Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Pablo Lorenzini Basso
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- FUSIÓN DE PROYECTOS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- INCREMENTO DE SANCIONES POR MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERPRETACIÓN DE NORMATIVA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RESPECTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Nino Baltolu Rasera
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO CONSTITUIDA EN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR PEDRO AGUIRRE CERDA A CARGO DE LA EMPRESA KODAMA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
- INCREMENTO DE SANCIONES POR MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ANTECEDENTES SOBRE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL RÍO ACONCAGUA. (Preferencial).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Adriana Munoz D'albora
- Rene Alinco Bustos
- Andrea Molina Oliva
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Joaquin Tuma Zedan
- Luis Segundo Lemus Aracena
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN CHILE A TRAVÉS DE REFORMA A POLÍTICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS. (Votación).
- DEBATE
- INCREMENTO DE APORTES A REGIONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL ROYALTY MINERO Y MEJORA DE MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN LOCAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Adriana Munoz D'albora
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Eugenio Bauer Jouanne
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Mario Bertolino Rendic
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Felipe Harboe Bascunan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTES SOBRE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL RÍO ACONCAGUA. (Preferencial).
- VII. INCIDENTES
- PREVISIÓN DE FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD MENTAL DE HOSPITAL SAN JOSÉ DE OSORNO. Oficio.
- PLAN HABITACIONAL PARA LOCALIDAD DE CAOYA, COMUNA DE MACHALÍ. Oficios.
- CONDONACIÓN DE DEUDAS A AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES DE REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficio.
- DESRATIZACIÓN DE SECTORES EN COMUNA DE QUILLÓN. Oficio.
- CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS A CAUSA DE INCENDIO EN PLANTA DE PANELES DE CELULOSA ARAUCO. Oficio.
- PRÓRROGA DE PLAZO A DAMNIFICADOS PARA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE AFECTADOS POR TERREMOTO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONEXIÓN WI-FI Y DE CAJERO AUTOMÁTICO EN AEROPUERTO PICHOY, COMUNA DE VALDIVIA. Oficio.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- AGILIZACIÓN DE INFORME DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES SOBRE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FERIA FLUVIAL DE VALDIVIA. Oficio.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- ANTECEDENTES DE EVENTUAL CANCELACIÓN DE MATRÍCULAS A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES EN VALDIVIA. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- PREOCUPACIÓN POR FALTA DE ILUMINACIÓN EN CALLES DE POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE LOS LOROS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE SALUD DE JINETE PROFESIONAL AFECTADO POR ACCIDENTE DE TRABAJO. Oficios.
- ADHESION
- Mario Bertolino Rendic
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE DESPIDO DE FUNCIONARIO DEL INDAP DE COMUNA DE LA CALERA. Oficios.
- INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONEXIÓN WI-FI Y DE CAJERO AUTOMÁTICO EN AEROPUERTO PICHOY, COMUNA DE VALDIVIA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Becker Alvear
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jose Manuel Edwards Silva
- Joaquin Godoy Ibanez
- Rosauro Martinez Labbe
- Cristian Monckeberg Bruner
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Alejandro Santana Tirachini
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
/
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 132ª, en jueves 12 de enero de 2012
(Ordinaria, de 10.19 a 12.57 horas)
Presidencia de los señores Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Fusión de proyectos 13
V. Orden del Día.
- Incremento de sanciones por manejo en estado de ebriedad. Tercer trámite constitucional 14
- Interpretación de normativa contenida en la ley general de servicios sanitarios respecto de la comercialización de aguas servidas. Primer trámite constitucional 17
- Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano constituida en especial investigadora de las eventuales irregularidades en la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda a cargo de la empresa kodama 38
VI. Proyectos de acuerdo.
- Antecedentes sobre extracción de áridos en el río Aconcagua. (Preferencia) 41
- Fortalecimiento de la educación intercultural en Chile a través de reforma a política de educación intercultural para pueblos indígenas. (Votación) 43
- Incremento de aportes a regiones de recursos provenientes del royalty minero y mejora de mecanismos de distribución local 44
VII. Incidentes.
- Provisión de fondos para construcción de unidad de salud mental de Hospital San José de Osorno. Oficio 46
- Plan habitacional para localidad de Coya, comuna de Machalí. Oficios 47
- Condonación de deudas a afectados por incendios forestales de Región del Biobío. Oficio 48
- Desratización de sectores en comuna de Quillón. Oficio 48
- Capacitación para trabajadores desempleados a causa de incendio en planta de paneles de celulosa Arauco. Oficio 48
- Prórroga de plazo a damnificados para inscripción en registro de afectados por terremoto. Oficio 49
Pág.
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 50
- Instalación de sistema de conexión wi-fi y de cajero automático en aeropuerto Pichoy, comuna de Valdivia. Oficio 50
- Agilización de informe del Consejo de Monumentos Nacionales sobre proyecto de mejoramiento de feria fluvial de Valdivia. Oficio 50
- Antecedentes de eventual cancelación de matrículas a alumnos que participaron en movilizaciones estudiantiles en Valdivia. Oficios 51
- Preocupación por falta de iluminación en calles de Población 11 de Septiembre, localidad de Los Loros, comuna de Tierra Amarilla. Oficios 51
- Información sobre situación de salud de jinete profesional afectado por accidente de trabajo. Oficios 52
- Antecedentes sobre despido de funcionario del Indap de comuna de La Calera. Oficios 52
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
a) que “Hace exigible el uso de chalecos reflectantes como medida de seguridad para los automovilistas.”. (boletín N° 7175-15).
b) que “Introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.”. (boletín N° 5917-18).
c) que “Fortalece el resguardo del orden público.”. (boletín N° 7975-25).
d) que “Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.”. (boletín N° 7550-06).
e) que “Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.”. (boletín N° 8091-21).
f) que “Relativo al fortalecimiento de la radiodifusión regional y local.”. (boletín N° 7931-15) (S).
g) sobre “Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y deroga los cuerpos legales que indica.”. (boletín N° 7966-05).
h) que “Introduce modificaciones a ley N° 19.657, sobre concesiones de energía geotérmica.”. (boletín N° 7162-08).
i) que “Autoriza la venta de medicamentos que tengan la condición de venta directa en establecimientos comerciales que cumplan los requisitos que indica.”. (boletín N° 7274-11).
j) que “Modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura.”. (boletín N° 7910-21).
k) que “Regula el trabajo de los conductores de taxis colectivos.”. (boletín N° 7934-13).
