Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY A COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
- MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EXFUNCIONARIO SEÑOR IGNACIO SALFATE TOLEDO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Alamos
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Alamos
- OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD POR ESPECIAL GRACIA AL CIUDADANO JORDANO SEÑOR FUAD DAUABE ESCAFFI. (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9712-06)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- V. ORDEN DEL DÍA
- ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA TABLA
- MODIFICACIÓN DE LAS LEYES Nºs. 20.645 y 20.646, RELATIVAS A LA ASIGNACIÓN ASOCIADA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRATO AL USUARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. (Segundo Trámite Constitucional. Boletín Nº 9931-11)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- REBAJA DE IMPUESTO QUE GRAVA LOS TEXTOS ESCOLARES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Javier Hernandez Hernandez
- Jose Antonio Kast Rist
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jaime Andres Bellolio Avaria
- Romilio Gutierrez Pino
- Felipe Ward Edwards
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Andrea Molina Oliva
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY QUE MODIFIQUE SITUACIÓN LABORAL DE FUNCIONARIOS DE TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Manuel Monsalve Benavides
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Raul Fernando Saldivar Auger
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- Fernando Meza Moncada
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REBAJA DE IMPUESTO QUE GRAVA LOS TEXTOS ESCOLARES
- VII. INCIDENTES
- INVESTIGACIÓN DE EVENTUALES ACTOS TERRORISTAS CAUSANTES DE INCENDIOS FORESTALES (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS EMBALSES EN COMUNAS DE RÍO BUENO, LA UNIÓN Y PAILLACO (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL VULNERACIÓN DE LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EXTRANJERAS DE ESTADOS UNIDOS POR PARTE DE SOQUIMICH (Oficio)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INFORMACIÓN SOBRE CATASTRO DE PERSONAS Y SUPERFICIES AFECTADAS POR SEQUÍA E INCENDIOS AGRÍCOLAS DESDE SÉPTIMA A DÉCIMA REGIONES. (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- DECISIÓN GUBERNAMENTAL SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES CAUTÍN Y PURÉN Y ESTADO DE AVANCE DE AMBOS PROYECTOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA EN PROVINCIA DE CORDILLERA
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- MOLESTIA POR DECLARACIONES DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO CAU CAU, REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficio)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- ALTERNATIVAS DE AYUDA FINANCIERA DE BANCO ESTADO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES AFECTADOS POR SEQUÍA EN REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficio)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- RECHAZO POR FORMALIZACIÓN DE DETECTIVE A CAUSA DE MUERTE DE DELINCUENTE EN PROCEDIMIENTO POLICIAL
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Paulina Andrea Nunez Urrutia
- INVESTIGACIÓN DE EVENTUALES ACTOS TERRORISTAS CAUSANTES DE INCENDIOS FORESTALES (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ORDEN DEL DIA
- ESTABLECIMIENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9622-09)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Daniel Alexander Melo Contreras
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jorge Rathgeb
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Roberto Fortunato Poblete Zapata
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Jenny Paola Alvarez Vera
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ESTABLECIMIENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9622-09)
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES OJEDA, FLORES, LORENZINI, MORANO, SABAG, SAFFIRIO, TORRES, VALLESPÍN Y VENEGAS, QUE “MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA CREAR UNA COMISIÓN PERMANENTE DE ADULTO MAYOR”. (BOLETÍN N° 9940-16)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Ojeda Uribe
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Pablo Lorenzini Basso
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Patricio Vallespin Lopez
- Mario Venegas Cardenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Juan Antonio Coloma Correa
- Cristian Monckeberg Bruner
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Arturo Squella Ovalle
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Sergio Aguilo Melo
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ramon Farias Ponce
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Kenneth Giorgio Jackson Drago
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL; ESPINOSA, DON MARCOS; JARAMILLO, OJEDA; PÉREZ, DON LEOPOLDO, Y URRUTIA, DON OSVALDO, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, FERNÁNDEZ, MOLINA Y SEPÚLVEDA, QUE “MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA COMISIÓN PERMANENTE DE ADULTO MAYOR”. (BOLETÍN N° 9943-16)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- David Sandoval Plaza
- Marcos Espinosa Monardes
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Ojeda Uribe
- Leopoldo Perez Lahsen
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Andrea Molina Oliva
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Letelier Norambuena
- Sergio Aguilo Melo
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Lautaro Carmona Soto
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Jose Perez Arriagada
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Jose Garcia Ruminot
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Mario Venegas Cardenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Sergio Aguilo Melo
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Pepe Auth Stewart
- Lautaro Carmona Soto
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Felipe Letelier Norambuena
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- David Sandoval Plaza
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Javier Hernandez Hernandez
- David Sandoval Plaza
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES OJEDA, FLORES, LORENZINI, MORANO, SABAG, SAFFIRIO, TORRES, VALLESPÍN Y VENEGAS, QUE “MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA CREAR UNA COMISIÓN PERMANENTE DE ADULTO MAYOR”. (BOLETÍN N° 9940-16)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor CORNEJO
(Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor CORNEJO (Presidente accidental).- El acta de la sesión 124ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 125ª queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor CORNEJO (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY A COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
El señor CORNEJO (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la propuesta formulada por la Comisión de Medio Ambiente en orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley de Bosques y la ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de establecer medidas para prevenir incendios forestales y cortes de tendidos eléctricos que los originan y que se encuentra radicado en la Comisión de Agricultura, la cual tramita una iniciativa en el mismo sentido.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EXFUNCIONARIO SEÑOR IGNACIO SALFATE TOLEDO
El señor CORNEJO (Presidente accidental).-
A petición del diputado señor René Manuel García , se rendirá un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del exfuncionario de la Corporación señor Ignacio Salfate Toledo .
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor CORNEJO (Presidente accidental).-
Muchas gracias.
-o-
El señor CORNEJO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA .-
Señor Presidente, el número 1 de la Tabla del Orden del Día, contempla el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica.
El artículo 124, inciso segundo, del Reglamento, señala que “la discusión de los proyectos será aplazada por veinticuatro horas cuando sus informes no estén impresos o publicados en medios electrónicos.”.
En este caso, se presentaron indicaciones al proyecto hasta las cinco de la tarde de ayer. Por lo tanto, no podría verse hoy. La única forma de cumplir con el artículo, sería a través del artículo 191. Es decir, habría que recabar un informe por parte de la Sala para que pueda ser visto. Tengo entendido que, según el Reglamento, este proyecto no podría ser visto hoy.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN .-
Señor Presidente, qué bueno que la disposición del Reglamento exija el informe independientemente de las urgencias con veinticuatro horas de antelación. Esa norma no se contemplaba antes en el Reglamento.
Comparto lo que dijo el diputado Coloma , aunque tengamos diferencias de fondo respecto del proyecto. Pero, no solo eso, si la Mesa hace un análisis del informe que hemos tenido, apenas recién podrán constatar que las indicaciones presentadas y aprobadas no se condicen con el articulado del proyecto. Por una parte, tenemos una indicación que dice una hora y el articulado del proyecto dice media hora. Y no quiero seguir dando ejemplos para no latear.
Además, esta Sala unánimemente acordó a qué Comisión iba, por cuanto tiempo iba y hasta fijó el plazo para presentar indicaciones. La soberana es la Sala; no las Comisiones. Hasta el plazo para presentar indicaciones fue modificado. Creo que lo mejor es que, al no haber informe, quede pendiente el tratamiento de este proyecto de ley.
El señor CORNEJO (Presidente accidental).-
Señor diputado, el proyecto en cuestión no solo tiene el problema de que el informe aparentemente no cumple con el plazo que establece el Reglamento para ser conocido por la Sala, sino que también hay otro tipo de cuestionamiento al proyecto: de forma y de fondo.
En tales circunstancias, sugiero citar a reunión de Comités porque, de lo contrario, si no aclaramos el tema del proyecto, no saca nada la Sala con dejarlo pendiente para el martes siguiente. Ello, porque vamos a tener las mismas dificultades. De modo que sugiero citar a reunión de Comités, con el propósito de resolver las dudas que existen sobre el proyecto, tanto en el aspecto formal como de fondo.
Mientras tanto, solicito al diputado señor José Miguel Ortiz que presida la sesión, a fin de abordar la Tabla de Fácil Despacho.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO .-
Señor Presidente, el número 2 de la Cuenta se refiere al proyecto de ley, iniciado en mensaje, calificado con discusión inmediata, que modifica las leyes Nºs 20.645 y 20.646 relativas a la asignación asociada al mejoramiento de la calidad del trato al usuario de establecimientos de salud.
Al respecto, la Comisión de Hacienda acordó tratar este proyecto a las 12.00 horas, debido a la importancia que tiene y a la solicitud de los gremios de la Salud de que que se despache hoy. Esperamos contar con un informe verbal aproximadamente a las 12.30 o 12.45 y votarlo hoy, porque, de lo contrario, se va a generar un desfase. No sé si esto se trató en los Comités. Nosotros abordamos el asunto ayer en la Comisión de Hacienda. Estamos programados para reunirnos a las 12.00 horas. Me gustaría saber que, si así se va a hacer, se informe a la Sala, porque dada la importancia del proyecto nadie debería retirarse.
El señor CORNEJO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA .-
Señor Presidente, sin perjuicio de citar a reunión de Comités para analizar el proyecto y pensando en lo que va ocurrir el día martes, me gustaría dejar en claro que se aplica el Reglamento para que este proyecto no sea tratado hoy. Creo que no sólo es un tema de Comités, sino que de hacer cumplir el Reglamento para estos efectos. Ello, independientemente de la reunión de Comités que se podría tener ahora para verificar los posibles problemas que se podrían presentar en la sesión del martes.
El señor CORNEJO (Presidente accidental).-
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado señor Patricio Melero en el sentido de despachar hoy el proyecto que ha mencionado con el informe verbal de la Comisión de Hacienda?
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Recuerdo al señor Juan Antonio Coloma que hay un viejo adagio jurídico que dice que donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición.
Cito a reunión de Comités.
OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD POR ESPECIAL GRACIA AL CIUDADANO JORDANO SEÑOR FUAD DAUABE ESCAFFI. (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9712-06)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En Tabla de Fácil Despacho, corresponde conocer el proyecto de ley, iniciado en moción, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano jordano don Fuad Dauabe Escaffi .
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Sergio Aguiló .
Antecedentes:
-Moción, sesión 90° de la legislatura 362°, en 12 de noviembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad y Ciudadanía y Regionalización, sesión 116° de la legislatura 362°, en 20 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 13.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor AGUILÓ (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que concede por especial gracia la nacionalidad chilena a don Fuad Dauabe Escaffi , originado en una moción de los señores Chahin ; García, don René Manuel ; Gutiérrez, don Hugo ; Kort ; Ojeda ; Pérez, don Leopoldo ; Paulsen ; Sabag ; Tuma y la señorita Sabat , doña Marcela .
El proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión en la sesión correspondiente, diputados señores Farías , Presidente; Arriagada , Becker , Berger , Chávez , Ojeda , Sandoval y quien habla.
En cuanto a los fundamentos de la moción, se señala que la nacionalidad por gracia constituye una institución honorífica tradicional republicana, orientada a distinguir a extranjeros ilustres que han sido un aporte significativo para el progreso del país en tareas científicas, productivas, comerciales, deportivas, artísticas y culturales, como también referente de costumbres y estilos de vida que impliquen un modelo de virtudes a seguir por generaciones futuras y, al mismo tiempo, otorga el supremo beneficio de incorporar a la familia chilena al extranjero connotado, a quien le permite además mantener la nacionalidad de su patria de origen.
En cuanto a la biografía de la persona a quien otorgaremos hoy esta especial concesión, señalan sus autores de la moción que nació el 27 de junio de 1948, en Belén, Palestina; hijo de doña Olga Sikafi Canahwati y don Nakhle Dauabe , ambos de nacionalidad chilena. Se casó con doña Cecilia Bovino Hasbún , chilena, de profesión profesora de inglés, relación de la que nació una hija el 2 de noviembre del año 1988, también chilena, y que en la actualidad desarrolla la profesión de profesora de inglés, al igual que su madre.
En lo que respecta al campo laboral del señor Dauabe , desarrolló actividades principalmente en el área académica, contribuyendo a que varias generaciones de jóvenes chilenos con ascendencia árabe hagan pervivir y perpetúen sus raíces; así como otros no tan jóvenes que, por distintos motivos, han debido dejar sus tierras en busca de nuevos horizontes, siendo Chile el país en el que han logrado encontrar una nación generosa, que los ha acogido como ciudadanos de nuestra Patria y les ha permitido sostener el arraigo con sus tradiciones. Así, este señor se ha desempeñado en los siguientes establecimientos: Colegio Árabe de Viña del Mar, como profesor de lenguaje, historia y literatura árabe; en la Universidad de Playa Ancha, de Valparaíso, y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante mucho tiempo.
Hacen presente los autores de la moción que, a lo largo de su carrera académica, nuestro homenajeado ha contado con alumnos destacados en nuestro país, como don Eugenio Chahuán , quien es académico de la Universidad de Chile hasta la fecha; don Daniel Jadue , actual alcalde de la ilustre municipalidad de Recoleta, y doña Nancy Lolas Silva , diputada del Consejo Nacional Palestino. En el área de las comunicaciones, destacan sus alumnos Francisca Merino , Blanca Lewin , Tamara Acosta y Claudia di Girolamo , a quienes realizó clases de historia y literatura, tradiciones y lengua árabe para distintos programas que se exhibieron en el canal estatal de televisión, TVN. En el mismo sentido, pero esta vez enseñando el idioma árabe y haciendo doblajes de voz en off de la película " La Última Luna ", del destacado director Miguel Littin . Además, adiestró a los actores protagonistas de ella, Alejandro Goic , Támara Acosta y Francisca Merino .
Con esta síntesis, invito a los estimados colegas, por intermedio del señor Presidente, a aprobar el proyecto de ley que otorga la nacionalidad por especial gracia a un destacado miembro de la nación jordana, que tanto ha sufrido, pero que ha hecho aportes importantes a muchas naciones del mundo con su cultura y tradiciones, y en particular, a nuestra Patria, Chile, que cuenta con el privilegio de tener la colonia palestina más grande del mundo, después de Jordania.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA .-
Señor Presidente, uno se llena de orgullo y de mucha satisfacción cuando tramitamos este tipo de proyectos de ley que tienen como autores a diputados y senadores, una de las pocas facultades que tenemos en materia de ley, lo que hacemos como una manera de materializar el deseo de una comunidad que quiere otorgar honores por los méritos de una persona, como sucede con don Fuad Dauabe Escaffi , de nacionalidad jordana.
Los beneficiados no piden este honor, sino que lo solicita la comunidad que los acoge. Nosotros plasmamos ese deseo en un proyecto de ley, el que se transforma en ley para que esa persona sea reconocida como connacional y compatriota, como sucede en este caso con este gran personaje, don Fuad Dauabe Escaffi .
La Constitución, señala en el número 4° del artículo 10 que son chilenos los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. A su vez, el número 5) del artículo 63 dispone que solo son materias de ley las que regulan los honores públicos a los grandes servidores. Y la verdad es que don Fuad ha contribuido a la cultura y a todo lo que dice relación con los aspectos sociales e institucionales. Fue fundador de muchas instituciones en nuestro país y ha contribuido a fomentar la cultura árabe. Asimismo –esto es lo más importante-, tal como lo dijo un representante de la Federación Palestina en la Comisión, ha contribuido a que exista una visión de paz en el conflicto del Medio Oriente. En esta perspectiva, ha asesorado a nuestra Cancillería en sus relaciones con Palestina, lo que ha permitido que esta se interiorice del problema.
Su aporte a nuestro país ha sido importante, no solo en la promoción de la cultura árabe, sino también en estrechar lazos con los demás países árabes.
Reside en nuestro país desde 1998 -aunque se habla de 1960-, aportando a nuestro país todo lo relacionado con la cultura y la enseñanza y con el mundo académico. Es un maestro que ha guiado y formado a grandes personajes políticos, culturales y artísticos de nuestro país, impartiendo clases en la Universidad de Chile, dictando charlas, conferencias, etcétera.
Es una persona que aceptó ser chileno, sin renunciar a su nacionalidad jordana, porque quiere sentirse integrado a nuestro país.
Antes estos proyectos eran conocidos por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, pero ahora están radicados en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, que también integro, lo que me ha permitido conocer la trayectoria y la historia de otros personajes tan connotados e importantes como Fuad Dauabe , a quienes el Estado chileno ha honrado concediéndoles la nacionalidad chilena.
Por lo tanto, como una forma de reconocer los méritos de Fuad Dauabe Escaffi , nuestra bancada aprobará este proyecto de ley espero que todas procedan de igual forma.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Issa Kort .
El señor KORT .-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al diputado informante y al colega que me antecedió en el uso de la palabra por las elogiosas referencias relacionadas con los autores de este proyecto que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Fuad Dauabe Escaffi .
Sin duda, la riqueza de nuestra cultura se caracteriza por su diversidad. Desde que Chile se consolidó como país independiente, a principios del Siglo XIX, se ha ido enriqueciendo con la llegada de distintas olas migratorias de alemanes, ingleses, franceses, árabes, españoles y croatas, que le dieron un fuerte impulso durante la segunda mitad del Siglo XIX y primera del Siglo XX. En la actualidad, el desarrollo cultural de nuestro país ha seguido enriqueciéndose con migraciones como la italiana y otras más cercanas como la peruana, la ecuatoriana, la colombiana y la dominicana, por nombrar solo algunas.
Como sociedad, debemos hacer esfuerzos por reconocer la realidad que conllevan las migraciones y el desafío, la valentía y la voluntad de los inmigrantes por generar una nueva realidad para su propia vida y convertirse en un aporte al país adoptivo que los recibe.
Permítanme referirme en particular a las migraciones árabes que ha tenido nuestro país. Tengo la suerte de poder decir que la mitad de mi sangre es de inmigrantes, puesto que mis abuelos llegaron de la ciudad de Jerusalén, Palestina. La sangre árabe llegó para incorporarse a la realidad de Chile. No es casualidad que tengamos personas de ascendencia árabe en las Fuerzas Armadas y en la Iglesia; que haya árabes de Izquierda y de Derecha y que tengamos árabes en todas las actividades.
¿Saben por qué digo esto? Porque la migración palestina, en particular, y la árabe, en general, han pasado a formar parte de nuestra nacionalidad, porque junto con ser primeramente chilenos también reconocemos nuestras raíces.
Como lo expresó el diputado informante, este proyecto busca conceder la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Fuad Dauabe Escaffi . ¿Qué significa esto? Reconocer los méritos o virtudes particulares de un ciudadano extranjero que haya nacido fuera del territorio nacional, que porte una identidad distinta de la nuestra, pero que haya sido un verdadero aporte a la cultura y a la sociedad, en general.
Es el caso de Fuad Dauabe quien, aparte de ser un importante aporte para nuestra cultura, también ha ejercido como profesor y traductor, transformándose en un lazo entre el mundo político, social y cultural. No es un hombre que se haya dedicado a realizar aportes al interior de las élites; por el contrario, dedicó su vida a los sectores medios y más populares de Chile, lo que nos obliga a hacer un reconocimiento de ello.
Nuestra Constitución Política establece: “Son chilenos: 4° Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.” Eso es, precisamente, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley. No es casualidad que haya una ley especial particular para reconocerlo.
Quiero entregar algunos datos biográficos de don Fuad Dauabe Escaffi , objeto de esta iniciativa.
Nació el 27 junio de 1948, en Belén, Palestina. Es de nacionalidad forzosa jordana. Digo nacionalidad forzosa jordana porque, como todos sabemos, el Estado de Palestina aún no existe en el concierto internacional, razón por la cual los ciudadanos que nacen en territorio palestino deben adoptar forzosamente la nacionalidad jordana.
Don Fuad es hijo de doña Olga Sikafi Canahwati y de don Nakhle Dauabe , ambos de nacionalidad chilena. Se radicó en Chile en 1988, transformándose en un promotor de la cultura árabe en nuestro país.
Respecto de su trayectoria académica, ha contribuido a que varias generaciones mantengan sus vivencias relacionadas con la cultura árabe, con sus raíces, lengua e historia, tanto en diversos colegios del país como en establecimientos de educación superior, rescatando la importante historia del pueblo árabe y su fecunda y rica cultura.
Asimismo, ha acogido y acompañado a inmigrantes árabes y palestinos en su proceso de incorporación a nuestro país, reconociendo y perpetuando los valores y particularidades del pueblo árabe.
Durante la primera visita oficial del señor Mahmoud Abbas , Presidente de la Autonomía Palestina, en marzo de 2005, fue su intérprete y guía oficial.
Fue cofundador de la Juventud Árabe Palestina de Puente Alto y de la Juventud Chilena de Ascendencia Árabe en Santiago y regiones.
El informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización señala: “Ha contribuido a una visión de paz en la situación de Medio Oriente y, bajo esa perspectiva, ha prestado asesoría a la Cancillería chilena en sus relaciones con Palestina, lo que ha permitido la armonización de estas.”
Quiero terminar destacando su carácter pacifista como jordano, palestino y chileno. Señaló concretamente: “La solución al conflicto palestino-esraelí es responsabilidad de la comunidad internacional que apoya mayoritariamente la solución de dos Estados, Palestina e Israel, viviendo uno junto al otro en fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, en una política de buena vecindad.”.
Señor Presidente, hago un llamado a los colegas para que aprueben, ojalá por unanimidad, este proyecto que otorga la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Fuad Dauabe , dando así un ejemplo de integración y un reconocimiento tan necesario en la cultura chilena.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
He terminado el tiempo destinado a Fácil Despacho.
-Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano jordano señor Fuad Dauabe Escaffi .
Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias de ley simple o común.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 9 abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Sr. Aguiló M. Sergio , Sra. Girardi L. Cristina , Sr. Monckeberg B. Cristián, Sra. Sabat F. Marcela , Sra. Alvarez V. Jenny , Sr. Gutiérrez G. Hugo , Sr. Monckeberg D. Nicolás , Sr. Saffirio E. René , Sr. Andrade L. Osvaldo , Sr. Gutiérrez P. Romilio , Sr. Monsalve B. Manuel , Sr. Saldívar A. Raúl , Sr. Auth S. Pepe, Sr. Hernández H. Javier , Sr. Morales M. Celso , Sr. Schilling R. Marcelo , Sr. Barros M. Ramón , Sra. Hernando P. Marcela , Sra. Nogueira F. Claudia , Sr. Silber R. Gabriel , Sr. Becker A. Germán, Sra. Hoffmann O. María José , Sr. Núñez A. Daniel , Sr. Soto F. Leonardo , Sr. Bellolio A. Jaime , Sr. Insunza G. Jorge , Sr. Núñez L. Marco Antonio , Sr. Squella O. Arturo , Sr. Berger F. Bernardo , Sr. Jackson D. Giorgio , Sra. Núñez U. Paulina , Sr. Tarud D. Jorge , Sra. Cariola O. Karol , Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier D. Guillermo , Sr. Carmona S. Lautaro , Sr. Jarpa W. Carlos Abel , Sr. Ortiz N. José Miguel , Sr. Torres J. Víctor , Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jiménez F. Tucapel , Sra. Pascal A. Denise , Sr. Trisotti M. Renzo , Sr. Castro G. Juan Luis , Sr. Kast R. José Antonio , Sr. Paulsen K. Diego , Sr. Tuma Z. Joaquín , Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Kast S. Felipe , Sr. Pérez L. Leopoldo , Sr. Urízar M. Christian , Sra. Cicardini M. Daniella , Sr. Lavín L. Joaquín , Sr. Pilowsky G. Jaime , Sr. Urrutia B. Ignacio , Sr. Coloma A. Juan Antonio , Sr. Lemus A. Luis, Sr. Poblete Z. Roberto , Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Cornejo G. Aldo , Sr. Letelier N. Felipe , Sra. Provoste C. Yasna , Sra. Vallejo D. Camila , Sr. Espejo Y. Sergio , Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Rathgeb S. Jorge , Sr. Vallespín L. Patricio , Sr. Espinosa M. Marcos , Sr. Melero A. Patricio , Sr. Rincón G. Ricardo , Sr. Venegas C. Mario , Sr. Farcas G. Daniel , Sr. Melo C. Daniel, Sr. Rivas S. Gaspar , Sr. Verdugo S. Germán , Sra. Fernández A. Maya , Sr. Mirosevic V. Vlado , Sr. Rocafull L. Luis , Sr. Walker P. Matías , Sr. Fuenzalida F. Gonzalo , Sra. Molina O. Andrea , Sr. Sabag V. Jorge , Sr. Ward E. Felipe .
-No votaron por estar pareados:
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo con Sr. Pérez A. José , Sr. León R. Roberto con Sr. García G. René Manuel , Sr. Arriagada M. Claudio con Sr. Santana T. Alejandro , Sr. Meza M. Fernando con Sr. Edwards S. José Manuel , Sr. Flores G. Iván con Sr. Ulloa A. Jorge.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Despachado el proyecto.
V.ORDEN DEL DÍA
ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA TABLA
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Como la Comisión de Economía aún no despacha el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, si le parece a la Sala, trataremos el proyecto que figura en el segundo lugar.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES Nºs. 20.645 y 20.646, RELATIVAS A LA ASIGNACIÓN ASOCIADA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRATO AL USUARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. (Segundo Trámite Constitucional. Boletín Nº 9931-11)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
De conformidad con el acuerdo de la Sala, corresponde tratar, sobre Tabla, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica las leyes Nºs. 20.645 y 20.646, relativas a la asignación asociada al mejoramiento de la calidad del trato al usuario de los establecimientos de salud.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda, es el señor Patricio Melero .
Antecedentes:
-Proyecto del Senado. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar el proyecto de ley que modifica las leyes Nos 20.645 y 20.646, relativas a la asignación asociada al mejoramiento de la calidad del trato al usuario de establecimientos de salud y calificado con discusión inmediata.
Hago presente a la Sala que durante la discusión y votación del proyecto en la Comisión, se contó con la presencia de la ministra de Salud, señora Carmen Castillo ; de la subsecretaría de Redes Asistenciales, señora Angélica Verdugo ; del exdiputado señor Enrique Accorsi y de otros asesores del Ministerio de Salud. También asistieron a la Comisión miembros de las directivas de Frenpruss y de Confusan en representación de los trabajadores interesados en el proyecto.
La iniciativa tiene, como dije, el objetivo de modificar las leyes Nº 20.645 y Nº 20.646, en las cuales se crea una asignación asociada al mejoramiento de la calidad de trato usuario para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y para los pertenecientes a la plantas de técnicos, administrativos, auxiliares y profesionales de los establecimientos de los Servicios de Salud y de los experimentales.
El proyecto tiene además como objetivo perfeccionar el proceso de evaluación del mejoramiento del trato a los usuarios de estos establecimientos.
En general, la iniciativa incorpora modificaciones en materia de procedimientos. Por ejemplo, crea por primera vez un comité técnico integrado por representantes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y por uno de la Dirección de Presupuestos, quien tendrá como misión evaluar el desarrollo y la aplicación del instrumento de incentivos que irá en forma directa a procurar una mejor atención a los usuarios de los sistemas de salud primaria.
También el proyecto de ley busca subsanar problemas en la aplicación, y aumentar la exigencia mínima del resultado del instrumento de evaluación, aumentándolo del 60 al 65 por ciento.
En relación con los funcionarios de la atención primaria, se iguala el tipo de medición a la forma en que se realiza la evaluación del trato usuario actual, se varía el monto máximo de recursos, y se adiciona un mecanismo de ajuste para dicho monto en función de las variables objetivas dentro de las principales medidas.
Junto con lo anterior, se autoriza por una sola vez un bono a cada funcionario de las entidades –vamos a ver los montos enseguida- y establecimientos señalados en el artículo 1º de la ley Nº 20.645 y que hayan tenido derecho a percibir la asignación del trato usuario en el 2014.
En relación con los cambios adicionales, en la ley Nº 20.646 se da derecho a este beneficio al personal anteriormente excluido y se modifica el artículo 3°, letra e), incorporando en el ordenamiento de los establecimientos que cumplen con el puntaje exigido en la norma, el elemento de complejidad de éstos, y que puede ser alta, mediana o baja.
En cuanto a los efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal, puedo señalar que en las modificaciones a la ley Nº 20.645, se cambia el monto de los recursos presupuestados citados en el proyecto de ley, y es de 8 mil 875 millones de pesos que corresponden a los 7 mil 500 millones de pesos señalados en la ley, reajustados al año 2015, y a $ 9.893.540 miles, que corresponden al nuevo monto basal que refleja los crecimientos de las dotaciones de funcionarios municipales al año 2014. Adicionalmente, se establece que a contar del año 2016, dicha cantidad se incrementará por el reajuste del sector público y por el porcentaje en que anualmente se incremente la población inscrita en los establecimientos de atención primaria de salud, conforme lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y validada por el Fonasa.
Por otra parte, se dispone que a partir de 2016, se puedan otorgar anualmente aportes extras, en la medida en que aumente la dotación de atención primaria de salud municipal, derivados de los factores establecidos en el proyecto. La aplicación de este artículo tiene un mayor costo para el fisco de 1.128.665.000 pesos para el año 2015.
Se concede por una vez un bono de 50.230 pesos a los funcionarios que hayan tenido derecho a percibir la asignación de trato usuario en 2014. El gasto por este concepto, que tiene efecto sólo para el año 2015, asciende a 2.351.003.000 pesos y será financiado con reasignaciones de recursos propios del Ministerio de Salud, por lo que no tiene costo fiscal adicional.
En lo que se refiere a las modificaciones a la ley Nº 20.646, se incorpora en el ordenamiento de los establecimientos que cumplen con el puntaje exigido en la norma, el elemento de complejidad de éstos, es decir, alta, mediana y baja, considerando las normas pertinentes del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nºs 18.933 y 18.469 y sus normas reglamentarias, ordenándose en forma decreciente según el puntaje obtenido, clasificándose en los tramos definidos por la ley.
Dado que el costo de esta medida dependerá de la ubicación en la evaluación de cada establecimiento, con su respectiva dotación, se ha supuesto que significaría un mayor gasto fiscal de 644.522.000 pesos.
Se incorporan como beneficiarios los funcionarios que a la fecha de publicación de la presente ley sirvan en calidad de titulares los cargos establecidos en el numeral 1.5 del artículo 1º de los decretos con fuerza de ley Nº 9 al Nº 38, de 2008, del Ministerio de Salud, siempre que no perciban las asignaciones que se señalan en la iniciativa legal. Corresponde a 73 personas, cuyos cargos están en extinción. Para estimar el mayor gasto fiscal de esta medida, se ha supuesto el efecto que hubiera tenido en su aplicación en 2014, el que hubiera alcanzado a 15.076.000 pesos.
En resumen, el mayor gasto fiscal que representará la aplicación de esta ley durante el año 2015 será de 4.139.266.000 pesos, que se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud, de los que 1.788.263.000 pesos tienen carácter de permanentes y 2.351.003.000 son sólo por el año 2015.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. Los períodos siguientes se financiarán con cargo a los recursos que se consulten anualmente en las respectivas leyes de Presupuestos.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda, en consideración al mérito del proyecto y a sus fundamentos ya expresados, aprobó el proyecto en general por mayoría y 2 abstenciones, y por unanimidad en particular, por lo que recomienda la aprobación del mismo modo a la Sala.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ha concluido el Orden del Día.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
REBAJA DE IMPUESTO QUE GRAVA LOS TEXTOS ESCOLARES
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Entrando en el tiempo de los proyectos de acuerdo y de resolución, y en conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 17 de marzo, corresponde conocer sobre Tabla el proyecto de resolución N° 307.
El señor Prosecretario dará lectura a la parte resolutiva del señalado proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 307, de la señora María José Hoffmann , de los señores Javier Hernández, José Antonio Kast, Juan Antonio Coloma , Jaime Bellolio , Romilio Gutiérrez , Felipe Ward , Enrique van Rysselberghe , Osvaldo Urrutia y señora Andrea Molina , que en su parte resolutiva dice:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en conjunto con las autoridades competentes de los ministerios de Educación y Hacienda, incluya dentro de las políticas y planes en materia tributaria una rebaja al impuesto que grava los textos escolares en nuestro país, con el objeto de ayudar económicamente a las familias chilenas que incurren en cuantiosos gastos por ese concepto.
Asimismo, solicitar al Ministerio de Economía y a la Fiscalía Nacional Económica que, en ejercicio de sus facultades, examine si en este caso se cumple con la legislación de la libre competencia imperante en Chile, particularmente en materia de colusión de precios, con la finalidad de determinar responsabilidades en caso de infracciones a la referida normativa.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Por tratarse de un proyecto de resolución que se verá sobre Tabla, se votará sin discusión. En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY QUE MODIFIQUE SITUACIÓN LABORAL DE FUNCIONARIOS DE TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de resolución N° 231, en virtud del cual se solicita a su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que tenga por objeto modificar la situación laboral de los funcionarios de los tribunales electorales regionales, a cuya parte dispositiva dará lectura el señor Prosecretario .
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 231, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Vlado Mirosevic , Manuel Monsalve , Víctor Torres , Daniel Melo , Raúl Saldívar , Leonardo Soto y Fernando Meza , por el cual la Cámara de Diputados resuelve:
“Solicitar a su Excelencia la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley que tenga por objeto modificar la situación laboral de los funcionarios de los tribunales electorales regionales y que, en particular, contenga lo siguiente:
1. Reconozca los derechos de los funcionarios adquiridos por medio de los convenios administrativos suscritos con los Tribunales Electorales Regionales.
2. Modifique la remisión de sus remuneraciones a la Escala Única de Sueldos de la Administración Pública, haciéndolas equivalentes a las del Poder Judicial.
3. En general, que propenda a mejorar la situación laboral de los funcionarios de los Tribunales Electorales Regionales, desmejorada en relación con la de otros de igual naturaleza por su remisión al derecho laboral.”
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, en mi condición de autora del siguiente proyecto de resolución, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que sea tratado en otra sesión porque en este momento no hay quorum.
EL señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para postergar el tratamiento del siguiente proyecto de resolución a que alude la diputada señora Loreto Carvajal?
Acordado.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
INVESTIGACIÓN DE EVENTUALES ACTOS TERRORISTAS CAUSANTES DE INCENDIOS FORESTALES (Oficios)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER .-
Señor Presidente, todos los chilenos y chilenas hemos sido testigos de las consecuencias de los incendios no solo forestales, sino también urbanos que han ocasionado graves efectos ecológicos. Nuestro patrimonio forestal, en particular los bosques nativos, han sido arrasados por el fuego.
En el ambiente ronda algo que hace que muchos chilenos y chilenas se pregunten por qué ocurren estos incendios. Muchos podrán decir que son accidentales, pero en la comuna de Machalí sorprendieron a un joven con los fósforos en la mano, lo que indicaría que podría ser el responsable de algún incendio. Yo me pregunto cuál ha sido el resultado de las investigaciones judiciales que se han realizado.
En un sector no menos importante de nuestra sociedad existen sospechas de terrorismo ecológico; es decir, que habría desalmados que están destruyendo nuestros bosques y atentando día a día contra su preservación.
El último incendio que afectó a sectores de Valparaíso y Viña del Mar se originó en un vertedero ilegal. El problema es que se actúa después de que los incendios han causado graves daños. Hace algún tiempo, la Presidenta Bachelet dijo que debíamos adelantarnos a este tipo de siniestros, pero al parecer su recomendación quedó en el olvido.
Hay muchos incendios que deben ser investigados. Como digo, ronda la sospecha de que existe terrorismo ecológico que se traduce en permanentes atentados contra nuestros bosques. Las estadísticas de los últimos cuatro o cinco meses demuestran que estos incendios son cada vez más frecuentes.
Es necesario que los sistemas de inteligencia de las policías investiguen estos hechos, que todos los vecinos del país protejan nuestro patrimonio forestal y que se investigue a fondo si existe realmente terrorismo ecológico, si hay intención de crear el caos y de afectar nuestro patrimonio, en particular, nuestros bosques nativos.
Por lo tanto, pido que oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública y al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Ani, a fin de que informen a nuestra Corporación sobre las acciones que se están llevando a cabo, a fin de prever estos siniestros tan lamentables y penosos. Es necesario conocer todos los antecedentes que tengan en su poder, con el objeto de evitar los incendios que hemos debido lamentar en los últimos tiempos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que lo están solicitando.
INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS EMBALSES EN COMUNAS DE RÍO BUENO, LA UNIÓN Y PAILLACO (Oficios)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente, quiero aprovechar estos minutos para pedir que se oficie al ministro de Obras Públicas, al director nacional de Obras Hidráulicas y al director general de Aguas, a fin de que nos informen si existen estudios relacionados con la construcción de embalses de riego en las comunas de Río Bueno, La Unión y Paillaco , obras que, por cierto, beneficiarán la producción agrícola.
El Presupuesto de la Nación para 2015 considera recursos para la construcción de este tipo de embalses que, por cierto, no serán iguales a los de las zonas central y norte. Aunque se trata de embalses pequeños no dejan de tener gran importancia, toda vez que permitirán regar miles de hectáreas, lo que se traducirá en una buena producción –cosa que no ocurre actualmente- del sector agropecuario.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que lo están solicitando.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL VULNERACIÓN DE LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EXTRANJERAS DE ESTADOS UNIDOS POR PARTE DE SOQUIMICH (Oficio)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
El tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia ha sido cedido al Comité del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana.
Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo) .-
Señor Presidente, ante todo, quiero felicitar a los integrantes de la nueva Mesa que han asumido el desafío de conducir nuestra Corporación durante el presente año.
Señor Presidente, solicito que se oficie a la Cancillería a fin de que envíe carta u oficio rogatorio al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (en inglés SEC) para que informen a esta honorable Cámara de Diputados si están en conocimiento de que la compañía Soquimich o SQM, con operaciones bursátiles en dicho país, ha vulnerado la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, en lo que respecta al caso Penta-SQM.
Acompaño un dossier para que se adjunte a la carta rogatoria.
Don Pablo Guillermo Wagner San Martín se desempeñó entre el 11 de marzo de 2010 y el 2 de octubre de 2012 como subsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera y debió renunciar en esa fecha a su cargo por la adjudicación ilegal de la explotación de litio a la Sociedad Minera Soquimich Limitada, SQM, controlada por don Julio Ponce Lerou , no obstante que dicha empresa no cumplía con los requisitos exigidos en las bases de licitación.
El señor Wagner recibió dineros de SQM a través de boletas de honorarios por servicios que no fueron prestados a dicha empresa, emitidas por su cuñada María Carolina de la Cerda, y que habrían tenido como objeto la adjudicación de la licitación mencionada.
En consecuencia, hubo aceptación de una suma de dinero por parte de un empleado público: el señor Wagner , con la finalidad de ejecutar un acto con infracción a los deberes de su cargo.
SQM tiene como inversionistas a empresas norteamericanas, entre otras, The Bank of New York Mellon Corporation y Kowa Company Ltd. Además tiene operaciones bursátiles en Norteamérica.
Por consiguiente, es plenamente aplicable la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, de Estados Unidos. En una de sus partes señala que sus disposiciones se aplican a cualquier corporación, sociedad, asociación, joint stock company, business trust, organización no constituida, o propietario único que tenga su lugar principal de negocios en los Estados Unidos, o que esté constituida de conformidad con las leyes de un Estado o de los Estados Unidos o un territorio, posesión o commonwealth de los Estados Unidos.
Reitero: la legislación estadounidense sobre prácticas corruptas extranjeras tiene plena aplicación en el caso de SQM, por una doble relación: tener inversionistas de Estados Unidos y realizar operaciones bursátiles en ese país.
Dicho cuerpo legal prohíbe el soborno de negocios en Estados Unidos a funcionarios extranjeros. De manera específica, prohíbe a las compañías americanas y a su representantes la utilización del correo u otro medio de comercio interestatal para llevar a cabo un pago ilícito a un funcionario extranjero o a un político para utilizar su poder o influencia para ayudar a que la firma americana obtenga o conserve negocios para sí misma o para cualquier otra persona.
Repito: se hace plenamente aplicable la Ley de Prácticas Corruptas estadounidense en este caso.
Por lo tanto, mi petición de oficio es para que la Cancillería envíe carta rogatoria al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Comisión del Mercado de Valores de ese país a los efectos de que informen a esta Cámara de Diputados si la empresa SQM, que dirige el señor Ponce Lerou , está incurriendo en alguna de las prácticas que prohíbe le mencionada legislación.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CATASTRO DE PERSONAS Y SUPERFICIES AFECTADAS POR SEQUÍA E INCENDIOS AGRÍCOLAS DESDE SÉPTIMA A DÉCIMA REGIONES. (Oficios)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Rathgeb .
El señor RATHGEB .-
Señor Presidente, en primer lugar, debido a la sequía y los incendios agrícolas, no solo forestales, que en el último tiempo han afectado a muchas personas y a una gran superficie de terrenos de cultivos, solicito que se oficie a los secretarios regionales ministeriales de Agricultura de las regiones del Maule, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos a fin de que informen si se han realizado, y en qué fechas, los catastros de las personas y superficies afectadas y si tienen una estimación de los recursos que se necesitan para atender cada caso
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DECISIÓN GUBERNAMENTAL SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES CAUTÍN Y PURÉN Y ESTADO DE AVANCE DE AMBOS PROYECTOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. (Oficios)
El señor RATHGEB .-
En segundo lugar, dada la situación de sequía que ha generado la escasez de agua, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, al director general de Aguas, al director de Obras Hidráulicas y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego a los efectos de que me informen qué decisión ha tomado el Gobierno con relación a la construcción de los embalses Cautín , en la comuna de Curacautín, y Purén, de la comuna de Purén, y en cuál es el estado de avance de los respectivos proyectos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA EN PROVINCIA DE CORDILLERA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Leopoldo Pérez .
