. Considero que esta medida, compartida por diversas organizaciones ciudadanas, como El Quinto Poder, es una forma de resguardar la seguridad de muchas personas, de distintas condiciones socioeconómicas, que han decidido ocupar ese espacio público como un área prioritaria para practicar deportes y realizar actividades recreativas al aire libre.
En la actualidad, los vehículos particulares comparten las mismas vías con muchos ciclistas, corredores y todo tipo de público de diferentes edades e intereses, los cuales transitan para acceder a los diferentes espacios que este hermoso parque ofrece a sus visitantes.
También proponemos la implementación de una alternativa de transporte para los discapacitados, adultos mayores o personas con necesidades especiales, para que su acceso sea garantizado por la autoridad. Queremos fomentar la vida sana y el deporte de manera segura para todas las personas.
Por ello, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que adopte las medidas necesarias para que los sábados y domingos no se permita el tránsito de automóviles por el Parque Metropolitano.
Finalmente, solicito que se envíe copia de esta intervención al intendente de la Región Metropolitana y a los alcaldes y concejales de las comunas de Santiago, Providencia, Recoleta , Huechuraba , Vitacura y, en particular, La Reina y Peñalolén, comunas que pertenecen al distrito que represento, como también a los representantes de la comunidad El Quinto Poder, que están realizando una campaña en tal sentido.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo expresan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE CONVENIOS DOCENTE-ASISTENCIALES VIGENTES EN REGIÓN DE O’HIGGINS (Oficios)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo.
El señor ESPEJO.- Señor Presidente , existe una larga tradición de cooperación entre las universidades y los centros hospitalarios, lo que es fundamental para la formación de los estudiantes, para la mejor atención de los pacientes y para el desarrollo de la investigación. Pero el sistema hoy se encuentra cuestionado.
Por un lado, la multiplicación de instituciones de educación superior que ofrecen carreras en el área de la salud presiona sobre los establecimientos de salud para disponer de campos clínicos para los estudiantes y, por otro, la precariedad de la red asistencial impide gestionar con éxito esos programas docente-asistenciales.
Esos convenios son extraordinariamente importantes en regiones. En la de O´Higgins, como probablemente en las regiones que representan otros colegas, la capacidad de contar con especialistas, de atraer a profesionales de las diversas áreas de la salud o de fortalecer la gestión de los hospitales o de los centros de salud está íntimamente ligada a la posibilidad de que la relación entre los centros de educación superior y la red hospitalaria funcione.
Los vecinos de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, que se atienden en los hospitales de Santa Cruz, de Pichilemu, de Litueche, de Lolol y de Marchigüe necesitan un sistema de colaboración entre las universidades y la red de salud.
Felicito el esfuerzo que está realizando el Ministerio de Salud, especialmente la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para revisar los actuales convenios docente-asistenciales.
Por ello, pido que se oficie a la ministra de Salud para que informe sobre la totalidad de los convenios docente-asistenciales vigentes que se aplican en la Región de O´Higgins, el estado de cada uno de ellos, su evaluación, con indicación de las medidas que se adoptarán en la región para superar la crisis.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención al gobierno regional y a los alcaldes y concejos de las comunas de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
REFORZAMIENTO DE PERSONAL EN SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE JUSTICIA DE REGIONES DE LOS LAGOS, DE AYSÉN Y DE MAGALLANES (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , quiero plantear una situación que afecta a la Región de Los Lagos y, hasta donde entiendo, también a la de Aysén y de Magallanes, en las que existen secretarías regional ministeriales de Justicia con una precariedad de personal significativa, de la que el gobierno anterior no se hizo cargo. Normalmente, en sus dependencias solo vemos al seremi de Justicia y a su secretaria, lo cual limita absolutamente el desarrollo de las actividades de los servicios vinculados a esa secretaría regional ministerial.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Justicia y a su subsecretario a objeto de que nos expliquen la razón de esa precariedad de personal, que, a mi modo de ver, limita la gestión en territorios tan vastos como las regiones de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes. A mi juicio, debiera fortalecerse la capacidad de gestión regional; de lo contrario, no podemos exigir que un profesional, apoyado solo por su secretaria y sus circunstancias, lidere la secretaría regional de una cartera tan significativa para el país.
Espero que el ministro y su subsecretario no solo nos respondan el porqué de la situación, sino que refuercen esas unidades con profesionales, con encargados de comunicaciones, etcétera, toda vez que la actual deficiencia de personal hace muy difícil hasta la más mínima gestión.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
PREOCUPACIÓN POR ATRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CAICAÉN-CALBUCO, REGIÓN DE LOS LAGOS (Oficio)
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , por otra parte, en la comunidad de Calbuco hay preocupación por el incumplimiento del compromiso contraído por las autoridades anteriores de pavimentar el camino Calbuco-Caicaén, obras que se iniciarían en el mes de enero de este año. Estamos en mayo y aún no hay indicios del inicio de las obras.
Fui uno de los que instó a la comunidad para que se organizara el comité pro asfalto del camino Caicaén.
