Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- PERMISO
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Juan Luis Castro Gonzalez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Claudia Nogueira Fernandez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ANÁLISIS DE SITUACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES A HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Proyectos de resolución)
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Christian Erwin Urizar Munoz
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Marcela Ximena Hernando Perez
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- INTERVENCIÓN : Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTERVENCIÓN : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Ivan Aladino Fuentes Castillo
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- Leopoldo Perez Lahsen
- German Verdugo Soto
- Jose Ramon Barros Montero
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Jose Perez Arriagada
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANÁLISIS DE SITUACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES A HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Proyectos de resolución)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Sergio Ojeda Uribe
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Pepe Auth Stewart
- Cristian Campos Jara
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Ramon Farias Ponce
- Enrique Jaramillo Becker
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Felipe Letelier Norambuena
- Marco Antonio Nunez Lozano
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- 6. INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR ESPINOSA, DON MARCOS, SOBRE SU PARTICIPACIÓN Y LA DE LOS DIPUTADOS SEÑORA TURRES, Y SEÑORES JIMÉNEZ Y MONSALVE, EN LAS REUNIONES EFECTUADAS EN EL MARCO DEL XLV PERÍODO DE SESIONES DEL PARLAMENTO ANDINO, ENTRE EL 29 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, COLOMBIA
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Marcos Espinosa Monardes
- Manuel Monsalve Benavides
- Marisol Turres Figueroa
- Tucapel Jimenez Fuentes
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 362ª
Sesión 91ª, en miércoles 12 de noviembre de 2014
(Especial, de 19.40 a 21.57 horas)
Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo González Torres, don Rodrigo
Presidencia accidental del señor Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel .
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 6
II. APERTURA DE LA SESIÓN 10
III. ACTAS 10
IV. CUENTA 10
V. OBJETO DE LA SESIÓN 11
ANÁLISIS DE SITUACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES A HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Proyectos de resolución) 11
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 56
1. Nuevo primer informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la Onemi.". (boletín N° 8353-19) 56
2. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", que "Modifica la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, fortaleciendo los consejos regionales.". (boletín N° 9691-06.) 56
3. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", sobre "Asignaciones y modificaciones a la planta del Servicio Agrícola y Ganadero.". (boletín N° 9690-01) 56
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rincón, Chahin, Chávez, Flores, Morano y Ojeda, que "Revoca la nacionalidad concedida por gracia a don John Joseph O’ Reilly ". (boletín N° 9718-06) 56
5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Insunza, Auth, Campos, Ceroni, Farcas, Farías, Jaramillo, Jiménez, Letelier y Núñez, don Marco Antonio, que "Revoca la nacionalidad chilena concedida por especial gracia al sacerdote irlandés John Joseph O’ Reilly". (boletín N° 9719-06) 56
6. Informe del diputado señor Espinosa, don Marcos, sobre su participación y la de los diputados señora Turres, y señores Jiménez y Monsalve, en las reuniones efectuadas en el marco del XLV Período de Sesiones del Parlamento Andino, entre el 29 y el 31 de octubre de 2014, en la Ciudad de Santa Marta, Colombia. 56
7. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2731-14-CPT. 57
VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Comunicaciones:
- Del diputado señor Farcas por la cual informa que retira su patrocinio al proyecto que "Modifica el Código Penal, con el objeto de eximir de responsabilidad penal a quienes ejecuten la conducta que indica en relación con el delito de maltrato de animales.". boletín N° 9673-07.
- De la diputada señora Álvarez por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial de hoy, 12 de noviembre, por impedimento grave.
- Del diputado señor Espejo por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 13 de noviembre de 2014, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Lorenzini por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 13 de noviembre de 2014, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Hernández por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial de hoy, 12 de noviembre, por impedimento grave.
- Del diputado señor Robles por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 13 de noviembre de 2014, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- De la diputada señora Molina por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial de hoy, 12 de noviembre, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial de hoy, 12 de noviembre, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Paulsen por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 13 de noviembre de 2014, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Núñez, don Daniel, por la cual informa que hará uso del permiso establecido en el inciso cuarto del artículo 42 del Reglamento de la Corporación, el 13 de noviembre de 2014, por medio día, por motivos particulares.
- Del diputado señor Lemus por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 13 de noviembre de 2014 por actividades propias de la labor parlamentaria.
2. Notas:
- Del diputado señor Castro por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 17 de noviembre de 2014, para dirigirse a San José, Costa Rica.
- Del diputado señor Insunza por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 1 de diciembre de 2014, para dirigirse a París, Francia.
3. Oficio:
- De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, por el que comunica la participación de la diputada señora Nogueira, Vicepresidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias del ParlAmericas , en el Encuentro de Parlamentarias/os sobre Mujeres, Política, Democracia y Desarrollo sostenible en el Siglo XXI, que se realizará en Panamá, los días 4 y 5 de diciembre de 2014 (464).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (97)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arriagada Macaya, Claudio DC RM 25
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bellolio Avaria, Jaime UDI RM 30
Berger Fett, Bernardo RN XIV 53
Boric Font, Gabriel IND XII 60
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cariola Oliva, Karol PC RM 19
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Carvajal Ambiado, Loreto PPD VIII 42
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Chahin Valenzuela, Fuad DC IX 49
Chávez Velásquez, Marcelo DC VIII 45
Cicardini Milla, Daniella IND III 5
Coloma Álamos, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo DC V 13
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Farcas Guendelman, Daniel PPD RM 17
Farías Ponce, Ramón PPD RM 25
Fernández Allende, Maya PS RM 21
Flores García, Iván DC XIV 53
Fuentes Castillo, Iván IND XI 59
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo RN XIV 54
Gahona Salazar, Sergio UDI IV 7
García García, René Manuel RN IX 52
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernando Pérez, Marcela PRSD II 4
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Insunza Gregorio de las Heras, Jorge PPD IV 9
Jackson Drago, Giorgio IND RM 22
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 24
Kort Garriga, Issa UDI VI 32
Lavín León, Joaquín UDI RM 20
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
Letelier Norambuena, Felipe PPD VI 33
Lorenzini Basso, Pablo DC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Melo Contreras, Daniel PS RM 27
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Mirosevic Verdugo, Vlado Liberal de Chile XV 1
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz, Celso UDI VII 36
Morano Cornejo, Juan Enrique DC XII 60
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Arancibia, Daniel PC IV 8
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio DC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel DC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paulsen Kehr, Diego RN IX 49
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Pilowsky Greene, Jaime DC RM 24
Poblete Zapata, Roberto IND. VIII 47
Provoste Campillay, Yasna DC III 6
Rathgeb Schifferli, Jorge RN IX 48
Rincón González, Ricardo DC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rocafull López, Luis PS XV 1
Sabag Villalobos, Jorge DC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René DC IX 50
Saldívar Auger, Raúl PS IV 7
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel DC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Soto Ferrada, Leonardo PS RM 30
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor DC V 15
Trisotti Martínez, Renzo UDI I 2
Tuma Zedán, Joaquín PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urízar Muñoz, Christian PS V 10
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Urrutia Soto, Osvaldo UDI V 14
Vallejo Dowling, Camila PC RM 26
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Walker Prieto, Matías DC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron, además, la ministra del Trabajo y Previsión Social , señora Javiera Blanco Suárez, y el ministro secretario general de la Presidencia , señor Álvaro Elizalde Soto.
-Se contó con la asistencia, también, del señor Subsecretario del Trabajo y Previsión Social , señor Francisco Javier Díaz Verdugo.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: La diputada señora Karla Rubilar Barahona y los diputados señores Fidel Espinoza Sandoval, Roberto León Ramírez, Jorge Tarud Daccarett y Patricio Vallespín López.
-Con permiso constitucional: Las diputadas señoras Cristina Girardi Lavín y Marisol Turres Figueroa.
-Con permiso parental: Los diputados señores Pedro Browne Urrejola y Enrique van Rysselberghe Herrera.
-Con impedimento grave: La diputada señora Jenny Álvarez Vera y el diputado Javier Hernández Hernández.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 19.40 horas.
El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 83ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 84ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , quienes somos miembros de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, debemos votar el presupuesto correspondiente a Educación.
En consecuencia, ¿podemos excusarnos de permanecer en la sesión?
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos están facultados para sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , en los puntos 5 y 6 de la Cuenta figuran dos proyectos (boletines Nos 9718-06 y N° 9719-06), que tienen el mismo propósito, cual es revocar la nacionalidad concedida por gracia a don John O´Reily .
Por lo tanto, solicito refundirlos y tratarlos en uno solo, por tratarse de la misma materia.
El señor CORNEJO (Presidente).- No hay inconveniente, señor diputado, siempre y cuando lo pida la comisión respectiva a la Sala.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ANÁLISIS DE SITUACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES A HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Proyectos de resolución)
El señor CORNEJO ( Presidente ).- La presente sesión tiene por objeto analizar y revisar en qué condición quedarán los funcionarios a honorarios que prestan servicios en los organismos de la administración del Estado, frente a la reforma previsional de la ley N° 20.255. Asimismo, conocer las medidas de mitigación que se han generado por parte del Ejecutivo, a fin de afrontar los cambios que se implementarán a partir de 2015.
Han sido invitados la señora ministra del Trabajo y Previsión Social, y el señor ministro de Hacienda , el último de los cuales se ha excusado de asistir dado que a esta misma hora está participando en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en la Biblioteca de la Corporación.
En el tiempo previo de quince minutos contemplado en el artículo 74 del Reglamento, correspondiente al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN (de pie).- Señor Presidente , señora ministra del Trabajo y Previsión Social , señor subsecretario:
En primer lugar, quiero saludar a quienes nos visitan de la Unión Nacional de Honorarios Públicos de Chile; a don Pablo Tapia , vocero de la Federación de Honorarios Públicos de La Araucanía; a don Juan Domingo Silva , del Sindicato Minvu Serviu; a don Patricio Bustamante , presidente del Sindicato de Honorarios de Maipú ; a don Luis González Silva , presidente del Sindicato de Peñalolén ; a don Gonzalo Navarrete , presidente del Sindicato de la Municipalidad de La Serena ; a don Jorge Aranda , del Sindicato de la Municipalidad de Villarica ; a doña Lorena Lobos , del Sindicato del Serviu de Concepción, y al representante del Sindicato del Serviu de la Región de Valparaíso .
Asimismo, agradezco a todos los parlamentarios que firmaron esta solicitud, en especial a la bancada del Comité Demócrata Cristiano por permitirme hacer uso de este tiempo previo.
Señor Presidente , el modelo económico social promueve diversas formas de trabajo precario, destacando en especial las relaciones laborales dentro del Estado, el cual es considerado como el mayor y, por qué no decirlo, muchas veces también el peor empleador.
El propio Estado no conoce las cifras reales de los honorarios, pero se estima que es una cifra cercana a los 250.000 trabajadores bajo esta categoría contractual, sin estabilidad mínima ni derechos básicos.
Más del 50 por ciento de los trabajadores del sector público labora precisamente bajo la modalidad de honorarios. Son trabajadores bajo subordinación y dependencia, a los cuales se les imponen deberes, horarios y otras obligaciones, pero no se les reconocen sus derechos. Su realidad dista mucho de la figura jurídica de prestadores de servicios; por el contrario, su aporte laboral, las funciones y responsabilidades que desarrollan en los distintos ámbitos hablan claramente de su condición de trabajadores sometidos a una vergonzosa relación laboral.
La realidad.
Las problemáticas más palpables de esta relación precaria son la inestabilidad laboral extrema, con trabajadores con contratos que se renuevan cada dos o tres meses, desvinculados la mayoría de las veces sin aviso previo y claramente sin ningún tipo de indemnización; trabajadores que deben soportar meses sin sueldo, mientras se renuevan los convenios con las municipalidades y servicios centrales, quienes no tienen un reconocimiento a su trabajo, ya que, por encontrarse a honorarios, no perciben ningún tipo de bono, asignación u otro complemento, a pesar de que su trabajo contribuye de manera fundamental al cumplimiento de las metas del servicio.
Se pretende descontar de su sueldo bruto un porcentaje para la cotización de AFP, sin tener ninguna condición básica de estabilidad ni posibilidad de aumentar sus ingresos o mantener sus ingresos líquidos, así como ocurrió en los 80 con los funcionarios de planta, por aplicación del decreto ley N° 3501, de noviembre de 1980.
Sin embargo, esto tiene expresiones aún más brutales. Hemos conocido casos de mujeres que no pueden recibir el pago de sus licencias médicas; hemos conocido el caso de mujeres a las cuales no se les respeta su fuero maternal; hemos conocido casos de personas -como ocurre habitualmente con los profesionales de los sistemas Prodesal y PDTI- que tienen que usar su propio vehículo para poder realizar las visitas a los sectores rurales, sin tener ningún tipo de cobertura de la ley de accidentes del trabajo, en caso de sufrir algún tipo de incidente con ocasión del cumplimiento de su labor.
La gran deuda del Estado con sus trabajadores a honorarios es el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
El artículo 1º de la Constitución Política de la República establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dentro de los derechos fundamentales, destaca el derecho a la salud.
El Estado, al crear la ley Nº 20.255, sobre reforma previsional, establece la obligatoriedad para los trabajadores a honorarios de cancelar sus costos previsionales en plenitud desde enero del 2015, y los de salud, desde enero del 2018. La vulneración del derecho de salud se vio reflejada cuando miles de trabajadores públicos a honorarios fueron bloqueados en el sistema de Fonasa por el director de turno por declarar renta. Sin embargo, la ley indica el 2018 como fecha para la cancelación de dicho pago.
El artículo 19, N°1°, de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. Si la ley protege la vida, incluso la del que está por nacer, ¿las mujeres que trabajan a honorarios en el sector público no tienen este derecho? ¿O la Contraloría y el Código Civil están por sobre la Constitución Política de la República? Los derechos constitucionales y fundamentales están por sobre toda otra norma de nuestro ordenamiento jurídico.
¿Qué principios legales existen en Chile, que permitan plenamente a los funcionarios a honorarios públicos tener derechos laborales?
El artículo 7º del Código del Trabajo establece lo siguiente: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, este a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.”.
El artículo 8º del mismo código señala lo siguiente: “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.
Los servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público, o aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio, no dan origen al contrato de trabajo.
Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación superior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización, o una asignación compensatoria…”.
El artículo 1 del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo -Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública- establece que dicho instrumento deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, sean funcionarios de planta o a contrata. Sin embargo, también establece ciertas restricciones respecto de los empleados de alto nivel que por su posición tengan poder decisorio en los procesos de la administración.
¿Qué sucede con el personal a honorarios? El citado convenio no se refiere a este tipo de trabajador. Al respecto, el artículo 2º del referido instrumento establece: “A los efectos del presente Convenio, la expresión empleado público designa a toda persona a quien se aplique el presente Convenio de conformidad con su artículo 1º.”. Es decir, aquí debemos hacer una interpretación extensiva de la definición de empleado público, en virtud del principio in dubio pro operario.
Dicho principio se deriva del principio tuitivo del derecho laboral frente a la desigualdad de las partes en materia de empleo y, particularmente, a la falta de libertad que ocasiona la sujeción del trabajador al contrato de trabajo. El referido principio se fundamenta en un catálogo de derechos que buscan equiparar al trabajador frente al empleador, en una relación naturalmente desigual y asimétrica.
El principio in dubio pro operario, derivado del principio anterior, nos dice que frente a la interpretación de una norma aplicada al contrato de trabajo, la interpretación debe ser en beneficio del trabajador. La doctrina moderna considera que todos los derechos derivados de la relación de trabajo poseen como sostén el panorama de derechos fundamentales.
Además, debemos considerar el principio de realidad laboral. Dicho principio deriva de que el derecho del trabajo posee un carácter objetivo.
Situación del prestador de servicios: en principio, se le aplican las normas del Código Civil, como lo referido al contrato de trabajo, establecido en su artículo 1.545. Sin embargo, de proceder los elementos del contrato de trabajo establecidos en los artículos 7º y 8º del Código del Trabajo, se debe aplicar el estatuto laboral.
