Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
- V. ORDEN DEL DÍA
- INCLUSIÓN DE KILOMETRAJE REGISTRADO EN ODÓMETRO EN CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer Trámite Constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Alfonso De Urresti Longton
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Celso Rene Morales Munoz
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO, CONSTITUIDA EN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS PRÁCTICAS CREDITICIAS DE LA POLAR S.A.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- INCLUSIÓN DE KILOMETRAJE REGISTRADO EN ODÓMETRO EN CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer Trámite Constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO.
- ADOPCIÓN DE NUEVA PROPUESTA EN MATERIA DE EXPROPIACIONES A HABITANTES DEL BORDE COSTERO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Gonzalo Arenas Hodar
- Roberto Leon Ramirez
- Joaquin Tuma Zedan
- Celso Rene Morales Munoz
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Cristian Campos Jara
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Celso Rene Morales Munoz
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DISEÑO DE PROYECTO ANTE HALLAZGO DE FÓSILES EN CALDERA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Lautaro Carmona Soto
- Sergio Aguilo Melo
- Enrique Accorsi Opazo
- Cristina Girardi Lavin
- Patricio Vallespin Lopez
- Alfonso De Urresti Longton
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- David Sandoval Plaza
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADOPCIÓN DE NUEVA PROPUESTA EN MATERIA DE EXPROPIACIONES A HABITANTES DEL BORDE COSTERO.
- VII . INCIDENTES.
- SALUDOS A CARABINEROS DE CHILE CON MOTIVO DE ATAQUE A FUNCIONARIA DE ESA INSTITUCIÓN Y PETICIÓN DE SANCIONES PARA RESPONSABLES DE ESE TIPO DE ACTOS. Oficio.
- ADHESION
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Rosauro Martinez Labbe
- Jose Ramon Barros Montero
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANAL ORTUZANO, DE MAIPÚ. Oficio.
- SALUDOS A CARABINEROS DE CHILE CON MOTIVO DE ATAQUE A FUNCIONARIA DE ESA INSTITUCIÓN Y PETICIÓN DE SANCIONES PARA RESPONSABLES DE ESE TIPO DE ACTOS. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII . DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Aguilo Melo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Sergio Ojeda Uribe
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Alinco Bustos
- Enrique Accorsi Opazo
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Cristina Girardi Lavin
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 128ª, en jueves 5 de enero de 2012
(Ordinaria, de 10.15 a 12.46 horas)
Presidencia del señor Melero Abaroa, don Patricio; Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
REPÚBLICA DE CHILE
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ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 13
II. Apertura de la sesión 17
III. Actas 17
IV. Cuenta 17
- Remisión de proyecto a Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 17
V. Orden del Día.
- Inclusión de kilometraje registrado en odómetro en certificado de inscripción de vehículos motorizados. Primer Trámite Constitucional 17
- Informe de la Comisión Investigadora sobre el Seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional. (Continuación) 31
- Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, constituida en especial investigadora de las prácticas crediticias de La Polar S.A 33
VI. Proyectos de acuerdo.
- Adopción de nueva propuesta en materia de expropiaciones a habitantes del borde costero 49
- Diseño de proyecto ante hallazgo de fósiles en Caldera 51
VII. Incidentes.
- Saludos a Carabineros de Chile con motivo de ataque a funcionaria de esa institución y petición de sanciones para responsables de ese tipo de actos. Oficio 52
- Obras de mejoramiento de Canal Ortuzano, de Maipú. Oficio 53
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
a) sobre “Probidad en la Función Pública.”. (boletín N° 7616-06).
b) que “Modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado.”. (boletín N° 8105-11)
2. Segundo informe de la Comisión de Familia recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Establece el Día Nacional de la Familia y declara feriado irrenunciable el último domingo del mes de julio para efecto de su celebración.”. (boletín N° 7795-18)
Pág.
3. Moción de los diputados señores Aguiló, Ascencio, Cornejo, Espinoza, don Fidel; Gutiérrez, don Hugo; Jiménez, Ojeda y Saffirio y de la diputada señora Vidal, doña Ximena, que “Deroga penas de extrañamiento y confinamiento”. (boletín N° 8133-17)
4. Moción de los diputados señores Alinco, Accorsi, Jarpa, Jiménez, Saffirio, Vargas y Velásquez y de las diputadas señoras Girardi, doña Cristina y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica el Código Penal, aumentando las penas declarando imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad”. (boletín N° 8134-07)
5. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto, aprobado por el Congreso Nacional, que “Regulariza construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social.”. (boletín 6531-14. Rol 2139-11-CPR). (7046)
IX. Otros documentos de la Cuenta.
Respuestas a Oficios Cuenta 128ª
Ministerio de Interior:
- Diputado Santana, Reiterar el oficio N° 077, de 23 de marzo de 2010, cuya copia se adjunta, referido a la reconstrucción de la comuna de Chaitén en su actual emplazamiento. (8505 al 475).
- Diputado Santana, Dar pronta respuesta al oficio N°475, de fecha 12 de mayo pasado, cuya copia se adjunta, por medio del cual se solicitaba la reiteración del oficio N° 077, de 23 de marzo de 2010, referido a la reconstrucción de la comuna de Chaitén en su actual emplazamiento (8505 al 1156).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Proyecto de Acuerdo 464, ?Damas de Blanco en Cuba.? (15680).
- Proyecto de Acuerdo 363, “Solicita rectificar las políticas públicas de fomento a la actividad pesquera” (16684).
Ministerio de Educación:
- Diputado Delmastro, Extensión horaria en los jardines de la Junta de Jardines Infantiles y programa de incentivo al retiro del personal de la Junta de Jardines Infantiles. (4164 al 4364).
- Proyecto de Acuerdo 431, “Solicita modificaciones a la regulación de jardines infantiles acogidos al sistema de transferencia de fondos.” (4160).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Entrega de los residuos de malla cuadra galvanizada (tipo rombo) del embalse Ancoa, para su utilización en el zoológico “Arca de Noé”. (3169 al 2498).
- Diputado Sauerbaum, Solicita información acerca del estado en que se encuentran los estudios para la reparación del Puente Ñipas, en la comuna de Ránquil; como asimismo sobre el plan que esa Cartera estudia para conectar Ñipas con el sector Las Rosas, en la menciona comuna; la eventual existencia de algún proyecto destinado a pavimentar el camino que va desde Puente Amarillo hasta la comuna de Coelemu; y, finalmente, acerca de los programas de alcantarillado que se contemplan para la comuna de Ránquil (3170 al 1584).
- Diputado Van Rysselberghe, Informar acerca de la posibilidad de nombrar al nuevo puente Chacabuco como ?Puente Bicentenario?. (3171 al 373).
- Diputado Van Rysselberghe, Reiterar el oficio N° 373, de 4 de mayo pasado, por medio del cual se solicita informar acerca de la posibilidad de nombrar al nuevo puente Chacabuco como “ Puente Bicentenario”, en la VIII Región del Biobío. (3171 al 821).
- Diputado Van Rysselberghe, Reitera solicitud de información sobre factibilidad de cambio de nombre del “Puente Chacabuco” por el de “ Puente Bicentenario ”, en Concepción. (3171 al 1103).
- Diputado Van Rysselberghe, Reitera los oficios Nos 373, 821 y 1.103, de fechas 4 de mayo, 17 de junio y 28 de julio del año en curso, respectivamente, en los que se solicita información sobre la posibilidad de nombrar, por la razón que esgrime, al nuevo “ Puente Chacabuco”, en la ciudad de Concepción, como “ Puente Bicentenario ”; y, de no ser ello factible, se señalen los pasos necesarios para la obtención del propósito antes señalado. (3171 al 1399).
- Diputado Ascencio, Solicita informe sobre las razones por las que dejó fuera de financiamiento las obras destinadas a dar una solución a la situación que afecta a alrededor de ciento veinte familias que habitan la Isla Quehui, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé, que carecen del servicio de agua potable (3172 al 2486).
- Diputado Jaramillo, Solicita informar sobre el proyecto de mejoramiento de la ruta que une Calcurrupe y el Lago Ranco, Provincia del Ranco , Región de Los Ríos, y la fecha de inicio de la continuación de las obras del proyecto de construcción del camino que une la Ruta 5 Sur con el Puerto de Corral (3224 al 1934).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita disponer lo necesario para la pronta construcción de las defensas fluviales de los ríos Tinguiririca y Cachapoal. (3229 al 1728).
- Diputado Van Rysselberghe, Solicita pronunciamiento respecto del cambio de nombre del Puente Chacabuco por Puente Bicentenario en Concepción, a la luz del apoyo a dicha iniciativa expresada por los alcaldes concernidos y por la Intendenta de la Región del Biobío (3230 al 1588).
- Diputado Urrutia, Solicita se realice un estudio que resuelva los problemas que, con motivo de terremoto de 27 de febrero pasado, afectaron al puente Escuela, sector Quella, en la ruta de Parral a Cauquenes y, además, se de una solución al desprendimiento de rocas y piedras que se produce en el sector La Vega, en la comuna de Chanco, ambos en la Región del Maule (3231 al 1786).
- Diputado Castro, Informar acerca del estado en que se encuentra la construcción de la pasarela Illanes, situada en la comuna de Rancagua, en la VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. (3232 al 979).
- Diputado Jaramillo, Razones del mal estado eb que se encontraría el camino de la cuesta Malihue y el sector La Quinta. (3233 al 208).
- Diputado Jaramillo, Solicita reiterar el oficio N° 208, de 13 de abril próximo pasado, en que requiere información sobre las razones del mal estado en que se encontraría la cuesta Malihue y el sector La Quinta, del camino Los Lagos-Panguipulli, provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (3233 al 1811).
- Diputado Chahín, Solicita se informe sobre factibilidad de instalar pasarela peatonal y sala de espera para pasajeros en la estación ferroviaria de Púa (3234 al 2006).
- Diputado Espinosa don Marcos, Informe sobre las bases de licitación para la concesión del tratamiento de aguas servidas de Calama y remita una copia del contrato celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Tratacal S.A., actual concesionaria. (3235 al 4982).
- Diputado Delmastro, Disponer que el camino de Quineo a Santa Elena, situado en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, cuyas obras se encuentran paralizadas, quede expedito mientras la empresa reinicia sus faenas. (3308 al 1008).
- Diputado Urrutia, Solicita información acerca del término de las labores de asfaltado, actualmente suspendidas, en el tramo del camino Lomas de La Tercera, en la comuna de Longaví, Región del Maule (3309 al 1790).
- Diputado Squella, Solicita se informe sobre la concesión de redes secas y húmedas del Centro de Detención Preventiva de San Miguel; la individualización de la empresa que se adjudicó dicho servicio; el monto invertido; y, la fecha en que se asignó la mencionada concesión. (3310 al 2442).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Lemus, Solicita se informen las causas basales de sendos accidentes fatales ocurridos en la planta de la minera “El Tambillo” y en el tranque de relaves “Quillayes” de la minera “Los Pelambres”, ubicados en las comunas de Coquimbo y de Salamanca, respectivamente; y, sobre las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad en las faenas mineras de la región, especialmente de la mediana y gran minería. (10812 al 2029).
- Diputado Campos , Solicita se informe respecto de la reactivación del Sindicato de Armadores, Pescadores Artesanales de Cerco , “Surpesca de Talcahuano”. (183 al 2298).
- Diputada Girardi doña Cristina, Solicita medidas tendientes a modificar la fórmula de cálculo de las pensiones del sistema privado o de capitalización individual, en orden a que ésta no perjudique a las mujeres (239 al 2533).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita a Ministra del Trabajo (Superintendenta de Seguridad Social) reevaluar caso del trabajador Carlos Vargas Almonacid, quien sufre severas secuelas de accidente laboral (31030 al 179).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar acerca de la situación de incumplimiento de la normativa laboral a nivel nacional; específicamente, sobre la cantidad de infracciones cursadas por incumplimiento de la legislación laboral, desglosada por región, desde marzo de 2010; con señalamiento de aquellas que han sido dejadas sin efecto, de las que se han rebajado en un 50%; y, finalmente, de las que se han mantenido; y, asimismo, sobre la cantidad de multas que han sido reclamadas judicialmente, y en cuántas de estas causas las Direcciones del Trabajo han obtenido sentencia desfavorable. (3742 al 2837).
- Diputado Torres , Solicita se informe sobre los despidos masivos de mujeres jefas de hogar del Programa Mejor Trabajo, en la comuna de San Antonio. (416 al 2190).
- Diputado García-Huidobro, Solicita remitir toda la información disponible sobre el Programa Jóvenes Bicentenario en la VI Región; en especial la nómina de los jóvenes y de los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que habrían participado en estos cursos de capacitación. (504 al 1778).
- Diputado Campos , Solicita informar sobre el rechazo, por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de Concepción, de las licencias médicas presentadas por el señor José Edgardo Vargas Figueroa. (7321 al 2299).
Ministerio de Salud:
- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre la situación producida en algunos establecimientos de salud privada que dificulta el acceso a sus servicios a pacientes con antecedentes financieros en Dicom (2276 al 2813).
- Diputado Jaramillo, Solicita informe sobre las acciones que el Gobierno ha adoptado frente a la confirmación de la presencia de plaguicidas en productos, destinados al consumo de menores, de la empresa Nestlé, particularmente respecto de eventuales sanciones (829 al 2251).
- Proyecto de Acuerdo 445, “Reconocer que los médicos están comprometidos con la ética médica en su contacto profesional con gente vulnerable.” (4325).
Ministerio de Minería:
- Proyecto de Acuerdo 451, “Indemnización a los planteros del Río Salado, Tercera Región de Atacama .” (793).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Jarpa, Solicita atender los requerimientos de los pobladores de la Región del Biobío, organizados a través de la Federación Nacional de Pobladores, detallados en la solicitud adjunta, que dicen relación con una serie de inconvenientes en la obtención de subsidios habitacionales. (646 al 2403).
- Diputada Muñoz doña Adriana, Procedimientos seguidos por el servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Coquimbo, en la construcción de 150 viviendas del Comité El Esfuerzo Propio, de la comuna de Los Vilos, especialmente en relación con el comportamiento de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social “Sinergia Consultores S. A.”. (659 al 5246).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre la recepción de las obras de pavimentación en el Pasaje Las Iris, en la Población Los Jazmines, en la ciudad de Valdivia; asimismo, acerca de la boleta de garantía otorgada por la empresa que las ejecutó, y, también, si ésta realizará la reparación de las fallas en su sistema de evacuación de aguas lluvias. (660 al 5112).
- Diputado Rincón , Se sirva disponer el estudio de un plan habitacional para la localidad de Coya, en la comuna de Machalí, en atención al déficit de viviendas que presenta, informando a esta Cámara. (661 al 5079).
- Proyecto de Acuerdo 439, “Incorporación de calefactores en viviendas sociales.” (645).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Rincón , Solicita informe sobre la suspensión, en esta fecha, del servicio de metro tren 500, de Ferrocarriles del Estado, que une a Rancagua con Santiago (3013 al 3954).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar sobre la factibilidad de implementar un proyecto especial para instalar una antena de telefonía móvil en la localidad de Hueyusca, en la comuna de Purranque, que permita dotar con este indispensable servicio a sus habitantes. (4217 al 3447).
- Diputado Ascencio, Asignar recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para subsidiar la instalación de una antena de telefonía móvil en Islas desertores, provincia de Palena. (4220 al 3453).
- Diputado Rincón , Solicita informe sobre la suspensión, en esta fecha, del servicio de metro tren 500, de Ferrocarriles del Estado, que une a Rancagua con Santiago (4281 al 3954).
- Diputado Rincón , Solicita reiterar oficio N° 3954, de 13 de julio de 2011. (4281 al 4697).
- Diputado Díaz don Marcelo, Posibilidad de instalar una antena de telefonía móvil en los sectores de El Chacal Alto, El Chacal Bajo y Romeral, de la comuna de La Serena. (4321 al 3543).
- Diputado Pérez don Leopoldo, Discriminación que afectaría a la villa Arcoíris del Sur 1, de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, en el acceso a internet y telefonía por fibra óptica (5051 al 3369).
- Diputado Farías , Solicita informe sobre las antenas de telefonía celular, de propiedad de las empresas Entel Telefonía Móvil S.A., Entel PCS Telecomunicaciones S.A. y Telefónica Móvil de Chile S.A., instaladas en calle Loncomilla 754, lote 1, parcela 22, comuna de San Bernardo (5186 al 3840).
- Diputado Walker, Solicita informar sobre las autorizaciones otorgadas, durante el año 2011, para instalar antenas de telefonía móvil en las comuna de Coquimbo y Ovalle; así como, respecto de las solicitudes, en actual tramitación, para instalar los mencionados dispositivos en los sectores rurales y urbanos de las comunas antes referidas; con señalamiento del lugar, empresa solicitante y descripción técnica de la instalación. (5982 al 4312).
- Diputado Torres , Solicita remitir el catastro de los decretos que autorizan a laS empresas de telecomunicaciones el levantamiento, en la provincia de San Antonio y en la comuna de Casablanca, de antenas de telefonía móvil; con señalamiento de la empresa propietaria y de la ubicación exacta de los mencionados dispositivos. (6071 al 4169).
