Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VIII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Rene Alinco Bustos
- Marcos Espinosa Monardes
- Ramon Farias Ponce
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carolina Goic Boroevic
- Adriana Munoz D'albora
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Baldo Prokurica Prokurica
- Eugenio Tuma Zedan
- Ignacio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INADMISIBILIDAD DE PROYECTO QUE ESTABLECE PACTO DE ADAPTABILIDAD LABORAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- DEBATE
- ACUERDO DE LOS COMITÉS.
- INADMISIBILIDAD DE PROYECTO QUE ESTABLECE PACTO DE ADAPTABILIDAD LABORAL.
- V. FÁCIL DESPACHO
- RESTABLECIMIENTO DE EXCEPCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS REGIONES DE AYSÉN Y MAGALLANES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- DEBATE
- DEBATE
- RESTABLECIMIENTO DE EXCEPCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS REGIONES DE AYSÉN Y MAGALLANES. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- AUMENTO DE PLANTAS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. Tercer trámite constitucional
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA INSTITUCIONALIDAD ANTE DESASTRES NATURALES. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- DEBATE
- AUMENTO DE PLANTAS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. Tercer trámite constitucional
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Monckeberg Bruner
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 122ª, en miércoles 5 de enero de 2011
(Ordinaria, de 10.37 a 14.12 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y del señor Becker Alvear, don Germán.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 9
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Inadmisibilidad de proyecto que establece pacto de adaptabilidad laboral 13
- Acuerdo de los Comités 15
V. Fácil despacho
- Restablecimiento de excepción para establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en las regiones de Aysén y Magallanes. Primer trámite constitucional 16
VI. Orden del Día.
- Aumento de plantas del personal de Carabineros de Chile. Tercer trámite constitucional 22
- Informe de La Comisión Especial Investigadora sobre la capacidad de respuesta de la institucionalidad ante desastres naturales. (Continuación) 33
VII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil.”. (boletín N° 5837-07) 62
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Aumenta las plantas de Personal de Carabineros de Chile.”. (boletín N° 6962-02) 62
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y regula las Asociaciones Municipales.”. (boletín N° 6792-06) 63
4. Primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Aprueba el Convenio 187, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo.”. (boletín N° 7386-10) 64
5. Primer informe de la Comisión de Derechos Humanos recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Sergio Abad Antoun.”. (boletín N° 7042-07) 69
Pág.
6. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Browne, Cardemil, Rivas y Sauerbaum, que “Establece la mantención de la prisión preventiva en casos que se hubieren cometido delitos graves.”. (boletín N° 7410-07) 72
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
7. “artículo 38 ter de la ley N° 18.933”. Rol 1585-10-INA. (5325) 74
8. “artículo 38 ter de la ley N° 18.933”. Rol 1628-10-INA. (5332) 74
9. “artículo 38 ter de la ley N° 18.933”. Rol 1783-10-INA. (5337) 75
10. “artículo 38 ter de la ley N° 18.933”. Rol 1776-10-INA. (5638) 76
11. Oficio del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias por el cual informa reajustabilidad de las asignaciones vigentes 76
VIII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
- De la señora Presidenta por la que declara inadmisible el proyecto de ley de los diputados Jiménez, Alinco, Espinosa, don Marcos; Farías, Saffirio, Vilches y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Muñoz, doña Adriana, que “establece pacto de adaptabilidad laboral”, por cuanto contraviene lo dispuesto en el número 4 del artículo 65, de la Constitución Política de la República.
2. Oficios:
Respuestas a Oficios:
Contraloría General de la República:
- Diputado Accorsi, Informar, en primer lugar, respecto de la legalidad y constitucionalidad de la Resolución Exenta N° 1.800, de 14 de julio de 2010, de la Dirección General de Aguas, que establece criterios para esa Dirección en las materias que el se indican y, en segundo término, indicar si el Director de ese organismo tiene facultades para interpretar Código de Aguas. Asimismo, señalar si la resolución previamente indicada se encuentra sometida al trámite de Toma de Razón. (78562 al 1218).
- Diputado Pérez don José, Disponer la investigación respecto del presupuesto 2009 del Gobierno Regional del Bío Bío, correspondiente a 2009, destinado al fomento, promoción y conclusión de proyectos deportivos y de recreación (78727 al 417).
- Diputada Pascal doña Denise, Solicita se instruya investigaren la Gobernación de Melipilla los fondos entregados para la reconstrucción, tras el terremoto del 27 de febrero próximo pasado; especialmente, su destino y la forma en que se ha rendido cuenta de ellos, y si la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago supervisó el gasto de los mismos; informando de todo ello con posterioridad a esta Corporación. (78729 al 1878).
Ministerio de Interior:
- Diputado Baltolu, Presentar una indicación al proyecto de ley N°5906-07, que crea juzgados de policía local en las comunas que indica, en el sentido de incorporar en la planta de directivos de los municipios tanto de los actuales Secretarios de Policía Local como a aquellos que, en virtud de la aprobación del mencionado proyecto, deban servir dicho cargo, con una remuneración correspondiente al grado inmediatamente inferior al del juez (13 al 468).
- Diputado Delmastro, Solicita se informe acerca de todos los programas pro empleos correspondientes a la Región de Los Ríos para el año 2001, desglosados por comuna beneficiada; así como, respecto de la distribución de los cupos de dichos programas y el detalle de los proyectos materializados, por comuna, en los años 2008, 2009 y 2010. (18534 al 1916).
- Proyecto de Acuerdo 146, Beneficiar con pensión de gracia a hijos menores de edad de personas fallecidas en derrumbe de edificio en Cerro O'Higgins, en Constitución. (17956).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputada Rubilar doña Karla, Solicita a la Fiscalía Nacional Económica que informe sobre eventual abuso de posición dominante por parte de empresa de Transportes Colina (1841 al 9059).
- Diputada Rubilar doña Karla, Ampliación de la investigación causa rol N° 1471-09 a las zonas de Lampa y Batuco (1841 al 10108).
- Proyecto de Acuerdo 157, Creación de ventanillas únicas de emprendimiento. (10075).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Monckeberg don Cristián, Solicita se reitere el oficio N° 1334, de 17 de agosto de 2010, en que solicita información respecto de la totalidad de los gastos de representación en que incurrieron los Ministros de Estado entre el 11 de marzo de 2008 y el 10 de marzo del año en curso. (1502 al 1977).
- Diputado Ortiz, Solicita se remita copia de su intervención en que solicita a S.E. el Presidente de la República , instruir se haga devolución a los municipios de la Región del Bío Bío, de los recursos invertidos para solventar los gastos en que incurrieron con ocasión de la emergencia provocada por el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año en curso. (1511 al 576).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Urrutia, Otorgar la debida prioridad, dentro del plan de construcción y reparación de centros penitenciarios, a la cárcel de la comuna de Parral, afectada gravemente por un incendio; y, además, se disponga dotar a los funcionarios de Gendarmería de Chile que laboran en dicho centro, de un medio de transporte (9116 al 274).
- Diputada Pacheco doña Clemira, Solicita informar sobre las medidas que dispondrá y las gestiones que realizará el ministerio a su cargo, para erradicar los flagelos de la prostitución, la pornografía y el trabajo infantil. Además, para que señale el estado de avance de las iniciativas dirigidas a reformular institucionalmente el Servicio Nacional de Menores, con el objeto de optimizar su eficacia en la atención y cuidado de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. (9117 al 1719).
- Diputado Jarpa, Solicita informar sobre elementos técnicos que se tuvieron a la vista para determinar el emplazamiento de la futura cárcel de Chillán en terrenos ubicados en la comuna de Chillán Viejo. (9120 al 1290).
- Diputado Silber, Diputado Ascencio, Recaba información pormenorizada de la bitácora del auto fiscal patente BLTL 41, destinado al uso del Director del Sename , señor Francisco Estrada Vásquez, durante los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año, con indicación expresa y detallada de los choferes a cargo y los destinos de los traslados (9121 al 1735).
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita informar si la denominada Comunidad Bahá'i de Chile posee personalidad jurídica; y, en caso afirmativo, cuáles serían sus objetivos. (9122 al 1815).
- Diputado Espinoza don Fidel, Grave situación generada entre pequeños agricultores de la Región de Los Lagos, especialmente de la comuna de Purranque, por reiterada comisión del delito de abigeato (9123 al 492).
- Diputada SAA doña María Antonieta, Solicita se informe sobre el uso de vehículo fiscal por parte del Seremi de Justicia de la Región Metropolitana, como asimismo acerca de la eventual asignación por funciones críticas a dicho funcionario, y otros aspectos (9124 al 1781).
- Diputado Sabag, Informar sobre la forma en que se resolverá el problema de hacinamiento en la cárcel de la comuna de San Carlos, que aumento su población de internos, luego de los daños que produjo en la cárcel de la ciudad de Chillán, el terremoto del 27 de febrero del año en curso; y, además, la fecha en que se proveerá de un grupo electrógeno a ese recinto penitenciario, resolviendo así el problema de inseguridad que su carencia ocasiona. (9125 al 1412).
- Diputado Silber, Diputado Chahín, Solicita se informe pormenorizadamente acerca de la bitácora del vehículo fiscal del Seremi de Justicia de la Región Metropolitana, correspondiente a los días 26 de agosto y 6 de septiembre pasados, sin perjuicio de entregar otros datos vinculados a la materia (9126 al 1753).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Solicita informar sobre la viabilidad de la iniciativa de construir un retén de Carabineros en la localidad de Panimávida, comuna de Colbún (6855 al 1817).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Robles, Solicita se informen las razones técnicas por las que la floración de los olivos en el zona costera de la provincia del Huasco ha caído drásticamente, y si en ello a influido una eventual contaminación química producida por industrias de la zona; en segundo lugar, las estadísticas sobre contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado en la zona, desde el año 2009 a la fecha, con especial referencia a aquellos días en que se haya sobrepasado tanto la norma primaria como secundaria; y, finalmente, las medidas adoptadas para combatir la plaga de la mosca blanca del olivo. (2734 al 2018).
- Diputado Jaramillo, Solicita informar la situación de treinta pequeños agricultores de la Comuna de La Unión, que se encontrarían en calidad de morosos debido a una mala negociación de Cotrisa, entidad que les habría recomendado la venta de su producción de trigo de 2008 a un molino de la localidad de Purranque, sin que hasta la fecha se les pague (559 al 1935).
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre el grado de avance en la implementación de la resolución N°120, de 2001, de la Corfo, relativa al traspaso de inmuebles, derechos de agua y servidumbres en diversas comunas de las Regiones de Los Ríos y de Los Lagos, para la materialización de proyectos de agua potable rural (APR) (946 al 1936).
- Diputado Jaramillo, Solicita se informe sobre el cerco instalado en la playa San Pedro de Coique, comuna de La Unión, Región de Los Ríos (952 al 1812).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Teillier, realizar gestiones tendientes a fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales en la Empresa Farmacias Ahumada S.A. (5440 al 526).
Ministerio de Salud:
- Diputado Castro, Solicita informar sobre el riesgo que representa para la salud de los vecinos del pasaje Parinacota, en la comuna de Rancagua, las emisiones de la planta de la empresa SOREPA S.A.; en segundo lugar, remitir copia de los informes de las fiscalizaciones e inspecciones realizadas, en la misma ciudad, a las empresas colindantes a la instalación antes señalada, en el pasaje 1, y en el canal de regadío derivado “Las Coloradas”; y, finalmente, copia de los informes de las fiscalizaciones realizadas a la empresa Interagro. (2434 al 1986).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Chahín, Solicita informar sobre el estado de avance de la evaluación que se está realizando para los efectos de la instalación de una planta de revisión técnica móvil para la Comuna de Curacautín (5264 al 1899).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se precise alcance del anuncio del Seremi de Transporte en la Región de Coquimbo, en el sentido que el subsidio en el rubro se podrá utilizar sólo en el transporte mayor (5368 al 2027).
Ministerio Público:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar sobre la negativa de ese servicio a investigar las eventuales irregularidades o ilícitos en la enajenación de terrenos en el Barrio Independencia de la comuna de Los Muermos (118 al 738).
- Diputado Burgos, Solicita analizar la procedencia de iniciar una investigación de los hechos denunciados por los periódicos La Nación y El Clarín de Buenos Aíres, en torno a pagos recibidos por el señor Manuel Vásquez, asesor del ex Secretario de Transportes de la República Argentina , señor Ricardo Jaime, de parte de Lan Airlines, por servicios de consultoría en materia de rutas aéreas en el citado país (729 al 770).
Empresas del Estado:
- Diputado Chahín, Solicita se informe sobre factibilidad de instalar pasarela peatonal y sala de espera para pasajeros en la estación ferroviaria de Púa (83 al 2005).
Intendencias:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se adopten medidas tendientes a regularizar el transporte público hacia y desde la localidad de Huanta, comuna de Vicuña (1634 al 681).
Servicios:
- Diputado Chahín, Solicita se informe sobre factibilidad de instalar pasarela peatonal y sala de espera para pasajeros en la estación ferroviaria de Púa (83 al 2005).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (117)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistió, además, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia , don Cristián Larroulet.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Baldo Prokurica, Eugenio Tuma e Ignacio Walker.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 116ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 117ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario Accidental ) da lectura a la Cuenta.
INADMISIBILIDAD DE PROYECTO QUE ESTABLECE PACTO DE ADAPTABILIDAD LABORAL.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde pronunciarse sobre la inadmisibilidad del proyecto de ley que establece pacto de adaptabilidad laboral, que figura en el punto N° 8 de la Cuenta.
Según el Reglamento, corresponde ofrecer el uso de la palabra a un diputado que esté a favor de la admisibilidad del proyecto y a otro que la impugne.
Para hablar a favor de la admisibilidad del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señora Presidenta , la Constitución Política señala que son materias de exclusiva iniciativa del Ejecutivo , entre otras, las referidas a la fijación de remuneraciones y beneficios económicos, o de sus bases de cálculos, así como también aquellas iniciativas que determinan las funciones o atribuciones de quienes desempeñan empleos públicos.
Adicionalmente, el artículo 65, inciso tercero, de la Carta fundamental determina que las iniciativas sobre administración financiera o presupuestaria del Estado también son de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo .
Al respecto, es importante tener como marco referencial la tesis sostenida por el jurista Carlos Carmona , miembro del Tribunal Constitucional, sobre el principio de especialidad, establecido en la Constitución Política. El profesor Carmona sostiene, a propósito de las leyes de quórum orgánico constitucional, que conforme a la propia Constitución éstas son de carácter excepcional, dado que se señalan expresa y taxativamente en un artículo de la Carta Fundamental.
Pues bien, idéntico razonamiento vale para las materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , dado que éstas se encuentran expresamente señaladas en el artículo 65 de la Constitución. Ello significa, en concreto, que la Carta Magna ha querido construir una regla general, que es la admisibilidad de las mociones parlamentarias, debiéndose interpretar, naturalmente, en forma restrictiva lo que la propia Constitución Política señala como algo excepcional, que es la iniciativa reservada al Ejecutivo en materia de iniciativa legislativa.
Cabe mencionar que, haciendo caso de esta correcta interpretación, la Cámara acogió a tramitación diversas iniciativas legales e indicaciones que regulan diferentes aspectos de la relación laboral tanto en el sector privado como en el ámbito público, como la que regula y sanciona el acoso sexual o diversos perfeccionamientos de los derechos de maternidad, los que se aplican supletoriamente a los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo.
Ahora bien, debemos anotar que la iniciativa presentada no se refiere a la creación de empleos rentados, ni modifica remuneraciones o bases de cálculo de las mismas, ni tampoco altera la administración presupuestaria del Estado. De la misma forma, este proyecto no altera las facultades o atribuciones de los jefes de servicio, ni la administración presupuestaria del Estado, sino que simplemente otorga a los trabajadores del sector un margen de flexibilidad horaria dentro de las normas y límites fijados con anterioridad por la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
A mayor abundamiento, cabe mencionar que la propuesta presentada se refiere, en esencia, a la distribución del tiempo en que el trabajador presta servicios, otorgándole el derecho de variar dicha distribución en determinadas condiciones.
Esta materia no se encuentra limitada en su iniciativa legal por ninguna norma constitucional. Más aún, cuando la Constitución habla de las funciones y atribuciones de quienes ejercen empleos públicos, es preciso ser cuidadoso y diferenciar estos conceptos de aquellos contenidos que conforman los derechos de los trabajadores propiamente tales, los que no constituyen o no forman parte del contenido de una atribución, la cual, a su vez, es privativa de quien ejerce un cargo de dirección.
En ese sentido, y para ejemplificar la diferencia entre derechos y atribuciones en materia laboral, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Se podría decir que el derecho a descanso semanal de un trabajador del sector público constituye una atribución? ¿El cobro de un viático por una comisión de servicio es una facultad o un derecho? La respuesta es obvia, dado que la construcción completa de nuestro sistema jurídico laboral descansa sobre las facultades y atribuciones del empleador público o privado, y como contrapartida en los derechos de los trabajadores.
En conclusión, debemos inferir necesariamente que las materias que contiene el proyecto no forman parte de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, sino que, muy por el contrario, se trata de materias no reservadas por la Constitución y forman parte de la regla general que, conforme a una sana interpretación del principio de especialidad que inspira la Carta Fundamental, pueden ser objeto de iniciativa parlamentaria.
Por lo expuesto, solicito nuevamente dejar sin efecto la inadmisibilidad del proyecto o, en caso contrario, someterla a votación.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Diputado Jiménez, la Mesa estima que el proyecto vulnera el numeral 4° del artículo 65 de la Constitución Política de la República y, por lo tanto, lo ha declarado inadmisible.
Para impugnar la admisibilidad, tiene la palabra el diputado señor Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señora Presidenta , no quiero hablar en contra de la admisibilidad, sino a favor de la decisión de la Mesa de declarar inadmisible el proyecto, porque, conforme lo dispuesto en el artículo 65, número 4°, de la Constitución, es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
La iniciativa contenida en el proyecto, al fijar a los funcionarios de la Administración del Estado el número de horas que deberán laborar y la facultad de adaptar sus horarios de ingreso y salida de acuerdo a sus necesidades, ha establecido beneficios a su favor que sólo pueden tener origen en una iniciativa de ley del Presidente de la República , de acuerdo con el número 4° del artículo 65 de la Constitución. Establecer una flexibilidad horaria como la que propone el proyecto importa necesariamente el otorgamiento de un beneficio que en la actualidad no poseen los funcionarios públicos. Por ello, las iniciativas sobre esta materia sólo corresponden al Presidente de la República .
Quiero hacer presente a la Sala que ha habido precedentes sobre la materia. Un proyecto similar a éste se presentó en 2007 y fue declarado inadmisible precisamente por las razones que he señalado.
Por lo tanto, solicito a la Sala aprobar la decisión de la Mesa en orden a declarar inadmisible el proyecto.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Entonces, como ha solicitado el diputado Tucapel Jiménez, someto a votación la inadmisibilidad de la moción parlamentaria.
Los señores diputados que voten a favor están de acuerdo con la postura de la Mesa, es decir, que el proyecto es inadmisible.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 32 votos. No hubo abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
ACUERDO DE LOS COMITÉS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los Comités parlamentarios bajo la presidencia de la señora Alejandra Sepúlveda, determinaron, respecto del proyecto que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile, que figura en el primer de la Orden del día, que podrán intervenir dos diputados por bancada, con un tiempo de cinco minutos para cada uno de ellos.
V. FÁCIL DESPACHO
RESTABLECIMIENTO DE EXCEPCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS REGIONES DE AYSÉN Y MAGALLANES. Primer trámite constitucional.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Corresponde tratar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece excepción en las Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y Antártica Chilena, acerca de los establecimientos de bebidas alcohólicas.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Miodrag Marinovic.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, boletín N° 7138-03, sesión 121ª, en 4 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 21.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez, en remplazo del diputado señor Miodrag Marinovic .
El señor VELÁSQUEZ (de pie).-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, sin urgencia, que restablece excepción en las regiones de Aysén y Magallanes respecto de los establecimientos de bebidas alcohólicas, de origen en una moción de la diputada señora Carolina Goic y de los diputados señores Gabriel Ascencio , Miodrag Marinovic , David Sandoval y Pedro Velásquez.
Constancias reglamentarias.
De acuerdo con lo prescrito en los artículos 130 y 288 del Reglamento de la Corporación, el informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esta honorable Cámara en su sesión 116ª, de 16 de diciembre de 2010, con las indicaciones formuladas a dicho texto, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:
I.- Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni modificaciones.
No hay.
II.- Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
No hay.
III.- Artículos suprimidos.
No hay.
IV.- Artículos modificados.
El artículo único del proyecto fue modificado en la forma que se expresa a continuación:
La disposición que permite que dos tipos de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas de las regiones de Aysén y de Magallanes puedan acogerse a la excepción de colindar con la casa habitación del comerciante o de cualquier otra persona, a saber:
1.- Depósitos de bebidas alcohólicas, para ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias, y
2.- Minimercados de comestibles y abarrotes en los cuales podrá funcionar un área destinada al expendio de bebidas alcohólicas envasadas, para ser consumidas fuera del local de venta, sus dependencias y estacionamientos.
Asimismo, incorpora una disposición transitoria que permite acogerse a la referida excepción a ese tipo de establecimientos que hayan trasladado sus patentes en el período comprendido entre la entrada en vigencia de la ley N° 19.925, de 19 de enero de 2004, y la publicación de ésta.
Fue objeto de una indicación complementaria de la diputada señora Goic y del diputado señor Marinovic , que agrega, en su artículo 14, un inciso tercero, nuevo, que excluye de la referida excepción a las patentes que hayan sido canceladas conforme a la ley.
El artículo, con la indicación, fue aprobado por mayoría de votos.
Votaron a favor los diputados señores Chahín , Edwards , Marinovic y Tuma . En contra lo hizo el diputado señor Arenas .
V.- Artículos nuevos introducidos.
No se incorporaron artículos al proyecto de ley en el presente trámite.
VI.- Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
No hay artículos con ese carácter.
VII.- Indicaciones rechazadas.
No hay.
VIII.- Indicaciones declaradas inadmisibles.
No hay.
IX.- Texto de las disposiciones legales que el proyecto modifica o deroga, o indicación de las mismas.
A través de esta iniciativa parlamentaria, se sustituye el artículo 14 de la ley ° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, y se incorpora un artículo transitorio en la ley.
Se pretende, entonces, que a los establecimientos amparados por las patentes existentes a la fecha de publicación de esta ley, clasificadas en la letra A) y H) del artículo 3° de la ley N°19.925, tratándose de las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena, no les sea aplicable la obligación de estar absolutamente independiente de la casa habitación del comerciante o de cualquier otra persona, siempre que tales patentes no hayan sido canceladas por las causales que determina la ley, incluyendo la clausura del local.
También, mediante un artículo transitorio, se hace extensiva la señalada excepción a las referidas patentes que han sido trasladadas entre la entrada en vigencia de la ley N° 19.925 y la fecha de publicación de ésta.