Por regla general se ha señalado que esto no procede en materia de empleos públicos. Sin embargo, existen sentencias de tribunales inferiores que lo reconocen, no así las de los tribunales superiores de justicia, más bien por un principio de realidad que por una aplicación estricta de nuestro ordenamiento jurídico.
¿Cuál es, entonces, la obligación olvidada? La obligación de interpretar las normas en favor del trabajador. Para la autoridad, dicho principio no es facultativo, sino obligatorio.
¿Se ha cumplido esta obligación con los trabajadores a honorarios? No estamos hablando de trabajadores a honorarios independientes, porque tienen dependencia del gobierno, de los municipios; tienen subordinación, labor y remuneración, los tres principios copulativos para suponer un contrato de trabajo.
(Aplausos)
En virtud de lo anterior, vamos a proponer un proyecto de resolución que solicite lo siguiente:
Primero, que se envíe un mensaje presidencial a fin de modificar el artículo 90 de la ley Nº 20.255, con el objeto de mantener el derecho de los trabajadores a renunciar voluntariamente al pago de la cotización obligatoria impuesta por la ley.
(Aplausos)
Segundo, la reforma de la ley contempla que al cotizar en las AFP, se incluye el seguro de invalidez y de sobrevivencia, pero no la posibilidad de acceder a pensiones especiales. En materia de salud, nada preceptúa respecto del subsidio y/o pensión de invalidez y accidentes del trabajo, ni tampoco se pronuncia respecto de las licencias médicas. Por lo tanto, solicitaremos enviar una iniciativa para subsanar el problema expuesto.
Tercero, el Estado, con la reforma previsional, pretende subsanar una problemática social de los trabajadores a honorarios que no cotizaron en el sistema y llegan a la edad de pensión con muchos períodos de lagunas o sin el ahorro previsional suficiente para jubilar. La reforma previsional no se pronuncia respecto de cómo se llenarán esas lagunas, lo que no se condice con la obligación de cotizar para todos, sin excepción, que comienza recién en el año 2015.
Por lo tanto, el hecho de establecer la obligatoriedad no vendría a satisfacer el espíritu de la ley, por lo que es necesario establecer una política pública de largo plazo que venga a solucionar el detrimento previsional que en los últimos años han sufrido los trabajadores a honorarios del sector público.
(Aplausos)
Cuarto, vamos a solicitar que se modifiquen los contratos de honorarios permanentes, pasando estos a ser regidos bajo la normativa del Código del Trabajo. En especial, solicitamos poner el énfasis respecto de mujeres embarazadas, contratadas bajo el sistema de honorarios, ya sea bajo el subtítulo 2103 o a través de prestación de servicios, así como a los trabajadores con contratos de honorarios permanentes, que hayan prestado servicios continuos y cuyo plazo sea superior a dos años.
(Aplausos)
Quinto, vamos a solicitar la creación de mesas de trabajo interministeriales para la búsqueda de los mecanismos políticos y económicos necesarios, que busquen el término de la calidad de honorarios permanentes dentro del Estado chileno.
(Aplausos)
Sexto, vamos a solicitar la homologación de los contratos a honorarios bajo el subtítulo 2103, o, a través de prestación de servicios, de los derechos laborales que contempla el Código del Trabajo o el Estatuto Administrativo. En el Estado de Chile no podemos seguir teniendo trabajadores de primera, de segunda y de tercera categoría.
Finalmente, el proyecto de resolución propone el incremento del 21 por ciento en los recursos de remuneraciones, para así satisfacer plenamente el pago de las cotizaciones previsionales y de salud, de manera que esos trabajadores puedan tener acceso real a estos derechos fundamentales, que durante mucho tiempo, como Estado, les hemos negado.
Por todo lo anterior, solicito el apoyo al proyecto de resolución que presentaremos, que se votará al final de la presente sesión.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ (vicepresidente).- Tiene la palabra, por los dos minutos y diez segundos que restan del tiempo previo, el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , el diputado Chahin ha hecho una elocuente descripción de la situación que vive casi el 50 por ciento de los funcionarios públicos, los funcionarios a honorarios, sin los cuales la gestión pública no sería posible.
En mi intervención quiero hacerme cargo del problema que enfrentan las embarazadas que trabajan a honorarios, quienes no tienen derecho a prenatal ni a posnatal, lo que es una violación flagrante a los derechos humanos de las mujeres, situación que es amparada por un Estado democrático.
Desde el regreso a la democracia, en 1990, ningún gobierno ha podido enfrentar adecuadamente este problema. Por eso, creo que llegó el momento de que el gobierno de la Presidenta Bachelet, que tiene un amplio respaldo en ambas ramas del Congreso Nacional, lo enfrente adecuadamente, de acuerdo al cronograma que ha presentado el diputado Chahin.
Como lo señala la citación, la necesidad de atender la situación de los trabajadores a honorarios se origina en la reforma previsional implementada por la ley N° 20.255 y las consecuencias de esta normativa en este grupo de trabajadores a partir del próximo año, debido a la obligación que se les impone de cotizar en el sistema previsional el total del dinero que corresponde por el cálculo del monto imponible sobre sus remuneraciones.
Esa modificación legal es correcta, porque se trata de proteger a todos los trabajadores a honorarios, pero evidentemente los recursos no alcanzan. Por lo tanto, nos hacemos pleno eco de lo que manifestó el diputado Chahin , en el sentido de aumentar las remuneraciones en 21 por ciento, con el fin de contar con los recursos para cotizaciones. Este gobierno debe corregir esa situación durante estos cuatro años, lo que significaría un tremendo avance que permitiría a los trabajadores a honorarios, por lo menos, mantener su poder adquisitivo y, además, cumplir con las obligaciones previsionales que impone esa ley.
Las materias que debemos analizar son dos: por un lado, el tema previsional, y, por el otro, la situación de los trabajadores a honorarios, respecto de los cuales el Estado se encuentra en deuda.
Para finalizar, debemos abordar este tema en forma seria, porque, como dije, el Estado está en flagrante violación de derechos básicos de los trabajadores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ ( vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Christian Urízar.
El señor URÍZAR .- Señor Presidente , quiero saludar a la ministra del Trabajo y también a los trabajadores a honorarios que se encuentran en las tribunas, pues han esperado largo tiempo la realización de esta sesión, que, por diversas razones, se fue postergando.
El diputado Fuad Chahin me ha interpretado en su totalidad. Habló claramente sobre los temas que afectan a los trabajadores a honorarios y sobre la forma por medio de la cual quienes representamos a la Nueva Mayoría debemos avanzar y trabajar para defenderlos.
Quiero hablar desde el punto de vista de una experiencia que me conmovió en lo sentimental. Como se recordará, hace algunos meses en Valparaíso ocurrió un gran incendio, que nos dejó a todos perplejos y complicados. En esa oportunidad el país fue muy solidario con todas las familias que se vieron afectadas.
Desde la intendencia de Valparaíso, las gobernaciones, los servicios públicos, como el Fosis, el Serviu, etcétera, una cantidad enorme de trabajadores concurrió día a día, semana a semana, a trabajar en los cerros afectados, a ayudar, a dar una mano amiga, a ponerse del lado de esas familias. Ahí no había distinción de condición laboral: los trabajadores de planta, a contrata y a honorarios se sacaron la mugre en iguales condiciones y con iguales problemas. No había ninguna distinción de calidad laboral.
Con ello queda claramente demostrada su vocación de servicio. No porque un trabajador tenga una situación contractual desmedrada o alguna complicación, o porque se encuentre contratado a honorarios, no va a sentir lo que significa trabajar en el servicio público, pues eso se lleva en el corazón, se trabaja con energía.
Fui gobernador provincial y me di cuenta de que en ocasiones los trabajadores a honorarios son los que le ponen más empeño,…
(Aplausos)
…porque día a día piensan que si no hacen bien las cosas pueden ser despedidos. Dicho en buen chileno, se sacan la mugre todos los días para demostrarle al jefe que son necesarios en su servicio.
Por eso, debemos avanzar en justicia laboral y trabajo digno: a igual trabajo, iguales derechos. ¿Por qué no, si hacen la misma pega?
(Aplausos)
Finalmente, la bancada del Partido Socialista apoyará con mucha energía el proyecto de resolución, del cual soy uno de sus autores, el cual busca mejorar las condiciones de los trabajadores a honorarios, ya que es gente que hace bien la pega, comprometida, que tiene el servicio público en sus venas y la cual solicita que se le trate de la misma forma en que ella realiza sus funciones en el servicio público.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ (vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , en nombre de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, saludo y destaco la presencia de la ministra del Trabajo , señora Javiera Blanco ; del subsecretario de Previsión Social , señor Marcos Barraza , y, con especial afecto y compromiso, a los representantes de los trabajadores a honorarios del sector público, que nos acompañan en la tribuna.
Entiendo la motivación de esta sesión como una forma de pronunciarnos para avanzar en medidas serias y ciertas, que hagan justicia respecto de la relación laboral que tienen los trabajadores del sector público con el Estado.
Ellos no eligen el régimen contractual, sino que son víctimas de este, que los deja en una situación desmedrada respecto de una real y seria relación contractual que reconozca que son trabajadores que aportan al funcionamiento del servicio público, y que, por consiguiente, se deben garantizar sus derechos, empezando por los previsionales y de salud.
Ahora, ¿por qué hemos llegado a la actual monstruosidad, en circunstancias de que el Estatuto Administrativo -estamos hablando de una ley de la república que no ha sido derogada; de lo contrario, se debería transparentar- exige que el 80 por ciento de los trabajadores del sector público deben ser de planta, y la diferencia, a contrata o a honorarios? En la actualidad existe una situación absolutamente a la inversa en la distribución de esos porcentajes.
Se puede decir que bajo dictadura, con la mirada de un Estado subsidiario, en el sentido de que este es un aparato burocrático más, había que achicar la cantidad de personas vinculadas al sector público. Por eso, se redujeron las plantas. Asimismo, durante el último tiempo de la dictadura se instaló en el servicio público una enorme cantidad de personas con adhesión abierta a ese proyecto, para mantenerse en aquel hasta que cumplieran los requisitos de jubilación.
Una vez desplazada la dictadura y establecido un sistema democrático, se empezó a asumir la necesidad de aumentar la cantidad de funcionarios públicos, por lo cual se fueron incorporando nuevos trabajadores mediante el mecanismo de contrata y luego a través del de honorarios.
Es por eso que actualmente tenemos municipios con funcionarios contratados por estos mecanismos, no obstante que realizan tareas cotidianas, regulares y permanentes, no puntuales ni por un tiempo determinado. La mayoría fueron contratados a honorarios y enfrentan una precaria condición laboral, pues si bien es posible que pasen veinte o treinta años trabajando para el Estado o un municipio, durante todo ese período no habrán recibido el mismo trato ni beneficios que los trabajadores de planta, pues no les pagan cotizaciones previsionales de jubilación ni de salud. A eso hay que sumar la discrecionalidad de las jefaturas y la discrecionalidad política en el caso, por ejemplo, de las municipalidades, porque estos trabajadores quedan entregados al arbitrio político de quien encabeza el proyecto municipal en un momento determinado. Es decir, estamos hablando de trabajadores que viven en la inseguridad.
Otro ejemplo: Si sufren un accidente laboral, deben cubrir los costos con su propio peculio. En esos casos hay que organizar el plato único de pescado frito, rifas, bingos y todo lo que sea necesario para juntar los recursos que permitan enfrentar esa contingencia, porque un porcentaje muy grande de esos funcionarios ganan sueldos muy bajos. Y si requieren acceder a un crédito hipotecario, ¿cómo pueden demostrar un ingreso permanente, cuando su contrato es absolutamente falible, débil y transitorio?
Pareciera ser que se abusa de la necesidad de trabajar que tiene la gente.
(Aplausos)
Aquí no hay de por medio ninguna otra cosa que no sea resguardar los derechos legítimos de esos funcionarios, así como la dignidad de toda persona, hombre o mujer, cualquiera que sea su pensamiento, en el sentido de ser evaluada por el aporte que hace y por su desempeño en el cumplimiento de las obligaciones que impone el cargo, con pleno respeto y reconocimiento de los derechos que en justicia le corresponden.
Por ello, señor Presidente, la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana votarán absolutamente a favor del proyecto de acuerdo que se ha informado, que suscribimos sin ninguna duda.
(Aplausos)
Es también una forma de entregar mi reconocimiento a los trabajadores a honorarios de los municipios y de la administración pública en Atacama, que quedan fuera de un debate tan justo y digno como este, que busca dar un nuevo trato a los trabajadores públicos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , en cuatro minutos y treinta segundos trataré de ser lo más concreto que me sea posible, porque no quiero reiterar lo que claramente han definido, con un alto grado de precisión, quienes me antecedieron en el uso de la palabra, particularmente quien hizo uso del tiempo previo, el diputado Fuad Chahin .
Existe un viejo y sabio principio jurídico, que quienes estudiamos derecho aprendimos cuando cruzamos por primera vez las puertas de la universidad: aquel que sostiene que las cosas son por lo que son y no por el nombre que le ponen las partes.
El diputado Fuad Chahin señaló claramente cuáles son las condiciones en que se desempeñan los trabajadores a honorarios del sector público: hay subordinación y dependencia, cumplen una función que generalmente es de carácter permanente, reciben una retribución económica por los servicios prestados.
En consecuencia, como las cosas son por lo que son y no por el nombre que le ponen las partes, estamos en presencia de un vínculo laboral, de un contrato de trabajo. Si no ha sido reconocido así por los tribunales de justicia, no es porque no haya razones jurídicas para hacerlo, sino porque la magnitud y complejidad del problema financiero que le podría generar aquel reconocimiento al Estado sería enorme.
¡Pero qué curioso lo que se produce! Se reconoce que solo en el gobierno central -cito cifras oficiales- hay 36.850 trabajadores a honorarios. De ellos, el 63 por ciento cumple jornada completa, el 13 por ciento cumple jornada parcial y solo el 24 por ciento no tiene una jornada específica. Además, de ese total, 17.658 trabajadores son profesionales; poco más de 5.500 son administrativos; 8.000, técnicos, y 3.000, médicos.
La curiosidad radica en que, por su naturaleza, el derecho del trabajo busca establecer una situación de igualdad dentro de un vínculo que es desigual: el del empleador con el trabajador, protegiendo a este último a través de sus normas. Su rol es equilibrar esa relación, por lo cual es un derecho de carácter proteccionista.
¿Quién es el responsable de hacer cumplir esas normas? El Estado. ¿A través de qué organismo? De la Dirección del Trabajo. Pero ocurre que esta institución no puede hacerlo, porque aunque es el órgano fiscalizador del Estado encargado de velar por que estas normas se acaten, ella misma no cumple con las normas del Código del Trabajo.
¡Cómo la Dirección del Trabajo va a fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales en el sector público si ni siquiera ella las acata, porque también tiene contratados trabajadores en esas condiciones!
Entonces, si las cosas son por lo que son y no por el nombre que le ponen las partes, ¿por qué no hacemos un mínimo esfuerzo, que no supondría ningún costo adicional para el Estado, y permitimos que mientras vivimos un proceso de transición hacia una reforma sustantiva, los trabajadores contratados a honorarios sean adscritos al Código del Trabajo?
(Aplausos)
¿Qué permitiría eso? Acabar con lo inhumano que es que un trabajador no tenga vacaciones, que una trabajadora no tenga derecho a pre- y postnatal, que dejemos de incumplir las obligaciones internacionales que nuestro país ha adquirido en esta materia y que dejemos de violentar nuestra propia legislación, forzándola para intentar ocultar una realidad que es francamente dramática.
¿Cuántos trabajadores a honorarios del sector público han muerto o sufrido lesiones graves en accidentes laborales sin que hayan tenido derecho a acceder a los beneficios que otorga la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales?
Por ello, señor Presidente , por su intermedio solicito a la ministra del Trabajo que cuando envíen el próximo proyecto de reforma laboral, que ya comprometió la Presidenta Bachelet , hagamos un esfuerzo mínimo e incluyamos una norma que adscriba a esos trabajadores al Código del Trabajo, como ya expresé. Esto no representará mayor costo para el Estado, porque las cotizaciones previsionales son y seguirán siendo de cargo de los trabajadores, pero estos tendrán todas las garantías que establece la legislación laboral mientras pasamos desde ese estado transitorio a uno definitivo.