Pág.
l) que “Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.”. (boletín N° 7678-02).
m) que “Establece elección directa de los Consejeros Regionales.”. (boletín N° 7923-06).
n) que “Modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura.”. (boletín N° 7910-21) 54
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “suma”, que “Extiende los plazos de los Servicios de Radiodifusión Comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones.”. (boletín N° 8031-19) 55
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte.”. (boletín N° 7973-07) 55
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica límites intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.”. (boletín N° 6733-06) 56
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol.”. (boletín N° 7652-15) 57
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, sobre “otorgamiento y uso de licencias médicas”. (boletín N° 6811-11) (S) 60
7. Moción de los diputados señores García, don René Manuel; Becker, Browne, Cardemil, Edwards, Godoy, Martínez, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás y Santana, que “Aumenta los requisitos para la renovación de licencias de conductor no profesionales (clases B y C)”. (boletín N° 8146-15 60
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Notas:
- Del diputado señor Ceroni, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 12 de enero en curso.
- Del diputado señor Lorenzini, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 08 de febrero próximo, para dirigirse a Estados Unidos.
2. Oficios:
- De la Comisión de Trabajo, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N°s 7467-13 y 7746-13.
Respuestas a Oficios Cuenta 132ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Chahín, Legalidad de los pagos de remuneraciones, especialmente de la asignación de zona, que se efectúan al médico señor Alan Suazo, quien presta servicios en el hospital de Ercilla encontrándose contratado por el hospital de Cuaracautín.. (259 al 4394).
- Diputada Molina doña Andrea, Informe acerca de los dictámenes emitidos al alcalde de la I. Municipalidad de La Calera respecto a la situación laboral de la directora técnica del Laboratorio Municipal para la Atención Primaria de Salud, señora Claudia Vicencio Bacigalupo. (271 al 4701).
- Diputado Martínez, Remita copia del dictamen emitido por la Contraloría de la Región del Biobío, respecto del concurso público para proveer el cargo de director del departamento de educación municipal de Chillán por un período de cinco años, decreto exento 202/4641/2010, que fue declarado desierto. (448 al 4729).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informar sobre el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, por parte de la Sociedad Constructora Gómez Recabarren Limitada, para adjudicarse la licitación pública del proyecto denominado “Reposición Escuela República Argentina D-159, Comuna de Quillota”. (514 al 3869).
Ministerio de Interior:
- Diputado Robles , Solicita gestionar la revisión de las exigencias establecidas por la Federación Atlética de Chile, en el proceso de clasificación para el próximo Campeonato Mundial de Atletismo, categoría menores, mayores aún que las determinadas por la Federación Internacional de Atletismo; y, asimismo, la reconsideración de la situación de atletas menores con excelentes marcas atléticas que, no obstante, no podrán asistir a dicha justa internacional, en especial la del señor Joao Pinto Acevedo. (404 al 1738).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Álvarez-Salamanca, Instar al Gobierno de Argentina, en orden a que emita un pronunciamiento oficial respecto a llevar a efecto su compromiso de avance en las obras que le corresponden en la construcción del paso internacional Pehuenche, Región del Maule , e informe a esta Corporación. (19 al 5433).
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Pacheco doña Clemira, Informe si alguna iglesia evangélica o concilio postula actualmente al Fondo Nacional de Reconstrucción. (1881 al 4813).
- Diputado Marinovic, Informe sobre los alcances de las diversas partidas de la ley de Presupuestos 2012 detalladas en la solicitud adjunta, referidas a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, (1885 al 5107).
- Diputado González, Se sirva enviar al Congreso Nacional, a la brevedad, el proyecto de ley interpretativa de la ley N° 20.305, para la aplicación del bono post laboral a sus beneficiarios. (1899 al 5072).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita promover el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que elimine, o en su defecto rebaje progresivamente, el impuesto específico a los combustibles. (1901 al 2704).
- Diputado Ceroni, Posibilidad de entregar un bono por carga familiar a las familias más vulnerables del país. (1903 al 4536).
- Diputada Pascal doña Denise, Se sirva considerar la situación que afecta al gremio de taxis colectivos ante el alza que han experimentado los combustibles, la que no ha podido ser amortiguada por el Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles, Sipco. (1904 al 2807).
- Diputado Meza, Considere la posibilidad de enviar, al Congreso Nacional, una iniciativa legislativa que considere la eliminación del impuesto específico a los combustibles. (1909 al 2614).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Solicita remitir un informe con las respuestas a interrogantes relativas a la fiscalización, estadísticas y situación de los vehículos que ingresan al territorio nacional. (1912 al 2971).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Sabag, Solicita informe sobre la situación del edificio que alberga al Centro de Detención Preventiva de San Carlos, particularmente respecto de su estructura y capacidad (9358 al 3057).
- Diputado Jaramillo, Solicita informar sobre las razones por las que no se han cancelado, desde el mes de enero del año en curso, sus remuneraciones a cincuenta trabajadores a honorarios, administrativos y profesionales, de Gendarmería; y, además, la fecha u oportunidad en que ello se hará. (9359 al 2808).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputada Pacheco doña Clemira, Solicita informar si la Armada de Chile considera la utilización, dentro del plazo legal respectivo, de los terrenos a que se refiere el artículo 95 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. (42 al 4843).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado De Urresti, Solicita al ministerio de Obras Públicas (Dirección de Vialidad) instalar señalética en el camino que pasa por la localidad de Quitadañir, ubicada en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos (85 al 555).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado del proyecto para la instalación de un sistema ILS, Categoría I, en el aeropuerto Pichoy, en la ciudad de Valdivia, destinado a mejorar las condiciones de visibilidad en la aproximación a dicho recinto aeroportuario; asimismo, acerca de la recepción de las obras y de eventuales observaciones a las mismas; y, por último, respecto de las razones por las que el señalado aeropuerto carece de un sistema de calefacción, de acceso inalámbrico a internet para uso público, de un cajero automático, y de “mangas” adecuadamente impermeabilizadas. (86 al 5109).