Señora Presidenta , solicito el respaldo de la honorable Cámara a la iniciativa de la diputada señora Carolina Goic y del diputado Miodrag Marinovic , quienes han trabajado intensamente para representar los intereses de esas regiones que hacen patria en nuestro país.
Es todo cuanto puedo informar sobre la materia, señor Presidente .
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.-
Señor Presidente, deseo plantear un asunto de Reglamento.
Quiero hacer presente que se ha vulnerado el inciso final del artículo 263 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por cuanto la designación del diputado informante es una decisión de la comisión respectiva, en este caso, de la Comisión de Economía.
El diputado que informó el proyecto no es miembro de dicha comisión. No se recabó el acuerdo de esa comisión para que el señor Velásquez rindiera el informe. No se trata de una facultad delegable. Se designó al señor Marinovic como diputado informante , quien, por sí y ante sí, delegó esa función al señor Velásquez , en circunstancias de que no tiene facultad para hacerlo, ya que la comisión debió nombrar al reemplazante del diputado Marinovic si no podía estar presente para entregar el informe.
Por último, si es que no hubiera estado presente ningún miembro de la comisión, lo que no es así, ya que incluso está su presidente en la Sala y otros diputados que la integramos, podría haber informado la iniciativa la diputada Carolina Goic , quien es una de los autores del proyecto, que participó en la discusión y en su votación.
Por lo tanto, nos parece que lo que acaba de ocurrir no puede repetirse, por cuanto se ha vulnerado en forma flagrante el Reglamento de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-
Tiene toda la razón su señoría. Se produjo un problema que esperamos que no vuelva a ocurrir.
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente , estamos discutiendo la indicación que se presentó en la sesión anterior, en la que se votó y aprobó en general el proyecto. La Comisión de Economía la revisó más en detalle. Con ella se pretende perfeccionar y acotar la idea inicial, trabajo que hemos hecho en conjunto con otros colegas.
Al respecto, quiero reconocer la disposición y la ayuda de la diputada Cristi , persona muy entendida en esta materia.
El objeto del proyecto es restablecer las condiciones en las cuales se tramitó la patente inicialmente, para lo cual se repone una excepción que existía en la Región de Magallanes cuando se solicitaron esas patentes, que permitía, por las condiciones climáticas, que el local de expendio de bebidas alcohólicas estuviera adosada a la casa habitación del comerciante o de cualquier persona en las regiones de Aysén y de Magallanes.
Tal como señalamos en la sesión anterior, ésta no es una excepción nueva, no es una facilidad que beneficie a las patentes que se solicitan ahora, sino que se trata de regularizar la situación de locales, básicamente de pequeños locales de barrio, muchos de los cuales son atendidos por adultos mayores que en su momento obtuvieron la patente bajo esas condiciones, por lo que las nuevas condiciones que se les exigen ahora obligará a muchos comerciantes a cerrar.
La indicación que presentamos tiene que ver con reconocer el buen comportamiento. Aquí hemos realizado un trabajo en conjunto con el alcalde de Punta Arenas, señor Vladimiro Mimica, porque no se trata de facilitar la venta de alcohol, sino todo lo contrario: reducir aquellas que en su momento obtuvieron la patente y, sobre todo, premiar el buen comportamiento que existe en los locales.
Quiero destacar el trabajo que hemos hecho en conjunto con las agrupaciones, con los representantes de los pequeños comerciantes. Es un tema que planteamos en la legislatura pasada, incluso con el ex diputado Rodrigo Álvarez, y me alegro que hoy avance. Insisto, no es más que dejar en claro que las patentes que se obtuvieron bajo determinadas condiciones se mantengan.
Agradezco la disposición de varios colegas, sobre todo de la Comisión de Economía, para revisar el tema. Entiendo que solamente es una excepción para parte de un territorio del país.
Saludo la respuesta positiva a la sentida demanda, en especial de Magallanes, que vive un escenario de movilización por el alza del gas, pero no me cabe duda de que la mirada nacional está puesta en la región y, sobre todo, en las condiciones extremas de nuestro territorio que justifican algunas medidas de excepción.
Por eso, pido a los colegas que nos respalden en la tramitación de la iniciativa.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , en principio nuestra oposición al proyecto -creo representar a mi bancada- se ha debido a que no queremos, en ningún caso, que aumenten o proliferen las patentes de bebidas alcohólicas, especialmente las de expendio para ser consumidas fuera del local, en horarios muy extensos. De alguna manera, se consume en las calles y aumentan los problemas en la vía pública, etcétera.
La verdad es que el proyecto lleva bastante tiempo y los diputados de la zona lo han estado planteando desde que se publicó la ley. De hecho, eso no debiera ser una ley, porque cuando se dictó la ley de Alcoholes en 2004, se estableció que los locales de bebidas alcohólicas A) y H), botillerías y pequeños minimercados, no deben estar anexos a viviendas por el riesgo y problemas que implica para la familia el excesivo consumo de alcohol en sectores poblacionales. Probablemente, la mayor parte de los locales no sólo no cumplen con las normas de la ley de Alcoholes, sino también con las de urbanismo y construcción.
Por ejemplo, una botillería debe tener veinticinco metros cuadrados de construcción sólida, un baño y una caja pagadora. Aseguro que la mayor parte de éstas están en pequeñas dependencias, si es que no están ocupando parte de la vivienda, lo que atenta contra la ley y los subsidios de vivienda.
Ahora bien, es un hecho cierto que existían patentes al momento de dictar la ley y nunca se estableció que sería retroactiva en la materia. Personalmente, conversé con el alcalde y me dijo que hay problemas, pero que ellos han estado controlando que se cumpla la ley. ¿Qué significa que se cumpla la ley? Que no se provoquen desordenes y no se venda alcohol a menores de edad, como también que se cumplan las normas de urbanismo y construcción, es decir, que no estén dentro de las casas los locales, que se cumplan los horarios, etcétera.
Los alcaldes tienen muchas facultades para evitar situaciones de conflictos, por ejemplo o fijar horarios para que los locales no estén abiertos en sectores poblacionales hasta altas horas de la madrugada, que los minimercados no tengan más de un 10 por cierto del espacio físico con bebidas alcohólicas. No pueden ser supermercados que sólo expendan bebidas alcohólicas, sino que también deben comercializar abarrotes y comestibles.
Siento mucho entrar en la materia, pero la gran responsabilidad es de los diputados que han hecho la propuesta. Deberán fiscalizar el cumplimiento de la ley, la propia municipalidad deberá contar con una ordenanza y velar por desmotivar los locales anexos a los domicilios, pues eso no es bueno ni puede ser bueno para las familias y para el sector.
Por otra parte, sus autores han hecho un esfuerzo en explicar que el alcance de la propuesta sólo se vincularía con los locales contemplados en las letras A) y H) del artículo 3° de la ley N°19.925, que son los más afectados, y se ha aducido al tema del frío. En el tema del frío ha pasado un poco el tiempo y ahora hay más locales comerciales a los que la gente puede acceder, etcétera.
Pero estoy totalmente en desacuerdo con el artículo transitorio. Lo conversaba con la diputada, quien me hizo sentir que puede que haya un error, pero no está muy segura. Señala lo siguiente:
“Artículo Transitorio.- Las patentes de las letras A) y H) del artículo 3° de la ley N° 19.925, de las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y Antártica Chilena, que han sido trasladadas entre la entrada en vigencia de la referida ley y la fecha de publicación de ésta, se podrán acoger a la excepción que contempla…”, etcétera.
En eso estoy totalmente en desacuerdo, pues si las personas lograron sacar sus locales de la casa y así resolver su situación, es ridículo volver al mismo problema.
En ese sentido, las autoridades del sector deben desmotivar la existencia de patentes anexas al domicilio por las razones ya expuestas. Pero en ningún caso pueden volver a su lugar de origen los que ya han resuelto su problema, cerraron su patente y se trasladaron. Eso sería retroceder absolutamente.
Espero que algún día aprobemos normas mucho más claras en materia del consumo de alcohol, que hoy se ha convertido en un drama social en el país, especialmente entre los más jóvenes, y que la fiscalización mejore y aumente.
Como antecedente, vale recordar que la zona de más alto consumo entre los jóvenes, según el Conace, es la Región de Aysén.
Voy a aprobar lo que han solicitado los diputados en las condiciones planteadas y rechazaré el artículo transitorio, el que pido que se vote en forma separada.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo destinado a la tabla de Fácil Despacho.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que restablece excepción, en las Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena, acerca de los establecimientos de bebidas alcohólicas, con excepción del artículo transitorio, para el que la diputada Angélica Cristi ha pedido votación separada.
Hago presente a la Sala que todas las normas del proyecto tienen el carácter de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 12 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En votación el artículo transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 10 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Despachado el proyecto.
VI. ORDEN DEL DÍA
AUMENTO DE PLANTAS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. Tercer trámite constitucional
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Corresponde pronunciarse sobre las modificaciones propuestas por el Senado en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aumenta las Plantas de Personal de Carabineros de Chile, con urgencia calificada de suma.
Antecedentes:
-Modificaciones del H. Senado, boletín N° 6962-02. Documentos de la Cuenta N° 2, de esta sesión.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Hago presente a la Sala que la única modificación consiste en la supresión del artículo 4° transitorio.
Tiene la palabra el diputado Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, no siendo relevante las modificaciones del Senado, no hay duda que aprobaremos el proyecto.
El artículo 2° transitorio señala que se incrementará hasta en 1.689 cupos la Glosa 01, letra a), del Programa 01 del Presupuesto de Carabineros de Chile, establecido en la ley N° 20.407, de Presupuestos del Sector Público para el año 2010.”. Existe una pequeña discordancia, pues se trata del presupuesto de 2011. Para la historia fidedigna de la ley y aunque no se trata de un gran alcance, se debe dejar constancia.
Repito, según lo que he consultado, ello no tiene mayor relevancia, pero sí hay que dejarlo como antecedente para la historia fidedigna de la ley.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , si bien el artículo 4° transitorio que suprimió el Senado aparece como poco importante en la tramitación del proyecto, queremos hacer presente por qué en su minuto en la Comisión de Defensa y en la Sala planteamos la necesidad de su permanencia. La razón reside en que se buscaba garantizar que, a través del Presupuesto Nacional, el Estado, el Fisco, financiara la puesta en operaciones de estos 10 mil nuevos carabineros.
Uno de los principales problemas que detectamos era que, no obstante haberse creado dotaciones de carabineros, eso no había ido de la mano con los recursos necesarios para su implementación, tanto en la construcción de cuarteles y unidades policiales como en la compra del equipamiento que se necesita para el adecuado cumplimiento de la función policial.
En esa línea, la Comisión de Defensa apuntaba a que se pudiera establecer, a lo menos, convenios de programación con las diversas regiones para planificar la construcción de cuarteles con una mirada regional, a fin de que no siguiera ocurriendo lo que estaba pasando durante este último tiempo, esto es que se aumentó la dotación de carabineros y la institución manifestó que no podía recibir más funcionarios porque no tenía espacio, hecho que presiona a los municipios y gobiernos regionales a construir, con fondos del Core, unidades policiales, obviamente en desmedro de las comunidades más pequeñas o de aquellos municipios que prefieren priorizar otras necesidades.
Lo que buscaba el artículo 4° transitorio era precisamente terminar con esta suerte de distorsión que se ha ido generando en la distribución de los carabineros por la falta de recursos para la implementación de unidades policiales. Con ese artículo se pretendía establecer el compromiso del Gobierno de que cada vez que se aumentara la dotación de efectivos también se destinaran los recursos necesarios -es lo que se conversó con el ministro de Defensa y la subsecretaria de Carabineros-, para construir las respectivas unidades policiales en las distintas ciudades de Chile y que esto no quedara entregado a la suerte que podía correr determinada comuna si el Core aprobaba o no los recursos requeridos para su funcionamiento.
Cito como ejemplo lo que ocurre hoy en el caso de la Región de Antofagasta.
Allí se financió la construcción de un moderno Laboratorio de Criminalística de Carabineros ( Labocar ). Sin embargo, hoy nos encontramos entrampados en un problema dado que en algún minuto se comprometieron los fondos para la implementación de ese laboratorio.
Se le pidieron al Core de Antofagasta recursos para compra de materiales para la realización de exámenes de ADN. Hasta la fecha, dicho consejo, con justa razón, ha dicho que no entregará los dineros requeridos porque existe un compromiso del gobierno central y del alto mando de financiar la implementación del laboratorio. Eso generó una polémica con los consejeros regionales, quienes defienden que el presupuesto de la Región no puede destinarse todo a seguridad, dado que eso impide la construcción de escuelas y otras obras que tienen pendientes los municipios. El artículo 4° transitorio precisamente pretendía evitar ese tipo de problemas que se habían generado con los gobiernos regionales para el financiamiento de unidades policiales.
Aun cuando en esta sesión no voy a votar, dado que me encuentro pareado con el diputado Cardemil , llamo a esta Cámara a reflexionar y a rechazar lo obrado por el Senado, de forma tal de poder generar una nueva instancia de discusión y hacer claridad respecto de cómo se va a implementar el aumento de las plantas de personal de Carabineros. Todos estamos de acuerdo con la creación de 10 mil nuevos efectivos, pero esto debe ir de la mano con los recursos necesarios para que ellos puedan cumplir su función, cuenten con más unidades policiales planificadas de acuerdo a los requerimientos reales de cada comuna y no vayan quedando supeditadas a si existen o no recursos para la construcción de cuarteles.
Al respecto, durante la discusión del citado artículo al interior de la Comisión se generó un consenso en cuanto a que lo que se estaba pidiendo era que, vía Ley de Presupuestos, año a año, se destinaran los recursos correspondientes a medida que se aumentaran las plantas, y se fueran firmando convenios de programación con los distintos gobiernos regionales con el objeto de poder agilizar y darle mayor dinamismo a la implementación de unidades policiales en las distintas ciudades de Chile, de modo de evitar que aquellas comunas que prefirieran construir una escuela o un camino se fueran quedando rezagadas.
El artículo 4° transitorio, suprimido por el Senado, tenía esa lógica que, a mi juicio, es bastante importante, sobre todo porque hemos visto que muchas veces los recursos del Core no alcanzan, y no podemos permitir que las comunas más pequeñas se queden sin funcionarios policiales pues no tienen cómo financiar la construcción de un cuartel y los dineros para ello no se hallan asignados desde el Gobierno Central, en circunstancias de que una de sus principales prioridades y obligaciones debiera ser el aporte a la seguridad ciudadana, especialmente en temas integrales, no sólo a través de la dotación de más carabineros, sino también de unidades, retenes y vehículos policiales. En esa línea, se buscaba hacer claridad respecto de qué se haría con los recursos desde el Gobierno Central hacia los gobiernos regionales.
Por lo tanto, nuevamente hago un llamado a esta Sala a considerar el rechazo a lo obrado por el Senado, de modo de ir a Comisión Mixta y resolver en esa instancia este problema.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , la verdad es que estoy muy sorprendida por la supresión efectuada por el Senado en el proyecto que aumenta las plantas de personal de Carabineros.
Muchos dicen que se trata de una institución que defiendo, probablemente porque mi padre fue uno de sus miembros. Pero no es ésa la razón. Me preocupo de Carabineros porque puedo palpar la falta de recursos que afecta a esta tremenda institución y el esfuerzo que hace para cumplir dignamente con su enorme responsabilidad, cual es la de velar por el orden y la seguridad pública.
Más allá de nuestra preocupación por que Carabineros al menos tuviera el presupuesto suficiente para poder funcionar y recibir a esta nueva dotación que se crea -ello es urgente, porque, obviamente, no es fácil acoger de la noche a la mañana 10 mil carabineros por un período de instrucción largo y dificultoso, que incluye mucho más que darles una educación, pues también hay que alojarlos, alimentarlos, prepararlos, entrenarlos, etcétera-, deseo referirme al hecho de que este nuevo proyecto de ley en ninguna parte consideró, a pesar de haber hecho presentes hasta el cansancio todas nuestras consideraciones, la situación de la institución en materia de salud y previsión, a través de Dipreca.
Carabineros tiene una tremenda deuda y una gran falencia en esa materia, y, lógicamente, incluir 10 mil nuevos funcionarios hará más dificultoso el asunto. Pero en ninguna parte de la iniciativa ha habido una preocupación por esa situación. O sea, no obstante no haber un aumento en el presupuesto para poder responder a la necesidad de dotar de cuarteles, de escuelas de preparación para los nuevos carabineros, el Senado quita lo entregado por nosotros.
Siempre critico a la institución porque no hace una petición fuerte de recursos. En ese sentido, acoge lo que disponen las autoridades. Conozco, y todos los chilenos la podemos ver, la situación de desmedro en que se encuentran los cuarteles, las comisarías, los elementos con que cuentan sus efectivos, etcétera. Y si a eso le sumamos el desastre del terremoto, que destruyó más de 330 cuarteles en el país, podemos imaginarnos todo el escenario.
Cuando pregunté en una de las escuelas que recibirán a los nuevos carabineros con qué presupuesto hicieron las nuevas dependencias, se me contestó: “Con mucho esfuerzo y sacrificio.”. ¿Qué significa eso? Que no hubo recursos adicionales para ello. La escuela se ubica en Maipú y se encuentra en una situación de verdadera pobreza.
Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con el diputado Araya en el sentido que debemos insistir en que tiene que haber un presupuesto para dotar a Carabineros de los fondos necesarios para recibir a estos 10 mil nuevos funcionarios en nuevas construcciones, en nuevas escuelas o donde sea necesario.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , todos sabemos que, más allá de lo que se trata de construir mediáticamente, el tema de la seguridad ciudadana no está bien, que enfrenta problemas. Y no voy a repasar los datos, pero es claro que hay dificultades.
Sabemos, también, que se trata de un asunto de Estado que se vincula con un tipo de modernización, un modelo de desarrollo. Y sabemos que las soluciones no son ni fáciles ni de corto plazo.
No vamos a caer en lo que durante 20 años la Oposición hizo al decir: “Es culpa del Gobierno”. Aquí hay un problema de la sociedad, y más que en un elemento que da ventajas a corto plazo, debemos intentar transformarlo en un problema de sociedad que debemos enfrentar con perspectivas de corto y largo plazo. Tenemos que atacar las causas y atacar y contener el delito.
En ese marco es muy importante contar con más carabineros. Y por eso aprobamos este proyecto. Pero hay una cierta gradualidad para hacer aquello.
Sabemos que esto no es suficiente, sino parte de una política más global para enfrentar las causas de los problemas. Asimismo, se trata de un conjunto de medidas de contención que no pasan sólo por tener más carabineros, sino también por qué hacer con los presos y muchas otras cosas. O sea, esto es parte de una política más global.
Cuando discutimos el proyecto en la Comisión de Hacienda salió el tema que hoy se encuentra en debate. La experiencia que se tenía respecto de otros aumentos de dotación de carabineros había sido que ellos no guardaban relación con el otorgamiento de recursos adicionales para efectos de construir cuarteles, lugares de alojamiento, proveer de vestuario, vehículos, combustible, en fin, todo lo que requiere el funcionamiento de una planta adicional. No había relación entre el crecimiento de la planta y el crecimiento de los elementos para poder trabajar. Pero esto ya ha pasado antes, incluso, lo consultamos con Carabineros y nos señalaron lo mismo.
Entonces, en la Comisión de Hacienda surgió la idea de redactar un artículo similar a éste -más allá de contener algunos problemas de redacción-, para ver cómo enfrentar el problema para que haya una correspondencia entre el crecimiento de la planta y el crecimiento de los elementos para poder responder a las mayores necesidades.
La experiencia indica que con el sólo aumento del número de carabineros no se resuelven las situaciones que afectan la labor de la institución, sino que se requieren recursos para llevar a cabo todo lo que aquí se ha señalado.
Frente a ello, tenemos distintas posibilidades. En el presupuesto de Carabineros para 2011 hay un incremento significativo para crear cuarteles, en correspondencia con el aumento de la dotación en los términos planteados, tales como vehículos, bencina, etcétera. Si eso estuviera resuelto en esa forma -algo que el ministro tendrá que aclarar-, por lo menos, nos permitiría avanzar este año; de no ser así, esto debería ir a Comisión Mixta para garantizar que se cumpla. Tendremos que optar por una de las dos alternativas. Como parlamentarios, tenemos la responsabilidad de velar para que no se repita lo que ocurrió antes. Si queremos que haya una mayor dotación de carabineros, ello tiene que ir acompañado de los elementos necesarios para que ellos puedan trabajar.
Hoy, el problema principal en cuanto a dotación de carabineros está en la Región Metropolitana. Muchos parlamentarios de regiones no tienen los antecedentes para dimensionar el déficit. El Plan Cuadrante en la Región Metropolitana no está funcionando porque no hay relación entre la demanda de carabineros con la dotación efectiva. Entiendo que Concepción y Valparaíso se hallan en una situación similar, pero Santiago es el más atrasado en este aspecto. Pero no sacamos nada con tener más carabineros si eso no va acompañado del conjunto de elementos para que ellos puedan funcionar.
Desde mi punto de vista, la votación va a depender del tipo de respuesta que nos dé el ministro Secretario General de la Presidencia en cuanto a si se dispondrá de una mayor cantidad de recursos y a si están asegurados para este año, o si existe alguna otra alternativa que nos pueda plantear. Si no fuese así, creo que esto se debería mejorar en la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , no cabe duda de que la inseguridad es un tema recurrente que como país estamos permanentemente tratando de disminuir, porque el desplazarse libremente y tener las mínimas condiciones de seguridad constituye un derecho básico de los ciudadanos. Pero las últimas evaluaciones de percepción ciudadana han señalado claramente que el problema persiste, ya que el trabajo en materia de delincuencia ha sido mal evaluado. De hecho, se estancó en el nivel más bajo en la última encuesta que ayer se dio a conocer a la opinión pública.
Esto -tal como decía el diputado Montes - tiene una relación no sólo con el aumento de la dotación policial, sino más bien con la focalización que se hace de las políticas de seguridad. Me preocupa esto, porque en las últimas semanas el Intendente de la Región Metropolitana ha señalado en forma permanente -incluso ha escrito columnas-, donde pretende generar una sensación de seguridad, haciendo un símil entre la cantidad de denuncias y la cantidad de delitos. Nada más lejos de un buen análisis técnico. Eso refleja la ignorancia que existe sobre el tema. Si esa autoridad se felicita porque disminuyen las denuncias, significa que está completamente en contradicción con lo dicho por el Fiscal Nacional y por el General Director de Carabineros, quienes han señalado que mientras más denuncias hayan, hay menos impunidad. Entonces, no hay que hacer esos símiles, porque son muy importantes.
¿Por qué digo esto, a propósito de las modificaciones del Senado al proyecto que aumenta las Plantas de Carabineros de Chile? Porque una de las instituciones receptoras de las denuncias es precisamente Carabineros de Chile y, por tanto, para ellos es relevante contar con una mayor dotación policial y una mayor infraestructura.
