Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Francisco Chahuan Chahuan
- Camilo Escalona Medina
- Jaime Quintana Leal
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Maria Isabel Allende Bussi
- Ximena Rincon Gonzalez
- Camilo Escalona Medina
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Fulvio Rossi Ciocca
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- PERMISO
- Ignacio Walker Prieto
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- PERMISO
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
- ENMIENDA DE LEY N° 18.525, EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE LIBERTAD CONDICIONAL Y ESTABLECIMIENTO DE PENA ALTERNATIVA DE TRABAJOS COMUNITARIOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
-
CONVENIO INTERNACIONAL PARA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- INTERVENCIÓN : Ximena Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- DEBATE
- ENMIENDA DE LEY N° 18.525, EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
EJECUCIÓN DE CAMINO A CHILE Y ANTECEDENTES CON MOTIVO DE VIAJE DE COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A CHAITÉN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
-
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
IMPLEMENTACIÓN EN REGIONES DE SUBSIDIO A TRANSPORTE REMUNERADO DE PASAJEROS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN
- Carlos Cantero Ojeda
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
-
NO PERCEPCIÓN POR LÍNEAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO DE SUBSIDIOS A TRANSPORTE DE PASAJEROS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
-
OPOSICIÓN A CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE EMPRESA HIDROAYSÉN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
-
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSAS RIBEREÑAS EN TRANAMÁN, COMUNA DE PURÉN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
-
REFORMAS A EDUCACIÓN SUPERIOR. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR GÓMEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMPENSACIÓN A USUARIOS POR INTERRUPCIÓN, RESTRICCIÓN O RACIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (7636-09)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE DISCRIMINACIONES ARBITRARIAS RESPECTO DEL INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS DE CHILE (7638-02)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE ADOPCIÓN DE MENORES POR PARTE DE PERSONAS SOLTERAS, DIVORCIADAS O VIUDAS (7639-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES HORVATH, BIANCHI Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RESPECTO DE PROTECCIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS (7640-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES QUINTANA, WALKER (DON PATRICIO), CHAHUÁN, ROSSI Y URIARTE SOBRE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES (7643-11)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Quintana Leal
- Patricio Walker Prieto
- Francisco Chahuan Chahuan
- Fulvio Rossi Ciocca
- Gonzalo Uriarte Herrera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR GÓMEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMPENSACIÓN A USUARIOS POR INTERRUPCIÓN, RESTRICCIÓN O RACIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (7636-09)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 17ª, en miércoles 11 de mayo de 2011
Ordinaria
(De 16:23 a 20:30)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE,
JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE, Y
CARLOS KUSCHEL SILVA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica el artículo 7° de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, en materia de salvaguardias (5363-03) (se aprueba)......................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios (7534-07) (se aprueba en general)........................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales" (6426-10) (se aprueba en general y en particular).............................................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿................
Ejecución de camino a Chile y antecedentes con motivo de viaje de Comisión de Obras Públicas a Chaitén. Oficio (observaciones del Senador señor Kuschel).....................................................................................................................
Necesidad de capacitación en área de construcción en Región del Biobío. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)...............................................................
Implementación en Regiones de subsidio a transporte remunerado de pasajeros. Oficios (observaciones de los Senadores señores Escalona y Cantero)...................
No percepción por líneas de Región del Biobío de subsidios a transporte de pasajeros. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro).................................
Oposición a construcción de proyectos de empresa HidroAysén. Oficios (observaciones de los Senadores señores Navarro y Quintana).................................
Construcción de obras de drenaje y defensas ribereñas en Tranamán, comuna de Purén. Oficios (observaciones del Senador señor Quintana).....................................
Reformas a educación superior. Oficio (observaciones del Senador señor Quintana)....................................................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau y de Justicia, señor Felipe Bulnes Serrano.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GIRARDI (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 12ª, especial; 13ª, ordinaria; 14ª, especial, y 15ª, ordinaria, en 3 y 4 de mayo del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del señor Ministro de Salud, con el que da respuesta a un acuerdo del Senado, a proposición de los Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto, respecto de control sanitario y de salud pública en la salmonicultura (boletín Nº S 1.311-12).
Del señor Ministro de Agricultura, por medio del cual contesta una solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), orientada a iniciar el estudio de una legislación de protección a los suelos agrícolas en función de su capacidad productiva.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales, con el que responde una petición, remitida en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), en orden a disponer de un terreno fiscal para habilitar la sede social de la Asociación Indígena Rayén Mahuisa, en la comuna de Mariquina, de la Décima Región.
Del señor Subsecretario de Previsión Social, mediante el cual da respuesta a una solicitud, dirigida en nombre de los Senadores señores Bianchi, Horvath, Lagos, Navarro y Tuma, para que se estudie el envío de un proyecto de ley sobre administración e inversión del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
De la señora Alcaldesa de Coelemu, con el que responde una petición, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre datos de empleo en esa comuna.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Mociones
Del Senador señor Gómez, con la que da inicio a un proyecto de ley que establece compensación a usuarios por interrupción, restricción o racionamiento del suministro de agua potable (boletín N° 7.636-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Dos del Senador señor Navarro, con las cuales inicia los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que prohíbe discriminaciones arbitrarias respecto del ingreso y permanencia en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile (boletín N° 7.638-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
2.- Proyecto de ley sobre adopción de menores por parte de personas solteras, divorciadas o viudas (boletín N° 7.639-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Horvath, Bianchi y Walker (don Patricio), con la que dan inicio a un proyecto de ley respecto de protección policial en manifestaciones públicas (boletín N° 7.640-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Quintana, Walker (don Patricio), Chahuán, Rossi y Uriarte, mediante la cual inician un proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes (boletín N° 7.643-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Chahuán, Escalona y Quintana, con la que inician un proyecto de ley que otorga a don Vicente Bianchi Alarcón los galardones y pensiones correspondientes a los Premios Nacionales.
--Se declara inadmisible por tratarse de una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Moción de los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Escalona, Muñoz Aburto y Rossi, con la que dan inicio a un proyecto de ley que impide, a los contribuyentes que indica, la deducción de determinadas donaciones como crédito o gasto.
--Se declara inadmisible por tratarse de un asunto que solo puede tener su origen en la Cámara de Diputados, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 65 de la Constitución Política.
Permisos constitucionales
Solicitudes de los señores Senadores individualizados a continuación, para ausentarse del país en las fechas que en cada caso se señalan, todas del presente año:1.- Senador señor Walker (don Ignacio) 2.- Senador señor Zaldívar (don Andrés)
--Se accede.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, se declaró inadmisible un proyecto de ley que presentamos varios Senadores en orden a impedir, a los contribuyentes que indica, la deducción de determinadas donaciones como crédito o gasto.
Anteriormente habíamos presentado una moción similar, respecto de la cual yo planteé que, en la medida que no alzaba ni imponía tributos, era conveniente enviarla a la Comisión de Constitución. Y fue objeto de algunas modificaciones.
Ahora cambiamos el texto, aunque en el fondo ambas iniciativas se parecen, pues se busca impedir a los contribuyentes la deducción de ciertas donaciones. Es lo que se supone que hizo el Gobierno mediante una circular del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, me parece mucho más claro y transparente que ello quede establecido por ley.
Repito: el proyecto fue declarado inadmisible. Está bien, lo aceptamos, pese a que la vez pasada se admitió una revisión por parte de la Comisión especializada. Pero pedimos oficiar al Ejecutivo solicitándole su patrocinio.
Sería bastante más deseable para el país que esta materia se regulara en una ley.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio correspondiente.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
ENMIENDA DE LEY N° 18.525, EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GIRARDI (Presidente).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica el artículo 7° de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, en materia de salvaguardias, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5363-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 29 de abril de 2008.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 47ª, en 2 de septiembre de 2008.
Informes de Comisión:
Agricultura: sesión 45ª, en 19 de agosto de 2008.
Hacienda (trámite de Mixta): sesión 15ª, en 4 de mayo de 2011.
Mixta: sesión 17ª, en 11 de mayo de 2011.
Discusión:
Sesión 46ª, en 20 de agosto de 2008 (se rechaza en general).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La controversia suscitada respecto de este proyecto surgió a raíz del rechazo en el Senado de la idea de legislar en el segundo trámite constitucional.
Como forma de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, la Comisión Mixta propuso, por unanimidad, mantener los textos de las letras a) y b) del número 1) y el número 2) según fueron aprobados por la Cámara de Diputados, y reemplazar la letra c) del número 1) aumentando a 4 años el plazo máximo para establecer una salvaguardia.
Esta proposición fue acordada por la unanimidad de la Comisión Mixta.
Cabe señalar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Comisión de Hacienda del Senado se pronunció acerca de la propuesta de la Comisión Mixta, como sigue:
-Votaron a favor los Senadores señores Escalona y Kuschel; en contra, los Senadores señores Lagos y Novoa, y se abstuvo el Senador señor Frei (don Eduardo).
-Repetida la votación, se registró idéntico resultado.
-No existiendo una posición que obtuviera mayor número de votos, se aplicó la regla de empate contenida en el artículo 182 del Reglamento, y, por encontrarse vencida la urgencia para la Comisión de Hacienda, se dio por desechada la proposición de la Comisión Mixta.
Finalmente, es preciso indicar que la Cámara de Diputados, en sesión de 22 de marzo del año en curso, dio su aprobación a la propuesta de la Comisión Mixta.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , quiero pedir a las señoras y señores Senadores sus votos favorables al proyecto, recordándoles que la salvaguardia es un instrumento que se utiliza cuando se registra un aumento súbito, anormal, significativo de las importaciones de un determinado producto que pone en peligro la industria nacional.
Asimismo, es preciso traer a colación que hace algunos años se produjo un excedente de leche en polvo en Europa. Gran parte de esa mercancía sobrante vino a Chile. Las plantas del rubro procedieron a comprarla, con lo cual dejaron de adquirir leche líquida a los productores nacionales.
En consecuencia, resulta muy fácil por el sistema de grandes importaciones de un producto -como ocurrió en el caso que he descrito-, destruir las industrias y, por supuesto, los empleos asociados a ellas.
Por lo tanto, parece razonable que nuestro país tenga una protección más amplia que la consagrada en la legislación actual, que establece el plazo de un año de vigencia prorrogable por otro más, es decir, un total de 24 meses.
El objetivo de la iniciativa es permitir que dicha protección pueda ampliarse a dos años; es decir, dos como medida provisoria más dos de prórroga, con un total de cuatro. De esta manera se evitará que volúmenes significativos de importaciones destruyan parte de la producción, interna o -según el ejemplo que puse con anterioridad, el más reciente que se me vino a la memoria - de nuestra industria lechera.
Todos los países cuentan con algún sistema de protección. Tanto es así que en la Organización Mundial de Comercio la duración del mecanismo de salvaguardias es el doble de lo que hoy día postulamos para Chile: en lugar de cuatro años de protección mediante esta vía, se permiten hasta ocho.
Por lo tanto, el plazo que nuestro país adoptará es la media y no el rango más extremo.
Pienso que tal medida es altamente razonable, porque todos sabemos que en algunos mercados, como los de las industrias agrícolas y textiles, resulta muy fácil que, a través de la importación de volúmenes gigantescos de ciertas mercancías, se destruya el sistema productivo nacional y quedemos a merced del precio que se quiera imponer a lo internado al país.
Por otra parte, cabe destacar que esta medida siempre deberá ser adoptada con cautela y precaución, sin arbitrariedad ni tampoco en forma indiscriminada.
Recordemos que la economía chilena es una de las más abiertas y menos protegidas del mundo. Por tanto, nadie podrá acusarnos de que, por elevar la aplicación del sistema de salvaguardias de dos a cuatro años, nos estamos transformando en un país que se sobreprotege. ¡No! Simplemente tomamos las mínimas medidas para que la industria nacional, sobre todo la agricultura, no se vea impedida de competir el día de mañana con importaciones que hagan imposible la supervivencia de nuestros centros productivos.
Por las razones expuestas, reitero mi petición de aprobar el informe de la Comisión Mixta, porque contribuye a fortalecer la producción nacional y a robustecer el empleo en el país.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , tras una larga discusión, debemos abocarnos al informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que tiene por objeto consagrar situaciones de mayor igualdad en la competencia exportadora de Chile, particularmente en el mundo agrícola, y establecer normas sobre importación de mercancías al país, en materia de salvaguardias.
En el Parlamento hemos discutido no una, sino cientos de veces cómo generar dentro de un complejo mercado exportador reglas del juego claras, por medio de las cuales la producción interna destinada a la exportación, particularmente la agrícola, dé lugar a situaciones donde la competencia sea posible y no utópica.
Hoy en día el mundo agrícola se enfrenta a un drama que hemos analizado en innumerables oportunidades: el precio del dólar. Y tenemos que ver de qué manera resolver una problemática que mantiene ahogados a amplios sectores de la ciudadanía. Entendemos que el Banco Central ha hecho un esfuerzo importante al respecto y que el Gobierno también realizó lo suyo. Pero nos hemos percatado de que hay un problema de competitividad internacional que dificulta objetivamente esta relación vinculada a nuestra capacidad exportadora.
Sin perjuicio de lo anterior, nos hallamos frente a un tema adicional que es de la esencia de los países que buscan un libre comercio justo: lograr condiciones de mercado en que una situación generalmente excepcional, vinculada a elementos externos, no provoque un aumento anormal, significativo, considerable de productos que, ante la necesidad de despejar stocks del mercado exterior, haga imposible la exportación nacional.
Y ahí radica la esencia de un mecanismo que enfrente las irregularidades del comercio internacional que no siempre es regular y ecuánime. Y la clave para hacer competitivo a un sector económico es contar con reglas justas.
A mí me parece que la normativa en debate, ya tramitada largamente, apunta en una dirección correcta -esto no tiene que ver con una cláusula antidumpin, que obedece a otros requisitos- desde el momento en que, ante el aumento súbito, anormal y significativo de las importaciones de un producto que ponga en peligro la industria propia, una comisión, no un grupo de interesados, esté en condiciones de establecer aranceles especiales.
Nosotros planteamos -y lo hemos analizado en la Comisión de Agricultura que integro desde hace mucho tiempo- que la actual legislación consistente en el "1+1" (o sea, dos años) no siempre es suficiente para enfrentar las distorsiones que se producen.
Y, al final, los que pagan son los trabajadores chilenos y, tradicionalmente, la gente del mundo agrícola que carece de la capacidad necesaria para enfrentar estos hechos excepcionales, después de que suelen terminar quebrando o vendiendo sus producciones a otros sectores de la economía. Y lo más paradójico es que, una vez terminada la excepción, se pierde la capacidad productiva chilena que costó tanto formar.
Por eso, la extensión a cuatro años (2+2) y que se encuentra en el marco fijado por la OMC, se ajusta exactamente a las necesidades del país.
Reconozco que me hubiera gustado que el informe de la Comisión Mixta fuese aprobado en forma unánime. En ese sentido, entiendo que en la Comisión de Hacienda se registró un doble empate. Espero que ello no se repita en la Sala, porque confío en que medie una comprensión global en cuanto a que este tipo de medidas ayudan al desarrollo de un comercio internacional justo y evitan las distorsiones que se originan, debido a aumentos anormales de importaciones de determinados productos que obviamente afectan a la industria nacional.
En consecuencia, señor Presidente , porque esto se halla dentro de las reglas del juego y porque esta es una situación que ha ocurrido muchas veces durante los últimos años -no se trata de algo que en teoría podría acontecer, sino de una realidad que se ha dado en reiteradas oportunidades en el sector agrícola-, me parece indispensable que en esta materia nuestro país innove y ajuste su legislación dentro de lo que permite la OMC.
En ese sentido, se busca un mayor resguardo en el contexto del mercado justo. No es protección irregular, ni proteccionismo. Se trata de procurar que se apliquen las reglas del mercado justo.
Por eso, solicitamos que se aprueben las modificaciones propuestas por la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , este proyecto inició su tramitación en el Gobierno anterior. Y su objetivo -tal como lo señaló el Presidente de la Comisión de Agricultura , Senador señor García - es aumentar los años en que el Estado de Chile puede decretar una salvaguardia.
Al respecto, es bueno recordarles a los colegas que la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece para todos los países tres instrumentos de protección frente a la competencia desleal.
El sector donde ocurre esto con mayor frecuencia es el agrícola. Los subsidios utilizados en dicho ámbito -por Estados Unidos, los países europeos y gran parte de las naciones del mundo- son gigantescos: miles de millones de dólares.
Ante ello, la OMC reconoce tres mecanismos para resguardar las economías nacionales.
Primero, las cláusulas antidumping.
Básicamente, consisten en la posibilidad de fijar un impuesto o un arancel adicional a una importación cuando la nación de origen ha protegido a un sector de su industria permitiéndole vender en el extranjero un producto a precio más barato que el que aplica en el propio país. ¿Cómo? Obviamente, a través de subsidios o subvenciones, lo que rompe la libre competencia.
Segundo, las medidas compensatorias, que tienen el mismo carácter que el instrumento anterior.
Y tercero, las salvaguardias. Estas, a diferencia del antidumping y de los derechos compensatorios, operan cuando determinadas circunstancias generan un aumento en las importaciones, situación que causa grave daño -o amenaza ocasionarlo- al sector de la economía que produce iguales bienes o sustitutos de estos. La reacción práctica es proteger de manera provisoria esa actividad económica con el propósito de darle tiempo para que pueda readaptarse a las nuevas condiciones de competencia.
Prácticamente todos los países del mundo, señores Senadores, utilizan tales mecanismos, a fin de evitar que la competencia desleal originada desde el exterior termine por afectar gravemente o, incluso, por destruir a un sector de la economía.
En la actualidad la OMC dispone que es factible fijar salvaguardias -es decir, aplicar un arancel adicional al arancel normal de un país- hasta por un período de ocho años. Es lo que se llama "cuatro más cuatro" (4+4): decretar derechos adicionales por cuatro años a la importación de ciertos productos y luego renovarlos por igual lapso.
Chile contempla en su legislación salvaguardias solo por dos años, mientras el resto de las economías del mundo cuentan con ocho.
A raíz de ello, el Gobierno anterior envió un proyecto cuya finalidad es elevar el número de años. No se propone aumentarlo a ocho como ocurre en las naciones avanzadas, sino simplemente a cuatro.
Se plantea que la llamada "Comisión de Distorsiones" fije en su momento los derechos arancelarios adicionales por dos años. Y si las circunstancias lo ameritan, la medida podrá prorrogarse por dos años.
El proyecto que se somete a nuestro conocimiento establece que el Estado chileno, a través de la referida Comisión, deberá revisar, transcurrido el primer año, si corresponde o no continuar con tales medidas arancelarias, que tienen un máximo. El arancel consolidado que Chile puede determinar alcanza a 31,5 por ciento del arancel total.
Esta es una medida fundamental, que permitirá contar con un instrumento que el día de mañana, frente a una competencia desleal o a la importación masiva de productos, evitará que se vea gravemente afectado un sector de la producción nacional, como ocurre en particular con el mundo de la agricultura.
¿Significa lo anterior que un Gobierno que tiene salvaguardias por cuatro años deberá utilizarlas siempre? No. Ahí radica el criterio de una Administración para no aplicar tal resguardo por todo el tiempo legal, sino para analizar el período que requiere nuestra economía para ajustarse a la nueva situación, ocasionada por la invasión de productos que muchas veces llegan subvencionados a precios por debajo del valor real, lo que afecta la libre competencia y, fundamentalmente, la competencia leal de los productores nacionales, quienes están sujetos a numerosas reglas que los obligan a actuar en este sentido.
Hay quienes sostienen que no es necesario fijar salvaguardias hasta por cuatro años. A mi juicio, ese es el tiempo mínimo que Chile debe disponer. En todo caso, no significa que haya que usarlos por completo.
Al respecto, alguien podría decir: "Si un país pone cuatro años de salvaguardias a otro, este puede retaliarlo". Ello implica señalar lo siguiente: "Yo le subiré impuestos a usted en otra área de los productos que exporta hacia mi país, con el propósito de equilibrar esa especie de gravamen adicional que ha colocado en salvaguardia".
Si se revisa qué ocurre en las demás naciones, se observará que todas cuentan con este instrumento. Y lo utilizan dependiendo de las circunstancias, con la evaluación económica y política necesaria, para determinar qué impuestos adicionales cabe poner a la importación de productos.
Comentaba con el Senador Frei un punto en el que él tiene toda la razón. Porque nos tocó analizar juntos esta materia -recuerdo el caso de la leche- cuando Su Señoría era Presidente del Senado . En esa oportunidad logramos establecer la salvaguardia por un año más un año.
Ese aspecto pendiente es el procedimiento a través del cual se otorga la salvaguardia. Porque una cosa es decir "Dispongo de cuatro años de salvaguardia; transcurrido un año, la reviso; la prorrogo por otro año, y puedo extenderla hasta cuatro", y otra distinta si el procedimiento empleado es rápido y expedito para que la medida surta efecto al momento de aplicar el arancel adicional. Porque, si se establece dos años después, probablemente un sector de la economía ya habrá sufrido las consecuencias y quedado desbastado.
Por lo tanto, el Senador Frei tiene toda la razón en la aprensión manifestada durante la conversación que tuvimos en su momento.
No solo hay que preocuparse de lograr los cuatros años para que Chile analice si conviene o no utilizar tal instrumento, sino que también se debe avanzar en la modernización de la Comisión que investiga las distorsiones.
Recuerdo que el Honorable señor Larraín en su momento presentó un proyecto de ley completo sobre el particular. En él se consignaba un texto que dejaba nuestra normativa asimilada a las legislaciones modernas en la materia y permitía al Estado chileno reaccionar a tiempo frente al -entre comillas- ingreso masivo de productos subvencionados o subsidiados, situación que puede provocar un desastre en determinada área de la actividad económica nacional, en especial en la agricultura, sector que está lleno de subsidios en el extranjero.
Por tales razones, señor Presidente, me parece que esta es una muy buena iniciativa legal, necesaria e imprescindible para contar con instrumentos que permitan, cualquiera que sea el Gobierno -el anterior, que fue autor del proyecto; el actual, o el que venga en el futuro-, proteger las actividades productivas del país frente a la competencia desleal.
Queda pendiente lo otro.
Entiendo que el Ministerio de Agricultura está trabajando intensamente en el asunto. Y espero que lo haga sobre la base del proyecto del Senador Larraín, que es muy completo, ha sido estudiado a fondo y permite agilizar el procedimiento para que se determine la salvaguardia.
Por los motivos señalados, señor Presidente, este es un instrumento fundamental para el mundo de la agricultura.
Chile sufre de manera permanente el ingreso de productos subsidiados desde el extranjero, lo cual hace necesaria la aplicación del mecanismo en análisis. Pero lo hemos limitado a solo dos años, en circunstancias de que el resto de los países del mundo, o la gran mayoría de ellos, lo establece por ocho.
Nuestro país está optando, a través de esta propuesta legislativa, no a los 8 años que fijaron otros países, sino simplemente a 4 (2+2), con la posibilidad de revisar la medida al primer año.
Por tales consideraciones, señor Presidente , me parece que esta es una muy buena iniciativa, que -nobleza obliga- proviene del Gobierno anterior. Debiera ser aprobada porque nos permitirá contar con instrumentos para impedir la competencia desleal que, lamentablemente, hoy día existe en el ámbito agrícola debido a las ayudas entregadas en muchísimos países, lo que va en desmedro de los agricultores y productores chilenos.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , respaldo estas modificaciones a las salvaguardias, de manera que seré coherente con el voto a favor que emití en la Comisión de Hacienda. Con ello creo mantener mi invariable conducta de apoyar las iniciativas legales enviadas a tramitación por el Gobierno de la Presidenta Bachelet .
En segundo lugar, pienso que este proyecto resulta necesario para nuestro mundo rural, ya que este enfrenta una serie de "distorsiones" -como se las llama elegantemente-, que constituyen una desventaja para nuestro país.
En consecuencia, es conveniente, de sentido común aprobar el texto propuesto.
Eso sí, señor Presidente , permítame hacer un comentario.
Me causa mucho placer escuchar las argumentaciones de mis colegas de la Derecha, quienes buscan explicar por qué no funciona bien el libre mercado.
¡He podido enterarme de un conjunto de teorías muy interesantes...!
Vamos a pedirle al Senador Coloma -por su intermedio, señor Presidente - que se explaye más acerca de lo que él ha llamado en su reciente intervención "el libre mercado justo".
¡Me parece que daría para todo un ensayo esta nueva filosofía que se nos acaba de exponer...!
El señor COLOMA .- ¡Lo voy a mandar por escrito...!
El señor ESCALONA.- Me gustan estos ejercicios dialécticos de los Senadores de la Derecha para tratar de explicar que el libre mercado no es aplicable en todas las circunstancias, en todo lugar y en todo momento.
Pero me agradaría que en otras materias también pensaran lo mismo. Porque, cuando les conviene...
El señor PROKURICA.- ¡Somos coherentes en todo!
El señor ESCALONA.-... a ellos y a sus representados el libre mercado a ultranza, argumentan exactamente lo contrario.
Entonces, solo quiero que queden como precedentes las maneras elegantes e ingeniosas en que nuestros colegas de la Derecha en esta discusión reconocen que el libre mercado no constituye la solución a todos los problemas del mundo.
Acá hemos escuchado una nueva teoría: "El libre mercado justo".
¡Valía la pena asistir a esta sesión, señor Presidente ...!
¡Me satisface estar presente aquí, aunque sea única y exclusivamente para haber oído sobre estas "nuevas definiciones", que espero la ciencia económica sea capaz de recoger...!
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , como se ha dicho acá, este proyecto nace en la Administración de la Presidenta Bachelet y busca realizar un esfuerzo por hacerse cargo de una realidad: el mercado internacional de commodities y de otras mercancías sufre vaivenes, presenta distorsiones y opera como todo mercado: de modo imperfecto, irregular, sujeto a subsidios y a competencia desleal.
En consecuencia, lo que se planteó en su oportunidad -lo describió muy bien el Senador Espina, lo que me ahorra palabras- fue un intento por dar una señal a nuestra agricultura tradicional en el sentido de que el Estado chileno se haría cargo de eventuales daños causados por un comercio distorsionado desde el exterior.
Sin embargo, quiero referirme a dos o tres aspectos. Porque no hay que confundirse, señor Presidente.
La competencia desleal surge como consecuencia de medidas de dumping; o sea, cuando los productos son vendidos y comercializados en el exterior a un precio inferior al de su mercado de origen.
Además, están las exportaciones de artículos con subsidios a su producción y a su exportación.
En estos casos claramente estamos ante una competencia desleal: un producto chileno debe hacer frente a otro extranjero que viene subsidiado o que se vende a un precio artificialmente inferior al de su país de origen.
Para enfrentar tales subsidios a la producción y a la exportación, existen las cláusulas antidumping y los mecanismos de derechos compensatorios.
Sobre ello, creo que no hay dos lecturas en el mundo.
Una cosa distinta son las medidas de salvaguardia, que no apuntan a combatir la competencia desleal o el ingreso de un producto en particular, como ocurre con el dumping y las exportaciones con subsidio.
Las salvaguardias, establecidas por la OMC, persiguen enfrentar un aumento súbito e imprevisto de las importaciones, lo que causa daño, o amenaza ocasionarlo, a la producción nacional. En ese esquema, se aplica una sobretasa arancelaria a todos los productos, indistintamente de su origen. Además, tiene carácter esencialmente transitorio.
Hoy estamos discutiendo un proyecto que partió bien inspirado.
Se sabe que Chile cuenta con un mecanismo de salvaguardia de un año de vigencia, más otro de prórroga; solo dos años. Ante ello, la Presidenta Bachelet , en la iniciativa original, dijo: "Vamos a extender la posibilidad de aplicar esta medida a un tercer año". ¿Por qué a un tercer año y no a un cuarto, quinto, sexto, séptimo u octavo, como dispone la OMC? Por una razón bien sencilla, que aquí se ha omitido: porque la Organización Mundial del Comercio -entre paréntesis, este organismo tiene las reglas que conocemos a partir de lo que permiten los agricultores tradicionales y los proteccionistas- señala que, después del mes 36, cualquier medida de salvaguardia debe ser compensada.
Y existen dos tipos de compensación.
Si Chile aplica una salvaguardia por un período superior a 3 años -como contempla el informe de la Comisión Mixta, a proposición del actual Gobierno-, tendrá que ofrecer al país afectado (Unión Europea, Estados Unidos, Argentina , Brasil, Nueva Zelandia, en fin) una compensación, en cualquiera de sus dos formas.
La primera: rebajar el arancel de algún producto de la nación perjudicada. Ello resultará difícil, pues nuestro país ya aplica un arancel bajo. Por lo tanto, si contamos con un arancel de 10 por ciento para mercados sin acuerdo de libre comercio, o con uno igual a cero para el 90 por ciento de los que comercian con nosotros, ¿qué compensación podremos ofrecer en materia de rebaja arancelaria? ¡Ninguna!
¿De qué otro modo cabría compensar, entonces, a una nación que se viera afectada después del mes 36 de salvaguardia?
La segunda forma consiste en que tal país tenga derecho a aplicar un alza arancelaria a los productos chilenos que estime pertinentes. Esto, en buen castellano, se llama "represalia". En inglés, se dice "retaliation", y en español, "retorsión", que es una palabra horrorosa.
Tal represalia terminará afectando las exportaciones de productos chilenos. Para evitar que ello sucediera, la Administración anterior envió este proyecto y planteó aumentar las salvaguardias a 3 años, y no a más.
En consecuencia, en materia de integración comercial, vamos a pagar nuevamente una inserción que genera más empleo y más oportunidades de negocios, como ocurrió en su minuto en las negociaciones. Ello, producto de una propuesta legislativa que, no me cabe duda, se va a aprobar.
Si es posible establecer 2 años de protección, indudablemente quienes hoy día apoyen la iniciativa -porque quieren seguir de cerca lo que dicen su comunidad y sus electores- harán un lobby con igual fuerza ante la Comisión Nacional encargada de investigar distorsiones en los precios para que se aplique la medida en comento por todo el período.
Si se acuerda un período de 3 años, se aplicarán 3 años. Lo mismo sucederá si se fijan 4 años.
Entonces, se debe analizar si con la medida propuesta se están resguardando los intereses reales del país.
Chile optó por un camino de integración comercial; pero con el texto planteado por la Comisión Mixta estamos dando un paso atrás. ¿Por qué razón? Porque pondremos en la mira a los exportadores chilenos una vez que las salvaguardias se apliquen por más de 36 meses.
En definitiva, si nuestro país sigue con un elevado precio del cobre, con altas tasas de interés para controlar la inflación, lo que continuará incentivando un arbitraje en contra del precio del dólar, vamos a castigar dos veces a los exportadores: primero, sufrirán un alza de aranceles en los productos de exportación, y segundo, tendrán que enfrentar un dólar a la baja.
Por último, señor Presidente , cabe señalar que los famosos 8 años que establece la OMC -en esto me voy a explayar- no son consecuencia de un consenso que mire hacia delante. Fue el mínimo común denominador que se pudo obtener en las negociaciones comerciales que culminaron en el Acuerdo de Marrakech. Porque los países que subsidian la exportación, como los europeos; los que subsidian la producción, como los americanos; los que tienen aranceles altos en materia de productos alimenticios, como Japón y otros, no transan más que en 8 años. Pero eso tiene un costo, que es la posibilidad de generarle oportunidades de negocio a las naciones emergentes.