- Diputado Chahín, Solicita informar sobre la factibilidad y plazos eventuales para la instalación de sistemas reductores de velocidad, y de señales de tránsito que adviertan acerca de los horarios de ingreso y salida de escolares desde sus establecimientos educacionales, en el camino internacional que atraviesa la ciudad de Curacautín. (87 al 5063).
- Diputado Jaramillo, Elabore un estudio para la defensa fluvial del río Bueno en el segmento en que se evalúa su navegabilidad. (88 al 2784).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Informe respecto a la realización de aportes de financiamiento reembolsables con el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad de Maipú o directamente con esa Municipalidad. (10187 al 5098).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Burgos, Si la apertura del edificio Costanera Center, ubicado en las Avenidas Providencia y Vitacura, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana, se encuentra condicionada a la entrega de las obras de mitigación ambiental, remitiendo una nómina de ellas, e indicando la fecha de la inauguración de éstas. (5813 al 4273).
- Diputado Chahín, Informar respecto del representante legal de la Escuela de Conductores Futuro, de la Región Metropolitana de Santiago. (5883 al 5023).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Robles , Solicita informar acerca de las razones por las que se autorizó la instalación de una antena de telefonía móvil en el Parque Nacional Pan de Azúcar; y, asimismo, sobre el responsable de la mencionada autorización y sus motivaciones. (120050 al 5402).
Ministerio de la Mujer:
- Diputado Silber, Se sirva informar a esta Cámara sobre la participación de la Directora del Servicio Nacional de la Mujer de la Región de Arica y Parinacota, junto a una profesional de apoyo, en una actividad binacional convocada por el Comité de Frontera Arica Tacna, cuyo tema era “La trata de personas: Un desafío para las zonas fronterizas”, realizada durante el mes octubre en la ciudad de Tacna, con uso de cometido funcionario y viático correspondiente, aunque sólo asistió durante 40 minutos; y, acerca de la existencia de una carta de reclamo enviada por los organizadores del evento. (9 al 5396).
Consejo de Defensa del Estado:
- Diputado Cornejo, Solicita informar acerca de la demora en el pronunciamiento del Consejo de Defensa del Estado, en relación con las irregularidades cometidas en la subvención escolar preferencial, en la Corporación Municipal de Valparaíso, a consecuencias de la investigación efectuada por la Contraloría General de la República. (192 al 5481).
Servicios:
- Diputado Sabag, Factibilidad de eximir del pago de derechos por autorización a las Juntas de vecinos que realizan actividades de beneficio social de carácter solidario. (3197 al 4541).
- Diputado Marinovic, Solicita coordinar las reuniones que estime pertinentes, con el propósito recoger la opinión de los pescadores artesanales y gremios del sector, en relación con el proyecto de ley, en actual tramitación en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de esta Cámara, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, boletín N° 8091-21. (88 al 2988).
Varios:
- Diputado Robles , Solicita informar sobre la institución responsable del pago de las licencias médicas otorgadas a la señora Verónica Bustillos Portales. (80360 al 5330).
Municipalidad de Maipú:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Se sirva efectuar todas las gestiones que sean pertinentes para lograr que el Liceo Nacional de Maipú vuelva a funcionar regularmente y los alumnos puedan reintegrarse a clases en su establecimiento, informando a esta Cámara. (1014 al 5348).
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Adoptar las medidas necesarias con el objeto de proceder a la brevedad a la reparación del pavimento en la intersección de la avenida Simón Bolivar con pasaje Erich Fromm, comuna de Maipú, región Metropolitana de Santiago, y las filtraciones existentes en ese lugar, e informe a esta Corporación. (1015 al 5298).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (88)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D’Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Sergio Aguiló, Pepe Auth, Germán Becker, Aldo Cornejo, Marcelo Díaz, Juan Antonio Kast, Patricio Melero, Marco Antonio Núñez, Felipe Salaberry, Patricio Vallespín, y la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Cristián Monckeberg.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.19 horas.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 126ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 127ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
FUSIÓN DE PROYECTOS.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accedería a la petición formulada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a fin de recabar el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los boletines N°s. 7467-13, que establece plazo para el otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo, y 7746-13, que modifica el Código del Trabajo, estableciendo un plazo para el otorgamiento del finiquito al trabajador.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , pido, formalmente, que el proyecto que figura en primer lugar de la Tabla, que interpreta el artículo 61 del Decreto con Fuerza de Ley N° 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, respecto de la comercialización de aguas servidas, pase a la Comisión de Obras Públicas, ya que las aguas también dependen de esa cartera. Tan cierto es esto que la iniciativa interpreta un decreto emanado de ese ministerio.
Quiero ser claro: está bien que lo haya estudiado la Comisión de Agricultura y sabemos de la necesidad imperiosa de ocupar el agua en la agricultura, pero también nosotros, como Comisión de Obras Públicas, queremos analizar el proyecto.
Ahora, si no hay unanimidad de la Sala para acceder a mi petición, votaremos en contra dicho proyecto, porque creemos que habría una vulneración de la materia. Otra posibilidad es votar la solicitud.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Diputado García, esa materia no está sujeta a votación; su admisión debe estar respaldada por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , por lo visto, hay acuerdo para que el primer proyecto que figura en la Tabla sea examinado por la Comisión de Obras Públicas. Solicito que recabe nuevamente la unanimidad de la Sala para que se proceda en ese sentido.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- ¿Habría acuerdo para que el proyecto que figura en primer lugar de la Tabla sea examinado por la Comisión de Obras Públicas?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente , respecto de la solicitud del diputado René Manuel García , entregamos la unanimidad siempre y cuando ese proyecto sea despachado en una semana por la Comisión de Obras Públicas.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Diputado Ward, hay parlamentarios que no han dado la unanimidad. En consecuencia, procede tratarlo en esta sesión.