En este sentido, entiendo que lo que se buscó al introducir el actual artículo 4° transitorio -tal como lo señaló el diputado Pedro Araya - fue establecer o asegurar en las leyes de presupuesto futuras los equipamientos necesarios tanto logísticos, tecnológicos y de infraestructuras que acompañen este aumento de dotación policial. Pero, lamentablemente, la redacción del artículo 4° transitorio no se condice con la intención, toda vez que señala que el aumento de plantas considerado en esta ley operará en la medida en que las leyes anuales de presupuesto, a partir de 2011 -vale decir, establece una condicionalidad para que esta ley opere-, contemplen los recursos necesarios y que correspondan ser financiados por el Estado para el equipamiento, vestuario, cuarteles, movilización, salud y previsión del personal de Carabineros.
¿Qué quiere decir esto? Que más allá de la buena intención, la actual redacción del artículo podría incluso servir de base para cuestionar la aplicación de esta ley si en las futuras leyes de presupuestos no se aumentan estos recursos, lo cual establecería una especie de ley condicional bien compleja.
En consecuencia, entendiendo el sentido planteado por la diputada María Angélica Cristi y por los diputados Pedro Araya y Carlos Montes , creo que la actual redacción no da cuenta del objetivo que se persigue. Pero muy lejos de solucionar el problema, la supresión que hace el Senado deja en absoluta desprotección este tipo de objetivo, razón por la cual, desde el punto de vista legislativo, sugiero rechazar esta modificación del Senado para que el proyecto vaya a Comisión Mixta y así redactar un artículo que logre el propósito que se busca, vale decir, acompañar el aumento de dotación policial con el aumento de recursos logísticos, tecnológicos y de infraestructura.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , concordante con las expresiones de mis colegas, debo señalar que si hay algo en lo que todos queremos es mejorar las condiciones de seguridad ciudadana para todos y cada uno de los habitantes de Chile. Esto, además, es una respuesta contundente del Presidente de la República a parte de sus compromisos. Él asumió el compromiso de un combate frontal a la delincuencia, para lo cual se requería una mayor cantidad de policías en la calle. En ese sentido, no hay un solo diputado que se haya opuesto a una medida como ésta.
Sin embargo, así como lo señalaba recién el diputado Harboe y la diputada señora Cristi , sin duda alguna que la modificación propuesta por el Senado, en orden a suprimir el artículo 4° transitorio, no constituye un buen antecedente. Objetivamente, podría entenderse que lo que está señalando el Senado es que es lógico que este aumento de plantas opere de aquí en adelante sobre la base de las leyes de presupuestos. Pero, lo que la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, en su calidad de colegislador, quisieron hacer fue dejar establecido con claridad meridiana que las futuras leyes de Presupuesto considerarán, en este caso, los recursos necesarios para financiar este proyecto de ley.
En nombre de mi partido, anuncio que vamos a aprobar las modificaciones del Senado, con excepción de la que suprime el artículo 4° transitorio, porque no constituye una señal positiva, sino, muy por el contrario, deja un campo demasiado abierto, en circunstancias de que el aumento de las plantas de Carabineros de Chile debe contar con la asignación presupuestaria correspondiente, que también debe estar incorporada en la futura ley.
Por eso -reitero-, vamos a rechazar la modificación del Senado que consiste en suprimir el artículo 4° transitorio.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra al ministro secretario general de la Presidencia , señor Cristián Larroulet.
El señor LARROULET (ministro secretario general de la Presidencia).-
Señor Presidente, gracias por la oportunidad que me da de intervenir.
En primer lugar, en nombre del Gobierno, quiero resaltar la importancia de esta iniciativa que aumenta en 10 mil plazas la dotación de Carabineros de Chile. Asimismo, agradezco el trabajo realizado por la Cámara en esta materia. Ayer, el proyecto fue aprobado en particular por el Senado.
A propósito de las inquietudes planteadas esta mañana, quiero reiterar que el aumento de la dotación de Carabineros es un proceso gradual. Hay distintos tipos de instrumentos: 7.774 efectivos, contratación de 1.689 civiles para liberar igual número de efectivos, a fin de que realicen funciones policiales, y contratación de 573 funcionarios en retiro.
El segundo aspecto que es importante destacar, a propósito del reciente debate en que se ha planteado si existen recursos suficientes para que la función policial sea realizada en buena forma, es que creo que todos estamos de acuerdo en que la seguridad ciudadana no se soluciona sólo con el aumento del número de policías -es un tema de suyo complejo que requiere medidas de prevención, vigilancia, investigación y sanciones-, sino que, además, requiere un sinnúmero de tareas y responsabilidades que debe asumir el Estado.
Pero, el Gobierno no sólo está preocupado de incrementar la dotación de Carabineros, sino que también está trabajando en la línea de aumentar los planes cuadrantes, asumiendo todas las exigencias de recursos que ello requiere. Es un trabajo integral. Tal vez, se podría pensar que se trata de una solución parcial; pero, todos estamos de acuerdo en que se trata de una política integral que requiere recursos para gastos corrientes y -es lo que recoge este proyecto- para financiar el aumento de la dotación de Carabineros.
Dicho esto, quiero referirme a la indicación que fue aprobada por la Cámara y rechazada por el Senado. Aquí hay dos aspectos. El primero se refiere a un problema constitucional, en cuanto a que el Senado considera -también es la opinión del Ejecutivo- que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . De hecho, así lo señaló la Comisión de Hacienda de la Cámara y fue ratificado ayer por el Senado.
Un segundo aspecto se relaciona con el fondo de esta inquietud. Cuando se planteó esto se esgrimió un argumento de fondo que fue reiterado en esta sesión. Quiero dejar tranquila a la honorable Cámara respecto del tema de fondo. Por cierto, en la Ley de Presupuestos de este año, aprobada por el Congreso Nacional, después de un trabajo muy intenso en el cual participamos todos, están considerados los recursos para inversión y para complementar la incorporación de estos aproximadamente 2.500 nuevos efectivos. Reitero, esto incluye todo lo relacionado con el incremento de los planes cuadrantes -15 nuevos planes cuadrantes para 2011- y los recursos necesarios para el trabajo de los nuevos miembros de Carabineros de Chile.
A partir de ahora, año tras año, en las leyes de presupuestos, tal como se hizo para 2011, se van a considerar los nuevos plantes cuadrantes, el aumento de la dotación y el incremento de recursos complementarios para financiarlos. Entonces, el Congreso Nacional va a tener la posibilidad de revisar y evaluar la marcha de este programa.
Termino manifestando que, a todas luces, éste es un gran paso que da el país para combatir la delincuencia; es la gran prioridad de todos los ciudadanos, y también tiene que ser la prioridad del Congreso Nacional. Por lo tanto, espero que las modificaciones del Senado sean aprobadas en esta sesión, para lo cual sugiero a la Sala que acoja la modificación del Senado relacionada con la supresión del artículo 4° transitorio.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , de las palabras del ministro , debemos entender que existe el compromiso explícito del Gobierno en cuanto a que durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, que deberemos discutir este año, se hará una distribución territorial del nuevo contingente de Carabineros.
Quiero reiterarle al ministro que asuma el compromiso explícito, en primer lugar, de que la distribución territorial de los nuevos efectivos de Carabineros sea conocida; que se sepa a dónde van a ir, a qué comunas y regiones y sobre la base de qué criterios; si sólo se hará en función de denuncias, de densidad de la población y en ciudades grandes e intermedias. Es muy importante que el ministro pueda establecerlo, a través de un compromiso político que asuma con la Cámara de Diputados.
En segundo lugar, entendemos que es posible que la redacción del artículo 4° transitorio no sea muy feliz, para los efectos de llevar el acompañamiento de este proyecto que aumenta la dotación de Carabineros: pero, también es importante que el ministro nos diga si el programa de seguimiento de infraestructura va a ser una materia fundamental, clarificada y consensuada con el Congreso Nacional, para saber adónde van esas nuevas dotaciones de Carabineros más la consiguiente infraestructura.
No sacamos nada con tener laboratorios de criminalística en el norte, cuando no existe la dotación o el equipamiento necesario para esa infraestructura. Por eso es importante que el ministro establezca un compromiso.
Por último, en ese compromiso explícito que se suscriba con la Corporación, es necesario incluir, también, los recursos complementarios. No hay comuna donde exista opinión en contra de que se aumente la dotación de carabineros, pero, ¿qué ocurre con los recursos complementarios? ¿Qué se necesita para que Carabineros tenga la dotación adecuada? ¿Qué sucede con los planes cuadrante?
Como el ministro ha señalado, se establecen 15 nuevos planes cuadrante. Nuestra pregunta es dónde, en qué lugar, en qué ciudades, en qué barrios se van a implementar. Porque no sólo Santiago tiene importancia, y tal como señaló el diputado Carlos Montes , ahí es donde está concentrada buena parte de la preocupación, pero hay que considerar que existen ciudades intermedias, lugares con organizaciones donde hay gran preocupación: La Serena , Quilpué, Puerto Varas y las ciudades del sur.
Entonces, debemos entender que es necesario consagrar igualdad y la misma cobertura para cualquier ciudadano, independientemente de dónde se encuentre, y que no tengamos que esperar la instalación de focos delictivos para luego instalar planes cuadrante.
En cuarto lugar, es necesario que esa evaluación se haga en conjunto con las organizaciones sociales, con los actores locales, para que la sensación de inseguridad que se vive en muchos barrios pueda ser transmitida por los propios ciudadanos, por las juntas de vecinos, por la participación de las uniones comunales, los propios actores locales y no por lo que indique la prensa o el rating del momento. La idea es anticiparse y combatir el delito y no que tengamos el plan cuadrante cuando ya estén instaladas las redes de delincuencia.
En conclusión, la eliminación del artículo 4° transitorio debiera ir acompañada de un compromiso político que consagremos en la Cámara de Diputados, y no me cabe dudas de que generará consenso, pero con rasgos y puntos claros y precisos, para que sobre esa base, el aumento de la dotación de carabineros en diez mil cupos se traduzca en mejores condiciones, en mejor distribución territorial, en infraestructura y en recursos complementarios para que la población tenga mayor seguridad y la institución cuente con la mejor cobertura.
Por último, por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al ministro , para que lo transmita al ministro de Defensa y, principalmente, a Carabineros, que es importante establecer una reevaluación de la normativa interna de la institución para determinar dónde localizar nuevas unidades policiales. Muchas veces las ciudades han cambiado enormemente su distribución territorial, han crecido nuevos barrios y otros han disminuido su población, pero histórica y precisamente en esos barrios estaba radicada la unidad policial. Así las cosas, muchas veces las unidades quedan deslocalizadas de los nuevos barrios donde hay mayor conflictividad o mayor concentración. Por ello, es importante consagrar una nueva metodología consensuada por la policía y por el Gobierno para establecer una mejor distribución territorial de Carabineros.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente , sin duda el proyecto es importante, porque continuando lo que se había hecho en los Gobiernos de la Concertación, en particular durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet , permite seguir aumentando la dotación de Carabineros de Chile, institución que requiere de un aumento sustancial de su personal. Por cierto, el Gobierno, en la misma línea y con la misma consistencia, pretende impulsar dicho aumento, y nosotros, desde el Congreso Nacional, como colegisladores, hemos ido ayudando a que así sea.
Sin embargo, hay que ser sumamente claros en relación con las consecuencias que puede acarrear la supresión del artículo 4° transitorio, modificación introducida por el Senado a que hizo referencia el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Uno podría entender dicha disposición en relación con el artículo 3° transitorio, que básicamente establece que el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley en tramitación se financiará con los recursos que se contemplan en el presupuesto de Carabineros de Chile y, en lo que no alcanzaren, con cargo a aquellos que se consignen en la partida presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.
Como el artículo 4° era un tanto condicional, es evidente que la aclaración hecha por el ministro ayuda a despejar la duda; pero en esto debemos ser lo más claros, persistentes, reiterativos y hasta majaderos -dentro de lo posible- porque no es lo mismo decirlo que consagrarlo en forma expresa en el texto legal en estudio, como lo hacía el artículo 4° transitorio que suprimió el Senado, que establecía lo siguiente: “El aumento de plantas considerado en esta ley, operará a medida que las leyes anuales de presupuesto, a partir del año 2011, contemplen los recursos necesarios y que correspondan ser financiados por el Estado, para el equipamiento, vestuario, cuarteles, movilización, salud y previsión del personal de Carabineros”.
En consecuencia, debemos entender, a contrario sensu, que al suprimir el artículo 4° transitorio, el financiamiento se basará en lo que dispone el artículo 3° transitorio. Por eso, subsiste la duda luego de la explicación entregada por el ministro , porque sus palabras concuerdan, si mal no entiendo, con el tenor del artículo 4° transitorio, precisamente el que se suprime.
Dejo planteado el punto, porque, sin duda, todos queremos que el incremento se mantenga y que no existan obstáculos para ello.
Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al ministro que en las últimas décadas, varios cuarteles de Carabineros se han financiados con platas de los gobiernos regionales, por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Entonces, no queremos que recursos que, en esencia, debieran tener otra finalidad, terminen destinándose a proyectos tan importantes como el que conocemos hoy, que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile, el cual es de carácter nacional y debiera contar con recursos garantizados.
Incluso, en algunos casos ha ocurrido que el levantamiento de nuevas unidades o la dotación de infraestructura propiamente tal se ha hecho con recursos comunales - bienvenido sea si algunas comunas disponen de recursos para hacerlo, pero la idea es que el referido aumento de plantas, dado que se trata de una política de Estado, que transversalmente apoyamos, debe financiarse con recursos del Estado, y no comprometer los recursos regionales o de alguna comuna determinada, salvo que se trate de una que, dada su excelencia económica -son pocas en Chile-, tenga recursos disponibles para ese esfuerzo.
Por último, es importante que se revise la decisión relacionada con el cierre de cuarteles. Ya se dijo acá, pero hay que establecerlo con claridad. Doy un solo ejemplo: el cuartel de La Punta, de la comuna de San Francisco de Mostazal, fue cerrado; pero después, el alto mando institucional determinó que era necesaria su reapertura, porque quedaba un territorio demasiado extenso sin la adecuada protección en términos de seguridad que brinda Carabineros de Chile.
Por lo tanto, es fundamental que la implementación de nuevas dotaciones vaya de la mano de un estudio profundo -por cierto, Carabineros lo ha hecho, pero a veces faltan los recursos-, a fin de revaluar posibles reaperturas, como ocurrió con la localidad de La Punta, de la comuna de San Francisco de Mostazal, del distrito N° 33, dado que era necesario corregir ese error.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum .
El señor SAUERBAUM .-
Señor Presidente , como ya lo conversé con el ministro , espero que con ocasión de la redistribución de carabineros que se hará, se tomen en consideración los sectores rurales.
El fin de semana estuve en el sector de El Torreón, cerca de San Carlos, en la provincia de Ñuble, en el límite con Ñiquén. Carabineros se ubica a 40 kilómetros de distancia de dicho sector. En consecuencia, ahí campea la delincuencia sobre las casas solitarias que se encuentran en la mitad del campo, y las denuncias se hacen mucho más complicadas.
Por lo tanto, me gustaría que los sectores rurales sean considerados dentro del aumento de las plantas de Carabineros y discutir sobre la distribución de las respectivas dotaciones.
Finalmente, aprovecho de agradecer al Presidente Piñera por el cumplimiento de este compromiso de campaña, por lo cual estamos muy satisfechos.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia.
El señor LARROULET ( ministro secretario general de la Presidencia ).-
Señor Presidente , deseo aclarar algunas inquietudes que se han planteado en las últimas intervenciones.
En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con el diputado De Urresti en que el proceso para definir dónde trabajarán los 10 mil nuevos carabineros en las distintas comunas y los 15 nuevos planes cuadrantes del 2011, debe ser riguroso.
Esto se explicó en las comisiones respectivas cuando se analizó el proceso y se establecieron los criterios, los cuales tienen que ver con el número de habitantes, la cantidad de denuncias, la prevalencia de drogas y las diferentes situaciones sociales, entre otros. Los criterios son fundamentales: existen, son conocidos, transparentes y se puede acceder a ellos con mucho más detalle.
En segundo lugar, la experiencia mundial señala que no hay éxito en el combate contra la delincuencia si no participa la comunidad. Esto es muy relevante.
Ante eso, reafirmo que en esta estrategia, el Gobierno tiene muy presente la participación de la comunidad.
En tercer lugar, respecto de la duda de fondo y constitucional planteada por el honorable diputado Rincón , existen dos aspectos, que en su momento mencioné. Uno es de naturaleza constitucional. La posición del Ejecutivo en esta materia es que existe una observación válida que planteó el honorable Senado.
El otro es de fondo. Aquí insisto en el hecho de que en la política a implementar lo razonable es dotar a Carabineros de recursos con una mirada estratégica, con el compromiso de incrementar los planes cuadrantes en todas las ciudades que se ubiquen sobre un número mínimo de 25 mil habitantes. Al respecto, es necesario disponer evaluaciones y perfeccionamiento cada cierto período de tiempo.
Por lo tanto, es de suyo razonable que esto se apruebe anualmente en el Presupuesto de la Nación, de manera que el Congreso Nacional tendrá la opción de debatir en torno de esas prioridades.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente , pido votación separada del artículo 4° transitorio, suprimido por el Senado.
El señor BECKER (Vicepresidente).-
Eso es lo que vamos a votar, pues es la única modificación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Corresponde votar la modificación del Senado al proyecto de ley que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile, que consiste en suprimir el artículo 4°.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA INSTITUCIONALIDAD ANTE DESASTRES NATURALES. (Continuación).
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión especial investigadora del estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a desastres naturales.
Antecedentes:
-La discusión de este proyecto, se inició en la 114ª, en 15 de diciembre de 2010, de la legislatura 358ª.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Recuerdo a la Sala que en la sesión del pasado miércoles 15 de diciembre, el diputado señor Jorge Ulloa rindió el informe de la Comisión investigadora, e intervinieron cuatro diputados.
Hago presente que los Comités Parlamentarios acordaron suspender el tiempo de Proyectos de Acuerdo y de Incidentes y agregarlo al Orden del Día.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , quiero partir expresando mi distancia y difiriendo de la afirmación formulada en varias ocasiones por el Presidente de la Comisión investigadora, diputado Jorge Ulloa , en relación con lo que él identifica como la única diferencia existente entre los informes de mayoría y de minoría consignados en el documento en discusión.
El diputado Ulloa minimiza las diferencias que hubo, las que, de hecho, se materializaron en dos conclusiones distintas del informe.
También difiero de él en otro aspecto. Se afirma, como si fuera un juicio compartido por todos los miembros de la Corporación, que el trabajo de la Comisión fue muy serio y que lo único que nos diferenció fue el rol y la responsabilidad que le cupo a la Presidenta Michelle Bachelet . Al respecto, considero que el trabajo de la Comisión pintó para serlo, pero finalmente no lo fue. Escuchamos a quienes estuvieron vinculados a las respuestas frente a las emergencias derivadas del terremoto y del tsunami que afectó a Chile el pasado 27 de febrero, y también la opinión de expertos que nos ayudaran a cumplir uno de los mandatos que nos entregó la Sala, cual era identificar las modificaciones legales, reglamentarias e institucionales que se deben realizar a fin de preparar al país para enfrentar de mejor manera una contingencia de esta naturaleza.
Sin embargo, si bien eso está en el informe de la Comisión, particularmente en la sección en que se da cuenta de las audiencias y de los testimonios de las personas que concurrieron a dicha instancia, ello no se refleja de manera sustantiva en el cuerpo de las conclusiones, porque se tomó la opción de establecer afirmaciones que buscaban un propósito de carácter político.
Lamento que la Comisión haya derivado en eso, porque perdimos la oportunidad de decir a la ciudadanía, desde la Cámara de Diputados -que forma parte del Congreso Nacional, “premiado” con el aprecio de tan sólo el 25 por ciento de los chilenos en la última encuesta que se publicó ayer- que realizamos un trabajo serio y con el propósito de entregar herramientas -las hubo en cantidad suficiente en la Comisión- para que Chile iniciara un proceso de reforma de su institucionalidad, a fin de hacer frente desde todos los niveles -central, local, civil y militar- a las catástrofes, que probablemente nos seguirán acompañando.
Este año nos recibió con un sismo de una magnitud de casi 7 grados en la zona sur, que ha tenido en alerta a la población. El Presidente asiente porque es diputado por la zona.
Eso da cuenta de que si bien estamos realizando ajustes y preparaciones -sobre todo los simulacros efectuados en 2010 para hacer frente a tsunamis, como el que se llevó a efecto en La Serena, comuna del distrito que represento, que reveló nuestras fortalezas, pero también nuestras precariedades-, hay cosas, como las mencionadas, que uno busca en el informe, pero no están. Tampoco figuran en la sección de las conclusiones, que es la médula de lo que queremos decir a la sociedad chilena respecto del trabajo que llevó a cabo la Comisión investigadora encargada de analizar una de las catástrofes más grandes que ha debido enfrentar nuestro país en los últimos años.
Cabe preguntarse por qué esto es así. A mi juicio, porque finalmente primó la tentación de tratar de sacar pequeñas ventajas; en especial, ver si era posible -digamos las cosas como son-, a través de este informe, inferir algún daño político a la identidad, al prestigio, al reconocimiento y al cariño que los ciudadanos tienen por la ex Presidenta Bachelet .
Tras la lectura del informe y, en especial, después de observar lo que ocurrió, debemos preguntarnos por qué Chile no estuvo en condiciones de hacer frente a una catástrofe de ese tipo, de la forma en que debe hacerlo un país con el desarrollo institucional que tiene Chile.
Por otra parte, se nos olvida que los chilenos tuvieron la posibilidad de fiscalizar una parte importante de la respuesta que tuvieron las instituciones frente a la catástrofe, a través del famoso video que todos pudimos y que aún hoy podemos ver, en donde aparece de manera nítida, auténtica y sin filtro la forma en que desde la entonces Presidenta de la República hasta los representantes de las instituciones civiles y militares vinculadas a la respuesta frente a esta emergencia, encararon la situación en los minutos y las horas inmediatamente posteriores al terremoto y el tsunami. Ese video es un testimonio que grafica de manera clara y nítida el principal problema que debimos haber consignado en el capítulo de las conclusiones, más que hacer el listado de los culpables o inocentes, lo que, a mi juicio, tiene un sesgo político completamente responsable.
Por lo tanto, la primera conclusión que quiero dejar planteada dice relación con lo que revelan el trabajo de la Comisión investigadora y el video al que tuvieron acceso todos los chilenos, cual es la precariedad institucional con la que Chile hace frente a las catástrofes.
Al respecto, quiero dar a conocer algunos datos que son importantes de reseñar. La Onemi fue creada en 1974, es decir, hace 36 años. Hasta 2006 contaba con sesenta funcionarios, todos los cuales trabajaban en Santiago; sólo a partir de 2007 se contrató personal técnico para cubrir el resto de las regiones. En mayo de 2010, el 53 por ciento de las oficinas regionales no contaba con equipos de telecomunicaciones.
