Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Claudia Nogueira Fernandez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Aldo Cornejo Gonzalez
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- Sergio Aguilo Melo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Sergio Aguilo Melo
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Cristian Letelier Aguilar
- Cristina Girardi Lavin
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Boric Font
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Jose Lavin Leon
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PETICIÓN DE OFICIO : Christian Erwin Urizar Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Luis Alberto Rocafull Lopez
- PETICIÓN DE OFICIO : Luis Alberto Rocafull Lopez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marisol Turres Figueroa
- PETICIÓN DE OFICIO : Christian Erwin Urizar Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Aldo Cornejo Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Carolina Goic Boroevic
- Patricio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- SALUDO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN
- FUSIÓN DE PROYECTOS
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Alejandro Santana Tirachini
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EXDIRIGENTE SINDICAL Y EXDIPUTADO SEÑOR MANUEL BUSTOS HUERTA
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Sergio Espejo Yaksic
- HOMENAJE : Rene Manuel Garcia Garcia
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EXDIRIGENTE SINDICAL Y EXDIPUTADO SEÑOR MANUEL BUSTOS HUERTA
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE AFECTACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS PLANES REGULADORES (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 8828-14)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Karol Aida Cariola Oliva
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Marcela Ximena Hernando Perez
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- DEBATE
- APORTE DE CAPITAL EXTRAORDINARIO PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER ENDEUDAMIENTO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9530-08) [Continuación]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Daniella Valentina Cicardini Milla
- INTERVENCIÓN : Marcela Ximena Hernando Perez
- INTERVENCIÓN : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE AFECTACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS PLANES REGULADORES (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 8828-14)
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- MODIFICACIÓN DE DECRETOS QUE REGULAN EL USO MEDICINAL DE LA CANNABIS SATIVA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Matias Walker Prieto
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Pablo Lorenzini Basso
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Gabriel Silber Romo
- Alberto Robles Pantoja
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE DECRETOS QUE REGULAN EL USO MEDICINAL DE LA CANNABIS SATIVA
- VIII. INCIDENTES
- RECHAZO A INSTALACIÓN DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA PARINACOTA EN ARICA
- MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA COMUNAS DE PEDRO AGUIRRE CERDA Y LO ESPEJO ANTE CIRCULACIÓN DE TRENES ENTRE SANTIAGO Y RANCAGUA (Oficios)
- FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO LAJA PARA UNIR LOCALIDADES DE TUCAPEL Y ANTUCO (Oficios)
- INSTALACIÓN DE NUEVA COMISARÍA EN MULCHÉN (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES MARGINADAS DECONSULTA INDÍGENA (Oficio)
- RECURSOS PARA RECAMBIO DE ESTUFAS Y CALEFACTORES A LEÑA DESDE RANCAGUA AL SUR (Oficio)
- NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES (Oficios)
- RMACIÓN SOBRE ESTADO DE POZOS Y EVENTUAL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES PARA AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR LA HUACHA, COMUNA DE FRUTILLAR (Oficios)
- ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO“ELEMENTOS” EN PUERTO VARAS (Oficios)
- SOLUCIÓN VIAL PARA CAMINO RURAL QUE ABARCA LOS SECTORESDE VICHUQUÉN, LLICO Y BOYERUCA (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN CURSOS IMPARTIDOS POR CENTRO DE FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA CHILENO FRANCÉS Y MEDIDAS ADOPTADAS AL EFECTO (Oficios)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- APERTURA DE OFICINAS DE INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL EN COMUNAS DE CHIGUAYANTE, HUALQUI, PENCO Y SANTA JUANA, REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
- ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN SECTOR DE MEDIO CAMINO, COMUNA DE TALCAHUANO (Oficios)
- ANTECEDENTES SOBRE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE SERVIU DE CONTRATO SUSCRITO CON EMPRESA ADJUDICATARIA DE RETIRO DE ALDEAS DE EMERGENCIA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
- ANTECEDENTES SOBRE MATERIAS RELACIONADAS CON FERIAS LIBRES Y FERIANTES DE COMUNAS DE REGIÓN DE ATACAMA (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN CURSOS IMPARTIDOS POR CENTRO DE FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA CHILENO FRANCÉS Y MEDIDAS ADOPTADAS AL EFECTO (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Romilio Gutierrez Pino
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Issa Farid Kort Garriga
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Ernesto Silva Mendez
- Arturo Squella Ovalle
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Javier Hernandez Hernandez
- Issa Farid Kort Garriga
- Joaquin Jose Lavin Leon
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Celso Rene Morales Munoz
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 362ª
Sesión 74ª, en miércoles 1 de octubre de 2014
(Ordinaria, de 10.40 a 14.02 horas)
Presidencia del señor Carmona Soto, don Lautaro.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
VIII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 13
II. APERTURA DE LA SESIÓN 17
III. ACTAS 17
IV. CUENTA 17
SALUDO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 17
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN 18
FUSIÓN DE PROYECTOS 18
PERMISO CONSTITUCIONAL 19
ACUERDOS DE LOS COMITÉS 19
V. HOMENAJE 20
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EXDIRIGENTE SINDICAL Y EXDIPUTADO SEÑOR MANUEL BUSTOS HUERTA 20
VI. ORDEN DEL DÍA 25
MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE AFECTACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS PLANES REGULADORES (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 8828-14) 25
APORTE DE CAPITAL EXTRAORDINARIO PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER ENDEUDAMIENTO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9530-08) [Continuación] 42
VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 60
MODIFICACIÓN DE DECRETOS QUE REGULAN EL USO MEDICINAL DE LA CANNABIS SATIVA 60
VIII. INCIDENTES 65
RECHAZO A INSTALACIÓN DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA PARINACOTA EN ARICA 65
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA COMUNAS DE PEDRO AGUIRRE CERDA Y LO ESPEJO ANTE CIRCULACIÓN DE TRENES ENTRE SANTIAGO Y RANCAGUA (Oficios) 66
FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO LAJA PARA UNIR LOCALIDADES DE TUCAPEL Y ANTUCO (Oficios) 67
INSTALACIÓN DE NUEVA COMISARÍA EN MULCHÉN (Oficios) 67
INFORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES MARGINADAS DE CONSULTA INDÍGENA (Oficio) 68
Pág.
RECURSOS PARA RECAMBIO DE ESTUFAS Y CALEFACTORES A LEÑA DESDE RANCAGUA AL SUR (Oficio) 68
NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES (Oficios) 69
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE POZOS Y EVENTUAL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES PARA AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR LA HUACHA, COMUNA DE FRUTILLAR (Oficios) 70
ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO “ELEMENTOS” EN PUERTO VARAS (Oficios) 70
SOLUCIÓN VIAL PARA CAMINO RURAL QUE ABARCA LOS SECTORES DE VICHUQUÉN, LLICO Y BOYERUCA (Oficios) 71
IX. ANEXO DE SESIÓN 73
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES 73
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN CURSOS IMPARTIDOS POR CENTRO DE FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA CHILENO FRANCÉS Y MEDIDAS ADOPTADAS AL EFECTO (Oficios) 73
APERTURA DE OFICINAS DE INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL EN COMUNAS DE CHIGUAYANTE, HUALQUI, PENCO Y SANTA JUANA, REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios) 75
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN SECTOR DE MEDIO CAMINO, COMUNA DE TALCAHUANO (Oficios) 75
ANTECEDENTES SOBRE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE SERVIU DE CONTRATO SUSCRITO CON EMPRESA ADJUDICATARIA DE RETIRO DE ALDEAS DE EMERGENCIA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios) 76
ANTECEDENTES SOBRE MATERIAS RELACIONADAS CON FERIAS LIBRES Y FERIANTES DE COMUNAS DE REGIÓN DE ATACAMA (Oficios) 76
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 78
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto sobre “Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2015”. (boletín N° 9600-05) 78
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N° 1265-10) 94
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9366-04) 95
4. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que “Crea un registro voluntario de contratos agrícolas.”. (boletín N° 8829-01) 99
5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes.”. (boletín N° 9529-07) 119
Pág.
6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Gutiérrez, don Romilio; Álvarez-Salamanca, Gahona, Kort, Macaya, Silva, Squella, Urrutia, don Osvaldo, y Urrutia, don Ignacio, y de la diputada señora Molina, que “Modifica la ley General de Educación para establecer como deber del Estado la promoción de la enseñanza de educación cívica”. (boletín N° 9613-04.) 125
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Gahona, Álvarez-Salamanca, Hernández, Kort, Lavín, Macaya, Morales; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de la diputada señora Nogueira, que “Modifica el Código Aeronáutico en el sentido de exigir a las líneas aéreas la devolución inmediata del valor de las tasas de embarque en el caso que indica”. (boletín N° 9614-15) 127
8. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2701-14-INA. 129
9. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2703-14-INA. 129
10. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2702-14-INA. 130
XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Notas:
- Del diputado señor Santana, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días a contar de hoy, 1 de octubre, para dirigirse a Estados Unidos.
- De la Dirección de Asuntos Internacionales por la cual se informa que durante la 11a Asamblea de ParlAmericas resultaron elegidos para formar parte de dicha organización la diputada señora Nogueira, como Vicepresidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias , y el diputado señor Urrutia, don Ignacio, como miembro del Consejo de Administración.
- Del diputado señor Cornejo por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 30 de septiembre de 2014, para dirigirse a Europa.
2. Comunicaciones:
- Del diputado señor Gahona por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 1 de octubre por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Kort por la cual justifica su inasistencia a las sesiones de los días 1 y 2 de octubre de 2014 por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Van Rysselberghe por la cual justifica su inasistencia a las sesiones de los días 1 y 2 de octubre de 2014 por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del jefe de bancada de diputados del Partido Comunista por la cual informa que el diputado señor Núñez, don Daniel, reemplazará al diputado señor Aguiló en la Comisión de Hacienda.
- Del jefe de bancada de diputados del Partido Comunista por la cual informa que el diputado señor Aguiló reemplazará al diputado señor Núñez, don Daniel, en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
- Del jefe de bancada de diputados del Partido Por la Democracia por la cual informa que el diputado señor Letelier reemplazará a la diputada señora Girardi en la Comisión Especial Investigadora de la Actuación de los organismos públicos encargados de fiscalizar eventuales irregularidades en la administración de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).
3. Oficios:
- De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural por el cual solicita a la Sala que le sea remitido el proyecto de acuerdo que “Aprueba el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y sus dos anexos, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 3 de noviembre de 2001”, correspondiente al boletín N° 6556-10, una vez que sea informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
- De la Comisión de Salud por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para refundir los siguientes proyectos: 1.- Modifica la ley N° 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, con el objeto de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado. (Boletín N° 9471-11), y 2.- Modifica el Código Sanitario y la ley N° 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, con el objeto de despenalizar el expendio y el autocultivo de cannabis con fines medicinales. (Boletín N° 9496-11).
- De la Comisión de Salud, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para refundir los siguientes proyectos: 1.- Modifica la ley N° 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, con el objeto de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado. (Boletín N° 9471-11), y 2.- Modifica el Código Sanitario y la ley N° 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, con el objeto de despenalizar el expendio y el autocultivo de cannabis con fines medicinales. (Boletín N° 9496-11).
- De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el que comunica la participación de la diputada señora Álvarez en el Taller Regional para Parlamentarios de las América s, que se realizará en Panamá, entre el 14 y el 17 de octubre del año en curso (356).
Respuestas a Oficios
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
- Diputado Santana, Gastos financiados por medio del ?Programa de apoyo a actividades de la pesca artesanal?, especificando las personas o entidades beneficiarias, actividades, montos asignados y resoluciones fundantes respectivas (1835 al 3732).
- Diputado Paulsen, Uso y asignación de vehículos fiscales y la utilización del disco institucional obligatorio de su repartición, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (1836 al 2578).
Ministerio de Hacienda
- Diputada Hernando doña Marcela, Posibilidad de interponer sus buenos oficios ante S. E. la Presidenta de la República a fin que otorgue su patrocinio a la moción que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , con el objeto de declarar zonas excluidas de la posibilidad de desarrollar actividades o proyectos susceptibles de causar impacto ambiental, boletín N° 9338-12. (1830 al 1215).
- Diputado Poblete, Montos de recaudación de impuestos fiscales generales de la provincia de Biobío, detallando la recaudación que se ingresa y paga en ella, la que corresponde a ingresos de sucursales de empresas que producen en la provincia y que declaran y pagan en otras zonas, especialmente en Santiago; iguales cifras e indicadores respecto de la provincia de Ñuble; recaudación de ingresos del impuesto territorial de las provincias de Ñuble y Biobío; y, acerca del monto anual de ingresos por patentes, infracciones y multas cursadas por los Juzgados de Policía Local de las comunas de Los Ángeles y Chillán. (86492 al 2890).
- Proyecto de Resolución 13, “Solicita declaración de zona de emergencia agrícola en comunas de Aysén que indica.” 1781.
- Proyecto de Resolución 36, “Solicita un programa especial de Indap primavera-verano par ala agricultura y el nombramiento de un Delegado Presidencial para la escasez hídrica.” 1781.
- Proyecto de Resolución 55, “Solicita a S.E. la Presidenta de la República una iniciativa de ley para el establecimiento de una zona franca alimentaria para la Región de Antofagasta.” 1806.
- Proyecto de Resolución 104, “Solicita término de cobro de comisiones por “consulta de saldo” y “giros” por BancoEstado.”1823.
- Proyecto de Resolución 72, “Solicita modificar los artículos 1° y 2° del decreto ley N° 3501, sobre cálculo de incremento previsional.”1827.
Ministerio de Educación
- Diputada Girardi doña Cristina, Posible cierre de la escuela Leonardo Da Vinci de la comuna Cerro Navia, anunciado en el diario de circulación nacional “La Tercera”, asegurando que la fuente de información directa fue esta Superintendencia. Asimismo, indique las medidas concretas que se tomarán para resguardar el derecho a la educación de los estudiantes de dicho establecimiento, en los términos que se precisan en la solicitud adjunta. (728 al 4062).
Ministerio de Salud
- Diputado Rathgeb, Personal bajo su dependencia beneficiado con la asignación por desempeño de funciones críticas, en conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley N° 19.882, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (1710 al 2992).
- Diputado Paulsen, Uso y asignación de vehículos fiscales y la utilización del disco institucional obligatorio de su repartición, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (5488 al 2651).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Diputado García don René Manuel, Remitir a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con los proyectos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo referidos a la realización de trabajos en la Plaza de Armas de la Comuna de Curarrehue. (2104 al 3703).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Diputado Ward, Diputado Kast, Contratos celebrados entre este Ministerio y cada una de sus dependencias con el Centro de Estudios y Análisis de Política Públicas, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, Ediciones Ical, Ical Capacitación, Servicios Ical, la organización no gubernamental Ical y Arrayán, Seguridad y Aseo, entre el 11 de marzo de 2014 y agosto del mismo año, indicando sus objetivos, montos involucrados y representantes de las instituciones señaladas. (1763 al 3896).
Ministerio del Deporte
- Diputado Ulloa, Informar a esta Corporación respecto de la fecha en que concluirá la remodelación del estadio “Ester Roa de Pablo”, antiguo estadio Municipal de Concepción (1829 al 1829).
Intendencias
- Diputada Álvarez doña Jenny, Informar respecto de los alcances de la investigación realizada en relación con una presunta red de abuso y explotación de menores de edad en las comunas de Osorno, Puerto Montt y Castro; además, sobre las gestiones realizadas y el número de denuncias y acciones judiciales en curso en la Región de Los Lagos, en estos casos. (002 al 3858).
Servicios
- Diputado Rathgeb, reposición de la oficina del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, indicando, en el caso de ser efectivo, la fecha estimativa que está considerada para ello. (53976 al 4261).
Varios
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de realizar una nueva revisión a la apelación presentada por don Isidro Rumante Olguín, cédula nacional de identidad N° 8.568771-9, domiciliado en la comuna de Pichidegua, por el rechazo de su pensión de invalidez, considerando para esto, sus diagnósticos médicos que le impiden trabajar. (21549 al 4091).
XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputado BORIC, remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con las licitaciones para realizar labores de dragados realizadas durante el año 2013 y 2014 (4659 de 26/09/2014). A seremi de Obras Públicas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
- Diputado Jaramillo, considere la construcción de un Polideportivo para la comuna de La Unión, en el presupuesto del año 2015. (4660 de 26/09/2014). A ministra del Deporte.
- Diputado Lavín, remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la construcción, y fiscalización de su funcionamiento del Hospital El Carmen de Maipú. (4661 de 26/09/2014). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Jaramillo, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de realizar un proyecto para habilitar la única sala de teatro del Club Alemán de la Unión. (4662 de 26/09/2014). A Ministerio de Cultura y de las Artes.
- Diputado Urízar, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, sobre la posibilidad de aumentar los puestos de trabajo en el Programa de Planes Empleo para las comunas de la Ligua, Cabildo y Petorca. (4663 de 26/09/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Monckeberg don Nicolás, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, respecto del motivo por el que se decidió suspender el otorgamiento del beneficio del Sistema de Pensiones Solidarias que se otorgaba mensualmente a la señora Luisa Martínez Meneses. (4664 de 26/09/2014). A director del Instituto de Previsión Social de la Región Metropolitana de Santiago .
- Diputado Monckeberg don Cristián, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, respecto del estado de avance de la gestión solicitada por la señora Albertina Díaz Bustos, en cuanto al trámite de pensión por la causal de vejez, correspondiente al ex Servicio de Seguro Social . (4665 de 26/09/2014). A director regional del Instituto de Previsión Social de la Región Metropolitana de Santiago.
- Diputado Monckeberg don Cristián, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, respecto del motivo por el que se establece que el menoscabo de la capacidad de trabajo de la señora Eloísa Marín Marín es menor al 50%. (4666 de 26/09/2014). A varios.
- Diputado Chahin, Motivos por los cuales si bien se construyó una vía en comunidad de Juan Pinoleo Canuleo II, comuna de victoria, este no era el camino que de-bía construirse en consideración al Programa de Desarrollo Indígena, que contemplaba una vía principal. (4667 de 29/09/2014). A ministro de Obras Públicas .
- Diputada Molina doña Andrea, Qué entidad se encuentra realizando los estudios para determinar cuántos litros de petróleo fueron vertidos en el mar, en el marco del derrame ocurrido el día 24 de septiembre del presente año, en la bahía de Quinteros. Asimismo, informe una fecha estimativa para la entrega de dicho informe. (4668 de 29/09/2014). A gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo.
- Diputada Molina doña Andrea, Rol de ese ministerio en la investigación que realiza la brigada de delitos medio ambientales, de la Policía de Investigaciones, en el marco del derrame de petróleo ocurrido el día 24 de septiembre del presente, en la bahía de Quinteros. Además, indique la posibilidad de incorporarse a dicha investigación, en el caso de que no se hubiere integrado a ésta. (4669 de 29/09/2014). A Ministerio Público.
- Diputada Molina doña Andrea, Investigación llevada a cabo por esa gobernación, señalando los hechos y acciones que se han realizado con ocasión del derrame de petróleo ocurrido con fecha 24 de septiembre del presente año, en la bahía de Quintero. Además, indique las consecuencias de dichas actuaciones y los daños detectados hasta la fecha, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (4670 de 29/09/2014). A gobernador marítimo de la Región de Valparaíso.
- Diputada Molina doña Andrea, Hechos y acciones que se han realizado con ocasión del derrame de petróleo ocurrido con fecha 24 de septiembre del presente año, en la bahía de Quintero. Además, indique las resultados de dichas actuaciones, los daños detectados hasta la fecha y el lugar en el que serán atendido los animales afectados, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (4671 de 29/09/2014). A Ministerio Medio Ambiente.
- Diputada Molina doña Andrea, Hechos y acciones que se han realizado con ocasión del derrame de petróleo ocurrido con fecha 24 de septiembre del presente año, en la bahía de Quintero. Además, indique los resultados de dichas actuaciones, los daños detectados hasta la fecha, las medidas que se adoptarán en el futuro y las consecuencias que prevé que tendrá dicho derrame, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (4672 de 29/09/2014). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso .
- Diputada Molina doña Andrea, Hechos y acciones que se han realizado con ocasión del derrame de petróleo ocurrido con fecha 24 de septiembre del presente año, en la bahía de Quintero. Además, indique las consecuencias de dichas actuaciones y los daños detectados hasta la fecha. (4673 de 29/09/2014). A director regional del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Valparaíso .
- Diputada Molina doña Andrea, Hechos y acciones que se han realizado con ocasión del derrame de petróleo ocurrido con fecha 24 de septiembre del presente año, en la bahía de Quintero. Además, indique las consecuencias de dichas actuaciones y los daños detectados hasta la fecha. (4674 de 29/09/2014). A varios.
- Diputado Monckeberg don Nicolás, Presunta morosidad que tendría el señor José Quezada Durán, cédula nacional de identidad N° 5.637.207-5, con ese Instituto, explicitando los montos que se le están cobrando, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (4675 de 29/09/2014). A director regional del Instituto de Previsión Social de la Región Metropolitana de Santiago.
- Diputado Monckeberg don Nicolás, Posibilidad de requerir nuevamente a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, la información relacionada con el ordinario N° 75.029 de fecha 22 de noviembre de 2012, de esa superintendencia, envido a la señora Juana Jara Valdebenito, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (4676 de 29/09/2014). A varios.
- Diputado Rocafull, Si se han subsanado las observaciones formuladas al Informe Final N° 7-2013 y al Informe Final 51-2013, referentes a contratos celebrados entre la Dirección de Vialidad con la empresa COMSA de CHILE S.A., indicando el estado de tramitación de los procedimiento disciplinarios que se han instruido en dichos Informes Finales. (4677 de 29/09/2014). A Contraloría General de la República .
- Diputado Rocafull, Grado de composición de todos los comités que han sido beneficiarios de subsidios habitacionales durante los años 2013 - 2014, informando la existencia de comités conformados exclusivamente por personas en situación de discapacidad. (4678 de 29/09/2014). A ministra de Vivienda y Urbanismo.
- Diputada Turres doña Marisol, Resultados y conclusiones de la investigación Rol N° 1931-11, llevado a cabo por esa fiscalía, relacionada con los diferentes precios de venta de un mismo medicamento a diversas instituciones, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (4679 de 29/09/2014). A varios.
- Diputado Urízar, Posibilidad de considerar en su base presupuestario, recursos destinados a la adquisición de 10 hectáreas para la concreción de un proyecto habitacional, en la comuna de Nogales, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (4680 de 29/09/2014). A Ministerio de Interior.
- Diputado Cornejo, Reitera peticiones contenidas en el oficio N° 3.442, de 1 de agosto de presente año, sobre el personal del Servicio Nacional de Aduanas beneficiado con la asignación por desempeño de funciones críticas. (4681 de 29/09/2014). A servicios.
- Diputada Girardi doña Cristina, informe a esta Cámara sobre la interpretación del artículo 10 de la ley N° 10.336 sobre organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, de acuerdo a la situación actual de la entrega de recursos de la ley de Subvención Escolar Preferente (SEP). (4682de 29/09/2014). A contralor general de la república.
- Diputada Girardi doña Cristina, informe a esta Cámara sobre la cantidad de corporaciones que están siendo investigadas por el Consejo de Defensa del Estado, desde el año 2012 al 2014, y los motivos de estas investigaciones, especialmente en lo que dice relación con la Corporación Municipal de Cerro Navia. (4683de 29/09/2014). A contralor general de la república.
- Diputado Gahona, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, sobre el número de priorización que le asignaron al proyecto de construcción de un nuevo establecimiento educacional para la comuna de Monte Patria y, además, el estado de avance del mismo en el Fondo Nacional de desarrollo Regional (FNDR) (4684 de 29/09/2014). A alcalde de la Municipalidad de Monte Patria.
- Diputado Gahona, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, sobre el número de priorización que le asignaron al proyecto de construcción de un nuevo establecimiento educacional para la comuna de Monte Patria y, además, el estado de avance del mismo en el Fondo Nacional de desarrollo Regional (FNDR) (4685 de 29/09/2014). A intendenta de la Región de Coquimbo.
- Diputado Gahona, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, sobre la modalidad y extensión horaria del funcionamiento de las postas de salud de las localidades de Algarrobito, Las Rojas, Lambert y El Romero. (4686 de 29/09/2014). A alcalde de la Municipalidad de La Serena.
- Diputado Gahona, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, sobre el número de priorización y estado de avance del proyecto de reposición de la escuela rural de Los Morales, ubicada en la comuna de Monte Patria. (4687 de 29/09/2014). A alcalde de la Municipalidad de Monte Patria.
- Diputado Gahona, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, sobre el número de priorización y estado de avance del proyecto de reposición de la escuela rural de Los Morales, ubicada en la comuna de Monte Patria. (4688 de 29/09/2014). A intendenta de la Región de Coquimbo.
- Diputado Gahona, remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el plan de becas laborales que otorga el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), consistentes en cursos para los comuneros agrícolas de la Región de Coquimbo. (4689 de 29/09/2014). A ministra del Trabajo y Previsión Social.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Álvarez Vera, Jenny PS X 58
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arriagada Macaya, Claudio DC RM 25
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bellolio Avaria, Jaime UDI RM 30
Berger Fett, Bernardo RN XIV 53
Boric Font, Gabriel IND XII 60
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cariola Oliva, Karol PC RM 19
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Carvajal Ambiado, Loreto PPD VIII 42
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Chahin Valenzuela, Fuad DC IX 49
Chávez Velásquez, Marcelo DC VIII 45
Cicardini Milla, Daniella IND III 5
Coloma Álamos, Juan Antonio UDI RM 31
De Mussy Hiriart, Felipe UDI X 56
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Espejo Yaksic, Sergio DC VI 35
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farcas Guendelman, Daniel PPD RM 17
Farías Ponce, Ramón PPD RM 25
Fernández Allende, Maya PS RM 21
Flores García, Iván DC XIV 53
Fuentes Castillo, Iván IND XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hernando Pérez, Marcela PRSD II 4
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Insunza Gregorio de las Heras, Jorge PPD IV 9
Jackson Drago, Giorgio IND RM 22
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 24
Kast Sommerhoff, Felipe IND RM 22
Lavín León, Joaquín UDI RM 20
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto DC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VI 33
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Melo Contreras, Daniel PS RM 27
Mirosevic Verdugo, Vlado Liberal de Chile XV 1
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Morales Muñoz, Celso UDI VII 36
Morano Cornejo, Juan Enrique DC XII 60
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Núñez Arancibia, Daniel PC IV 8
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Núñez Urrutia, Paulina RN II 4
Ojeda Uribe, Sergio DC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel DC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paulsen Kehr, Diego RN IX 49
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Pilowsky Greene, Jaime DC RM 24
Poblete Zapata, Roberto IND. VIII 47
Provoste Campillay, Yasna DC III 6
Rathgeb Schifferli, Jorge RN IX 48
Rincón González, Ricardo DC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rocafull López, Luis PS XV 1
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René DC IX 50
Saldívar Auger, Raúl PS IV 7
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel DC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Soto Ferrada, Leonardo PS RM 30
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor DC V 15
Trisotti Martínez, Renzo UDI I 2
Tuma Zedán, Joaquín PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Urrutia Soto, Osvaldo UDI V 14
Vallejo Dowling, Camila PC RM 26
Vallespín López, Patricio DC X 57
Venegas Cárdenas, Mario DC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Walker Prieto, Matías DC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron, además, la ministra de Minería , señora Aurora Williams Baussa; la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball Astaburuaga, y el ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Cépedes Cifuentes.
-Se contó con la asistencia, también, de la senadora señora Carolina Goic Boroevic y el senador señor Patricio Walker Prieto.
-Asistieron también, el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Edgardo Riveros Marín, y el subsecretario del Ministerio de Hacienda, señor Alejandro Micco Aguayo.
-Se contó, además, con la asistencia de los asesores del Ministerio de Minería, señores Sergio Hernando, de Cochilco, e Iván Arriagada, de Codelco.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: La señora Marisol Turres Figueroa, los diputados señores Aldo Cornejo González, Tucapel Jiménez Fuentes, Pablo Lorenzini Basso, Fernando Meza Moncada, Manuel Monsave Benavides, Iván Norambuena Farías y Christian Urízar Muñoz.
-Con permiso constitucional: El diputado Alejandro Santana Tirachini.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 66ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 67ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
SALUDO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , el Congreso Nacional aprobó que hoy, 1 de octubre, se conmemore el Día Nacional del Adulto Mayor.
Por lo tanto, saludo a todos los adultos mayores, especialmente a los clubes de adultos mayores de nuestro país.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- La Mesa de la Corporación también saluda a todos los adultos mayores del país, hombres y mujeres, con motivo de celebrarse hoy el Día Nacional del Adulto Mayor.
-o-
El señor CARMONA ( Presidente de ejercicio).- En nombre de la Mesa, saludo y agradezco la presencia de la ministra de Minería , señora Aurora Williams; de la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball, y del ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes.
-o-
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Solicito el acuerdo unánime para que ingrese a la Sala el subsecretario de Relaciones Exteriores , señor Edgardo Riveros, con motivo del homenaje que esta Corporación rendirá a su excolega parlamentario y excamarada de partido señor Manuel Bustos Huerta.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, en orden a que le sea remitido el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, y sus dos anexos, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 3 de noviembre de 2001 (boletín Nº 6556-10), una vez que sea informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
FUSIÓN DE PROYECTOS
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por la Comisión de Salud para, de conformidad con el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, refundir los siguientes proyectos de ley:
1.- Moción que modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el objeto de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado (boletín N° 9471-11).
2.- Moción que modifica el Código Sanitario y la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el objeto de despenalizar el expendio y el autocultivo de cannabis con fines medicinales (boletín N° 9496-11).
Cabe hacer presente que la Comisión de Salud ha puesto el referido acuerdo en conocimiento de los autores de esos proyectos de ley.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el diputado señor Alejandro Santana , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 1 de octubre de 2014, para dirigirse a Estados Unidos de América.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Lautaro Carmona y con la asistencia de los diputados señores Auth, Espinosa, don Marcos; Insunza, Núñez, don Daniel; Rathgeb, Schilling, Torres y Ward, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.- Trasladar a la sesión ordinaria del martes 7 de octubre la discusión del proyecto que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines Nos 8292-13, 7807-13 y 7675-13, refundidos), y el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 (boletín N° 9560-10).
2.- Limitar a una hora la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores (boletín N° 8828-14), con discursos de cinco minutos por diputado .
3.- Aplicar el mismo procedimiento descrito en el número anterior en la discusión del proyecto de ley que establece un aporte de capital extraordinario para la Corporación Nacional del Cobre de Chile y autoriza a contraer endeudamiento (boletín N° 9530-08).
4.- Autorizar el ingreso a la Sala de los señores Alejandro Micco, subsecretario de Hacienda ; Sergio Henríquez, secretario ejecutivo de Cochilco , e Iván Arriagada, vicepresidente de Codelco , durante la discusión del referido proyecto de ley.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EXDIRIGENTE SINDICAL Y EXDIPUTADO SEÑOR MANUEL BUSTOS HUERTA
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Corresponde rendir homenaje a quien fue un destacadísimo dirigente sindical, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores desde su fundación y diputado de la república, don Manuel Bustos Huerta, con motivo de cumplirse quince años desde su fallecimiento.
Saludamos con todo el afecto y respeto de la Corporación a quienes nos acompañan desde las tribunas: la señora Myriam Verdugo Godoy, viuda de Manuel Bustos, quien se encuentra con sus hijas Elsa y Andrea, con sus nietos Tomás y Agustín, y con su yerno Manuel Vega.
Además, la acompañan el señor Antonio Piñeiro, dirigente de Aduanas; la señora Susana Pinto, concejala de Casablanca; el señor Hugo Maturana, presidente del Frente de Trabajadores de Valparaíso ; la señora Carmen Mayorga, coordinadora de la Red Mujeres Marítimo Portuarias; el señor Diego Olivares, presidente de la Federación Portuaria ; el señor Iván Fabres, presidente de la Federación de Estibadores de Chile , y el señor Mauricio Morgado, segundo vicepresidente del Frente de Trabajadores del Partido Demócrata Cristiano .
En primer lugar, tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo.
El señor ESPEJO (de pie).- Señor Presidente , honorable Cámara, queridos Myriam , Elsa, Andrea, Tomás , Agustín y Manuel ; queridos dirigentes sindicales que nos acompañan, Diego, Iván, Antonio , Susana , Hugo , Carmen , Mauricio: la estatura de un hombre se mide por las dificultades que ha debido enfrentar en su vida. Se comprende a través de las decisiones que ha tomado en las encrucijadas críticas de su historia. Se aprecia en la entereza y en la gracia -las formas profundas del coraje- con que ha vivido en circunstancias límite. La estatura de Manuel Bustos se levanta inmensa en nuestra memoria.
En su vida se refleja, como en pocas, la lucha diaria de miles de chilenas y de chilenos que han debido ganar, con esfuerzo titánico, el derecho a comer y beber con dignidad de las oportunidades que esta tierra quiere brindar a todos, y a las que solo acceden algunos.
Manuel , el niño adoptado casi al nacer por campesinos en San Enrique, en las cercanías de Santo Domingo; el que vive en carne propia las injusticias que enfrentan los campesinos, con cuyos hijos recorre a diario y a pie los cinco kilómetros que lo separan de su escuela; el que, entre Rapel , Navidad , La Estrella y Litueche ha descubierto en su adolescencia la fuerza de las ideas humanistas y cristianas que Frei Montalva ha desplegado en los campos junto con las banderas de la revolución en libertad, la promoción popular y la reforma agraria. Esas banderas que, en palabras de Manuel, obligaron “a los dueños de fundo a construir casetas de baño, que tenían que tener casas decentes para los campesinos: casas de madera y con techos de pizarreño o zinc y no paja”.
Manuel, el joven que, desde la sección de máquinas de Sumar, en el segundo turno, entre las 3 y las 11 y media, va cautivando con su sonrisa, con su humor imparable, mientras organiza campeonatos de fútbol y concursos de reina que, a poco andar, lo convierten en delegado sindical. El mismo que, junto a cientos, compartió la prisión y los golpes de la dictadura en el Estadio Nacional y en el Estadio Chile, culpable de organizar a los trabajadores, responsable de creer en una patria en la cual los derechos de estos tenían un valor central.
Manuel, en el desconcierto de los primeros meses en un país sin libertad, amparado solo en su coraje, la amistad de un puñado de trabajadores, el apoyo del inolvidable Cardenal Raúl , a quién llamó “su segundo padre”, da vida a la Coordinadora Nacional Sindical. Manuel Bustos , animando incansable la reconstrucción del movimiento de los trabajadores, levantando el “Pliego de Chile”, luchando desde la Cárcel Pública, saliendo al exilio sin siquiera una maleta, liderando desde su relegación en Parral.