He realizado las consultas pertinentes a la autoridad, pero me han dado una respuesta que me parece inaceptable. Me dijeron que la empresa encargada de la pavimentación todavía no terminaba otra faena en la Isla de Chiloé. Pero resulta que no es responsabilidad de la gente de Calbuco la ineficiencia de la constructora, que con su demora retrasa el inicio de las obras en Calbuco.
Sabemos cómo llueve en nuestra zona, de manera que en invierno es extremadamente complejo realizar obras de pavimentación. Es probable que ese retardo signifique seguir postergando la inversión.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que tome cartas en el asunto e instruya que la Dirección de Vialidad cumpla con el compromiso de pavimentar el tramo Calbuco-Caicaén. Estamos hablando de un tramo menor a 2 kilómetros; es decir, no se trata de una obra tan compleja como para que no se cumpla la palabra empeñada.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DESARROLLADOS ANTE VOLCAMIENTO DE BUS EN COPIAPÓ (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano ha sido cedido a la diputada señorita Daniella Cicardini.
Tiene la palabra su señoría.
La señorita CICARDINI (doña Daniella).- Señor Presidente , el lunes se registró un trágico accidente en la ruta C-327, Región de Atacama, cuando un bus de la empresa Buses Muñoz , que trasladaba operarios de la firma contratista Esterlac Compax , que presta servicios para la empresa CAP Minería, volcó y cayó a una quebrada de entre seis y siete metros de profundidad en el kilómetro 35 de la ruta que une mina Galleguillos con Copiapó. Diez trabajadores sufrieron heridas de diversa consideración y el conductor del bus falleció.
En relación con ese accidente, pido que se oficie al director regional del Trabajo de Atacama , al jefe de la Inspección Provincial del Trabajo de Copiapó y a la secretaria regional ministerial de Salud de Atacama , para que me informen sobre los procedimientos llevados a cabo por cada institución frente al accidente descrito y, a partir de estos, conocer las circunstancias que hicieron posible la ocurrencia del hecho, las medidas de orden, higiene y seguridad que se adoptaron antes del traslado de los trabajadores; los controles de seguridad que se realizaron antes de la ocurrencia del accidente y si el trabajador fallecido cumplía con las horas de descanso a que obliga la ley.
Particularmente, quiero conocer si se dio cumplimiento a todas las normas y exigencias que contempla nuestra legislación laboral en materia de subcontratación, toda vez que la ley contempla que debe existir una gestión integral en materia de orden, higiene y seguridad que comprende a todas las empresas involucradas en el trabajo que desempeñaba el trabajador fallecido y los demás lesionados, sin distinción alguna.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE REEVALUACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE DE EX TRABAJADORES DE COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO(Oficio)
La señora CICARDINI (doña Daniella).- Señor Presidente , en otro orden de cosas, hace cinco años se conformó una agrupación de extrabajadores de Codelco de la comuna de Diego de Almagro que fueron expuestos a ambientes contaminados con sílice mientras realizaban faenas mineras.
Por lo tanto, pido que se oficie a la superintendenta de Seguridad Social, doña María José Zaldívar Larraín , para que informe sobre el proceso de reevaluación de incapacidad permanente, al tenor de la ley N° 16.744, de ese grupo de extrabajadores, pertenecientes a la Asociación de Personas con Silicosis, extrabajadores de Codelco El Salvador, quienes han solicitado, sin resultados positivos, la resolución de la Compin Atacama que certifique definitivamente esa incapacidad permanente.
Además, solicito que, dentro del ámbito de su competencia, se arbitren las medidas que correspondan para dar término a ese proceso.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
Investigación de denuncia sobre discriminación a profesional del Servicio de Salud de Ñuble (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El Comité de Renovación Nacional ha pedido el tiempo adicional de cinco minutos a que tiene derecho toda bancada una vez cada tres semanas.
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , se comprende que todo cambio de administración, más aún cuando quienes asumen son de coaliciones distintas, traiga modificaciones en los cargos que tienen la condición de exclusiva confianza. Sin embargo, lo que no podemos compartir es el abuso y vulneración de las normas legales existentes para la administración del Estado.
A pocas horas de asumir el nuevo director de Salud de Ñuble , notificó a la subdirectora de Recursos Humanos del Servicio, señora María Rebeca Riesco Aguayo , que no iba a continuar en el cargo al cual había accedido por concurso público, pues sería destinada al hospital Herminda Martin para cumplir funciones como asesora jurídica en licitaciones y convenios con proveedores.
La destinación de que fue objeto le impidió la ayuda, que tenía hasta ese momento, de una persona de su confianza para el cumplimiento de las obligaciones del cargo, debido a la discapacidad visual que posee desde la niñez, que no ha sido obstáculo para su desarrollo profesional, el que, no obstante su juventud, es de excelencia, ya que obtuvo un promedio de 6,9 en la enseñanza media y de 6,3 en la carrera de Derecho en la Universidad de Concepción. Además, tiene un diplomado en Derecho Laboral y un magíster en Derecho Privado. Es decir, se trata de una profesional que, por su preparación, prestigia al servicio público.