Señor Presidente , muchas de las cosas que figuran en el informe puedo acreditarlas en mi condición de ex gobernador provincial y, en virtud de dicho cargo, responsable de la oficina provincial de emergencia de la provincia de Elqui. Quienes tuvieron oportunidad de desempeñar funciones similares, podrán ratificarlo.
También cabe hacer presente que en cerca del 50 por ciento de las oficinas de la Onemi no se cuenta con turnos 24/7, y que su presupuesto se mantuvo inalterable prácticamente durante 32 años. En cambio, entre 2006 y 2009 -es decir, bajo el gobierno de la ex Presidenta Bachelet -, su presupuesto aumentó en 600 por ciento, lo que permitió que Onemi tuviera oficinas en regiones por primera vez en sus 36 años de historia.
Como dato ilustrativo, quiero dar a conocer que el edificio que alberga a las oficinas de la Onemi data de 1920. El 50 por ciento de sus instalaciones resultó destruido como consecuencia del terremoto de 1985, y el edificio nunca fue reparado. Al momento del terremoto existían sólo tres camionetas con capacidad para comunicarse con la Onemi vía satélite, todas ellas en Santiago.
Respecto del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, es necesario mencionar que funciona sólo en días hábiles, es decir, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Por consiguiente, se encuentra cerrado los fines de semana y en días festivos.
En cuanto a la edificación en zonas de peligro -materia a la que se refirió ayer el diputado Montes y que aparece en el informe, aunque no en las conclusiones-, existen áreas definidas como de inundación. Me gustaría invitar a los colegas a dar un paseo por mi distrito, específicamente por la avenida del Mar, en donde todas las edificaciones se encuentran en zona de inundación. Se trata de una zona habitada por muchas personas.
Por lo tanto, nadie se explica por qué se permite la existencia de construcciones en zonas de alto riesgo. La investigación que hicimos y el video por todos conocido -que, por lo demás, es un testimonio del que no debemos olvidarnos jamás- revelan los difíciles problemas de comunicación y de coordinación que quedaron al descubierto entre las Fuerzas Armadas y la Onemi. ¡Por favor, no insistamos más en que un decreto firmado semanas antes del terremoto es la causa de los problemas de coordinación entre la Onemi y las Fuerzas Armadas y, por qué no decirlo, al interior de las Fuerzas Armadas! Deseo reafirmar lo que dijo ayer el diputado señor Juan Carlos Latorre : existe una mal entendida lealtad con las Fuerzas Armadas. Hay que decirlo: las Fuerzas Armadas no estuvieron a la altura de las circunstancias, salvo el Ejército, que estuvo bien tanto en lo que dice relación con sus redes de comunicación interna como en las labores que le correspondió emprender inmediatamente después de producida la catástrofe y con posterioridad. Pero la Fuerza Aérea y la Armada no estuvieron a la altura de las circunstancias. Esto se desprende no sólo del resultado de nuestra investigación; es cosa de apreciar el famoso video. La entonces Presidenta de la República -en general, cualquier Jefe de Estado- ante el surgimiento de una emergencia, no podía sino actuar auxiliada por quienes tenían la responsabilidad de entregarle los antecedentes y la información para tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué se aprecia en dicho video? Que se pidió un helicóptero que nunca apareció ¿Qué explicación se entregó? Que no había pilotos en el aeropuerto de Pudahuel en el sector donde estaban albergados los helicópteros. ¿Acaso una de las primeras responsabilidades de la Fuerza Aérea no debiera ser tener disponibilidad de despegue inmediato de un vehículo de transporte aéreo en caso de emergencia o de un requerimiento, en este caso, ni más ni menos que de la Presidenta de la República ?
Ahora, cuando se pidió información acerca de lo que estaba sucediendo en las zonas afectadas fue la entonces Presidenta de la República quien asumió inmediata y personalmente la jefatura de todos los organismos públicos vinculados a la emergencia. ¡Eso es lo que los chilenos vieron! Una Presidenta de la República que, sin tener la obligación de estar en ese lugar, estuvo coordinando la ayuda.
Otro ejemplo vinculado a las Fuerzas Armadas. El almirante Macchiavello , responsable de la zona naval de Talcahuano, según el reglamento y las disposiciones legales, debió haberse apersonado en el comité de emergencia regional para colaborar, desde ahí, con el intendente de la Región del Biobío en la solución de la catástrofe. No obstante, en la Comisión dijo que había preferido quedarse en su puesto de trabajo, porque estaba preocupado de las consecuencias en la base de Talcahuano. Eso no lo celebro ni lo felicito; incluso, creo que el almirante Macchiavello actuó mal, porque él no está al servicio de la base naval de Talcahuano, sino de Chile. Por lo demás, la reglamentación vigente dice que debió ponerse a disposición del intendente regional en el comité de emergencia y no enviar a un delegado en su representación, porque, insisto, su preocupación principal en ese caso no era la base naval de Talcahuano, sino, toda la Región del Biobío. Por lo tanto, actuó mal y no lo decimos.
Por otra parte, en el informe se consiga que, ese mismo día, la Fuerza Aérea tenía programado un traslado en avión de hijos de efectivos que trabajan en isla de Pascua. Es decir, con planificación se puede tener preparado un alistamiento en febrero. Incluso, una de las informaciones que se nos entregó, a propósito del traslado de efectivos de las Fuerzas Armadas para controlar los saqueos, fue que no había efectivos suficientes, porque el personal estaba licenciado. Es más, recuerdo que una de las bromas o ironías que se dijeron en la Comisión fue que ojalá nunca tengamos que enfrentar un evento bélico en febrero, porque no tendremos cómo responder si el personal se encuentra licenciado, considerando que no tenemos capacidad de alistarlos en forma rápida. Recuerdo otros ejercicios de alistamiento, pero en realidad no vienen al caso.
Entonces, no es posible que el informe no diga la verdad o que no recoja de manera auténtica que el verdadero problema no es si el ministro del Interior llegó o no a tiempo del sur -se encontraba presente la entonces Presidenta de la República ; si hubiese estado presente el ministro , igualmente hubiese conducido la catástrofe la Presidenta , como queda graficado en el video- sino que el conjunto del dispositivo institucional del Estado chileno adolece del mismo defecto que permite que ocurran incendios en las cárceles, que mueran niños en centros del Sename a causa de incendios, que operen minas, como San José , que generan crisis; es la precariedad institucional del Estado chileno, la incapacidad de dotarlo de las herramientas tecnológicas, técnicas, económicas y humanas para estar a la altura de los requerimientos y exigencias de la sociedad.
Vivimos en un país de ingresos medios y medios altos, y tenemos un Estado de país pobre, porque nunca entregamos a nuestras instituciones públicas los recursos suficientes. ¿Cuántos recursos hemos gastado en submarinos, en buques, en aviones F-16? No lo cuestiono; pero, ¿cómo es posible que no hayamos tenido ninguna posibilidad de contar -salvo en el Ejército- en la Armada y en la Fuerza Aérea con sistemas de comunicación redundantes, infalibles y dotados de todas aquellas cosas que, de acuerdo con lo que nos dijeron los comandantes en jefe en la Comisión investigadora, ahora sí se considerarán? A lo mejor, un F-16 no cuesta, más que todos esos sistemas ultramodernos que hoy se instalarán, pero que no estuvieron instalados cuando se requirieron.
¿O pensamos que Chile dejó de ser un país sísmico porque, desde 1985, nunca más había ocurrido algo así?
Entonces, con ocasión de esta catástrofe se reflejan todas las debilidades más dramáticas de nuestro país: nuestra incapacidad de entregar a las instituciones públicas los recursos necesarios para estar a la altura de lo que Chile necesita, y nuestra incapacidad de mirar, a largo plazo, cómo enfrentar este tipo de situaciones. Suele ocurrir que, después de las catástrofes, nos alertamos, presentamos proyectos de ley y anunciamos grandes reformas, pero no pasa nada. Una vez que baja la atención mediática, no pasa nada.
Un cientista político chileno recordaba que en este tipo de materias pasa lo mismo que en la vida, en particular, desde que los tiempos mediáticos se nos vinieron encima: decrece la atención mediática; y como estas reformas no rinden frutos -uno no sabe cuándo ocurrirá un terremoto o un tsunami- pierden relevancia o prioridad en la agenda política y, en consecuencia, los problemas no se resuelven.
Ayer, el diputado señor Carlos Montes nos señalaba todas las inercias burocráticas asociadas a la instalación de la red de sismología de la Universidad de Chile, lo que permite concluir que una inversión importante -por aquí tengo las cifras; creo que son 26 millones de dólares- finalmente no se concreta, porque ha existido tal nivel de trabas burocráticas, que, en vez de ser una mejoría, está convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la Universidad de Chile.
Me habría gustado que quedaran reflejadas estas reflexiones en las conclusiones de la Comisión investigadora, y no este propósito político, que lamento mucho, que busca generar el debate que nos planteaba el diputado Ulloa , en el sentido de que la única diferencia es que, unos piensan que la Presidenta Bachelet estuvo a la altura de las circunstancias, y otros, no.
Los socialistas vamos a rechazar el informe, porque nos parece poco serio, no refleja lo que realmente ocurrió en la Comisión y no está a la altura de lo que los chilenos esperaban. Nosotros debimos haber sido capaces de responder como Cámara de Diputados. El debate no es sobre el rol de la Presidenta Bachelet . Al respecto, si hay algo que quedó claro para todos los chilenos -todos tendrán su juicio- es cómo actuó la Presidenta de la República y cómo condujo la crisis, así como las precariedades y debilidades con que se encontró para enfrentar la situación. Ese video de la Onemi es el mejor testimonio de lo que hemos afirmado. No había posibilidad alguna de reaccionar de un modo distinto en el contexto de la profunda precariedad de las instituciones civiles y militares con que cuenta el Estado chileno para hacer frente a crisis y catástrofes de esta envergadura.
Surgen juicios y reproches, unos más fuertes, otros más suaves. Si duda, la Onemi no estuvo a la altura de las circunstancias; no lo estuvo su directora. Al respecto, discrepo de la afirmación del diputado señor Juan Carlos Latorre . Creo que la Onemi y su directora, no cumplieron con los chilenos; tampoco el Shoa.
Quienes presentamos el voto de minoría, valoramos la actuación del comandante en jefe de la Armada , pero sobre la base del reconocimiento del error de su institución, de las debilidades de su institución. Sin embargo, una de las diferencias entre las conclusiones de mayoría y de minoría, es que unos celebran la actuación de la Armada, y otros, valoramos la hidalguía de reconocer que no estuvo a la altura de lo que los chilenos querían.
Reconocemos, en cambio, el buen desempeño del Ejército -nos parece que hay que decirlo-, de Bomberos, de Carabineros.
Asimismo, constatamos la debilidad y precariedad existente en todo Chile y las modificaciones que hay que hacer desde el punto de vista tecnológico, en materia de recursos humanos; la centralidad de la inversión que hay que hacer en personal capacitado; disponer, como corresponde, del funcionamiento 24/7 de una institucionalidad que haga frente a catástrofes en un país que sufre habitualmente terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, en fin. Chile es un país marcado a sangre y fuego por las catástrofes. En consecuencia, debe contar con una institucionalidad de primer mundo, y no como ocurre hoy, que no es de tercer mundo, sino de quinto mundo. A mi juicio, esa debe ser la principal reflexión de esta Comisión investigadora.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión por la forma en que trabajó, en el sentido de que desarrolló su labor de manera seria, sistemática y permanente en el tiempo.
En segundo lugar, quiero agradecer a las ex autoridades y a las autoridades en ejercicio, y, en general, a todos quienes asistieron y aportaron con sus experiencias y conocimientos en relación a con el terremoto del 27 de febrero.
Más allá de las conclusiones de la Comisión, informadas en su minuto por su presidente , creo pertinente rescatar ciertos puntos que me parecen centrales, y en los que, creo, todos coincidimos. Uno, que el Estado de Chile no puede volver a mostrar las deficiencias frente a una catástrofe como la del 27 de febrero, y dos, que, por ende, debemos modificar sustantivamente los planes para enfrentar las emergencias y transformar profundamente las instituciones encargadas de afrontar los desastres naturales, que de manera tan frecuente nuestro país vive y seguirá viviendo.
Dicho esto, creo pertinente, sin embargo, aclarar que si bien hemos coincidido en este diagnóstico general, claramente tenemos una gran discrepancia en torno de las responsabilidades políticas derivadas del terremoto. Este dato no es menor, porque a quienes vivimos el terremoto, el tsunami y los saqueos, no se nos puede decir que la conclusión final es que el gobierno de la época y específicamente quien lo encabezaba, no poseen ninguna responsabilidad.
Tampoco se nos puede decir que la magnitud de la catástrofe hizo imposible controlar la emergencia y evitar muertes, y que, por tanto, la culpa final de las omisiones y acciones erradas es del terremoto.
Quienes vivimos la cara más dura del trágico 27 de febrero, sabemos que nada funcionó; que por unos días, el Estado de Chile simplemente dejó de existir en varios lugares de la Región del Biobío; que los saqueos pudieron ser evitados o por lo menos atenuados con la suficiente y oportuna decisión política; que los lugares donde se entregaban suministros de alimentos y combustibles fueron inutilizados por las turbas, haciendo más lenta y dolorosa la recuperación; que por más de un mes fue necesaria la militarización de amplias zonas geográficas con tanquetas, armamentos, puestos de control, toque de queda y salvoconductos: No olvidaremos las fogatas nocturnas, las guardias entre vecinos, las ollas comunes, el temor, la angustia y el dolor de muchas personas que perdieron a seres queridos. Tampoco podemos olvidar que a los habitantes de la costa se les dijo que podían regresar a sus casas. Los que le creyeron a la entonces Presidenta de la República , hoy están muertos.
Por eso y por muchas historias más, llenas de dolor y sufrimiento, desde el año pasado le hemos pedido al ex gobierno, a la ex Presidenta y al ex ministro del Interior que ofrezcan disculpas; que pidan perdón, en nombre del país, por todo lo que no se hizo, lo que se hizo mal y lo que se dejó de hacer. No me parece justo ni valiente que quien presidía la Nación en ese momento, eluda claramente su responsabilidad. La responsabilidad, señor Presidente , no se delega. Repito: la gente de mi región, después de sufrir todo lo que sufrió, de padecer condiciones tremendamente adversas, de vivir el desamparo y el abandono de parte del poder público, merece mucho más que el reconocimiento de la responsabilidad política; merece que la ex Presidenta reconozca que su gobierno lo hizo mal, muy mal, frente a la tragedia que nos golpeó el 27 de febrero y, definitivamente, pida perdón por todos los fatales errores y omisiones, cuestión que, a casi once meses de aquel fatídico día, aún no ocurre.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , la idea de buscar un responsable de las consecuencias del terremoto, marró el trabajo de la Comisión. La Comisión hizo un buen trabajo. Sin embargo, al final, una discusión política sobre si había un responsable o no, llevó a que no tuviéramos conclusiones ni propuestas claras, integradas, para que la Cámara de Diputados o el Ejecutivo pudiera iniciar inmediatamente una discusión legislativa al respecto.
A veces, algunos olvidan la historia -incluso, algunos están proponiendo eliminar algunas horas de enseñanza de historia en nuestras escuelas,- y quiero recordar algo de la historia.
El 1 de diciembre de 1928, un sismo de magnitud 8,3 grados en la escala de Richter azotó el valle del Maule. Los daños mayores se produjeron en Talca, Curicó y Constitución, arrojando un balance de trescientos muertos, casi un millar de heridos y un total de 127 mil damnificados.
A raíz de este terremoto se aprobó la ley N° 4.563, de 1929, que históricamente es el primer cuerpo legal que regula la ordenación urbanística del país al establecer que toda ciudad con más de veinte mil habitantes debía elaborar un plan general de transformación destinado a fijar las líneas de edificación. Esta ley se complementó con normativas de 1931.
Además, en dicha ley se dispuso la obligación de crear en las respectivas municipalidades el cargo de director de obras, función para la cual quedaron habilitados arquitectos o ingenieros civiles.
El 24 de enero de 1939 tuvo lugar un sismo en Chillán, que alcanzó una magnitud de 8,3 grados en la escala de Richter, con un balance de entre veinte mil y treinta mil personas muertas, según la prensa de la época. Este sismo ratificó las debilidades antisísmicas en relación con materiales de construcción como el adobe y las albañilerías. Lo único que se salvó de la destrucción fueron seis viviendas de albañilería de ladrillo reforzado, levantadas en Chillán, conforme a las disposiciones de la Ordenanza General de 1931.
Con esto, quiero decir que ante estas catástrofes, el país reaccionaba produciendo normativas que previnieran la ocurrencia, sobre todo, de desgracias personales.
El 21 de mayo de 1960, un terremoto de magnitud 7,25 grados en la escala de Richter afectó a la Región del Biobío, causando graves daños en Concepción, Tomé, Penco, Coronel y Lota, y daños algo menores en Los Ángeles, Angol y Mulchén .
Al día siguiente, el 22 de mayo, un nuevo sismo con características de cataclismo afectó el vasto territorio comprendido entre las ciudades de Victoria y las islas de Chiloé, con epicentro próximo a la ciudad de Valdivia. El sismo fue seguido por un maremoto de magnitud colosal. Sucesivas olas de hasta diez metros de altura azotaron las costas de la región, destruyeron pueblos costeros, caletas de pescadores e instalaciones portuarias, y provocaron el naufragio de numerosas embarcaciones. Este sismo alcanzó la magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter y la prensa de la época informaba de más de mil quinientos muertos, aunque se estima que el número fue muy superior. Una ola devastadora recorrió todo el océano Pacífico y destruyó viviendas e instalaciones portuarias hasta en Japón. En Hawai, perecieron treinta y cuatro personas, y hubo damnificados en esa isla, en las islas Kuriles , en Australia y en Nueva Zelanda.
Todos sabemos que este cataclismo produjo hundimiento del terreno hasta en cuatro metros y cambio de la situación geográfica de la región.
La experiencia extraída de esta tragedia determinó, en 1960, la incorporación del artículo 30 en la Ordenanza General de Construcciones, que disponía que las direcciones de obras municipales estaban facultadas para ordenar el reconocimiento del subsuelo. Desgraciadamente, esta disposición cayó en desuso a partir de las modificaciones incorporadas en 1977 y 1981, destinadas a liberar la iniciativa constructora privada de limitaciones supuestamente consideradas burocráticas. En esa oportunidad, el gobierno de Jorge Alessandri tomó la medida de que urbanistas calificados del MOP fueran asignados de inmediato a la tarea de reestudiar los planos reguladores, a fin de enfrentar la reconstrucción.
A pesar de que ese año se produjo un gran tsunami, se prestó poca atención al impacto producido por éste. No se incorporó mención alguna de este fenómeno en la Ordenanza General ni se ordenó introducir modificación alguna en los planos reguladores vigentes o fijar áreas de riesgo en la elaboración de los futuros estudios urbanísticos del borde costero.
Después se sucedieron terremotos en La Ligua, en 1971, y en Valparaíso, en 1985. Ese año, desgraciadamente, se suprimieron las disposiciones que obligaban a realizar estudios de mecánica de suelos; no se ejecutaron fundaciones apropiadas para terrenos cuya resistencia y composición se ignoraba -fue lo que produjo el derrumbe de varios edificios-; se eliminaron los mecanismos de fiscalización, dejando esta responsabilidad en manos del mismo promotor inmobiliario; se acabó la legendaria inspección técnica de obras (ITO); es decir, representantes del fisco que fiscalizaban en terreno el correcto cumplimiento de lo establecido en planos y especificaciones técnicas; se puso fin a los revisores de cálculos en las direcciones de obras, transfiriendo esta responsabilidad a revisores independientes contratados por las mismas empresas inmobiliarias.
Como se sabe, el 27 de febrero se produjo el que podemos llamar el “terremoto de Cobquecura”, de una magnitud de 8,8 grados en la escala de Richter. A diferencia de los mega terremotos anteriores, por primera vez presenciamos el desplome de una construcción reciente de hormigón armado y de quince pisos de altura: el edificio de departamentos “Alto Río”, de Concepción, donde perdieron la vida ocho personas.
Sólo en la Región Metropolitana hay cuatro inmuebles que ya cuentan con decreto de demolición y otros quince han sido declarados inhabitables. En total, son más de dos mil seiscientos los propietarios de la capital que han debido abandonar sus departamentos. Un cuadro semejante se presenta en Talca, Linares , Parral , Chillán , Concepción e, incluso, Viña del Mar.
He dicho todo esto por una razón: porque la historia nos demuestra que no es posible conocer la fecha exacta de un evento catastrófico de esta magnitud, pero lo que sí es posible saber y con seguridad -cuestión que quedó fehacientemente demostrada en las conclusiones de la Comisión- es que estas catástrofes en algún momento se producirán porque en Chile, a raíz de la permanente colisión entre las placas de Nazca y Sudamericana, se produce una permanente acumulación de energía, que en algún momento tiene que liberarse por algún lado.
Por eso, la Comisión debió haber planteado más propuestas de mejora en las conclusiones para estar preparados para futuras catástrofes. A nadie culpo, toda vez que formé parte de la Comisión, pero sí es necesaria una mirada autocrítica, porque si no se adoptan medidas, los riesgos que podemos enfrentar en el futuro son enormes.
En la Comisión fui de los que pensaban que debíamos concluir en un informe único, que entregara al país un cuerpo de propuestas legislativas ordenadas, claras e integradas. Pienso que a última hora perdimos el tiempo en una discusión bizantina, en procura de determinar si tal persona tenía más responsabilidades que otras.
Como dije, las medidas y las normativas sobre tratamiento del borde costero son insuficientes. Las zonas de impacto están determinadas. Por lo tanto, debiéramos tener normativas especiales para esas zonas de impacto ante posibles tsunamis que, en algún momento, se producirán. Así lo anticiparon los científicos que concurrieron a la Comisión investigadora.
Por eso, se deben adoptar una serie de medidas preventivas y dictar normas, especialmente en materia de construcción de viviendas e infraestructura, para evitar la ocurrencia de desgracias.
Se requieren normativas especiales en materia de comunicaciones, las cuales fallaron estrepitosamente tras el terremoto. Ningún servicio de emergencia, civil o militar, fue capaz de informar -en momentos que señalaban al país que no existía riesgo de maremoto y que el SHOA había levantado la alerta- que ya había ocurrido un tsunami en varias zonas costeras del país. Es decir, hubo incapacidad total de la institucionalidad del Estado para advertir a la población que corría peligro de muerte. Fue necesario que el tsunami afectara al Archipiélago de Juan Fernández y que se recibieran un par de llamadas telefónicas, para que las más altas autoridades, civiles y militares, se dieran cuenta de que Chile estaba siendo azotado por ese fenómeno.
