Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Baldo Prokurica Prokurica
- Antonio Horvath Kiss
- Pablo Longueira Montes
- Jaime Orpis Bouchon
- Hosain Sabag Castillo
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Alejandro Navarro Brain
- Nelson Jaime Avila Contreras
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE FONDO COMÚN MUNICIPAL
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
INCENTIVOS A DESEMPEÑO DE FISCALES Y FUNCIONARIOS DE MINISTERIO PÚBLICO
- ANTECEDENTE
-
FACILITACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS MEDIANTE CONTRATO DE FACTORING
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
-
FUERO LABORAL PARA DIRIGENTES DE
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- DEBATE
-
ENMIENDA A CÓDIGO AERONÁUTICO EN MATERIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS DERECHOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
-
ADECUACIÓN DE NORMATIVA REGULATORIA DE LIBERTAD CONDICIONAL A LEY SOBRE PORNOGRAFÍA INFANTIL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
-
RENDICIÓN DE CUENTA PARLAMENTARIA ANUAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- DEBATE
-
INCENTIVOS A DESEMPEÑO DE FISCALES Y FUNCIONARIOS DE MINISTERIO PÚBLICO
- V.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Victor Perez Varela
-
COMPETENCIA DESLEAL CON PERÚ EN EXPORTACIONES DE OSTIONES. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- ACUERDO POLÍTICO EN EDUCACIÓN: INDICACIONES A PROYECTO SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
-
REAJUSTE DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Longueira Montes
-
CRÍTICAS A OPOSICIÓN POR ACTITUD ANTE PROYECTOS VINCULADOS A DERECHOS HUMANOS
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE INTERPRETA EL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LOS FISCALES REGIONALES. (5475-07 )
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Jaime Naranjo Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH, PROKURICA Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.537, SOBRE COPROPIEDAD INMOBILIARIA, ESTABLECIENDO LA CITACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO A ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS. (5478-14)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Baldo Prokurica Prokurica
- Hosain Sabag Castillo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS Y BIANCHI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.000, CON EL FIN DE SANCIONAR A QUIENES PROMUEVEN EL CONSUMO DE DROGAS ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. (5477-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO Y ÁVILA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS, PARA SANCIONAR LA CONDUCTA QUE INDICA. (5476-02)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Nelson Jaime Avila Contreras
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR LETELIER, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 18.010, CON EL FIN DE PROHIBIR EL PAGO DE INTERESES SOBRE INTERESES Y LIMITAR EL COBRO DE COMISIONES QUE INDICA. (5480-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO Y MUÑOZ ABURTO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.947, SOBRE MATRIMONIO CIVIL, EN LO RELATIVO A LOS DOCUMENTOS EN QUE SE CONSIGNA LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE SE ACUERDA CON OCASIÓN DEL DIVORCIO O LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UN MATRIMONIO. (5481-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE DE LOS HONORABLES SENADORES KUSCHEL Y BIANCHI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS DERECHOS DE LAS ALUMNAS DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EN SITUACIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD. (5482-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE INTERPRETA EL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LOS FISCALES REGIONALES. (5475-07 )
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 355ª
Sesión 64ª, en martes 13 de noviembre de 2007
Ordinaria
(De 16:17 a 19:1)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica DL. N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, en relación con Fondo Común Municipal (4040-06) (se aprueba en particular)............
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece un sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público (5286-05) (se aprueba)..................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.983 y el decreto ley N° 825, con el objeto de facilitar la factorización de facturas por pequeños y medianos empresarios (4928-26) (se aprueba en general)....................................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece fuero laboral para los dirigentes del Colegio de Profesores de Chile A.G. (4986-13) (vuelve a Comisión de Trabajo).................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos (4595-15) (se aprueba en general).........................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que complementa la ley N° 19.927, sobre pornografía infantil (3855-18) (se aprueba en general y particular)...................................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional que establece la obligación de rendir una cuenta parlamentaria anual (5146-07 y 1812-07, refundidos) (se rechaza)..............................................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Competencia desleal con Perú en exportaciones de ostiones. Oficios (observaciones del señor Prokurica)............................................................
Acuerdo político en educación: indicaciones a proyecto sobre subvención escolar preferencial (intervención de la señora Ministra de Educación)...................................................................................................
Reajuste de ingreso mínimo mensual. Oficio (observaciones del señor Longueira)....................................................................................................
Críticas a Oposición por actitud ante proyectos vinculados a derechos humanos (observaciones del señor Naranjo)................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney y de Educación, señora Yasna Provoste Campillay.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 62ª, y 63ª, ordinarias, de 6 y 7 de noviembre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dieciocho de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros retira la urgencia que hizo presente respecto de los siguientes asuntos:
l.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública (boletín N° 3.562-06).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, concerniente a operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas que indica (boletín N° 5.081-15).
--Se tiene presente el retiro de las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los once siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, relativo a la recuperación del bosque nativo y fomento forestal (boletín Nº 669-01).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 3.975-13).
3.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales en relación con el Fondo Común Municipal y otras materias municipales (boletín Nº 4.040-06).
4.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
5.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia (boletín N° 4.438-07).
6.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce diversas enmiendas a la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y a otros cuerpos legales (boletín Nº 4.813-06).
7.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral (boletín N° 4.814-13).
8.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovables no convencionales (boletín Nº 4.977-08).
9.- Proyecto que modifica la ley N° 20.022 y otros cuerpos legales con el objeto de reforzar la judicatura laboral (boletín N° 5.316-07).
10.- Proyecto que introduce enmiendas al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales (boletín N° 5.383-04).
11.- Proyecto que modifica las leyes Nºs. 19.378 y 20.157 y concede beneficios al personal de la atención primaria de salud (boletín N° 5.393-11).
Con los cinco siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que regula el lobby (boletín Nº 3.407-07).
2.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre acceso a la información pública (boletín Nº 3.773-06).
3.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (boletín N° 3.875-11).
4.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
5.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 14 de la ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, para facilitar al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual (boletín N° 5.200-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 366 quinquies del Código Penal incorporando un inciso segundo, nuevo, con el fin de tipificar como delito la producción de material pornográfico infantil (boletín N° 5.215-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo informa que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece procedimiento de saneamiento y regularización de loteos (boletín Nº 4.981-14).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el tercero comunica que aprobó el proyecto que modifica las leyes Nºs. 19.378 y 20.157 y concede beneficios al personal de la atención primaria de salud (con urgencia calificada de "suma")(boletín N° 5.393-11).
--Pasa a las Comisiones de Salud y de Hacienda, unidas.
Con el último solicita el acuerdo del Senado para archivar las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto que agrega incisos a los artículos 50 y 152 de la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de garantizar el acceso a recursos pesqueros en zonas contiguas a los pescadores artesanales (boletín N° 1.313-03).
2.- Proyecto que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para prohibir la pesca artesanal en regiones distintas de la consignada en la respectiva inscripción (boletín N° 2.515-03).
--Se accede al archivo solicitado.
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual comunica su parecer acerca del proyecto de ley que delimita el ámbito de los autos acordados que dicta (boletín N° 5.389-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Tres del Excelentísimo Tribunal Constitucional, por medio de los cuales remite copia de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra del artículo 2.331 del Código Civil; del artículo 38 ter de la ley N° 18.933, de Isapres, y del inciso tercero del artículo 474 del Código del Trabajo.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Tres del señor Ministro del Interior:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, al que adhirió el Honorable señor Navarro, relativo a una reunión celebrada por el Comité Científico Técnico de la ONEMI.
Con el segundo da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, sobre planteamientos formulados por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. referentes al ejercicio profesional en Chile de ingenieros extranjeros.
Con el último contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Alvear, sobre la posibilidad de enviar a tramitación un proyecto de ley que modifique la fecha del pago de los permisos de circulación.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, por el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto a las medidas que es necesario adoptar para evitar el cierre de la Planta Comercial Mañihuales, en la Undécima Región.
De la señora Ministra de Educación , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre el funcionamiento del Jardín Infantil Hielito Azul, de la comuna de O¿Higgins, en la Región de Aisén.
Cuatro del señor Ministro de Obras Públicas :
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Alvear, relativo a las vías consideradas como alternativas a cada una de las autopistas concesionadas.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de las inversiones destinadas a mejorar la seguridad en la Ruta 160, tramo Concepción-Coronel, en la Octava Región.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a la construcción de un nuevo puente en el sector Villa Las Araucarias, en la comuna de Angol, Novena Región.
Con el último contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, sobre mejoramiento de vía paralela al camino Villarrica-Pucón, en la Región de La Araucanía.
De la señora Ministra de Minería , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo a las consecuencias económicas del contrato que CODELCO celebró con la empresa cuprera china Minmetals.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, por el que remite información presupuestaria referente a la inversión, durante el tercer trimestre del presente año, de los recursos que considera el Programa de Mejoramiento de Barrios.
Del señor Director Nacional de Deportes de Chile , por medio del cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la descentralización de dicho servicio y a la inversión de su presupuesto en Regiones.
Del señor Director Nacional de CONADI, por el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Novoa, sobre diversos antecedentes vinculados con la adquisición de un predio ubicado en la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno.
De la señora Secretaria Ministerial de Salud de la Duodécima Región , por medio del cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Bianchi, referido a la fijación de turnos para las farmacias de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Mociones
De los Senadores señores Muñoz Aburto y Naranjo, con la que inician un proyecto de ley que interpreta el artículo 86 de la Constitución Política en lo relativo a la designación de los fiscales regionales (boletín N° 5.475-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Horvath, Prokurica y Sabag, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, estableciendo la citación por correo electrónico a asamblea de copropietarios (boletín N° 5.478-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
De los Senadores señores Orpis y Bianchi, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 20.000 a fin de sancionar a quienes promueven el consumo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas (boletín N° 5.477-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Navarro y Ávila, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 8° de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, para sancionar la conducta que indica (boletín N° 5.476-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Del Senador señor Letelier, con la que inicia un proyecto que modifica la ley N° 18.010 con el fin de prohibir el pago de intereses sobre intereses y limitar el cobro de comisiones que señala (boletín N° 5.480-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Senadores señores Naranjo y Muñoz Aburto, mediante la cual inician un proyecto que modifica la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, en lo relativo a los documentos en que se consigna la compensación económica que se acuerda con ocasión del divorcio o la declaración de nulidad de un matrimonio (boletín N° 5.481-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Kuschel y Bianchi, con la que inician un proyecto de ley que regula los derechos de las alumnas de establecimientos de educación superior en situación de embarazo o maternidad (boletín N° 5.482-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Prokurica, Horvath, Longueira, Orpis y Sabag con la que inician un proyecto de ley que modifica la organización, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Estadísticas.
Moción de los Senadores señores Navarro y Ávila por medio de la cual inician un proyecto de ley que modifica las atribuciones de organismos públicos en lo relativo a la elaboración del Plan Regulador Intercomunal y Comunal.
--Se declaran inadmisibles por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor PROKURICA.- ¿Me permite, señor Presidente, sobre la Cuenta?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , con varios Senadores presentamos una moción destinada a modificar la organización, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Estadísticas, la que fue declarada inadmisible.
Solicito que, en nombre del Senado, se pida patrocinio del Ejecutivo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se enviará el oficio correspondiente.
)---------------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , pido que se recabe el acuerdo de la Sala para fijar un nuevo plazo, en lo posible hasta el 3 de diciembre, a los efectos de presentar indicaciones al proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
--Se accede a lo solicitado.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión celebrada hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Despachar el proyecto de Ley de Presupuestos en cuatro sesiones: dos especiales, el martes y miércoles de la próxima semana, de 10:30 a 13:30, y las dos ordinarias correspondientes a esos mismos días, suprimiendo las horas de Incidentes de ambas, aunque dando curso a los oficios que se presenten, y no autorizando a ninguna Comisión para funcionar paralelamente con la Sala.
2.- Admitir hasta el martes 20 de noviembre, a las 10:30, las indicaciones a la ya referida iniciativa.
3.- Tratar en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana el proyecto que otorga beneficios al personal de la atención primaria de salud, siempre que las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda hayan emitido su informe.
4.- Tratar en el segundo y tercer lugares de la tabla de la próxima sesión ordinaria, respectivamente, el proyecto que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables y el que crea la Superintendencia de Educación, retirando este último de la tabla de hoy, donde figura con el número 3.
5.- Fijar un nuevo término, hasta el lunes 19 del mes en curso, a las 12, para formular indicaciones a la iniciativa que da carácter de irrenunciables a los excedentes de cotización de salud en isapres, signado con el número 4 en la tabla de la presente sesión.
6.- Establecer un nuevo plazo, hasta el viernes 16 de noviembre, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto sobre reforma previsional.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor NARANJO.- ¿Los proyectos relativos a materias de educación colocados en la tabla de la sesión de mañana se tratarán hasta su total despacho?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No, porque se encuentran en distintos trámites.
MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE FONDO COMÚN MUNICIPAL
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En cuanto al proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales; la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales en relación con el Fondo Común Municipal, debo informar a la Sala que, transcurrido el plazo para presentar indicaciones, solo se formuló una, la que fue retirada.
En consecuencia, como ya fue aprobado en general, corresponde, de conformidad con el Reglamento, darlo por aprobado también en particular.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4040-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 10 de octubre de 2007.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
Discusión:
Sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007 (se aprueba en general).
--Reglamentariamente, el proyecto queda aprobado en particular, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido (22 votos afirmativos).
V. ORDEN DEL DÍA
INCENTIVOS A DESEMPEÑO DE FISCALES Y FUNCIONARIOS DE MINISTERIO PÚBLICO
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece un sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5286-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 45ª, en 29 de agosto de 2007.
En tercer trámite, sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2007.
Discusión:
Sesiones 50ª, en 5 de septiembre de 2007 (se aprueba en general); 53ª, en 2 de octubre de 2007 (se aprueba en particular por no haberse presentado indicaciones).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Esta iniciativa, cuya tramitación se inició en el Senado, fue objeto en la Honorable Cámara de Diputados de una sola modificación, que consiste en establecer que la instancia técnica creada para controlar la ejecución de los Compromisos Anuales de Gestión Institucional del Ministerio Público deberá, en el cumplimiento de su función, "escuchar a las organizaciones de funcionarios y fiscales más representativas existentes al interior del Ministerio Público, tanto a nivel nacional como regional,".
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en el Senado y la enmienda que propone la Cámara Baja.
Cabe hacer presente que para aprobar esa modificación se requieren 22 votos favorables.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión la enmienda.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se acogerá la modificación.
--Se aprueba la enmienda introducida por la Cámara de Diputados (22 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
FACILITACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS MEDIANTE CONTRATO DE FACTORING
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.983 para facilitar la factorización de facturas por pequeños y medianos empresarios, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4928-26) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2007.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de este proyecto es modificar la ley que regula la transferencia de la factura y otorga mérito ejecutivo a la copia de esta, facilitando el financiamiento en el corto plazo de la pequeña y mediana empresas mediante el contrato de factoring.
La Comisión de Economía discutió esta iniciativa solamente en general y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Orpis, Pizarro y Vásquez), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. El texto pertinente se transcribe en el texto del primer informe.
Cabe destacar que el número 1, letra b), y el número 2 del artículo único tienen carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, una de la grandes iniciativas que despachó el Parlamento en 2004 fue la que, en términos muy concretos, beneficia a las pequeñas y medianas empresas al otorgarle mayor valor a la factura en lo referido tanto a la posibilidad de tener mérito ejecutivo respecto a las obligaciones de que da cuenta como, adicionalmente, a la facilidad de ser transferida.
Sin embargo, en la práctica la ley Nº 19.983, derivada de esa iniciativa, ha registrado diversas dificultades en su aplicación, tal cual se consigna en el informe de la Comisión de Economía:
Primero, "situaciones de hecho de frecuente ocurrencia que impiden o dificultan la cesión del crédito contenido en la factura".
Segundo, "situaciones que dificultan considerar la factura como título ejecutivo".
Tercero, "situaciones respecto de las facturas de compra".
Y cuarto, "pago efectuado por el deudor de una factura que le ha sido notificada por una empresa de factoring".
Señor Presidente, hoy día -y es lo que quiero destacar- la factura se ha transformado en un gran instrumento a través del cual la mediana y pequeña empresas pueden obtener capital de trabajo, especialmente por intermedio de empresas de factoring, sino que también ha tenido un fuerte impacto en el mundo agrícola, porque hoy es transada en la Bolsa de Productos Agropecuarios.
Pero en este último caso se presenta una dificultad al ser dos nichos y dos mercados radicalmente distintos. En efecto, tratándose de la Bolsa, la factura debe ser completamente indubitada, y se requiere la certificación de quien debe pagarla para que ello quede absolutamente resuelto. En esa materia hay un problema pendiente.
Por lo tanto, la ley ha beneficiado tanto a las pequeñas y medianas empresas como, a través de la Bolsa de Productos Agropecuarios, al mundo agrícola. Y esta iniciativa parlamentaria pretende despejar ambos temas: las dificultades que se generan en las distintas situaciones que he planteado y lo relativo a la Bolsa.
Tal como expuso el señor Secretario , la Comisión de Economía discutió el proyecto solo en general. La verdad es que en la Cámara de Diputados se avanzó muchísimo en orden a perfeccionarlo; pero es necesario mejorar otro tipo de disposiciones durante el transcurso del debate que se realizará en el Senado, tanto en el órgano técnico como en la Sala.
En consecuencia, concurriremos con nuestros votos favorables para que podamos conseguir ese propósito, ya que constituye un gran instrumento, destinado especialmente a las pequeñas y medianas empresas y al mundo agrícola.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor NOVOA.-
Pido votación electrónica, señor Presidente .
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Muy bien.
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia de que 23 señores Senadores emiten pronunciamiento favorable, con lo cual se cumple el quórum constitucional requerido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 3 de diciembre, a las 12.
Votaron afirmativamente la señora Matthei y los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Coloma, Escalona, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
FUERO LABORAL PARA DIRIGENTES DE COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Muñoz Barra, Cantero, Núñez, Ruiz-Esquide y Zaldívar, en primer trámite constitucional, que establece fuero laboral para los dirigentes del Colegio de Profesores de Chile, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4986-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Muñoz Barra, Cantero Núñez, Ruiz-Esquide y Zaldívar, don Adolfo).
En primer trámite, sesión 11 en 17 de abril de 2007.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objeto de la normativa es el establecimiento de fuero laboral en beneficio de los directores del Colegio de Profesores de Chile, entidad constituida como asociación gremial.
La Comisión discutió el asunto solamente en general y, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Allamand, Letelier y Muñoz Aburto), acogió la idea de legislar.
Los fundamentos de sus respectivos votos, así como el texto cuya aprobación se propone a la Sala, se consignan en el informe que Sus Señorías tienen a la vista.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley en debate, que hemos presentado un grupo de Senadores, fue conversado con el Colegio de Profesores de Chile, que encabezaba, en ese momento, el señor Jorge Pavez . Las disposiciones que contiene establecen un fuero laboral en beneficio de quienes integran el directorio de la referida entidad gremial.
Frente a algunas consultas que me han formulado, debo señalar que este es el único colegio profesional que entre sus funciones contempla el representar a los trabajadores que agrupa ante sus respectivos empleadores, en la tarea permanente de mejorar las condiciones en que aquellos se desempeñan. Es así como ejecuta su labor, según todos sabemos, directamente con alcaldes y corporaciones municipales, ante los cuales plantea, por supuesto, requerimientos en materia de remuneraciones, asignaciones de perfeccionamiento, feriados y otros beneficios de carácter laboral.
A diferencia de otros colegios profesionales, es la única asociación gremial -y lo subrayo- que, además de ejercer las funciones que le son propias en su calidad de tal, cumple un rol equivalente a la actividad sindical, en la cual los dirigentes gozan de fuero. En la práctica, reviste un carácter sindical. El resto de los colegios se preocupan de otros aspectos relativos a las funciones profesionales inherentes a sus asociados.
El proyecto contempla una gradualidad en cuanto a quienes tendrán derecho al fuero en su condición de dirigentes.
En el plano regional, el número de directores aforados será de tres si la organización reúne de 25 a 249 trabajadores afiliados -en general, los directorios se componen de diez personas, pero la iniciativa otorga fuero solo a tres, que serán, indudablemente, quienes desempeñen los más altos cargos: Presidente , Vicepresidente y Secretario General -; de cinco si reúne de 250 a 999 trabajadores afiliados; de siete si reúne de mil a 2 mil 999 trabajadores afiliados, y de nueve si reúne tres mil o más trabajadores afiliados.
En el plano comunal, si se reúne de 25 a 100 trabajadores afiliados, gozará de fuero un director; de 101 a 250 trabajadores afiliados, dos directores; de 251 a 749 trabajadores afiliados, tres directores; de 750 a 999 trabajadores, cinco directores, y, en el caso de mil o más trabajadores afiliados, siete directores.