El señor PÉREZ (don Leopoldo) .-
Por su intermedio, solicito oficiar al señor ministro de Justicia para que, luego de consultar a la Corporación de Administración del Poder Judicial, informe a esta Cámara en qué estado se encuentran las obras de construcción del centro de justicia en la provincia de Cordillera, porque llevan dos años paralizadas y el terreno adquirido con tal finalidad se ha convertido en un verdadero basural.
Dicho centro de justicia es muy esperado por la provincia Cordillera y las comunas que la componen: Puente Alto, Pirque , San José de Maipo, que reúnen a más de 750.000 habitantes.
Las condiciones bajo las cuales trabajan hoy los funcionarios de los juzgados civiles, de familia y del trabajo son, por decir lo menos, bastante inhumanas, pues los edificios que los alojan no reúnen las condiciones adecuadas. Además, tales tribunales recién están fallando causas de 2007, en circunstancias de que estamos en 2015.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.
MOLESTIA POR DECLARACIONES DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO CAU CAU, REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficio)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Bernardo Berger .
El señor BERGER .-
Señor Presidente, solicito el envío de algunos oficios.
En primer lugar, al ministro de Obras públicas, una vez más por el puente Cau Cau, para expresarle mi profunda molestia y la de los habitantes de la ciudad de Valdivia, porque es incomprensible e inaceptable las declaraciones formuladas ayer por el personero, quien señaló que a un mes del último traspié en la construcción del puente sobre el Cau Cau todavía no se tiene idea de qué se hará para resolver los problemas surgidos.
La señal dada en sus afirmaciones en el diario La Tercera ayer, miércoles 18 de marzo, crean más dudas sobre la capacidad de las inspecciones fiscales y de la acuciosidad y el celo que debieran inspirar el trabajo en torno al puente.
Por otra parte, me parece negligente que pese a saberse desde hace más de un año -como lo denuncié en esta misma cámara y hay constancia de ello en los oficios y versiones oficiales respectivas- que había problemas y alteraciones en el cauce para el paso de la embarcaciones, el MOP insista en dar aspirinas y no soluciones, causando un grave daño al tráfico fluvial, turístico e industrial.
Valdivia es una ciudad especial, la única urbana navegable en Chile, y esa condición de navegabilidad que sostiene a la comuna de Valdivia no puede sencillamente dejarse para más adelante, como lo dio a entender el señor ministro.
ALTERNATIVAS DE AYUDA FINANCIERA DE BANCO ESTADO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES AFECTADOS POR SEQUÍA EN REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficio)
El señor BERGER .-
En segundo lugar, al ministro de Agricultura con copia al gerente del Banco del Estado.
Solicito al señor ministro de Agricultura la adopción de medidas concretas para proteger a los agricultores tras los nefastos efectos de la sequía.
El panorama financiero es complejísimo para los pequeños y medianos agricultores, la clase media del sector, que quedan fuera de los beneficios estatales derivados de la calificación de zona de emergencia.
En el caso de mi región, más de 400 productores, medianos empresarios del agro hoy ven pasar por la ventana de afuera los beneficios estatales que no les sirven para nada, porque apuntan al microagricultor, lo que es legítimo y es bueno que se haga, pero deja indefensos a los pequeños y medianos productores.
Tras conversar con ellos, quiero pedir que se oficie al ministro de Agricultura, para que disponga, cuanto antes, la elaboración de un conjunto de soluciones financieras, para cuyo objetivo se requiere, en forma obligatoria, la concurrencia de BancoEstado, en su calidad de ente estatal financiero.
Hemos coincidido con los agricultores, representados en el caso de mi región por la Federación SAVAL, que el camino de solución que se debe abordar requiere, por lo menos, el otorgamiento de créditos blandos, con plazos flexibles e intereses bajos, el inicio del pago diferido, para la recuperación de la producción perdida, y el refinanciamiento de carteras, pero en condiciones más favorables que la actuales.
Por último, con una mirada de más largo plazo, se debe estudiar la entrega de créditos especiales con subsidio estatal, con la finalidad de incorporar tecnologías de riego, las que hoy son inaccesibles para el grueso del mundo agrícola regional. De lo contrario, debido a la pérdida de forraje, de producción y de capital, difícilmente nuestra agricultura podrá sobrevivir sin endeudarse hasta el cuello, razón por la que requiere ser sometida a un sistema de endeudamiento que sea socialmente criterioso y cautelado por el Estado.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al Presidente del Banco del Estado de Chile.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
RECHAZO POR FORMALIZACIÓN DE DETECTIVE A CAUSA DE MUERTE DE DELINCUENTE EN PROCEDIMIENTO POLICIAL
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Paulina Núñez .
La señorita NÚÑEZ (doña Paulina) .- Señor Presidente, a mediado de la semana pasada, en una de las comunas del distrito que represento, en Antofagasta, ocurrió un hecho que se ha vuelto cada día más común en el país: la perpetración de un acto delictual, por un grupo de antisociales, a plena luz de día y en el centro de la ciudad. La Policía de Investigaciones de Chile, que seguía la pista de los delincuentes, el pasado miércoles logró detener a la banda de estafadores que venía delinquiendo desde hace un buen tiempo. Lamentablemente, el antisocial que actuaba de chofer resultó muerto durante el procedimiento policial.
Esos fueron los hechos, los cuales, por desgracia, ocurren con total impunidad en el país. Pero lo que sucedió después es propio de una obra del teatro del absurdo.
El fiscal a cargo del caso solicitó para los estafadores, que delinquían en forma reiterada y de manera concertada, la medida cautelar de arraigo nacional y firma quincenal. Sin embargo, para sorpresa no solo de esta diputada, de toda la ciudadanía de Antofagasta, así como de parte importante del país, ya que el hecho causó revuelo nacional, el Ministerio Público formalizó al detective por el delito de homicidio, esto es, lo acusó formalmente de tener la intención de matar al chofer de la banda cuando se daba a la fuga en un procedimiento policial, el cual tenía por objeto garantizar la seguridad pública y proteger a la población. Sin perjuicio de que al final la medida fue desestimada, la Fiscalía solicitó para el detective prisión preventiva, situación que, a mi juicio, solo puede ser considerada como un descriterio.
Día a día, los miles de efectivos de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones ponen en riesgo sus vidas para garantizar la seguridad de toda la población. A diario, esos efectivos policiales, que son personas como nosotros, con familia e hijos, cuidan nuestras poblaciones y ciudades y nos ayudan en momentos difíciles. Son ellos los que corren riesgo en el ejercicio de sus funciones.
El detective involucrado en los hechos cuenta a su haber con catorce años de servicio en la Institución, los cuales han sido entregados al servicio del país y representan años de experiencia acumulada. El día en que fue formalizado, cerca de cien ciudadanos acudieron al centro de justicia para manifestar su apoyo al detective, porque entendieron que lo ocurrido solo podía enmarcarse dentro del cumplimiento de su deber, no solo para su institución, sino para la comunidad de Antofagasta.
El Ministerio Público es una entidad autónoma, y como tal se le debe respetar. Sin embargo, como diputada y vecina de Antofagasta, no puedo hacer otra que expresar, ante esta honorable Sala, mi perplejidad por el actuar de la Fiscalía al formalizar al detective por el delito de homicidio, toda vez que en este caso la institución no ocupo ni el criterio ni el sentido común necesario.
¿Acaso alguien puede creer en esta honorable Sala que el detective haya tenido la firme intención de matar a un joven de veinticuatro años de edad que se encontraba cometiendo un delito, con la experiencia que el funcionario tenía? Yo creo que no. Los delincuentes son los que deben estar detenidos, y a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile debemos cuidarlos todos nosotros.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.54 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
ORDEN DEL DIA
ESTABLECIMIENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9622-09)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Como la Comisión de Economía aún no despacha el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, si le parece a la Sala, trataremos el proyecto que figura en el segundo lugar.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Por lo tanto, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación es el señor Raúl Saldívar.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 115ª de la legislatura 362ª, en 15 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, sesión 3ª de la presente legislatura, en 17 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 16.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SALDÍVAR (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación paso a informar, sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año, originado en una moción de las senadoras señoras Allende y Muñoz, y de los senadores señores Chahuán, Pérez, don Víctor, y Pizarro.
La idea matriz del proyecto es conmemorar en Chile el Día Mundial del Agua, en concordancia con lo establecido mediante la correspondiente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1992.
La Comisión compartió los fundamentos del proyecto y aprobó la idea de legislar por asentimiento unánime.
Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi y Provoste, y los diputados señores Godoy, Insunza, Lemus, Núñez, don Daniel, y Rathgeb.
La iniciativa de ley no tiene normas de quorum especial.
Fundamentos del proyecto.
Los autores de la iniciativa en informe recuerdan que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 22 de diciembre de 1992 declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua, acogiendo la propuesta surgida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada ese mismo año en Río de Janeiro.
La mencionada resolución se enmarca en el creciente interés de las Naciones Unidas para que los países que la componen tomen conciencia sobre la importancia del agua para la supervivencia y el desarrollo de los pueblos. En efecto, se estima que la escasez del recurso será el problema del siglo XXI, del cual no está exento nuestro país, debido a las transformaciones provocadas por los cambios climáticos y el calentamiento global del planeta.
Agregan los autores que con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, en 2003, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expuso las problemáticas derivadas de la escasez de agua, entre las que destacan la persistencia y expansión de enfermedades mortales, el mayor daño para el medio ambiente global y las amenazas a la seguridad alimentaria.
Para enfrentar ese cuadro adverso se requiere de un mejoramiento del manejo de los recursos hídricos a través de un sistema de irrigación mucho más eficiente, nuevas inversiones en servicios e infraestructura del agua.
Según lo expuesto, es muy importante que la población en Chile, desde la educación preescolar, asuma cuán esencial es el agua para la supervivencia de los seres humanos, la agricultura, la biodiversidad, la minería y la energía. En este orden de consideraciones, la conmemoración del Día Mundial del Agua constituirá en nuestro país una oportunidad para que los organismos sectoriales del Estado adopten medidas de difusión respecto de la importancia de los recursos hídricos en todas las actividades cotidianas y procesos productivos.
Cabe mencionar que en el presente trámite constitucional, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación aprobó en los mismos términos el texto del proyecto despachado por el Senado.
En virtud de lo expuesto, la comisión recomienda a la Sala aprobar la iniciativa de ley sometida a su consideración.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, en días recientes resolví integrarme a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de esta honorable Cámara, ello porque desde hace algunos años tengo una profunda preocupación por el tema del agua en Chile.
Tuve el honor de participar en un encuentro internacional del Parlatino donde se analizó precisamente el tema del agua. Y allí aprendí muchas cosas muy relevantes. Me quedó resonando, por ejemplo, que nuestra querida América Latina es el reservorio de agua dulce más importante del mundo y que en el marco del calentamiento global nuestros glaciares, que son reservorios, están, como es por todos conocido, en serio peligro, lo cual genera el riesgo de desertificación.
Lo anterior debe plantearnos desafíos en orden a definir políticas públicas y programas que nos hagan enfrentar el problema del agua con una actitud proactiva, no reactiva. O sea, en esta materia debemos anticiparnos. Y creo que todos, el país entero, estamos un poco al debe al respecto.
La gente del sur -represento a la Región de La Araucanía- mirábamos con alguna preocupación y con solidaridad la enorme sequía que afecta al norte, que lleva aproximadamente diez años. He conversado con habitantes de esa zona, quienes me han señalado que la sequía es de tal magnitud que miles de hectáreas de vides, paltos, cítricos y otros cultivos han debido ser arrancados -¡arrancados!- por falta del vital elemento.
Quienes somos de la zona sur, que es abundante en lluvias y generosa en ríos, siempre decíamos: “¡Qué lástima! Es problema de los del norte. A nosotros no nos va a llegar.”. Es como el sabio axioma: primero le sucedió a aquel; nosotros estábamos lejos. Después, al otro; nosotros estábamos lejos. Hasta que finalmente nos sucedió a nosotros.
Y La Araucanía que era abundante en lluvias en la época invernal e incluso en la estival -era parte de nuestro clima- hoy está pasando por una de las sequías más severas de que tengamos conocimiento, lo cual ha obligado al gobierno a decretar emergencia agrícola en la Región. O sea, el problema ya se instaló allí.
En consecuencia, ahora cobra importancia una acción que hicimos en 2008 con el exdiputado señor Eduardo Saffirio, cuando concurrimos hasta las oficinas de la intendenta de la Región de La Araucanía de la época para plantearle una cuestión que resultaba muy visionaria en ese momento y respecto de la cual Eduardo por cierto se lleva el mérito, pues yo era un diputado debutante en ese período: la necesidad estratégica de iniciar inversión en obras que permitieran almacenar agua.
Lo decía mi suegro, un hombre de sentido común: “No puede ser que la abundante agua que hay la perdamos, no la usemos, vaya a dar al mar y en el verano tengamos carencias.”.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el proyecto? Mucho, porque el que nosotros establezcamos el día 22 de marzo como Día Mundial del Agua, alineándonos a lo ya obrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 22 de diciembre de 1992 -han pasado más de 20 años- significará que ese día se transformará en una fecha simbólica que nos llevará a tomar conciencia concreta de lo sensible y estratégico que es el agua.
Hoy, el problema para mi región es que mis hermanos mapuches de las comunidades rurales del secano interior ni siquiera tienen agua para consumo humano, y como sucede en muchos lugares, tienen que soportar la indignidad y la molestia de -así de grave- abastecerse del recurso a través de camiones aljibe. Me refiero a las comunidades de Lumaco, Purén, Traiguén, Ercilla, Lonquimay, Collipulli Renaico, Angol, y tantas otras.
Allí, hay problemas serios en la materia.
Por lo expuesto, de manera entusiasta invito a los colegas a aprobar la presente iniciativa, como una señal simbólica de la importancia que debemos comenzar a darle a esta materia en nuestro trabajo parlamentario y en nuestra labor en los distritos que representamos.
Por las razones señaladas, anuncio desde ya, en forma entusiasta, mi voto a favor del proyecto de ley.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo.
El señor MELO.-
Señor Presidente, la exministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, a quien, entre otras cosas, debemos el concepto de desarrollo sustentable, ha dedicado los últimos quince años de su extensa carrera académica y política a demandar y a buscar los acuerdos necesarios para que la humanidad pueda afrontar uno de los problemas que amenaza, ni más ni menos, su continuidad como especie sobre la faz de la Tierra.
De manera horrorizada, ella denunció ante las Naciones Unidas que 750 millones de personas, es decir, una de cada ocho personas -hombres, mujeres y niños- que pueblan este planeta siguen sin tener acceso a fuentes de abastecimiento de agua, lo que pone en peligro su salud y las obliga a perder una cantidad considerable de horas de su vida en la improductiva y muchas veces peligrosa tarea de buscar agua para subsistir.
Las cifras son elocuentes e invitan a pensar en lejanos desiertos o zonas atestadas por la sobrepoblación, quizás en Haití, África o Asia. Pero los porfiados hechos demuestran que Chile, quizás como ningún otro país, está sufriendo con mucho rigor la falta de agua, y lo más lamentable es que ello es el resultado y la consecuencia de sus propias culpas, debido a sus malas decisiones y a la desidia.
Enfrentadas a un lobby gigantesco y brutal, las comunidades de Huasco, Temuco, Salamanca, incluso las que se encuentran en lugares cercanos al Congreso Nacional, como Petorca y Olmué, han sido privadas de un derecho humano básico, mientras el recurso es acaparado por monocultivos demenciales, de especies exóticas a nuestra tierra, y por faenas mineras irresponsables, cuyo actuar, muchas veces, raya en lo criminal. Tan solo ayer nos enteramos de la multa por casi 150 millones de dólares que se aplicó a la minera Caserones, la que con una forma de actuar como la de un verdadero señor feudal de nuestros días ha hecho caso omiso de los límites y controles que fueron impuestos por las resoluciones de calificación ambiental respectivas y ha arrasado con las aguas subterráneas de la cuenca del río de Copiapó.
Hechos como los que denuncio en esta Sala se repiten a diario, mientras en el Congreso Nacional llevamos más de una década sin ponernos de acuerdo en una legislación que proteja y recupere para el pueblo de Chile las fuentes de agua, ya sea por el bloqueo de los que defienden sus intereses corporativos o por la arrogancia de quienes se creen verdaderos iluminados sobre estas materias. El resultado es el silencio y discusiones eternas, mientras las palas mecánicas arrasan con la cuenca del Maipo y se anuncia un golpe mortal a la reserva mundial de la biosfera de La Campana, la que será devastada con carreteras, termoeléctricas y no uno, sino dos túneles, de seis kilómetros, que secarán las napas y acuíferos de La Dormida, tan solo para que algunos puedan llegar más rápido y más cómodos a sus casas de veraneo en Maitencillo o Cachagua.
Todas nuestras cuencas se encuentran sobreexplotadas, y el Estado, para nuestra vergüenza, hace uso desmedido de la fuerza y la represión en zonas como el valle del Choapa, para defender los mezquinos intereses de mineras que solo por la codicia han llevado a las comunidades a la desesperación.
Por lo tanto, junto con anunciar, con profunda inquietud por la situación que he señalado, mi voto a favor a esta iniciativa, hago un llamado a apurar el tranco y a no ceder a la presión de los intereses multinacionales de grupos de poder mientras los crianceros ven morir a sus animales, pueblos enteros deben migrar a las ciudades y dejar atrás sus campos, puesto que se han transformado en yermos desolados, y los glaciares crujen y se derriten bajo las explosiones y el polvo en suspensión de las faenas mineras.
Si no actuamos pronto para revertir esa situación, el 22 de marzo de cada año será el día en que quienes aún puedan subsistir recuerden un tiempo mejor, en el que el agua era un derecho.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, hablar del agua es hablar de la vida, del fundamento natural de la vida en el planeta. Qué bueno que lo hagamos hoy, con ocasión de la discusión del proyecto de ley que propone establecer la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
Como tantas veces lo hemos reiterado, el agua es escasa, es limitada. Solo el 3 por ciento del agua que existe en el planeta es dulce. De ese porcentaje, el 70 por ciento se encuentra en estado sólido, en los polos y los glaciares. El 75 por ciento de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. El resto del agua se encuentra en las profundidades de la Tierra, encapsulada en forma de humedad. Solo el 0,3 por ciento del agua dulce se encuentra en ríos y lagos, panorama que no nos favorece, porque el planeta dispone de un gran porcentaje de agua que no es dulce, sino salada. Pero es agua y nos sirve.
Hoy aprobaremos el proyecto de ley que consagra el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, con lo cual acataremos lo acordado por las Naciones Unidas en 22 de diciembre de 1992. De esta manera, acogeremos la propuesta surgida en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada ese mismo año, en Río de Janeiro. No obstante lo anterior, deberíamos preocuparnos y conmemorar el Día del Agua todos los días, a través de los 365 días del año, por la importancia de ese líquido elemento.
¿Para qué debemos conmemorar el Día Mundial del Agua? Desde luego, para valorar y acentuar su importancia, pero también para dar una voz de alarma por lo que está ocurriendo con el agua en Chile y en el mundo. En el país cada vez hay menos agua. Según estudios elaborados al respecto, en 2025 podemos tener serios problemas debido al calentamiento global y a la disminución de las lluvias, fenómeno que ya se observa con gran inquietud. A pesar de eso, nada hacemos para evitar la causa de esos problemas.
¿Cuál es su origen y quiénes los provocan? Lo hacemos nosotros mismos; el ser humano se está autoeliminando. El modernismo, el progreso, las industrias, los gases y la deforestación de nuestros bosques en el mundo, además del proceso de contaminación de los suelos y las aguas, también han contribuido a la escasez del vital elemento.
El derecho al agua nos pertenece a todos. El acceso al agua es un derecho humano que la Constitución debe proteger. Solo lo asegura con fines comerciales, pero no como un derecho consustancial a la persona humana, porque hoy se califica el agua como un bien transable.
El Foro Social Mundial de Porto Alegre, celebrado en Brasil, el 31 de enero de 2001, señala que el agua dulce de la tierra pertenece a todos, es necesaria para la vida y no debe tratarse como una mercancía adquirible, negociable o fuente de beneficio como un bien económico. El conjunto de las comunidades humanas debe tener como primera responsabilidad garantizar que el agua forme parte de nuestro patrimonio común.