También quedó establecido que en Chile existen zonas de sacrificio. Recordemos que con ocasión del temblor del 2 de enero recién pasado, en Temuco, el SHOA demoró más de 15 minutos en determinar que no había alerta de tsunami. Lo cierto es que 14, 15 o 20 minutos para advertir de un tsunami es mucho tiempo. Por eso, en la Comisión algunos especialistas hablaron de zonas de sacrificio, donde no es posible llegar con aviso de carácter alguno. Para estas zonas, la única señal para evacuar es la intensidad del sismo. Por lo tanto, deben existir normativas para apoyar la institucionalidad preventiva en esas zonas.
Para la reconstrucción del país es necesario tener en cuenta el estudio histórico de los terremotos, lo vivido por la gente durante la catástrofe y la experiencia ganada durante el período posterremoto y de reconstrucción.
Además, el Gobierno debiera preocuparse de promover mayor participación ciudadana, a fin de adoptar medidas preventivas y de reconstrucción adecuadas. Al respecto, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿seguiremos reconstruyendo en el borde costero, como si nada hubiera pasado? ¿Qué medidas se adoptarán? ¿Qué pasará con las personas que tenían propiedades en las zonas de impacto? ¿Serán sacadas de esos lugares; serán expropiados sus terrenos? A la gente que vivía en el borde costero, ¿se le construirá de todas maneras en lugar cercanos a la costa para que no pierda sus fuentes de trabajo y su forma de vida?
El Gobierno está en la obligación de plasmar una serie de normas en un proyecto de ley, de manera de avanzar en el plano legislativo. Las cosas no pueden quedar como están. El Congreso Nacional sería muy irresponsable si no insistiera en legislar con mayor premura, mayor cuidado y mayor profundidad en esta materia.
La normativa debe alcanzar todos los niveles, incluso el militar, toda vez que muchos se preguntan, por ejemplo, por qué no zarpó la Escuadra, en circunstancias de que la norma así lo aconseja ante el peligro de tsunami. Se nos dijo que no zarpó a alta mar porque no hubo comunicación con las naves fondeadas en Talcahuano. ¡Bien, no hubo comunicación! Pero en Valparaíso, los buques detectaron un alza de marea, detectaron que algo inusitado ocurría, que había peligro de tsunami; sin embargo, la Escuadra fondeada en Valparaíso no zarpó.
Hay preguntas como esas. No estoy culpando a nadie, porque pienso que no es la intención de la discusión. Si existen pruebas fehacientes que demuestren culpabilidad de alguien en las muertes por el tsunami, eso tendrá que dilucidarlo la justicia. A nosotros nos competen sólo las responsabilidades políticas.
También será necesario reponer entes fiscalizadores que existieron en el pasado y crear otros, mucho más estrictos que los que hasta hoy hemos tenido, porque con la vida de las personas no se juega. Lo digo, porque esta Cámara, amén de sus obligaciones como ente fiscalizador, también debe velar por que la vida de los ciudadanos sea mucho más segura.
Por último, quiero dejar constancia de la ayuda que tuve, sobre todo en relación con la historia de los terremotos, del arquitecto Miguel Lawner, profesional que ha participado, por lo menos, en un par de reconstrucciones del país.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , antes de entregar mi opinión sobre el informe, voy a hacer algunas precisiones.
Ayer, con ocasión del fuerte del temblor del pasado fin de semana, se dijo que el Presidente de la República había informado sólo tres horas después. Eso no es correcto. La Onemi, 19 minutos después del sismo, informó que no había alerta de tsunami. Digamos las cosas como son. El Presidente de la República , tres horas después del sismo hizo un balance de lo ocurrido y afirmó que había tranquilidad en nuestras costas.
En seguida, la Concertación, con una tremenda caradura, ha dicho que el informe es insuficiente, que no está bien hecho. Les recuerdo que ellos participaron en la Comisión investigadora y que prepararon su informe. Además, pidieron plazo extra, porque no lo tenían listo. Por lo tanto, me queda claro que no habían trabajado lo suficiente en ese informe, y tuvimos que esperar para poder votarlo. Finalmente, ese informe se perdió. Es verdad lo que dijo el Presidente de la Comisión , diputado señor Ulloa , en el sentido de que en la gran mayoría de los temas había acuerdo, y que había diferencias respecto de algunos temas puntuales.
Pero quiero hablar sobre este informe, no como miembro de la Comisión, sino como diputado de la zona del epicentro del terremoto -Cobquecura- nacido en Quirihue y, por consiguiente, conocedor de la realidad que ha sufrido la gente después del 27 de febrero.
Esta Comisión estuvo casi cuatro meses investigando y escuchando testimonios, y concluyó su labor con la elaboración de un informe que entrega medidas alternativas para mejorar nuestro sistema de emergencia y alerta temprana, pero, además, establece responsabilidades individuales, lo que nos ayuda a comprender qué sucedió la madrugada del 27 de febrero y durante los días posteriores.
Muchos chilenos fallecieron; otros desaparecieron, sin que sus familias tuvieran la tranquilidad de sepultarlos dignamente; el pánico y la desesperanza se apoderaron de otros.
El 27 de febrero y en los días siguientes, el país fue testigo del saqueo más increíble, brutal e inédito de nuestra historia. El temor se apoderó de los ciudadanos y la violencia reinó en las calles. Los vecinos se organizaron para defender a sus familias de grupos que, utilizando la excusa de la falta de abastecimiento, invadieron, robaron, saquearon y quemaron el comercio en comunas afectadas por el terremoto. El caos reinaba y nadie hizo nada. Ésa es la verdad.
Ante tal situación, cabe preguntarse qué rol jugó el Estado con su aparato administrativo. El Estado está al servicio de la persona humana, debe resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia.
Quiero entregar algunos ejemplos de cómo el Estado les falló a los ciudadanos y se transformó en el coautor de la desgracia vivida el 27 de febrero y en los días posteriores.
El error más obvio fue la anulación de la alerta de tsunami por parte del SHOA, mostrando imprudencia y poco criterio, cosa que quedó reflejada en este informe y que, por lo demás, le costó el puesto al capitán de navío señor Mariano Rojas .
Por otro lado, cuando analizamos la capacidad técnica de quienes fueron protagonistas, nos encontramos con profesionales no capacitados para las labores propias de su cargo, como el señor Malfanti , de profesión ingeniero forestal. ¿Qué hacía un ingeniero forestal en la Onemi? Ese señor se dio el lujo de sostener en la Comisión que nunca recibió alerta de tsunami, pues él no la entendió. En forma textual, dijo: “Me quedó poco claro”, en circunstancias de que todo el país vio el fax enviado por el SHOA a las 4.07, en el cual advertía sobre alerta de tsunami en curso. ¿Qué más claro que eso?
¿Por qué el Estado, con fecha 25 de febrero, propuso un protocolo que delimitaba las funciones de las Fuerzas Armadas en caso de catástrofe?
¿Por qué el Estado negó a los radioaficionados los recursos para establecer una red nacional de comunicación, y la señora Carmen Fernández ni siquiera los recibió por considerarlos poco organizados? En realidad, fueron los únicos que pudieron mantener comunicación posterremoto.
¿Por qué el Estado invirtió grandes recursos en vehículos autónomos y en teléfonos satelitales de prepago que nunca funcionaron?
¿Por qué el ministro del Interior actuó con desidia y sin liderazgo, y estuvo al margen de la catástrofe, pese a que la Onemi estaba bajo su tutela?
Podría seguir enumerando los errores del Estado en su tarea de entregar protección a la ciudadanía. En resumen, luego de estudiar los antecedentes, claramente el Estado, por su actuación negligente y tardía, se transformó en un malhechor para los ciudadanos. Ése es el mea culpa que refleja este informe, al establecer responsabilidades individuales e institucionales, con el objeto tácito de ofrecer disculpas a las familias afectadas por la actuación errada del que, se supone, era su benefactor.
Por otro lado, tenemos la figura del Presidente de la República , que tiene a su cargo el Gobierno y la administración del Estado, y quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
La Administración del Estado está al servicio de la persona humana y debe observar los principios de eficiencia, eficacia y coordinación. El Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la Administración, sean por acción u omisión. Los órganos de la Administración son responsables del daño que causen por falta de servicio, y es una atribución especial del Presidente de la República declarar los estados de excepción constitucional en los casos respectivos. Uno de ellos es el estado de catástrofe, en caso de calamidad pública. Una vez declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedan bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República . Precisamente, esa gravísima omisión ocurrió el 27 de febrero. Ni la señora Presidenta ni el señor intendente regional del Biobío tuvieron el coraje y la decisión de ejercer el mandato que la Constitución y las leyes les confieren. Pecaron de impasibilidad, dejaron de hacer y actuaron tardíamente, cuando el daño colosal al comercio y supermercados, los incendios y el pánico eran hechos públicos y notorios. O sea, fueron pusilánimes.
Por esa negligencia, hoy el Estado se encuentra demandado por millones de dólares que pagarán todos los chilenos, y los habitantes de las regiones afectadas quedaron con la marca del temor y de la incertidumbre que produjo el estallido social sin control.
Por lo anterior, la Comisión -de la cual formé parte-, a mi parecer, cometió el error de no acusarlos constitucionalmente desde el primer momento, por su responsabilidad histórica ante tanto daño causado. Ahora todos los responsables por omisión han quedado sin sanción.
Entendemos que la Concertación quiera nuevamente evadir responsabilidades; por lo demás, a eso nos tiene acostumbrados. También entendemos que quieran proteger a la única persona que cuenta con potencial para ser candidata presidencial; pero es inaceptable darle la espalda a la verdad y al país por cálculos políticos pequeños, sin pensar en quienes perdieron la vida, un familiar o un amigo, y en los millones de chilenos que esperan un mea culpa de la clase política.
Anuncio el voto favorable a este informe de la bancada de Renovación Nacional, y en nombre de los fallecidos y desaparecidos en esta tragedia, pido a los partidos de la Concertación que tengan el coraje de asumir que la clase dirigente no puede desentenderse ni hacer defensas corporativas de sus miembros. Eso nos ha alejado de la ciudadanía y nos tiene como los peor evaluados. No esperamos que la Concertación haga un mea culpa. Eso los tiene tan alejados de la ciudadanía y tan bajos en las encuestas. Por lo demás, el día en que la Concertación haga un mea culpa será el del próximo terremoto.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta , uno no puede sino lamentar las palabras del colega que me antecedió en el uso de la palabra, el cual llegó a tratarnos de flojos a quienes integramos esa Comisión.
Creo que sería bueno que él leyera nuestro Código de Ética, sobre todo algunas letras de su artículo 7°, que seguramente desconoce. ¡Qué decir del diputado de la UDI que me antecedió en el uso de la palabra -me refiero al colega Van Rysselberghe -, también de la Octava Región! Todos esperamos en esta Sala que, con la misma vara con que se juzga de manera tan vehemente a la Presidenta Bachelet , se juzgue a todas las autoridades de Gobierno de la Octava Región.
Uno no puede sino lamentar ese tipo de expresiones parlamentarias. Por eso, me remití al artículo 7° del Código de Ética, porque las diferencias políticas son totalmente legítimas, pero pretender decir que algunos trabajan y otros no, simplemente es caer en un despropósito o descriterio que no podemos aceptar en esta Sala, ¡de nadie!
Quise intervenir porque tuve una posición sui géneris y distinta de todos mis colegas de la Comisión. Pedí expresa consignación de mis opiniones en el trabajo de la Comisión, que, por cierto, fue largo, arduo y contó con bastante aporte de todos los diputados que la integraron. Si uno lee el informe, puede tener, más o menos, claridad de lo que ocurrió el 27 de febrero. Su lectura contribuye bastante para saber qué pasó en Chile el 27 de febrero de 2010 y qué pasó ese día con la institucionalidad chilena y con los distintos organismos que debieron actuar.
Lo digo porque tuve una posición distinta, básicamente refrendada por el mandato que la Sala otorgó a la Comisión. Dado el tiempo de que dispongo, me voy a permitir leer el mandato, que dicho sea de paso, ni siquiera fue redactado, aprobado y sancionado en esta legislatura, sino en la anterior. Señala expresamente que la Cámara acordó, por unanimidad, “la creación de una Comisión Especial Investigadora que, en el plazo de noventa días, se aboque a investigar el estado actual de nuestra institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta, a partir del megaterremoto y tsunami que azotaron a varias regiones del país el pasado 27 de febrero, considerando los nuevos instrumentos tecnológicos disponibles en la actualidad.
Señora Presidenta , el léxico que manejo es bastante rico. Al leer estas frases, no logro ver nada que diga relación con responsabilidades políticas. Es más, invito a los colegas a revisar el mandato, entregado en la legislatura anterior, porque fue aprobado en la sesión 124ª, celebrada el 9 de marzo de 2010. En él no hay ninguna palabra relacionada con responsabilidades políticas. ¡Ninguna! Más aún, se puede comparar dicho mandato con el que se otorgó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, constituida en investigadora del incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel, que sí habla de establecer responsabilidades políticas.
Hago el alcance porque las competencias de las comisiones especiales investigadoras están determinadas por su objetivo constitucional. No debemos olvidar que antes, las comisiones investigadoras existían de hecho y no estaban contempladas en nuestro ordenamiento constitucional. Los diputados de Gobierno no pretenderán desconocer eso. El referido objetivo constitucional es reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno para ejercer la fiscalización de dichos actos. Pero, para complementar la regulación genérica de las competencias de las comisiones investigadoras, la Constitución establece claramente que “La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas”. Obviamente, la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional baja esa norma constitucional, al establecer que “Estas comisiones, ni aun por la unanimidad de sus integrantes, podrán extender su cometido al conocimiento de materias no incluidas en el objeto o finalidad considerado en el acuerdo que dio lugar a su formación”.
Así fue. Lo siento mucho si ahora nadie se atreve a decir lo que ocurrió. En la legislatura anterior, la Cámara entregó un mandato a la Comisión para estudiar el estado de la institucionalidad chilena frente a los desastres, consciente seguramente -deduzco- de que falló la institucionalidad del Estado. Ese fue el mandato. En ninguna parte -figura en la primera página del informe- se habla de responsabilidades políticas. Por cierto, todos nosotros hemos jurado respetar y cumplir, y hacer respetar y cumplir la Constitución y las leyes.
Por lo tanto, la Comisión Especial Investigadora del estado de la institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta frente a desastres naturales, tiene delimitada su competencia, la que se adoptó por acuerdo unánime de esta Corporación, no por votación dividida, durante la legislatura precedente, que nos obligó a todos. Como he dicho, eso fue adoptado en la sesión de 9 de marzo de 2010.
En consecuencia, las proposiciones de imputación o establecimiento de responsabilidades personales no se encuentran comprendidas dentro de la competencia o atribuciones de la Comisión, y su incorporación al respectivo informe constituiría una violación de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 53 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Sin embargo, si está contenido -así lo acordó esta Sala- en el mandato para estudiar lo ocurrido en la cárcel de San Miguel y, en general, en los recintos carcelarios del país. Cito ese ejemplo por ser el último mandato de esta legislatura, como contrapunto del anterior, que he analizado.
Parece de Perogrullo, pero conviene recordar que la determinación de las responsabilidades personales puede abarcar tres ámbitos: político, administrativo y civil y/o penal. De manera que ahora podríamos perseguir la responsabilidad política, de acuerdo con el mandato constitucional que tenemos, porque la Constitución permite las comisiones investigadoras y, además, éstas son reguladas por la ley orgánica del Congreso Nacional; o sea, ya no son de facto. Sin embargo, el mandato respecto de esta Comisión Investigadora no tenía ese propósito.
Además, no debemos olvidar que las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados y, obviamente, la propia Corporación son órganos del Estado de Chile y, como tales, deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Por cierto, eso también me corresponde como diputado integrante de esta Corporación.
De acuerdo con el artículo 7° de la Constitución Política, “los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.”. En el siguiente inciso, agrega: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.”. Y en el tercer inciso señala: “Todo acto en contravención a este artículo es nulo…”.
¿Por qué? Porque la Constitución, al reconocer las comisiones investigadoras y plasma en ellas la facultad exclusiva, privativa y tradicional histórica de la Cámara de Diputados, no puede dejar en la indefensión a las personas y sus derechos constitucionales. Por eso se garantiza que se asegure a las personas citadas a esas comisiones o mencionadas en ellas el debido respeto de sus derechos y garantías constitucionales, como la defensa jurídica y el debido proceso.
Por lo tanto, no es pertinente el establecimiento de responsabilidades políticas por la Comisión, en el voto de mayoría, y a lo mejor en el de minoría. Se debe objetivar el tema, y así lo hice ver cuando voté en la Comisión, y por eso pedí especial incorporación de mi intervención en las actas. Estoy repitiendo gran parte de mi intervención en la Comisión, que sorprendió a muchos y no gustó a casi nadie, pero uno no está para no sorprender o para gustar a todos. La estoy leyendo porque estaba considerada en el informe. Incluso, en el informe que los señores diputados tienen en sus pupitres hay partes que no se consignan. Basta pedirlo a la Secretaría de la Comisión investigadora para darse cuenta de todo lo que he señalado.
Como decía, el establecimiento de responsabilidades personales de carácter político por la comisión de marras, más que sin competencia, no tiene jurisdicción para ello y viola normas constitucionales y de ley orgánica constitucional expresas que he citado y que no admiten otra interpretación que la que he planteado, porque las interpretaciones por la jurisprudencia constitucional están claramente establecidas desde hace muchos años, toda vez que no puede ser juez y parte de imputaciones, sin contradictorio permanente, formal y habilitado, con medios de impugnación preestablecidos y sin probatorios y diligencias de pruebas que garanticen la adecuada defensa de las personas citadas o mencionadas en dicha Comisión.
Por lo tanto, las anteriores son violaciones flagrantes al debido proceso de derecho, que la Constitución no permite, ni menos nuestra ley orgánica constitucional, cuyo respeto es exigible por la vía de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como límite del ejercicio de la soberanía, reconocida también en la Constitución. Es más, la propia Constitución establece ciertas facultades del Presidente para bajar todos esos derechos.
Por lo tanto, la conclusión sobre el particular es que las responsabilidades personales de carácter político perseguidas por la Comisión Investigadora en el informe de mayoría -aunque también eventualmente en el de minoría- como consecuencia del terremoto del 27 de febrero es una materia fuera de su competencia, por lo que debiera declararse la nulidad de todo lo que diga relación con responsabilidades políticas. Basta ver el informe para darse cuenta de lo extenso de las mismas.
Quiero centrar mi intervención en ese punto. Como señalé en la Comisión, nuestro mandato debió ser revisado por la Sala -incluso, planteé la posibilidad de que así fuera-, porque lo lógico era que la Comisión tuviese facultades para hacer reproches de carácter político, lo que es de la esencia de una comisión investigadora. Habría bastado hacer esa solicitud a la Sala, porque creo que todos, como ocurrió con el tema de la cárcel de San Miguel, le hubieran otorgado esas facultades, en el entendido de que había una redacción incompleta o, a lo menos, deficitaria. Incluso, tal vez la redacción estuvo muy cercana a la fecha del terremoto y a la conciencia colectiva de que habría existido una falla sistémica integral de toda la institucionalidad chilena y del Estado de Chile frente a la catástrofe.
Pretender que la entonces Presidenta de la República es responsable de las muertes que produjo ese desastre porque no fue capaz de revertir una alerta o una bajada de alerta de tsunami o porque no dio la orden en un minuto exacto para la redacción y firma de los decretos de los estados de excepción -que, por lo demás, firmó, porque se dieron-, simplemente, no corresponde a la verdad.
Uno de los temas que faltan y están pendientes en nuestro informe -debo reconocer que el diputado José Miguel Ortiz ha estado muy preocupado de ello- es el referente a los seguros. Derechamente, no analizamos el tema de los seguros.
En Chile, tenemos un sistema de seguros que permite a los bancos tomarlos por el saldo de deuda y no por el valor de la propiedad. O sea, en definitiva, los seguros sirven para cubrir el crédito de los bancos y no el patrimonio de las personas, quienes garantizan los créditos bancarios con ese mismo patrimonio. Además, se hacen contramandatos mercantiles amplios, irrevocables y sin obligación de rendición de cuentas, lo que provoca verdaderas tragedias en las familias afectadas por un terremoto, ya que muchas pólizas terminan en manos de los bancos y no de las personas.
Existen cuestiones aun más graves, como que nuestra legislación no contempla ni siquiera seguros contra sismos para los bienes comunes en la ley de propiedad horizontal. Por eso agradezco a todos los diputados que han colaborado para la presentación del proyecto de ley que permite modificar eso, partiendo por el presidente de la Comisión de Vivienda de esta Cámara.
Ya el seguro contra incendio es relativo, porque puede ser modificado en la medida en que se reforma el reglamento de la respectiva comunidad sujeta a la ley de propiedad horizontal; pero esa ley no contempla ni siquiera el seguro de sismo para los espacios comunes. Por eso se produce el problema que afecta al edificio Amanecer, en Concepción. De acuerdo con los informes de ingeniería -lo puede ratificar el diputado José Miguel Ortiz , quien también ha estado preocupado de este tema-, los veintidós pisos son viables, pero no existen seguros para reparar los espacios comunes y, por lo tanto, la reparación de esos espacios de un edificio de veintidós pisos genera un problema para toda la comunidad.
Creo que nos faltó profundizar en esto. Creo que es bueno que lo incorporemos y que, como Corporación, solicitemos a la Superintendencia y a los ministerios respectivos que estudien y aborden integralmente este tema, porque se seguirán produciendo terremotos y desastres de esta magnitud.
No obstante ser diputado por Rengo , Graneros , Machalí y otras comunas de la Sexta región, mi familia es de la Octava Región, lo que me permite interpretar a diputados como José Miguel Ortiz u otros que padecieron todas las consecuencias de ese terremoto en la Octava Región. En consecuencia, no puedo terminar mi intervención sin señalar mi personal preocupación por el sufrimiento de las familias del edifico Alto Río, tal vez el más emblemático de este terrible terremoto del 27 de febrero, como el de la familia de Guillermo Ruz y de tantas otras que siguen contemplando esa construcción desplomada en el suelo. O como el sufrimiento de las familias de Dichato, quienes ocupan las denominadas “aldeas”, pero que son sólo campamentos. Me reuní con algunas de ellas el 26 de diciembre pasado y me informé de que están preocupadas por saber lo que pasará con sus propiedades del borde costero, ya que se les anunció que serían expropiadas, en circunstancias de que ellas han vivido mirando el mar de Dichato, han vivido cultivando el turismo, han vivido en sus pequeños restaurantes o en sus casas pegadas a las que arriendan en el verano, todo lo cual se puede terminar si se concreta el anuncio de expropiación, lo que, por cierto, puede ser la realidad de muchas otras familias del borde costero chileno. Ese modo de vida y esa cultura deben ser respetados y cautelados.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBER ( don Cristián) .- Señora Presidenta , en primer lugar, me referiré a los sorprendentes comentarios de los diputados y de las diputadas de la Concertación, quienes han afirmado que el informe de esta Comisión Investigadora es malo, que no se abordó el tema de las comunicaciones -lo dijo ayer el diputado Latorre - o que es poco serio.