- Diputado Martínez, Posibilidad de dejar sin efecto la autorización para la instalar, operar y explotar una antena de telefonía celular en la calle Antártica Chilena N° 401, esquina calle Atacama, altura del N° 210, en la población Zañartu, de la ciudad de Chillán. (6095 al 4166).
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre la política gubernamental para la adquisición de terrenos destinados a proyectos de entidades deportivas. Asimismo, pide se gestione el financiamiento de una cancha de fútbol para el Club Deportivo Unión Pescadores de Bonifacio; por demás, largamente solicitado por los vecinos de esta localidad costera. (1 al 2069).
- Diputado Díaz don Marcelo, Recaba antecedentes sobre asignación de fondos para llevar a cabo la primera etapa de la remodelación del Estadio La Portada, de La Serena (30 al 1526).
- Diputada Vidal doña Ximena, Solicita informe sobre las acciones iniciadas, las que se estudia iniciar, y las sanciones aplicadas, a los canales de televisión abierta, por sus transmisiones de los hechos ocurridos el 11 de marzo próximo pasado, a partir del sismo, y posterior tsunami, que afectó al Japón (30 al 2740).
- Diputado Accorsi, Grado de ejecución del presupuesto vigente al mes de junio del presente año, expresado en porcentajes, y cuáles son las expectativas que su Ministerio tiene hasta el fin del mismo en relación con esta herramienta financiera (49 al 3615).
- Diputado De Urresti, Solicita informar respecto de las razones por las que el estadio municipal de Valdivia no fue considerado en el programa gubernamental “Chilestadio” para el mejoramiento de recintos deportivos; si, no obstante, se estima su futura incorporación, la fecha u oportunidad en que ello ocurriría; y, además, el monto de los recursos que se invertirían en dicho recinto deportivo; y, asimismo, acerca del plazo de término del Centro de Alto Rendimiento Náutico, en las orillas del río San Pedro, en la Región de Los Ríos. (6593 al 3114).
- Diputado Monsalve, Solicita informe sobre la existencia de planes o programas, ya sea por medio del Instituto Nacional del Deporte, de la Subsecretaría de Deportes o del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, destinados a la reparación del Estadio Fiscal de Cañete (6862 al 3214).
- Diputado Carmona, Solicita informe sobre los fundamentos legales de la reestructuración orgánica que se encuentra realizando en el Instituto Nacional de Deportes (7097 al 3406).
- Diputado Rojas , Solicita informe acerca de la forma en que el Instituto Nacional del Deporte apoyará la participación de la atleta Erika Olivera en los próximos Juegos Olímpicos (9038 al 3005).
- Diputado Van Rysselberghe, Informar sobre los recursos públicos que han sido destinados a la Asociación de Fútbol Amateur, ANFA, con indicación detallada por región y comuna, de los montos asignados, la entidad a la que se le entregó el aporte, la utilización de éste, las personas beneficiadas y las rendiciones de cuenta. (9046 al 1040).
Ministerio Público:
- Diputado Monckeberg don Nicolás, Informe sobre la cantidad de veces que, durante el presente año, esa entidad ha ejercido la atribución consagrada en el artículo 131 del Código Procesal Penal, desglosada por fiscalías regionales; como igualmente, remita copia del instructivo emanado de esa Fiscalía Nacional, fijando criterios generales para determinar los casos y circunstancias en que el ejercicio de esa atribución es recomendada. (741 al 5351).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Álvarez-Salamanca, Medidas de seguridad adoptadas ante el inminente tránsito, por la Región del Maule, de 4.000 camiones cargados con arsénico, que se dirigirán desde la División El Teniente, de la Corporación Nacional del Cobre, hasta las plantas de tratamiento ubicadas en Chillán Viejo. (112305 al 3918).
- Diputado Álvarez-Salamanca, Medidas de seguridad adoptadas ante el inminente tránsito, por la Región del Maule, de 4.000 camiones cargados con arsénico, que se dirigirán desde la División El Teniente, de la Corporación Nacional del Cobre, hasta las plantas de tratamiento ubicadas en Chillán Viejo. (112305 al 3919).
- Diputado León, Solicita informe sobre las medidas adoptadas para prevenir riesgos, medioambientales y sanitarios, en el transporte, por medio de camiones, de arsénico desde la División El Teniente, de la Corporación Nacional del Cobre, hasta una planta de tratamiento en la comuna de Chillán (112305 al 3961).
Empresas del Estado:
- Diputado Carmona, Solicita informar sobre las razones por las que la casa matriz de la Empresa Nacional de Minería no se ha trasladado todavía a la comuna de Copiapó. (108 al 5320).
Intendencias:
- Diputado Robles , Solicita informar acerca de las razones por las que se autorizó la instalación de una antena de telefonía móvil en el Parque Nacional Pan de Azúcar; y, asimismo, sobre el responsable de la mencionada autorización y sus motivaciones. (642 al 5400).
- Diputada Vidal doña Ximena, Se sirva informar a esta Cámara sobre las gestiones realizadas para solucionar los problemas que aquejan a las Pequeñas, Medianas y Micro Empresas Familiares, de la comuna de la Granja, en especial, los relativos a las nuevas limitaciones del plano regulador; los obstáculos para obtener patente y las trabas impuestas por la autoridad sanitaria. Asimismo, se sirva informar sobre las políticas públicas destinadas a la formación de micro empresarios; la ayuda dispuesta para las asociaciones de micro empresas; los proyectos, planes y programas para flexibilizar y subsidiar parte de la actividad de dichos empresarios, como también para entregar herramientas a los municipios con el objeto que faciliten el accionar de aquellos. (9608 al 5140).
Servicios:
- Diputado Lemus, Solicita informar sobre los procedimientos que aplicaron y conclusiones a que arribaron los organismos participantes en el control de la emergencia ocasionada por el derrame de acido sulfúrico ocurrido en la Ruta D-85, en el tramo Los Vilos - Illapel - Salamanca, el día 21 de noviembre del año en curso; y, asimismo, sobre las medidas de mitigación ambiental adoptadas con ocasión de la mencionada emergencia química. (1301 al 5273).
- Diputado De Urresti, Informe sobre el estado de tramitación de beneficios ante esa entidad, que corresponde a doña Genoveva Soto, por el fallecimiento de su cónyuge señor Guillermo Sánchez Acuña. (1355 al 5356).
Varios:
- Diputada Pascal doña Denise, Se sirva remitir a esta Cámara un listado de las becas otorgada a partir de 2010, para cursos de postgrado y tesis doctorales, en el extranjero, e informe sobre el grado de parentesco que tendrían algunos becarios con funcionarios de confianza del actual gobierno. (1026 al 5380).
- Diputado Robles , Solicita informar sobre la institución responsable del pago de las licencias médicas otorgadas a la señora Verónica Bustillos Portales. (2681 al 5329).
- Diputada Muñoz doña Adriana, Se sirva informar a esta Cámara sobre los procedimientos dispuestos para abordar las diversas manifestaciones sociales que se ha producido en nuestro país; y, remita una nómina de trabajadores de la prensa que han sido detenidos en dichos actos, en los últimos meses. (3014 al 5310).
- Diputada Girardi doña Cristina, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida al otorgamiento de pensiones, en virtud de la ley N° 20.255, que dicen relación con beneficiarios que ejercen actividades económicas de escasa significación, como los trabajadores de ferias libres y persas y la actuación del Servicio de Impuestos Internos respecto de estas personas. (30517 al 5442).
- Diputado Delmastro, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre la anunciada fusión de las empresas Entel y GDT Manquehue; como asimismo, se refiera a la situación laboral en que quedarían sus trabajadores, en especial los que laboran en la compañía Telefónica del Sur, con sede en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. (33410 al 5350).
- Diputado De Urresti, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, acerca de la fusión de las empresas Entel y GDT y si se le solicitó a esa entidad previamente antecedentes relacionados con esta transacción; como igualmente, indique si existen antecedentes sobre el futuro de la empresa Telefónica del Sur y la situación laboral en que quedarían sus trabajadores. (33410 al 5358).
- Diputado Hasbún, Informe sobre las materias expuestas en la solicitud adjunta, referidas a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. (80441 al 5265).
Municipalidad de Vallenar:
- Diputado Robles, Solicita informar sobre los problemas que afectan al Parque Las Pircas, en la comuna de Vallenar; y, asimismo, acerca de las razones y circunstancias en que se efectuó la recepción municipal de las obras en el mencionado condominio. (3047 al 5219).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (105)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Germán Becker y Patricio Vallespín.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.15 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 122ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 123ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por la cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en mensaje, que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, una vez que haya sido despachado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
INCLUSIÓN DE KILOMETRAJE REGISTRADO EN ODÓMETRO EN CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer Trámite Constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para incorporar en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el odómetro, y sanciona a quienes lo adulteren.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Gustavo Hasbún.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7559-15, sesión 8ª, en 24 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Primer Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 125ª, en 22 de diciembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 10.
El señor HASBÚN (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en una moción de los diputados señores Auth , Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hernández , Letelier , Norambuena , Tuma y Hasbún, y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José , y Zalaquett , doña Mónica , por el que se modifica la Ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de incorporar en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el odómetro de cada vehículo y sanciona a quienes lo adulteren, contenido en el boletín N° 7559-15, con urgencia actualmente calificada de simple.
Esta moción tiene por objeto establecer la obligación de consignar en la transferencia de dominio de un vehículo el kilometraje registrado en su odómetro y sanciona a quienes manipulen, adulteren o alteren dicho dispositivo.
Cabe destacar que la Comisión, con el beneplácito de la honorable Sala, acordó incorporar al proyecto en estudio el texto que contiene la moción presentada por los diputados señores Hasbún, Hernández , Macaya , Moreira , Norambuena y del ex diputado señor García-Huidobro , y de las diputadas señoras Nogueira , doña Claudia , y Turres , doña Marisol , por el que se establece la obligatoriedad de inspeccionar el kilometraje de un automóvil durante el procedimiento de revisión técnica, sancionando su adulteración, iniciativa contenida en el boletín N° 7565-15. El motivo para refundir ambas mociones radica en que las ideas matrices o fundamentales de los proyectos tienen relación directa entre sí.
En la moción contenida en el boletín N° 7559-15 se indica que los vehículos motorizados, independientemente de su año de fabricación, sufren desgastes en el motor, en la carrocería, etcétera, lo que produce una disminución del valor de reventa. A raíz de ello, se ha vuelto una práctica común para algunas personas adulterar el kilometraje registrado en los instrumentos de medición de distancia, conocidos con el nombre de “odómetros”, situación con la que se induce al engaño del futuro comprador.
Este hecho se configura como infracción al artículo 14 de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, norma que, sin embargo, establece una mínima sanción al infractor.
Por lo tanto, a juicio de los autores de la moción, se hace necesario, además, incorporar el kilometraje recorrido por el vehículo, consignado en su odómetro, en el documento utilizado para la transferencia de dominio del mismo, para dejar una constancia de éste.
En la moción contenida en el boletín N° 7565-15 se plantea que, a raíz del aumento del parque automotor, el número de relaciones jurídicas referidas a los automóviles ha aumentado de una manera exponencial en las últimas dos décadas, pero las normas legales que regulan la compraventa de vehículos motorizados no establecen grandes requisitos, de manera que las personas pueden realizar sus contratos sin mayores trabas legales.
A raíz de ello, algunos vendedores de vehículos usados utilizan nefastas artimañas para obtener ventajas en los precios de los automóviles que venden. Es así como se incurre en la práctica de la alteración del kilometraje del móvil que registra el odómetro, lo que genera en el comprador severos perjuicios, ya que en definitiva se paga un precio mayor al correspondiente, debiendo, además, costear los gastos de los defectos ocultos de que adolece el vehículo y que al momento de la venta eran ignorados.
El proyecto pretende prevenir dicha práctica para proteger a la parte más débil de esa relación jurídica y económica.
La idea matriz consiste en modificar la Ley de Tránsito, con el objeto de imponer la obligación de consignar en el certificado de inscripción de vehículos motorizados el kilometraje que registre su odómetro, estableciendo una pena para quien adultere, manipule o altere ese mecanismo de registro.
Además, establece la obligación para que las plantas de revisión técnica inspeccionen el sistema de kilometraje de los vehículos motorizados sujetos a su fiscalización, sancionando como infracción gravísima la adulteración del odómetro.
El proyecto no contiene artículos que deban ser calificados como normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado. Tampoco contiene artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
No hubo artículos rechazados ni se rechazaron indicaciones; se aprobó una indicación. No se declararon indicaciones inadmisibles.
El proyecto se aprobó en general por la unanimidad de los diputados presentes, señores Bobadilla, Hasbún, Hernández , Norambuena , señora Pacheco , doña Clemira , y señores Pérez, don Leopoldo , y Tuma .
En nombre de la Comisión, deseo agradecer la colaboración y asistencia de la subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt , y de la secretaria ejecutiva de la Conaset, señora María Francisca Yáñez .
Para concluir, informo a los señores diputados que el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y el texto comparado con la legislación vigente se encuentran a disposición de sus señorías.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , el proyecto en cuestión se inició en una moción, fue discutido en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones -que también integro- y su contenido es bastante simple, aunque no por ello menos importante, y de gran utilidad práctica.
Todos -algunos más, otros menos- hemos conocido situaciones, en el mercado de transferencia de vehículos usados -que, por lo demás, es muy importante en el país, porque mueve significativos volúmenes de dinero-, en que se han producido engaños debido a que se intenta mostrar que un vehículo tiene menos kilometraje que el real. Ello se hace por la vía de adulterar, a través de distintos sistemas mecánicos o electrónicos, los odómetros, lo cual causa un daño enorme a quien resulta víctima de tales engaños.
Como explicó el colega Gustavo Hasbún , la idea matriz del proyecto es establecer, en la normativa vigente, una sanción a quienes incurran en esa práctica, de manera que la ley actúe como un disuasivo, aunque ello no siempre ocurra.
Por lo tanto, al realizar esta modificación a la ley de tránsito, se busca evitar que esa práctica se siga desarrollando.
El informe señala que a la Comisión asistieron representantes del Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes van a desempeñar un importante rol, ya que se espera que en el certificado de inscripción del vehículo quede constancia del verdadero kilometraje. En consecuencia, se planteó que ese trámite requeriría la presencia de un ministro de fe que certifique que la cantidad de kilometraje registrada corresponde realmente a la que tiene el vehículo.
El proyecto se explica por sí solo, ya que surge de la realidad de las prácticas que lamentablemente se producen en el mercado de ventas de vehículos usados. Y como se trata de proteger un bien superior, cual es que nadie sea engañado al momento de adquirir un vehículo motorizado, me parece importante aprobarlo.
He dicho.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , este proyecto de ley resguarda el patrimonio de las familias chilenas, porque algunas tienen un automóvil como inversión y, otras, como una herramienta de trabajo.
Hace algunos años, quien tenía un automóvil era considerado poco menos que un magnate; hoy, no es así. Sin embargo, el hecho de que hoy sea más fácil adquirir un vehículo no significa que hagan lesos a quienes quieran comprar un auto usado o de segunda mano.
Por ejemplo, muchos vendedores de autos usados suelen decir: “Este auto lo usaba la señora de un médico sólo para ir a comprar el pan”. El auto en cuestión tenía diez años y figuraba con sólo 30 mil kilómetros de recorrido. Eso es claramente imposible; nadie recorre 3 mil kilómetros al año.
Por lo tanto, frente a esta situación, queremos transparencia, especialmente en la compraventa de vehículos usados, a fin de que quien está comprando uno tenga la certeza de que el kilometraje es verídico. Muchas veces ha ocurrido que una persona compra un auto, lo recorre por 100 kilómetros, viaja al sur y funde el motor. Y cuando lo abren, se dan cuenta de que tiene más de 300 mil kilómetros de recorrido, que nunca le habían cambiado el aceite y que las revisiones técnicas eran truchas.
Entonces, la iniciativa implica un respaldo para que la gente verdaderamente realice la revisión técnica del vehículo y cumpla con todos los requisitos. Además, el certificado consignará quién hizo esa revisión.
Por lo tanto, creo que se trata de un buen proyecto, pues resguardará a las personas que se encontraban en la indefensión ante empresas de compraventas que no eran tan transparentes como parecían.
También me voy a referir a otro tema, pero me gustaría que mis honorables colegas lo escucharan.
Hace algún tiempo, presenté un proyecto que causó bastante revuelo. Si alguien va a comprar un vehículo, se lo venden como si fuera del 2012, pero el año de fabricación puede ser el 2010. Eso se comprueba cuando va a comprar un repuesto. Llevan los detalles del vehículo comprado y el encargado del negocio ingresa los datos a la computadora y constata otra realidad: que le vendieron el auto como si fuera del 2012, pero que en realidad fue fabricado el 2010.
En consecuencia, también debiéramos presentar un proyecto para exigir que los vehículos que se venden efectivamente correspondan al año que se consigna y no de esa manera trucha. Me parece increíble.