Insisto en que el Colegio de Profesores es el único que aborda materias remuneracionales con los empleadores.
No deseo extenderme más en la explicitación del proyecto porque imagino que va a haber unanimidad -o una gran mayoría- para apoyar la idea de legislar y en la discusión particular se podrá hacer las correcciones que se estimen pertinentes.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que se proceda a la aprobación en general.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, no puedo iniciar mis palabras de respaldo al texto que nos ocupa sin antes manifestar mi solidaridad con los profesores de un colegio particular subvencionado de Talca cuyo sostenedor decidió cerrar, dejándolos a ellos en la calle y a mil alumnos sin poder terminar el año escolar. Fue una reacción -es un negocio de familia- ante el hecho de que los docentes se habían organizado y sindicalizado.
Por ende, en este momento, cuando comenzamos a discutir una iniciativa legal que pretende otorgarles fuero a dirigentes de quienes se rigen por el Estatuto Docente, no quiero dejar de expresar mi dolor porque en nuestro país algunos empresarios -no son todos- se caractericen principalmente por una cultura antilaboral, antisindical; por no respetar la Constitución. Curiosamente, son personas que por un lado defienden la propiedad privada y recuerdan que la vida es sacrosanta, conforme a la Carta, pero por otro, no obstante consagrar esta entre los derechos fundamentales el de sindicalizarse y el de negociar colectivamente, son las primeras en avasallarlos. Y lo que más tristeza produce es que, cuando esas cosas ocurren, no pasa nada. Los trabajadores deberán interponer una demanda y habrá que ver si eso logrará corregir el hecho de que hoy ellos quedaron sin empleo, y los alumnos, sin la posibilidad de estudiar.
La situación descrita se plantea respecto de un sector de los trabajadores de la educación. Y, por tanto, cuando se desea proponer una normativa tendiente a darles fuero a otros, tiene que llamarnos la atención lo que, por desgracia, pasa cotidianamente en Chile.
Espero que la elaboración del nuevo procedimiento laboral genere mecanismos para que esas prácticas antisindicales se puedan sancionar debidamente y, asimismo, que el acuerdo en materia de educación que firmaron hoy los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria permita garantizar que no se van a aceptar sostenedores como esos, que no respetan los principios laborales consagrados por la Constitución y las leyes. Porque cuando uno aprueba una iniciativa legal confía en que ella se cumplirá.
El proyecto en debate constituye una vieja aspiración del Colegio de Profesores, de quienes se rigen por el Estatuto Docente; esencialmente, de maestros que dependen de las corporaciones o departamentos de educación de los municipios. La idea es que ellos puedan tener fuero, y por eso concurrimos a la aprobación en general.
El Honorable señor Muñoz Barra no es solo un legislador de experiencia, que lleva una buena cantidad de períodos, tanto en la Cámara como en el Senado: también tiene a su haber el ser profesor. Y, en esa calidad, quiero manifestar mi respeto por su consecuencia con el compromiso a que llegó con los docentes en cuanto a presentar la iniciativa.
El señor MUÑOZ BARRA .-
¡La gente lo pide...!
El señor LETELIER.-
Sin perjuicio de apoyarla, por aspirar a que los dirigentes de los maestros organizados gremialmente tengan fuero y a que se les respete ese derecho, deseo consignar dos puntos.
En primer término, me he llevado una tremenda sorpresa ante la declaración del nuevo Presidente del Colegio de Profesores en el sentido de que van a luchar contra la evaluación docente. Quiero expresar que, tal como voy a ser el primero en respaldar que se les otorgue fuero a los dirigentes del gremio frente a sus empleadores, también exigiré que se respete la ley y que se someta efectivamente a evaluación a los profesores, quienes son responsables de la calidad de la educación que reciben nuestros hijos e hijas.
Asimismo, deseo plantear que, junto con el fuero que queremos que se les entregue a los dirigentes de los profesores de la educación municipal, quienes se rigen por el Estatuto Docente, debemos tener claridad respecto de que los acuerdos firmados hoy día, que son muy importantes para el avance de la educación, deberán complementarse con otros. Y uno de ellos -espero que seamos capaces de alcanzarlo- se vincula a la modificación de dicho Estatuto, en especial en lo que dice relación al incumplimiento. Porque lo curioso es que a los profesores que no cumplen sus obligaciones laborales no se los puede echar, pues no se los evalúa por este parámetro, sino por otros. Y, a mi juicio, eso es algo que necesitamos revisar y que debiera formar parte también del acuerdo nacional que se está construyendo con miras a mejorar la educación en todos los planos, gracias a la tremenda movilización que llevaron a cabo el año pasado los estudiantes de enseñanza media.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, más allá de las intenciones del autor del proyecto -quien, a mi parecer, busca un fin noble-, tengo la impresión de que este genera un efecto mucho más amplio de lo que se está suponiendo. A través del articulado, lo que se está haciendo es ampliar el fuero laboral, propio de quienes actúan en la actividad sindical -y legítimo e importante respecto de las negociaciones-, al ámbito de las asociaciones gremiales. Y esa es una medida que, desde mi perspectiva, requiere un análisis mucho más profundo acerca de su mérito y su constitucionalidad.
Porque lo que acabo de señalar es lo que ocurrirá y la Constitución prohíbe discriminar. Entonces, si se entiende que se entrega un fuero a los dirigentes de una asociación gremial, no se podrá evitar que ello se extienda a cualquier otra entidad semejante.
Sé, por ejemplo, que el Colegio de Profesores no es la única asociación gremial existente en el rubro: otras también se preocupan del profesorado. Entonces, cabe preguntar: ¿tiene que ampliarse el efecto a ellas o a las que nazcan en el futuro? Porque el día de mañana puede surgir otra, libremente, y por la vía de esta normativa sería posible concluir que se debe extender también el ámbito del fuero.
En segundo término, me parece que la excepción planteada por el señor Senador que primeramente usó de la palabra no es tal, pues otras asociaciones gremiales hacen cosas parecidas: el Colegio Médico, el Colegio de Matronas. Existen distintas instituciones que participan de hecho -porque en Derecho no tengo claro si corresponde- en negociaciones de la índole mencionada.
Entonces, más allá de efectos particulares, aquí estamos generando una normativa que cambia absolutamente el ámbito de acción de las asociaciones gremiales y modifica la naturaleza del fuero. Por tanto, pido que reflexionemos de un modo distinto en torno a esta materia.
Desde esa perspectiva, señor Presidente , antes de que se cierre el debate quiero plantear la posibilidad de que el texto vuelva a la Comisión y de que se consulte también a la Comisión de Constitución. Porque, desde mi punto de vista, al menos -puedo estar muy equivocado-, una iniciativa legal no puede decir, por el principio de no discriminación: "Esta asociación gremial va a tener condiciones de fuero distintas de otras". Sí se podría hacer referencia a todas las asociaciones gremiales vinculadas al profesorado -no sé si ello sea bueno o malo; simplemente lo señalo- o a todas aquellas con algún tipo de afiliados que desempeñen funciones en el mundo municipal. No sé si es lo que necesitamos.
Entiendo y comparto lo que planteó un señor Senador en cuanto a la necesidad de evitar los abusos que se dan en este ámbito, con fuero o sin fuero, respecto de los dirigentes o en forma genérica. Pero, en lo personal, al menos, señor Presidente , pediría que analizáramos esta iniciativa con más profundidad, en particular por los alcances que genera en la naturaleza de las asociaciones gremiales, del fuero y de la negociación colectiva.
Esta materia amerita ser revisada, por lo menos desde el punto de vista constitucional, por los organismos pertinentes.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, inicio mi intervención felicitando a los autores de esta iniciativa, por cuanto pondrá fin a una discriminación injusta entre los profesores que se desempeñan en colegios privados o privados subvencionados y los que realizan trabajos docentes en la educación municipalizada, ya que solo los primeros pueden constituir sindicatos de empresas, lo que les permite gozar de inmediato de fuero sindical.
Frente a lo señalado por el Senador señor Coloma , hago presente que la situación del Colegio de Profesores de Chile, como asociación gremial, es absolutamente distinta de la de otros colegios profesionales -por ejemplo, el de Arquitectos, el de Psicólogos, el de Médicos-, desde el punto de vista de la dependencia y de la recepción de remuneraciones.
Por otra parte, el mencionado Colegio está sujeto al Estatuto Docente, que fija y regla las relaciones entre el profesorado y la corporación municipal de educación.
Además, debo recordar que el Colegio de Profesores ha actuado siempre con un afán sindical. Prueba de ello se recoge en parte de su historia: en los años setenta existía el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE). En la práctica, aquella asociación ha trasladado tal objetivo al desarrollo de sus actividades.
Reclaman fuero laboral para realizar en mejor forma sus funciones. En la actualidad, no lo poseen y dependen de la buena voluntad de los directores de los colegios o de los secretarios de las corporaciones municipales para llevar a cabo sus labores sindicales o gremiales.
Anuncio que votaré a favor de la idea de legislar, pero, antes de terminar, quiero llamar la atención de la señora Ministra de Educación sobre el siguiente asunto.
Hace un tiempo se firmó -y aprobamos el proyecto respectivo- un acuerdo entre el Colegio de Profesores y el Gobierno en el sentido de que una cantidad determinada de maestros que cumpliera la edad para jubilar debía hacer abandono de sus labores el 31 de octubre o, si así lo estimaban, a partir del año siguiente.
Sin embargo, en la comuna de Punta Arenas, de la Región de Magallanes, que represento en el Senado, se los está obligando a renunciar en el mes de octubre. Algunos son profesores de octavo año básico y no podrán estar presentes en la premiación y graduación de sus alumnos porque el Alcalde y el Secretario General de la Corporación Municipal de Educación de Magallanes han declarado vacantes los respectivos cargos con fecha 1º de noviembre.
Creo que ambas autoridades debieran seguir el buen ejemplo de la Alcaldesa de Viña del Mar, señora Virginia Reginato , y de otros ediles, como el de Puerto Natales, quienes señalaron que mantendrán en actividad hasta el 31 de diciembre a los profesores que renuncien el 31 de octubre, para que puedan terminar sus labores docentes.
Ojalá el Ministerio de Educación pueda influir en aquellas autoridades para que no se cometa una injusticia, no solo con los profesores jefes de curso, quienes no podrán entregar a sus alumnos el diploma que acredita el fin de un ciclo de educación, sino también con los padres, apoderados y educandos que terminan su enseñanza básica.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, no me referiré al fondo de este proyecto, que se inició en moción del Senador señor Muñoz Barra .
Quiero decir que en la Comisión de Trabajo tenemos una norma de funcionamiento: las votaciones cuya realización se acuerda en una sesión se llevan a cabo en la siguiente, si todos sus integrantes están contestes.
Esta iniciativa fue presentada hace bastante tiempo. El día en que se votó en la Comisión (miércoles 17 de octubre) yo no pude asistir, porque debí participar en un seminario al cual concurrieron también varios colegas. Se me informó que no habría sesión. Pero después, dado su legítimo y profundo interés, el Honorable señor Muñoz Barra consiguió la presencia de varios señores Senadores, se instaló la Comisión y se votó la iniciativa, sin que yo tuviera conocimiento, como integrante de dicho órgano técnico, de que eso iba a ocurrir.
No quiero adelantar una votación sobre el proyecto. Lo único que pido -ojalá haya buena voluntad para ello- es que vuelva a la Comisión técnica, con el compromiso de que lo veamos mañana, miércoles 14, para que retorne a la Sala lo antes posible y podamos pronunciarnos en general.
La verdad es que me impuse hoy día de que la iniciativa estaba en tabla. Y también ignoraba que se había votado en la Comisión.
Insisto: en la Comisión de Trabajo tenemos una costumbre, que ha funcionado sobre la base del fair play y que hemos mantenido criteriosamente. No quiero decir que alguien no cumplió, sino que, a lo mejor, el Senador señor Muñoz Barra no tenía conocimiento de esa situación. Y se votó el proyecto ese día, pese a que ello no estaba en la tabla.
En consecuencia, solicito que el proyecto vuelva a la Comisión, pero con el compromiso -porque no pretendo dilatar su tratamiento- de que se analice el miércoles 14.
El Honorable señor Muñoz Barra me está pidiendo una interrupción, que le concedo, con la venia de la Mesa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, efectivamente, la Comisión funcionó, pero yo no la instalé. Con seguridad, las expresiones usadas por el Senador señor Longueira no tenían esa intención. Porque había tres integrantes de dicho órgano técnico -incluido su Presidente -, quienes daban la mayoría para que se constituyera. Simplemente, llegué ahí debido a que estaba en tabla el citado proyecto. De tal manera que la Comisión no se constituyó en forma extraordinaria por el interés que yo y otros colegas teníamos en la iniciativa.
Solo quiero recordar que hasta el año 1973 existía en Chile el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), organismo que dejó de funcionar. Por eso, llama la atención que en la actualidad los profesores que prestan servicios en los establecimientos educacionales municipalizados no se agrupan en sindicatos, sino en colegios profesionales. Porque, en la práctica, el Colegio de Profesores actúa como sindicato.
Por lo tanto, estamos pidiendo, sencillamente, que se regularice la situación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le pareciera a la Sala, el proyecto volvería a la Comisión.
El señor PIZARRO.-
Sí, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo?
El señor PIZARRO.-
Después de la explicación dada, con mayor razón debe volver a ella.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
No hay unanimidad.
El señor COLOMA.-
Votemos el envío a la Comisión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde votar.
El señor PIZARRO.-
¡No, señor Presidente ! ¿Por qué nos va a hacer votar? Nos obligará a pronunciarnos en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Es que no hay acuerdo.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , pedimos que vuelva al órgano técnico porque se trata de una iniciativa bastante importante, que requiere un poquito más de estudio.
Dos miembros de la Comisión manifestaron que no la pudieron ver por distintas razones.
Por lo tanto, lo lógico es que contemos con una o dos semanas para analizarla con calma. Si no, por lo menos yo tendré que votar en contra, pues no logro comprenderla cabalmente.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
De no haber unanimidad, tendríamos que votar si la iniciativa vuelve a la Comisión para un nuevo primer informe.
El señor COLOMA.-
Exactamente.
El señor PIZARRO.-
Muy bien.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Votar que sí significa que el proyecto se envía de nuevo a la Comisión.
El señor MUÑOZ BARRA.-
No hay acuerdo.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señor Senador, no se requiere unanimidad para ello.
El señor GAZMURI.-
¿A qué Comisión volvería?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
A la de Trabajo.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el envío del proyecto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para un nuevo primer informe (23 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, Frei, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Gazmuri, Girardi, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez y Ominami.
Se abstuvo el señor Ruiz-Esquide.
ENMIENDA A CÓDIGO AERONÁUTICO EN MATERIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS DERECHOS
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona y Letelier, que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4595-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona y Letelier).
En primer trámite, sesión 59ª, en 10 de octubre de 2006.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es sustituir, en el Capítulo V del Código Aeronáutico, el Párrafo que regula el transporte de pasajeros, para incorporar, entre otras, las siguientes materias:
Primero, la obligación de los vendedores de billetes de pasaje de informar, en forma objetiva y clara, sobre las diversas alternativas existentes para las rutas, privilegiando aquellas de menor valor y los vuelos directos respecto de los que tienen escala;
Segundo, la explicitación, al momento de la oferta y en los propios billetes, de las condiciones, restricciones y limitaciones de estos;
Tercero, el perfeccionamiento de las disposiciones referidas a la negativa de embarque, el retardo y la cancelación de los vuelos. Se equiparan las indemnizaciones, reembolsos y prestaciones adicionales a las que rigen actualmente en la Unión Europea, y
Cuarto, la obligación del operador, en caso de un accidente aéreo, de anticipar a los familiares de las víctimas una parte de las futuras indemnizaciones para atender los gastos más inmediatos.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, lo discutió solamente en general y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cantero, Muñoz Aburto y Novoa.
El texto pertinente se transcribe en el informe que Sus Señorías tienen a la vista.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, no me extenderé mucho sobre la materia.
Como Sus Señorías saben, nuestro país ha registrado notables avances en la protección a los consumidores y usuarios.
Sin embargo, algunas materias han quedado excluidas de sus regulaciones por encontrar amparo en normas especiales. Una de ellas es la protección a los usuarios del transporte aéreo, la que se encuentra en el Código Aeronáutico. Ello, sin perjuicio de la facultad de recurrir a los procedimientos colectivos de la Ley del Consumidor.
Con todo, dicho Código no ha sufrido modificaciones sustantivas en materia de derechos de los pasajeros desde hace muchos años. En el entretanto, han ocurrido dos acontecimientos de gran relevancia: la masificación del mercado, el que en nuestro país cuenta hoy con cinco millones de usuarios anuales, y los cambios surgidos en la regulación internacional, en particular en la Unión Europea, que han fortalecido los derechos de los pasajeros y facilitado su ejercicio a través de criterios de responsabilidad objetiva.
Ello genera un evidente desequilibrio, una desprotección de los usuarios nacionales y una desalineación entre las normas chilenas y las internacionales. En la actualidad, una empresa aérea chilena que vuela entre Santiago y Europa se ve obligada a ofrecer compensaciones a sus pasajeros, las que no existen si el viaje tiene su destino en Punta Arenas o Concepción.
Por lo anterior, con los Senadores señores Escalona y Letelier hemos propuesto un proyecto de ley que, en lo sustantivo, mejora la regulación actual en los siguientes aspectos.
a) Procurar una mayor transparencia en la venta de pasajes, obligando a las aerolíneas a ofrecer, en primer término, los boletos de menor valor y -más importante aún- a detallar, claramente y por escrito en el mismo tique, las restricciones y limitaciones a que se encuentran sujetos.
b) Incorporar en nuestra legislación en forma expresa los criterios generales que permiten el embarque de personas con discapacidad o enfermedades graves. Hoy esa materia está regulada en normas reglamentarias, lo que genera desconocimiento. Cada cierto tiempo esto motiva denuncias por denegación de embarque de algunos pasajeros.
c) Crear un mecanismo objetivo de reparación por denegación de embarque y por retardo o cancelación de los vuelos. Se obliga a la línea aérea a indemnizar a los pasajeros, de inmediato y en efectivo o equivalente, sin esperar resultado de juicio alguno, en concordancia con las normas europeas sobre la materia.
Ese es un punto fundamental.
Como decía, la legislación comparada ha avanzado mucho en la materia. En primer término, para sancionar no solo la denegación de embarque o suspensión de vuelos, sino también el retardo de ellos cuando este se extiende más de lo razonable. En segundo lugar, para obligar a compensar inmediatamente en forma objetiva, sin esperar juicios ni prueba de los perjuicios.
d) Reforzar las medidas de mitigación para los deudos en caso de accidentes aéreos. En particular, se busca que las compañías deban anticipar parte de la indemnización a fin de facilitar los trámites y la sobrevivencia de los familiares.
Ello existe en otras legislaciones, y creo que la nuestra debería recogerlo.
Señor Presidente , el proyecto contó con el decidido apoyo de la Junta Aeronáutica Civil, que, sin perjuicio de sugerir ciertas enmiendas -por ejemplo, que las eventuales indemnizaciones no afecten la seguridad de los vuelos-, coincidió plenamente en la necesidad de actualizar nuestras normas.
Considero importante que se acojan planteamientos de otros legisladores, como la moción del Senador señor Vásquez sobre un seguro a favor de los pasajeros y otra de algunos Diputados, ambas posteriores a este proyecto.
Asimismo, a través de indicaciones podría perfeccionarse lo relativo a la pérdida de equipaje, aspecto regulado en el denominado "Convenio de Varsovia". Si bien el proyecto no innova en él, es posible que necesite algún mejoramiento.
Señor Presidente , Honorables colegas, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, solicito su apoyo a la idea de legislar, por cuanto cinco millones de pasajeros anuales en el país requieren disposiciones más modernas, que cautelen en mejor forma sus derechos y que se encuentren más acordes con los avances internacionales sobre el particular.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, valoro el proyecto, porque es muy importante. Además, viene a hacer justicia respecto de una situación en la que hay muy poca transparencia, donde se cometen abusos y, en la que, en algunas ocasiones, se incurre en publicidad engañosa.
Por ejemplo, en cuanto a la rebaja de precios de los pasajes resulta críptico entender cuándo, cómo y quién puede acceder a tal beneficio. Se hace muy difícil lograr transparencia en torno de esta cuestión.
Se señaló también que hay una variedad muy grande de restricciones, lo cual es poco transparente, poco claro. Así, el individuo -mujer u hombre-, se ve enfrentado a dificultades al usar los pasajes o al querer cambiar su fecha. Y dichas situaciones no se hallan en los tiques, boletos o billetes, según se ha manifestado.