¿Qué está ocurriendo aquí? Tenemos el Código de Aguas de 1883, el cual fue hecho especialmente para los grandes grupos económicos, la gran industria, las grandes empresas hidroeléctricas, la gran minería, las celulosas y la gran agricultura -no la pequeña ni la mediana-, pero para el consumidor, poco y nada.
Actualmente, el agua está privatizada. El 90 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas está en manos de tres empresas. Hoy se abusa del derecho de aprovechamiento. Se habla del derecho de uso del agua y yo hablaría del derecho de abuso del agua. Las comunidades indígenas del sur de Chile, por ejemplo, de San Juan de la Costa y Quilacahuín, lo están sufriendo. Sus tierras se están secando, y es muy poca el agua que escurre por sus ríos y esteros.
¿Qué pasa en la Cuarta Región, en Combarbalá, con la minera Los Pelambres, donde la empresa se ha apoderado del agua? ¿Qué queda para el consumidor, para la persona humana? Se están priorizando los grandes intereses económicos, pero no se legisla para el hombre común.
El agua es esencial para la supervivencia humana. El agua es vida. 1.400 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y casi 4 mil millones carecen de aguas saneadas; más de 80 países en el mundo sufren escasez grave de agua y Chile padece una sequía que asusta, inigualable en 50 años, que está secando nuestros campos. En el sur están muriendo los animales, se están atrasando las siembras, lo cual es peligroso. Sin duda, el problema se puede atenuar, con ayuda económica, financiamiento y entrega de alimento para los animales, pero el tema es mucho más grave y profundo.
El agua es vital para la vida de los países, para su desarrollo y progreso. Hay una amenaza evidente a la seguridad alimentaria y un daño al medio ambiente global. Como dice el proyecto, debemos enfrentar este desastre con el mejoramiento del manejo de los recursos hídricos, a través de un sistema de irrigación más eficiente y con nuevas inversiones en servicios de infraestructura del agua. ¡Pero agua tiene que haber! Si no hay agua, ¿de qué nos sirve toda la implementación?
Estamos rogando para que la lluvia caiga en el sur de Chile. En todo caso, me parece que ha estado lloviendo, gracias a Dios.
Los países deben seguir haciendo esfuerzos para no alterar el ecosistema, porque cada vez son mayores los efectos de lo que se está haciendo mal en el mundo. Entonces, que a nadie le falte el agua, que es como el aire: a todos nos pertenece y no solo a algunos.
Tiempo atrás presenté un proyecto de ley que consagra el derecho al agua como un derecho humano. No sé dónde está esa iniciativa, pero debemos constitucionalizar el derecho al agua, para asegurar a todas las personas este elemento en igualdad de oportunidades. El consumidor, el poblador y el campesino necesitan el agua, como todo el mundo.
Anuncio que aprobaré este proyecto de ley, con la recomendación de que sigamos trabajando y alertando respecto de los efectos dañinos que está sufriendo nuestra comuna, nuestra provincia, nuestra región, nuestro país y el mundo entero, por todo lo que los seres humanos estamos haciendo para destruir nuestro ecosistema, alterar el medio ambiente y provocar un cambio climático.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año. Entonces, debemos comenzar a introducirnos en ciertas normas que señala el mismo proyecto, porque Chile está viviendo, en todas sus regiones, la sequía más grande e importante de los últimos 50 años. Por eso, es significativo recordar la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 22 de diciembre de 1992, que declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua.
Como señalé, Chile vive momentos difíciles y está comenzando a sufrir la falta del vital elemento, tanto para el consumo humano como de los animales y para la producción de los alimentos que consumimos. Está comenzando una historia triste, cuyo final no se puede predecir en nuestro país y en el mundo. Por ello, esta interesante conmemoración, planteada por colegas senadores, debería llamarse reflexión por el gran problema que vivimos con la falta del vital elemento. El mundo ha comenzado a entender que existe escasez de agua y, por lo tanto, las Naciones Unidas han comenzado a preocuparse de este problema, y una muestra es esta conmemoración.
En el proyecto está explicado esencialmente lo que hoy significa esta conmemoración, para que entendamos que es beneficiosa y es de todos. Es fundamental que la educación de los distintos países asuma esta responsabilidad, porque las nuevas generaciones serán las herederas de este gran problema.
Quizá lo que voy plantear no tiene que ver directamente con lo que propone el proyecto, pero creo no equivocarme al señalar que, en sus intervenciones, los señores diputados, al igual que el que habla, nos hemos desviado de una conmemoración a una reflexión.
Efectivamente, algunas personas se aprovechan de la poca agua que está quedando en nuestro país. Sin embargo, aquí no se ha dicho que la seguridad, respecto de sus necesidades, está en juego. Y no olvidemos que lo poco que queda de este vital elemento, porque da la vida, está solo en algunas manos. Por supuesto, si hablamos de cincuenta años atrás, o más, la cantidad de agua de la que podíamos usufructuar o disfrutar era distinta a la de hoy.
En todo caso, sin que esto implique consideraciones políticas, Chile, de una vez por todas, debe nacionalizar el agua, por el bien de toda la población del país. Por su vital importancia, debemos preservarla para las nuevas generaciones. Chile debe ser dueño de su agua.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb.
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, en verdad, si analizamos las características geográficas de nuestro país, notamos ciertas particularidades. No es una isla, pero está rodeado de agua: salada, en el mar, y dulce, en forma de nieve y glaciares en la cordillera de los Andes y en la Antártica. A pesar de esto, tenemos serios problemas de abastecimiento, por la sequía que nos aqueja. Basta ver la situación que se vive en estos días en regiones como la del Maule, del Biobío, de La Araucanía, de Los Lagos y de Los Ríos. ¡Qué paradójico es el caso de estas dos últimas regiones, que padecen serios problemas de sequía, pero se llaman “de Los Ríos y de Los Lagos”!
En consecuencia, adherir a la celebración del Día Mundial del Agua, que ya está establecido, es un hito muy importante, principalmente por el hecho de crear conciencia en la población sobre su relevancia, no solo para el consumo humano y animal, sino también para el riego, el turismo y una serie de otros usos. En general, se trata de crear conciencia para que finalmente el agua, que tenemos en abundancia en nuestro país, sea bien utilizada y evitar los problemas de sequía y de abastecimiento para el consumo humano.
Por ejemplo, en mi región, en comunas como Los Sauces, Purén, Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla o Lumaco, los municipios tienen como una de sus actividades principales, prácticamente los 365 días del año, el abastecimiento de agua a los distintos sectores rurales.
En consecuencia, necesitamos un compromiso claro, en primer lugar de las autoridades de gobierno, para que realice inversiones en embalses, microembalses y pozos profundos, de modo de evitar el sufrimiento de personas que ni siquiera tienen agua para el consumo doméstico.
En definitiva, como miembro de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, donde manifesté mi voto favorable al proyecto, para que finalmente sea aprobado en esta Sala, ratifico mi voluntad de votar a favor de la iniciativa, para que se instituya el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, creo que el tema en debate tiene sentido, significación e importancia en la medida en que represente, más allá del simbolismo de su conmemoración el 22 de marzo, una preocupación seria, real y transversal sobre el tema, que implique, en primer lugar, una preocupación de Estado.
Si hace más de veinte años, cuando Naciones Unidas definió el Día Mundial del Agua, se hubieran tomado medidas consecuentes con lo que representaba esa fecha, en tanto preocupación por su escasez e importancia en el desarrollo de la humanidad, hoy podríamos estar evaluando su significado e impacto, tal vez no tanto para revertir, sino para, al menos, neutralizar los efectos negativos causados por la situación vinculada a la escasez hídrica. Es decir, no basta con celebrar, saludar o conmemorar -cualquiera sea la significación que se le quiera dar- un día relacionado con una cuestión de carácter capital para el desarrollo de la humanidad si no se toman medidas coherentes para protegerla.
No cabe duda de que vivimos un cuadro de crisis hídrica, y no hay indicadores que pronostiquen que la situación se vaya a revertir. Por tanto, el problema ahora será determinar cómo relacionamos el recurso agua con el desarrollo sano de las comunidades humanas y con el desarrollo económico, industrial y de otras actividades. Tal relación solo la puede arbitrar, sobre todo en tiempos de crisis, el Estado. No digo que toda la implementación del servicio quede, en un ciento por ciento, en manos de una empresa estatal. No. El recurso hídrico debe ser una política de Estado, que incluya su nacionalización, aunque su administración podrá adoptar otras formas económicas. La cuestión es que no se puede seguir entregando derechos de uso del recurso a privados, por cuanto seguirá sometido a las reglas del mercado y a la especulación con esos derechos. Si uno cobrara todos los derechos con los cuales se ha especulado, faltaría agua; tendríamos que sacarla del mar o pedirla prestada a algún país vecino. Esa es la esquizofrenia del mercado al tratar el problema del agua.
Por eso, en el contexto de tomar consciencia -así entiendo el proyecto- sobre la importancia de cuidar el recurso hídrico, espero que surjan políticas de Estado coherentes con esta causa y que este asuma su administración por la vía de la nacionalización.
Esta iniciativa tiene sentido -así también lo plantea el proyecto- si se vincula a la educación, desde el nivel preescolar o desde la familia, si se quiere, de modo que desde sus primeros años de vida la población tenga noción sobre lo que implica abusar del recurso agua, recurso que las Naciones Unidas ha definido como un derecho humano fundamental. Es casi una obviedad -así se ha planteado-, pero ello requiere un tratamiento especial a nivel de políticas de país, que sean armónicas, de manera que quienes provocaron la crisis hídrica no se desentiendan del asunto. La crisis hídrica la produjo la actividad económica industrial, sea minera o agroindustrial, por cuanto todos han de saber que no más del 10 por ciento del recurso hídrico se destina al consumo de las personas ¡No más del 10 por ciento! En consecuencia, si hay una crisis, ella la provocaron quienes han usado y abusado del agua en la proporción restante.
Se estaba construyendo un tipo de salida, para paliar este efecto -lo cual revela en qué punto está la crisis-, por la vía de construir plantas desaladoras de agua. Entonces, una vez más, el ser humano ha descubierto cómo paliar una crisis recurriendo a otros recursos del planeta, incluyendo los mares, el agua salada. Es decir, se incursiona en esta alternativa porque se descubrió la tecnología necesaria para hacerlo, que en otros países ya se está implementando -nuestro país ya tiene varias experiencias en ese sentido-, pero nadie se pregunta qué va a pasar si recurrir a las plantas desaladoras -mediante las tecnologías correspondientes y ductos desde la orilla del mar hasta las comunidades- duplica el costo real de garantizar el acceso de las personas al agua potable.
¿Pero la cantidad de plantas desaladoras es la que el país necesita? ¿Es necesario construir más plantas desaladoras o hay plantas de más? ¿Se va a permitir que también el mercado opere con estas plantas desaladoras? ¿Vamos a ser testigos de un carnaval de plantas en la costa, que destruirán el ecosistema marino sin más sentido que ver quién tiene posibilidades de ofrecer agua en el mercado, elemento vital para la existencia y, por lo tanto, con un mercado garantizado?
Creo que estos temas debieran llevarnos a reflexionar y a tomar posición respecto de ellos, sobre todo cuando a través de esta iniciativa se habla de conmemorar el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua o el Día del Agua.
Finalmente, creo que habla bien de la Cámara de Diputados que el tema se esté discutiendo al interior de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación con carácter de comisión permanente, lo que revela la toma de conciencia de esta Corporación, que hay que destacar.
Tenemos que ser capaces de contagiar a las otras instituciones que son parte obligada para tener una política de Estado que preserve el agua como recurso vital, en la perspectiva de la existencia infinita de las comunidades de seres humanes a través de sociedades en el planeta.
He dicho.
El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, qué oportuno es discutir este proyecto de ley, de artículo único y de fácil despacho, que establece el día 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua.
Digo oportuno porque, precisamente, en la Región de Antofagasta, la concesionaria Aguas Antofagasta, a través de una licitación internacional, está vendiendo la infraestructura instalada y los derechos constitutivos de agua de manera realmente asombrosa y contradictoria, porque el recurso hídrico está reconocido como un bien de uso público.
Hoy estamos asistiendo, como espectadores, a una licitación internacional en que un bien de uso público es entregado a los mercados internacionales como quien tranza el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Esa es la realidad vigente de la estructura de propiedad del recurso hídrico.
Cuando revisamos la estructura de propiedad de los recursos hídricos en el norte de Chile no podemos sino asombrarnos cuando vemos que más del 90 por ciento de los derechos de agua constituidos están en manos de las compañías mineras, tanto públicas como privadas, y también de las concesionarias de agua potable.
Si queremos avanzar en serio en materia de devolver este recurso hídrico a la administración del Estado y darle el carácter de bien de uso público, tenemos que partir por modificar nuestra Carta Fundamental y reconocer el agua como un bien de uso público y no como un bien de mercado que se tranza en el libre juego de la oferta y la demanda.
En la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados se han realizado ingentes esfuerzos para modificar el Código de Aguas, a partir de un conjunto de mociones expresadas en distintos proyectos de ley, pero que, lamentablemente, no han tenido mucho éxito, las cuales buscan corregir situaciones distorsionadoras respecto de la definición del recurso hídrico como un bien de uso público.
Además, parlamentarios de distintas zonas mineras hemos presentado diversas mociones que buscan incorporar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en el Código de Minería, para la presentación de los planes mineros, las inversiones en plantas desaladoras de agua de mar que tienen que tener los proyectos mineros que se desarrollan en zonas desérticas.
Hoy, con la tecnología existente, es absolutamente posible, pensable y financieramente viable que los futuros proyectos mineros, para sus procesos productivos que requieran de más de 300 litros por segundo, utilicen agua desalada de mar. No es posible que hoy posterguemos las necesidades de consumo humano y las necesidades para el desarrollo de la agricultura a expensas del desarrollo minero. Creo que estos esfuerzos se pueden compatibilizar de manera adecuada y razonable.
En la Segunda Región, particularmente en la provincia del Loa, existen cuencas que están declaradas como agotadas, precisamente por el uso intensivo que ha hecho de ellas la actividad minera. En el caso del río Loa, es una cuenca agotada; el río San Pedro, ubicado en San Pedro de Atacama, también está a punto de ser declarada cuenca agotada; además, tenemos el tremendo problema de que se han sobreotorgado derechos de agua. Es decir, si estos derechos de agua que fueron entregados a comunidades de particulares se hicieran efectivos, automáticamente desaparecería la cuenca del río San Pedro. Estamos frente a una tremenda dificultad y a un gran dilema.
Por eso, creo que es necesario, a través de la instancia parlamentaria que existe aquí en la Cámara de Diputados, como es la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, dar un paso definitivo para recuperar y nacionalizar los recursos hídricos, de manera que el Estado pueda garantizar, administrar y dar sustentabilidad a un recurso que es estratégico y un bien de uso público que pertenece a todos los chilenos y chilenas.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado don Roberto Poblete.
El señor POBLETE.-
Señora Presidenta, una de las discusiones pendientes que tenemos como país, que recién comienza a darse, es la discusión por el agua, su tratamiento jurídico, su condición de bien esencial para la supervivencia humana y su carácter de recurso natural escaso.
Hace 40 años, aproximadamente, Chile emprendió uno de los virajes más profundos y nefastos que la historia reciente recuerde: el cambio de estatuto jurídico de la propiedad sobre el agua. El modelo de Chicago implantado por la dictadura entendió al agua, en tanto recurso, como algo de mucho valor y, por tanto, susceptible de verse apropiado por los particulares. Esta idea fue un factor que crearía, por un lado, una oferta del recurso, y por otro, una demanda, todo lo cual generaría un mercado cuyo fin fue dejar la propiedad en manos de quien estaba dispuesto a pagar más por dicho recurso vital y maximizándose la riqueza de quien compra y de quien vende, y con ello la de toda la sociedad. Ese postulado clásico de la economía liberal y del análisis económico de los recursos es el que hoy hace crisis por todos lados.
Desde hace años somos víctimas de la sequía que se apodera de nuestros campos; desde hace años somos víctimas de un brusco descenso en la cantidad de agua disponible para el uso humano; desde hace años somos víctimas de que un medio de la importancia del agua esté, en su mayoría, en manos de particulares, y somos víctimas de que, en los hechos, el agua no tenga la dimensión de bien público esencial y de derecho humano que debiera tener.
Tenemos una deuda inmensa con los ciudadanos de Chile. Debemos tener el agua como un bien cuyo suministro no sea exclusivamente privado; debemos tener un nuevo trato con aquellos particulares, como las empresas sanitarias, que ostentan un control total de dicho recurso a nivel urbano, y con las empresas mineras y grandes terratenientes, que monopolizan el agua en el sector rural. La concentración y la desigualdad se ven en Chile hasta en esos mínimos y grandes detalles. Por esta y por muchas otras razones, debemos decir ¡basta a la concentración de los recursos naturales y, sobre todo, a su sobreexplotación!
Lo digo fuerte y claro: necesitamos ahora un nuevo Código de Aguas, una nueva forma de distribución de los derechos de aguas, el fin de su acumulación y establecer sanciones por el no uso de dichos derechos. También debemos avanzar en la entrega de fondos de desarrollo para nuevas tecnologías de plantas desalinizadoras y para mecanismos de ahorro de agua potable. Además, debemos dotar de mayor poder fiscalizador a la Superintendencia de Obras Sanitarias y a la Dirección General de Aguas, pero, por sobre todo, debemos crear mayor conciencia de la situación extremadamente vulnerable en la que estamos. No hay seguridad de que este año tengamos suministro continuo en todas las regiones del país y no sería raro que en la Quinta Región, por ejemplo, debamos aceptar cortes de agua durante algunas horas del día.
Expertos internacionales y organismos multilaterales, como la ONU, han señalado, desde hace varios años, que las guerras del futuro serán por el agua. Hay claridad en que, en el futuro, las guerras o las amenazas de guerras entre las naciones ya no se darán por el petróleo, sino por el agua, si persiste la inercia de los dirigentes y de las autoridades de las naciones a este respecto. Según un informe de las Naciones Unidas, no hay duda de que la crisis mundial del agua en los próximos años cobrará proporciones sin precedentes y aumentará la creciente penuria de muchos países en desarrollo.
Este mismo documento señala que los recursos hídricos disminuirán continuamente a causa del crecimiento de la población, de la contaminación y del previsible cambio climático. Al mismo tiempo, el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos ofrece una visión panorámica exhaustiva del estado del agua en nuestros días: “Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis que afecta a todos los aspectos de la vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad de las naciones para alimentar a sus ciudadanos.
Los abastecimientos de agua disminuyen, mientras que la demanda crece a un ritmo pasmoso e insostenible. Se prevé que en los próximos 20 años el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un tercio.
Los más afectados siguen siendo los pobres, ya que el 50 por ciento de la población de los países en desarrollo está expuesta al peligro que representan las fuentes de agua contaminadas.”.
Al leer este informe me viene a la mente el caso de Caimanes y, en nuestra región, la sobreexplotación del lago Laja, el reducto de agua dulce más grande de Chile, pero que hoy se encuentra en un estado lamentable. Ese y otros tantos lugares ya no resisten más la indiferencia frente a este tema.
Por ello, saludamos la presentación de este proyecto, pues ayudará a tomar conciencia nacional sobre un tema delicado como el que más, y que, como representantes de las personas, debemos tomar muy en serio, pues, como dije, el agua es el tema más importante ahora y lo seguirá siendo en los años que vienen.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señora Presidenta, sin duda, apoyaremos este proyecto de ley que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año. Así se toma una recomendación de la Organización de Naciones Unidas, que desde el 2003 viene planteando la necesidad de celebrar ese día.
Me alegro de que esta moción sea obra, entre otros, de los senadores de la Región de Coquimbo, señora Adriana Muñoz y señor Jorge Pizarro.
La iniciativa es consistente con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 22 de diciembre de 1992, que declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, acogiendo la propuesta surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada ese mismo año en Río de Janeiro, Brasil.
¿Por qué es importante incorporar en nuestra legislación la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año? Porque se hace necesario tomar conciencia del problema por parte de toda la población.
La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados eligió ayer como nueva Presidenta a la diputada Yasna Provoste, a quien le deseamos mucho éxito en su labor. Antes cumplió dicha labor el diputado Luis Lemus. Por lo tanto, se trata de dos representantes del Norte Chico. Ayer, se incorporó también como miembro permanente de dicha Comisión el diputado Mario Venegas.
Es importante recordar que la falta de lluvias ya no es solamente un problema de las regiones del norte de nuestro país, entre ellas la Región de Coquimbo, que represento en la Cámara, que han sido declaradas zona de catástrofe y, en el caso de las quince comunas de mi región, zona de emergencia agrícola. Ahora, se trata de un problema de carácter nacional, que afecta también, por ejemplo, a la Región de La Araucanía.