Luchador incansable por la recuperación de la democracia, supo reconstruir la unidad del movimiento sindical en la CUT y establecer, como no ha vuelto a ocurrir en Chile, una mesa de concertación social, en la que los trabajadores se sentaran de igual a igual con el gobierno y los empresarios a negociar las condiciones de la vida laboral.
Pero Manuel no estaría tranquilo si centráramos este homenaje en él, en su persona. Se molestaría, quizás con esa dureza que sus cercanos y sus contrapartes debieron enfrentar en más de una ocasión. Exigiría que nos concentráramos en las razones de su lucha, en los sueños que sostuvieron los infinitos sacrificios a que se sometió él mismo y que explican las renuncias que debieron enfrentar sus seres más queridos, presentes en la Sala.
Una clave posible para entender a Manuel es la experiencia de su propia vida, esta que estamos describiendo en la pobreza del campo y de la fábrica, en la lucha por la dignidad de los trabajadores y por la libertad. Pero no sería suficiente.
Meses antes de morir, Manuel se sentó a conversar con su amigo el exministro de Hacienda Alejandro Foxley . Ahí, al mirar cada etapa en la ruta de su vida, cada dificultad, recordó que siempre “alguien me tendió la mano”. Quizás por eso -nos dice el mismo Foxley - su vida fue un permanente “dar lo que recibió y cien veces más”.
En cada sufrimiento o dificultad vividos, Manuel encontró una razón para luchar por la dignidad de otros. La suya fue una vida de rebelión permanente, inagotable, con las injusticias que enfrentaban los campesinos, los trabajadores forestales, los pescadores, los obreros y los trabajadores en la ciudad. La vida de cada uno de ellos se volvió su pasión; la defensa de sus derechos, el sentido de cada afán.
Con Manuel Bustos no hay duda posible; no existe conflicto de intereses. Su causa fue la causa de los trabajadores y los pobres de Chile.
Pero es aquí donde encontramos la segunda clave de fondo, la que eleva aún más su estatura. Manuel tuvo una lucidez excepcional para entender que no había forma de triunfar en su batalla sin la unidad del movimiento sindical y sin una mirada serena capaz de comprender los desafíos de largo plazo del país y de proteger el bien común.
Apartándose de los marcos estrechos de quienes han entendido el sindicalismo como una lucha por la hegemonía política, en nuestro propio partido y en los demás, luchó por un movimiento sindical solidario, pluralista y unitario. Lo hizo junto con otros que pagaron con su vida por este anhelo. Por eso, en esta Sala, rindo homenaje también al padre de nuestro querido Tucapel Jiménez .
Manuel Bustos luchó por un movimiento sindical que comprendiera la importancia de su rol en el país, que entendiera que no habría futuro para los trabajadores si todo Chile no se abría a un mejor futuro, que no habría más libertad si nuestra democracia no era mejor, un movimiento sindical firme y luchador, pero a la vez creativo, inteligente, preparado para hacer frente a los desafíos que un mundo completamente nuevo nos imponía y nos impone como país.
Esa doble lucidez explica que, durante el primer gobierno democrático, los trabajadores, liderados por Manuel Bustos , hayan dado vida a los acuerdos tripartitos que permitieron, en los inicios de la transición, cuando parecía imposible, reformar la legislación laboral y concordar alzas permanentes y significativas en los salarios y los beneficios de los más pobres en Chile. Y mucho más que eso: nos mostraron que era posible construir Chile entre todos.
Manuel lo hizo, pero al precio de enfrentar la agresión política, verbal e, incluso, física de muchos que hoy declaran recordarlo con admiración, pero que no dudaron en atacarlo de manera inclemente para obtener el control político de la CUT y, con ello, debilitar brutalmente al movimiento sindical en Chile.
La última clave es personal. En Manuel se combinan, como en pocos, una calidad humana extraordinaria, una consistencia -la gravitas, dirían los clásicos- y una consecuencia más allá de lo común.
Con la ingenuidad con que hablaba de sí mismo, Manuel decía : “…soy una persona de origen campesino y soy católico. En la poca formación que tuve en el campo, se me inculcaron buenos sentimientos. Yo no soy una persona de malos sentimientos”. “En la adversidad que he debido enfrentar en mi vida, descubrí la fuerza y la importancia de la amistad.”.
Y en él, estos atributos, estos valores, esta fe eran un regalo y, a la vez, una urgencia. Ella lo hacía no olvidar, al modo de su maestro, el Cardenal Raúl , que “el amor apremia y urge”, que porque estamos solo una vez en esta vida, no hay tiempo que perder; que nadie puede ser sacrificado en nombre del mañana o de un futuro posible, que nunca llega. Cada una de esas convicciones lo alejaba del sectarismo y de la intolerancia, y lo movía en la dirección de la solidaridad, la unidad, el trabajo con otros.
Señor Presidente , en las próximas semanas, cuando, liderados por el diputado Claudio Arriagada , avancemos en la tarea de comenzar a expresar nuestra gratitud a Manuel a través de un monumento público, comenzaremos, quizás de a poco y -no tengo ninguna duda- de manera insuficiente, a agradecerles a Myriam, Elsa, Andrea y a toda su familia por habernos brindado a sus camaradas la persona de Manuel y el haberlo donado a la causa de Chile y de sus trabajadores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA, don René Manuel (de pie).- Antes de comenzar mis palabras, quiero saludar y dar mi más sentido pésame a toda la familia de Manuel, que nos acompaña en este homenaje con motivo de conmemorarse el 15° aniversario de su fallecimiento.
Tuve el gusto de ser diputado junto con Manuel, y por eso le rendiré homenaje, pues realmente se lo merece.
He sido diputado desde 1990, y en esta larga carrera parlamentaria me ha tocado compartir con varios colegas, muchos de los cuales ya no pertenecen a esta Corporación. Algunos perdieron la reelección o decidieron no repostularse; otros ya partieron. Y debo ser sincero: más allá de las palabras de buena crianza, recuerdo con cariño y admiración solo a unos cuantos, entre los que se encuentra Manuel .
Si bien las diferencias políticas entre ambos eran sustanciales, se respetaba y se reconocía la consecuencia que exhibió Manuel hasta su último día de vida, el 27 de septiembre de 1999.
Debo señalar que, luego de una tibia relación, fue nuestro trabajo en la Comisión de Vivienda lo que terminó por consolidar nuestra amistad, que supo sobrellevar el debate ideológico e intenso que caracterizó a la Cámara de Diputados a mediados de los años 90.
Cuando escribía estas líneas, me vino a la memoria una conversación que tuve con Manuel a propósito de lo que más lo apasionaba: la defensa de los derechos de los trabajadores. En ella le pregunté con curiosidad qué lo hacía abrazar con tanta pasión y vehemencia la defensa de los trabajadores y cómo fue capaz de sortear todos los obstáculos que la vida le había presentado sin bajar nunca la intensidad en su lucha sindical. Su respuesta me sorprendió, porque lejos de estar empapada de una vehemencia ideológica, como la que había precipitado el quiebre institucional en nuestro país décadas antes, apelaba a entender la relación entre los trabajadores y la empresa como algo simbiótico, no antagónico, como muchos quieren hacerlo ver. Manuel entendía que una relación equilibrada entre ambos no solo parecía justa, sino que era condición de un ambiente laboral que promoviera la productividad, la justicia social, salarios dignos, lo que, a la larga, era sinónimo de más y mejores empleos.
Cuento esta anécdota no solo porque permite distinguir a Manuel de líderes que únicamente buscaban simpatías, criticando o destruyendo, sino porque verdaderamente causó un cambio en mi forma de ver la dirigencia sindical, tan mal considerada por un sector de la sociedad chilena durante largos años. Asimismo, ella deja entrever su pensamiento cristiano, el cual lo llevó a unirse a las filas del Partido Demócrata Cristiano a mediados de la década del 60.
Ese sería el comienzo de una destacada labor como dirigente político y sindical, la que tendría su punto cúlmine en la presidencia de la Central Única de Trabajadores (CUT).
En las labores gremiales, Manuel se inició en 1969 como dirigente del sindicato de trabajadores de la empresa textil Sumar. Tan solo tres años más tarde, resultó elegido como dirigente nacional de la CUT, sin que el golpe militar lo desalentara de seguir adelante con su misión sindical. Tan así fue que, en 1981, formó la Coordinadora Nacional Sindical. Este hecho y la organización de movilizaciones sindicales le costaron la expulsión del país.
Casi un año después, sin atender las amenazas a su integridad personal, regresó al país para retomar la defensa de los trabajadores, proceder por el cual, luego de un período de relegación en Parral, obtuvo su reconocimiento cuando llegó a la presidencia de la CUT, en 1990.
Sin embargo, ese no era el techo de Manuel , quien, en un ejemplo de perseverancia y superación, retomó sus estudios secundarios, con el objeto de obtener la licencia de enseñanza media, requisito establecido en la Constitución Política para postular al cargo de diputado .
Y como no podía ser de otra forma, en 1998 Manuel resultó elegido por el distrito N° 17, integrado por las comunas de Huechuraba, Conchalí y Renca; pero, lamentablemente, no pudo terminar su período.
En el tiempo en que ejerció el cargo de diputado , Manuel supo ganarse el respeto y la admiración de sus pares. Su trabajo en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social fue destacado y digno de ser seguido. Debiera haber un video con el registro de la forma destacada en que defendió a los trabajadores, lo que se materializó con el establecimiento de uno de los cuerpos legales más importantes en materia de defensa de los trabajadores: me refiero a la denominada “Ley Bustos”, legislación que se encuentra vigente y que, por esas cosas del destino, fue publicada un día después de su fallecimiento.
En representación de las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, he querido rendir hoy este sentido homenaje al ejemplo de consecuencia y de amor a la vida que nos dio Manuel, quien luchó por sus ideales y convicciones mientras sus fuerzas se lo permitieron. Fue un hombre leal, digno y que debe tener el respeto de sus pares sindicalistas, porque creo que a Chile le hacen falta muchos más Manuel Bustos .
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- En nombre de la Cámara de Diputados, reitero nuestro respeto, afecto y solidaridad a la señora Myriam Verdugo, a Elsa y Andrea, a cada uno de los familiares de Manuel Bustos, así como a sus camaradas del Partido Demócrata Cristiano y a sus compañeros y camaradas dirigentes sindicales presentes en la tribuna de honor.
De esta manera, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al destacado líder sindical de los trabajadores chilenos y exdiputado señor Manuel Bustos Huerta.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Continúa la sesión.
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE AFECTACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS PLANES REGULADORES (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 8828-14)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores.
Diputada informante de la Comisión de Vivienda , Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es la señorita Karol Cariola.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 67ª de la presente legislatura, en 10 de septiembre de de 2014. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales sobre modificaciones del Senado, sesión 73ª de la presente legislatura, en 30 de septiembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 16.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señorita CARIOLA, doña Karol (de pie).-
Señor Presidente , en primer lugar, saludo a las ministras de Vivienda y Urbanismo, y de Minería, que hoy nos acompañan.
En nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, originado en mensaje y con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores.
Por acuerdo de 10 de septiembre del año en curso y en virtud de lo señalado en el artículo 119 del Reglamento, la Sala de esta Corporación dispuso el envío a esta Comisión del proyecto, en tercer trámite constitucional, con el fin de que se pronuncie acerca de los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y para que recomiende su aprobación o rechazo.
En este trámite, la comisión contó con la asistencia de la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball ; de los asesores de esa cartera, señora Jeannette Tapia y señor Enrique Rajevic , y del señor Luis Klenner , encargado de reconstrucción del Minvu.
Durante el debate en la comisión, la ministra señora Paulina Saball efectuó una presentación general sobre la importancia de las ciudades en el mundo moderno y de los instrumentos de planificación de los espacios públicos. Consideró de la mayor importancia la vinculación entre los espacios públicos y las vías de acceso para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En dicho marco, destacó el carácter de utilidad pública de las superficies destinadas a vialidad y áreas verdes que constituyen la estructura que soporta la ciudad, cuya modificación era difícil y generaba alta demanda de recursos. Hizo referencia a la historia legislativa en la materia: la ley N° 4.563, de 1929, que contemplaba afectaciones indefinidas, sin que el propietario afectado pudiera intervenir en ellas; la ley N° 19.939, de 2004, que dispuso la caducidad en diez años para las vías expresas o cualquiera en el área de extensión urbana, y de cinco años para vías troncales, colectoras y parques; la ley N° 20.331, de 2009, que dispuso su prórroga hasta el 12 de febrero de 2010, y el período que va desde el 12 de febrero de 2010 a la fecha, con el 79 por ciento de las áreas de afectación caducadas en la Región Metropolitana.
En el análisis por comuna, cabe señalar que son 48 las comunas del país que se encuentran con efectos irreversibles en la materia.
La ministra hizo hincapié en la urgencia que tiene la tramitación del proyecto, dado que el 13 de febrero de 2015 caducan todos los ensanches y las aperturas viales del país, con excepción de las comunas que tengan nuevos planos reguladores, equivalentes al 5 por ciento.
Con referencia a la tramitación y contenido de la iniciativa, señaló que su tramitación legislativa se inició en 2013, en la Cámara de Diputados, la que tenía por objeto la consagración de un régimen de afectaciones de carácter indefinido que otorga derechos a los propietarios, así como la facultad de indemnizar o expropiar, según el caso. Adujo que en el segundo trámite del Senado, se mantuvo la orientación del proyecto aprobado en esta Cámara. Sin embargo, se innovó en cuanto a evitar indemnizar al propietario por una expectativa de construcción, por cuanto, cada vez que se modificara un plan regulador y se alteraran las condiciones de constructibilidad de cualquier predio, habría que indemnizar a todos quienes resultaran afectados, reconociendo al privado un uso urbanístico mínimo y derechos para desarrollar el predio correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis.
Además, sostuvo que el artículo 99 propuesto generó una opinión divergente con la Asociación de Municipalidades, ya que la norma declara exenta del pago de contribuciones la parte afectada de los inmuebles sujetos a expropiación, en las condiciones que indica; no obstante, se argumentó por parte del Ejecutivo que el efecto recaudatorio sería menor para las municipalidades en comparación con el gasto que le implicaría al municipio el hecho de caducar las afectaciones.
La situación que afecta a los terrenos destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las leyes Nos 19.939 y 20.331, se declara de utilidad pública en virtud del artículo transitorio del proyecto. En aquellos terrenos cuyas declaratorias hubieren caducado, deberá respetarse lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales, los que no se verán afectados por la declaratoria de utilidad pública.
Conforme a lo propuesto por el diputado señor Fidel Espinoza , Presidente de la comisión, se acordó someter a consideración de la comisión las modificaciones del Senado mediante una sola votación, proponiendo a la Sala su aprobación.
Votaron por la afirmativa los diputados señorita Cariola, doña Karol; señora Carvajal , doña Loreto ; señor Espinoza, don Fidel ; señora Fernández , doña Maya , y señores Jarpa, don Carlos Abel ; León, don Roberto , y Walker, don Matías . Se abstuvo la diputada señora Nogueira , doña Claudia .
Tratado y acordado en sesión de fecha 24 de septiembre de 2014, con la asistencia de los diputados señores Espinoza, don Fidel ; Browne, don Pedro ; Cariola, doña Karol; Farcas, don Daniel ; Fernández, doña Maya ; García, don René Manuel ; Hasbún, don Gustavo ; Jarpa, don Carlos Abel ; León, don Roberto ; Nogueira, doña Claudia ; Norambuena, don Iván ; Tuma, don Joaquín ; Carvajal , doña Loreto , y Walker, don Matías . Concurrieron, además, los diputados señores Letelier, don Felipe , y Urrutia, don Osvaldo .
Es cuanto corresponde informar a esta Sala.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra la ministra de Vivienda y Urbanismo , señora Paulina Saball.
La señora SABALL, doña Paulina ( ministra de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente , al asumir en marzo la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debimos enfrentar muchas tareas simultáneamente; algunas inesperadas, como las catástrofes que todos conocemos, pero otras perfectamente conocidas. Una de ellas es la que hoy nos convoca.
Cuando, en 2004, el Congreso Nacional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo modificaron el sistema de declaratorias de utilidad pública, perseguían mejorar la situación de los propietarios sometidos a un sistema en que carecían de todo derecho cuando eran afectados. Casi parecía que se buscaba que las propiedades se deterioran para expropiarlas al valor más bajo posible. Con ese foco, es decir, la protección de los propietarios, la ley N° 19.939 generó un sistema que, lamentablemente, incurrió en el efecto contrario.
El sistema de plazos y las correlativas caducidades ha empezado a operar y nos ha revelado cómo los parques y las vialidades que alguna vez se proyectaron, empiezan a ser ocupados con edificios, impidiendo de hecho su materialización. Importantes áreas verdes o conexiones viales, que pensamos que algún día se consolidarían, empiezan a difuminarse. Mientras vemos hermosas plazas y anchas avenidas en las grandes ciudades de otros países y nos admiramos de la visión que tuvieron sus fundadores y quienes viven en ellas, en Chile empezamos a circular en la dirección contraria. Más aún, la ley vigente señala que, caducada un área, no puede volver a afectarse por el mismo uso, lo que hace de la caducidad un efecto irreversible.
Como ustedes bien saben, en más de 55 comunas de Chile no quedan áreas afectas y, en los próximos meses, el efecto se extenderá aún más. Por esa razón, el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia de despachar este proyecto y ha contado con la comprensión del Senado y, ahora, de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de esta Corporación, que la semana pasada aprobó recomendar este proyecto.
El movimiento pendular ha sido nocivo. El propósito que persigue este proyecto es recuperar la capacidad del Estado para planificar los espacios públicos. Así lo entendió el gobierno que nos antecedió cuando elaboró esta iniciativa, que fue aprobada por esta Cámara hace más de un año.
Es preciso señalar que el proyecto que retorna a la Cámara de Diputados tras su paso por el Senado ha experimentado cambios; pero me atrevo a decir que es uno el cambio realmente significativo: el relativo a la compensación que se otorga a los propietarios afectados. En efecto, el proyecto original restauraba el carácter indefinido de las declaratorias y otorgaba al propietario el derecho a reclamar una reparación por el efecto que causaba la afectación en el valor anterior que tenía el predio. La compensación podía consistir en eliminar o reducir la declaratoria, modificar las normas urbanísticas aplicables al predio, pagar una indemnización equivalente al daño y expropiar el predio.
En otras palabras, para el proyecto, la norma urbanística del predio, previo a su afectación, era un derecho adquirido.
Como Gobierno, decidimos modificar este punto, dado que la constructibilidad que reconoce un plan es, en nuestra opinión, una mera expectativa y no un derecho adquirido en tanto no se haya otorgado un anteproyecto o permiso que lo avale.
En efecto, siempre se ha admitido que un nuevo plan urbanístico puede reducir, en el futuro, las potencialidades de construir que en un determinado momento se reconocieron a un terreno, sin que ello represente una afectación al derecho de propiedad ni exija indemnizar a los afectados. Lo contrario sería un pésimo precedente para la planificación urbana, pues todo cambio adverso debería indemnizarse, los planes se paralizarían y entraríamos en una perversa y peligrosa espiral inflacionista. Por eso, sustituimos el enfoque de la compensación por el de reconocer al propietario afectado un catálogo de derechos. Se trata de los siguientes:
Primero, el derecho a construir, en la parte afectada de la propiedad, una vivienda de hasta dos pisos de altura, que podrá destinarse a casa habitación, pequeños talleres o comercio, con lo que la ley reconocerá un contenido mínimo de uso urbanístico para estas propiedades, poniendo a salvo la situación del pequeño propietario.
Segundo, el derecho a seguir usando la propiedad construida antes de la afectación, como derecho ya incorporado en su patrimonio.
Tercero, el derecho, en caso de destruirse la propiedad preexistente por caso fortuito -por ejemplo, incendio o terremoto-, a poder reconstruirla en las condiciones que tenía o, como mínimo, una vivienda de hasta dos pisos de altura, según le convenga más.
Cuarto, el derecho a edificar otras construcciones si se renuncia a que sean indemnizados cuando se efectúe la futura expropiación.
Quinto, el derecho a aumentar el volumen de construcción existente en las propiedades afectadas, conforme admitió la ley N° 19.744, de 2001, esto es, cuando se trate de aumentos que tengan por objeto preciso mitigar los impactos ambientales adversos que provoque una actividad productiva, que estén destinados a mejorar la calidad de la arquitectura, la estructura y las instalaciones del edificio, incluso los que tengan un sentido estético que contribuya a mejorar el aspecto del edificio.
Sexto, el derecho a obtener que se fijen, con exactitud, los trazados y anchos del espacio declarado de utilidad pública, a través de un plano de detalle, cuando sea preciso, incrementando así la seguridad jurídica.
Séptimo, el derecho a eximirse del pago de contribuciones territoriales, superando los requisitos que establece la ley vigente para estos efectos, y que han hecho que sea letra muerta. Esto no quita que las propiedades que generen renta deban pagar igualmente los demás impuestos que sean aplicables.
Adicionalmente, el proyecto introduce dos modificaciones sustantivas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones:
Primero, perfecciona aspectos del régimen de planificación urbanística, reconociendo los principios de competencia y supletoriedad, y crea el instrumento de los planes de detalle, a través de nuevos incisos en el artículo 28 y un artículo 28 bis, nuevo; y segundo, toma en cuenta las plusvalías generadas por la acción pública en las indemnizaciones de las expropiaciones urbanísticas en el artículo 88.
Hay también otros ajustes a esta ley, pero son cuestiones de forma.
Del mismo modo, se modifican las leyes orgánicas constitucionales de municipalidades y de gobierno y administración regional, para hacerlas compatibles con este régimen.
Para concluir, quiero destacar el régimen transitorio del proyecto que se somete a su consideración, que consta de tres aspectos.
Primero, el proyecto restaura las caducidades que se produjeron con la aplicación de las leyes N° 19.939 y N° 20.331.
Segundo, abre un período de seis meses en que los municipios y las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo -los primeros, en los planes comunales, y las segundas, en los intercomunales- podrán suprimir estas afectaciones en las circulaciones, plazas y parques que incluyan en una nómina.
Los municipios deberán fijar una norma urbanística para estos terrenos en los tres meses siguientes a la desafectación; de lo contrario, podrá recurrirse al seremi de Vivienda y Urbanismo para que lo haga.
Tercero, respeta permisos y anteproyectos aprobados y otorgados.
Ese es el proyecto, honorables diputados y diputadas.
Reconozco que es difícil encontrar un sistema que concilie de manera equitativa los inte-reses de la comunidad y de los propietarios, pero creo que esta solución es satisfactoria.
Con todo, después de resolver este tema, y tal como han planteado los honorables diputados y diputadas de la Comisión y los honorables senadores, viene un nuevo desafío: materializar las expropiaciones y obras planificadas. Por ello, estamos perfeccionando el proyecto de ley de aportes al espacio público, actualmente en el Senado, que será un motor decisivo para las inversiones urbanas. Queremos que llegue pronto a esta Cámara para su análisis.
Termino agradeciendo de manera muy sincera el involucramiento transversal de muchos parlamentarios en esta iniciativa, especialmente el de las diputadas y diputados que integran la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.
Esperamos que esto marque un estilo que permita que en este período logremos modernizar el marco normativo del desarrollo urbano, para transformarlo en un instrumento que asegure mayor equidad urbana e integración en nuestras ciudades.
Casi el 90 por ciento de los chilenos y las chilenas vive en ciudades, y esperan con ansias una mejor calidad de vida.
Gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , solo quiero señalar a la Mesa que no hay quorum para sesionar.
Faltan muchos diputados, que después votan los diferentes proyectos sin mayor conocimiento.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Ya se activaron los timbres para llamar a los diputados.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, en este momento no hay quorum para sesionar.
Pido que haga uso de sus facultades y suspenda la sesión y llame a los diputados ausentes por cinco minutos.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Se suspende la sesión por cinco minutos para llamar a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Continúa la sesión.
Recuerdo a los señores diputados que, por acuerdo de los Comités, las intervenciones durarán hasta cinco minutos, por el lapso de una hora, en cada uno de los proyectos, el primero de los cuales está calificado con urgencia de discusión inmediata, y el segundo, con suma urgencia, pues se trata de materias de alto interés para el país.
Por lo tanto, espero que los diputados contribuyan a dar el quorum necesario, para no suspender la sesión y afectar el tiempo destinado al debate.
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA .-
Señor Presidente , considero que el proyecto en discusión es muy importante para el país, y desde ya pido disculpas porque, como tendrá efectos a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas, el efecto de la caducidad será muy trascendente si no se aprueba.
Cuando se aprobó la ley N° 19.939, promulgada el 30 de enero de 2004, los autores sa-bían que no había un plan de expropiaciones a nivel comunal ni en los ministerios de Vivienda y Urbanismo, y de Obras Públicas, y que tampoco existía una política respecto de las vías intercomunales. Por eso, nuevamente ofrezco disculpas, por cuanto me refiero particularmente a la situación de Santiago.
Alguien habló de la ciudad justa, pero en la periferia de Santiago tenemos importantes carencias: falta de áreas verdes, vías inconclusas y rutas intercomunales a las que se da un tratamiento distinto en cada comuna.
Por lo tanto, cuando se promete enviar un proyecto sobre aportes a los espacios públicos y cuando se anuncian medidas sobre políticas de suelo que el Gobierno propondrá al Congreso Nacional a inicios de 2015, se está dando comienzo a una realidad distinta.
Hago un llamado a los colegas para que aprueben este proyecto, porque ambas medidas complementarán lo que hicieron los legisladores que aprobaron la ley N° 19.939, que sabían que, después de diez años, las municipalidades, debido a su falta de recursos, no podrían llevar a cabo las planificaciones de vías y de terrenos declarados de utilidad pública. Esto es muy importante.
Por otra parte, es necesario perfeccionar el rol de los municipios, para lo cual es fundamental que exista una estructura que tenga competencia sobre las atribuciones municipales. Doy un ejemplo: la avenida Lo Ovalle tiene doble pista en la comuna de La Granja, pero tiene solo una pista en la comuna de San Miguel con La Cisterna. Pero hoy podemos ver que allí se están construyendo edificios, lo que hará muy difícil que esa comuna, que limita con la proyectada ciudad de Cerrillos, tenga la posibilidad de contar con una doble vía estructurante intercomunal.
Hace poco tiempo, aprobamos la “ley Emilia” . Además, para este año se proyecta que el parque de automóviles se incrementará en 500.000 vehículos. Santiago está saturado, por lo que las vías estructurantes e intercomunales requieren un trato especial. Por eso, es sumamente importante que en el futuro podamos conocer un plan de expropiación de terrenos, de manera que estos se destinen a la construcción de vías intercomunales y estructurales, algo que, según entendemos, debería ser gradual.
Este proyecto establece reglas del juego claras en cuanto a que el bien común debe estar por sobre el interés particular; es más, la iniciativa garantiza derechos básicos de los propietarios que podrían ser afectados.
La circulación de 500.000 vehículos más en Santiago hace inviable tener un sistema de tránsito adecuado. La ciudad de Santiago es injusta, porque marca ciertas zonas con un color que caracteriza a las comunas: el café de la tierra -el polvo del verano y el barro del invierno-, nos obliga a asegurar que en el esfuerzo que se realiza para construir una ciudad más amable a escala humana también se consideren los metros cuadrados por habitante, beneficio del que gozan otros lugares de la ciudad.
Quiero poner énfasis en la construcción de una ciudad más humana, porque hemos creado una ciudad segregada que genera consecuencias en otras áreas relacionadas con la seguridad y con la salud mental de la población.
Por eso, voy a votar favorablemente las modificaciones del Senado, y hago un llamado a los colegas para que procedan de la misma forma.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, ante todo, un saludo a las ministras presentes en la Sala.
En este período no soy integrante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Los espacios de participación en comisiones del Partido Socialista son limitados debido a que fue necesario ceder cupos a los nuevos diputados para que las integren.
En 2013 me correspondió participar en la discusión de este proyecto en la comisión técnica, el cual apunta a resguardar los espacios públicos de nuestras ciudades y a proteger a los propietarios de terrenos o viviendas que durante años han sido considerados factibles de ser expropiados, lo que ocasionó una baja de su valor comercial.
Me alegra que este proyecto haya vuelto a la Cámara en tercer trámite constitucional para que sea despachado definitivamente. Como decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, esta iniciativa nos lleva a enfocar el desarrollo de la ciudad con una mirada de futuro y de país, no como ocurre actualmente, en que muchas vías quedan inconclusas no solo en Santiago, sino también en el resto de las ciudades del país.
Miramos a nuestra ciudad con pena, porque muchas veces vemos cómo se demuelen viviendas de gran valor arquitectónico para construir edificios que no tienen las mismas características. Cuando uno enfoca una ciudad con mirada de futuro no debe pensar solo en los terrenos que son necesarios para su desarrollo urbano, sino también proteger las áreas verdes existentes, crear nuevas áreas y tener una mirada distinta respecto de las poblaciones.
Es necesario que aprobemos este proyecto para proteger a quienes poseen terrenos que pueden ser afectados. Si no se dicta una ley como la que se encuentra en proyecto, los propietarios de terrenos no sabrán cuándo estos serán utilizados y, por lo tanto, no sabremos qué ocurrirá con ellos en el futuro.
Aprovechando la presencia de la ministra de Vivienda y Urbanismo, quiero decirle que resulta triste ver en las comunas rurales aledañas al Gran Santiago la forma en que aumenta el número de viviendas con subsidio básico sin deuda. Esas viviendas no cuentan con espacios verdes, porque al parecer se piensa que el mundo rural no los necesita, en circunstancias de que son indispensables para que las personas puedan vivir en espacios habitables y dignos para las familias. En este caso, también es necesario tener una mirada distinta.
Cuando discutimos proyectos que protegen áreas que serán expropiadas en beneficio de nuevos accesos, carreteras, áreas verdes, etcétera, me gustaría que se legislara sobre los espacios destinados a áreas verdes en las poblaciones de viviendas con subsidio básico sin deuda. No me refiero solo al tamaño de las viviendas, sino también a los terrenos. Estamos trayendo a la ciudad familias que vivían en los sectores rurales o en campamentos, a las cuales se les entrega un terreno de 180 metros cuadrados, en algunos casos de 100 metros cuadrados como máximo, donde ni siquiera tienen posibilidades de construir una entrada para vehículos; las viviendas están pegadas unas a otras. Para quienes somos mayores, son como las casas del juego llamado “Metrópolis”. Recuerdo que jugábamos a comprar casitas que eran iguales.
Al salir de Santiago por la Autopista del Sol, podemos ver las numerosas viviendas construidas a orilla de carretera. Si pensamos que ahora la clase media puede acceder a un vehículo, es fácil darse cuenta de que en las autopistas del país no habrá espacio suficiente para todos los vehículos que circulen por ellas. Asimismo, resulta triste ver que todos los espacios disponibles se ocupan para construir casitas “Metrópolis”, que realmente no hacen digna la vida de los chilenos.
Me preocupa que se haya considerado la afectación de áreas verdes en aquellas comunas donde hay terrenos que corresponden a pueblos indígenas. ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo pueden crecer las ciudades resguardando sus derechos?
Señor Presidente , por su intermedio quiero decirle a la ministra de Vivienda y Urbanismo que vamos a aprobar las modificaciones del Senado. Consideramos que es necesario hacerlo para mirar con optimismo el futuro, principalmente el de las grandes ciudades. Pero no debemos olvidar a las ciudades medianas y pequeñas, en particular las de la Región Metropolitana, que también están creciendo, pero a costa de ocupar espacios y terrenos que tienen alto costo en Santiago y con una mirada de crecimiento que no es de futuro.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el proyecto en debate es de gran importancia, no solo para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino para todo el país.
El enfoque de esta iniciativa va en la dirección de armonizar el interés general con el particular. En Chile, normalmente llegamos atrasados a enfrentar los problemas, porque el mundo avanza más rápido que nosotros. El crecimiento de algunas ciudades ha sido realmente explosivo, debido fundamentalmente a la migración campo-ciudad, pero no somos tan rápidos para generar las modificaciones que se requieren, porque el Estado no tiene los recursos para hacerlo.
Tal como lo señalaron algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, uno de los elementos que hay que considerar es el aumento del número de automóviles, lo que nos obliga a apurar el tranco. En ese sentido, este proyecto busca introducir reequilibrios, por lo que es urgente apoyarlo y así no dilatar más la situación. Hay casos como el de Iquique, cuyo plan regulador comunal data de la década del 80. De aquel se basa el de Alto Hospicio, lugar en que se encuentran caducadas todas las vías. ¡Eso no puede ser!
En la Región de Antofagasta solo algunas comunas han modificado parcialmente sus planos reguladores. En cada una de las comunas que visitamos nos encontramos con que es urgente ampliar sus calles, alargar el círculo urbano de la ciudad, mejorar sus espacios públicos, en fin, múltiples medidas que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las municipalidades están preocupados de implementar.
La historia legislativa en esta materia comienza con la ley N° 4.563, de 1929, que contemplaba afectaciones indefinidas, sin que el propietario afectado pudiera intervenir en ellas; después se promulga la ley N° 19.939, de 2004, que dispuso la caducidad de diez años para las vías expresas o cualquiera en el área de extensión urbana, y de cinco años para vías troncales, colectoras y parques. Sin embargo, el Estado y los municipios no tuvieron los recursos para hacer las expropiaciones que se señalaban en los planes reguladores respectivos.
En 2009 se promulgó la ley N° 20.331, que renovó las vigencias de las declaratorias de utilidad pública a que se refiere el inciso primero del artículo transitorio de la ley N° 19.939 hasta febrero de 2010.
Hasta la fecha, el 79 por ciento de las áreas de afectación se encontraban caducas en la Región Metropolitana. El análisis por comuna arroja que son 48 las comunas del país que se encuentran con efectos irreversibles de caducidad.
Me parece extraordinariamente positiva la discusión que hemos tenido en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, sobre este proyecto de ley que busca equilibrar el interés general con el particular.
La iniciativa reconoce a los propietarios el siguiente catálogo de derechos:
1. Construir en la parte afectada de la propiedad una vivienda de hasta dos pisos de altura, que podrá destinarse a casa habitación o a pequeños talleres o comercios, mientras se produce la definitiva expropiación.
2. Seguir usando la propiedad construida antes de la afectación como derecho ya incorporado en su patrimonio.
3. En caso de destruirse la propiedad preexistente por caso fortuito, por ejemplo un incendio o un terremoto, poder reconstruirla en las condiciones que tenía o como mínimo una vivienda de hasta dos pisos de altura. Es decir, mientras no ocurra la expropiación el propietario puede seguir utilizando ese terreno.