V. ORDEN DEL DÍA
INCREMENTO DE SANCIONES POR MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD. Tercer trámite constitucional.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Conforme con lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento de la Corporación, corresponde tratar los proyectos de ley boletines N°s. 7652-15 y 7973-07, por encontrarse ambos con discusión inmediata.
En tal virtud, en primer lugar, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica la ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, o de alcohol.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 7652-15, sesión 132ª, en 12 de enero de 2012. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- El comparado se encuentra en el pupitre electrónico.
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , por asuntos como éste está tan desprestigiada la clase política. Todos los medios de comunicación daban por hecho que hoy íbamos a tratar este proyecto, en tercer trámite constitucional. Los únicos que no sabíamos éramos los ciento veinte diputados y diputadas.
La gran mayoría de nosotros estamos todo el día aquí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se nos informó ayer lo que tuvimos que saber hoy a través de los medios de comunicación? ¿O algunos tienen información privilegiada? Expreso esto con mucha seriedad y responsabilidad.
Señor Presidente , todos los medios hablaron al respecto, pero el proyecto no aparece consignado en la Tabla. Todos quienes estamos aquí llegamos temprano y resulta que ahora se nos señala que el comparado está en nuestros pupitres electrónicos. Creo que ésta no es la forma de proceder.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Diputado Ortiz, el proyecto ingresó hoy en la mañana con discusión inmediata.
El señor ORTIZ.- ¿A qué hora llegó?
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aproximadamente a las 8.45 horas.
El señor ORTIZ.- Y a las 9 de la mañana se estaba comunicando a través de la televisión que se tramitaría en Sala. O sea, se informa directamente a la televisión antes que a nosotros.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Diputado Ortiz, esa información no la entregó la Cámara; pudo haber emanado del Senado o del Gobierno, quien hizo uso de sus atribuciones -usted las conoce perfectamente- en materia de urgencia.
Tiene la palabra el diputado Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , este proyecto fue despachado por la Cámara en junio o julio del año pasado y, sin duda, soluciona un problema que afecta no tan sólo a las víctimas, sino también a sus familiares. Existe una verdadera impunidad que se ha mantenido en el tiempo por contar con una ley que contiene una serie de vacíos legales y que prácticamente protege al victimario por sobre la víctima.
Quiero solamente recordar las condenas de aquellos que causaron accidentes graves, como el caso de Silva y el de otras personas afectadas; como el de Marcela Zedán , ocurrido el 12 de marzo. Ese día, después de un almuerzo familiar, fue víctima de un choque en que fallecieron su marido y su hija de tres años. Ella quedó con una incapacidad física permanente. Hoy, quien provocó dicho accidente -manejaba en estado de ebriedad- está en libertad y goza de una serie de beneficios que, sin duda, atentan contra los derechos más esenciales de las víctimas.
Este proyecto debemos aprobarlo y despacharlo con urgencia, porque no tan solo tenemos una deuda pendiente con la sociedad, sino con todas las víctimas y familiares de éstas, quienes advierten, con mucho estupor, cómo nuestro marco regulatorio no los protege y, por el contrario, estos verdaderos asesinos del volante quedan en libertad, con verdadera impunidad y, en muchos casos, se ríen de las propias víctimas, porque les suspenden sus licencias por dos o tres meses y, en algunos casos, hasta por dos años, después de haber matado a una persona. En otros casos, también, se pasean por fuera de las casas como diciendo que están libres, que la ley los protege y los ampara.
Ese tema, sin duda, hay que resolverlo a la brevedad. Reitero, es una deuda pendiente con la sociedad, con las víctimas de accidentes de tránsito y con el país.
Ojalá, las modificaciones del Senado sean aprobadas en forma unánime por la Sala, porque sería la mejor señal que podríamos dar de que no aceptaremos que siga la impunidad en Chile, de que no aceptaremos que los conductores en estado de ebriedad estén por sobre la ley y de que no aceptaremos que los asesinos al volante se sientan amparados por un sistema legal y judicial que prácticamente los protege a ellos y no a las víctimas.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente, quiero plantear un asunto de Reglamento.
Entiendo la importancia del proyecto y el hecho de que tenga urgencia calificada de discusión inmediata, pero estoy viendo en el comparado que el Senado le introdujo varias modificaciones. No sé si el diputado Hasbún , como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, u otro parlamentario que haya leído el comparado, nos puede explicar dichas modificaciones y si tiene sentido o no que las aprobemos.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Señor diputado , dada la instancia en que se encuentra el proyecto, no se designa diputado informante . Por tanto, tendrá que resolver sus dudas con algún otro colega que quizás haya leído con más detalle las modificaciones del Senado. Repito, en esta etapa de la tramitación no hay informe. Por esa razón el comparado ha sido puesto a disposición de sus señorías en el pupitre electrónico.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , sugiero que se imprima el comparado, de modo que podamos revisarlo y sobre esa base iniciar el debate. No me parece correcto que, aunque haya ingresado a las 8.45 horas, el proyecto se encuentre en el pupitre electrónico y tengamos que leerlo allí. Por eso, pido que suspenda la sesión por cinco o diez minutos y disponga que se imprima. La idea es que revisemos en el documento impreso, al menos, las modificaciones más importantes introducidas por el Senado. Éste es un proyecto que, no cabe duda, tendrá respaldo; pero por una cuestión de responsabilidad, tratemos las modificaciones en su conjunto y procedamos a votarlas.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, una moción de orden.
Este proyecto fue tratado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, de la cual soy miembro. Es imposible discutir las modificaciones que el Senado le introdujo sin conocer previamente en qué consisten. Sería una falta de respeto hacia nosotros. ¿Cómo las vamos a aprobar? No corresponde. No puede ser que se transgredan nuestras normas de esa manera. Un proyecto no puede ser tratado en la Sala si no hay un informe, más aún si viene del Senado. No puede ser. No sería responsable aprobar las modificaciones en estas condiciones. ¿Cómo vamos a aprobarlas a ciegas?