Quiero recordar que junto con usted, señora Presidenta, con la entonces diputada Adriana Muñoz -actual senadora-, con el diputado Luis Lemus, con las diputadas Cristina Girardi y Andrea Molina, entre otros parlamentarios, en la legislatura anterior impulsamos la creación de la Comisión permanente de Recursos Hídricos y Desertificación, que no existía en la Cámara de Diputados. Hasta hace dos años los temas hídricos eran vistos circunstancialmente por la Comisión de Agricultura o por la Comisión de Medio Ambiente.
La Cámara de Diputados fue pionera en establecer una comisión permanente de carácter legislativo para enfrentar los cambios en nuestra legislación respecto de la modificación del Código de Aguas. Al respecto, muchos colegas han dicho en esta sesión que hay que modificar el Código de Aguas. A todos ellos les doy una buena noticia: venimos modificándolo desde hace dos años -lo sabe muy bien la señora Presidenta- en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.
Ya hemos avanzado en la aprobación de los artículos más importantes de este proyecto que, básicamente, consisten en definir qué significa que el agua sea un bien nacional de uso público. Recordemos que esta definición no es nueva. El Código de Aguas, con todas sus imperfecciones, carencias y errores de concepto que tuvo al momento de enfrentar esta legislación, ya define al agua como un bien nacional de uso público. Pero sabemos que esta declaración es meramente programática; por eso, en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, tanto en la legislatura anterior como en la actual, estamos definiendo qué significa que el agua sea un bien nacional de uso público. Significa que el Estado, a través de la Dirección General de Aguas, tiene las herramientas efectivas para priorizar los usos esenciales del agua en situaciones de escasez y de sequía, como las que estamos enfrentando en la Región de Coquimbo.
Por ejemplo, junto con las diputadas Yasna Provoste y Cristina Girardi -está presente el diputado Daniel Núñez, quien también ha participado activamente en la Comisión-, presentamos una indicación, en que se establece que, en situaciones de escasez, el agua debe priorizarse para la producción de alimentos; para el saneamiento, que definimos como un derecho humano básico; para el agua potable y, por cierto, para los comités de agua potable rural. Asimismo, se dispone una nueva regulación para los derechos de aprovechamiento de aguas que establezca que estos son esencialmente transitorios, concesiones que otorga el Estado, que siempre debe establecer reservas de agua.
Por último, quiero llamar la atención respecto de un tema muy contingente, que en este momento afecta a las localidades rurales de la Región de Coquimbo. Existen lugares que no tienen garantizada la distribución de agua para bebida. Es una situación que denunciamos en Incidentes, en la sesión del miércoles pasado, en que pedimos a la Oficina Nacional de Emergencia que asuma el problema de la sequía desde una óptica de gestión de emergencia. La Onemi no está solo para preocuparse de los tsunamis, sismos o incendios forestales, sino también de la sequía como una gestión de emergencia, para procurar que las localidades rurales de la Región de Coquimbo reciban, al menos, agua para el consumo humano de manera periódica.
En las localidades de Cerro Blanco, Los Canelos, Los Trigos, en la comuna de Ovalle, reciben agua en camiones aljibes una vez al mes. El gobierno regional y los municipios han adoptado decisiones de manera imperfecta. Por ello, necesitamos que esto sea asumido lo antes posible por la Onemi y, por cierto, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como parte de una gestión integral de emergencia.
Por lo tanto, anuncio que votaremos a favor del proyecto, pero quiero hacer hincapié en la importancia de continuar avanzando en esta legislación, en que la Cámara de Diputados ha dado un ejemplo.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
Le pido que me excuse por no haberle ofrecido la palabra cuando le correspondía.
El señor LETELIER.-
No se preocupe, señora Presidenta. Me pasó lo mismo que al diputado Jaramillo, quien también fue baipaseado. Solo espero que no hayamos sido discriminados por pertenecer a la misma bancada.
Señora Presidenta, cuando se conmemora una fecha como esta, esperaríamos la presencia de mariachis o esquinazos para celebrar. Sin embargo, en esta Corporación solo he escuchado poesía, poesía y más poesía, casi todas testimoniales.
En el 80 por ciento de las comunas de nuestro país se ha hecho moda utilizar camiones aljibes para abastecer de agua para consumo humano a las distintas poblaciones. Incluso, los consejos regionales deben considerar, todos los años, una determinada cantidad de recursos para disponer de camiones aljibes que abastezcan de agua para el consumo humano a las poblaciones.
Hemos escuchado un sinnúmero de discursos muy bien inspirados y con contundentes argumentos. Por ejemplo, el diputado Venegas dice que concurrimos al encuentro del Parlatino, en América Latina, y que tenemos la mayor reserva de agua dulce; sin embargo, el drama es que se trata de países tercermundistas y subdesarrollados, lo que nos hace mantenernos tal como estamos.
Resulta penoso constatar que el 95 por ciento de las aguas en nuestro país estén en manos de Endesa España. Me gustaría hacer una especie de referéndum en esta sala para consultar si realmente estamos dispuestos a hacer el cambio en torno al tema de quiénes son verdaderamente los dueños de las aguas: ¿los chilenos, administrados, salvaguardados y conducidos por el Estado, o las transnacionales? ¿Estamos dispuestos a cambiar el Código de Aguas que, como sabemos, es perverso para nuestro país? ¡Cuando nos miramos a los ojos, no somos capaces de decir que esto hay que cambiarlo!
Presentamos proyectos de acuerdo e indicaciones y enviamos oficios a los ministros, pero solo para “tapar el ojo al macho”, como decimos en el campo, para hacer como que estamos haciendo algo. ¡Pero en el fondo no hacemos nada, porque las aguas siguen estando en manos de las transnacionales y empresas privadas, a partir de este Código de Aguas! ¡Esto es vergonzoso!
Hay que ser autocríticos y decir que los propios gobiernos de la Concertación entregaron las aguas -que eran de la gente, al igual que las empresas sanitarias que había en cada región- a las transnacionales para que especularan. Primero las compraron los británicos, que le sacaron un buen delta; después pasaron a los franceses, quienes también le sacaron otro tanto, y hoy están en manos de los colombianos. Es decir, hemos hecho negocios para reírnos del pueblo de Chile y para especular; todas esas políticas han sido implementadas contra nuestro pueblo.
Kofi Annan, quien fuera Secretario General de las Naciones Unidas, ya nos hablaba de los problemas por la escasez de agua, de enfermedades y dramas medioambientales que se veían venir por todas partes.
Por eso, con mucha pena, apelo a esta Corporación, para que no sigamos haciendo más discursos y digamos, en esta misma Sala, cuando estemos reunidos los 120 diputados, si realmente queremos hacer los cambios que se necesitan. ¿Sí o no?
Este modelo nos está matando y nuestro país pasará por situaciones muy serias. El modelo del dinero es el que nos mantiene atrapados, así como la mezcla del dinero con la política, del dinero y el tráfico. El dinero es el dueño de las aguas de todos los chilenos y chilenas. Por eso, tenemos regiones pobres, con gente enferma por la falta de agua, como ocurre en la Región de La Araucanía, que, aunque tiene muchos recursos hídricos, es la región más pobre y que presenta más enfermedades.
Curiosamente -repito-, Chile es la segunda reserva acuífera de agua dulce en el mundo; sin embargo, el diagnóstico dice que nuestro país pasa por una grave sequía. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿No hay que cambiar la institucionalidad de nuestro país, la que, por lo demás, está obsoleta, porque fue impuesta autoritariamente cuando no había democracia?
¡Por eso digo que los 120 diputados y diputadas debemos preguntarnos si realmente queremos cambiar esto; pero no digamos para la calle que queremos hacerlo, y después lleguemos acá y votemos de una manera distinta, con lo cual le seguiremos negando al pueblo de Chile lo que se merece y le corresponde: sus aguas!
Por eso comencé mi intervención diciendo que en lugar de mariachis y de esquinazos para conmemorar este día, debiéramos preocuparnos del problema del agua. Todos los discursos apuntan al drama que sufre Chile en relación con el agua, e inmediatamente salen al baile las mineras, las hidroeléctricas y las plantas de celulosa. ¡Todos podemos convivir! ¡Nadie está diciendo que no! El problema es que el abuso ha llegado a niveles estratosféricos. ¡De eso todos somos cómplices, todos somos culpables!
¡Hoy tenemos la gran oportunidad de cambiar esta situación! Así lo hizo saber la Presidenta Bachelet cuando se refirió al tema en su discurso del pasado 21 de Mayo.
También debemos proteger los glaciares, porque estos voraces son capaces de legislar sobre ellos en el Código de Aguas para apropiarse de esas aguas que se encuentran en estado sólido.
¡Me da rabia que en relación con esta materia en esta Sala nos hagamos los cuchos, los lesos! ¡Yo estoy dispuesto a firmar hoy mismo un proyecto para cambiar esta situación y dejar de lado los discursos! ¡La gente está hastiada de escucharnos hablar! Ella se pregunta por qué no cambiamos las leyes; por qué las aguas no pueden volver a ser de los chilenos, de manera que no sigan en manos de especuladores, de extranjeros.
¡Disculpe, señora Presidenta, pero esto no resiste más! ¡Nos va a llover muy fuerte, y no será agua! ¡El pueblo se va a rebelar contra nosotros por inoperantes!
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez.
El diputado GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señora Presidenta, me sumo a quienes se han manifestado a favor de este proyecto de ley, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año, celebración que, por lo demás, ya fue establecida por las Naciones Unidas.
Provengo de una región donde si no hay agua, no hay sociedad; no tenemos viabilidad histórica sin agua. Provengo de una región donde se encuentra uno de los desiertos más áridos del mundo. En consecuencia, sin agua no hay vida.
Cada día debemos festejar el hecho de que las empresas mineras nos dejen un poco de agua, que no impongan su lógica y su racionalidad económica por sobre la vida humana, la agricultura y la ganadería. Cada día hay una lucha permanente por dar viabilidad histórica a mi región.
Por lo tanto, me sumo a esta convocatoria a conmemorar el Día Mundial del Agua, porque en mi región el recurso es escaso y, además, tiene depredadores, que son fundamentalmente las empresas mineras transnacionales, a las cuales no les importa el ser humano, sino el lucro, el negocio, la rentabilidad.
Dado que existen empresas que no piensan en la vida humana, es fundamental que el Estado de Chile establezca que por encima del negocio están la vida, el ser humano, la dignidad, la sociedad que busca perpetuarse.
En la Región de Tarapacá necesitamos que se proteja el líquido fundamental para la vida y que el Estado de Chile tenga absoluta claridad que, por sobre todo, está la vida humana.
Al conmemorar el Día Mundial del Agua, queremos decir con claridad que nos importa la vida humana, que nos importa una sociedad que vive en forma precaria debido a la escasez de agua.
Por ello, con gusto, con agrado, contento, lleno de felicidad, me sumo a esta iniciativa, ya que, sin duda, al conmemorar el Día Mundial del Agua privilegiamos la vida por sobre el negocio, la vida por sobre la muerte; la vida, siempre la vida, que es lo que permitirá la proyección de la humanidad, y que las empresas mineras no terminen usurpándonos el agua y dejándonos sin vida.
La vida debe estar siempre primero. Eso es lo que debemos festejar.
Repito, me sumo al proyecto de ley y espero que el primer año que conmemoremos el Día Mundial del Agua en Chile sea una convocatoria para que todos los chilenos y chilenas celebremos el hecho de que estamos viviendo en un país que cuida la vida, que privilegia la vida por sobre las empresas.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez.
La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-
Señora Presidenta, este proyecto de ley puede parecer un poco simple, pues regularmente en esta Corporación se conocen iniciativas que buscan establecer un día especial para conmemorar distintas fechas, hitos nacionales o mundiales. Sin embargo, esta moción de las senadoras Isabel Allende y Adriana Muñoz, y de los senadores Francisco Chahuán y Jorge Pizarro, apunta a instaurar la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
Se trata de un tema que cada vez tiene mayor importancia para los habitantes de nuestro país: el agua y el acceso al recurso hídrico.
Por eso, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución N° 64/292, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable y limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Antes, en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había adoptado la Observación General N° 15, sobre el derecho del agua, en la cual estableció que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna.
En Chiloé y Palena la escasez hídrica se ha convertido en un problema cada vez mayor. Donde antes hubo exceso de lluvia, hoy el agua no alcanza para las necesidades mínimas de la gente.
Ante eso, los municipios y el gobierno, a través de la Onemi, han debido invertir cuantiosos recursos para el arriendo de camiones aljibe y compra de agua a empresas sanitarias. Ante este escenario, el rol que cabe a los comités o cooperativas de agua potable rural es cada vez más importante.
En ese sentido, quiero valorar a la Asociación Gremial Provincial de Agua Potable Rural de Chiloé, cuyos integrantes se han organizado para enfrentar esta grave situación que aqueja a las provincias de Chiloé y de Palena.
Para avanzar en esa materia se requiere de recursos, siempre escasos, y de mayor apoyo técnico a través de un aumento de profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas en las regiones.
También parece necesario retomar la discusión del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales, presentado durante la anterior administración de la Presidenta Bachelet, que fue aprobado en el Senado y que actualmente se encuentra radicado en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.
Por todos estos motivos, valoro la iniciativa que, con mucha fuerza, ha impulsado el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Daniel Melo, sobre la preservación de glaciares, pues ahí hay una importante fuente de agua dulce que debemos resguardar.
Por cierto, en este análisis no debemos dejar de lado el impacto que produce el incremento de plantaciones forestales en el agravamiento de la sequía de muchos territorios. Lamentablemente, muchas veces ocurre que parte importante de la superficie de bosque nativo arrasado por un incendio forestal luego se reemplaza por árboles exóticos, que consumen una gran cantidad de agua.
Debemos cuidar el agua que necesitamos, pues cada vez es más escasa. Por eso es importante que el Día Mundial del Agua, que a nivel mundial se celebrará en pocos días más, también sea conmemorado de manera oficial en nuestro país.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señora Presidenta, después de escuchar varias intervenciones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, puedo afirmar que compartimos elementos esenciales respecto del agua, como el hecho de que es un bien fundamental para el desarrollo de la vida humana, aunque, muy a nuestro pesar, es un bien finito, lo que se ve agravado por la patente realidad del cambio climático. Eso da luces de que nuestros problemas de sequía se verán más acentuados con el transcurso de los años.
Represento a una región golpeada día a día por esta realidad. Tal situación nos obliga a revisar de manera seria el mecanismo de gestión del agua que llevamos en Chile, a fin de conseguir un uso sustentable de este preciado bien.
Vemos cómo empeoran las condiciones, cómo se profundiza la escasez hídrica y, por cierto, cómo aquello desata conflictos legales y éticos objetivos. Eso demuestra que es necesario enfrentar con rapidez el escenario legal en que se enmarcan el uso y los derechos de aprovechamiento del agua. Para ello, debe haber, en primer término, un debate ético que influya en la formulación de normativas legales mejoradas y que respondan a las crecientes exigencias de regulación y a la concepción de una nueva forma de relacionarnos con nuestro entorno.
En 2010, nuestro Congreso Nacional ya vivió esa experiencia, cuando a partir de un debate legislativo se creó la Superintendencia del Medio Ambiente, la misma entidad que hoy sancionó con una multa de más de 7.600 millones de pesos al proyecto minero Caserones, como lo recordó el diputado Daniel Melo, por una serie de incumplimientos asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del río Copiapó. Además, por iniciar la operación y puesta en marcha de ese proyecto sin haber validado previamente los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación y lastres, entre otros. Los efectos de lo ocurrido son devastadores para toda la cuenca del río Copiapó.
Si hoy la Superintendencia del Medio Ambiente ha podido fiscalizar y sancionar es porque el país también estuvo a la altura de ese debate y concretó su creación. Aclaro que su función se complementa con la de los tribunales ambientales.
Sin embargo, el asunto del agua no ha ido de la mano de la institucionalidad en materia hídrica. Tenemos una Dirección General de Aguas que no cuenta con fiscalizadores ni tampoco con las atribuciones para intervenir en períodos críticos, como los que estamos viviendo.
Quiero señalar algo con mucho énfasis: algunos parlamentarios que se incorporaron a la Cámara en períodos legislativos anteriores al actual, en que lo hicimos algunos de los presentes, llevan trabajando largo tiempo en las modificaciones del Código del Aguas. Al respecto, la Presidenta de la República dijo con fuerza, el pasado 21 de Mayo, que deberíamos ser capaces de romper la visión instalada en el Código de Aguas de 1981, en el que se estableció, entre otras cosas, que el agua es un bien económico que puede ser transable en el mercado. A partir de esa definición, hemos visto el lamentable desenlace que se ha provocado en cada una de nuestras comunidades.
Cuando la Primera Mandataria afirma que deberíamos instalar el concepto del agua como un bien nacional de uso público, no es una frase vacía.
El Ejecutivo envió indicaciones sustitutivas al respectivo proyecto, y en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación hemos trabajado intensamente para sacar adelante las modificaciones al Código de Aguas. Por eso, a los diputados que hoy han formulado encendidos discursos al respecto, los invito a integrarse a ese debate.
La comisión ha escuchado a diferentes comunidades indígenas, como la aimara, la atacameña, la rapa nui y la colla, porque quiere resaltar el reconocimiento al derecho ancestral del uso del agua de nuestros pueblos originarios.
Junto con ello, deseamos establecer con claridad que el agua ya no puede ser propiedad de unos pocos. Por eso, debemos regular el uso y goce de este recurso, de manera que se distribuya equitativamente en los territorios.
Insisto, la Comisión de Recursos Hídricos está realizando un debate serio y profundo acerca de las modificaciones al Código de Aguas. Por eso, invitamos a quienes aquí hacen discursos al respecto a que vayan a ella para apoyar estas transformaciones que el país requiere. De esa manera, esta rama del Congreso Nacional estará dando un testimonio fuerte y claro en ese sentido.
Cuando se dice que el agua es un bien nacional de uso público, significa que se reconoce como un patrimonio colectivo de todos los chilenos y chilenas. No obstante, su aprovechamiento y gestión quedan amparados por las garantías constitucionales del derecho a la propiedad, que algunos tienden a defender a ultranza.
Ese modelo de gestión aplicado en Chile está centrado en criterios de asignación de oferta y demanda en transacciones de mercado. Por ello, permite la especulación, especialmente en zonas de mayor escasez, como en el norte y en el centro del país.
Debido a la alta concentración en la propiedad de los derechos del agua y a su escasez incremental, los precios suben, la especulación aumenta y los derechos de aprovechamiento del agua se hacen inalcanzables para los habitantes rurales, que no pueden competir frente a sectores altamente rentables.
Por eso, en la comisión hemos definido prioridades de uso, y establecido y asegurado el alcance de estos derechos para comunidades agrícolas pequeñas.
En ese escenario, el problema fundamental del Código de Aguas es que no presentaba esas prioridades, debido a lo cual el consumo quedaba en manos de grandes actividades económicas que acaparan los derechos de aprovechamiento.
Problema aparte lo constituye la actual administración por parte de las juntas de vigilancia de los ríos, las que se encuentran conformadas como verdaderas sociedades anónimas en las cuales las decisiones son tomadas por los regantes mayoritarios, aunque algunos no sean precisamente regantes, sino simples consumidores del recurso o especuladores.
Como se ha dicho en la Sala, la conmemoración del Día Mundial del Agua no debe ser solo eso, sino una reflexión y una puesta en control ciudadano acerca de lo que hemos sido capaces de hacer.
Desde esa perspectiva, la bancada de la Democracia Cristiana anuncia su voto favorable a esta iniciativa.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señora Presidenta, como decía la diputada Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, sus integrantes estamos dando una batalla importante en relación con el agua.
En Chile, el tema de este vital elemento se está convirtiendo cada vez más en un problema crítico. Imagino lo que podría suceder en las grandes urbes, como Santiago o Valparaíso, cuando sus habitantes abras las llaves y no salga una gota de agua. Lo digo porque estamos enfrentando una sequía que afecta no solo al norte del país.
Todos tenemos incorporado en nuestro ADN que es normal que en el desierto no haya agua. Por lo tanto, cuando escuchamos a los colegas representantes de la zona de Copiapó y a las personas del norte plantear los problemas que experimentan por esa razón, los del sur casi lo encontramos normal, porque consideramos que viven en el desierto. Pero el sur de Chile también se está convirtiendo en un desierto. Cada vez hay más sequía y problemas con respecto del agua, lo cual tiene que ver con una responsabilidad del ser humano, porque el cambio climático es nuestra responsabilidad.
En nuestro país, ese problema también tiene que ver con la manera como hemos hecho uso y abuso de este recurso. Hemos depredado muchas zonas, debido a algunas decisiones que hemos tomado como país, por ejemplo, plantar grandes bosques de eucaliptus y pinos en el sur, que consumen grandes cantidades de agua y terminan por desertificar las tierras del sector, no obstante lo cual seguimos promoviendo su plantación. No ha habido ninguna acción del Estado destinada a frenar ese tipo de iniciativas, sino que, por el contrario, el gobierno anterior incluso renovó la vigencia del decreto N° 217, si mal no recuerdo.