4. Edificar otras construcciones si se renuncia a que sean indemnizadas cuando se efectúe la futura expropiación. Por lo tanto, puedo construir sobre mi terreno, pero renunciando al pago indemnizatorio cuando se efectúe la expropiación, que puede durar tres, cuatro, cinco o seis años.
5. Obtener que, a través de un plano de detalle, se fijen con exactitud los trazados y anchos de espacio declarados de utilidad pública cuando sea preciso. Esto quiere decir que si tengo un terreno de 1.000 metros y me van a expropiar 220 metros, tengo derecho a saber cuáles son los 220 metros que se expropiarán.
Un diputado señaló que este proyecto de ley impedirá a las personas vender su propiedad. Eso no es así. Lo que sucede es que hay un gravamen que la persona tiene que soportar; pero es necesario saber el alcance del mismo, esto es, en el caso del ejemplo, hasta dónde llega la línea de los 220 metros que se expropiarán. Ello es necesario porque es posible que un tercero tenga interés en comprar el terreno con ese gravamen.
6. Eximirse del pago de contribuciones territoriales. Esto es de justicia para las personas que han debido pagarlas durante mucho tiempo.
Tengo una sola duda que me gustaría que aclarara la ministra. En el proyecto se señala que se sustituye el artículo 88 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones por el siguiente:
“Artículo 88.- Tratándose de expropiaciones parciales se deducirá o imputará del monto de la indemnización el cambio de valor que adquiera la parte no expropiada como consecuencia de las inversiones que realice el Estado vinculadas con dicha expropiación, o del plan o instrumento de planificación que declaró la utilidad pública.”.
No siempre hay un cambio de valor positivo; a veces, el valor es negativo, por lo cual hay que deducir ese valor o aumentarlo.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Osvaldo Urrutia.
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente , en primer lugar, este proyecto de ley tiene que ver con un tema urbanístico fundamental, que incide básicamente en la configuración de todas las ciudades de nuestro país, de sus calles, plazas, parques urbanos y otros espacios públicos.
Básicamente, la iniciativa vuelve a regular la caducidad de las declaratorias de utilidad pública sobre inmuebles destinados a espacios públicos para expropiarlos y permitir un adecuado ordenamiento territorial, crecimiento y desarrollo de las ciudades.
Como es sabido, la caducidad de las declaratorias de utilidad pública establecidas en los instrumentos de planificación territorial, sean estos planes reguladores comunales o intercomunales, no existían hasta 2004. Las consecuencias de la ausencia de este límite temporal a los gravámenes de utilidad pública para la posterior expropiación afectaba negativamente los derechos de los propietarios de los inmuebles gravados, quienes no podían ejercer todas las facultades del dominio sobre los inmuebles de su propiedad, como así tampoco recibían compensación económica alguna por este hecho.
En 2004, con la promulgación de la ley N° 19.939, se establecen plazos para las declaratorias de utilidad pública de cinco y diez años, luego de los cuales la afectación deja de tener efecto, según las categorías de las vías que la misma ley estableció.
Este cambio tiene una arista positiva, que dice relación con los derechos del propietario del inmueble afectado por un gravamen de utilidad pública; sin embargo, presenta otra arista negativa que tiene que ver con el desarrollo urbano de las ciudades y el bien común de todos los habitantes de una ciudad.
En efecto, el ordenamiento territorial se ha visto severamente afectado a consecuencia de la aplicación de esta ley, porque al no existir los recursos económicos para que los municipios procedan a la expropiación dentro de los plazos señalados por la propia ley, los gravámenes de utilidad pública establecidos en los instrumentos de planificación territorial, destinados a la construcción de nuevas vías de conexión vial, ensanchamiento de otras para subir su estándar y disminuir la congestión vial en las aéreas urbanas, la construcción de parques y plazas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, han quedado definitiva e irreversiblemente imposibilitados de ejecutar, afectando en algunos casos drásticamente la calidad de vida de muchas de nuestras ciudades.
Quienes participamos en el debate producido al interior de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de esta honorable Cámara, tuvimos la oportunidad de recibir a la ministra de Vivienda y Urbanismo , quien nos ilustró sobre la situación de caducidad, señalando que solo 261 comunas cuentan con planificación; 55 son comunas con vialidad y áreas verdes prorrogadas y 48 comunas se encuentran en situación irreversible.
Además, señaló que todos los ensanches y aperturas viales del país caducarán definitivamente el 13 de febrero de 2015, a excepción de aquellas comunas que cuentan con nuevos planos reguladores, que no representan más del 5 por ciento.
En esa oportunidad, se nos interiorizó sobre casos emblemáticos de ciudades severamente afectadas por la aplicación de esta normativa, como son los casos de Puerto Montt, Rancagua , San Fernando y La Serena.
Por lo anteriormente expuesto, me parece importante apoyar esta iniciativa, pero no sin antes señalar algunas aprensiones.
En primer lugar, si bien me parece que las modificaciones introducidas durante la tramitación de este proyecto mejoran la situación de los propietarios, aún podemos avanzar en medidas legislativas que complementen esta norma que hoy votaremos, en atención a armonizar los intereses y derechos legítimos de los privados con las necesidades de planificación y desarrollo urbanístico de las ciudades y de quienes las habitan.
En segundo lugar, me parece que un tema fundamental que surgirá es el del financiamiento. Los aportes públicos del Estado para las expropiaciones de estos espacios que permiten el crecimiento y el desarrollo de las ciudades son escasos, aun más en comunas de pequeño o mediano tamaño, por lo que no puedo dejar de manifestar mi preocupación por el presupuesto que se requerirá para llevar a cabo esta labor.
Por ello, resulta necesario que podamos agilizar la discusión de la iniciativa que consta en el boletín N° 8.493, actualmente radicada en el Senado en segundo trámite constitucional, la cual establece un sistema que posibilite las cesiones de terrenos para todos los proyectos de construcción, con el fin de obtener un mejoramiento del espacio público. Dicho proyecto se relaciona con la iniciativa que hoy discutimos y puede ser una manera de perfeccionar las variantes sobre financiamiento de la discusión que hoy sostenemos.
Para finalizar, quiero señalar que en relación con todo lo anterior, y tal como se lo he manifestado personalmente a la ministra del ramo, me parece urgente modificar la ley orgánica constitucional de Municipalidades en lo referente a las facultades de expropiación de estas entidades. En efecto, el artículo 33 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que los bienes declarados como de utilidad pública podrán ser adquiridos por expropiación.
Señor Presidente, en mérito del tiempo y por las razones expuestas, anuncio que votaré favorablemente las modificaciones del Senado al proyecto.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).-
Señor Presidente , junto con saludar a la señora ministra, anuncio que la bancada de Renovación Nacional votará a favor las modificaciones del Senado al proyecto. De no aprobarlas, los municipios de distintas regiones del país se verán en problemas, dado que los plazos están venciendo, en particular los relacionados con los instrumentos de planificación urbana, sean comunales o metropolitanos.
El proyecto subsana y flexibiliza mecanismos que mejoran la posición de los propietarios, de los privados afectos a la declaratoria de utilidad pública. Incluso, flexibiliza el cobro del impuesto territorial, pues, como se sabe, en muchos casos el cálculo de este se efectúa sobre la base de la totalidad del predio y no de la superficie no afecta o no declarada de utilidad pública.
Asimismo, asigna instrumentos a los planes reguladores comunales, en particular a los municipios, en orden a enfrentar el desarrollo inmobiliario de las ciudades, sean pequeñas o grandes.
Por otra parte, en la medida en que los países van progresando, aumentan tanto las vías de circulación como el número de plazas y parques, y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que se hace necesario ir pensando a largo plazo. En tal sentido, la normativa vigente dispuso la caducidad en diez años para las vías expresas o cualquiera en el área de extensión urbana, y de cinco años para vías troncales, colectoras y parques. Ahora, en virtud del proyecto, se declaran de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales y planes seccionales destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades.
Ahora bien, más allá de la aprobación del proyecto y de la necesidad de que la Cámara lo despache, quiero plantear que, con posterioridad a la promulgación de la ley respectiva, sería conveniente que los municipios -ya sea que pertenezcan a ciudades grandes o pequeñas- tengan una participación más activa cuando se coordinen las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo con otros servicios del Estado, como el Ministerio de Obras Públicas y los gobiernos regionales. El que debe dar la cara -por así decirlo-, o autorizar la ejecución de las distintas obras inmobiliarias o cualquier otro tipo de proyecto es precisamente el municipio. Por lo tanto, es necesario que estos se coordinen con los distintos servicios relacionados, toda vez que muchas obras o trazados no se relacionan con instrumentos de planificación territorial comunal, sino con otras normativas, como ocurre con las carreteras secundarias. Por ejemplo, el trazado de la ruta G-25, Cajón del Maipo -forma parte del distrito que represento y es de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas-, afecta a más de dos comunas. En esa vía, una normativa que data de 1960 impide el desarrollo habitacional en la zona.
Por las razones expuestas, anuncio que mi bancada votará a favor las modificaciones del Senado al proyecto, que espero que sea despachado hoy por la Corporación.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , la bancada Independiente estaba a la espera de esta iniciativa, debido a las complicaciones que últimamente afectan a los sectores urbanos del distrito que represento, en especial en la comuna de San Fernando. Me refiero a los ensanches y a la conectividad general de la ciudad. A partir de la construcción de viviendas se va creando la ciudad, pero no existe capacidad para conectar a sus habitantes.
Por ejemplo, en la comuna de San Fernando, la zona de circunvalación, que cruza toda la ciudad, se ha ido haciendo por tramos. El diputado Arriagada se refirió a lo que sucede entre La Granja y San Miguel ; pues bien, eso mismo ocurre en este caso, pero en una sola ciudad. Hay sectores con una vía y otros con dos. Al final, la ciudadanía queda con la sensación de que se van creando subsidios de vivienda.
La señora ministra -por su intermedio, señor Presidente- conoce muy bien sectores como San Hernán, Millahue y Eduardo Barrios, que no tienen la capacidad de conectarse con los distintos servicios. De este modo, la ciudad presenta un sector poblacional y otro que ofrece todos los servicios, incluido el comercio.
Existe la sensación de que una ciudad se construye solo a partir de los terrenos que podemos utilizar para construir más viviendas y no desde el punto de vista de una planificación de la ciudad o del territorio. Por eso, nos parece muy atinente el tema, no solo para las grandes ciudades, sino también para las provincias.
En Peumo, con la ayuda de Ferrocarriles, hubo que ensanchar determinados tramos para buscar una solución a los distintos comités de viviendas. La medida nació por una necesidad de conexión, no por planificación de la ciudad, que es lo que deberíamos estudiar en forma permanente.
A propósito de este proyecto, conversábamos con el diputado Arriagada respecto de cómo ir incorporando los terrenos de utilidad pública, por ejemplo, los bienes comunes provenientes de la reforma agraria, como estadios, escuelas, etcétera. La idea es que los alcaldes y los concejos revisen sus territorios, comunas, ciudades, a fin de incorporar el concepto de utilidad pública, más allá del sentido urbano. En lo que respecta al sector rural, existe mucha necesidad de terrenos de utilidad pública. Incluso, muchas veces, una tiene la sensación de que solo el sector urbano está siendo corregido desde el punto de vista de la conectividad, no así el rural, en el sentido de entronizar el concepto de terrenos de utilidad pública.
Tenemos caminos angostos que no se conectan con otros sectores; sitios ciegos, villorrios. Por ejemplo, no podemos construir un camino interior si no cuenta con un ancho mínimo. Por lo tanto, existe la necesidad de estimular lo relacionado con la utilidad pública no solo en los sectores urbanos, sino también en los rurales.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora Marcela Hernando.
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a las ministras que nos acompañan en esta sesión, en especial a la ministra de Vivienda y Urbanismo , a quien aprovecho de recordarle que si bien es cierto que los instrumentos de planificación urbana relacionados con los espacios públicos están en poder de los municipios, la cartera que ella dirige influye muchísimo en ellos. De acuerdo con mi experiencia, primero como intendenta y después como alcaldesa, la cantidad de conflictos que se producen a propósito de su aplicación son enormes. Ahí una observa la ausencia de una visión de largo plazo por parte del Estado.
En Antofagasta, por ejemplo, -la situación se reproduce en muchas ciudades del país-, más del 40 por ciento de la población vive en menos de un octavo del territorio de la ciudad, en viviendas bastante precarias en términos de metros cuadrados. Las familias se ven obligadas a empujar a sus niños y jóvenes a las calles, las que, además, son bastante angostas y no cuentan con espacio apropiado para acogerlos. Si a ello se suma una zona desértica, con carencias de agua -en nuestro país tampoco existe una política de reutilización y recirculación del agua-, las áreas verdes son escasísimas.
Este año el ministerio nos ha beneficiado con uno de sus programas. Gracias a ello se construirán dos parques: el primero, bastante pequeño, más bien una plaza, se emplazará en una de las poblaciones del sector alto de la ciudad; el segundo se ubicará en la comuna de Taltal. Con ello no se mejora un milímetro el desmedrado porcentaje en materia de metros cuadrados de áreas verdes por habitante recomendado por cifras internacionales.
Apoyo que el ministerio cuente con las herramientas suficientes para hacer respetar las políticas de construcción de las ciudades, vinculadas con seguridad pública, delincuencia, iluminación y una serie de otros elementos. La única aprensión que tengo tiene que ver con los recursos necesarios para concretar las obras planificadas, dado que lamentablemente se planifican calles, plazas, pero las municipalidades cuentan con pocas herramientas para presionar al ministerio para concretar la construcción de las obras comprometidas.
Ahora bien, como la cartera que representa la señora ministra está en el tercer lugar de las prioridades presupuestarias, tengo confianza en que dedicará buena parte de sus recursos para concretar las obras destinadas a beneficio público.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a los adultos mayores que nos acompañan en la tribuna, pues hoy se celebra su día nacional.
¡Muchas felicidades!
(Aplausos)
Sin duda, estamos frente a un proyecto de gran significación e importancia desde el punto de vista del ordenamiento territorial de las ciudades. Estas deben definir ciertos niveles de estructuración a través de sus calles y de sus parques.
Quienes hemos sido alcaldes recordamos las dificultades que debíamos enfrentar a la hora de ajustarnos a los planos reguladores, pues estos establecen limitaciones a determinadas actividades. Además, debido a la falta de recursos, la construcción de calles se posterga o no se ejecuta nunca.
En la Región de Aysén -la ministra la conoce- existen varias vías estructurantes, como ocurre en Coyhaique. Se trata de caminos importantísimos para el ordenamiento de la ciudad. Así, Circunvalación Oriente-Poniente , Divisadero Oriente , entre otras, son vías establecidas en el plano regulador, pero que cuentan con ciertas limitaciones que es necesario corregir.
Creo que el proyecto va en la dirección correcta, pues se debe establecer un ordenamiento; sin embargo, para el progreso de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, se debe generar mecanismos que permitan que el desarrollo urbano y el de los espacios públicos funcione bajo el principio de equidad, del que tanto se habla hoy en día. Hay familias modestas que viven en las famosas poblaciones “pitufo”; se trata de viviendas pequeñitas habitadas por familias vulnerables y, a veces, numerosas. Esas poblaciones, más que convertirse en una solución habitacional, muchas veces se transformaron en una carga difícil de resolver.
La vivienda es un proyecto de vida y de por vida. Por lo tanto, la factibilidad o las condiciones de construir espacios cada vez más adecuados, sin duda, es algo que nos debe llevar a meditar la materia con más cuidado. En ese sentido, entiendo que el proyecto establece el carácter indefinido de los plazos de construcción de las vías estructurantes, por lo que hay temas que es necesario resguardar. En tal sentido, la señora ministra nos podrá informar de qué manera se protegerá a los propietarios de los terrenos. Muchas veces se trata de pobladores, pero hay personas que compran para especular con el suelo urbano. También hay casos en que la modificación de un plano regulador de una población o de una seccional proyecta la construcción de un camino que atravesaría el dormitorio de una familia modesta.
Por tanto, me gustaría que la señora ministra nos explique cómo se va a salvaguardar a las familias dueñas de terrenos y que se refiera a las indemnizaciones que se deberá pagar a los propietarios.
Estamos frente a una materia sobre la que necesitamos avanzar profundamente. Queremos pueblos y ciudades más amigables, con mayor contenido social, donde los espacios públicos sean verdaderos entornos de inclusión social de las familias. La idea es recuperar los espacios públicos para la gente y no para la delincuencia.
Anuncio que votaré favorablemente la iniciativa.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Ha terminado el tiempo destinado a la discusión del proyecto.
El señor SILBER.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor SILBER.-
Señor Presidente , solo para señalar que haré reserva de constitucionalidad respecto del proyecto en debate.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Muy bien, señor diputado.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , para conocimiento de la señora ministra , las ciudades del distrito que represento están con problemas de construcción. Se trata de comunidades indígenas que no fueron incluidas en el proyecto…
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, se ha cumplido el tiempo destinado por los Comités al tratamiento de este proyecto. Si lo tiene a bien, puede insertar su discurso.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente , los Comités acordaron tratar el proyecto en discusión hasta las 12.20 horas, por lo que todavía restan tres minutos para realizar intervenciones. Como el que habla es el siguiente diputado inscrito para usar de la palabra, solicito que la Mesa tenga a bien otorgarme ese tiempo restante.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor León.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, quiero enfocar el proyecto desde otro punto de vista.
Cuando analicé el proyecto en la Comisión, reflexioné sobre dos materias: primero, que es necesario e importante que, como país, seamos capaces de proyectar la ciudad, de hacerla más amigable. Si cada uno de los diputados hacemos un análisis sobre el particular, nos encontraremos con que en todos nuestros distritos la situación apunta en la dirección inversa: la cantidad de vehículos aumenta y las ciudades no presentan mejoras desde el punto de vista vial.
Segundo, la ministra hizo una presentación muy completa. En ella señaló lo que sucedió con las vías caducadas. Por extraña circunstancia, en cerca del 80 por ciento de los sitios donde se levantaban propiedades hoy existen construcciones. O sea, los grandes beneficiados con las caducidades son las constructoras, porque lo que les interesa es exclusivamente ganar plata, no el desarrollo de la ciudad. Desde que empezaron a operar las sociedades en casi todo el país se han levantado construcciones que atentan contra la ciudad y favorecen las constructoras. Me alegro de que nuestro gobierno, que preside la señora Michelle Bachelet , haya enviado una indicación sustitutiva que pone el interés general sobre el particular.
Por lo tanto, con mucho gusto voy a votar favorablemente las modificaciones del Senado, porque el proyecto necesita convertirse pronto en ley de la república.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate.
Los diputados inscritos que no alcanzaron a hacer uso de la palabra pueden insertar sus discursos en el boletín de sesiones.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 15 abstenciones.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Despachado el proyecto.
APORTE DE CAPITAL EXTRAORDINARIO PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER ENDEUDAMIENTO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9530-08) [Continuación]
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un aporte de capital extraordinario para la Corporación Nacional del Cobre y la autoriza para contraer endeudamiento.
Hago presente a la Sala que los respectivos informes de las comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda, fueron rendidos en la sesión de ayer.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 73ª de la presente legislatura, en 30 de septiembre de 2014.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , disponer de la entrega por parte del gobierno de un capital extraordinario para la Corporación Nacional del Cobre y autorizar a esta empresa a contraer endeudamiento, puede considerarse una medida muy lógica en estos tiempos, sobre todo considerando la situación que está viviendo la empresa.
Más que referirme a los aspectos técnicos del proyecto, ya que sus justificaciones están bastante bien fundamentadas, deseo hacer hincapié en las causales que han llevado a tomar una medida de este tipo para reforzar y asegurar una buena gestión en esta estratégica empresa, tan importante para el desarrollo económico de nuestro país.
Algunos plantean que estamos terminando un ciclo muy exitoso en lo que se refiere al precio del cobre. Durante varios años el metal se ha estabilizado por encima de los tres dólares, lo que ha significado importantes ganancias para la minería; pero estas ganancias han sido capitalizadas fundamentalmente por empresas que funcionan con capitales privados.
Año a año, Codelco ha ido disminuyendo su aporte al Estado, y todos los estudios indican que posee los mayores costos de producción entre las empresas del Estado. Esto nos debe hacer reflexionar, pues significa que es necesario aportar recursos frescos para su desarrollo y expansión, los que serán gravitantes solo en la medida en que esa empresa comience a adecuar su estructura de gastos fijos para bajar sus costos de producción. De no hacerlo, al año, o cada cierto tiempo, el Estado tendrá que inyectar nuevos recursos a una empresa que debe proporcionar recursos al propio Estado, lo cual, a todas luces, es un contrasentido; aun más, un gran problema para las finanzas del país.
No me opongo a aprobar la iniciativa en este primer trámite constitucional, pero insisto en que esta práctica no puede, desde ningún punto de vista, transformarse en una habitualidad. Ese no es el sentido que debe tener el mantener a nivel de Estado una empresa como Codelco.
No soy partidario, desde ningún punto de vista, de privatizarla, pero tengo derecho a exigir que dicha empresa busque la manera de bajar sus costos de producción, los que, reitero, están muy por sobre los de las empresas privadas que explotan el metal rojo en Chile y en el mundo.
Por otra parte, me preocupa su endeudamiento. Las autoridades de dicha empresa deben ser altamente cuidadosas en este tema. Espero que el directorio de Codelco tenga la sapiencia para lograr los mejores acuerdos y decisiones en cuanto a endeudamiento.
En algunas declaraciones y actuaciones de integrantes del directorio, he visto con preocupación que no están muy de acuerdo entre ellos y, lo que es más grave, creo que algunos manejan con bastante poco conocimiento sus cargos. Al respecto, creo que se toman acuerdos que inciden fuertemente en las finanzas de la nación. Recordemos las ventas a futuro determinadas con la participación del hoy ministro de Educación , lo que ha significado disminuir fuertemente las utilidades de Codelco, con un daño irreparable por el que nadie responde.
Instituciones de estas características deben ser dirigidas por directorios integrados por verdaderos expertos. Esos cargos no deben ser para pagar favores políticos ni servicios prestados. Es mucho lo que se arriesga. En este caso, es mejor que entreguen galvanos, pero no arriesguen el patrimonio de la nación.
Me tocó participar en la comisión destinada a encontrar los motivos de los altos costos de producción de Codelco. De eso ya ha pasado algo así como diez años. En aquel momento, el costo promedio en general en Chile era de 80 centavos de dólar, y los costos promedio de Codelco alcanzaban 1,40 dólares. O sea, había una distancia enorme. En aquella ocasión algunos directivos dijeron que gran parte del costo se explicaba por mantener a los trabajadores. Les pregunté cuánto era el costo por mantener los excedentes sin afectar a los trabajadores. Me dijeron que alrededor de 300 millones de dólares. Pero la diferencia era grande entre los costos promedio de Chile y los costos de Codelco. Llevada a cifras, alcanzaba alrededor de 2.000 millones de dólares.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
El señor HERNÁNDEZ.-
Si el costo por mantener los excedentes sin afectar a los trabajadores equivalía a 300 millones de dólares y la diferencia de costos totales entre Codelco y las demás empresas alcanzaba a 2.000 millones de dólares, ¿cómo se explicaba el diferencial de 1.700 millones de dólares? Nunca hubo una respuesta.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente , quiero manifestar mi apoyo al proyecto de ley que establece un aporte de capital extraordinario para Codelco, aprobado en general y en particular por la Comisión de Minería y Energía, que integro.
También creo necesario recordar a don Radomiro Tomic , quien desempeñó una gran labor parlamentaria, caracterizada por su defensa del cobre para los chilenos y chilenas. Además, fue autor de la denominada ley de la chilenización del cobre y de la que crea la Corporación Nacional del Cobre, Codelco.
Me parece muy importante señalar que sin Tomic no estaríamos hablando hoy de capitalizar Codelco, que sigue siendo, en palabras del gran Radomiro, “la viga maestra de la economía”.
Esperamos que parte de los recursos que generará la capitalización de Codelco se ocupe para viabilizar proyectos como Rajo Inca, en la Región de Atacama, dada la situación de vulnerabilidad del proyecto Salvador. En efecto, desde Atacama , durante los últimos años hemos visto la amenaza del cierre de la División Salvador, con el consiguiente impacto en la generación de puestos de trabajo en nuestra zona.
La bancada de la Democracia Cristiana considera imprescindible que, en el marco de esta discusión, seamos capaces de terminar con la tercerización de las empresas del Estado. Por lo demás, así lo han planteado responsablemente los trabajadores.
Por otra parte, es sumamente grave lo que hemos visto en la Comisión investigadora sobre el robo de concentrado de cobre en la División Salvador y las irregularidades en perjuicio de la Empresa Nacional de Minería. Por lo tanto, consideramos que, junto con la capitalización, es vital que el Gobierno tome una postura respecto de la tercerización en las empresas del Estado. En la práctica, esto ha llevado no solo a la precarización de las condiciones laborales, sino a la generación de una importante fuga de recursos pertenecientes a todos los chilenos y chilenas.
Finalmente, quiero rendir un homenaje a los trabajadores y trabajadoras de Codelco, a nuestros dirigentes sindicales que nos acompañan en esta jornada y a los que están pendientes de esta deliberación desde las distintas divisiones de la empresa. Ellos han liderado una defensa permanente para que Codelco siga siendo una empresa de todos los chilenos. Esta ha sido una apuesta estratégica, sobre todo pensando en el presente y en el futuro del país. Por ello, en el corto plazo esperamos aprobar modificaciones importantes en beneficio de la empresa estatal en la línea de lo planteado por sus trabajadores.
De esta manera, señor Presidente , anuncio no solo mi voto favorable, sino también mi firme convicción de que Codelco siga siendo una empresa de todos los chilenos.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada señorita Daniella Cicardini.
La señorita CICARDINI (doña Daniella).-
Señor Presidente , este es un proyecto largamente anhelado y esperado por todos los chilenos, específicamente por los de las regiones mineras, a una de las cuales represento como parlamentaria. Me refiero a la Región de Atacama, donde se ubica la División Salvador.
Agradezco al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que haya considerado a Rajo Inca dentro de los siete proyectos estructurales. En ese sentido, esta inyección de recursos frescos traerá beneficios a todos los chilenos y chilenas, pues las utilidades de Codelco benefician a todo el país. Además, estos recursos frescos darán continuidad, revitalización, sustentación, modernización y competitividad a Codelco, la principal empresa de nuestro país.
Este es un largo camino que recién estamos empezando. Me interesa generar debate respecto de los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento permanente de Codelco. A eso tenemos que llegar, señora ministra y señores ministros, por intermedio del señor Presidente , porque la mayor empresa del Estado, que ha entregado más de 112.000 millones de dólares a Chile en cuarenta y tres años, lo que ha significado un gran aporte a su progreso y desarrollo, no merece seguir limitada y dependiente de decisiones y de planes de gobiernos de turno, muchos de los cuales actúan con una mirada pequeña y de muy corto plazo. De eso depende no solo el futuro de la propia empresa y de su gente, que ha aportado mucho al país, sino también el sustento, la dignidad y el derecho al trabajo de miles de familias y trabajadores mineros a lo largo de nuestro país.
Señor Presidente , como representante de la Región de Atacama y de mi gente de El Salvador, de El Salado y de la comuna de Diego de Almagro en general, apoyaré fielmente esta iniciativa, la que, sin duda, traerá beneficios a todos los chilenos y chilenas, y mejorará el liderazgo mundial que tenemos que dar a la mayor empresa estatal de nuestro país.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando.
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente , por su intermedio, saludo nuevamente a la señora ministra y correligionaria.
Hace unos días encontré un artículo en el Diario Financiero, que señalaba que el presidente del directorio de Codelco , don Óscar Landerretche , calificaba esta capitalización como “un respaldo inédito a nivel mundial para una empresa estatal, al que vamos a responder haciendo proyectos que sean rentables para el país.”.
También leí las declaraciones del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre , don Raimundo Espinoza , quien indicó que “para los trabajadores del cobre este es un hecho importante, comparable con la nacionalización del cobre.”.
He citado a estas dos personas porque coincido con ambas. En apenas seis meses de gobierno, la administración de la Presidenta Bachelet nuevamente nos está haciendo vivir en el Parlamento momentos históricos. Ya aprobamos la reforma al binominal, que hoy está en el Senado, y la reforma tributaria, que ya está promulgada y publicada. Estoy segura de que hoy aprobaremos la mayor capitalización en la historia de Codelco, un aporte estatal de 4.000 millones de dólares, que equivale al 17 por ciento del monto total del plan de inversión para los próximos cinco años, estimado en aproximadamente 23.000 millones de dólares.
Tal vez la ciudadanía común no logra percibir lo que significa esta iniciativa para el país. Es un proyecto relacionado con la estrategia anticíclica que está aplicando el Gobierno, cual es realizar una gran inversión pública para contrarrestar el proceso de desaceleración que comenzó en el gobierno del Presidente Piñera, lo que varios han querido desconocer.
Sin duda, la capitalización de Codelco traerá beneficios importantes para el país, ya que permitirá que la minera de todos los chilenos disminuya un poco la brecha que existe entre las herramientas que posee y las de las mineras privadas, y mejore su productividad y eficiencia.
Pero no solo se beneficiará al país por esta vía, sino también a las zonas donde están instaladas las labores de Codelco. Es el caso de la Región de Antofagasta, en la que, de seguro, habrá mayores oportunidades para todas las empresas de servicios que laboran en torno a la gran minería, lo que permitirá tener más plazas de trabajo, que no solo favorecerán a los habitantes de mi región, sino también a miles de familias de otras regiones, pero que tienen sus fuentes de trabajo en la Región de Antofagasta.
Esta capitalización histórica conllevará grandes desafíos para el país, los que, estoy segura, nos traerán grandes recompensas a las arcas fiscales.
A tono con las demandas de la ciudadanía, espero, como diputada de una tierra extremadamente generosa, que la inversión pública para ciudades como Antofagasta, Calama , Taltal , Tocopilla , Mejillones , Sierra Gorda y, en general, las nueve comunas de la región, sea acorde con la riqueza que de ellas se extrae, de modo que puedan desarrollarse proyectos significativos para sus comunidades y, de esa forma, coronar el hecho de que en un día como hoy las autoridades del país apoyaron entregar más recursos para Codelco. En suma, espero que esta inversión pública permita a los habitantes de zonas mineras disfrutar de mejores calles, parques, plazas, sistemas de transporte público dignos, es decir, de una mejor calidad de vida, pues ya tienen que pagar un alto costo por vivir allí.
Señor Presidente , como nortina, votaré con mucho gusto a favor esta capitalización para Codelco.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb.
El señor RATHGEB .-
Señor Presidente , este plan de inversión desde 2014 a 2018 permitirá a Codelco, entre otras cosas, mayor competitividad, mantener su liderazgo y evitar el riesgo de tener que cerrar diversas faenas.
A petición de la colega diputada de Renovación Nacional, la señorita Paulina Núñez , apoyaremos la iniciativa porque beneficiará a Codelco. Por lo demás, es función de todos los chilenos levantar y reposicionar a esta empresa minera.
También es función nuestra procurar que los recursos que recibirá Codelco se inviertan bien, porque son de todos los chilenos. Por eso, tengan claro que vamos a fiscalizar que se inviertan de buena manera, tal como en su momento lo señalaron en la comisión los diputados de la Alianza. Creemos que es importante invertir, pero debemos procurar que los recursos que se generen en virtud de esta iniciativa sean bien invertidos, de modo que redunden en beneficios para todos los chilenos. Por ello -reitero-, como Cámara de Diputados, como bancada de Renovación Nacional, y en lo personal yo, como parlamentario, estaremos fiscalizando para que se haga bien la pega.
Por último, anuncio el voto favorable de mi bancada a esta iniciativa, porque la consideramos útil para Codelco.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo la presencia en la Sala de la ministra de Minería, del subsecretario de Hacienda y del vicepresidente ejecutivo de Cochilco.
Quiero manifestar que el proyecto que debatimos es muy importante.
Algunos se preguntarán por qué interviene en este debate un diputado de La Araucanía , en circunstancias de que en esa región no hay presencia de Codelco ni de la minería del cobre. A ellos les señalo que Codelco nos pertenece a todos. Además, para nosotros el proyecto en discusión es muy importante, porque la Corporación del Cobre se creó bajo el gobierno de la “Revolución en libertad” del Presidente Eduardo Frei Montalva , proceso impulsado también por Radomiro Tomic , quien, como bien manifestó la diputada Yasna Provoste , decía que el cobre era “la viga maestra” del desarrollo.
Pero Radomiro Tomic decía otra cosa muy importante: “Quien controla el cobre, controla a Chile.”.
Por eso a ciertas personas probablemente no les interesa que se desarrolle, se expanda y se potencie a Codelco. Sin embargo, a nosotros sí nos interesa, porque queremos que a Chile lo controlen los chilenos. Nos interesa que Codelco sea una empresa relevante en el concierto nacional e internacional, que pueda desplegar sus proyectos y que tenga la posibilidad de ejecutar su plan estratégico.
Algunos han cuestionado lo que ocurre en la empresa. Dicen: “El problema es que Codelco tiene muy buenas condiciones para sus trabajadores.”. Pero la aspiración que debemos tener como país es precisamente nivelar hacia arriba y no hacia abajo. Ojalá que la mayor cantidad de trabajadores de nuestro país tenga mejores condiciones laborales. Eso no debería ser motivo de incomodidad para ciertas personas; el hecho de que nuestros trabajadores puedan gozar de buenas condiciones laborales y que estas sigan perfeccionándose, debiera ser más bien motivo de orgullo.
Espero que también abordemos lo que ocurre con un sistema laboral bastante precario vigente en Chile, cual es el de la subcontratación. Debemos mejorar las condiciones de quienes trabajan bajo ese régimen.
Estamos convencidos de que potenciar a Codelco y autorizar la capitalización y el endeudamiento que se propone para que pueda desarrollar sus proyectos no es sino pensar en el futuro de nuestro país, no es sino garantizar que el Estado tenga los recursos suficientes en el futuro para financiar sus políticas, programas y proyectos.
También debemos pensar en cómo ampliar a Codelco no solo desde el punto de vista de su labor extractiva, sino también respecto de otro desafío que planteó Radomiro Tomic : efectuar la total refinación del cobre en Chile y la elaboración de un porcentaje razonable del cobre que exportamos.
Todavía tenemos pendiente esa parte de la agenda: no seguir siendo meros exportadores de materias primas, de cátodos de cobre, sino darle además mayor valor agregado al metal. También es importante que Chile pueda potenciarse en el concierto latinoamericano no solo como exportador de cobre, sino también como exportador de bienes y servicios para la minería; es decir, debemos ser capaces de exportar el know-how que tenemos. Por ello, se requiere seguir potenciando el encadenamiento en función del cobre a través del cluster minero, lo que no tuvo continuidad en el gobierno anterior.