Concluyo mi intervención recordando que cuando era alcalde de Temuco , me correspondió liderar, como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, la negociación de la ley de plantas municipales, en 1993. Han transcurrido veintiún años y no se ha vuelto a modificar dicha ley. Lo curioso es que cuando ese proyecto se aprobó -usted lo debe recordar, señor Presidente , porque también era vicepresidente de la Asociación en ese tiempo-, ya era insuficiente para satisfacer los requerimientos de los municipios, pues el número de funcionarios contratados a honorarios había superado el nuevo máximo legal.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado Diego Paulsen.
El señor PAULSEN.- Señor Presidente, junto con saludar la presencia de la señora ministra del Trabajo, agradezco la iniciativa de mis colegas que nos permite discutir respecto de una materia tan importante para los funcionarios contratados a honorarios.
Vengo apoyando esta causa desde hace algunos meses. En ese empeño he llagado hasta las últimas instancias, incluso a reunirme con la ministra, quien nos recibió para tratar el problema, por lo que aprovecho la ocasión para entregarle públicamente mi agradecimiento.
Para comenzar, voy a dar lectura a una carta de un trabajador a honorarios de La Arauca-nía, que señala:
“Honorables Diputados:
Nos dirigimos a uds. como honorarios de la Región de La Araucanía. Ante todo para agradecer esta oportunidad de plantear nuestras demandas y necesidades.
Si bien esta sesión fue citada con el fin de abarcar el tema previsional, este es solo un ápice de nuestro problema, el cual tiene su inicio en la calidad contractual que ostentamos. Creemos que todo esto puede tener una solución permanente en la posibilidad de contratación vía Código del Trabajo, lo cual es nuestro piso mínimo de requerimiento, ya que lo ideal es la creación de un nuevo estatuto, al igual como se ha logrado con los asistentes de la educación.
Tenemos colegas con más de dos décadas de “antigüedad” laboral, en los cuales no han percibido el pago de sus cotizaciones ni salud. La puesta en marcha de la ley 20.255 ha logrado hacer más evidente nuestra indefensa y precaria calidad contractual con el Estado chileno. Esto va más allá de cualquier gobierno.
Hace unos días atrás, fue noticia lo sucedido con nuestros colegas Prodesal de la Región de Los Ríos, quienes sufrieron un accidente automovilístico, en el cual lamentamos el fallecimiento de un colega de los equipos Prodesal . Este accidente sucedió en cumplimiento de sus labores permanentes.”. Y agrego que sin tener ningún resguardo ni ayuda en salud.
La carta continúa así: “Este domingo 9 de noviembre, en la página 5 del Diario Austral de nuestra Región , se tocó el caso de una colega embarazada de la comuna de Lautaro -que yo represento-, a la cual se le descontó su sueldo por haber presentado licencias de embarazo de alto riesgo. Este descuento fue posible gracias a que ella no contaba con el derecho a licencias médicas estipulado en su contrato; quién sabe qué sucederá con ella al no contar con su fuero maternal.
Estas y muchas otras situaciones reflejan claramente nuestra precariedad laboral. Fuera de lo anterior, enfrentamos horarios extensos de trabajo sin goce de horas extras, bonos de cumplimiento de metas, vacaciones y otros beneficios que nuestros colegas de planta y contrata han ganado en sus luchas. Es por este y otros motivos que solicitamos que se legisle nuestra situación, más allá de lo previsional. Creemos que así como se actuó en los años 80 con los funcionarios públicos, a través del DL 3.501, de noviembre de 1980, se logró que ellos mantuvieran su renta líquida, esto con un aumento según el descuento que se le impondría.
Esperando su apoyo y buena disposición,
Atte.
Jorge Aranda , Villarrica-Región de La Araucanía.”.
Señor Presidente , quiero señalar que don Jorge contará con todo nuestro apoyo, que se verá reflejado en distintas formas.
El derecho al trabajo es uno de los derechos humanos fundamentales resguardados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Su artículo 23 consagra que toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso de ser necesario, por cualesquiera de los otros medios de protección social.
Ese derecho debe ser resguardado por el Estado; sin embargo, contradiciendo dicho principio, los trabajadores a honorarios ven, día tras día, cómo se les vulneran esos derechos esenciales. Y lo peor es que quien lo hace es el Estado. Esto se demuestra al revisar la cantidad de empleados que mantiene en condición de contratos a honorarios, que alcanzan a cerca de 250.000. Es un contrato que está siendo mal utilizado y que deja a casi el 68 por ciento de los empleados fuera de las protecciones mínimas que debe tener cualquier trabajador en un país que pretende ser desarrollado y defensor de la libertad y la igualdad. El hecho de que más del 68 por ciento de los trabajadores públicos estén contratados bajo esta modalidad genera el absurdo de que la organización del Estado pasa a llevar su propia normativa y transforma un contrato de características temporales y de trabajo puntual en la base de la fuerza de los trabajadores del Estado. Estos servidores públicos cuentan con un contrato de trabajo; sin embargo, no acceden y no son dignos de obtener los PMG, las horas extras, los días administrativos y de vacaciones y el fuero maternal. Conozco casos en La Araucanía en que algunas trabajadoras a honorarios laboraron hasta a menos de una o dos horas de comenzar su trabajo de parto. ¿Ustedes creen que eso es dignidad? ¿Esa trabajadora no tiene derechos? ¿Alguien habla de cómo se atenta contra los derechos humanos en democracia? En verdad, nadie lo hace. ¿O ella por ser trabajadora a honorarios no puede ser madre? Este problema latente parece ser invisible a las distintas esferas de poder y castiga, día tras día, a miles de chilenos que trabajan por hacer de este un mejor país para todos. Por eso, es justo enfrentar con fuerza y decisión esta situación compleja.
El sector público de nuestro país emplea un importante número de trabajadores a honorarios, quienes realizan las mismas labores que los funcionarios de planta o a contrata, pero que no cuentan con todos los derechos, ni la estabilidad laboral mínima, ni tampoco tienen acceso a beneficios laborales y sociales. Tampoco pueden hacer una carrera funcionaria, quedan en el último escalafón de los empleados públicos y son tratados como empleados de segunda categoría.
Por último, las personas que tienen este tipo de contrato tampoco pueden acceder a vacaciones anuales pagadas ni menos cuentan con protección laboral garantizada por el Código del Trabajo.
Mediante el proyecto de resolución que hemos presentado vamos a exigir que los trabajadores a honorarios sean amparados por el Código del Trabajo. Necesitamos que el Estado aumente en aproximadamente un 20 por ciento las remuneraciones de todos ellos, porque es de toda dignidad recompensar su trabajo.
Ese documento, presentado de manera transversal, contiene, entre otros, los siguientes considerandos:
“3° Que el artículo 90 del decreto ley N° 3.500, modificado por la ley 20.255, del 17 de marzo de 2008, dispone: “La renta imponible será anual y corresponderá al 80 por ciento del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto…”.”. Nosotros exigimos que esa cifra se baje a 70 por ciento.
“4° Que esta norma no considera la realidad de muchos funcionarios públicos, cuya remuneración la constituyen también otros montos destinados a retribuir otros gastos diversos en la actividad profesional e intelectual propiamente tal, como por ejemplo, movilización, alimentación, entre otros, por cuanto la renta imponible anual no discrimina ni distingue si los ingresos están constituidos por montos que retribuyen solamente los servicios prestados como profesionales o si estos se conforman con retribuciones a propósito de otros conceptos no constitutivos de renta.
5° El artículo 92, inciso final, del decreto ley 3500, al disponer que “No obstante lo establecido en el artículo 148 del decreto con fuerza de ley N° 1, del 2006, del Ministerio de Salud, los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud y a la atención en la modalidad de “libre elección”, requerirán haber cotizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”, devela la injusticia al ser comparada con lo dispuesto en el artículo 92, letra F, de esa norma.”.”.
Nuestros trabajadores apuntan a demandas, en lo estratégico, para terminar con la forma de trabajo indigna que no cumple en lo más mínimo con lo establecido por la normativa laboral ni con lo preceptuado por la Organización Internacional del Trabajo. Ello requiere, en primer lugar, trasparentar la dotación real de las trabajadoras y los trabajadores del Estado, hoy constituida por varias categorías contractuales: planta, contrata y honorarios. Incluso, hay reparticiones con trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo para la implementación de las políticas públicas y las líneas presupuestarias asociadas a esta.
La idea es relevar la importancia del rol de los funcionarios a honorarios en el contexto del proceso de modernización del Estado. Sabemos que ello implica un reajuste importante de partidas presupuestarias. Hoy es el momento de pelear ese aumento en el presupuesto de la nación. La próxima semana debemos aprobarlo. Sin embargo, no aprobaré la partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social si no se considera ese aumento.
(Aplausos)
Estamos frente a la posibilidad de cambiar este triste escenario que viven tantos trabajadores del país. ¿Lo haremos ahora o simplemente esperaremos un par de años para que comiencen las campañas políticas y sigamos prometiendo y haciendo show con esto?
(Aplausos)
Avancemos, pues tenemos una gran oportunidad de hacer justicia social y cambiar nuestra legislación. Esos trabajadores merecen ser dignificados en su labor. Hoy, sin importar nuestros partidos políticos, podemos hacer historia y dar tranquilidad a miles de trabajadores y sus familias.
(Aplausos)
El proyecto de acuerdo contiene un petitorio a la Presidenta de la República para que adopte varias medidas, entre las cuales se encuentran las siguientes:
1. Prorrogar el derecho a renuncia, suspendiendo por el lapso de un año la aplicación del artículo 86 y siguientes de la ley Nº 20.255.
2. Creación de mesas multiministeriales y sectoriales que aborden la problemática que afecta a los contratados a honorarios en sus diversos aspectos;
3. Creación de un estatuto jurídico especial y exclusivo aplicable a las personas contratadas a honorarios;
4. Acceso de libertad de pago al ISL y al Fonasa , sin estar atados a una primera cotización;
5. Se respete la actual renta líquida de los funcionarios a honorarios afectos a la ley Nº 20.255, aumentando proporcionalmente el honorario respecto de los pagos que esa ley dispone de manera que no disminuyan por el efecto de la ley precitada.
6. Que se aplique una rebaja del 80 al 70 por ciento de la renta imponible, para igualar este descuento con la renta presunta y evitar las deudas que esta misma provoca.
7. Revisión en los aspectos formales de las boletas de honorarios para que incluyan un desglose de partidas que no son propiamente prestación de servicios, tales como movilización, alimentación u otros, y evitar tributar por ingresos no constitutivos de renta.
8. Creación de fondos mutuos colectivos, los cuales cuenten con retiro programado desde los 66 años para los hombres y de 60 para las mujeres. Estos fondos pueden ser estatales, los cuales aseguren el ahorro de los cotizantes.
9. Crear una cartera de seguros colectivos de rentas vitalicias, en el cual se garantice el capital del cotizante, teniendo una proyección estimada de vida no mayor a los 90 años.
10. Crear cajas de compensación que puedan recibir las cotizaciones en calidad de socios, y
11. Crear una cartera de inversiones en activos, la cual asegura utilidades mayores y minimiza el riesgo de la cartera de inversiones.
Señor Presidente, tenemos que seguir trabajando, y es el momento de hacerlo. Hago un llamado a mis colegas para que en el proyecto de Ley de Presupuestos logremos satisfacer las demandas de nuestros trabajadores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a la ministra del Trabajo y Previsión Social , señora Javiera Blanco ; al subsecretario de Previsión Social , señor Marcos Barraza , y a los dirigentes y trabajadores que se encuentran en las tribunas.
Creo que los invitados a las tribunas tienen claro lo que es trabajar a honorarios, pero el ciudadano común y corriente no.
Si uno parte preguntándose qué significa hoy trabajar a honorarios debe tener en mente que en el mundo privado uno presta un servicio por un mes, luego de lo cual entrega una boleta y le pagan. Pero el caso que nos ocupa es distinto. Hay trabajadores del sector público que llevan veinte o más años trabajando a honorarios.
¿Qué significa estar contratado a honorarios en el sector público?
Primero, tener un trabajo completamente precario e inestable, ya que no se goza de derechos básicos, como previsión y salud, ni de los demás derechos laborales. Las mujeres ni siquiera tienen derechos maternales. Es algo impresentable.
Los trabajadores a honorarios deben cumplir con todas las obligaciones de los funcionarios de planta, pero a la hora de impetrar derechos no disponen de los mismos. O sea, son objeto de una tremenda discriminación avalada por el Estado. No se trata de un problema de este gobierno o del anterior, pues se arrastra por años y nadie ha sido capaz de solucionarlo.
Por lo tanto, no debemos seguir fomentando sin límites el trabajo independiente y que los trabajadores queden al arbitrio de la autoridad de turno. Esto no puede seguir. Debemos partir de la base de que los trabajadores del sector público son trabajadores del Estado y no de los gobiernos, cosa que cuesta entender.
La ley estableció que el Servicio de Impuestos Internos debía empezar a retener el monto de cotización de los años 2013 y 2014. Después, había una fórmula de salida, en virtud de la cual las personas podían renunciar con una carta. ¿Y cuál fue el resultado? Que la mayoría renunció. ¿Y cuál es la explicación? Que los sueldos son bajísimos. La lógica señala que las cotizaciones son para el trabajador, para asegurar la pensión en el futuro y contar con atención de salud, pero resulta que los sueldos son tan bajos que es imposible que los trabajadores comiencen a cotizar. Ese es el problema de fondo: los sueldos que tienen los trabajadores del sector público. ¿Y qué debemos hacer? Algo muy simple: primero, postergar la fecha estipulada, hasta que el Estado entregue una solución.
(Aplausos en las tribunas)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Concluyó su tiempo, señor diputado .
El señor JIMÉNEZ.- Termino de inmediato, señor Presidente.
Primero -repito-, debemos postergar la fecha, porque el Estado no ha dado una solución, y establecer una mesa de diálogo para que se respeten los porcentajes señalados en el Estatuto Administrativo, esto es 80 por ciento de funcionarios de planta y 20 por ciento de funcionarios a honorarios, norma que por años no se ha acatado. Incluso, hay servicios públicos en que ese porcentaje es al revés: 20 por ciento de funcionarios de planta y 80 por ciento de funcionarios a honorarios. Eso no puede seguir sucediendo. El Estado debe dar el ejemplo en materia laboral.
Tuvimos un compatriota que fue director de la OIT y que se hizo famoso por el lema ?Trabajo digno?. Por lo tanto, debemos dar un ejemplo en ese sentido.
Llamamos a que el gobierno y la ministra del Trabajo y Previsión Social desplieguen todos los esfuerzos posibles para solucionar este problema.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , en primer lugar, saludo a la señora ministra del Trabajo y Previsión Social y a los dirigentes que se encuentran en las tribunas, que representan a 240.000 trabajadores a honorarios a lo largo del país.
Estamos hablando de un tema tremendamente sensible. Acá hablamos de los derechos humanos, del respeto al trabajo digno, de tantas cosas importantes; sin embargo, muchas veces nos quedamos solo en palabras y no llegamos a concretar lo que predicamos. De ahí, entonces, la necesidad de convocar a esta sesión que tiene por finalidad buscar una solución definitiva a los trabajadores a honorarios.
Algunos trabajan a contrata; otros en planta y otros a honorarios. Tenemos tres categorías de funcionarios. Voy a poner un par de ejemplos.
El BancoEstado tiene cajeros. Algunos de ellos perciben 2 millones de pesos, bien merecidos, pero en la caja que está al lado hay un funcionario que depende de un contratista y gana la cuarta parte. ¡Qué vergüenza nacional!
(Aplausos)
Tenemos el caso del Prodesal, que hemos estado analizando en la Comisión de Agricultura. Cuando contrata a un técnico por 700.000 pesos mensuales, este tiene que poner a disposición su vehículo, pagar la bencina y mantener el mismo. Además, debe pagar los peajes respectivos. Así, no estamos haciendo un buen trabajo, porque para economizar esa persona evita hacer su pega, que es salir a terreno. Así, nos estamos autoengañando; además, debe cotizar porque es un funcionario a honorarios. Hay muchos ejemplos en ese sentido.