Por eso, me parece una mala señal, porque -y que quede en la Versión Oficial- si se aprueban los 4 años, yo garantizo que de aquí a 2 años vamos a contar con medidas de salvaguardia de 4 años, y tendremos que compensar. En ese caso, entonces, ojalá que cada uno de nosotros les explique a los sectores exportadores, que hoy día están deprimidos, con un dólar por el suelo, que más encima les vamos a cercenar la posibilidad de seguir accediendo a los mercados.
De ahí que la propuesta de la Presidenta Bachelet tratara de hacer dos cosas al mismo tiempo: darles una ventana adicional de protección ante el caso de salvaguardias, que no es competencia desleal, para productos que aumentan sus importaciones de manera súbita y que causan daño, y mantener nuestra decisión de integración comercial.
Por las razones dadas, señor Presidente, voy a votar en contra del informe.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente , yo me abstuve en la Comisión y voy a mantener esa postura.
Después de escuchar las palabras de los distintos Senadores, primero que todo quiero reafirmar lo que ha señalado el Honorable señor Lagos respecto al tránsito final del sistema de salvaguardias en caso de que apliquemos los 4 años.
Para mí, el punto central -y lo explicó muy bien el Ministro de Hacienda en la Comisión- es diferenciar lo que es antidumping de lo que es salvaguardia.
Según afirmó él, la cláusula antidumping "procede para afrontar situaciones de competencia desleal como, por ejemplo, la que enfrenta hoy Chile con la harina de trigo que proviene de Argentina, país en el que existe un impuesto a la exportación de trigo que abarata artificialmente el insumo para la producción de harina. Para afrontar esta situación, aplicó nuestro país una medida antidumping, que ha sido renovada ante la permanencia de las circunstancias tenidas en cuenta inicialmente.".
La medida antidumping, prosiguió señalando, "exige la justificación de la deslealtad en el libre comercio". En cambio, "en la salvaguardia no se requiere probar nada: basta el hecho objetivo del aumento que puede poner en riesgo el mercado nacional para que se estime necesaria su aplicación como medida transitoria, con el objeto de contar con un período en el cual pueda ajustarse el mercado nacional.".
Estas son palabras textuales pronunciadas por el Ministro de Hacienda en la Comisión.
¿Cuál ha sido la experiencia concreta? En el caso de los productos lácteos, la última vez que se aplicó la salvaguardia para la leche fue debido a lo que se señala acá: se estaba en un período de "un aumento súbito, anormal y significativo de las importaciones", tanto en su monto como en su costo.
El problema es que en nuestra legislación, una vez que se presenta la medida para aplicar la salvaguardia, se constituye el Comité, que está formado por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, Aduanas, etcétera -deben de ser 16 personas las que votan-, y el afectado o el que pide la salvaguardia debe demostrar el cambio. Por lo tanto, el proceso dura aproximadamente 6 meses. Terminado ese lapso, recién se aplica una salvaguardia provisoria. La definitiva viene después.
¿Qué es lo que pasa? Que la salvaguardia se aplica en períodos de cosecha, normalmente en un año. Porque el cambio brusco en los precios varía de un año para otro. O sea, el problema no es tener 3, 4 años, con la salvedad que señalaba el Senador Lagos. El problema es contar con una salvaguardia que se pueda aplicar en la misma temporada. Si no, ella carece de todo objetivo. Porque, una vez que se aplicó, en 6 u 8 meses, ya pasó la temporada y el mercado, en muchos casos, vuelve a la normalidad.
Ese es el punto que no hemos resuelto. Tenemos un Comité que funciona sobre la base de una gran mayoría de representantes del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Este último, por razones que todos conocemos, normalmente se opone a cualquiera de estas medidas, de modo que la decisión queda en manos de Hacienda, con lo que se politiza. Las veces que hemos debido aplicar las salvaguardias nos hemos encontrado con esa gran dificultad.
Hay países que han resuelto ese problema. No estoy hablando del antidumping, sino solo de la salvaguardia. ¿Qué hacen? Una vez que se presenta la solicitud, paralizan en el acto la importación; después vienen las pruebas. Y a veces, luego de tres, cuatro, cinco meses tiene lugar el cambio de precios del volumen que se está exportando. Y, por lo tanto, inmediatamente se protege al productor.
Entonces, yo me abstuve, primero, por las razones que señaló el Senador Lagos, y, segundo, porque creo que no estamos atacando el problema de fondo en materia de salvaguardias, que es tener un sistema ágil, técnico, rápido, que no quede sujeto a una decisión de la autoridad o del Banco Central. Porque, de esa manera, siempre transcurren seis, ocho, diez meses y cuando finalmente se toma la medida, ya no tiene ninguna influencia.
Esa es la explicación de mi posición, y la refrendo con las palabras que pronunció el Ministro de Hacienda en la Comisión.
Entiendo que el punto final de poner "2+2" tiene por propósito respetar el marco fijado por la OMC, que es, en la actualidad, de 4 años. Por eso, me abstuve en la votación y mantengo esa decisión.
Otros Senadores, como el Honorable señor Novoa, votaron en contra en la Comisión, pues, en definitiva, compartieron bastante las expresiones del Senador Lagos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , la verdad es que este debate, que no es primera vez que se realiza aquí -hace muchos años que venimos discutiendo estas materias; por eso, no veo por qué algunos Senadores se sorprenden de la argumentación que se ha dado para defender una posición-, tiene un origen muy claro: que, dentro de las actividades productivas a nivel mundial y nacional, la agricultura es objeto de una protección especial. En efecto, por distintas razones, con mayor o menor justificación, ella está, desde hace décadas, intervenida, en particular en los países más desarrollados del planeta.
Y eso genera, inevitablemente, una tremenda distorsión en los precios, que perjudica a los productores, los cuales, cuando no tienen apoyos o subsidios estatales, o beneficios de distinto tipo, como medidas para-arancelarias, restricciones a la internación de los productos en momentos de cosecha u otros, se ven gravemente perjudicados.
Ello ha afectado particularmente a los países con menos desarrollo industrial, que todavía tienen su economía muy fundamentada en actividades primarias, como la agrícola, pero también nos ha afectado a nosotros, como a muchas otras naciones del tercer mundo, del continente africano. Incluso, en el ámbito europeo, los países que pertenecían a la órbita socialista también han sido largamente perjudicados, porque su retraso los ha mantenido centrados con mucha fuerza en lo agrícola y poca en las demás actividades productivas que se han desarrollado en la segunda mitad del siglo XX.
Por eso mismo, es indispensable que los países que creen en la necesidad de tener el mercado como instrumento para que funcione la economía dispongan de mecanismos para resguardar lo que es esencial: la competencia. Porque, cuando esta no existe, se ve afectado, precisamente, el funcionamiento del mercado.
Ahora, que los mercados no son perfectos, eso lo saben los niños desde hace mucho rato. De ahí la necesidad de buscar los mecanismos necesarios para que las competencias funcionen y así los mercados puedan rendir sus frutos...
El señor LAGOS.- ¡También hay competencia desleal...!
El señor LARRAÍN .-... Para eso está el Estado; para eso está la ley.
Aquí hay una realidad: en Chile, en el ámbito agrícola, sufrimos competencia desleal no solo desde el exterior; también la tenemos internamente. Existen muchas actividades productivas en donde los poderes compradores están concentrados. Y, de hecho, eso ocurre en los rubros más variados: en el trigo, en el arroz, en el vino,...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el maíz.
El señor LARRAÍN .-... para qué decir en el azúcar, en la leche, en fin.
Si ustedes se ponen a analizar el asunto, se darán cuenta de que los distintos rubros se hallan muy concentrados. Alguien fija el precio y ese es el precio.
No obstante, lo anterior no tiene que ver con la relación demanda-oferta, porque no hay competencia. Eso es lo que ocurre cuando existe un solo poder comprador. O cuando llegan los productos desde el extranjero y vienen subsidiados por los países de origen, caso en el cual no se está compitiendo entre productores, sino con un Estado, con un ministerio de hacienda, con un banco central, que toma medidas que producen un desbalance.
Por eso se habla, en este ámbito, del "precio justo", no en un sentido ético, sino económico, como saben, de nuevo, todos los que están dedicados a esta actividad desde hace ya algún tiempo. De manera que sorpresas no debiera haber...
El señor LAGOS.- Sí las hay.
El señor LARRAÍN .-...El Gobierno de Sebastián Piñera se comprometió, dentro de las 25 medidas que anunció, a corregir estas distorsiones. Y de hecho, si bien en algunos aspectos no se ha avanzado -vuelvo a reiterar nuestra preocupación por el dólar, la cual señalamos ayer en la Comisión de Hacienda, gracias a que su Presidente , el Senador señor Frei , la convocó junto con la de Agricultura para tratar esta materia-, en otros sí se ha progresado.
Por ejemplo, en la esfera nacional, COTRISA por primera vez intervino. Hacía muchos años que el Gobierno no utilizaba ese instrumento de que disponía. Los gobiernos de la Concertación lo emplearon hasta la época en que el actual Senador, don Eduardo Frei , fue Presidente de la República . Pero después, inexplicablemente, dejaron de aplicarlo. Incluso, hacían gala, en el sentido de que no lo iban a usar. Fue así que yo escuché a la entonces Ministra de Agricultura , señora Marigen Hornkohl , decir en Linares que por ningún motivo COTRISA iba a intervenir, que los agricultores no requerían este tipo de mecanismos. ¡Pero los necesitan! Porque las distorsiones locales son muy fuertes.
Y COTRISA es un instrumento que de hecho este año, aunque intervino un poco tarde, logró corregir la situación y los agricultores pudieron evitar no solo pasar vergüenzas, como siempre, ante los bancos y los monopolios, sino que se recuperaron y obtuvieron utilidades que aunque fueron muy marginales igual les permitieron avanzar.
Por otro lado, referida al ámbito internacional, tenemos la Comisión Nacional encargada de investigar las distorsiones, que, como muy bien recordó el Senador Alberto Espina , se halla en proceso de revisión.
Un grupo de parlamentarios, entre los cuales me incluyo, hemos presentado un proyecto y estamos trabajando con el Gobierno, tanto con el Ministro de Agricultura como con el de Hacienda y otros, agrupados en una Comisión interministerial, evaluando cómo revitalizar dicha Comisión.
El referido órgano técnico -como señaló el Senador Frei- se encuentra constituido por gente de Gobierno y por dos representantes del Banco Central. Por lo tanto, no existe una mirada independiente y, de este modo, pierde fuerza para resolver más allá de contingencias políticas.
Adicionalmente, se aplican plazos imposibles de cumplir, como bien se ha señalado. Por ello, cuando se adoptan medidas provisorias ya pasó la oportunidad de implementarlas.
En seguida, opera a requerimiento de parte. No tiene capacidad de actuar por sí sola. En fin, no quiero detenerme en excesos.
Sin embargo, hay en vías de estudio un proyecto que pretende transformar dicha Comisión antidistorsiones en un organismo eficaz a fin de que ella, cuando se den situaciones externas -no solo en el ámbito agrícola, sino en cualquier otro- por el arribo de productos subsidiados, que provocan dumping o que llegan sujetos a determinado inconveniente, pueda actuar con agilidad, incluso, anticipándose a los hechos con el ánimo, con el espíritu, de una verdadera fiscalía y proceder en la defensa de la libre competencia internacional.
La otra medida corresponde a las salvaguardias, que, como ya se dijo muy bien, son más expeditas que las antidumping, requieren de menos pruebas, son más fáciles de implementar.
Por ese mismo motivo es que desde hace mucho venimos batallando para que la aplicación de la salvaguardia sea más generosa. Hoy día es 1+1, en circunstancias de que en el ámbito de la OMC es 4+4.
Nosotros no pedíamos 4+4, sino la mayor cantidad de tiempo posible.
El proyecto que presentó la Presidenta Bachelet aumentó de 1+1 a 2+1, lo cual permitía un incremento. Y eso lo valoramos. Pero dijimos, ¿por qué no 2+2? Y el argumento que se nos dio fue el que precisamente expresó aquí el Senador Lagos Weber.
Yo quiero decir, sin embargo, que ese argumento no es correcto desde un punto de vista lógico. Porque es cierto que el país que toma medidas de salvaguardia por un cuarto año consecutivo se expone a las retaliations, a las represalias de las naciones que se sientan afectadas por ellas. No obstante, lo que se busca aprobar no es que el territorio que adopta salvaguardias las aplique por cuatro años. Lo que se dice es: "Démosle al Gobierno de turno un instrumento a través del cual pueda aplicar salvaguardias, si lo estima conveniente, hasta por cuatro años". ¿Qué es lo que debe hacer el Gobierno en ese minuto? Va a tener que evaluar si las necesidades de aplicar por un cuarto año la salvaguardia justifican o no el impacto de las represalias que eventualmente adopten otros países.
A mi juicio, no por decir que podría haber un cuarto año de salvaguardias estamos cometiendo un error: ¡No! Sostener tal cosa no condice con un argumento lógico y, por lo tanto, no es correcto. Lo que estamos planteando es que si un gobierno toma tal decisión es porque conoce las consecuencias que puede implicar. De manera que si lo hace es porque hay motivos más que fundados para proceder de ese modo. Y eso es lo que motiva que muchos países tengan estas medidas, no de 2+2, sino que hasta 4+4, como ocurre en su gran mayoría con las naciones desarrolladas.
Lo que estamos haciendo es permitir que funcione un instrumento de la mejor manera posible y quedará al criterio de los gobiernos implementarlo.
En consecuencia, que nadie se sorprenda, porque esto -repito- en materia económica, en el ámbito agrícola, es algo necesario. Y no se trata aquí de una voltereta intelectual de ciertos sectores políticos con el objeto de propiciar estas medidas. Hace muchos años que las venimos proponiendo, no solo desde esta bancada. Ha sido una demanda transversal de quienes conocemos la realidad agrícola. Y es lamentable que muchos que no pertenecen a ella, que no la conocen, que viven en un mundo urbano, piensen que la actividad agrícola busca una protección que no merece.
¡No! Aquí no estamos pidiendo protecciones que no se merecen. Estamos solicitando que el mercado opere como corresponde, es decir, con competencia leal, que permita precios justos y que, por ende, los trabajadores, los emprendedores, los pequeños y medianos agricultores puedan conocer la recuperación de su esfuerzo, porque compiten de igual a igual con otro y no lo hacen con otros Estados, ni más ni menos.
Eso no debería mover a sorpresa a nadie. Al contrario, creo que debería preocuparnos a todos por igual porque en materias económicas nuestra actividad agrícola merece ser respaldada, sobre todo porque se trata de uno de los sectores más productivos, que más empleos otorga y que más futuro tiene, dada la realidad del mundo.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , efectivamente creo que este tema ha sido recurrente en la discusión de los últimos tiempos, sobre todo a partir del momento en que Chile entra en una economía globalizada, cuando enfrenta todo lo que tiene que ver con sus tratados de libre comercio, cuando pasa a ser parte de la OMC.
El mercado por sí mismo no resuelve todos los problemas, como se ha reconocido. Y tiene que haber una intervención por parte de la autoridad para tratar de evitar las distorsiones.
Aquí se ha hablado de dos situaciones diferentes: el antidumping y el tema de las salvaguardias, para este caso.
El antidumping, como se dijo aquí, se da cuando hay una competencia desleal, cuando se pretende exportar, desde un país a otro, bienes o servicios a un valor que no corresponde, porque son subsidiados o porque otro tipo de elementos hacen que se distorsionen sus precios. Y entran con esa dificultad a la competencia del país al cual llegan.
En el caso de las salvaguardias creo que son absolutamente necesarias. Es un mecanismo que, por lo demás, se halla contemplado en el tratado de la OMC como algo legítimo a lo que las naciones no tienen por qué renunciar. Y Chile tampoco ha de hacerlo.
Es efectivo lo que señaló acá el Senador Ricardo Lagos, porque si aplicamos las salvaguardias más allá del plazo de tres años, de los 36 meses, el país pasa a ser sujeto de exigencias de compensación. Y, a mi juicio, si en un momento dado el nuestro piensa extender las salvaguardias más allá de 36 meses, va a tener que valorar lo que puede significar proceder de ese modo o deberá abrirse a una negociación con aquella nación que pudiera estar exigiendo una compensación.
No obstante, para el sector agrícola es una cuestión esencial. Y yo coincido con lo que sostuvo el Senador Eduardo Frei : aquí hay que entrar a corregir algunas cosas que son más de fondo, por ejemplo, lo que respecta a la Comisión Nacional encargada de investigar las distorsiones. Porque efectivamente cuando se aplica una medida es posible que ya haya pasado el problema y no se da la solución que se requería. Por lo tanto, debemos crear mecanismos mucho más ágiles, más eficientes, para evitar que se provoque el daño.
En cuanto a las salvaguardias hay sectores sensibles que todos conocemos. Y normalmente hemos pedido aquí, en el Parlamento, que se apliquen medidas tendientes a evitar que tales sectores, como el agrícola, sufran crisis que luego pueden ser irreversibles.
En tal sentido, este proyecto de ley podría haber fijado un plazo de 3 años.
Ahora bien, estoy de acuerdo con el Senador Larraín en que el cuarto año constituye una facultad que el Gobierno de turno ejercerá tras medir las consecuencias.
Lo importante, en todo caso, es que el país cuente con salvaguardias y medidas antidumping y pueda utilizarlas. Porque no hay razón para no impedir que se provoque daño a determinados sectores de la actividad nacional. Y ello, sin perjuicio de ser los campeones del libre comercio; de ser, seguramente, el país más abierto desde el punto de vista económico.
Hoy, en los tratados de libre comercio, Chile debe ser claro, igual que las demás naciones. Incluso, como bien se ha dicho aquí, países mucho más desarrollados que el nuestro o desarrollados en plenitud adoptan en materia de subsidios medidas bastante más directas. Nosotros carecemos de ellas. Y estoy de acuerdo en no propiciarlas.
Pero, señor Presidente, el aplicar una legislación como la que se nos plantea constituye una necesidad. No se trata de una medida proteccionista: es una medida realista para que el sector afectado pueda afrontar la crisis a que se lo expone.
En esa línea, creo que el Parlamento hace bien al aprobar la normativa que hoy se somete a nuestra consideración.
En cuanto a la vigencia total, ya analizamos lo concerniente a los períodos de 3 y 4 años. Tres años nos habrían permitido ajustarnos a las normas de la OMC y evitar las compensaciones. Pero se establecen cuatro. Otros países tienen 4+4. Bueno: ellos sabrán qué hacer cuando llegue el momento de tomar una medida muy extrema. Deberán realizar un estudio para determinar los costos y los beneficios de su aplicación o no aplicación y tratar de evitar aquellos y aumentar estos.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , debo reconocer que la materia que hoy estamos debatiendo en la Sala es de gran importancia, por cuanto todos conocemos las dificultades que generan en el sector agrícola de nuestro país las prácticas en comento, aplicadas por países desarrollados. Ellas, por lo demás, fueron asumidas y denunciadas con mucha fuerza. Al respecto, Chile tuvo una particular representación y adoptó una posición muy clave en los distintos foros internacionales y en las Rondas de Doha.
Frente a tales prácticas, la única posibilidad de nuestro país es actuar, vía salvaguardias o cláusulas antidumping, en el contexto del multilateralismo económico. Chile no tiene fuerza suficiente para proceder bilateralmente con cada una de las naciones más desarrolladas que las aplican. Esto, por razones de tamaño y otras que discutimos con largueza en el Congreso cuando se analizaron los tratados de libre comercio respectivos.
Nuestro planteamiento siempre ha sido claro: hay que regular las medidas antidumping y las de salvaguardia, que efectivamente los países europeos, Estados Unidos y otras naciones aplican a sus productos.
Quiero ser franca para señalar que, conociendo cómo se mueve este tipo de situaciones en el ámbito internacional, donde son miradas con mucha atención, yo hubiese preferido el proyecto enviado por la Presidenta Bachelet , que fijaba el período total de vigencia en tres años, pues este es un plazo que puede evitar que se tomen otras medidas contra Chile. Porque este es un país exportador. Desde luego, de productos agrícolas (me alegro de ello) con valor agregado y que generan mucho empleo; pero también de otros bienes que -como muy bien indicó un señor Senador que me antecedió- podrían verse perjudicados por una retaliación frente a una medida considerada vulneratoria de las normas vigentes, lo que nos llevaría a un juicio internacional ante la OMC con efectos inciertos.
Entonces, señor Presidente , dado que el texto del proyecto fue resuelto en la Comisión Mixta con la votación dividida que hemos conocido, quiero hacer un llamado especial al Ejecutivo para que, aunque la ley en proyecto establezca un plazo de 4 años, exista la debida precaución en el sentido de que las medidas se apliquen cuando realmente sea necesario y se levanten cuando ya no lo sea, por cuanto -les aseguro hoy día que así será-, si se extienden más allá de 36 meses, nos van a responder con una retaliación. Entonces, junto con el Ejecutivo , tendremos la corresponsabilidad de haber permitido esa medida no obstante conocer lo relativo a las Rondas de Doha y el resultado de la aplicación de las normas de la Organización Mundial de Comercio.
Por cierto, le pido al Ministerio de Relaciones Exteriores que siga defendiendo con gran fuerza la posición de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. En el Grupo de los 21, conformado a nivel internacional y donde estamos junto a Brasil y otras naciones, hemos insistido en que en las rondas de la OMC debemos reunirnos con más Estados y tener una voz más enérgica al objeto de lograr que la normas antidumping y de salvaguardia sean efectivamente modificadas.
Le solicito ambas cosas al Ejecutivo , señor Presidente , para que en unos años más no nos veamos expuestos a la retaliación que puedan hacer algunos países, incluso contra productos de exportadores chilenos que trabajan con igual esfuerzo que los agricultores.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Ha pedido la palabra el Senador señor Espina.
Se la concedo por 5 minutos.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , no sé si entendí bien el argumento de la Honorable señora Alvear en términos de cómo fue votado el proyecto.
Debo señalar que la Comisión Mixta lo aprobó por unanimidad. Sus diez miembros lo respaldaron.
Deseo expresar, además, que antes de esta iniciativa varios parlamentarios presentaron una moción sobre la materia. Aquí la tengo. Es del 4 de julio de 2006. Fue declarada inadmisible. Y a raíz de ella el Gobierno anterior recogió la idea de fijar, según lo indicó el Senador Lagos, un plazo de 3 años.
Pero la verdad de las cosas es que no existe ninguna razón para que Chile no cuente con ciertos instrumentos, tal como bien lo han dicho varios colegas. Y la autoridad sabrá si hace uso de ellos o no.
La gran mayoría de los países tiene establecido un plazo de 8 años.
Les pido a Sus Señorías que revisen los antecedentes. Todas las naciones -Francia, Italia , España , Alemania- se reservan estos mecanismos, y saben que a contar del mes número 37 otros países pueden retaliarlas o pedirles compensaciones.
¿Por qué Chile va a ser la única nación que renuncia a contar con ellos?
Ahora, si un gobierno usa torpemente sus medidas, las consecuencias serán obvias, como ocurre con cualquier instrumento.
Los gobiernos tienen miles de mecanismos. Imaginen Sus Señorías los que se emplean en las relaciones internacionales, donde el día de mañana se pueden afectar tratados suscritos y válidos.
Entonces, considero fundamental que Chile disponga de medidas para poder enfrentar, ya sea -como bien se aclaró- la competencia desleal, ya sea los cambios de una economía globalizada.
Es posible que una economía globalizada poderosa, como la china, nos exporte productos que afecten gravemente a una de nuestras actividades. ¡En qué país del mundo no se va a decidir darle al sector productivo perjudicado un tiempo para que se modernice, obtenga los créditos necesarios, explore nuevos nichos!
No veo por qué Chile debe renunciar a un instrumento que la OMC considera válido y que todos los países tienen.
Estados Unidos ha utilizado salvaguardias muchas veces. Argentina, lo mismo.
¿Y por qué nosotros estamos siempre en una actitud -lo digo con el mayor respeto- de semiacomplejados por el hecho de utilizar instrumentos cuyo objeto es protegernos de la competencia desleal que se registra en el caso de los productos agrícolas y que es la más grande del mundo?
Estados Unidos destina miles de millones de dólares, mediante las leyes agrícolas, a resguardar su agricultura, y sin asco. No tiene ninguna vergüenza. Y lo hace alterando las normas de la libre competencia.
Nosotros solo pretendemos contar, para toda la economía, pero esencialmente para el sector donde más se refleja, el agrícola, con instrumentos que nos digan: "Quedémonos con esta alternativa, y veremos cómo la utilizamos".
Ese es el criterio político que puede aplicar un país dentro de los márgenes de las reglas de salvaguardias, de medidas antidumping o de derechos compensatorios que autoriza la OMC.
Entonces, señor Presidente, creo que este proyecto se halla bien inspirado, está hecho adecuadamente, es transversal.
El Senador Hernán Larraín tiene toda la razón. Porque esta es una normativa transversal: fue pedida por parlamentarios fundamentalmente de los sectores agrícolas, de Gobierno y de Oposición. Sirve, por ende, a cualquiera que esté gobernando.
Se trata, pues, de una preceptiva superútil, muy buena. Es una señal clara acerca del instrumento que Chile debe tener. Y, por supuesto, habrá de ser utilizada de acuerdo a las circunstancias y en el momento oportuno.
Negar este instrumento me parece un retroceso enorme en lo que constituye hoy la posibilidad de que los países cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar, o falta de libre de competencia, o alteraciones del mercado que afecten gravemente a un sector.
Por eso, solo quiero destacar dos ideas finales.
Una: varios parlamentarios presentaron sobre esta materia una moción, la cual fue declarada inadmisible porque, obviamente, tenía que ver con impuestos.
Y dos: la Comisión Mixta, integrada por los 10 parlamentarios miembros de las Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras, primero, acordó unánimemente pedirle al Gobierno 4 años, y segundo, aprobó por consenso la norma que se propuso en consecuencia.
Por eso hice uso de mi derecho a una segunda intervención, señor Presidente .
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma, por 5 minutos.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , le pedí una interrupción al Senador Escalona cuando señaló o insinuó un cambio de posición de estas bancadas en materia económica. Lamentablemente, no me la dio. Así que aprovecharé estos 5 minutos para hacer una defensa exacta de lo que pienso en esa materia. Y no creo que ello mueva a dudas o a cambios a ese colega, quien en el último tiempo se ha dedicado a juzgar las intenciones de los otros, además de ser obstruccionista en muchos proyectos.
Me habría gustado que el Senador Escalona estuviera en la Sala en este momento. Sin embargo, la abandonó hace poco rato.
La señora RINCÓN.- ¡Sabía lo que le venía...!
El señor COLOMA.- ¡Probablemente sabía lo que podríamos decirle...!
Señor Presidente , siempre he creído en un comercio internacional justo. Y no me parece que ello sea un enfoque equivocado. Al contrario, creo en el mercado. A mi entender, ha sido clave para darle crecimiento y libertad al mundo -eso es muy opuesto, por ejemplo, a la lógica estatista con que probablemente el Senador Escalona vio durante muchos años el concepto de la producción-, lo que no obsta a que desde siempre en estas bancadas hayamos pensado que existen instrumentos necesarios para que en el comercio internacional o dentro del comercio interno la competencia sea justa.
Caso evidente es la Ley Antimonopolio.
¿Qué es la Ley Antimonopolio? Una excepción a las normas de la competencia.
¿Por qué se produce esa normativa? Precisamente pensando en la persona que recibe el bien, para que, en una situación de posición dominante, no se genere un precio por completo distorsionado.
Por eso, soy muy partidario de la competencia y, armónicamente, de la Ley Antimonopolio.
Lo mismo ocurre con las medidas antidumping aprobadas una y otra vez, que tienen que ver con una situación estructural generada en muchas oportunidades dentro del comercio internacional.
Creo que las salvaguardias apuntan, de manera más excepcional, más inmediata, distinta de las medidas antidumping, precisamente a proteger cualquier actividad económica que sufra un cambio abrupto en las condiciones del juego.
Eso es creer en el libre mercado; en la capacidad de competencia sana; en que las leyes tienen un sentido ordenador cuando las condiciones así lo requieren.
Por eso, como no quiero que se aplique acá el concepto de "quien calla, otorga", más que desmentir, debo señalar que si el colega Escalona pretendió ironizar con respecto a que el comercio internacional es justo, reivindico la justicia de este. Resulta esencial que así lo sea, no en un componente ético, sino en un componente de mercado. Porque es fundamental entender que eso es lo que mejor les garantiza a los ciudadanos poseer más bienes y de mejor calidad, y a los países, tener crecimiento estable.
Así que reivindico tal concepto y no entro en la lógica descalificatoria que Su Señoría plantea.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , la Región del Biobío se ha visto afectada de manera constante por el cierre de industrias exportadoras competitivas. Es el caso de Bellavista Oveja Tomé. También lo fue el de Huachipato, en su momento, con la producción de acero, donde hubo un largo debate respecto a las salvaguardias, a la competencia desleal o, más bien, a la competencia en mejores condiciones en los mercados internacionales, que obligaba a restringir la entrada de ese producto a Chile.
El informe de la Comisión de Hacienda dice que hoy día hay dumping en el caso de la leche; que existen problemas para nuestros exportadores, de tal modo que más vale importar leche en polvo que comprarles a los productores nacionales. Agrega que en el caso del trigo Argentina está produciendo distorsiones por la aplicación de subsidios que generan competencia desleal.
Yo no sé si lo que han alegado los productores o los molineros respecto al alza del precio del pan tiene que ver con aquello. Tan solo quiero señalar que el Ejecutivo es quien define en último término el plazo de la salvaguardia.
Se piden 48 meses, señor Presidente.
Está claro que siempre se solicitará lo máximo. Nadie va a pedir una salvaguardia por doce meses: todos requerirán cuatro años.
Mi pregunta es: ¿tiene alguna participación el Congreso en el uso de esta medida? No. Es facultad exclusiva del Ejecutivo, de Hacienda.
No hay en el horizonte amenazas posibles de dumping. Chile ha combatido las acusaciones por este concepto. Yo participé en el caso del salmón nacional. ¡Me arrepentí mucho después...! Al parecer, algunos estaban en la razón cuando decían que teníamos procesamiento en línea, al igual que en la carne. Y las exportaciones de salmón fueron objetadas por dumping.
Yo solo quiero preguntar si hay alguna amenaza que origine la preocupación por este proyecto. Si existiera, me gustaría conocerla. ¿Por qué? Porque solo vamos a anticipar -ello siempre es bueno-: no iremos a apagar el incendio.
Entonces, tendríamos un instrumento por hasta 4 años -el doble de lo actual- para enfrentar ese tipo de amenazas.
El caso de la producción de harina para el pan es nombrado de manera preferente en el informe de la Comisión, por tratarse de prácticas comerciales reñidas con las normas más esenciales de la libre competencia y que afectan a la producción triguera nacional. Y se les echa la culpa a los argentinos.
A ello -prosigue el informe- se añade el hecho de que la Unión Europea, Japón y Estados Unidos tienen múltiples subsidios estatales a sus agriculturas, los cuales terminan también afectando a nuestros productos.
En Estados Unidos, como están muy subsidiados -por cierto: es la cuna del neoliberalismo-, son extremadamente conservadores y protectores. Y cuando obtienen excedentes -lo dice el informe- los mandan a Chile.