Considero que el trabajo de la comisión no fue malo ni poco serio ni dejó de abordar todas las situaciones que generó esta catástrofe. Si fuera así, me pregunto dónde estaban los diputados y las diputadas de la Concertación cuando trabajó la Comisión. Vi que asistieron y trabajaron en sus sesiones, trajeron antecedentes, citaron a personas, invitaron a otras; pero no escuchamos los comentarios que han formulado ahora en la Sala. Por el contrario, aportaron ideas, propuestas e inquietudes, como todos los demás.
Entonces, da la impresión de que en la Comisión hubo una actitud y que hoy existe una distinta, porque no les gustan algunos aspectos del informe, porque las verdades duelen. Cuando alguien lo hace mal, cuando la institucionalidad funciona mal y eso se refleja en un informe, lo que, además, afecta a personas que estiman o apoyan políticamente, eso duele y no lo quieren reconocer. Eso es lo que está pasando hoy; ésa es la verdad. No les gusta el informe por ese motivo.
Por ejemplo, hace un momento, el diputado Díaz dijo que el rol de la Armada había sido malo, deficiente y nefasto. Pues bien, si se lee el informe de minoría, de la Concertación, que él apoyó, se podrá constatar que felicita a la Armada. Por ejemplo, expresa: “A su vez, felicitar el rol que jugó la Armada en el proceso de enfrentamiento de la emergencia,…”.
Entonces, es muy distinto lo que se dijo y lo que se trabajó en la Comisión versus los discursos que hoy estamos escuchando.
Claramente, las cosas se hicieron mal y no se quiere reconocer o no se atreven a hacerlo. Eso es importante de señalar, pues se avizora el voto negativo de muchos diputados que han intervenido.
Respecto del tema de las responsabilidades políticas y las instituciones que planteaba el diputado Rincón , recojo su importante argumento basado en aspectos legales muy respetables, pero que también debe ser mirado desde otro punto de vista. Las instituciones no funcionan solas ni son una abstracción, sino que hay personas que están a cargo de ellas. Cuando la Cámara nos entrega un mandato, en esta legislatura o en la anterior, para revisar las responsabilidades y la capacidad de respuesta de la institucionalidad del Estado frente a catástrofes naturales, obviamente tenemos que hablar de las personas que estaban a cargo. Insisto en que las instituciones no son un ente abstracto y no funcionan solas; están a cargo de personas. Esos son aspectos importantes de destacar en la discusión, porque la tónica de las intervenciones de los parlamentarios de la Concertación no me parece la más adecuada.
Expuesto lo anterior, ahondaré en algunos aspectos del informe y el trabajo de la Comisión. Todos sabemos -se ha señalado hasta la saciedad- que estamos en presencia de uno de los sismos más fuertes de nuestra historia. Al mismo tiempo, todos sabemos que Chile es el país más sísmico del planeta, características que muchas veces se olvidan. Cuando investigamos y nos informamos de la capacidad de respuesta que tenemos nos damos cuenta de que parece que esa realidad nunca estuvo presente. El 46 por ciento de la energía sísmica liberada en la historia de la humanidad ha sido en nuestro territorio.
El costo de un terremoto siempre afecta en forma importante el producto interno bruto de nuestro país. Todos conocemos la escala y magnitud del terremoto de febrero del año pasado y lo que significó en cuanto a la cantidad de damnificados, por la cantidad de viviendas que se destruyeron, y al atraso en la construcción de sus viviendas.
El gobierno de la Presidenta Bachelet construyó aproximadamente 500 mil viviendas, que es un gran número. Sin embargo, el terremoto borró de un plumazo esa misma cantidad de viviendas. Por lo tanto, la magnitud del desastre fue tremenda.
El mandato que se nos entregó con motivo del horror, la muerte, el desastre, la solidaridad y la ayuda que la gente proporcionó fue investigar el estado de la institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta frente a desastres naturales. Y la respuesta es que la institucionalidad es nula respecto de este tipo de situaciones. Es mala y deficiente, como lo dijo el nuevo director de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). Ésta es una institución ochentera y su institucionalidad no ha evolucionado. Lamentablemente, al revisar y estudiar los antecedentes, nos damos cuenta de que efectivamente es así.
Si se analiza el actuar de las autoridades, de las instituciones y la normativa en la materia, se llega a dos conclusiones: primero, que nunca en la historia se habían sufrido estos desastres, lo que, por lo demás, no es cierto, y segundo, que estábamos tan bien preparados que podíamos responder y actuar de manera eficiente. Finalmente, ninguna de las dos situaciones se produjo. Claramente, el nivel de respuesta fue malo, nulo y nuestra institucionalidad, así como también nuestras autoridades, nos guste o no, no actuaron de la mejor manera. Sí hubo muchas personas destacadas -el informe así lo consigna- que tuvieron importantes actuaciones y responsabilidades bien cumplidas, pero hubo otras en que no fue así.
En la Comisión, cuando empezamos a redactar el informe final, señalamos tres etapas. La primera, referida a cómo funcionaba la institucionalidad antes de los hechos ocurridos, qué teníamos para enfrentar la emergencia; la segunda, lo que ocurrió la noche del 27 de febrero y el día posterior, y la tercera, el estallido social.
En el primer caso, tanto la Onemi como el SHOA son responsables importantes de las consecuencias de la catástrofe. Habría sido muy distinto si se hubiera tenido una actitud diferente y una institucionalidad preparada, desde el punto de vista del SHOA y de la Onemi. Si se revisa lo que fue la actuación de la Onemi, se debe decir que existían limitaciones funcionarias. No había un papel apropiado en materia de comunicaciones y no existía una institucionalidad vigente, no obstante que la anterior directora, señora Carmen Fernández , había propuesto cambiarla al gobierno de la Presidenta Bachelet . No obstante haber golpeado puertas -lo dijo en la Comisión-, no se escucharon las propuestas de la directora de la Onemi y el gobierno anterior no llevó adelante el cambio necesario en la institucionalidad.
Hay datos escalofriantes. Por ejemplo, sólo el 40 por ciento de las oficinas regionales de la Onemi trabajan en turnos de 24 horas; sólo el 53 por ciento de los equipamientos de telecomunicaciones de que dispone la Onemi son propios. Entonces, uno se empieza a dar cuenta y a encontrar razones y justificaciones para entender por qué la institucionalidad no estaba funcionando. Se advirtió que la institucionalidad era mala, pero se hizo poco por mejorarla.
El tema de las comunicaciones es otro punto que sí está reflejado en forma destacada en el informe. Ayer, el diputado Latorre decía que el tema más importante eran las comunicaciones y que no estaba reflejado en el informe. Sin embargo, sí está incluido, y hay un capítulo especial en las conclusiones, tanto en el informe de mayoría como en el de minoría, que mencionan el grave problema de las comunicaciones y que fue uno de los motivos importantes y relevantes para tener un actuar distinto.
La constante política pública de privilegiar la fibra óptica y la telefonía celular en desmedro de otras tecnologías es uno de los temas que explican por qué las comunicaciones no funcionaron bien. Es más, Naciones Unidas ha recomendado permanentemente un sistema de emergencia en materia de comunicaciones, pero nosotros no lo teníamos, salvo, como bien lo han dicho algunos parlamentarios, el Ejército, con su Plan Torrente.
Es sorprendente que cuando el país avanza en materia de comunicaciones, las antiguas formas de comunicarse -como, por ejemplo, el sistema de radioaficionados- no estuvieran operativas para este tipo de situaciones. Lo peor de todo es que sí se ofreció.
La entonces directora de la Onemi, señora Carmen Fernández , cometió muchos errores, pero sí advirtió al Gobierno que había que cambiar la institucionalidad en el tema, y no fue escuchada; tampoco se escuchó a los radioaficionados, que se juntaron con ella en 2006 para ofrecerle toda su capacidad de comunicación para incorporarla en caso de alguna emergencia. Pues bien, hasta el día de hoy, nunca ha habido respuesta; sin embargo, cuando se revisa la situación de las comunicaciones, se advierte que fallaron todas, menos la de los radioaficionados, que sí funcionó. Ahora, si hubiera habido coordinación por parte de la Onemi, la capacidad de respuesta hubiera sido mucho mejor.
¡Para qué mencionar el SHOA! El SHOA también tiene una responsabilidad sumamente relevante. ¿Por qué? Ellos dan la alerta de tsunami, pero a poco andar la dan de baja, como todos sabemos. Eso también está reflejado en nuestro informe en forma destacada, tanto en el de minoría como en el de mayoría. ¿Qué pasó ahí? Una institucionalidad que no funcionó. Pero no podíamos referirnos solamente a que no funcionaron la institucionalidad y el SHOA. Existen personas que estaban a cargo de este servicio y son responsables de por qué no funcionó. Por eso, recojo el argumento del diputado Rincón , en cuanto a que las instituciones no funcionan solas. Obviamente, hay personas que toman las decisiones y el informe debe recoger esa realidad.
Por ejemplo, cuando el SHOA elabora su informe, señala que sólo ocho de las sesenta y nueve unidades navales destinatarias del mensaje del SHOA lo recibieron; es decir, la gran mayoría no lo recibió.
El SHOA da de baja la alerta de tsunami a las 04.56 de la mañana, pero diez o doce minutos antes había recibido una advertencia de organismos que también tienen competencia en la materia, como el PTWC, en Estados Unidos, que decía claramente que no debió haberse dado de baja la alerta de tsunami.
¿Se actuó mal o no? Claramente, se actuó mal. Y me atrevo a decir que si el SHOA y la Onemi hubieran actuado de forma distinta, los resultados habrían sido también muy diferentes. Creo que son en gran parte responsables de las posteriores consecuencias nefastas del terremoto.
Pero no solamente las instituciones actuaron mal. También hubo personas que así lo hicieron. Se ha creado un mito en cuanto a que se haría responsable de todo a la ex Presidenta Michelle Bachelet . No es eso lo que dicen los informes, y es importante señalarlo. Nosotros fuimos muy responsables al momento de determinar las responsabilidades de las instituciones, la capacidad de respuesta y la actitud que tuvo cada una de las autoridades.
En el caso de la ex Presidenta de la República , sí tuvo una responsabilidad. Todo el mundo vio un video -que está disponible- y se dio cuenta de que ella funcionó, trabajó y le puso el máximo de empeño posible en una situación de caos. Pero también tenía facultades y responsabilidades que son exclusivas y excluyentes de ella, como declarar los estados de excepción. Y cuando se produce el estallido social, al Presidente de la República le corresponde decretar el estado de excepción, con la asesoría de sus ministros y de los encargados de las Fuerzas Armadas. Pero es ella quien lo tiene que decretar. Al mismo tiempo, cuenta con toda la carga histórica que significa que, cuando hay que enfrentar estas situaciones de catástrofe, lo primero que se hace es pedir a las Fuerzas Armadas que tomen el control, porque las horas posteriores son muy complicadas.
Pues bien, toda esa carga e información existía. El sábado en la mañana, la Presidenta de la República llega a Constitución e, incluso, presencia un saqueo. Por lo tanto, sabía de la situación que se estaba empezando a generar. Había información, había material, había experiencia, pero no se actuó. Y ésa es la responsabilidad que nosotros señalamos en el informe. Decimos que hubo vacilaciones, demoras y que eso produjo nefastas consecuencias en las zonas afectadas. Y todo ello por no haber decretado el estado de catástrofe, el estado de excepción, que es una atribución exclusiva y excluyente, según lo establece la Constitución, del Presidente de la República . En consecuencia, ahí hay una responsabilidad, que tenemos que reflejar en el informe. Reitero que las cosas no ocurren solas; se podrían haber prevenido y advertido.
Es más, cuando el subsecretario Rosende va a la zona afectada, sobre todo en la Octava Región, telefonea, el sábado en la tarde, para señalar que era necesario declarar el estado de excepción, porque la situación estaba tomando otro color. Por lo tanto, había que tomar actitudes distintas. Ese llamado fue en la tarde, y lo dijo el entonces subsecretario del Interior.
¿Qué ocurrió? ¡Nada! Al día siguiente, recién el domingo, cuando ya el desastre era total, cuando la televisión mostraba los saqueos por todos lados, se toma la decisión. Entonces, hubo demora y vacilación, que estamos reflejando en el informe. No estamos diciendo que la Presidenta de la República es una malvada y que lo hizo mal, sino que hubo demora y una mala decisión en ese momento porque no se utilizó una atribución exclusiva y excluyente. Repito: nadie más que la Presidenta de la República podía declarar el estado de excepción. Y eso es, simplemente, lo que refleja nuestro informe.
Entonces, no estamos afirmando que la Presidenta es la responsable de todo: de la mala respuesta y de la institucionalidad deficiente. Hemos sido muy serios en la elaboración de nuestro informe y, por lo mismo, estamos acotando las responsabilidades que corresponden a cada una de las personas, tal como lo mencionamos en el caso del ministro del Interior de la época.
Lamentablemente, el entonces ministro del Interior estuvo ausente. Y en este tipo de situaciones es la figura del ministro del Interior , por ley, por mandato legal, quien tiene que estar presente. Es más, el jefe del gabinete era quien se entendía con las autoridades de las Fuerzas Armadas para dar las instrucciones, porque el ministro no estaba, se encontraba ausente. Y eso también lo refleja nuestro informe. No se manifestó la actitud que correspondía a un ministro del Interior .
No se trata de que hubiera llegado tarde, como se dijo -era lógico que si estaba fuera de Santiago, tenía que llegar tarde-, sino que una vez que hubiera tomado el control de la situación hubiese estado presente. Y no estuvo presente ni en el momento de la catástrofe, ni después, ni en los días que le quedaban a ese gobierno hasta el 10 de marzo. No estuvo presente, lo cual es bastante serio, y eso lo refleja nuestro informe.
Concuerdo con que las verdades duelen. A nadie le gusta reconocer que las cosas se hicieron mal o no caminaron y que la institucionalidad no funcionó; pero eso es lo que ocurrió aquí. Y todo eso lo refleja la realidad de la investigación.
También se formularon propuestas. Es muy injusto afirmar que no se hizo ninguna proposición. ¡Claro que se hicieron! Es el Ejecutivo quien tiene que llevar adelante propuestas y el que está implementando una serie de modificaciones, que funcionaron en la alerta de terremoto o sismo -depende de cómo se le denomine- ocurrido hace algunos días en el sur del país. Funcionaron, y bastante mejor que la vez anterior, porque la experiencia ayudó muchísimo. Y la gente bien educada en este tipo de materias también colabora enormemente.
Se hicieron propuestas. Asimismo, hubo puntos altos. Porque nos dimos tiempo para destacar en nuestro informe a las personas e instituciones que sí actuaron bien. Hubo muchas personas y jóvenes anónimos que colaboraron de manera destacada. Como hemos escuchado en muchas oportunidades, en determinadas situaciones de catástrofe aparece lo peor, pero también lo mejor de la naturaleza humana, lo cual se destaca con nombre y apellido en el informe. También representa un homenaje a las miles de personas que, solidariamente y en forma anónima, ayudaron a que la catástrofe fuera mejor llevada por quienes se hallaban más afectados.
Sabemos que queda mucho por hacer y por reconstruir, pero, al menos, me quedo tranquilo y con la sensación de que esta Comisión investigó a fondo, buscando las causas y proponiendo alternativas respecto de lo que creemos que debe mejorar nuestra institucionalidad, con un objetivo: para que, de repetirse este episodio -que de todas maneras volverá a ocurrir; a lo mejor, no a nosotros, pero sí a las generaciones venideras-, no traiga las nefastas consecuencias que conocimos el 27 de febrero y los días posteriores.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta , durante veinticinco sesiones, trece parlamentarios intentamos ejecutar el mandato que nos dio la Sala para investigar cuál era el estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a desastres naturales.
Después de escuchar tanto a mi colega de distrito como a un diputado de otro de los distritos de mi Región del Biobío , me queda la impresión de que ellos están tratando de usar esto solamente para intentar bajar la popularidad de la gran ex Presidenta , Michelle Bachelet , que para sorpresa de este país sigue bordeando el 85 u 86 por ciento de reconocimiento y respeto en Chile.
Por otra parte, aquí se repiten las situaciones más increíbles del mundo.
Cuando tocamos alguna situación del actual Gobierno, que comenzó el pasado 11 de marzo del año pasado, se nos dice que queremos aprovecharla políticamente para que el actual Presidente , Sebastián Piñera , pague costos políticos.
Es cuestión de analizar la última encuesta que se conoció hace algunas horas para ver que, lamentablemente, el sistema político en Chile se halla en descrédito. Ha bajado el apoyo al Presidente y aumentó el rechazo. Pero en la Concertación también pagamos un costo, que asumimos, como corresponde.
Pero para mí lo más terrible es que el 35 por ciento de la población del país no se siente identificado con ningún movimiento político.
Basta analizar las intervenciones de algunos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, que estuvieron focalizados en un solo objetivo: Michelle Bachelet .
Me siento orgulloso de haber tenido una Presidenta como ella y que las Naciones Unidas la hayan reconocido y la hayan designado como primera mujer secretaria general adjunta. Eso nos indica, desgraciadamente, que, como reza el dicho, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar ni peor ciego que el que no quiere ver.
En letra B), página 104 del informe, la Comisión expresa lo siguiente: “La mala calidad de la información que tuvieron los distintos estamentos que participaron en la emergencia fue también determinante al momento de informar a la Presidenta Michelle Bachelet , ya que en más de una oportunidad se le hizo afirmar que no existía amenaza de maremoto y que sólo había alzas de mareas. De hecho, a la Jefa de Estado jamás se le puso en conocimiento de la existencia de una comunicación formal del SHOA consignando una Alerta de Tsunami. Más aún, a pesar de que la Onemi, siguiendo ahora las indicaciones del organismo técnico facultado para establecer la probabilidad de ocurrencia de Tsunami -el SHOA-, descartaba absolutamente que hubiera riesgo alguno, la Presidenta mantuvo por propia iniciativa en sus alocuciones públicas la recomendación de mantenerse lejos de la costa. De hecho, mientras el SHOA descartaba la presencia de maremotos, por vía telefónica se recibía la noticia que grandes olas habían llegado hasta la mitad del principal poblado de la Isla de Juan Fernández .
Esta Comisión -en la cual estuvieron dos de esos colegas que me precedieron en el uso de la palabra- “destaca la voluntad y disposición de la Presidenta Bachelet que la llevaron a estar en la Onemi desde muy temprano, a desplazarse en cuanto le fue posible a la zona del epicentro para mostrarle a la población afectada que todo el país acudiría en su ayuda.”.
Aquí se ha criticado a algunos parlamentarios que somos parte de la Concertación, pero lo cierto es que, fuera del párrafo referido a la entonces Presidenta Michelle Bachelet , en el resto del informe dimos la unanimidad. También es efectivo que la Presidenta de la República -tal como lo expresó ayer el colega Juan Carlos Latorre - venía llegando de un viaje que le correspondía hacer en tal investidura e inmediatamente se trasladó a las oficinas de la Onemi, lo que demuestra su disposición y voluntad, y no la carajada que mencionó un colega, quien dio a entender que la Presidenta era poco menos que culpable de asesinato.
Es muy grave lo que dijo este colega, que está aprovechando su fuero parlamentario, ya que por sus opiniones en la Sala no se le puede acusar constitucionalmente. Lo desafío a que repita lo mismo afuera de la Sala, para que lo podamos acusar constitucionalmente. Las cosas se deben decir como corresponde y hay que tener la valentía, los pantalones y los cojones para decir las cosas cuando corresponde, porque no le escuchamos decir eso en la Comisión.
Ahora vienen a decir cosas en función de situaciones, como las que aparecen en una encuesta, en la cual dicen: “estos son los políticos por los cuales hay que votar”. Los colegas de mi región saben a qué me estoy refiriendo. ¡No, colegas! Es cierto que este Gobierno fue elegido a través del voto popular, pero a algunos medios de comunicación se les pasa la mano. El comité editor, a dedo, dice: éste, éste y éste. Pero eso terminó. Cada uno de nosotros debe asumir sus responsabilidades como corresponde.
En la Comisión se planteó que resulta reprochable el hecho de que la FACh no pudiera operar el helicóptero presidencial en los primeros momentos de la emergencia, por no haber pilotos disponibles, ya que en el lugar donde se hallan los helicópteros no se mantienen pilotos en forma permanente. ¿Saben qué conversaron en la Comisión quienes asistimos a las veinticinco sesiones? ¿Qué hubiera pasado si en ese instante hubiera habido una declaración de guerra de algún país? Es decir, nos hubieran pillado sin pilotos disponibles y habrían tomado el control del país, en circunstancias de que me consta que, en todos los años que llevo como parlamentario, nunca, jamás, se ha negado presupuesto a las Fuerzas Armadas, especialmente a la FACH.
Con la ley reservada del cobre -es bueno que esto lo sepa la opinión pública-, en este instante debe tener empozados más de 5 mil millones de dólares, porque reciben el 10 por ciento de las ventas de cobre, y tienen compromisos de aquí a tres años por no más de 2 mil millones de dólares. Y en los próximos años van a recibir cantidades cuantiosas, en lo que estamos de acuerdo. Pero definitivamente hay que legislar sobre ese tema. Tienen la última tecnología, en lo que siempre hemos estado de acuerdo. Cuando en la Comisión Mixta de Presupuestos hemos visto temas de esta naturaleza, hemos pedido sesión secreta y siempre hemos aprobado el mejor presupuesto para las Fuerzas Armadas.
Es decir, no hay justificación posible; no se puede entregar una excusa tan banal, tan increíble y tan ridícula, porque eso significa que en cualquier instante pueden amenazar a nuestro país y al día siguiente nos podemos encontrar ocupados por otro país porque no teníamos pilotos disponibles. Es bueno que eso se sepa.
Algunos vivimos en regiones y conocimos de cerca lo que significó ese maremoto, ese cataclismo. Por mi edad, además, me tocó vivir un desastre similar en 1960. El domingo pasado, volvimos a sentir una réplica de 5,1 grados. Algunos lo calificaban de 7,1 ó 6,9, ya que nunca se pusieron de acuerdo sobre la intensidad. Eso ocurre porque se considera terremoto desde el grado 7 hacia arriba. ¿Y qué sucede en ese caso? Empiezan a operar los seguros. Esto lo debemos hablar con seriedad, con claridad, con firmeza, como corresponde, a esas miles de personas que han sido víctimas de las compañías de seguros, que son extraordinariamente buenas para cobrar, pero muy malas para pagar.
Al final, se pusieron de acuerdo en que la intensidad del movimiento telúrico fue de 6,9 grados, porque si hubiera sido de 7,1 grados, como lo estaba planteando Hawai , también tenían que pagar seguros por un terremoto. Es decir, no es poca cosa lo que se jugó este domingo en relación con el movimiento telúrico ocurrido en la Región de La Araucanía y cuyo epicentro estuvo en Tirúa. Es decir, estamos cuidando a las compañías de seguros. ¡Qué impresionante! ¡Ésa es la verdad!