Este año ha sido de profundas reformas. Si queremos encarar este tema tenemos que respetar a los trabajadores del Estado, que debe dar el ejemplo como patrón. Tenemos que dise-
ñar una reforma que permita que aquellos trabajadores que tienen un año continuado en un servicio pasen a planta.
(Aplausos)
Ustedes dirán que es difícil, porque este tema de los honorarios data de hace mucho tiempo. Fui director regional de la Conaf entre 1990 y 1993. Prácticamente el 90 por ciento de los trabajadores a contrata y a honorarios pasó a la planta. ¿Por qué no hacerlo en los demás servicios del Estado? Hagamos la reforma. Atrevámonos a hacerla; respetemos a los trabajadores.
-Aplausos.
Como militante del Partido Radical lanzo este desafío: que el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional -estamos dispuestos a discutirlo, a analizarlo y a aprobarlo- para que haya más dignidad y respeto hacia los trabajadores de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gaspar Rivas.
El señor RIVAS.- Señor Presidente , en primer lugar, saludo a los trabajadores que se encuentran en las tribunas. Ellos son un eje muy importante y motivan la celebración de esta sesión.
He suscrito el proyecto de resolución que se va a votar en esta sesión, porque creo que la lucha de los trabajadores es legítima y justa.
Sin embargo, quiero aprovechar estos pocos segundos que tengo para sacar la voz por un grupo de trabajadores del Congreso que no tiene voz. Como se sabe, “en casa de herrero, cuchillo de palo”.
(Aplausos)
Resulta que fuera de esta Sala hay trabajadores y trabajadoras que también prestan labores bajo el régimen de honorarios y enfrentan una precariedad laboral inmoral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La lógica más elemental indica que debiéramos partir por aquí. Ellos se muestran asustados cuando hablan conmigo, porque me dicen: “ Diputado , si nos pillan hablando con usted para decirle estas verdades nos sacan cascando”. ¿Es justo aplicar esa tiranía en contra de los trabajadores de la administración del Estado que laboran en el órgano que se supone que tendría que legislar para beneficio de esas personas?
Alguien hablaba de la inspección. Bueno, parece que aquí tampoco tenemos mucha moral al respecto.
Señor Presidente, para terminar, solicito que la Mesa nos informe -espero que haya unanimidad de la Sala para ello- respecto de la precariedad laboral de los trabajadores de esta Corporación, porque me parece que si nosotros queremos dignificar a los trabajadores tenemos que partir por nuestra casa.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, me sumo a los saludos a los trabajadores a honorarios.
(Aplausos)
Después de muchos años de calles de tierra, de comunas oscuras, de ancianos abandonados, los municipios lograron una transformación con plantas exiguas. Más de 63 mil trabajadores a honorarios del sector municipal permitieron que los alcaldes exhibieran éxitos y que se transformara la realidad en varios puntos del territorio. Mi profundo respeto y reconocimiento para ellos.
Pero quiero ser muy responsable en la opinión que voy a emitir.
En primer lugar, varias cosas atentan en contra de esta justa aspiración, por lo que los dirigentes deben tomarlas en cuenta y ser muy inteligentes para trabajar lo que viene. Podemos aprobar un proyecto de acuerdo, el que posteriormente se envía al gobierno, pero, ¿qué viene después? Aspiraciones frustradas.
Como dijo un diputado , hoy tenemos que resolver temas prácticos, como sincerar las dotaciones necesarias en salud, en educación, en el sector central del Estado y en los municipios. Actualmente, no se llama a concurso para más del 30 por ciento de los cargos de titularidad en el sector público, incluyendo los municipios. Más del 30 por ciento de trabajadores están en edad de jubilar. ¿Por qué no lo hacen? Aquí hay un colega parlamentario que fue ministro del Trabajo y Previsión Social. Un gran atentado en contra de la aspiración de esos trabajadores es el injusto sistema de AFP, que impide jubilar a miles de personas que están cansadas y que cuentan con la edad para ello. Hacerlo los condena a recibir el 40 por ciento de una miserable pensión que no les permite vivir con dignidad.
Por lo tanto, saludo esta tarde el que un joven diputado de la UDI recoja estas aspiraciones de justicia, para que sea posible la existencia de dotaciones verdaderas y para que se haga justicia a los trabajadores que han permitido por veinte años que Chile se transforme, lo que ha significado un éxito para el sector central y para el sector municipal, a pesar de que se le han atropellado sus derechos.
Estamos frente a una reforma educacional. ¿Qué se hizo para financiarla? Una reforma tributaria que asegura que el gasto futuro sea sustentable.
Aquí no podemos hablar solamente de buenas intenciones y de recibir aplausos por nuestras intervenciones. ¿Cómo sustentaríamos la ampliación de la dotación de trabajadores del Estado en más de 200.000 personas? Se necesitan 96.000 trabajadores para el sector municipal y 30.000 para el sector central. La cifra final llega a 200 mil trabajadores si se consideran todos los programas que se asocian a la salud y a la educación.
Hace poco aprobamos el mejoramiento de la carrera funcionaria de las trabajadoras de la Junji. Elaboré un proyecto de resolución, que respaldaron varios diputados, y pregunté en esta Sala: ¿Qué pasó con las trabajadoras de la Junji cuando se construyeron 3.000 salas cuna y que permanecieron contratadas a honorarios durante los gobiernos del Presidente Piñera y de la Presidenta Bachelet ? Hoy queremos construir 4.500 salas cuna. ¿Cómo se aumentará la dotación de la Junji?
(Aplausos)
Es urgente lograr un gran acuerdo nacional para que seamos verdaderamente responsables de lo que estamos proponiendo para los trabajadores y para que sea una realidad esta justa aspiración.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, mi partido me ha mandatado para hablar en representación de la bancada.
Me voy a referir a un tema que, sin duda, nos involucra o nos debe involucrar absolutamente a todos.
Fui alcalde durante muchos años, por lo que conozco las discriminaciones internas que se producen entre los funcionarios de planta, a contrata y a honorarios. En consecuencia, uno se sorprende por los llamados que se hacen en este minuto respecto de la urgente necesidad de resolver un problema tan endémico en la administración pública. Lo hemos reconocido, pero aquí hay muchos parlamentarios que también fueron funcionarios públicos y que tuvieron poder de decisión cuando ejercieron esos cargos; sin embargo, no se hizo nada al respecto. Hubo complicidad para mantener el statu quo y seguir permitiendo que el Estado sea el peor empleador en nuestro país, ya que la administración pública mantiene deudas previsionales hasta hoy, existe disparidad en los beneficios laborales y en las remuneraciones, porque hay diferentes escalas. Los funcionarios son víctimas de diferentes situaciones de irregularidad y de precariedad contractual. Sin duda que se trata de una suma de elementos que deben llevar necesariamente a una reflexión seria y profunda.
Tenemos un gobierno que ni siquiera necesita nuestros votos, pero debe tener la plena seguridad de que contará con nuestro respaldo frente a una decisión de esta naturaleza.
Aprobaremos los proyectos de resolución que se han presentado, pero es bueno que los funcionarios que nos acompañan sepan que esos instrumentos son meras declaraciones de buenas intenciones; nada más que eso. En consecuencia, tengan la más plena certeza de que aprobaremos mayoritariamente esos proyectos al término de esta sesión, pero deben saber que no tienen ningún sentido práctico, porque ustedes no van a salir con una solución concreta para el problema, salvo que medie la voluntad específica del gobierno, porque es el único que tiene facultad para enviar un proyecto que permita resolver las limitaciones, ambigüedades, arbitrariedades y desigualdades que hoy existen en la administración pública.
Por eso, ¡ojo con este tema! ¡No nos engañemos! Estamos plenamente conscientes de las enormes dificultades y problemas que están viviendo muchos funcionarios públicos a lo largo del país. A modo de ejemplo, debo señalar que un servicio muy pequeñito, el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Aysén, tiene 17 funcionarios de planta y 100 funcionarios a contrata y a honorarios.
Por otra parte, por cada funcionario de planta en los municipios hay 23 trabajadores, en promedio, que cumplen labores a través de convenios con otras instituciones, la inmensa mayoría de ellos a honorarios.
Obviamente, debemos enfrentar esta situación. La dictadura quedó atrás hace harto tiempo; han pasado muchos años de gobiernos democráticos a través de los cuales se pudo resolver este problema si hubiese existido la voluntad de enviar un proyecto que terminase con esta situación tan injusta.
Aquí se ha hablado de los asistentes de la educación, de los funcionarios de la Junji. Los municipios tuvieron que poner en funcionamiento jardines vía transferencia de fondos. No hay ningún beneficio asociado a esos funcionarios.
Entonces, estamos construyendo cada vez más desigualdades en un ámbito en que es absolutamente inaceptable, en que el Estado no puede ser el peor empleador en Chile. ¿Con qué cara el Ministerio del Trabajo fiscalizará a las empresas, si, como bien lo señaló aquí un diputado , tenemos tantas situaciones irregulares en materia contractual?
Creemos que es necesario hacer un avance sustantivo y tenemos que realizar un cambio real respecto de lo que significa tener funcionarios. Como bien se indicó acá, los funcionarios públicos no son funcionarios de gobierno, sino del Estado; son los grandes servidores que tienen que llevar adelante la importante tarea de la implementación de todas las políticas públicas en salud, en educación, en trabajo, en vivienda y en obras públicas a lo largo de nuestro país. ¿Qué sería del sistema si no tuviéramos funcionarios en condiciones dignas que les permitan desarrollar la significativa labor que realizan como servidores del Estado, para cumplir las importantes tareas que tienen? Por ello, no es lógico que, no obstante reconocer este hecho y saber que existe esta realidad, de alguna manera seamos cómplices por no haber sido capaces de llegar a una solución concreta.
Hoy, los funcionarios públicos han debido llegar hasta acá para poner el acento en esta situación. Y recibimos de parte de la Unión Nacional de Trabajadores Públicos a Honorarios muchos antecedentes que describen esta realidad que hemos constatado.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero señalar a la ministra del Trabajo y Previsión Social aquí presente que sabemos -y ustedes también lo saben- que en esta materia existe una realidad que tenemos que resolver como país, como Estado. ¿Cuántas familias han trabajado por años a honorarios? ¿Cuántas familias lo han hecho, incluso, a contrata durante años y décadas? ¿Cómo es posible que un funcionario -me tocó conocer la situación en la Municipalidad de Coyhaique- permanezca por décadas, prácticamente toda su vida laboral, en condición contractual a honorarios?
Estamos frente a un problema. No me cabe la menor duda de que la ministra no quiere llegar al final de su período con un Estado que siga siendo el peor empleador de nuestro país.
Tratemos de resolver esto. Ella contará con toda nuestra voluntad, disposición y respaldo para tal efecto, porque queremos servidores públicos para el Estado absolutamente comprometidos, recompensados en forma adecuada. No tengo duda alguna de que, a lo largo de todo nuestro país, cada uno de esos funcionarios, en las diferentes reparticiones, servicios y municipios, cumple la importante labor de llevar mejores condiciones de vida a nuestra población. Pero eso debe ir acompañado también de mejores condiciones laborales para cada uno de esos trabajadores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar.
El señor SALDÍVAR .- Señor Presidente , por su intermedio, saludo a la señora ministra , al subsecretario y, por supuesto, a todos los trabajadores y trabajadoras a honorarios del sector público presentes en las tribunas.
Hace pocos días conocimos un informe elaborado por la Universidad Diego Portales sobre las precarias condiciones de los trabajadores en Chile. Uno de los aspectos que en él se señalan con mucha fuerza es precisamente el hecho de que existe una deuda profunda, muy de fondo, con nuestros trabajadores, toda vez que los derechos más fundamentales no son respetados en este país. Reitero: no son respetados. Es más, estamos por debajo de los criterios universales establecidos por los países más desarrollados para dar sustento, mejores garantías y protección a los derechos de los trabajadores en términos globales y generales.
En Chile, los trabajadores que, según se dice, están amparados por la norma simplemente no tienen un real y concreto derecho a huelga, reconocido universalmente como uno de los derechos más sustantivos y básicos de los trabajadores, no solo en nuestro país, sino en todo el planeta.
Las trabajadoras de casa particular han vivido históricamente múltiples discriminaciones. En este gobierno se han hecho esfuerzos enormes para mejorar sus condiciones laborales, con lo cual hemos dado un salto importante.
Pero al revisar, analizar y reflexionar sobre la situación de nuestros trabajadores es posible darse cuenta de que, en general, es de una precariedad extraordinaria. Aunque queramos ocultarlo y decir que existen normas concretas y claras en la materia, y que hay un Código del Trabajo, no podríamos sostener, ante la realidad de otros países más desarrollados o luego de estudiar la legislación comparada, que en Chile se respetan los derechos humanos de los trabajadores, porque no es así.
Por otra parte, por desgracia, el Estado de Chile se encuentra en el peor de los mundos. En lo relativo al Código del Trabajo y a las relaciones entre trabajadores y empleadores, nuestro Estado está prácticamente ausente. En consecuencia, como está ausente en ese aspecto, en otros simplemente es un pésimo empleador.
Por lo tanto, ¿qué hace bien nuestro Estado en materia de trabajo? Debemos reflexionar profundamente sobre el particular.
Me da mucho gusto ver en la Sala el entusiasmo y la convicción con que se presta apoyo a los trabajadores presentes en las tribunas. Ellos, también con entusiasmo, están solicitando un derecho y demandando lo que les corresponde. Espero que exista el mismo ambiente cuando discutamos una reforma de fondo al sistema laboral. No puede haber en Chile distintos tipos de trabajadores, sino un solo tipo: con derechos, bien remunerados, con justicia y dignidad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado Bernardo Berger.
El señor BERGER.- Señor Presidente , por su intermedio, saludo a la señora ministra del Trabajo y Previsión Social .
¡Qué lamentable es cuando el propio Estado de Chile es el principal infractor de la dignidad y de los derechos laborales que en todos los demás ámbitos se han ido logrando con tanto esfuerzo y tesón para el mundo del trabajo!
Ese es el caso al que, desgraciadamente, nos enfrentamos hoy. Las estimaciones prudentes hablan de que existen más de 200.000 trabajadores a honorarios en reparticiones públicas y municipios a lo largo del país que laboran en condiciones irregulares en su relación contractual: sin derecho a descanso, ni a previsión, ni a licencia médica, ni a incentivos, ni a ningún otro beneficio de los que se han logrado conquistar para los demás trabajadores del escalafón público.
Hoy estamos tratando de resolver el error previsional que los afectará a partir de 2015, problema urgente de resolver por cierto, pero que es apenas “la guinda de la torta” de uno aún mucho mayor que afecta a funcionarios y funcionarias, la mayoría profesionales, técnicos y administrativos que hoy tienen todas las obligaciones de un trabajador de planta, pero ninguno de los beneficios y derechos de que gozan los demás.
Por eso, me parece sumamente positivo que hoy estemos tratando de resolver la omisión -para no calificarlo de “error”- que se cometió con los trabajadores a honorarios cuando se hizo la reforma previsional. En ese momento, el gobierno de la época no pensó en el efecto negativo que tendría esa medida que, imagino que con buena intención, intentó mejorar la situación de los trabajadores independientes, pero sin atender lo que pasaba en la propia casa.
Siento que la Cámara de Diputados tiene el deber y la obligación moral de reparar el daño previsional que amenaza a los trabajadores a honorarios. En lo personal, adelanto desde ya que mi postura será apoyar a toda costa cualquier iniciativa que apunte a mejorar las condiciones en que se encuentran esos funcionarios públicos.
Pero quiero ir más allá. No podemos seguir amparando que la administración del Estado tenga trabajadores de primera, de segunda y de tercera categoría. Una nueva ley de plantas, que dote de igualdad de oportunidades, de derechos y de deberes a quienes laboran en el servicio público, en particular en el área municipal, es urgente y necesaria.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson.
El señor JACKSON.- Señor Presidente , saludo a los trabajadores y a las trabajadoras presentes en las tribunas y, a través de ellos, a todos los funcionarios del Estado que se encuentran en condiciones precarias, debido a que no pueden ejercer sus derechos de manera libre e igualitaria, como esperaríamos.