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Que el diputado Hasbún explique las modificaciones del Senado.
El señor VENEGAS.- Tampoco sirve que nos informe el diputado Hasbún, en su calidad de Presidente de la Comisión, a quien respeto mucho. Tiene que haber un informe.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , en primer lugar, por su intermedio, le digo al diputado Venegas que soy colega suyo. En segundo lugar, hago presente que no tengo ningún problema con que votemos las modificaciones del Senado en la sesión del próximo martes. A mí también me sorprendió que el proyecto fuera puesto sobre Tabla. Sin embargo, también entiendo que debemos actuar con mucha responsabilidad. Es un proyecto que los senadores tuvieron durmiendo seis meses y que no despachaban nunca. Producto de la presión periodística y de la opinión pública fue aprobado en forma rápida. Si es necesario tomarse cuatro o cinco días para conocer las enmiendas del Senado, no tengo ningún inconveniente.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se suspenderá la discusión del proyecto, a fin de tratarlo y votarlo el próximo martes. Se procederá de la misma forma en relación con las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que modifica plazos sobre muerte presunta.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , ¿cuál es el grado de responsabilidad que tiene la Presidencia de la Comisión de Obras Públicas? Considero que toda la palabrería del honorable diputado Presidente de esa Comisión no sirve absolutamente de nada. Aquí no hay ningún sentido de responsabilidad por parte de quien preside. El mínimo cuidado que podría haber, reglamentariamente, es que la Comisión establezca algún grado de vigilancia respecto de sus propios proyectos.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , quiero aclarar que esto no es un tema de palabrería. Pido el respeto que uno se merece. Insisto en que nos sorprendió que las modificaciones del Senado al proyecto fueran puestas en Tabla sin nuestro conocimiento. Tengo en mis manos la Tabla y no figuran en ella. Esto no es un tema de seguimiento. Recién en la Cuenta de la sesión de hoy se indicó que serían tratadas sobre Tabla. A ninguno de nosotros se nos consultó.
También aclaro que esto no es un tema de palabrería, sino una materia que hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo y respecto de la cual queremos actuar con mucha responsabilidad. Sabemos que tenemos una obligación. Si el Senado se demoró seis meses en despachar esta iniciativa, no es culpa nuestra.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Señores diputados, las modificaciones del Senado fueron puestas sobre Tabla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento.
¿Habría acuerdo para que las modificaciones del Senado al proyecto que aumenta sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y bajo la influencia del alcohol, y el proyecto que modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte sean tratadas y votadas en la sesión del próximo martes?
Acordado.
INTERPRETACIÓN DE NORMATIVA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RESPECTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS. Primer trámite constitucional.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto, iniciado en moción, que interpreta el artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, respecto de la comercialización de aguas servidas.
Diputada informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es la señora Adriana Muñoz.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7583-09, sesión 11ª, en 7 de abril de 2011. Documentos de la Cuenta N° 17.
-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 124ª, en 21 de diciembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que interpreta el artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, respecto de la comercialización de aguas servidas (boletín N° 7583-09), originado en una moción de la diputada señora Denise Pascal Allende y suscrita por la diputada señora Adriana Muñoz D’Albora y por los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez , Ramón Barros Montero , Fuad Chahín Valenzuela , Javier Hernández Hernández , Enrique Jaramillo Becker , Rosauro Martínez Labbé , Jorge Sabag Villalobos e Ignacio Urrutia Bonilla .
La iniciativa legal en tramitación tiene como objetivo interpretar el artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, a fin de establecer que las empresas sanitarias, que tienen la concesión del servicio de tratamiento de las aguas servidas, no pueden comercializar las aguas que depuran.
La iniciativa se fundamenta en que las empresas sanitarias, sobre la base de una interpretación que la Superintendencia de Servicios Sanitarios hizo de la Ley General de Servicios Sanitarios respecto del destino final de las aguas servidas, comenzaron a vender las aguas tratadas, esgrimiendo que tienen el derecho de disponer libremente de ellas.
Observamos que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha incurrido en una verdadera aberración jurídica, toda vez que ha interpretado de manera errónea y forzada las normas existentes sobre la materia, pasando por alto el principio más básico de todos, el del bien común, y ha infringido abiertamente el espíritu de la legislación, por cuanto dicha interpretación es abiertamente inconstitucional e ilegal al reconocer a las empresas sanitarias el derecho de propiedad de las aguas servidas tratadas para comercializarlas, ya que el recurso hídrico es un bien nacional de uso público, y como tal, su dominio es de la nación toda.
Agregan que los servicios sanitarios comprenden cuatro etapas, que pueden ser ejecutadas por una o por diferentes empresas, a saber: producción del agua potable o potabilización; distribución; recolección de las aguas servidas y tratamiento o depuración de las mismas. Los usuarios pagan por el servicio prestado, lo que aparece claramente señalado en las cuentas que mensualmente emiten, materia que, además, se encuentra regulada por la Superintendencia.
Es necesario considerar que la empresa sanitaria que potabiliza el agua, tiene el correspondiente derecho de aprovechamiento, por lo que puede extraerla desde la fuente natural y, como se trata de un derecho consuntivo, no está obligada a devolver todo o parte del agua al cauce.
La empresa sanitaria -la misma u otra- distribuye el agua a los consumidores finales, quienes hacen uso de ella -la consumen- en sus respectivos domicilios o instalaciones comerciales o industriales. En una tercera etapa, la empresa sanitaria recolecta las aguas servidas, lo que no le otorga derecho alguno sobre dichas aguas. Por el contrario, está siempre obligada a entregarlas a un servicio de depuración, para que en una cuarta etapa, las limpie o depure, debiendo devolverlas al cauce público, específicamente en el lugar que indique el decreto de concesión.
Ese proceso de saneamiento de las aguas en ningún caso genera un derecho de aprovechamiento sobre las mismas, ya que ese derecho sólo estuvo presente en la primera etapa de producción de agua potable o de potabilización.