Muchos representantes de compraventas de autos viajan a Estados Unidos de América en los meses de agosto o diciembre de cada año para comprar vehículos en la época de promoción. Se trata de autos de determinado año que son reemplazados por otro modelo y quedan descontinuados. Si bien son autos cero kilómetro, en muchos casos tienen tres o cuatro años de fabricación, de manera que no corresponde que en nuestro país sean vendidos como último modelo. Por lo tanto, debemos ponernos el parche antes de la herida ante esa situación.
En Estados Unidos se estableció una norma para que, a partir de 2012, todos los vehículos fabricados allí tengan un rendimiento de combustible mínimo de 12 kilómetros por litro. Ese país ya cuenta con la tecnología que lo permite, de manera que si en Chile alguien compra un vehículo respecto del cual se señala que fue fabricado en Estados Unidos en 2012, pero que rinde sólo 6 kilómetros por litro, quiere decir que no fue fabricado ese año. En ese país no podría ser vendido como último modelo, porque no cumple con la normativa vigente.
Si queremos que haya mayor transparencia en el mercado automotor, éste es un buen proyecto, porque establece sanciones para quienes adulteren los odómetros. Sin embargo, aunque traiga algunos coletazos, volveremos a presentar una iniciativa legal como la que describí, la cual en su momento fue patrocinada por diputados de diferentes bancadas, porque creemos que es el primer paso hacia la regulación de este mercado.
Antes los consumidores éramos muy tímidos. Por ejemplo, cuando alguien compraba un par de zapatos y al poco andar se le rompían, cuando concurría a la tienda en la que lo había adquirido, el vendedor le decía: “¡Se le rompió no más!” Hoy los consumidores tienen derechos, y el Presidente Piñera ha ordenado que se cumplan y se respeten. No obstante, en el caso que estamos discutiendo, creemos que se vulneran los derechos de los consumidores.
En ese sentido, si la Sala lo estima conveniente, me gustaría que se oficiara al ministro de Economía , Fomento y Turismo y al director nacional del Sernac , señor Juan Antonio Peribonio , para que nos señalen qué opinan respecto de que en el país se estén vendiendo autos como último modelo que no corresponden al año de su fabricación. Me gustaría conocer ese antecedente, y me imagino que mis colegas también están interesados en esa situación.
Por lo tanto, para dar el primer paso en la dirección de otorgar transparencia al mercado automotor, Renovación Nacional votará a favor el proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, respecto de su solicitud de oficio, le ruego que la reitere en Incidentes, porque en este momento no hay quórum en la Sala para adoptar acuerdos.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Pensé que este tema interesaba más.
El señor MELERO ( Presidente ).- Sí hay interés, señor diputado , pero la Sala no puede pronunciarse sobre su solicitud en este momento.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Entonces que se envíe el oficio en mi nombre.
El señor MELERO (Presidente).- Muy bien, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , el proyecto en discusión es muy positivo, porque establece sanciones para quienes adulteren el kilometraje registrado en el odómetro de los vehículos, de manera que deberíamos apoyarlo en forma unánime. Sin embargo, la iniciativa contiene algunos aspectos sobre los cuales me gustaría escuchar a sus autores, como el colega señor René Manuel García , quien me antecedió en el uso de la palabra. En ese sentido, me gustaría saber por qué el colega señor García no presentó una indicación al proyecto en debate sobre la materia a la que se refirió, ya que seguramente esta iniciativa será apoyada por todos. Hizo falta esa indicación.
El proyecto tiene las características de una iniciativa de ley que podría haber sido tratada en la Tabla de Fácil Despacho, más que las de un proyecto calificado de simple urgencia, porque da cuenta de una necesidad que existe en estos momentos en el parque automotor.
Creo que la iniciativa es de fácil discusión, pero de gran importancia práctica, más aún cuando en Chile aumenta día a día el parque de vehículos motorizados. Esa situación ha llevado a que los importadores de vehículos concurran, al final de cada año, a los remates de vehículos que se llevan a cabo en los Estados Unidos de América, en los que adquieren, a precios más baratos, vehículos cero kilometro, pero que no son último modelo. Tal como lo comentó el diputado señor René Manuel García , ocurre esa situación.
El proyecto busca evitar la adulteración o alteración de los odómetros de vehículos puestos a la venta, instrumento que tiene un nombre no muy usual, porque en el pasado lo llamábamos cuentakilómetros. Por lo tanto, se engaña al futuro comprador de un vehículo si se manipula su cuentakilómetros, y hay muchos que saben hacer ese trabajo.
De allí que reviste interés la iniciativa, ya que al modificar ese artefacto no solamente se está engañando al comprador, para obtener un mejor precio de venta, sino porque, además, al hacerlo se coloca en serio peligro la seguridad del tránsito, puesto que se permite circular un vehículo que presenta un desgaste superior al que marca su cuentakilómetros, con el consiguiente riesgo de que pueda sufrir un desperfecto grave, que el comprador no se explica si el vehículo tiene tan poco kilometraje. Además, el engaño del que es objeto impide que adopte las medidas del caso. Como en las revisiones técnicas tampoco se revisa ese instrumento, él cree que tiene un automóvil con menos uso, debido a la alteración señalada.
El proyecto debe ser aprobado sin mayor trámite, a fin de entregar a la ciudadanía un nuevo instrumento legal que permita velar por la fe pública, de la que a veces carecemos. En un país que avanza, culto y que crece, el engaño dentro de la sociedad, para vender o para hacerse de dinero fácil, también aumenta.
Por lo tanto, me alegra que estemos discutiendo esta iniciativa, porque es un proyecto respecto del que a diario la gente se pregunta por qué no se había legislado antes sobre la materia, el cual establece la inclusión de un nuevo numeral 7) al artículo 53 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , junto con reconocer el verdadero aporte del proyecto para resolver un problema no menor, quiero felicitar a los autores de la moción, porque contribuye, de manera efectiva, a solucionar una situación que se ha acrecentado en los últimos años, debido a que el parque automotor ha aumentado en forma considerable, así como las transacciones de vehículos.
Esas operaciones comerciales no sólo se llevan a cabo para la compraventa de vehículos nuevos, sino también para el caso de vehículos usados. Y en este último segmento se efectúa la adulteración del odómetro, lo cual, sin duda, trae consecuencias económicas serias para el comprador. La moción presentada establece las condiciones para generar efectos sancionatorios para quienes incurran en esa falta, en ese engaño al comprador.
La señalada adulteración no sólo se da en una transacción de ese tipo efectuada entre particulares, sino que, muchas veces, también entre las compraventas de vehículos usados y el particular que compra. Por lo tanto, no es justo que se establezcan sanciones sólo para los particulares que cometen la adulteración señalada, porque al hacerlo se deja libre de responsabilidad a las compraventas. Todos sabemos que hay muchas compraventas que llevan a cabo un trabajo espectacular, en forma transparente, pero hay otras que no proceden de la misma manera. Por esa razón, el proyecto propone sancionar no sólo a los particulares, sino que también a las compraventas que incurren en esa clase de actos.
La iniciativa genera las condiciones para que ese tipo de conductas no se siga reproduciendo en el tiempo, pues apunta a cubrir los vacíos que, sin duda, presenta la norma vigente que regula la materia. La modificación que propone no da espacio para que las personas malintencionadas se sigan aprovechando de los compradores que, en muchos casos, con gran ilusión compran su vehículo por primera vez, quienes al poco tiempo se deben enfrentar a la realidad de que han sido engañados y defraudados.
En ese sentido, creo que las sanciones que propone el proyecto va a aminorar la posibilidad de que esa gente, que usa y abusa de estos vacíos legales, continúe haciéndolo.
Por lo tanto, reitero mis felicitaciones a los autores y, por cierto, comprometo mi voto favorable a esta iniciativa.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , éstos son los proyectos, propuestos por parlamentarios, que interesan a la gente, y por eso que hoy la Sala está “llena” con motivo de la discusión de esta materia específica.
El diputado Jaramillo -a quien no le vamos a pasar ninguna multa, porque es honesto- hablaba del cuentakilómetros; no del odómetro. ¿Qué pasa cuando los parlamentarios dicen la edad que no tienen? Es algo parecido a esto. Así que le recomiendo al diputado Ortiz que tenga cuidado, porque también vamos a agregar…
El señor ORTIZ.- ¡El cuentakilómetros!
El señor LORENZINI.- …el cuentakilómetros. Más de alguna señora podría plantear también alguna indicación en tal sentido, porque parece que algunos maridos no tienen el rodaje que dijeron; después descubren que sus esposos eran mayores.
Lo cierto es que, aprovechando este tema, se podrían tocar varios otros adicionales, como decía el diputado René Manuel García con mucha razón. Quizás por esa razón estos proyectos buenos, pero breves, los vemos en media hora, en circunstancias de que, con estudios adicionales, podríamos aprovechar la coyuntura.
¿Qué pasa con las compañías? Algo mencionó al respecto el diputado Bobadilla , que comparto. ¿Quién hace el arreglín del cuentakilómetros? Alguien lo realiza y, normalmente, no es el conductor; es decir, hay un tercero que hace la adulteración, probablemente un mecánico, que depende de un taller. ¿Y qué le pasa a él?
Más aun, hoy, los vehículos modernos -y usted lo sabe muy bien, señor Presidente , porque recorre mucho el país, y me imagino que sólo para presidir la UDI y no para otras cosas- deben llevarse a la revisión de los 5 mil, 8 mil o 10 mil kilómetros. Entonces, las casas comerciales o sus talleres saben exactamente su kilometraje. Por ejemplo, si el diputado Vilches , por ejemplo, llega a Calama en su vehículo, después de recorrer 10 mil kilómetros, y a los tres o cuatro meses llega a los 15 mil kilómetros, cuando vaya a la revisión de 20 mil kilómetros, su odómetro no puede aparecer nuevamente con 12 mil o 15 mil kilómetros.
Por lo tanto, quizá, antes de vender un vehículo uno debiera exigir que lo lleven al taller donde le hacen las revisiones, porque ahí tienen la historia de éstas, de cada 5 mil, 7 mil, 8 mil o 10 mil kilómetros. O sea, sería una manera muy fácil de detectar cualquier cambio con un representante que realiza esas revisiones para las compañías internacionales que venden vehículos. Así podríamos solucionar ese problema.
Si hablamos de automotores, de conductores y de dueños de vehículos, entonces me interesa denunciar que todavía los cobros de los TAG son excesivos. Si usted deja de pagar el TAG, por cualquier razón -por último, porque se hizo el pillo-, en cuatro, cinco o seis meses le van a llegar unas tremendas facturas. Ahí tenemos otro problema.
Además, estamos diciendo que las plantas de revisión técnica deberían detectar esas adulteraciones. Yo, al menos, en mi zona, cada día observo filas de cuarenta, cincuenta, setenta u ochenta vehículos. O sea, si vamos a pedir un servicio más a esas plantas, primero deberíamos ampliar el número de plantas de revisión técnica o exigir que trabajen sábados y domingos, porque esto podría significar más atochamientos. Es decir, aplicamos una multa, pero no solucionamos el problema que hay detrás.
Podríamos haber trabajado con más tranquilidad sobre este proyecto -obviamente, lo vamos a aprobar-, porque hay otros temas pendientes, como, por ejemplo, el de las patentes. Hemos hablado de los vehículos, de las revisiones técnicas y, ahora, de las patentes. ¿Cuándo se pagan las patentes? Existe un proyecto de ley, de la senadora Soledad Alvear, que respaldamos y que, ojalá, se acoja en algún momento.
Podríamos diferenciar el pago de los permisos de circulación: unos los podrían pagar en marzo; otros, en junio o mayo. A lo mejor, podríamos diferenciar por regiones. Así como las revisiones técnicas se realizan de acuerdo al número de patente, se debería pagar de acuerdo a esa mensualidad, y no atochar a todo el mundo en marzo, cuando hay más gastos. Por lo tanto, ahí tenemos otro tema pendiente.
Aprovechando que el proyecto está en la Sala, podríamos haberlo complementado; desafortunadamente, no lo vamos a poder hacer. Obviamente, esto constituye un avance, pero me parece que hay que dar más tiempo a estos proyectos iniciados por parlamentarios que, si bien no interesan al Ejecutivo , por lo que nunca va a estar presente en su discusión -al parecer, tiene otros temas más importantes-, aunque son simples, toca temas ciudadanos.
¿Cuántas transacciones se hicieron el año pasado? Se vendieron 400 mil vehículos y, quizá, este año, con la crisis, se vendan 350 mil. O sea, en cuatro o cinco años, estamos hablando de la cantidad de electores que tenemos los 118 diputados presentes. Esto vale mucho más que otros proyectos de ley entretenidos.
Debemos dar más fortaleza -aprovecho la oportunidad para hacer un mea culpa- a los proyectos de ley que se generan en instancias parlamentarias, porque normalmente son más aterrizados y se refieren a temas que preocupan a la gente. Están bien los temas macro, nacionales, las políticas públicas; pero en estos temas es en los que la gente siente que sus parlamentarios corrigen situaciones como la que estamos tratando.
En consecuencia, me parece bien el proyecto. Felicito a sus autores, pero estimo que quedan algunos temas pendientes.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, como bien se ha dicho, estos proyectos de ley, que parecen simples, son muy valorizados por nuestra comunidad; muchas veces, por su simpleza, pasan inadvertidos en nuestro trabajo de fiscalización en pos de una mayor transparencia.
Hoy se han hecho afirmaciones que sería bueno analizar en el tiempo, en el entendido de que, lamentablemente, no todos podemos estar en todas las Comisiones para opinar sobre un proyecto determinado. Al final nos damos cuenta de su existencia cuando llega a la Sala, oportunidad en que lo debatimos y empezamos a estudiar la posibilidad de agregarle otro granito de arena para tratar de mejorarlo.
Ya se han mencionado algunos problemas relacionados con la venta de vehículos. Por ejemplo, muchos vehículos cuya fecha de venta es este año, el 2012, ya llevan uno o dos años de permanencia en Chile, pero se venden a precio del nuevo año. Eso lo hemos visto. De hecho, hubo una denuncia sobre vehículos que ingresaron a Chile hace un par de años, pero se vendían como nuevos. Si bien son cero kilómetros, no son del año.
Es un tema que se debe debatir y también hay que buscar alguna alternativa para que, efectivamente, si alguien quiere comprar un vehículo del 2012, no reciba uno del 2010, porque los cambios que se producen en los vehículos, en cuanto a seguridad y en otras materias, son considerables de un año a otro.
Cuando alguien compra un vehículo nuevo, debe aceptar la famosa garantía, que consiste en que si no se lleva al lugar o taller determinado que le asignan para la revisión o para el cambio de aceite y otros requerimientos, entonces la pierde. Debemos tener claridad en que, muchas veces, ése es un gran negocio para las empresas vendedoras de automóviles, por cuanto nos obligan a todos a volver al mismo recinto y cobran, desde el momento en que uno se estaciona hasta que se retira, altos montos por un cambio de aceite a los 5 mil y 10 mil kilómetros. También debiéramos discutir esa realidad, porque si un vehículo, que salió nuevo, con todo en buenas condiciones, no necesariamente va a seguir así por el hecho de que ese mismo taller le haga los correspondientes cambios de aceite. También debiéramos plantearnos este tema, para buscar alguna solución a ese problema.
Pero ahora, con este proyecto de ley estamos tratando de eliminar el engaño a un cliente cuando éste compra un vehículo usado y se le da a conocer un kilometraje que, en realidad, no es el correcto, porque todos sabemos que el desgaste inmediato de un vehículo es el kilometraje recorrido.
Por lo tanto, éste es un paso importantísimo para hacer transparencia y dar señales a propósito de esta materia.
El problema se presenta en relación con la fiscalización. Este proyecto es bueno, pero ¿qué hacemos para que la fiscalización sea efectiva? ¿Cómo fiscalizamos? ¿Cómo vamos a aplicar lo que establece el proyecto? Incluso, nosotros mismos, como muchos usuarios o compradores de vehículos, no nos damos cuenta si el odómetro o el kilometraje está de acuerdo con la realidad. No lo sabemos. Hemos visto reportajes televisivos que muestran cómo un mecánico modifica el kilometraje de un vehículo.
Por lo tanto, también es necesario fiscalizar, de modo que el proyecto, que es bastante interesante y positivo, tenga resultados.
Anuncio que contribuiremos con nuestro voto favorable a esta iniciativa. Lamento que no hayamos podido participar en la comisión técnica, para haber hecho algunos aportes.
Felicito a sus autores, porque es un paso adelante que permitirá, dado el incremento en las compras de vehículos, tanto nuevos como de segunda mano, mayor transparencia en esas transacciones, para que el cliente o comprador tenga claridad y la mejor información sobre el vehículo que está adquiriendo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , participé en una de las mociones que dieron origen a este proyecto, que tiene aspectos muy positivos, porque regula de mejor manera un tema tan importante para los consumidores, cual es la información de que deben disponer al momento de adquirir un vehículo usado.
Cada año se transan 600 mil vehículos usados en el mercado chileno. Si se estima un promedio de 2 millones de pesos por vehículo, significa que se transan más de 2 mil millones de dólares al año en este mercado, que tiene muy poca regulación.