Quienes me han antecedido en el uso de la palabra han planteado varios aspectos que quería señalar; no obstante, quiero enfatizar una materia central.
Cuando hablamos sobre la necesidad de fortalecer lo público, es decir, los servicios que proveen las distintas reparticiones del Estado, nos referimos a que es importante -así lo hemos conversado muchas veces con los dirigentes de la ANEF- hacer del Estado el mejor empleador, uno ejemplar. Lamentablemente, en la actualidad no ocurre así. Lo digo no solo por la situación laboral de los trabajadores a honorarios, sino también por el caso vergonzoso de los funcionarios que trabajan sobre la base de lo establecido en el subtítulo 22 del Presupuesto -Bienes y Servicios de Consumo-, quienes ni siquiera tienen derecho a vacaciones, situación que vulnera la idea de que el Estado es un empleador ejemplar.
Esas formas de contratación no solo producen la precarización laboral de los servicios públicos, sino también que el Estado pierda autoridad para exigir al sector privado mejores condiciones laborales para sus trabajadores.
Por ello, no solo adhiero a uno de los proyectos de resolución que hoy se presentarán, sino también manifiesto mi apoyo a las demandas de reivindicación que los trabajadores y las trabajadoras a honorarios han hecho a través del petitorio que nos hicieron llegar. Espero que en conjunto, con la mayor transversalidad posible, podamos exigir la concreción de esas demandas, pues los trabajadores las han estado esperando durante mucho tiempo.
En consecuencia, junto con expresar mi solidaridad con los funcionarios que trabajan a honorarios para los servicios de la administración del Estado, quiero señalar que contarán con mi respaldo para la concreción de sus requerimientos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , felicito tanto a los diputados que pidieron esta sesión especial, en particular a los integrantes de la bancada de la Democracia Cristiana, como a los dirigentes sindicales de las trabajadoras y los trabajadores del sector público que prácticamente recorrieron el Congreso Nacional para solicitar la celebración de esta sesión especial pedida, la cual es muy importante, puesto que tiene por objeto requerir al gobierno la adopción de medidas que permitan fijar un antes y un después en relación con la situación de los trabajadores a honorarios y a contrata de la administración del Estado.
En el sector público existe gran injusticia debido a la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales de esos funcionarios, los que laboran en condiciones de precariedad e inestabilidad.
(Aplausos)
Además de la falta de respeto hacia los derechos de esos trabajadores, existe una situación de abierta ilegalidad en relación con las formas contractuales que hoy imperan, como consecuencia de las prácticas que se están desarrollando en el Estado, las que no prestan atención a las condiciones mínimas y elementales establecidas en los tratados internacionales que el país ha suscrito.
(Aplausos)
Por eso, aprovecho la presencia en la Sala de la ministra del Trabajo y Previsión Social para pedirle -además de las solicitudes que se formulan en uno de los proyectos de resolución que se presentarán- que se constituya, en el más breve plazo, una mesa de trabajo con representantes de los trabajadores del sector público, con la finalidad de tratar la situación de los funcionarios a honorarios y a contrata de la administración del Estado, de manera que en el proyecto de reforma laboral que será tramitado por el Congreso Nacional se considere un nuevo régimen de trabajo para ellos. Este el momento de abordar esta materia, tal como entiendo que es el compromiso de la Presidenta Bachelet en ese sentido.
Esa mesa de trabajo debe proponer una reforma profunda del sistema contractual de los trabajadores del Estado, así como de la institucionalidad estatal, la que no se adecúa a la modernidad, a la eficiencia y al reconocimiento del aporte que hacen esos trabajadores. Porque -reitero- no solo no se respetan sus derechos laborales, sino que tampoco se aprovecha su creatividad, conocimiento y experiencia. Se trata de funcionarios que, además, no son sujetos de capacitación y de perfeccionamiento. Es decir, estamos desaprovechando su potencial, con el que hoy cuenta el Estado.
En consecuencia, además de felicitar a los trabajadores del Serviu, de los gobiernos regionales y de todos los servicios públicos que se han preocupado por esta materia, anuncio que la bancada del PPD, junto con votar a favor el proyecto de resolución que hoy se presentará,
apoyará con entusiasmo la reforma laboral y la constitución de una mesa de trabajo que aborde la generación de un nuevo régimen laboral para los trabajadores del Estado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando.
La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente , hoy el Estado tiene la gran oportunidad de generar un cambio muy importante: uniformar la administración pública a través del establecimiento de un Estatuto Administrativo único, el cual permita terminar con las diferencias expuestas por mis colegas.
Sé que lo señalado es difícil y que de seguro el camino que habrá que recorrer es largo; pero creo que nadie duda en cuanto a que debe hacerse ese esfuerzo, más aún cuando pronto comenzaremos a tratar una reforma laboral, en la que deberá abordarse la situación de los funcionarios de la administración del Estado.
Espero que en este gobierno avancemos en garantizar condiciones de igualdad para los cerca de 250.000 funcionarios empleados a honorarios que hoy se desempeñan en algún servicio público. Por ejemplo, en el Serviu de Antofagasta, los empleados a honorarios representan más del 35 por ciento de la dotación total de la planta, en circunstancias de que no deberían sobrepasar el 10 por ciento. Me encantaría saber en qué servicio se respeta esa normativa.
Por último, quiero señalar que hago mías las expresiones de Makarena Albanez, presidenta de la Asociación Gremial de Empleados a Honorarios de la Región de Antofagasta, las que reflejan el sentir de ese grupo de chilenos, que han presentado demandas justas y que, a pesar de todo lo que viven a diario en el desempeño de sus funciones, muestran compromiso y cariño con su trabajo.
No me cabe la menor duda de que todos los diputados presentes votaremos a favor el proyecto de resolución que será presentado al final de esta sesión.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Iván Flores.
El señor FLORES.- Señor Presidente , por su intermedio, quiero saludar a la ministra del Trabajo y Previsión Social y a los trabajadores de la administración pública que hoy nos acompañan en las tribunas, especialmente a mis excolegas de la Región de Los Ríos.
En distintas oportunidades, la vida me ha colocado en la dirección de servicios públicos dependientes de diversos ministerios en la Región de Los Ríos, a la que pertenece el distrito que represento. Desde allí pude conocer de cerca que en el país no hay un servicio público homogéneo, escalonado e integrado. Lo que conocí fue, por lo menos, cuatro categorías de trabajadores, que aun cuando tuviesen las mismas competencias y responsabilidades, y también los mismos sueños personales y familiares, no tenían las mismas perspectivas.
En el cumplimiento de tales funciones, pude constatar que desde que Chile retomó la vida democrática, y cuando el país tenía la obligación ética de recuperar el rol subsidiario del Estado, procurando llegar con más y nuevos servicios a los cientos de miles de personas pobres o que se empobrecían, porque fueron perdiendo beneficios frente a una feroz economía de mercado que había comenzado a reemplazar parte de la función y responsabilidad del propio sector público -a propósito de que hoy estamos discutiendo, treinta o cuarenta años después, reformas estructurales-, el Estado perdió responsabilidades.
De esa forma, se crearon programas, corporaciones, fondos, fundaciones y una serie de instituciones absolutamente indispensables, pero que nunca tuvieron el carácter de públicas, porque nunca contaron con los votos para ello; nunca contaron con un Congreso Nacional capaz de entender que el rol subsidiario del Estado lo deben ejercer las instituciones públicas, lo cual es irremplazable, pues no se pueden privatizar los servicios que prestan.
En ese escenario, las plantas de funcionarios debían ajustarse a los nuevos requerimientos de un Chile que buscaba más igualdad, más integración y más solidaridad. Pero ¿cómo hacerlo si el propio Estado nunca ha reconocido -porque, reitero, nunca estuvieron los votos- que esos desafíos también debían alcanzar a los funcionarios públicos?
No hay cifras claras de cuántos son los administrativos, profesionales y técnicos que levantan este país, sin que el propio país les otorgue los beneficios que sí tienen sus compañeros de oficina que están en otra categoría contractual. Los funcionarios a honorarios trabajan sin vacaciones, sin licencias médicas, sin beneficios previsionales, sin seguros y sin vislumbrar una pensión digna, mientras cumplen con Chile. Peor aún, trabajan sin tener el piso de la tranquilidad personal. Me refiero a la posibilidad de dormir sin el sobresalto de la incertidumbre. La falta de certeza hace daño al trabajador y a su familia. Cada día los trabajadores a honorarios se preguntan: “¿Cómo saber si me renovarán el contrato? ¿Cómo poder tramitar mi crédito hipotecario? ¿Cómo tener vacaciones con mi familia? ¿Cómo planificar mis sueños?”. Son preguntas que no se pueden responder. Eso no solo es injusto, sino inmoral desde la perspectiva de la responsabilidad pública.
(Aplausos)
Aun cuando las sucesivas leyes de Presupuestos resuelven la ilegalidad de sobrepasar largamente el porcentaje máximo permitido por ley para contratar a honorarios, hoy debemos obligarnos a una ley superior de todo ser humano: la ley moral de asegurar igualdad de oportunidades y beneficios para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado.
Suscribo plenamente el proyecto de resolución que ha presentado mi camarada Fuad Chahin y que, con seguridad, mi bancada apoyará.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle a la señora ministra que me declaro culpable de haber sido intendente de mi Región de Los Ríos, porque cuando tuve que armar esa nueva región, vi cómo desde Arica a Punta Arenas postulaban funcionarios públicos que se desarraigaron de su familia y de sus amistades, buscando ser contratados en la planta, para lograr así la estabilidad que todos necesitamos en la vida.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Maya Fernández.
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya) .- Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a todos los funcionarios públicos que están en las tribunas, a la ministra del Trabajo y al subsecretario de esa cartera.
Según un estudio de la Dirección de Presupuestos de 2013, en los últimos nueve años la dotación de personal a honorarios se habría triplicado y habría alcanzado a 31.000 personas, lo que representa el 12 por ciento del total de funcionarios públicos.
Estimaciones de la Unión Nacional de Trabajadores Públicos a Honorarios arrojan que en realidad casi 100.000 trabajadores y trabajadoras son los que se desempeñan bajo esta modalidad, pues a los funcionarios de gobierno se deben sumar los trabajadores municipales.
El Estado de Chile ha generado, directa o indirectamente, una vasta red de trabajadores que supuestamente brindan un servicio específico y transitorio, pero que en realidad cumplen labores de forma permanente en una suerte de empleo tercerizado, sin los derechos y beneficios de que goza cualquier otro trabajador.
Mientras algunos tienen beneficios previsionales y de salud, además de virtual inamovilidad, otros trabajadores y trabajadoras deben atenerse a las mismas exigencias laborales que sus pares de planta y a contrata, pero con condiciones más precarias. Incluso, los trabajadores a honorarios aportan con su trabajo a mejorar la gestión de los servicios públicos, a través del cumplimiento de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, pero no reciben los beneficios económicos que perciben los funcionarios de planta y a contrata cuando han cumplido con esas metas.
En definitiva, se ha generado una estructura en virtud de la cual el Estado, que es el llamado a elaborar las políticas para regularizar el empleo y promover mayor seguridad e igualdad en materia de trabajo, es quien, al mismo tiempo, brinda condiciones laborales que dejan mucho que desear, toda vez que promueve una discriminación arbitraria que genera distintas categorías de empleados públicos.
Es urgente que tomemos medidas para resolver esta situación. Nuestro Estado ha crecido en forma exponencial, ha complejizado su labor y aumentado su dotación de personal. Necesitamos transparentar las funciones que cumplen todos los trabajadores del Estado, de cualquier tipo.
Requerimos terminar con la figura del trabajador a honorarios, al menos, como está concebida hoy, es decir, como una forma de contratación informal carente de derechos. Ello debe ser una meta para el gobierno y para el Estado. No es posible pensar en un Estado social de derecho mientras existan trabajadores sin seguridad social.
Es vital entregar una solución concreta y en el corto plazo a las demandas de los funcionarios públicos y, especialmente, de los trabajadores a honorarios, quienes desde hace mucho tiempo las esperan. Dignificar el trabajo no solo requiere leyes o reformas profundas, sino también la voluntad de las autoridades por corregir situaciones injustas como esta.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb.
El señor RATHGEB.- Señor Presidente, agradezco a la bancada de la UDI por haberme concedido unos minutos para poder intervenir en nombre de Renovación Nacional.
Como se ha dicho, el Estado es el peor empleador: exige a los particulares lo que él no cumple. Por ejemplo, desde 1914 existe la “ley de la silla”, pero el Estado no cumple con ella. Muchos uniformados pasan horas de pie sin poder ejercer el derecho que les confiere esa ley.
Lo propio ocurre con la renovación del contrato de plazo fijo. Se exige a los particulares que en la segunda renovación el contrato se transforme en indefinido. ¿Qué sucede con los contratos del Estado? Se renuevan, pero nunca se transforman en indefinidos. Para qué hablar del derecho a vacaciones de los funcionarios a honorarios. ¡No lo tienen!
Los trabajadores a honorarios prácticamente son de segunda categoría. En el Congreso Nacional también tenemos trabajadores a honorarios, a los cuales deberíamos tener en consideración.
Renovación Nacional apoyará las propuestas en beneficio de los trabajadores a honorarios contenidas en los proyectos de resolución que se presentarán.
Llamo a los diputados a no votar el proyecto de Ley de Presupuestos si no está solucionada la situación de los trabajadores a honorarios, o si no se da inicio a dicha solución a través de un proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER .- Señor Presidente , hay quienes dieron toda su vida por la dignidad de los trabajadores del sector público. Me refiero a Clotario Blest , a Tucapel Jiménez , a Hernol Flores, quienes siempre soñaron con un Estado grande, con un Estado robusto, con un Estado eficiente, con un Estado probo, pero, además, con un Estado que respetara la dignidad de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras del sector público.
Lamentablemente, hay quienes no creen mucho en el Estado. Al contrario, les gustaría tener un Estado chiquitito, un Estado enano, porque siempre han creído que quien debe regir los destinos del país es el mercado. Por eso el Estado se ha ido achicando. Pero hoy tenemos la posibilidad de hacer los cambios que se requieren. La Presidenta Bachelet no volvió a Chile solo para gobernar, sino para implementar las reformas que necesita el país. Por esa razón hoy estamos insertos en las grandes reformas que se están llevando a cabo: la reforma tributaria, la reforma educacional y, por supuesto, la reforma laboral que pronto se discutirá, en la que no puede quedar ausente este sector que tan latamente hoy ha sido citado.
Me alegro de que exista amplio consenso en todos los parlamentarios respecto de la necesidad de mejorar la situación de los trabajadores a honorarios. También me alegro de que se hayan hecho ofertas como que no se aprobará el presupuesto de 2015 si no se da solución a los problemas de esos trabajadores, que han debido soportar no solo la indignidad, sino también el arbitrio de los patrones de turno.
¡Llegó la hora! Lo diré todas las veces que sea necesario: este gobierno no llegó para hacer más de lo mismo, sino para concretar los cambios profundos que requiere el país. Por supuesto, el que más demanda Chile es mejorar la situación de sus trabajadoras y sus trabajadores. Los diputados vemos la situación laboral de muchos funcionarios de nuestros distritos: sus contratos expiran en diciembre, por lo cual deben enfrentar los meses de enero y febrero sin recursos.
Hace pocos días aprobamos una iniciativa que mejora la situación laboral de las manipuladoras de alimentos de los colegios, quienes también sufrían una situación indigna.
Por eso, llegó el momento para que hagamos justicia respecto de los trabajadores a honorarios.
Clotario Blest , Hernol Flores y Tucapel Jiménez no dieron sus vidas gratuitamente, sino por la dignidad de todas las trabajadoras y trabajadores que aún esperan por justicia. Este es el momento para que, de una vez por todas, la tengan.
Hechos son amores y no buenas razones.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- En el tiempo que resta al Comité Independiente, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero expresar mi alegría por esta sesión especial y por haber firmado la propuesta para realizarla hecha por el diputado Chahin .
Si uno quiere hacer historia en relación con los trabajadores a honorarios, se encontrará con una interrogante: qué Estado queremos construir. Por eso, comparto la pregunta hecha por el diputado Letelier : ¿qué Estado queremos tener? ¿Un Estado empequeñecido, que no sea capaz de articularse? Al final, ¿quiénes hacen la pega? Los trabajadores a honorarios. Son ellos los que permanentemente, todos los días, hacen el trabajo.