Con el fin de subsanar un gravísimo problema, que en el mediano plazo generará un fuerte impacto en el crecimiento urbano, en el medio ambiente y en la viabilidad para la pequeña y mediana agricultura que utiliza el agua de riego para sus procesos productivos, proponemos interpretar el artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, de manera de establecer claramente que las empresas sanitarias que tienen la concesión del servicio de tratamiento de las aguas servidas no pueden comercializar las aguas que depuran.
Señala la moción que debe dejarse claro que la institución del derrame, que establece el Título V del Código de Aguas, no es aplicable al prestador del servicio sanitario que recolecta y depura las aguas, toda vez que no tienen constituidos derechos de aprovechamiento sobre ellas, ni mucho menos dominio, todo lo cual se entiende en absoluta concordancia con el artículo 18 del referido decreto con fuerza de ley, que establece el contenido del decreto de concesión.
Se hace constar que en julio de 2011, la Superintendencia cambio su interpretación. Sin embargo, los diputados de la Comisión estimamos, en forma unánime, que aunque con la nueva interpretación de la Superintendencia quedaba claro que las empresas de servicios sanitarios no pueden comercializar las aguas servidas que tratan, era indispensable plasmar este nuevo criterio jurídico en una ley, y no en un mero acto administrativo, que puede variar de un momento a otro, de manera de dar un mínimo de certeza jurídica a las cientos de personas, sobre todo a los pequeños agricultores, que se vieron afectados con la posición jurídica que en principio sostuvo la Superintendencia.
El texto legal aprobado consta de un artículo único permanente, que interpreta el sentido y alcance del artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas.
El artículo único no tiene carácter orgánico constitucional, ni es de competencia de la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los diputados integrantes presentes.
En razón de lo expuesto, solicito a esta honorable Sala la aprobación de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , el informe de nuestra Comisión de Agricultura sobre esta moción que presentaron colegas de diferentes bancadas, es extremadamente claro y contundente de la problemática a enfrentar y de los fundamentos que hacen imperioso su tratamiento. De allí su aprobación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.
Como se dijo, la moción establece que las empresas sanitarias sólo podrán manejar y tratar el agua potable para abastecer a sus clientes. El resto del recurso hídrico que no usen para estos fines, deberán dejarlo correr por su curso natural. La norma viene a interpretar el artículo 61 de la Ley General de Servicios Sanitarios. Es decir, precisa que no se pueden comercializar las aguas que las sanitarias depuran, argumento que está en consonancia con el planteamiento que tiene la propia Superintendencias de Servicios Sanitarios al respecto, cuyo fundamento se base en que al momento de que el usuario utiliza esa agua, por la que ha pagado, lo está haciendo también para que la traten y la depositen al caudal originario, y no para que la comercialicen.
Oportuno es recordar que los servicios sanitarios comprenden cuatro etapas, que pueden ser ejecutadas por una misma o por diferentes empresas. Ellas son: producción del agua potable o potabilización; distribución del agua; recolección de las aguas servidas y tratamiento o depuración de las mismas. En cada una de estas etapas -esto es relevante- los usuarios pagan por el servicio prestado, lo que aparece claramente señalado en las cuentas de agua potable que mensualmente emiten las empresas.
El servicio de tratamiento de las aguas servidas que debe ejecutar el concesionario está bajo regulación, fiscalización y tarificación por parte de la autoridad. Por lo tanto, cuando el usuario paga en su tarifa por este servicio, lo que hace es financiar su depuración, para que esas aguas que vierte en las redes públicas sean devueltas al medio, libre de contaminación, no siendo un fin de la tarifa el que tal tratamiento sirva para otros propósitos diferentes de los informados en la concesión y menos para su comercialización, porque en caso alguno genera un derecho de aprovechamiento sobre las mismas, ya que dicho derecho sólo estuvo presente en la primera etapa de producción del agua potable o de potabilización.
Estamos ante un proyecto relevante y de enorme impacto, sobre todo para el mundo agrícola. De allí la necesidad de aprobarlo a la brevedad, única forma de tener certeza sobre la correcta administración del destino de las aguas servidas tratadas, impidiendo, así, que la interpretación de la norma quede entregada, como ha sucedido, al arbitrio de la autoridad de turno.
Por ese motivo y por la proyección que tiene, Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , gracias a la diputada Adriana Muñoz , por su informe, y gracias al colega Rosauro Martínez por la claridad con que están llevando a cabo la discusión de un proyecto que pretende subsanar un grave problema que en el mediano plazo podría generar un fuerte impacto. No entiendo por qué, en pleno siglo XXI, un gran número de ciudadanos, porque lisa y llanamente les llegó la cuenta, concurren a pagar, sin verificar qué les están cobrando.
Patrociné este proyecto, porque me parece de amplia justicia realizar una interpretación real, correcta y adecuada del artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas.
¡Cuidado, entonces, con la interpretación de ese artículo! Fíjense lo que señala el informe: la interpretación realizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios de la norma contenida en el artículo 61 del decreto citado, trata sobre los derrames y drenajes de aguas, y asume que las empresas sanitarias hacen abandono voluntario de las aguas servidas tratadas en los cauces, pero como no estarían obligadas a restituirlas, podrían comercializarlas. ¡He ahí el punto!
En eso se basan las sanitarias para aprovecharse una vez más de los usuarios, a quienes nos tienen esclavizados con los derechos de agua de este país. Por eso es necesario que promulguemos rápidamente esta moción, ya que impedirá que estas aguas tratadas sean comercializadas, en circunstancias de que deben volver a los cursos de los ríos o esteros, como señala el proyecto, para que sean utilizadas por todas las personas que desarrollan otras actividades, como la agricultura, como lo ha mencionado muy bien el diputado Rosauro Martínez .