La iniciativa es muy importante, porque marcar a fuego el kilometraje de un automóvil significa dar la seguridad a quien lo adquiere o a quien circula por las calles y carreteras del país que efectivamente ese vehículo tiene el kilometraje que indica. Evidentemente, un vehículo con 10 mil kilómetros de recorrido tiene exigencias distintas a las de uno con 100 mil o 500 mil kilómetros. Probablemente, el kilometraje es la señal más inequívoca del envejecimiento del vehículo, de su edad real, lo que es muy importante para establecer regulaciones.
Hago presente que la redacción de la letra b) del N° 2 del artículo único del proyecto, que señala que si del examen realizado en la revisión técnica correspondiente se detectara la adulteración del odómetro, se considerará una infracción gravísima y deja la posibilidad de que la sanción recaiga en el adquirente del vehículo. Es decir, puede suceder que una persona me engañe y me venda un vehículo que indica que tiene un kilometraje equis, en circunstancias de que, en realidad, tiene el triple de esa cifra. Cuando lo lleve a la revisión técnica, esa adulteración será detectada. Por lo tanto, ocurrirán dos cosas: primero, quedará en evidencia que fui timado y, segundo, me aplicarán una multa. Reitero, por la forma como está redactada esta disposición, el responsable del odómetro adulterado será finalmente el propietario del vehículo. En consecuencia, recibirá un doble castigo: la estafa de que fue objeto al comprar un vehículo con el odómetro alterado y la multa.
Por ello, anuncio que presentaré una indicación que deje absolutamente claro que la sanción se aplicará a la persona que hizo la adulteración y no al propietario del vehículo. La indicación consiste en agregar un artículo 2° del siguiente tenor: “La infracción señalada en la letra b), del número 2, del artículo 1° sólo podrá ser cursada por la autoridad competente cuando ya existiese previamente un registro del kilometraje registrado en el certificado de inscripción respectivo.”. De esa forma se garantiza que la sanción recaerá en el que adulteró y no en quien sufrió la adulteración.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , las distintas intervenciones sobre el proyecto indican que hay consenso en regular una materia que, desde hace mucho tiempo, ha generado situaciones muy desagradables para quienes adquieren un vehículo y se encuentran con la adulteración de su kilometraje.
De acuerdo con nuestro parque automotor, se llevan a cabo aproximadamente 600 mil transferencias de vehículos usados al año. Ello permite que se genere una cadena de engaños, a partir de la adulteración de la cantidad de kilómetros de dichos vehículos.
El proyecto apunta a radicar en las plantas de revisión técnica el registro del efectivo kilometraje que tiene cada vehículo, de igual forma como se revisan otros aspectos técnicos, como la emisión de gases, el estado de los neumáticos, etcétera. Asimismo, consignar esa información en el Registro de Vehículos Motorizados dará certeza respecto de qué cantidad de kilómetros ha recorrido el vehículo. Así se evita el fraude y el engaño posterior.
Pero también creemos importante establecer la carga de la responsabilidad sobre el vendedor, ya que puede desligarse del estado y de lo que registra el vehículo que vende, amparándose en que la planta de revisión técnica ya consignó su kilometraje. Por eso, de manera transversal, con los autores del proyecto presentaremos una indicación que tiene por objeto agregar el siguiente inciso final en el artículo 39 de la ley N° 18.290: “Tratándose de la compraventa de vehículos motorizados, el vendedor estará obligado a señalar de manera fidedigna, al momento de la inscripción, el kilometraje del vehículo respectivo y la fecha de la última transferencia. Sin este esencial requisito, la inscripción a que se refieren los incisos anteriores será rechazada de plano.”. De esta forma, si el vendedor es el que está falseando la información, podrá ser sancionado y anulada la transferencia. La idea es radicar en él la responsabilidad y la carga de tener que informar.
Esta indicación, que hemos firmado de manera transversal, reforzará la idea matriz del proyecto y evitará que se sigan cometiendo adulteraciones del kilometraje de los vehículos. Esperamos que sea votada junto con el proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , en el contexto de un parque automotor que ha crecido cerca de 25 por ciento en los últimos cinco años y que, por lo tanto, la transacción de vehículos ostenta cifras que van al alza, tiene sentido de utilidad práctica un proyecto como el que estamos estudiando
No es extraño que seamos testigos presenciales o de oídas de la adulteración de los odómetros de los automóviles, sea en los locales formales de compraventa de vehículos o en operaciones entre particulares, para obtener mejor precio en la venta, lo que causa perjuicio al patrimonio del comprador, quien, como es lógico, ignora la adulteración.
El sistema legal vigente se hace cargo de estos engaños, pero calificándolos con el tipo penal de la estafa, que tiene una sanción muy baja para el infractor. A nuestro juicio, hacen falta sanciones mucho más drásticas y que se puedan concretar.
Ese es el sentido de este proyecto, que aunque bastante simple, a lo mejor, apunta a proteger los derechos de las personas, que muchas veces se ven vulnerados por ese tipo de estafas o fraudes. Por eso, es imprescindible que este proyecto sea aprobado en forma unánime por la Cámara y que el Ejecutivo le dé la importancia que se merece, para que también sea pronto despachado por el Senado.
Esperamos que la indicación que anunció el diputado De Urresti cuente con la aprobación de la Sala para que se vote hoy, toda vez que es un aporte importante para un proyecto que solo busca proteger los derechos de los ciudadanos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para incorporar en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el odómetro, y sanciona a quienes lo adulteren.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común, y que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recomienda aprobar la idea de legislar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MELERO ( Presidente ).- Se ha presentado una indicación para agregar un inciso final al artículo 39 de la ley N° 18.290, del siguiente tenor:
“Tratándose de la compraventa de vehículos motorizados el vendedor estará obligado a señalar de manera fidedigna, al momento de la inscripción, el kilometraje del vehículo respectivo y la fecha de la última transferencia. Sin este esencial requisito la inscripción a que se refieren los incisos anteriores será rechazada de plano.”.
¿Habría acuerdo para votar la indicación?
Tiene la palabra el diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , considero que si este tipo de indicaciones -que parecen muy inteligentes- no se analizan bien, pueden terminar siendo un desastre. Además, me parece bastante imperativa. Por lo tanto, creo que lo mejor sería analizarla en una sesión de la Comisión.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante, señor Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al diputado señor Latorre que la indicación se consensuó con varios diputados miembros de la Comisión. Se trata de entregar una solución ante un tema que estaba en la nebulosa. Mediante la indicación se busca aclarar una duda que existía en el proyecto.
Repito, como se trata de un tema que se consensuó con todos los integrantes de la Comisión, pido que se vote la indicación.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , soy miembro de la Comisión y nadie me preguntó nada al respecto. Por eso, exijo que vuelva a la Comisión.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Señor diputado , su señoría está en su derecho de alegar lo que estime conveniente. A mí me corresponde informar que la indicación fue presentada por un jefe de Comité, específicamente por el diputado señor De Urresti. Al respecto, el artículo 130 del Reglamento dispone que, “Aprobado en general un proyecto, se podrá acordar, a petición de un jefe de Comité , por los dos tercios de los diputados presentes y en votación económica inmediata, omitir el segundo informe de Comisión”…”.
En votación la solicitud de votar la indicación sin segundo informe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Muñoz D’Albora Adriana; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , no voté en contra de la indicación -no tuve ni siquiera la oportunidad de analizar su contenido-, pero me parece que este procedimiento legislativo es vergonzoso. Aquí a un grupo de diputados se les ocurrió una idea genial…
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , ese no es un asunto de de Reglamento, sino una opinión de mérito.
El señor LATORRE .- Señor Presidente , no corresponde lo que hizo su señoría.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , su señoría tiene derecho a opinar, pero, reitero, lo que está planteando no corresponde a un punto reglamentario, sino de mérito.
Corresponde votar en particular el texto propuesto por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ca;
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. (Continuación).
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde continuar el debate del informe de la Comisión investigadora del proceso de reconstrucción nacional.
Antecedentes:
-La discusión del informe se inició en la sesión 122ªª, en 5 de diciembre de 2011, de la legislatura 359ª.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. (Continuación).
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , por razones familiares no pude estar presente en la sesión en que se rindió este informe. Pero, hoy le haré algunas observaciones.
En primer lugar, en la página 321 del informe figuran las conclusiones, que se votaron el 30 de agosto en la Comisión. Fui operada el 3 de agosto. Lamentablemente, y por desinformación, ya que estaba con licencia médica, envié mis conclusiones el mismo día de la votación, por lo que no se incluyeron en el informe. Lo advierto, porque en la reseña que encabeza las conclusiones no se explica bien la situación, toda vez que aparezco entregando las mías media hora antes a la Comisión, sin señalar razones.
En segundo lugar, hace pocos días el ministro de Vivienda ha transparentado la información sobre el proceso de reconstrucción y el plazo que demorará llevarlo a cabo. Lo expresado nos ha dado la razón en algo que planteamos en numerosas oportunidades y en varias instancias.
El Gobierno fijó plazos, y no los cumplió. Es necesario que quede estipulado en el informe que no se concretaron y no se están cumpliendo los compromisos que asumió con la Octava Región del Biobío , especialmente en las localidades de Dichato y Coliumo y en las comunas de Coronel y Penco. Hubo compromisos en vivienda, trabajo y desarrollo productivo para la gente damnificada. Es más, el intendente comprometió apoyo sicológico para jóvenes y niños. Eso tampoco se ha cumplido.
Siguen las deficiencias en la entrega del certificado de inhabitabilidad para acceder a los subsidios habitacionales, en los encuestajes y las ponderaciones de las fichas de protección social; aumentan los puntajes y los damnificados siguen sin poder postular; en definitiva, la gente sigue viviendo en campamentos.
Por eso, recordé al ministro de Vivienda , quien transparentó que los plazos y metas comprometidos no los podrá cumplir durante este año y el próximo, por lo que la gente seguirá viviendo en campamentos por dos o tres años más.
Por otra parte, la ayuda que ha entregado el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Pesca, de acuerdo con el programa “Volvamos a la mar” ha sido insuficiente. No con todos los pescadores, no con toda la gente que tuvo daño en sus caletas y en sus embarcaciones se ha cumplido. No a todos se les ha ayudado para reponer sus anhelados implementos de pesca y embarcaciones para salir adelante.
En definitiva, estamos ante un informe bastante deficiente, que sólo consigna la mirada de un grupo de diputados de Gobierno y nada dice de las posturas de la Oposición. Por eso, la bancada socialista lo votará en contra.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.
El señor MORALES.- Señor Presidente , es importante aclarar cómo se llegó a este informe final de la Comisión.
Como han señalado algunos parlamentarios, el informe recogió el debate que se realizó, la opinión y la votación de las conclusiones de los diputados de la Alianza, porque los diputados de la Concertación no asistieron a la sesión de la Comisión en que se votó el texto final y tampoco entregaron observaciones en la fecha y en los términos aprobados por la comisión.
Después de aclarado lo anterior, debo expresar que una de las debilidades del proceso de reconstrucción fue el diagnóstico inicial sobre vivienda. El Ministerio del ramo no lo planteó bien y no se recogieron todas las inquietudes presentadas por los municipios y por los diferentes grupos organizados. Con el transcurso del tiempo, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo fue rectificando y mejoró las propuestas formuladas en las regiones más afectadas, como las del Maule y del Biobío.
En el caso particular de la Región del Biobío, se asignó casi el 89 por ciento de los subsidios para construir; hay obras terminadas y las que se están realizando tienen un avance del 60 por ciento, también se sinceraron las fechas de término de reconstrucción de las casas, especialmente para los pobladores que viven en las aldeas y en los de sitios residentes, proceso que terminará en 2014, de acuerdo con las cifras entregadas por el Ministro de la Vivienda .
Cada región ha tenido una realidad diferente respecto de la recuperación del borde costero y de los programas destinados a reparar los daños que sufrieron durante el maremoto.
En el caso particular de la Región del Maule, el programa “Volvamos a la mar” ha sido ciento por ciento efectivo gracias a la participación del sector privado.
Reitero, la debilidad del proceso de reconstrucción se ha dado en vivienda, pero con el tiempo se ha ido rectificando, por lo que el plan y el programa que existe han dado solución a los damnificados por el terremoto y el maremoto
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Investigadora del seguimiento del proceso de reconstrucción nacional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; Jaramillo Becker Enrique; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Tuma Zedan Joaquín.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO, CONSTITUIDA EN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS PRÁCTICAS CREDITICIAS DE LA POLAR S.A.
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, constituida en especial investigadora de las prácticas crediticias de La Polar S.A.
Diputado informante de la comisión es el señor Gonzalo Arenas.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Economía mandatada como “Investigadora con ocasión de la crisis financiera provocada por las malas prácticas crediticias”, sesión 93ª, en 11 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ARENAS (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, constituida en especial investigadora con ocasión de la crisis financiera provocada por las malas prácticas crediticias de la empresa La Polar, paso a rendir el correspondiente informe, según la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados a dicha comisión, la cual presido.
La Comisión estuvo integrada por los mismos miembros de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Se produjeron múltiples remplazos, que están expresamente indicados en el informe.
También se conocieron los informes, testimonios y antecedentes entregados por el ministro de Hacienda , don Felipe Larraín; por el presidente subrogante del Banco Central, don Enrique Marshall, por el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , don Carlos Budnevich; por el superintendente de Valores y Seguros, don Fernando Coloma; por el intendente de Valores , don Hernán López; por el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, don Juan Antonio Peribonio; por la superintendenta de Pensiones, doña Solange Berstein; por el ex director del Servicio Nacional del Consumidor, don José Roa; por representantes de las empresas clasificadoras de riesgos y de las empresas auditoras, especialmente PricewaterhouseCoopers.
También se conoció el testimonio de representantes de los consumidores, como Conadecus, Odecus y AprocChile. Además, de los abogados del estudio Gutiérrez y Silva.
La Comisión aprobó por amplia mayoría de sus miembros el informe, con un solo voto en contra del diputado José Manuel Edwards.
El informe de la Comisión señala que, según el mandato dispuesto por la Corporación a la Comisión de Economía, ésta pudo concluir que las prácticas reñidas con la ley de la empresa La Polar S.A., que se dieron a conocer en junio de 2011 y que consisten en repactaciones unilaterales que originaron a la postre un fraude de tipo masivo, fueron de la mayor trascendencia, porque han reflejado la fragilidad del sistema de supervisión financiera de nuestro país y ha dejado de manifiesto la gran asimetría de información existente en el mercado.
Uno de los problemas centrales derivados del caso La Polar es que las empresas del retail, directamente o a través de filiales, se han ido transformando en importantes proveedores de crédito a consumidores, generándose en los últimos años lo que la comisión llamó un verdadero “mercado financiero en la sombra”, término también usado a nivel internacional, ya que no está sometido a ninguna legislación especial que disponga su fiscalización en forma clara e integral.
En virtud de esta investigación, ha sido posible establecer que en la industria del retail existen condiciones para que se puedan realizar, sin mayor fiscalización, abusos, fraudes, estafas masivas y otros delitos contra los consumidores y/o usuarios de instrumentos financieros no bancarios, así como contra la estabilidad y sanidad del sistema financiero nacional, lo cual se habría generado en el tiempo por la conjunción de múltiples factores, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: fallas de supervisión del gobierno corporativo de la empresa, concentración de las tareas de auditoría de estados financieros y del informe de procedimientos acordados en un solo auditor externo, influencia negativa de esquema de incentivos variables de los ejecutivos, especialmente de las empresas de retail; falta de coordinación y traspaso de información en tiempo y forma entre los organismos reguladores y encargados de fiscalizar, fiscalización estatal insuficiente e incompleta, centrada en el normal funcionamiento de los pagos y no en el riesgo de la cartera de créditos. Además, desde el punto de vista de los deudores, se realizaron cobros excesivos de tasas de interés y repactaciones unilaterales masivas sin consentimiento de éstos.
Como consecuencia de esta situación, la Comisión advirtió un cansancio de los ciudadanos ante los abusos que permite el actual sistema financiero. Es deber del Gobierno y del Congreso Nacional ocuparse de subsanar dichas debilidades, a fin de impedir la comisión de hechos irregulares y delictivos que permitan aprovecharse de los consumidores de cualquier forma.
La Comisión estableció, además, que no es aceptable que personas que cometen delitos económicos en nuestro país, que han defraudado a millones de chilenos, a quienes les han hecho pagar costos indebidos y, por ello, les han generado un drama financiero de proporciones, reciban sanciones desproporcionadamente bajas.
La Comisión no pudo llegar a la convicción de que otros oferentes de créditos no bancarios u otras empresas de retail no estén incurriendo en esas prácticas irregulares, por lo que hace un llamado urgente a las autoridades públicas respectivas para que fiscalicen con detalle dicho mercado.
Además, como pudo advertirse durante la etapa investigativa de la Comisión, las instancias colaboradoras de supervisión financiera, como las auditoras externas y las clasificadoras de riesgo, consideradas como filtros para conocer la verdadera situación financiera de las empresas, fueron negligentes e incapaces de detectar en su momento las anomalías ocurridas en la empresa La Polar.