(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)
Sé que es una frase cliché, pero no puede ser más cierta: “El Estado es el peor empleador”. Por consiguiente, esta sesión especial la pedimos para saber si existe la suficiente voluntad política del gobierno y de la ministra del Trabajo y Previsión Social para cambiar esta realidad. Puede ser que en el pasado no hayamos tenido los votos para concretar los cambios. Pero hoy los votos están para cambiar la situación de los funcionarios públicos a honorarios, y para cambiar las plantas de todos los ministerios. En este sentido, el mejor ejemplo es el Servicio Agrícola y Ganadero, del Ministerio de Agricultura. Su planta está siendo modificada, lo que permitirá que todos los trabajadores a honorarios pasen a contrata. Ello demuestra que está realidad es posible de concretar.
Por eso, esperamos que la ministra hoy se comprometa a conformar una mesa de diálogo para abordar la situación de los funcionarios a honorarios.
Al terminar mi intervención, quiero rendir un homenaje a todas las mujeres que trabajan a honorarios que nos acompañan en las tribunas y que han hecho un tremendo esfuerzo por estar presentes en esta sesión.
Y solo para quienes me entiendan: ¡Salud, con un pisco sour con albahaca!
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, más 1 minuto y medio que le concedió la bancada de la UDI, tiene la palabra el diputado Iván Fuentes.
El señor FUENTES.- Señor Presidente, agradezco a los colegas que generosamente me han cedido su tiempo.
En primer lugar, quiero decir fuertemente: ¡Honorario es sinónimo de negación! Los funcionarios a honorarios no tienen derecho a capacitación, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a permisos administrativos, no tienen derecho a licencias médicas, no tienen derecho a asistencia en caso de accidentes en el trabajo; no tienen derecho a viático. Podría seguir latamente dando cuenta del sinónimo de negación que implica para muchos empleados públicos en distintos lugares del país estar contratados a honorarios.
El viernes estuve con gente del sector salud; en él hay más de 500 trabajadores a honorarios. En total son 250.000 los funcionarios a honorarios. ¿Cuántas ciudades podríamos construir con todas esas personas que trabajan en esas condiciones, cumpliendo con Chile, pero muy maltratados?
Lo mismo ocurre en las plantas pesqueras, en las grandes industrias y en la agricultura. En las plantas pesqueras están los eventuales; en la agricultura, los temporeros y temporeras. Pero el Estado también tiene sus temporeros y temporeras. Por eso, nosotros debemos hacer un llamado al Estado a ponerse los pantalones firme.
Señora ministra, cuente con nosotros. Estamos aquí para apoyar los grandes cambios que Chile necesita. En verdad, cuente con ese respaldo. Tenemos votos para hacer las cosas. Si hay que consensuarlo, lo consensuamos; si tenemos que mostrar un sentido de amistad, lo haremos. Pero no podemos seguir en el escenario en que estamos.
Quiero aprovechar estos minutos para saludar a la gente que vino desde Aysén y que está en las tribunas. Quiero mandar un mensaje a una señora de mi distrito que está embarazada y que contuvo sus lágrimas, el viernes pasado, cuando nos encontramos y me entregó un escrito, en el que manifiesta su sentir. Lamentablemente, no alcanzaré a leerlo.
Quiero decir que apoyaré con toda la fuerza de mi corazón el proyecto de resolución que se presentará.
Concuerdo plenamente con mi colega Fuad Chahin , quien expuso muy clara y categóricamente lo que debemos hacer. Si algo falta agregar en el proyecto de resolución, tenemos tiempo para concretarlo. Pero debemos apurar el tranco.
Así que, cuente con nuestro respaldo, señora ministra. Vinimos aquí para ayudar; no para quedarnos sentados, esperando que el tiempo pase.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE .- Señor Presidente , el diagnóstico sobre la situación de los trabajadores a honorarios es un tema sabido desde hace muchos años; no es una cuestión nueva. Por tanto, seguir abundando en intervenciones que incrementan el drama no tiene mucho sentido. La cuestión es saber qué soluciones encontramos. Es fácil hablar del drama que significa ser un funcionario a honorarios; cada diputado ha dado ejemplos. También yo podría hablar, incluso, de los juicios habidos en la época de la dictadura sobre esta materia. Pero hay que resolver el problema. Por ello, pido que distingamos las situaciones.
De lo que estamos hablando es de trabajadores a honorarios, que están bajo una relación de subordinación y de dependencia. En consecuencia, se trata de personas que deberían regirse por las normas laborales. Pero tenemos un problema: en la administración pública central no hay Código del Trabajo; no existe. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Decirlo es bien complejo, porque significa que vamos a establecer tres estructuras: la planta, las contratas y los contratados conforme al Código del Trabajo. No sé si esto soluciona el problema al sector público y a los trabajadores del sector público, por cuanto tendríamos un estatuto que podría tener, por ejemplo, todos los derechos propios del Código del Trabajo, como negociación colectiva, sindicalización, etcétera, y otro en que esos derechos no existen. En consecuencia, ¿cuál sería la tentación? Vámonos todos al Código del Trabajo. Por lo tanto, esto hay que resolverlo bien y hay que buscar una alternativa.
Yo quiero proponer algo, y ya, para no esperar que se instale una mesa, porque ha habido muchas.
Todos los trabajadores a honorarios que tengan una permanencia en el sistema público deben ser, al menos después de un plazo, contratas automáticamente, sin otra consideración que no sea la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia. Si es un año, entonces ese plazo establece esa permanencia, esa condición. No habría necesidad de recurrir a un tribunal laboral para que establezca la relación laboral. ¡Tan simple como eso! Y eso se puede resolver ahora: bastaría una glosa, un memorandum, un protocolo en la Ley de Presupuestos. La Ley de Presupuestos debería contener un protocolo que dijera algo así como: “Los trabajadores a honorarios que tienen 1 o 2 años -pongámosle 2, porque esto hay que hacerlo
bien- que tengan permanencia, que tengan jornada, etcétera, se transformarán automáticamente en trabajadores a contrata por mandato de la ley.”.
(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)
Y establezcamos la gradualidad que corresponda y la vamos evaluando. ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a seguir con las mesas, con las sesiones especiales en que todos nos hacemos parte del drama, pero no de la solución del drama. Es fácil hablar, y todos podemos hablar muchas cosas. De hecho, les puedo contar que en mi época de abogado laboralista gané un juicio para los trabajadores, en plena dictadura, y la Corte Suprema “me mandó al pecho”. ¿Por qué? Porque implicaba mucha plata. ¡Eso fue lo que me dijeron, y no porque no tuviera la razón! Todos tenemos historias para contar, pero la cuestión es cómo resolvemos el problema.
Pido a la señora ministra que lo vea. En la Ley de Presupuestos, los contratos a honorarios que tienen vínculos de subordinación y dependencia con una determinada duración -1 o 2 años- automáticamente podrían pasar a contrata, y el problema está resuelto.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , he escuchado con mucha atención a cada uno de los colegas que han hecho uso de la palabra, y he visto que los funcionarios a honorarios han aplaudido las intervenciones. Asimismo, he comprobado que todo el mundo está de acuerdo con que los empleados a honorarios tienen un problema muy serio que es necesario solucionar.
En realidad, todos los parlamentarios estamos de acuerdo en el diagnóstico del problema, pero, desgraciadamente, no tenemos facultades para resolverlo. No se trata de que ahora estén los votos para solucionarlo, porque desde hace 30 años que existen los trabajadores a honorarios, pero ningún gobierno ha mostrado voluntad para solucionar el problema. Ese es el cuento. Es el Ejecutivo el que debe pronunciarse, y no me cabe duda alguna de que Renovación Nacional y todos los diputados votaríamos favorablemente cualquier iniciativa que apunte a resolver el problema que afecta a los funcionarios a honorarios.
Algunos parlamentarios han dicho que condicionarán la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos a la solución del problema, lo que sería el sueño dorado del Ejecutivo. Debo informar a las personas que están en las tribunas -no tienen por qué saberlo- que si el proyecto de Ley de Presupuestos es rechazado, se mantiene el del Ejecutivo, sin modificación alguna. Entonces, ¿para qué dicen que no lo aprobarán o que lo condicionarán? A quien tenemos que comprometer en esta instancia es a la ministra del Trabajo y Previsión Social, para que manifieste aquí que su deseo es solucionar el problema. ¡Esa es la solución real! ¿Cómo podemos colaborar los diputados? Con nuestros votos favorables.
Si nos pusiéramos pesados y exigiéramos que el 10 por ciento de los funcionarios a honorarios pasaran a la planta, como lo establece la ley, habría que hacer la pregunta del millón: ¿quién haría la pega? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque los funcionarios a honorarios son los chivos expiatorios del sistema público y municipal. Los contratan por uno o dos meses y los “cortan” cuando les da la gana. No tienen ninguna estabilidad en su trabajo. Eso es justamente lo que estamos buscando: que esos trabajadores tengan estabilidad laboral.
Unos amigos me decían: “Hemos pasado toda una vida trabajando a honorarios y tenemos colegas que llevan 30 años en la misma situación”. Yo les pregunté: “¿Con cuánto van a jubilar?”. Me respondieron: “Con el mínimo: 75.000 pesos”. Ni siquiera podrán jubilar, solo recibirán la pensión básica solidaria. Quiero decir a la ministra que si eso no es el pago de Chile, entonces no sé qué será. Créanme que es verdad lo que digo.
Un país que no cuida a sus funcionarios públicos estará condenado al desorden, porque tendrán que salir a la calle a reclamar por sus derechos y no estarán en sus oficinas, como deberían hacerlo, para que el país siga creciendo. Este es el dilema al cual estamos enfrentados.
Hasta aquí han llegado funcionarios a honorarios que han viajado a lo largo de Chile, que han dado su vida al servicio público, igual que sus padres, pero no logran lo que piden. En realidad, debe ser muy frustrante luchar durante toda una vida sin lograr lo que se quiere.
Algunos diputados han hecho un mea culpa. Alguien decía: “Yo fui intendente y no arreglé las plantas”; y otro repite: “Yo fui alcalde y tampoco las arreglé”. ¡Obvio! No pudieron hacerlo porque la ley fija el número de cargos a contrata y de planta. La pregunta es otra. A pesar de todo lo que ha crecido y de lo que se ha desarrollado el país, ¿aún no somos capaces de arreglar las plantas? Realmente, me parece sumamente extraño.
¿Quiénes son los funcionarios a honorarios? Algunos funcionarios con los que estaba conversando me dijeron que son los cargos que sirven para pagar favores políticos, porque cuando asume un nuevo gobierno, los despide y contrata a otros. Ni siquiera respeta su carrera funcionaria. Eso no puede seguir ocurriendo. A los funcionarios que están en las tribunas les pregunto: ¿creen que hay algún diputado que no quiera solucionar el problema? Les puedo asegurar que ninguno; todos estamos por solucionarlo.
La gente de mi zona me decía que Diego Paulsen había empezado este trabajo hace mucho tiempo. Hicimos una petición para que se realizara una sesión especial, pero no se pudo celebrar; la echaron para atrás porque hubo otros problemas en la Cámara. Ahora casi sucede lo mismo, porque el ministro de Hacienda no pudo asistir. La verdad es que me parece muy extraño lo que sucede con los funcionarios a honorarios.
El diputado Saffirio dijo que desde hace 21 años que existen las mismas plantas, en circunstancias de que actualmente las municipalidades no solo deben preocuparse del aseo y de barrer las calles, sino que cumplen muchas otras funciones relacionadas con la salud, la educación, etcétera.
Podríamos realizar cien sesiones como esta; es más, podríamos celebrar una sesión de este tipo todos los días, como una forma de solidarizar con los funcionarios a honorarios, pero, como ya se ha dicho aquí, bastaría una palabra de la ministra del Trabajo y Previsión Social para resolver el problema a través de una ley. Entonces, quiero decir a la ministra que, cuando intervenga, no les cree falsas esperanzas a los funcionarios. Sería mejor decirles que el Ejecutivo enviará un proyecto que solucionará el problema o que este se resolverá en dos años más.
Todos sabemos, desde hace mucho tiempo, que el Estado es el peor empleador, porque no cumple las leyes. ¿Qué pasará ahora? Que todos se irán felices porque se aprobó un proyecto de resolución. Pero la pregunta que debemos hacernos -los funcionarios también lo saben- es la siguiente: ¿Llegará a convertirse en ley este proyecto de resolución si no existe un compromiso del Ejecutivo en tal sentido? Ese es el compromiso que debemos lograr.
Ni un diputado presente en esta Sala se opone a que se solucione el problema de los funcionarios a honorarios. Todos lo hemos discutido seriamente, y hay diputados que lo saben mucho mejor que yo, porque han sido alcaldes, gobernadores o presidente de la asociación de municipalidades, lo que les ha dado gran experiencia.
¿Acaso los funcionarios a honorarios no tienen la fuerza suficiente para lograr estos cambios? Claro que la tienen, porque son 250.000 personas que están en la misma situación. ¡250.000 personas! ¿Qué prefieren ellos? En realidad, los felicito, porque si yo estuviera en su situación, no iría a trabajar ni un solo día y me quedaría en las calles, tal como lo hicieron los estudiantes para lograr la reforma educacional. Pero ellos prefieren trabajar, …
(Aplausos en las tribunas)
…porque quieren a su país, para que siga adelante, y porque aspiran a que sus hijos obtengan mejores condiciones salariales que las suyas. Hoy solo están defendiendo sus derechos y los de las generaciones venideras porque, a lo mejor, ni siquiera tendrán derecho a jubilar. Además, en forma graciosa, inconsulta y autoritaria, los obligan por ley a imponer y les bajan sus sueldos en 20 por ciento. ¡Miren qué favor! ¿Por qué les bajan el sueldo? Porque tienen que descontarles las imposiciones. En consecuencia, además de hacerles un tremendo daño, también los perjudican patrimonialmente.
¿Qué están pidiendo ellos? Que les fijen un sueldo que les permita absorber ese 20 por ciento. Y -¡ojo!- la ley está absolutamente vigente, de manera que desde enero les empezarán a descontar el 20 por ciento de su sueldo, lo que resultará muy trágico para ellos. Sé que a algunos les han dicho que esa ley no está vigente, pero les pido que lo averigüen bien, porque sí lo está. Como digo, el descuento se hará efectivo a partir de enero próximo, lo cual queremos evitar. Y para lograrlo la ministra del Trabajo se debe comprometer a que, mientras no se constituya una mesa de diálogo para discutir una ley que beneficie a los funcionarios que están a honorarios, no se aplique la ley, porque sería un castigo más para ellos, que ya han sido perjudicados durante toda su vida laboral. Ese es el fondo del asunto.
(Aplausos en las tribunas)
Todos queremos colaborar para que los funcionarios a honorarios tengan mejores condiciones laborales.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Ha concluido su tiempo, señor diputado .
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Termino de inmediato, señor Presidente .
Pueden tener la seguridad de que contarán con los votos de todos los diputados, en forma transversal, con el objeto de solucionar el problema que los afecta.
Para terminar, felicito públicamente a los funcionarios que nos acompañan, por la valentía que han tenido, a pesar de estar en las peores condiciones económicas, para dar la cara y financiar su viaje al Congreso Nacional con el objeto de defender sus derechos, por los que tanto han peleado durante toda su vida.
Un abrazo y felicitaciones a cada uno de ellos.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Por último, tiene la palabra el diputado Jaime Pilowsky, que dispone de los 30 segundos que le restan al Comité Demócrata Cristiano más dos minutos que le cedió el Comité de la UDI.
El señor PILOWSKY .- Señor Presidente , en primer lugar, saludo a las funcionarias y a los funcionarios dependientes del sector municipal y central que nos acompañan, en particular a los de las municipalidades de Peñalolén y de La Reina.
(Aplausos en las tribunas)
Espero que esta sesión especial y el proyecto de resolución que aprobaremos no se transformen en una mera declaración de intenciones. Para los diputados nuevos, cuando los acuerdos no se implementan en forma concreta en el tiempo, en definitiva, se convierten en simples declaraciones.