Por lo tanto, señor Presidente , estimo que la moción es de plena justicia, ya que las empresas sanitarias toman el agua de las fuentes naturales, la potabilizan y la venden a sus usuarios, pero posteriormente les cobran por el tratamiento de las aguas servidas. No obstante, ahora pretenden, basados en una interpretación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que he comentado y leído, seguir vendiendo las aguas tratadas, por cuyo tratamiento ya pagaron los usuarios domiciliarios. Es decir, pretenden seguir obteniendo ganancias a costa de un recurso que debe volver al dominio público, el que, además, se ha convertido en un recurso escaso, por lo cual las nuevas generaciones seguramente van a tener algo que decir algún día sobre quienes legislamos en el siglo XXI.
Espero que la iniciativa sea aprobada por unanimidad, como lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque dice relación con la utilización de un recurso muy importante para la vida de las comunidades agrícolas y para toda actividad que requiera agua para desarrollarse, ya que todo aumento de los costos que se incorporen en la producción terminará pagándolo el consumidor final, quien ya pagó por el uso del agua potable y por el tratamiento de las aguas servidas.
Reitero, espero que la iniciativa que hemos patrocinado sea aprobada por unanimidad, ya que se trata de un vital elemento por el que se pretende cobrar a quienes no corresponde.
La moción es bastante adecuada, pero atrasada para el siglo XXI, ya que debió haberse aprobado antes. No obstante, es hora de que la ciudadanía tome conciencia de lo que el agua, vital elemento, significa para la población humana.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , hace un rato se pidió que el proyecto fuera enviado a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a lo que me opuse, por las razones que daré a continuación.
Esta moción fue firmada por parlamentarios de todas las bancadas políticas, pero no le gusta al Gobierno ni a las sanitarias, por lo que no será fácil avanzar en esta iniciativa que es de urgencia inmediata, ya que algunas sanitarias siguen cobrando a los pequeños agricultores por las aguas tratadas, lo que no corresponde.
El Gobierno considera que la interpretación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dictaminada en junio de 2011, es suficiente; pero si fuera suficiente, no seguirían cobrando por esas aguas. El diputado Vilches me acaba de decir que en su zona, Copiapó , se está cobrando actualmente por este concepto. La verdad es que si uno lee la interpretación de la superintendencia da para cualquier cosa, por lo que a las sanitarias les da lo mismo.
Ahora bien, si se envía la moción a la Comisión de Obras Públicas, tardará mucho tiempo en volver a la Sala, en circunstancias de que necesitamos que se apruebe rápidamente, lo que no se debe a un capricho nuestro por haberla firmado, sino que, como dije, se necesita que se convierta en ley con suma urgencia. Además, debido a que esta es una moción, debemos hacer el esfuerzo para despacharla rápidamente y después veremos qué hacer para que el Senado haga otro tanto.
Como bien ha informado la diputada Adriana Muñoz y como lo han señalado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, estos cobros son, en palabras simples, una sinvergüenzura sin nombre. Tan simple como eso.
¿Quién no se queja en este país contra las sanitarias? Construyeron las plantas de aguas servidas con la plata de todos los chilenos, porque ellos no pusieron ni un peso, ya que cuando querían levantar una planta de aguas servidas en alguna parte le cobraban, incluso, a gente que no tenía nada que ver con esa planta. Recuerdo que cuando construyeron la planta de aguas servidas de Curicó, en la Séptima Región, le cobraban a la gente de Parral, porque estaba en la misma cuenca. En consecuencia, la hicieron gratis, no le costó ni un peso, nada de nada, ya que todo se financió a costa del resto de la gente de esa región. En todas las regiones y en todo el país pasó exactamente lo mismo. Es decir, no sólo no invirtieron ni un peso en esas obras, sino que además quieren cobrar por algo que no les corresponde. Cobran por alcantarillado, por tratamiento de aguas servidas, por tarifa fija y además, por el consumo de agua potable. A veces, el servicio de alcantarillado es más caro que el consumo de agua potable, a pesar de que no toda el agua vuelve al alcantarillado. Como si eso fuera poco, quieren cobrar a los agricultores por el agua que esas empresas devuelven a su cauce natural, en circunstancias de que ellos tienen derechos para utilizar el agua de esos ríos, por lo que esos cobros pasan a llevar esos derechos.
Lo primero que se debe entender es que el agua pertenece al Estado de Chile, a todos los chilenos. Los agricultores, las sanitarias y otros tienen derechos sobre esas aguas, pero no son dueños de ellas; nadie es dueño de las aguas, solamente el Estado, todos los chilenos. Por lo tanto, los derechos de cada uno deben ser bien aplicados.
Este problema partió en la zona de Melipilla, cuando la diputada Denise Pascal se dio cuenta de que en su zona le estaban cobrando el agua de los cauces a los pequeños agricultores, lo que no correspondía, por lo que se produjeron los alegatos respectivos. La Superintendencia de Servicios Sanitarios emitió, recién en junio del año pasado, una resolución supuestamente interpretativa sobre la materia, que no interpretó nada y que dejó las cosas más enredadas que antes.
Después, la diputada Adriana Muñoz se dio cuenta de que en su región pasaba exactamente lo mismo. El diputado Vilches me dijo que en Copiapó están cobrando hasta la fecha por ese concepto. En consecuencia, si no le ponemos atajo a esta situación por ley, no tenemos ninguna posibilidad de solucionarla.
Por lo tanto, necesitamos aprobar la moción ahora, ojalá sin indicaciones, pero si se presenta alguna, solicito que la votemos de inmediato en la Sala, para despachar la iniciativa al Senado, ya que, como dije, fue firmada por diputados de todas las bancadas, por lo que todos debemos hacer el esfuerzo que sea necesario para aprobarla, con el objeto de que el Senado la despache con urgencia para que se convierta en ley, lo que impedirá a las sanitarias seguir abusando como lo han hecho hasta ahora.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE .- Señor Presidente , ésta es una buena iniciativa; pero, en mi modesta opinión, el enfoque final está equivocado. Más adelante explicaré las razones que tengo para hacer esta afirmación.
Las empresas sanitarias extraen el agua, la tratan, la potabilizan, la venden, cobran por el servicio y por su uso; luego, tratan nuevamente las aguas servidas, las recuperan y las venden mejoradas o las desechan. En otros lugares simplemente las botan; en el norte las botan por emisarios que penetran incluso kilómetros en el mar.