El reglamento de embarque también constituye un problema, pues se ha prestado para abusos.
Son de conocimiento público las ocasiones en que personas con algún tipo de discapacidad o limitación -como las que usan prótesis- han sido objeto de vejámenes cuando pretendían embarcar. Asimismo, se las ha sometido a tramitaciones y dilaciones, a veces inhumanas, por la falta de normas aplicables al caso. Lo mismo le ha ocurrido, en otras oportunidades, a gente con sobrepeso, a quienes se les limita el acceso a las aeronaves.
A mi juicio, la devolución del dinero representa un camino adecuado, particularmente con motivo del retardo o cancelación de algún vuelo. Porque la persona queda cautiva, toda vez que no puede optar por otra aerolínea al haber pagado ya el pasaje. De manera que la devolución inmediata de su valor es lo más apropiado.
Finalmente, creo que la norma es muy positiva y, por tanto, anuncio mi voto favorable.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, celebro de manera especial esta iniciativa.
Efectivamente, como el Senador señor Muñoz Aburto ya lo dijo, la legislación aplicable es el Código Aeronáutico, de antigua data. No ha sido modernizado ni se aviene con el crecimiento innegable del tráfico aéreo que hoy día observamos.
Se pensaba que el principal aeropuerto de Chile ( Arturo Merino Benítez ) iba a tener que ser ampliado entre los años 2012 y 2015. Ahora, sin embargo, se habla de que va a colapsar a más tardar el 2010.
El aumento exponencial de pasajeros lleva, necesariamente, a que el Parlamento se preocupe no solo de su seguridad, sino también de la atención y de la certeza de los servicios que otorgan las empresas aeronáuticas.
Cuando quebró la empresa Air Madrid , todos fuimos testigos de un hecho que antes ya se había visto en Chile con motivo de la quiebra de Saba y de otras empresas latinoamericanas. Es el caso de Varig, en que las imágenes de televisión mostraban a personas abandonadas durante 3 ó 4 días, durmiendo en el aeropuerto, pues carecían de los recursos económicos para embarcarse en otros vuelos. Además, no había garantía alguna para la solución de tal problema, salvo la ayuda que sus respectivos países les proporcionaran.
A raíz de ello, en forma independiente y sin conocer el proyecto en análisis, presenté una moción para obligar a las líneas aéreas a contar con un seguro para los pasajeros que garantice a los pasajeros su estadía, alojamiento o el cambio de su billete en caso de una suspensión generalizada de vuelos.
Esa iniciativa que he presentado busca implementar el mecanismo del seguro de manera complementaria a lo consignado en la que nos ocupa. ¿Por qué lo digo? Porque esta hace responsable a las compañías frente a suspensiones temporales o demoras de los vuelos, en tanto que mi proyecto persigue asegurar que los viajeros tengan una respuesta rápida y eficiente cuando las líneas aéreas detengan en forma relativamente permanente sus salidas.
Al respecto, recuerdo lo ocurrido con Aerolíneas Argentinas, que estuvo tres días paralizada por huelga. Entonces, sus pasajeros no dispusieron de alternativas. Precisamente a eso apunta la moción que menciono.
Agradezco al Senador señor Muñoz Aburto su invitación a fusionar ambos proyectos, buscando una mejor atención para el usuario del transporte aéreo. En mi opinión, se puede hacer perfectamente. No tengo inconveniente. Incluso, estaría dispuesto a que el mío fuera incorporado como indicación adicional. No me preocupa la paternidad del texto. Es mucho más importante el pronto despacho de todas aquellas disposiciones que tiendan a proteger a los pasajeros del transporte aéreo.
En consecuencia, estoy dispuesto a apoyar la mejor solución que encuentre el Senado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto, con el voto en contra del Senador señor Kuschel.
--Se aprueba la idea de legislar y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 3 de diciembre, a las 12.
ADECUACIÓN DE NORMATIVA REGULATORIA DE LIBERTAD CONDICIONAL A LEY SOBRE PORNOGRAFÍA INFANTIL
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que complementa la ley Nº 19.927, sobre pornografía infantil, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3855-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 12 de octubre de 2005.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es modificar el artículo 3º de la normativa sobre libertad condicional, referido a la concesión de dicho beneficio a los condenados que hubieren cumplido dos tercios de la pena, aumentando de 12 a 14 años la edad de la víctima en el caso de violación, a fin de que de esa manera haya concordancia con lo dispuesto en la ley sobre pornografía infantil.
La Comisión de Constitución discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, por ser de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Gómez, Larraín y Muñoz Aburto, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El texto que se propone se consigna en el respectivo informe.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, como señaló el señor Secretario , la iniciativa da cuenta de una adecuación.
La ley Nº 19.927 modificó los artículos 361 y 362 del Código Penal, en materia de violación de menores, aumentando la edad de protección de doce a catorce años.
El decreto ley Nº 321 establece que el beneficio de la libertad condicional a los condenados, entre otros delitos, por violación a menores de 12 años, podrá ser concedido cuando se hayan cumplido dos tercios de la pena.
Por tanto, debemos adecuar ese decreto ley reemplazando la palabra "doce" por "catorce", pues en caso contrario quedará una franja entre ambas edades que permitirá que algunos condenados salgan en libertad en un período distinto del que ahora se consigna con mayor rigurosidad.
Se trata de una adecuación que viene de la Cámara de Diputados y que nosotros hemos aprobado en la Comisión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto.
--Se aprueba en general, y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y terminada su discusión en este trámite.
RENDICIÓN DE CUENTA PARLAMENTARIA ANUAL
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de rendir una cuenta parlamentaria anual, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5146-07 y 1812-07 refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (Mociones de los Senadores señores Horvath, García, Girardi y Prokurica y señores Horvath, Larraín y Ominami y ex Senadores señores Errázuriz y Zaldívar, don Andrés).
En primer trámite, sesiones 38ª, en 7 de marzo de 1996 y 26ª, en 19 de junio de 2007.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Esta iniciativa se inició en dos mociones: la primera, de los Senadores señores Horvath, García, Girardi y Prokurica, y la segunda, de los Honorables señores Horvath, Larraín y Ominami y de los entonces Senadores señores Errázuriz y Andrés Zaldívar, las cuales fueron refundidas.
Los objetivos principales del proyecto son: a) establecer la obligación para los Presidentes de ambas Cámaras de rendir cuenta pública anualmente, ante el Congreso Pleno, sobre el trabajo legislativo realizado e informar acerca de los asuntos pendientes y los objetivos y prioridades del nuevo período; b) imponer igual deber a cada parlamentario respecto de su gestión, y c) disponer que cada Cámara mantendrá a disposición del público dichas cuentas, así como otros antecedentes relevantes del trabajo parlamentario.
La Comisión discutió la iniciativa tanto en general cuanto en particular, por constar de artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Gómez, Larraín y Muñoz Aburto.
El texto se consigna en el informe.
Cabe tener presente que el proyecto tiene carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, las dos mociones que dieron origen a la normativa en debate reflejan una inquietud que surgió del afán de reforzar la transparencia en el trabajo legislativo y de la conveniencia de establecer los necesarios flujos de información entre el Parlamento y la comunidad que ha elegido a quienes forman parte de él. La Comisión coincidió en la importancia de ese propósito. Por ello y por juzgarlas enteramente complementarias, decidió abordarlas en conjunto.
Sin perder de vista que, en la práctica, se ha avanzado mucho en materia de publicidad de las actividades parlamentarias, en especial a través de las páginas webs que ambas ramas legislativas mantienen en Internet y de otros instrumentos, como los canales de televisión, dicho órgano técnico consideró pertinente incorporar en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional un precepto nuevo para establecer las siguientes obligaciones.
Primero, que los Presidentes de ambas Cámaras, al iniciarse cada período de sesiones, rindan cuenta pública anual, ante el Congreso Pleno, sobre el trabajo legislativo realizado durante el período anterior, los asuntos pendientes y los objetivos y prioridades del nuevo período.
Es preciso recordar que en varias oportunidades hemos postulado que otras instituciones deberían rendir cuenta de su cometido en forma periódica. Entonces, nos pareció razonable que así ocurriera también con el Congreso.
Segundo, que cada parlamentario rinda también una cuenta pública respecto de su gestión, en su distrito o circunscripción, dentro de los 30 días siguientes al inicio de cada período de sesiones.
Y tercero, que cada Cámara mantenga a disposición del público dichas cuentas, así como otros antecedentes relevantes del quehacer legislativo.
Por último, debo destacar que -como señaló el señor Secretario -, por tratarse de una iniciativa de artículo único, la Comisión la discutió en general y en particular a la vez.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, lo primero que me sorprende es que el proyecto haya sido aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Esto revela que, cuando la gente se encuentra muy recargada de trabajo, de pronto pierde un poco la perspectiva de las cosas.
Obviamente, no soy partidario de establecer un nuevo rito institucional vacuo, que no aporta absolutamente nada a la información eficaz que debe brindarse a la ciudadanía.
Tenemos en pleno vigor múltiples canales para hacer fluir toda la información, ya sea de cada uno de los integrantes del Senado como de la Corporación misma.
Creo que concebir un acto solemne, en el Salón de Honor del Congreso, donde los Presidentes de cada rama entren majestuosamente a rendir su cuenta anual, nos expondría a la sátira mordaz de todos aquellos que, a veces con justicia, critican nuestros actos.
Felizmente, señor Presidente , esta iniciativa requiere quórum especial para su aprobación.
¡Es la primera vez que me felicito de que así sea!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, en verdad, todos los esfuerzos que se pretende desarrollar para prestigiar la labor parlamentaria o la política son bienvenidos. No tengo duda alguna de que eso es lo que legítimamente instó a aquellos que presentaron estas mociones.
Pocas actividades se hallan más sujetas a revisión por la opinión pública -chequeo diario, votaciones, cobertura de las sesiones a través de los medios de comunicación- que la tarea parlamentaria. Por ello, creo que la motivación positiva de un acto como el que consigna la iniciativa, lamentablemente, podría traducirse en nueva fuente o causa de desprestigio para el Congreso Nacional.
El señor ÁVILA .-
¡Así es!
El señor LONGUEIRA.-
Las eventuales rendiciones de cuentas siempre van a ser insuficientes: se dirá que o se olvidó o se omitió algo. Y eso es lo que hará noticia.
El señor ÁVILA .-
¡Exacto!
El señor LONGUEIRA.-
De aprobarse la iniciativa, solo contribuiremos a crear, con la mejor de las intenciones, fechas o momentos que, por desgracia, con el tiempo producirán un efecto contrario.
Históricamente, el 21 de mayo de cada año el Presidente de la República debe rendir cuenta al país, ante el Congreso Pleno, del estado administrativo y político de la nación.
Entiendo que tal rendición tiene sentido desde el punto de vista del Ejecutivo , por cuanto se encuentra consagrada en una Constitución presidencialista. Pero también debemos hacer una autocrítica: ese discurso ya se está distorsionando, pues a menudo se traduce en un "ofertón", en el imperativo de cubrir las necesidades de "la señora Juanita " y en otra serie de propuestas ajenas a una rendición de cuentas. Año tras año los medios de comunicación exigen a Senadores y Diputados de todos los sectores políticos pronunciarse sobre qué se cumplió o no se cumplió.
Y, finalmente, hay una suerte de evaluación del Mensaje de cada 21 de mayo en la perspectiva, no de una verdadera rendición de cuentas, sino, en el fondo, del grado de cumplimiento de las promesas que se hicieron.
Vuelvo al texto que nos ocupa.
Como si la idea original no fuera suficiente, en el paso del proyecto por la Comisión se agregó que, adicionalmente, cada parlamentario deberá también dar cuenta de su gestión.
¡Cada parlamentario!
Me parece que si alguno de ellos quiere hacerlo en forma voluntaria, no hay problema. De hecho, muchos rinden cuenta de manera sistemática a las comunidades de sus propias Regiones o distritos, y a través de los medios de comunicación se les exige permanentemente transparentar su trabajo legislativo.
Voy a pronunciarme en contra de la iniciativa -excúsenme, Sus Señorías; sé que sería más cómodo votar a favor-; pero no quiero que quede la sensación de que intento defender una falta de transparencia u oponerme a que los parlamentarios rindan cuenta de su cometido -¡no!; eso está muy ajeno a mi motivación-, sino dejar planteado que la indudable buena intención, tanto de sus autores como de quienes la aprobaron en la Comisión, desafortunadamente se puede prestar para que más adelante algunos medios de comunicación aprovechen de aumentar el desprestigio del Parlamento, que ya es permanente y sistemático.
El señor ÁVILA .-
¡Pero no lo repita tanto...!
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, creo que, al final, el problema es que, lamentablemente, estas rendiciones de cuentas, incluso de las cosas positivas que hacemos, no son ni serán de interés periodístico. No ocurre así en la vida diaria.
Todos somos testigos del esfuerzo y sacrificio de los parlamentarios. Esto se lo he reconocido siempre tanto a partidarios cuanto a adversarios. La actividad política demanda mucho esfuerzo y sacrificio, pero eso no se reconoce ni se va a reconocer con estas rendiciones de cuentas.
Por lo tanto, creo que debemos evitar autoimponernos situaciones que, una vez más, únicamente signifiquen generar otro elemento que contribuya a nuestro desprestigio.
Quiero decir al Senador señor Ávila que coincido con él.
El señor ÁVILA .-
¡Que quede registrado...!
El señor FREI, don Eduardo
( Presidente ).-
¡Así se hará, Su Señoría...!
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, me alegro de que haya visiones distintas sobre el tema y que este se discuta, al menos en una fase preliminar, en la Sala.
Yo no veo cuál es el temor.
Aquí se plantean dos ideas. Una es que los tres Poderes del Estado efectúen una relación de todas las actividades que desarrollan en el año y cuáles son los desafíos que se vislumbran. Lo hace el Poder Judicial, y también el Ejecutivo . No veo por qué el Congreso Nacional no pueda hacerlo y no sea conveniente realizar una presentación sistemática de cada una de las actividades que se llevan a cabo en las dos ramas del Parlamento.
La otra idea -en el texto que nos propone la Comisión de Constitución se ha unido a la primera- se refiere a la confección de una hoja de vida parlamentaria. Y quiero invitar a Sus Señorías a reflexionar sobre el particular. Porque, desde luego, puede que esto resulte incómodo para los colegas que tienen una participación más destacada en los medios. Cuando un parlamentario es elegido popularmente y debe comenzar su actividad, enfrenta el siguiente dilema: "¿Me preocupo de estar presente en los medios, practico cierto tipo de vida, tal vez más proclive a la farándula, y con eso me mantengo vigente y la gente cree de alguna manera que estoy trabajando, o me dedico derechamente a trabajar, a asistir a las Comisiones, a estudiar los temas, a formular indicaciones, a elaborar iniciativas o a mejorar las del Ejecutivo ?".
Desde luego, el tiempo es limitado. Y uno debe poner su esfuerzo en un lado o en el otro. Finalmente, se termina buscando un sano equilibrio; porque también hay que tener realismo político.
Entonces, se plantea llevar una hoja de vida parlamentaria que no sea el "rindo cuenta" que cada uno hace de sí mismo, pues, obviamente, el interesado se puede llenar de flores, sin que exista una referencia, una suerte de ministerio de fe pública, de que tales cosas realmente ocurrieron. Nosotros sabemos las dificultades con que se logran los quórums en las Comisiones, las dificultades que hay para sacar adelante proyectos de nuestra iniciativa y hasta, en algunos casos, del Ejecutivo. Y todo esto en ningún lugar se conoce.
Sé que se ha avanzado. De hecho, dentro de las motivaciones de una de las mociones se destaca el progreso que hemos logrado en materia de transparencia por la vía de Internet. Los electores pueden saber exactamente qué está haciendo cada uno de sus representantes. Sin embargo, para mí no tiene mucho sentido informar la asistencia, porque un parlamentario puede ingresar por una puerta y salir por otra y de ese modo figurar como presente en una sesión aunque realmente no haya hecho nada. No digo que algunos actúen de mala fe en ese sentido; pero, por seriedad, el trabajo legislativo debe estar reflejado en buena forma.
Ahora, la hoja de vida propuesta -confeccionada por ministros de fe como los Secretarios de Comisiones o el propio Secretario General del Senado- no me parece inconveniente para nadie, pues reflejaría una -por así decirlo- radiografía de cierta parte importante del quehacer parlamentario. Por lo tanto, no debiera incomodar a los colegas.
Entiendo que todo esto pueda prestarse de nuevo para una suerte de mediatización que tal vez juegue en contra; pero creo que peor sería negarse a la posibilidad que plantea el proyecto.
A usted, señor Presidente , como titular de esta rama del Congreso, le consta la conveniencia de reunir en algún minuto a los Ministros, a los miembros del Poder Judicial , para informarles de los trabajos que se están desarrollando y de los desafíos legislativos que se vislumbran hacia el futuro. Eso es altamente positivo y no tiene nada de ritual. Al contrario, constituye un acto político legislativo bastante útil.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, yo estoy de acuerdo en que se aborde el tema; en eso coincido con el Senador señor Horvath. Sin embargo, si nos quedamos con el texto que se ha planteado, es evidente que la cuenta solo será un ritual; y, a este respecto, comparto la opinión de los Honorables señores Ávila y Longueira .
Pienso que aquí hay que ir más lejos, para que aquello no constituya un ritual. Porque las cuentas, como la del 21 de mayo, pueden traducirse -y es lo que normalmente sucede- en "ofertones" de distinta naturaleza. Y se crea una expectativa cuyo cumplimiento o incumplimiento nadie evalúa después objetivamente.
Desde mi punto de vista, toda autoridad debe tener ciertas metas, ciertas prioridades. Y, cuando estas no se cumplen, han de significar un costo: un costo público, un costo político.
Por lo tanto, en esta materia no debemos quedarnos únicamente con la rendición de cuentas, de tal manera que el no cumplimiento de ciertas promesas, de ciertos propósitos que dependan de la voluntad de la autoridad que los ha formulado -en particular, de quienes representan al Parlamento y, obviamente, del Presidente de la República , el 21 de mayo-, tenga un efecto jurídico. O, al menos, que exista una instancia independiente que señale qué se cumplió y qué no, para que aquello no se transforme simplemente en un asunto de debate. Este tendrá valor en la medida en que acarree alguna consecuencia de carácter jurídico o político.
Por consiguiente, soy partidario de aprobar la idea de legislar, pero siempre que sea posible profundizar en el tema y que este no quede circunscrito a un texto de artículo único.
Quiero decirlo con mucha claridad: el Parlamento no puede tener un estatus especial. Y en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos se planteó el asunto. La nuestra es la única Partida que carece de informe, en circunstancias de que somos especialmente exigentes con cada uno de los Ministerios. A mi juicio, nosotros nos exceptuamos de ciertos rituales y eso no corresponde. Y creo que a lo mejor eso es reflejo de la actitud que tenemos frente a estas materias.
Por eso, señor Presidente , estoy de acuerdo en que el punto sea debatido. En lo personal, me encuentro dispuesto a aprobar la iniciativa, pero dando un paso adelante en el sentido de que el no cumplimiento de determinadas promesas o de ciertas metas efectuadas durante una rendición de cuentas tenga un efecto público, político o jurídico.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda, desde el punto de vista de la génesis del proyecto, todos debemos reconocer la buena intención del Honorable señor Horvath . De algún modo, se pretende generar una relación equilibrada entre los Poderes del Estado en torno a elementos como la transparencia y, fundamentalmente, la imagen. Así se expresa en la argumentación.
Soy de los que sostienen que nuestro actual sistema constitucional se parece mucho a una monarquía presidencial. Es un sistema presidencialista exacerbado donde el Congreso, carente de facultades mínimas, debe someterse, las más de las veces (Gobierno y Oposición), a la búsqueda de acuerdos, ya que su independencia se halla demasiado restringida.
Por lo tanto, si se va a modificar la Ley Orgánica Constitucional, hay que abordar muchos otros temas. El que se plantea -una rendición anual de cuentas- más bien se sitúa en el ámbito de lo simbólico. Y para eso sería suficiente efectuar una jornada de trabajo con Soledad Ferreiro, la brillante Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional , o con la Secretaría de nuestro Senado, que han hecho de las páginas web de la Biblioteca y de la Cámara Alta un elemento interesantísimo a través del Senado virtual y, en especial, del ordenamiento de todos los contenidos. Solo he recibido halagos respecto del funcionamiento de nuestro sitio electrónico, el cual permite obtener a quien lo desee hasta la más mínima información, así como conocer opiniones diferentes.
Por consiguiente, la posibilidad de tener transparencia en las cuentas anuales, incluso de la diversidad del debate parlamentario, está dada, en gran medida, por la página web del Senado.
Sin embargo, reitero que hay otros temas que deberían ser abordados en su oportunidad Y, si el proyecto se aprueba,...