Entonces, la "papa": excedentes de producción subsidiados; por lo tanto, a mejor precio para competir incluso con productos nuestros.
Señor Presidente, estamos en tiempos de paz. Yo diría, entonces, que hay que prepararse para los tiempos de dificultad.
Por consiguiente, si no hay amenaza, discutamos esto sin apasionamiento.
Ya cerró Bellavista Oveja Tomé.
Me habrían gustado salvaguardias respecto a las exportaciones a 88 países. Pero estábamos con un tratado de libre comercio. Los aranceles se hallaban prácticamente en seis y en cero. No había mucha posibilidad. El 90 por ciento de los productos se encuentran bajo ese tipo de instrumentos. El margen, pues, no dice relación con los elementos de los tratados en comento.
Yo pregunto, entonces, qué está amenazado, cuál es la amenaza más evidente para que esta legislación opere.
Productos estacionales: ¿cuáles? ¿Qué exportación? Lo señala nuevamente el informe.
El Senador Kuschel dice que pueden existir productos estacionales, muchas veces de temporada de solo seis meses, que habría que proteger.
Vayamos a lo concerniente a las represalias, señor Presidente. La Senadora Alvear ya tocó el punto.
Aplicaremos estos mecanismos. Pero está claro también en el informe que hay dos formas de proceder: o nos piden rebajar tasas de ingreso a productos de ellos -de los países que resulten afectados- o, simplemente, disminuyen ventajas que favorecen a los nuestros para el mismo efecto.
Alguien sale lesionado de lo anterior. El informe de la Comisión de Hacienda hace referencia a "posibles represalias contra nuestros exportadores como en las expectativas de los consumidores locales".
¿Quién las paga? En definitiva, los productores que no tienen que ver con el rubro que se ha intentado resguardar a través de las medidas antidumpin, en este caso la salvaguardia.
Lo que me preocupa, señor Presidente -sin ser experto en la materia, por cierto-, es que siempre que protegemos a alguien y existen represalias pagan, a veces, justos por pecadores o personas inocentes. Si las toman países que se ven afectados, como dice el informe, nos gustaría saber quiénes son los posiblemente perjudicados y qué haría el Gobierno, también, para defenderlos, si no tienen nada que ver en el proceso.
Quien decide acerca del uso del instrumento es la autoridad, de manera completamente facultativa.
Recuerdo que la pelea por Huachipato fue tremenda. El Gobierno de la Concertación se negaba a tomar una decisión. Costó muchísimo buscar el proceso de salvaguardia. Un año o dos eran insuficientes. Ello me vuelve a la memoria. Se requería más tiempo para poder estabilizar una competencia adecuada en el acero.
Hoy día, la situación es radicalmente diferente: toda la producción de Huachipato ha sido comprada por China. Es más, se amplía en 50 por ciento de su capacidad y no existe disponibilidad del producto. Se vende todo. Cambiaron las condiciones de mercado. Por lo tanto, lejos de requerirse una protección, lo que estamos haciendo es exportar mucho.
Señor Presidente , me parece que debieran haber asistido a la sesión el Ministro de Economía , o el de Hacienda, o el de Agricultura -porque entiendo que la cuestión se relaciona con la producción agrícola-, para poder conocer cuáles son las amenazas. Porque estamos legislando para prevenir un temor, una situación extraordinaria. Me gustaría saber de qué se trata. La Región que represento comprende zonas agrícolas.
El señor COLOMA.- Es el caso del exceso de leche.
El señor NAVARRO.- Es un ejemplo. Entonces, ella debiera bajar de precio en Chile.
El señor COLOMA.- La de afuera.
El señor NAVARRO.- Si vamos a favorecer a nuestros productores, quisiera saber cuánto ganarán los consumidores.
El señor LAGOS.- Nada.
El señor NAVARRO.- Es la pregunta que quisiera que el señor Ministro pudiera contestar, pero no se encuentra en la Sala.
Porque, en definitiva, si legislamos, no es para el interés propio de ellos, sino también para el del país, y, en consecuencia, uno esperaría que el beneficio se compartiera. Si damos protección, extendámosla a los productores locales; pero si se va a contemplar, en definitiva, una sola dirección: hacia los productores o hacia los exportadores, no se me termina de precisar si procedemos de la manera correcta.
Lo que sí tengo claro es que los Ministros de Hacienda son siempre iguales, cualquiera que sea el Gobierno, y que, por lo tanto, la utilización de estas medidas siempre va a estar garantizada por una férrea resistencia de su parte.
Lo anterior, con la salvedad de la actual Administración, en la cual el poder salió de la Cartera y se trasladó a La Moneda. Eso quedó meridianamente claro después de escuchar al Ministro señor Felipe Larraín referirse al posnatal y a un conjunto de proyectos. La capacidad de decisión se halla en el palacio de Gobierno, más concentrada.
En proyectos como el que nos ocupa, que implica modificar las reglas del juego de la economía abierta en Chile, que constituye un quiebre de una tendencia libremercadista, neoliberal, en orden a que los mercados resuelven los problemas, estamos dando una manito desde el Estado, estamos diciendo que este es necesario cuando las cosas no funcionan. "Papá" Fisco puede regular y ayudar.
En consecuencia, señor Presidente, me hubiera gustado contar con la presencia del señor Ministro para que respondiese a estas interrogantes.
Se registra inquietud en los trigueros, en los productores de leche. Tratándose de un informe de Comisión Mixta, no existe la posibilidad de presentar indicaciones.
El señor COLOMA .- Han transcurrido casi cuatro años. El proyecto lleva la firma de Belisario Velasco.
El señor NAVARRO.- Está bien. Pero que quede claro que, en este caso, no podemos formularlas.
Porque uno hubiera dicho, por ejemplo: "En realidad, cabría haber puesto algunas condiciones para facilitar la implementación del mecanismo y lograr precisión sobre los beneficios, particularmente en cuanto a no gravar más a los consumidores".
O bien, ello podría decir relación con dar garantías de eficacia y oportunidad, por si se taima el Ministro o al Presidente no le gusta el asunto.
Y si existe, en definitiva, un conflicto de interés y alguien quiere liquidar a un competidor, lo que tiene que hacer es evitar la salvaguardia o las medidas antidumpin y después comprar barato. Y eso depende de una definición política.
Por lo tanto, se trata de un instrumento poderoso.
Y debiera haber por lo menos claridad meridiana, aparte de las reglas técnicas de la OMC, respecto de cuándo el país toma la decisión. Si la cuestión depende del criterio del Gobierno de turno o del Ministro de Hacienda de turno, la discrecionalidad es enorme. Entonces, se requiere tomar las calles, movilizarse, ejercer presión social, porque, en definitiva, la determinación es político-económica.
Me hubiera gustado que, al entregar este tipo de facultades -importantes y que, por lo tanto, pasan por el Senado, que delega-, se dejase un poquito de decisión parlamentaria, de decisión ciudadana, al igual que reglas del juego más claras, para la aplicación de una medida extraordinaria, para casos extraordinarios, como la que se nos pide.
Estoy por votar a favor, señor Presidente, porque entiendo que se trata de una medida posible y tranquilizadora para los productores, sin perjuicio de las dudas que he señalado.
¡Patagonia sin represas!
He dicho.
El señor PIZARRO .- Y sin tendido eléctrico...
El señor NAVARRO.- ¡Si no va a haber tendido...!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, escuché al Senador señor Coloma referirse a las bondades del mercado y del comercio justo. Suena muy bonito, como las típicas clases que a uno le dictan en la universidad sobre macroeconomía y microeconomía y el mundo ideal. Pero la dificultad radica en que este último, en el cual me parece que Su Señoría cree y que quiere honestamente, no existe.
Y uno lo ve sentado junto a nuestro Honorable colega Hernán Larraín , quien nos dibujó otro país, otra realidad económica.
Existe un mercado interno altamente concentrado. Es posible observar distorsiones en el arroz, en el trigo. Y consignemos que las medidas aplicadas para defender a los trigueros explican algo el alza del precio del pan que hoy día están padeciendo los consumidores. No pensemos que son neutrales.
También se mencionó lo que pasa en otro rubro. El Senador que habla agregaría el maíz -una Región es la principal productora-, registrándose distorsiones en el mercado interno por actuar el poder comprador como monopsonio y destruirlo.
Para el sector exportador existe un proyecto, pendiente desde hace mucho tiempo, que hace referencia a lo mismo: a lo que pasa con los productores de fruta y las empresas exportadoras, y a cómo ellos se ven esquilmados, porque terminan obligados a un contrato de consignación de sus productos y la mayor parte del negocio se halla en la comercialización, de la cual no son partes, por cierto.
Menciono los dos fenómenos simplemente para observar que lo que uno estima comercio justo en el mercado interno no siempre lo es.
Y en el mercado internacional ocurre lo mismo. Porque, tal como se indicó, grandes países defienden a sus mercados por decisiones políticas y originan distorsiones tremendas. Cuando la potencia económica principal del planeta: Estados Unidos, junto con Europa, protege a sus agricultores en esa forma, es evidente que ello nos afecta y puede provocar las consecuencias mencionadas. Y cuando países competidores nuestros en ciertos rubros nos exportan productos, también distorsionan el mercado.
Por eso, en primer término quiero hacer presente que la discusión no es entre estatistas y libremercadistas. Todos queremos el comercio justo. Pero este es una aspiración, no una realidad. Y ese es el motivo por el cual se necesitan medidas para defender, a través de decisiones políticas, a ciertos sectores de la economía que se ven en situaciones de desventaja frente al accionar de otros.
Comprendo las reflexiones de mi Honorable colega Lagos. Lo que uno no quiere es que le apliquen represalias por defender a un subsector, lo que puede ser muy legítimo.
La pregunta es cuál es el interés político del país.
Por mi parte, simplemente deseo decir lo siguiente en relación con la agricultura. Este es el sector de la economía que da más ocupación. Generar una en el rubro frutícola significa una inversión de 16 mil dólares, frente a un millón y medio en la Gran Minería del cobre.
Es una actividad económica donde los empleos normalmente requieren más este tipo de medidas y garantiza una ocupación territorial más extensa. Median razones políticas para defenderla en todas sus dimensiones.
Considero positivo poner alguna vez estos temas en la balanza, junto a otros como el del comercio justo, al cual se refirió el distinguido Senador señor Coloma .
Estimo necesarios, sí, estos instrumentos, porque no todos creen en el comercio justo. Podemos competir felices con otros países, aunque nos hallemos lejos de los principales mercados del planeta. Sería óptimo. Pero me preocuparía más de que nuestro ordenamiento nos permitiera enfrentar la competencia de vecinos cercanos, que son los que normalmente nos generan las distorsiones.
Deseo dejar establecido que no estimo ideal la solución de la Comisión Mixta. Creo que el sistema de 2+2 es excesivo. Era mejor la propuesta anterior, de 2+1, que se comenzó a discutir, pero entiendo por qué se ha llegado a lo que se plantea.
En todo caso, soy partidario de que el Estado cuente con más instrumentos y no con menos. No debemos limitarnos. Ese sería un error político.
Del mismo modo, espero que seamos capaces de discutir mecanismos para asegurar un tipo de relación comercial equitativa al interior de nuestro país.
Me gustaría hacer un llamado al respecto a mis Honorables colegas de las bancas del frente, con quienes hemos discutido el punto en otras ocasiones, a fin de regular cierto tipo de contratos, en particular en la agricultura, vinculados a la industria de transformación.
Porque no es justo lo que ocurre hoy día. Los productores de insumos en forma voluminosa -normalmente, existen muchos de tamaño pequeño, y también medianos- son tomadores de precios de dichas industrias. Ello origina precariedad en toda la cadena: para el mundo del trabajo y para los territorios asociados a estos fenómenos.
En consecuencia, sin perjuicio de la generación de mecanismos y del deseo de que existan libre mercado y comercio justo, nuestra aspiración tiene que ayudarnos en el camino, porque, a veces, el mercado es cruel, como decía el ex Presidente Aylwin, y no todos concurren en las mismas condiciones.
Precisamente porque nuestro país no concurre siempre al mercado del comercio internacional en las mismas condiciones que otros, voy a votar a favor. Pero, como asimismo entiendo que los fenómenos en ese ámbito existen al interior de nuestra economía, sería positivo que también pudiéramos abordarlos. Para ello necesitamos llegar al consenso de no endiosar al mercado, por tratarse de un instrumento, no de un fin en sí mismo.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, luego de escuchar a varios Honorables colegas,...
El señor COLOMA .- ¿Cambió de opinión?
El señor LAGOS.- Al contrario. Reafirmo las mías. Considero necesario aclarar, entonces, otros conceptos.
Se ha hecho referencia a un comercio justo, a un mercado que funcione. Por eso, se explica, a juicio de algunos, una salvaguardia adicional. Ello no es justo para el comercio. Para las distorsiones existen otros instrumentos, como las medidas antidumpin, respecto de aquellos que recurren al dumpin de precios, y los derechos compensatorios, establecidos en la misma ley que estamos modificando, para hacer frente a los subsidios a la exportación o a la producción.
En consecuencia, el instrumento que se menciona no tiene nada que ver con las distorsiones del mercado. En el caso de un aumento súbito de importaciones de un país determinado, cabe una denuncia por dumpin o por subsidios, según se estime.
Lo que sucede es que las salvaguardias, como se encuentran estructuradas, permiten una aplicación fácil, pero no para resolver la cuestión de fondo que nos ocupa. Se trata simplemente de la protección de un sector determinado.
Quisiera hacer presente, además, que los famosos ocho años de la OMC son producto de la misma estructura que presenta nuestra Corporación. Porque las leyes en ese organismo son ratificadas por los Senados y Congresos de todos los Estados miembros democráticos, instancias en donde se encuentran sobrerrepresentadas las regiones agrícolas.
El señor COLOMA .- ¿Como aquí?
El señor LAGOS.- Aquí ello resulta claro. Son muchos más los chilenos que viven en zonas urbanas que en las agrícolas. Y eso me parece muy bien.
Lo que deseo expresar es que el texto de la OMC es el mínimo común denominador de algo lo menos distorsionante posible, pero que lo sigue siendo.
Lo concreto es que dicha organización, por eso mismo, les plantea a los países una decisión: "Si usted quiere, puede contar con ocho años".
¿Por qué no pidieron acá ese plazo y se conforman con cuatro?
El señor COLOMA.- Por la retaliación.
El señor LAGOS.- Como dice muy bien el Senador señor Coloma , porque van a "retaliarnos". Se pedirá una compensación. Y eso sí provoca un efecto en nuestra agricultura.
Lo que pasa es que los que usan la palabra aquí intervienen por una sola agricultura: la que genera menos empleo, la que no abre mercados. Es la misma por la cual tuvimos que postergar, tal vez, el desarrollo de oportunidades de negocios importantes para el país.
En todos los acuerdos de libre comercio,...
El señor COLOMA .- ¡Talca es así...! ¡No puedo cambiarla...!
El señor LAGOS.- ...Chile tuvo que pagar por no poder exportar más cordero magallánico, más vino, más productos. ¿Por qué? Porque entendimos que había necesidades que cautelar. Y para eso contamos con medidas apropiadas.
La pregunta es si se ha considerado la mejor. Temo que no. Porque se afectarán empleos -la creación de alguno de ellos cuesta 16 mil dólares, como lo expresó el Senador señor Letelier - cuando tengamos que compensar con nuestros vinos a Estados Unidos, con nuestros productos a Europa y a Japón.
Otra cosa es que países ricos que gastan plata de manera incorrecta estén dispuestos al perjuicio de sus exportaciones con la aplicación de medidas de ocho años de duración.
Surge la interrogante de si Chile, con el ingreso que registra, puede darse el lujo de recurrir al mecanismo.
No me opongo a las salvaguardias. Por eso, apoyé lo propuesto por la Presidenta Bachelet , que combinaba dos fines, como dijo el Honorable señor Hernán Larraín . Se abrió una ventana adicional de protección a la agricultura en caso de un aumento de las importaciones imprevisto y limitado en el tiempo: tres años. No es poco. Pero lo complejo de los cuatro años son las compensaciones que deberemos pagar.
Me parece injusto plantear que la Administración futura tendrá que decidir. Ellas también son objeto de presiones. Y todos sabemos qué rinde más al final del día, entre un empleo ligado a una inserción internacional dinámica o uno vinculado a un sector agrícola que es preciso apoyar de otra forma, sin darle la protección mencionada.
Me sorprende que el Gobierno, que ha rasgado vestiduras por los mercados justos, por la libertad individual, por la libre competencia, haya mostrado tanta debilidad.
El señor COLOMA .- ¡Sensibilidad!
El señor LAGOS.- Los anteriores soportaron varios "San Carlos" para no dar protección cuando no correspondía.
Nosotros no tenemos ningún interés comercial en el asunto -los que estamos en este lado no exportamos-, ni otro de especie alguna.
Pero ¿cuál fue el bien para el país? Que se optó por un camino de inserción internacional que permite abrir mercados y generar empleos de mejor calidad.
A productos que rinden mucho más, a sectores más dinámicos, los estamos perjudicando. Es una pésima señal.
Aquí no fue ni siquiera necesario hacer un "San Carlos" para que el Gobierno presentara una indicación a un buen proyecto, con el objeto de darle el gusto a los representantes de un determinado sector de la sociedad.
Por último, debo expresar que me gusta observar el exceso de celo exhibido para proteger el libre comercio y el mercado. Me gustaría que eso mismo se tradujera en que no existieran en Chile 3 farmacias, 3 empresas telefónicas, 4 isapres, 4 bancos y 2 supermercados.
El señor COLOMA .- ¡Esa es la herencia...!
El señor LAGOS.- Me encantaría que un Ministro se encontrara en la Sala, para el efecto de que la presentación de una indicación pusiera fin a ese cuadro.
Esta es la política dura y pura, como siempre.
Por mi parte, represento los intereses de la Quinta Región, que quiere seguir exportando.
He dicho.
El señor WALKER (Ignacio).- Abra la votación, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se ha dado la palabra en el segundo discurso y hay Senadores que desean intervenir.
El señor LARRAÍN.- Limitemos los tiempos.
El señor GIRARDI (Presidente).- Ello no es posible, pues los Senadores tienen derecho a hacer uso de la palabra.
Eso sí, si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
--Así se acuerda.
El señor GIRARDI (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor García, para fundar el voto.
--(Durante la votación).
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , en primer lugar, deseo señalar que nosotros estamos obligados con la Unión Europea a imponer un plazo máximo de salvaguardias de 18 meses sin que les asista a los países europeos el derecho a exigir retaliación.
Ello quiere decir que con la actual legislación de 1+1 -o sea, 24 meses- ya en el mes 19, si se trata de una salvaguardia respecto de un producto europeo, nos podrían exigir algún tipo de compensación.
En segundo término, y luego de la intervención del Senador señor Lagos, debo manifestar que esta materia también tiene que ver con un país más equitativo, donde disminuyamos las desigualdades.
Todo el tiempo señalamos que Chile es tremendamente desigual. Y parte de las desigualdades radica en que tenemos un país que se dedica a actividades productivas de exportación, y otro, a una agricultura sustituidora de exportaciones, representado por las Regiones del sur -entre ellas, la de La Araucanía- y, además, por miles de pymes que desempeñan el mismo papel.
Y la salvaguardia de 2+2 que se propone no apunta solo a la agricultura, sino también a cualquier otra actividad económica cuyo mercado se vea profundamente afectado de modo temporal por una cantidad enorme de importaciones de determinado producto.
Por lo tanto, la materia en análisis se relaciona mucho con la justicia, con las posibilidades de todas las Regiones, a fin de que las que no sean exportadoras puedan serlo, y que a las que no alcanzan un ingreso per cápita de 35 mil o 50 mil dólares al año les sea factible hacerlo.
Pero ¿cómo podemos lograrlo si, por ejemplo, una actividad muy relevante desde el punto de vista económico y también desde el de creación de empleo, como la de los planteles lecheros, es liquidada mediante la importación de leche en polvo excedente en países europeos? ¡Porque eso ocurre: nos liquidan los planteles lecheros!
Entonces, ¡cómo vamos a salir adelante! ¡Cómo vamos a surgir! ¡Cómo les vamos a pedir a nuestros agricultores, a nuestros productores que sigan confiando, que sigan invirtiendo, cuando en realidad están perdiendo plata y van a la quiebra!
Para eso necesitamos las medidas que se proponen, y, por supuesto, los Gobiernos habrán de aplicarlas con criterio, con prudencia. De modo de no afectar nuestra inserción internacional.
Pido que seamos consecuentes en todas las materias, y también con el discurso permanente de que en nuestro país hay desigualdades, inequidades.
Disponer de este instrumento ayuda a Chile a ser un país más igual, no solo respecto del ingreso de las personas, sino además entre sus Regiones, entre el norte y el sur, entre el centro y el sur. La integridad, la unidad del territorio tiene que ver con proyectos como estos.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , en verdad, en esta sesión hemos ido de sorpresa en sorpresa.
Primero, el Senador Escalona nos daba clases de mercado, seguramente por su experiencia socialista,...
El señor PROKURICA .- ¡En la RDA!
El señor LARRAÍN .- ...que dejó a las naciones que aplicaron ese modelo en muy mala condición, como Alemania Oriental y los países que se integraron a la Unión Europea, después de décadas de postración a causa de ese régimen.
Quizá esa actitud se debe a haber ido incorporando los conceptos económicos contemporáneos, pero sin entenderlos debidamente. Porque, más que defender el mercado, de lo que se trata es de asegurar que este funcione. Para eso ha de existir la competencia. Y lo que estamos aprobando hoy es un instrumento más para asegurar tal objetivo.
Por lo tanto, no me parece que haya aquí nada de lo cual uno pueda arrepentirse o sospechar.
Y el Senador Lagos -lástima que no esté presente- ha demostrado un espíritu de poca comprensión por el mundo agrícola, por el mundo rural. Se trata casi de una especie de animadversión contra quienes viven y representan a las Regiones agrícolas, en circunstancias de que son parte muy significativa de nuestro país: cerca de un millón de personas trabaja directamente en la actividad agrícola. Y de manera indirecta muchas más, porque la fuerza motriz de toda la cadena productiva que se arrastra en pueblos y ciudades del ámbito rural emana precisamente de la agricultura.
En consecuencia, ojalá que hubiera más fuerza del mundo agrícola en las decisiones que se adoptan en nuestro país. Pero, desgraciadamente, no es así.
De otro lado, la batalla por las salvaguardias, una pequeña batalla, al igual que la dirigida a cambiar la Comisión de Distorsiones, la llevamos librando por décadas.
Recuerdo haber formado parte de un grupo de trabajo convocado por el Presidente Lagos -era titular de la Comisión de Agricultura, y en esa calidad participé- el año 2000. En esa fecha se acordó modificar la Comisión de Distorsiones, para que fuera más ágil, más expedita y funcionara como aquí se ha señalado. ¡Bueno! Han pasado diez años y no ha ocurrido nada. Espero que ahora sí se materialicen los cambios.
Además, quería precisarle al Senador Lagos -no se encuentra en la Sala- que de verdad él no entendió lo que ocurrió en San Carlos. Porque la reunión a que se refirió no fue de repudio hacia los acuerdos de libre comercio. Se trató de una actividad dirigida al MERCOSUR, que, de todos los convenios comerciales, ha sido el único que en realidad le ha causado daño a la economía chilena.
Los términos de intercambio, desde 1995 hasta la fecha, han evolucionado negativamente en perjuicio de Chile y en beneficio de Argentina y Brasil, sobre todo gracias al MERCOSUR. Eso dijimos en la oportunidad antes mencionada.
No hubo fuerza para evitar que ese acuerdo se aprobara en la manera en que se hizo. Y son muchos los trabajadores chilenos que han perdido su empleo. Son muchos los exportadores -a los que aludió el Senador Lagos- que no han podido seguir exportando, porque han sucumbido debido a la forma como esos países manejan la economía.
Entonces, no ha habido de parte del mundo agrícola una actitud hostil frente a los acuerdos de libre comercio, sino una búsqueda de que ellos sean justos, equitativos. Y espero que algún día podamos corregir el Acuerdo del MERCOSUR, porque sigue siendo muy inconveniente hasta el día de hoy.
El año pasado el Director de ProChile nos expuso el resultado global de todos los tratados de libre comercio, y en verdad es excepcionalmente bueno, salvo en el caso del MERCOSUR.
Por eso, hay que ser justos con los conceptos que se emiten. Y aquí, por intentar disponer de una facultad adicional, que se sabrá ejercer con juicio y criterio, se está pasando a llevar una actividad que sufre por parte de los países más desarrollados el proteccionismo más absurdo, en circunstancias de que constituye un medio de trabajo necesario, del cual muchos chilenos tienen derecho a vivir.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa, para fundar el voto.
El señor NOVOA .- Señor Presidente , me parece un poco inútil poner en contraposición a los agricultores con los consumidores.
No creo que ese sea el propósito. Pienso que la agricultura es una actividad muy importante en nuestro país. Tiene todo el derecho a ser protegida y respaldada. También es cierto que nosotros, como legisladores, debemos preocuparnos de que los chilenos tengan el acceso más económico posible a los bienes, sin que ello vaya en perjuicio del sector productivo.
Es muy difícil establecer a priori en una ley lo que es justo o no.
Hace 3 a 4 meses los agricultores exigían la creación de un poder comprador de trigo, pues su precio era muy bajo. Hoy día, el valor del grano ha subido enormemente y está impactando en el pan. Y ello ha ocurrido -repito- en pocos meses.
Resulta de especial dificultad pretender regular en una normativa, con precisión y justicia, el comportamiento de los mercados y sus oscilaciones.
Me opuse al proyecto, y me opondré al informe de la Comisión Mixta. Porque creo que el mecanismo de las salvaguardias tiene un objetivo muy específico, que nada tiene que ver con los subsidios otorgados por países europeos a la agricultura, con la libre competencia, o con las medidas contrarias a esta.
La salvaguardia pretende establecer procedimientos para impedir que la fluctuación brusca e imprevista de precios genere problemas en el sector productivo de nuestro país. Y, si se trata de evitar que ello surta efectos negativos, no veo por qué se necesitan más de dos años -el proyecto habla de tres- para lograrlo.
En efecto, de requerirse más tiempo, significaría que la fluctuación no es tan brusca. A lo mejor vino para quedarse. Y, si es así, la solución no es la salvaguardia, sino otra medida.
¿Cuál es el verdadero problema que enfrentan los agricultores o cualquier otro sector productivo chileno ante las salvaguardias por fluctuaciones bruscas?
Que el procedimiento para establecerlas no es inmediato, no es instantáneo. A mi juicio, ahí radica el punto. Y lo deberíamos corregir. Porque, si nos demoramos tres o cuatro meses en fijar una salvaguardia, a lo mejor el daño está hecho. Por ejemplo, al entrar miles de toneladas de excedentes o mercancías en liquidación.
¿Y por qué no es bueno tener a mano ese mecanismo?
Por dos razones: una, porque cuando un instrumento se tiene a mano, se usa. Y se podría fijar una salvaguardia por cuatro años. Y, otra, porque su utilización no requiere justificar el daño; solo probar la condición objetiva de fluctuación. Entonces, sería factible que surgiera la tentación de ocuparla en contra de los atentados a la libre competencia, del dumping. Y esa no es la forma de enfrentar los problemas del sector.
En consecuencia, con todo respeto hacia los agricultores y entendiendo que obviamente esta norma puede proteger a cualquier otra actividad productiva, me opongo al informe de la Comisión Mixta, porque me parece que el proyecto despachado por el Senado era más adecuado.
Voto que no.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , solo deseo expresar que no me voy a pronunciar respecto del informe de la Comisión Mixta, en atención a que poseo siete hectáreas de frutas exportables. Y, por conflicto de interés, no puedo hacerlo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8° del Reglamento.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (16 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Orpis, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Girardi, Lagos, Muñoz Aburto y Novoa.
Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Frei (don Eduardo), Pizarro, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE LIBERTAD CONDICIONAL Y ESTABLECIMIENTO DE PENA ALTERNATIVA DE TRABAJOS COMUNITARIOS
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7534-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 13ª, en 3 de mayo de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar el actual régimen de libertad condicional, a fin de que los Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia no tengan facultad para decidir su otorgamiento, y que ella radique en las Comisiones de Libertad Condicional.
Además, se establece la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, como sanción alternativa para el caso de incumplimiento de la pena de multa.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina y Patricio Walker).
El texto de la iniciativa se puede consultar en la parte pertinente del primer informe de la Comisión.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión general.
Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Constitución, Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , este proyecto se inició en mensaje y persigue dos propósitos centrales:
Primero, introducir modificaciones al actual régimen de libertad condicional, con la finalidad de que los Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia no tengan decisión en el otorgamiento de dicho beneficio, y que esa facultad radique en las Comisiones de Libertad Condicional.
Segundo, establecer en el Código Penal la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad como sanción alternativa para el caso de incumplimiento de la pena de multa.
La Comisión analizó la iniciativa con la participación del señor Ministro de Justicia , quien explicó que su texto responde a la preocupación del Gobierno por la crítica situación penitenciaria que actualmente se registra en nuestro país, la que se refleja en altos niveles de sobrepoblación y de hacinamiento, con los nocivos efectos que derivan de ello.
El proyecto en estudio forma parte de un conjunto de iniciativas del Ejecutivo orientadas a resolver tal situación. Y, concretamente, persigue el uso racional de los recintos penales, potenciando dos instrumentos jurídicos de gran relevancia en esta materia: la libertad condicional y el sistema de conversión de penas para el caso de incumplimiento de una multa.
Las propuestas centrales de la iniciativa -ya lo mencioné- fueron analizadas latamente por la Comisión.
En cuanto a la actual función de los Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia en el proceso de concesión de libertad condicional, hubo coincidencia en que este mecanismo puede dar lugar a dudas acerca de la objetividad e idoneidad necesarias para adoptar una decisión final sobre el beneficio. Además, esas autoridades ejercen dicha labor en una forma que puede resultar bastante discrecional.
Por tales razones, además de otras que hubo oportunidad de analizar en el órgano técnico, se estimó atendible la proposición de radicar tal facultad en las Comisiones de Libertad Condicional, las cuales se hallan integradas por jueces y cumplen de manera estricta y objetiva sus actuales cometidos.
Quiero explicar, señor Presidente , que, según el sistema vigente, para otorgar la libertad condicional Gendarmería elabora un informe técnico. Este pasa a una Comisión de Libertad Condicional conformada por magistrados, la que estudia los antecedentes y decide si la otorga o no. La propuesta correspondiente se hace llegar al respectivo Secretario Regional Ministerial de Justicia , quien resuelve en definitiva.
Considero que tal decisión no debe ser tomada por una sola persona. Si técnicos han analizado con antelación los antecedentes y luego está esa Comisión, lo lógico es que sea ella la que al final conceda o no la libertad condicional.
El proyecto busca precisamente aquello: liberar a los seremis de adoptar tal decisión.
También hubo acuerdo en la Comisión en torno a la idea de establecer un sistema alternativo de la pena de reclusión cuando alguien condenado a pagar una multa no lo hace por falta de recursos. En este caso, en lugar de proceder a encarcelarlo, se le castigará con prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Se estima que así se lograrán de mejor manera los propósitos rehabilitadores de las sanciones y se evitará que un considerable número de personas incremente la población penitenciaria sin haber cometido un ilícito que amerite la privación de libertad.