A Codelco se la estaba asfixiando pues no se le daban posibilidades de invertir y de desarrollarse; quizá, ello se hacía para decir después que la empresa tiene costos muy altos y baja productividad. Muchos dicen: “¡Pero, claro, si tiene minas antiguas, de más baja ley!”. Por esa razón es muy importante que Codelco invierta en proyectos que le permitan desarrollarse, de modo que también pueda potenciar su propia competitividad.
Por las razones expuestas, me alegro de esta decisión del gobierno de la Presidenta Bachelet , tomada pensando no solo en su mandato, sino también en que el cobre siga siendo “la viga” del desarrollo de Chile en el futuro.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Maya Fernández.
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya) .-
Señor Presidente , hace 43 años Chile tomó una decisión trascendental para su desarrollo: la nacionalización de nuestro principal recurso natural, el cobre.
La nacionalización implicó que la explotación de los principales yacimientos de cobre quedara en manos de Codelco, que todos estos años ha aportado de manera significativa al crecimiento económico y al ingreso de recursos para la generación de políticas públicas.
Esa decisión política fue tan importante que en el Senado se está discutiendo una iniciativa para declarar el 11 de julio, día en que se aprobó dicha nacionalización, como Día de la Dignidad Nacional, tal como lo llamó en su tiempo el Presidente Allende .
En la actualidad, el país ha disminuido su capacidad productiva, los procesos de extracción se han encarecido y la Corporación Nacional del Cobre ha reducido su competitividad en el mercado internacional. La minería privada concentra una gran porción de yacimientos con mayor porcentaje de cobre que los que posee el Estado. La dignidad nacional se pone en entredicho, por lo que se requiere una renovación del compromiso de la sociedad chilena con sus recursos naturales.
Tal como lo dijo el presidente ejecutivo de Codelco en la discusión de este proyecto, la explotación del cobre por parte de la minera estatal y de la gran minera privada representa el 21 por ciento de los ingresos totales del fisco. Por tanto, se trata de un elemento indispensable para nuestra economía.
Es por ello que la Presidenta de la República ha impulsado una capitalización histórica que no solo fortalecerá la cuprífera y la ayudará a aumentar sus niveles de productividad, sino que también aportará al crecimiento económico.
Esta iniciativa debe dar paso a una discusión más profunda y de largo aliento, a una reflexión sobre nuestros recursos naturales y la forma en que los explotamos. Determinar quién se hará cargo de dicha explotación es un debate vital para la definición de nuestro modelo de desarrollo. Debemos preguntarnos si corresponde dejar en manos de privados algo que repercutirá en las futuras generaciones, o si podemos continuar delegando en la gran minería privada de origen extranjero lo que pertenece a todos los chilenos y chilenas.
Este debate no se refiere exclusivamente al cobre. Chile posee una de las mayores reservas de litio en el mundo, por lo que el desafío radica en cómo nuestro país realizará esta explotación con una mirada estratégica que lleve a la generación de una industria pujante que, al mismo tiempo, sea respetuosa del medio ambiente en el que viven las comunidades.
En tal sentido, el fortalecimiento de las empresas públicas, que administran los recursos de todos los chilenos, apunta en la dirección correcta, ya que estas aportan algo distinto al desarrollo nacional y entregan una visión colectiva de largo plazo a un proceso que requiere cierta sostenibilidad. En el caso del cobre, este forma parte de nuestra identidad nacional, y sobre la base de dicha condición se requiere para su explotación un Estado que actúe de manera decidida y le otorgue un estatus prioritario.
El rol que el Estado pueda jugar al planificar e idear un proceso productivo sustentable, puede cambiarle la cara a Chile, lo que permitirá heredar un mejor país a nuestros hijos e hijas. Debemos tener en cuenta este criterio cuando enfrentemos el debate sobre la redacción de una nueva Constitución. La decisión respecto de nuestras riquezas naturales y el rol que le corresponde al Estado sobre ellas debe ser parte esencial de esa discusión.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , más que comentar diversos aspectos del proyecto, quiero referirme al futuro de lo que aún es de todos los chilenos: el cobre.
Los trabajadores de Codelco han sostenido, en forma muy responsable, que es necesario establecer un mecanismo permanente de capitalización que permita a la empresa planificar su desarrollo de largo plazo. Con ese objeto, plantean que debería reservarse como piso el 33 por ciento de las utilidades anuales de la cuprífera para incrementar su patrimonio. Eso es válido y hay que apoyarlo. Estamos en democracia para decir las cosas por su nombre en este hemiciclo.
Asimismo, deseo referirme a un asunto sobre el cual debería decir: “¡Cuidado, cuidado!”. Al respecto, me interpreta la posición del diputado Chahin , quien me precedió en el uso de la palabra.
“¡Cuidado, cuidado!”, dije cuando escuché a ciertos personeros de Derecha y técnicos liberales sostener la necesidad de abrir Codelco a la inversión de los privados. Mi aprensión se debe a que hay que distinguir entre los inversionistas particulares y los institucionales, toda vez que podría producirse un invento complicado, como es el de las AFP, de no buen recuerdo hasta hoy por quienes hemos querido obtener una jubilación digna. En efecto, las compañías de seguro y las administradoras de fondos de terceros están interesadas en que Codelco pase a ser una sociedad anónima.
Sobre la base de esa hipótesis, habría que reformular la ley que rige a Codelco, ya sea para dar el tratamiento adecuado a sus inversiones o para transformar su estructura corporativa en sociedad anónima. Sin embargo, al tratar ese punto no hay que olvidar que el gobierno anterior quiso terminar con las cooperativas.
Por tanto, la discusión de este proyecto requiere despejar aspectos ideológicos hasta ahora insuperables, que vienen de gobiernos anteriores, por lo que es válido dejar constancia, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, de preocupaciones como las planteadas por el diputado Fuad Chahin.
Cualquiera que sea el mecanismo permanente de capitalización por el que se opte, se requiere modificar la ley respectiva para eliminar el financiamiento de las Fuerzas Armadas a partir de los ingresos de Codelco. En todo caso, de acuerdo con las declaraciones que el ministro de Hacienda formuló hace algunos días, un proyecto de ley en tal sentido será enviado a tramitación legislativa durante el primer semestre de 2015, iniciativa que espero que contribuya a dar más tranquilidad en el país, porque prácticamente vivimos del cobre.
No cabe duda de que existe la necesidad evidente de avanzar hacia el establecimiento de mecanismos como el propuesto en esta iniciativa, puesto que se requiere que la empresa cuprífera nacional cuente con capitalización más permanente y no dependa de criterios político-coyunturales que enturbien la discusión. Lo señalo porque recuerdo lo que algunos plantearon hacer con Codelco en las discusiones llevadas a cabo con ocasión de la tramitación de otros proyectos.
Se debe evitar pensar que con lo que propone la iniciativa en debate Codelco estaría compitiendo con otras necesidades o requerimientos de gastos del Estado, ya que, atendida la importancia que la empresa tiene para el país, se requiere autorizar para ella un aporte de capital extraordinario.
En consecuencia, sin perjuicio del llamado de atención que he hecho acerca del cuidado que debemos tener respecto de este proyecto de ley y de las iniciativas relacionadas con Codelco que se sometan a nuestra consideración a futuro, hay que aplicar la lógica que corresponde al país sano y democrático en el que vivimos.
Por último, me alegra mucho que se encuentren presentes en las tribunas, para presenciar este debate, funcionarios muy importantes de la empresa y representantes de los trabajadores, que son sus cuidadores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.-
Señor Presidente , sin duda, la Sala debe tratar esta iniciativa con altura de miras y con el sentido de Estado que demanda una materia relacionada con la única empresa de carácter verdaderamente mundial del país: Codelco.
Si uno observa las cifras desde 1970 en adelante, a partir de la nacionalización del cobre, queda demostrada la magnitud del aporte de esa empresa pública al erario, de modo que la producción de metal rojo ha llegado a constituirse, como muchos lo han señalado, en el sueldo de Chile.
El proyecto en debate fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión de Minería y Energía, de la cual soy integrante, puesto que su contenido dice relación con los aproximadamente 23.500 millones de dólares de inversiones contemplados en el presupuesto plurianual de inversiones de Codelco, lo cual también tiene un sentido estratégico para la empresa, ya que, para decirlo en términos gráficos, permite asegurar su subsistencia y su proyección para los próximos cincuenta años.
Si no se aprueba esta iniciativa, relacionada con el financiamiento que requiere Codelco para completar su plan de inversiones, la que permitirá que el Estado apalanque recursos por cerca de 4.000 millones de dólares, se estima que el valor de la empresa y el potencial de sus recursos bajarán en forma ostensible, entre 30 y 40 por ciento, de no mediar un aporte de capital extraordinario.
Como es sabido, las grandes empresas con las que compite Codelco han reinvertido cerca del 50 por ciento de sus utilidades; sin embargo, el Estado solo reinvierte aproximadamente el 8 por ciento en una empresa que tanto ha dado al país, lo cual, como es obvio, constituye un porcentaje mínimo en comparación con su nivel de operaciones y de proyectos estratégicos.
Ayer, la Presidenta de la República anunció el presupuesto de la nación para 2015. En ese escenario, la capitalización de Codelco se enmarca dentro de un período contracíclico de inversión de utilidades; lo mismo se hará respecto del BancoEstado. La idea es inyectar cuantiosos recursos a la economía para movilizarlos de manera interna en actores fundamentales, como BancoEstado, para el otorgamiento de créditos, o como Codelco, que, mediante su plan de inversiones, movilizará a un montón de agentes económicos privados relacionados con el cluster minero, con quienes se generan sinergias en torno a proyectos como los que llevará adelante la cuprífera estatal en los próximos años.
Sin perjuicio de la capitalización propuesta en el proyecto en discusión, la que asciende a 4.000 millones de dólares, Codelco asumirá una deuda de carácter particular. Esto es muy importante para que esta empresa estatal mantenga la categoría de investment grade -esto tiene que ver con las condiciones económicas y de rentabilidad sobre la base de las cuales los grandes inversores de nivel mundial toman la decisión de invertir en una empresa como Codelco-, y para que logre un apalancamiento con un crédito privado a tasas ostensiblemente más bajas, lo que no podría conseguirse de no mediar esta decisión de Estado, que hoy la Cámara está tomando, de capitalizar a Codelco.
En efecto, existen seis megaproyectos vitales para la subsistencia de la compañía, lo que también afectará a las arcas fiscales, por lo que es muy importante la decisión que hoy adoptemos.
En ese orden de ideas, hago un llamado a los colegas a que, más que apelar al sentido partidario, entiendan que detrás de la decisión que adoptaremos está el sueldo de la nación y el sentido nacional.
El presidente del directorio de Codelco , señor Óscar Landerretche , explicó, en términos prácticos y muy gráficos, qué significará a futuro la capitalización que se propone. Señaló que, de mediar su aprobación, la rentabilidad promedio para cada familia chilena sería equivalente a incrementar sus recursos de 7 millones de pesos a diez millones de pesos.
En consecuencia, vale la pena tomar una decisión positiva respecto del proyecto en debate, para el cual anuncio el apoyo irrestricto de quien habla y de la bancada de la Democracia Cristiana, cuyos integrantes lo votaremos a favor.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente , quiero partir explicando a las alumnas y los alumnos del séptimo año básico del colegio municipal San Luis , de Maipú, que se encuentran en las tribunas, la importancia que tiene la discusión de este proyecto. A mi juicio, tiene una relevancia histórica, solo comparable con la que vivieron nuestros predecesores el 11 de julio de 1971, durante el denominado por la historia como “Día de la Dignidad Nacional”, esto es, el momento en que concurrió todo el Congreso Nacional a votar y aprobar, por unanimidad, la reforma constitucional que establecía la nacionalización del cobre.
Lo primero que quiero destacar es la similitud del clima político que tiene esta discusión y la de 1971. Atrás quedaron la veleidades de algunos con la privatización de Codelco, con el ingreso de capitales privados, etcétera. Aquí se está celebrando la decisión política de la Presidenta Bachelet de cumplir su compromiso respecto de Codelco, así como también lo está cumpliendo respecto de Enap; compromiso establecido con el país y también con los trabajadores de Codelco, representados por el presidente del sindicato, en orden a revertir el deterioro progresivo del protagonismo y de la centralidad de Codelco en la industria minera chilena, pero también en la industria minera del mundo, porque cuando una empresa no invierte en su desarrollo, no mantiene su posición, sino que la deteriora.
Esto es particularmente relevante en el caso del cobre, toda vez que las inversiones de hoy repercutirán en la posición que Codelco tendrá en diez, veinte o treinta años más. Es decir, hoy estamos salvaguardando la mantención del protagonismo de la principal empresa chilena para 2030. Estamos apostando al futuro de Chile con el cobre en manos del Estado, es decir, de todos los chilenos.
En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre el hecho -poco se ha dicho al respecto- de que en lugar de hacer competir las necesidades de Codelco, que tienen que ver con el futuro, con los requerimientos de hospitales, escuelas, especialistas, infraestructura, etcétera, lo que hace el Estado es decir: “Vamos a endeudarnos para invertir en Codelco.”. Quiero resaltar que esa decisión solo es posible por la fortaleza de la macroeconomía y de las instituciones de Chile, lo que hace que hoy a nuestro país le resulte infinitamente más barato endeudarse que a cualquier país del concierto latinoamericano.
Más allá de las monsergas de algunos sobre las crisis, las ralentizaciones de la economía o los efectos de la reforma tributaria, Chile tiene una fortaleza económica y política que es notoria a la hora de solicitar recursos para invertir en nuestro desarrollo.
A mi juicio, esas dos razones harán que aprobemos este proyecto, ojalá, por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala, porque estamos hablando del cobre, que es la columna vertebral del desarrollo económico y político chileno, expresada en la principal empresa nacional, que es Codelco, y sus trabajadores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente , quiero saludar a la ministra de Minería , al subsecretario de Hacienda y al vicepresidente ejecutivo de Cochilco .
Cuando aprobamos este proyecto en la Comisión de Hacienda, lo hicimos convencidos de que es fundamental para permitir el desarrollo de proyectos de inversión de Codelco. Creemos en Codelco y en las empresas públicas, como bien lo señalaron la diputada Yasna Provoste , el diputado Fuad Chahin y todos los diputados de nuestro partido que han intervenido.
Primero, la posibilidad de autorizar un aporte de capital extraordinario a Codelco por hasta 3.000 millones de dólares y permitir su endeudamiento por un monto equivalente, nos parece que va en la dirección correcta.
Se discutió mucho en el seno de la comisión si los plazos que se darán a Codelco para enterar este aporte extraordinario de capital, que debe ser, por cierto, autorizado en la junta extraordinaria de accionistas respectiva, era demasiado holgado y discrecional, y si más bien debían parcializarse los aportes en plazos periódicos preestablecidos.
Como se autorizará un aporte extraordinario de capital por hasta 3.000 millones de dólares, que, entiendo, podrá concretarse hasta febrero de 2018, algunos diputados preguntaron qué pasaría si, en vez de 3.000 millones de dólares, se aportan solo 100.000 dólares al final del período de cuatro años. Creo que ese temor, de alguna manera, está disipado por la obligación que tiene Codelco de presentar el Plan de Negocios y Desarrollo al directorio y a la junta de accionistas. Por cierto, la Cámara, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, también puede pedir información en cualquier momento.
Es bueno que autoricemos un marco en virtud del cual Codelco, como empresa autónoma de propiedad del Estado, pueda determinar la periodicidad mediante la cual se va a perfeccionar el aumento de capital.
Durante la discusión del proyecto, asistieron a la Comisión los representantes del sindicato de trabajadores de Codelco. En la bancada de la Democracia Cristiana recibimos a Raimundo Espinoza y hemos conversado con los dirigentes sindicales. A la Comisión también asistieron el subsecretario de Hacienda , don Alejandro Micco , y la directora de Codelco señora Laura Albornoz . Como Democracia Cristiana tenemos la convicción de que hay que fortalecer a Codelco e invertir.
Desde 1971, después del proceso de chilenización del cobre llevado a cabo en el Gobierno del Presidente Frei Montalva, y del de nacionalización del cobre, durante el gobierno del Presidente Allende, Codelco ha aportado al erario nacional, al Estado de Chile, alrededor de 130.000 millones de dólares, o sea, el equivalente a dos veces el presupuesto anual del sector público en un año determinado. Ello refleja claramente la importancia de Codelco y el compromiso de la Presidenta Bachelet por fortalecer el cobre y esta empresa estatal que le ha dado tanto al país.
Espero que el proceso de capitalización y las inversiones que se van a desarrollar permitan avanzar en otorgar valor agregado al cobre. En Chile hemos desperdiciado todos estos años la oportunidad de dar mayor valor agregado al cobre y elaborar productos derivados de ese metal. Espero que este error no lo repitamos respecto de la explotación del litio.
Termino mi intervención diciendo que vamos a apoyar con mucha convicción este proyecto, tal como lo hicimos en la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , en verdad, es increíble, pero cualquier negocio de plaza siempre deja algunos recursos económicos para reabastecerse o para modernizarse. Sin embargo, también es increíble que a esta empresa del Estado -en este punto, agradezco al diputado señor Marcos Espinosa , por cuanto uno tiene que conversar con quienes más saben sobre la materia-, Codelco , solo se le autorice invertir menos de diez pesos de cada cien que capitaliza, en circunstancias de que cualquier otro negocio, sea pequeño, mediano o grande, como dije, opera de manera distinta. Por ello, me parece absolutamente atinado el aporte de capitales extraordinarios que la iniciativa establece para esta empresa; es una medida estratégica.
Pero, ¿a qué aspiramos? Cada vez que hablo del cobre chileno, me acuerdo de Salvador Allende -perdónenme-, por cuanto se trata de un recurso que debería pertenecer efectivamente a todos los chilenos. Sin embargo, sabemos que en estos momentos es de los canadienses, de los australianos, de los norteamericanos, de los europeos. ¿Cuánto avanza Codelco? ¿Cuál es su estrategia de crecimiento para engrandecerse, para consolidarse? Al parecer, da lo mismo. Espero que con el aporte extraordinario de capitales que recibirá, desarrolle un sueño y una mirada de mayor alcance.
Existe un proyecto de resolución, presentado hace un mes por el diputado Marcos Espinosa , mediante el cual se solicita la rebaja de impuestos al cobre procesado. Ante esta circunstancia, pregunto: ¿Por qué tenemos que entregar cientos de miles de empleos a quienes se llevan el concentrado de cobre? Nosotros, que decimos ser los “jaguares” y nos creemos los chicos mejores del barrio, vendemos nuestras materias primas y regalamos cientos de miles de empleos a los asiáticos, a los europeos y a los norteamericanos.
¿Acaso no está la voluntad política de todos quienes estamos en esta Sala, sumados los representantes del Ejecutivo, para que redireccionemos este problema?
En una oportunidad en que visité el norte, me dio pena ver que el ferrocarril transportaba el concentrado de cobre hasta un puerto para que fuera embarcado. Por eso, es fundamental cambiar de una vez por todas esta situación, porque no se trata solo del cobre, sino de muchos otros metales que se van junto con el concentrado.
Represento al distrito 33 -al igual que el diputado Rincón-, que comprende, entre otras, a la comuna de Machalí, donde se encuentra la División El Teniente de Codelco, que posee la mina subterránea de cobre más grande del mundo y la que más recursos aporta al fisco.
Concuerdo con lo manifestado por la diputada Yasna Provoste , en el sentido de que no es posible que la mayoría de los servicios de Codelco, que es una empresa del Estado, sea manejada por privados. ¿Qué ley impide a Codelco hacer sus propias gestiones, sus propias operaciones, habida consideración de que, de manera permanente, cancela contratos por tareas mal realizadas?
Obviamente, respaldo la reflexión y propuesta de la diputada Yasna Provoste y de la Democracia Cristiana, por cuanto no puede ser que Codelco sea una “nuez hueca”, cuya cáscara sea del Estado, pero el interior sea de los privados. Los sindicatos también han reclamado esta cuestión, pero “¡no se oye, padre!”.
Por eso, espero de esta Corporación un esfuerzo conjunto en orden a que redireccionemos a Codelco, para que sea verdaderamente una empresa del Estado, para que se amplíe, se consolide y compita con las transnacionales, con algunas de las cuales Chile ha tenido amargas experiencias y ha perdido juicios y recursos.
Esta es la oportunidad no solo para inyectarle recursos adicionales, sino también para reiniciar el proceso de recuperación de Codelco para Chile.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la ministra de Minería, señora Aurora Williams.
La señora WILLIAMS, doña Aurora ( ministra de Minería ).-
Señor Presidente , una Codelco estatal eficiente es uno de los tres ejes principales que conforman la estructura en que se basa la fortaleza del sector minero, el más importante sector productivo del país en cuanto a aportes al fisco, inversión extranjera y exportaciones. Los otros ejes son la pequeña y mediana minería, con una institucionalidad como es la Enami, y la gran minería privada.
La beneficiosa diversificación productiva y de mercado de destino de nuestros productos generada en los últimos treinta años en Chile, ha mantenido a la minería como la base productiva principal de nuestro desarrollo estratégico futuro, y dentro del sector, a Codelco. De esta forma, el escenario de una Codelco debilitada y sin inversiones es, por tanto, un atentado en contra del desarrollo de Chile. Como empresa estatal, que explota recursos naturales, patrimonio de todos los chilenos, mantener su fortaleza contribuye esencialmente a sostener la legitimidad del modelo de desarrollo minero existente en nuestro país.
Ratificando esta importancia, en su discurso del 21 de Mayo recién pasado, ante el honorable Congreso Nacional, la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet, señaló textualmente respecto de Codelco: “Se requiere reposicionar su liderazgo, para lo cual hemos comprometido su capitalización”. Por ello, para mantener su liderazgo en la producción mundial de cobre, para que continúe siendo una importante fuente de ingresos fiscales, y para que siga cumpliendo su insustituible rol estratégico, Codelco requiere realizar grandes inversiones, históricamente altas en su monto y complejidad tecnológica y ambiental. Estas inversiones son representadas por los siete proyectos estructurales, los que hemos definido como aquellos que aseguran su continuidad operacional y los altos niveles de producción al 2023.
El Gobierno, consciente de que para realizar estas inversiones no son suficientes las disponibilidades de caja, que generan la depreciación de activos en lo que no se reinvierte ni la retención de utilidades después de impuestos que genera Codelco, analizó, con la asesoría de Cochilco, el nivel de mayor endeudamiento que la empresa puede soportar sin afectar su posición financiera.
Esta tarea es mayor, por cuanto estamos ante escenarios de altos costos unitarios que enfrenta el sector, especialmente por los costos de energía, y ante grandes desafíos que hoy están a la altura de la gran minería en Chile.
Como Gobierno, tenemos la certeza de que estos grandes desafíos deben enfrentarse en un clima de diálogo con los trabajadores, conociendo su esencial aporte en la innovación tecnológica y en su compromiso con la empresa y el país.
Para ello, junto con el Ministerio de Hacienda, solicitamos a la Cámara de Diputados la aprobación de este proyecto de ley, que capitaliza a la empresa en períodos superiores a las leyes anuales de presupuestos, esto es, un plan plurianual de capitalización.
Por su parte, este ministerio ha solicitado a Cochilco fortalecer su importante labor de evaluar, ex ante y durante, con la mayor responsabilidad, la procedencia económica y técnica de cada uno de los proyectos estructurales.
Quiero señalar, tal como lo hemos hecho desde que asumimos el Gobierno, que este nuevo ciclo de Codelco, definido por nuevos desafíos, por una inversión histórica y, además, por un fuerte apoyo de nuestro Gobierno, debe ser enfrentado junto con los trabajadores, que pueden aportar su experiencia, su conocimiento y su innovación. No me refiero a autogestión, como lo he señalado en diversas oportunidades, sino a una participación activa. Además, debemos asumir cada uno de los desafíos unidos como una sola empresa, capaz de seguir siendo competitiva en un mundo más globalizado, más requirente y con más derechos.
Finamente, agradezco a las comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda, por el análisis que realizaron de este proyecto y por la colaboración que permanentemente nos han prestado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un aporte de capital extraordinario para la Corporación Nacional del Cobre de Chile y la autoriza para contraer endeudamiento.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
-Aplausos.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaran aprobados en particular los artículos 1° y 2°.
Corresponde votar en particular el artículo 3°, con las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda.
Para precisar de mejor manera el nombre del plan quinquenal de Codelco, llamado Plan de Negocios y Desarrollo del año 2014, la Comisión propone suprimir la expresión “del año”, que aparece en el inciso primero del artículo 3° del proyecto.
Además, un grupo de diputadas y de diputados presentaron una indicación no renovada, para agregar en el inciso final de este artículo, luego de la palabra “Hacienda”, la frase “y de Minería y Energía”.
¿Habría acuerdo para votar el artículo 3° con las modificaciones señaladas?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Despachado el proyecto.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
MODIFICACIÓN DE DECRETOS QUE REGULAN EL USO MEDICINAL DE LA CANNABIS SATIVA
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 123, en virtud del cual se solicita a su excelencia la Presidenta de la República la regulación del uso medicinal de la cannabis sativa.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 123, de los diputados señores Matías Walker, Víctor Torres, Pablo Lorenzini, Iván Flores, Aldo Cornejo, señorita Marcela Sabat y señores Fuad Chahin, Juan Morano, Gabriel Silber y Alberto Robles, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, la modificación de los decretos 404 y 405, del Ministerio de Salud, y del decreto 867, del Ministerio del Interior, a fin de facilitar el acceso a tratamientos y medicamentos derivados de la especie vegetal cannabis sativa.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , en julio, junto con el diputado Víctor Torres , otros diputados de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Robles , que es autor de un proyecto de ley sobre esta materia, y la diputada Marcela Sabat , presentamos este proyecto de resolución.
En concreto, lo que le solicitamos a la Presidenta de la República es la modificación de los decretos 404 y 405, del Ministerio de Salud, y del decreto 867, del Ministerio del Interior, que se individualizan en el documento, con el objeto de permitir derechamente el acceso a los tratamientos y medicamentos derivados de la especie vegetal cannabis sativa.
Independientemente de los proyectos de ley sobre la materia que se están discutiendo en la Comisión de Salud y que la Cámara de Diputados acordó refundir -agradecemos al Presidente de la Comisión , Marco Antonio Núñez, por haberlos acogido-, junto con el diputado Víctor Torres , miembro de la Comisión de Salud, presentamos este proyecto de resolución, porque mediante la modificación de los decretos aludidos y sin perjuicio de que posteriormente se aprueben los proyectos de ley señalados, será posible facilitar el acceso a los tratamientos y medicamentos derivados de la cannabis sativa.
Durante la semana pasada, todos los chilenos tuvieron ocasión de ver el excelente reportaje del programa “Contacto”, de Canal 13, en el cual se mostró que con medicamentos derivados de la cannabis, incluso los niños podrían acceder al tratamiento de la epilepsia y de otras enfermedades, toda vez que con ellos se pueden curar o atenuar los problemas que producen tales patologías.
Ha llegado el momento de discutir esta materia en serio. La modificación de los decretos mencionados posibilitará que el Ministerio de Salud, vía reglamentaria, permita el uso de la cannabis con fines terapéuticos y medicinales.
Otra discusión válida -algunos hemos apoyado proyectos de ley en esa dirección- es la que apunta a despenalizar el uso y el cultivo de la cannabis con fines personales e, incluso, con fines recreacionales. Pero esa es materia de otra discusión que hoy está radicada en el Ministerio de Salud y que pasa por modificar la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Este proyecto de resolución dice relación con un asunto de salud, con la necesidad de contar con un tratamiento amparado por normas legales.
El Instituto de Salud Pública y su director se han pronunciado a favor de avanzar en esta regulación, a fin de permitir el uso de la cannabis y de sus derivados con fines terapéuticos y con fines sanitarios.
Por las razones expuestas, anuncio que vamos a aprobar este proyecto de resolución.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio.
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, hay ciertos aspectos sobre los cuales se va evolucionando y entrando en razón. Uno de ellos es el uso medicinal de la cannabis.
En realidad, nunca tuvo mucho sentido que estuviera considerada como droga dura, como señala la fundamentación de este proyecto de resolución. De hecho, la heroína y otras drogas se usan en la medicina para aminorar el dolor o para mejorar la situación que viven los pacientes.
La cannabis ha demostrado tener buenos efectos terapéuticos. Uno de esos usos se mostró en el programa de televisión que mencionó el diputado Walker , pero hay otros.
Uno de los problemas que tienen los pacientes que usan medicinas derivadas de la cannabis es que tienen que obtener la autorización del Instituto de Salud Pública en cada oportunidad en que la necesiten. Ese procedimiento significa burocracia una y otra vez; incluso, deben esperar varios meses para obtener su medicina.
Por lo tanto, es necesario avanzar en una legislación en esta materia, por lo que este proyecto de resolución contará con mi voto favorable.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Para hablar en contra del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , suscribo las palabras de mis colegas que votarán a favor este proyecto de resolución, pero me veo en la obligación de votar en contra por una razón que considero central.
Siento sinceramente que es necesario avanzar respecto de los efectos medicinales, particularmente los relativos a la cura del dolor, que puede lograr eventualmente esta planta. Estoy completamente disponible para ayudar a que aquellos remedios que deben ser incorporados solo con la autorización del Instituto de Salud Pública, lo puedan hacer con la mayor celeridad posible y al menor costo. Pero no cerremos los ojos. En el último párrafo del número 7 de los antecedentes previos de este proyecto de resolución se dice claramente: “Así como la inclusión de la cannabis sativa en el registro de plantas medicinales y la posibilidad de regular su cultivo de manera personal y colectiva.”.
A mi juicio, eso no es aceptable. Sí es aceptable que la cannabis se use como medicamento. Pero aquí no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que permitir su cultivo personal y colectivo, claramente va a significar que un porcentaje muy pequeño se destine a fines medicinales, y uno muy alto, a fines no medicinales. Por lo tanto, como está planteado en los considerandos me parece un riesgo.
Estoy dispuesto a votar a favor este proyecto de resolución si se elimina la frase a la que di lectura. Si es así, todos estaríamos de acuerdo y podríamos ayudar mucho más.
Reitero, estoy completamente de acuerdo con lo que plantearon mis colegas, pues lo importante es permitir el uso medicinal de esta planta, pero no la otra materia, porque abrimos una puerta que es dañina, y así lo piensa mucha gente.
Por lo tanto, señor Presidente, por su intermedio planteo a los autores del proyecto la posibilidad de quitar esa frase para votarlo a favor. En caso contrario, lamentablemente, me veré en la obligación de votarlo en contra.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Antes de consultar a los autores sobre esta propuesta, tiene la palabra el diputado señor Rivas para hablar en contra del proyecto de resolución.
El señor RIVAS.- Señor Presidente , antes de hablar en contra del proyecto de resolución, le pido que consulte a sus autores si acogerán la petición del diputado Ulloa .
Atendido eso, será el tenor del uso de la palabra que haré.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- ¿Habría acuerdo para acoger la petición del diputado Ulloa?
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- No hay acuerdo.
El señor RIVAS.- Señor Presidente, entonces haré uso de la palabra para hablar en contra.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Asumo que quienes se han manifestado en contra de la petición del diputado Ulloa son los autores del proyecto de resolución. Otra cosa es cómo votará después cada diputado .
El diputado Ulloa ha pedido que se retire una frase que está en el proyecto de resolución, para lo cual se requiere la venia de sus autores.
¿Habría acuerdo de los autores del proyecto para acoger la petición del diputado Ulloa?
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Sí!
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de resolución.
Tiene la palabra el diputado señor Gaspar Rivas.
El señor RIVAS.- Señor Presidente, hago fe de lo que me dijo el diputado Walker -no con las mejores palabras-, en el sentido de que van a quitar esa frase.
Por eso, no hablaré en contra del proyecto de resolución, en el entendido de que solamente es para uso medicinal, como componente de productos farmacéuticos.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , hablaré en contra del nuevo proyecto de resolución, una vez retirada la disposición referida al autocultivo.
Aprobar un proyecto de resolución que establece y promueve el uso terapéutico de la cannabis sativa, sin hacer referencia al autocultivo, significa condenar a los enfermos a comprar su medicina a los narcotraficantes.
He dicho.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Para hacer una precisión reglamentaria, tiene la palabra al diputado Walker, uno de los autores del proyecto de resolución N° 123.
El señor WALKER.- Señor Presidente , quiero hacer una precisión reglamentaria, porque acá, lamentablemente, se están confundiendo conceptos.
El proyecto de resolución habla de autocultivo, pero no con fines de consumo, sino con fines terapéuticos. Eso lo expliqué en mi exposición. Dije que la discusión relativa a la despenalización para el consumo personal, incluyendo el autocultivo, es otra. Por eso estuve dispuesto a acoger la acotación del diputado señor Ulloa , en orden a que, efectivamente, lo que estamos precisando es el autocultivo con fines terapéuticos; por consiguiente, es una redundancia. Por lo demás, la propuesta del diputado Ulloa no dice relación con el contenido resolutivo del proyecto, sino con un considerando.
La idea de la parte dispositiva es permitir -es lo que me interesa aprobar a mí y a todos los autores- la modificación de dos decretos del Ministerio de Salud y uno del Ministerio del Interior, en orden a permitir el uso de la cannabis y sus derivados con fines terapéuticos, que es lo que debemos aprobar o rechazar en esta ocasión.
Por lo tanto, el hecho de que se elimine un considerando, diputado Auth , es absolutamente irrelevante.
He dicho.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- La petición del diputado señor Ulloa ha sido muy directa.
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , como no hay consenso de todos los autores presentes en orden a eliminar la frase, vamos a mantener el proyecto tal como está, porque lo que nos interesa -lamentablemente no se entendió- es la parte resolutiva y no los considerandos.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- En votación el proyecto de resolución N° 123.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 13 abstenciones.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII. INCIDENTES
RECHAZO A INSTALACIÓN DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA PARINACOTA EN ARICA
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Vlado Mirosevic.
El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente , quiero referirme a una situación que tiene muy preocupada a la comunidad ariqueña: el proyecto denominado Termoeléctrica Parinacota, de la empresa británica Rurelec . Si bien en 2009 esa empresa consiguió la resolución de calificación ambiental para instalar una termoeléctrica en el sector de cerro Chuño , lo hacía en ese entonces con el combustible más contaminante: el diésel oil N° 6.
Sin embargo, debido a que desde esa fecha en adelante la ciudadanía de Arica se ha movilizado a través de miles de personas que han salido a las calles para rechazar un proyecto contaminante de esa naturaleza, el proyecto se judicializó y terminó en la Corte de Apelaciones y, posteriormente, en la Corte Suprema.