Cuando ganó el concurso público, el Servicio de Salud le entregó todas las condiciones para desarrollar su labor, consistente en la adquisición de un software especial y la presentación de una asistente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la ley N° 20.422. De ello, solo le han permitido continuar con el software, pero no con la asistente, que es vital para su labor y que ella ha ofrecido pagar con sus propios recursos.
De los hechos descritos surgen varias interrogantes. Primero, ¿cómo puede una persona que padece lo que clínicamente se conoce como retinitis pigmentosa -enfermedad genética y progresiva detectada cuando tenía un año de vida y que la tiene actualmente con una visión de 4 por ciento en el ojo derecho y de 7 por ciento en el izquierdo- realizar una labor en esas condiciones, sin una persona que le lea la documentación que, en su condición de asesora jurídica, debe revisar y autorizar?
Segundo, ¿cómo puede cumplir su desempeño, en un ámbito tan delicado como el de asesora jurídica, sin el apoyo de un asistente de su confianza?
Tercero, ¿cómo vamos a derrotar la discriminación cuando, en la práctica, las máximas autoridades de servicios públicos, en este caso provinciales, tienen actitudes como la descrita?
Cuarto, ¿cómo se compatibiliza la actitud de la máxima autoridad provincial de Salud de Ñuble con lo señalado en el programa de la Presidenta Bachelet respecto de la discapacidad y la inclusión?
Por lo motivos expuestos, solicito que se oficie al contralor general de la República , a objeto de que tenga a bien determinar la legalidad del cambio de funciones y nueva destinación de la abogada señora María Rebeca Riesco Aguayo , en circunstancias de que accedió a un cargo que no es de exclusiva confianza.
Asimismo, pido que se verifique si el referido Servicio de Salud ha cumplido con lo establecido en el artículo 6º de la ley N° 20.422, y se clarifiquen los alcances para una función tan delicada como la que se le asignó.
Finalmente, solicito que esta situación se ponga en conocimiento de su excelencia la Presidenta de la República , porque me parece necesario que se informe sobre hechos como este, que van en la dirección opuesta a sus objetivos como máxima autoridad del país.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitando por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.44 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9294-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio N° 11.274/SEC/2014, de fecha 07 de mayo de 2014, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disponiendo funciones y atribuciones para el presidente del consejo regional, correspondiente al boletín N° 9294-06.
En consecuencia, devuelvo a V.E. el citado oficio de esa H. Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia .”
2. Oficio del Senado. (boletín N° 5483-12)
“Valparaíso, 7 de mayo de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha accedido a la proposición de esa Honorable Cámara de archivar los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , con el fin de permitir la participación ciudadana en los procesos de calificación de las declaraciones de impacto ambiental, correspondiente al Boletín N° 5483-12.
2) El que dicta normas sobre protección y valoración del árbol, correspondiente al Boletín N° 2.238-12.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 11.259, de 6 de mayo de 2014.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ISABEL ALLENDE BUSSI, Presidenta del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley queaumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario para losfuncionarios del servicio de Registro Civil e Identificación,establecida en la Ley N° 20.342 (boletín Nº 9288-05)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma” el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en aumentar el monto anual de la bonificación establecida en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 20.342 que “Crea una Bonificación por Calidad de Satisfacción al Usuario y Establece Normas que Indica para los Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación”.
2°) Normas de quórum
No hay
3°) Que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes señores Sergio Aguiló; Felipe De Mussy; Enrique Jaramillo; Javier Macaya; Patricio Melero; Manuel Monsalve; Matías Walker, y José Miguel Ortiz ( presidente accidental de la Comisión).
4°) Que Diputado Informante se designó al señor Enrique Jaramillo.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores:
-José Antonio Gómez, Ministro de Justicia .
-Paulina González, Jefa División Jurídica del Ministerio de Justicia.
-Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, señora Claudia Gallardo Latsague.
Por la Asociación de Empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación:
-Nelly Díaz Delgado, Presidenta Nacional .
-Sergio Castro Uribe, Vicepresidente Nacional .
-René Becerra Muñoz, Tesorero Nacional .
-Juan Manuel Muñoz Araya, Director de Bienestar .
-Yenny Oyarzún Guzmán, Secretaria Nacional.
II. ANTECEDENTES GENERALES
El mensaje expresa que la modernización del Estado supone que las distintas entidades públicas respondan con prontitud a los requerimientos de la ciudadanía, disminuyendo los tiempos de espera y desarrollando plataformas tecnológicas que satisfagan de manera más expedita y eficaz las necesidades de los ciudadanos, toda vez que el desarrollo de las actuaciones de las reparticiones estatales debe estar centrado en otorgar prestaciones de calidad a sus usuarios.
Añade el mensaje que el Servicio de Registro Civil e Identificación, en cuanto órgano que integra la Administración del Estado, no está, por cierto, al margen de tal exigencia, más aún si se tiene en consideración que, atendidas las funciones que el ordenamiento jurídico le encomienda a dicha repartición, ésta otorga diaria y masivamente una variada gama de servicios a los habitantes de nuestro país.