De ese modo, los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia concordaron en acoger la idea de legislar, sin perjuicio de poner de manifiesto algunos aspectos del proyecto que será menester perfeccionar, como la fecha de entrada en vigor de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, que requiere la concurrencia de diversas condiciones específicas para comenzar a operar en debida forma.
Se convino estudiar pormenorizadamente esas materias durante la discusión en particular, de modo de introducir en el texto los ajustes pertinentes.
En consecuencia, señor Presidente , nuestra Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó en general la iniciativa, y acordó recomendar a la Sala que proceda de igual modo, sin perjuicio de fijar plazo para presentar las indicaciones que sean necesarias.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Y en lo personal y no en mi calidad de Presidenta de dicho órgano técnico, anuncio que voy a formular algunas sugerencias, pues me asisten dudas acerca de cómo se van a implementar los trabajos en beneficio de la comunidad, lo que es indispensable para poder mantener en las cárceles solo a las personas cuya permanencia allí se justifique. Pero ello ha de ser suficientemente aclarado y reglamentado, además de disponer de los recursos para su financiamiento. De lo contrario, constituirá letra muerta.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , el Gobierno presentó esta iniciativa el
A comienzos del 2010, el Senador que habla presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, propicia incorporar entre las penas alternativas la de trabajos comunitarios y hacerse cargo de la urgente necesidad de reformar el sistema luego de una profunda revisión, a fin de que en verdad alguna de aquellas pueda ser considerada por los jueces.
Lo anterior, porque el mal funcionamiento y el desprestigio de tales penas han dejado de ser una alternativa a la reclusión.
Por eso, muchas personas que podrían cumplir sus condenas en libertad por haber cometido delitos menores, como los de piratería, deben hacerlo en un recinto carcelario.
Todo ello, por supuesto, ha sido un factor determinante en la actual sobrepoblación penitenciaria.
Señor Presidente , creo que el Gobierno debería, a lo menos -¡a lo menos!- hacer un reconocimiento al trabajo del Senado. Una iniciativa similar a la que nos ocupa -repito- se presentó mucho antes por quien habla.
Eso sí, me parece tremendamente positivo avanzar en un sistema penal que garantice, de manera correcta y racional, los derechos de cada uno de los involucrados, tanto inculpados como víctimas.
Voy a votar favorablemente el proyecto, y expreso desde ya que formularé algunas indicaciones.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , desde que estoy en el Parlamento, esta es prácticamente la segunda iniciativa legal que tiene como foco el problema de la reinserción y de la rehabilitación.
Y quiero al respecto dar una mirada de más largo plazo, pues considero que podemos ir mucho más lejos en la discusión particular, como lo señalé al señor Ministro . Y en esa perspectiva plantearé mis reflexiones en este debate en general.
Para nadie es un misterio que hoy en día hay gran presión en lo atinente a seguridad ciudadana, que se refleja en que las políticas han de tener éxito o efectos inmediatos, por ejemplo, bajando los índices de victimización o temor.
Los Gobiernos tienen una corta duración en el poder y deben mostrar resultados en asuntos prioritarios para la gente. De lo contrario, son castigados severamente en las encuestas de opinión pública. Es una realidad inevitable que ocurrió en el pasado, ocurre en la actualidad y seguirá ocurriendo en futuras Administraciones. Mientras -entre otras cosas- mantengamos un período presidencial de cuatro años, se esperan resultados inmediatos.
Señor Presidente, la inmediatez termina -este es el punto central- soslayando o no haciéndose cargo de cuestiones que no se resuelven en el acto y cuyos efectos se aprecian en el mediano y largo plazo. Pero resulta fundamental abordarlas.
La inmediatez es importante como primer paso, ya que representa una voluntad política para enfrentar decididamente un problema. Pero falta -he de ser muy sincero- esa mirada serena, reflexiva y de largo plazo que con el tiempo va sentando las bases, abre un camino distinto y escarba en los orígenes de aquel para encontrar las respuestas adecuadas.
Señor Presidente , se montan campañas mediáticas para mostrar resultados de carácter inmediato. Pero el proyecto que nos ocupa nos entrega una gran oportunidad para hacer algo distinto en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo -lo digo con mucho énfasis- echo de menos esa mirada de largo plazo.
En general, frente a la perpetración de un delito, la cárcel aparece como la única solución. Por ello, estimo que esta iniciativa es uno de los primeros pasos para lograr una respuesta más alentadora sobre la materia.
A continuación entraré al detalle del planteamiento que hago esta tarde.
Señor Presidente, en esa mirada a largo plazo, hay unanimidad entre todos los especialistas en el sentido de que existe una relación directa entre la droga y el delito. Y ello requiere de medidas distintas.
En el año 2002 -desde esa fecha registramos antecedentes-, en virtud de un convenio entre el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (CONACE) y Gendarmería, se preguntó a la población penal cuáles fueron las razones que motivaron el delito. Y apareció en segundo lugar, con casi 14 por ciento, "robar para financiar consumo de droga".
Es decir, ¡hace 9 años era clara la estrecha relación droga-delito!
Esos resultados fueron confirmados en el 2005 y ratificados en 2010 por la Fundación Paz Ciudadana, a través de la investigación "I ADAM".
¿En qué consistieron esos estudios? Se aplicó un test de droga a los detenidos en diversas comisarías del Gran Santiago. Y sobre 70 por ciento de los que eventualmente obtendrían la libertad condicional dio positivo en pasta base, cocaína y marihuana, en particular en quienes perpetraron delitos contra la propiedad, robo, robo con violencia, robo con intimidación o hurto, con la diferencia de que en el 2010 se incorporan las drogas químicas, específicamente las metanfetaminas.
Todas las investigaciones, a la larga, confirman el vínculo droga-delito como una de las causas más relevantes a la hora de determinar los factores que originan la delincuencia. Por cierto, no es el único, pero ha pasado a ser un elemento importante.
Surgen, a partir de esos resultados, varias preguntas.
La primera de ellas es: ¿Estamos frente a un delincuente común o a un adicto que, llevado por la necesidad de financiar consumo, termina delinquiendo? Personalmente, tengo la más absoluta convicción de que el consumo masivo de pasta base, cocaína y ahora de las drogas químicas marcan un punto de inflexión en el tema de la seguridad ciudadana.
Ciertamente, hay un porcentaje de delincuencia común que se comete con drogas o sin ellas. Pero no tengo la menor duda de que ese punto de inflexión se provocó con la irrupción de la droga, cosa que escapa a los cánones tradicionales de la delincuencia común.
Por lo tanto, se ha generado un nuevo tipo de delincuente cuyo propósito no necesariamente es lucrar con el delito, sino financiar consumo. Estimo que esa visión solo existe en las declaraciones públicas; pero, a la hora de legislar, no se ha plasmado en iniciativas legales. Se reconoce la relación droga-delito -como señalaba-, pero no se da el siguiente paso.
Si parte importante de la explicación del acto delictual radica en la adicción, para financiar consumo, la única forma de cortar esa relación causal y romper el círculo del delito es la rehabilitación. No hay otra alternativa.
La mitad de los condenados cumplen sus penas en el medio libre. No han tenido posibilidad de rehabilitación. Por ello, lo más probable es que sigan delinquiendo, como lo demuestran las cifras de reincidencia.
Aquellos que se encuentran privados de libertad -salvo los condenados de por vida-, en algún minuto, cumplirán su condena y circularán por las calles con la más absoluta libertad. El 60 por ciento de ellos no tiene programa alguno de rehabilitación y el 40 por ciento restante accede a opciones bastante deficientes en las cárceles concesionadas.
Por otra parte -y esto quiero ponerlo de relieve-, es un hecho reconocido que en las cárceles se consume droga masivamente. Es decir, ni siquiera se ha dado el primer paso para evitar esa práctica en los recintos penitenciarios. No hay rehabilitación y se tolera el consumo.
¡Estamos en el peor de los escenarios, señor Presidente!
Además, en una visita que realicé a la cárcel de Alto Hospicio la semana pasada, tras una reunión con Gendarmería, pude constatar que no existe obligación legal para exigir a quienes se encuentran privados de libertad el test de droga. ¡No existe!
Por eso, una mirada de largo plazo parte por colocar presión para impedir el consumo en las cárceles y por un gran esfuerzo en la rehabilitación y reinserción para evitar al máximo la reincidencia.
Sin embargo, los énfasis no están puestos allí, y los resultados saltan a la vista. El 70 por ciento de la población penal reincide -¡70 por ciento!-; se gastan cantidades gigantescas de recursos en la construcción de nuevas cárceles y las prioridades presupuestarias apuntan a la seguridad. El éxito consiste en la edificación de centros de reclusión necesarios para albergar la creciente población penal y en que ellos sean suficientemente seguros para evitar las fugas.
¿Qué pasa después? ¡No importa, porque los volvemos a encarcelar! Y así este círculo continúa sucesivamente. De él no hemos podido salir desde hace mucho tiempo. Instituciones como Gendarmería están completamente superadas y las cárceles, colapsadas. En su interior se vive un submundo de violencia y de consumo de drogas que sigue alimentando el delito.
El sistema penal ha sido edificado para procesar, pero nadie se hace cargo de lo que ocurre después ni menos de atacar las causas que aparecen como las más inmediatas, con el fin de cortar el cordón umbilical en la escalada del delito.
Señor Presidente, el proyecto en debate representa un avance al menos en lo que concierne a las multas. Pero en muchos de quienes obtengan la libertad condicional ese cordón umbilical se va a mantener.
Entregué estos antecedentes al señor Ministro de Justicia.
En la discusión particular, haré un esfuerzo para incorporar al texto del proyecto el aspecto de la rehabilitación.
Finalmente, anuncio que votaré a favor de la idea de legislar.
No he podido dejar de hacer estas reflexiones, porque -como señalé anteriormente- en esta materia no solo necesitamos una mirada de corto plazo, sino también sentar las bases para impulsar un enfoque de más largo plazo que corte el cordón umbilical entre droga y delito.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Un Comité pidió abrir la votación.
Si le parece a la Sala, se accederá a ello.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , el proyecto de ley en debate resulta sumamente importante debido a que, por una parte -como se dijo-, excluye al Seremi de Justicia del proceso de otorgamiento de la libertad condicional y, por otra, incorpora, dentro del catálogo de sanciones del Código Penal, los trabajos en favor de la comunidad como un castigo sustitutivo por vía de la conversión de la multa.
La iniciativa que nos ocupa -que es muy relevante- no es la única sobre la materia que se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional. Hoy día en la Comisión de Constitución fue aprobado el proyecto que otorga un indulto general conmutativo. También, la Cámara de Diputados analiza una iniciativa legal para modificar el sistema de penas alternativas, la cual está a punto de ser despachada.
La pregunta que cabe es la siguiente: ¿Por qué estamos legislando sobre el particular? Y es cosa de recordar la sesión especial celebrada hace poco tiempo, a raíz del incendio de la cárcel de San Miguel.
¿Qué nos hizo presente esa tragedia? Que este es un asunto serio. Nuestro sistema carcelario hace crisis. El hacinamiento es manifiesto. Chile es el país de Sudamérica que registra mayor índice de personas privadas de libertad dentro de los recintos penitenciarios.
Por eso, debemos abordar este problema con responsabilidad, con visión de país, como política de Estado, del Gobierno y la Oposición, pensando en los intereses superiores del país.
Personalmente, veo el proyecto con buenos ojos. Lo estimo positivo, pues contiene medidas que buscan el uso racional de la cárcel, para que ella no sea la única alternativa.
Creemos que la sanción penal debe cumplir un rol social que va más allá de su función retributiva y disuasiva, fortaleciendo las funciones de reinserción y rehabilitación de los sujetos criminalizados. En este sentido, toda respuesta para humanizar y racionalizar el sistema debe elaborarse sobre la base de considerarlo en su totalidad y complejidad, y de hacerse cargo tanto de las problemáticas que aquejan a quienes están en los penales como también de los procesos de gestión y administración, especialmente de aquellos que tienen que ver con la intervención orientada a reeducar y rehabilitar para la reinserción social.
Con relación a ese tema, debo recalcar que comparto todos los fundamentos planteados en la iniciativa. La regulación también parece completa y escueta -ello es positivo-, abordándose la amplia mayoría de los aspectos que requieren resorte legal.
Sin embargo, podemos adelantar algunas soluciones a problemas.
Según indicó acertadamente la Presidenta de la Comisión de Constitución, es dable preguntarse cómo se van a implementar los trabajos comunitarios que sustituirán la pena de multa. Ese es un desafío mayor que debemos trabajar.
El señor Ministro de Justicia nos relató en la Comisión qué se está haciendo sobre el particular.
Para hacernos una idea del impacto que tendrá la futura ley, es bueno recordar que en el año 2010 se presentaron 16.395 solicitudes a la Comisión de Libertad Condicional. Esta recomendó acoger 2.191, y los Seremis de Justicia solo concedieron 823. Es decir, al eliminar a estos últimos como actores en el proceso, naturalmente cabe esperar -aunque no se sabe si tales Comisiones serán más restrictivas- el otorgamiento de unas 1.500 libertades condicionales cada año.
No olvidemos que esto regirá hacia el futuro.
Por otra parte, en materia de conmutación de multas por trabajos comunitarios, según información entregada por el Gobierno, dejarían de entrar a la cárcel del orden de 2 mil 500 personas anualmente, lo que nos parece bien. Es absurdo que quien no pueda pagar una multa deba ir a prisión. Ahí cualquiera, desde el punto de vista criminógeno, termina contaminándose con los delincuentes habituales, avezados, profesionales. Naturalmente se produce el contagio, pues las cárceles son escuelas del delito.
En definitiva -insisto-, tenemos como política permanente ofrecer soluciones que apunten a descomprimir la situación que hoy se vive en los recintos penitenciarios, donde hay hacinamiento, sobrepoblación, violación a los derechos humanos, condiciones inhumanas francamente inaceptables.
El proyecto que nos ocupa, señor Presidente , se complementa, como dije antes, con la iniciativa que hoy día aprobamos en la Comisión de Constitución, que permitirá en el corto plazo -si es acogida por esta Sala y luego por la Cámara de Diputados- otorgar la libertad de unas 150 mujeres por haber cumplido dos tercios de la pena. Se excluye del beneficio a quienes hayan cometido delitos complicados (tráfico de drogas, delitos sexuales, robo con violencia o con fuerza, homicidios, etcétera).
Asimismo, se indultará a alrededor de 800 condenados que en la actualidad gozan del permiso de salida controlada al medio libre.
También será posible liberar 2 mil 500 plazas correspondientes a individuos que cumplen condena en reclusión nocturna.
Analizaremos este asunto cuando el proyecto referido llegue a la Sala. Por ahora, lo hago presente porque constituye un complemento efectivo de la iniciativa que hoy nos ocupa.
En consecuencia, la situación requiere una mirada más integral.
Lo relativo a la prevención es clave. Si la policía actúa, es porque el Estado no fue capaz de prevenir, porque llegamos tarde como sociedad.
Es preciso también hacerse cargo de lo referente al control. Lo mismo respecto de la rehabilitación, que es un aspecto fundamental. Hoy día las cárceles no están rehabilitando; solo son escuelas del delito.
Los presos viven en condiciones infrahumanas. Sobre el particular, reconozco que el Ministro Bulnes ha mostrado una sensibilidad muy especial. Incluso ha hecho anuncios importantes, los que, probablemente, necesitarán ser complementados con otras medidas.
Hace poco conocí la realidad de la cárcel de Coyhaique: se encuentra absolutamente deteriorada; los presos viven en condiciones inhumanas. Por eso me alegro de que el Ministro de Justicia haya comunicado que visitará prontamente la Región para hacer anuncios relevantes en la materia.
En verdad, señor Presidente, este es un tema de Estado.
Ojalá aprobemos la idea de legislar para ayudar a descomprimir la situación de hacinamiento y sobrepoblación en los recintos penitenciarios y, sobre todo, para hacer un uso racional de estos. La cárcel no puede ser la única alternativa.
Por eso, votaré a favor del proyecto en general.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Esperemos que el señor Ministro también lo invite para acompañarlo a hacer esos anuncios.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , soy de aquellos que tienen una convicción formada desde hace mucho tiempo de que los delincuentes peligrosos que asaltan, roban, violan deben cumplir sus penas en la cárcel, y de que la obligación del Estado fundamentalmente es preocuparse por la seguridad de la ciudadanía e impedir que ese tipo de delincuentes salgan en libertad.
Sin embargo, respecto de los condenados que demuestran claras señales de rehabilitación y de reinserción a la sociedad, me asiste igual convicción de que el Estado debe procurar darles la oportunidad de obtener su libertad.
En ese sentido, el Gobierno del Presidente Piñera, liderado en estas materias por el Ministro Felipe Bulnes, está haciendo un muy buen trabajo.
En primer lugar, tal labor se desarrolla a través de políticas de Estado. Y se involucra en las decisiones a los parlamentarios de Gobierno, por cierto, pero también, a los de Oposición.
Para que la seguridad ciudadana se transforme en un hecho concreto, mediante avances en la disminución de la delincuencia, es fundamental abordar el problema como una política de Estado.
Ante ello, el Gobierno está construyendo nuevas cárceles -habrá cerca de 11 mil 500 nuevas plazas-, las que se adecuarán para contribuir tanto al objetivo de cumplir la pena (mantener al condenado en prisión), como al de permitir la rehabilitación.
En segundo término, pronto entrará al Senado un proyecto clave en esta materia, respecto del cual la Presidenta de la Comisión de Constitución ya asumió el compromiso de analizarlo con urgencia de "discusión inmediata", cosa que valoro considerablemente, porque ello nos hará trabajar días seguidos para despacharlo a la brevedad.
Dicha iniciativa dice relación con las medidas de penas alternativas, cuya aplicación es esencial para que existan los resguardos necesarios al objeto de asegurar que las personas que no deben estar en la cárcel, porque cumplen su sanción en un medio abierto, no se acerquen a las víctimas, no continúen su carrera delictual o, al menos, la aminoren.
En tercer lugar, habrá que implementar programas de rehabilitación, pues en Chile prácticamente no existen; hay muy pocos. Esta es una de las razones por las cuales aumenta el número de detenidos y presos. Como se carece de procesos de rehabilitación, quien entra en el mundo delictual muy difícilmente sale.
Y, por último, está el presente proyecto, que apunta en una dirección absolutamente correcta.
Aquí no se trata de establecer medidas alternativas. Porque esas las decreta un juez. Cuando este condena a una persona, resuelve, atendida la naturaleza del delito, si irá presa o cumplirá el castigo en un medio abierto.
La iniciativa que nos ocupa busca mejorar la legislación que permite a una persona que cumple pena de cárcel acceder al beneficio de libertad condicional.
Para solicitarlo, se contempla una serie de exigencias en el artículo 2° del decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para los penados. Entre otras, destaco: "Haber observado conducta intachable", "Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento", obviamente con las limitaciones del caso.
Se trata de personas con una conducta que las hace merecedoras de tal beneficio carcelario.
Dependiendo de la gravedad del delito, variará el requisito del tiempo transcurrido en prisión.
La regla general es pedir el beneficio una vez cumplida la mitad de la condena impuesta. En la medida en que el delito se agrava, se exige un porcentaje más alto de pena cumplida. Por ejemplo, para optar a la libertad condicional, los condenados a presidio perpetuo calificado deben enterar 40 años efectivos de reclusión; los que han cometido delitos de parricidio, homicidio calificado, etcétera, dos tercios de la pena, y los condenados a más de 20 años, 10 años de presidio.
Entonces, hay una gradualidad.
Además, señor Presidente , el proyecto establece -a mi juicio, en una dirección totalmente correcta- sacar del proceso al Seremi de Justicia respectivo. Este en la actualidad toma la decisión final de otorgar o no el beneficio carcelario a una persona que ha sido considerada merecedora de él, según la ponderación hecha por la Comisión de Libertad Condicional.
Yo nunca he entendido por qué una autoridad política se tiene que inmiscuir en algo que es absolutamente propio de quien debe realizar un análisis técnico, de cumplimiento objetivo de requisitos. En este caso, los que mejor pueden evaluar los antecedentes son los propios jueces.
Por lo tanto, lo propuesto por el Gobierno es exactamente lo correcto: eliminar al Seremi de Justicia del proceso. No puede ser este quien resuelva la suerte de un postulante a tal beneficio carcelario, cuando se trata de evaluar si cumplió o no parte importante de su pena, si están en regla todos los antecedentes.
Esa decisión le compete a la Comisión de Libertad Condicional, que en un porcentaje importante se halla integrada por jueces de garantía o por jueces del tribunal oral. ¡Quién mejor que ellos para determinar si el condenado cumplió o no los requisitos!
En consecuencia -reitero-, esa es una medida que apunta en el sentido adecuado.
Y, en mi opinión, se van a otorgar más libertades condicionales.
Es posible que hoy día las Comisiones de Libertad Condicional apliquen manga más ancha porque saben que finalmente el que "corta el queque" -perdónenme la expresión-, el que resuelve es la autoridad política.
A lo mejor van a restringir más su cometido una vez aprobada esta normativa.
Sin embargo, creo que su decisión será más objetiva, pues no estará sujeta a presiones políticas de corto plazo. Aquí no se trata de adoptar resoluciones pensando en si le gusta o no a un sector de la ciudadanía, sino en si merece el beneficio quien lo solicita. Si es así, le agrade o no a una parte de la opinión pública, haya detractores o partidarios, tal decisión se debe tomar, porque forma parte de las normas básicas que constituyen un Estado de Derecho y particularmente de todo el desarrollo del Derecho Penal en nuestro país.
Por lo tanto, dentro del marco de los proyectos que está propiciando el Ministerio de Justicia, esta iniciativa es buena, positiva, y la respaldo con entusiasmo.
La segunda norma propuesta es, a todas luces, razonable. Consiste en sustituir por otra la pena de multa, que puede ser principal o accesoria: principal, cuando la sanción por el delito cometido es una multa, y accesoria, cuando la pena impuesta, probablemente privativa de libertad, va acompañada del pago de una multa.
Hoy día existe una situación por completo incomprensible.
Si la pena de multa es principal y la persona no paga, esta irá a prisión. Ello resulta muy absurdo. Se supone que, si el delito cometido mereciera sanción de cárcel, el legislador o el juez, en su caso -depende de si la norma lo contemplaba o no-, habría determinado desde un comienzo tal castigo como principal.
Y si la multa es accesoria, para que ocurra la misma situación el individuo tendría que cumplir primero la sanción principal.
Por lo tanto, en ninguna de las dos hipótesis (multa como pena principal o accesoria) se justifica que una persona condenada a pagar una multa -respecto de la cual la legislación chilena y el juicio de reproche de nuestra sociedad resolvieron que no merece ir a la cárcel- termine en prisión.
Por consiguiente, eliminar la medida de privación de libertad en el caso de una multa no pagada resulta, a todas luces, una decisión razonable.
Y más razonable aún es que esa norma se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad.
¿Cuál es la mejor sanción que se le puede aplicar a quien comete un delito menor? De la experiencia recogida aquí y en las visitas que he realizado a otros países, sin duda la mejor es la prestación de trabajos comunitarios. Porque estos ayudan a que las personas se reinserten socialmente. Estamos hablando de delitos muy menores.
Por lo tanto, fortalecer las labores en beneficio de la comunidad, como propone el proyecto, resulta fundamental.
Se ha expresado inquietud por saber cómo serán tales trabajos. Efectivamente, hay mucho por hacer. Así lo dijo el señor Ministro . Y tiene toda la razón: la prestación de servicios comunitarios se plantea aquí como una medida alternativa al no pago de multas, y probablemente falta implementarlos. Él ha tenido la transparencia, la honradez y la claridad -así ha sido en todas sus intervenciones- de manifestar que estas materias no se resuelven en 24 horas y que hay terreno por recorrer.
Pero la única forma de avanzar es incorporar cambios en la ley. De no hacerlo, ¿cómo podríamos seguir adelante en un asunto para lo cual legalmente no estamos habilitados?
En consecuencia, apuntan en la dirección correcta los dos objetivos del proyecto: excluir a los Seremis de Justicia como autoridad para resolver quién tiene derecho a la libertad condicional y establecer como pena alternativa los trabajos en beneficio de la comunidad, no la cárcel, en caso del no pago de multas.
Ahora bien, queda un tema pendiente: las medidas de rehabilitación, como señaló, con toda y justa razón, el Senador señor Orpis .
Lo único que solicito es que no se demore el trámite de esta iniciativa en aras de incorporar materias muy válidas y relevantes.
Como es obvio, tendremos que discutir las indicaciones que se formulen. Y aprobemos las que sean necesarias. Ello es útil y bueno.
Chile no logrará derrotar la delincuencia, si -como expresó el Honorable señor Orpis - no es capaz de controlar y prevenir el consumo de drogas y, en forma simultánea, de rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes han cometido delitos bajo sus efectos.
Señor Presidente, voto a favor del proyecto. Y espero que podamos despacharlo rápidamente en el Parlamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si me permite la Sala, deseo hacer una consulta al señor Ministro desde la testera.
Tengo una inquietud sobre la Comisión técnica que decidirá sobre la libertad condicional, en reemplazo de los seremis.
Luego de hablar con integrantes de la Corte de Apelaciones de la Región que represento, me surgió una pregunta: ¿Nuestro país estará en condiciones de avanzar hacia lo que en algunos lugares se denomina "tribunales de penas"? Ello implica ir más allá de las Comisiones de Libertad Condicional. Porque quienes las integran -sin duda, más idóneos que los seremis- cuentan con muy poco tiempo para efectuar su labor.
Me parece que la experiencia cotidiana de esos órganos podría ser superada con la creación de tribunales especializados que realicen un seguimiento de las sanciones impuestas a las personas.
Ojalá en algún momento el señor Ministro pueda referirse a este asunto, que se halla muy vinculado al proyecto.
Estamos en la votación de la idea de legislar. Imagino que durante la discusión en particular podremos profundizar en ello.
Aprovecho de pedir a los señores Senadores que no abandonen la Sala porque debemos adoptar acuerdos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos).
Votaron las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwik, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Debemos fijar plazo para presentar indicaciones.
¿Les parece 15 días a partir del lunes próximo?
El señor ESPINA.- ¿Cuántos días?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La sugerencia de la Mesa es el lunes 30 de mayo, a las 12. Se contaría con toda la próxima semana y con la subsiguiente, en la que no hay sesiones.
El señor LARRAÍN.- Está bien.
El señor WALKER (don Patricio).- Sí.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, como este proyecto tiene bastante urgencia dada la congestión en las cárceles, rogaría que se citara a la Comisión de Constitución para tratar el asunto el martes o miércoles de esa misma semana.
Me parece bien el lunes 30, porque dispondremos de una semana regional.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- De acuerdo con los ritmos de trabajo de dicho órgano técnico, existe toda la voluntad de cooperar en este proyecto.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BULNES (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, junto con agradecer la aprobación de la iniciativa, deseo hacer tres alcances sobre lo comentado en la Sala.
En primer término, como bien destacaron los Senadores señores Patricio Walker y Espina, entre otros, el proyecto que nos ocupa no es el único que hemos presentado para dar una nueva mirada al uso del sistema penal y del carcelario.
Esta iniciativa apunta exclusivamente a eliminar la facultad de los seremis de Justicia para otorgar la libertad condicional y a establecer que, en caso del no pago de multas, la pena alternativa no sea la cárcel, sino la prestación de servicios comunitarios.
Voy a ir de lo más concreto a lo más general.
Se han expresado inquietudes por la implementación de tales trabajos en beneficio de la comunidad. Por supuesto, resulta legítimo y razonable preocuparse por saber cómo montaremos esta nueva medida punitiva, que hoy no se encuentra regulada formalmente en el Código Penal.
Cabe reconocer, como es lógico, que nos podemos equivocar y que el asunto puede ser complejo. Pero estamos trabajando intensamente en ello, pues queremos obrar de manera seria. Ya discutiremos la materia durante el debate en particular.
Con todo, entre el riesgo de implementar servicios comunitarios que quizás en un principio sean de diversa calidad y el de seguir encarcelando gente simplemente porque no cuenta con dinero para pagar una multa, yo no tengo dónde perderme.
Por lo tanto, en la ponderación de riesgo, como Estado me juego una y cien veces por equivocarme con las prestaciones de labores comunitarias y no por continuar metiendo preso a quien no tiene plata para pagar una multa. Porque esto último constituye una forma de discriminación y no representa el tipo de sociedad que, a mi entender, todos los presentes en la Sala queremos construir. Por ende, no deseamos seguir validando tal medida.
En tercer lugar, el Senador señor Orpis habló de soluciones a largo plazo vinculadas a la rehabilitación y a la reinserción.
Sobre el particular, quiero hacer dos alcances.
Primero: reitero que este no es el único proyecto presentado. Hay varios.
De hecho, en la Cámara de Diputados el próximo martes se votará una iniciativa fundamental, en la cual hemos trabajado fuertemente, cuyo objetivo es cambiar de manera radical las medidas alternativas a las penas de cárcel. Al respecto, resulta vital que construyamos como país una buena cultura, aprovechando, por un lado, la tecnología y, por otro, los procedimientos que imperan en distintas naciones.
A mi juicio, el referido proyecto, que se conocerá pronto en el Senado, será aprobado ampliamente en la Cámara Baja, según lo que se manifestó durante la discusión en Sala. Continuará el debate el próximo martes y ese mismo día se hará la votación.
Pero conviene insistir en que hemos trabajado en esta materia con especial conciencia de que -como dijeron los Senadores señores Patricio Walker y Espina - se trata de una política de Estado. No es la visión de un partido, de una coalición o de un sector. Constituye una mirada de país.
Honestamente, tengo la convicción de que en cierto momento las sociedades deben realizar un examen introspectivo y reflexivo respecto de cómo se está utilizando el sistema penal. Y hoy día nos hallamos en ese análisis. Pero esta no es una mirada de corto plazo ni efectista ni inmediata, como algunas veces me pareció entender, sino una muy profunda y de largo plazo.
Segundo: estoy consciente de los múltiples desafíos que se deben ejecutar hacia delante. Yo creo que esto es de largo plazo. No obstante, si este conjunto de iniciativas quieren ser entendidas como de corto plazo, debo decir lo siguiente: en el corto plazo tenemos miles de cosas por hacer, porque están postergadas desde hace mucho tiempo. Y, como he dicho una y cien veces, son pasos esenciales. Ya vendrá el momento de pensar en el largo plazo, como se ha señalado.
Por último, vuelvo a expresar que tenemos tanto trabajo por delante que puede ser que nos consumamos muchos años simplemente haciéndonos cargo de lo que hoy es urgente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Horvath respecto del proyecto que despachamos recién.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento, ha llegado a la Mesa un informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política).
--Queda para tabla.
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El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente? Deseo plantear un asunto reglamentario.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, hay varias iniciativas legales -entre otras, las de los Senadores Horvath, Prokurica, Bianchi- que tocan la materia en debate.
Por consiguiente, pido que se encargue a la Comisión de Constitución que deje constancia de ellas en el informe, lo que no es menor. De esa manera los parlamentarios van a sentir que sus proyectos fueron considerados y que quedaron en la historia fidedigna de la ley.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Muy bien.