El señor ÁVILA .-
¡Difícil!
El señor NAVARRO.-
... es posible que no dé para todo aquello. Pero hay modificaciones pendientes. Por ejemplo, la relativa a la inhabilidad para ejercer una labor remunerada diferente de la legislativa. He sido contrario -presenté un proyecto en tal sentido- al desempeño de otra profesión, en particular la de abogado, durante el ejercicio de la función parlamentaria. Un legislador no puede ejercer como abogado ante los tribunales -ello ocurre hoy- y luego cumplir su tarea de elaborar leyes y, además, elegir a los miembros de la Corte Suprema.
También he planteado que si algo efectivamente contribuye a la equidad entre los Poderes del Estado, en esta tan desmedrada situación del Congreso Nacional, es lo referente a la firma en la promulgación de las leyes. Incluso las originadas en mociones solo son suscritas por el Presidente de la República y por el Ministro respectivo. Se anula al Congreso. Les podría contar cientos de anécdotas de amigos de mi niñez que me preguntan: "¿Y ustedes qué hacen? ¿Ven la ley? ¡El Parlamento no figura!". La ley no lleva la firma ni del Presidente de la Cámara de Diputados ni la del titular del Senado, ni mucho menos la de su autor, en el caso de las mociones. Por lo tanto, si hay un elemento que puede establecer justicia, equilibrio entre los Poderes del Estado, es que las leyes, cuando se originen en iniciativas parlamentarias, lleven la firma de los Presidentes de ambas Cámaras y, además, el nombre expreso del miembro del Congreso que las propuso.
Por último, el año pasado ingresé un proyecto respecto del cual sé que algunos Senadores discrepan. Si hay algo que quisiera ver establecido en el ámbito del trabajo cotidiano, es un Senado y una Cámara de Diputados donde el vocablo "honorable" desapareciera. La honorabilidad es una cualidad que se gana en la vida diaria y a través de una trayectoria, y no en una elección. Además, siento que ese tratamiento muchas veces se presta para la ironía, para comentarios mordaces y para que haya quienes piensen que por el solo hecho de haber triunfado en una elección se ganan el título de honorables. ¡Detesto que me llamen "Honorable"! Preferiría que me llamaran "Ciudadano Senador". Porque la honorabilidad no se consigue con una elección ni con un título universitario, sino con una conducta de vida.
Para esas iniciativas estoy disponible.
El proyecto del cual es autor, entre otros, el Senador señor Horvath es bien intencionado; pero, en mi opinión, no cumple todos los objetivos que yo quisiera. Por lo tanto, pregunto a Su Señoría si el texto se va a votar ahora o si existe posibilidad de ampliar sus contenidos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, uno de los objetivos de rendir cuenta pública es establecer prioridades para el período y señalar lo obrado. Esto posee la lógica de la accountability, es decir, la rendición de cuentas, que, por cierto, no tiene nada que ver con lo que en Chile históricamente se ha entendido por tal.
Si se pretendiera que en nuestro país se ejerce accountability o rendición de cuentas cada 21 de mayo, cuando el Presidente informa sobre la marcha del país, habría que decir que ello parece más un acto de propaganda. La cuenta se rinde cuando la autoridad o el mandatario informa a la ciudadanía de los avances o del cumplimiento o no de objetivos y metas, pero, a la vez, quien recibe el informe puede emitir un pronunciamiento de valor acerca de si efectivamente coincide o no con la opinión en él contenida, puede cuestionar o consultar.
¿Ocurre aquello en la rendición de cuentas que se hace sobre la marcha del país? No.
Por otro lado, con gran pompa se habla de que los gobiernos regionales rinden cuenta. ¡De qué cuenta hablamos! Son verdaderos panfletos publicitarios, vacíos, sin ninguna sintonía con la ciudadanía y, en algunos casos, muy vinculados con la imagen personal de alguno de los actores.
¿Hay realmente accountability en los gobiernos locales o administraciones comunales? En estos casos el asunto es simplemente paradójico, porque de rendición de cuenta aquello no tiene nada, a pesar de que existe un concejo. Toda esa documentación, muy abundante, con mucha foto, con gran despliegue de recursos, no resiste ni el más mínimo análisis de la accountability o rendición de cuentas.
Lo cierto es que en Chile no existe accountability. No hay una rendición de cuentas en los términos clásicos que la teoría establece.
Hacemos bien en poner énfasis en este aspecto. Pero establecer un ritual -diría yo- bastante vacío contribuirá, en mi opinión, más bien al desprestigio que al prestigio. Porque, para que exista una rendición de cuentas con algún sentido, el Parlamento debiera tener equilibrio mínimo de poderes. ¡Y qué podemos hacer nosotros si ni siquiera controlamos las urgencias! O sea, estaríamos dando una accountability o rendición de cuentas por terceros. El Parlamento -repito- ni siquiera puede establecer prioridades respecto de su propio quehacer, de su propia agenda.
El tema me parece interesante, pero estimo que el enfoque debiera ir por otro lado. De lo contrario, creo que vamos a ser objeto más bien de descrédito, o la cuenta se va a entender como un acto publicitario.
Hay dificultades para que cuando se rinde la cuenta de la marcha del país las graderías tengan público. Es más, cada día hay menor presencia de parlamentarios el 21 de mayo. Es cuestión de ver las estadísticas, que son públicas, por lo demás.
El Senador señor Ávila me pregunta cuántos secretarios y secretarias deben concurrir ese día.
Entonces, si se pretende enfatizar la transparencia, lo que tenemos que hacer es, efectivamente, transparentar nuestra gestión. Y en eso hemos avanzado significativamente durante las últimas tres o cuatro administraciones, que han establecido herramientas de transparencia en nuestras páginas webs, las cuales constituyen un referente frente a la ciudadanía, que puede auscultarlas cada día, e incluso, requerir mayor información si es necesario. Es decir, al depositario de esta cuenta se le da realmente la posibilidad de inquirir mayor información, de exigir mayores antecedentes, de profundizar todo lo que estime pertinente, en una actitud proactiva, a diferencia de lo que se pretende con las cuentas que plantea la iniciativa, que se llevarían a cabo frente a una comunidad absolutamente pasiva.
En realidad, creo que el proyecto no contribuye a mejorar nuestra imagen.
"Por sus obras los conoceréis". Por lo tanto, demos a conocer lo que vamos haciendo o lo que dejamos de hacer, con la mayor transparencia, pero por medio de las herramientas e instrumentos que adecuadamente hemos ido implementando. Si no, estaremos haciendo un esfuerzo de demagogia y de efecto comunicacional que irá en contra del objetivo de lograr una mejor evaluación ciudadana.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente, me declaro sorprendido en parte por este debate. No tanto por las alianzas que hemos visto -porque en las últimas semanas hemos sido testigos de muchas alianzas nuevas en el ámbito político-, sino porque una materia tan evidente como la transparencia haya merecido dudas, reservas o inquietudes.
El proyecto persigue dos objetivos.
El primero dice relación a los Presidentes de ambas ramas del Congreso.
Si uno mira la legislación, puede observar, por ejemplo, que el artículo 24 de la Constitución establece una obligación al Primer Mandatario : "El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno.".
Es cierto que un Presidente o una Presidenta puede no atenerse al referido mandato y convertirlo en un discurso de promesas o de aseveraciones u ofertones de cualquier tipo. Pero existe la obligación constitucional de dar testimonio público en aquel sentido, la cual refleja la tradición política de que el Jefe del Estado enfrente a la ciudadanía y le diga lo que está ocurriendo en los ámbitos administrativo y político del país.
Por su parte, el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales -también es una antigua disposición- preceptúa que "El primer día hábil de marzo la Corte Suprema iniciará sus funciones en una audiencia pública, a la cual deberán concurrir su fiscal judicial y los miembros y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Santiago.". Y agrega: "El Presidente de la Corte Suprema dará cuenta en esta audiencia:¿". En seguida enumera todo lo que debe hacer: informar del trabajo efectuado por dicho tribunal en el año judicial anterior; del que haya quedado pendiente; de los datos que le hayan remitido las Cortes de Apelaciones; de las dudas y dificultades ocurridas a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones "en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que se noten en ellas y de que se haya dado cuenta al Presidente de la República en cumplimiento del artículo 5º del Código Civil.". Y concluye ordenando que esa exposición sea publicada en el Diario Oficial y en la Gaceta de los Tribunales.
Es decir, existe en el espíritu de la legislación una búsqueda para que los titulares de los Poderes Públicos tengan la obligación de rendir cuenta y dar al país testimonio de lo que hacen y de lo que advierten en la realización de su trabajo.
Me parece que, en ese ejercicio, el que los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado puedan desarrollar una tarea similar va en una correcta dimensión de equilibrio en materia de responsabilidad de los Poderes Públicos de dar cuenta de sus actos.
Dichas obligaciones son muy anteriores al fenómeno de la transparencia política, que es una de las señales de modernización del Estado a que asistimos en las últimas décadas. Y, en mi concepto, corresponden a la mejor tradición política chilena, cual es la de que las autoridades tienen que dar cuenta, deben decir: "Aquí nos hallamos. En esto ha estado este Poder. Esto es lo que hemos estado realizando. Esto es lo que debemos seguir haciendo".
Y el que se incorpore tanto al Presidente del Senado como al de la Cámara de Diputados ayuda en esa dirección.
Es más, si uno revisa los antecedentes, podrá apreciar que dicha obligación se ha ido haciendo parte de muchas autoridades. Los alcaldes, por ejemplo, deben dar cuenta todos los años de la gestión de su municipio. Y lo hacen ante la comunidad.
Es factible que el cumplimiento de tal obligación se preste para un acto político -entre comillas- de publicidad de la gestión de los ediles. Pero, al final, los hechos empiezan a hablar por sí mismos.
Yo he asistido a muchas cuentas públicas rendidas en el ámbito del municipio. Al final, por cierto, se hace un esfuerzo por mejorar lo obrado. Sin embargo, la realidad es más fuerte y la gente percibe cuándo tiene un buen o un mal alcalde, cuándo la cuenta es verdadera o no.
En consecuencia, creo que este es un ejercicio republicano que tiene valor por sí mismo. Y por eso he apoyado la iniciativa en debate.
Señor Presidente, a la mencionada obligación se suma otra: la de que los parlamentarios rindan su propia cuenta.
Es cierto lo dicho aquí por varios señores Senadores: estamos permanentemente expuestos a la opinión pública; quizás como ningún otro Poder del Estado , tratamos de hacer todo de la manera más transparente posible, y, por consiguiente, pareciera no ser necesario que demos cuenta de nuestras actividades en forma individual.
El Honorable señor Navarro recordó lo relacionado con la página web de esta Corporación.
En efecto, hace algunos años nos tocó ayudar a la transformación de esta Cámara en un Senado verdaderamente ciudadano cuando, desde su Presidencia , dimos a aquella página plena transparencia, en todo sentido, en cuanto a lo que aquí ocurre: aspectos económicos, asistencia a Comisiones, votaciones, en fin.
Probablemente, todavía falta mucho más. Y las Mesas sucesivas han ido profundizando ese ejercicio de transparencia.
Asimismo, se otorgaron facilidades para que cada Senador tuviera su página web; porque solo unos pocos disponían de ella. Y ese esfuerzo en el plano individual también contribuye a la transparencia.
Sin embargo, no es lo mismo el contenido de las informaciones de prensa o lo que figura en la página web personal que la existencia de un testimonio objetivo, una especie de radiografía de la hoja de vida de cada parlamentario donde se consigne cada hecho y cada actividad que se registren, año tras año, para su evaluación en el tiempo.
Debemos recordar que los Senadores duramos ocho años en el cargo. Por ende, la gestión realizada en ese período podría no estar en la memoria de nuestros electores. Y si algunos de nosotros vamos a la reelección, todo ciudadano debería tener acceso al conocimiento de lo que ha sido nuestra labor en la Cámara Alta, de cómo hemos votado, etcétera.
Pienso que cada día más la gente busca esa información. Entonces, ¿por qué no facilitarla? Y así evitaremos que por demagogia, por recursos o por cualquier fórmula electoral de última hora resulte reelegido alguien que ha sido un muy mal Senador y no aquel que a lo mejor carece de capacidad retórica pero se ha mostrado como gran parlamentario por su trabajo y sus obras durante ocho años.
Pienso que aquí hay algo de valor y que no debemos sentir temor.
Sé que el mundo político pasa por uno de los períodos de mayor desprestigio. Y es un fenómeno no solo nacional, sino también internacional: donde uno va se topa con esta misma realidad.
Quizás esta iniciativa ayude. Porque, cuando uno tiene que esmerarse en transmitir a la gente lo que lleva a cabo, se preocupa de hacerlo y de hacerlo bien. Por consiguiente, cuando emite información no puede inventar, por ejemplo, que acudió siempre a una Comisión si después el Secretario del Senado va a testimoniar que no asistió a todas las reuniones. Porque las cifras, cuando son llevadas día a día y registradas con celo y cuidado, proporcionan la información correcta.
De ese modo, la gente se puede formar una opinión sobre la verdadera gestión de cada parlamentario. Y el hecho de que este deba comunicarla lo obliga a hacer un esfuerzo.
Sé que muchos rinden cuenta y, para ello, confeccionan documentos. ¿Pero por qué no contribuir a dar esa información a la ciudadadía?
El Honorable señor Cantero habló de la accountability. Y es cierto lo que señaló: "Estamos muy limitados porque este Poder es limitado". Está bien. Pero son las reglas del juego. No las vamos a cambiar. Pero del ejercicio de nuestras atribuciones -son menos que las que desearíamos tener- demos cuenta.
¿Y por qué no rendimos cuenta también de nuestra responsabilidad en el ejercicio de los cargos que desempeñamos?
Señor Presidente , desde hace mucho tiempo vengo propiciando distintos tipos de iniciativas para ayudar a la transparencia. Por ejemplo, la relativa al acceso a la información pública. Considero que son materias que contribuyen a que la gente se forme una opinión correcta, justa, acerca del accionar de los parlamentarios. ¿Por qué? Porque me parece que el juicio existente sobre nuestra gestión es más bien un prejuicio. Y este tiene que ver con las imágenes que se tienen de nosotros, pues los medios de prensa transmiten lo que estiman adecuado -a lo mejor, lo que deseamos que se transmita- o no reflejan en su información todo lo que hacemos.
¿Cómo rompemos ese prejuicio? Contando la verdad, no inventando cosas. Y este proyecto puede contribuir. No resolverá por completo el problema. Probablemente, son muchas más las cosas que debemos hacer para terminar con esa imagen de desprestigio o de poca efectividad que tenemos los políticos. Pero me asiste la convicción de que con medidas de esta naturaleza ayudaremos en esa causa.
Y no debemos preocuparnos de nada, salvo que carezcamos de gestión para exhibir.
Yo -lo digo con mucha honestidad- llevo algunos años en esta Corporación, y tengo la sensación de que hay muy buenos Senadores (no me atrevo a hablar de la Cámara Baja porque a los Diputados los ubico menos). Conozco la gestión de la gran mayoría de los Senadores. He participado en diferentes Comisiones, con distintas miradas. Y creo que Chile, si conociera bien la labor que se realiza aquí, sentiría mayor orgullo de sus Senadoras y Senadores.
En consecuencia, lejos de temer a la rendición de cuenta, soy partidario de ella, para que la gente tenga sobre los parlamentarios, no prejuicios, sino juicios fundados en la realidad.
En esa línea debería ir avanzando la modernización del Congreso, que presenta una dificultad enorme para transmitir su quehacer, por muchas razones, que no entraré a analizar. Desde luego, por el lenguaje y por los tiempos, que son muy distintos para la ciudadanía y para nosotros; aquella ve la ejecutividad, la obra realizada, la obra concreta.
Nuestra labor es muy difícil. ¿Cómo exponer el trabajo que hacemos cuando llevamos a cabo una gran discusión legislativa sobre cualquier materia?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN .-
Es muy complicado. Hay una abstracción distinta de aquel que está en el Ejecutivo , en el municipio, quien puede mostrar obras concretas que la gente visualiza y valora.
Por lo tanto, señor Presidente -termino con esto-, creo que aquí se abre la oportunidad de dar un paso positivo en la transparencia de nuestras actividades, tanto de las Mesas del Congreso como de la función propia de los parlamentarios. Estoy seguro de que eso ayudará a la gente a tener debido conocimiento de nuestra labor, nos obligará a realizar cada día mejor la tarea que nos compete y posibilitará que el juicio ciudadano sea sobre la base de hechos y no de prejuicios.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Quedan cinco inscritos.
Como va a finalizar el tiempo del Orden del Día, propongo iniciar la votación e ir fundamentando el voto. De lo contrario, deberemos dejar el proyecto para mañana.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, hay dos ideas en esta iniciativa. Por lo tanto, es lógico votarla solo en general y abrir plazo para presentar indicaciones. Ello, recogiendo los antecedentes que he escuchado en la Sala.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Por supuesto.
El señor HORVATH.-
Perfecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, en esta confusión que se ha creado, coincido bastante con el Senador Larraín...
El señor ÁVILA .-
¡No es nada nuevo...!
El señor GAZMURI.-
¿y no con el Senador Longueira.
Me parece que se trata de una iniciativa bastante razonable y simple, que no va a resolver todos los problemas de vinculación entre el Congreso y la ciudadanía. Eso es evidente.
Que se dé una cuenta anual -habrá que determinar dónde, cómo y bajo qué circunstancias- ayuda. No veo cómo podría entorpecer, qué escarnio se podría hacer.
Todas las autoridades rinden cuenta. Entonces, no veo razón para decir que esto "va a aumentar el desprestigio". No alcanzo a entender el argumento de algunos de mis colegas.
Además, es una instancia que puede ser utilizada de buena manera. Porque dar a conocer lo que hacen los entes del Estado constituye una de las tareas pendientes. Y que no se haya efectuado hasta ahora no significa que no sea factible hacerlo e inaugurar una tradición que puede resultar útil.
La segunda idea contenida en la iniciativa, consistente en que se lleve un registro de la actividad legislativa de cada parlamentario, también me parece por completo razonable. En la práctica, ya lo estamos haciendo; solo habría que ordenarlo -por decirlo de algún modo- en una especie de bitácora individual.
Como se ha señalado acá, de un tiempo a esta parte, en general, hemos aumentado mucho la transparencia de nuestra actividad. Hasta hace poco no había registro de asistencia en Comisiones; hoy día existe. Tenemos asimismo registro de votaciones. Y esa información es accesible. Seguramente, no muchos ciudadanos la consultan; pero algunos sí lo hacen. Y eso, a mi juicio, va incrementando la responsabilidad parlamentaria.
La idea de rendir cuenta en nuestras circunscripciones me parece igualmente razonable. Habrá quienes utilicen dicha instancia de mala manera; otros darán una muy buena cuenta. En definitiva, resolverán los ciudadanos.
No veo qué daño puede provocar eso.
Entonces, puestas las cosas en su lugar, pienso que se trata de medidas que ayudan en un asunto que es más vasto: la vinculación entre instituciones y ciudadanos, y particularmente entre el Parlamento y estos.
Estoy de acuerdo en que aquí hay cuestiones mucho más de fondo. Y coincido con lo señalado por el Senador señor Cantero en el sentido de que existe en Chile un régimen hiperpresidencialista, con un Congreso muy desprovisto de atribuciones que sí tiene la mayoría de los Parlamentos del mundo, incluso en países con régimen presidencial.
No obstante, eso es materia de un debate constitucional que considero indispensable, pero que en general ha encontrado muy poca receptividad entre los colegas del Honorable señor Cantero.
A mi juicio, debemos avanzar hacia un sistema semipresidencial -y eso va a colocar las cosas de otra manera-, donde haya gobiernos que cuenten con la confianza del Congreso y una figura presidencial que tenga atribuciones en asuntos de Estado fundamentales, como pueden ser las Relaciones Internacionales y la Defensa.
Se trata de una reforma exigida por nuestro régimen político. Porque el hiperpresidencialismo, efectivamente, ahoga la participación ciudadana y las instituciones representativas.
Pero ahí estamos hablando de una nueva Constitución, que creo que nuestro país necesita. Y ese es otro debate.
Sin embargo, mientras tengamos la Carta Fundamental que nos rige y las instituciones hoy existentes, que nos obliguemos a mayor transparencia y a mayor cuenta pública no resolverá todos los problemas, pero -no digo más que esto- puede ayudar.
Voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, lo primero que quiero plantear a propósito del debate habido esta tarde es mi rechazo a la idea de que alguien pueda pensar que los Senadores no tenemos el valor de enfrentar a la opinión pública, ya sea con un mensaje, con acción directa, con comunicaciones radiales o de cualquier otro tipo.
A estas alturas de nuestras vidas, la valentía de a lo menos hacer eso es una de las cosas que nos distinguen. De lo contrario, difícilmente estaríamos sentados en estos escaños.