Es por ello que se creó un estímulo económico que se otorga anualmente a los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, según los índices de satisfacción que presentan los usuarios en relación a la calidad de la atención entregada por esa entidad estatal.
MARCO NORMATIVO ACTUAL
En efecto, en el año 2009, se aprobó y publicó la ley N° 20.342, que Crea una Bonificación por Calidad de Satisfacción al Usuario y Establece Normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación. Esa ley fue dictada con el objeto de lograr los avances necesarios en materia de modernización del Estado, teniendo entre sus ejes la entrega de servicios de mejor calidad a los usuarios que diariamente concurren a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, y la instauración de una nueva política salarial en la Administración del Estado, en donde los incentivos a sus funcionarios están directamente ligados a la calidad de la atención que se presta a los usuarios.
Así, es en el contexto reseñado que el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 20.342, dispone que “El monto anual que corresponderá a cada funcionario por concepto de la bonificación será el equivalente en unidades de fomento a $813.600, valor que incluye el bono compensatorio a que se refiere el artículo siguiente. Para estos efectos se considerará la unidad de fomento vigente al 31 de enero de 2009. La expresión en unidades de fomento se efectuará considerando dos decimales.”.
FUNDAMENTO DE LA MODIFICACIÓN
El mensaje considera que el monto de la bonificación establecida en la ley N°20.342, fue fijado el año 2009, resulta necesario efectuar un ajuste a dicho monto, en atención al cambio de escenario que han debido enfrentar los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación durante los últimos cinco años, lo cual ha significado que éstos deban efectuar un esfuerzo adicional para poder cumplir y mantener un buen nivel en lo que respecta a la calidad de las prestaciones que otorgan a los usuarios.
El mensaje señala que distintas leyes han aumentado y diversificado las funciones que corresponde desempeñar al Servicio de Registro Civil e Identificación. Ello ha traído aparejado un incremento considerable del número de actuaciones que dicho Servicio debe desarrollar, tanto en relación a las personas como a sus bienes, alcanzando un volumen que supera los cuarenta millones de actuaciones al año.
El mensaje añade que este aumento en la cantidad de las funciones del Servicio de Registro Civil e Identificación y el consecuente incremento de su nivel de actividad, requiere de un aumento del monto de la bonificación en comento, de modo de acrecentar los incentivos para que los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación proporcionen una atención con altos estándares de calidad a sus usuarios.
Destaca que esta iniciativa legislativa es producto de un acuerdo con la Asociación de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (ANERCICH), obtenido a través del diálogo social, en la búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos y diferencias, entendiendo que la mejoras en la gestión institucional es una actividad que se realiza en colaboración con los distintos actores que forman parte del quehacer del Servicio. Precisa el mensaje que se realizó una mesa de trabajo que abordó, entre otras materias, la bonificación establecida en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 20.342, en dirección a su modernización. Fruto de los acuerdos de esta mesa es la presente iniciativa legal, la que, en definitiva, propone un aumento del monto de dicha bonificación.
Estructura y contenido del proyecto
El proyecto consta de un artículo único, y dos artículo transitorios.
El artículo único lo que hace es sustituir el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 20.342, que Crea una Bonificación por Calidad de Satisfacción al Usuario y establece normas que Indica para los funcionarios del servicio de Regsitro Civil e Identificación, que básicamente consiste en elevar el monto de la bonificación de $ 813.600 (ochocientos trece mil seiscientos pesos) a $ 1.050.000 (un millón cincuenta mil pesos).
Por su parte el artículo primero transitorio señala que el mayor gasto que significa este aumento durante el año 2014 se financiará con cargo al Presupuesto del Servicio de Registro Civil e Identificación, sin perjuicio que el Ministerio de Hacienda pueda suplementar dicho presupuesto con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.
l artículo segundo transitorio, señala que el monto a que se refiere el artículo único, regirá a partir del 1 de enero de 2014.
Disposiciones legales que se modifican por el proyecto
Modifica la ley N° 20.342, que Crea una Bonificación por Calidad de Satisfacción al Usuario y Establece Normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Antecedentes presupuestarios y financieros
El informe financiero señala que el mayor costo al incrementar el monto de la asignación, año 2014, será de 468.130 (miles de $). Agrega que el mayor gasto que irrogue el proyecto de ley durante el año 2014 se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación y en lo que faltare, con cargo a la partida Tesoro Público.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO
Los señores Diputados formularon diversas consultas recogidas en las siguientes exposiciones.
El señor José Antonio Gómez ( Ministro de Justicia ) manifestó que este proyecto aumenta un bono por calidad de satsifacción al usuario, establecido para el Servicio de Registro Civil e Identificación, en la ley N° 20.342. Agrega que el Servicio siempre ha entregado una alta satisfacción al usuario, lo cual ha sido reconocido y que si bien hubo dificultades, los funcionarios han entregado su fuerza para tener una gran calidad. Agregó que el Servicio requiere una modernización de su sistema de entrega de información (adexus). Estima que los problemas informáticos experimentados en fechas recientes se debieron, entre otras posibles causas, a que se adelantó seis meses la puesta en marcha del sistema (licitado por la empresa Morfo) y que no se hizo participar a los funcionarios.