Todos sabemos que Chile es el país más sísmico del mundo y que en el terremoto pasado falló cierta institucionalidad, pero también fuimos muy claros en lo que respecta a la responsabilidad de las instituciones en relación con el manejo de la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010.
Por otro lado, tengo que reconocer que el colega Jorge Ulloa fue un Presidente de la Comisión que siempre nos dio garantías a todos. En la vida debemos reconocer las cosas que son buenas. Nosotros planteamos la necesidad de invitar a una serie de personas de distintas instituciones y se accedió a ello. Eso es actuar en función de entender lo que es ser diputado de la República . Lógicamente, cada cual tiene una posición política y una visión de Estado, pero cuando se asumen responsabilidades, como la Presidenta de la Cámara de Diputados, se debe actuar por sobre sus legítimas posiciones políticas y dar garantías a todos. Quienes no actúan de esa forma no entienden lo que es la democracia en plenitud.
Hubo un tema que nos preocupó mucho, que el colega Montes planteó con mucha fuerza. Por ejemplo, hace cuatro años, la Onemi tenía un presupuesto ínfimo -lo cual, por lo demás, está en el informe- y, a través de la Presidenta de la Cámara , hicimos mucha fuerza para subir los presupuestos de la Onemi. Si vemos los presupuestos de los últimos tres años, nos daremos cuenta de que subieron unas veinte veces, pero todavía es insuficiente. ¡Cómo no va a ser así cuando en la Región del Biobío hay prácticamente una persona de planta, otra a honorarios y no están disponibles las 24 horas del día, porque eso es imposible!
Pero debemos destacar un dato. Se dijo, con justicia, que los mejores sismólogos y científicos preparados por nuestras universidades, en particular por nuestra Universidad de Chile, que es estatal, por razones ideológicas y políticas, tuvieron que irse del país. Los que se quedaron se encontraron con una sorpresa: que el presupuesto del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, que tiene grandes responsabilidades, era ínfimo. Por eso, en el momento preciso, hicimos presente que era necesario aumentarlo. Pero, ¿qué pasó? Nos encontramos con una burocracia enorme. Fue así que, no obstante haberse aumentado el presupuesto en forma significativa, debido al papeleo y a otras razones, nos encontramos con la sorpresa de que, cuando se produjo el terremoto, prácticamente no se habían ocupado los recursos que se habían asignado a dicho instituto en el Presupuesto de la Nación.
¡Ave María que esto es preocupante! En la Comisión, el actual director nacional de la Onemi nos aseguró, en presencia de los ministros, que se iba a simplificar toda la burocracia administrativa que existía.
Han transcurrido diez meses -vamos para los once- desde que ocurrió el terremoto, pero nos hemos encontrado con otra sorpresa: que, al parecer, al Instituto de Sismología de la Universidad de Chile le aumentaron las exigencias para que pueda hacer uso del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, Poder del Estado autónomo e independiente. Tal como se expresó aquí, los funcionarios de ese instituto tienen grandes inquietudes, porque se verán forzados a entregar esa responsabilidad, porque están con las manos atadas.
Por ejemplo, todos los parlamentarios quedamos impactados cuando dos sismólogos, Jaime Campos , científico brillante de la nueva ola, y Sergio Barrientos , lo mejor que tenemos en el país, reconocido internacionalmente, nos dieron a conocer, en forma virtual, el terremoto que ocurrirá en Antofagasta. No es una presunción; va a ocurrir, aunque puede suceder mañana, pasado mañana o en cinco años. Y cuando ello ocurra -como creyente, espero que Dios no lo permita-, seguramente le van a echar la culpa al Instituto de Sismología de la Universidad de Chile. Es decir, empezarán a buscar culpables, como lo hicieron dos colegas: uno de mi distrito y otro del distrito N° 42, que poco menos que querían “matar” a Michelle Bachelet , nuestra gran líder, conductora y ex Presidenta de la República , que realizó grandes cambios, como la reforma previsional, porque les preocupa la posibilidad de que, en tres años más, sea candidata a la Presidencia de la República .
¿Qué me preocupa? Por ejemplo, hay que elaborar una nueva institucionalidad; pero para ello todos debemos unirnos. Debemos ser capaces de entender algo que supimos en la Comisión. El país más avanzado en la prevención de sismos es Francia. Pues bien, los franceses, mediante un grupo de científicos de Taiwán, que suscribieron un convenio con nuestra Universidad de Concepción, instalaron los aparatos más modernos en el fondo marino, y están esperando los resultados. Entonces, si no tenemos recursos para implementar esta tecnología en forma permanente, vamos a tener serias dificultades.
¿Qué le interesa a la opinión pública? Que tengamos la capacidad económica -en realidad, hay mucha plata, debido a que últimamente el precio de la libra de cobre ha oscilado entre 4,24 y 4,42 dólares- para financiar un proyecto extraordinario sobre la materia, que se implemente lo antes posible. Se trata de habilitar una red de emergencia, para el caso de que se produzca otro sismo, que cuente con el financiamiento necesario y que permita que nuestros científicos investiguen y puedan importar aparatos con la última tecnología disponible en el mundo. Se acabó el mito de que Japón es el país más sísmico del mundo; en realidad, es Chile. Por lo tanto, no entiendo el tenor de las críticas.
Hay propuestas de mejoras, como la modernización de la Onemi.
Transcurridos cuatro días de producido el terremoto, tuve la posibilidad de acompañar al ex ministro de Hacienda , Andrés Velasco , que todavía estaba en el Gobierno, a presenciar los estragos producidos por el maremoto en la comuna de Talcahuano que fue, lejos, la zona cero, especialmente Asmar . Las autoridades de la Armada reconocieron que el Departamento de Telecomunicaciones, que tiene que ver con todo nuestro litoral, prácticamente quedó inutilizado pocos minutos después de las 3.34 horas de aquel 27 de febrero.
Es decir, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada debe tener autonomía tecnológica y debe existir una red de telecomunicaciones que funcione de verdad. Los trece diputados integrantes de la Comisión, durante todo el transcurso de la investigación, concordamos en que quedó en evidencia que uno de los principales puntos críticos durante el terremoto fue el sistema de comunicaciones.
El domingo pasado hubo un sismo de 6,9 grados que afectó a la Octava y Novena regiones, pero en mi provincia de Concepción, donde tuvo una intensidad de 5,1 grados, colapsaron todos los teléfonos celulares. Es decir, no se han efectuado las inversiones necesarias, porque lo único que interesa a las empresas de telefonía es el lucro.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra al diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta , estimados colegas, quiero empezar mi intervención con una felicitación al Presidente de la Comisión Especial Investigadora , diputado Jorge Ulloa , y a todos sus miembros, por la labor realizada, porque fue absolutamente transparente.
El país pudo ver, en directo, el trabajo realizado por los parlamentarios y por quienes visitaron la Comisión, que hicieron presentes sus inquietudes, propuestas y entregaron sus experiencias. Además, la Comisión estuvo abierta a todos los medios de comunicación del país que estuvieron instalados en forma permanente al interior de ella. Y en ningún momento -pueden revisar las actas o los videos- escuché críticas al trabajo realizado; por el contrario, observé un esfuerzo mancomunado para investigar a fondo lo que ocurrió y formular propuestas concretas, a fin de que en nuestro país jamás vuelva a ocurrir lo mismo.
De manera que no quiero entrar en polémica o en conflicto con personas que, muchas veces, sólo estuvieron un instante en la Comisión. Pude ver a todos los parlamentarios de la Concertación, a los independientes, al diputado Teillier , del Partido Comunista, y a los de la Alianza, que estuvieron permanentemente preocupados por desarrollar una labor seria.
Por lo tanto, no acepto que en esta Sala se hable tan ligeramente de un trabajo serio, respetuoso, orientado a investigar todo lo que fuera posible y a hacer propuestas, de lo cual fue testigo todo el país.
Respecto del informe, nadie dijo nada; el problema se centra en las conclusiones. El verdadero punto de diferencias -creo que ni siquiera hay que magnificarlo- fue la tardanza de la Presidenta Michelle Bachelet en decidir sacar las tropas a la calle, con el fin de evitar los asaltos y garantizar la seguridad pública, temas que fueron resaltados no sólo por nosotros, sino por los canales de televisión de todo el mundo, que exhibían imágenes que resultaban vergonzosas. Días o meses después, conocimos la situación de los 33 mineros que, gracias a Dios, dejó una imagen muy distinta sobre cómo se hacen bien las cosas en nuestro país.
Quiero ser muy claro; la diferencia es simplemente ésa: la tardanza en la toma de decisiones. Ése es el punto, y si no podemos hacer una crítica -creo que la misma Concertación está de acuerdo en que hubo tardanza en la toma de decisiones-, ¡por favor!, les recuerdo que ésta es una Cámara fiscalizadora y la Comisión Investigadora simplemente cumplió su papel. Lo importante es transparentar toda la verdad.
En segundo lugar, me parece importante que la Sala conozca la propuesta de mejoras de la Onemi, en la que obviamente estamos de acuerdo, en mayor o menor medida. Espero que el Presidente de la República acelere una decisión que se anunció públicamente, en el sentido de que necesitamos una nueva institucionalidad para la Oficina Nacional de Emergencia.
Está claro que no contamos con comunicaciones reales en caso de emergencia en el país. No las tuvimos el 27 de febrero pasado ni las tenemos ahora. Estamos en una situación compleja, como han señalado diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, porque ha quedado de manifiesto a raíz del último sismo del fin de semana ocurrido en la Novena Región.
Quiero plantear tres puntos importantes para el objetivo de la Comisión. Primero, creo que fue un tremendo error no incluir a las Fuerzas Armadas en los protocolos de emergencia. Incluso, es importante que la Sala conozca las expresiones del entonces ministro Vidal . Dijo, textualmente: “Yo firmé un documento que constituyó un error firmarlo, el 25 de febrero en la tarde, y si me apuran un poco, una estupidez. Así de simple, porque ese documento cercenaba aún más las funciones de las Fuerzas Armadas, dejándolas para una especie de transporte del personal.”.
Fue un error, y así lo reconoció un ex ministro de la Concertación. Valoro la transparencia de sus palabras, porque es mejor reconocer que tratar de justificar lo injustificable.
Por otro lado, es muy importante que trabajemos en común sobre el tema de la red de comunicaciones, que colapsaron el 27 de febrero. Es más, hasta para el año nuevo las comunicaciones colapsan. Por lo tanto, no contamos con la red de comunicaciones que el país necesita; para ser franco, tampoco las han tenido en su momento los países más importantes y desarrollados del mundo. Sin ir más lejos, Estados Unidos, sólo después del atentado a las Torres Gemelas y del huracán Katrina empezó a tomar en serio el tema de que todos los organismos públicos deben tener interoperabilidad y que se puedan comunicar en momentos de emergencia.
Por eso, valoro el trabajo de la Comisión y la propuesta que está haciendo, en el sentido de que necesitamos un estándar que permita que Carabineros, el Gobierno, las instituciones de emergencia, como las de salud y como bomberos, las Fuerzas Armadas, etcétera, tengan un idioma común en el momento en que se necesite, lo que se debe acelerar al máximo. Me pregunto: cuando el fax del SHOA llegó, como todo el país sabe, pasadas las 4 de la mañana, con su mensaje que decía “alerta de tsunami”, nuestra institucionalidad, la Onemi, casi no sabía lo que eso significaba, porque al final no se dio la alerta de tsunami. Sin duda que el SHOA cometió un error, porque una hora después levantó la alerta de tsunami.
Cuando al ex ministro Vidal se le consulta respecto del fax del SHOA, él responde que es clarísimo, porque hubo alerta de tsunami. ¿Qué ocurrió? La Onemi no la declaró, porque comenzaron las interpretaciones. Tan es así que a la propia Presidenta de la República la Onemi le informa del fax horas después de recibido.
Quiero que trabajemos en conjunto y no politicemos este tema. Es necesario decir la verdad tal como ocurrió, y creo que la Comisión realizó un trabajo serio y responsable, tal como se lo encomendó la Sala.
Por eso, espero que las conclusiones del informe de la Comisión se aprueben, por el bien del país, porque sería impresentable que un informe como éste se rechazara sólo por el hecho de decir que hubo demora -porque ésa es la diferencia de fondo- en la decisión de la Presidenta de la República de sacar las tropas a la calle para defender a nuestra población y terminar con los saqueos. ¡Ésa es la diferencia!
Les pido a mis colegas que miremos esto con altura de miras, porque el terremoto y posterior tsunami dejaron más de 500 muertos, y las vidas humanas son lo más importante de un país.
Hoy, debemos ser responsables de presentarle una propuesta concreta al Gobierno, tal como lo hace la Comisión y como lo debiera hacer la Sala, de aprobarse las conclusiones y propuestas, de manera de entregarle instrumentos y decisiones con el fin de que lo que ocurrió luego del terremoto no suceda nunca más.
Necesitamos una red de comunicaciones oportuna, basada, por ejemplo, en lo que tiene Estados Unidos, donde hoy todos están intercomunicados. Nosotros todavía no lo estamos, y cada día que pase será responsabilidad fundamental de todos los que tenemos obligaciones públicas.
Valoro el trabajo desarrollado por la Comisión y por todos los diputados, en quienes observé un espíritu de trabajo que debiera mantenerse en la Sala.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señora Presidenta , ayer quedó sonando en la Sala una afirmación del diputado Jorge Ulloa , con la que quiero iniciar mi intervención: “la institucionalidad no era suficiente”.
Esas expresiones me llevan a decir que cuando el país se ve enfrentado a una situación tan dramática como el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero pasado, en que casi el 50 por ciento de nuestro territorio quedó en la más absoluta orfandad, en que las comunicaciones no funcionaron a la altura de un país en vías de desarrollo, como Chile, en que las comunicaciones de nuestras Fuerzas Armadas no funcionaron, queda al descubierto la incapacidad del Estado de Chile de prever lo que se venía.
Digo el Estado de Chile, porque me refiero a todos sus órganos. Al Ejecutivo que estaba gobernando, pero también a los anteriores gobiernos, que tienen su cuota de responsabilidad.
De igual forma, el Congreso Nacional -esto es, el Senado y la Cámara de Diputados- tampoco se adelantó ni tuvo una visión de futuro para legislar, junto con el Ejecutivo , y adoptar las medidas necesarias para fortalecer la Onemi o mediante la generación de una nueva institucionalidad.
No contar con tecnología de alto nivel, no invertir en un sistema satelital, que entregue oportunamente la información, es responsabilidad del Estado de Chile.
¡Cómo puede ser posible que ante una catástrofe como la que enfrentamos, en primer lugar tengan conocimiento de ella los servicios especializados de Estados Unidos y de ellos debamos recibir dicha información, para posteriormente cancelarles a ellos! ¡Cómo es posible que el Estado de Chile siga manteniendo esa situación!
El problema de fondo no es de una autoridad determinada o de una institución, como la Onemi, las Fuerzas Armadas o el SHOA; el tema es más profundo: es la falta de una política de Estado permanente.
A mi juicio, debiera crearse una Subsecretaría de Prevención y Desastres Naturales, dotándola de patrimonio propio, que coordine a las distintas instituciones, pero, por sobre todo, para que desarrolle una política permanente de prevención y educación a la población. En definitiva, deberíamos seguir el ejemplo de países como Japón.
Creo que bastaría con una institución como la que he señalado o con el fortalecimiento de las actuales para que puedan responder, en parte, a situaciones impredecibles.
Buscar responsabilidad en una o más personas, en una o más autoridades, en una o más instituciones, realmente no tiene sentido, porque la verdad es única.
La verdad y la responsabilidad es de todas las instituciones del Estado de Chile, que han mirado al costado y no han enfrentado una realidad más grande que el terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero.
¿Cuál es esa realidad? Que somos un país sísmico, con cientos de volcanes activos, cuya historia está llena en los permanentes azotes de la naturaleza.
El informe de la Comisión Especial Investigadora en discusión debe ser el pilar de una nueva institucionalidad.
Por lo anterior, lo voy a votar en contra, a fin de que no se desvíe la atención del tema central, que no es otra cosa que mirar el futuro con responsabilidad y mantener el país unido para prevenir y enfrentar la mano invisible de la naturaleza, con la que hemos convivido en el pasado, lo hacemos en el presente y, con seguridad, lo seguiremos haciendo en el futuro.
Propongo que esta Comisión investigadora siga funcionando en forma permanente, a fin de que se concreten sus propuestas, para no seguir improvisando con la seguridad física y psicológica de todos los chilenos.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Los diputados Rosauro Martínez y Manuel Rojas, que estaban inscritos para intervenir, pueden insertar sus discursos, si así lo desean.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora del estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a desastres naturales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.12 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 9165 de fecha 16 de diciembre de 2010, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil. (Boletín 5837-07). Hago presente mi voluntad para los efectos de que el proyecto aprobado se remita al Tribunal Constitucional, para su consideración.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROLUET VIGNAU , Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 4 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que aumenta las Plantas del Personal de Carabineros de Chile, correspondiente al Boletín Nº 6.962-02, con las siguientes modificaciones:
Disposiciones transitorias
Artículo 1°.-
Ha intercalado, a continuación de la expresión “Artículo 1°”, la voz “transitorio”.
Artículo 2°.-
Ha intercalado, a continuación de la locución “Artículo 2°”, la palabra “transitorio”.
Artículo 4°.-
Lo ha suprimido.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 31 Senadores, de un total de 37 en ejercicio. En particular, el artículo 1° se aprobó con los votos de 26 Senadores, también de un total de 37 en ejercicio, dándose de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.960, de 1 de septiembre de 2010.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
3. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 4 de enero de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y regula las asociaciones municipales, correspondiente al Boletín N° 6.792-06, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1°.-
-o-
Ha incorporado como nuevo numeral 1), el siguiente:
“1) Introdúcense las siguientes modificaciones en el literal j) del artículo 79:
a) Reemplázase la conjunción “o” que sigue a la palabra “corporaciones” por una coma (,).
b) Intercálase a continuación de la palabra “fundaciones” la expresión “o asociaciones”.”.
-o-
Números 1), 2) y 3)
Han pasado a ser números 2), 3) y 4), respectivamente, sin enmiendas.
Número 4)
Ha pasado a ser número 5), incorporándose en el artículo 150, nuevo, que propone, el siguiente inciso segundo:
“Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra j) del artículo 79, el concejo podrá solicitar informes a las asociaciones en las cuales participe la municipalidad respectiva, los cuales sólo podrán referirse al destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos por aquéllas.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley se aprobó, en general, con el voto afirmativo de 29 Senadores, de un total de 36 en ejercicio. En particular, el artículo 1° y el artículo transitorio fueron aprobados, con los votos de 29 Senadores, de un total de 37 en ejercicio. De esta manera se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.889, de 28 de julio de 2010.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
4. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el Proyecto de Acuerdo Aprobatorio del “convenio 187, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 15 de junio de 2006.”. (boletín N° 7386-10-1)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar, sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio
Este instrumento internacional es sometido a la consideración de la H. Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
“CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de acuerdo es obligar a los Estados de establecer un marco para promover el desarrollo de una cultura normativa de seguridad y salud a nivel de cada país, mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa de prevención de ámbito nacional.
2°) Que este tratado o convención internacional no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, ni requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.
3°) Que la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de los Diputados presentes señores: Cerda García, Eduardo ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Díaz, Marcelo ; Edwards Silva, José Manuel ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Saffirio Espinoza , René , y Teiller del Valle, Guillermo .
4º) Que Diputado informante fue designado el señor Roberto Delmastro Naso.
I. ANTECEDENTES
La cuestión de la seguridad y salud en el trabajo ha sido parte del mandato de la OIT desde su creación en 1919. A lo largo de los años, se han elaborado un número considerable de instrumentos –convenios, recomendaciones, repertorios de recomendaciones prácticas y directrices- que cubrieron los diferentes aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. Aunque la gran mayoría de los convenios han demostrado ser de difícil ratificación para muchos países.
Lo anterior llevó a considerar un nuevo enfoque a la actividad normativa, a través de la adopción en 2006 del Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo (núm. 187) por la Conferencia Internacional del Trabajo. Por primera vez, se adoptó un convenio habilitador y no preceptivo que se centra en la seguridad y salud en el trabajo en el plano nacional.
Al contar con el apoyo tripartito, el nuevo Convenio también sitúa claramente a la OIT como el organismo de las Naciones Unidas con mandato para abordar la cuestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya que asocia a los auténticos actores del mundo del trabajo y permite que la respuesta en el plano nacional refleje las realidades de cada país, al tiempo que promueve esta nueva manera de enfocar la actividad normativa.
Por otra parte, en un informe entregado por la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur de América Latina, con sede en la ciudad de Santiago, se señala que en un paso más hacia la ratificación del Convenio 187 dieron el jueves 2 de diciembre de 2010, el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que permitirá que Chile avance en la construcción de de una política nacional de seguridad laboral.
La Ministra del Trabajo y Previsión Social , Camila Merino , señaló que el Convenio obliga a los países que lo ratifiquen a tener un compromiso con la seguridad en el trabajo, donde todos sean parte, motivo por el cual, se están realizando consultas públicas para que exista el beneplácito de trabajadores y empleadores en torno a esta herramienta. Por su parte, Arturo Martínez , Presidente de la CUT, expresó su respaldo a la medida y señaló que si bien este es un importante avance en la materia, aun quedan muchos temas por analizar, entre ellos, la ratificación de los convenios 155 y 176, que también se refieren a esta temática. En tanto, el representante de la CPC indicó que la medida fue analizada al interior de la entidad gremial, donde se decidió apoyar su ratificación, debido principalmente a que fue considerado como un instrumento relevante en esta materia.
El grave accidente laboral sufrido recientemente por treinta y tres trabajadores de la mina San José , en la Región de Atacama, puso de manifiesto la necesidad de perfeccionar el sistema de seguridad social chileno en materia de salud y seguridad en el trabajo y motivó al Gobierno a producir una reforma medular en las temáticas de seguridad y salud en el trabajo, mediante el establecimiento de una política nacional estructurada que deberá aplicarse en el período 2011-2015.
Para adoptar este Convenio, se señala en el Mensaje que el Gobierno tuvo a la vista las siguientes consideraciones:
a) La magnitud a escala mundial de las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo y la necesidad de proseguir la acción destinada a reducirla. Cada año ocurren cerca de dos millones de muertes y 330 millones de accidentes relacionados con el trabajo;
b) El impacto negativo de las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo sobre la productividad y el desarrollo económico y social;
c) Que la promoción de la seguridad y salud en el trabajo forma parte del Programa de Trabajo Decente para Todos de la OIT, y
d) La importancia de promover en forma continua una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud.
II. PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL CONVENIO
Está estructurado sobre la base de un Preámbulo, en el cual la Conferencia de la OIT da cuenta de su decisión de adoptar un Convenio en la materia, y 14 artículos en los cuales se despliegan las disposiciones sustantivas y finales del mismo.