Debido a ello, la empresa se vio obligada a cambiar la tecnología con la cual pretendía instalar esta termoeléctrica, que, como dije, se basaba en el combustible más contaminante que existe. Al respecto, la empresa señaló que iba a cambiar el diésel N° 6 por uno más ligero, el N° 2, y que, además, iba a reducir la altura de la chimenea y a incorporar otros quemadores. Sin embargo, aún no hemos recibido información alguna sobre el nuevo proyecto que debe someterse al sistema de calificación ambiental. Es más, cuando hemos solicitado la información, se nos dice que se desconoce.
Con todas mis fuerzas, digo en esta Sala que, desde la ciudad de Arica, vamos a rechazar la instalación de esta termoeléctrica, porque va a contaminar no solo la ciudad, sino también los valles de Azapa y de Lluta.
Además, califico de irresponsables las declaraciones del gerente general del proyecto, quien ha dicho que la termoeléctrica se construirá en noviembre próximo, en circunstancias de que no cuenta con los permisos para ello. Por lo tanto, lo que hace es confundir, manipular a la opinión pública y presionar a las autoridades de manera indebida. Tanto el gobierno regional como el alcalde señalaron que no tienen los permisos para iniciar su construcción.
Por lo tanto, los habitantes de Arica nos vamos a movilizar con todas las fuerzas para que esa empresa, que ni siquiera va a aportar a las necesidades energéticas de la región, no instale una de las termoeléctricas más contaminantes de Chile.
No nos sentimos el patio trasero de nadie. Por eso, no vamos a aceptar la construcción de una termoeléctrica como esa, menos en esas circunstancias.
He dicho.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA COMUNAS DE PEDRO AGUIRRE CERDA Y LO ESPEJO ANTE CIRCULACIÓN DE TRENES ENTRE SANTIAGO Y RANCAGUA (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne.
El señor BROWNE.- Señor Presidente , en los últimos días hemos visto la alegría que existe por la llegada de los nuevos trenes que van a circular entre las ciudades de Rancagua y Santiago. Creo que es una buena noticia, una iniciativa que apunta a mejorar el transporte público y la conectividad entre Rancagua , Graneros , Buin, Paine y la capital.
Lamentablemente, el proyecto sigue avanzando sin mirar que en el entorno de esa línea férrea existe una ciudad y comunas bastante vulnerables, a algunas de las cuales represento en esta Cámara. Específicamente, me refiero a Lo Espejo y a Pedro Aguirre Cerda , donde no se está adoptando ninguna medida de mitigación, sino que simplemente se cambió una reja gris por una naranja. Se trata de la misma que después los vecinos terminan sacando para poder cruzar de un lado a otro, porque las pasarelas son muy inseguras. Ni siquiera se han construido los pasos bajo nivel que se comprometieron a hacer para el flujo vehicular.
La comuna de Lo Espejo quedará sin ninguna conectividad vehicular si no es por sus extremos, lo que es realmente aberrante.
Lamentablemente, ni el gobierno anterior ni el actual han tomado cartas en el asunto para mejorar un mal proyecto, que, finalmente -repito-, terminará ocasionando un daño a comunas vulnerables a las cuales represento en esta Corporación.
Por ello, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones y al presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado , a fin de que se adopten las medidas pertinentes para mitigar los eventuales problemas que se pueden producir en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y de Lo Espejo.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO LAJA PARA UNIR LOCALIDADES DE TUCAPEL Y ANTUCO (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , al director Nacional de Vialidad , al director Regional de Vialidad de la Octava Región , al seremi de Obras Públicas de la Octava Regional y al intendente de la Octava Región , a fin de que se estudie la posibilidad de construir un puente sobre el río Laja -prácticamente en la cordillera-, al interior de la comuna de Tucapel y del pueblo de Polcura, con el objeto de unir las localidades de Tucapel y Antuco .
Dicha obra permitiría dar vida a varios pueblos pequeños que hoy se encuentran en una difícil situación; además, fomentaría el turismo. No podemos olvidar que al interior de Antuco está el parque Laguna del Laja, la laguna propiamente tal, hay canchas de esquí y el paso Pichachén hacia Argentina. Por lo tanto, si logramos unir y dar conectividad a Tucapel y Antuco con un puente que sería relativamente corto, se fomentaría la inversión, la rentabilidad social y, al mismo tiempo, representaría un significativo desarrollo para esas comunidades, que no están en buenas condiciones desde el punto de económico.
Por ello, solicito que se realice este estudio por parte del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad, a fin de que podamos dar satisfacción a este tan anhelado proyecto de los alcaldes de Antuco y de Tucapel, de unir a esas comunas y, con ello, fomentar el turismo para dar progreso y una mayor dignidad a la gente de esas comunidades aisladas en la cordillera.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
INSTALACIÓN DE NUEVA COMISARÍA EN MULCHÉN (Oficios)
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , el alcalde de Mulchén y el concejo me han solicitado que haga las gestiones para la instalación de una nueva comisaría en esa importante ciudad de la provincia de Biobío, donde la delincuencia ha ido en aumento de forma notable y el abigeato bate récords a nivel nacional.
Por ello, es importante que se construya una nueva comisaría para cobijar al personal que allí trabaja para que pueda cumplir su función en forma eficiente, proyecto que aún se encuentra en estudio. Hay que dejar de lado la burocracia y cumplir con este compromiso a la mayor brevedad.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Interior y al general director de Carabineros, a fin de que se estudie la posibilidad de instalar una nueva comisaría en la ciudad de Mulchén.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES MARGINADAS DECONSULTA INDÍGENA (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , solicito que se oficie a la ministra de Desarrollo Social para que aclare las circunstancias en que muchas comunidades indígenas de los sectores de San Pablo, Quilacahuín y San Juan de la Costa, quedaron al margen de la consulta indígena.
Esas comunidades se automarginaron del sistema de consulta, pero necesitan saber cuál va a ser su destino final y en que forma se van a integrar a esa realidad.
El Estado debe dar respuestas, a través de la ministra de Desarrollo Social , respecto de cómo se va a producir la continuidad, cuál va a ser la forma de diálogo y cómo se van a integrar esas comunidades a esa realidad.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
RECURSOS PARA RECAMBIO DE ESTUFAS Y CALEFACTORES A LEÑA DESDE RANCAGUA AL SUR (Oficio)
El señor HERNÁNDEZ.- En segundo lugar, pido que se oficie al ministro del Medio Ambiente , con el fin de que se incorpore al presupuesto de 2015 la suma de 40.000.000 de dólares para efectuar el recambio de estufas y calefactores a leña en todas las ciudades contaminadas de Chile, desde Rancagua al sur, incluyendo, entre otras, a Valdivia, Osorno , La Unión, Castro y Coyhaique.
Esa es la única medida momentánea que se puede aplicar, ya que se están elaborando los planes de descontaminación y su implementación tarda aún más. En la actualidad, el único control del sistema de contaminación, sobre todo en Osorno, es a través de restricciones.
Por lo tanto, se hace urgente la necesidad de hacer un recambio sistemático de calefactores a leña, que impliquen una menor contaminación. Según estudios realizados, se calcula que se necesitarán 40.000.000 de dólares; no obstante, otros estudios señalan que se requerirán unos 60.000.000 de dólares.
En definitiva, hay que dar una señal concreta y efectiva, en el sentido de que la inversión en medio ambiente se note en las ciudades que hoy están contaminadas.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES (Oficios)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor.
Con tal motivo, hemos recibido sendas notas desde la Fundación del Adulto Mayor Clotario Blest y de la Unión Nacional de Pensionados de Chile, respecto de la necesidad de impulsar políticas públicas.
Todas las iniciativas orientadas a implementar políticas sociales que apunten a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores siempre han tenido el respaldo de esta Cámara.
No hay proyecto de acuerdo ni moción en ese sentido que no haya sido aprobada transversalmente por casi la unanimidad de sus integrantes, en el entendido de que tenemos una deuda importante con los adultos mayores, que, como país y como sociedad, tenemos la obligación de saldar.
Los adultos mayores han dejado los mejores años de su vida para legarnos las condiciones de desarrollo de que hoy gozamos. Vivieron en una época más difícil, con otras condiciones y características tanto económicas como sociales.
Hoy, cuando nuestro país exhibe otro tipo de realidad, nos surge el absoluto deber ético y moral de hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar sus pensiones, sus condiciones de acceso a la salud, a la recreación, a la capacitación; en definitiva, a establecer las mejores condiciones para entregarles una vejez digna, como se lo merecen, por lo que han hecho a lo largo de toda la historia por nuestra sociedad.
La Comisión de Familia y Adulto Mayor y la Cámara de Diputados apoya los acuerdos sustantivos planteados por los adultos mayores: en primer lugar, la dictación de una ley integral del adulto mayor, que se haga cargo de todos los ámbitos.
En segundo lugar, la reingeniería del Servicio Nacional del Adulto Mayor. El Senama cumplió un papel trascendente e importante en visibilizar sus necesidades; pero hoy tenemos nuevos desafíos, y para ello se debe dotar al Servicio de una nueva institucionalidad.
En tercer lugar, la implementación de mejores políticas públicas. Los adultos mayores nos reclaman con justicia una devolución de mano por su esfuerzo y su trabajo. Existe un amplio consenso en el Congreso Nacional respecto de los adultos mayores; nos sumamos al planteamiento que nos han hecho las organizaciones a lo largo del país en el sentido de construir estas políticas.
Por tal motivo, en esta fecha tan importante, solicito que se oficie a la ministra de Desarrollo Social y a la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, con el fin de que se construya una nueva institucionalidad para los adultos mayores de nuestro país.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
RMACIÓN SOBRE ESTADO DE POZOS Y EVENTUAL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES PARA AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR LA HUACHA, COMUNA DE FRUTILLAR (Oficios)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe de Mussy.
El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, solicito que se oficie al subsecretario de Desarrollo Regional, al jefe de la oficina de la Subdere de Los Lagos y al alcalde de la comuna de Frutillar, con el fin de que nos informen sobre el estado de cinco pozos profundos realizados hace años en distintos sectores rurales y, en especial, el estado del pozo profundo en el sector de La Huacha.
Además, que informen si existe un proyecto en curso de distribución y extensión de redes para el Agua Potable Rural (APR), en el sector rural La Huacha. En caso de que dicho proyecto no exista, pido oficiar al alcalde de Frutillar y a las autoridades de la Subdere para que estudien la posibilidad de llevarlo a cabo, por las necesidades existentes en el sector.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO“ELEMENTOS” EN PUERTO VARAS (Oficios)
El señor DE MUSSY .- Solicito que se envíe un oficio a la ministra de Vivienda , al seremi de Vivienda de la Región de Los Lagos , al director regional del Serviu de la Región de Los Lagos , al alcalde de la ilustre municipalidad de Puerto Varas, al concejo de la municipalidad de Puerto Varas y al director de obras municipales de la municipalidad de Puerto Varas, con el fin de que informen sobre lo siguiente.
En primer lugar, respecto del proyecto privado denominado Edificio “Elementos”, de la Inmobiliaria Puerto Varas Spa, que se estaría levantando en calle Traumén 1781, en la comuna de Puerto Varas. Se trata de 125 departamentos en un sector donde actualmente hay solo 50 viviendas.
En segundo lugar, sobre la situación vial por el gran incremento de vehículos que se cree llegarán al sector.
En tercer lugar, que se informe si el proyecto tiene anteproyecto aprobado, permiso de construcción, permiso de intervención de cursos de agua y permiso de demolición de vivienda que se encuentra en el terreno donde se levantará este proyecto.
En cuarto lugar, que se informe si legalmente es posible que se esté construyendo un edificio, en circunstancias de que en las escrituras originales de compraventa de estos terrenos existe un acuerdo, suscrito por el propio director de obras municipales, que se inscribió en el registro de instrumentos públicos del notario de Puerto Varas, en el cual se dice claramente que no se puede llevar a cabo un proyecto de esa índole.
Por último, solicito que se oficie al contralor general de la República y al seremi de Vivienda, para que fiscalicen si el procedimiento para llevar a cabo este proyecto se está realizando según los reglamentos y leyes vigentes por parte de la Dirección de Obras Municipales.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
SOLUCIÓN VIAL PARA CAMINO RURAL QUE ABARCA LOS SECTORESDE VICHUQUÉN, LLICO Y BOYERUCA (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Celso Morales.
El señor MORALES.- Señor Presidente , ayer se celebró el Día Internacional del Turismo. En las diferentes celebraciones que se llevaron a cabo en Santiago, especialmente en La Moneda, vimos con mucho agrado una muestra sobre todos los avances que se lograron en diferentes partes del país.
Pero un sector de la Región del Maule, provincia de Curicó, el sector de Vichuquén, Llico y Boyeruca, tiene un camino que no ha sido arreglado en muchos años. Se trata del camino J-80, con 39,5 kilómetros, que une el sector La Higuera con la Rada Llico , en las comunas de Hualañé y Vichuquén. Allí viven más de 4.000 personas que hoy se encuentran aisladas por no contar con un acceso, con un camino pavimentado, y por tener poco acceso a las otras vías con que cuenta el país. Sectores como La Quirigua , Tilicura, Boquil, Los Sauces y La Higuera están siendo postergados en su desarrollo y calidad de vida.
En la temporada estival, una población de más de 12.000 personas solo cuenta con un vehículo de locomoción pública. Ello se agudiza con el aislamiento que sufren en la temporada de invierno, pues es el único medio de transporte con que cuentan. Ante esa lamentable situación, deben recurrir a las carretas, a los caballos, etcétera.
Solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que nos informe si existe un estudio para pavimentar la ruta J-80, desde el sector La Higuera hasta la rada de Llico.
Si las familias afectadas lograran contar con la ruta pavimentada, se favorecerían enormemente en el desarrollo de sus actividades que son principalmente de carácter forestal y turístico. Así, se podría mejorar su calidad de vida y también el progreso del sector.
Reitero, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al seremi de Obras Públicas de la Región del Maule , a fin de que nos informen sobre los estudios que existen sobre la pavimentación de esos sectores y respecto de cuándo se podrían materializar.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que alzan su mano, de los cuales la Secretaría toma debida nota.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.02 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
IX. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓNY DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.45 horas.
El señor LETELIER (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN CURSOS IMPARTIDOS POR CENTRO DE FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA CHILENO FRANCÉS Y MEDIDAS ADOPTADAS AL EFECTO (Oficios)
El señor CAMPOS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER .- Señor Presidente , el lunes estuve en un acto muy importante del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , realizado en la capital de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con la asistencia de autoridades regionales, en el que se titularon 220 beneficiarios del programa de formación para el trabajo de dicho organismo.
Luego de la entrega de diplomas a esas 220 personas, dueñas de casas, emprendedoras, trabajadores, jóvenes, se me acercó un grupo de asistentes a esa capacitación. Uno de ellos me dijo: “ Diputado Felipe Letelier, está muy bonito el diploma, pero no nos sirve de nada si no tenemos la certificación correspondiente. Yo me capacité como soldador, pero no tengo un carné que certifique que me capacité como tal, ya que ese documento no lo otorga el Sence, sino una institución que está autorizada o acreditada para ello.”.
Llamé al director para conversar sobre este asunto. Empezaron a salir cosas al baile, como que ese curso había comenzado con una empresa que se llama Centro de Formación de la Industria Chileno Francés, CFI. Esa empresa había empezado esta capacitación en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y en cinco regiones más, pero las deja prácticamente botadas por problemas de carácter financiero, con lo que empiezan las idas y venidas.
Para no dejar botados a esos 220 estudiantes, el Sence de la Sexta Región buscó recursos para continuar con la capacitación, pero ya no con el Centro de Formación de la Industria Chileno Francés, sino que con otra institución.
Aquí estamos hablando de que están involucrados más de 5.000 millones de pesos, porque esa empresa había postulado para dar capacitación en seis regiones, las que fueron afectadas por el mismo problema.
Por lo tanto, solicito oficiar al contralor general de la República , con el objeto de que informe a la Corporación qué ha ocurrido aquí realmente. Asimismo, al director nacional del Sence , a fin de que informe a la Corporación cuál es la verdad de todo esto, qué sucedió aquí, cuáles son los resguardos que tiene el Estado frente a esos proyectos y, por supuesto, que informe además cuáles son las diligencias judiciales que se han realizado, ya que la Contraloría nos tiene que informar desde el punto de vista administrativo.
Me preocupa muchísimo este problema, porque estamos hablando de una empresa que se adjudicó la ejecución de cursos durante 2013, que dicen relación con los llamados 022 y 023, los que quedaron abandonados, lo que afectó a un total de 520 alumnos.
A partir de esa crisis, el Sence decidió tomar todos los casos y cerrar los procesos lectivos de ambos llamados, asumiendo los costos de certificación; calificación, cuando procediera, y pago de subsidios impagos, en los casos que correspondiera.
Cabe recordar que el programa incluye un subsidio de 3.000 pesos diarios para traslado y colación.
Tengo entendido que, luego de continuas reuniones con los afectados, el Sence de la Región de O´Higgins ha podido culminar con éxito el proceso de regularización del referido programa en la zona, y su certificación es el hito que inicia su cierre para los alumnos afectados.
Sin embargo, aquí hay una contradicción, porque respecto del programa se habla de “certificación”, y yo manifesté que en el acto del lunes recién pasado en la capital de la región a los beneficiarios del programa se les hizo entrega de sus respectivos diplomas. Sin embargo, ellos están reclamando los certificados correspondientes. Porque no basta con los diplomas, sino que se requiere la certificación pertinente.
Por lo tanto, pido que se remita a esta Corporación la información necesaria para conocer la verdad respecto de la situación descrita.
Quisiera que nunca más se repitieran problemas como el señalado, pues, finalmente, los 220 alumnos beneficiarios del Programa Formación para el Trabajo del Sence quedaron botados, situación que los tiene complicados.
He dicho.
El señor CAMPOS ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Tiene la palabra al diputado Arriagada .
El señor ARRIAGADA .- Señor Presidente , quiero que en los oficios que se enviarán sobre el problema expuesto por el diputado Letelier se agregue mi petición, en el sentido de que se nos haga llegar también el catastro a nivel nacional de los organismos técnicos de capacitación.
Eso es muy importante, puesto que el centro de capacitación a que hizo referencia el colega tiene una sede también en Santiago. Y ahora que la Presidenta propuso la capacitación de 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes durante su mandato, esto cobra tremenda relevancia porque hay instituciones como Infocap, Fundación Cristo Vive, que tienen una oferta de capacitación con 700 horas cronológicas, y conocemos de organismos que no entregan más de 40, 50 -un gásfiter no se prepara con 50 horas-, en sedes vecinales, sin maquinaria, sin profesores acreditados.
Entonces, este problema es más profundo. Incluso amerita la creación de una comisión investigadora.
He dicho.
El señor CAMPOS ( Presidente accidental ).- Así se hará, diputado señor Arriagada .
APERTURA DE OFICINAS DE INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL EN COMUNAS DE CHIGUAYANTE, HUALQUI, PENCO Y SANTA JUANA, REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , quiero manifestarle que adhiero a su petición de oficios.
Pedí hacer uso de la palabra para señalar que existen comunas en la provincia de Concepción que, a pesar de la gran cantidad de adultos mayores que las habitan, no cuentan con oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS) para hacer efectivo el pago de sus pensiones. Y no se trata de comunas rurales, como las que usted, señor Presidente , representa, sino urbanas: Chiguayante, Hualqui, Penco y Santa Juana .
Hice el mismo requerimiento respecto de la comuna de Hualpén, donde ya se están realizando los estudios para poder abrir, con cargo a fondos públicos, una oficina del IPS.
Por eso, pido que se oficie a director nacional del IPS, señor Patricio Coronado ; la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, señora Rayen Inglés , y la ministra de Desarrollo Social , señora María Fernanda Villegas , para que me informen si es factible hacer los estudios o los convenios necesarios para que las comunas de Chiguayante, Penco, Santa Juana y Hualqui puedan contar con las referidas oficinas.
Asimismo, que se envíe copia de mi intervención a los alcaldes de las comunas antes mencionadas para darles la posibilidad de hacer llegar a esta Corporación las necesidades que cada comunidad tenga en la materia
El señor LETELIER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención en los términos señalados.
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN SECTOR DE MEDIO CAMINO, COMUNA DE TALCAHUANO (Oficios)
El señor CAMPOS.- En segundo término, solicito que se oficie al director del Serviu Biobío para que informe a esta Corporación sobre el estado de avance del proyecto de pavimentación de avenida La Concepción, sector de Medio Camino, entre Dos Poniente y Cinco Poniente, comuna de Talcahuano.
De igual forma, que se adjunte copia de mi intervención, ya que la información que tengo es que la referida obra habría sido abandonada en marzo del presente año.
Por eso, solicito que también se oficie al alcalde de la comuna de Talcahuano a los efectos de poder contar con mayores antecedentes y así tener una visión mucho más amplia de los tiempos para la ejecución del referido proyecto de pavimentación y las responsabilidades administrativas que puedan caber en la repartición del Servicio de Vivienda y Urbanismo Biobío.
El señor LETELIER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE SERVIU DE CONTRATO SUSCRITO CON EMPRESA ADJUDICATARIA DE RETIRO DE ALDEAS DE EMERGENCIA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
El señor CAMPOS.- Por último, solicito oficiar al director nacional del Serviu . a la ministra de Vivienda y Urbanismo , Paulina Saball , y al contralor general de la República para que informen a esta Corporación sobre la situación que afecta al presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga de la Región del Biobío , señor Germán Faúndez , quien se adjudicó, mediante licitación, el retiro de aldeas de emergencia y el abastecimiento de agua potable en más de cuarenta comunas de la región.
El señor Faúnez me hizo llegar una nota en la cual señala que los trabajos realizados fueron visados por el Serviu y que la Contraloría General de la República tomó razón del respectivo proceso de licitación, que dio origen al contrato entre las partes.
Por tanto, quiero que las instituciones referidas expliquen a esta Corporación las razones por las que ese compromiso suscrito por el Gobierno de Chile con un particular hoy no se está respetando, con todos los perjuicios que significa no solo para la empresa adjudicataria de la licitación, sino también para las subcontratistas -entiendo que se trata de pequeños y medianos empresarios-, debido a que no se han hecho los pagos correspondientes.
He dicho.
El señor LETELIER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
ANTECEDENTES SOBRE MATERIAS RELACIONADAS CON FERIAS LIBRES Y FERIANTES DE COMUNAS DE REGIÓN DE ATACAMA (Oficios)
El señor LETELIER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, hace bastante tiempo suscribimos un apoyo a nivel nacional con la elaboración de un proyecto de ley que mejore las condiciones de las ferias libres en regiones. Al respecto, estamos haciendo las peticiones correspondientes la interior del Congreso.
Pero en esta materia hay algunos aspectos que me parecen importantes, respecto de los cuales pediré información.
En particular, quiero que el Ministerio de Vivienda o, en su defecto, el Ministerio de Bienes Nacionales y los respectivos municipios de las nueve comunas de la Región de Atacama me informen si en ellas las ferias libres se encuentran incorporadas en los correspondientes planes reguladores comunales. Si lo están, que me detallen en qué lugares; si no, qué calles utilizan y qué ordenanzas autorizan hoy su existencia y si estas fueron consensuadas con los feriantes.
Me interesa mucho saber si en la actualidad hay una relación clara, formal entre las ferias libres y los distintos municipios. Por ello, solicito la información pertinente de parte del ministro del Interior, el intendente de Atacama, los gobernadores provinciales y de los alcaldes de las comunas correspondientes.
Además, pido que se oficie al intendente de Atacama , a la ministra del Trabajo y Previsión Social y al director nacional del Sence , con el objeto de que me informen si durante los dos últimos años se han impartido cursos de capacitación para los feriantes de las nueve comunas que integran la Región de Atacama.
Por último, pido que se oficie a la ministra de Salud , con la finalidad de que nos dé a conocer si la cartera que encabeza tiene contemplada la implementación de programas de alimentación sana con participación de los feriantes de la Región de Atacama, información que me permitirá determinar si se ha avanzado en el desarrollo de ese tipo de actividades.
He dicho.
El señor LETELIER ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.01 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a latramitación del proyecto sobre “Ley de Presupuestos del Sector Públicocorrespondiente al año 2015”. (boletín N° 9600-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el Proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público correspondiente al año 2015.
I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS.
El proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2015 es el primero elaborado durante la administración que presido, por lo que muestra consistencia con las prioridades del Programa de Gobierno que comprometimos con la ciudadanía, cuyo foco principal es superar las brechas de inequidad que presenta nuestra sociedad.
La coyuntura, sin embargo, nos ha impuesto una prioridad adicional para este presupuesto. El enfriamiento de la economía que comenzó en el año 2013, ha motivado la oportuna reacción del Gobierno, mediante un Plan de Reforzamiento de la Inversión, orientado a incrementar y acelerar la inversión pública y la creación de empleos. Este esfuerzo se fortalece el próximo año, lo que se plasma en el sello reactivador del presente proyecto.
Por ello, de forma responsable, proponemos una política fiscal expansiva para 2015, con un fuerte componente de inversión pública y un importante impacto en la generación de empleos. Las proyecciones de crecimiento para el próximo año dan cuenta de una reactivación, pero que estimamos debe ser robustecida por la política fiscal para que sea más veloz y sustentable. Una vez que la reactivación se consolide, retiraremos gradualmente el impulso fiscal extraordinario en los años siguientes.
En este contexto, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2015 propone un aumento del gasto del Gobierno Central Consolidado de 9,8% respecto de la Ley de Presupuestos para 2014, acorde con los ingresos fiscales estructurales, incluyendo aquellos generados por la reforma tributaria.
El énfasis que el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2015 pone en el desafío de contribuir a la recuperación económica, se refleja en un histórico aumento de 27,5% de la inversión pública, en relación con el Presupuesto 2014. Estos recursos se destinarán a proyectos que solucionen problemas sociales y generen bienes públicos en infraestructura y oportunidades de encadenamiento fundamentales para el desarrollo económico de largo plazo. Esto tendrá un efecto en la generación de trabajo, contribuyendo con cerca de 139 mil empleos mensuales asociados a proyectos de inversión pública, 30 mil más que en el año 2014. Cabe destacar que estas inversiones consideran un importante componente regional, además del financiamiento necesario para implementar la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento y la Agenda de Energía, así como recursos que potencian la actividad de los sectores productivos de Pesca, Minería , Turismo y Agricultura.
En cuanto a los compromisos programáticos de nuestro gobierno, el proyecto de Presupuestos 2015 considera un gasto social que alcanza al 68% del presupuesto total. Dentro de este gasto social se destacan los recursos que se asignan para mejorar el acceso y la calidad de la educación en todos sus niveles, con un fuerte impulso a la educación pública. También se destaca el aumento en el financiamiento de la inversión pública en Salud y el aumento de las soluciones habitacionales. También se contemplan recursos destinados a la capacitación de mujeres y jóvenes, a la entrega del Aporte Familiar Permanente de Marzo que asciende a casi 1 millón 700 mil familias, y la expansión de la cobertura del Pilar Solidario de la reforma previsional, todo lo cual viene a consolidar nuestro Sistema de Protección Social.
Todos estos esfuerzos, en áreas fundamentales para la ciudadanía, como educación, salud y protección social, requieren de fuentes de financiamiento sustentables y que además sean progresivas, condiciones que se cumplen gracias a la Reforma Tributaria recientemente aprobada.
De esta manera, el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2015 permitirá que la política fiscal continúe jugando el rol que le corresponde para hacer frente al actual escenario macroeconómico, en un contexto de disciplina, utilizando los recursos permanentes que se lograrán recaudar mediante la recuperación económica y la implementación de la Reforma Tributaria y dando continuidad a la entrega de los beneficios a la ciudadanía. Así, se contribuirá a la reactivación económica en el corto plazo, y a mejorar la equidad y convertir a Chile en el mediano plazo, en un mejor país para todas y todos.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El artículo 1° contiene el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, que conforma los presupuestos de ingresos y gastos del Fisco y de los servicios e instituciones regidos por la Ley de Administración Financiera del Estado. El total neto asciende a $38.942.515 millones y US$ 1.720 millones.
En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de los servicios e instituciones que se proponen, se incorpora el efecto año de los mejoramientos sectoriales y generales aprobados en anualidades anteriores y en el presente proyecto y, en su caso, las provisiones correspondientes, lo que se refleja en la cifra pertinente en moneda nacional contenida en este artículo 1°.
El artículo 2° incluye los ingresos generales de la Nación y los programas de gastos en subsidios, operaciones complementarias, servicio de deuda y transferencias de aportes fiscales a los organismos que aprueban presupuesto en esta ley. Este agregado presupuestario, denominado Tesoro Público, presenta niveles de ingresos y gastos del orden de $ 34.788.063 millones y US$ 2.474 millones.
El artículo 3° tiene como propósito autorizar a la Presidenta de la República para contraer, hasta por el monto que se señala, obligaciones de carácter financiero en el exterior o en el país. Por las características de este tipo de operaciones en cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indispensable que este artículo sea aprobado por el H. Congreso Nacional con quórum calificado, según lo dispuesto en el artículo 63, N° 7 de la Constitución Política de la República.
Los artículos siguientes proponen disposiciones complementarias sobre materias de orden presupuestario.
El artículo 4° se refiere a limitaciones al gasto, en cuanto a que sólo en virtud de ley puede incrementarse la suma de determinados conceptos de gastos corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gastos en inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en esta ley para esos fines, sin perjuicio de las excepciones o exclusiones que establece. Con ello, se da cumplimiento al inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, en cuanto a que en la Ley de Presupuestos corresponde fijar limitaciones al gasto y las exclusiones y autorizaciones de su variación que procedan. El inciso final perfecciona las limitaciones del nivel de gasto, disponiendo que aquel monto en que se disminuya la suma determinada conforme al inciso primero de esta disposición (gasto corriente), para incrementar las cantidades a que se refiere este inciso (gasto de capital), constituirá una reducción definitiva del nivel autorizado en el citado inciso primero.
El artículo 5°, nuevo, tiene como objetivo establecer un mecanismo de control adecuado para evitar aumento en la dotación de los servicios públicos, sin respaldo presupuestario permanente.
Para ello, se suspende, por el año 2015, la facultad otorgada en la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834, en lo referido a contratar personal titular de un cargo de planta en la calidad a contrata, dejando exceptuada, de esta norma, la renovación del personal que actualmente esté en esa condición.
El artículo 6° regula los procedimientos de licitación a que estarán afectos los servicios públicos para adjudicar durante el año 2015 la realización de estudios para inversiones y proyectos de inversión, distinguiendo, en relación a sus montos, la utilización de licitación pública o privada.
El artículo 7° tiene como objetivo resguardar el interés fiscal, al facultar a la autoridad correspondiente para que, en los decretos que contengan transferencias de recursos, se puedan incorporar condiciones de uso o destino de éstos e información periódica sobre su aplicación y reintegros cuando corresponda.
El inciso final permite que con las transferencias que constituyan asignaciones globales a unidades de un servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, se destinen recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, excepto aquellos que estén expresamente autorizados en el respectivo presupuesto.
El artículo 8° prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con las excepciones que se señalan.
Mediante el artículo 9° se establece un mecanismo de flexibilización de las dotaciones máximas de personal, permitiendo reasignar dotación entre servicios de cada ministerio sin que se pueda superar la dotación total del conjunto de aquellos. Adicionalmente, se otorga la facultad de reasignar recursos con tal objeto.
El artículo 10 persigue posibilitar el reemplazo del personal contratado que, por cualquier causa, no pueda desempeñar su cargo por un período de treinta días corridos. El objetivo de esta norma es evitar la disminución de servicios causada por tales ausencias, estableciéndose en la misma disposición el resguardo de mayores gastos y el procedimiento de justificación de tales reemplazos.
El artículo 11 dispone un procedimiento para la provisión de los cargos de Alta Dirección Pública, regulados en la norma que se cita de la ley N° 19.882, precisando cuales son los mecanismos e instancias más idóneas, públicas y de menor costo, en los cuales incluir toda la información relativa a los procesos de selección de los respectivos cargos y los requisitos exigidos, sin apartarse del espíritu que informa la citada norma.
En el artículo 12 se regula la adquisición y arrendamiento de los vehículos motorizados que señala, como también el procedimiento para reasignar dotación de vehículos entre los servicios dependientes de un mismo ministerio, sin alterar la dotación máxima total de la respectiva cartera.
El artículo 13 regula el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 2015 el Ministerio de Bienes Nacionales.
En el artículo 14 se establece que la Dirección de Presupuestos deberá proporcionar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, información relativa a la ejecución del presupuesto, deuda pública y del Banco Central, copia de los balances y estados financieros de las empresas del Estado y demás que señala.
En el artículo 15, y en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 19.908, se solicita autorización por el monto que se señala para efectuar las operaciones autorizadas y reguladas en dicho artículo 5°.
En el artículo 16, se autoriza a la Presidenta de la República para otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del sector público y las universidades estatales, hasta por la cantidad de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en otras monedas.
Se regula la forma de ejercer esta facultad, y la extensión de la garantía que se puede otorgar.
Asimismo, se establece que todas aquellas empresas que reciban la garantía estatal para las operaciones de deuda que contraten, deberán suscribir, previamente, un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de que el Gobierno cuente con una instancia de análisis y evaluación uniforme de la gestión y del desarrollo de los planes y las políticas de las aludidas empresas.
En el artículo 17 se propone un procedimiento de autorización destinado a centralizar la procedencia y gasto producto de la afiliación o incorporación de los organismos públicos a diferentes organismos internacionales, radicándolo en el ministerio del ramo con visación de la cartera de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Hacienda.
El artículo 18 identifica los mecanismos reglamentarios y administrativos necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para el año 2015.
El artículo 19 otorga la calidad de agentes públicos a los encargados de programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a honorarios.
El artículo 20 señala el porcentaje de los recursos destinados a avisaje y publicaciones, que las reparticiones públicas deberán realizar en medios de comunicación con clara identificación local.
El artículo 21 establece el deber de las entidades públicas que se señalan, y en la forma que se indica, de informar acerca de las materias detalladas en el mismo artículo.
El artículo 22 dispone que las actividades de publicidad y difusión que deban efectuar los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. Para estos efectos, se define lo que se entenderá por gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, y se señala que el incumplimiento de esta normativa implicará una contravención de las normas relativas al principio de probidad administrativa.