CONVENIO INTERNACIONAL PARA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales", con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Agricultura y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6426-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 12 de mayo de 2009.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Agricultura: sesión 15ª, en 4 de mayo de 2011.
Discusión:
Sesión 6ª, en 5 de abril de 2011 (pasa a la Comisión de Agricultura).
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El principal objetivo del Convenio es establecer un marco jurídico que permita garantizar al obtentor de una nueva variedad vegetal un adecuado reconocimiento al derecho sobre la variedad que es de su creación.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó este proyecto de acuerdo en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Hernán Larraín, Kuschel, Letelier y Tuma), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Agricultura recibió en audiencia a diversos especialistas y representantes de entidades interesadas en la materia.
Puesto en votación el proyecto de acuerdo, este resultó aprobado en general y en particular por la mayoría de los miembros de este último órgano técnico. Votaron a favor los Honorables señores Coloma, García y Carlos Larraín; y, en contra, los Senadores señora Rincón y señor Quintana.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, solo deseo solicitar que se abra la votación.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Pido que se hagan sonar los timbres para asegurarnos de tener el quórum necesario para el despacho de esta iniciativa.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
No todavía, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Conforme.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , este proyecto ya estuvo en tabla para ser votado por la Sala hace algunas semanas. En esa ocasión, varios Senadores -recuerdo, entre ellos, a la Honorable señora Rincón- pedimos que fuera visto también por la Comisión de Agricultura, ya que, como su nombre lo indica, tiene directa relación con una mayor protección a las variedades vegetales. Y nos parecía muy conveniente analizarlo desde el punto de vista de esa Comisión además de la de Relaciones Exteriores, donde fue aprobado en forma unánime.
Claramente, se trata de que Chile se incorpore a un Acuerdo de carácter internacional para proteger las especies vegetales, para establecer los derechos de propiedad intelectual que corresponden a la investigación y, también, por ejemplo, al desarrollo de semillas con determinadas características.
Como es evidente, el que Chile ratifique el Acta UPOV de 1991 implica hacer un reconocimiento al derecho sobre la variedad vegetal que es creación de alguien que ha investigado, que ha trabajado y que ha llegado a obtenerla.
Yo creo que, en definitiva, como aquí estamos adhiriendo a un Convenio de carácter internacional que significa una mayor participación de Chile en el sistema multilateral de propiedad intelectual y que permite otorgar mayor seguridad jurídica a quienes registran sus variedades vegetales en nuestro país, claramente estamos hablando de derechos de propiedad intelectual. Y todos sabemos que esos derechos, en algún minuto, hay que pagarlos, por ejemplo, por la vía de una mayor tarifa.
Entonces, señor Presidente , la pregunta es qué efectos va a tener este instrumento internacional en los costos para nuestros pequeños productores agrícolas.
Nosotros, como Comisión de Agricultura, escuchamos a muchas instituciones, con las más diversas posiciones. Y los representantes del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH) se manifestaron favorables al proyecto. Ellos no lo ven como una amenaza, como un impedimento o como un incremento en los costos de su producción agrícola. Por el contrario, lo consideran una posibilidad, una oportunidad de aumentar su productividad y de ser, por ende, más competitivos.
Dicho lo anterior, señor Presidente , quiero agregar que en realidad nosotros nos obligamos a suscribir el Convenio UPOV versión 91 cuando firmamos los tratados de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y con Japón, así como cuando suscribimos el Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea.
Por lo tanto, señor Presidente , en mi votación influyó mucho la preocupación por que Chile no vaya a ser acusado de incumplir los acuerdos comerciales que hemos firmado.
Lo conversábamos en la Sala algunos minutos atrás, con motivo del proyecto relativo a las salvaguardias: cuando estas van más allá de los 36 meses, existe la posibilidad de que los países que se sientan afectados nos exijan una compensación.
En efecto, si nosotros no cumplimos en esta parte con los tratados de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y con Japón, así como con el Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea, corremos el riesgo de que nos acusen a la Organización Mundial del Comercio y quedar como un país incumplidor. Y, sin duda, eso tendría efectos tremendamente negativos para Chile.
Por esa razón, señor Presidente , porque nuestra nación tiene fama de cumplir sus acuerdos internacionales, debemos votar favorablemente -es lo que yo haré- el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín, y después, la Honorable señora Rincón.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente , yo también quiero fundamentar mi voto favorable.
Se ha trabajado con bastante intensidad en la Comisión de Agricultura. Hemos oído muchos testimonios y recibido abundante información.
Hay que tener en cuenta razones formales que nos señalan, sobre todo, que se debe honrar un tratado internacional que se remonta al año 1961, renovado en 1978 y extendido en 1991.
Dicho instrumento forma parte de nuestros acuerdos de libre comercio con varios países y con la Unión Europea.
En realidad, el derecho sobre las variedades mejoradas consiste en una extensión del derecho de propiedad intelectual.
La innovación, en materia de variedades vegetales, es un proceso largo y costoso que requiere capital y paciencia y, además un desarrollo científico-tecnológico importante.
Hay varios productores de semillas en Chile que generan del orden de 400 millones de dólares en semillas mejoradas, certificadas.
El empleo de estas semillas y plantas supone un aumento en la calidad y en el rendimiento de granos y frutales. Existen alrededor de mil variedades no registradas, no protegidas, y alrededor de 500 que sí lo están. Por lo tanto, existe la opción de usar las variedades que no implican pagos de derechos al obtentor.
Es, sin duda, una herramienta muy útil para la producción agrícola, no solo para la exportación, sino también, en especial, como señaló muy bien el Honorable señor García , para los pequeños propietarios que tienen limitaciones de extensión. Estos se benefician con mayores rindes y, según nos pudimos informar, son los mejores usuarios de estas semillas, los que más las emplean en sus cultivos, y se caracterizan por ser puntualísimos en el pago de los derechos correspondientes.
Este impulso de protección a la propiedad intelectual, como señaló hace poco el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, es también una forma de dar cumplimiento a los tratados internacionales. Lamentablemente, Chile no es un excesivo buen cumplidor en materia de propiedad intelectual, así que haríamos bien en hacerlo en esta esfera particular, que reviste alto interés para nuestro país que tiene una vocación agrícola y las condiciones especiales para producir semillas certificadas y mejoradas.
Ahí existe un potencial para nuestros agricultores, para no quedar fuera de un desarrollo científico y tecnológico que es valioso.
En el fondo se trata de dirigir la evolución.
La evolución normalmente es considerada como resultado del azar y ciega. Aquí se aprecia un empeño razonado por dirigir la evolución en una dirección virtuosa. Y nosotros debiéramos subirnos a este impulso contemporáneo y aprovechar lo que tiene de bueno.
Se arguyó, en contra de esta ratificación o incorporación al ordenamiento interno del UPOV 1991, que podría hacer desaparecer algunas especies nativas de nuestra naturaleza. En realidad, no hay posibilidad alguna de registrar especies preexistentes que sean endémicas. Y lo que podría considerarse algo dañino, en verdad, no lo es. Existen herramientas que permiten proteger las especies originarias. Ahora, el propio Charles Darwin señaló que las especies llamadas "originarias" son en sí mismas el resultado de una evolución muy prolongada, que supone también intercambio de ADN, mucho antes de que surgiera la cuestión de la transgenia.
Es cuanto puedo informar al respecto.
Voto a favor del proyecto.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente , estimados colegas, hace unas semanas la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991).
En la oportunidad en que se discutió el tema en la Sala, los Honorables señores Sabag , Zaldívar , Carlos Larraín , García y varios más que se hallaban presentes, respaldaron la solicitud que se formuló, en el sentido de que este instrumento internacional fuera conocido también por la Comisión de Agricultura, con el objeto de tener una opinión un poco más global respecto de los verdaderos alcances y riesgos que implicaba para el sector agrícola la aprobación de dicho Convenio.
Cuando conocimos este proyecto de acuerdo en la Comisión de Agricultura recibimos a expertos de diversos ámbitos. En representación del Gobierno escuchamos las opiniones de los representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura, quienes manifestaron su conformidad con la iniciativa, la cual, según ellos, pone a Chile en la avanzada de países que entregan certeza jurídica a la propiedad intelectual de las nuevas variedades de semillas que se crean mediante modificaciones genéticas.
También quisimos escuchar a las organizaciones ciudadanas: oímos a los representantes de Terram, de RAP-AL, de los movimientos campesinos y de la ONG internacional GRAIN . Y gran número de ellos manifestaron no solo el rechazo al proyecto, sino que, lo que es peor, mucho miedo respecto de los verdaderos costos que puede significar para la agricultura familiar campesina -que conocemos hoy- la aprobación de este nuevo convenio.
Y aquí, señor Presidente, quiero detenerme en dos aspectos: uno de forma y otro de fondo.
El de forma tiene que ver con la recomendación que se hace frente a la ratificación de este tipo de acuerdos.
Antes de entrar en el detalle me gustaría contextualizar un poco la discusión para que todos estemos bien informados cuando procedamos a votar.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1961 establece el funcionamiento de la organización denominada "Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales" (UPOV) -de eso estamos hablando hoy día- y protege la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales o nuevas variedades de semillas que se crean mediante modificaciones genéticas. Su texto ha sido revisado en tres oportunidades por las Actas de 1972, 1978 y la actual -que discutimos hoy-, de 1991, constituyendo nuevos regímenes jurídicos.
Chile es miembro de la organización y Parte Contratante del Acta de 1978. Su proceso de adhesión se inició en mayo de 1995; el Congreso Nacional ratificó el Tratado en octubre de ese año, la adhesión se produjo el 5 de diciembre de 1995 y, un mes después, el 5 de enero de 1996, el instrumento internacional entró en vigor para nuestro país.
La norma que incorporó este Convenio a nuestra legislación fue el decreto N° 18 del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 23 de marzo de 1996.
La ley N° 19.342, de 1994, que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, permitió a Chile contemplar en su ordenamiento jurídico interno normas compatibles con las del texto del Convenio.
La ley N° 19.342 posee un reglamento establecido en el decreto N° 373, del Ministerio de Agricultura, de 28 de diciembre de 1996. Ambas normativas constituyen el marco jurídico nacional vigente presentado a la Secretaría de la Organización.
En este punto quiero detenerme un minuto.
El mensaje con que el Ejecutivo da inicio a la ley N° 19.342 señala explícitamente que esta normativa, presentada en 1994, fue precursora en acoger parte importante de los planteamientos deL UPOV de 1991.
En la actualidad, el Estado chileno intenta adherir al Acta de 1991. Su tramitación se presentó, para ser ratificada por el Congreso Nacional, el 31 de marzo de 2009. La normativa que permite adecuarse a los estándares del Acta de 1991 fue formulada en forma complementaria a través del proyecto de ley que regula los derechos de obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342, ingresada al Parlamento el 13 de enero de 2009, es decir, antes del envío del proyecto de acuerdo.
Ambas iniciativas se encuentran en discusión en el Senado. Es más, aquella que regula las obtenciones vegetales y que, por ende, actualiza nuestra legislación al UPOV 91 se halla con urgencia "simple" desde el 4 de mayo de 2011.
Señor Presidente , en la Comisión de Agricultura este proyecto de acuerdo fue aprobado por mayoría, con el voto en contra de la Senadora que habla y del Honorable señor Quintana .
Cuando votamos en dicho organismo, con el colega Quintana apelamos a las serias dudas que nos merece la iniciativa, vinculadas a los perjuicios que su aceptación acarrearía para los pequeños campesinos y a la manera como estamos legislando en esta materia.
En lo personal, creo que estamos legislando al revés. Y digo esto porque es la propia Biblioteca del Congreso Nacional quien nos lo expresa.
En el informe que nos preparó -está a disposición de los colegas- señala que el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, a diferencia de la anterior, de 1978, determina explícitamente que al momento de depositar el instrumento de ratificación o adhesión se deben notificar a la Secretaría de la UPOV la legislación que regula los derechos del obtentor y la lista de géneros y especies a los que se aplicará el Convenio.
Mi pregunta es: ¿qué sentido tiene discutir un convenio internacional -y este es el problema de forma en el debate que hoy día tenemos- si todavía no tomamos la decisión de legislar para modificar la ley N° 19.342, que es la que regula esta materia?
Nos gustaría que el Ministerio nos contestara esa pregunta.
El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV entró en vigor de forma general el 24 de abril de 1998. Su texto establece, en el artículo 30, párrafo 2), que cada Estado u organización intergubernamental deberá estar en condiciones de dar efecto a las disposiciones del Convenio, de conformidad con su legislación, en el momento de presentar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Asimismo, el artículo 36, párrafo 1), preceptúa que cada Estado u organización intergubernamental deberá notificar al Secretario General de la entidad, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a este Convenio, lo siguiente:
i) La legislación que regule los derechos de obtentor, y
ii) La lista de los géneros y especies vegetales a los que aplicará las disposiciones del Convenio en la fecha en que quede obligado por él.
De esa manera, según interpreta la Orientación para los miembros de la UPOV sobre cómo ratificar el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV o adherirse a ella, la notificación de la legislación que regula los derechos del obtentor es uno de los elementos exigidos para depositar la ratificación o adhesión.
En total, el Convenio de la UPOV posee, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 68 Partes Contratantes, entre Estados y organizaciones miembros. Al Acta de 1991 solo han adherido 45. Y, en América Latina, únicamente Costa Rica y República Dominicana se encuentran entre los países miembros que la han ratificado.
Entre las 45 naciones que han ratificado el Acta de 1991 o han adherido a ella se hallan España, Estados Unidos y el Reino Unido; pero no aparecen ni China ni Noruega, países que mantienen su adhesión al Acta de 1978, la cual ya no puede ser ratificada por Estados que quieran sumarse al último Convenio de la UPOV.
Finalmente -y aquí entramos en el aspecto de fondo, señor Presidente-, pasaremos a revisar las diferencias existentes entre el Acta de 1978 y la de 1991.
De acuerdo al Acta de 1978, los agricultores pueden guardar las semillas de las variedades protegidas para utilizarlas en las siembras siguientes sin necesidad de autorización del obtentor. No hay previsión expresa con relación a esto; pero, como solo se exige la autorización del obtentor para la producción con fines comerciales, el ofrecimiento a la venta y a la comercialización, los agricultores pueden utilizar las semillas guardadas para uso propio en las producciones siguientes, así como intercambiarlas entre sí.
Según el Acta de 1991, eso ya no es posible. Los agricultores solo pueden utilizar las semillas guardadas de cosechas anteriores si las leyes nacionales lo permiten -¿qué vamos a discutir en esta materia, señor Presidente ?-, "dentro de límites razonables y desde que sean resguardados los legítimos intereses del obtentor". Y se agrega: y desde que estén "en sus propias tierras". El intercambio de semillas entre los agricultores no se permite, porque los agricultores deben reproducir las semillas guardadas en sus propias tierras y pueden utilizar solo en estas las reproducciones obtenidas. La venta de semillas de variedades protegidas para los otros agricultores tampoco está permitida, bajo ninguna hipótesis.
Por el Acta de 1991, las leyes nacionales pueden decidir que a los agricultores no les sea factible reutilizar las semillas guardadas en las cosechas siguientes; que algunos no puedan reutilizar las semillas guardadas en las cosechas siguientes; que solo algunos agricultores (por ejemplo, los pequeños) tengan tal derecho o deban pagar regalías a los obtentores para mantener esa práctica tradicional.
Las leyes nacionales pueden también limitar la extensión de las áreas y la cantidad de semillas y de especies a las que se aplica el derecho del agricultor a reutilizar semillas.
¿Por qué Noruega y China no han ratificado el Convenio UPOV de 1991? ¿Por qué nosotros deberíamos hacerlo?
Son preguntas que no han tenido respuestas.
En virtud de aquello y de que creemos haber cumplido los tratados internacionales con nuestra ratificación del Convenio UPOV de 1978, nos parece innecesario ratificar el de 1991 y que, previamente a la discusión que estamos llevando a efecto hoy día, debemos estudiar la legislación que se exigirá para depositar la ratificación o adhesión.
Por lo expuesto, señor Presidente, rechazo el proyecto de acuerdo.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , intervengo por tercera vez a propósito del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
La economía abierta de Chile ha posibilitado la firma de muchos tratados de libre de comercio, multilaterales y bilaterales, entre ellos el suscrito con Estados Unidos el 6 de junio del 2003, que entró en vigencia el año siguiente.
Recuerdo el debate habido. En dicho Tratado, los derechos de propiedad pasaron a ser parte importante de él. Fue un punto crucial en una discusión tras la cual uno solo podía votar "sí" o "no". No había posibilidad de introducir modificaciones. El Parlamento no tiene facultades en tal sentido. Los tratados de libre comercio inhiben al Congreso. Se vota a fardo cerrado lo que el Gobierno pone a su disposición.
Más bien, se trató de una imposición.
Quiero recordar que en la Cámara Baja el único que votó en contra fue el Diputado Sergio Aguiló .
Muchos apoyamos al Gobierno, que nos pidió nuestra aprobación para poder ir al rescate, a través de los tratados de libre comercio, de numerosos sectores que se beneficiaban, en desmedro de otros.
En aquel tratado, señor Presidente , que debía estar vigente el 1° de enero de 2009, las Partes debían ratificar la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV 1991) o adherir a ella. Es decir, había una exigencia explícita para el cumplimiento de la ratificación del Acta de 1991 en una fecha específica.
Si bien ninguna disposición del capítulo, relativo a los derechos de propiedad intelectual iría en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del acuerdo tocante a los Aspectos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, claramente hay observaciones que hoy vale la pena puntualizar y reafirmar.
Señor Presidente, la primera Acta de la UPOV fue redactada en 1961, principalmente por gobiernos industrializados que deseaban proteger a los obtentores tanto en sus mercados locales como en los externos.
El Convenio fue revisado con posterioridad, por Actas sucesivas, en 1972, 1978 y 1991.
El Convenio UPOV en la versión de 1991entró en vigor en abril de 1998. Desde entonces -en particular el texto de 1998- quedó oficialmente cerrado a nuevas adhesiones.
Estos acuerdos bilaterales a menudo exigen que el Estado en desarrollo -como Chile- adhiera al tratado, al UPOV, en determinado plazo, y que haga efectivos sus estándares, manteniendo siempre la exigencia del cumplimiento férreo de lo concerniente a la propiedad intelectual.
Ejemplo de eso son los acuerdos bilaterales celebrados por Estados Unidos con Nicaragua (enero de 1998) y con Jordania (octubre de 2000), y el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
Esta situación exige un debate, señor Presidente .
Si bien Chile suscribió el tratado UPOV de 1978, a partir del cual promulgó la ley N° 19.342, el TLC con Estados Unidos exige la adhesión al tratado de 1991. El Acta o Convenio del 91 tiene alcances distintos que los de la versión anterior, de 1978.
Existiendo cambios en el contexto mundial, vale la pena revisar cómo afectan.
En el año 78 no había el desarrollo que se observa actualmente en biotecnología; tampoco existía la transgenia, y el nivel comercial e industrial de intercambio era mucho menor. Por tanto, el desarrollo de nuevas variedades estaba limitado a cultivadores, más que a grandes empresas transnacionales. Y el planteamiento de nuevas variedades era mucho más acotado.
Hoy existe otro contexto internacional.
En tal escenario, en mi concepto, debiera enmarcarse la discusión del proyecto en debate, que pretende ratificar el Convenio UPOV de 1991. Y me parece necesario que la Sala considere los aspectos que reseñaré en seguida, planteados por diversas organizaciones.
Al 15 de enero de 2011, el Convenio UPOV, en cualquiera de sus versiones (1972, 1978 y 1991), había sido suscrito por 68 países. Sin embargo, naciones como -¡pongamos atención!- Argentina (nuestro vecino), Bolivia , Brasil, Bulgaria, Canadá , China, Uruguay , Francia, Irlanda , Italia , México , Nicaragua, Noruega , Panamá , Paraguay, entre otros, solo han adherido al Convenio UPOV del 78.
Pues bien, los gigantes Argentina y Brasil no han adherido al Convenio de 1991, pero se encuentran desarrollando un trabajo masivo a nivel de cultivos y, también, de obtentores.
Entonces, la pregunta es por qué los más grandes productores agrícolas del sur de América no han ratificado ese Convenio.
Nos habría gustado tener una respuesta del Ministerio de Agricultura.
La diferencia entre los Tratados de 1978 y 1991 radica fundamentalmente en que este último estipula que se requiere la autorización del obtentor -lo señaló la Senadora Rincón- para la producción o reproducción de semillas con cualquier otro fin. Es decir, el obtentor establece una preferencia respecto de sí por sobre el llamado "privilegio del agricultor". O sea, quien obtiene la innovación de la creación de la semilla pasa a tener el control.
Señor Presidente, el proyecto de ley pertinente se presenta como un facilitador para la obtención de nuevas tecnologías respecto de semillas y material reproductivo, en circunstancias de que, en realidad, restringe el acceso a ella.
Se atenta de manera grave contra el conjunto de habitantes de Chile, en el entendido de que la agricultura tiene como fundamento un carácter eminentemente social: hay que producir para alimentar al país. De esta manera, debe establecerse que poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Chile por la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola puede significar un suicido para el sector de la agricultura.
Me gustaría escuchar -las he conocido parcialmente- las opiniones de los Senadores de los sectores agrícolas; saber por qué decidieron apoyar este proyecto, que ha sido criticado.
Señor Presidente , los conceptos contenidos en las Actas UPOV son poco conocidos para la sociedad civil, por las organizaciones campesinas y por las entidades académicas, porque no se ha realizado un proceso transparente y participativo para su divulgación, en consonancia con el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos -este fue objeto de un amplio debate-, los Convenios UPOV 1978 y 1991, la Convención de Biodiversidad y el Convenio N° 169 de la OIT.
Se requiere un análisis comparativo entre los Convenios UPOV 1978 y 1991, identificando los cambios entre uno y otro y cómo estos podrían afectar a los pequeños campesinos y comunidades indígenas; la incorporación de nuevas restricciones y las formas bajo las cuales se podría brindar una adecuada protección a la biodiversidad del país -esta se vería afectada eventualmente-, incluyendo las especies vegetales chilenas, y la biodiversidad agrícola, en el marco de la nueva legislación.
Señor Presidente , habría sido interesante un análisis comparativo entre la ley N° 19.342 y el proyecto regulatorio de derechos sobre obtenciones vegetales.
También hubiésemos querido un análisis de la Convención de Biodiversidad, suscrita por Chile en 1994, con relación a la protección de las especies nativas y especies y variedades vegetales usadas tradicionalmente por campesinos y comunidades indígenas con fines agrícolas, medicinales, rituales u otros, a fin de detectar los puntos de conflicto que pudiera desencadenar la ratificación del Convenio UPOV 1991.
Instalar conceptos como los de derechos, usos tradicionales y bien común, asegurando la protección de prácticas tradicionales y de recursos vegetales nativos, debiera ser una tarea de todos. Hay que promover una ley sobre resguardo de la biodiversidad. Y estamos esperando la creación del Servicio de la Biodiversidad.
Señor Presidente , este Convenio ha suscitado gran preocupación entre los pequeños agricultores, entre muchas comunidades indígenas. Y con razón. Si los grandes de América del Sur no lo han suscrito, habrán actuado con sabiduría.
Cuál es -pregunto yo- el parámetro competitivo, comparativo; a quién beneficia, particularmente en Sudamérica, que Chile firme este Convenio.
Señor Presidente, hay que cumplir una exigencia derivada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero existe un contexto diferente y se requiere una revaluación. Nuestro país al menos debiera hacerla.
Lamento, una vez más, la ausencia del señor Ministro de Agricultura .
Los Senadores hoy de Gobierno y ayer de Oposición siempre nos reclamaban que los Ministros no concurrían a la Sala durante la discusión de los proyectos.
Una vez más, no están en el Hemiciclo los Ministros.
Es una exigencia, señor Presidente, que debiéramos recalcar.
Yo reclamo la presencia de los señores Ministros de este Gobierno en la Sala del Senado cuando se discute la ratificación de convenios internacionales como este. Ello, a fin de tener la opinión del Ejecutivo.
Como entiendo que los señores Senadores oficialistas no son el Gobierno mismo sino miembros de las bancadas que apoyan a este, lamento no poder contar con el parecer del Ejecutivo.
Por su intermedio, señor Presidente, voy a insistir -y hago uso de mi derecho- en reclamar la presencia de los Ministros en la Sala.
En consecuencia, por todas las dudas que planteé; por las inconsistencias derivadas de las intervenciones de muchos de los Senadores respecto a la obligación de ratificar el Convenio en comento, y, en definitiva, por lo innecesario de este, voto en contra del proyecto de acuerdo.
¡Patagonia sin represas!
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, la aprobación de este proyecto de acuerdo me genera muchas dudas.
Por un lado, se nos señala que hay un acuerdo internacional, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que hace necesario suscribir el Convenio que se propone aprobar mediante la iniciativa que nos ocupa.
Sin embargo, se alzan otras voces que dicen: "Nosotros ya cumplimos con el Convenio UPOV 78; cumplimos, además, con la ley N° 19.342, que restringió de manera significativa el acceso a variedades vegetales".
Hoy día los pequeños agricultores no tienen acceso a variedades inocuas y de buena calidad. Y, obviamente, con el Convenio pertinente habrá muchas menos. Porque no se necesita mayor calidad en las variedades. No lo dice este Tratado.
Por lo tanto, si tuviera que expresarlo en pocas palabras, yo diría que este Convenio apunta claramente a la privatización de la biodiversidad agrícola y genética.
Tal vez si tuviésemos como país protección a nuestro patrimonio genético, a nuestra biodiversidad, podría ser razonable el paso que se pretende dar.
Quiero ser claro, señor Presidente , para expresar que el proyecto aprobatorio del Convenio en cuestión no se presentó durante este Gobierno, sino en el anterior. Pero por lo menos en su oportunidad la Ministra Marigen Hornkohl o el representante de Agricultura venían al Parlamento y concurrían a las sesiones de Sala.
En su momento también dijimos que se trataba de un mal Acuerdo, de un instrumento innecesario, y que nuestro país ya había cumplido su compromiso.
Además, Chile necesita presentar el Convenio UPOV 1991 junto con la ley de obtentores vegetales. Y la iniciativa pertinente no se encuentra en discusión. O sea, si ratificáramos ese instrumento y, por distintas razones, el Congreso no aprobara el proyecto de ley respectivo, lo que hiciéramos ahora sería letra muerta.
Entonces, yo me quedo con las prevenciones del colega Navarro y de la Senadora Rincón, pues me parece que eso es lo responsable.
Señor Presidente , también he discutido sobre la materia con pequeños agricultores. Y la verdad es que a ellos; a la gente que vive de la agricultura familiar campesina; a las comunidades mapuches, por cierto, les cuesta mucho aceptar la situación. Por tanto, aprobar el Convenio sería infligirles un daño adicional al que les ha ocasionado el Estado durante muchos años. Ello, porque no tendrán más camino que optar por las especies mejoradas, donde -insisto- ganan los productores, los industriales. Y ni siquiera los chilenos, sino las grandes empresas internacionales que se dedican a la actividad pertinente.
Por eso el interés de diversos países -en particular Estados Unidos, Nueva Zelandia, Australia- en que Chile firme el Convenio en cuestión.
Lo dijo bien el Senador Navarro: la pregunta que debemos hacernos es por qué en América Latina solo Costa Rica y República Dominicana -nadie más- lo han suscrito.
Claro. Porque ese instrumento entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Chile es signatario. Y esto sí que es interesante, porque de él se han valido los mismos señores que hoy día están desarrollando experiencias genéticas en nuestro país.
Señor Presidente, el instrumento internacional que se propone aprobar permite que cualquier especie nativa sea objeto de propiedad por parte de las referidas empresas. Es decir, envuelve una completa desprotección.
Entonces, señor Presidente , se da un absurdo: algunos Senadores han reclamado durante mucho tiempo -y con razón- por la desprotección internacional de Chile en materia de granos, por ejemplo (hay problemas con Argentina y Brasil); pero hoy, cuando se abre la oportunidad de proteger nuestros productos, a nuestros productores, no la aprovechan.
Yo veo muy difícil que los productores de hortalizas, quienes venden estas en distintas ferias, los vendedores autorizados, aquellos que hoy incursionan en los productos orgánicos, etcétera, puedan pasarse a los -entre comillas- genéticamente mejorados; porque no están genéticamente mejorados. Lo que se haría con la normativa es dejar en la completa ilegalidad o restringir gravemente políticas y prácticas vigentes desde que la agricultura es agricultura, como el seleccionar, el mejorar, el obtener, el guardar, el multiplicar, el intercambiar las semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Eso se termina.
Alguien podrá decirme que no se abre directamente la puerta a los transgénicos. En mi opinión, sí.
Pero lo que está claro es que prácticas propias de la agricultura familiar campesina van a ser ilegales. ¿Y eso va a regularlo el Ministro del ramo? ¡Si ni siquiera está presente! Es algo que estamos entregando al mercado, a las propias empresas que van a tener que controlar las patentes. Podrán resolver: "Este señor está ilegal. Este no".
Creo que aquí no estamos garantizando -insisto- un mayor acceso a variedades de ningún tipo. No lo dice el texto. Las empresas van a determinar, definitivamente, qué semilla se utiliza y cuál no.
Además, el proyecto se mete en otra área también sumamente preocupante: la introducción de los llamados "farmocultivos". Es cosa de mirar lo que pasa en Isla de Pascua con un hongo que da origen a la rapamicina.
Si eso ya está ocurriendo en Chile. Y ello, por la UPOV 1978; de alguna forma, por la ley Nº 19.342. Junto a otras políticas agrícolas, ha llevado a una menor disponibilidad de esas variedades y a que hoy día se vea seriamente afectada toda la posibilidad de desarrollo de nuestra agricultura de la manera tradicional.
A mi juicio, si se aprueba la nueva normativa, hará posible casos aberrantes. Cabe recordar el caso del pepino dulce, del boldo, del quillay, del avellano, del canelo y de todos los productos que han sido inscritos, de manera absurda, abusiva, en el extranjero.
En definitiva, juzgo que hoy día no tenemos elementos para aprobar un proyecto como el que nos ocupa. Estimo que las dudas que se plantearán en la pequeña agricultura son grandes. Y llamo a los señores Senadores a ver si podemos darle una vuelta más al tema.
Por lo menos, resulta conveniente contar con la presencia del señor Ministro de Agricultura o del titular de Relaciones Exteriores, para que se nos explique a qué nos exponemos y si puede sobrevenir una sanción. Nunca he escuchado a alguien de la Cancillería, de la Dirección Económica, expresar que si Chile no ratifica la UPOV 1991 sería susceptible de algún tipo de sanción internacional.
Por todo lo mencionado, señor Presidente, y por el resguardo de los derechos de los pequeños agricultores, campesinos, indígenas, voy a votar en contra del proyecto.
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , conocí la iniciativa en el debate registrado en la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual soy miembro, y la voté a favor, como lo hizo la unanimidad de sus integrantes.
Pueden abrigarse dudas acerca del resultado que logremos con la aprobación del Convenio, pero no me surge ninguna en el sentido de que el problema de los pequeños agricultores no es que los obtentores de variedades vegetales que están investigando ganen plata o aprovechen la oportunidad de mejorar sus condiciones de mercado. La dificultad radica en que los primeros tienen que competir en un mercado globalizado y requieren los mejores productos, las mejores semillas, para aumentar su competitividad, así como también su producción y productividad.