Nuestro compromiso como diputados de la república no puede ni debe terminar en la votación que realizaremos en esta sesión.
Con este acuerdo recién empieza nuestro trabajo, y la solución la tenemos que lograr en conjunto. Hay que resolver esta injusticia o, como dijo el diputado Iván Flores, esta inmoralidad que hoy existe.
¿Cómo es posible que exijamos a otro lo que no somos capaces de otorgar a nuestros trabajadores del sector central y municipal? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de proteger la maternidad cuando una mujer está contratada a honorarios? ¿Cómo es posible que tengamos más de 100.000 personas, según algunas cifras -otros dicen 200.000-, que no cuentan con mínimos derechos laborales?
No dar solución a la brevedad a este problema es profundamente incoherente, injusto e inmoral. El personal a honorarios y sus familias no pueden esperar.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la ministra del Trabajo y Previsión Social.
La señora BLANCO, doña Javiera ( ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero contextualizar la normativa vigente que alimenta la solicitud de esta sesión especial.
Se nos ha invitado para revisar el tema de los trabajadores a honorarios independientes, específicamente de las cotizaciones previsionales y la obligatoriedad que afecta al sector público. Por lo tanto, creo pertinente referirme a una normativa que hoy afecta a los trabajadores a honorarios independientes en general.
Primero me referiré al contexto legal vigente y a cuántos trabajadores involucra esta normativa. Luego, explicaré el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, establecido en su propio programa de gobierno, y, por último, expondré cuáles son nuestras propuestas en relación con las solicitudes que se han manifestado.
Como saben todos los señores diputados, en 2008, la ley N° 20.255 introdujo modificaciones al decreto ley N° 3.500, entre las que se encontraba el establecimiento de la obligatoriedad de los trabajadores independientes de realizar cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y salud. Ahí se señaló que toda persona natural que, sin estar subordinado a un empleador, ejerce individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas de trabajo gravadas por el artículo 42 de la ley sobre impuesto a la renta debería afiliarse a un sistema previsional y ser obligada a efectuar cotizaciones previsionales, de acuerdo a la gradualidad que está establecida en la propia ley. Quedaron exceptuados ciertos trabajadores que cumplían con ciertas condiciones.
También se señaló que para efectuar las cotizaciones previsionales que afectaban a los trabajadores independientes se iba a considerar una renta imponible anual equivalente al 80 por ciento del conjunto de las rentas brutas gravadas por el artículo 42 de la ley sobre impuesto a la renta. La gradualidad señaló que estaban obligados a cotizar para pensión, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales todos estos trabajadores independientes respecto del 40 por ciento de su renta imponible anual el año 2012, pero con la posibilidad de renunciar a ello. En 2013, se produjo la misma situación, pero respecto del 70 por ciento de la renta imponible anual, aunque también podían renunciar a ello. En 2014, se da la misma situación de obligatoriedad de cotizar para pensión y accidentes del trabajo, respecto del ciento por ciento de la renta, pero también podían renunciar explícitamente a ello.
Para el 2015 en adelante se señala que están obligados a cotizar para pensión, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales respecto al ciento por ciento de la renta, sin posibilidad de renunciar. Desde el 2018, entrarán a regir además las cotizaciones en materia de salud.
También quiero señalar que, en relación al volumen o cantidad de trabajadores a los que nos estamos refiriendo, durante el año tributario 2014 -respecto de las rentas 2013-, en el país tenemos cerca de un millón de trabajadores independientes que se encuentran obligados a cotizar bajo esta modalidad. Me refiero a trabajadores independientes, en general. Son cerca de 1.140.000, pero hay que descontar aquellos trabajadores que, según señala la propia norma, por ser independientes y reunir estas características, quedan exentos de esta obligación, entre los que se encuentran los hombres mayores de 55 años y las mujeres mayores de 50 años, los que han cotizado como dependientes todos los meses por el tope imponible mensual, entre otros casos. Así llegamos a los 943.000 trabajadores. De ellos, la estimación es que cerca de 254.000 individuos cotizaron para pensiones, es decir, se acogieron a esta etapa de voluntariedad. Estamos diciendo que en este período solo se ha llegado a un 30 por ciento de cobertura en el marco de la voluntariedad, lo que, sin duda, constituye una preocupación.
De este universo total, estimamos que cerca de 10 por ciento también constituyen honorarios independientes del sector público, a los que se han referido mayormente los diputados en sus intervenciones.
Por otra parte, quiero leer lo que señala el programa de la Presidenta Michelle Bachelet sobre esta materia. Dice textualmente: “También se continuará mejorando la cobertura y ahorro en el sistema contributivo. La Reforma Previsional de 2008 generó la obligatoriedad de cotización para los trabajadores independientes remunerados por medio del pago a honorarios. Lamentablemente, en los últimos años no se avanzó adecuadamente en esta materia, en especial en lo relativo a la educación previsional de este grupo de trabajadores.” -que determina que hoy se acoja de manera voluntaria solo el 30 por ciento- “Por esto, revisaremos la gradualidad de incorporación de los trabajadores independientes y de los instrumentos de recaudación que tomen en cuenta la precariedad de sus rentas.”. Reitero que eso está establecido explícitamente en el programa de gobierno.
Para dar cumplimiento a este compromiso, lo que ha hecho la Presidenta de la República dentro de los cien primeros días -esto es de público conocimiento- es la constitución de una comisión asesora presidencial en materia de pensiones, instancia a la que se le ha pedido, por parte de esta ministra y del ministro de Hacienda , que elabore una propuesta específica en materia de incorporación de la obligación de cotizar a los trabajadores independientes, que establezca una nueva gradualidad. Dicha comisión tiene mandato para entregar su informe en enero del próximo año; es decir, estamos a un par de meses de que se cumpla el plazo.
En relación con las propuestas, como gobierno hemos determinado, primero, escuchar a esta comisión a la que le hemos pedido un pronunciamiento sobre esta materia, lo que -reitero- se concretará en enero de 2015. Luego, estaríamos en condiciones de trabajar una propuesta legislativa para revisar la gradualidad de la obligatoriedad y, además, revisar las afectaciones de coberturas previsionales en el caso de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Junto con esta propuesta legislativa, queremos enfatizar la educación previsional en estas materias, que ha sido lo que ha gatillado que solo el 30 por ciento esté afecto a la voluntariedad y no hayamos tenido una mayor cobertura, pero entiendo que hay un tema de fondo que ha sido expuesto en esta Sala, que tiene relación con que el Estado se reconozca como empleador.
Hoy tenemos el desafío de revisar la estructura interna del Estado. Tenemos montada una mesa de trabajo junto con el Ministerio de Hacienda para revisar la situación de los contratos a honorarios y de planta. En ese sentido, invoco el protocolo que en 2013 se firmó entre el Gobierno y las organizaciones gremiales del sector público, en que se establece un traspaso gradual del personal a honorarios a contrata, en la medida en que cumplan con ciertos requisitos de continuidad laboral, labores habituales y régimen de jornada completa. Justamente, el director de Presupuestos , don Sergio Granados, está dando cuenta de esto en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 2015, que considera recursos y las dotaciones para implementar el traspaso a contrata del personal a honorarios que cumple con los requisitos anteriormente expuestos.
Entiendo que, en general, lo que tenemos representado en estas mesas tiene que ver con los honorarios independientes del sector público gobierno central, que hay que diferenciar respecto de los trabajadores a honorarios del sector público municipales que, en general, no han quedado contemplados en estas instancias de trabajo.
(Manifestaciones en las tribunas)
Quiero decir enfáticamente que tenemos el compromiso de seguir avanzando no solo en relación con los trabajadores del gobierno central, sino también respecto de los trabajadores a honorarios de los municipios. Por eso hemos dicho que este ministerio tiene un compromiso real, de manera que, para nosotros, lo que se ha dicho hoy no son declaraciones. Junto con la “Comisión Bravo” vamos a trabajar en las propuestas que nos han hecho llegar.
Hemos tenido siempre las puertas abiertas del ministerio para escuchar las demandas de los trabajadores que están en estas condiciones -le consta a las personas que están en las tribunas-, que han sido recibidas en todas las audiencias que nos han solicitado. De hecho, tenemos el acuerdo de trabajo que se hizo con la Unión Nacional de Trabajadores Públicos a Honorarios, en gran parte referido a los municipios, y nos hemos comprometido con ellos.
Junto con esta propuesta legislativa que nos permitirá revisar la gradualidad de la obligatoriedad en el caso de las cotizaciones previsionales, debemos abordar también las temáticas de fondo, ya sea con la mesa que está montada para el sector público, principalmente gobierno central, en Hacienda, y con otra mesa que debemos implementar con quienes no están incluidos en estas instancias, principalmente los trabajadores a honorarios del sector público municipal.
Esos son nuestros compromisos concretos, nuestra propuesta legislativa, para abordar las temáticas tanto del gobierno central como del sector municipal que tienen que ver con temas de fondo.
Muchas gracias.
He dicho.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor FLORES.- Señor Presidente , por su intermedio, saludo a la señora ministra del Trabajo y Previsión Social , y a los trabajadores de la administración pública que hoy nos acompañan, especialmente a mis excolegas de la Región de Los Ríos.
En distintas oportunidades, la vida me ha colocado en la dirección de varios servicios públicos dependientes de diversos ministerios en mi región. Desde allí pude conocer de cerca que en nuestro país no hay un servicio público homogéneo, escalonado o integrado. Conocí al menos cuatro categorías de trabajadores que, aun cuando tuviesen las mismas competencias, responsabilidades y también los mismos sueños personales y familiares, no tenían las mismas perspectivas.
Pude ver que, desde que Chile retomó la vida democrática, el país tenía la obligación ética de recuperar el rol subsidiario del Estado, procurando llegar con más y nuevos servicios a los cientos de miles de personas pobres o que se empobrecían, porque fueron perdiendo beneficios frente a una feroz economía de mercado que había comenzado a reemplazar parte de la función y responsabilidad del propio sector público. Lo señalo a propósito de que hoy estamos discutiendo reformas estructurales que vienen a resolver, 30 o 40 años después, lo que el Estado perdió como responsabilidades.
Así nacieron programas, corporaciones, fondos, fundaciones y una serie de instituciones absolutamente indispensables, pero que no nacieron como instituciones públicas, porque nunca estuvieron los votos, nunca contaron con un Parlamento capaz de entender que el rol subsidiario del Estado lo deben hacer las instituciones públicas, lo cual es irremplazable. Para ello, las plantas de funcionarios debían ajustarse a los nuevos requerimientos y desafíos de un Chile que buscaba más igualdad, más integración y más solidaridad. Pero, ¿cómo hacerlo si el propio Estado -reitero que nunca estuvieron los votos- nunca ha reconocido que esos desafíos también debían alcanzar a nuestros funcionarios públicos?
Así, hoy, aunque no hay cifras claras sobre cuántos son los funcionarios administrativos, profesionales y técnicos que trabajan en tal situación, podemos observar que el país no les otorga los beneficios que sí tienen sus compañeros de oficina, de manera que no tienen vacaciones, licencias médicas, beneficios previsionales, seguros ni pensión digna, mientras ellos sí cumplen con Chile. Lo peor es que no tienen el piso de la tranquilidad personal ni la posibilidad de dormir sin el sobresalto de la incertidumbre.
La falta de certezas hace daño a la persona y a su familia. ¿Cómo saber si me renovarán el contrato? ¿Cómo poder tramitar mi crédito hipotecario? ¿Cómo tener vacaciones con mi familia? ¿Cómo planificar mis sueños? Son preguntas que los trabajadores a honorarios no se pueden responder, y eso no solo es injusto, sino también inmoral, desde la responsabilidad pública. La falta de certezas no permite que el trabajador pueda desplegar sus alas a plenitud y exprese todas sus capacidades personales y laborales.
Cuando tuve el honor de armar la Región de Los Ríos, pude ser testigo de que, desde Arica a Magallanes, administrativos y profesionales postulaban a los cargos concursables en la nueva región. Ellos estaban dispuestos a desarraigarse de sus familias, de su propio territorio y de sus amistades a cambio de un poco de estabilidad y certeza, pues buscaban acceder a las plantas de funcionarios de la nueva región.
Aun cuando las sucesivas leyes de presupuestos resuelven la ilegalidad de sobrepasar largamente el porcentaje máximo permitido por ley para contratar a honorarios, hoy nos obligamos a una ley superior a todo ser humano: la ley moral de asegurar igualdad de oportunidades y beneficios a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado.
Suscribo plenamente el proyecto de resolución que ha presentado mi camarada Chahin , que con seguridad mi bancada apoyará, que es el punto de partida de mayor justicia a los funcionarios públicos y a una mejor administración pública.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución presentado.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución N° 229, de los diputados señores Diego Paulsen, René Manuel García, René Saffirio, Pedro Álvarez-Salamanca, Jorge Rathgeb, Leopoldo Pérez, Germán Verdugo y Ramón Barros, que en su parte resolutiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
A. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tenga a bien mandatar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social para que:
1. Prorrogue el derecho a renuncia, suspendiendo por el lapso de un año la aplicación del artículo 86 y siguientes de la ley N° 20.255.
2. Creación de mesas multiministeriales y sectoriales que aborden la problemática que afecta a los contratados a honorarios en sus diversos aspectos.
3. Creación de un estatuto jurídico especial y exclusivo aplicable a las personas contratadas a honorarios.
4. Acceso de libertad de pago al ISL y al Fonasa, sin estar atados a una primera cotización.
B. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tenga a bien mandatar al Ministerio de Hacienda para que:
1. Se respete la actual renta líquida de los funcionarios a honorarios afectos a la ley N° 20.255, aumentando proporcionalmente el honorario respectivo de los pagos que esa ley dispone, de manera que no disminuyan por el efecto de la ley precitada.
2. Que se aplique una rebaja del 80 al 70 por ciento de la renta imponible, para igualar este descuento con la renta presunta y evitar las deudas que esta misma provoca.
3. Revisión de los aspectos formales de las boletas de honorarios para que incluyan un desglose de partidas que no son propiamente prestación de servicios, tales como movilización, alimentación u otros, y evitar tributar por ingresos no constitutivos de renta.
4. Creación de fondos mutuos colectivos, los cuales cuenten con retiro programado desde los 66 años. Estos fondos pueden ser estatales, que aseguren el ahorro de los cotizantes.
5. Crear una cartera de seguros colectivos de renta vitalicia, en la cual se garantice el capital del cotizante, teniendo una proyección estimada de vida no mayor a los noventa años.
6. Crear cajas de compensación que puedan recibir las cotizaciones en calidad de socios.
7. Crear una cartera de inversiones en activos, la cual asegura utilidades mayores y minimiza el riesgo de la cartera de inversiones.”.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En votación el proyecto de resolución.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución N° 230, de los diputados señores Fuad Chahin, René Saffirio, Jorge Sabag, Roberto Poblete, Iván Fuentes, Rodrigo González, de la señorita Camila Vallejo, de los señores Iván Flores y José Pérez, y de la señora Alejandra Sepúlveda, que en su parte resolutiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, lo siguiente:
1.- Que envíe un mensaje presidencial a fin de modificar el artículo 90 de la ley N° 20.255, con el objeto de mantener el derecho de los trabajadores a renunciar voluntariamente al pago de la cotización obligatoria impuesta por la ley.
2.- La reforma de la ley contempla que, al cotizar en las AFP, se incluye el seguro de invalidez y sobrevivencia, pero no contempla la posibilidad de acceder a pensiones especiales. En materia de salud, nada preceptúa respecto del subsidio y/o pensión de invalidez y accidentes del trabajo, ni tampoco se pronuncia respecto de las licencias médicas. Por lo tanto, se pide enviar una iniciativa para subsanar lo anteriormente expuesto.
3.- El Estado, con la reforma previsional, pretende subsanar una problemática social de los trabajadores a honorarios que no cotizaron en el sistema y llegan a la edad de pensión con muchos períodos de lagunas o sin el ahorro previsional suficiente para jubilar. La reforma previsional no se pronuncia respecto de cómo se llenarán esas lagunas y no se condice con la obligación de cotizar para todos sin excepción que comienza recién en el 2015. Por lo tanto, disponer la obligatoriedad no vendría a satisfacer el espíritu de la ley, por lo que es necesario establecer una política pública a largo plazo que venga a solucionar el detrimento previsional de los trabajadores a honorarios del sector público.