Finalmente, el artículo 23 fija la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, con la excepción que señala.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Apruébase el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, para el año 2015, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $
Resumen de los Presupuestos de las Partidas
Deducciones de Transferencias
Total
INGRESOS
40.303.359.771
1.360.844.842
38.942.514.929
Impuestos
27.611.156.193
27.611.156.193
Imposiciones previsionales
2.194.104.082
2.194.104.082
Transferencias corrientes
58.403.012
506.673.525
51.729.487
Rentas de la propiedad
404.779.672
30.767.062
374.012.610
Ingresos de operación
732.847.281
732.847.281
Otros ingresos corrientes
732.964.615
732.964.615
Venta de activos no financieros
48.190.955
48.190.955
Venta de activos financieros
2.462.376.020
2.462.376.020
Recuperación de préstamos
246.052.918
246.052.918
Transferencias para gastos de capital
858.037.255
823.404.255
34.633.000
Endeudamiento
4.417.647.844
4.417.647.844
Saldo inicial de caja
36.799.924
36.799.924
En Miles de $
Resumen de los Presupuestos de las Partidas
Deducciones de Transferencias
Total
Gastos
40.303.359.771
1.360.844.842
38.942.514.929
Gastos en personal
6.389.123.214
6.389.123.214
Bienes y servicios de consumo
2.603.853.318
2.603.853.318
Prestaciones de seguridad social
6.810.396.401
6.810.396.401
Transferencias corrientes
13.405.623.295
486.860.019
12.918.763.276
Integros al fisco
69.010.787
50.580.568
18.430.219
Otros gastos corrientes
5.996.912
5.996.912
Adquisición de activos no financieros
251.102.075
251.102.075
Adquisición de activos financieros
791.103.625
791.103.625
Iniciativas de inversión
3.663.447.887
3.663.447.887
Préstamos
302.038.060
302.038.060
Transferencias de capital
3.882.435.494
823.404.255
3.059.031.239
Servicio de la deuda
2.076.438.784
2.076.438.784
Saldo final de caja
52.789.919
52.789.919
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:
En Miles de US$
Resumen de los Presupuestos de las Partidas
Deducciones de transferencias
Total
INGRESOS
1.719.945
1.719.945
Impuestos
542.000
542.000
Rentas de la propiedad
880.854
880.854
Ingresos de operación
6.662
6.662
Otros ingresos corrientes
44.085
44.085
Venta de activos no financieros
102
102
Venta de activos financieros
203.068
203.068
Recuperación de prestamos
3.166
3.166
Endeudamiento
38.008
38.008
Saldo inicial de caja
2.000
2.000
En Miles de US$
Resumen de los Presupuestos de las Partidas
Deducciones de transferencias
Total
GASTOS
1.719.945
1.719.945
Gastos en personal
171.279
171.279
Bienes y servicios de consumo
255.931
255.931
Prestaciones de seguridad social
154
154
Transferencias corrientes
Otros gastos corrientes
84.090610
84.090
610
Adquisición de activos no financieros
7.283
7.283
Adquisición de activos financieros
1.041.565
1.041.565
Iniciativas de inversión
2.078
2.078
Préstamos
3.166
3.166
Transferencias de capital
300
300
Servicio de la deuda
151.489
151.489
Saldo final de caja
2.000
2.000
Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 2015, a las Partidas que se indican:
Miles de $
Miles de US$
Ingresos generales de la Nación:
Impuestos
27.611.156.193
542.000
Transferencias corrientes
29.162.682
272.318
Rentas de la propiedad
229.954.210
880.854
Ingresos de operación
11.141.341
6.662
Otros ingresos corrientes
218.501.921
31.655
Venta de activos no financieros
429.056
Venta de activos financieros
2.050.773.800
198.871
Recuperación de préstamos
10
Transferencias para gastos de capital
244.443.348
501.509
Endeudamiento
4.387.500.000
38.008
Saldo inicial de caja
5.000.000
2.000
Total ingresos
34.788.062.561
2.473.877
APORTE FISCAL:
Presidencia de la República
16.815.182
Congreso Nacional
112.143.699
Poder Judicial
415.167.016
Contraloría General de la República
65.214.774
Ministerio del Interior
2.331.339.904
44.149
Ministerio de Relaciones Exteriores
71.833.303
209.589
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
316.170.459
Ministerio de Hacienda
345.399.155
Ministerio de Educación
7.737.663.862
Ministerio de Justicia
867.074.620
Ministerio de Defensa Nacional
1.029.840.242
229.331
Ministerio de Obras Públicas
1.825.031.654
Ministerio de Agricultura
391.061.214
Ministerio de Bienes Nacionales
10.282.844
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
6.034.355.415
Ministerio de Salud
3.770.921.033
Ministerio de Minería
41.018.738
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
1.626.839.155
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
824.923.701
Ministerio Secretaría Gene-ral de Gobierno
24.226.880
Ministerio de Desarrollo Social
591.958.915
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República
13.715.667
Ministerio Público
144.334.418
Ministerio de Energía
124.570.115
Ministerio del Medio AmbienteMinisterio del Deporte
Miles de $
44.176.677
111.443.014
Miles de US$
Programas Especiales del Tesoro Público:
Subsidios
941.128.138
Operaciones Complementarias
2.618.527.843
518.136
Servicio de la Deuda Pública
2.065.161.235
151.489
Fondo de Reserva de Pensiones
729.459
Fondo de Estabilización Económica y Social
Fondo para la Educación
Fondo de Apoyo Regional
30
275.723.659
263.906
327.818
TOTAL APORTES
34.788.062.561
2.473.877
Artículo 3°.- Autorízase a la Presidenta de la República para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 7.500.000 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 500.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República .
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2015 y aquéllas que se contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2015, no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo, las obligaciones que se contraigan para solventar el pago de bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero transitorio del decreto ley Nº 3.500, de 1980, hasta por un monto del equivalente a US$ 1.000.000 miles.
La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de seguridad social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y Otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Adquisición de activos no financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.
Artículo 5°.- Suspéndese, durante el año 2015, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley Nº 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 2014.
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a realizar en el año 2015, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato; calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien, no acompañe los referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.
Artículo 7°.- En los decretos que contengan transferencias, hayan sido dispuestas en esta ley o se creen en virtud del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital , de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que la institución receptora deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de reintegro de los mismos y la información que respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que se determine.
Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con visación de la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria. Dicho desglose constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación de esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial , del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y en los de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.
Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda , podrá aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de los servicios del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la transferencia, desde el o los presupuestos de los servicios en que disminuya la dotación, al o a los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación, o efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto.
Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un periodo superior a treinta días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo.
Artículo 11.- Para los efectos de proveer durante el año 2015 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de la ley N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios web institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente, entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación nacional, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que deberán hacer referencia a los correspondientes sitios web para conocer las condiciones de postulación y requisitos solicitados.
Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que éstos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos, comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República ", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados .
Artículo 13.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2015 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 2014, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:
-65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;
-10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
-25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.
Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno Central.
Del mismo modo, se deberá incluir en anexos, información del gasto devengado en el Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, desagregado por asignación, detallando el gasto por partida y su variación real respecto de igual trimestre del año anterior, y de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de esta ley.
3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
4. Informe semestral de los montos devengados en el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas presupuestarias, con clasificación regional de ese gasto, incluyendo la categoría “interregional”, a más tardar, sesenta días después de terminado el semestre respectivo.
5. Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias totalmente tramitados durante cada trimestre, dentro de los treinta días siguientes al término del mismo, y un informe consolidado de las modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida.
6. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo.
7. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
8. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
9. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días y noventa días siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente.
10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los noventa días siguientes al término del respectivo trimestre.
13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2014, de los gastos considerados para el año 2015 en iniciativas de inversión en las zonas comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de cada una de las obras especificadas.
Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto por la Dirección de Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los mismos plazos en los respectivos sitios web de los organismos obligados a proporcionarla.
El reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 7° de la ley N° 19.862 deberá establecer que la inscripción de cada operación de transferencia señalará el procedimiento de asignación utilizado, indicando al efecto si éste ha sido concurso u otro. Trimestralmente, la Subsecretaría de Hacienda enviará un informe sobre la base de la información proporcionada por el Registro Central de Colaboradores del Estado , identificando el total de asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de programa.
Toda información que en virtud de otras disposiciones de esta ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, será proporcionada por los respectivos organismos; en el caso de la Cámara de Diputados, al departamento de Evaluación de la Ley y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para su trabajo y remisión a quien lo solicite.
La información deberá incluir las advertencias de porcentajes de cumplimientos de objetivos o indicadores.
Artículo 15.- Durante el año 2015, la suma de los montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no podrá exceder de US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma legal.
Artículo 16.- Durante el año 2015, la Presidenta de la República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del sector público y universidades estatales, hasta por la cantidad de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda.
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones.
Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable la disposición del inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 19.847.
Autorízase a las universidades estatales para contratar, durante el año 2015, empréstitos por períodos de hasta veinte años, de forma que, con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad financiera del Estado.
La contratación de los empréstitos que se autorizan a las universidades estatales no estará sujeta a las normas de la ley Nº 19.886 y su reglamento. En todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los empréstitos.
Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un informe que especifique los objetivos y los resultados esperados de cada operación y su programa de inversiones asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de su contratación.
Artículo 17.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse a organismos internacionales, renovar las afiliaciones existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el evento que la incorporación o renovación les demande efectuar contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los convenios consisten en aumentos del monto de cuotas, su visación quedará condicionada a la disponibilidad de recursos fiscales.
Artículo 18.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley N° 19.896, la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley N° 20.128, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda , quien podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos .
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente.
Artículo 19.- Los encargados de los programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico.
Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos en un 20%, en medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa. Los órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo establecido, por medio de sus respectivos sitios web.
Artículo 21.- Será de cargo de las respectivas entidades públicas el siguiente deber de información:
1. Informe trimestral, sobre el estado de ejecución de los compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de Aysén.
2. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final.
3. En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos programas deberán publicar Informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre en su sitio web institucional la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos.
4. En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2014, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso de ser pertinente, su calendario de licitación.
5. Mensualmente, el Gobierno Regional correspondiente, los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos decretos.
6. Publicar en sus respectivos portales de transparencia activa las actas de evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de licitaciones y compras públicas de bienes y servicios que realicen en el marco de la ley N° 19.886, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo proceso.
Artículo 22.- Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. En caso alguno podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen.
Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquéllos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas, subsidios, créditos, bonos, transferencias monetarias u otros programas o servicios; de orientación y educación de la población para situaciones de emergencia o alarma pública y, en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos organismos.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de las autoridades de los organismos señalados contraviene lo establecido en el artículo 52 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que hace referencia al principio de probidad administrativa.
Artículo 23.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2015, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, y los decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para posibilitar la ejecución presupuestaria.”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ALBERTO ARENAS DE MESA , Ministro de Hacienda ”.
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N° 1265-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de acuerdo relativo a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la ONU. (boletín N° 1265-10).
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ , Ministra Secretaria General del a Presidencia ”.
3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9366-04)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo a retirar las indicaciones formuladas en el mensaje N° 514-362, de 7 de septiembre de 2014, en sus números 1 letras b), d), e) y f) y 7. Al mismo tiempo, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO SEGUNDO
1) Para modificaren el numeral 3), el artículo 3º nuevo, en el siguiente sentido:
a) Modifícase su inciso segundo de la siguiente manera:
i) Reemplázase en el numeral ii), la expresión “en el establecimiento educacional respectivo” por “en el o los establecimientos educacionales respectivos”.
ii) Reemplázase en los actuales numeralesiii),viii) y ix), la expresión “del establecimiento” por “del o los establecimientos educacionales”.
iii) Reemplázase en el actual numeral iv) la expresión “del establecimiento educacional” por “del o los establecimientos educacionales”.
iv) Intercálase en el inciso segundo, un nuevo numeral ix), pasando el actual ix) a ser x) y así sucesivamente:
“ix) Pago de créditos bancarios o mutuos cuyo objeto único y exclusivo sea el de invertir el dinero de dicho crédito o mutuo en mejoras necesarias o útiles, tanto de infraestructura, equipamiento, u otros elementos que sirvan al propósito del proyecto educativo del establecimiento educacional. En caso que el sostenedor sea propietario de dicha infraestructura, dichos créditos o mutuos podrán encontrarse garantizados mediante hipotecas.
Si dichos créditos superan las 1000 UTM, se deberá contar con la autorización actual y expresa del Consejo Escolar para su contratación. Dicha autorización deberá constar por escrito, y ser autorizada ante notario, contando con la firma de los miembros del Consejo Escolar.”.
b) Sustitúyesesu inciso tercero, por los incisos tercero, cuarto y quinto siguientes, pasando el actual cuarto a ser sexto y así sucesivamente:
“Tratándose de las remuneraciones señaladas en el numeral i) del inciso segundo, éstas deberánser pagadas en virtud de un contrato de trabajo que establezca la duración de la jornada yespecifique las actividades a desarrollar; y deben ser razonablemente proporcionadas enconsideración a la jornada de trabajo, el tamaño y complejidad del o los establecimientoseducacionales, a las remuneraciones que normalmente se paguen en contratos de similarnaturaleza respecto de gestiones educativas de similar entidad, y a los ingresos delestablecimiento educacional por concepto de subvención y aportes del Estado, con el objetode asegurar los recursos para una adecuada prestación del servicio educacional.
La Superintendencia, mediante instrucciones de carácter general, regulará lo dispuesto en elinciso precedente, y fiscalizará su cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, los sostenedores deberán informar a la Superintendencia deEducación cuál o cuáles de sus directores ejercerán las funciones indicadas en el numeral i) delinciso segundo de este artículo. Por su parte, dicha Superintendencia, en uso de susatribuciones, podrá solicitar información respecto a la acreditación del cumplimiento de dichasfunciones.”.
c) Reemplázase en el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser sexto, la expresión “puntos iii), iv), v), vi), vii), viii) y ix)” por la siguiente “numerales iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x) y xi)”.
d) Reemplázaseen el actual inciso quinto, que ha pasado a ser séptimo, la expresión “puntos iii), iv), v), vi), vii), viii) y ix)” por la siguiente “numerales iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x) y xi)”.
2) Para agregar un numeral 18 nuevo, del siguiente tenor:
“18) Introdúcese el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser Título VI:
“Título V
De las Corporaciones Educacionales
Artículo 58 A.- Son corporaciones educacionales las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro constituidas por dos o más personas naturales, debidamente registradas ante la autoridad, cuyo objeto único sea la educación, y que se regirán por las disposiciones de esta ley y, de manera supletoria, por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.
Estas corporaciones serán sostenedoras de establecimientos educacionales y podrán impetrar las subvenciones y aportes estatales con fines educativos de conformidad a la ley.
Artículo 58 B.- Las corporaciones educacionales se constituirán por medio de escritura pública o por instrumento privado reducido a escritura pública en la que conste el acta de constitución y los estatutos por los cuales deben regirse. El Ministerio de Educación pondrá a disposición de los interesados estatutos tipo para la constitución de una corporación educacional.
Se deberá depositar, en la Secretaría Regional Ministerial de Educación que corresponda, copia autorizada del instrumento constitutivo y dos copias de los estatutos de la nueva persona jurídica en el registro especial que se llevará al efecto. La corporación educacional gozará de personalidad jurídica por el solo hecho del depósito, para cuyo efecto dicha Secretaría debe autorizar una copia en la cual se acreditará fecha del depósito y la inserción en la misma del respectivo número del registro.
La Secretaría Regional Ministerial de Educación no podrá negar el registro a una corporación educacional. Con todo, tendrá un plazo de 90 días contado desde el respectivo depósito para realizar observaciones a la constitución de la corporación, si faltare cumplir algún requisito para constituirla o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley o a sus normas complementarias.
La corporación educacional deberá subsanar las observaciones formuladas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, dentro del plazo de sesenta días contado desde su notificación, bajo apercibimiento de tener por caducada su personalidad jurídica, por el solo ministerio de la ley, procediendo dicha Secretaría a eliminarla del registro respectivo.
En dicho registro se consignarán, además, los representantes y miembros de la corporación educacional, las modificaciones estatutarias, la disolución, y la pérdida de la personalidad jurídica cuando correspondiere. Para dar cumplimiento a lo anterior, en caso de modificaciones a los estatutos, aprobadas según los requisitos que éstos establezcan y que sean reducidas a escritura pública, deben ser registradas en el Ministerio de Educación dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la escritura pública de modificación respectiva.
Un reglamento fijará la forma y modalidad en que deberá llevarse el registro, junto con la periodicidad y manera de su actualización.
Artículo 58 C.- La administración y dirección de la corporación educacional recaerá en uno o más miembros de ésta, quienes serán sus directores. Se deberá elegir entre los miembros del directorio a un presidente, quien será el representante judicial y extrajudicial de la corporación educacional y tendrá las demás atribuciones que fijen los estatutos.
Artículo 58 D.- Los directores de la corporación educacional no serán remunerados, salvo en los casos establecidos en los numerales i) y ii) del inciso segundo del artículo 3º de esta ley, debiendo aplicarse a estas remuneraciones lo señalado en los incisos tercero y siguientes del mismo artículo.
Artículo 58 E.- El Ministerio de Educación fiscalizará y sancionará con la cancelación de la personalidad jurídica a las corporaciones educacionales que sean contrarias a la moral, al orden público, la seguridad del Estado o que incumplan gravemente las disposiciones de esta ley y sus estatutos.
Se cancelará, de pleno derecho, la personalidad jurídica si transcurrido el plazo de un año contado desde la fecha de obtención de ésta, la nueva corporación educacional no ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la ley para que su o sus establecimientos educacionales obtengan el reconocimiento oficial.
Las corporaciones que sean sancionadas con la cancelación de su personalidad jurídica serán excluidas del registro al que hace mención el artículo 58 B de la presente ley.
Artículo 58 F.- Disuelta una corporación educacional sus bienes deberán ser transferidos a otra persona jurídica sin fines de lucro cuyo fin sea la educación, de conformidad a lo que dispongan sus estatutos, o al Estado, en ambos casos para el cumplimiento del mismo fin. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías constituidas sobre dichos bienesy de los derechos de los acreedores de la corporación educacional, de conformidad a la ley.
Artículo 58 G.- Las corporaciones educacionales, en tanto sostenedoras de establecimientos educacionales, serán fiscalizadas por la Superintendencia de Educación.”.”.
ARTÍCULO SEPTIMO TRANSITORIO NUEVO
3) Para intercalar el siguiente artículo séptimo transitorio, nuevo, adecuándose la numeración correlativa de los siguientes:
“Artículo séptimo transitorio.- Las partes que se propongan celebrar un contrato de compraventa conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo quinto transitorio, podrán someter dicho contrato al Ministerio de Educación a fin que éste consienta, en representación del Fisco, descontar de la subvención en los términos del presente artículo, el correspondiente monto adeudado al vendedor, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se enuncian:
i. Que el vendedor sea una persona no relacionada con el comprador, según lo establecido en el literal a) del inciso quinto del artículo 3º y en el artículo 3 bis del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.
ii. Que en el respectivo contrato de compraventa suscrito entre las partes, se haga mención expresa a este artículo.
Las partes deberán presentar una solicitud escrita a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, acompañando el contrato correspondiente.
La secretaría consentirá, dentro del plazo de 30 días, contado desde la presentación de la respectiva solicitud, solo si el contrato cumple con lo establecido en el inciso primero de este artículo y lo dispuesto en el inciso tercero del artículo quinto transitorio, y si las partes aceptan las condiciones que se señalan a continuación.
Durante la vigencia del contrato, si el sostenedor comprador incumpliere el pago de tres cuotas consecutivas durante un año calendario o seis durante dos años consecutivos, la parte acreedora podrá poner en conocimiento de la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva el incumplimiento del contrato.
La Secretaría citará a una audiencia al deudor, recibirá los antecedentes que le presente y, de ser efectivo el incumplimiento, conforme lo establecido en el inciso primero, descontará las cuotas adeudadas de los dineros correspondientes a la subvención a la que el respectivo establecimiento del sostenedor tenga derecho, salvo las establecidas en la ley Nº 20.248, transfiriendo aquel monto al vendedor, en un plazo no superior a 60 días, contado desde que determine la efectividad del incumplimiento.
Conjuntamente, será procedente la designación de un administrador provisional, para lo cual la Secretaría Regional Ministerial de Educación comunicará el incumplimiento a la Superintendencia de Educación, la que procederá al respectivo nombramiento. Para los efectos de este inciso, se estará a lo dispuesto en el párrafo sexto del Título III de la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, ley Nº 20.529.
El Estado tendrá un derecho preferente a adquirir el inmueble, conforme lo establecido en el artículo octavo transitorio de esta ley.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ALBERTO ARENAS DE MESA , Ministro de Hacienda ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ , Ministra Secretaria General de la Presidencia ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Educación ”.
4. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que “Crea un registrovoluntario de contratos agrícolas.”. (boletín N° 8829-01)
“Honorable Cámara de Diputados,
Honorable senado:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver la divergencia surgida entre el Senado y la Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia.
La Cámara de Diputados, Cámara de Origen, por Oficio N° 11.324, de fecha 11 de junio de 2014, comunicó la designación como integrantes de la Comisión Mixta, de los Honorables Diputados señores Ramón Barros Montero , Fuad Chahin Valenzuela , Diego Paulsen Kehr , Christian Urízar Muñoz y señora Loreto Carvajal Ambiado . Posteriormente, el Honorable Diputado señor Urízar fue reemplazado por la Honorable Diputada señora Denise Pascal Allende .
El Senado, en sesión de fecha 11 de junio de 2014, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Agricultura, lo que fue comunicado a la Cámara de Diputados mediante Oficio N° 554, de fecha 11 de junio de 2014.
Previa citación de la señora Presidenta del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 9 de julio de 2014, con la asistencia de sus miembros Honorables Senadores señores García , Moreira , Quinteros y Walker, don Patricio , y de los Honorables Diputados señora Carvajal y señores Barros , Chahin y Paulsen . En dicha oportunidad, eligió, por la unanimidad de sus miembros presentes, como Presidente , al Honorable Senador señor Iván Moreira Barros y, de inmediato, se abocó al cumplimiento de su cometido.
A la sesión en que la Comisión Mixta analizó este proyecto, concurrieron, además de sus integrantes:
Del Ministerio de Agricultura: el asesor del Ministro , señor Jaime Naranjo ; la Fiscal, señora Margaret Ciampi , y el asesor, señor Alan Espinoza .
De la Oficina de Estudios y Política Agraria (ODEPA), la Abogada del Departamento Jurídico , señorita Javiera Hernández .
Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el asesor, señor Pablo Valladares .
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, los asesores, señora Vanesa Salgado y señor Rodrigo Cabello .
El Abogado y Profesor de Derecho Civil , señor Mario Opazo .
Los asesores del Honorable Senador señor Patricio Walker , señores Luis Espinoza y Nicolás Gutiérrez .
La asesora del Honorable Senador señor Rabindranath Quinteros , señorita Mariluz Valdés .
El asesor del Honorable Senador señor José García , señor Rodrigo Fuentes .
La asesora del Honorable Diputado señor Diego Paulsen , señorita Constanza Castillo .
La asesora de la Honorable Diputada señora Denise Pascal, señora Carolina Aqueveque.
NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL
A juicio de la Comisión Mixta el artículo 17 (18 del Senado), de aprobarse, debe serlo con quórum de ley orgánica constitucional, al tenor del artículo 77 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 66, inciso segundo de la Carta Fundamental, pues incide en las atribuciones de los tribunales de justicia.
La Honorable Cámara de Diputados consultó a la Excelentísima Corte Suprema respecto del texto de esta iniciativa legal, en cumplimiento con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero, del artículo 77 de la Constitución Política de la República y del artículo 16 de la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. El Máximo Tribunal respondió favorablemente mediante Oficio N° 122-2013, de fecha 7 de octubre de 2013.
También fue consultada por el Senado por haberle introducido enmiendas al artículo 17 (18 del Senado). La Excelentísima Corte Suprema, nuevamente, informó favorablemente por medio del Oficio N° 37-2014, de fecha 12 de mayo de 2014.
Con todo, cabe hacer presente que el artículo 17 (18 del Senado) no fue objeto de controversia entre ambas Cámaras.
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DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA Y ACUERDOS
DE LA COMISIÓN MIXTA
La Cámara de Diputados aprobó, en primer trámite constitucional, un texto que cuenta con dieciocho artículos permanentes y tres disposiciones transitorias.
A su turno, el Senado, en segundo trámite constitucional, introdujo una serie de modificaciones al proyecto aprobado en primer trámite constitucional, la mayoría de las cuales fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, con excepción de las recaídas en los artículos 3°, 4° y 16 (artículo 17 del Senado), que han sido rechazadas.
A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.
Artículo 3°
La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 3°, que incluye nueve literales que definen los conceptos que deben utilizarse para una correcta aplicación de esta ley. Al efecto, define contrato agrícola, producto agrícola, productor agrícola, agroindustrial, intermediario, primera transacción, formulario, registro y fecha de término del contrato.
El literal a) conceptualiza al contrato agrícola, como aquellos contratos de compraventa de productos agrícolas celebrados entre un productor agrícola y un agroindustrial o un intermediario.
A su turno la letra b) define al producto agrícola como el que proviene directamente de la agricultura, que corresponde a la materia prima de origen vegetal o animal obtenida del cultivo de la tierra o de la ganadería, sea que se encuentre cosechada o pendiente.
La letra c) define al productor agrícola, como la persona natural o jurídica que produce las materias primas a que se refiere la letra b) de este artículo.
La letra d) define al agroindustrial, como la persona natural o jurídica que procesa o utiliza el producto agrícola.
La letra e) define al intermediario, como la persona natural o jurídica que concurre a la primera transacción de productos agrícolas como comprador con ánimo de vender, posteriormente, dichos productos.
La letra f) define a la primera transacción, como aquella en la que participan, por una parte, como vendedor el agricultor y, por la otra, como comprador el agroindustrial o intermediario.
A su turno la letra g) define al formulario, como el extracto electrónico que contiene las menciones del contrato agrícola o las de su modificación o cancelación, que serán publicadas en el registro.
La letra h) define al Registro, simplemente como el Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo.
Por último, la letra i), establece que la fecha de término del contrato es la estipulada por las partes, que fija la época de cumplimiento de la última de las obligaciones principales del contrato, esto es, la entrega de los productos vendidos o el pago del precio.
El Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó dos modificaciones al citado artículo 3°. En particular, a las letras b) sobre producto agrícola, y g) que define al formulario.
En efecto, el Senado reemplazó el texto del literal b), con el objetivo de considerar dentro de los productos agrícolas a los insumos que se requieren para la producción de los mismos.
Respecto del literal g), el Senado agregó una frase final con el objeto de concordar la definición del formulario con los artículos 6°, 7° y 8°, que se refieren a las menciones de los formularios de registro de los contratos agrícolas, de modificación y de cancelación.
La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó estas enmiendas.
En sesión de 9 de julio de 2014, el Honorable Diputado señor Chahin manifestó su disconformidad respecto a incluir los insumos en la definición de productos agrícolas, ya que con ello, argumentó, se le dan los mismos derechos y obligaciones al vendedor de insumo que al productor, y llamó a Sus Señorías a rechazar la propuesta del Senado.
En esta misma línea, el Honorable Diputado señor Barros apoyó el texto propuesto por la Cámara de Diputados. No obstante, indicó que si la intención del Senado fue ampliar el espectro de los productos sujetos a esta ley sería pertinente agregar a los insumos agrícolas en otro literal.
Al respecto, la Comisión Mixta acordó solicitar la opinión del Profesor de Derecho Civil, señor Mario Opazo , quien ya había participado durante la discusión particular del mismo. En efecto, en sesión de 23 de julio de 2014, el profesor señor Opazo recordó que es la segunda vez que se pronuncia respecto de este proyecto de ley y, en seguida se refirió al concepto de producto agrícola y a la modificación del Senado que incluyó, en esta definición, a los insumos que se requieren para la producción. Explicó que la palabra producto, desde la perspectiva jurídica, implica todo aquello que proviene de una cosa o que sale de ella. En consecuencia, subrayó, los insumos no pueden ser considerados como productos.
Considerando lo expuesto, el Honorable Senador señor García manifestó su voluntad de mantener el texto propuesto por la Cámara de Diputados para la definición de producto agrícola, eliminando la inclusión de los insumos de este concepto.
- La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García , Moreira , Quinteros y Walker, don Patricio y Honorables Diputados señoras Carvajal y Pascal y señores Barros y Chahin , aprobó en los mismos términos el texto propuesto por la Cámara de Diputados para la letra b) del artículo 3°.
- Con idéntica votación, la Comisión Mixta aprobó el literal g) del artículo 3° propuesto por el Senado, que introduce una modificación de mera concordancia.
Artículo 4°
La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 4° cuyo inciso primero establece los requisitos para que las partes de un contrato agrícola se acojan a esta ley. Al efecto, detalla que deberán suscribir el formulario, a que se refiere la letra g) del artículo 3°, ante notario público, quien deberá estampar su firma electrónica avanzada o bien que podrá ser suscrito a través de la firma electrónica avanzada de las partes, y que en tal caso no se requerirá la intervención notarial. Asimismo, señala que una vez suscrito dicho formulario se incorporará en el Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo y producirá los efectos establecidos en el Título IV.
Por su parte, su inciso segundo señala que para los efectos de esta ley, la fecha del contrato será la de su registro.
El Senado, en segundo trámite constitucional, sustituyó el artículo 4° por otro que elimina la referencia a la forma en que se suscribirá el formulario. Asimismo, suprimió su inciso segundo que determina que la fecha del contrato será la de su registro.
La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó esta enmienda.
El Honorable Diputado señor Chahin , en primer lugar, destacó la importancia del proyecto de ley, porque promueve el uso de la firma electrónica avanzada, lo que permitirá que un productor de Aysén celebre un contrato con un agroindustrial de la Región Metropolitana sin tener que reunirse físicamente. Así, subrayó, se resuelve un impedimento físico de que ambas partes estén presentes en la notaría, al momento en que se suscriba el formulario que será incluido en el Registro de Contratos Agrícolas.
En segundo lugar, entró en el análisis del conflicto surgido entre ambas Cámaras a propósito del texto para el artículo 4° de este proyecto de ley. Al respecto, detalló que el Senado, en segundo trámite constitucional, eliminó del artículo en comento las siguientes oraciones: “ante notario público, quien deberá estampar su firma electrónica avanzada. Con todo, el formulario también podrá ser suscrito a través de la firma electrónica avanzada de las partes, y en tal caso no se requerirá la intervención notarial.” Explicó que esta supresión se justificó en que dichas formalidades ya estarían contenidas en el artículo 12, que pasó a ser 13 en el texto del Senado de esta iniciativa de ley.
Enseguida, si bien reconoció que el citado artículo 12 reitera, de cierta manera, las formalidades que se requieren para la suscripción de los formularios, acotó que esta norma no es tan categórica como el texto del artículo 4° aprobado por la Cámara de Diputados, porque establece que la suscripción de los formularios deberá hacerse ante notario y, eventualmente, sólo si las partes lo desearen y tuvieren firma electrónica avanzada podrían prescindir de la intervención de aquél. De lo anterior, coligió, la regla general será la suscripción de estos formularios mediante firma electrónica avanzada de un notario.
Por otra parte, hizo notar que el mentado artículo 12, luego de señalar las formalidades necesarias para la suscripción de los formularios de inscripción, modificación o de cancelación, establece en su inciso segundo que un reglamento determinará la forma en que se deberá acreditar la firma electrónica avanzada de los formularios de las partes contratantes, lo que en su opinión podría generar incertidumbre y confusión respecto de los efectos de la firma electrónica de las partes.
Además, complementó que esto podría permitir a una de las partes impugnar el contrato agrícola registrado alegando que ella no firmó el respectivo formulario, lo que obligaría a la contraparte a probar que, efectivamente, suscribió dicha convención. Así, puso de relieve que no se contaría con un medio de prueba fehaciente que acredite que las partes suscribieron un contrato agrícola, lo que podría debilitar la eficacia de los mismos por esta vía.
Por todo lo anterior, señaló que es partidarios de mantener la redacción del artículo 4°, aprobado por la Cámara de Diputados.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Barros indicó que la idea de este tipo de registro es que opere respecto de contratos de largo plazo, permitiendo que compradores y proveedores acuerden un determinado nivel de precios, que les ayude a operar con tranquilidad, sin que cada año tengan que negociar un nuevo “precio spot”. Bajo esta perspectiva, señaló que las personas deben tener un cuidado especial con la firma de este tipo de contratos, por lo que consignó la necesidad de que las partes registren sus contratos e incluyan una cláusula de resolución de conflictos, facultando a un árbitro arbitrador la solución de las discrepancias que surjan entre ellas.
El Honorable Senador señor Chahin resaltó que esta iniciativa busca que los contratos agrícolas efectivamente se cumplan, por ello se debe exigir que las partes tengan, al menos, un testigo avalado como un notario al momento de suscribir el formulario que será registrado, de lo contrario, se podría generar un problema de prueba con la identidad de las partes que aparecen suscribiéndolo.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio , se manifestó partidario de aprobar la redacción de la Cámara de Diputados y expresó su apoyo a la exigencia de la firma electrónica avanzada, que permitirá garantizar que el mensaje de datos no será modificado. Reiteró su conformidad con estas dos fórmulas, aunque no haya notario, ya que, apuntó, si existe firma electrónica avanzada igual hay una especie de notario público electrónico en la figura del prestador de servicios de certificación, el cual tiene que cumplir con varios requisitos, entre otros, extender una boleta de garantía. Consignó, además, que esta modalidad garantiza que no exista suplantación de personas y que no se repudien las consecuencias jurídicas del acto jurídico celebrado, lo que le da eficacia al acto mismo.
El Honorable Senador señor Chahin indicó que el artículo 4° establece una formalidad para la suscripción de los formularios de un contrato consensual, en efecto, exige que estos formularios deberán ser suscritos mediante firma electrónica avanzada de un notario público, formalidad que está en sintonía con la realidad del mundo agrícola, ya que la mayoría de los productores agrícolas no cuentan con firma electrónica avanzada. Por lo anterior, concluyó, el artículo 12 (que pasó a ser 13 en el Senado) complementa al artículo 4°.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio , con la finalidad de diluir cualquier duda sobre el sentido de ambas normas, sugirió invitar para la próxima sesión a un experto en derecho civil.
En la sesión siguiente, el Profesor de Derecho Civil , señor Opazo , explicó que el texto aprobado, en primer trámite constitucional, señala que se deberá suscribir el formulario ante notario, quien estampará su firma electrónica avanzada y que también podrá ser suscrito por las partes mediante firma electrónica, y que en este caso no se requerirá la intervención notarial. Al respecto, hizo presente que la firma electrónica avanzada de acuerdo a la ley tiene el valor probatorio de un instrumento público.