Así que cuando escucho aquello reacciono, no con sorpresa -porque ya nada me sorprende-, pero sí con desagrado.
En lo personal, no abrigo ningún temor de enfrentar a la opinión pública. Y, de hecho, es algo que efectuamos en forma constante, sobre distintos temas, en foros y debates, y de cara a la opinión pública, frente a las personas.
De modo que descarto aquel elemento por lo menos de mi consideración.
En segundo lugar, aquí se ha hablado de transparencia.
La verdad es que dificulto haber sido más transparente que ahora. Porque estoy absolutamente expuesto. Y ello me alegra, me encanta, pues nada tengo que esconder: cualquiera puede saber cuándo vengo a la Sala, cómo voto, cuántos son mis recursos personales, cuál es mi asistencia. ¡Todo!
¡Lo que falta es un sensor en el asiento para determinar cuántas horas estamos en la Sala y evitar que pasemos de un lado a otro para que nos "hagan la asistencia"¿!
¡A lo mejor ese sería un signo de transparencia para conocer nuestra permanencia en el Hemiciclo y saber cuánto resistimos en él...!
¡Y después se podría colocar un sensor de dicción para precisar quién habla más o es más importante¿!
Todavía nos faltan cosas en el ámbito de la transparencia.
Señor Presidente , la verdad de las cosas es que, gracias a las gestiones de uno de los mentores de esta iniciativa, el Honorable señor Larraín , la página web del Senado hoy día es excelente. ¡Muestra todo lo imaginable!
Ahora, si a alguien se le ocurre algo más, pongámoslo. Yo estoy de acuerdo.
De otro lado, alguien mencionó aquí el problema de la concurrencia.
Pues bien, cuando la Presidenta de la República rinde cuenta a la nación el 21 de mayo -o sea, el acto más sublime y relevante del país-, hay que llevar gente a las galerías del Congreso Pleno. Y muchos Senadores y Diputados no concurrimos, por los compromisos de cada cual en esa oportunidad.
Y cuando digo lo anterior no estoy pensando en la cuenta pública de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, sino en la nuestra, que sería -por expresarlo de algún modo- la segunda parte de la oración.
Para cuando yo deba rendir cuenta pública -no sé si en Valparaíso, Viña del Mar o San Antonio, o en las tres ciudades, conforme a mi circunscripción; eso habrá de solucionarse después-, visualizo una pequeña dificultad en la convocatoria.
Durante mi gestión he tenido actos requetecontra importantes a propósito de una corporación que creamos, donde se tocaban temas trascendentes. Y debíamos buscar a las personas una por una. Así que la concurrencia es algo que podríamos solucionar incluso por la vía de un pacto con amigos, para que la cuenta pública fuera más amena.
Por otra parte, existe una diferencia fundamental respecto del rol ejecutivo.
¡Por favor!
Aquí se hablaba de que dan cuenta la Presidenta de la República, los alcaldes, los gobernadores, los intendentes. ¡Pero dicho rol es absolutamente distinto al legislativo! Basta considerar las respectivas capacidades de acción. Y se ha señalado reiteradamente que en nuestro ámbito tenemos enormes limitaciones.
Considero justo que den cuenta pública los cargos ejecutivos; sin embargo, no veo haciéndolo a los consejeros regionales, a los concejales. Entonces, estamos llevando a un plano inadecuado lo relativo a la comunicación.
Todos concordamos en que rige un presidencialismo extremo. Pero si vamos a entrar en ese tema, se trata de otro proyecto, no del que nos ocupa. Lo mismo se aplica a la posibilidad de dar mayores atribuciones al Senado.
Por las razones expuestas, no estoy de acuerdo con el proyecto que dispone que demos una cuenta pública.
Voto en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, voy a rechazar el texto propuesto, porque, siendo tal vez buena la idea, nos va a generar muchísimos problemas, desde conceptuales hasta de eficacia, en cuanto al objetivo que se pretende conseguir.
La iniciativa dispone que los Presidentes de las Cámaras informarán al Congreso Pleno sobre el trabajo legislativo realizado por la Corporación respectiva durante el período de sesiones anterior. Eso podría hasta objetivarse. Resulta complicado, mas se podría hacer.
Pero después se agrega que deberán poner en antecedentes sobre los proyectos pendientes más importantes y -lo que es más delicado- los desafíos más trascendentes que se observen para el período que comienza, lo cual resulta total y absolutamente subjetivo. ¿Cómo se decidirá al respecto? ¿Lo haremos en una reunión plenaria donde todos nos pondremos de acuerdo en qué es importante para uno y qué para otro?
Y, más encima, se trata de los desafíos que queden pendientes para el próximo período. ¿Cómo puede determinarlos una Mesa que, conforme al sistema vigente, termina su labor? Pienso que es algo que más bien se efectúa en el discurso de despedida del Presidente saliente , quien dice lo que ha tratado de hacer, y en el discurso en el que aquella que asume expone lo que desea realizar. Ello, sobre la base de que, según la mayoría que pueda existir en cada Cámara, se elige a determinada Mesa.
Me parece que esa parte del proyecto, finalmente, será un autogol gigantesco -como aquí se ha dicho-, que solo nos generará problemas.
Y, además, lo que se pone en cuestión después, producto del debate acerca de la cuenta en particular, es la esencia de lo que somos como parlamentarios.
La gente nos pregunta para qué somos elegidos. Pienso que, fundamentalmente, para dos cosas: una, para legislar -para eso venimos a Valparaíso-, y la otra -la ciudadanía la considera la más importante-, para representar a los electores.
El señor ÁVILA .-
¡Así es!
El señor PIZARRO.-
¿Y ante quiénes lo hacemos? Ante la opinión pública, las autoridades, los organismos y cualquier instancia adonde las personas entienden que sus parlamentarios, en el ejercicio de sus funciones por el mandato que les ha sido conferido, deben ir y expresar una voz que las interpreta.
En algunas ocasiones representamos a mayorías; en otras, a minorías, y a veces, a intereses legítimos de nuestros electores. ¿Cómo se puede evaluar o medir eso?
Estimo que se puede cometer, entonces, un error gravísimo.
Pongamos ejemplos que todos nosotros vivimos a diario. Si me evaluarán únicamente por la cantidad de veces que vengo a una Comisión y privilegio la función legislativa, les aseguro que lo más probable es que no obtenga ni un voto en la próxima elección. Si me evaluarán solo por el trabajo que realizo en terreno, se dirá: "A este caballero lo elegimos para que fuera a legislar y siempre está acá, en la zona".
Hoy día salí a las 7 de la mañana de Santiago, con destino a Illapel, donde tenía una reunión política con un importante sector productivo de la Región que represento, para analizar problemas críticos -lo que mis Honorables colegas hacen todos los días-, y viajé en la tarde a Valparaíso para asistir a la presente sesión. Pero la opción que tomé me significó no participar en dos Comisiones.
Entonces, ¿qué es lo más importante?
Expliqué a la gente que por estar allá falté a las Comisiones. ¿Y por qué lo hice? Porque debíamos preparar una reunión que se celebrará mañana entre los representantes de ese sector de pequeños productores agrícolas, de agricultura familiar campesina y crianceros, y las autoridades del mundo agrícola. ¿Para qué? Para encarar las dificultades de la sequía, de productividad, de falta de agua, etcétera.
¿Eso me lo evaluarán en el sistema de que se trata? ¿Aparece en el listado de siete puntos establecido en el proyecto? Me parece que no.
El texto también hace referencia a una cuenta anual de cada parlamentario.
¡Si nosotros le rendimos cuenta a la opinión pública!
Durante las campañas electorales he visto cuentas e informes fantásticos de candidatos a Diputado que han hecho "todo" lo realizado en el distrito. Ello incluye lo llevado a cabo por los Presidentes, los alcaldes, los concejales, los gobiernos regionales. ¡Todo! ¿Y son elegidos por eso? La ciudadanía decide en virtud de otras razones.
Existe un tercer elemento, no considerado aquí, que tiene que ver con el funcionamiento del sistema político. Nosotros debemos rendir cuenta también, desde el punto de vista político, a los partidos y los pactos o coaliciones a los que pertenecemos y por los cuales salimos elegidos. Porque nuestra tercera función es la de ser capaces de expresar acá una opinión política. Si no todos pensamos igual.
Y en el país, cuando se toman las decisiones políticas fundamentales, ello se hace por mayoría o por visiones de conjunto, a las cuales también tenemos la obligación de representar.
¿Eso me lo van a evaluar o a medir?
Porque significa, entonces, que estaríamos limitando absolutamente una parte de la esencia por la cual somos parlamentarios, que es tener capacidad de opinión política. Una cosa es lo técnico legislativo, y otra, lo político. Y, por eso, debemos cumplir equilibradamente la función de legislar, de representar.
Se podrían dar muchos ejemplos, señor Presidente.
Pero pienso que la iniciativa no nos ayuda. Lo que sí lo hace es avanzar en la transparencia de la información. ¿Por qué no pedimos a la Comisión de Ética del Senado -la que no hemos hecho funcionar- que nos sugiera algunas pautas de acción o lineamientos que se pudiesen implementar para informar mejor a nuestros electores; para lograr una mayor transparencia en la entrega de antecedentes, con el apoyo que pueda brindar la Corporación, a la ciudadanía y la opinión pública? Eso es perfectamente posible.
¿Cómo vamos a medir, además, el uso de los recursos que aquí se plantean? Algunos Senadores tienen una sola oficina en sus circunscripciones, mientras que otros cuentan con dos, tres, cuatro, cinco o seis. Da lo mismo. Cada cual lo decide por el aspecto político de la representación de sectores a los cuales quiere llegar. Para los efectos de la cuantificación, ¿será más el que tiene una oficina o será menos el de seis? ¿O viceversa?
Me parece que entrar en ese tipo de situaciones implica cercenar una parte esencial del cometido que debemos cumplir en nuestra función de representación electoral, política y de nuestras ideas. Porque en ello sí que no puede haber cuantificación.
Sobre el particular, señor Presidente , creo que el proyecto, siendo bueno, a la larga nos complica, nos mete en una camisa de fuerza. Sería muy difícil hacer comprender a la opinión pública la cuestión en análisis. Y, lo que es peor, creo que nosotros mismos estaríamos afectando la función para la cual hemos sido elegidos.
Voto en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente, es una lástima que se haya puesto en votación el proyecto, porque parte del debate todavía no se había realizado.
Además, por lo que he escuchado, la iniciativa probablemente se rechazará, y puede quedar una imagen de que no deseamos ser transparentes.
Por mi parte, me voy a abstener, porque creo que no existe un problema de fondo -todos queremos transparencia-, pero sí uno de forma, que es lo que me preocupa.
¿Por qué digo que es de forma? Porque resulta muy difícil, o bien, a veces inconveniente, consagrar normas que en definitiva, por su complejidad o por distintas razones, sencillamente no se cumplen.
Aquí se cita el artículo 24 de la Constitución Política, cuyo inciso tercero dispone: "El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno".
Con todo el respeto que me merecen quienes han desempeñado el cargo de Primer Mandatario , quiero saber quién de los presentes ha escuchado alguna vez una cuenta del estado administrativo y político del país. Desgraciadamente, ello no se cumple. Y, cuando en la Carta Fundamental o en una ley orgánica constitucional queda establecida una declaración en forma genérica, resulta muy difícil hacerla efectiva.
Distinto es el caso del Código Orgánico de Tribunales, citado por el Honorable señor Larraín , preceptiva que dice exactamente qué debe informar el Presidente de la Corte Suprema .
Entonces, creo que por lo menos debió haberse discutido más a fondo si es conveniente o no establecer obligaciones para los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, habida consideración de la dificultad de rendir cuenta en nombre de un organismo colegiado.
También respecto a la forma, y en lo concerniente a nosotros, pienso que realmente se ha avanzado mucho y que debemos hacerlo quizá aún más; pero para eso contamos con un instrumento mucho más simple: el Reglamento del Senado. Si observamos dificultades en la transparencia de nuestras acciones, en la rendición de cuentas de recursos, disponemos de esa normativa y de las Comisiones de Ética y de Régimen Interior para enfrentarlas. Y me parece que debemos progresar en cuanto a detalles: cómo se debe proceder; quién revisa las boletas y facturas.
Y eso -perdonen mis Honorables colegas que lo diga- no es cuestión de ley, sino, primero, de voluntad política nuestra, y segundo, de acuerdos internos.
Por eso, quizá debimos haber prolongado el debate y no habernos apresurado en la votación. Porque no me cabe la menor duda de que aquí nadie desea ocultar sus actividades; pero, a lo mejor, la forma planteada para hacerlo no era la más adecuada y el tratamiento de la rendición de una cuenta pública al país por parte de los Presidentes de ambas Corporaciones merecía realmente un análisis más a fondo.
Es muy difícil que el Presidente del Senado , quien es elegido para dirigir los debates, para aplicar el Reglamento, dé una cuenta que nos interprete a todos respecto a las metas cumplidas. Son distintas la rendición de cuentas de una autoridad unipersonal y la del Presidente de una Corporación.
Reitero: tenemos mucho que avanzar, quizá, en lo que concierne a nuestra propia acción; pero disponemos de los instrumentos necesarios para hacerlo, y debemos aplicarlos. Y considero que la Comisión de Ética, que no ha sesionado -como miembro de ella, asumo mi responsabilidad-¿
El señor PROKURICA .-
Sí se ha reunido.
El señor NOVOA .-
Así fue en una ocasión. Pero podría hacerlo mensualmente para analizar la marcha del Senado. No es necesario que ello ocurra cuando se suscita un escándalo o se formula una imputación a un integrante de la Corporación. Conviene que nos reunamos para ir viendo cómo vamos caminando respecto a los puntos que mencioné con anterioridad, que son muy importantes.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, no pensaba intervenir en la discusión, pero la verdad es que me preocupa el giro crítico tomado por el debate, lo que se ha expresado en varias intervenciones.
Considero que la rendición de cuentas debiera ser un principio general propio de todas las instituciones. Y, en tal sentido, el Congreso presenta cierta anomalía.
No solamente las instituciones ejecutivas cumplen con hacerla. La llevan a cabo, por cierto, la Presidenta de la República, los alcaldes; los gobiernos regionales; pero, también, el Presidente de la Corte Suprema y el Ministerio Público, en la persona del Fiscal Nacional.
Por tanto, creo que estamos ante una singularidad que sería interesante corregir, entendiendo las complejidades que conlleva efectuar una rendición de cuentas en nombre de una institución pluralista como la nuestra.
Se pueden tener diferentes evaluaciones acerca de cómo se realiza ese trámite. La mía es más bien positiva respecto a las que llevan a cabo diferentes autoridades, aunque tengo claro que no significan la panacea, ni mucho menos, para resolver los problemas de distanciamiento entre las instituciones y la ciudadanía.
Pero lo que me preocupa es otra cuestión. Y por eso quise intervenir.
Percibo que existe una suerte de resignación en cuanto a que el asunto no tiene vuelta. Los argumentos que se esgrimen son que toda la situación se va a prestar para demagogia y que vamos a terminar saliendo trasquilados, porque los medios van a hacer escarnio de este tipo de institución.
Esas son las principales razones aducidas. Y en ellas quizá media cierta dosis de realismo, pero también de resignación -repito-, en orden a que el Congreso no tiene vuelta, a que no puede rendir cuenta y a que cualquier cosa que haga será malinterpretada. Y lo más grave es que esa actitud conlleva la conclusión de que los medios de comunicación nos ganaron la batalla; que cualquier cosa que realicemos será distorsionada por ellos, y que aquí no es posible transmitir mensajes positivos.
Reconozco que es muy difícil hacerlo, pero me parece que en vez de resignarse hay que tratar de luchar contra esa tendencia.
Por eso, voy a votar a favor de la iniciativa, entendiendo que estamos en la discusión general.
El proyecto junta, por lo demás, distintos elementos, porque entre la rendición de una cuenta institucional y la de una individual existen diferencias bien importantes. Cuando suscribimos la moción sobre la rendición de cuentas individual, ni siquiera existía la página web del Congreso. Y, por tanto, deberíamos poder replantear la discusión.
Desgraciadamente, nos hemos apresurado a votar, como aquí se ha observado; porque tengo la impresión de que no se va a reunir el quórum necesario para continuar el debate.
No sé si habrá alguna manera reglamentaria, señor Presidente ,...
El señor COLOMA .-
Sería necesario suspender la votación.
El señor OMINAMI.-
...de detener los pronunciamientos en curso, para los efectos de retomar con mayor profundidad el análisis sobre el asunto.
El señor LARRAÍN .-
Puede ser.
El señor ÁVILA .-
No.
El señor OMINAMI.-
Si hubiera unanimidad en la Sala para los efectos de realizar una discusión más a fondo y no aparecer hoy día simplemente negándonos a la aplicación, tanto colectiva como individual, del principio de rendición de cuentas, creo que sería una buena salida.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , prácticamente la gran mayoría de las cosas están dichas.
El señor PIZARRO .-
¿No existe le posibilidad de suspender la votación?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
El Reglamento dispone que no puede ser interrumpida.
El señor NARANJO.-
A menos que medie unanimidad para hacerlo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Así es.
El señor ARANCIBIA .-
No la doy.
El señor ÁVILA .-
Yo, tampoco.
El señor NARANJO.-
Ha quedado de manifiesto, señor Presidente, que hay visiones distintas sobre este punto.
Me parece que el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso, en general, como institución, debieran dar cuenta. Creo que de alguna manera se subestima nuestra labor justamente por registrarse un vacío en ese aspecto.
De hecho, dan cuenta el Presidente del Banco Central y el del Consejo de Televisión Nacional. Las instituciones y las organizaciones empresariales, también. Entonces, cabe preguntarse por qué el Congreso, como institución, no lo hace.
Ahora bien, no me parece que corresponda la intervención de los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, como lo dispone el proyecto, porque uno sería el eco del otro, al desarrollar prácticamente la misma actividad. Estimo que solo uno de ellos debería cumplir el trámite en representación del Congreso Nacional.
Entiendo la complejidad que reviste el asunto. Por lo menos en lo personal, sin que nadie me lo pidiera, di una cuenta durante muchos años, como Diputado, en cada una de las comunas que representaba. Y sé que ello lo valoran muy positivamente algunas personas y que a otras les da lo mismo.
Ese esfuerzo le significa un desgaste económico, físico y de convocatoria extraordinario a un parlamentario. Porque, claro, no tiene ningún sentido rendir cuenta ante cinco, veinte o treinta personas: deben ser actos verdaderamente masivos en donde el electorado se informe. Recuerdo que el Senador señor Gazmuri , incluso, asistió a uno de ellos en San Javier, donde fue uno de los comentaristas.
El señor NAVARRO .-
¡Superobjetivo!
El señor COLOMA .-
¡Buen comentarista!
El señor NARANJO.-
En cuanto a la medición del impacto o a si la gente considera que ello es más transparente, abrigo serias dudas. Creo que es suficiente que el Congreso, la institución como tal, rinda cuenta al país; pero me surgen interrogantes en cuanto a si la labor que cumplimos es eficaz en tal sentido.
Por eso, aunque no estoy de acuerdo con el concepto general del proyecto, voy a votarlo favorablemente.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Resultado de la votación...
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Yo no he votado.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La votación está terminada, señor Senador.
--Se rechaza el proyecto, por no haberse reunido el quórum constitucional requerido (12 votos a favor, 8 en contra, 5 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Bianchi, Espina, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Naranjo, Navarro, Ominami, Orpis y Prokurica.
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Arancibia, Ávila, Cantero, Kuschel, Longueira, Núñez y Pizarro.
Se abstuvieron los señores Chadwick, Coloma, Frei, Muñoz Barra y Novoa.
No votaron, por estar pareados, los señores Pérez Varela y Romero.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, solo deseo exponer un asunto de forma para la relación entre nosotros.
Cuando yo pida un segundo para emitir mi voto, le ruego que, en adelante, me niegue ese derecho usted y no el Secretario .
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Señor Senador, la votación estuvo abierta durante 27 minutos y 6 segundos.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, eso no importa. Cuando se solicita votar, aunque sea en el último segundo, se suele respetar ese derecho.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señor Senador
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
No voy a discutir más con usted, señor Secretario .
Si no se me va a permitir votar, prefiero que me lo diga el Presidente .
Muchas gracias.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Perdón, Su Señoría. Yo solo me limité a decir que el señor Presidente ya había expresado la fórmula sacramental del Reglamento: "Terminada la votación".
En consecuencia, después de ello, no hay posibilidad reglamentaria de votar.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
En adelante, que me lo diga el Presidente.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
V. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
Al señor Alcalde de Panguipulli , solicitándole REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN LOCALIDAD DE LIQUIÑE (Región de Los Ríos).