4.- Solicitar que se modifiquen los contratos a honorarios permanentes, pasando estos a ser regidos bajo la normativa del Código del Trabajo, con especial énfasis en la mujer embarazada, contratada bajo el sistema de honorarios, ya sea bajo el subtítulo 2103 o a través de prestación de servicios, así como a los trabajadores con contrato de honorarios permanentes que hayan prestado servicios continuos y cuyo plazo sea superior a dos años.
5.- La creación de mesas de trabajo interministeriales para la búsqueda de mecanismos políticos y económicos necesarios que busquen el término de la calidad de a honorarios dentro del Estado chileno.
6.- La homologación, en los contratos a honorarios bajo el subtítulo 2103 o a través de prestación de servicios, de los derechos laborales que contempla el Código del Trabajo o el Estatuto Administrativo.
7.- Un incremento de 21 por ciento en los recursos remuneracionales y de esta manera satisfacer plenamente el pago de las cotizaciones previsionales y de salud.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En votación el proyecto de resolución N° 230.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.57 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Nuevo primer informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la Onemi.". (boletín N° 8353-19)
2. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", que "Modifica la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, fortaleciendo los consejos regionales.". (boletín N° 9691-06.)
3. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", sobre "Asignaciones y modificaciones a la planta del Servicio Agrícola y Ganadero.". (boletín N° 9690-01)
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rincón, Chahin , Chávez , Flores, Morano y Ojeda , que "Revoca la nacionalidad concedida por gracia a don John Joseph O’ Reilly ". (boletín N° 9718-06)
5. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Insunza , Auth , Campos, Ceroni , Farcas , Farías , Jaramillo , Jiménez , Letelier y Núñez, don Marco Antonio , que "Revoca la nacionalidad chilena concedida por especial gracia al sacerdote irlandés John Joseph O’ Reilly". (boletín N° 9719-06)
6. Informe del diputado señor Espinosa, don Marcos , sobre su participación y la de los diputados señora Turres , y señores Jiménez y Monsalve , en las reuniones efectuadas en el marco del XLV Período de Sesiones del Parlamento Andino, entre el 29 y el 31 de octubre de 2014, en la Ciudad de Santa Marta, Colombia.
7. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2731-14-CPT.
4. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES RINCÓN, CHAHIN, CHÁVEZ, FLORES, MORANO Y OJEDA, QUE “REVOCA LA NACIONALIDAD CONCEDIDA POR GRACIA A DON JOHN JOSEPH O’ REILLY “. (BOLETÍN N° 9718-06)
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
La Constitución Política de la República, al establecer las fuentes de la nacionalidad, consagra en su artículo 10 N° 4 la nacionalidad por gracia, la cual debe otorgarse mediante una ley de la República. De la misma forma, establece en su artículo 11 N° 4 que esta concesión puede revocarse por ley.
La nacionalización por gracia, es en nuestro país, el más alto honor que el Estado confiere a un extranjero, concesión que responde a una facultad discrecional del Poder Legislativo, por lo que la apreciación de los criterios para ser objeto de este reconocimiento están entregados a la sana crítica de cada uno de los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado.
Sin embargo lo anterior, se han definido algunos lineamientos generales para el otorgamiento de este honor, como lo son el haber prestado servicios o haber entregado beneficios notables al país, siendo estos ejercidos durante un tiempo prolongado; consideraciones a la edad de la persona, ya que se entrega generalmente a personas que han hecho toda una vida en Chile y no optan a la nacionalidad chilena para no renunciar a su nacionalidad de origen o que sean personas líderes en sus comunidades, entre otras razones.
En orden a lo anterior, la moción parlamentaria a través de la cual se le concedió la nacionalidad por gracia a John O’Reilly señalaba “su gran preocupación ha sido siempre la formación de la juventud, cultivando en los jóvenes virtudes como el respeto, la transparencia, la vida de gracia y por sobre todo, la entrega a las personas más necesitadas” también que “durante los 22 años que el Padre O'Reilly ha permanecido en Chile, ha realizado una labor apostólica y educativa dirigida al mundo de la juventud, inculcando el amor al prójimo y a los más necesitados y a través de la creación de diversos establecimientos educacionales, algunos con extraordinarios resultados académicos, se aprecia su valiosa contribución al país”.
A juicio de los firmantes, estas consideraciones, tomadas en cuenta al otorgar la nacionalidad por gracia a John O’Reilly han sido desautorizadas por la realidad, ya que durante el año 2012, se presentó una denuncia en contra del Sacerdote en la Fiscalía Oriente, por un caso de abuso sexual a una menor de cinco años de edad, hechos que habrían ocurrido en el Colegio Cumbres Femenino, del cual el Padre era el capellán, estando en el ejercicio de sus funciones como guía espiritual y párroco de dicho establecimiento educacional.
Luego del proceso penal, el día 15 de octubre del presente año, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decretó que John O’Reilly cometió “abuso sexual reiterado” contra la menor ex alumna del Colegio Cumbres, estableciendo que dicho delito se produjo entre los años 2007 y 2009. El Tribunal entregó una serie de antecedente, entre los cuales fijó que el sacerdote tuvo “conductas de índole sexual”, que éste en su oficina, al encontrarse con la menor cerraba las cortinas y realizaba “tocaciones de carácter sexual”bajo la ropa de la víctima. Además, señaló que esta persona, colocaba “dulces” en sus partes íntimas y acostumbraba a sacarla desde la sala de clases. Todas estas afirmaciones se basaron en los relatos de la víctima, los cuales fueron reafirmados por peritajes.
Finalmente, el martes 11 de noviembre del presente año, el Tercer Tribunal Oral dio a conocer la sentencia contra este sacerdote, condenándolo a 4 años y un día de presidio menor en su grado máximo con el beneficio de la libertad vigilada. A la vez, se le inhabilitó para ocupar roles en cargos educacionales y para ocupar cargos públicos.
Estas conductas delictuales, y que afectaron la integridad física y sicológica de una menor de edad, nos llevan a concluir, que el honor de la nacionalidad por gracia no puede ser ostentado por una persona como John O’Reilly, por lo que quienes firmamos, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: “Revóquese la concesión de la nacionalidad chilena por especial gracia al sacerdote irlandés John O'Reilly”.
5. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES INSUNZA, AUTH, CAMPOS, CERONI, FARCAS, FARÍAS, JARAMILLO, JIMÉNEZ, LETELIER Y NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO, QUE “REVOCA LA NACIONALIDAD CHILENA CONCEDIDA POR ESPECIAL GRACIA AL SACERDOTE IRLANDÉS JOHN JOSEPH O’ REILLY”. (BOLETÍN N° 9719-06)
“FUNDAMENTOS. La nacionalidad por gracia se encuentra instituida en el N°4 del
artículo 10 de la Constitución Política de la República. El precepto constitucional establece que una ley la podrá conceder, y se podrá revocar también por ley, según lo dispuesto en el N° 4 del artículo 11 de la Carta Fundamental. La nacionalidad por gracia constituye una alta distinción u honor, que el Estado le otorga a extranjeros que han realizado grandes servicios a la República o a la sociedad chilena. En este sentido, es menester señalar que en el año 2008, se presentó un proyecto de ley para otorgar la nacionalidad chilena, por especial gracia al sacerdote irlandés John Joseph Reilly. Los autores de la moción señalaron entre sus fundamentos, que el mencionado eclesiástico era merecedor para tan importante honor, ya “Que durante los 22 años que el Padre O'Reilly ha permanecido en Chile, ha realizado una labor apostólica y educativa dirigida al mundo de la juventud, inculcando el amor al prójimo y a los más necesitados y a través de la creación de diversos establecimientos educacionales, algunos con extraordinarios resultados académicos, se aprecia su valiosa contribución al país.”
En virtud de los antecedentes que se tuvieron a la vista, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que le otorgaba la nacionalidad chilena por gracia, al sacerdote O’Reilly, siendo publicada la ley en el Diario Oficial el 5 de enero de 2009.
En el último tiempo, hemos visto que se ha seguido un juicio en contra de este sacerdote, por abusos sexuales de menores. Cuestión que lo ha puesto en tela de juicio, y que finalmente se resolvió este 11 de noviembre, ya que el Tercer Tribunal Oral de Santiago, lo condenó a 4 años y un día, con libertad vigilada, por ser autor de abuso sexual reiterado cometido en contra de una menor ex alumna del Colegio Cumbres. Esta situación es absolutamente grave y aberrante, sobre todo venido de alguien revestido de una mayor “autoridad moral”, como sacerdote y educador.
Como legisladores consideramos que debemos actuar de forma clara y decidida para revocar la nacionalidad concedida a O’Reilly, toda vez que esta alta distinción u honor, se otorga considerando especialmente, la idoneidad moral del extranjero, y su aporte a la comunidad. En este caso, al existir una sentencia que ha establecido la responsabilidad penal de este sacerdote, podemos señalar de forma indubitada que su actuar ha sido no sólo impropio, sino que reprochable e inmoral. Este sacerdote ha atentado contra el orden social del país, y en contra de jóvenes adolescentes, respecto de las cuales tenía el deber de cuidado y formación. Por tanto, creemos que no se justifica de ninguna manera que esta persona siga siendo chileno, ya que ha echado por tierra los fundamentos que se tuvieron a la vista, para haberle concedido el tan alto honor de la nacionalidad chilena. Resulta insultante, e indignante los abusos en contra de los niños, que son la gran reserva moral de la Nación, por lo que merecen especial protección de la sociedad toda. Por todo lo anteriormente expuesto, es que proponemos el presente proyecto de ley, para revocar la nacionalidad por gracia al señor O’Reilly.
Es por eso que sobre la base de estos antecedentes y fundamentos venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO.- Revócase la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote irlandés John Joseph O’Reilly L.C., otorgada en virtud de la ley N° 20.311”.
6. INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR ESPINOSA, DON MARCOS, SOBRE SU PARTICIPACIÓN Y LA DE LOS DIPUTADOS SEÑORA TURRES, Y SEÑORES JIMÉNEZ Y MONSALVE, EN LAS REUNIONES EFECTUADAS EN EL MARCO DEL XLV PERÍODO DE SESIONES DEL PARLAMENTO ANDINO, ENTRE EL 29 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, COLOMBIA
Fecha: Miércoles 29 al Viernes 31 de Octubre de 2014 LUGAR: Santa Marta, Colombia.
Organismo: El Parlamento Andino es el órgano deliberante y de control de la Comunidad Andina y representa a los 120 millones de habitantes de dicha Comunidad. Fue creado el 25 de octubre de 1979 en La Paz, a través del Tratado Constitutivo suscrito por los cancilleres de Solivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Entró en vigencia en enero de 1984. Tiene sede en Bogotá (Colombia).
El año 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el “Acuerdo de Cartagena”, denominado también “Pacto Andino”, y del que nuestro país se retiró el año 1976. En 1997, se creó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en 2003 se establece un Plan de Integración de Desarrollo Social. Posteriormente, en el año 2006 Chile ingresó en calidad de miembro asociado de la Comunidad Andina, sin derecho a voto, a través de la Decisión
Nº 645, con lo cual puede participar en los distintos órganos e instituciones del Sistema Andino Integrado (SAI), entre los cuales se encuentra el Parlamento Andino.
Asimismo, mediante la Decisión Nº 666, se estableció el derecho de nuestro país a participar con derecho a voz, tanto en las reuniones ordinarias como extraordinarias de los órganos e instituciones políticas y técnicas del SAI.
Su misión no es legislar, sino brindar consejos y dar su opinión sobre algún tema que afecte a algún miembro de la Comunidad Andina. De esta forma el Parlamento Andino es el órgano encargado de velar porque el proceso de integración represente los intereses de los países asociados y de sus ciudadanos.
PARLAMENTARIOS CHILENOS PARTICIPANTES:
H. Diputado Marcos Espinosa Monardes
H. Diputado Tucapel Jiménez Fuentes
H. Diputado Manuel Monsalve Benavides
H, Diputada Marisol Turres Figueroa
DESCRIPCIÓN DE AGENDA:
El encuentro se desarrolló en tres jornadas. En la primera se recibieron a las delegaciones y en las dos siguientes se desarrollaron las sesiones propiamente tal, existiendo 2 sesiones plenarias por día, más trabajo de comisiones. Se culminó el encuentro con un cierre donde se expusieron acuerdos, decisiones, declaraciones y recomendaciones.
INTRODUCCIÓN:
El periodo de sesiones ordinarias que correspondía al mes de octubre del presente año, estuvo marcado por la conmemoración del 35º Aniversario del Parlamento Andino como instancia de diálogo y cooperación de los parlamentos andinos de los países asociados.
El tema en particular de discusión fue “La paz en Colombia, la cual es la paz de la región”.
Por su parte el Diputado Marcos Espinosa participó en la Cuarta Comisión del Parlamento Andino “De Asuntos Económicos y Turismo”.
En dicha instancia se vieron materias propias de ésta, como bien se aprecia en detalle en el acápite siguiente.
RESUMEN DE LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL DEBATE: PLENARIO
Dentro del Plenario, y tal como se mencionara anteriormente se insistió en el apoyo por parte de la Organización y de los distintos parlamentos que participan de ella, para lograr la paz y seguridad de Colombia, respaldando las gestiones y negociaciones lideradas por el Presidente colombiano Juan Manuel Santos ante las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Otro de los temas planteados y que está muy relacionado con Chile, fue la exposición del Señor Carlos Meza, ex Presidente de la República de Bolivia, quien hizo presente los principales motivos de llevaron al país vecino a presentar una demanda formal ante el Tribunal Internacional de la Haya por una salida soberana al mar.
En dicha exposición el Señor Meza enfatizó que Bolivia no desconoce la vigencia del Tratado de 1904, sino que más bien apelan al incumplimiento sistemático que ha tenido Chile respecto de distintos compromisos asumidos por distintos gobiernos, sobre una alternativa de salida soberana al mar por parte de Bo1ivia a través de territorio chileno.
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TURISMO
En esta Comisión se trataron dos temas. El primero dice relación con la instauración de un circuito artístico en homenaje al Libertador Simón Bolívar, inicialmente a través de las Direcciones de Monumentos de Colombia y Ecuador, impulsando actividades culturales, exposiciones en Centros Académicos y Universidades que recuerden la figura de Simón Bolívar y su legado.
El segundo tema expuesto está relacionado con la falta de conectividad que presenta actualmente Colombia. A propósito de dicha materia se expuso por parte de estudiantes de la Universidad de Santa Marta, el ejemplo chileno en dicha materia, destacando que nuestro país se encuentra dentro de los 5 países de América Latina con mayor conectividad local.
INTERVENCIÓN DIPUTADO:
En la Comisión intervine acerca de la conectividad que existe en Chile señalando que hubo un avance significativo cuando se implementó el modelo de carreteras concesionadas, pero que dicho sistema solo se ha hecho efectivo en las zonas centrales y del sur de nuestro país, no así en el norte de Chile donde no existen carreteras de tal tipo, lo que debilita la conectividad en dicha zona, perjudicada además por el tránsito constante de vehículos de alto tonelaje que trasladan insumos de la gran minería del cobre, los que además dañan las vías, debiendo el Estado asumir los costos adicionales de su mantención.
TEXTO DECLARACIÓN REALIZADA:
Improvisada, no se posee texto.
ACUERDOS ADOPTADOS: En Plenario el acuerdo fue respaldar las acciones de paz y seguridad en Colombia y en la Comisión de Asuntos económicos y Turismo no hubo acuerdos.
OBLIGACIONES QUE ASUMIRÁ LA CÁMARA DE DIPUTADOS:
Apoyo verbal de las iniciativas del Plenario de la Organización y de las intervenciones en materia de economía y turismo.
(Fdo.): MARCOS ESPINOSA MONARDEZ, Diputado de la República; MANUEL MONSALVE BENAVIDES, Diputado de la República; MARISOL TURRES FIGUEROA, Diputado de la República; TUCAPEL JIMÉNEZ FUENTES, Diputado de la República.