La señora Nelly Díaz ( Presidenta Nacional de la Asociación de Empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación) manifestó su satisfacción por el reconocimiento que implica este proyecto de ley y se refirió a alto reconocimiento que los chilenos han dado al servicio en virtud de distintas encuestas, que oscilan entre un 92 y 80 por ciento, aproximadamente.
La señora Claudia Gallardo ( Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación) destaca el alto grado de compromiso que siempre han tenido los funcionarios del Servicio y destaca el hecho de que las funciones que legalmente le competen han aumentado un 36% versus un aumento del 5% del número de funcionarios. Destaca que la idea es no solo normalizar el Servicio si no modernizarlo.
Votación en general
Sometido a votación en general, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Sergio Aguiló; Felipe De Mussy; Enrique Jaramillo; Javier Macaya; Patricio Melero; Manuel Monsalve; Matías Walker, y José Miguel Ortiz ( presidente accidental de la Comisión).
Votación en particular
Sometido a votación en particular, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Sergio Aguiló; Felipe De Mussy; Enrique Jaramillo; Javier Macaya; Patricio Melero; Manuel Monsalve; Matías Walker, y José Miguel Ortiz ( presidente accidental de la Comisión).
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN
No hay
V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD
No hay.
VI. TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 20.342, que “Crea una Bonificación por Calidad de Satisfacción al Usuario y Establece Normas que Indica para los Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación”, por el siguiente:
“El monto anual que corresponderá a cada funcionario por concepto de la bonificación será el equivalente en unidades de fomento a $1.050.000, valor que incluye el bono compensatorio a que se refiere el artículo siguiente. Para estos efectos, se considerará la unidad de fomento vigente al 1 de enero de 2014. La expresión en unidades de fomento se efectuará considerando dos decimales.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero transitorio.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2014 se financiará con cargo al presupuesto del Servicio de Registro Civil e Identificación. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos.
Artículo segundo transitorio.- El monto a que se refiere el artículo único de esta ley regirá partir del 1 de enero de 2014.”.
-o-
Tratado y acordado en sesión de fecha 7 de mayo de 2014, con la asistencia de los Diputados señores Sergio Aguiló; Felipe De Mussy; Fuad Chaín (por el señor Lorenzini); Enrique Jaramillo; Javier Macaya; Patricio Melero; Manuel Monsalve; Alejandro Santana; Marcelo Schilling; Matías Walker, y José Miguel Ortiz ( Presidente accidental ).
Además, asistió el Diputado señor Felipe Letelier.
Sala de la Comisión, a 7 de mayo de 2014.
(Fdo.): PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE, Abogado Secretario de la Comisión .”
Proyecto de acuerdo iniciado en moción de los diputados señores Ulloa,Berger, Espinosa, don Marcos; Hasbún, Jaramillo, Ojeda, Ortiz, Schilling,Trisotti y Ward que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de crear una Comisión permanente de Bomberos. (boletín N° 9337-16)
“El recientemente trágico incendio que afectó a una parte importante de los cerros de Valparaíso, dejó como corolario no sólo lamentables pérdidas materiales y un drama humano que se vive y se vivirá en los próximos años, sino que además deja importantes desafíos para las autoridades, tanto en lo que respecta al diseño de una nueva ordenación territorial y urbanística de Valparaíso (y en general de todas las grandes ciudades del país), como asimismo establecer un análisis minucioso de cuán preparados estamos frente a la ocurrencia de desastres como el acontecido en el puerto, desde una perspectiva de las instituciones encargadas de la asistencia, particularmente acerca de la labor de bomberos y otras instituciones de salvamento.
Se ha dicho, que nuestro país, que aspira al desarrollo pleno, debe contar con instituciones de asistencia capaces de apoyar eficazmente a las personas en virtud de un actuar profesionalizante que integre tecnología y capacitación de los expertos, vale decir hacer de tales instituciones mecanismos modernos que ejerzan su labor en virtud de metodologías sofisticadas y eficaces. Para lo anterior, no sólo se requiere de personas comprometidas con la labor, sino que además se requieren de políticas estatales destinadas a establecer un apoyo marco, para que tales corporaciones puedan asumir eficazmente esta importante labor.
Precisamente estos elementos constituyen la causa principal de este proyecto, en cuya virtud promueve el establecimiento de políticas, sean estas emanadas del parlamento como del ejecutivo, a través de la discusión analítica y concienzuda en una comisión especialmente destinada al perfeccionamiento de una actividad tan importante como lo es la labor bomberil en nuestro país, pero que aún no cuenta con una institucionalidad lo suficientemente consolidada.
Bajo este orden de ideas, la presente gestión parlamentaria apunta a la creación de una comisión permanente en la H. Cámara de Diputados que aborde los desafíos, falencias y aspectos referidos al cuerpo de Bomberos de Chile, como una manera de otorgarle a dicha institución de un estatus superior en el ámbito normativo e institucional a fin de acoplar las altas exigencias que Chile les demanda que la patria le asigna.