Por otra parte, quedó establecido que el mercado de empresas clasificadoras de riesgo y auditoras se encuentra altamente concentrado y que hay que profundizar su regulación.
También la Comisión estableció que el fraude, que venía siendo perpetrado hace varios años por la empresa La Polar S.A., pudo conocerse gracias a la participación de un pequeño estudio de abogados, Gutiérrez y Silva, los que realizando un simple análisis de tipo económico de la información que estaba disponible en la red, lograron descubrirlo y comunicarlo a las entidades encargadas por ley de realizar tal cometido, lo que ahonda aún más la gravedad de la negligencia de las instituciones públicas llamadas a fiscalizar.
Sin perjuicio de las responsabilidades que se detallan más adelante, la Comisión manifiesta su honda preocupación ante lo débil, insuficiente y poco confiable que demostró ser nuestro sistema de supervisión financiera y de defensa del consumidor, fallando, con distintos grados de responsabilidad, todos los actores de nuestra actual cadena de supervisión financiera, al menos, desde el año 2006, y que comprende a los directores, a las empresas auditoras externas, a las clasificadoras de riesgo, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y a la Superintendencia de Valores y Seguros. Además, aunque no son parte formal de la cadena de supervisión financiera, también ve algún grado de responsabilidad importante en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y en el Banco Central de Chile.
La Comisión estableció dos tipos de responsabilidades:
-Las responsabilidades ante el incumplimiento de sus deberes y obligaciones.
-Las responsabilidades institucionales.
Entre los entes que la Comisión consideró responsables, ante el incumplimiento de sus deberes y obligaciones establecidos por ley, en primer lugar, a los ejecutivos y directivos de empresa La Polar S.A., que son responsables directos de dicha empresa y, además, responsables directos en la perpetración de los hechos de carácter delictual que se investigan a propósito de este escándalo financiero.
La Comisión considera que el actuar de los ejecutivos y directores de la empresa La Polar S.A. transgredió lo preceptuado en los artículos 10 y 59 de la ley de Mercado de Valores y 39, 41, 46 y 50 bis, de la ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, estableció una responsabilidad importante en la empresa de auditoría externa PricewaterhouseCoopers, porque, a juicio de la Comisión, fue responsable por su negligencia y falta de cuidado en el desempeño de su labor de auditoría. Además, su responsabilidad reviste la más alta gravedad, pues los hechos indican que la empresa habría limitado su acción a la detección de errores contables, dejando de lado la revisión de la veracidad de la información entregada por la empresa La Polar, y la detección de potenciales fraudes. La falta de diligencia con la que esta empresa realizó su trabajó socavó profundamente la fe pública con la que debe funcionar el sistema financiero chileno. Por eso, la empresa auditora habría transgredido en su actuar lo preceptuado en los artículos 239, 246, 248 y 249 de la ley de Mercado de Valores.
Así, también, estableció grados de responsabilidad por falta de cumplimiento de sus deberes y obligaciones a las empresas clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile. A juicio de la Comisión, son responsables por la negligencia y falta de cuidado en el desempeño de su labor.
En efecto, los hechos indican que tales empresas no habrían actuado con la debida diligencia al emitir opinión sobre la solidez financiera de la empresa La Polar S.A., expresada básicamente en su clasificación de riesgo. La falta de diligencia con la que estas empresas realizaron su trabajo, ayudaron a socavar la fe pública que este caso trajo consigo al sistema financiero chileno. Tales empresas habrían vulnerado lo preceptuado en los artículos 84 y 93 de la ley de Mercado de Valores.
Por otra parte, la Comisión considera que no existe motivo plausible para explicar que empresas especializadas, como las señaladas, y con prestigio en el rubro bajen una clasificación de riesgo de una empresa en solo ocho días, desde AA- a C.
En cuarto lugar, la Comisión establece responsabilidad por la negligencia en sus funciones y en el cumplimiento de sus deberes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Les cabe responsabilidad desde dos puntos de vista:
En su condición de entidades que designan a cuatro de los siete miembros de la Comisión Clasificadora de Riesgo del decreto ley N° 3500 y, además, por su intervención en el nombramiento de directores en la empresa La Polar S.A., que fueron incapaces de informar a las administradoras de fondos de pensiones sobre el real estado en que se encontraba La Polar.
También la Comisión considera que fueron responsables por un actuar negligente en el cumplimiento de sus labores la llamada Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR), conformada por siete miembros, cuatro de ellos representantes de la industria, quienes no fueron lo suficientemente diligentes para evaluar el grado de solvencia de los instrumentos en los cuales podían invertir las administradoras de fondos de pensiones.
El segundo grupo de responsabilidades, llamadas responsabilidades institucionales en la Comisión, que se refiere a un actuar negligente no en hechos específicos, sino que a la institución como un todo, al menos de diez años a la fecha.
En esta categoría, la Comisión considera que tienen responsabilidad institucional la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por la negligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, al menos desde 2006, ya que no dio estricto cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 2, 12 y 16 de la ley General de Bancos; la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por la negligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y falta de cuidado en el desempeño de su labor al menos desde 2006. La SVS no advirtió que los estados financieros presentados por la empresa La Polar no eran consistentes, a pesar de tener facultades de fiscalización directas y no sólo delegadas.
Asimismo, la Comisión considera que tiene responsabilidad la Superintendencia de Pensiones, en cuanto a que no se perciben acciones concretas luego de la crisis financiera internacional de los últimos diez años para enfrentar eventuales comportamientos fraudulentos de los gestores de los instrumentos en los cuales se pueden invertir los fondos de pensiones, lo que daña enormemente el patrimonio de todos los chilenos que cotizan en dicho sistema previsional.
La Comisión también considera que tuvo responsabilidad institucional el Banco Central de Chile, en cuanto a que no fue capaz de precaver la falencia en la regulación de las tarjetas de crédito no bancarias, dado el surgimiento de un verdadero “mercado financiero en la sombra”, demostrando que la regulación dictada por ese órgano el año 2006, a la fecha del escándalo de La Polar, se encuentra claramente obsoleta.
Por último, se señala como responsable institucional al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que si bien no es una institución llamada a realizar funciones de supervisión financiera, sí es importante señalar que desde el año 2006, a lo menos, tuvo conocimiento de casos de repactaciones unilaterales, que debieron ser comunicados a la autoridad encargada de la supervisión financiera. El Sernac debió actuar con la anticipación suficiente, mediante un proceso de mediación o de interposición de una demanda colectiva ante los primeros hechos conocidos en el fraude de la empresa La Polar.
Después de establecer estas responsabilidades en sus funciones e institucionales, la Comisión realiza una serie de propuestas necesarias para que nuestro sistema de supervisión financiera sea eficaz y nuestro sistema financiero sea transparente, y se eviten situaciones tan lamentables como las ocasionadas por la empresa La Polar.
Las propuestas son las siguientes:
Instar al Gobierno y al Congreso Nacional, en su rol de entes coadyuvantes del proceso legislativo, a impulsar los cambios legales necesarios en términos tales que permitan evitar que este tipo de casos vuelva a ocurrir.
Para ello, la Comisión apoya la necesidad de incrementar los costos asociados a los delitos económicos y financieros. Propone un incremento en la severidad de las penas asociadas a este tipo de ilícitos, de forma tal de terminar con la sensación colectiva de impunidad que existe sobre esos hechos. Las actuales penas, a juicio de la Comisión, son bajas, y en la mayoría de los casos los autores no sufren sanciones definitivas que sean privativas de libertad.
Además, esta instancia considera que debe existir un tratamiento especial y más severo respecto de quienes cometen fraudes o estafas a grupos de personas, afectando el patrimonio de mucha gente y dañando severamente la fe pública. Por lo tanto, no solo se deben aumentar las multas posibles de aplicar, como sanciones infraccionales, sino, también, las penas privativas de libertad. Por ello, se propone establecer la figura del fraude colectivo cuando las víctimas de dicha acción delictual sean un grupo de personas, o cuando tal acción afecte en el tiempo, de manera individual, a una gran cantidad de individuos.
Asimismo, la Comisión plantea que se revisen e incrementen las sanciones de tipo administrativo para los organismos de control, supervisión y fiscalización del sector financiero, sean estos públicos o privados, que incurran en negligencia o falla de servicio en el cumplimiento de sus obligaciones. También se propone que cuando las negligencias afecten colectivamente a grupos de personas exista un agravante que haga a dichas entidades corresponsables solidarios de los perjuicios generados.
Asimismo, esta Comisión considera que deben realizarse cambios normativos respecto de las empresas auditoras y clasificadoras de riesgo, de manera que éstas recaben la información que procesan y analizan desde la fuente y no la que les sea aportada por los propios escrutados; esto es, que se logre una verdad real y no meramente formal de las cifras que se manejan.
Así, desde el punto de vista de la Comisión, se requiere lo siguiente:
-Estudiar el otorgamiento de una facultad para pedir información a terceros con el fin de contrastar la información entregada por las empresas.
-Establecer su carácter de objeto único, fijar un límite de plazo para cambiar auditores externos y ampliar sus facultades para solicitar información adicional para la realización de su trabajo.
-Diseñar y aplicar mecanismos con el fin de reforzar el esquema de fiscalización y regulación de auditores externos y clasificadores de riesgo.
-Establecer un comité de expertos auditores que fiscalice el trabajo de los auditores externos.
-Exigir, por regulación, firmas de auditoría distintas para la auditoría de estados financieros y para el informe de procedimientos acordados.
-Perfeccionar y aumentar las penas ante la figura del engaño o mentira intencionada
a los auditores por parte de los ejecutivos de una empresa auditada.
-Revisar la legislación que se aplica actualmente a las clasificadoras de riesgo; en particular, analizar si son suficientes las exigencias que deben cumplir y si existen incentivos correctos para que desempeñen adecuadamente su rol.
-Por último, realizar modificaciones a la Comisión Clasificadora de Riesgo del decreto ley N° 3.500, tanto en lo relativo a la integración de sus miembros como en hacerlos responsables por la negligencia en el desempeño de sus funciones mediante la inclusión de la tipificación de un delito para los casos de negligencia grave.
También es menester realizar, a la brevedad, cambios normativos a los gobiernos corporativos de las sociedades anónimas, entre otros, la obligación de contar con un comité de auditoría, el aumento de las responsabilidades legales y patrimoniales de los directores ante fraudes y la regulación del sistema de incentivos de los altos ejecutivos de tales sociedades.
Se requiere, además, que el Gobierno haga presente la urgencia para el tratamiento legislativo del proyecto de ley sobre tarjetas de crédito, actualmente radicado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
En consecuencia, se solicita al Ejecutivo que en el marco de este informe estudie la factibilidad de acelerar el trámite parlamentario de las iniciativas de ley señaladas y les realice los perfeccionamientos pertinentes o, en su defecto, presente iniciativas alternativas que recojan el espíritu de lo propuesto por esta comisión investigadora.
Por otra parte, en materia de perfeccionamiento de nuestro sistema de supervisión financiera, esta Comisión participa de las propuestas realizadas por la llamada Comisión Desormeaux, conocida oficialmente como la Comisión de Reforma a la Regula-
ción y Supervisión Financiera, establecida por el Ministerio de Hacienda.
Se sugiere adoptar para ello el modelo twin peaks o de regulación por objetivos, que agrupa las tareas de supervisión y regulación financiera en dos grandes áreas: la supervisión de solvencia, por un lado, y la de conducta de mercado, por el otro, además de una Comisión de Pensiones.
Ese modelo permite un tratamiento adecuado de los conglomerados financieros, presenta un menor riesgo de duplicaciones y arbitrajes regulatorios y separa los objetivos entre los que existe un mayor riesgo de conflicto.
En el esquema propuesto y que esta Comisión hace suyos, se crearía, por ley, además de las dos comisiones ya señaladas, un Consejo de Estabilidad Financiera, puesto que no es suficiente el que hoy funciona regulado sólo por decreto, cuyos miembros serían el ministro de Hacienda , el presidente del Banco Central de Chile y los presidentes de las tres nuevas comisiones que se formarían: de Solvencia, de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor y de Pensiones.
De igual modo, la Comisión propone mejorar el proceso de otorgamiento de créditos, evitando la toma excesiva de riesgo; generar un tratamiento más simétrico de los créditos: entre el crédito bancario y el de las casas comerciales, el de las cajas de compensación y otras instituciones que, por ejemplo, los entregan para la compra de automóviles, con el fin de que no existan entidades a las que se les apliquen normativas menos exigentes que a otras.
Además, la fiscalización de las operaciones de crédito de casas comerciales y cajas de compensación y, en general, de todos los oferentes de crédito, sin distinción, deberían ser fiscalizadas en forma expresa y directa por la actual Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
De la misma manera, la Comisión considera necesario consolidar el sistema de información de deudores, pues Chile no tiene un sistema de información consolidado. El ciudadano que lleva sus cuentas con prudencia hoy es indistinguible del que ya se endeudó más allá de lo prudente.
También plantea establecer nuevos esquemas de coordinación y traspaso de información en tiempo y forma entre los entes reguladores.
Asimismo, sugiere mejorar la ley del Sernac Financiero, que durante el tiempo que trabajó la Comisión aún era un proyecto en trámite, colocando especial énfasis en otorgar mayores facultades a dicha institución; establecer sanciones efectivas que aseguren que las conductas abusivas no se repetirán; reforzar la función de ministro de fe y promover la acción de las asociaciones de consumidores.
Así también, considera la Comisión que la normativa sobre la Tasa Máxima Convencional debe ser revisada tanto en sus niveles como en su concepto.
Además, recomienda el estudio de la figura de la delación del fraude financiero como atenuante de responsabilidad para el primer delator, y a condición de que no se haya dado inicio a una investigación sancionatoria o a una mediación colectiva.
De igual modo, sugiere establecer programas masivos de educación financiera por parte de las instituciones del Estado que se definan. Asimismo, solicita poner atención sobre el proyecto de ley sobre modernización y fomento de la competencia, radicado hoy en el Senado, por los posibles impactos que tal materia pueda tener en nuestra regulación.
En síntesis, la discusión sobre reformas a la regulación de los mercados financieros requiere una mirada coherente y un análisis metódico acerca del desempeño del marco regulatorio y sus agencias y tomar las lecciones de las experiencias de otros mercados. Urge poner esta discusión en su real perspectiva y relevancia, y adoptar ahora medidas propuestas por esta Comisión.
Por último, señor Presidente , quiero destacar que si no se realizan las reformas planteadas por la Comisión Investigadora, Chile y el sistema de supervisión financiera no estarán capacitados para evitar nuevos escándalos, quizás más graves aún que los de La Polar. Por ello, se requiere una acción gubernamental de carácter urgente.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , hemos escuchado el informe del Presidente de la Comisión de Economía , Gonzalo Arenas, sobre el llamado “escándalo de La Polar”. Trabajamos en esa comisión investigadora como miembros de la Comisión de Economía. Naturalmente, uno se pregunta: ¿El modelo económico que lleva nuestro país por tantos años es perfecto? ¿Cuáles son sus dificultades?
De cuando en cuando aparece un escándalo como el de La Polar que nos llama tanto la atención como para preguntarnos cómo mejoramos nuestro modelo económico; cuál es la institucionalidad que rige la economía del país; cuáles son las oportunidades que tienen todos los segmentos de la población para acceder a los bienes y servicios que este modelo impulsa a través del consumismo, muchas veces desmesurado, producto de la publicidad y del poder de influencia que tienen los medios en la familia chilena.
Naturalmente, aquí hemos descubierto que existen oportunidades, pero hay deficiencias en el modelo.
Primero, ¿qué significa el retail, sobre todo, para las familias más modestas y para aquel consumidor que no tiene la capacidad de ingresar al sistema financiero formal y obtener un crédito para lograr el sueño de tener un televisor y llevar una mejor vida? Cuando a uno le entregan una casa a través de un subsidio, la quiere adornar y complementar, para lo cual debe acudir al retail, que se ha desarrollado fuertemente en este país, nicho de cual Chile es líder en América Latina. Luego, el consumidor llega al retail y se encuentra con empresas que le facilitan la vida, entregándole créditos para obtener aquellos bienes y servicios que de otra manera nunca estaría en condiciones de adquirir por los bajos sueldos que muchas veces recibe.
¿Cuál es la institucionalidad que hoy existe? Con el escándalo ocurrido en la empresa La Polar nos pudimos dar cuenta de que, por omisiones o negligencias, fallaron muchas instituciones encargadas de la supervisión financiera del país que creíamos que funcionaban bien, como es el caso del Banco Central, de las empresas especializadas en los controles, de los auditores externos, de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En definitiva, con este escándalo nos hemos dado cuenta de que el sistema se ha caído, porque no se cumplió con lo que estaba presupuestado o porque de alguna manera se sabía que tenía que ocurrir.