Alguien puede decir: "El pequeño agricultor va a tener que pagar ahora por una semilla certificada". El Senador que habla conoce familias campesinas de microproductores que han logrado salir de la pobreza, que han alcanzado un nivel de vida mucho mejor con su propio esfuerzo, cuando han construido invernaderos y han utilizado una variedad por la cual han tenido que pagar una semilla de mejor calidad.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un convenio que va a proteger la titularidad de quien inventa, de quien investiga, de quien mejora sustantivamente la semilla.
Y, claro, alguien expresa: "Mi voto no se encuentra disponible, porque vamos a proteger en exceso y no permitiremos que el que la compra y la reproduce pueda volver a venderla.".
Pero alguien gasta en invención, en investigación, y produce una semilla de mejor calidad, y, naturalmente, el Convenio tiene que ver con la forma como podemos asegurar que vengan a Chile a venderla o a ofrecerla al pequeño agricultor. De ese modo, vamos a conseguir un mucho mejor resultado en producción, en rentabilidad. En caso contrario, los que tengan la posibilidad de lograr esas mejores calidades no llegarán al país a comercializarlas.
La ley va a regular el que el pequeño agricultor, en su momento, pueda volver a usar en su tierra, eventualmente, la misma semilla que utilizó al inicio y por la cual pagó.
Si aplico el sentido común y opino que, a todas luces, el proyecto es mejor, y alguien responde que otros países no lo han firmado, cabe tener presente que ellos exhiben una realidad distinta. Nosotros estamos dándoles la oportunidad de la reconversión a miles de pequeños agricultores. ¡Cuántos lo han logrado y tienen posibilidades de surgir desde una economía de autosostenimiento a una de mercado! Y pueden llegar a este, pero solo con mejores calidades y variedades.
Entonces, no temo a proteger a quien hace el esfuerzo de poner a disposición de ese sector mejores calidades de semilla para obtener mejores producciones.
A la Comisión de Agricultura concurrió, en nombre del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECh), el señor Orlando Contreras , quien dio a conocer, según el informe, "que según el VII Censo Nacional Silvoagropecuario la agrupación que encabeza reúne a 268.000 familias, que comprende un millón doscientos mil personas y generan 900.000 empleos. Agregó que representan un 89% de las unidades productivas del país, que equivale a un 25% de la tierra agrícola y, en algunos rubros, llegan a un 25% del PIB agrícola. Agregó que son fuertes en la producción de hortalizas y que el 28% del trigo nacional es producido por los pequeños agricultores.".
Asimismo, "indicó que MUCECH agrupa a once organizaciones campesinas y que se relaciona con el Gobierno, a través de Ministerio de Agricultura" y todos sus organismos.
"En relación a la Convención de UPOV 1991, hizo presente que la agricultura familiar campesina no se opone a la investigación y al desarrollo de nuevas variedades vegetales".
Por lo tanto, me guío por el sentido común, por la práctica. No me opongo a que los inventores estén protegidos, a que ganen más plata, pero quiero que también la obtengan los pequeños agricultores.
Voy a votar favorablemente la iniciativa, señor Presidente
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , el otro día, cuando tratamos el proyecto en la Sala, a propósito del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde lo aprobamos por unanimidad, fui de los que pensaban que no era necesario que pasara a la de Agricultura. Veo que esta lo conoció y también lo acogió, pero solamente por 3 votos contra 2.
Deseo mencionar cuatro razones por las que es bueno que lo aprobemos.
De hecho, sin hacerlo, no estamos incidiendo en nada de importancia. La realidad avanza. Cuando estudiamos el texto, se habían registrado aproximadamente 600 variedades. Hoy día son 700. Y en 1996 eran solamente 250. O sea, actuemos o no, el proceso opera. Creo que es mejor tener registro que no tenerlo.
Respecto de las variedades propias, consulté en particular acerca del caso de la papa de Chiloé, muy parecido al de la papa del altiplano, y pregunté específicamente qué pasa con algunas que pueden inscribirse en el extranjero. La respuesta se encuentra en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores: "en esta área los registros son básicamente de chilenos" y "de 150 registros, 90 corresponden a efectuados por nacionales, principalmente del INIA.".
La otra ventaja que quiero recalcar acerca del proyecto sobre la protección de las obtenciones vegetales es que permite acreditar laboratorios en Chile. Hoy día no los tenemos. Se nos dijo en la Comisión -debe de consignarlo el informe, pero no lo encuentro en su texto- que podríamos acreditar inmediatamente cuatro o cinco, lo que no nos obligaría a hacer el trámite en otros países donde sí está operando el Convenio.
Y, finalmente, un cuarto elemento es que nuestros pequeños productores se están beneficiando desde ya con los 90 registros de variedades de papas en el INIA, más todas las semillas de última generación que requerimos por querer ser -y creo que ya lo somos- una potencia agroalimentaria de cierta importancia en el mundo.
Así que insisto, señor Presidente, en que debemos aprobar la iniciativa. Porque hemos vivido con prescindencia de ello, pero la realidad -repito- sigue avanzando. Y la principal ventaja es que vamos a contar con laboratorios para acreditar en Chile, lo que hoy, sin el instrumento que nos ocupa, no hemos podido hacer.
Gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos contra 5 y 6 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Longueira, Novoa, Orpis, Prokurica y Tuma.
Votaron por la negativa la señora Rincón y los señores Gómez, Navarro, Pizarro y Quintana.
Se abstuvieron los señores Escalona, Horvath, Letelier, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro del Interior, a fin de solicitar ASUETO EN SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO NATALES PARA CENTENARIO DE COMUNA,
A los señores Subsecretario de Salud y Subsecretario de Redes Asistenciales, con el objeto de pedir SOLUCIÓN A FALTA DE PROFESIONALES DE SALUD EN ÁREAS DE HOSPITAL CLÍNICO "DR. ARTURO NAVARRO", PUNTA ARENAS.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y al señor General Director de Carabineros, para que se informe acerca de INSTRUCCIONES PARA DISOLUCIÓN DE MANIFESTACIONES CON MOTIVO DE VOTACIÓN DE PROYECTO DE HIDROELÉCTRICAS EN REGIÓN DE AYSÉN.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En Incidentes, el Comité Unión Demócrata Independiente no ocupará su tiempo.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
EJECUCIÓN DE CAMINO A CHILE Y ANTECEDENTES CON MOTIVO DE VIAJE DE COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A CHAITÉN. OFICIO
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , quisiera solicitar, por su intermedio, el envío de un oficio al señor Ministro de Obras Públicas , pero referido a dos materias.
Primero, deseo pedirle que considere la conveniencia de empezar el Camino a Chile, según se nos informó en la Comisión Especial de Zonas Extremas, no en tres etapas, sino ejecutando la tercera en conjunto con la primera, porque no se requiere la realización de las dos iniciales para llevar a cabo la del último tramo, entre Caleta Gonzalo y Huinay , como se nos explicó y se lo dijimos.
Quiero reiterar la petición formalmente, porque no obtuvimos respuesta y leo en "El Mercurio" que los trabajos pueden demorar tres años. En "La Tercera" se da a conocer que durarán seis.
Considero que ello puede tomar perfectamente tres años si se llevan a cabo simultáneamente la primera y la tercera etapas, y la segunda, dependiente de la primera, con posterioridad.
En seguida, solicito adjuntar los antecedentes que se enviaron en 2008 y 2009 a la Comisión de Obras Públicas con motivo de las visitas que hicimos al Camino a Chile y, posteriormente, a Chaitén, por la erupción del volcán del mismo nombre.
Gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Kuschel, conforme al Reglamento.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El Comité Independientes no intervendrá.
En el tiempo del Comité Movimiento Amplio Social, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , existe una cronología de una licitación declarada desierta en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de la Región del Biobío, lo que representa un hecho fallido muy grave.
Falta capacitación de trabajadores para la construcción.
Se requiere mano de obra calificada para enfrentar la reconstrucción. Desde el año 2006 existe déficit. Nunca se ha querido implementar un programa sostenido que salga al encuentro del problema. Y ello sirve hoy de justificación para el retraso.
El SENCE tiene a su disposición tres importantes fuentes de financiamiento para estas actividades:
1.- La relativa a empresas de la franquicia tributaria, lo que aumenta a 1,25 por ciento cuando se trata de precontratos.
2.- El bono de capacitación, supuesta forma moderna de llevar a cabo esta última y que exige al usuario un copago del 20 ciento, el cual es devuelto al término del curso con resultado exitoso.
3.- Becas sociales, con remanentes de las empresas afiliadas a los organismos técnicos intermedios para capacitación.
Todo ello resulta completamente insuficiente. Se deben generar programas de capacitación, por cierto, en los rubros deficitarios. La última licitación contempla solo cuatro cursos de jefes de obra para la Región del Biobío. Ni uno solo de carpintero, de enfierrador.
No comprendemos por qué el Servicio no capacita en el área de la construcción en la Región más azotada por el terremoto y el tsunami.
Por eso, señor Presidente , pido que se oficie a la señora Ministra del Trabajo , al Director del SENCE , a fin de que se pueda asumir la demanda de cursos de capacitación para el área de la construcción que vayan directamente a proporcionar mano de obra especializada a la reconstrucción en la Octava Región.
Quisiera que se enviase también una copia de mi intervención al Intendente y al Director del SENCE de la Región del Biobío .
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO.- He intervenido en el tiempo del MAS, señor Presidente. La Democracia Cristiana me ha cedido su tiempo.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Mesa está informada de ello, pero antes se encuentra otro Comité.
Le solicito al Honorable señor Kuschel que me reemplace en la testera.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).- Tiene la palabra, en el tiempo del Partido Socialista, el Senador señor Escalona.
IMPLEMENTACIÓN EN REGIONES DE SUBSIDIO A TRANSPORTE REMUNERADO DE PASAJEROS. OFICIOS
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , pido enviar un oficio al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , al señor Ministro de Hacienda y al señor Intendente de la Región de Los Lagos , con el propósito de que puedan formalizar cómo piensan la autoridad central y la regional implementar la ley sobre el Transantiago, aprobada en octubre del año pasado, con relación a las Regiones.
Ese cuerpo legal dispuso 120 mil millones de pesos para establecer un subsidio al transporte remunerado de pasajeros en estas últimas, como complemento al otorgamiento de recursos para dicho sistema, pero no se ha implementado.
En particular por las dificultades de conectividad, la Región de Los Lagos requiere el beneficio. El cruce del canal de Chacao es sumamente oneroso para el transporte, en general, y en particular para el remunerado de pasajeros.
Al mismo tiempo, ahora está en marcha la extensión de la Ruta 5 desde Puerto Montt a Pargua, lo que significará un nuevo costo, dada la implementación de un peaje en dicho tramo. En consecuencia, habrá otro encarecimiento del transporte remunerado de pasajeros en la Región de Los Lagos.
Y mientras todo eso ocurre, la autoridad no implementa la normativa en comento.
Señor Presidente , desde mi punto de vista, la ley nos obliga a todos, y de modo especial a la autoridad, sobre todo cuando ella misma presentó la iniciativa pertinente al Congreso Nacional y este la aprobó. Por consiguiente, yo veo que el Gobierno está doble o triplemente obligado a implementar este cuerpo legal.
Solicito que se me informe cómo se va a cumplir con ello. Es decir, cómo se va a aplicar en el caso de la Décima Región el subsidio al transporte remunerado de pasajeros.
Algunos funcionarios públicos de la Región de Los Lagos, como el señor Seremi de Transportes, han sostenido que eso no corresponde.
No me cabe a mí juzgar el desconocimiento de la ley por parte de ese personero, aun cuando es su deber conocerla. Pero, independientemente de la opinión del señor Secretario Regional Ministerial de Transportes , a la máxima autoridad del país le asiste la obligación de cumplir e implementar la ley para la cual solicitó el respaldo del Congreso Nacional.
Esa es mi petición, señor Presidente, a través de los oficios pertinentes.
El señor CANTERO.- Pido la palabra, para complementar lo mencionado por el señor Senador.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).- La tiene, Su Señoría.
El señor CANTERO.- Señor Presidente , me parece muy pertinente la solicitud de información planteada por el Senador señor Escalona . Y me gustaría ampliarla pidiéndole a la autoridad competente que haga llegar los antecedentes acerca del monto de los recursos que ha destinado en el marco del acuerdo político dentro del cual se aprobó la ley sobre el Transantiago; de los fondos contemplados en el Presupuesto del presente año; de la fecha de aprovisionamiento en los presupuestos regionales, y de su grado de cumplimiento efectivo en todas las Regiones.
Ello, a fin de dar satisfacción no solo en la línea señalada por el Senador señor Escalona en cuanto a los aportes que van al transporte propiamente tal; porque recordemos que también se estableció una partida que permitía destinar esos recursos a cualquier infraestructura pública al servicio del transporte.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).- Senador señor Escalona, ¿le parece bien agregar a los oficios lo que plantea el Honorable señor Cantero?
El señor ESCALONA.- Sí. No tengo inconveniente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, adhiero a los oficios.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).- Yo, también.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Escalona, conforme al Reglamento, con el complemento del Honorable señor Cantero y la adhesión de los Senadores señores Navarro y Kuschel.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).- En el tiempo cedido por el Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
NO PERCEPCIÓN POR LÍNEAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO DE SUBSIDIOS A TRANSPORTE DE PASAJEROS. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , como señaló el Senador señor Escalona , se dispusieron recursos millonarios -800 millones de dólares- para el Transantiago. El Estado gasta 2 millones de dólares al día en financiar un servicio deficitario, como el transporte capitalino. Y se estableció una ley espejo de fondos para Regiones, a distribuir entre los empresarios, para que no subiera el valor del pasaje.
Sobre el particular, pido que se oficie al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones a fin de que nos informe acerca de la entrega de esos recursos, de su oportunidad, de su monto y de las líneas de taxibuses que están recibiendo ese aporte destinado a impedir que las tarifas suban en la Región del Biobío, particularmente en la intercomuna Concepción-Talcahuano.
Señalo lo anterior porque hay cuatro líneas de la comuna de Hualpén, que llegan a los sectores de La Gloria, Centinela, Los Copihues, Nueva Los Lobos, Tumbes, Las Canchas, a las que no se les entrega el beneficio en comento.
Los conductores me han solicitado que intervenga en esta problemática porque esas líneas han bajado las tarifas, no por haber recibido un subsidio, sino por la competencia. Y no parece correcta una competencia en la que unos son subsidiados y otros no.
Por consiguiente, pido que se oficie al Seremi de Transportes del Biobío a fin de contar con toda la información respecto a la entrega de este beneficio y a los motivos por los cuales las líneas que he señalado, que unen las comunas de Hualpén, Talcahuano y el sector de Los Cerros, no lo han recibido.
El terminal de estas líneas se encuentra en Santiago Watt 4881 , Parque Empresarial del Biobío, Talcahuano. Quien nos hizo llegar esta presentación fue el presidente del sindicato que las agrupa, don José Manuel Medina Hernández .
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
OPOSICIÓN A CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE EMPRESA HIDROAYSÉN. OFICIOS
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , hace algunas horas se aprobó el proyecto HidroAysén, es decir, la construcción de represas en los ríos Pascua y Baker .
Algunos, como el señor Daniel Fernández , han sostenido que el proyecto está aprobado y que procede la construcción.
Yo quiero advertir que se perdió una batalla, pero no la guerra. HidroAysén ganó una batalla, pero no la guerra. Ahora viene el levantamiento de una línea de alta tensión eléctrica que abarcará 9 Regiones, 67 comunas, cerca de 2 mil kilómetros de extensión, con torres de 40 metros de alto y una faja de servidumbre de 100 metros de ancho.
Creemos que HidroAysén es un mal proyecto, que destruye la Patagonia y resulta innecesario para los requerimientos energéticos de nuestro país. Se ha mentido al señalar que resolverá el problema de energía, toda vez que estará en funcionamiento, de llegar a aprobarse, en el año 2025.
¡Se le ha mentido al país!
Resistiremos centímetro a centímetro, metro a metro, kilómetro a kilómetro, en todas las comunas, en todas las Regiones, a fin de evitar la construcción de ese proyecto.
A todos los habitantes, a todos los agricultores que sean propietarios de terrenos sobre los cuales debiera pasar el tendido eléctrico los vamos a apoyar, para resistir.
Por tanto, cualquiera que reciba presiones -como ya está ocurriendo en las Regiones Novena y Décima- podrá acercarse a quienes nos oponemos, pues les brindaremos nuestro respaldo.
Esperamos que "Patagonia sin represas" sea una realidad en esta segunda batalla, que hoy recién comienza.
Señor Presidente , tengo en mis manos una carta leída en la asamblea de socios de Colbún el 26 de abril del año en curso. Dice así:
"Distinguidos señores del Directorio de COLBÚN y socios todos:
"Hace exactamente un año (29 de abril de 2010) participé a la Reunión General de ENEL en Roma (Italia), haciendo presente que el ecocida proyecto de megarepresas en la Patagonia, con su extensión del cableado hasta Santiago , puede tener significativos efectos en el balance económico-financiero de ENEL y en una negativa imagen empresarial mundial.
"Quiero plantear lo mismo, y con mayor razón, a la empresa COLBÚN (socia de ENEL en la conformación de HIDROAYSEN), por ser una empresa chilena, y de la cual soy socio con 579 humildes acciones del Vicariato Apostólico de Aysén (acciones que en el año 2010 rentaron $ 290).
"Ciertamente que todo proyecto, como el de HidroAysén, requiere de inversión, de amplios estudios y análisis económicos, políticos, sociales, ambientales,...
"Sin embargo, modesta y decididamente, apelo a un mínimo de conciencia de Responsabilidad Social Empresarial para considerar algunos alcances éticos, e incluso espirituales, que marcan la credibilidad y la dignidad de una empresa, en el proyecto que HidroAysén quisiera emprender en la Patagonia.
"Es cierto que Chile necesita energía de manera creciente, sin embargo la AUSENCIA DE UNA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL ESTADO, no debería ser aprovechada por empresas, más aún transnacionales, para imponer megaproyectos gravemente lesivos al medio ambiente, a la salud de las personas y a preocupaciones superiores de la comunidad y del bien común, no últimas las del cambio climático y la crisis ecológica.
"Debemos reconocer que estamos viviendo una NUEVA ÉPOCA de la humanidad, donde la crisis ecológica es UNO de los varios signos o expresiones de la GRAVE CRISIS HUMANITARIA GLOBAL o CRISIS DE CIVILIZACIÓN (con sus raíces en la crisis alimentaria, crisis energética, crisis climática, crisis económico-financiera, crisis ético-moral,...) que cuestionan seriamente el rumbo de nuestra civilización y el futuro de nuestro planeta.
"Lo que se haga CON y EN la PATAGONIA no es un tema local, tiene alcances y repercusiones planetarias, y con razón plantea, además, una profunda preocupación para la paz social. También en Chile, gracias a Dios, la conciencia ecológica del pueblo cuestiona cada día más seriamente las decisiones, las imposiciones y las omisiones de los poderes económicos, políticos y judiciarios en estos temas, por afectar grave y decididamente al bien común, a la alimentación, a la salud, a los intereses de la población, y en especial de los más pobres y de las mayorías que aún no pueden intervenir en las decisiones más relevantes que se toman en referencia al bien común.
"En un país que tanto ha cambiado en las últimas décadas, sentimos lo inadecuado, injusto y discriminatorio de legislaciones ambientales, referentes a recursos naturales (del AGUA sobre todo), energéticas, de participación ciudadana, etc. y no última la misma actual Constitución Política del Estado. Si bien es una enorme negligencia de los gobiernos de turno, sigue como desafío y tarea de Estado, sea de los poderes del Estado, sea de la ciudadanía, que con su silencio, con su indiferencia y con su pasividad, coopera con estas injusticias.
"Las empresas nacionales y transnacionales no pueden ni deben aprovecharse de esta situación para considerar la tierra, las aguas y los bienes con que Dios ha bendecido abundantemente a Chile, para hacerlos un botín de negocios particulares, pasando por encima del bien común, de los derechos esenciales y de la conciencia de las personas, sobre todo de los más pobres e indefensos.
"1.- OPORTUNIDAD ENERGÉTICA
"No tengo la certeza que proyectos energéticos como los planteados en la Patagonia pudieran ser aprobados por las legislaciones de los países de origen de las empresas multinacionales que los plantean. Entonces ¿por qué se plantean en Chile?
"Las cifras de los balances anuales indican claramente que hay un potencial económico, tecnológico, intelectual tan significativo como para promover y desarrollar eficientemente, también en Chile, energías limpias (SOLAR, MAREOMOTRIZ, EÓLICA , GEOTÉRMICA , MINI HIDROELÉCTRICA), sustentables y muy ventajosas, incluso para exportar a otros países hermanos.
"¡Basta de energías contaminantes y destructivas! Que si bien pudieran parecer económicamente más baratas en su implementación y mantención, llegan incluso a ser escandalosamente más caras y éticamente inmorales al deber cargar con la pesada mochila del costo de enfermedades humanas y ambientales cada vez más graves e incontrolables (ejemplo: contaminación de industrias mineras, termoeléctricas, nucleares,¿).
" Amigos de Colbún , de Enel, de HidroAysén ¡RESPETEN LA PATAGONIA! ¡Respeten cualquier lugar del planeta, respeten las personas, las culturas, la historia de los pueblos, respeten la creación de Dios!
"En estos planteamientos ético-morales hay bastante más que las palabras de un obispo, pues hay fundamentos, estudios, investigaciones serias y creíbles, y sobre todo hay un sentir y vivir de la gente de la Patagonia.
"Un dicho medieval planteaba: `Los justos caminan, los sabios corren, pero los enamorados vuelan'. No creo sea descabellado pedir o exigir a una empresa que no tenga como su única meta y desvelos al dios-dinero-ganancias, sino también que sea justa, sabia y enamorada de las personas y de la `casa común' en que vivimos, pues tenemos un mismo origen y un mismo destino las personas y la creación.
"Se abre entonces una enorme OPORTUNIDAD ENERGÉTICA Y UNA DESAFIANTE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL: dar un giro histórico y un ejemplo mundial al implementar energías limpias, saludables, sustentables, eficientes, e incluso económicamente rentables.
"2.- EL AGUA NO ES UN ELEMENTO O UNA MERCANCÍA MÁS
"La Patagonia es una región con abundancia de agua, una reserva mundial, privilegiada, de la humanidad. Sus Campos de Hielo Norte y Sur son factores esenciales para mitigar el cambio climático.
"El agua (como la tierra y el aire) es esencial para la vida. Sin agua no hay vida humana ni vida para cualquier ser vivo (plantas, animales, alimentos,¿). Su contaminación y escasez son un drama para amplios sectores de la humanidad, significando incluso MUERTE para millones de personas, especialmente para los más pobres e indefensos, los marginados de los bienes del planeta. Más del 80% de los derechos de agua no consuntivos de Chile y el 96% de las aguas de Aysén son propiedad de una transnacional, ENEL de Italia, donde incluso el Estado Italiano detenta el 30% de su propiedad. Recuerdo que en Chile la propiedad, la distribución y la gestión del agua son privadas: una muy triste y vergonzosa realidad a nivel mundial.
"¿Puede Colbún quedar indiferente frente a tan cuestionadora injusticia, al asociarse con Enel? ¿Hasta cuándo el Estado y el pueblo chileno sufrirán esta situación de dependencia de un elemento vital como el agua, y cada vez más necesario, indispensable para la humanidad, incluso en importantes zonas de Chile?
"Actualmente en Chile hay por lo menos 25 lugares con importantes conflictos relacionados esencialmente con el AGUA. ¿Será casualidad?
"Su privatización y su mercantilización plantean graves cuestionamientos éticos, morales, sociales, políticos, culturales y espirituales, poniendo en serio riesgo incluso la paz social.
"3.- PEDIDOS (CLAMORES)
"Como accionista de Colbún y como Obispo Vicario Apostólico de Aysén, haciendo presente también la voz, el sentir, el pensar, el soñar y las opciones de muchas organizaciones y personas de buena voluntad (la última encuesta IPSOS manifiesta un 61% de rechazo de la ciudadanía nacional a los megaproyectos de HidroAysén en la Patagonia), por los elementos presentados y favoreciendo una mayor participación de más instancias sociales en las decisiones, PIDO AL DIRECTORIO Y A TODOS LOS SOCIOS DE COLBÚN:
"a) que se suspenda la decisión de realizar los megaproyectos de generación hidroeléctrica en la Patagonia, por crear problemas graves e irreversibles;
"b) que Colbún participe activamente en la elaboración de una política energética de Estado, junto con otros actores socio-político-culturales;
"c) que Colbún favorezca, facilite y promueva un proceso para que en Chile termine el actual sistema y política de privatización y mercantilización del agua;
"d) que Colbún escuche y considere seriamente las varias sensibilidades sobre estos temas medioambientales y energéticos, también con las exigencias éticas, e incluso espirituales;
"e) que Colbún también emprenda campañas que promuevan una mayor sobriedad y austeridad en los usos y consumos de los bienes de la creación, sobre todo del agua y de la energía.
"Tengo la confianza que Colbún asumirá la gran responsabilidad ética, política, económica, tecnológica, ecológica, humana y moral para desarrollar una energía limpia y sustentable en Chile, sin meter las manos en la Patagonia, y sin alterar la paz social.
"Muchas gracias.
" Luis Infanti De la Mora, osm.
"Obispo Vicario Apostólico de Aysén.
"Santiago, 26 de abril de 2011.".
He dado lectura a la intervención del Obispo Infanti en la Asamblea de Socios de Colbún porque la considero, no una pieza de oratoria, sino un testimonio humano, social. Ella representa el sentir de la Región de Aysén y, también, de miles y miles de chilenos.
Señor Presidente , solicito que se oficie a diversas autoridades para enviarles esta intervención. Además, creo necesario que el Senado de la República guarde copia de ella como testimonio para las futuras generaciones; pero, particularmente, para su debate, su conocimiento y su transmisión. Porque no existen espacios donde se puedan difundir las opiniones de quienes, como el Obispo, se oponen tenazmente con propuestas alternativas.
El Obispo Infanti De la Mora ha planteado sus ideas a través de diversas presentaciones y libros, y también mediante la publicación de su Carta Pastoral Danos hoy el agua de cada día.
Señor Presidente , pido que se envíe copia de esta intervención a Su Excelencia el Presidente de la República ; a los señores Ministros del Interior, de Obras Públicas ,...
El señor QUINTANA .- ¡A Golborne!
El señor NAVARRO.-...de Minería y Energía; a la señora Intendenta y a los señores Seremis de la Región de Aysén; a los señores Intendentes y Gobernadores de cada una de las Regiones del país; a los señores Seremis de todos los Ministerios,...
El señor QUINTANA.- ¡A la Ministra del Medio Ambiente!
El señor NAVARRO.- ...y, particularmente, a la señora Ministra del Medio Ambiente.
El señor KUSCHEL ( Presidente accidental ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , ¿me concede un minuto más?
El señor KUSCHEL ( Presidente accidental ).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Gracias.
Por otra parte, pediré que se impriman apartados de mi intervención, a fin de distribuirlos entre las organizaciones sociales de Aysén y, si es posible, de todo el país.
Finalmente, saludo de manera fraternal a Monseñor Luis Infanti, por su valentía para enfrentar esta situación, en lo que interpreta a miles y miles de chilenos.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor KUSCHEL ( Presidente accidental ).- Señor Senador, le agradecería que hiciera llegar a la Mesa el documento que leyó.
El señor NAVARRO.- Con mucho gusto, señor Presidente .
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , deseo adherir al planteamiento del Senador Alejandro Navarro, particularmente en cuanto a la carta de Monseñor Luis Infanti. Esta da cuenta de la valentía del señor Obispo y representa a mucha gente que no ha podido expresar su opinión a lo largo del país.
En efecto, numerosas personas quisieron hacerlo -en democracia, tenemos ese derecho-, pero no pudieron...
El señor NAVARRO .- ¡Fueron reprimidos!
El señor QUINTANA.-...porque se registró una fuerte represión.
Desde hacía mucho tiempo no se veía una acción policial de esas características en distintos lugares del país. Al parecer, la instrucción era la misma: impedir que la gente ocupara los espacios democráticos para expresar su punto de vista, no recogido por el Gobierno.
El proceso de decisión con respecto a HydroAysén -como aquí se ha señalado- estuvo completamente viciado, más allá de lo que se resolvió. Y lo que hemos presenciado como nación, como sociedad, no nos debe enorgullecer en lo más mínimo.
Cuando un Ministro del Interior (jefe superior de todos los funcionarios que debían votar ese día) imparte una instrucción, expresa un deseo -como se le quiera llamar-, obviamente no hay forma de cambiar ese criterio.
Como muy bien declaró en la prensa el Senador Bianchi, dichos servidores tenían dos opciones: o votar sí o perder la pega. Y optaron por lo primero.
En definitiva, ¡una triste noticia para el medioambiente!
Tal vez uno entienda que esas son las reglas del juego. Sin embargo, después de este episodio, y particularmente cuando el Ministro del Interior intervino, en la forma como lo hizo el señor Hinzpeter en un proceso como este, considero que nuestra institucionalidad ha quedado en entredicho.
Quedó ya en esa condición a propósito del anuncio del Presidente de la República de que finalmente no se construiría la central termoeléctrica Barrancones , decisión que muchos aplaudieron y que algunos también valoramos, pero se utilizó un mecanismo que se apartó de la institucionalidad.
En el presente caso, también se vulneró la institucionalidad al no permitir actuar libremente a las autoridades, que se supone venían desarrollando un proceso serio. Y algo parecido sucede en especial en el ámbito de la vivienda, donde hay testimonio -por eso somos querellantes en una acusación de prevaricación y de falsificación ideológica de algunos documentos- de que también se alteraron las reglas del juego.
Reitero: fue una triste jornada. Y, asimismo, el país está dando un triste espectáculo.
A propósito de lo que se dice en cuanto a por qué no se presentan proyectos con relación a energías renovables no convencionales, pregunto: ¿algún titular de un proyecto serio, de este tipo o de otro e incluso hidroeléctrico, se querrá someter a un sistema de evaluación de impacto ambiental después de lo ocurrido? No lo creo, a menos que pretenda hacer negocio e importe solo la aprobación.
Si alguien realmente desea cuidar nuestra biodiversidad, proteger los recursos naturales y, al mismo tiempo, generar rentabilidad, va a ser muy difícil que, con las reglas que Chile se ha dado, se someta a un proceso de esta índole, en especial los inversionistas extranjeros.
Señor Presidente, la situación aludida nos obliga a modificar -se está instalando el debate- la Ley de Bases del Medio Ambiente.
Ese cuerpo legal no se dictó para posibilitar lo acontecido. Nunca me gustó lo que establece sobre la materia en cuestión. Y, en lo personal, siempre tuve duda -también durante los Gobiernos que apoyé- respecto de la figura mediante la cual se suponía que los seremis decidían libremente. Tal vez en muchos casos era así. Pero es claro que aquí nos pasamos al otro extremo. Ello es muy malo para el país y no resuelve en absoluto nuestro déficit energético. Me parece que amerita un debate muy de fondo.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSAS RIBEREÑAS EN TRANAMÁN, COMUNA DE PURÉN. OFICIOS
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas con relación a lo siguiente.