De acuerdo a lo anterior, progresivamente las autoridades, principalmente legislativas, nos hemos abocado a tratar de una manera profunda los grandes inconvenientes y falencias que actualmente atraviesa bomberos, es por ello que consideramos un paso adelante la consagración legislativa de la denominada “Ley marco de bomberos”, normativa que es fruto del esfuerzo y consenso de voluntades de la generalidad de los parlamentarios de este Congreso, en orden al establecimiento de toda una institucionalidad, que establezca los fundamentos, las bases de la orgánica institucional de esta importante asociación de personas.
Sin embargo, pensamos, que no obstante lo anterior, la realidad va incorporando nuevos desafíos a esta institución, y por lo mismo pensamos que lo adecuado es el establecimiento de una instancia mediante la cual las necesidades y desafíos que van originándose en el día a día , puedan ser debidamente canalizadas en un órgano institucional, en donde participen semana a semana, las más altas autoridades de la patria, para tratar estos relevantes asuntos que tañen a Bomberos y todo el país en general.
En ese sentido, particularmente la moción que en esta oportunidad presentarnos, dice relación con la creación de una Comisión Permanente de Bomberos, de las establecidas en el artículo 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados, erigiendo toda la temática vinculada a bomberos como asuntos de la máxima importancia, institucional y normativa.
En ese sentido el Reglamento de la Cámara de Diputados en el número 2 del artículo 1 establece plenamente esta idea el que reza que “Comisión es un organismo colegiado compuesto de un número determinado de Diputados y, excepcionalmente, por Diputados y Senadores, cuya función primordial es el estudio pormenorizado y especializado de cada uno de los proyectos de ley y de las materias que, por disposición del presente reglamento, son sometidas a su conocimiento”. Precisamente este constituye la finalidad de esta iniciativa consistente en el estudio profundo, y en comisión permanente, de cada una de las problemáticas y desafíos que reviste la función de Bomberos de Chile, y en base a lo anterior buscar los mecanismos de solución y creación normativa a fin de hacer más eficiente este relevante función pública.
Finalmente, deseamos destacar que en la práctica esta Comisión ha funcionado como tal desde el año 2000 y en condición de especial de acuerdo, al reglamento de entonces, pero con duración por todo el período legislativo en cada uno de ellos, transformándose en los hechos en una Comisión permanente.
Por tanto, en virtud de estas afirmaciones, los diputados firmantes proponemos el siguiente proyecto de ley;
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Incorpórese en el artículo 213 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados un nuevo numeral 26, de la siguiente manera: “De Bomberos”.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando, Cicardini y Núñez, doña Paulina, y de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Farcas; Jarpa; Meza; Pérez, don José; Poblete y Robles que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , con el objeto de declarar zonas excluidas de la posibilidad de desarrollar actividades o proyectos susceptibles de causar impacto ambiental. (boletín N° 9338-12)
“1. Antecedentes.
La LBGMA, fue publicada en el Diario Oficial con fecha 09 de marzo de 1994, luego de dos años de discusión parlamentaria.
Dicho instrumento legislativo tuvo origen en el Mensaje N° 387-324 de S.E. El Presidente de la República don Patricio Aylwin Azocar, con el que inicia un Proyecto de Ley, con fecha 14 de septiembre de 1992. Sesión 26, Legislatura 324.
2. Fundamentos.
El Mensaje presidencial fundamenta la dictación de la Ley en la necesidad de “Sentar las bases para una gestión ambiental moderna y realista. Sus sustentos básicos están constituidos, a nuestro juicio, en la definición de una política sobre medio ambiente, una legislación ambiental y una institucionalidad ambiental”.
La base de tales fundamentos y objetivos se encuentra en los principios que orientan su dictación, constituidos por los siguientes:
a) Principio preventivo. Pretende evitar que se produzcan los problemas ambientales.
b) Principio “el que contamina paga” fundado en la idea de que todo particular que contamina actualmente o a futuro debe incorporar a sus costos de producción todas las inversiones necesarias para evitar la contaminación.
c) Principio de Gradualismo. La intención es introducir un proceso de regulación ambiental, como un marco general por etapas.
d) Principio de la Responsabilidad. Los responsables de todo daño ambiental deben reparar a sus víctimas.
e) Principio participativo. Todos los afectados en la problemática han de concurrir en este tema ambiental.
f) Principio de la eficiencia. Las medidas adoptadas deben significar el menor costo social posible, con asignación correcta de los recursos.
3. Tipo de Ley.
Ley simple, que por su naturaleza puede tener origen en la Cámara de diputados, por no ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República ni del Senado , en los términos del artículo 65 de la Constitución Políticas de la República.
Dicho precepto legal en su inciso segundo y tercero prescribe:
Artículo 65.-
Las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener su origen en el Senado.
Corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva en los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.