Hubo mucha discusión sobre si la Superintendencia de Bancos tenía o no la capacidad y la facultad de revisar y fiscalizar las tarjetas de crédito a los emisores de ellas; no obstante, nos encontramos con una norma del Banco Central que de alguna manera estaba asegurando la cadena de pago, especialmente, cuando había alguna vinculación con comercio asociado. O sea, el emisor de tarjetas no sólo emitía una para que el consumidor directo de la empresa hiciera uso de ella, sino también para que esa tarjeta pudiera servir como un medio de pago en distinto comercio. Lo que el Banco Central estaba haciendo era asegurar que esa tarjeta tuviera la certeza jurídica de que iba a servir como un medio de pago. Esa era su tarea. Sin embargo, sus autoridades nunca pensaron que iba a ocurrir un escándalo como el de la empresa La Polar y menos que iba a crear una situación tan incómoda para los accionistas de la empresa, porque aquí se juntó un número determinado de ejecutivos de una empresa que, de alguna manera, engañaron a todo el sistema de valores y de acciones, lo que produjo un desmedro en los valores de la propia empresa y de todo el sistema, ya que también afectó en forma directa a los trabajadores que cotizan en los fondos de pensiones que fueron colocados en acciones de empresas que, con este escándalo, sufrieron el deterioro de sus valores.
En segundo lugar, también hubo abusos de parte del sistema. En la Comisión pudimos advertir las altas tasas de interés que la empresa La Polar le cobraba a los usuarios de sus tarjetas, siempre la máxima convencional -es un tema que estamos discutiendo en el Congreso Nacional y espero que lo podamos abordar de buena manera para eliminar esta situación-, especialmente en lo que respecta a los créditos que se entrega a la gente más vulnerable. Además, había comisiones excesivas. Pudimos ver cómo aparecían las comisiones excesivas y los cobros no justificados; además, hubo trasgresiones a la ley por colusión de los ejecutivos. Por ello, se necesita una legislación más dura en lo que respecta a las penas personales para las personas que incurren en este tipo de desfalco o engaño.
Ésa es una de las recomendaciones que aparece en un sinnúmero de conclusiones y recomendaciones que entrega la Comisión. El informe se aprobó de manera casi unánime. Esperamos que en estas recomendaciones haya un antes y un después y que, en definitiva, se pueda legislar para realizar mejores controles y modificar la norma legal para fiscalizar también el proceder de las instituciones financieras y de todas aquellas instituciones que participan en el control de un sistema que tiene que funcionar muy bien, porque aquí están involucrados intereses no sólo de una empresa, sino de todo el sistema de valores y acciones. Todo esto va en perjuicio, como he señalado anteriormente, de los propios trabajadores de Chile.
Por tanto, me alegro de haber participado en esta Comisión y felicito a su Presidente y a sus miembros, quienes han tenido la oportunidad de realizar un arduo trabajo, ya que esta investigación duró varios meses, participó mucha gente y se aclararon las cosas y la forma en que sucedieron. Espero que ahora la justicia haga su papel y sancione fuertemente a aquellos ejecutivos de la empresa que defraudaron a sus accionistas, al sistema y que dio pie para descubrir cuáles son los temas pendientes.
No quiero terminar mi intervención sin señalar que aquí también ocurrió un hecho que no aparece en forma directa en este informe: la gran cantidad de personas morosas en la empresa La Polar, las que alcanzaban a casi un millón, lo que demuestra, también, una falta de responsabilidad y de educación de las personas.
Por eso, llamo al ministro de Educación a instaurar nuevamente en los liceos de Chile el ramo de Economía, el que siempre se debió impartir, ya que han evolucionado muchas cosas en el mundo en que vivimos. Los jóvenes salen del liceo sin saber cómo realizar contratos con tarjetas de crédito y otros vínculos con el sistema financiero. Incluso, muchas veces, ni siquiera saben lo que significa el Dicom. Hace unos días, estuve de visita en un liceo en mi distrito y de los 54 jóvenes que allí se hallaban, ninguno me supo explicar lo que significaba el Dicom. Eso demuestra que muchas veces no conocen sus derechos, pero tampoco conocen sus deberes.
Por eso, es necesario impulsar una mejor educación a los jóvenes y a toda la familia chilena sobre el sistema económico que nos rige para que sepan cómo debe funcionar la economía familiar, respecto de lo cual los conocimientos que se tienen son bastante débiles.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , no soy especialista en el área económica -ni pretendo serlo-, ni tampoco formo parte de la Comisión de Economía ni de la Comisión Investigadora; no obstante, he leído las conclusiones y las propuestas de esa Comisión.
En primer lugar, felicito a los miembros de la Comisión y a su Presidente . Me parece un informe valiente. Quienes lo trabajaron se metieron en un tema complejo, donde hay un poder económico enorme que está puesto en la palestra pública y que quedó bajo sospecha. El informe, con valentía, establece responsabilidades y señala con claridad que hubo responsabilidades y negligencia de parte de la empresa privada, pero también de parte de instituciones del Estado y hechos dolosos de parte de los ejecutivos, quienes realizaron acciones destinadas a defraudar a los clientes y a engañar a todo el sistema financiero.
Me quiero quedar con una frase que está en el informe del diputado señor Arenas, que señala que la Comisión no pudo llegar a la convicción de que esto no esté ocurriendo en otras empresas del sistema. A mí me parece que, a la luz de lo que se comenta, de lo que uno escucha y de lo que se publica, el caso de la empresa La Polar es como la punta del iceberg, porque a la hora de hacer valer nuestros derechos, los ciudadanos estamos en una situación de debilidad enorme respecto de las grandes empresas para exigir que se nos venda los bienes y servicios que corresponde, que se nos dé un trato justo, que se nos cobren comisiones e intereses justos, que se actúe con honestidad en un sistema que, en muchos aspectos, presenta zonas muy oscuras.
El mandato de la Sala a la Comisión fue que debía “analizar, indagar, investigar y determinar los errores, omisiones o negligencias de los encargados de la supervisión financiera del país y las posibles fallas o vacíos en la actual legislación”. Pues bien, a pesar de mi falta de competencia técnica, considero que las propuestas de la Comisión han señalado un rumbo claro: que el Congreso Nacional tiene la oportunidad de corregir los vacíos y las zonas grises -algunas muy oscuras- que tiene la ley, como los relacionados con la Superintendencia, con los ejecutivos, con las empresas auditoras, con las empresas clasificadoras de riesgo, etcétera.
Quiero detenerme en un actor que me parece muy relevante: las administradoras de fondos de pensiones, que pueden colocar directores en las diferentes empresas. Soy uno de los afectados, probablemente, como miles de chilenos. ¿Cuánto dinero de nuestros ahorros forzosos perdimos? Debemos recordar que son ahorros forzosos, porque la ley nos obliga a ahorrar en las administradoras de fondos de pensiones, que deberían garantizarme a mí y a todos los chilenos y chilenas que hacen bien su pega, que tomarán buenas decisiones. Pero, estas administradoras tomaron malas decisiones, perjudicando mis intereses y los de millones de compatriotas. Sin embargo, ¿quién dice algo?, ¿quién responde por esto?, ¿cómo pagarán? Y más encima nos cobran -y muy caro- por hacer mal las cosas. No parece razonable, ¿verdad? Cualquier persona de nuestro país que haga mal su pega debe asumir las consecuencias de ello; sin embargo, esto no ocurre en el caso de las administradoras de fondos de pensiones que nos siguen cobrando, socializando sus pérdidas a costa de todos nosotros e individualizando las utilidades, porque ellas nunca pierden, siempre ganan; basta con ver sus balances.
Considero que estamos frente a un tema particularmente sensible que aborda claramente el informe, relacionado con el excesivo rol que la regulación y la legislación sobre fondos de pensiones asignan a un agente auxiliar de la regulación y supervisión que le corresponde realizar al Estado. Lo que ocurre es que estas administradoras están hipotecando el futuro de muchos chilenos, cuando sean adultos mayores y reciban una pensión. Vamos a tener una pensión más baja por errores cometidos por personas que se suponía que debían cautelar nuestros inte-reses, porque les pagamos para eso.
De manera que me parece que hay responsabilidades institucionales, tal como lo señala en forma muy valiente el informe, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de la Superintendencia de Valores y Seguros, de la Superintendencia de Pensiones y del Banco Central de Chile, y creo que las propuestas que hace la Comisión, que aparecen enumeradas en el informe, son coherentes con las convicciones que se formaron sus integrantes durante el análisis de la materia que se les encomendó investigar.
Por lo general, tengo ciertos reparos sobre las comisiones investigadoras, porque la práctica nos ha enseñado que, en los hechos, no resultan efectivas y, muchas veces, llegan a una suerte de componendas, dependiendo de las mayorías transitorias que existan en ellas, y recurren a eufemismos para emitir un informe laxo, ecléctico, que no dice nada, que trata de equilibrar las cosas para no molestar a un sector u otro. Pero, en este caso, hubo valentía para decir que hubo responsabilidades y negligencia, que no se hizo la pega, que hubo descuido, y se hacen propuestas muy importantes en tal sentido.
Por eso, felicito a los colegas que participaron en la Comisión Investigadora. Está claro que las chilenas y los chilenos estamos cansados de los abusos; cientos de miles de chilenos salieron a la calle a decir que ahora tienen otra disposición. Al respecto, tengo una tesis: creo que después de haber vivido un proceso traumático de nuestra historia patria, durante el cual el temor caló en sus huesos y en su alma, los chilenos están empezando a cambiar de actitud. Ya no temen salir a la calle a decir que no aceptan más abusos, vengan de donde vengan, lo que demuestra que, a pesar de las críticas, nuestra democracia se está consolidando porque los ciudadanos están empoderados, son capaces de decir que no aceptan más abusos, que los van a denunciar. Espero que la institucionalidad que nos demos sirva para cautelar nuestros derechos ciudadanos.
El Congreso Nacional tiene un gran desafío: hacer que las propuestas contenidas en el informe, relacionadas con la modificación y perfeccionamiento de la ley, se hagan realidad en el más corto plazo.
Para terminar, reitero mis felicitaciones a la Comisión Investigadora.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , ante todo, saludo a los colegas que participaron en la Comisión Investigadora del caso La Polar, que funcionó durante varios meses, en particular, a su Presidente , el diputado Gonzalo Arenas, que condujo el análisis efectuado por ella y que, finalmente, llegó a conclusiones que van, precisamente, en la línea de lo que se planteó al principio: que en lugar de convertir el caso de La Polar en un hecho político, había que avanzar en una verdadera búsqueda de caminos para solucionar los problemas de las personas afectadas por problemas comerciales y financieros.
Debemos dar importancia a nuestras comisiones investigadoras; ésta es la segunda en la cual me ha tocado participar. El año pasado, tuvimos la comisión que investigó el caso de la mina San José, cuyas conclusiones sirvieron para realizar una reforma muy importante de la institucionalidad minera.
Espero que las propuestas de esta Comisión, que investigó el caso de La Polar, que fue una estafa colectiva que afectó a cientos de miles de chilenos y que hizo que muchas personas cayeran en el Dicom, lo que les causó una serie de problemas que les hicieron la vida más difícil, sean un aporte en la búsqueda de soluciones.
Por desgracia, históricamente, los chilenos estamos acostumbrados a presenciar estos escándalos, a ver que ladrones de cuello y corbata actúen con la mayor impunidad, camuflados detrás de un escritorio, sin enfrentar a los clientes y que, a través de artimañas comerciales y financieras, estafen a miles y miles de ciudadanos. En el pasado, conocimos el caso de Inverlink y muchas otras estafas financieras. Creo que el caso de La Polar constituye la madre de todas las estafas, en cuanto ha generado un fraude colectivo de una magnitud nunca antes conocida.
En este caso, hubo responsabilidad de la empresa, así como también quedó claramente establecida la responsabilidad de los organismos fiscalizadores. Entonces, cabe preguntarse si este tipo de situaciones se deben a falta de fiscalizadores. ¿Acaso se debe a que la Superintendencia de Bancos, tal vez, no tiene 100 ó 200 millones de pesos más para disponer de más funcionarios? ¿Serán muy bajas las penas que se les aplican a estos sinvergüenzas que les roban a los chilenos, a través de artilugios financieros?
Hoy vemos con satisfacción que muchos de ellos están tras las rejas, como corresponde, pero no sabemos cuáles son las penas que finalmente les van a aplicar los tribunales, la justicia chilena, de manera que la señal de castigo para esta gente que estafa en forma colectiva sea tan disuasiva como para impedir que otras personas en el futuro quieran hacer lo mismo.
Más allá de las regulaciones, de los controles, de las fiscalizaciones, de muchas otras cosas en las que es importante avanzar, es fundamental lo señalado en el número 2 de las conclusiones, que dice que la Comisión apoya la necesidad de incrementar los costos asociados a los delitos económicos y financieros. Se propone un incremento en la severidad de las penas asociadas a este tipo de delitos, de forma tal de terminar con la sensación colectiva de impunidad que se tiene respecto de estos hechos. Las actuales penas son bajas y en la mayoría de los casos los autores no sufren sanciones privativas de libertad.
¿Para qué estamos los parlamentarios? ¿Para qué está el Congreso? Justamente, para hacerse eco del clamor de la gente que se siente afectada y que con mucha rabia ve cómo caen en Dicom, lo pasan mal, tienen que renegociar las deudas, están hasta más arriba del cuello, mientras el sinvergüenza que a lo mejor tramó todo esto anda paseando por la calle, en algún centro comercial, disfrutando de la libertad que nosotros mismos le estamos asegurando.
Ése es para mí un tema fundamental.
Vamos a volver a retomar una idea, con la anuencia del Presidente de la Comisión de Economía , diputado Arenas , haciéndonos eco de estas conclusiones, para avanzar en un proyecto que presentamos junto a varios otros colegas, como la diputada Alejandra Sepúlveda, los diputados señores Saffirio, Torres, Auth, Velásquez, Godoy, Andrade, Cardemil, Santana, Macaya, para aumentar las penas a los delincuentes económicos. Ése es el primer paso para darle trascendencia al trabajo de la Comisión, que no sirve de nada si no somos capaces de dar una señal potente de que aquellos que estafan al pueblo deben ir presos. Ésa es la primera conclusión a la que debemos arribar.
En segundo lugar, este año hemos dado pasos significativos y hemos avanzado en varios proyectos que, aun cuando constituyen un avance, son insuficientes. Primero está el tema de la banca. Aquí no se aclaró si el riesgo que ocurrió con La Polar o si esta artimaña de mantener cartera activada en forma “trucha” en el retail sea un elemento que está siendo copiado en algún banco o institución financiera.
En el marco de la Comisión, pedimos que la Superintendencia nos entregara toda la información de riesgo de la cartera, y la gente que nos ve ahora en la televisión, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, saben que existe la renegociación “unilateral”, camuflada, de la banca.
¿Cuántos pequeños comerciantes tienen que dejar las prórrogas de pagarés firmadas en blanco? ¿Cuánta gente es sometida a renegociación forzada por el banco? ¿Cuántas otras personas en la banca hacen concurrir al cliente para que renegocie?
Por eso, señor Presidente , creo que aquí hay un tema muy preocupante con la banca y espero que el Ministerio de Hacienda se haga cargo de estos dos temas: primero, revisar que la banca no esté en la misma línea de acción de La Polar, o que algunos bancos estén en la misma línea; y en segundo lugar, que ojalá la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Ministerio de Hacienda acojan y le pongan urgencia a este proyecto de estafa colectiva, para que no sigamos blindando, no sigamos protegiendo el pellejo de quienes estafan a los miles y miles de chilenos y chilenas que han sufrido el fraude de La Polar.
Creemos que el informe de meses de trabajo es un instrumento importante, y sin duda el Presidente de la Comisión, diputado Arenas, lo hará llegar a la Fiscalía y a quienes corresponda dentro del sistema judicial, para que sirva de castigo y de prueba para aquellos que han estafado a los chilenos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , seré breve en mi intervención, porque hago mía cada una de las palabras que se pronunciaron en la Comisión Investigadora, en la que se hizo un gran trabajo. Como Presidente , quiero agradecer especialmente a los integrantes de la Comisión, tanto a los de la Alianza como a los de la Concertación e Independientes, quienes trataron, más allá de pequeñas peleas políticas, de llegar a la verdad y tener propuestas de largo plazo.
Dicho eso, quiero señalar dos cuestiones.
La primera cosa que se dijo apenas estalló el escándalo de La Polar fue que esto no era culpa de nadie. Ésa fue la primera idea que los medios de comunicación intentaron señalar a la opinión pública; que no había cómo prever la situación, que era imposible saber lo que estaba ocurriendo; que nadie podía tener culpa de lo que ocurrió. Incluso, algunos calificaron el hecho de accidente, de aislado, una desviación de un sistema que funciona bien. Con el estudio a conciencia que hicimos en la Comisión, eso queda claramente desvirtuado, porque en los hechos hay muchos responsables, hay muchos que actuaron en forma negligente, sin la debida probidad en el ejercicio de sus funciones. Y aquí quiero destacar a toda la línea de supervisión financiera, que en Chile parte con los directores, sigue con las empresas auditoras, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, el Sernac, el Banco Central, la Comisión Clasificadora de Riesgos, la Superintendencia de Pensiones. Todas esas instituciones -unas más, otras menos- tienen algún grado de responsabilidad. Por lo tanto, esa primera idea de que poco menos que lo de La Polar fue un accidente de la naturaleza, que era imposible de evitar, es una idea que hoy día nadie puede asumir como real. Aquí hubo negligencia, hubo culpa. Si nos preguntamos si se pudo evitar lo de La Polar, la respuesta es que sí se pudo haber evitado. Por ende, hay que asumir las responsabilidades que corresponden.