El Convenio requiere la adopción, cuando proceda, de medidas tales como la consulta a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, según exige el Convenio N° 144 , sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo, ratificado por Chile con fecha 29 de julio de 1992, trámite que ya ha sido cumplido en nuestro país.
Además, el Convenio promueve el establecimiento de una política, un sistema y un programa nacional de trabajo, que contemple disposiciones sobre sistemas de inspección, servicios de información, de capacitación, de investigación, y mecanismos de apoyo para la mejoría progresiva de las condiciones de seguridad y salud en la micro-empresa, empresas pequeñas y medianas, y en la economía informal. Asimismo, este instrumento tiene, de acuerdo con la normativa de la OIT, el carácter de actualizado, lo que implica que dicho Organismo Internacional promueve activamente su ratificación como expresión de una herramienta moderna y adaptada a las realidades actuales del mundo laboral.
Países que lo han ratificado: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Chipre, República de Corea, Cuba, Dinamarca , Eslovaquia, España , Finlandia, Japón , República de Moldova , Níger , Reino Unido, República Checa , Serbia y Suecia.
1.Definiciones. Contiene las definiciones necesarias para la aplicación del Acuerdo, entre ellas: "política nacional", "sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo o sistema nacional", "programa nacional de seguridad y salud en el trabajo o programa nacional", y "cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud" (artículo 1°).
2. Objetivo. Se establece como objetivo principal que todo Miembro que ratifique el Convenio deberá promover la mejora continua de la seguridad y salud mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacional (artículo 2°, numeral 1).
Asimismo, todo Miembro deberá adoptar medidas activas con miras a conseguir de forma progresiva un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, mediante un sistema nacional y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo (artículo 2°, numeral 2).
Seguidamente, dispone que todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, deberá examinar periódicamente las medidas que podrían adoptarse para ratificar los convenios pertinentes de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo (artículo 2°, numeral 3).
3. Política nacional. Todo Miembro deberá:
a) Promover un ambiente de trabajo seguro y saludable;
b) Promover e impulsar, en todos los niveles pertinentes, el derecho de los trabajadores a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, y
c) Promover principios básicos tales como: evaluar los riesgos o peligros del trabajo; combatir en su origen los riegos o peligros del trabajo, y desarrollar una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud que incluya información, consultas y formación.
Para efectos del Convenio, se entiende por política nacional sobre seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente de trabajo, aquella elaborada en consulta con las organizaciones más representativas, de conformidad al principio de prevención de accidentes y daños para la salud (artículo 3°).
4. Sistema nacional. Todo Miembro deberá establecer, mantener, desarrollar en forma progresiva, y reexaminar periódicamente, un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, y deberá incluir, entre otros ámbitos, la legislación, autoridades u organismos responsables; mecanismos de garantía y sistemas de inspección y disposiciones que promuevan la cooperación entre los diversos actores (artículo 4°).
En el Mensaje se destaca que Chile cumple en la actualidad con la gran mayoría de los aspectos considerados por el Convenio: en materia de regulación, existe ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y su normativa complementaria; el Reglamento N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; junto a otras regulaciones especiales en sectores tales como la minería, agricultura, etc. En materia de seguridad y salud ocupacional, Chile cuenta con organismos competentes como la Superintendencia de Seguridad Social, la Dirección del Trabajo, las Seremi de Salud, y el Sernageomin, entre otros.
Asimismo, nuestro ordenamiento contempla sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las normas vigentes y diversos sistemas de inspección; existen diversas instancias en las cuales convergen los empleadores, los trabajadores y/o el Estado (Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Departamentos de Prevención de Riesgos Profesionales, y mesas sectoriales); información y asesoramiento sobre seguridad laboral (Instituto de Seguridad Laboral y las Mutualidades de Empleadores); capacitación y promoción de la seguridad laboral que realizan los citados Comités Paritarios, y las instancias de diálogo social.
5. Programa nacional de seguridad y salud en el trabajo. Está definido en el artículo 5° como: “cualquier programa nacional que incluya objetivos que deban alcanzarse en un plazo determinado, así como las prioridades y medios de acción destinados a mejorar la seguridad y salud en el trabajo y los medios para evaluar los progresos realizados. Todo Miembro deberá elaborar, aplicar, controlar y reexaminar periódicamente un programa nacional en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, sobre la base de un análisis de la situación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, y procurar que sea ampliamente difundido y, en la medida de lo posible, respaldado y puesto en marcha por las más altas autoridades nacionales.
6. Disposiciones finales. Entre ellas pueden señalarse: i) que el mismo no constituye una revisión de ninguno de los convenios o recomendaciones internacionales del trabajo; ii) que las ratificaciones deberán ser comunicadas para su registro al Director General de la OIT ; iii) que obligará únicamente a aquellos Miembros cuyas ratificaciones han sido registradas; iv) el mecanismo de entrada en vigor; v) el procedimiento de denuncia; vi) la fórmula de revisión del Convenio, y vii) los idiomas en que se adoptó el mismo (artículos 6° y 14).
IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
En el estudio de este Proyecto de Acuerdo la Comisión contó con la asistencia y colaboración del Subsecretario de Relaciones Exteriores , señor Fernando Schmidt Ariztía ; de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Claudia Merino Catalán ; del Jefe de Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional de la Subsecretaría de Previsión Social, señor Pedro Contador Abraham , y del Encargado de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo, señor Alejandro Silva .
El Subsecretario de Relaciones Internacionales , señor Fernando Schmidt , explicó que la adopción de este Convenio implica el compromiso de Chile de producir una reforma medular en las temáticas de seguridad y salud en el trabajo, lo que se enmarca en la iniciativa gubernamental de brindar protección eficaz a los trabajadores mediante una política nacional estructurada que debería aplicarse en el período 2011-2012.
Agregó que el tema adquiere especial prioridad a partir del accidente que dejó a 33 mineros atrapados en la Mina San José , en la Región de Atacama, y puso en evidencia muchas falencias tanto en la empresa privada como del sector público en el cumplimiento y la fiscalización de las exigencias mínimas de seguridad laboral.
Por su parte, la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, expuso que en el mes de septiembre de 1010 el Gobierno creó la Comisión Asesora Presidencial para la Seguridad y Salud en el Trabajo, la que, en su Informe final, propuso evaluar la ratificación del Convenio N° 187, de la OIT.
Afirmó que con la firma del Convenio, Chile se compromete a desarrollar una política y un programa nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo. Por lo mismo, la Comisión Asesora Presidencial propuso como medidas la definición de una Política Nacional, la creación de un Consejo Ministerial y de un Consejo consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo integrado por trabajadores, empleadores y expertos, cuya implementación deberá estar concluida dentro del primer semestre del año en curso.
Agregó que, como se señala en el Informe final, no existe en el país una Política Nacional en materia de seguridad y salud laboral que oriente, unifique, y provea un marco de referencia a las distintas acciones en esta materia por parte de las entidades públicas y privadas. Este hecho representa una debilidad del sistema, pues en el mismo participa un número importante de instituciones entre las cuales existe una imperfecta coordinación. La desintegración del sistema hace también difícil asegurar la consistencia de exigencias, y conseguir la necesaria coordinación entre la política de seguridad y salud laboral con otras políticas sociales y económicas, y con las distintas políticas sectoriales.
Hizo presente que resulta muy difícil hacer diagnósticos completos sobre la situación del país en materia de seguridad y salud en el trabajo, por la amplitud del tema y la falta de estadísticas, las muchas diferencias entre los diversos sectores productivos y el tamaño de las empresas, no obstante lo cual Chile presenta índices de accidentabilidad que están en la vanguardia continental. Asimismo, sostuvo que existe una dispersión fiscalizadora, sin una orientación central.
Los Diputados expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este Convenio, reconocieron la importancia que tiene su implementación para el mundo del trabajo, a pesar de considerar que su normativa es demasiado general. Asimismo, plantearon la necesidad de que el Gobierno ratifique el Convenio N° 176, sobre la seguridad y salud en las minas.
A) Aprobación del proyecto de acuerdo.
Atendidos los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del Acuerdo en trámite y su anexo, la Comisión decidió por la unanimidad antes señalada en el N° 2 de las constancias reglamentarias, recomendar a la H. Cámara aprobar dichos instrumentos, para lo cual propone adoptar el artículo único del Proyecto de Acuerdo.
B) Texto del artículo único que la Comisión somete a la consideración de la H. Cámara.
Concluido su estudio la Comisión decidió, por la unanimidad antes señalada, proponer a la H. Cámara que le preste su aprobación al Convenio en informe, para lo cual sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo.
El texto que propone la Comisión, es el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Convenio 187, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo”, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 15 de julio de 1996.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 4 de enero de 2011, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado , y con la asistencia de los Diputados señores Arenas Hödar , Gonzalo ; Cerda García, Eduardo ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Díaz, Marcelo ; Edwards Silva, José Manuel ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Moreira Barros, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Saffirio Espinoza, René ; Tarud Dacarett , Jorge , y Teiller del Valle, Guillermo .
Se designó Diputado Informante al señor Roberto Delmastro Naso .
Sala de la Comisión, a 4 de enero de 2011.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado, Secretario de la Comisión .”
5. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el Proyecto de Ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a monseñor Sergio Abad Antoun . (boletín N° 7.042-07(S))
“Honorable Cámara:
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía pasa a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley referido en el epígrafe, iniciado en una moción de los H. Senadores señores Chahuán, don Francisco y Tuma, don Eugenio .
-o-
“CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1) La idea matriz o fundamental del proyecto es la de conceder por especial gracia la nacionalidad chilena a Monseñor Sergio Abad Antoun .
2) Normas de carácter orgánico constitucional.
No hay.
3) Normas de quórum calificado.
No hay.
4) Normas que requieren trámite de Hacienda.
No hay normas que requieran de este trámite.
5) El proyecto fue aprobado, en general y en particular, por unanimidad, en su sesión 28ª, de fecha 15 de diciembre del año en curso.
Votaron por la afirmativa los Diputados señores Aguiló, don Sergio ; Ascencio, don Gabriel ; Baltolu, don Nino ; Gutiérrez, don Hugo ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo y Jiménez, don Tucapel .
6) Se designó Diputado Informante al señor Ascencio, don Gabriel .
-o-
I. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Los autores de la moción fundamentan esta iniciativa legal en que los antecedentes personales de Monseñor Sergio Abad Antoun y la entrega de apostolado cristiano a la feligresía ortodoxa de nuestro país, constituyen méritos suficientes y lo sitúan como una digno acreedor del reconocimiento explícito que lleva consigo la concesión de la nacionalidad chilena por gracia, distinción que se ha otorgado, en la historia republicana, sólo a extranjeros avecindados en Chile que, además de distinguirse por los servicios prestados al país en su correspondiente actividad, han hecho de nuestro país su segunda patria.
Tanto en la moción, como en el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado, se hace una relación pormenorizada de la vida y obra de Monseñor Sergio Abad Antoun .
Resumimos lo que allí se expresa:
Monseñor Sergio Abad Antoun , es el actual Arzobispo Metropolitano de la Iglesia para la Arquidiócesis de Santiago y de todo Chile, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de la Santísima Virgen María, dependiente del Patriarcado de Antioquía.
Nació el 14 de noviembre de 1930, en Antioquía, Siria , y después de realizar sus estudios secundarios en el Seminario del Monasterio de la Virgen María , en Balamand, Líbano, obtuvo en julio de 1956, su licenciatura en teología, en la Facultad de Teología de Halki, perteneciente al Patriarcado Ecuménico en Estambul, Turquía.
Fue ordenado Diácono por el Metropolita Elias Mahouad de Alepo, y posteriormente Sacerdote Archimandrita por el Metropolita Theodosios Abu-rejaile de Trípoli .
En el mismo año 1956, fue elegido Rector del Seminario de Balamand, cargo en el que permaneció hasta 1961.
Desde 1962 y hasta 1967, participó en misiones pastorales en Damasco y Kuwait, siendo enviado, en 1968, a Brasil, donde ejerció el cargo de Vicario Episcopal de su Iglesia, hasta 1975.
Al término de esta misión, fue enviado a Venezuela, para formar la primera comunidad ortodoxa, sirviéndola durante trece años, creando muchas parroquias en su extensa labor pastoral, hasta que fue destinado a Chile, en 1988.
El 4 de diciembre de 1988, fue ordenado Obispo, y designado Vicario Patriarcal para la Iglesia Ortodoxa en nuestro país, y el 8 de octubre de 1996, en la ciudad de Damasco, Siria, y en reconocimiento a sus relevantes méritos pastorales, fue elegido Metropolita para todo Chile, que es una dignidad equivalente a la de Cardenal de la Iglesia Apostólica Romana.
En los más de veinte años que lleva en nuestro país, Monseñor Sergio Abad , ha sobresalido por su entrega plena al ejercicio pastoral de su grey, compuesta mayoritariamente por ciudadanos de ascendencia árabe y griega, a quienes ha evangelizado con gran entusiasmo, fervor y dedicación apostólica, transmitiéndoles asimismo la cultura, tradiciones e historia de sus antepasados, destacando, asimismo, por su férrea defensa del ecumenismo, lo que ha valido el respeto y afecto de los dignatarios de todos los credos del país como, asimismo, el reconocimiento de las diversas autoridades políticas.
Concluye la moción señalando que este valioso aporte en el ámbito espiritual y desarrollo del ecumenismo en nuestro país, amerita que se le conceda la nacionalidad chilena por especial gracia, otorgada en virtud de lo señalado por el artículo 10 de la Constitución Política de la República.
II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.
El proyecto de ley aprobado por el Senado está constituido por un artículo único que concede por especial gracia la nacionalidad chilena a Monseñor Sergio Abad Antoun .
III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS.
Discusión general y particular
La breve descripción precedente, que no comprende la totalidad de sus obras, fue considerada a juicio de la Comisión como antecedente que hace merecedor a Monseñor Sergio Abad Antoun al otorgamiento de la nacionalización por especial gracia que nuestra Carta Fundamental permite conferir por ley a quienes han prestado los valiosos servicios a que se refiere el número 4º del artículo 10 de la Constitución Política de la República. Por ello, vuestra Comisión aprobó, por 7 votos a favor, el proyecto de ley en comento.
Votaron por la afirmativa los Diputados señores Aguiló, don Sergio ; Ascencio, don Gabriel ; Baltolu, don Nino ; Gutiérrez, don Hugo ; Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo y Jiménez, don Tucapel .
IV. INDICACIÓN DE ARTÍCULOS QUE EL SENADO CALIFICÓ COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL, Y LA DE AQUELLOS QUE LA COMISIÓN OTORGUE ESE CARÁCTER.
El Senado estimó que el artículo único del proyecto de ley no requiere ser aprobado con quórum especial. La Comisión coincidió con dicho planteamiento.
V. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
No hay.
VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
No hay.
-o-
VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Otórgase la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Sergio Abad Antoun .”.
-o-
Tratado y acordado en sesión del día 15 de diciembre del presente, con la asistencia de la Diputada señora Vidal , doña Ximena y de los Diputados señores Aguiló, don Sergio ; Ascencio, don Gabriel ; Baltolu, don Nino ; Espinoza, don Fidel ; Gutiérrez, don Hugo ( Presidente ); Gutierrez, don Romilio ; Hasbún, don Gustavo ; Jiménez, don Tucapel ; Ojeda, don Sergio y Salaberry, don Felipe .
Asistió, además, el Diputado señor Accorsi, don Enrique .
Sala de la Comisión, a 15 de diciembre de 2010.
(Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de Comisiones .?
Moción de los diputados señores Monckeberg , don Cristián ; Browne , Cardemil , Rivas y Sauerbaum .
Mantención de la prisión preventiva en casos en que se hayan cometido delitos graves. (boletín N° 7410-07).
“I. Fundamentos de la Moción.
Nuestro Código Procesal Penal (en adelante "CPP") consagra la libertad como la regla general y la prisión preventiva (contenida en el párrafo 4° del Título V del Libro 1, artículos 139 y siguientes del Código Procesal Penal) como la excepción, haciéndola procedente sólo cuando la libertad representa un peligro para el ofendido o para la sociedad, o cuando es necesaria para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, De esta manera, la prisión preventiva, se constituye como la medida cautelar de "última ratio" dentro de nuestro ordenamiento procesal penal, ya que afecta la libertad personal, que se constituye como el derecho fundamental necesario para el pleno desarrollo del ser humano.
Ahora bien, de acuerdo a la normativa vigente, la resolución que niega o revoca una prisión preventiva es apelable. En efecto, la resolución por la cual el Juez de Garantía niega o revoca la prisión preventiva, conforme a la regla general, produce efectos respecto de la libertad del imputado, aún cuando dicha resolución no se encuentre firme o ejecutoriada. Así conforme a la regla recién expuesta, ante una revisión de la medida por parte del tribunal de alzada respectivo, pueden existir riesgos de Fuga por parte del imputado mientras no se conozca y resuelva del recurso interpuesto.
Precisamente por lo anterior, la Ley N° 20.253 introdujo un inciso segundo al artículo 149 del CPP; en el cual, respecto de ilícitos tan graves como los de: secuestro, sustracción de menores, homicidio, violación, tráfico ilegal de drogas y sustancias estupefacientes, entre otros, se establece que se mantendrá privado de libertad al imputado mientras la Corte de Apelaciones respectiva conozca y falle el recurso de apelación que fuere deducido en audiencia por el Fiscal o el Asistente de Fiscal, en contra de la resolución del Juez de Garantía que negó o revocó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. De este modo, se establece un mecanismo destinado a fortalecer la certeza de las decisiones judiciales en materia de prisión preventiva, para los delitos de mayor gravedad y connotación social.
Cabe hacer presente que, dada la gravedad de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 149 del CPP, el legislador consideró que resultaba plenamente justificado que el sujeto se mantuviera privado de libertad.
Sin perjuicio de lo anterior, no existe una justificación para que el legislador no haya incorporado en la disposición antes señalada, los delitos relacionados con conductas terroristas y con el lavado de dinero, los que presuponen igual o mayor gravedad de injusto respecto de los que fueron incorporados originalmente. Precisamente por este motivo el presente proyecto de ley viene a corregir la omisión en la que se ha incurrido. Por consiguiente, se propone complementar la norma vigente incorporando crímenes que son valorados en forma análoga en cuanto a su gravedad, connotación y peligro social.
II. Contenido del Proyecto.
El proyecto modifica el inciso segundo del artículo 149 del Código Procesal Penal para incorporar, junto a los graves delitos que considera la norma vigente, los crímenes previstos en la Ley N° 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad, y los crímenes establecidos en la Ley N° 19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Blanqueo de Activos.
En consecuencia, vengo en proponer el siguiente proyecto de Ley:
“PROYECTO DE LEY
Articulo Único.- Reemplazase en el inciso segundo del artículo 149 del Código Procesal Penal, las expresiones "de la ley", por las expresiones "previstos en las leyes N° 18.314, N° 19.913 y"
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 28 de diciembre de 2010.
Oficio Nº 5.325
Remite Sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 28 de diciembre de 2010 en el proceso Rol Nº 1.585-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa Rol de ingreso Nº 813-2009, ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el recurso de protección interpuesto en contra de Isapre Cruz Blanca S.A..
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO.”
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 28 de diciembre de 2010.
Oficio Nº 5.332
Remite Sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 28 de diciembre de 2010, en el proceso Rol Nº 1628-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa
Rol Nº 411-2010, ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Isapre Cruz Blanca S.A..
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.”
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 28 de diciembre de 2010.
Oficio Nº 5.337
Remite Sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 28 de diciembre de 2010 en el proceso Rol Nº 1.783-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa Rol de ingreso Nº 3691-2010, ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el recurso de protección interpuesto en contra de Isapre Banmedica S.A.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
VALPARAÍSO.”
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 28 de diciembre de 2010.
Oficio Nº 5.638
Remite sentencia.
Excelentísima señora
Presidenta de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 28 de diciembre de 2010 en los autos Rol Nº 1776-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa Rol Nº 2613-2010, deducido ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Isapre Banmedica S.A.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.”
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
VALPARAÍSO.”
11. Oficio del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias por el cual informa reajustabilidad de las asignaciones vigentes.
“Oficio N° 11
Santiago 22 de Diciembre de 2010.
A: S.E. La Presidenta de la Cámara de Diputados
Señora Alejandra Sepúlveda Orbenes
De: Presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias .
Como es del conocimiento de V.E., el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional creó el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, cuya misión es determinar, con cargo al presupuesto de ese Poder del Estado y conforme a los principios que rigen la actividad parlamentaria, el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
Por su parte, el Reglamento del Consejo Resolutivo, aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional, estatuye en su artículo 3° que para establecer las normas que regulan las asignaciones parlamentarias se deberán considerar los acuerdos y resoluciones adoptados con anterioridad por los organismos internos del Senado o de la Cámara de Diputados, según el caso, a los que hubiere correspondido regular estas materias, y asimismo, factores tales como el territorio, la población, el aislamiento y otros de naturaleza similar.
Como V.E. podrá comprender, sobre todo si se tiene presente el escaso tiempo de que ha dispuesto este Consejo para adentrarse en una materia tan compleja y trascendente como la que le encomendó la ley, no resulta factible resolver, por ahora, en cuanto a una estructura general de las asignaciones parlamentarias, pues la diversidad de factores a considerar imposibilita en breve lapso, con relación a aspectos de suyo complejos, un estudio exhaustivo, responsable y sereno que redunde en una solución que, aparte permitir el adecuado cumplimiento de las labores parlamentarias, evite todo tipo de comentarios emanados del desconocimiento de las actividades inherentes a la función de Senadores y Diputados.
A mayor abundamiento, con el fin de disipar cualquier duda sobre los criterios aplicados para el uso de ciertas asignaciones, será menester requerir diversos estudios que le permitan al Consejo resolver informadamente sobre los distintos aspectos involucrados.
Es y será decisión de este Consejo llevar adelante su tarea dentro de los tiempos efectivamente requeridos, por cuanto la enormidad de elementos de juicio a considerar demanda exámenes y observaciones de una profundidad tal que comprenda la totalidad de los factores envueltos y permita determinar una política de asignaciones parlamentarias permanente y absolutamente clara en los efectos y consecuencias que de estas deriven.
Por consiguiente, tengo el honor de informar a V.E. que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias determinó, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre las asignaciones parlamentarias hoy día vigentes ni tampoco asumir responsabilidades en lo tocante a su actual estructura, comunicar a esa Corporación que sus organismos internos pueden proceder a la reajustabilidad de todas ellas en un 4.2% nominal.
El referido reajuste deriva de la proyección de la inflación anual para el año 2011 de la Ley de Presupuestos de ese mismo año, equivalente a 3.2%, más un componente de ajuste real.
Es del caso manifestar a V.E. que la resolución anterior fue adoptada exclusivamente porque el Reglamento de este órgano fija como plazo fatal para tal efecto la última semana de diciembre,
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V.E.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): CARLOS LOYOLA OPAZO , Secretario Ejecutivo Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias ; SERGIO PÉZ VERDUGO, Presidente Consejo resolutivo de Asignaciones Parlamentarias ”.