Tampoco este proyecto está entre aquellos casos de los numerales 1 al 6 del mismo artículo, donde se señalan otros casos de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Artículo 63.- Sólo son materias de ley:
2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley;
Artículo 19 N° 8 de la Constitución Política.
La Constitución asegura a todas las personas:
El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;
4. Modificaciones.-
La Ley N° 20.417 de 2010, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.
5. La presente moción no puede ser firmada por más de 10 diputados, en razón de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
6. Moción Parlamentaria.
Moción de la H. Diputada Marcela Hernando Pérez. Fecha 05 de mayo de 2014.
Perfecciona la ley N° 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente (LBGMA) a fin de declarar zonas excluidas de la posibilidad de desarrollar actividades o proyectos susceptibles de causar impacto ambiental.
Vistos.-
Lo dispuesto en los artículos 1°, 19° y 63 de la Constitución Política de la República y en las Leyes N°s 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.
Considerando.-
1.- La necesidad de dotar a la administración Regional de mayores facultades al momento de determinar las zonas que bajo ningún respecto puedan ser objeto de proyectos que impliquen un costo medio ambiental, atendida la importancia que revisten desde diversos puntos de vista por ser quienes conocen la realidad local. Se concreta de esta forma el principio de participación.
2.- La importancia de ordenar en un listado único, pero no excluyente a aquellas zonas que quedan excluidas de ser objeto de actividades que puedan menoscabar su entorno ambiental, haciendo pedagógico y fácil su búsqueda, atendido su inclusión en un Registro Nacional .
La diputada que suscribe, viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Modificada por la Ley N° 20.417 de 26 de enero de 2010.
1.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 10:
a.- En la letra m) elimínense las expresiones “en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo”
b.- Suprímase la letra p)
2.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11:
a.- Suprímase en la letra d) la frase “recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares”
b. Suprímase la letra f)
3.- Incorpórese el siguiente artículo 39 bis:
“A propuesta del Gobierno Regional el Ministerio del Medio Ambiente podrá declarar todas las áreas de exclusión en las que no se permitirá bajo ningún concepto la realización de actividades o proyectos que puedan afectar medioambientalmente su entorno, detallando cada una de ellas en el Sistema Nacional de Información Ambiental Regional”.
4.- Incorpórese el siguiente artículo 39 ter:
“Las áreas de exclusión descritas en el artículo 39 bis incluirán a lo menos las siguientes:
a) Proyectos inmobiliarios que pretendan ejecutarse en zonas declaradas latentes o saturadas, “excepto aquellos proyectos que signifiquen reposición de viviendas deterioradas o destruidas”.
b) Proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles o en terrenos cubiertos de bosque nativo.
c) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial.
d) Recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares.
e) Monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”
Proyecto iniciado en moción del diputado señor Mirosevic, que “Modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, con el objeto de permitir la participación de alumnos y funcionarios en los órganos que indica de las universidades, institutos profesionales y centros deformación técnica que no han sido creados por ley”. (boletín N° 9339-04)
I. LA AUTONOMÍA, LA PARTICIPACIÓN Y LA DEMOCRACIA EN LAS UNIVERSIDADES
1.- Las universidades constituyen en Chile el corazón del desarrollo de la intelectualidad, el progreso, el ascenso social, la cultura y las artes de nuestro país. En ellas confluyen o deben confluir los ideales del ser humano libre y digno, considerándolo no sólo como un individuo al cual el conocimiento presta alguna utilidad, sino como un ser integro en donde los valores e ideas encuentran su equilibrio con el intelecto práctico.
2.- La comunidad universitaria está constituida por estamentos claramente definidos, que poseen funciones, derechos y obligaciones correspondientes a los roles de académicos, estudiantes o trabajadores. En esta peculiar sociedad cada estamento asume un papel y una responsabilidad de acuerdo con sus funciones, las cuales deben ejercerse siempre de acuerdo a los fines superiores propios de las Universidades, esto es, enseñar, investigar y difundir el conocimiento y la cultura conforme a los cánones de la razón y los métodos de la ciencia.
Es en atención a lo anteriormente expuesto que diversas universidades en el mundo, en ejercicio de su autonomía universitaria, establecen modelos de participación, en el que todos los sectores de la comunidad universitaria forman parte de sus estructuras de gobierno, del debate y la aprobación de buena parte de las decisiones fundamentales que los afectan a todos, velando siempre por cumplir con los fines propios de la correspondiente casa de estudios. Sin embargo, nuestro régimen vigente no permite esta participación.
II. EL RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE.
1.- Las Universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica constituyen uno de aquellos grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Estas se encuentran reconocidas y amparadas por la Constitución, la cual les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos (Art. 1 CPR).
2.- La libertad de enseñanza que nuestra Constitución consagra incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Esta libertad no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional (artículo 19 N° 11 CPR).
3.- Las Universidades se encuentran básicamente reguladas de dos formas: Por un lado se encuentran las universidades estatales, las cuales son creadas y reguladas por un estatuto propio que tiene rango de ley y, por otro lado, se encuentran las restantes universidades. Estas, por su parte, son reguladas y creadas de acuerdo al procedimiento previsto en el DFL N° 2 de 2009, que “fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1 de 2005”.