Días atrás visité el sector de Tranamán, en la comuna de Purén, donde el gobierno regional dentro del Plan Araucanía tiene el proyecto denominado "Embalse", el que han difundido profusamente las distintas autoridades, en especial de Obras Públicas.
En esa oportunidad un técnico de la Dirección de Obras Hidráulicas manifestó a todos los asistentes -la mayoría, comuneros mapuches- que la posibilidad de construir un embalse en el sector de Tranamán era nula, dado que no habían derechos de agua disponibles y que, por tanto, se debía buscar una alternativa -él mismo me sugirió que nos contactáramos con la Comisión Nacional de Riego- para ver si mediante las herramientas legales se podía acceder a un sistema de infraestructura de drenaje, pues allí se requiere apoyar la infraestructura y el drenaje para riego, y no el embalse.
Evidentemente, esa es una mala noticia para la comunidad. Y por eso estoy pidiendo que se envíe el oficio referido.
Esta mañana conversé con el Director Nacional de Obras Hidráulicas, señor Juan Antonio Arrese , quien se encontraba en la Comisión de Obras Públicas -que integro-, y me decía que el asunto no es fácil. Por lo tanto, solicito oficiar, además del Ministerio de Obras Públicas, a la Comisión Nacional de Riego, demandándole una solución al problema de riego en Tranamán. Porque si hay un compromiso del Gobierno en tal sentido, debe cumplirlo. Para eso dispone de distintos servicios, departamentos, seremis, etcétera.
Es necesario buscar una alternativa. Y si no se logra a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, bueno, a las autoridades les corresponde dar una solución en la Comisión Nacional de Riego. No es tarea de los parlamentarios. Pero yo, con todo gusto, tratándose de apoyar a la comunidad, intento encontrarla.
En consecuencia, reitero mi petición de que se oficie a ambos organismos.
Y quiero agregar que no solamente se busca resolver la falta de riego, que es un compromiso del Gobierno, sino también el problema de las inundaciones que provoca el río Purén al desbordarse por completo. Es indispensable construir defensas ribereñas u otras obras para proteger las cuencas de ese río.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
REFORMAS A EDUCACIÓN SUPERIOR. OFICIO
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , en el tiempo que me resta, haré una breve reflexión respecto de un asunto que me plantearon ayer los estudiantes de educación superior agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), sobre lo cual pido enviar oficio al Ministro de Educación , señor Joaquín Lavín , con copia al Jefe de la División de Educación Superior de esa Secretaría de Estado . Me refiero a las reformas a la educación superior, pues se supone que, como lo ha dicho el Gobierno -y yo espero que el Presidente nos dé lineamientos más precisos en su cuenta el próximo 21 de mayo- que se concretarán en el curso del presente año.
Por lo demás, como se sabe, en este año 2011, como nunca antes en la historia de Chile, hay más estudiantes en la educación superior que en la enseñanza media. Y ello, obviamente, obliga a revisar cómo se encuentran distribuidos y cuántos pertenecen a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales, a las universidades tradicionales del Estado, a las universidades privadas, en fin. Y dentro de estas últimas hay también distintos tipos de instituciones.
Pues bien, se ha abierto un debate con relación a eventuales modificaciones al aporte fiscal directo que en la actualidad se entrega a las universidades e, igualmente, sobre el aporte fiscal indirecto.
El aporte fiscal indirecto llega a la universidad, no a los estudiantes. Estos son los denominados "alumnos con marraqueta", porque registran muy buenos puntajes. Nos parece bien que se les premie, pero no sucede así ni con ellos ni con sus familias. Ambos siguen endeudados. Y es común ver que un joven de cualquier carrera queda endeudado por 20 años, debiendo pagar el 30 por ciento de su sueldo cuando ejerce su profesión.
Ello, porque el sistema vigente apunta al crédito, a lo cobrable, y no a los fondos solidarios, como se conocían tradicionalmente. Ahora, uno advierte más bien el deseo de cambiar ese eje (el reparto de recursos, fundamentalmente, a las universidades tradicionales, muchas de ellas del Estado, y a otras privadas sin fines de lucro) y distribuirlos entre el conjunto de las universidades.
Se habla de indicadores de desempeño. Quiero saber cuáles son.
En fin, hay diversos aspectos que empiezan a asomar tímidamente en el debate, pero sin una mirada orgánica. Y esto es lo que nosotros estamos reclamando.
Necesitamos saber -sé que en este punto interpreto también a los demás integrantes de la Comisión de Educación- hacia dónde quiere ir el Gobierno con esa reforma educacional.
Los dirigentes de la CONFECH nos han planteado diversos problemas, como la no entrega de las becas de alimentación ni de los pases para el transporte, etcétera. Esto significó en estos días incluso el cambio de la Directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
El Gobierno ha reconocido que hay muchas interrogantes en el ambiente.
Mañana hay una convocatoria a movilización -por eso, este es un tema en verdad muy urgente-, por parte de la CONFECH. Porque, como dije, hay distintos problemas no resueltos, como la entrega de becas de alimentación y de transporte.
Por tales razones, he sostenido que si hay un organismo carente de auxilio es, precisamente, la JUNAEB. Y yo valoro que el señor Ministro haya cambiado a la Directora e intervenido ese organismo. Quizás sea necesario reestructurarlo.
Insisto: espero que entre los anuncios que el 21 de mayo realice el Primer Mandatario figure la modernización de algunas instituciones, que claramente no pueden seguir como están. Y lo que sucede en la JUNAEB es un escándalo: sigue entregando a los educandos la "famosa" tercera colación, consistente en un galletón y un vaso de leche.
Señor Presidente , reitero mi solicitud de que se oficie al Ministro señor Lavín -sin perjuicio de la visita que junto a otros miembros de la Comisión especializada, como el Senador Cantero, haremos a don Juan José Ugarte , Jefe de la División de Educación Superior -, a fin de que se nos informe exactamente hacia dónde apuntan los cambios que el Gobierno pretende efectuar en la educación superior.
Otro de los aspectos que los dirigentes nos plantearon ayer es qué pasa con el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1974, que impide que los estudiantes tengan voz o algún tipo de expresión en los gobiernos universitarios.
Lo anterior es súper necesario hoy día, a la luz de lo que acontece en la casa central de la Universidad Arturo Prat, de Iquique. En la sede de Victoria de esa casa de estudios superiores han tenido lugar serios incidentes a raíz de la incertidumbre respecto de su futuro generada por aquella.
En general, deseamos una mayor precisión de las medidas que se tomarán al respecto.
El señor NAVARRO .- Con mi adhesión, señor Presidente .
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión del Senador señor Navarro .
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión
Se levantó a las 20:30
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR GÓMEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMPENSACIÓN A USUARIOS POR INTERRUPCIÓN, RESTRICCIÓN O RACIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (7636-09)
Honorable Senado:
A continuación se formula un proyecto de ley, a través del cual se establecen reglas para que, por una parte, se asegure el abastecimiento de la población de agua potable y que, en casos de corte de suministro las empresas concesionarias de servicio público de distribución de agua potable deban compensar a los usuarios los cortes de suministros que ellos sufran.
La propuesta busca que, frente a situaciones de escasez de agua, se privilegie el abastecimiento de la población frente a quienes son calificados como grandes consumidores y que, ante la situación en que los cortes de suministro de agua potable no tengan el carácter de programado o que se deban a situaciones previsibles por la empresa concesionaria, los consumidores tengan derecho a la respectiva compensación por parte de la misma.
El fundamento de la propuesta dice relación con que, en la actualidad, si bien las empresas concesionarias de servicios sanitarios tienen la obligación de asegurar el suministro, debiendo cumplir con las obligaciones de regularidad y continuidad en la prestación del servicio, no existe la obligación para ellas de asegurar el abastecimiento de la población, privilegiando este tipo de servicio en vez de los contratos que tengan suscritos con grandes consumidores.
I. Fundamentos
En nuestro país, los servicios sanitarios, compuestos por los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección y tratamiento de aguas servidas son prestados por empresas concesionarias de servicio público, cuya regulación, contenida, principalmente, en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del año 1988 del Ministerio Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, establece la obligación de las empresas de garantizar la continuidad y la calidad del servicio, quedando eximidas de ellas sólo frente a situaciones de fuerza mayor (artículo 35 inciso primero).
Además, puede afectarse la continuidad del servicio en que por razones imprescindibles para la prestación del servicio sea necesario interrumpir, restringir, racionar el servicio, pero siempre que ellos sean programados y comunicados previamente.
A fin de asegurar la prestación del servicio se otorgan atribuciones a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que, por resolución fundada, obligue a la suscripción de contratos para la provisión de agua cruda en aquellos en que su ausencia, por negligencia o imprevisión de la empresa concesionaria respectiva afecte a la continuidad en la prestación del servicio.
De lo anterior se tiene que la legislación en materia de servicios sanitarios, busca asegurar la continuidad en la calidad del servicio, restringiendo las situaciones en que el servicio se puede suspender sólo a los casos de fuerza mayor y de cortes programados. No obstante, en determinados casos los cortes de servicio, especialmente en el caso de la provisión del servicio de agua potable, no se deben a estas razones sino que a otras; casos en que, a diferencia de lo que ocurre en materia eléctrica, no existe compensación para los usuarios del servicio.
Así, por ejemplo en el caso de los corte de agua en la ciudad de Antofagasta, al no existir la obligación de compensar, la única posibilidad para los consumidores era iniciar las respectivas demandas para obtener la indemnización de los perjuicios que tal situación les provocó.
Por otra parte, no existe norma alguna que obligue a las empresas concesionarias del servicio público de distribución de agua potable, más allá de la obligación de continuidad del servicio, a privilegiar la provisión del servicio de agua potable por sobre, por ejemplo, los contratos que tengan suscritos con grandes consumidores.
Al ser el agua potable un elemento esencial para la vida de las personas, la regulación de la prestación del servicio, en manos de los privados, debe estar enfocada a asegurar un abastecimiento continuo y de calidad para la población, por lo que dicha regulación debe siempre estar perfeccionándose, a fin de asegurar los derechos frente a la empresa prestadora del servicio, más aún cuando para los usuarios no existe la posibilidad de elegir entre distintos prestadores, por tratarse de un monopolio, o prescindir de los servicios sanitarios.
En atención a las consideraciones anteriores, se formula una propuesta que establece el deber de compensar a los usuarios frente a cortes de suministros que no se deban a situaciones de fuerza mayor o que no tengan el carácter de programados y, por otro lado, para suspender los contratos que las empresas concesionarias de producción o distribución de agua potable tengan suscrito con grandes consumidores, a fin de asegurar el abastecimiento de la población.
En consideración a los antecedentes expuestos vengo en proponer el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del año 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios sanitarios:
1.- Elimínese del inciso primero del artículo 35 la frase “las que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor.” Pasando la coma (,) a ser punto final.
2.- Incorpórense los siguientes artículos 35 bis y 35 ter nuevos:
Artículo 35 bis.- Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la interrupción, restricción o racionamiento que no sea programado e imprescindible para la prestación del servicio, que afecte parcial o íntegramente una o más áreas de concesión, dará lugar al descuento proporcional del cargo fijo respectivo y al pago de una compensación a los usuarios, de cargo del concesionario, equivalente al duplo de las sumas de los valores de los cargos variables del agua potable, recolección de aguas servidas y tratamiento, cuando correspondiere, valorizada a precio de período punta.
Para la determinación del monto de la compensación que corresponda a cada usuario se estará al consumo promedio diario calculado para ese período dividido por 24 y multiplicado por el número de horas o fracción de hora en que el servicio se encuentre suspendido.
Cuando la interrupción del suministro exceda las tres horas continuas la compensación determinada conforme a los incisos precedentes, se incrementará en un 100%. Dicho monto se incrementará en un 50% por cada tres horas adicionales a contar de las primeras seis horas de interrupción del suministro.
La compensación regulada en este artículo se efectuará descontando las cantidades correspondientes en la facturación más próxima, independientemente del derecho que asista al concesionario para repetir en contra de terceros responsables.
En caso de que entre el hecho que da derecho a la compensación y el pago de la misma transcurran más de tres meses, se deberá reajustar el monto de la misma conforme a la variación del índice de precios al consumidor, entre el mes anterior a que se produjo el hecho y el mes anterior al pago de la compensación.
La compensación regulada en este artículo es independiente del derecho de cada usuario para demandar la indemnización de los perjuicios que le haya producido la interrupción, restricción o razonamiento.
Artículo 35 ter.- La tramitación de los juicios de indemnización de perjuicios, por interrupción, restricción o racionamiento de agua potable se hará conforme al procedimiento sumarísimo que se establece a continuación:
1°.- Deducida la demanda, el tribunal citará a las partes a audiencia dentro del quinto día hábil después de la última notificación, ampliándose este plazo si el demandado no está en el lugar del juicio, con todo o parte del aumento que concede el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil;
2°.- La audiencia se celebrará con la parte que asista y en ella se recibirá la contestación de la demanda y se rendirán las pruebas. La parte que quiera rendir prueba testimonial deberá presentar, antes de las doce horas del día anterior al de la audiencia, una lista de los testigos de que piensa valerse;
3°.- Si el juez lo estima conveniente, oirá el informe de un perito, nombrado en la misma audiencia por los interesados y, a falta de acuerdo, por él. El juez fijará un plazo al perito para que presente su informe, que no podrá exceder los 15 días.
4°.- La sentencia se dictará dentro de quinto día contado desde la fecha de la audiencia, o de la presentación del informe, en su caso;
5°.- La sentencia definitiva será apelable en el solo efecto devolutivo, salvo que el juez, por resolución fundada no susceptible de apelación, conceda el recurso en ambos efectos. Las demás resoluciones son inapelables, y
6°.- La apelación se tramitará como en los incidentes y gozará de preferencia para su vista y fallo.
7°.- Los plazos que se establecen en este procedimiento serán de días hábiles.
Artículo 35 quater.- Los prestadores deberán presentar a la Superintendencia, en el mes de diciembre de cada año, un plan de manejo de las emergencias que puedan efectuar la continuidad y calidad del servicio a una parte o la totalidad de su área de concesión. Dicho plan deberá considerar las medidas de mitigación que el prestador adoptará y, además, los planes de acción para superar la situación de emergencia. Sin perjuicio de las sanciones que procedan por la falta de presentación del plan de manejo de emergencias, la Superintendencia, producida alguna emergencia, podrá establecer las medidas de mitigación que sean necesarias, a costa del prestador respectivo.
2.- Agréguese el siguiente artículo 47 I nuevo:
Artículo 47 I.- Los contratos de provisión de agua potable suscritos entre usuarios finales grandes consumidores y empresas concesionarias de distribución de agua potable o con las empresas concesionarias de producción de agua potable que utilicen, para prestar el servicio, redes de empresas concesionarias de distribución, se suspenderán en su ejecución, mediante resolución fundada de la autoridad correspondiente, en aquellos casos en que sea necesario asegurar el suministro a la población dentro del área de concesión de la respectiva empresa concesionaria de distribución de agua potable. La suspensión de los contratos no podrá tener una duración superior a un año corrido.
(Fdo.): José Antonio Gómez Urrutia, Senador.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE DISCRIMINACIONES ARBITRARIAS RESPECTO DEL INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS DE CHILE (7638-02)
El principio de igualdad ante la ley garantiza que todos lo ciudadanos y habitantes de la República reciban un tratamiento igualitario por parte de la ley. Esto se condice con una característica esencial de la misma cual es su “generalidad”. La ley, en su sentido liberal clásico, manda, prohíbe o permite, pero sin atender a aspectos subjetivos de lo imperados, o dicho de otro modo, la ley es por norma heterónoma, es la sujeción a un querer ajeno (del poder popular soberano) excluyendo de u campo de acción los aspectos subjetivos, propios o íntimos de cada persona, como son, sus preferencias gustos, inclinaciones.
Sin embargo, existen instituciones, como son las FF.AA., que están muy influenciadas por normas consuetudinarias que no se condicen con los principios constitucionales liberales en cuanto respeto a las garantías como la igualdad ante la ley. El respecto es gráfica la opinión manifestada en la publicación Nº 473 del “Memorial del Ejército de Chile”, correspondiente al mes de agosto de 2004 y editado por el Departamento Comunicacional del Ejército, que permite apreciar que este es un testimonio de expresión de una forma de la cultura militar, basada en frases hechas, y otras amparadas en preceptos religiosos como únicos fundamentos, que más que convencer o aclarar algo a alguien sobre el tema, sólo tienen como objetivo 'fijar posiciones' como lo propone su autor al inicio de su ensayo.
Entre los ‘conceptos’ sobre los que funda su análisis respecto de la incompatibilidad y exclusión entre homosexualidad y FF.AA., el General de Brigada Santelices, están: ‘conductas que van contra lo natural’, ‘el desprecio de la vida humana’, ‘el fin del sexo es la procreación’, ‘elegir no implica forzosamente elegir bien’, ‘cada vez en Chile es más aceptada esta conducta por la sociedad (lo que no quiere decir que por ello sea buena)’, ‘una intensa campaña de los medios de comunicación social por presentar esta conducta como una normalidad dentro de la diversidad social’, ‘no toda diversidad debe ser aceptada’, ‘algunos derechos no son absolutos y pueden ser limitados legítimamente, sin que ello constituya unas discriminación injusta’, ‘promiscuidad’, ‘mal ejemplo’ y ‘vicios’. Por cierto, el argumento supremo, elevado ya a categoría de indiscutible es que las FF.AA. como instituciones fundamentales del Estado, y de acuerdo a sus ‘principios superiores y permanentes’, acompañados en este caso por la idea de que el Ejército tiene una conducta moral adecuada, no hacen posible que se acepten en las filas castrenses a personas ‘enfermas’ o ‘que van en contra de lo natural’, según señala el autor.
Por su parte, el general y ex director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, a propósito de la incorporación de homosexuales en el ejercito estadounidense, se refirió a la institución asegurando que “pueden haber homosexuales, nadie lo impide, pero si ellos no cumplen con lo que a Carabineros le interesa, que es la buena conducta, no quedarán al igual que el resto de la gente. La diferencia que existe con Estados Unidos pasa en que ellos son un país distinto a nosotros, de una sociedad más abierta a los cambios. Quizás esa es la razón por la que acá no se diga abiertamente su condición sexual. A ello sumamos que en el país norteamericano existe un alto interés por integrar a los homosexuales, hay toda una lucha detrás que aquí no existe”.
La anterior opinión refleja una manera de ser de particular de las instituciones castrenses, las que consideran que la virilidad va a asociada a una determinada preferencia sexual. De hecho mucho costó para que las fuerzas armadas se abrieran a la posibilidad de aceptar mujeres. Un ejemplo claro, viene dado por dos efectivos de Carabineros que fueron marginados de la institución durante el 2009, por manifestar que eran pareja y que tenían una relación.
Esta discusión no es baladí y ha sido objeto de fuertes polémicas en diferentes países del mundo, provocando el debate en el seno de la sociedad política, civil, y desde luego en el mundo militar. Algunos ejemplos de avances en materia de respeto de garantías constitucionales al interior de las fuerzas armadas son:
Estados Unidos.
La jueza norteamericana Virginia Phillips emitió un fallo que prohibía continuar aplicando la denominada política “Don’t Ask, Don’t Tell” (No preguntes y no digas) fue establecida en 1993 durante el gobierno del ex presidente estadounidense Bill Clinton.
El demandante ha demostrado que le corresponde el remedio que busca en nombre de sus miembros, una declaración judicial de que la Ley Don’t Ask, Don’t Tell viola la quinta y la primera enmienda y una medida cautelar permanente que impida su aplicación. La norma Don’t Ask, Don’t Tell permite a hombres y mujeres homosexuales seguir en las Fuerzas Armadas si se mantiene el secreto de su sexualidad, pero los suspende en caso de darse a conocer públicamente. Desde que esta polémica medida entró en vigor en 1993, miles de personas han sido expulsadas de las fuerzas armadas
Gays en las Fuerzas Armadas de EE.UU.
El ex presidente Bill Clinton intentó levantar las restricciones sobre los gays. Tras una férrea oposición, estableció en 1993 la política “Don't Ask, Don't Tell”. Entre 1997 y 2008, 10.500 miembros de las FF.AA. fueron expulsados. El presidente Barack Obama prometió que suspendería las restricciones. Se anuncia en febrero de 2010 una revisión de la política del Pentágono.
“Recientemente algunos altos mandos de las fuerzas armadas se pronunciaron a favor de poner fin a la prohibición, especialmente en momentos de grandes exigencias para las fuerzas estadounidenses en ultramar”, agregó.
El presidente estadounidense Barack Obama ha señalado que quiere terminar con las restricciones para los homosexuales y muchos dirigentes políticos respaldan la idea.
Uruguay.
Decreto de 14 de mayo de 2009, el presidente Tabaré Vásquez ordeno terminar con la prohibición de que personas homosexuales puedan ingresar a las FF.AA. Dicho decreto modificó las condiciones de admisión en las escuelas de formación militar, indicando que la elección sexual del postulante no será considerada causal de no aptitud por las comisiones, tribunales médicos o autoridades actuantes.
Paraguay
Con fecha 17 de junio de 2010, La Cámara Baja de aquel país decidió por una aplastante mayoría rechazar el proyecto de ley que prohibía el ingreso de homosexuales en las fuerzas públicas (Fuerzas Armadas y Policía Nacional).
Colombia
Colombia eliminó las restricciones de su Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares en 1999, a raíz de un fallo de la Corte Constitucional.
En uno de los artículos del citado estatuto se establecía como “faltas al honor militar” el hecho de “vivir en adulterio o concubinato”; “asociarse o mantener notoria relación con personal que registre antecedentes penales o sean considerados como delincuentes de cualquier género o antisociales como drogadictos, homosexuales, prostitutas y proxenetas”, así como “ejecutar actos de homosexualismo o practicar y propiciar la prostitución”.
Cuando el tema se debatió en los estrados judiciales, el Ministerio del Interior argumentó a favor de la norma que entonces estaba vigente, afirmando que “la vida castrense debe someterse a un tratamiento diferencial a fin de que la conducta y la disciplina de los efectivos sean intachables”, según se recoge en la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia.
Para la cartera de Defensa, en tanto, la única expresión que debía eliminarse era la categoría de “antisociales” en la que se englobaba a los homosexuales. Sobre el resto del artículo cuestionado, esa institución sostuvo entonces que “como la carrera militar exige una vida digna que genere respeto por parte de los ciudadanos, el régimen disciplinario que la cobija trasciende las fronteras de la juridicidad para pasar a las de la eticidad”.
Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que dicha norma es atentatoria contra el derecho a la igualdad ante la ley.
Perú
En Perú hubo pronunciamientos judiciales en este sentido así hace algunos años fue una sentencia del Tribunal Constitucional por una acción de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Justicia Militar que inició la Defensoría del Pueblo. Entonces declararon que varios artículos eran inconstitucionales y uno de ellos era el que penalizaba la homosexualidad dentro de las fuerzas militares. Hay también otras sentencias otras sentencias similares referidas a las fuerzas policiales. Sin embargo aún no existe una legislación que evite prácticas discriminatorias al interior de las FF.AA.
El dirigente también cuestiona una norma sobre justicia policial “sancionada hace un año o un año y medio”.
Según Olivera, esa ley “establece sanciones para los efectivos policiales que tengan conductas homosexuales escandalosas sin definir qué es escándalo y qué no. Si pensamos que acá hay todavía una cultura machista y homofóbica, cualquier conducta homosexual va a ser considerada de por sí escandalosa”.
Argentina
La ley 26.394 deroga así el Código de Justicia Militar, que había estado en vigor desde 1951. Este código no prohibía expresamente el ingreso de gays a la Fuerzas Armadas, pero sí penalizaba los actos homosexuales. Así, con esta nueva ley, se termina una discriminación arbitraria en contra de lo homosexuales que formaran parte de las instituciones castrense de dicho país.
En Chile
Históricamente las FFAA, han estado en la línea de no aceptar homosexuales en su fila. En Chile, en tanto, no existe una norma que prohíba a un homosexual ingresar en las filas militares, “pero en la práctica sí se ha expulsado a personal cuando su condición homosexual ha sido revelada, por ejemplo durante mayo de 2009, Dos carabineros denunciaron que fueron obligados a abandonar la Policía uniformada por ser homosexuales y vivir en pareja. La jefatura de Carabineros de Chile aseguró que los efectivos, identificados como Armando Salgado y Víctor Rivas, se alejaron voluntariamente cíe la Institución luego de indicar que tendrían mejores perspectivas laborales en el mundo civil. Salgado y Rivas aseguraron que sus superiores les obligaron a firmar sus renuncias, bajo amenaza de hacer pública su condición de homosexuales. ‘Me dijeron que esta era una Institución bien machita y que para tapar todo y para que nadie supiera firmara mi baja voluntaria’, dijo Salgado. Por su lado, Rivas indicó que le amenazaron con ‘contar’ el asunto a su familia y le dijeron que le irá ‘mal en la vida civil’ y no podría ‘hacer nada afuera’ de la Policía de Carabineros.
El régimen militar al mando de Augusto Pinochet (1973-1990) realizó una persecución en contra de la comunidad gay además de impedir su presencia en las ramas de las Fuerzas Armadas. La medida siguió vigente hasta 1998, cuando la homosexualidad fue legalizada en Chile.
Sobre el tema, el ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, afirmó que “en Chile se aplica la tradición estadounidense ‘no preguntes, no digas’ y para que exista un cambio rotundo como el de Estados Unidos...no sé, todo a su debido tiempo”.
Ante la pregunta si estaba de acuerdo con la derogación de esta ley, y si también lo estaría con que en Chile los homosexuales puedan decirlo abiertamente, indicó a Cambio21 que “todo a su debido tiempo, aunque para nosotros lo esencial es su perfil profesional y que se haga bien la pega”.
“Son instituciones que van avanzando de acuerdo a la sociedad, por eso no pueden quedarse atrás pero tampoco ir adelante, recordemos que hace 15 años era impensable que mujeres integraran las filas militares”, sentenció el ex vocero del gobierno de Bachelet.
La sociedad debe cambiar
En una análisis más crítico, el cientista político Patricio Gajardo ha señalado que: “vivimos en una sociedad en que los cambios culturales son difíciles de saber, por eso no se puede decir que ahora o dentro de tantos años los homosexuales serán aceptado. Chile evalúa primero los temas en silencio y si existe algún proyecto de ley, recién ahí todos comienzan a hablar. Es lamentable porque este tema es uno más de los sensibles que no se tocan en el Parlamento debido a las diferencias políticas, religiosas y culturales que se tienen.”
El Presidente Piñera, cuando en la campaña presidencial indicó: “Sí”, ante la pregunta de si estaba dispuesto a nombrar a un ministro o ministra homosexual en su equipo de gobierno, durante un debate televisivo emitido el lunes en cadena nacional. También (los permitiría en las FF.AA.), en la medida en que cumplan sus objetivos y funciones en las Fuerzas Armadas, afirmó. “Yo creo en una sociedad acogedora o integradora y no excluyente o castigadora. No vamos a discriminar a nadie.”
El presente proyecto de ley pretende, consagrar en nuestra legislación, específicamente en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, la prohibición expresa de discriminar tanto en el proceso de selección, como en la permanencia en la instituciones armadas y de policía uniformada, a las personas por sus preferencias sexuales.
Proyecto de Ley
Artículo 1: Agréguese al artículo 14 de la Ley 18.948 Orgánica de las Fuerzas Armadas, el inciso segundo siguiente: “En el proceso de selección de postulantes a las escuelas matrices de las fuerzas armadas no se atenderá a ninguna condición de raza, sexo, religión, condición socioeconómica u orientación sexual de los mismos que obste el ingreso a las mencionadas escuelas. Asimismo, ninguna de las condiciones mencionadas constituirá impedimento a la permanencia del personal activo en la institución que corresponda.”
Artículo 2: Agréguese al Artículo 9 de la Ley 18.961 Orgánica de Carabineros de Chile, el inciso final siguiente: “Ninguna condición de raza, sexo, religión, condición socioeconómica u orientación sexual de los postulantes a la escuela matriz de Carabineros obstará a su ingreso y permanencia en la institución siempre y cuando cumpla con los requisitos legales.”
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE ADOPCIÓN DE MENORES POR PARTE DE PERSONAS SOLTERAS, DIVORCIADAS O VIUDAS (7639-07)
1. Antecedentes
Con motivo de los cambios que ha sufrido la composición de familia en nuestro país donde un alto porcentaje tienen un jefe de hogar que la mayoría de las veces es la mujer, puesto que es ella que queda con el “cuidado personal” de los hijos, luego de una separación de hecho o de un proceso de divorcio.
También se da el hecho de que cada vez mas aumenta el número de personas solteras, ya que, viven en pareja pero sin contraer el referido vinculo. Lo que lleva a concluir que nuestra sociedad ha cambiado y así como la composición de la familia.
Otro antecedente importante es que hay que considerar el terremoto ocurrido en Haití donde uno de los problemas más graves que origino esta catástrofe, según lo señalado por los medios de comunicación y las propias organizaciones internacionales encargadas de la búsqueda de personas, es que muchos niños, alrededor de diez mil, están solos algunos deambulando por las calles de Haití, sin saber que ha ocurrido con sus familias, en una situación de vulnerabilidad por que no las encuentran o están entre los escombros de sus hogares y por que se exponen a situaciones de peligro como el trafico de niños. Ello provoca una experiencia traumática en los niños que debe ser atendida lo antes posible entregando todo el apoyo -psicológico, social, medico y material- necesario para mitigar los efectos de esta situación que se verán tanto en lo inmediato como a largo plazo afectando el futuro de los niños. Muchos de estos niños una vez que el país se pueda organizar quedaran huérfanos y necesitaran ser adoptados.
Una de las formas de solucionar esta situación y la de muchos niños es la adopción, aún cuando en la actualidad se permite la adopción por parte de solteros, divorciados o viudos ello solo es posible a falta de que exista un matrimonio adoptante. Ahí recién pueden ser consideradas estas personas que aun cuando cumplan con todos los demás requisitos que establece la ley de adopción señala “a falta de”.
Esta disposición tal como esta redactada lleva en la práctica a discriminar a un grupo de personas por que coloca en un lugar inferior a quienes se encuentran en dicha situación (solteros, divorciados o viudos), sin considerar el cambio de los modelos de familia que existen hoy en día en nuestro país. De la lectura de la norma, a la larga solo las personas que han contraído matrimonio pueden adoptar y no otras.
Ello lleva a preguntarse ¿por que la ley discrimina de esta forma y no reconoce la realidad que existe en nuestro país en nuestras familias quienes también pueden ser capaces de adoptar a un niño para que se desarrolle en todas la etapas de su vida?
Antecedentes legales
1. “Convenio de La Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993”, ratificado por nuestro país en 1999, es necesario que en nuestro país los procesos de adopción se agilicen.
2. Ley N- 19.620, sobre Adopción de Menores
Aún cuando se reconocen los dos bienes jurídicos uno es el interés superior del niño y que es el mas importante el nuevo enfoque que actualmente rige todo el proceso de adopción, “ya que tanto los especialistas como los organismos que intervienen en él, deben resguardar siempre el bienestar del niño/a y el derecho de el a tener una familia.”. También existe otro bien jurídico que es la libertad de decisión de las personas que son solteras, divorciadas o viudas y que quieren adoptar hijos y no pueden si no toman decisión de contraer matrimonio, sin considerar como ya se señalo que estos grupos de personas también pueden brindarle una familia y permitir un desarrollo integral de un niño/a.