El señor LETELIER.-
El N° 701.
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
El N° 701, según me aclara el colega Letelier, que promueve la plantación de ese tipo de bosques de depredación, que generarán más desertificación.
Como mencionó la diputada Yasna Provoste, en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación estamos dando una gran batalla, y ya hemos establecido algunas cosas que me parecen importantes, como ratificar que el agua es un bien nacional de uso público. Si bien eso ya estaba consagrado en el Código de Aguas, debemos insistir en ello, pero a nivel constitucional.
Esto es absolutamente necesario. En la comisión seguiremos metidos en un zapato chino, ya que, por más que modifiquemos el Código de Aguas y digamos, por ejemplo, que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado, o establezcamos que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento de aguas en glaciares y que el uso para el consumo humano prevalecerá sobre otros usos posibles, tanto en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento como en el ejercicio de los mismos, seguiremos conviviendo con la disposición constitucional que establece, en el número 24° del artículo 19 -que trata sobre el derecho de propiedad en sus diversas especies-, que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.
¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de todas las modificaciones que introduzcamos al Código de Aguas, si no modificamos la Constitución, viviremos en la esquizofrenia, porque por un lado diremos que el agua es un bien nacional de uso público; pero, por otro, la Constitución, que es un cuerpo normativo jerárquicamente superior al Código de Aguas, seguirá disponiendo que los titulares de los derechos de aprovechamiento tienen el derecho de propiedad sobre ellos y, por lo tanto, los pueden vender, arrendar, enajenar y, como hemos dicho en la comisión, especular con ellos.
Quien tiene un derecho de aprovechamiento debería aprovechar, usar y gozar el agua sobre la cual recae ese derecho, porque en eso consiste el aprovechamiento. Pero, en la práctica, muchos no lo hacen, no la utilizan; en cambio, venden y compran los derechos. No les interesa el agua; solo les interesan las transacciones que pueden hacer respecto de esos derechos de aprovechamiento.
En eso hemos convertido este elemento esencial para la vida, que permite no solo la subsistencia de la especie humana, sino el sustento de cualquier tipo de vida. Hemos convertido un elemento esencial para la vida en un objeto de transacción comercial. Imaginemos lo que sucedería si hiciéramos lo mismo con el aire.
En definitiva, me parece que no logramos entender la dimensión del problema que enfrentamos.
Por otra parte, la Constitución establece, en el número 8° del artículo 19, que es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza. ¿El Estado cumple realmente con ese deber, con ese mandato que le entrega nuestra Carta Fundamental? No, no lo cumple; no tutela la preservación de la naturaleza. ¿Cómo se manifiesta esto? En cuencas agotadas, como ocurre con la mayoría de las existentes en el norte de nuestro país. Además, ha habido un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento. ¿Quién sobreotorga esos derechos? El Estado.
En consecuencia, el principal actor que vulnera esos preceptos es el mismo Estado, porque si bien son agentes privados que actúan en el mercado los que especulan y usufructúan de estas situaciones, lo hacen con la colusión del Estado, lo que impide que se preserve la naturaleza y que el agua cumpla su función esencial, que es asegurar la continuidad de la vida.
En eso estamos. En este país somos esquizofrénicos, y vamos a seguir en la esquizofrenia en tanto no nos atrevamos a cambiar la Constitución y a establecer en ella, de una vez por todas, que el agua no puede ser objeto de propiedad privada, porque pertenece a todos los habitantes de esta tierra.
No podemos convivir con ese doble estándar. Si logramos entender eso, a lo mejor podremos proteger la vida y cumplir la obligación que nuestro ordenamiento jurídico impone al Estado, que es preservar la naturaleza y asegurar que el acceso al agua sea un derecho humano esencial efectivamente protegido en nuestra sociedad. Mientras el Estado mantenga el doble estándar, no lograremos nada de esto que tanto anhelamos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.-
Señor Presidente, esta moción busca establecer en nuestro país la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año, siguiendo la recomendación adoptada en tal sentido por la Asamblea General de la Naciones Unidas, mediante resolución de diciembre de 1992.
El proyecto es importante por la relevancia que han adquirido los problemas ocasionados por la escasez de agua, especialmente en estos días que estamos viviendo, pues la sequía nos afecta a lo largo de prácticamente todo el país, y se ha ido agudizando cada vez más, al punto de que ya la tenemos instalada en las regiones del sur del territorio nacional.
Esta situación hace indispensable que el Estado, el gobierno y el Congreso Nacional adopten políticas que nos permitan enfrentar la crisis hídrica por la que atravesamos, materia en la cual considero que estamos un poco atrasados.
En ese sentido, señor Presidente, se hace imprescindible que el gobierno manifieste cuál será su plan para enfrentar la larga y extensa sequía que nos aflige, el cual debe incluir medidas de emergencia para lo inmediato, y medidas legislativas para los aspectos de más largo plazo. Lo importante es que comencemos a enfrentarlo de una vez por todas.
Tenemos escasez de agua y conflictos por el agua, pero no contamos con una estrategia para enfrentar todos esos graves problemas, que están ocasionando situaciones bien particulares en diversos valles y entre distintas comunidades, todo lo cual ha derivado en verdaderos conflictos sociales y ambientales que el país no puede dejar de enfrentar.
En el Congreso Nacional estamos discutiendo un proyecto que modifica el Código de Aguas en un aspecto importantísimo, como es asegurar que se dé prioridad al consumo humano en el uso del agua. Hoy, la Dirección General de Aguas, el Ministerio de Obras Públicas, en definitiva, el Estado no cuenta con facultades reales para garantizar ese derecho que parece tan básico. Por lo tanto, esa modificación es relevante. Por otra parte, también se han presentado proyectos de reforma constitucional en el mismo sentido, pero todavía están pendientes.
Se trata de modificaciones necesarias, porque, como señalé, el Estado no cuenta con los instrumentos que le permitan resolver la serie de conflictos y problemas que se van produciendo. El gobierno central debería tener las herramientas necesarias para desarrollar las políticas públicas pertinentes.
El mercado no regula bien una materia tan importante y esencial como es el aseguramiento del acceso al agua para la subsistencia de los seres humanos; para la producción de alimentos, que tanto necesita nuestra población; para el crecimiento equitativo, o para el reconocimiento de la gente que vive en los sectores más afectados por la crisis hídrica.
Por otra parte, tenemos el problema de los glaciares, respecto del cual por fin se empezará a discutir un proyecto de ley en el Parlamento. Los glaciares están en las nacientes de los ríos, donde se desarrollan algunas actividades que han entrado en conflicto por el uso del agua.
Chile es, en gran medida, un país minero; pero también vive de la agricultura y de la vida campesina. También hay pueblos originarios en lugares ubicados en las cercanías de glaciares, cuya gente tiene sueños y ganas de ir creciendo.
Por lo tanto, es imprescindible que discutamos con la seriedad necesaria una iniciativa de ley sobre protección de los glaciares, pero que también garantice que el crecimiento en el país se lleve a cabo de manera armónica.
Como se sabe, la opinión pública se ha impuesto sobre la existencia de conflictos en esta materia no solo a nivel nacional, sino también internacional. En el país, proyectos de la gran minería, como es el caso de Pascua Lama y de Caserones, han incurrido en faltas graves. Incluso más, hace pocos días el último de los proyectos mencionados recibió una cuantiosa multa de la Superintendencia del Medio Ambiente.
También está el caso ocurrido en nuestra zona con la minera Los Pelambres, que tiene que ver -debemos discutirlo con altura de miras- con temas ambientales, con conflictos por el agua y con la capacidad de las cuencas. Esta situación ha reventado, lo que se ha expresado en el desarrollo de conflictos.
A lo mejor, debemos revisar nuestras leyes ambientales. Muchos empresarios, de manera legítima, pueden decir que para invertir necesitan contar con certezas. No es posible que después de haber construido un tranque de relave, tengamos que echarlo abajo para el libre escurrimiento de las aguas. Pero, ¿quién demostró que ellas escurrirían libremente en un tranque de relave que atraviesa de lado a lado entre cerros en un valle? Eso es imposible, como también lo es pensar que para lograr el escurrimiento de las aguas vamos a echar abajo un tranque de relave de la naturaleza del que se tiene allí. O sea, estamos viviendo en un país medio surrealista.
Creo que el Ejecutivo tiene la gran responsabilidad de iniciar un diálogo y de enviar iniciativas al Congreso Nacional para discutir en serio estos temas, porque si bien necesitamos la minería para crecer y desarrollarnos, también necesitamos la vida en los pueblos para que crezcan en forma armónica.
Entonces es necesario contar con una estrategia para enfrentar de una vez estas situaciones. El agua ya no es, por decirlo de algún modo, un recurso más, sino un recurso estratégico. Así como hoy se habla de que la energía eléctrica es un elemento estratégico para el crecimiento del país y que debemos luchar por tener una mejor energía, más limpia, más diversificada y más barata, también debemos idear una estrategia y un camino en relación con el agua.
Al respecto, hago un llamado al Ejecutivo: debemos construir una propuesta seria para este país serio, en la cual se realicen discusiones en materias ambiental y productiva, porque es necesario hacerlo.
Hace pocos días, con ocasión del conflicto ocurrido en Salamanca, surgió el siguiente eslogan: “Queremos trabajo, pero también queremos agua”. Son cosas que se deben compatibilizar. Una actividad no puede pasar por sobre otras, en especial por sobre la vida de las personas.
Hoy es un buen día; con la tramitación de esta iniciativa -aprovecho la ocasión para felicitar a sus autores-, el Congreso Nacional está marcando un hito muy importante, y, de paso, se ha posibilitado llevar a cabo el debate que hemos sostenido en esta sesión.
He dicho.
El señor NÚÑEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, hace cincuenta años el Presidente Eduardo Frei Montalva dijo con mucha claridad que la tierra es para el que la trabaja, y llevó adelante una de las reformas estructurales más importantes de la historia de nuestro país. Eso generó un cambio social, económico y productivo, pero también un cambio cultural, y dignificó al campesinado de Chile. En suma, marcó un antes y un después en la historia del país.
Hoy, los democratacristianos decimos con mucha fuerza que el agua es para el que la necesita; es para el consumo humano, para el riego y para hacer producir la tierra, no para quien especula con ella o la emplea como un bien transable para generar lucro sin utilizarla.
Lo que hoy está ocurriendo en el país es un fenómeno no ocasional. El cambio climático ha hecho que la sequía haya llegado para quedarse y, con ella, se ha generado un conjunto de conflictos: en el norte, entre la minería, la agricultura y el consumo humano, y en el sur, entre los proyectos hidroeléctricos y el turismo. En muchos lugares se viven las consecuencias de la desregulación en materia de forestación exótica, lo que ha generado escasez hídrica en muchas comunas de la zona centro-sur de nuestro país.
Por eso es muy importante que hoy aprobemos este proyecto de ley, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año. Sin embargo, no podemos quedarnos en cuestiones meramente declarativas. Es fundamental que hagamos las reformas constitucionales y legales que permitan tener un estatuto jurídico del agua diferente; que en la Constitución se reconozca el agua no solo como un bien nacional de uso público, sino que el acceso a ella como un verdadero derecho humano que debe estar absolutamente garantizado por el Estado; que el consumo humano del agua debe prevalecer respecto de cualquier otra actividad, por muy legítima que sea.
Es necesario que el Estado tenga la posibilidad real de optimizar el uso del recurso hídrico y priorizarlo como corresponde; que tengamos instrumentos de planificación territorial que nos permitan armonizar el desarrollo de los territorios con el uso del agua, y que contemos con una estrategia para enfrentar la situación de escasez hídrica que hoy golpea a nuestro país, la que, como dije, llegó para quedarse.
Por lo tanto, esta iniciativa, originada en moción, es un desafío para el Ejecutivo y el Congreso Nacional, que debemos estar a la altura de las circunstancias y enfrentar la situación como corresponde, como lo hizo en su momento, hace cincuenta años, el Presidente Frei Montalva, es decir, con una visión de Estado de largo plazo que nos permita optimizar y garantizar el acceso al agua para todos los chilenos y las chilenas.
Por eso, me incomoda lo ocurrido aquí. En efecto, hace exactamente cinco años discutimos en esta misma Sala un proyecto de reforma constitucional, ingresado al Congreso Nacional durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, que declaraba el agua como bien nacional de uso público. El gobierno pasado lo retiró de tramitación para revisarlo. Como digo, desde que eso ocurrió han pasado cinco años -todo el período de gobierno de Sebastián Piñera y el primer año del segundo gobierno de nuestra Presidenta-, y todavía no se vota en esta Sala dicha reforma, que demostrará realmente el compromiso del Congreso Nacional con el derecho al acceso al agua que tiene cada uno de los chilenos.
Por eso, señor Presidente, solicito a su señoría que ponga en Tabla dicha iniciativa y que la sometamos a votación. A lo mejor se pierde; pero los chilenos y las chilenas deben saber quiénes están por que el agua sea un bien nacional de uso público y quiénes están a favor de que se siga administrando como un bien particular, privado, objeto de especulación y lucro desmedido.
He dicho.
El señor NÚÑEZ (Presidente).-
Para concluir el debate, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, valoro este proyecto, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año. Hoy más que nunca necesitamos que el Estado regule en forma eficaz la administración y el uso del recurso hídrico.
Hoy en el país existe desigualdad no solo en la distribución de ingresos, sino también en la distribución de este vital elemento. Así, por ejemplo, la laguna del Laja es administrada por la Dirección de Obras Hidráulicas y la empresa Endesa. Allí se genera energía eléctrica en función de un criterio netamente económico. Esta situación ha provocado que los regantes y las personas naturales enfrenten una escasez hídrica preocupante. No hemos podido ponernos de acuerdo para que se acumule el agua en el invierno y la empresa genere electricidad en la temporada de verano, con lo cual todos los actores relevantes -la empresa que genera energía eléctrica, y los regantes, que reciben agua para el consumo humano y también para el turismo- ganarían. En verdad, da pena ver el actual estado del Salto del Laja, que otrora fue un bello paraje y hoy tiene solo un hilo de agua.
Este ejemplo es emblemático respecto de la mala administración y la mala gestión del recurso hídrico en nuestro país.
Debe existir un cambio profundo en el manejo del recurso hídrico. No se trata solo de inyectar más recursos, como lo hace el gobierno regional, para postular a proyectos de agua potable rural en favor de distintas comunidades que viven una gran sequía, sino también de llevar a cabo cambios estructurales, de hacer un nuevo trato en materia de agua.
Por eso, en su momento respaldé el proyecto de reforma constitucional presentado por el diputado señor Sergio Ojeda, que establece que el agua es un derecho humano básico.
Además, con la diputada señora Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Ricardo Rincón y Sergio Ojeda, presentamos un proyecto de ley tendiente a establecer que, de entre todos los usos posibles del agua, el primero debe corresponder al consumo humano, lo que debe quedar reflejado en nuestro Código de Aguas, en nuestra legislación.
No puede ser que empresas mineras usen y abusen del derecho de aprovechamiento de aguas, en circunstancias de que a pocos kilómetros de distancia comunidades no tienen acceso al vital elemento.
Por eso, tenemos que cambiar, debemos hacer un nuevo trato en favor de las personas, de manera que estas tengan derecho al uso prioritario del agua. Los demás usos deberán ordenarse de acuerdo con nuestra legislación.
Tenemos mucho por avanzar en esta materia. En ese sentido, esta iniciativa representa un esfuerzo moral por relevar la importancia del recurso hídrico.
Necesitamos regular esta materia en nuestra legislación, para lo cual se requiere introducir modificaciones desde la Constitución Política de la República hasta el Código de Aguas. Al respecto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con el diputado señor José Pérez Arriagada presentamos un proyecto de ley para crear el Ministerio de Recursos Hídricos, a fin de aunar la labor de todos los organismos del Estado que dicen relación con el agua, que hasta ahora están radicados en distintos ministerios. Existen más de cuarenta instancias dispersas en los ministerios de Obras Públicas, de Economía y de Agricultura. Por eso, necesitamos una coordinación centralizada que permita gestionar mejor el recurso.
Asimismo, es importante reconocer que Chile tiene abundancia de recursos hídricos, pero están mal distribuidos y mal gestionados. Tenemos que aprender de la experiencia de países como Israel, que tiene menos agua que Chile, pero al cual no le falta el vital elemento, porque cuenta con la tecnología adecuada y lo utiliza en forma racional e inteligente.
Repito, tenemos que aprender de la experiencia de otros países. En ese sentido, estamos abiertos a la idea de crear el Ministerio de Recursos Hídricos, a fin de generar un uso del agua más racional y eficiente.
Felicito a los autores de la iniciativa, porque representa un primer paso para provocar un cambio profundo.
Por último, esperamos que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, que se ha propuesto grandes transformaciones, también se pueda llevar a efecto una en relación con esta materia tan relevante.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Chahin Valenzuela Fuad; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES OJEDA, FLORES, LORENZINI, MORANO, SABAG, SAFFIRIO, TORRES, VALLESPÍN Y VENEGAS, QUE “MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA CREAR UNA COMISIÓN PERMANENTE DE ADULTO MAYOR”. (BOLETÍN N° 9940-16)
I.- Antecedentes:
El notable aumento de la población de adultos mayores ha implicado una serie de consecuencias sociales, situación que ha despertado gran inquietud tanto del Gobierno como la de los parlamentarios. Sin duda ambas instituciones han concentrado una serie de esfuerzos durante los últimos años para otorgar beneficios a este grupo de personas, lo que se ha materializado entre otros mediante la creación de una institucionalidad destinada a otorgarles una mejor calidad de vida e integración en la sociedad. Es así como nace el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama). En el mismo sentido el trabajo parlamentario se ha concentrado en la presentación de varios proyectos de ley y proyectos de acuerdo buscando mejorar situaciones de vida que afectan a este segmento de la población.
Ciertamente los temas relacionados con los adultos mayores son diversos y deben ser tratados en forma autónoma e independiente de toda otra realidad, varios han sido los proyectos de ley presentados ante el Congreso Nacional a objeto de beneficiar a los adultos mayores. Ciertamente del análisis legislativo se puede desprender la necesidad de canalizar con cierta independencia las materias relacionadas con los adultos mayores de nuestra sociedad y por tanto requieren de una discusión particular cumpliendo con el fin último del estado que es la protección integra de los adultos mayores de nuestro país. Para ello es necesario crear una comisión de Adulto Mayor separada de Familia a objeto de concentrar su tramitación. Actualmente en la comisión de familia se encuentran en tramitación 21 proyectos de ley que dicen relación solo con los adultos mayores.
Tabla 1. Proyectos de Ley en tramitación
Por lo anteriormente expuesto, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente Proyecto de modificación de Reglamento de la Cámara de Diputados con el propósito de darle la importancia que amerita los adultos mayores en esta Corporación, dándole la prioridad a los proyectos antes mencionados y no sigan estancados en la comisión de familia.
PROYECTO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 1
Elimínese del numeral 16 artículo 216, del Reglamento Cámara de Diputados de Chile, la expresión “y Adulto Mayor”.
ARTÍCULO 2
Agréguese un nuevo numeral, al final del artículo 216, del Reglamento Cámara de Diputados de Chile, con la siguiente expresión: “26. De Adulto Mayor”.
DIPUTADOS SEÑORES OJEDA, FLORES, LORENZINI, MORANO, SABAG, SAFFIRIO, TORRES, VALLESPÍN Y VENEGAS.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO; COLOMA; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; PAULSEN, RINCÓN, SQUELLA Y TRISOTTI, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCORPORA, DENTRO DE LAS INHABILIDADES PARA SER CANDIDATO A DIPUTADO O SENADOR, LA CIRCUNSTANCIA DE SER JUEZ O SECRETARIO DE LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL”. (BOLETÍN N° 9941-07)
“Nuestra Constitución Política de la República establece en los artículos 57 y siguientes la institución de las inhabilidades parlamentarias, que de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional “constituyen un conjunto de prohibiciones de elección y de ejecución de actos determinados respecto de quienes aspiran a un cargo de diputado o senador o lo están ejerciendo, inhabilidades que pueden ser absolutas, si consisten en la falta de alguno de los requisitos que la Constitución señala para ser elegido diputado (artículo 48) o senador (artículo 50), y relativas, si afectan las candidaturas y el ejercicio del cargo parlamentario. Estas últimas pueden ser, a su vez, preexistentes (artículo 57), si impiden ser candidatos a parlamentarios, y sobrevinientes (artículo 60), si determinan la cesación en el cargo de diputado o senador. (STC 1357, c. 10).