Por su parte, refirió que el Senado, en segundo trámite constitucional, entendió que no sería necesario incluir esta referencia a las formalidades para suscribir el formulario, porque ello ya estaría regulado en los artículos 13 y siguientes del Senado, por lo que suprimió esta mención en el artículo 4° de este proyecto de ley.
En su opinión, tanto en el artículo 4° como en el 13 del texto Senado se regulan las formalidades para la suscripción del formulario de los contratos agrícolas registrados, por lo que consideró que de mantenerse ambas normas en los mismos términos aprobados por la Cámara de Diputados se podría caer en una suerte de redundancia legislativa. De esta manera, se inclinó por el texto propuesto por el Senado para el artículo 4°.
El Honorable Diputado señor Chahin hizo presente que es posible resolver la discrepancia surgida entre ambas Cámaras en relación con las formalidades requeridas para suscribir el formulario de los contratos agrícolas con las normas del Título III “De la suscripción de los formulario” de este proyecto de ley.
Sin embargo, previno que existen algunas normas que deberían ser modificadas para evitar confusiones. En particular, se refirió al inciso segundo del artículo 13 del Senado, que confiere al reglamento la forma en que se deberá acreditar la firma de los formularios por parte de los contratantes, lo que en su opinión haría perder eficacia a los contratos agrícolas registrados, porque permitirá a las partes objetar la suscripción de estos formularios.
Además, mencionó que el inciso primero de la norma en comento, establece que la suscripción de los formularios se realizará mediante firma electrónica avanzada del notario o de las partes, si la tuvieren. Señaló que el tenor de esta disposición debería ser más categórico, en el sentido de precisar que estos formularios se deberán suscribir ante notario y sólo si las partes tuvieren firma electrónica, podrán prescindir de la intervención notarial, tal como lo hace el artículo 4° propuesto por la Cámara de Diputados.
Con todo, consideró que existe una confusión entre el formulario de inscripción, modificación y cancelación, y el contrato de compraventa de productos agrícolas. Por lo anterior, pidió al Profesor de Derecho Civil que se pronuncie sobre el particular.
El profesor señor Opazo , explicó que el contrato agrícola definido en el artículo 3° letra a), del proyecto de ley, no introduce modificaciones a las reglas del Código Civil, puesto que no hace más que agregar que este contrato recaerá sobre un objeto particular, a saber, el producto agrícola. En consecuencia, subrayó, no consagra ninguna excepción a las reglas del Derecho Civil y como tal sigue siendo un contrato de compraventa de cosa mueble y que según el artículo 1801 del referido Código, es un contrato consensual. Así, argumentó, este contrato se perfecciona mediante el acuerdo entre las partes respecto de la cosa y del precio.
De esta manera, resaltó que el registro que propone este proyecto de ley no es una solemnidad del contrato, sino más bien una medida de publicidad, a tal punto que los contratos que no sean registrados seguirán produciendo todos sus efectos, porque el contrato ya fue perfeccionado. Por ello, consignó que el artículo 4° se refiere a la formalidad para la inscripción del formulario y no para el perfeccionamiento del contrato.
En cuanto al artículo 13 del Senado, expresó que su inciso primero, nuevamente, menciona las formalidades para la suscripción del formulario de inscripción pero de una forma más orgánica, porque esta disposición está contenida dentro del Título III “De las suscripción de los formularios”. Además, comentó que tampoco altera las normas sobre la perfección de esta especie de contratos. De esta manera, por una cuestión de técnica jurídica, se mostró partidario de aprobar la redacción propuesta por el Senado para el artículo 4°.
El Honorable Diputado señor Chahin coincidió en que este tipo de contratos sigue siendo consensual y que estas formalidades no son solemnidades. Por otra parte, compartió que el texto de la Cámara de Diputados para el artículo 4° no es tan claro, ya que no recoge adecuadamente lo que quisieron normar: que estos contratos, para que pudieran regirse por la presente ley, debían ser suscritos ante notario y sólo en el evento que las partes tuvieran firma electrónica avanzada podían prescindir de la intervención notarial. Ello, dijo, se funda en que la mayoría de los casos las partes no contarán con firma electrónica, por lo que en la práctica será extremadamente difícil cumplir con esta norma.
Luego, y a fin de zanjar la controversia, sugirió aprobar el texto del Senado para el artículo 4° pero, en el entendido que se modifiquen los artículos 12 y 13 (13 y 14 del Senado), puesto, que a su juicio, dichas normas adolecen de contradicciones, toda vez que el primero permite que no comparezcan las partes que no tienen firma electrónica avanzada; en cambio, el segundo, dispone que se tendrá por no suscrito el formulario que no fuere firmado por todas las partes.
De esta forma, argumentó, han concordado con el Ejecutivo en la necesidad de modificar los citados artículos a fin de armonizarlos y de entregar una mayor certeza en la comparecencia del contrato.
En virtud de lo expuesto, la Comisión Mixta estuvo de acuerdo en modificar los artículos 12 y 13 (13 y 14 texto Senado).
Al término del debate la Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García , Moreira y Walker, don Patricio y de los Honorables Diputados señora Carvajal y Pascal y señores Chahin y Paulsen aprobó en los mismos términos el artículo 4° despachado por el Senado.
Con la misma votación, la Comisión Mixta adoptó los siguientes acuerdos:
1.- Sustituir el texto aprobado por la Cámara de Diputados para el inciso primero del artículo 12 (pasó a ser 13), por el siguiente:
“Artículo 13.- La suscripción de los formularios de inscripción, modificación o cancelación, para los efectos del registro señalado en la letra h) del artículo 3° de esta ley, se realizará mediante documento electrónico, con la firma electrónica avanzada de las partes que hayan suscrito el contrato, si la tuvieren, o de un notario público, para el caso de que una o más partes no cuenten con la misma.”.
2.- Suprimir el inciso segundo del texto aprobado por la Cámara de Diputados del artículo 12 (pasó a ser 13), por considerarlo innecesario.
3.- Reemplazar el texto aprobado por la Cámara de Diputados para el inciso primero del artículo 13 (pasó a ser 14), por el siguiente:
“Artículo 14.- Una vez transcurrido un plazo de siete días hábiles, a contar de la primera firma, se tendrá por no suscrito aquel formulario que no haya sido firmado por todas las partes del contrato con arreglo a alguna de las formas previstas en el artículo precedente.”.
Artículo 16 (17 del Senado)
La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 16, cuyo inciso primero regula el caso en que una persona, distinta de quien hubiere comparecido como comprador en el contrato agrícola registrado, adquiera los productos objeto de dicha convención será, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato por los perjuicios causados al comprador.
Su inciso segundo aclara que la responsabilidad solidaria no se extenderá a las ventas posteriores a la primera transacción, definida en la letra f) del artículo 3°.
El inciso tercero presume la mala fe del vendedor y de los terceros adquirentes a los que se refiere el inciso primero.
El Senado, en segundo trámite constitucional, sustituyó el texto del artículo 16 (pasó a ser 17), por otro que reemplaza la solidaridad por una indemnización legal de perjuicios.
Al efecto, el inciso primero del Senado menciona las hipótesis del productor que vende a una persona distinta de quien compareció como comprador en el contrato agrícola registrado y la del comprador que no adquiere los productos del contrato o que paga por ellos una cantidad menor a la fijada en dicha convención. En cualquiera de estos casos se establece que la parte incumplidora deberá pagar a la otra, por concepto de indemnización de perjuicios, el 25% del precio que reza en el contrato, sin que el deudor pueda eximirse que su incumplimiento no ha causado perjuicios al acreedor o que el monto causado es inferior al señalado.
El inciso segundo menciona el caso en que se hubiese pactado una cláusula penal. Al respecto, señala que el acreedor deberá optar entre la pena y la indemnización a todo evento del inciso primero, a menos que se haya estipulado expresamente en el contrato que puede cobrar ambas.
El inciso tercero se refiere al caso en que los perjuicios son mayores al monto fijado en el inciso primero. Al efecto, dispone que se deberá demandar y probar el exceso de los mismos, de acuerdo a las reglas generales, mediante el procedimiento sumario establecido en el artículo 17 (artículo 18 del Senado).
La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó esta enmienda.
El Asesor del Ministerio de Agricultura, señor Naranjo, señaló que se han reunido con distintos actores, en particular con los representantes de la Bolsa de Productos Agropecuarios, quienes le comunicaron que es de la esencia de este proyecto de ley el mantener la responsabilidad solidaria, la cual permitirá a los productores agrícolas participar en el sistema financiero para conseguir apoyo crediticio y establecer un mercado futuro de productos agrícolas. Al efecto, hizo presente que reemplazar la solidaridad por una indemnización de perjuicios, provocará la pérdida de certeza de estos contratos frente a las relaciones comerciales entre productores agrícolas y agroindustriales, más aun considerando que se trata de un registro voluntario.
Además, observó que la indemnización de perjuicios, a todo evento, que se plantea, de un 25% del precio que reza en el contrato, en muchas ocasiones no alcanzará a solventar todos los perjuicios irrogados a la parte que se vio afectada por el incumplimiento del contrato, de tal manera que esta indemnización no inducirá a las partes a cumplir el contrato registrado.
Así, concluyó, considerando que se trata de un sistema registral voluntario, que incluye tanto a pequeños como a medianos productores sería conveniente mantener el texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional para el artículo en estudio.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio y el Honorable Diputado señor Barros compartieron lo expuesto por el Ejecutivo, en orden a mantener el texto propuesto por la Cámara de Diputados.
En el mismo sentido, el Honorable Diputado señor Chahin manifestó su apoyo al texto aprobado por la Cámara de Diputados, con excepción del inciso final que consagra una presunción de mala fe del vendedor y de los terceros adquirentes. Al efecto, señaló que no es conveniente alterar las reglas generales del Derecho Civil sobre la presunción de la buena fe, porque podría desincentivar la suscripción de este tipo de contratos y destacó que el Senado, en su propuesta, eliminó esta presunción de mala fe.
En cuanto al texto aprobado por el Senado, hizo presente a Sus Señorías que el incumplimiento contractual siempre dará derecho a la parte a solicitar una indemnización de perjuicios, además de avaluar anticipadamente los perjuicios que les irrogaría el incumplimiento del contrato mediante una cláusula penal. De esta manera, insistió, las reglas generales en materia de responsabilidad contractual ya dan una solución concreta al incumplimiento del contrato registrado.
Hizo presente que se busca evitar que los terceros sean tentados a comprar productos agrícolas que están comprometidos en el marco de un contrato agrícola registrado y, si llegasen a comprarlos, deban responder por los daños causados al comprador original. Entonces, argumentó, el objetivo es crear un marco de responsabilidad por la vía de la solidaridad, que establezca un incentivo para que el vendedor cumpla el contrato y para que los terceros no adquieran productos que son objeto de un contrato agrícola registrado. Ello, resaltó, le dará mayor eficacia al cumplimiento de este tipo de convención.
En seguida, la Comisión Mixta consultó al profesor de Derecho Civil señor Opazo su opinión respecto a incentivar el cumplimiento de los contratos agrícolas registrados.
El Profesor de Derecho Civil , señor Opazo comentó que frente al incumplimiento de un contrato agrícola registrado existen dos propuestas como sanción, a saber: la de la Cámara de Diputados, que consagra la responsabilidad solidaria entre el vendedor y el tercero adquirente y, la del Senado, que establece una indemnización legal de perjuicios y que usa como modelo el caso excepcional de la Ley que Establece el Mérito Ejecutivo de la Cuarta Copia de Factura .
Explicó que ambas soluciones benefician al acreedor, pero la diferencia estriba en que mediante la solidaridad el acreedor tendrá más de un patrimonio en el cual hacer efectiva esta indemnización, lo que constituye una de las ventajas de esta propuesta.
Por su parte, apuntó que la indemnización legal de perjuicios tiene la ventaja de liberar al acreedor de probar el monto de los perjuicios, siguiendo el símil de lo que establece el Código Civil para la cláusula penal. Al efecto, precisó que las reglas son bastante parecidas y agregó que si, además, se ha pactado una cláusula penal se deberá optar entre ésta o la indemnización legal de perjuicios, salvo que exista cláusula expresa que permita acumular ambas indemnizaciones. De lo contrario, arguyó, habría un enriquecimiento injusto o sin causa. Además, si el acreedor entiende que padeció perjuicios por un monto superior al fijado en la ley tiene la posibilidad de demandar en un juicio, debiendo probar el exceso de los daños.
Sobre el particular, el Profesor señor Opazo hizo presente que determinar cuál de las dos propuestas es mejor es un tema que deben decidir Sus Señorías, con todo, resaltó que ambas favorecen al acreedor y que cada una tiene sus ventajas respecto de la otra.
La Honorable Diputada señora Pascal recordó que el texto de la Cámara de Diputados también sanciona al tercero adquirente, considerando que quienes llevan a incumplir los contratos agrícolas normalmente son los terceros, que corresponden a grandes empresarios que interfieren en las relaciones ya pactadas y que ofrecen pagar un mejor precio que el acordado en el primer contrato. Argumentó que esta mala práctica es bastante frecuente en el mercado agrícola, lo que los motivó a sancionar a estos terceros con la solidaridad.
El Profesor señor Opazo indicó que la solidaridad es una verdadera garantía, porque asegura el pago de la indemnización con otro patrimonio que, en este caso, es probable que se trate de un patrimonio solvente sobre el cual hacer efectiva la responsabilidad. En este sentido, compartió lo expuesto por la Honorable Diputada señora Pascal .
El Honorable Diputado señor Chahin resaltó que la responsabilidad solidaria es lo que realmente le da eficacia a esta ley. En rigor, subrayó, se obtiene una fórmula más eficaz para resarcir los perjuicios causados, lo que a su vez inhibirá a que los terceros compren productos que están comprometidos en un contrato agrícola registrado. Además, dijo que el registro público que crea esta ley permitirá a los terceros conocer si el producto que compran es objeto de un contrato previo.
El Honorable Senador señor García informó que en la Comisión de Agricultura del Senado se trabajó intensamente en la redacción del artículo 17 y que su discusión abarcó prácticamente cuatro sesiones. Comentó que hubo bastante controversia a pesar de tratarse de un tema más bien jurídico que agrícola y explicó que se optó por eliminar la solidaridad teniendo presente la inseguridad que podría generar en el mercado agrícola esta institución. En efecto, argumentó, los terceros que compran, sobre quienes recaería la solidaridad, no tienen cómo saber qué parte de la producción están comprando o si el producto que compran excede a lo que el productor se comprometió a entregar en un contrato previo. Además, reparó que los terceros tampoco tendrán acceso a conocer los precios de venta de la primera transacción, porque la mención del precio no es una cláusula obligatoria del registro.
De esta forma, continuó, en el Senado se entendió que la solidaridad podría generar una cierta incertidumbre en las transacciones agrícolas y que los vendedores se verían expuestos a mayores trabas para vender sus productos. Por ello, se planteó un nuevo texto que elimina la solidaridad y cuyos efectos se restringen a las partes del contrato agrícola registrado. Por todo lo anterior, manifestó su intención de mantener el texto aprobado por el Senado.
La Honorable Diputada señora Carvajal indicó que de una primera lectura de este artículo entiende que se atribuye una exigencia adicional al tercero que compra un producto comprometido en un contrato agrícola registrado, por lo que, al igual que el Honorable Senador señor García , pregunta cuál es el sentido de responsabilizar a este tercero con una obligación accesoria establecida por ley, que podría perjudicar más aún a los productores al complicar las transacciones del mercado agrícola.
Por otra parte, el Profesor de Derecho Civil señaló que el texto propuesto por la Cámara de Diputados vincula la solidaridad con la presunción de mala fe del comprador. Al respecto, comentó que esta presunción simplemente legal no tiene mayor importancia en el ámbito de la responsabilidad civil, ya que la mala fe es propia de los temas posesorios y que en esta materia el concepto adecuado es el dolo.
En sintonía con lo anterior, hizo hincapié en la presunción del dolo que permite agravar la responsabilidad contractual, pero advirtió que para que éste se pueda presumir es necesario que efectivamente el tercero conozca o, al menos, cuente con los medios necesarios para conocer que su actuar está fomentando el incumplimiento de un contrato.
Además, observó que si no existe certeza de cuánto es la producción total y cuánto es lo que se vendió en el primer contrato se corre el riesgo de que el tercero al constatar la existencia de un contrato inscrito no quiera comprar la producción, lo que sin duda generará un problema en las transacciones agrícolas.
El Asesor del Ministerio de Agricultura, señor Naranjo, reiteró que los representantes de la Bolsa de Productos Agropecuarios han insistido en que este proyecto de ley sólo tendrá viabilidad si es que se incorpora la responsabilidad solidaridad.
El Honorable Senador señor García comentó que en la Comisión de Agricultura del Senado escucharon a los representantes de la Bolsa de Productos Agropecuarios, quienes manifestaron su inquietud por mantener la solidaridad, porque ello les permitiría transar un instrumento más seguro al llevar aparejada la solidaridad. No obstante, puso de relieve que de mantenerse la solidaridad no habrá instrumento que transar, porque nadie querrá ser solidariamente responsable de la mala fe del vendedor que vende dos veces el mismo producto.
La Honorable Diputada señora Pascal insistió en mantener la solidaridad y comentó que los asesores de los Ministerios de Agricultura y de Economía, Fomento y Turismo estaban de acuerdo con la misma. Reiteró que esta fórmula evitará que terceros tienten a los productores ofreciéndoles un mejor precio, como frecuentemente ocurre en la zona frutillera de su circunscripción.
El Honorable Diputado señor Chahin sugirió agregar un inciso que permita al tercero eximirse de la responsabilidad solidaria en caso de mala fe del vendedor o repetir en contra de él por el doble.
Al término de la sesión, el Honorable Senador señor Moreira , hizo presente que aún persisten dudas respecto de esta controversia y propuso seguir con el debate y postergar su votación para la próxima sesión.
A su vez, el Honorable Senador señor Walker, don Patricio , sugirió solicitar la opinión de los Ministerios de Agricultura y de Economía, Fomento y Turismo.
El Honorable Senador señor Moreira señaló que para la próxima sesión se invitarán a los representantes de los Ministerios de Agricultura y de Economía, Fomento y Turismo.
En la sesión siguiente, la Comisión tuvo a la vista tres propuestas de texto para el artículo 17, a saber:
1.- De la Honorable Diputada señora Pascal para sustituir el artículo 16 (17 del texto del Senado) por el siguiente:
“Artículo 16.- Cuando una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador al contrato agrícola registrado, adquiera los productos objeto de dicho contrato, será para todos los efectos legales, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato, por los perjuicios causados al comprador.
Sin perjuicio de lo anterior, no se aplicará esta responsabilidad solidaria al tercer adquirente que probare su buena fe, acreditando que desconocía que los productos objeto del contrato por él celebrado con el vendedor, ya se encontraban comprometidos en virtud de un contrato agrícola anterior, registrado de conformidad a las normas de la presente ley.
La responsabilidad solidaria a la que se refiere este artículo, no se extenderá a las ventas posteriores a aquella a la que se refiere la letra f) del artículo 3°”.
2.- Del Honorable Diputado señor Chahin, para reemplazar el artículo 16 (17 del texto del Senado), por el siguiente:
“Artículo 17.- Cuando una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador en el contrato agrícola registrado, adquiera los productos objeto de dicho contrato, será para todos los efectos legales, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato, por los perjuicios causados al comprador.
La responsabilidad solidaria a la que se refiere este artículo, no se extenderá a las ventas posteriores a aquella a la que se refiere la letra f) del art 3°.
En todo caso, tratándose el comprador de una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador en el contrato a que se refiere el inciso primero de este artículo, no podrá alegar desconocimiento de la celebración de un contrato que haya sido previamente inscrito en el registro.
La solidaridad no se extenderá a aquella parte de la producción del agricultor que no haya sido objeto de contrato inscrito.
El tercero obligado solidariamente en virtud de este artículo, tendrá los derechos del artículo 1.522 del Código Civil.”.
3.- La propuesta del Ejecutivo para reemplazar el artículo 17:
“Artículo 17: Cuando una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador en el contrato agrícola registrado, adquiera los productos objeto de dicho contrato, será para todos los efectos legales, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato, por los perjuicios causados al comprador.
Sin embargo, la solidaridad no se extenderá al comprador distinto de aquel que hubiere comparecido en el contrato agrícola registrado que pruebe haber comparecido de buena fe, entendiéndose que lo hace cuando llega a acreditar que incurrió en un error excusable.
La responsabilidad solidaria a la que se refiere este artículo, no se extenderá a las ventas posteriores a aquella a la que se refiere la letra f) del artículo 3°.”.
Sobre el particular, la asesora del Ministerio de Agricultura, señora Javiera Hernández , explicó la propuesta del Ejecutivo para el artículo 17 del proyecto y señaló que son partidarios de mantener el texto de la Cámara de Diputados en cuanto la solidaridad pero con ciertas modificaciones.
Eliminar la presunción de mala fe, atendida la gravedad que esta implica, estableciéndose que los terceros podrán acreditar en juicio que se encontraban de buena fe y, en ese caso, no se les aplicará la solidaridad.
En efecto, al ser el contrato inscrito oponible a terceros, estos no podrán alegar desconocimiento del contrato, salvo que se acredite que al contratar con el vendedor se incurrió en un error excusable, como por ejemplo, la existencia de un error en el registro, o que del contenido del formulario no se podía inferir que ambos contratos tenían el mismo objeto.
Hizo presente que la propuesta del Senado de establecer una indemnización de perjuicios de un 25% del precio del contrato puede afectar tanto al vendedor, e incluso, al comprador que no adquiera los productos objeto del contrato o que pague por ellos una cantidad inferior, lo que a juicio del Ministerio iría más allá del objeto del proyecto de ley, regulando el incumplimiento de las obligaciones del contrato, que son asuntos susceptibles de ser resueltos a través del ejercicio de acciones judiciales que las partes quieran interponer, más no precisamente de producir efectos respecto de terceros, que es el verdadero objetivo del proyecto de ley en este caso.
Además, agregó, la indemnización de perjuicios del 25% del precio del contrato propuesta por el Senado, podría llegar a ser excesivamente gravosa para una de las partes, tomando en consideración que pueden además establecerse cláusulas penales y cobrarse junto con la indemnización de perjuicios y la pena, si así se estipulare por las partes. De esta forma, argumentó que la propuesta del Senado no incentiva propiamente la inscripción de los contratos agrícolas en el registro, al verse ambas partes expuestas al pago de la multa de un 25% del precio del contrato.
La solidaridad, en cambio, alcanza al tercero adquirente de los mismos productos transados previamente en un contrato inscrito, quien en justicia podrá verse expuesto, junto al vendedor, al pago de los perjuicios causados al comprador del contrato inscrito.
El Honorable Senador señor García expresó que la propuesta del Ejecutivo mantiene la solidaridad pero no la extiende al comprador que pruebe haber comparecido de buena fe. Al respecto, llamó la atención, a que en la práctica, probar la buena fe, podría generar una judicialización excesiva, lo que impedirá que este instrumento tenga utilidad.
La Honorable Diputada Pascal recordó que el efecto más importante que se buscaba en la Cámara de Diputados era la solidaridad, por ese motivo y teniendo presente que el Senado la había desechado, propuso un nuevo texto que comprende la solidaridad y que es similar a la propuesta del Ejecutivo. Instó a aprobar a la brevedad esta materia, teniendo presente que para el mundo rural es muy importante.
A su turno, el Honorable Diputado , señor Chahin , valoró el hecho de que existan distintas propuestas que ayuden a resolver el problema. Sin embargo, manifestó que le violenta observar que en la discusión de las leyes, en particular, en la que busca regular un tipo de contrato, se pretenda alterar normas que están presentes en el ordenamiento jurídico hace bastante tiempo. En efecto, enfatizó que no es partidario de alterar un principio básico del derecho civil como es que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó su acuerdo con establecer la solidaridad pero sobre la base de hechos objetivos, toda vez que la buena o mala fe presupone una intención que es el dolo.
De esta forma, dijo, el que conociendo o no pudiendo menos que conocer la existencia de este contrato, haya celebrado un contrato distinto, cambia la situación y puede excusarse de la culpa si señala que no tenía como conocerlo. Por ello, sugirió incorporar a la propuesta esta excusa del tercero ya que la prueba diría relación con un hecho y no con una subjetividad de la buena o mala fe.
Entiende que el Ejecutivo plantea que la solidaridad no sea estricta, es decir, que siempre a cualquier evento será solidariamente responsable, porque podría provocar una dificultad a los productores para vender la parte no involucrada.
Insistió en que alterar este principio de la buena fe puede generar no sólo un efecto jurídico complejo sino que también, en la práctica, mucha dificultad.
La Asesora del Ministerio de Agricultura, señora Hernández explicó que la excusa exculpatoria planteada por Su Señoría está contemplada en el artículo 14 del proyecto de ley, al establecer que la inscripción es oponible a terceros, por lo tanto, afirmó, nadie podría excusarse que no sabía o que no tenía conocimiento de este contrato inscrito. De esa perspectiva, apuntó, esa excusa no sería procedente.
Aclaró que la propuesta del Ejecutivo tiene dos objetivos: uno, no establecer una responsabilidad objetiva, y, dos, autorizar la venta de excedente de una producción a fin de no perjudicar al agricultor. Sobre el particular, hizo presente que será difícil que alguien quiera comprar el excedente si corre el riesgo de ser solidariamente responsable por los perjuicios que cause un contrato inscrito. Ahora bien, dijo, la posibilidad de probar que estaba de buena fe, liberaría de esta responsabilidad objetiva que se pretende establecer. Sin embargo, agregó, no le parece que el tercero sea responsable de los perjuicios por el sólo hecho de contratar, por cuanto, también, entrabaría la comercialización de los productos agropecuarios. Finalmente, manifestó la voluntad del Ejecutivo de estudiar otras alternativas.
La Honorable Diputada señora Pascal hizo presente que si el tercero compra productos comprometidos, estará actuando de mala fe, puesto que el contrato ya está registrado.
El Honorable Senador señor García discrepó de lo planteado por Su Señoría y expresó que el registro no siempre entregará toda la información de la transacción.
El Honorable Diputado señor Chahin consultó al Ejecutivo si está de acuerdo en incorporar una norma que faculte al tercero, que paga en virtud de esta solidaridad al comprador del contrato registrado los perjuicios causados, a repetir lo pagado contra el vendedor.
El asesor del Ministerio de Agricultura, señor Naranjo insistió en que se trata de un registro de contratos de carácter voluntario, por tanto, dijo, los que participen de estos contratos, se entiende que lo harán de buena fe y que asumirán las responsabilidades que estipula la ley. Lo anterior, acotó, no debe perderse de vista al legislar sobre esta materia.
En el mismo sentido, el Honorable Diputado señor Barros , llamó a simplificar la redacción y agregó que, en general, los compradores y vendedores harán uso de los contratos en función de lo que firmaron.
El Honorable Senador señor Moreira señaló que se ha debatido extensamente en busca de un consenso en esta materia, por lo que corresponde votar las propuestas presentadas.
-Al votar el texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, fue rechazado por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Diputados señora Pascal y señores Barros , Chahin y Paulsen y Honorables Senadores señores García , Quinteros y Moreira .
- En seguida, se procedió a votar el texto aprobado por el Senado en el segundo trámite constitucional, el cual fue rechazado por mayoría de votos, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores García , Quinteros y Moreira y en contra los Honorables Diputados señora Pascal y señores Barros , Chahin y Paulsen .
-A continuación, se votó la proposición del Honorable Diputado señor Chahin , obteniéndose el siguiente resultado: tres votos a favor de los Honorables Diputados señores Barros , Chahin y Paulsen , y cuatro abstenciones de la Honorable Diputada señora Pascal y Honorables Senadores señores García , Quinteros y Moreira .
Repetida la votación en virtud del artículo 178 del Reglamento del Senado, votaron a favor los Honorables Diputados señores Barros , Chahin y Paulsen , se abstuvo la Honorable Diputada señora Pascal y los Honorable Senadores señores Quinteros y Moreira y votó en contra el Honorable Senador señor García .
A consecuencia del empate, en virtud del artículo 182 del Reglamento del Senado, se repitió nuevamente la votación con el siguiente resultado: a favor los Honorables Diputados señores Barros , Chahin y Paulsen ; en contra la Honorable Diputada señora Pascal y los Honorables Senadores señores García , Quinteros y Moreira , quedando rechazada la propuesta.
En seguida, la Honorable Diputada señora Pascal retiró su propuesta.
Al votar la propuesta del Ejecutivo , el Honorable Senador señor García solicitó división de la votación y se obtuvo el siguiente resultado.
En votación el inciso primero de la propuesta del Ejecutivo , fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores García , Quinteros y Moreira y Honorables Diputados señora Pascal y señores Barros , Chahin y Paulsen , cuyo texto es el siguiente.
Artículo 17.- Cuando una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador en el contrato agrícola registrado, adquiera los productos objeto de dicho contrato, será para todos los efectos legales, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato, por los perjuicios causados al comprador.
El inciso segundo fue rechazado por mayoría de votos. Votaron en contra los Honorables Diputados señores Barros , Chahin y Paulsen y el Honorable Senador señor García , y a favor la Honorable Diputada señora Pascal y los Honorables Senadores señores Quinteros y Moreira .
El inciso tercero fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores García , Quinteros y Moreira y Honorables Diputados señora Pascal y señores Barros , Chahin y Paulsen .
En seguida, la unanimidad de los miembros presentes acordó reabrir debate y se propuso agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor:
“En todo lo no regulado por la presente ley, la solidaridad se regirá por las disposiciones contenidas en el Código Civil.”.
En votación el nuevo inciso final, fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores García , Moreira y Walker, don Patricio y Honorables Diputados señoras Carvajal y Pascal y señor Chahin .
-o-
En mérito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como forma y modo de salvar la divergencia entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, lo siguiente:
ARTÍCULO 3
Letra b)
Aprobarlo en los términos que lo hizo la Cámara de Diputados.
(Unanimidad).
Letra g)
Contemplarla en los mismos términos que lo hizo el Senado.
(Unanimidad).
ARTÍCULO 4
Aprobarlo en los mismos términos que lo hizo el Senado.
(Unanimidad).
Artículo 12
(pasó a ser 13)
Sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 13.- La suscripción de los formularios de inscripción, modificación o cancelación, para los efectos del registro señalado en la letra h) del artículo 3° de esta ley, se realizará mediante documento electrónico, con la firma electrónica avanzada de las partes que hayan suscrito el contrato, si la tuvieren, o de un notario público, para el caso de que una o más partes no cuenten con la misma.
Los notarios públicos sólo podrán cobrar, por la firma electrónica avanzada que estampen, la tarifa fijada mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, emitido bajo la fórmula “Por orden de Presidente de la República ” y suscrito, además, por el Ministro de Justicia .”.
(Unanimidad).
Artículo 13
(pasó a ser 14)
Reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 14.- Una vez transcurrido un plazo de siete días hábiles, a contar de la primera firma, se tendrá por no suscrito aquel formulario que no haya sido firmado por todas las partes del contrato con arreglo a alguna de las formas previstas en el artículo precedente.”.
El reglamento dispondrá la manera de identificar el formulario, una vez que las partes hubieren comenzado a completar sus campos. Con la suscripción de una de las partes, dicho formulario no podrá modificarse posteriormente.”.
(Unanimidad).
Artículo 16
(pasó a ser 17)
Sustituirlo por el siguiente:
Artículo 17.- Cuando una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador en el contrato agrícola registrado, adquiera los productos objeto de dicho contrato, será para todos los efectos legales, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato, por los perjuicios causados al comprador.
La responsabilidad solidaria a la que se refiere este artículo, no se extenderá a las ventas posteriores a aquella a la que se refiere la letra f) del artículo 3°.
En todo lo no regulado por la presente ley, la solidaridad se regirá por las disposiciones contenidas en el Código Civil.”.
(Unanimidad).
-o-
A título meramente informativo, cabe hacer presente que de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto de la iniciativa legal queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto establecer un sistema de inscripción voluntaria de los contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo en un registro público, nacional y único.
Artículo 2°.- Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los contratos agrícolas con entrega a plazo que consten por escrito, siempre que se trate de la primera transacción de dichos productos.
Artículo 3°.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Contrato agrícola o contrato: aquellos contratos de compraventa de productos agrícolas celebrados entre un productor agrícola y un agroindustrial o un intermediario.
b) Producto agrícola o producto: el que proviene directamente de la agricultura, esto es, aquella materia prima de origen vegetal o animal obtenida del cultivo de la tierra o de la ganadería, sea que se encuentre cosechada o pendiente.
c) Productor agrícola, productor o agricultor: persona natural o jurídica que produce las materias primas a que se refiere la letra b) de este artículo.
d) Agroindustrial: persona natural o jurídica que procesa o utiliza el producto agrícola.
e) Intermediario: persona natural o jurídica que concurre a la primera transacción de productos agrícolas como comprador con ánimo de vender, posteriormente, dichos productos.
f) Primera transacción: aquella en la que participan, por una parte, como vendedor el agricultor y, por la otra, como comprador el agroindustrial o intermediario.
g) Formulario: extracto electrónico que contiene las menciones del contrato agrícola o las de su modificación o cancelación, que serán publicadas en el registro, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8°.
h) Registro: el Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo.
i) Fecha de término del contrato o fecha de término: aquella estipulada por las partes que fija la época de cumplimiento de la última de las obligaciones principales del contrato, esto es, la entrega de los productos vendidos o el pago del precio.
Artículo 4°.- Las partes de los contratos agrícolas que se acojan a la presente ley deberán suscribir el formulario a que se refiere la letra g) del artículo precedente. Una vez suscrito dicho formulario, se incorporará al Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo y producirá los efectos establecidos en el Título IV.
TÍTULO I
De la inscripción del contrato de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo, de su modificación y su cancelación
Artículo 5°.- El formulario del contrato agrícola o de su modificación o cancelación, se inscribirá en el registro a que se refiere el artículo 10.
Artículo 6°.- Sin perjuicio de los elementos esenciales que debe contener el contrato agrícola, el formulario de inscripción contendrá las siguientes menciones:
a) Nombres y apellidos o razón social, y número de R.U.T., R.U.N., pasaporte o documento de identidad, según corresponda, de las partes contratantes.
b) Fecha de término del contrato agrícola.
c) Rol de avalúo del bien raíz en que se producen los bienes objeto del contrato.
d) En caso que el productor agrícola no sea el dueño de la propiedad raíz, la identificación precisa del título en virtud del cual explota el predio a que se refiere la letra precedente.
e) La indicación de los productos objeto del contrato.
f) Total de la superficie cuya producción sea objeto del contrato, y el rendimiento de la producción estimada en volumen o peso.
g) La indicación de estar comprándose el total o una parte de la producción señalada en el contrato agrícola, de conformidad a la letra f) anterior.
h) La autorización expresa de las partes para el tratamiento de los datos que contenga el formulario.
i) La cláusula penal, en caso de pactarse, que se hará efectiva ante el incumplimiento de cualquiera de las partes.
j) La circunstancia, en caso de existir, de que los productos objeto del contrato cuentan con cobertura de seguro, cualquiera sea la naturaleza de éste.
k) La estipulación expresa de que las partes acuerdan someterse a las normas de esta ley.
l) En general, aquellas menciones que las partes convengan en publicar.