Otra idea que no quise poner en el informe como propuesta, porque no tengo pruebas para decir lo que voy a señalar ahora, pruebas materiales como para sostener el argumento que voy a dar -al menos, me quedó la convicción de que así es- es la siguiente.
Se dijo en su momento que nadie podía saber lo que ocurría en las empresas La Polar. Después de cerca de treinta sesiones, como Presidente de la Comisión , quedé con la convicción profunda de que aquí prácticamente todos los actores sabían desde hacía mucho tiempo lo que ocurría en La Polar. Y hubo una especie de acuerdo tácito entre muchas empresas, entre muchos actores, de no destapar lo que ocurría en La Polar, porque si lo hacían podía producirse daños muy graves. Por lo tanto, le dieron plazos a La Polar para que pudiera recuperarse y así cumplir con sus obligaciones, de modo de que no estallara el escándalo.
Pero, ¿qué ocurrió? Uno de aquellos que le dio plazo a La Polar se puso nervioso y delató lo que ocurría en La Polar. Los antecedentes llegaron al estudio Gutiérrez, que dio la información a la Superintendencia de Valores; pero tengo la convicción también de que ellos no fueron capaces de descubrirlo por sí solos, a pesar de lo muy inteligentes y capaces que puedan ser. Ellos llegaron a esos antecedentes por un soplo de alguien que sabía lo que estaba ocurriendo en La Polar; por lo tanto, el círculo de silencio se rompió, porque alguien delató a los coludidos en la situación que ocurría en empresas La Polar. Y eso es gravísimo, porque parte de ese escenario de mentiras para darle tiempo a La Polar deja en evidencia que, por ejemplo, las empresas clasificadoras las etiquetaban como empresas de lo más solvente que hay, hasta uno o dos días antes de que estallara el escándalo.
También las corredoras de bolsa recomendaban comprar acciones de La Polar hasta dos días antes de que estallara el escándalo. Además, se colocaban bonos de esa tienda en el mercado meses antes que estallara el escándalo y las empresas los compraban.
Luego, me asiste la convicción -pero no tengo pruebas; por eso, no la incluí en el informe, pero sí la puedo sostener acá- de que mucha gente sabía lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, el delito, el hecho o el escándalo de La Polar es aún más grave, porque no es la acción delictual de una persona o de un grupo de personas la que contamina al resto de los actores del sistema financiero. En este caso, de una u otra forma, todo el sistema financiero está contaminado, por conocer, desde hacía muchos años, en forma directa o indirecta, el escándalo que se estaba gestando en La Polar.
Eso nos debe llevar a realizar una reforma profunda a nuestro sistema de supervisión financiera. Después del caso de La Polar, en nuestra regulación debe existir un antes y un después, y asumirlo con urgencia.
Por eso, vamos a pedir a los ministros de Hacienda y de Economía , Fomento y Turismo que hagan suyas las propuestas de esta Comisión. Si no se toman en cuenta, en dos años más habrá un escándalo aún peor que el de La Polar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , el informe es superimportante y se llegó a conclusiones que muchos de nosotros veníamos viendo desde hace muchos años. Sólo voy a recalcar algunos temas centrales.
En primer lugar, la insolvencia familiar o el exceso de tarjetas de crédito que se entregaron a familias sin un estudio previo de su situación, llevó a este final.
En la zona de Melipilla y Talagante, representantes de tiendas del retail se ponen en la plaza y entregan tarjetas sin pedir antecedentes, sólo con la firma de la persona. Eso lleva fácilmente al endeudamiento.
No cabe duda de que el caso de La Polar demostró ser la punta del iceberg de algo que se puede producir en muchas tiendas del retail del país.
Ese es un tema central sobre el cual deberíamos demostrar mayor preocupación.
Desde hace mucho tiempo, en el Senado se está tramitando un proyecto sobre esta materia. El Ejecutivo debería brindarle su apoyo para resolver lo más pronto posible este problema, de manera de fijar a las empresas los requisitos para la entrega de créditos a las familias, de acuerdo con su solvencia.
En segundo lugar, me preocupa la labor de la Fiscalía Nacional Económica. Si bien podemos asignarle mayores responsabilidades y buscar diferentes fórmulas para que actúe con mayor rapidez, sin duda, al no tener autonomía respecto del gobierno de turno y al ser nominado el fiscal por el Presidente de la República , siempre tendremos una incógnita en materia de transparencia y de su actuación respecto de los hechos que suceden.
En tercer lugar, también me preocupa el rol que cumplen la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadicus) y los ciudadanos. No existe una ley que les permita ser parte importante o participar de manera tripartita ante las situaciones que se viven en el comercio o las denuncias que pueden llevar a cabo.
Es justo que los consumidores puedan reunirse y plantear sus dudas, por ejemplo, acerca de las diferentes leyes que los afectan de manera directa.
En ese sentido, los legisladores, sus representantes, tenemos el deber de escucharlos y de buscar la forma de que sean parte real de la solución, otorgándoles una organización sólida, tal vez con financiamiento, del Estado, a fin de que puedan enfrentar las demandas y las diferentes situaciones que acontecen.
Si bien existe el Sernac -hoy, se le suma el Sernac Finaciero-, no cabe duda de que los ciudadanos tienen una palabra importante que decir respecto de estos tópicos. Sin embargo, no son considerados; no figura el compromiso de convocarlos cada vez que se les necesite para que entreguen su experiencia.
Si bien este informe de La Polar es totalmente transparente y concluye que esa situación afecta a gran parte de las instituciones, deja planteada la preocupación acerca del camino futuro para controlar el mercado del retail.
Cuando recibimos la boleta de pago de una tienda del retail, me imagino que no la revisamos atentamente, pese a a tener las capacidades que asisten en general a los parlamentarios. Por eso, después nos encontramos con que muchas veces cobran intereses de más, incluso seguros no contratados. De ahí mi pregunta: ¿Qué pasa con la gente más modesta a la que le ocurre esa situación?
Como lo manifestaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, lo ocurrido con La Polar es la punta visible de una situación que se vive en el país, y deja en claro que las tiendas del retail manejan a los clientes como quieren.
Deudores de ingresos más bajos, a los cuales las repactaciones les resultan de un costo muy elevado -en cualquier retail, no sólo en La Polar-, constantemente llegan a nuestra oficina a plantear su situación.
El informe es muy positivo, pero deja a los parlamentarios la misión de llevar a cabo revisiones mucho más profundas de las leyes que rigen este mercado y de las fiscalías, en cuanto a sus capacidades y manera de actuar.
Hay superintendencias, como la de Valores y Seguros, de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras, que si bien cumplen su labor, lo hacen a medias, sin profundizar su rol fiscalizador.
Si revisáramos lo que ocurre con el retail que todavía está haciendo repactaciones a la gente, nos podríamos encontrar con situaciones muy delicadas, sobre todo en consideración a la vulnerabilidad a la que se ve enfrentada la familia cuando no existe regulación para el acceso a créditos.
Algunos tienen repactaciones a veinte o treinta años. Al efectuar la operación aritmética, vemos que en muchas oportunidades su deuda se les multiplica por 200 ó 300 por ciento.
El informe es importante, pero no cabe duda de que debemos seguir trabajando, por medio de las instancias existentes, para que esto no vuelva a suceder. El mercado del retail no debe continuar abusando de la gente, como lo ha estado haciendo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , quería preguntar acerca del grado de responsabilidad que asumieron las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, y de Pensiones, pero en su intervención, el diputado informante respondió sobre el particular. Aprovecho la oportunidad de felicitarlo por su trabajo, como asimismo a la Comisión.
Todo ello nos reafirma que como Cámara fiscalizadora estamos cumpliendo y haciendo bien nuestro trabajo.
Por otra parte, me alegra haber escuchado de labios del diputado informante la palabra “contaminado”. Debemos fijarnos en la gravedad del tema por lo que ese término conlleva. Un grupo de superintendencias encargadas de fiscalizar, están contaminadas. Me queda claro, después de escuchar este completo informe.
Por último, sólo puedo decir que me siento muy bien valorado como miembro de esta Cámara de Diputados, después de escuchar el informe de la Comisión Especial Investigadora.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, constituida en Especial Investigadora con ocasión de la crisis financiera provocada por las malas prácticas crediticias de la empresa La Polar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO.
ADOPCIÓN DE NUEVA PROPUESTA EN MATERIA DE EXPROPIACIONES A HABITANTES DEL BORDE COSTERO.
El señor MELERO ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 498.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 498, de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Van Rysselberghe, Arenas, León, Tuma, Morales, Calderón, Sauerbaum, Campos y Rojas, en cuya parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, adopte una nueva propuesta en cuanto al acto expropiatorio que afectará a los habitantes del borde costero de nuestro país, teniendo en consideración que hasta la fecha no han logrado un acuerdo respecto de la tasación de los inmuebles que debieran ser expropiados ni tampoco en lo relativo a las indemnizaciones por el daño patrimonial que causaría el acto expropiatorio.
Además, solicitar que en el proceso de adopción de medidas de mitigación, se evalúe la posibilidad de compatibilizar las medidas de seguridad con un diseño urbanístico y una arquitectura que mantenga en lo posible la identidad y paisaje, ya que, en caso contrario, el patrimonio ambiental se vería seriamente afectado, en tanto el Gobierno no asuma una actitud de convergencia entre la seguridad nacional y la preservación de dicho patrimonio ambiental.
Por último, instamos a que en el referido proceso se mantengan las fuentes laborales de quienes por décadas han dedicado su vida al mar, como son los pescadores de nuestro país.”
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.
El señor MORALES.- Señor Presidente, junto con el diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca, quien por problemas de salud no se encuentra en la Sala, presentamos este proyecto de acuerdo, que tiene por objeto lo siguiente:
Después del terremoto y del tsunami que afectaron al borde costero de nuestras regiones, ha pasado un tiempo más que suficiente, pese a lo cual no se ha podido llegar a acuerdo con numerosas personas y familias que vivían en los bordes costeros y que resultaron afectadas, en relación con la expropiación de sus sitios. Esto sucede a causa de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha instalado un nuevo sistema de reconstrucción en los bordes costeros, colocando una línea roja donde no se puede construir, con lo cual se han visto perjudicados muchos sitios de personas que fueron afectadas por el tsunami.
El Gobierno está en proceso de expropiación de sus sitios, para reubicarlas en otros lugares, con las medidas de mitigación correspondientes.
Sin embargo, por diferentes circunstancias, principalmente por la defensa que han hecho los dueños de esos terrenos, no se ha llegado a un acuerdo económico, lo que ha redundado en el retraso en materia de construcción de viviendas y, por cierto, en la destinación del lugar donde van a vivir.
Mediante el proyecto de acuerdo, solicitamos que el Presidente de la República , a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, agilice todos los trámites necesarios para entregar una solución, de una vez por todas, a las familias que se sienten afectadas, y que adopte una nueva propuesta en cuanto al acto expropiatorio que afectará a los habitantes del borde costero de nuestro país, teniendo en consideración que hasta la fecha no se ha logrado un acuerdo respecto de la tasación de los inmuebles que debieran ser expropiados ni tampoco en lo relativo a las indemnizaciones por el daño patrimonial que causaría el acto expropiatorio.
Además, solicitamos que en el proceso de adopción de medidas de mitigación, se evalúe la posibilidad de compatibilizar las medidas de seguridad con un diseño urbanístico y una arquitectura que, en lo posible, mantenga la identidad y el paisaje costero, ya que, en caso contrario, el patrimonio ambiental se vería seriamente afectado, en tanto el Gobierno no asuma una actitud de convergencia entre la seguridad nacional y la preservación de dicho patrimonio ambiental.
Por último, instamos a que en el referido proceso se mantengan las fuentes laborales de quienes por décadas han dedicado su vida al mar, como son los pescadores artesanales de nuestro país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , brevemente, quiero señalar que me alegra que colegas de las bancadas de enfrente hayan presentado este proyecto de acuerdo.
En la Comisión Investigadora del seguimiento del proceso de reconstrucción nacional, se conversó sobre este tema, pero, lamentablemente, lo que se plantea en el proyecto de acuerdo no está considerado como una de sus sugerencias o conclusiones.
Luego del terremoto hubo muchas especulaciones sobre el borde costero, y no se ha considerado ni tomado en cuenta a la gente afectada.
Las caletas de pescadores tienen una cultura, una forma de vida. Por lo tanto, no es bueno sacar a sus habitantes de un lugar donde han hecho toda una vida cercana al mar.
Más allá de que se llegue a un acuerdo respecto de la expropiación de terrenos, es necesario conservar la cultura de esos lugares. Queremos que el Estado asuma su rol, de manera que se mantenga una infraestructura apropiada para la conservación de esas actividades. No puede ocurrir que simplemente se saque a los habitantes de esos lugares y que sus sitios sean destinados para concretar otras inversiones, que pueden ser bastante apetecidas por quienes desean desarrollar otras actividades, por ejemplo, turísticas.
Con ello, podría ocurrir que en el borde costero se concentraran actividades que no significarían conservar la identidad cultural de los pescadores artesanales.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Farías Ponce Ramón; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Kast Rist José Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Teillier Del
Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
DISEÑO DE PROYECTO ANTE HALLAZGO DE FÓSILES EN CALDERA.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 501, de los diputados señores Carmona, Aguiló, Accorsi, Robles; de la diputada señora Girardi, doña Cristina, y de los diputados señores Vallespín, De Urresti, Gutiérrez, don Hugo; Sandoval y Rojas, en cuya parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República que ordene diseñar un proyecto científico integral en relación con el hallazgo de fósiles de valor nacional e internacional en la comuna de Caldera, Región de Atacama, poniendo a disposición de éste, recursos materiales y científicos para llevar a la práctica un parque paleontológico al servicio de la comunidad, revaluando con este fin el diseño y los plazos fijados para la continuidad de los trabajos en la autopista ruta 5 Norte.”
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hubo quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Nuevamente no hubo quórum.
En consecuencia, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES.
SALUDOS A CARABINEROS DE CHILE CON MOTIVO DE ATAQUE A FUNCIONARIA DE ESA INSTITUCIÓN Y PETICIÓN DE SANCIONES PARA RESPONSABLES DE ESE TIPO DE ACTOS. Oficio.
El señor MELERO.- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , en la prensa de hoy, así como en los noticiarios de diferentes medios emitidos en la mañana, se ha informado de manera destacada respecto del ataque del que fue objeto ayer una funcionaria de Carabineros por parte de encapuchados en el centro de Santiago, durante una marcha no autorizada, ocasión en la que también fue quemado un bus del Transantiago y se causaron otros destrozos.
Pareciera que ya estamos acostumbrados a ese tipo de manifestaciones, las cuales afectan la tranquilidad y la seguridad de nuestras ciudades. Pero lo más impactante, situación que constituye un hecho inédito, es que se haya atacado a una funcionaria de Carabineros, a una mujer que forma parte de esa institución. Ella se encontraba detenida con su moto en un semáforo, y le tiraron una bomba molotov, la cual, afortunadamente, no la hirió, pero logró que el vehículo institucional a su cargo se incendiara completamente.
Como mujer y como parlamentaria me siento muy afectada frente a ese tipo de ataques, puesto que son absolutamente innecesarios y crueles. Me duele mucho que hayamos llegado a un extremo en el que no hay respeto por nadie, ni siquiera por la autoridad, por un carabinero, y tampoco por una mujer.
Lo que ocurrió ayer es de extrema gravedad. Ese ataque de encapuchados a una carabinera constituye un homicidio frustrado, ya que esa funcionaria podría haber muerto quemada por la bomba que le lanzaron, pues cuando fue atacada se encontraba detenida en un semáforo y no contaba con protección especial para su cuerpo; se hallaba totalmente expuesta. Fue un acto de cobardía inaceptable.
Lo sucedido ayer se debe sumar a los miles de carabineros heridos el año pasado. Espero que este año, Dios así lo quiera, exista más respeto y tranquilidad.
En la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados se está tramitando un proyecto de ley que establece mecanismos para la regulación del orden público. Esperamos que esa iniciativa, que no ha logrado avanzar como hubiéramos querido, ayude a que se respete no solamente el orden público, sino también a la autoridad, a Carabineros, cuya labor es resguardarlo, misión en la que la mayor parte de las veces termina por resguardar a los propios participantes en manifestaciones pacíficas, en las que, desgraciadamente, se producen ataques de individuos cobardes.
Si bien ese proyecto considera sanciones especiales para los encapuchados que cometen delitos durante las marchas y protestas, creemos que se debería ir más allá y disponer sanciones para quienes se aprestan a cometerlos, porque una vez que ya los han perpetrado no siempre es posible identificarlos.