Del señor FREI:
A la señora Ministra de Bienes Nacionales , consultándole acerca de FACTIBILIDAD DE ENMIENDA LEGAL PROPUESTA POR DOÑA NANCY BELLOCCHIO OLIVARES A RAÍZ DE CONSTRUCCIÓN INCONCLUSA DE SU VIVIENDA EN LA LISERA, ARICA (reiteración de oficio).
Del señor HORVATH:
A las señoras Ministra de Salud y Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, requiriéndoles información sobre SOLUCIONES PARA PROYECTOS SANITARIOS DEFECTUOSOS EN PUERTO GALA.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole medidas ante DIFICULTADES EN POSTULACIÓN A PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN COIHAIQUE POR DESCUENTOS DE BANCOESTADO (ambos de la Undécima Región).
Del señor PÉREZ VARELA:
Al señor Contralor General de la República, solicitándole antecedentes sobre DENUNCIA DE SEÑORA ELIZABETH PALMA POR ACOSO SEXUAL.
)---------------(
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En Incidentes, como los Comités Demócrata Cristiano, Mixto y Unión Demócrata Independiente no harán uso de sus tiempos, el turno siguiente corresponde al Comité Renovación Nacional e Independiente.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , la Ministra de Educación desea intervenir. Por lo tanto, le ofrecemos parte del tiempo de nuestro Comité.
Pero antes quiero referirme a una materia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
COMPETENCIA DESLEAL CON PERÚ EN EXPORTACIONES DE OSTIONES. OFICIOS
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, deseo describir una situación que se está viviendo en la Región de Atacama y que afecta seriamente a la acuicultura, en especial a la actividad dedicada a la extracción de ostiones.
Dicho rubro representa, aproximadamente, el 40 por ciento de la fuerza laboral de Caldera y atraviesa, en este minuto, por un doble problema.
En primer lugar, quizá una de las principales dificultades que afectan a los exportadores de ostiones es el precio del dólar, que ha bajado casi a la mitad desde el año 2000, descendiendo, incluso, por debajo de la barrera de los 500 pesos.
El segundo elemento dice relación a la competencia desleal que sufren nuestros productores frente a sus homólogos de Perú, donde las exigencias sanitarias y laborales son distintas de las nuestras. Según los dirigentes sindicales que nos acompañaron en las actividades que desarrollamos durante estas semanas, en Chile, por suerte, las condiciones de trabajo han mejorado. Pero no ocurre lo mismo en la nación vecina, razón por la cual se produce una competencia absolutamente desleal.
Durante la presente semana, y frente al llamado de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del área a la Alcaldesa de Caldera y a las empresas implicadas, se inició un conjunto de acciones para proteger a este sector productivo y evitar efectos catastróficos a futuro, que generarían importantes pérdidas de puestos de trabajo.
Cálculos extraoficiales actuales estiman que la fuerza laboral entre las Regiones Tercera y Cuarta disminuirá en alrededor de 25 por ciento y que los pronósticos son aun peores, considerando que el precio del dólar no variará y que Perú vende el producto a la mitad del valor que las empresas nacionales son capaces de fijar, especialmente a Francia.
Desde ese punto de vista, ayer sostuvimos una reunión con el señor Ministro del Trabajo a fin de exponer esta situación y pedir que se presente la denuncia respectiva ante la OIT y los organismos vinculados a esta materia en Perú. A la vez, solicitamos que, en la próxima visita a dicha nación, la Presidenta de la República exprese la preocupación de los trabajadores y de las empresas exportadoras de ostiones respecto a este problema.
Asimismo, felicito a los dirigentes del Sindicato Nº 3 de la Compañía Pesquera Camanchaca de Caldera, señores Miguel Valenzuela , Álvaro Solís y Alejandro Acosta , como también a la señora Ivonne Etchepare , Presidenta de la Asociación de Productores de Ostras y Ostiones de Chile, quien nos acompañó a las reuniones.
En el día de hoy nos hemos contactado con el señor Ministro de Relaciones Exteriores a fin de que los organismos dependientes de dicha Cartera ayuden a buscar otros países como alternativa para vender el producto, mediante PROCHILE y la CORFO, y generen condiciones para que los organismos internacionales puedan hacerse eco de nuestra demanda, especialmente ante los compradores de Francia, para establecer mayores exigencias al Perú en materias laboral y sanitaria.
Felicito por su responsabilidad a este grupo de trabajadores -encabezado por sus dirigentes sindicales-, de la señora Alcaldesa y de los concejales de Caldera, quienes han demostrado, a mi juicio, una actitud digna de elogio por haberse organizado a tiempo.
Seguramente, Sus Señorías me habrán escuchado hace algunos años una intervención similar acerca de la situación que afectaba a la aceituna del Valle del Huasco. En ese caso, los productores nacionales se vieron perjudicados por las importaciones del Perú, donde no existen condiciones laborales ni sanitarias adecuadas, lo que provocó una competencia extraordinariamente desleal.
Ello ha generado problemas serios para la contratación de mano de obra.
En consecuencia, solicito que se oficie, en primer lugar, al señor Ministro del Trabajo para que apoye nuestra demanda ante la OIT y, cuando la Presidenta de la República visite Perú , ante las instituciones competentes de dicho país. Y, en segundo término, al señor Ministro de Relaciones Exteriores , con el objeto de que los organismos dependientes de esa Cartera tomen contacto con el sector para ver cómo ayudar.
Finalmente, cabe consignar que hay elementos fundamentales que pueden propiciar la diversificación que las empresas de la Tercera Región buscan impulsar. Se trata de orientar la fuerza laboral y el emprendimiento empresarial hacia otros rubros, como la crianza del abalón y la siembra de algas.
Sin embargo, tales iniciativas siempre chocan con la burocracia y la lentitud en la aprobación de las concesiones tanto de mar como de fondo de mar. En algunos casos, estas se hallan entrabadas en la Subsecretaría de Pesca, y en otros, en la de Marina. Hemos tomado contacto con esta última, donde aparentemente hay menos concesiones pendientes.
No obstante, me parece conveniente oficiar a ambas reparticiones para que aquellas se puedan tramitar lo más rápidamente posible.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.
ACUERDO POLÍTICO EN EDUCACIÓN: INDICACIONES A PROYECTO SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
La señora PROVOSTE ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo compartir con los señores Senadores la enorme alegría que significa para el país el hecho de que en el día de hoy los partidos políticos de la Concertación y de la Oposición hayan firmado un acuerdo en materia educativa, lo que, sin lugar a dudas, habla de la capacidad de lograr importantes consensos en temas de interés público, como es la educación de calidad.
Estamos seguros de que este acuerdo nos permitirá superar indisolublemente los retrasos y las insuficiencias en los aprendizajes escolares y, al mismo tiempo, enfrentar los desafíos que nos plantea la desigualdad en este ámbito.
En tal sentido, solicito la autorización de la Mesa para ingresar tres indicaciones al proyecto que establece una subvención preferencial para niños socioeconómicamente vulnerables -está previsto para la tabla de la sesión ordinaria de mañana-, con el objeto de honrar el consenso alcanzado.
Si el señor Presidente lo tiene a bien, presentaremos las indicaciones antes del mediodía de mañana.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tal como se acordó hoy en la reunión de Comités, la iniciativa sobre subvención preferencial y la que crea la Superintendencia de Educación figurarán en el segundo y tercer lugares del Orden del Día de mañana, respectivamente.
Apenas ingresen tales indicaciones, serán enviadas de inmediato a la Comisión de Educación para incluirlas en su informe.
La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En el tiempo restante del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
REAJUSTE DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL. OFICIO
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, agradezco al Comité Renovación Nacional por cederme lo que queda de su tiempo
Deseo solicitar que se oficie a Su Excelencia la Presidenta de la República para que otorgue su patrocinio a la moción que ingresé a tramitación el martes de la semana pasada y que al día siguiente, tal como se dio cuenta, fue declarada inadmisible. Se trata de una iniciativa cuyo propósito es reducir la exigencia que estableció la ley que reajustó el ingreso mínimo mensual en mil pesos a partir del 1º de enero de 2008. Ello, si el crecimiento económico del país llegaba a 5,8 por ciento el presente año.
Tal como lo señalé en la oportunidad en que se discutió dicha normativa, la meta propuesta se encuentra en el límite de todas las proyecciones y, por tanto, resultará difícil alcanzarla. Habiendo conocido el IMACEC del mes pasado, pienso que no hay ninguna información seria ni comentario de prensa que garantice que dicho porcentaje se vaya a lograr.
Por eso, la moción proponía reemplazar en la ley el guarismo "5,8" por "5,0", a fin de asegurar, a todo evento, que esos mil pesos adicionales se entregaran a partir del 1º de enero de 2008.
El proyecto se fundamentaba, básicamente, en tres criterios.
En primer término, en que hemos tenido una inflación acumulada de más de 6 por ciento -completamente inesperada-, lo cual, por cierto, golpea a todas las personas asalariadas del país, sobre todo a quienes reciben el sueldo mínimo. Además, aumentar este ingreso en mil pesos por el semestre que falta hasta que debamos discutir su nuevo monto -actualmente está en 144 mil pesos- significa incrementarlo solo en 0,7 por ciento, con lo cual nos hallamos muy lejos de cubrir el alza que han experimentado los precios. Reitero: la inflación ha superado el 6 por ciento.
En segundo lugar, en que 16 por ciento de los chilenos recibe el salario mínimo, según la última encuesta CASEN. Por lo tanto, creemos que es fundamental garantizar tal aumento a los miles de familias que viven de él.
Y, por último, en que todos los indicadores de la cesantía señalan que ella ha venido disminuyendo. En consecuencia, el incremento mencionado, que se garantiza si el crecimiento alcanza a 5,8 por ciento -lo más probable es que se sitúe en torno a 5,5 por ciento-, no debiera tener un impacto en el desempleo.
Señor Presidente , los autores de la moción no observamos ninguna razón para no otorgar esos mil pesos. Por ello, solicito que se oficie a Su Excelencia la Presidenta de la República a los efectos de que le otorgue patrocinio al proyecto -es evidente que lo requiere- para que podamos despacharlo de aquí a fines de año y, a todo evento, a partir del 1º de enero de 2008 el ingreso mínimo mensual sea de 145 mil pesos.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
CRÍTICAS A OPOSICIÓN POR ACTITUD ANTE PROYECTOS VINCULADOS A DERECHOS HUMANOS
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, quiero referirme a un hecho que, por lo menos desde mi punto de vista, resulta extraordinariamente preocupante.
El 7 de noviembre fue una fecha de enorme trascendencia para los derechos humanos, ya que, curiosamente, el mismo día en ambas ramas del Parlamento se vieron dos asuntos, a mi juicio, de gran importancia. A la Cámara de Diputados le correspondía ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, mientras que el Senado trató un proyecto de ley que buscaba establecer beneficios para los agentes del Estado que habían cometido diversos crímenes entre el 11 de marzo de 1978 y el 10 de marzo de 1990.
Sin embargo, la Derecha tuvo una actitud que me ha dejado verdaderamente sorprendido. Porque, a pesar del Informe Rettig -que es una verdad oficial que hoy todos reconocen, aunque costó aceptarla como tal-; de que el Presidente Ricardo Lagos dijo: "No hay mañana sin ayer"; de que las diversas agrupaciones políticas plantearon su posición sobre los derechos humanos, y, más aún, de que el Ejército y las demás Instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden han hecho permanentemente gestos para entender que los hechos negativos que conocimos en el pasado nunca más debieran repetirse, resulta que el Congreso chileno estuvo a punto -y debo decirlo así- de escribir la página más negra en la causa de los derechos humanos.
Lo más grave y delicado es que aquello ocurrió en la antesala de una Cumbre Iberoamericana, lo cual, como es obvio, habría dejado a nuestro país y, en especial, a la Presidenta en una situación extraordinariamente incómoda. Porque, si hay algo por lo que todavía somos respetados en el concierto internacional, es justamente por la forma tan particular en que hemos abordado lo relativo a los derechos humanos.
Y lo digo porque cuando hablamos de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas no nos estamos refiriendo a un hecho aislado, a algo ajeno a nosotros, sino a un drama que le significó a América Latina 130 mil detenidos desaparecidos, y a nuestro país, 1.000.
Entonces, tratándose de una realidad que todos conocemos, uno se pregunta cómo una fuerza política pudo restarse de concurrir con sus votos a apoyar dicha Convención. Porque su aprobación significaba condenar lo que había ocurrido, pero, también, mirar hacia el futuro y decir que ninguna corriente política estaba disponible para aceptar una vez más, ni en Chile ni en la comunidad latinoamericana ni en ningún lugar del mundo, la desaparición forzada de personas.
Sin embargo, con la actitud que asumió la Oposición en la Cámara de Diputados, uno no puede sino preguntarse: Si el día de mañana volvemos a tener un régimen dictatorial, sea del signo que sea, ¿los partidos de Derecha van a estar de acuerdo en que haya desaparición de personas? ¿Cómo condenar en el futuro una conducta de esta naturaleza cuando, ante la oportunidad histórica de rechazar aquello como país, como Estado, como fuerzas políticas, se optó por el camino más fácil: no aprobar la Convención?
Me parece lamentable, señor Presidente.
Más aún, insisto: las Fuerzas Armadas y de Orden, que son las más comprometidas directamente con estos actos, han asumido su responsabilidad y, de una u otra manera, han hecho gestos de reconciliación y de reparación de heridas. Sin embargo, vemos que en la Derecha de nuestro país no existe la misma conducta.
Por otra parte, también es sumamente delicado lo que se intentó hacer en el Senado en la tarde de ese 7 de noviembre, cuando se buscó, a través de un proyecto de ley, igualar los delitos cometidos por agentes del Estado con aquellos que tuvieron su origen en personas vinculadas a grupos subversivos.
En este punto quizá sea necesario entrar más finamente a lo que es la doctrina internacional de los derechos humanos. Es efectivo que en ella prevaleció, principalmente en las décadas del setenta y ochenta, la idea de que las violaciones de tales derechos solo las cometían los agentes del Estado. Y cuando personas vinculadas a grupos subversivos, por motivaciones políticas o religiosas, atentaban contra la vida, no se les daba a esos actos la misma connotación y gravedad como para calificarlos de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, a partir de la década del noventa, en el concierto mundial, sobre todo por la gravedad que se le empezó a atribuir a ese tipo de delitos, se consideró que tanto los agentes del Estado como aquellos grupos subversivos o con otra motivación que participaban en atentados contra la vida, violaban los derechos humanos.
¿Dónde está la diferencia? En la penalización del acto. ¿Por qué? Porque en el ámbito internacional la doctrina en materia de derechos humanos ha dejado muy en claro que, cuando los agentes del Estado violan tales garantías, lo hacen utilizando toda la institucionalidad del aparato público para incurrir en esa clase de delitos: Fuerzas Armadas, Poder Judicial , Parlamento clausurado y prensa que se silencia. Es decir, toda una institucionalidad les permite a aquellos actuar con la más absoluta impunidad.
Sin embargo, cuando un individuo cualquiera atenta contra la vida, se da el fenómeno al revés. Es el Estado el que dispone de todas las instituciones y los instrumentos para perseguir y dar con el paradero de esa persona: Poder Judicial, Parlamento, Fuerzas Armadas y de Orden y prensa. ¡Toda la institucionalidad!
Por eso, no se puede pretender buscar al respecto una simetría en tal tipo de acciones. Porque, cuando los atentados contra la vida (asesinatos en serie, desaparición forzada de personas) son llevados a cabo de manera sistemática y reiterada por un mismo agente del Estado, por ninguna circunstancia pueden tener la misma sanción penal que cuando incurre en el hecho una persona o un grupo subversivo por motivaciones políticas, religiosas o de otra índole.
Me parece que tratar de equiparar esas situaciones y buscar analogías entre ellas no se justifica. Desde el punto de vista penal, no puede haber equivalencia entre ellas.
Sí debe aplicarse una condena firme cuando un agente del Estado o una persona perteneciente a un grupo subversivo atenta contra la vida, porque ello representa una violación a los derechos humanos.
Me preocupa particularmente el asunto, porque esto debilita la causa de los derechos humanos tanto en el concierto nacional como internacional.
Algunas personas desean ver los derechos esenciales, como el de la vida, de la cintura para abajo y otras de manera inversa. Son esas visiones sesgadas las que muchas veces llevan a estas interpretaciones equivocadas.
Los derechos humanos van desde la cabeza hasta los pies. No se puede separar el cuerpo en dos ni tampoco decir que tales derechos deben respetarse de la cintura para abajo e ignorarlos hacia arriba. El hombre es uno solo. Tiene dignidad en su conjunto. Separarlo en partes carece de sentido.
Por eso, lamento profundamente lo que sucedió el 7 de noviembre. Porque yo estaba seguro de que todas las corrientes políticas y todos los actores sociales de nuestro país estábamos escribiendo una historia común sobre lo ocurrido en Chile.
Podíamos tener interpretaciones distintas, pero, respecto de la condena a la violación sistemática de los derechos humanos, estaba convencido de que ello formaba parte del quehacer de la generalidad de las fuerzas políticas y sociales del país. Sin embargo, después de asistir a la votación realizada en la Cámara de Diputados el miércoles 7 de noviembre último y de comprobar posteriormente lo que se intentó hacer en el Senado la tarde de ese mismo día, que me parece de la mayor gravedad, advierto que me encontraba en un error. En mi opinión, ambas situaciones constituyen un serio retroceso en la causa de los derechos humanos.
Una vez más ha quedado en claro que tenemos visiones diametralmente distintas sobre cómo vamos a enfrentar esta materia en adelante. Porque ya no solo poseemos visiones diferentes del pasado, en cuanto a cómo interpretarlo y juzgarlo, sino que -y esto es lo más grave-, al revés de lo que habíamos considerado, tampoco tenemos una perspectiva común del Chile del futuro. A mí, al menos, me queda esa sensación.
Si el día de mañana volviera a haber detenidos desaparecidos en nuestro país, querría decir que algunas corrientes políticas no lo estiman como un atentado a la vida, sino como algo perfectamente normal.
Solo cuando los países toman medidas concretas y crean instrumentos y mecanismos, no solo para denunciar estas situaciones, sino también para rechazarlas e impedir que se repitan en el futuro, existe la garantía del "nunca más".
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Por no haber más señores Senadores que deseen intervenir, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:1.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO Y NARANJO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE INTERPRETA EL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LOS FISCALES REGIONALES. (5475-07 )
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 5º, 7º, 19º, 63º, 66º y 86º de la Constitución Política de la República y en la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
Considerando:
1.- Que el Ministerio Público ha sido encomendado por la Constitución Política de la República y su Ley Orgánica para llevar a cabo la prosecución criminal en nombre de la sociedad, contando para ello con atribuciones exclusivas para investigar los hechos constitutivos de delitos, los que acrediten la participación punible o la inocencia de los imputados y, en su caso, ejercer la acción penal pública. Del mismo modo, le corresponde adoptar las medidas necesarias para la protección de víctimas y testigos.
2.- Que el adecuado ejercicio de tan importante función pública ha sido cautelada por la normativa vigente de diversas formas, entre las que se cuentan la estabilidad en sus cargos, salvo las excepciones legales.
3.- Que, del mismo modo, la independencia de las máximas autoridades de este organismo ha sido resguardada, en el caso del Fiscal Nacional a través de un procedimiento de nominación en que intervienen los tres poderes del Estado. En el caso de los Fiscales Regionales, éstos se nombran por el Fiscal Nacional de una terna propuesta por la o las Cortes de Apelaciones de la zona respectiva.
4.- Que, asimismo, con el objeto de resguardar que el cometido funcionario de estas altas autoridades se desarrolle con ecuanimidad y ajena a toda clase de presiones, se ha dispuesto que el Fiscal Nacional no pueda ser designado para el período siguiente. Lo mismo ocurre con los Fiscales Regionales, aunque, en este caso, se les faculta para mantenerse en otro cargo del Ministerio Público, aprovechándose así su experiencia profesional.
5.- Que no cabe ninguna duda que el propósito de esta última disposición, como se señaló, es evitar las presiones y, particularmente, permitir que la función del Fiscal Regional se ejerza con estricto apego a la ley y no con el objetivo último de conseguir la figuración y respaldo que le procuren su redesignación en el cargo.
6.- Que la Contraloría General de la República, en el Dictamen 37.717 de 2007, ha hecho una interpretación restrictiva de este precepto.
En efecto, ha determinado que para que sea aplicable la prohibición establecida en la Constitución se requieren dos condiciones copulativas.
La primera, que el Fiscal Regional debe haber completado íntegramente el período original y, la segunda, que pretendiera continuar ejerciendo el cargo en la misma región en que se estaba desempeñando.