Asimismo, señala el Tribunal que estas normas deben ser interpretadas restrictivamente, por tanto, “las causales deben limitarse a las expresamente contempladas en la Constitución y no pueden aplicarse otras por analogía, similitud o extensión” (STC 433, c. 38).
Quedando claro el alcance de esta institución y los criterios para su aplicación e interpretación, es nuestra intención incorporar dentro del catálogo de inhabilidades para ser candidato a Diputados y Senadores a los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Policía Local.
Junto con un grupo de parlamentarios suscribimos el proyecto de ley que establece limitaciones a la participación política de los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Policía Local (Boletín 9400-07), en virtud del cual se propone que quienes se hubieren desempeñado como tales no podrán postular a cargos de elección popular, sino un año después de haber cesado en sus funciones, además de prohibir su afiliación a partidos políticos.
El principal fundamento para establecer estas limitaciones es que de conformidad a la Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, son los Jueces de Policía Local quienes deben conocer de las infracciones de esta ley electoral, lo cual podría afecta el principio de imparcialidad que debe regir el ejercicio de la función jurisdiccional.
En este orden de cosas, la prohibición para postular a cargos de elección popular que incorpora el citado proyecto de ley no se extiende a las candidaturas de Diputados y Senadores, por las razones expuestas en un principio, es por ello que resulta necesario efectuarla mediante este proyecto de reforma constitucional, ya que consideramos del todo necesario que quienes tienen competencia para conocer de las infracciones electorales acaecidas durante una campaña parlamentaria y tienen intenciones de postular a un escaño en el Congreso Nacional, sólo lo puedan hacer si hubieren cesado en su cargo un año antes de la elección, de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 57.
En virtud de lo expuesto anteriormente, someto a su consideración el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO: Reemplácese el número 4 del artículo 57 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:
“4) Los magistrados del los tribunales superiores de justicia, los jueces de letras, los jueces de policía local y sus secretarios abogados”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MIROSEVIC, AGUILÓ, CERONI; ESPINOZA, DON FIDEL; FARÍAS, GONZÁLEZ, JACKSON, JIMÉNEZ Y LEMUS, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA PASCAL, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE Y REGULA EL REFERENDO REVOCATORIO DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 9942-07)
“Nuestro régimen jurídico constitucional presenta graves falencias en lo concerniente al resguardo de nuestras instituciones democráticas. En efecto, la coyuntura nos ha demostrado que parlamentarios pueden haber cometido (e incluso confesado) hechos graves que cuestionen su independencia, desprestigien las instituciones y afecten gravemente a nuestra democracia. Si el hecho no es constitutivo de delito, el Parlamentario cuestionado se mantendrá en su cargo hasta que concluya su mandato agravando aún más la crisis de representatividad. Esto es así por cuanto el parlamentario que ha afectado gravemente la fé pública se encuentra incluso impedido de renunciar (artículo 60 Constitución Política de la República).
Es en este escenario que los Diputados firmantes, venimos en actualizar el contenido del boletín 4330-07, el cual propone modificar la Constitución Política de la República para establecer un régimen de revocación de mandato a los cargos de elección popular, vía referendo.
1.- Fundamentos.- Para el profesor Loewenstein, “el sistema electoral o técnicas electorales son los medios a través de los cuales el pueblo, como depositario del poder soberano, determina a los candidatos y a los partidarios que deberán representarlo en el Parlamento y en el Gobierno”[1]. Lo anterior asume implícitamente la necesidad de que las técnicas electorales permitan que los resultados de una elección reflejen honrada y exactamente la voluntad de los electores.
Históricamente, la doctrina de la representación política adquiere relevancia a partir de la experiencia independentista americana y la revolución francesa hacia fines del Siglo XVIII, sin perjuicio de las diversas doctrinas que explican su naturaleza, “la representación es la acción de representar, que significa la relación que se establece entre los miembros de un grupo humano jurídicamente organizado (representado) con un órgano (representante), en cuya virtud la voluntad de este último se considera como expresión de la voluntad de aquel”[2]. De este modo, la representación engloba dos características estructurales en el ámbito de las democracias, por una parte es el reflejo de la reproducción de los mandatarios o autoridades públicas, ya en forma directa como cuando votamos por un Alcalde, ya por medios indirectos toda vez que el Presidente –elegido por los ciudadanos– elige a una persona para el cargo de Ministro de la Corte Suprema. Por otra parte, es la expresión de una relación directa entre iguales con la finalidad de responder a intereses de los electores. Ahora bien, esa representación no tiene ni puede tener otro fundamento que no sea la de traducir los intereses del electorado en actos de gobierno (¿si no para qué elegir?).
Los detractores de un aspecto tan radical de la autonomía democrática de un pueblo, sostendrán que ello lo único que generará será inestabilidad, por lo que a cambio de un interés supuestamente superior y anterior a los individuos, inmanente, deducido por ellos, disponen una mecánica de invariabilidad que imposibilita el ejercicio del mandato o la representación democrática con el fin de garantizar la estabilidad. Existen dictaduras que son muy estables y no por eso se transforman en países o sociedades en la que deseamos vivir, ni diremos que sus sistemas de selección de gobernantes son democráticos. Sin embargo, en democracia el poder político se legitima continuamente, desde su asunción hasta su deceso, por la voluntad de los electores. Esto es tan así, que todos los gobiernos, para revisar su legitimidad, sondean los niveles de satisfacción del electorado. Quienes gobiernan, ejercen un mandato que emana de los ciudadanos. Sin embargo, dicho mandato es irrevocable y las actuales causales de revocación operan sólo en razón de criterios preestablecidos, por lo general a nivel constitucional, vinculados a cierta inaptitud moral o física sobreviniente de los gobernantes para desempeñar el mandato conferido. Si bien la voluntad ciudadana es directa y crucial para conferir el mandato, resulta intrascendente para revocarlo, generándose mecanismos de indisposición de los gobernantes muchas veces paternalistas y antidemocráticos, independientes a la voluntad popular.
Ante el auge y desarrollo de la democracia “los ordenamientos constitucionales han adoptado ciertos mecanismos dirigidos a incorporar más estrechamente al ciudadano al proceso de adopción de decisiones políticas”[3], tales son las que en doctrina se denominan instituciones de democracia semidirecta, las que consisten en un conjunto de técnicas mediante las cuales se consulta al cuerpo electoral sobre asuntos específicos de trascendencia política, tales como un texto normativo, una decisión política o la manifestación de confianza a un gobernante, es en este contexto que se encuentra la denominada “destitución popular” o “revocatoria” o “recall” que es la facultad del cuerpo electoral para solicitar que se someta a la consulta de la ciudadanía la expiración del mandato de un gobernante antes del término de su período, si el resultado de la consulta es adverso este debe cesar en sus funciones de inmediato. Como bien expresa el profesor BIDART, “la destitución puede ser individual cuando se limita a revocar el mandato de un funcionario o colectiva, cuando se dirige a disolver un cuerpo pluripersonal”[4]. La revocación del mandato conferido, en tanto mecanismo de control de las actividades de la administración, debe ser devuelto a quienes han conferido el poder, para que las autoridades no olviden que son los ciudadanos ante quienes deben responder y a cuyo servicio, por otra parte, se encuentran. Con esta finalidad, el referéndum revocatorio se presenta como una posibilidad cierta y oportuna de los ciudadanos de manifestar su descontento y revocar el mandato conferido, si los mandatarios no han obrado en conformidad a las expectativas de los gobernados.
2. Derecho comparado.- La presente propuesta no es novedosa en el ámbito comparado, pues, otras legislaciones han contemplado este mecanismo y se aplica a muy diversas autoridades: desde representantes locales y regionales, hasta jueces y presidentes. Existen distintas experiencias en materia de revocación de mandato en Latinoamérica, entre ellas podemos citar a México, donde en alguna de las Constituciones de sus Estados miembros se contempla el sistema de revocación del mandato, así, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución Política de Chihuahua prescribe que: “Es revocable el mandato de los funcionarios públicos electos mediante voto. La solicitud de revocación del mandato deberá ser suscrita cuando menos por el 10% de los ciudadanos del estado, municipio o distrito, según sea el caso y podrá presentarse una vez transcurrido una tercera parte del período para el cual fue electo el funcionario”. A su vez, es interesante el caso del artículo 30 de la Constitución del Estado de Yucatán, fracción XLI, que contempla un mecanismo matizado de revocación, donde es el Congreso quien se encuentra facultado para disponer la revocación una vez que le sea solicitado por el 75% de los electores.
En la Argentina existen, por su parte, la revocación de mandato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las Constituciones de Misiones y Neuquen, la de Tierra del Fuego de mayo de 1991. El mismo instituto se halla también especialmente contemplado en las Constituciones del Chaco, Chubut (ambas de octubre de 1994) y La Rioja (agosto de 1986, reformada en 1998 y 2002). El Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires dispone para la segunda parte de la revocación, consistente en una votación electoral, que esta sólo se verificará en el caso de que se alcance un número de votos favorables a la iniciativa que supere el cincuenta por ciento (50%) de los inscritos en el padrón respectivo
El caso Venezolano, es digno de atención, en su artículo 72, la Constitución regula este sistema de revocación señalando que: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor de veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria a un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato” Como se sabe, en Agosto de 2004, y aplicándose las normas mencionadas, se votó el referendo revocatorio al que fue llevado el Presidente Chávez, quien finalmente mantuvo su cargo.
Ahora bien, no sólo Latinoamérica posee consultas revocatorias; existen disposiciones constitucionales y legales en 26 estados de los Estados Unidos que facultan a los electores para pedir la destitución de todos o algunos funcionarios públicos, introduciendo la pregunta respectiva en la papeleta de un referéndum antes de la finalización de su período.
Resulta interesante considerar la distinción hecha por algunas cortes norteamericanas en el sentido de desentrañar el sentido de la consulta: si es sancionatoria o si sólo produce un efecto político. En el primer caso el acusado tiene derechos asociados a todo acusado, defensa, prueba y fallo razonado, pero si la revocación es solo política fundada en el descontento, el funcionario no tiene derecho a defensa y opera solo la voluntad de Dios. Ahora bien, al parecer la corrupción gubernamental y la falta de representatividad de las instituciones del gobierno, durante el período inmediato después de la guerra civil de los Estados Unidos, generaron varios movimientos de reforma incluyendo a los populistas cuya agenda pretendía devolver a los ciudadanos el control del gobierno. Ellos sugerían el referéndum de destitución, de iniciativa y de protesta. Los últimos dos fueron autorizados por primera vez por una enmienda constitucional en Dakota del Sur en 1898. La primera entidad gubernamental en adoptar la destitución fue la ciudad de Los Angeles, cuyo estatuto de 1902, también incluyó la iniciativa y el referendo.
Suiza, por su parte, posee consultas revocatorias en sus cantones para ciertos representantes, aunque en general regulado en el ámbito constituyente, desde 1848.
3. Ideas matrices.- Aunque es difícil determinarlo con exactitud, se parte del supuesto que la existencia de la destitución estimula a los funcionarios públicos a ser más responsables con sus electores. La amenaza del uso de la destitución puede hacer reflexionar más a los funcionarios electos, sobre sus posiciones y conductas en determinados temas; y a la vez animar a los votantes a jugar un rol de supervisión más activo en relación a los funcionarios electos.
A este respecto, útil resulta recordar una frase de Jean Jacques Rousseau: "El pueblo inglés cree que es libre, se equivoca; solamente es libre cuando elige a sus representantes al Parlamento. Tan pronto como son electos éstos, el pueblo se convierte en esclavo, ya no es nada. Durante los breves momentos de su libertad, el uso que hace de ella merece que la pierda".
Es necesaria la propuesta de reforma, en la búsqueda de acortar la distancia entre la ciudadanía y las instituciones de representación y de gobierno, transitar de la periódica participación de los electores en los procesos comiciales, a la participación ciudadana en un sentido más pleno. Aunque se ha dicho que al ser el sistema de elección impersonal o secreto no hay manera de saber si los electores, quienes por reglas predispuestas han logrado imponer su opinión por sobre los otros, se encuentran efectivamente disconformes con la gestión de su mandatario. Sin embargo, a pesar de poder considerar plausibles las críticas, nuestra posición es que el gobernante es un mandatario de los ciudadanos, un delegado a quien se le encomienda la tarea de gobernar, de forma que si la confianza depositada en él decae significativamente, el pueblo, su mandante, tiene la legítima aspiración de destituirlo, expresando su opinión en una forma prescrita por la Constitución y las leyes, consagrando el mecanismo de revocación, desarrollado en el ámbito de las formas de democracia semi directas, sobre la base del procedimiento indicado en el articulado que se desarrolla más adelante.
Es por eso que sobre la base de estos antecedentes venimos en proponer el siguiente proyecto de reforma constitucional:
Proyecto de Reforma Constitucional.
Art. Único.- Modifíquese la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:
1.º En el inciso primero del artículo 5, intercálese a continuación de la palabra "plebiscito" seguida de una coma, la expresión ", del referendo revocatorio".
2.º En el inciso segundo del artículo 15, intercálese a continuación de la palabra "elecciones", seguida de una coma la expresión ", referendo revocatorio".
3.º Agréguese un nuevo inciso primero al artículo 60 de la Constitución quedando los actuales incisos como 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente, del siguiente tenor: “Cesará en su cargo el Diputado o Senador al que se le hubiere revocada el mandato en un referendo especialmente convocado al efecto”.
4.º Agréguese a la Constitución Política de la República de Chile, un nuevo Capítulo XVI sobre referendo revocatorio:
CAPÍTULO XVI
EL REFERENDO REVOCATORIO.
Art. 130. Los cargos de Senadores, Diputados, Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales son revocables de acuerdo a las condiciones que establezcan la Constitución y las leyes. Transcurrida la mitad del período por el cual fue elegido el titular del cargo, un número no menor del diez por ciento de los sufragantes que participaron en la última elección respectiva en la correspondiente circunscripción, podrán solicitar la convocatoria a un referendo para revocar su mandato.
Si el cincuenta por ciento más uno del número de electores y electoras, hubieren votado a favor de la revocatoria, y siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los sufragantes que participaron en la última elección respectiva, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato al reemplazo de conformidad a lo dispuesto en el art. 51 de esta Constitución.
La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley electoral.
Durante el período para el cual fue elegido el titular del cargo no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL; ESPINOSA, DON MARCOS; JARAMILLO, OJEDA; PÉREZ, DON LEOPOLDO, Y URRUTIA, DON OSVALDO, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, FERNÁNDEZ, MOLINA Y SEPÚLVEDA, QUE “MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA COMISIÓN PERMANENTE DE ADULTO MAYOR”. (BOLETÍN N° 9943-16)
I. ANTECEDENTES GENERALES:
A lo largo de la historia de Chile, se han manifestado múltiples procesos y fenómenos sociales propios de una sociedad humana. De esta manera los referidos fenómenos o procesos vinculados progreso material y espiritual de nuestro país siempre han tenido un cauce institucional y en ese sentido nuestra corporación ha jugado un rol relevante en la positivación de tales anhelos que van surgiendo en la medida que en nuestra nación van germinando nuevos desafíos. En efecto, si en los albores de la república, el interés principal de las autoridades consistía en la edificación de un orden político, jurídico y social, actualmente tales intereses mutaron en otros como la consagración efectiva de la igualdad y empoderamiento social de las capas más desposeídas, o el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, principios y valores respetados y promovidos por todos los sectores políticos, reduciéndose el debate al camino que adoptaremos para alcanzar tales ideales cívicos.
En materia de inclusión social, proceso que actualmente Chile está mirando con especial ahínco en las políticas públicas implementadas por los sucesivos gobiernos, uno de los asuntos más apremiantes para su tratamiento institucional, es el vinculado a la promoción y protección de los derechos de los adultos mayores. En efecto, este segmento de la población con el correr del tiempo va adquiriendo mayor importancia en nuestro país. Es así como actualmente la esperanza de vida de los chilenos asciende a los 79 años (77 años en el caso de los hombres y 83 años en las mujeres), situación que redunda en los más diversos ámbitos de nuestra vida nacional, como es el laboral, el previsional, el deportivo y recreacional, salud pública, seguridad, derechos humanos, entre otros tantos asuntos, que requieren de un tratamiento legislativo concienzudo y detallado lo que refleja la trascendencia de la problemática del adulto mayor en nuestro país y su necesidad de profundizar sus normas y políticas.
Como se indicó en párrafos atrás, la creación normativa respecto de los asuntos propios de los adultos mayores en nuestro país se encuentra supeditado a los nuevos desafíos que impone el futuro. En efecto con el correr de los años van surgiendo nuevos problemas y necesidades que requieren de la autoridad una solución rápida, permanente y eficaz para este sector cada vez más importante de nuestra sociedad.
De esta manera, los diputados patrocinantes de esta moción estamos contestes en la idea que los adultos mayores en Chile requieren de un tratamiento legislativo especial que se haga cargo de sus necesidades permanentes y ser escuchados, asimismo, en las más altas instancias parlamentarias, con la finalidad de entender de primera fuente sus inquietudes, desafíos y problemas esenciales y otorgarle el cauce correcto a ellos, maximizando la rentabilidad de nuestros esfuerzos como legisladores en beneficio directo de estas personas y en general de toda la población.
II. CONSIDERANDO
1.- En la actualidad, el quehacer legislativo en cuanto al adulto mayor se encuentra radicado en la Comisión Permanente de Familia y Adulto Mayor, en donde son vistas las iniciativas más importantes en la materia; sin embargo creemos que la relevancia de la ancianidad en nuestro país ha adquirido elementos especialísimos que lo apartan de las temáticas propias de familia, aunque reconociendo que ambos asuntos van de la mano. Pensamos, en consecuencia, que el tema que nos convoca requiere de un tratamiento particular, centrado en una comisión legislativa permanente y exclusiva en los temas propios de la ancianidad.
2.- Que, desde el punto de vista legislativo, la temática del adulto mayor comenzó incipientemente como una comisión legislativa especial, hecho que si bien puso en la palestra parlamentaria los puntos más relevantes, su carácter de transitoria hizo que los acuerdos y normativas aprobadas en la referida instancia parlamentaria no tuvieran el peso político y legislativo necesario que otorgaran a las iniciativas la eficacia y ductilidad que requieren las políticas vinculadas a los adultos mayores.
3.- Que, sin perjuicio de lo anterior, y en virtud del esfuerzo de parlamentarios y particularmente de la sociedad civil, mucho se puedo sacar en limpio respecto de clarificar las principales falencias jurídicas e institucionales que adolecían los adultos mayores en Chile, en ese sentido se pueden indicar tres grandes logros dejados por esta comisión en este ámbito, a saber:
a) El establecimiento de la bases de una Política Nacional del Adulto Mayor.
b) La consagración una Ley integral del Adulto Mayor y
c) El fortalecimiento institucional del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
4.- Que, tales logros, sin lugar a dudas reflejaron no solamente el arduo trabajo realizado, sino más bien lo mucho que existe por hacer, razón por la cual requerimos la incorporación de mecanismos institucionales en nuestra corporación que hagan carne los múltiples proyectos de integración y reconocimiento de los derechos de este cada vez más relevante segmento de nuestra población.
5.- Sin lugar a dudas, la consagración de las temáticas y propuestas de este segmento de la población circunscritas en una comisión permanente como es la Comisión de “Familia y Adulto Mayor”, constituyó un paso adelante en la materia, erigiéndose como un asunto de vital jerarquía que debe estar en la agenda legislativa y social de nuestro país. Sin perjuicio de lo anterior, ya en la discusión del proyecto de acuerdo que modificó el Reglamento de nuestra Corporación se indicó que la relevancia alcanzada por este asunto en los temas y desafíos permanentes de nuestra república ameritaban el tratamiento separado de ambos tópicos, sin embargo dicha iniciativa no prosperó.
6.- Que, una consideración que no hay que soslayar, consiste en que en el pasado período legislativo (2010-2014), como en el actual (2014-2018), se han presentado y aprobado por parlamentarios de diversas bancadas, sendos proyectos de resolución destinados a solicitarle al poder ejecutivo la implementación de la Subsecretaría del Adulto Mayor, razón por la cual esta iniciativa debe guardar consonancia con nuestra propia institucionalidad y es por ello que en un acto de consecuencia política promovemos la creación de la comisión permanente del Adulto Mayor.
7.- Que, bajo este orden de ideas la necesidad del establecimiento de esta instancia parlamentaria obedece a la relevancia que la población llamada de la tercera edad ha adquirido en nuestra sociedad, en efecto según datos estadísticos entregados por la última encuesta Casen, la población representadas por los adultos mayores constituye ya un 9,5 por cierto, alcanzando la cifra de 2 millones ochocientos mil personas, cifra que debe implicar derechamente un compromiso del Estado en torno al establecimiento concreto de toda una institucionalidad jurídica y orgánica que la regule de un modo eficaz, pero no en consideración a que esta parte de la sociedad corresponda a una carga para los chilenos, sino más bien como un aporte que ellos pueden entregarle al país.