Por los motivos señalados es necesario modificar el texto legal, para que se termine con la especie de prelación u orden de preferencia que establece el Artículo 21, de la Ley Nº 19.620, y que solamente permite que sean adoptantes (las personas solteras, divorciadas o viudas) en caso de que “no existan cónyuges interesados en adoptar a un menor”. De ahí que, es importante modificar dicho artículo y dar a los solteros, divorciados o viudos la misma posibilidad que un matrimonio de adoptar a un menor cuando cumplan los demás requisitos que exige la ley para adoptara un niño/a.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Eliminase del artículo 21º de la ley Nº 19.620, la siguiente frase “En caso de que no existan cónyuges interesados en adoptar a un menor que cumplan con todos los requisitos legales o que sólo les falte el de residencia permanente en Chile” y sustitúyase por la siguiente frase: “También, podrá optar como adoptante una persona soltera, divorciada o viuda”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES HORVATH, BIANCHI Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RESPECTO DE PROTECCIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS (7640-07)
Considerando:
1. Que Chile es una República democrática, tal como señala nuestra Carta Fundamental en su artículo 4°.
2. Que a todo ciudadano asiste el derecho a disentir y manifestar públicamente su opinión, en forma pacífica, haciendo uso de su libertad de expresión, consagrado constitucionalmente en el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política.
3. Que, asimismo, los ciudadanos poseen el derecho para reunirse pacíficamente, de acuerdo al artículo 19 Nº 13 de la Constitución Política, que incluye el de congregarse en plazas, calles y demás lugares de uso público, siempre dentro del marco legal, establecido, entre otras normas, en el Decreto Supremo Nº 1.086 de 1986, del Ministerio del Interior.
4. Que toda persona tiene el derecho fundamental de presentar, respetuosamente, peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, también contemplado por nuestra Constitución Política, en su artículo 19 Nº 14.
5. Que es deber del Estado el estar siempre al servicio de la persona humana y asegurar los derechos constitucionales de la ciudadanía.
6. Que las Fuerzas Policiales tienen la obligación de resguardar el orden público y el bien común y existen para dar eficacia al derecho, según el artículo 101 de la Constitución Política y a su Ley Nº 18.961 Orgánica Constitucional.
Por lo anterior, venimos en presentar la siguiente:
Moción de Ley
PROTECCIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS
“Artículo único:
En toda manifestación pacífica, dentro de las facultades previstas por la Constitución y las leyes que las regulan, las fuerzas policiales deberán brindar protección a las autoridades, a los bienes materiales públicos o privados, y a los manifestantes, evitando que cualquier persona ocasione desórdenes o hechos violentos, ajenos al objeto de la manifestación”.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES QUINTANA, WALKER (DON PATRICIO), CHAHUÁN, ROSSI Y URIARTE SOBRE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES (7643-11)
Existen ciertas enfermedades que afectan a los seres humanos, de una muy baja prevalencia en la población, conocidas por esta característica -en términos generales- como enfermedades raras o poco frecuentes.
La rareza de estas enfermedades determina al mismo tiempo una escasa, poca o a veces incluso nula investigación, lo que redunda a su vez en una también escasa, poca o a veces nula producción de medicamentos, ya que tanto la investigación como la producción resultan muy caras en un mercado tan reducido.
A este cuadro descriptivo de las enfermedades raras o poco frecuentes, se agrega un dato de tipo social, que muestra que la mayoría de estas patologías se presenta en personas de escasos recursos, lo que genera una situación aún más compleja desde el punto de vista de la producción científica, ya que los eventuales pacientes carecen de capacidad económica para adquirir los productos de onerosas investigaciones.
Dada la baja prevalencia que por definición caracteriza a estas enfermedades y la gran diversidad que existe, en algunos países se han diseñado estrategias para enfrentar el problema del acceso a medicamentos, lo que ha significado establecer un marco legal y el diseño de políticas para el conjunto de ellas, de manera que el enfoque sea global, en vez de diseñar una política específica para cada enfermedad.
Según la definición de la Unión Europea, "enfermedades raras o poco comunes" donde se incluyen las de origen genético, son aquellas enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica que tienen una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes.
La definición de los Estados Unidos, por su parte, aplica un estándar bastante cercano al europeo (menos de 7.5: 10.000). En los Estados Unidos se consideran enfermedades poco comunes o también denominadas “sin interés comercial” aquellas que afectan a menos de 200.000 personas.
Un concepto importante en esta materia, es el de “droga huérfana” utilizado para referirse a los fármacos dispuestos para el tratamiento de estas enfermedades, que en la mayoría de los casos tienen la característica del efecto inmediato, casi milagroso.
Se calcula que existen actualmente entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes, que afectan entre un 6% y un 8% de la población mundial. Considerando el aumento de este tipo de patología, y los problemas que plantea su clasificación, es difícil disponer de un listado acotado para estas.
En EE.UU. y Europa se han impulsado planes para estimular el desarrollo de drogas huérfanas, compensando el riesgo de menor rentabilidad que estas representan para la industria. Estos planes incluyen medidas como rebaja de impuestos, protocolos de apoyo y exclusividad de mercados, entre otras.
La legislación chilena, por su parte, no contempla regulación para su tratamiento.
Contrasta nuestra realidad con la de la Unión Europea, donde las enfermedades poco comunes constituyen una prioridad en los programas de salud e investigación. En la unión hay una regulación a nivel legal, con financiamiento, destinada promover proyectos de investigación para producir “medicamentos huérfanos” para pacientes con enfermedades poco comunes.
La UE tiene dentro de sus objetivos revisar las condiciones de comercialización de los medicamentos huérfanos en Europa, puesto que sus precios y disponibilidad varían mucho de un país a otro, también trabaja para divulgar los métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades mediante la creación de redes a fin de compartir información, experiencia y formación .
Tanto el planteamiento estratégico para la UE (2008-2013) como el segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013] contienen iniciativas para prevenir y tratar enfermedades específicas, como las genéticas, y prevenir las enfermedades raras.
Bajo la responsabilidad de la Dirección General de Empresa e Industria (DG ENTR) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), la Comisión Europea aplica una política de medicamentos huérfanos.
En el Reglamento (CE) Nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos se establecen criterios de declaración de medicamentos huérfanos en la UE e incentivos (exclusividad comercial de diez años, asistencia en la elaboración de protocolos, acceso al procedimiento centralizado de autorización de la comercialización) para fomentar la investigación, el desarrollo y la comercialización de medicamentos para prevenir, diagnosticar o tratar las enfermedades raras. La legislación farmacéutica de la UE completó la política en 2003 con un procedimiento centralizado obligatorio para la autorización de comercialización de todos los medicamentos huérfanos.
El año 2000 se creó en la EMEA el Comité de Medicamentos Huérfanos (COMP) para estudiar las solicitudes de personas o empresas que aspiran a la “declaración de medicamento huérfano” de los medicamentos que se proponen fabricar para prevenir, diagnosticar o tratar las enfermedades raras.
El último informe, publicado por la DG ENTR el 26 de junio de 2006, subraya que “la política de la UE para los medicamentos huérfanos es un éxito, una de las más acertadas de la UE en su conjunto”. Entre abril de 2000 y agosto de 2007, la EMEA ha recibido más de 740 solicitudes de declaración de medicamento huérfano.
El informe también detalla los incentivos nacionales establecidos por ahora. La situación varía mucho de un Estado miembro a otro. Algunos se centran en apoyar la investigación (España o Alemania, por ejemplo), mientras otros lo hacen en la asistencia sanitaria y los centros de referencia (países escandinavos, Dinamarca o Italia). Sólo un país tiene un enfoque completo de la cuestión de las enfermedades raras mediante un plan de acción nacional (Francia, 2005-2008). Sin embargo, los Estados miembros de la UE todavía no aseguran el acceso completo a cada medicamento huérfano autorizado.
Durante siete años la Comisión Europea, la EMEA y los Estados miembros han ofrecido incentivos a la industria farmacéutica para la investigación, el desarrollo y la comercialización de estos medicamentos huérfanos en los ámbitos del cáncer, los trastornos metabólicos, la inmunología y las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre otras. En condiciones de mercado normales, no se habría desarrollado tal medicación acorde con el principio comunitario de subsidiariedad establecidos en los tratados de la Unión Europea, lo que significa que la Comunidad interviene sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, se establecieron líneas de acción específicos para estas enfermedades, con especial atención en la cooperación transnacional para la gestión del conocimiento y de redes generales sobre estas, con los siguientes programas:
a) El programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes, incluidas las genéticas, se adoptó para el período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2003. Su objetivo era contribuir, en conjunto con otras medidas comunitarias, a asegurar un elevado nivel de protección de la salud frente a las enfermedades poco comunes. Como primer esfuerzo de la Unión Europea en este ámbito, se prestó atención específica a mejorar el conocimiento y facilitar el acceso a la información sobre estas enfermedades.
b) Las enfermedades poco comunes pasaron a constituir una de las prioridades del Segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013). Los dos ejes principales de acción del plan de trabajo de la Dirección General de Sanidad y de los Consumidores (DG SANCO) para la aplicación del Programa de Salud Pública son: el intercambio de información mediante las redes europeas existentes sobre enfermedades poco comunes, y la elaboración de estrategias y mecanismos para el intercambio de información y la coordinación a escala comunitaria para promover la continuidad del trabajo y la cooperación transnacional.
Además, por lo que respecta a los proyectos sobre enfermedades raras, la DG SANCO da prioridad a las redes generales, que centralizan información sobre el mayor número posible de enfermedades poco comunes, no sólo sobre un grupo específico o una sola de ellas, para mejorar la información, el seguimiento y el control.
Pero no sólo en los países del primer mundo se ha avanzado en la regulación de este tipo de enfermedades. En Colombia existe la reciente creada Ley Nº 1.392 de 2 de julio de 2010 que trata sobre las enfermedades raras o poco frecuentes o también denominadas “huérfanas”.
A través de esta Ley es el Estado colombiano es el que asume los gastos de atención y tratamiento de dichas enfermedades, las que no estarán cubiertas por el POS (Plan Obligatorio de Salud) por ser consideradas escasas y costosas, las que no pueden ser atendidas por la misma fuente de recursos del sistema social de seguridad en salud, porque generarían un desfinanciamiento del sistema.
El sistema se desarrolla a través de dos regímenes; el régimen contributivo y el régimen subsidiario. El régimen contributivo: todas las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, hacen un aporte mensual (cotización) al sistema de salud pagando directamente a las EPS lo correspondiente según la ley para que a su vez éstas contraten los servicios de salud con las IPS o los presten directamente a todas y cada una de las personas afiliadas y sus beneficiarios. El Régimen subsidiario, por su parte, que acoge a la población pobre y vulnerable quien no cuenta con un ingreso económico que le permita cotizar al sistema por lo tanto, quienes ingresan a él reciben subsidios totales o parciales.
La reciente Ley se justifica en que las enfermedades huérfanas “representan un problema de especial interés en salud dado que por su baja prevalencia en la población, pero su elevado costo de atención, requiere dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud un mecanismo de aseguramiento diferente al utilizado para las enfermedades generales”. Por eso, fue excluido del POS y el Estado es el que debe cubrir los gastos derivados de la atención y tratamiento de dichas enfermedades.
Por otro lado, a través de esta ley, se permite estudiar, coordinar y promover con organismos especializados públicos y privados, el desarrollo de investigaciones en procura de estudiar las enfermedades huérfanas.
Dentro del citado proyecto de ley se hace referencia a los medicamentos huérfanos, otorgando la facultad al Ministerio de la Protección Social, para poner en marcha un sistema centralizado de negociación y compra, para que los pacientes logren tener acceso a dichos medicamentos, con prontitud y economía.
“El Gobierno nacional, establece el proyecto, debe tomar las acciones necesarias para la atención en salud de los pacientes que padecen enfermedades huérfanas, con el fin de mejorar la calidad y expectativa de vida de estas personas, en condiciones de disponibilidad, equilibrio financiero, accesibilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.”
Como vemos existe una variedad de definiciones de enfermedades raras y drogas huérfanas en las legislaciones de diferentes países y las políticas de salud públicas para enfrentarlas, en general, son bastante recientes.
La Unión Europea y Colombia han adoptando la estrategia de tratar las enfermedades raras en conjunto, lo que representa una solución ante la imposibilidad de elaborar políticas públicas específicas para una amplia diversidad de estas enfermedades. Las políticas se orientan de esta manera a proporcionarle un mayor reconocimiento y visibilidad a estas enfermedades
En la Unión Europea existe un conjunto de normas comunitarias que regulan la materia y políticas coordinadas entre los distintos países en investigación y cooperación. Estas incluyen planes para el desarrollo de medicamentos huérfanos, con medidas que buscan compensar a la industria por el riesgo que representa este mercado. Es así como la designación de “Huérfano”, así como las autorizaciones de Mercado son tomadas a nivel comunitario.
Volviendo a la realidad chilena, al sistema de garantías explícitas en salud no considera un mecanismo para hacer frente a las enfermedades poco frecuentes. El sistema, creado por la Ley Nº 19.966, establece un mecanismo a través del cual, se otorgan garantías explícitas de acceso, calidad, oportunidad y financiera, a un grupo determinado de enfermedades establecidas mediante un decreto supremo.
Para estas mismas enfermedades se contempla un mecanismo de cobertura financiera adicional a través del cual, en determinados supuestos Fonasa o la Isapre respectiva, cubren el total del monto involucrado, correspondiendo al afiliado únicamente el pago de un deducible calculado de acuerdo a si la persona se encuentra afiliada a una Isapre o a Fonasa (tomando en consideración para este último caso el grupo de afiliados al que pertenece); si es trabajador dependiente o independiente; y, el número de eventos en el año.
Por otra parte, algunas Isapres cuenta con la denominada cobertura adicional para enfermedades catastróficas, consistente en un beneficio contractual que tiene por finalidad aumentar la cobertura del plan complementario de salud, permitiendo financiar hasta en un cien por ciento de los gastos derivados de atenciones de alto costo.
A través de este último mecanismo si bien se podría hacer frente a enfermedades poco frecuentes y de alto costo, ello dependerá de las condiciones contractuales que cada Isapre fije al otorgar el beneficio adicional.
Por estas consideraciones, nos parece que legislar al respecto en Chile es un imperativo que no podemos desatender, pues más allá de los escasos espacios que pueden existir para que las personas puedan enfrentar una enfermedad poco frecuente, la realidad nos muestra que la mayor cantidad de pacientes son personas de escasos recursos que sólo cuentan con los sistemas sociales de atención.
Por estas consideraciones, proponemos un proyecto de ley que estructuramos en cuatro títulos más uno preliminar, con 22 artículos permanentes y uno transitorio. Se propone, en el artículo 1, definir los objetivos de, que son, promover e incentivar la investigación, el desarrollo y la promoción de productos médicos destinados a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades poco frecuentes; garantizar a todas las personas un igualitario y oportuno acceso a tales productos y el debido resguardo de sus derechos como beneficiario de sistemas complementarios de salud, en su caso; e, incentivar la asociatividad de los pacientes, sus familiares y amigos; y garantizar el derecho de comercialización exclusiva al patrocinante de productos médicos huérfanos.
Luego, se define la Enfermedad poco frecuente, minoritaria, rara o huérfana como aquella con peligro de muerte o de invalidez superior a 2/3 que tiene una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes.
Se establece la intangibilidad de los contratos complementarios de salud, de manera que una vez diagnosticada alguna de las enfermedades que se entienden como poco frecuentes, las instituciones de salud no pueden poner término, modificar ni aumentar el precio base del plan de salud. Para lograr este efecto, se establece que a quien se le diagnostica una de estas enfermedades lo debe comunicar a la institución de salud respectiva dentro de los 30 días siguientes al diagnóstico; efectuada esta comunicación, sus efectos se retrotraen a la fecha del diagnóstico. Se establece la intangibilidad como un derecho irrenunciable.
Nuestra propuesta incorpora la categoría de Producto médico huérfano o droga huérfana, como aquel medicamento o dispositivo médico destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad poco frecuente, oportunamente declarado como tal por el órgano competente.
Se otorga un derecho de comercialización exclusivo del producto médico huérfano, de carácter temporal, que puede ser objeto de cualquier acto o contrato por parte de su titular. Para otorgar este derecho se debe acreditar haber desarrollado, descubierto o inventado un producto nuevo, ya sea para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad poco frecuente, acreditando además esta última circunstancia. En caso de superioridad clínica se puede otorgar un nuevo derecho de comercialización exclusiva sobre el nuevo producto médico, sin que por ello se extinga el derecho de comercialización exclusiva previamente otorgado. Si bien este derecho se considera como uno de carácter temporal, su plazo de vigencia puede ampliarse cuando, transcurrido más de la mitad del plazo otorgado para la comercialización exclusiva, se solicite su aumento fundado en que las ventas no han sido suficientes para costear los gatos de inversión.
Como excepción a este derecho de comercialización exclusiva, el proyecto incorpora el concepto de superioridad clínica, a través del cual se pude permitir la comercialización de un nuevo medicamento que presenta una ventaja terapéutica o diagnóstica considerable y demostrada respecto de aun medicamento huérfano previamente autorizado. En tal caso, el proyecto de ley permite otorgar un nuevo derecho de comercialización exclusiva sobre el nuevo medicamento sin que con ello se extinga el derecho de comercialización previamente otorgado.
Luego se establecen 4 registros públicos: de personas que padecen enfermedades poco frecuentes; de asociaciones de pacientes, familiares y amigos de personas que padecen enfermedades poco frecuentes; de solicitudes de productos médicos huérfanos, y; de autorizaciones para la venta exclusiva de productos médicos huérfanos.
Finalmente, se establecen reglas especiales respecto de la protección de datos personales, pues si bien se trata de registros públicos no se permite que la información contenida en ellos, sea objeto de tratamiento conforme con los términos de la Ley Nº 19.628.
POR TANTO, con el mérito de lo expuesto, los senadores patrocinantes que suscriben y demás adherentes, vienen en someter a la consideración de este H. Congreso Nacional, el siguiente:
Proyecto de Ley
Sobre enfermedades poco frecuentes.
Título preliminar Disposiciones generales
Artículo 1.- Ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto promover e incentivar la investigación, el desarrollo y la promoción de productos médicos destinados a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades poco frecuentes; garantizar a todas las personas un igualitario y oportuno acceso a tales productos y el debido resguardo de sus derechos como beneficiario de sistemas complementarios de salud, en su caso; incentivar la asociatividad de los pacientes, sus familiares y amigos; y garantizar el derecho de comercialización exclusiva al patrocinante de productos médicos huérfanos, durante los plazos y de la manera que esta ley establece.
Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley y sus normas relacionadas se entenderá por:
1.- Enfermedad poco frecuente, minoritaria, rara o huérfana: aquella con peligro de muerte o de invalidez superior a 2/3 que tiene una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes.
2.- Producto médico huérfano o droga huérfana: aquel medicamento o dispositivo médico destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad poco frecuente, oportunamente declarado como tal.
3.- Patrocinante, solicitante o requirente: persona natural o jurídica que acredita la invención o desarrollo de un producto médico huérfano o droga huérfana, solicitando para sí o un tercero la declaración de tal y el consiguiente otorgamiento de los derechos de comercialización exclusiva en los términos, plazos y condiciones que establece la presente ley.
4.- Asociación de pacientes, familiares o amigos, cualquier fundación, corporación, organización comunitaria, ya sea funcional o territorial, y en general cualquier forma de asociatividad debidamente constituida, cuyo único objeto sea el de colaborar, de cualquier manera, con él o los pacientes afectados por una enfermedad poco frecuente, incluso antes de su diagnóstico.
Artículo 3.- Audiencias públicas. El paciente diagnosticado de una enfermedad poco frecuente tendrá derecho preferente para ser recibido junto al médico tratante por la comisión de salud de la Cámara de Diputados para exponer su caso. La exposición tendrá lugar durante la primera hora de la sesión subsiguiente a aquella en que se de cuenta de la solicitud. Una copia de las versiones taquigráficas de las sesiones celebradas en que se reciba al paciente será remitida junto a los demás antecedentes aportados al Ministro de Salud.
Artículo 4.- Intangibilidad del contrato. Las personas que al tiempo de ser diagnosticadas de una enfermedad poco frecuente mantuvieren vigentes contratos complementarios de salud, deberán, dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el diagnóstico comunicar a la respectiva institución este hecho, la que no podrá, en caso alguno, ponerle termino al contrato, modificar sus cláusulas ni aumentar el precio base del respectivo plan de salud. Este derecho será irrenunciable y regirá desde la fecha del diagnóstico.
Artículo 5.- Registros públicos. Existirán los siguientes registros:
1. Registro nacional de personas que padecen enfermedades poco frecuentes.
2. Registro nacional de asociaciones de pacientes, familiares y amigos de personas que padecen enfermedades poco frecuentes.
3. Registro de solicitudes de productos médicos huérfanos
4. Registro de autorizaciones para la venta exclusiva de productos médicos huérfanos.
Los registros serán públicos, debiendo permanecer debidamente actualizados en el sitio Web respectivo.
Artículo 6.- Protección de los datos personales. La información contenida en el Registro nacional de personas que padecen enfermedades poco frecuentes es información sensible, conforme con el artículo 2- letra g) de la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.
A los demás registros de que trata el artículo precedente, no obstante su carácter público, no se aplicará lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4Q de la ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal, no estando permitido que los datos que en ellos se consignan, ni aún con el consentimiento de su titular, puedan ser utilizados para el tratamiento de datos personales, ni su divulgación por cualquier medio que no sean los registros expresamente autorizados por esta ley.
Todo acto en contravención a este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad civil, será sancionado como discriminación odiosa, con las penas de presidio menor a mayor en cualquiera de sus grados.
Si el infractor fuere una persona jurídica serán castigados como coautores del delito todos los directores, socios, representantes de cualquier naturaleza y gerentes, respectivamente, a menos que prueben ignorancia u oposición al acto.
Título I
De los registros nacionales de pacientes y de asociaciones de pacientes, familiares y amigos de personas que padecen enfermedades poco frecuentes.
Artículo 7.- Registro de pacientes. Las personas debidamente diagnosticadas como pacientes de enfermedades poco frecuentes, previo consentimiento expreso que deberá constar por escrito, otorgado personalmente o por su representante, figurarán en el registro nacional de personas que padecen enfermedades poco frecuentes que elaborará el órgano competente. El registro será público sólo en cuanto al nombre completo del paciente, su edad, el médico tratante, el centro de salud, consultorio, clínica u hospital en que sea atendido y la enfermedad que padece, con una breve descripción de las principales características de la misma.
Artículo 8.- Registro de asociaciones. En este registro se consignará, a petición de su representante, la nómina de aquellas asociaciones de pacientes, familiares y amigos de personas que padecen enfermedades poco frecuentes. Asimismo, se consignarán los nombres de quienes integran la respectiva organización, la naturaleza de aquella y la individualización completa de su representante y demás datos cuya inclusión solicite el representante, tales como números telefónicos, direcciones de correo electrónico, páginas Web y otros medios de comunicación.
Título II
De los registros de solicitudes y autorizaciones para la comercialización de productos médicos huérfanos.
Artículo 9.- Registro de solicitudes. En el registro de solicitudes se consignaran aquellas planteadas por los patrocinantes de productos médicos huérfanos para obtener la autorización de comercialización exclusiva. En dicho registro se consignará de manera cronológica, con indicación de la fecha y hora del ingreso, cada una de las solicitudes que se efectúen. En cada caso se deberá señalar la enfermedad para cuya prevención, diagnóstico o tratamiento será utilizado el producto médico huérfano, los componentes activos de éste y el plazo de comercialización exclusiva solicitado.
Artículo 10.- Registro de autorizaciones. En el registro de las autorizaciones de comercialización exclusiva otorgadas, se inscribirán éstas últimas, señalando la persona a quien se otorga el derecho, la denominación científica y comercial del producto médico huérfano, la enfermedad para cuya prevención, diagnóstico o tratamiento será utilizado, el plazo concedido y la fecha de expiración de la autorización.
Título III
Del derecho de comercialización exclusiva del producto médico huérfano
Artículo 11.- Derecho de comercialización. Las personas que mantengan inscripciones vigentes en el registro de autorizaciones, gozarán, por el plazo que se les fije, del derecho de comercialización exclusiva del producto médico huérfano inscrito.
Dicho derecho de comercialización podrá ser enajenado, gravado y, en general, objeto de cualquier acto o contrato que pueda celebrarse sobre el mismo. Los actos o contratos deberán celebrarse por escritura pública, y deberá dejarse constancia de su celebración en el respectivo registro de autorizaciones dentro de los 30 días siguientes a su celebración, bajo sanción de tenerse por no celebrado al acto.
Artículo 12.- Requisitos para el otorgamiento. El derecho de comercialización exclusiva de un producto médico huérfano, se concederá al solicitante que acredite haber desarrollado, descubierto o inventado un producto nuevo, ya sea para diagnosticar, prevenir o tratar una enfermedad poco frecuente, acreditando además esta última circunstancia.
Sin perjuicio del derecho de comercialización exclusiva otorgado a un solicitante, podrá concederse a otro, que acredite superioridad clínica, el derecho de comercialización exclusiva sobre el nuevo producto médico, sin que por ello se extinga el derecho de comercialización exclusiva previamente otorgado.
Artículo 13.- Vigencia y prórroga del derecho de comercialización. El cumplimiento del plazo a que se refiere el artículo 10, sólo extingue el derecho de comercialización exclusiva, y en consecuencia, cualquier persona que cumpla con los requisitos sanitarios y demás autorizaciones de la autoridad competente, podrá comercializar esos productos médicos huérfanos.
El patrocinante debidamente inscrito en el registro de autorizaciones, o la persona que acredite ser titular del derecho de comercialización exclusiva podrá, transcurrido más de la mitad del plazo otorgado para la comercialización exclusiva, solicitar aumento del mismo fundado en que las ventas no han sido suficientes para costear los gatos de inversión.
Artículo 14.- Protección a la exclusividad de la comercialización. La persona que comercialice productos médicos huérfanos durante el período de exclusividad otorgado a otra, de conformidad con las normas precedentes, bajo cualquier nombre o denominación científica del producto, siempre que para la elaboración del producto se hubiere utilizado el mismo componente activo, será sancionada por venta ilegal de productos médicos huérfanos, con las penas de presidio menor a mayor en cualquiera de sus grados.
Si el infractor fuere una persona jurídica serán castigados como coautores del delito todos los directores, socios, representantes de cualquier naturaleza y gerentes, respectivamente, a menos que prueben ignorancia u oposición al acto.
Artículo 15.- Indemnización de perjuicios.- El titular del derecho de comercialización tendrá acción para exigir que el vendedor no autorizado que comercializó el o los productos médicos huérfanos le indemnice todos los perjuicios que acredite, tanto directos como indirectos. Sin embargo, no tendrá necesidad de probar los perjuicios cuando sólo demande la restitución del precio comercial que habría obtenido de la venta de los productos, el que se pagará incrementado en un 50%, más reajustes, intereses y costas.
Serán solidariamente responsables todos los vendedores e intermediarios que hubieren participado de la venta ilegal de productos médicos huérfanos.
Título IV
De los requisitos y el procedimiento para el registro de las solicitudes y del otorgamiento del derecho de comercialización exclusiva de productos médicos huérfanos
Artículo 16.- Requisitos de la solicitud. Toda solicitud planteada a la deberá ser presentada por escrito y debe contener:
1° nombre, profesión u oficio, rol único tributario, domicilio y dirección de casilla electrónica del solicitante y de las personas que lo representen, en su caso.
2° denominación comercial y científica del producto médico huérfano cuya inscripción se solicita.
3° descripción de la enfermedad poco frecuente para cuya prevención, diagnóstico o tratamiento servirá el producto médico huérfano.
4° informe científico de la composición del producto médico huérfano.
5° plazo durante el cual se solicita el otorgamiento del derecho de comercialización exclusiva y antecedentes que lo justifican.
Artículo 17.- Notificaciones. Todas las notificaciones de que trata este título se enviarán a la dirección de casilla electrónica señalada por el solicitante y publicarse en la página Web respectiva.
Artículo 18.- Admisibilidad. Presentada la solicitud, habrá un plazo de 5 días hábiles para declarar la inadmisibilidad de la misma, basada únicamente en la falta de alguno de los requisitos establecidos en el artículo precedente. Si nada se dijere dentro del referido plazo, se entenderá que la solicitud ha sido admitida a tramitación.
Artículo 19.- Certificado de solicitud. Admitida la solicitud a tramitación, se entregará, a la sola petición verbal de la solicitante, un certificado para la debida inscripción ante el registro de solicitudes de que trata el artículo 9, que debe contener:
1° la fecha y hora del ingreso de la solicitud.
2° la enfermedad para cuya prevención, diagnóstico o tratamiento será utilizado el producto médico huérfano.
3° los componentes activos del producto médico huérfano, y
4° el plazo de comercialización exclusiva solicitado.
Artículo 20.- Solicitud de información adicional. Una vez inscrita y comunicada la inscripción de solicitud, habrá un plazo de 30 días dentro del cual se podrá pedir al solicitante, al titular de un derecho de comercialización exclusiva inscrito en el respectivo registro, o a un tercero, información adicional. Los informes deberán ser evacuados dentro del plazo de 10 días, el que se podrá prorrogar por una sola vez
Artículo 21.- Resolución definitiva, transcurridos los plazos señalados en el artículo anterior, se emitirá, dentro de los 10 días hábiles siguientes, una resolución definitiva otorgando o denegando el derecho de comercialización exclusiva solicitado, el que debe contener:
1° la individualización del solicitante.
2° la denominación comercial y científica del producto médico huérfano para el cual se solicitó el otorgamiento del derecho de comercialización.
3° la enfermedad poco frecuente para cuya prevención, diagnóstico o tratamiento se utilizará el producto médico huérfano.
4° las consideraciones y fundamentos por los cuales se otorga o deniega el derecho de comercialización exclusiva, y
5° si se concediere el derecho de comercialización exclusiva, el plazo otorgado, su fecha de inicio y término, o los datos inequívocos necesarios para el cómputo del plazo.
Esta resolución se notificará al solicitante y todos quienes figuren inscritos en el registro de autorizaciones.
Una vez que la resolución que conceda el derecho de comercialización exclusiva se encuentre firme o ejecutoriada, se comunicará por el medio más expedito al órgano competente para su correspondiente registro.
Artículo 22.- Recurso. La resolución definitiva podrá ser confirmada, revocada o modificada por el órgano competente.
El recurso jerárquico podrá ser interpuesto por el solicitante o por quien acredite ser titular de un derecho de comercialización exclusiva, dentro del plazo fatal de 10 días hábiles. Debe ser fundado y contener las peticiones concretas que se someten a la decisión del superior jerárquico.
Podrán comparecer en este proceso todas las personas que acrediten interés directo.
Sólo procederá prueba de peritos, la que será apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
El recurso deberá ser fallado dentro del plazo de 45 días.
Artículo transitorio.- Vigencia. La presente ley comenzará a regir 60 días después de su publicación.
(Fdo.): Jaime Quintana Leal, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Gonzalo Uriarte Herrera, Senador