Por lo tanto, pido que se oficie al general director de Carabineros de Chile, con el objeto de que haga llegar mis saludos a la institución que encabeza, especialmente a las mujeres que integran sus filas y a la carabinera que fue agredida brutalmente. Espero que se tomen todas las medidas para que hechos como los de ayer no vuelvan a ocurrir.
Por último, hago un llamado especial a la Fiscalía, para que se adopten los debidos resguardos y se sancione a quienes cometen ese tipo de delitos, puesto que, tal como he señalado, lo sucedido no es un simple ataque a una persona, sino que constituye un homicidio frustrado. De allí que espero que los detenidos por el ataque a la carabinera no sean dejados en libertad en unas pocas horas más.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Pedro Velásquez, Rosauro Martínez, José Ramón Barros, de la diputada señora Mónica Zalaquett y del diputado señor Carlos Vilches.
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANAL ORTUZANO, DE MAIPÚ. Oficio.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , hoy quiero dar cuenta de una grave situación que afecta a muchos vecinos de Maipú, tal como lo vengo haciendo desde hace algunos meses, pese a lo cual, lamentablemente, aún no se ha dado una solución al problema que los aqueja.
En forma permanente estoy recibiendo denuncias de los vecinos que viven alrededor del canal Ortuzano, de esa comuna. Hace una semana, con un grupo de ellos hicimos un recorrido por el lugar afectado y pudimos constatar que allí generalmente se encuentran personas que beben alcohol, razón por la que ese sector se ha transformado en un foco de delincuencia. Además, la cantidad de basura depositada allí lo ha convertido en un sitio insalubre y plagado de ratones.
La municipalidad de Maipú se había comprometido a instalar rejillas en torno a ese canal, trabajos que ya se habían iniciado, pero que fueron detenidos hace más de dos meses, con el consiguiente peligro para la seguridad de los vecinos del sector.
Debo recordar que el problema del canal Ortuzano lleva varios años y que nunca se le ha dado una solución definitiva. Los vecinos están desesperados por las condiciones de salubridad del canal y por el foco de delincuencia en el que se he transformado, debido a que es un espacio abierto y poco iluminado, utilizado como centro de encuentro para el consumo de alcohol.
No es posible que se siga dilatando la realización de obras que impactarán directamente la calidad de vida de miles de personas que viven en Maipú, más aún cuando se han hecho promesas en ese sentido. Su incumplimiento sólo contribuye a aumentar la falta de credibilidad de las autoridades. Es tiempo de dar una solución definitiva a ese problema y de que se priorice el bienestar de nuestros vecinos, especialmente cuando se trata de situaciones tan sensibles como las que he señalado.
Por lo tanto, pido que se oficie al alcalde de Maipú, a fin de que se lleve a cabo una revisión de las razones por las que se encuentran detenidas las obras para enrejar el canal Ortuzano y se determine su fecha de reinicio, trabajos que deberían ser reanudados lo antes posible.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de lo cual la Secretaría está tomando debida nota.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.46 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Moción de los diputados señores Aguiló, Ascencio, Cornejo, Espinoza, don Fidel; Gutiérrez, don Hugo; Jiménez, Ojeda y Saffirio y de la diputada señora Vidal, doña Ximena. Deroga penas de extrañamiento y confinamiento. (boletín N° 8133-17).
“1. Fundamentos.- La literatura jurídica sobre las penas restrictivas de libertad, no es abundante, empero se denomina penas restrictivas de libertad a -un piélago de sanciones cuyo contenido reside en limitar la libertad ambulatoria del penado, pero sin mantenerlo durante todo o parte del tiempo de cumplimiento en un recinto cerrado” (cf. Gumán, Dálbora, La Pena y la extinción de la responsabilidad penal”, pág. 213, Legal Publishing, 2008), esta restricción de la libertad ambulatoria asume diversas modalidades, las más severas consisten en la expulsión del reo en todo o parte del país quedándole prohibido ingresar al territorio en cuestión.
En general no se le ha dedicado mucha atención a la crítica de este sistema de penas, y en general se repiten los argumentos aducidos en el extranjero: desigualdad, dificultades de supervisión y paco efecto preventivo_ La reciente y dura experiencia del exilio político para un considerable número de ciudadanos, con sus consecuencias de desarraigo, grave alteración del rumbo existencial y otros perjuicios de toda clase en el penado y su familia, no ha suscitado la evidente objeción de constitucionalidad, acaso porque la propia carta permite castigos aun peores, como la perdida de nacionalidad (cf. Guzmán. Pág. 231).
En la actualidad, se puede afirmar rotundamente que el confinamiento y extrañamiento son contrarios al Derecho Político, por cuanto la garantía acordada al nacional de residir en el país, que envuelve la de abandonarlo y volver a él con libertad, no puede ser objeto de limitaciones por la ley interna: “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado de que es nacional, ni ser privado de su derecho a ingresar al mismo” (art. 22 de la Convención Americana sobre derechos humanos) y que tratándose de extranjeros residentes, queda prohibido expulsarles si tienen familia en Chile.
2. Historia legislativa y Derecho comparado.- En nuestro país, esta clase de penas son de antigua data, antes de la vigencia del código se deportó a la isla de Juan Fernández y a la Tierra del Fuego, allí fueron a parar conspicuos líderes del proceso de la independencia, una suerte de preanuncio de las relegaciones y exilios políticos que con o sin sentencia jalonarían hasta el presente la historia nacional (Guzmán, p. 228). En el derecho comparado pese a su utilización en todo momento de la historia de occidente, la tendencia actual las hace desaparecer de los códigos modernos, -salvo algunos mecanismos de empleo de la pena como política de extranjería como el código penal español de 1995-, criterio que ha seguido el Anteproyecto de Código penal de 2005, salvo en lo que contempla la observación por la autoridad.
3. Ideas Matrices. El presente proyecto busca derogar dos modalidades de estas clases de penas restrictivas, específicamente el confinamiento y extrañamiento, atendido, sus nocivos efectos (trascendencia), así como también su evidente contradicción con lo dispuesto por las garantías políticas que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos, asimismo, resulta evidente que su utilización en el derecho comparado tiende a su mínima expresión, lo que aconseja una revisión legislativa en la materia atendida la crítica a esta clase de penas.
Es sobre la base de estos antecedentes que venimos en proponer el siguiente:
“PROYECTO DE LEY
Artículo único. Modifíquese el Código Penal en el siguiente sentido:
1) Deróguese en el artículo 21 las expresiones “Confinamiento mayor”; “Extrañamiento mayor”; “Confinamiento menor”; y “Extrañamiento menor”.
2) Para eliminar en los arts. 28, 29 y 30 las expresiones “confinamiento” y “extrañamiento”.
3) Deróguense los artículos 33 y 34.
4) Para eliminar en el artículo 59 las expresiones “Confinamiento mayor”; “Extrañamiento mayor”; “Confinamiento menor”; y “Extrañamiento menor”.
5) Para eliminar en el art. 74 las expresiones “confinamiento” y “extrañamiento”.
6) Para eliminar en el art. 90 las expresiones “confinamiento” y “extrañamiento”.
7) Para derogar en los arts. 121 y 124 las expresiones “o bien la de confinamiento mayor”.
8) Para derogar en el art. 121 la frase “o bien la de extrañamiento mayor”.
9) Para derogar en el art. 123 la frase “o bien la de extrañamiento menor”.
10) En el art. 118 para sustituir la expresión “extrañamiento” por “presidio”. n) Para derogar el art. 125.
11) Para derogar el art. 125.
12) Para derogar en el art. 126 la frase “o bien la de confinamiento menor o de extrañamiento menor”.
Moción de los diputados señores Alinco, Accorsi, Jarpa, Jiménez, Saffirio, Vargas y Velásquez y de las diputadas señoras Girardi, doña Cristina y Sepúlveda, doña Alejandra. Modifica el Código Penal, aumentando las penas y declarando imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. (boletín 8134-07).
“La comisión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes genera una serie de consecuencias físicas y psicológicas.
En el caso de Chile, las estadísticas oficiales señalan que para el año 2009 hubo un total de 6.095 denuncias por delitos sexuales en contra de menores de edad; ello significa el 55% del total de denuncias realizadas, lo que demuestra el impacto de estas conductas en contra de menores de edad. En los últimos años, las denuncias de este tipo de delitos en contra de menores de edad han aumentado en más de un 50%.
Pese a ello, diversos estudios señalan que en el caso de delitos sexuales contra menores son denunciados un porcentaje muy bajo, lo que hace que exista un gran volumen de delitos no registrados, conformando lo que se denomina “cifra negra”. De este modo, existen encuestas que señalan que el 7% de los niños/as y adolescentes ha sufrido algún tipo de abuso de tipo sexual durante su vida. En el caso de las niñas, dicho porcentaje aumenta al 12,8%.
De acuerdo a Unicef se debe considerar como fundamental a la comisión de crímenes sexuales contra niños/as. la Convención de los Derechos del Niño que establece los principios básicos para comprender a los niños como sujetos de derechos, ratificada por Chile en 1990[1], en su artículo 19 establece que “los Estados Partes adoptarán toda las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”[2] .
De lo anterior se desprende que corresponde a los poderes del Estado, incluido el legislativo, y a la sociedad toda tomar las medidas tendientes a proteger a los niños contra todo tipo de abuso, y particularmente los abusos sexuales, promoviendo acciones educativas, y adecuando la legislación a objeto de sancionar con fuerza la comisión de este tipo de delitos.
Definición y características
El abuso sexual de menores se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre un adulto y un menor. Más que la diferencia de edad -factor, sin duda, fundamental que distorsiona toda posibilidad de relación libremente consentida-, lo que define el abuso es la asimetría entre los implicados en la relación y la presencia de coacción explícita o implícita[3]. No deja, por ello, de ser significativo que el 20% del abuso sexual infantil está provocado por otros menores[4].
Si bien no se trata de una problemática reciente, en la actualidad se constituye en un grave problema de salud pública, que en la mayoría de los casos, interfiere en el adecuado desarrollo de la víctima y repercute en su desarrollo físico y psicológico[5].
Trabajos publicados en la última década, dan cuenta de una ausencia de un patrón único de sintomatología, así como también de una gran variabilidad de síntomas, e incluso la ausencia de estos[6], lo que ha impedido la constitución de un síndrome particular que englobe los problemas emocionales, cognitivos y sociales que el abuso sexual infantil trae a quienes son víctimas de este[7].
Consecuencias psicoafectivas del abuso infantil
El 80%[8] de los niños víctimas de abuso sexual presenta síntomas dentro de los primeros dos años[9] de cometido el abuso[10]. Si bien la sintomatología que da cuenta la literatura es de gran variedad, estas pueden dividirse en 5 categorías:
•Problemas emocionales: Dentro de esta categoría, se encuentra la sintomatología del cuadro de estrés post traumático, que presentaría un 50% de los casos[11]. También es posible observar casos donde se desarrollan síntomas, tales como: tristeza, desamparo, irritabilidad y vergüenza[12]; fobias y miedos; cuadros ansiosos y depresión; baja autoestima, sentimiento de culpa y de estigmatización. Finalmente la ideación y conducta suicida, que se daría en aproximadamente 40% de los casos[13].
•Problemas cognitivos y de rendimiento académico: Aquí destacan los problemas de atención y concentración que derivan en un bajo rendimiento académico[14]. Menos frecuente, pero aun importante, ya que afectarían a cerca del 40% de las víctimas, son los cuadros de déficit atención e hiperactividad[15].
•Problemas de relación: Una de las áreas que suele quedar más afectada en las víctimas de abuso sexual infantil, es la capacidad de establecer relaciones de confianza con adultos y con sus pares (miembros de la familia y desconocidos). Dado esto, en los niños y adolescentes se ve un marcado aislamiento social, así como también dificultad para establecer relaciones de amistad y para mantenerlas[16].
•Problemas funcionales: Aquí se encuentran aquellas consecuencias de tipo físico de las víctimas de abuso sexual, entre las que destacan problemas de sueño (pesadillas)[17], pérdida del control de esfínter (enuresis y encopresis) y trastornos en la conducta alimentaria[18].
•Problemas conductuales: Las conductas sexualizadas, también denominadas comportamientos erotizados, son uno de los problemas más frecuentes de las víctimas de abuso sexual[19]. En particular, se observa un desarrollo rápido y prematuro de su sexualidad que no se condice con la dificultad que presentan en el desarrollo afectivo y social[20]. Debido a esto, algunos autores han relacionado estas conductas sexualizadas con problemas posteriores como son la promiscuidad sexual y el embarazo adolescente[21], así como también ha sido relacionado con prostitución infantil, especialmente en Latinoamérica y Asia[22]. En esta categoría también se encuentran las conductas disruptivas y disóciales, las que son frecuentemente descritas en la literatura. Los niños han internalizado que la violencia es el mejor camino para lograr lo que desean[23].
Los efectos a largo plazo son menos frecuentes y más difusos que las secuelas iniciales, pero pueden afectar, al menos, al 30% de las víctimas[24]. Estudios en la materia muestran que estos niños en la adultez, muestran con mayor frecuencia que los niños que no fueron abusados, problemas tales como: depresión[25], mal manejo de la ira (más frecuente en los varones) y conductas autodestructivas (más frecuente en mujeres)[26]; problemas con el consumo de alcohol y alcoholismo[27]; consumo de drogas[28]; intentos de suicidio y problemas en relaciones matrimoniales[29].
Estadísticas de delitos sexuales cometido contra menores de edad
En materia de abusos sexuales contra menores, las estadísticas oficiales señalan que para el año 2009 hubo un total de 6.095 denuncias por delitos sexuales en contra de menores de edad, lo que significa el 55% del total de denuncias realizadas[30].
Tal como muestran las tablas 1 y 2, desde 2005 -año en que comienzan a contabilizarse las denuncias por este tipo de delitos- las denuncias en contra de menores de edad han aumentado en más de un 50%, pasando de 4.039 a 6.095 casos.
[31]
Sin embargo, diversos estudios señalan que en el caso de delitos sexuales perpetrados contra menores, el porcentaje de que entra al sistema (aquellos que efectivamente son denunciados) es muy bajo.
Los especialistas sostienen que en este caso, la cifra negra –aquel porcentaje de delitos que no se denuncia- es muy elevado y ello se debería a las particulares circunstancias de dichos delitos, los cuales habitualmente son perpetrados al interior de la familia o en otros ambientes privados que impulsan a los menores a no revelar el abuso. Además, en muchos casos existe cierta incredulidad en algunos adultos cuando los niños manifiestan alguna situación abusiva[32].
Según la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales (2008)[33] ante la pregunta ¿Alguna vez alguien te ha hecho algo sexual o te obligó a que lo tocaras sexualmente? el 7% de los niños/as y adolescentes ha sufrido algún tipo de abuso de tipo sexual durante su vida. En el caso de las niñas, dicho porcentaje aumenta al 12,8%.
Según la misma fuente, el 29% de los abusos sexuales son de tipo intrafamiliar (tíos, padrastros, primos, abuelos y padres) y el 56% de los abusos se producen entre los 8 y los 12 años.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Opinión Pública de la Universidad Diego Portales (2005)[34], señala que los delitos sexuales son considerados como más graves por la población. De acuerdo a este estudio, los Delitos Sexuales (29%) y la Violencia intrafamiliar (19%) lideran los porcentajes referidos a la gravedad de los delitos, estableciendo que en la sociedad chilena los crímenes contra de la sexualidad reciben un fuerte repudio social, más aun si se trata de crímenes donde se ven involucrados niños/as.
Es por todo lo expresado que el siguiente proyecto de ley, que presentamos a discusión, tiene por objetivos aumentar las sanciones contra quienes cometen delitos de carácter sexual, como la violación o el estupro, contra menores de edad, y declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Esto último teniendo en especial consideración la importancia del bien jurídico protegido, y el hecho de que muchas veces estos delitos no son denunciados a tiempo, resultaba necesario declarar la imprescriptibilidad a objeto de que este tipo de ilícitos puedan ser perseguidos en cualquier tiempo.
Es por lo anterior, que presentamos ante la H. Cámara de Diputados, el siguiente:
“PROYECTO DE LEY
Articulo Único. Modifíquese el Código Penal, del siguiente modo:
-Reemplazase el actual artículo 361, por el siguiente
“Articulo 361. El acceso carnal sin el consentimiento de la persona ofendida, por vía vaginal, anal o bucal, constituye violación y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio, en alguno de los casos siguientes:
1°. Cuando se usa fuerza o intimidación;
2°. Cuando se aprovecha de la privación de sentido de la víctima o de su incapacidad para oponer resistencia; y
3°. Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.”
-Reemplazase el actual artículo 362 por el siguiente:
“Articulo 362. El acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de catorce años, también constituye violación y será castigado con presidio mayor en su grado máximo, aunque no concurra ninguna de las circunstancias mencionadas en el artículo anterior”
-Elimínese del actual artículo 363, la frase “presidio menor en su grado máximo a”
-Reemplace el actual articulo 369 quater por el siguiente
“Articulo 369 quater. Si alguno de los delitos previstos en este título se cometieren contra un menor de edad, estos tendrán el carácter de imprescriptibles”