Artículo 7°.- En el formulario de modificación de los contratos agrícolas se registrarán:
a) El número de inscripción que se modifica.
b) Nombres y apellidos o razón social, y número de R.U.T., R.U.N., pasaporte o documento de identidad, según corresponda, de las partes concurrentes, que deben ser las mismas que concurrieron a la primera inscripción, o a la cesión en su caso, sus representantes o continuadores legales.
c) La circunstancia de haberse cedido en todo o en parte los derechos provenientes del contrato, con la individualización del cesionario, conforme a la letra a) del artículo 6°.
d) Toda mención de las señaladas en el artículo anterior, que se modifique.
Artículo 8°.- En el formulario de cancelación de los contratos agrícolas se registrarán:
a) El número de inscripción que se cancela.
b) Nombres y apellidos o razón social, y número de R.U.T., R.U.N., pasaporte o documento de identidad, según corresponda, de las partes concurrentes, que deben ser las mismas que concurrieron a la primera inscripción, o a la cesión en su caso, sus representantes o continuadores legales.
c) Causal que se invoca para la cancelación.
Artículo 9°.- El productor, una vez entregados los productos objeto del contrato en la cantidad o rendimiento de la producción a que se refiere la letra f) del artículo 6°, podrá solicitar al comprador la cancelación de la respectiva inscripción en el Registro , quien deberá proceder de inmediato y sin más trámite.
TÍTULO II
Del Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo
Artículo 10.- Créase el Registro de Contratos de Compraventas de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo, que deberá constar en un sitio electrónico y al que se incorporarán los contratos agrícolas que se acojan a esta ley, su modificación y cancelación, para los efectos que se indican en el Título IV de la misma.
Este registro es único, rige en todo el territorio de la República, es público y deberá estar permanentemente actualizado, de manera que asegure la fiel y oportuna publicidad de la información incorporada en él. Todo interesado podrá consultar gratuitamente los contratos agrícolas inscritos en el registro.
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estará encargado de la administración del registro, y de que éste cumpla, en todo tiempo, las normas de la presente ley y de su reglamento. Para estos efectos, estará facultado para licitar la administración del registro a una entidad externa, caso en el cual mantendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas antes señaladas. El administrador del registro podrá certificar las inscripciones, modificaciones y cancelaciones que se practiquen.
Artículo 11.- Una vez suscrito el formulario de inscripción por todos quienes hubiesen comparecido al acto, en conformidad con esta ley y su reglamento, se incorporará automáticamente y sin más trámite en el registro. Asimismo, toda modificación o cancelación del extracto ya inscrito será incorporada de inmediato y sin más trámite al registro. La fecha de registro del contrato será aquella en que el formulario sea suscrito por la última de las partes que concurran a él.
Artículo 12.- El reglamento determinará la forma en que los formularios serán incorporados al registro, así como los demás aspectos necesarios para su correcto funcionamiento y publicidad.
La incorporación de los contratos al registro se hará por estricto orden de ingreso.
TÍTULO III
De la suscripción de los formularios
Artículo 13.- La suscripción de los formularios de inscripción, modificación o cancelación, para los efectos del registro señalado en la letra h) del artículo 3° de esta ley, se realizará mediante documento electrónico, con la firma electrónica avanzada de las partes que hayan suscrito el contrato, si la tuvieren, o de un notario público, para el caso de que una o más partes no cuenten con la misma.
Los notarios públicos sólo podrán cobrar, por la firma electrónica avanzada que estampen, la tarifa fijada mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, emitido bajo la fórmula “Por orden de Presidente de la República ” y suscrito, además, por el Ministro de Justicia .
Artículo 14.- Una vez transcurrido un plazo de siete días hábiles, a contar de la primera firma, se tendrá por no suscrito aquel formulario que no haya sido firmado por todas las partes del contrato con arreglo a alguna de las formas previstas en el artículo precedente.”.
El reglamento dispondrá la manera de identificar el formulario, una vez que las partes hubieren comenzado a completar sus campos. Con la suscripción de una de las partes, dicho formulario no podrá modificarse posteriormente.
TITULO IV
De los efectos del registro
Artículo 15.- El registro de un contrato, lo hará oponible a terceros, dará a las partes los derechos e impondrá las obligaciones que se señalan en la presente ley y su reglamento.
Dicho registro producirá sus efectos mientras no se cancele mediante el procedimiento establecido en esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, se eliminarán del registro todas las inscripciones de contratos agrícolas transcurrido un año, contado desde la fecha de término del contrato.
En caso de existir discordancia entre lo señalado en el contrato objeto de inscripción, su modificación o cancelación, y lo consignado en el formulario, primará, respecto de terceros, lo establecido en el formulario.
Artículo 16.- Sin perjuicio de las normas generales en materia de prueba de las obligaciones, la inscripción del contrato en el registro hará fe entre las partes:
a) Del hecho de haberse otorgado el contrato respectivo y su fecha.
b) De las partes del mismo.
c) Del objeto del contrato.
d) De la fecha de término.
e) De las demás disposiciones del contrato que se incorporen en el formulario del registro.
Respecto de terceros, el contrato y sus modificaciones sólo serán oponibles a partir de la fecha de su registro y mientras tales inscripciones no sean canceladas.
Artículo 17.- Cuando una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador en el contrato agrícola registrado, adquiera los productos objeto de dicho contrato, será para todos los efectos legales, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato, por los perjuicios causados al comprador.
La responsabilidad solidaria a la que se refiere este artículo, no se extenderá a las ventas posteriores a aquella a la que se refiere la letra f) del artículo 3°.
En todo lo no regulado por la presente ley, la solidaridad se regirá por las disposiciones contenidas en el Código Civil.
Artículo 18.- Toda controversia entre las partes relativa a la interpretación, aplicación o ejecución de los contratos regidos por las normas de la presente ley, se sustanciará mediante el procedimiento sumario contenido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, ante el juez de letras en lo civil del domicilio del productor, sin que proceda lo dispuesto en el artículo 681 del mismo cuerpo legal, respecto de la sustitución del procedimiento sumario a ordinario.
Las declaraciones de la autoridad, de emergencia o catástrofe agrícola, que afecten al objeto del contrato, serán apreciadas por el juez de la causa, como una presunción grave para establecer la existencia del caso fortuito o fuerza mayor alegada por las partes.
Artículo 19.- La inscripción del contrato conforme a esta ley en ningún caso afectará los derechos reales que correspondan a personas distintas del productor agrícola, constituidos sobre el predio en el cual se produzcan los bienes objeto del contrato.
Corresponderá al agroindustrial o intermediario en los contratos regulados en esta ley verificar el título por el cual el productor explota el predio en el que se producen los bienes objeto del contrato.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia transcurridos seis meses desde su publicación en el Diario Oficial.
Artículo segundo.- El reglamento de esta ley deberá dictarse en el plazo de tres meses a contar de su publicación en el Diario Oficial, y será suscrito por los ministros de Agricultura y de Economía , Fomento y Turismo.
Artículo tercero.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año de su publicación, se financiará con cargo a la partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público .”.
-o-
Acordado en sesiones celebradas los días 9 y 23 de julio y 10 y 24 de septiembre de 2014, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Moreira Barros ( Presidente ), José García Ruminot , Felipe Harboe Bascuñán ( Adriana Muñoz D´Albora) , Rabindranath Quinteros Lara y Patricio Walker Prieto , y de los Honorables Diputados señora Loreto Carvajal Ambiado y Denise Pascal Allende y señores Ramón Barros Montero , Fuad Chahin Valenzuela y Diego Paulsen Kehr .
Sala de la Comisión, a 30 de septiembre de 2014.
(Fdo.): XIMENA BELMAR STEGMANN , Secretario ?.
5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado enmensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica la ley N° 19.718, que crea laDefensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para ladefensa penal especializada en adolescentes.”. (boletín N° 9529-07)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados en mensaje, con urgencia calificada de suma. Fue informada previamente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
2.- Artículos que las Comisiones Técnicas dispusieron que fueran conocidas por ésta.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia remitió todo el proyecto para conocimiento de la Comisión de Hacienda.
3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
4.- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión Técnica y calificación de normas incorporadas
Ninguna.
5.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
Ninguna.
6.- Se designó Diputado Informante al señor Patricio Melero
Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas:
MINISTERIO DE JUSTICIA
Sra. Paulina Vodanovic , Jefa División Jurídica.
Sr. Gonzalo Rodríguez Herbach , Asesor Legislativo.
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
Sra. Patricia Orellana , abogada.
DEFENSORÍA NACIONAL
Sra. Viviana Castel , Defensora Nacional (s).
Sr. Andrés Mahnke , Director Administrativo Nacional .
Sra. María Cristina Marchant , Jefa Departamento Administración y Finanzas.
Sr. Gonzalo Berríos , Jefe Unidad de Defensa Especializada .
Sr. Francisco Geisse , asesor legislativo.
Sra. Camila Chadwick , Jefa de Gabinete.
Sr. Leonardo Di Domenico , representante del programa sobre responsabilidad penal adolescente.
ASOCIACIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA DE FUNCIONARIOS
DE LA DEFENSORÍA, ANDFUD
Sr. Peter Sharp , Presidente .
Sra. Viviane Brevis , Directora.
Sr. Francisco Arévalo , Director Regional .
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA
PENAL PÚBLICA, AFUDEP
Sr. Jacques Mora Sepúlveda, Presidente.
Sr. Ignacio Ramírez Villegas , Dirigente Nacional.
ASOCIACIÓN DE DEFENSORES, ADEF
Sr. Pablo Sanzana , Dirigente
Disposiciones de competencia de la Comisión
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia remitió todo el proyecto para conocimiento de esta Comisión de Hacienda.
El propósito de la iniciativa consiste en regularizar la situación laboral del personal que presta servicios en el Programa de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública, quienes pasan de honorarios a contrata, de esta forma se institucionaliza la defensa penal especializada en adolescentes.
El mensaje explica que el proyecto tiene como objetivo permitir la provisión permanente y oportuna de defensa penal especializada de adolescentes, lo cual implica contar no sólo con abogados defensores capacitados y exclusivamente dedicados a atender a este grupo, sino que también con un equipo formado por asistentes sociales y asistentes administrativos, lo que permitirá que, en adelante, se pueda ir cubriendo la demanda de atención -para lo cual podrá continuarse con el modelo mixto actualmente existente en la Defensoría Penal Pública- y asegurar que la dotación que se sume, sea efectivamente dedicada a la atención exclusiva de los adolescentes infractores de ley, para así conseguir un estándar óptimo de defensa penal juvenil, acorde a nuestra Constitución Política y a nuestro sistema de responsabilidad penal adolescente regulado en la ley N°20.084.
Para cumplir los objetivos señalados precedentemente, el mensaje incorpora las siguientes modificaciones a la ley N°19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, incorporando, por una parte, 50 defensores locales, destinándose como defensores penales juveniles y se aumenta en 83 cargos la dotación máxima de personal autorizada en la ley para la Defensoría Penal Pública. De estos, 50 cargos serán para los defensores penales juveniles y 33 para otros profesionales y personal administrativo.
Reseña de la normas de competencia de la Comisión, esto es todo el proyecto.
El proyecto cuenta con un artículo único y dos disposiciones transitorias.
Mediante el artículo único del proyecto, se modifica “el inciso tercero del artículo 31, de la ley N° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública, en el sentido de aumentar de 145 a 195 el número de defensores locales que deberán ser contratados en los grados 5 y 11 de la planta del Servicio, agregándose que al menos 50 de éstos (es decir, el aumento que propone el Mensaje), cumplirán funciones para la defensa penal de adolescentes.
Por su parte, mediante las disposiciones transitorias se incrementan en 83 cupos la dotación máxima de personal vigente de la Defensoría Penal Pública y se establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley, para el año de su entrada en vigencia, se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Defensoría Penal Pública. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, suplementará dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos.
Incidencia en materia presupuestaria y financiera
El informe financiero señala lo siguiente:
I. Antecedentes
1. El proyecto de ley tiene por objeto incorporar la dotación necesaria para encargarse de la defensa penal especializada en adolescentes.
2. Para lo anterior, se modifica la dotación vigente de defensores, fijada en el artículo 31 de la Ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, incrementándola en 50 cargos.
3. Adicionalmente, el proyecto de ley incrementa en 33 cargos la dotación máxima de personal vigente para la Defensoría Penal Pública, para las asistentes sociales y los asistentes administrativos que conforman el equipo de apoyo de los abogados señalados en el N°2.
4. De esta forma, la dotación máxima de personal se ve Incrementada, en total, en 83 cupos.
II. Efectos del proyecto de Ley sobre los Gastos Fiscales
Dado que actualmente los 83 cargos están siendo provistos en calidad de honorarios, el traspaso a la contrata irroga un mayor gasto asociado a las prestaciones previsionales, aportes patronales, componente base y colectivo del bono de desempeño y nivelación de grados a los establecidos en la ley de planta de la Defensoría Penal Pública para estos cargos.
Miles de $ 2014
En Régimen
Costo de traspasar los 83 cargos desde honorarios a la contrata
719.364
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Defensoría Penal Pública. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, suplementará dicho presupuesto en la parte del gasto que no pudiere financiar con los referidos recursos.
Debate de las normas sometidas a la consideración de la Comisión,
esto es la totalidad del proyecto.
-Señora Paulina Vodanovic , Jefa de División Jurídica del Ministerio de Justicia .
Señaló que respecto de la ley N° 20.084, de Responsabilidad Penal Juvenil, no se contempló la especialización de los organismos pertinentes. Sin embargo, la Defensoría cumplió con aquella a través de funcionarios (defensores, profesionales y administrativos) contratados a honorarios, quienes han desarrollado un gran trabajo y gestión.
Agregó que el proyecto de ley en estudio viene a institucionalizar una realidad en el servicio, aumentándose en 50 la dotación de defensores y en 33 los cargos de los profesionales y funcionarios administrativos que sirven de apoyo a la labor de aquellos. Finalmente, expresó el interés del Ejecutivo para que esta iniciativa se convierta en ley cumpliendo de este modo, con el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet .
-Señora Viviana Castel , Defensora Nacional (S).
Agradeció la invitación y reiteró que es un proyecto largamente esperado por la institución, ya que regulariza la situación del equipo que desde el año 2006 se encuentran contratados a honorarios y que cumple con la defensa especializada que la ley exige.
-Señora Patricia Orellana , abogada de la Dirección de Presupuestos.
Explicó que lo que hace el proyecto es aumentar la dotación máxima del personal de la Defensoría Penal Pública en 83 funcionarios, lo que significa que podrían ser 50 defensores especializados y resto corresponde al personal de apoyo de estos abogados, los que en su totalidad estarán desde ahora a contrata. Agregó que el concepto de dotación máxima de personal incluye también al personal a contrata.
-Señor Peter Sharp , Presidente de la Asociación Nacional Democrática de Funcionarios de la Defensoría , ANDFUD.
Agradeció la invitación y solicitó la aprobación del proyecto para la regularización de estos funcionarios y el cumplimiento de los tratados internacionales existentes sobre la materia. Agregó que la situación actual (el trabajo a honorarios) no le hace bien a la ética ni a la estética del Estado. Manifestó que se quiere pasar del trabajo precario y desprotección laboral a la estabilidad y los colegas se lo merecen y han efectuado un gran trabajo.
-Señor Jacques Mora , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, AFUDEP.
Destacó que los defensores públicos juveniles se han constituido una pieza fundamental en la cobertura: el 75% de las causas del programa. Agregó que esta implementación no podría haberse llevado adelante sin el apoyo de los sicólogos y asistentes sociales que colaboran con los abogados. Explicó que el Estado ha invertido en este personal por lo que su rotación (que explicó se da por la precariedad del cargo) es una pérdida para el Estado: la especialización en una inversión por lo tanto la contratación permite capitalizarla. Finalmente, expresó el apoyo de la Asociación que representa, al proyecto.
-Señor Pablo Sanzana, Dirigente de la Asociación de Defensores, ADEF.
Señaló que la situación que se regulariza a través del proyecto es en relación con personal altamente capacitado que da cobertura a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil: contribuye a la resocialización de los menores a través de la ejecución de la pena, la reinserción y en algunos casos, la escolarización de los adolescentes. Hizo presente que la Institución obtuvo un premio a la excelencia por el trabajo que realizan.
Finalmente expresó el apoyo de la Asociación que representa, al proyecto en estudio y solicitó su aprobación en los términos planteados por la Comisión de Constitución.
- Leonardo Di Domenico , representante del Programa de Responsabilidad Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública.
Expresó su parecer respecto al proyecto y señaló que han esperado bastante tiempo para su concreción. Explicó que a través de esta iniciativa se resuelven dos situaciones: la primera de ellas dicen relación con la permanencia del personal especializado, resaltando con ello el principio de especialización que se estable en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, ligada a un compromiso internacional que se patenta con este proyecto. En segundo lugar, se resuelve la precaria situación de los 83 funcionarios que han ejercido el cargo a honorarios y que destacó se trata de un personal altamente calificado y preparado. Finalmente, solicitó a la comisión la aprobación del proyecto en iguales términos.
El señor Walker manifestó que este proyecto es absolutamente necesario para asumir el tema interdisciplinario y la especialización que se requiere en materia de responsabilidad penal juvenil y consultó las cifras correspondientes a los adolescentes que son sometidos a proceso y el número de condenas dictadas a su respecto.
El señor Morano consultó sobre los cargos restantes que contempla el proyecto y si cubre a los funcionarios administrativos y profesionales.
El señor Pérez, don Leopoldo , consultó la razón del carácter transitorio de la norma en que se aumenta la dotación máxima de personal vigente de la Defensoría (artículo primero transitorio).
El señor Jaramillo manifestó que al margen de la capacidad demostrada, tiene dudas sobre por qué no se aprovechó la oportunidad de efectuar una petición formal para contar con más funcionarios nuevos y consultó el año desde el cual viene esta discusión.
El señor Auth expreso que es preciso consolidar para avanzar, en tal sentido, el rol diferenciado que está plenamente justificado por la calidad de los imputados, requiere un diseño de carrera que exige estabilidad funcionaria, cuestión que en la Defensoría Penal Pública es particularmente importante y decisivo. Anticipó su voto favorable al proyecto.
El señor Schilling expresó su acuerdo con el proyecto y también anticipó su voto a favor de la iniciativa.
El señor Melero consultó si se considera suficiente el guarismo de aumento de defensores locales destinados a la defensa penal de adolescentes. Del mismo modo, solicitó mayores antecedentes respecto de la ejecución presupuestaria del servicio con el objeto de saber si será necesario recurrir a la partida de tesoro público para cubrir el gasto que implica el proyecto.
El señor De Mussy se sumó a la consulta del señor Melero en relación con la ejecución presupuestaria de este año y preguntó el nivel de rotación de los abogados defensores juveniles.
La señora Vodanovic , Jefa de División del Ministerio de Justicia , aclaró que los 33 funcionarios adicionales corresponden a 11 asistentes sociales y 22 administrativos a nivel nacional que hoy prestan servicio junto a los 50 defensores penales del programa y que en virtud del proyecto en informe, pasarán a contrata. Expresó que la norma busca garantizar que lo se hace actualmente en materia de defensa penal juvenil se mantenga a futuro: que pase de ser un programa a ser parte de la orgánica de las defensorías locales.
La señora Castel , Defensora Nacional (S) expresó que las cifras correspondientes a los casos de responsabilidad penal juvenil son del orden de 32 mil promedio al año, lo que equivale al 10% del total de casos que atiende la Defensoría Penal Pública. En cuanto a la rotación ha existido la fuga de algunos talentos que ha significado reforzar las capacitaciones.
La señora Orellana , abogada de la Dirección de Presupuestos, explicó que este proyecto cuenta con financiamiento tanto para este año como para el régimen. Explicó que el aumento realizado en la norma transitoria se debe a que las dotaciones máximas de personal se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos, por lo tanto, lo que hace dicha disposición es asegurar ese aumento para este año.
Sobre la ejecución presupuestaria de la Defensoría Penal Pública, comprometió el envío a la comisión de los antecedentes.
El señor Ortiz , Presidente Accidental de la Comisión , junto con anticipar su voto Favorable a la iniciativa que considera plenamente justificada por el gran trabajo que desarrolla la Defensoría, complementó lo señalado por la señora Orellana , precisando que la información estuviera actualizada al 30 de agosto y fuera enviada para la discusión en Sala del proyecto.
VOTACIÓN
Votación de las normas sometidas a la competencia de la Comisión, esto es todo el proyecto.
Artículo único, que es del siguiente tenor:
“Artículo único.- Modifícase el inciso tercero del artículo 31, de la ley N° 19.718 en la siguiente forma:
1) Sustitúyese el guarismo “145” por “195”.
2) Agrégase, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la frase “A lo menos, 50 de dichos defensores locales cumplirán funciones para la defensa penal de adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N° 20.084.”.
Sometido a votación este artículo es aprobado por el voto unánime de los diputados presentes, señores José Miguel Ortiz ( Presidente en ejercicio de la Comisión); Pepe Auth ; Felipe De Mussy ; Enrique Jaramillo ; Juan Enrique Morano (por el señor Lorenzini) ; Patricio Melero ; Leopoldo Pérez (por el señor Santana) ; Marcelo Schilling ; Osvaldo Urrutia , y Matías Walker .
Disposiciones Transitorias
Artículo primero transitorio, que es del siguiente tenor:
“Artículo primero.- Increméntase en 83 cupos la dotación máxima de personal vigente de la Defensoría Penal Pública.”.
Sometido a votación este artículo es aprobado por el voto unánime de los diputados presentes, señores José Miguel Ortiz ( Presidente en ejercicio de la Comisión); Pepe Auth ; Felipe De Mussy ; Enrique Jaramillo ; Juan Enrique Morano (por el señor Lorenzini) ; Patricio Melero ; Leopoldo Pérez (por el señor Santana) ; Marcelo Schilling ; Osvaldo Urrutia , y Matías Walker .
Artículo segundo transitorio, que es del siguiente tenor:
“Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley, para el año de su entrada en vigencia, se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Defensoría Penal Pública. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, suplementará dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos.”.
Sometido a votación este artículo es aprobado por el voto unánime de los diputados presentes, señores José Miguel Ortiz ( Presidente en ejercicio de la Comisión); Pepe Auth ; Felipe De Mussy ; Enrique Jaramillo ; Juan Enrique Morano (por el señor Lorenzini) ; Patricio Melero ; Leopoldo Pérez (por el señor Santana) ; Marcelo Schilling ; Osvaldo Urrutia , y Matías Walker .
En consecuencia el proyecto es aprobado en los mismos términos que la Comisión Técnica.
Tratado y acordado en sesión de fecha 30 de septiembre de 2014, con la asistencia de los diputados señores José Miguel Ortiz ( Presidente en ejercicio); Sergio Aguiló ; Pepe Auth ; Felipe De Mussy ; Enrique Jaramillo ; Patricio Melero ; Juan Enrique Morano (por el señor Lorenzini) ; Leopoldo Pérez (por el señor Santana) ; Marcelo Schilling ; Ernesto Silva ; Osvaldo Urrutia , y Matías Walker . También asistieron los diputados señora Clemira Pacheco y señor Javier Macaya .
Sala de la Comisión, a 30 de septiembre de 2014.
(Fdo.): PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE , Abogado Secretario de la Comisión ”.
6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Gutiérrez,don Romilio ; Alvarez-Salamanca , Gahona, Kort , Macaya , Silva, Squella ; Urrutia, don Osvaldo , y Urrutia, don Ignacio , y de la diputada señora Molina , que “Modifica la ley General de Educación para establecer como deber delEstado la promoción de la enseñanza de educación cívica”.(boletín N° 9613-04.)
“El ser humano por definición es un ser sociable, característica sin la cual no podría vivir, bajo esta premisa el vivir en comunidad constituye la forma a través de la cual hombres y mujeres satisfacen sus múltiples necesidades, y bajo este orden de cosas cada individuo forma parte de un conjunto más o menos complejo de relaciones humanas y jurídicas que van formando su personalidad, tanto en el ámbito privado como también en el plano público y político.
Es así que la calidad de ciudadano, no sólo implica habitar una determinada comunidad, región o país, sino que además se erige como una entidad capaz de opinar sobre aspectos que dicen relación con su propia vida y con la de otros, quienes se desenvuelven para alcanzar finalidades personales pero también colectivas o comunes. En este plano nuestro país se ha establecido como una nación poseedora de una historia común, pero al mismo tiempo es heredera de un futuro común en el cual para enriquecerlo se requiere de personas comprometidas con su realidad social.
Desde hace casi 25 años, nuestro país ha transitado por un proceso democrático admirado en el mundo entero. Lo anterior no sólo por la coexistencia pacífica de grupos enemistados irreconciliablemente durante buena parte del siglo XX, sino porque en definitiva, ha primado el entendimiento, el consenso y el sentido patriótico, tanto de nuestros dirigentes políticos como también de nuestra ciudadanía, que como siempre ha demostrado su madurez y sabiduría respecto a los grandes asuntos del quehacer público.
Sin embargo a lo anterior, y en conjunto con el mejoramiento de las condiciones económicas de nuestro país, nuestra sociedad ha experimentado un cierto proceso de relajo en materia de participación en los asuntos públicos y políticos, lo que agregado a un progresivo descontento con la actividad política, provocan en las personas un alejamiento importante de la cosa pública. Dicha situación evidentemente no es positiva, sino precisamente todo lo contrario, constituye un fenómeno indeseable que requiere una reflexión profunda de todos los estamentos de nuestra vida política-institucional.
Que esta reflexión debe asimismo ser promovida por todos los actores políticos y sociales de nuestro país y en todos los ámbitos, destinado a formar desde la más temprana infancia una conciencia ciudadana de nuestros habitantes, con el objeto de fomentar su participación en los asuntos públicos y con ello infundir en nuestras autoridades políticas mayores niveles de legitimidad en sus elecciones, perfeccionando con ello nuestra democracia.
Múltiples son las señales en materia de participación ciudadana que ha emitido la autoridad durante el último tiempo, así la inscripción automática y el voto voluntario, el voto de los chilenos en el extranjero, son ejemplos claros que nuestra institucionalidad democrática, se encuentra robusta y que por lo mismo, requiere ser cuidada y promovida.
En ese sentido el contenido del proyecto de ley que en esta oportunidad sometemos a tramitación es incorporar en las mallas curriculares de los establecimientos educacionales de nuestro país, la asignatura de Educación Cívica, cuya finalidad no es otra que proporcionar a nuestros educandos mayores y mejores herramientas para que sus planteamientos en la sociedad sean más informados en virtud del bien común, lo anterior como un deber general del Estado, en torno a la promoción de sus ciudadanos en la vida política nacional .
Que la Educación Cívica, constituye una asignatura que desde antiguo ha estado en las mallas curriculares de nuestros establecimientos educacionales, ya en el Siglo XIX, nuestra elite política e intelectual le atribuía especial importancia en materia de instruir a la población acerca de los asuntos públicos de las naciente república, en ese contexto figuras de tanta relevancia como O´higgins, Portales, Valentín Letelier , Andrés Bello , desde los albores de nuestra nación como independiente, se preocuparon de la educación, entendiendo a ésta como un espacio no sólo de traspaso de conocimientos, sino también como una instancia de formación de ciudadanos servidores de la patria.
Bajo este orden de cosas, nos parece que en un mundo en donde lo público va adquiriendo cada vez más importancia en nuestra sociedad, en donde la concientización de nuestros derechos como ciudadanos se torna un imperativo para nuestro desenvolvimiento, en donde la globalización y sus efectos nos moldean nuestras vidas, donde las tecnologías disponibles nos hacen ciudadanos de más que de un país o continente, sino que del mundo, la existencia, específicamente, de una asignatura como Educación Cívica, no sólo es factible sino que además es necesaria.
Que, el actual Gobierno, promotor de la Reforma Educacional, en palabras de su Ministro de Educación promueve particularmente que el estudiante sea educado como un ciudadano, consciente de su realidad. Es por ello que no nos cabe duda que la iniciativa que en esta oportunidad promovemos toma especial relevancia y sentido en los tiempos actuales, esperando en consecuencia, sea acogida transversalmente por nuestro espectro político.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese en el artículo 4° de la ley 20.370 General de Educación un nuevo inciso final, norma que se expresa de la siguiente manera:
“Será deber del estado promover la enseñanza de educación cívica en todos los niveles del proceso educativo”.
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Gahona , Alvarez-Salamanca , Hernández , Kort , Lavín , Macaya , Morales ; Urrutia, Don Osvaldo y Van Rysselberghe , y de la diputada señora Nogueira , que “Modifica el Código Aeronáutico en el sentido de exigir a las líneas aéreas la devolución inmediata del valor de las tasas de embarque en el caso que indica”. (boletín N° 9614-15)
“A partir del año 2000 la industria aeronáutica de transporte de pasajeros ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en una real opción como medio de transportes en Chile, considerando las particularidades de nuestra geografía, que hace que muchas veces el trasporte aéreo sea indispensable para conectar nuestro país en pocas horas y altos estándares de seguridad y calidad.
Pues bien, debido al explosivo aumento en la contratación de este tipo de servicio, es que surge la necesidad de regular ciertos aspectos que se derivan de la compra de pasajes en líneas aéreas por parte de pasajeros. Entre los aspectos más relevantes se encuentra el pago de las denominadas tasas de embarque, que son derechos que se cobran a los pasajeros que se embarcan en puertos, aeropuertos o aeródromos de Chile y que dicen relación con el uso de instalaciones, servicios y facilidades para acceder a los terminales, que en el caso del presente proyecto son aéreos.[1]
Según la Estrategia Nacional de Turismo 2012 – 2020, los vuelos aéreos han aumentado en Chile y el mundo en general, los usuarios hoy califican y contratan los servicios de transportes aéreos dependiendo de sus necesidades, y los califican de diversa manera en relación a la calidad de la atención durante los vuelos, la distancia de ellos, es decir, si son vuelos cortos o domésticos, o más largos, si sus servcios son rápidos y expeditos y si cumplen o no las condiciones del contrato. En este sentido la aparición de líneas de bajo costo, la apertura de cielos en nuestro país, la gran cantidad de oferta que existe para vuelos regionales en latinoamérica, hacen necesario la regulación de una materia que hoy se encuentra entregada a procedimientos internos de los trasportadores aéreos, lo que dificulta en muchas oportunidades una devolución rápida y expedita de la entrega por parte del prestador de servicio de derechos o tasas de embarque cuando el vuelo no se realiza por causas imputables al operador aéreo.
La práctica consolidada en esta materia requiere de una actuación posterior del pasajero, en téminos de solicitar expresamente la devolución de este impuesto, el que como se ha expresado, está intrínsicamente vinculado al uso de las instalaciones y servicios que ocupará el pasajero producto del viaje contratado, de manera que si este no se realiza, es de toda jusiticia que opere la devolución ipso facto
Gráfico 1 Elaboración propia con datos de Junta Aeronáutica Civil
Es posible ver que en general las líneas áereas respetan la regularidad y puntualidad, sin embargo, existen mucha diferencia entre unas y otras, por lo que el principal motivo de cancelación y dificultad en los vuelos se produce, precisamente, por el retraso y finalmente en la cancelación de los vuelos.
En consecuencia, y de acuerdo lo previsto en las disposiciones internacionales de transportes aéreo, así como en la legislación interna de nuestro país en la protección de los derechos de los consumidores, pensamos que una real y eficaz manera de hacer efectivo la devolución de los dineros destinados al pago de impuestos relativos a las tasas de embarque es a través de depósitos electrónicos o, eventualmente, a través de la devolución en oficinas corporativas establecidas en Chile. Pensamos al mismo tiempo, que este proceso debe ser automático, y operar inmediatamente un vez producida la condición que impida a la línea aérea despegar por causas imputables a su calidad de servicio, con lo anterior, se estaría volviendo a la situación anterior a la compra del pasaje aéreo, en el sentido de restituir al pasajero comprador el impuesto que la autoridad fija para fines específicos.
Lo anteriormente indicado es consistente con los principios establecidos en materia del Consumidor, establecidos en la ley que regula la materia, principalmente en lo que respecta a la calidad del servicio, hecho que en materia aérea, por cierto, se vincula a la puntualidad en los viajes.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agréguese un nuevo inciso 3° en el artículo 147 de la ley 18.916 sobre Aeronáutica Civil con el siguiente texto:
“En los casos en que por un hecho inimputable al pasajero no se pueda realizar el viaje previamente contratado, será de responsabilidad del prestador del servicio la restitución del valor de la tasa de embarque del boleto aéreo sin necesidad de solicitud ulterior, la que deberá depositarse en la cuenta bancaria proporcionada por el pasajero o ser entregada en dinero en lugares habilitados para tal efecto.”
8. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2701-14-INA.
Santiago, 17 de septiembre de 2014
Oficio N° 10.086
Remite resolución
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 17 de septiembre de 2014, en el proceso sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Rol N° 2701-14-INA presentado por Mariano Saavedra Mora y Asesorías e Inversiones Mass Ltda. respecto del artículo 6° de la Ley N° 4.287, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisiblidad.
Saluda a V.E.
(Fdo.): CARLOS CARMONA SANTANDER , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON ALDO CORNEJO GONZÁLEZ
VALPARAÍSO”.
9. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2703-14-INA.
Santiago, 23 de septiembre de 2014
Oficio N° 10.097
Remite resolución
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 24 de septiembre en curso, en el proceso Rol N° 2703-14-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Tercer Juzgado de Letras de Iquique respecto de los artículos 456 del Código Civil y 4 de la Ley N° 18.600. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda a V.E.
(Fdo.): CARLOS CARMONA SANTANDER , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON ALDO CORNEJO GONZÁLEZ
VALPARAÍSO”.
10. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2702-14-INA.
?Santiago, 23 de septiembre de 2014
Oficio N° 10.100
Remite resolución
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 23 de septiembre en curso, en el proceso Rol N° 2702-14-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por Metalúrgica Vergara Hermanos Limitada respecto del artículo 393, inciso segundo del Código Procesal Penal. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda a V.E.
(Fdo.): CARLOS CARMONA SANTANDER , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON ALDO CORNEJO GONZÁLEZ
VALPARAÍSO”.