Esta diferencia es importante debido a que respecto de las mismas materias pueden establecerse regímenes diversos.
4.- El DFL N° 2 DE 2009 precisa el concepto de autonomía estableciendo que por él se entiende el derecho de cada establecimiento de educación a regir por si misma, en conformidad con lo establecido en sus estatutos, todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa Finalmente, precisa que la autonomía administrativa faculta a cada universidad para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuado de conformidad a sus estatutos y las leyes (Art 104).
5.- Aquellas Universidades que no son creadas por ley, deben crearse como corporaciones de derecho privado. Entre las materias que los estatutos de dichas Universidades deben, en todo caso regular, se encuentran las disposiciones que establezcan “la estructura de la entidad, quiénes la integrarán, sus atribuciones y duración de los respectivos cargos. La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas” (Art. 56 letra e). Es preciso señalar aquí que igual limitación existe respecto de los Institutos profesionales (Art. 67 letra e) y los centros de formación técnica (Art. 75 letra e).
6. Esta situación contrasta con el estatuto aplicable a las Universidades estatales, las cuales son reguladas por sus propios estatutos de rango legal. En este contexto se encuentra, por ejemplo, el Estatuto de la Universidad de Chile del cual destacamos los siguientes puntos:
a) Reconoce “la participación de sus miembros en la vida institucional, con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario” entre los principios orientadores que guían a la Universidad en el cumplimiento de su misión, inspiran la actividad académica y fundamentan la pertenencia de sus miembros a la vida universitaria, (artículo 4).
b) Hace residir en la comunidad universitaria la facultad de decidir respecto del funcionamiento, organización, gobierno y administración de la institución, la que ejercerá mediante los órganos y procedimientos establecidos en el presente Estatuto (artículo 12).
c) La dirección y la gestión recae en los órganos superiores de la Universidad (Rector, Consejo Universitario y Senado Universitario), los cuales además de impulsar el desarrollo académico institucional y de sus miembros se encargarán de normar y proyectar la Universidad, estableciendo las políticas generales, en procura del cumplimiento de su misión y de su desarrollo coherente, transversal y de excelencia.
d) Mientras que las funciones ejecutivas son ejercidas por el Rector y por el Consejo Universitario, en la forma que señalan los estatutos (Artículo 16), la función normativa de la Universidad y la tarea fundamental de establecer las políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de aquellas (Artículo 24) recae en el órgano representativo de la comunidad universitaria, esto es en el Senado Universitario (órgano que por lo demás se encuentra integrado por académicos, estudiantes y representantes del personal de colaboración en la proporción que señalan sus estatutos).
7. En orden a lo expuesto se concluye que tanto las limitaciones previstas en los artículos 56 letra e), 67 letra e) y 75 letra e) del DFL N° 2 DE 2009, como la diferencia de régimen entre las Universidades reguladas por dicho cuerpo legal y las Universidades estatales reguladas por sus estatutos propios, no encuentra justificación alguna.
En efecto, la disposición en análisis, supone una limitación que resulta incompatible con una institucionalidad autónoma que goce de la libertad de enseñanza garantizada en los términos del artículo 19 N° 11 CPR. Esto es así por cuanto:
a) La determinación del contenido de los estatutos es una decisión que le debe corresponder a los constituyentes de la Universidad. A la ley por su parte, sólo le corresponde establecer limitaciones en cuanto estas se encuentren fundadas en las únicas causales que la Constitución permite, esto es la moral, buenas costumbres, el orden público o la seguridad nacional. Ninguna de estas causales pueden justificar la limitación a la autonomía universitaria que las disposiciones en cuestión establecen.
b) La autonomía administrativa de las universidades debe facultarlas para organizar su funcionamiento de la manera que estimen más adecuada teniendo siempre como fin la búsqueda y la enseñanza de la verdad conforme a los cánones de la razón y los métodos de la ciencia. En este sentido, la participación de los estamentos de la comunidad universitaria es algo que no sólo no debiera ser prohibido sino que incluso, muy por el contrario, resulta algo que por su armonía con los principios democráticos y por su aptitud para desarrollar tanto ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad como para contribuir a la construcción de una sociedad libre, justa y equitativa, debiera ser promovido.
Por tanto
Vengo en suscribir y presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo primero: Elimínese del artículo 56 letra e) del DFL N° 2 DE 2009, que “fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del DFL N°1 de 2005” la siguiente frase :
“La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas;”
Artículo segundo: Elimínese del artículo 67 letra e) del DFL N° 2 DE 2009, que “fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del DFL N°1 de 2005” la siguiente frase:
“La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos tanto en los órganos encargados de la gestión o dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas;”
Artículo Tercero: Elimínese del artículo 75 letra e) del DFL N° 2 de 2009, que “fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del DFL N°1 de 2005” la siguiente frase:
“La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos tanto en los órganos encargados de la gestión o dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas;”