7.- Que, en consecuencia, de lo señalado se desprende que un Fiscal Regional podría mantenerse en una función similar si lo hiciera en una región diversa a la original o si hubiera completado íntegramente el período anterior, como ocurre si renuncia a su cargo unos meses antes de concluirlo.
8.- Que, a mi juicio, ello, si bien expresa una interpretación restrictiva posible, como suele hacerse tratándose de prohibiciones o restricciones constitucionales, contradice el espíritu de la Constitución Política de la República y de la Ley 19.640, lo que urge corregir, siendo apropiada una disposición interpretativa.
Por lo anterior el Senador que suscribe viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVA DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo Único: Declárese interpretando el inciso final del artículo 86 de la Constitución Política de la República, que un Fiscal Regional no podrá ser designado para el período inmediatamente siguiente ni aún en una región diversa a aquélla en que ha ejercido el mismo cargo y sea que haya cumplido íntegramente o no el período anterior.
(Fdo.):Pedro Muñoz Aburto,Senador. Jaime Naranjo Ortiz, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH, PROKURICA Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.537, SOBRE COPROPIEDAD INMOBILIARIA, ESTABLECIENDO LA CITACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO A ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS. (5478-14)
La ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria establece en su Título II un conjunto de normas relativas a la administración de los condominios, las cuales tienen como fundamento garantizar una adecuada participación de todos los propietarios en la toma de decisiones que se adopten al interior de la comunidad.
Es así como la referida ley establece que todo lo concerniente a la administración del condominio será resuelto por los copropietarios reunidos en asamblea, las cuales pueden ser ordinarias y extraordinarias.
Conforme lo dispuesto por la ley, las sesiones ordinarias se celebrarán, a lo menos, una vez al año, oportunidad en la que la administración deberá dar cuenta documentada de su gestión correspondiente a los últimos doce meses y en ellas podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses de los copropietarios y adoptarse los acuerdos correspondientes, salvo los que sean materia de sesiones extraordinarias.
Respecto de las sesiones extraordinarias, la ley 19.537 prescribe que tendrán lugar cada vez que lo exijan las necesidades del condominio, o a petición del Comité de Administración o de los copropietarios que representen, a lo menos, el quince por ciento de los derechos en el condominio, y en ellas sólo podrán tratarse los temas incluidos en la citación. Cabe destacar que precisamente estas asambleas extraordinarias son las que tienen competencia legal para tratar las materias más importantes que afectan los intereses de los copropietarios. Es así como se establece que sólo en ellas se podrán tratar las siguientes materias:
1. Modificación del reglamento de copropiedad;
2. Cambio de destino de las unidades del condominio;
3. Constitución de derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común;
4. Enajenación o arrendamiento de bienes de dominio común o la constitución de gravámenes sobre ellos;
5. Reconstrucción, demolición, rehabilitación o ampliaciones del condominio;
6. Petición a la Dirección de Obras Municipales para que se deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria, o su modificación;
7. Construcciones en los bienes comunes, alteraciones y cambios de destino de dichos bienes, incluso de aquellos asignados en uso y goce exclusivo;
8. Remoción parcial o total de los miembros del Comité de Administración.
9. Gastos o inversiones extraordinarios que excedan, en un período de doce meses, el equivalente a seis cuotas de gastos comunes ordinarios del total del Condominio;
10. Administración conjunta de dos o más condominios de conformidad y establecer subadministraciones en un mismo condominio;
11. Programas de autofinanciamiento de los condominios y asociaciones con terceros para estos efectos.
Coherente con la trascendencia de las asambleas extraordinarias, en consideración a las materias que forman parte de su competencia legal, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria establece un quórum altísimo tanto para su constitución como para la adopción de acuerdos, los cuales se diferencian según las materias que se deban tratar en ellas:
Aquellas asambleas citadas para tratar algunas de las materias aludidas en los números 1 a 7 recién citados, el quórum de constitución es de 80% de los derechos del condominio, tanto en primera como en segunda citación. El quórum para llegar a acuerdo es del 70% de los asistentes a la asamblea que representen a lo menos el 75% de los derechos del condominio;
Aquellas asambleas citadas para tratar modificaciones al Reglamento de Copropiedad que incidan en la alteración del porcentaje de los derechos de los copropietarios sobre los bienes de dominio común, el quórum de constitución alcanza a un 100% de los copropietarios, exigiéndose para llegar a acuerdo el voto favorable de la unanimidad de los asistentes.
c) Demás materias que sean de competencia de las asambleas extraordinarias, requieren de un quórum de constitución en primera citación de un 80% de los derechos del condominio, y en segunda citación de un 60% de tales derechos. En cada caso el quórum para llegar a acuerdo es del 75% de los derechos asistentes.
Si bien los quórum señalados son altos, se justifican en la importancia de las materias a los cuales están asociados. No obstante lo anterior, se debe establecer una contrapartida en la forma de citar a estas asambleas si se desea que ellas en la práctica puedan ser materialmente convocadas, ya que de otra forma la protección de los derechos de los copropietarios se transforma a la vez en un obstáculo para la debida administración de la comunidad, al hacerse en muchos casos en imposible la constitución de estas juntas, considerando las dificultades en la notificación de las citaciones a estas asambleas.
En este punto se debe hacer presente que conforme que dispone el articulo 18 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, el Comité de Administración, a través de su presidente, o si éste no lo hiciere, el administrador, deberá citar a asamblea a todos los copropietarios o apoderados, personalmente o mediante carta certificada dirigida al domicilio registrado para estos efectos en la oficina de la administración, o en la Secretaría Municipal cuando se tratare de condominios de viviendas sociales, con una anticipación mínima de cinco días y que no exceda de quince. Si no lo hubieren registrado, se entenderá para todos los efectos que tienen su domicilio en la respectiva unidad del condominio. El administrador deberá mantener en el condominio una nómina actualizada de los copropietarios, con sus respectivos domicilios registrados.
A fin de facilitar el referido procedimiento de notificación a las asambleas, y considerando los altos costos en que el condominio puede incurrir si se citan por carta certificada una y otra vez a asambleas que requieren una altísima mayoría para su constitución, es que propongo incluir expresamente en la ley que tales notificaciones se pondrán realizar mediante e mail enviado a la dirección electrónica que para tal efecto designen los copropietarios.
La necesidad de ley radica en que estamos frente a normas de orden público que no pueden ser alteradas por el reglamento que pacten los copropietarios, ya que la ley 19.537 ha sido taxativa al establecer las formas para la notificación de las referidas asambleas. Además, de esta forma se despeja toda discusión relativa a la validez de los acuerdos adoptados por las juntas señaladas que hayan sido notificadas vía electrónica.
Por otra parte, al incluirse la notificación por correo electrónico en los términos propuestos, se permite que también se realice por esta vía la denominada “consulta por escrito a los copropietarios”, no alterando la necesidad que su aceptación deba ser por escrito y firmada.
Cabe destacar que la notificación a través de Internet es un medio que se utiliza con éxito en ámbitos donde existen bienes jurídicos de mayor relevancia en juego, como lo es el nuevo proceso penal, en que los intervinientes son notificados de las resoluciones judiciales y demás actuaciones a través de correo electrónicos dirigidos a las casillas fijadas para tal efecto.
En atención a las consideraciones ya señaladas, es que tengo el honor de presentar la siguiente:
MOCIÓN
MODIFICA LA LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA ESTABLECIÉNDOSE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A COPROPIETARIOS.
Artículo Único: Agréguese en el inciso primero del artículo 18 de la ley 19.537, después del punto ubicado a continuación de la expresión “domicilios registrados”, la siguiente oración: “Sin perjuicio de lo señalado, tales notificaciones se podrán practicar mediante correo electrónico enviado a la dirección señalada para tal efecto por los propietarios, y que se encuentren registrados en la oficina de administración o en la Secretaría Municipal, según corresponda.”
(Fdo.):Antonio Horvath Kiss, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ORPIS Y BIANCHI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.000, CON EL FIN DE SANCIONAR A QUIENES PROMUEVEN EL CONSUMO DE DROGAS ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. (5477-07)
Honorable Senado:
El flagelo de la droga es sin duda un tema tangencial en nuestra sociedad, que no distingue entre sexo, edades, ni condición social. El consumo de drogas es considerable en nuestro país , atacando a los sectores que resultan más vulnerables, “Durante el año 2005 Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas reportaron un total de 13.122 procedimientos en materia de Infracción a la Ley de Drogas, cifra que representa un aumento de un 47.42% respecto del 2004, manteniéndose la tendencia al alza registrada en los cuatros últimos años al igual que lo observado en años anteriores, los procedimientos policiales corresponden principalmente a delitos flagrantes, que concentran un porcentaje superior al 70% en el periodo 2002 a 2005”. ...“ Estudios del CONACE han establecido una importante asociación entre los delitos de robo con violencia y robo con intimidación y uso de drogas.”...“En un Estudio del CONACE y Gendarmería de Chile (2002) sobre reclusos del sexo masculino condenados por robo con violencia y robo con intimidación se encontró que el 25% cometió el primer delito bajo la influencia de drogas ilícitas. Asimismo, alrededor del 38% cometió el primer delito con uso de alcohol o drogas ilícitas. Un 40% de los reclusos declaró haber delinquido alguna vez con el único afán de comprar o proveerse de drogas“...Existe evidencia de que la influencia del uso de drogas es más fuerte en los delitos de mayor gravedad, como el robo con intimidación y robo con violencia [1],“ Como queda demostrado el tema de la droga tiene una estrecha relación con la delincuencia, por ello se debe prevenir por todos los medios posibles la circulación y difución de la misma, esto sin mencionar lo dañiña que puede resultar tanto para los consumidores, como para su entorno más cercano. Con todos estos datos resulta inverosímil encontrarnos con páginas en Internet, donde se ofrezcan de manera libre y sin pudor alguno artículos para mejorar cosechas de marihuanas, incluyendo una cuenta corriente donde depositar el dinero para efectuar la transacción. Estas situaciones, no hacen más que ponernos en alerta para reforzar las medidas preventivas y represivas al respecto, puesto que no es admitible bajo ninguna circunstancia que sujetos sigan lucrando con esta lacra y causando el daño que conlleva la droga. No podemos permitir que la desgraciada de algunos se transforme en beneficio pecuniario de otros. Es de esta manera, como resulta de suma urgencia modificar la Ley Nº 20.000, puesto que los vacíos legales que actualmente posee permiten que estas conductas nefastas sigan generándose. Lo que busca esta modificación es penar a quienes usan medios masivos de comunicación para promover productos, con la única finalidad de generar el consumo de drogas, especialmente de la comunmente denominada Marihuana, por ello la penas de Multas no resultan suficientas y es necesario aplicar mano dura al respecto, estableciéndose como parámetros las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio, aumentado en un grado en caso de concurrir la agravente.
PROYECTO DE LEY
AGRÉGUESE EL INCISO TERCERO AL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY Nº 20.000: “ Así también serán sancionados quienes utilicen cualquier medio para promover el consumo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas u ofrezcan cualquier clase de bienes por estos medios cuya finalidad sea el consumo o cultivo de drogas. Entiéndase por medio cualquiera que sirva para difundirlas, así como revistas de cualquier clase, Internet, medios electrónicos, afiches, entre otros. La pena se aumentará en un grado, si puede comprobarse que la intención manifiesta de quienes promueven estos bienes es el consumo masivo de droga o una fabricación más refinada de la misma”.
(Fdo.):Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO Y ÁVILA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS, PARA SANCIONAR LA CONDUCTA QUE INDICA. (5476-02)
1. Mercenarios y seguridad nacional
Como sabemos, en Chile existe reclutamiento y entrenamiento de tropas privadas, destinadas a guerras externas. Un reportaje el Programa Informe Especial, de agosto de 2005, realizado por el periodista Alejandro Meneses, de Televisión Nacional (canal estatal), denunció el entrenamiento, selección y reclutamiento, en Chile, de tropas mercenarias el Programa puede verse en la ss. pagina web [1] .
En la zona Sur de Santiago, operaba un centro de selección y entrenamiento, en el cual los entrevistados afirmaron y fueron grabados con cámaras escondidas siendo entrenados en las técnicas militares de “limpieza de poblados”. Los “atacados” vestían ropajes árabes, y los entrenados utilizaban armamento pesado.
El denominado mercenarismo, y las denuncias que hemos emprendido varios parlamentarios, así como el envío de información relevante, dio lugar a la visita del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de las Naciones Unidas, encabezado por el Dr. José Luis Gómez del Prado.
Es del caso que las normas chilenas han sido constantemente criticadas por la inexistencia del delito de mercenarismo. Hemos presentado un proyecto de ley que Sanciona determinadas conductas relacionadas con actividades de selección, reclutamiento, financiamiento y envío de mercenarios al extranjero, de Martes 20 de Julio, 2004, Boletín N. 3616-02 [2].
Asimismo, presentamos un proyecto de Acuerdo ante el Senado el año 2006, el que fue aprobado por unanimidad de los parlamentarios de esta Corporación, en el cual se solicitó a la Presidenta de la República que aprobara la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, de Naciones Unidas.
2. Delito del artículo 8° de la Ley de Control de Armas
Quien suscribe este proyecto presentó una denuncia penal ante el 17° Juzgado del Crimen de Santiago, en contra de José Miguel Pizarro y todos quienes resulten responsables por la comisión del delito del artículo 8 de la Ley de Control de Armas, que dispone: “Los que organizaren, pertenecieren, financiaren, dotaren, instruyeren, incitaren o indujeren a la creación y funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidas militarmente organizadas, armadas con algunos de los elementos indicados en el artículo 3° serán sancionados con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados”.
A sanciones similares se arriesgan todos los involucrados, pues señala el mismo artículo que “Incurrirán en la misma pena, disminuida en un grado, los que a sabiendas ayudaren a la creación y funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidas militarmente organizadas, armados con algunos de los elementos indicados en el artículo 3°”.
Luego, la norma dispone que “Los que cometieren alguno de los actos a que se refiere el inciso primero con algunos de los elementos indicados en el artículo 2°, y no mencionados en el artículo 3°, serán sancionados con la pena de presidio o relegación menores en su grado máximo a presidio o relegación mayores en su grado mínimo, cuando amenacen la seguridad de las personas”.
Los elementos objetivos del tipo, la figura penal, es más o menos clara. No obstante, la defensa ha alegado que las armas utilizadas en el entrenamiento eran armas de juguete, de plástico, armas muy similares a las verdaderas, pero de “mentira”.
Es del caso que el artículo 8 remite a los artículos 2° y 3° de la misma ley, que señalan que:
“ARTICULO 2°- Quedan sometidos a este control:
a). El material de uso bélico, entendiéndose por tal, las armas cualquiera sea su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la guerra por las fuerzas armadas, y los medios de combate terrestre, navales y aéreos, fabricados o acondicionados especialmente para esta finalidad;
b). Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes y piezas;
c). Las municiones y cartuchos;
d). Los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza, y sus partes y piezas;
e). Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos, y los elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico;
f) Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, sus partes y piezas. En este caso no será aplicable lo dispuesto en los artículos 8º y 14 A, y
g) Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba, almacenamiento o depósito de estos elementos.
Para los efectos de este control, las autoridades a que se refiere el artículo 1º de esta ley podrán ingresar a los polígonos de tiro”.
“ARTICULO 3°- Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva; armas cuyos números de serie se encuentren adulterados o borrados; ametralladoras, subametralladoras; metralletas o cualquiera otra arma automática y semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería.
Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación, así como tampoco bombas o artefactos incendiarios.
Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas transformadas respecto de su condición original, sin autorización de la Dirección General de Movilización Nacional.
Se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil, estarán exceptuadas sólo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas livianas y semiautomáticas, y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granadas, hasta la cantidad que autorice el Ministro de Defensa Nacional, a proposición del Director del respectivo Servicio. Estas armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional.
En todo caso, ninguna persona podrá poseer o tener armas denominadas especiales, que son las que corresponden a las químicas, biológicas y nucleares”
3. Garantía eficiente e integral del bien jurídico seguridad nacional
En efecto, alegar que las armas utilizadas en el entrenamiento de milicias privadas o guerrillas es una muy buena defensa, pues el delito, en ese caso, no sería efectivo, pues las armas deben ser verdaderas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.
No obstante, a nuestro juicio, el bien jurídico penal protegido por la norma referida es la seguridad nacional.
Las Fuerzas Armadas y de Orden tienen el monopolio de la Fuerza. Tal como señala el Artículo 90 de la Constitución Política de la República: “Las Fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Las Fuerzas Armadas están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República”.
Por otra parte, el general de Div. Edgardo Mercado Jarrín señala que “podemos definir la seguridad nacional como la situación en la cual nuestros objetivos nacionales se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales, tanto internas como externas (...) la seguridad nacional (...) es un valor intermedio para la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales. la seguridad puede entenderse en un sentido objetivo como la ausencia de amenazas o terror de que tales valores sean atacados” [3] .
El coronel Alejandro Medina Solís señala en su obra la doctrina de la seguridad nacional que esta se define como “(...) la capacidad del estado para garantizar su supervivencia, manteniendo su soberanía e independencia material y espiritual, preservando su forma de vida y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales” [4].
De acuerdo con el teniente coronel Venancio Carullo, “la seguridad nacional adquiere (...) el carácter de disciplina del orden social, de la paz y de la guerra, o sea del derecho, de la política interna, de la política exterior y de la estrategia militar. (...) como seguridad interior se relaciona con el ordenamiento social y el uso del poder, no solo con la ley, sino también por el equilibrio y armonía entre los factores de la dinámica social (...) como seguridad exterior se relaciona con el interés nacional, con la supervivencia de la nación y del estado, frente a las amenazas virtuales o reales que surgen de la relación con otros estados” [5].
4. Propuesta legislativa
La seguridad nacional como bien jurídico es protegida penalmente en el artículo 8° de la Ley de Control de Armas, de maneras preventiva. No se sanciona el ataque de milicias privadas o guerrillas, sino su “pertenencia, financiamiento, dotación, instrucción, incitación o inducción a la creación y funcionamiento” de milicias o guerrillas.
Creemos que la norma es incompleta, que no protege de manera apropiada el bien jurídico seguridad nacional. Claramente el delito de pertenencia, financiamiento, dotación, instrucción, incitación o inducción a la creación y funcionamiento de milicias o guerrillas privadas debe incluir cuando ellas manejen o se entrenen con armas falsas o “de utilería”, pues las imitaciones son tan fidedignas que la diferencia entre una y otra (desde la perspectiva no sólo de su apariencia, sino del aprendizaje de su uso) es mínima. Esto ocurre tanto cuando se aluden a las armas del artículo 2 en sus letras a, b, c y d (que se prestan para el entrenamiento con versiones falsas o de utilería) y el artículo 3.
Por tanto, venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
1. Agréguese al artículo inciso primero del artículo 8° de la Ley de Control de Armas, N° 17.798, de Control de Armas, entre el guarismo “3°” (tercero), y la coma, la fórmula “aunque sean falsas o de utilería”, seguido de una coma (,).
2. Agréguese al inciso 2° del mismo artículo, de la misma ley entre el guarismo 3° (tercero) y el punto final del mismo inciso, la fórmula “aunque sean falsas o de utilería”, precedida de una coma (,).
3. Agréguese al inciso tercero del mismo artículo, de la misma ley, entre la coma (,), y la voz “serán”, la fórmula “aunque sean falsas o de utilería”, seguido de una coma (,).
(FDO.):ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, SENADOR.- NELSON ÁVILA CONTRERAS, SENADOR.
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR LETELIER, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 18.010, CON EL FIN DE PROHIBIR EL PAGO DE INTERESES SOBRE INTERESES Y LIMITAR EL COBRO DE COMISIONES QUE INDICA. (5480-03)
Antecedentes
Nuestro ordenamiento jurídico, a través de la ley Nº 18.010 [1], regula las operaciones de crédito de dinero estableciendo una serie de instituciones que desprotegen la parte más débil de la relación comercial y ampara a la parte más poderosa de la misma. En efecto, la actual normativa establece instituciones tales como el anatosismo y el cobro elevado de comisiones prepago, que son mecanismos de abuso de todas aquellas instituciones que realizan operaciones de crédito de dinero.
Para iniciar un análisis crítico del cuerpo legal recién individualizado debemos comenzar señalando que define operaciones de crédito de dinero como “aquellas por la cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención”. Se considera también operaciones de crédito de dinero el descuento de documentos representativos de dinero, sea que lleve o no envuelta la responsabilidad del cedente.
En conformidad al artículo 26 [2] de la Ley Nº 18.010, lo dispuesto en sus artículos 2º, 8º [3] y 10 es también aplicable a las obligaciones de dinero constituidas por saldos de precio de compraventas de bienes muebles o inmuebles. En otras palabras la Ley Nº 18.010 se aplica a los saldos de precio de las compraventas:
En todo lo que se refiera a la determinación de los intereses (artículo 2º de la Ley Nº 18.010).