8.- Es así, como este proyecto no surge de la sola voluntad de los parlamentarios, sino fundamentalmente de la propia sociedad civil, quienes a través de sus representantes en innumerables ocasiones, nos han manifestado la necesidad de creación de una comisión exclusiva y permanente del adulto mayor. En efecto, organizaciones como la Unión Nacional de Pensionados de Chile, quienes a través de su Presidente, Fernando Iturriaga, han alzado su voz indicando desde un principio, la necesidad de un análisis profundo y serio de la problemática del adulto mayor a través de una comisión que solamente se encuentre erigida para el conocimiento de estos asuntos. Como ello, otras tantas organizaciones, como Caritas-Chile, Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo o las Uniones Comunales de Adultos Mayores, han hecho sentir su sentido anhelo de contar con una instancia parlamentaria como la que en esta oportunidad proponemos.
Finalmente creemos que este esfuerzo no será en vano y por lo mismo esperamos que esta iniciativa parlamentaria cuente con un apoyo transversal de los parlamentarios en nuestra Cámara una comisión permanente únicamente que analice y proponga propuestas y soluciones a un tema de la agenda pública de vital importancia para el futuro de Chile.
III. PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórense las siguientes modificaciones al Reglamento de la H. Cámara de Diputados
a) Elimínese en el número 16 del artículo 216 la expresión: “y Adulto Mayor”
b) Incorpórese un nuevo numeral 26 en el artículo 216 de la siguiente manera: “Del Adulto Mayor”.
DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL; ESPINOSA, DON MARCOS; JARAMILLO, OJEDA; PÉREZ, DON LEOPOLDO, Y URRUTIA, DON OSVALDO, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, FERNÁNDEZ, MOLINA Y SEPÚLVEDA.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LETELIER, AGUILÓ, ARRIAGADA, CARMONA, FUENTES, JIMÉNEZ Y PÉREZ, DON JOSÉ, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, SEPÚLVEDA Y VALLEJO, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE LA RENUNCIA LIBRE Y VOLUNTARIA AL CARGO DE PARLAMENTARIO”. (BOLETÍN N° 9944-07)
Fundamentos:
1.- Históricamente nuestra tradición Constitucional siempre ha contemplado la posibilidad de renunciar al cargo de Parlamentario (indistintamente entre Diputados y Senadores), según las motivaciones individuales que cada persona que ejerciere el cargo tuviere al momento de manifestar tal decisión. Sin embargo, la Constitución de 1980 en su texto original, no incluyó la renuncia dentro de las causales de cese del cargo. Esta situación perduró hasta la reforma constitucional del año 2005 (Ley 20.050), que estableció la posibilidad de renuncia única y exclusivamente en caso de enfermedad que impida ejercer el cargo y que dicha situación se encuentre debidamente calificado por el Tribunal Constitucional (artículo 60 inciso final y 93 Nº 15 de la Constitución Política del Estado).
2.- Esta situación de inmovilidad del cargo se entiende en razón de la responsabilidad social que reviste el hecho de ser elegido a través de votación popular, lo que genera un arraigo con las esperanzas e ilusión del electorado de que su opción manifestada a favor de un programa será cumplido. A su vez, el ejercicio de la soberanía se entiende llevada a cabo de manera ininterrumpida a través de los cargos públicos y su ejecución. Por ende, el hecho de que renuncie el parlamentario de manera incondicional, deja abierta la posibilidad de decepcionar el clamor popular.
3.- Sin embargo, esta situación debe también asociarse a otros derechos garantizados a nivel constitucional y que no deben ser olvidados al momento de abrir el debate sobre este punto. Las libertades individuales y la igualdad ante la ley. Ambas deben ser priorizadas al momento de poner sobre la balanza los argumentos en pro y en contra sobre este punto. Si a un ciudadano común le está permitido ejercer su derecho a renuncia a sus labores o funciones remuneradas, con mayores razones debiera permitírsele a quien detenta un cargo público y que no se encuentra a gusto en su desempeño o ejercicio, contrario a su voluntad. Es más, se podría abrir la posibilidad para que otro ciudadano con energías renovadas y nuevas ideas ejerza el cargo y supla la vacancia de acuerdo a las reglas del artículo 51 de nuestra Constitución.
4.- En otras latitudes, la renuncia se acepta incluso sin condiciones. En este sentido, Argentina[1], Colombia[2], Bolivia[3], Brasil[4] y Estados Unidos de América[5], donde se establece dentro de las causales de cese del cargo de Parlamentario o Congresista a la renuncia sin mayores consideraciones, con sus respectivas consecuencias jurídicas. Como ya mencionamos, en Chile, la renuncia sólo se contempla para el caso de enfermedad grave, lo cual coarta la posibilidad de cesar en el cargo por otros motivos, sean de carácter personal, morales o de convicción política.
5.- Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la renuncia libre y voluntaria sin condiciones debe generar consecuencias al renunciado, toda vez que la soberanía popular y la fe pública se encontrarán trastocadas con la decisión del parlamentario. Así, proponemos que el parlamentario que renuncie libre y espontáneamente debe asumir un costo civil y político al respecto, el cual sería la imposibilidad de ejercer cargos públicos de elección popular por un período de 8 años. Ello se entiende sólo para la renuncia voluntaria más no para la renuncia por causa de enfermedad que proponemos mantener entendiendo por tal una situación de fuerza mayor ajena a la voluntad del parlamentario. Además, la situación de enfermedad podría ser reversible, lo cual no obsta a que en un posterior período inmediato puede presentarse como candidato, tal como un ciudadano común que cumpla con los requisitos para el cargo.
Por estos motivos, tengo el honor de someter al conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 60 inciso final de la Constitución Política de la República de Chile:
Luego del punto a parte (.) que pasa a ser punto seguido (.), incorpórese la siguiente frase:
“Asimismo, los Diputados y Senadores podrán renunciar libremente a sus cargos en cualquier momento, pero en tal caso, no podrán ejercer cargos públicos de elección popular por un período de 8 años contados desde que se hace efectiva su renuncia”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES PAULSEN, ÁLVAREZ-SALAMANCA, GARCÍA, POBLETE, SAFFIRIO, URRUTIA, DON OSVALDO, Y VENEGAS, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, PARA LA CERTIFICACIÓN GRATUITA DE TÍTULO Y ESTUDIOS A FAVOR DE LOS EGRESADOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR”. (BOLETÍN N° 9945-03)
“Considerando:
Que la educación superior chilena en los últimos años ha sido objeto de numerosas críticas en diversos aspectos, centrando el debate en reformas estructurales que escapan a las facultades que como diputadas y diputados tenemos para presentar un proyecto de ley. Lo anterior no implica que no existan asuntos pendientes de carácter más cotidiano, pero que sin duda generan un problema para miles de egresados de la educación superior.
Que un plantel cobra matrícula y un determinado arancel para costear el capital humano e infraestructura que debe tener un establecimiento de educación superior, lo que nos parece absolutamente legítimo. Pero también cobran cada vez que un egresado o alumno debe obtener un certificado que acredite su título o estudios.
Por tanto, no parece razonable cobrar cada vez que un egresado de una institución, que por años pagó la matrícula y arancel correspondientes, además tenga que comprar un certificado que acredite su título y/o estudios cursados.
Que los certificados de constancia de títulos y estudios son papeles – con timbre y firma de la universidad – que acreditan que una persona es alumna o alumno de una determinada institución, que obtuvo un título profesional y/o que sus notas están certificadas.
Que al ingresar a cualquier trabajo solicitan una serie de antecedentes, dentro de los cuales se encuentra un certificado de título o estudios, que debe ser original o copia legalizada ante notario. Así, un egresado que encuentra su primer trabajo debe comprar el certificado correspondiente a la institución donde estudió y además pagar el valor por legalizarlo, si es que no desea entregar el certificado original a su empleador.
Que no queda claro qué criterios se utilizan para cobrar, ya que los costos operativos para emitir los documentos están muy por debajo de lo que finalmente se cobra. Asimismo, cada institución es la única que puede entregar estas certificaciones, dejando sin opción más que comprarlos a quien los necesita.
Creemos que esta moción avanza en eliminar un obstáculo económico para que las personas - que con esfuerzo lograron egresar de una carrera - puedan completar los trámites para una oportunidad laboral o lo que considere necesario.
Por lo fundamentado, venimos a proponer lo siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo único: Agrégase, en la Ley N° 19.496 que establece normas sobre protección a los derechos de los consumidores, el siguiente artículo 3 quáter:
“Todo establecimiento de educación superior, es decir, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, debe otorgar a cada egresado de su institución el certificado de constancia de título y estudios, sin costo alguno para aquél, dos veces al año si lo solicitare.”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GUTIÉRREZ, DON HUGO; AGUILÓ, ARRIAGADA, AUTH, CARMONA; ESPINOZA, DON FIDEL; LETELIER, MIROSEVIC, SAFFIRIO Y WALKER, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, SOBRE FUERZA VINCULANTE DE LOS PLEBISCITOS COMUNALES”. (BOLETÍN N° 9946-06)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1. Que el artículo 5º, en su inciso primero, de la Constitución Política de la República, indica que la soberanía reside esencialmente en la Nación. Dicha soberanía, agrega el texto constitucional, se realiza por el pueblo a través del plebiscito, las elecciones periódicas y por las autoridades que la constitución establece. En consecuencia, la constitución política establece que nuestro sistema democrático no es exclusivamente representativo y considera otras formas de directa participación ciudadana como componentes esenciales del régimen democrático.
2. La misma carta fundamental, en su artículo 118 expresa que una ley orgánica constitucional “señalará, las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo municipal o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos”.
3. Que los Plebiscitos Comunales están reglamentados en la Ley Orgánica Constitucional N° 18.695 artículos 99 al 104, y expresa que en el caso de solicitarlo los ciudadanos, deberán concurrir con su firma, ante notario público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 10% de los ciudadanos que sufragaron en la última elección municipal, debiendo acreditarse dicho porcentaje mediante certificación que expedirá el Director Regional del Servicio Electoral. Asimismo, indica que los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal, siempre que vote en él más del 50% de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna, en base al sistema que rige actualmente de inscripción automática de electores en el padrón electoral.
4. Que dicha exigencia para las comunas viola el principio de igualdad ante la ley ya que, desde la entrada en vigencia de la ley de inscripción automática y voto voluntario, hubo un aumento significativo del padrón electoral y, aún así, no se exige un quórum mínimo legal para cargos de elección popular o para plebiscitos de nivel nacional.
Recordemos que en la última elección municipal (2012) votó el 43% de los ciudadanos habilitados para votar.
5. Por otra parte, la ley 20.568 de Inscripción Automática y Voto Voluntario modificó el inciso segundo del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, indicándose ahora que el plebiscito debe celebrarse ciento veinte días después de la publicación del respectivo Decreto Alcaldicio, y que aquellos no se pueden hacer en años de elecciones municipales, ni tampoco siete meses antes ni dos meses después en años de elecciones parlamentarias, lo que restringe aún más a la ciudadanía para convocar a plebiscitos comunales.
6. El quórum exigido por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades constituye una barrera y desincentivo para la participación, y un gravamen enorme para la ciudadanía de todas las comunas del país. El plebiscito comunal es, quizás, el más importante mecanismo que tiene la ciudadanía para el ejercicio directo de la democracia para la resolución democrática de asuntos comunales.
La participación ciudadana en el nivel local permite encontrar soluciones compartidas, debatidas y comprensivas a los problemas cotidianos que enfrentan las personas en las comunas de nuestro país. Primordialmente, el objeto de los plebiscitos y las consultas no vinculantes han tenido que ver con asuntos que afectan directamente a las habitantes de las comunas. Son esos ciudadanos los que viven el impacto y efectos directos de la administración comunal.
La valoración social de la democracia como régimen político decisional se encuentra relacionada con el grado de participación en la adopción de políticas públicas y, al mismo tiempo, con la facilidad para participar vinculantemente en ellas. El Chile actual requiere considerar el veredicto ciudadano para los asuntos públicos.
7. Por último, existe una clara incongruencia entre el precepto constitucional que dictamina la voluntariedad del voto (Art. 15) y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que, veladamente, obliga a votar al 50% del padrón electoral para que un plebiscito sea vinculante.
Por lo tanto,
El diputado Hugo Gutiérrez Gálvez y los demás adherentes que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo Primero: modifíquese el Artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de la siguiente manera:
1.- En el inciso tercero, reemplácese la frase “habilitados para votar en la comuna” por la frase “que votaron en la última elección municipal en la comuna”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO, Y SANDOVAL, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.066, DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”. (BOLETÍN N° 9947-18)
1. En el mes de octubre del año 2005 fue publicada en nuestro país la Ley de Violencia Intrafamiliar, que tal como lo indica su artículo primero, “tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma”.
2. Dentro de los sujetos de protección de dicha ley se encuentran señalados ciertos grupos que presentan mayores características de vulnerabilidad, como los adultos mayores, personas con discapacidad y niños.
3. Sin embargo, en estos casi 10 años de aplicación de la ley, todavía se advierten problemas de implementación de la misma y de protección efectiva. En este sentido cabe señalar lo mencionado en el Informe Ejecutivo de Evaluación de la Ley N° 20.066[1], en el cual se informa que “si bien la Ley incorpora en su concepto a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, existe consenso en los implementadores entrevistados en que la protección efectiva de estos grupos sería deficiente.
En este sentido, se constató en la práctica que los hechos de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y adolescentes, se tratan judicialmente como medida de protección y no bajo el procedimiento establecido en la Ley N°20.066. Esto fue valorado como positivo, por cuanto dichas medidas serían más efectivas.”
4. Respecto a la percepción de la ciudadanía sobre la institucionalidad que opera en estas materias, el informe señala que “(…) fue notado, además, tanto por implementadores como por la ciudadanía, la falta de capacitación de funcionarios del sistema en materia de violencia intrafamiliar, especialmente en relación a Carabineros, Tribunales de Familia y Juzgados de Garantía. Adicionalmente, se destacó escaso conocimiento en temas de discapacidad, accesibilidad y adaptación en los establecimientos públicos.
Desde la percepción ciudadana fue cuestionada la protección a los grupos vulnerables, dimensión que fue la peor evaluada. Así, en relación a los adultos mayores se destacaron como principales problemas el abuso patrimonial y el abandono. Mientras que para los niños, niñas y adolescentes, fue destacada por los entrevistados la condición de víctimas colaterales como el problema más común que afecta a este grupo. Se agregó, además, que ambas situaciones cobran relevancia en cuanto estos grupos no tienen la capacidad de denunciar las situaciones de violencia en las que se encuentran.”
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las mujeres se observa que existen normas más específicas que en relación a otros grupos vulnerables como los niños y adultos mayores. En efecto, el artículo 4º de la ley se refiere al rol que cabe al Servicio Nacional en materia de adopción de medidas que permitan la generación de políticas públicas para la mujer, que den cumplimiento a los objetivos de esta ley. Sin embargo nada se dice sobre las políticas en materia de infancia o bien de adultos mayores, aun cuando la Ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, se refiere al rol que cabe al Servicio Nacional del Adulto Mayor en materia de políticas, planes y programas que deban efectuarse para contribuir a la solución de los problemas de los adultos mayores. Tampoco se hace referencia al rol que le cabe al Servicio Nacional de Menores, el cual de acuerdo al Decreto Ley N° 2.465 debe proponer al Ministerio de Justicia aquellos planes y programas que permitan prevenir y remediar las situaciones que afectan a los menores regidos por dicha ley.
5. Junto a lo anterior, en materia de representación judicial también se reconoce un rol importante al Servicio Nacional de la Mujer, el que tal como dispone el artículo 20 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, en casos calificados por el propio Servicio, tendrá el patrocinio y representación de la mujer víctima de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar.
Se extraña este mismo reconocimiento para los casos de violencia contra niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
6. Si bien en el caso de los niños la ley del SENAME en su artículo 16 prevé la posibilidad para el Servicio de hacerse parte o querellarse, esta solo opera en un caso acotado, que es aquel que se produce cuando las acciones de asistencia o protección de los niños a los que se refiere esta ley, son realizadas por personas naturales o por entidades públicas o privadas, y existen indicios graves de que la forma en que se desarrollan esta acciones, puede poner en peligro material o moral a dichos niños.
7. Como se puede desprender de la norma en comento, esta facultad del Servicio opera solo para los casos de indicios graves de vulneración de derechos de los niños pertenecientes al Servicio Nacional de Menores, y no respecto de todos los niños. Por ello cobra relevancia la inclusión de una mención expresa a los niños, sin distinción, en el artículo 7° de la Ley de Violencia Intrafamiliar, norma que regula las situaciones de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. En el inciso final de este articulado se dispone que el Tribunal cautelara especialmente el caso de las mujeres embarazadas, de las personas con discapacidad y adultos mayores, quedando fuera los niños.
8. Por ello, en virtud de todos los antecedentes aquí expuestos y de la ausencia de una norma que regule de manera general, para todos los niños, niñas y adolescentes del país, y no solo de los niños sujetos de protección de la Ley de SENAME, medidas cautelares o de protección en caso que se vean expuestos a situaciones de riesgo de violencia o de peligro material o moral, es que presentamos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Modifíquese el artículo 7 de la Ley N° 20.066, de Violencia Intrafamiliar, en el siguiente sentido:
Agregase en el inciso final, entre la frase “persona con discapacidad” y la conjunción “o”, la siguiente oración: “, se trate de cualquier niño, niña o adolescente”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA; DON OSVALDO; HERNÁNDEZ Y SANDOVAL, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL FORTALECIENDO LAS NORMAS DE PROTECCIÓN A LOS VOLUNTARIOS DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN ACTOS DE SERVICIO”. (BOLETÍN N° 9948-07)
“Los Cuerpos de Bomberos de nuestro país gozan de gran prestigio y respeto por parte de toda la comunidad. El reconocimiento a su labor no sólo se debe por prestar servicios voluntarios a la sociedad, sino que también por el profesionalismo con que actúan y desarrollan sus actividades, arriesgando su vida si es que fuere necesario.
Esta noble labor que si bien es reconocida por todos los ciudadanos, merece un mejor tratamiento por parte del Estado. Es por ello, que durante los últimos años se han realizado algunos esfuerzos que han fortalecido la institucionalidad jurídica de los Cuerpos de Bomberos.
Dentro de los avances más destacables, podemos mencionar las modificaciones incorporadas por la ley 19.830 que modifica el Código Penal para proteger la seguridad de los voluntarios de los cuerpos de bomberos en actos de servicio, la cual estableció nuevos tipos penales, sancionando conductas antijurídicas en contra de los voluntarios de bomberos y que se ejecuten mientras desarrollan sus procedimientos.
Sin embargo, el avance más esperado en la materia fue la dictación de la Ley Marco de Bomberos, publicada en 2012, la que estableció por primera vez un estatuto jurídico especial para esta institución y se hizo cargo de demandas que por años habían tenido todos los Cuerpos de Bomberos del país.
Sin perjuicio de lo anterior, los lamentables incendios que han afectado a la provincia de Valparaíso durante 2014 y marzo de 2015, han dejado de manifiesto que es necesario entregar mayores herramientas de carácter jurídico que faciliten el accionar de los voluntarios, los empoderen y que permita considerarlos más que simples colaboradores en situaciones de emergencia.
En consideración a lo anterior, este proyecto viene a modificar los tipos penales incorporados por la ley 19.830, aumentando las penas e incorporando nuevas hipótesis.
La primera modificación consiste en aumentar las penas para el delito sancionado por el artículo 268 bis, el cual establece que quienes dieren falsas alarmas incendio, emergencia o calamidad pública a los Cuerpos de Bomberos serán sancionados con una pena de reclusión menor en su grado mínimo. El proyecto incorpora la pena de multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales para los que incurrieren en estas conductas.
En segundo término, el proyecto establece que quienes impidieren o dificultaren la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos y que con ocasión de esa turbación causaren lesiones a sus voluntarios o daño a su equipamiento, tendrán una pena de presidio menor en su grado medio a máximo, esto es, se aumenta la pena en un grado a la pena asignada a la hipótesis general establecida en el artículo 269 del Código Penal.
En definitiva, con estas modificaciones estamos fortaleciendo las normas destinadas a proteger la tan valorada profesión bomberil, para que de esta manera, los Cuerpos de Bomberos de Chile puedan seguir contribuyendo más eficazmente en sus tareas de servicio público a la comunidad.
Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórese las siguientes modificaciones al Código Penal.
1. En el artículo 268 bis agréguese después de la frase “grado mínimo”, lo siguiente:
“y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales”.
2. En el artículo 269 agréguese la siguiente frase a continuación del inciso final, que pasa a ser inciso segundo:
“La pena prevista en el inciso precedente se aumentará en un grado si se causare lesiones al personal de estos servicios o daño al equipamiento destinado a contener la situación de emergencia”.