Se tendrá por no escrito todo pacto de intereses que exceda al máximo convencional, reduciéndose en tal caso el interés corriente.
Derecho del deudor de pagar antes del vencimiento (artículo 10 [4] de la Ley Nº 18.010).
1. Anatocismo. El anatocismo es el pacto de intereses sobre intereses. Esto significa que los intereses atrasados no generan nuevos intereses ipso iure, es decir de pleno derecho. Esto es los intereses atrasados no generan nuevos intereses por si solos [5], esta regla, contenida en el numeral tercero del artículo 1.559 [6] de nuestro Código Civil establece la generalidad en esta materia. Sin embargo, existe una gran excepción a esta regla general, que es el Anatocismo. El anatocismo significa volver a producir, y podemos conceptualizarlo de la siguiente forma: “El anatocismo es la estipulación de intereses de intereses. Es la cláusula en que las partes convienen que los intereses atrasados produzcan nuevos intereses”.
Lo expuesto en el concepto precedentemente señalado significa que los intereses atrasados se van a sumar al capital y al cálculo de los nuevos intereses será sobre el capital más lo intereses. Los intereses se capitalizan. El anatocismo puede clasificarse de la siguiente forma:
a) Anatocismo legal: Es aquél en que los intereses correspondientes a una operación vencida que no hubieren sido pagados, se incorporarían a ella salvo pacto en contrario.
b) Anatocismo convencional: Es aquél en que puede estipularse el pago de intereses sobre intereses capitalizándolos en cada vencimiento o renovación.
Hasta la dictación de la Ley Nº 18.010, el artículo 2.210 del Código Civil prohibía el anatocismo. En verdad, ya desde antes de la entrada en vigencia de esa ley, en materia de operaciones de crédito de dinero, el anatocismo era una situación común. El artículo 9º [7] de la Ley Nº 18.010 sobre Operaciones de Crédito de Dinero dispone que podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses, capitalizándolos en cada vencimiento o renovación consagrándose de este modo legalmente, el anatocismo.
Limitaciones al anatocismo [8]:
La ley determina que en ningún caso la capitulación podrá hacerse por períodos inferiores a treinta días;
Del mismo modo, de conformidad al artículo 9º de la Ley Nº 18.010, los intereses correspondientes a una operación vencida que no hubiesen sido pagados se incorporarán a ella, a menos que se establezca expresamente lo contrario. De esta forma, el anatocismo constituye hoy día un elemento de la naturaleza de las operaciones de crédito de dinero, pero dicho anatocismo se refiere sólo a los intereses devengados entre el otorgamiento de la operación y su vencimiento, y no a los intereses que se devenguen durante la mora;
Cabe hacer presente que la norma del anatocismo es propia de las “operaciones de crédito de dinero. No se aplica a las obligaciones de dinero en general, a menos, que se haya pactado. Por lo tanto, si se conviene una cláusula penal, que consiste en el pago de una multa, en caso de mora en el pago de ella, no hay lugar al anatocismo, a menos que se haya pactado expresamente.
La regulación efectuada por la Ley Nº 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero respecto del anatocismo nos parece incorrecta y abusiva. Esta ley al permitir el anatocismo en su artículo 9º, ayuda explícitamente a la concentración de capital por parte de algunos, en el caso en particular los bancos e instituciones financieras, en desmedro de los particulares, quienes son los que soportan dicho cobro de intereses.
La estipulación convencional del anatocismo descrita en el referido artículo 9º, no es tal, debido a que en el ámbito financiero, la igualdad de las partes contratantes no existe, es sólo una ilusión pretender creer que cada particular tendrá iguales condiciones de discutir cualquier tipo de contrato con un banco o institución financiera. Lo que se celebra en esta situación, son los denominados contratos de adhesión, en donde las cláusulas están determinadas con anticipación por el contratante más fuerte, no existiendo ninguna instancia de discusión respecto de las mismas, limitándose la actuación del contratante débil a aceptar o rechazar la propuesta del contratante poderoso.
Es por esta situación señalada en el párrafo anterior, que este anatocismo convencional no existe en nuestro ordenamiento, sino que existe un anatocismo legal, es decir, impuesto por el legislador. Esto, porque el contratante más fuerte siempre impondrá una cláusula conteniendo el anatocismo al contratante más débil, el cual no tendrá posibilidad alguna de discutir dicha cláusula.
Otro argumento para rechazar el anatocismo, lo constituye el hecho de que los intereses tienen como fundamento los perjuicios que hubiere sufrido el acreedor por el no cumplimiento oportuno de la obligación por parte del deudor. Ahora bien, los intereses son un cálculo estimativo de los perjuicios que pudiere sufrir el acreedor, sin embargo, nada impide a éste, demandar el pago de perjuicios mayores que los cubiertos por los intereses. La única obligación que tiene para poder exigir dicho cobro es, lógicamente, acreditar los perjuicios en la entidad señalada.
Creemos que en virtud de lo anteriormente expuesto, no se justifica de manera alguna mantener esta institución abusiva en nuestro ordenamiento jurídico (que incluso contradice la tradición jurídica trazada por Andrés Bello), y de tal forma amparar los cobros excesivos que se observan en la actualidad en las distintas relaciones comerciales entre particulares e instituciones crediticias.
2. Pagos anticipados. En la actualidad el artículo 10º de la ley Nº 18.010 regula el pago anticipado de operaciones no reajustables y reajustables, estableciendo para ambos casos el pago de una comisión de prepago. Tratándose de operaciones no reajustables dicha comisión no podrá exceder el valor de un mes de intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga, en el caso de las operaciones reajustables no podrá exceder el valor de un mes y medio de intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga.
Consideramos que estos montos de cobro de comisión de prepago no tiene justificación alguna, por cuanto la normativa establece que el pago anticipado debe realizarse, tanto en operaciones reajustables como no reajustables, cancelando una comisión de prepago por concepto de intereses. Sin embargo, debemos recordar que los intereses son consecuencia directa e inmediata de la avaluación anticipada de perjuicios, no obstante, no verificarse los supuestos perjuicios, directos e indirectos, por el pago anticipado del crédito o de su remanente. En efecto, resulta difícil imaginar que el acreedor sufra algún tipo de perjuicio por el hecho de recibir la totalidad del pago, es decir, satisfacer la integridad de la prestación debida.
De esta manera, sólo podría entenderse que el acreedor perdería la expectativa de recibir el pago de intereses por los futuros vencimientos de las cuotas en que se pacto el cumplimiento de la obligación. Situación que nos demuestra que no es un perjuicio en sí, lo que afecta a la institución acreedora, sino más bien sólo la pérdida de una expectativa, la cual tiene una dimensión y entidad bastante menor a un perjuicio. Es por esta razón, que creemos que el monto que la ley autoriza a cobrar al acreedor es excesivo y no tiene justificación alguna.
3. Cobros excesivos de intereses. La ley sobre operaciones de crédito de dinero no establece una sanción expresa para el cobro excesivo de intereses, sólo ordena su devolución con el correspondiente reajuste. En efecto, no establece sanción alguna respecto del acreedor que realiza cobros superiores a los autorizados por la ley, permitiendo que dichos cobros se realicen en forma bastante habitual por instituciones que participan en el mercado crediticio.
De lo anteriormente expuesto surge la necesidad modificar el correspondiente cuerpo legal, contemplando una sanción efectiva respecto de los acreedores que no cumplen con los límites establecidos en la ley para el cobro de intereses, tal como ocurre con el deudor que no cumple oportunamente con la obligación.
Ideas matrices
El presente proyecto tiene por objeto modificar la Ley Nº 18.010 respecto de las tres temáticas específicas señaladas en los antecedentes, a saber:
Respecto del anatocismo este proyecto propone directamente la modificación del artículo que lo consagra, estableciendo la prohibición expresa de la capitalización de intereses.
Respecto del cobro de comisión de prepago se propone reducir el monto de dicha comisión de un mes y un mes y medio, para operaciones no reajustables y reajustables respectivamente, a un 25% del valor correspondiente a una cuota mensual del crédito correspondiente.
Respecto del cobro excesivo de intereses se propone sancionar al acreedor que cobre intereses por sobre lo que establece la ley, con la pérdida de los intereses futuros que se devengarán en el transcurso del cumplimiento de la misma obligación o bien con una indemnización que alcance el 20% del monto total de la obligación de que trata, a elección del afectado.
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo Único. Modifíquese la Ley N° 18.010 en el siguiente sentido:
1. Sustitúyase el artículo 9° por el siguiente: “No podrán estipularse, bajo ningún respecto, el pago de intereses sobre intereses. Esta prohibición se extenderá a todo tipo de obligaciones de dinero, sean reajustables o no reajustable, en moneda nacional o extranjera”.
2. Modifíquese la letra a) del artículo 10° de la siguiente forma: Agréguese después de la expresión “exceder” la frase “en un 25%”.
3. Modifíquese la letra b) del artículo 10° de la siguiente forma: Agréguese después de la expresión “exceder” la frase “en un 25%”, elimínese la frase “y medio”.
4. Agréguese un nuevo artículo 19 bis del siguiente tenor: “Cuando el acreedor cobre, bajo cualquier modalidad, un interés mayor al estipulado o al permitido por la ley, el deudor tendrá derecho a optar entre el no pago de los intereses que se devenguen en lo que resta por pagar de la obligación, o bien, exigir una indemnización equivalente al 20% del total de la obligación de que se trata. El deudor podrá ejercer dicha acción en el Juzgado de Policía Local correspondiente a su domicilio”.
(Fdo.): Juan Pablo Letelier Morel, Senador de la República
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES NARANJO Y MUÑOZ ABURTO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.947, SOBRE MATRIMONIO CIVIL, EN LO RELATIVO A LOS DOCUMENTOS EN QUE SE CONSIGNA LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE SE ACUERDA CON OCASIÓN DEL DIVORCIO O LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UN MATRIMONIO. (5481-07)
CONSIDERANDO:
Que la ley N° 19.947 Sobre Matrimonio Civil, en su artículo 61 y siguientes creo la institución de la compensación económica, como una manera de paliar los efectos que el divorcio produciría en el cónyugue que por haberse dedicado al ciudado de los hijos y el hogar comun no desarrolló una actividad económica independiente, de la manera que quería o podía.
Que el tratamiento tributario de la compensación económica acordada entre las partes mediante transacción en juicio de divorcio al amparo del art. 63 de la ley de Matrimonio Civil significa en la práctica que sólo si la compensación económica es determinada por sentencia judicial ejecutoriada no se considerará ingreso constitutivo de renta.
Que esta interpretación de la ley efectuada por el SII provocará que las personas que estén solicitando compensación económica en el juicio de divorcio optarán por rechazar la mediación o una transacción dentro del mismo juicio, provocando un colapso mayor al existente actualmente en los Tribunales de Familia, vulnerando además los principios rectores de estos Tribunales como son la conciliación y la mediación.
Que en la mayoría de los casos el cónyuge acreedor de compensación económica no cuenta con mas recursos que aquellos que justamente se le conceden en virtud de esta compensación, por lo que de existir la obligación de tributar este ingreso en los casos en que la compensación económica sea la adjudicación de un bien raíz, lo más probable es que se vea en la obligación de vender dicho inmueble para poder pagar el impuesto, o si se recibe una suma en dinero, también verá reducido drásticamente ese único ingreso que se supone le permitirá subsistir una vez decretado el divorcio, lo que a todas luces atenta justamente contra el espíritu de la ley 19.947 que pretende proteger al cónyuge mas desposeído, .
Que la naturaleza jurídica del avenimiento judicial o transacción aprobada por el tribunal produce los mismos efectos de una sentencia judicial ejecutoriada ya que constituye un equivalente jurisdiccional y que el mismo Código de Procedimiento Civil establece que la conciliación total o parcial se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales (art.267 cpc)
Atendido lo anterior, venimos en presentar un proyecto de ley tendiente a modificar el art. 63 de la ley 19.947 para que las transacciones sobre la compensación económica que sean acordados entre las partes y sometidos a la aprobación del tribunal, tengan carácter de sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agréguese un inciso segundo al art 63 de la ley 19.947, del siguiente tenor. “Esta escritura pública o acta de avenimiento se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales una vez aprobada por el Tribunal que conozca del juicio de divorcio sobre el que versa la compensación acordada”
(Fdo.): Jaime Naranjo Ortiz, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.
MOCIÓN DE DE LOS HONORABLES SENADORES KUSCHEL Y BIANCHI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS DERECHOS DE LAS ALUMNAS DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EN SITUACIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD. (5482-04)
FUNDAMENTOS
La Constitución Política de la República garantiza a todas las personas el derecho a la educación, conforme lo establece el artículo 19 N° 10 de la Carta Fundamental.
El derecho a la educación se inscribe en el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y establece que todas las personas tienen derecho a la educación libre, gratuita y de calidad, siendo el Estado el responsable de garantizarlo.
Asimismo, la Constitución consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y la igualdad ante la ley, conforme lo establece el artículo 19 N° 1 y 2, respectivamente.
La educación básica y media se encuentra regulada por la ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, en adelante LOCE, que fija los requisitos mínimos que deberán cumplir los niveles de enseñanza básica y media, y asimismo regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento.
Por su parte, la educación superior en Chile es responsabilidad de diversas instituciones, privadas y públicas, cada una de las cuales juega un papel particular, tales como el Ministerio de Educación, instituciones de educación superior, como universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Si bien, al respecto no existe una ley que en forma orgánica regule la educación superior, de igual forma, se les reconoce a los estudiantes de dichas instituciones ciertos derechos: derecho de información sobre las características del servicio educacional ofrecido; derecho a la no discriminación arbitraria por parte de la Institución de Educación Superior; derecho a la lealtad y veracidad de los contenidos de los mensajes publicitarios y a que se respeten las condiciones ofrecidas o convenidas por la Institución de Educación Superior; derecho de retracto, etc.
Es deber del Estado cautelar que los establecimientos educacionales de cualquier nivel no cometan discriminaciones o actos arbitrarios en contra de las alumnas en situación de embarazo o maternidad.
Tratándose de la educación básica y media, con la dictación de la ley N° 19.688, de 2000, que intercaló un nuevo inciso tercero en el artículo 2° de la LOCE, se consagró legalmente que el embarazo y la maternidad no constituyen impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, los que deberán otorgar las facilidades académicas del caso. La infracción a esta norma tiene una sanción de multa de hasta cincuenta unidades tributarias mensuales, las que podrán doblarse en caso de reincidencia.
Asimismo, el Ministerio de Educación dictó el reglamento del inciso tercero del artículo 2° de la LOCE, con fecha 12 de marzo de 2004, que reguló el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, así como las facilidades académicas que los establecimientos educacionales deben otorgar a las alumnas en situación de embarazo o maternidad.
Sin embargo, y no obstante los avances que se han producido en la materia, éstos no han sido suficientes respecto de las mujeres en situación de embarazo o maternidad siendo estudiantes de la educación superior. No existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma o cuerpo legal que les garantice la protección de sus derechos, especialmente lo que se refiere al derecho a la educación y a que los establecimientos superiores de educación les otorguen facilidades para continuar con sus estudios.
Ahora bien, no obstante la falta de protección legal, esto ha significado que en la práctica nos encontremos con alguna frecuencia con casos de estudiantes de establecimientos de educación superior que han debido buscar otras vías de protección de sus derechos. Así, se han interpuesto algunos recursos de protección que han sido acogidos por los tribunales ordinarios y' que han resuelto que cualquier acto que tenga por objeto impedir la continuidad de los estudios de una alumna por estar embarazada importa hacer una discriminación, lo que vulnera el derecho de igualdad ante la ley, desde que dicho estado o la lactancia no son impedimento para ingresar o permanecer en un establecimiento de educación superior. Es más, se ha señalado que el incurrir en este tipo de actos discriminatorios importa también vulnerar el derecho de propiedad que tiene toda estudiante universitaria o técnica, sobre su derecho incorporal que le faculta para acceder a un título profesional o técnico, cumpliendo los requisitos legales que al respecto se exijan.
El tema de las estudiantes de educación superior embarazadas no es menor ni extraño. Actualmente, en nuestro sistema existen 61 universidades, 44 institutos profesionales y 119 centros de formación técnica que imparten en su conjunto más de 6.000 programas de estudios, concentran una matrícula total cercana a los 600.000 estudiantes, distribuyéndose 400.000 aproximadamente en las universidades y el resto entre los institutos profesionales (110.000 alumnos aprox.) y los centros de formación técnica (65.000 alumnos aprox.). Según estadísticas del Consejo Superior de Educación, para el año 2007, del total de las matrículas para entrar a universidades, un 50% correspondió a mujeres; en los institutos profesionales, un 44%; y en los centros de formación técnica, un 49%. Mientras que, según las estadísticas del Ministerio de Salud, el número de nacidos vivos de madres entre los 15 y 19 años, para el 2004, ascienden a 33.518, mientras que para las madres, entre los 20 y 34 años, ascienden a 158.264. Es decir, estamos frente a un tema de gran relevancia práctica y que preocupa a una buena parte de la población estudiantil de este país.
El que la LOCE reconozca a los establecimientos de educación superior la autonomía para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes y la libertad académica para abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley, dicha libertad y autonomía, no los autoriza para amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico, tal como lo señala su artículo 77° y el artículo 6° del DFL N° 1 del Ministerio de Educación, que fija normas sobre universidades.
El presente proyecto de ley tiene por objetivo establecer un marco legal que proteja a las alumnas en situación de embarazo o maternidad y que sean alumnas regulares de establecimientos de educación superior. De esta forma, el embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación superior, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas del caso, estando estrictamente prohibido la discriminación de las alumnas por el sólo hecho de encontrarse en situación de embarazo o maternidad.
En el caso de que un establecimiento de educación superior cometa una infracción a las disposiciones del proyecto de ley, será sancionado con multas de hasta 50 unidades tributarias mensuales. Será competente para conocer de este procedimiento el Subsecretario Regional Ministerial de Educación correspondiente.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Las alumnas de establecimientos de educación superior que tengan su matrícula al día y que se encuentren en situación de embarazo o maternidad, tendrán derecho a no ser discriminadas por su condición.
Artículo 2°.- Se entenderá por situación de embarazo o maternidad aquel período que va desde el inicio del embarazo hasta que el hijo cumpla dos años de edad, la que acreditará mediante un certificado médico o de matrona.
Artículo 3°.- Se entenderán por establecimientos de educación superior los señalados en el artículo 29° de la ley N° 18.962, Orgánica de Enseñanza.
Artículo 4°.- Las alumnas de establecimientos de educación superior en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás estudiantes en el ingreso y permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación.
Artículo 5°.- Los establecimientos de educación superior no podrán condicionar la matricula o la renovación de ésta respecto de sus alumnas por el solo hecho de estar en situación de embarazo o maternidad.
Artículo 6°.- Los establecimientos de educación superior deberán otorgar a las alumnas en situación de embarazo o maternidad las facilidades para compatibilizar su condición de estudiante y de madre, durante todo el embarazo y mientras dure el período de maternidad.
Artículo 7°.- La dirección del establecimiento de educación superior deberá otorgar las facilidades académicas necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o maternidad puedan asistir regularmente durante todo el período de embarazo al establecimiento de salud correspondiente para los controles periódicos que correspondan y a los que con posterioridad requiera la madre y el lactante.
Artículo 8°.- Asimismo, la dirección del establecimiento de educación superior deberá otorgar todas las facilidades para que las alumnas en situación de embarazo o maternidad sean sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos en el reglamento académico del establecimiento educacional, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas, mientras dure el embarazo y el período de lactancia. Eh el caso que el establecimiento de educación superior exija asistencia obligatoria para el año académico, ésta no le será exigida a las alumnas en estado de embarazo o maternidad cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, post parto, enfermedades del hijo menor lactante u otras similares que determine el médico tratante.
Artículo 9°.- Sin perjuicio de lo anterior, las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a interrumpir temporalmente sus estudios durante el período de embarazo y hasta dos meses después del nacimiento, conservando su calidad de alumna regular y manteniendo todos sus derechos y obligaciones, debiendo presentar un certificado médico que acrécete su estado.
Al concluir esta interrupción, la dirección del establecimiento de educación superior deberá otorgar las facilidades para que la alumna finalice sus asignaturas, ya sea otorgando nuevos plazos o derivando las actividades pendientes a un próximo período lectivo.
Artículo 10°.- Las disposiciones de los estatutos y reglamentos académicos de los establecimientos de educación superior no podrán vulnerar las normas contenidas en la presente ley.
Artículo 11°.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas con multas de hasta cincuenta unidades tributarias mensuales, las que podrán doblarse en caso de reincidencia.
(Fdo.):Carlos Ignacio Kuschel Silva, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.