¿Por qué creo que la idea final está equivocada? Porque finalmente el usuario, el cliente, el modesto habitante de cualquier comuna paga dos veces y finalmente la empresa se aprovecha del agua tratada cuando la vende. Por el contrario, si simplemente la vertiera quien se va a aprovechar de eso es el pequeño, modesto o mediano agricultor que la va a usar, pero quien paga por todo el proceso, el servicio o, incluso, el tratamiento, es el cliente, el dueño de casa.
El enfoque que propongo considera no oponerse a la venta, pero sí el producto de la venta de las aguas servidas se exprese en el precio del servicio. De esa manera, el dueño de casa o la dueña de casa que paga por ambos servicios -potabilización y tratamiento- podría recuperar parte de su costo con el producto de la venta que hace la empresa. De lo contrario, quienes terminan pagando todo esto son los usuarios, porque el agua nuevamente se vierte al cauce y la ocupan los agricultores u otras empresas. No sólo modestos o pequeños agricultores ocupan agua tratada; también la emplean -disculpen la expresión- otros emprendimientos que, por modestos que sean, son actividades comerciales.
Entonces, con lo que se propone, los únicos que pagan los platos rotos son los clientes de las empresas, que pagan por todo el proceso sin obtener ninguna retribución por ello. No olvidemos que el tratamiento final también lo paga el cliente.
Por lo tanto, con el mayor respeto, sugiero incorporar este enfoque. A mi juicio, lo razonable y pertinente -además, está en el espíritu de la propuesta- es que si se vende, está bien, pero ese precio no debe ir al resultado de la empresa, sino que se debe expresar en la cuenta del agua. En mi opinión, ese es el enfoque adecuado.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente, este es un gran proyecto, que tiene la urgencia que el diputado Urrutia plantea.
Escuché con mucha atención su intervención y la del diputado Osvaldo Andrade . Aquí, al interior del Parlamento, es donde vemos algunas diferencias entre los diputados de sectores rurales y los de sectores urbanos. Eso es lo que está en el fondo del tema.
Entiendo perfectamente que el diputado Andrade quiera ver la forma de que sus electores, los ciudadanos de Puente Alto -comuna que tiene una población de un millón cien mil habitantes-, tengan una rebaja en el precio del agua, mediante el cobro del agua tratada a los agricultores o a terceros; pero en lo que se equivoca mi querido amigo el diputado Andrade es en lo siguiente: cuando se entregaron las concesiones -en su momento, voté en contra, porque no me convencieron mucho-, el costo realmente era pagado por el usuario.
En ese sentido, el diputado Urrutia recuerda muy bien algo que ¡por Dios que nos costaba explicar! En las boletas figuraba el cobro por tratamiento de aguas servidas, en circunstancias de que las plantas no existían. Sencillamente, se estableció que se trataba de anticipos para la construcción de las plantas. Se hizo, la inversión para las plantas, pero ¿qué pasó con el bien jurídico que se quería proteger, el agua, el elemento más valioso y escaso? Las empresas hacían la función, ganaban su legítima utilidad y, muchas veces, más -por algo han sido sancionadas-, y el agua volvía a la naturaleza.
El diputado Andrade plantea que los agricultores paguen. O sea, él cree que por este bien de consumo se debe seguir pagando, pero que ahora la plata no vaya a la empresa, sino a los usuarios. Eso se sale completamente del sentido con que se redactó la norma, cuando se hicieron las concesiones y se construyeron las plantas de tratamiento de aguas servidas para favorecer la salud de la población y mejorar los niveles y la calidad de la agricultura en nuestro país.
A mi juicio, el proyecto está muy bien fundamentado. Lo que ocurrió fue que a los legisladores y al Ejecutivo de la época nunca se les pasó por la mente que el producto final, esto es, el agua tratada, podría ser un bien que ayudará a aumentar la rentabilidad económica de cualquiera, incluso de las mineras, pues hay muchas empresas grandes que ocupan agua. Según planteaba el diputado Vilches , no cabe la menor duda de que en Copiapó existen aguas tratadas. Ahí ha aumentado mucho la producción agrícola. Seguramente, las mineras tratan las aguas y después quieren cobrar.
Por eso, debemos aprobar en forma unánime el proyecto. Incluso más, sería bueno que la Cámara pidiera que el Ejecutivo le fijara urgencia, de manera que se tramitara ojalá, con discusión inmediata. Hoy tenemos un festival de discusiones inmediatas; pero, este proyecto sí la requiere.
Muchos analistas dicen que la próxima guerra mundial será por el agua, y nosotros la tenemos absolutamente privatizada. El agua y la falta de alimentación son los problemas que se vienen. ¿De qué manera protegemos el agua?
Ojalá el diputado Andrade me invitara a buscar alguna norma para que el día de mañana pudiéramos limitar las utilidades de las concesionarias, que realmente provocan un gran perjuicio. Hay otros temas que nos cuesta explicar, como, por ejemplo, los consumos domiciliarios, que es lo que a él le preocupa. Hay gente que riega su modesto jardín, y, en sectores populares como los que el colega representa, donde no hay piscinas, los niños se mojan con la manguera y, al final de mes, sus padres tienen que pagar por concepto de tratamiento de aguas servidas. Si a esas aguas no se les ha hecho tratamiento, ¿por qué los clientes deben pagar por él?
Por eso, no me cabe duda alguna de que, después de transcurridos quince años de la concesión de las sanitarias, tenemos que avanzar a fin de optimizar la legislación, de manera de favorecer a la comunidad y a los usuarios. Pero, ¡por favor! no pretendamos optimizar a costo de cargar la mano a la agricultura del país; no pretendamos cargar la mano a los pequeños y medianos agricultores, y a quienes obtienen la producción necesaria para la alimentación de nuestro país. Tenemos que ser capaces de pensar en el largo plazo.
En ese sentido, espero que el proyecto se apruebe por la unanimidad y que estas reflexiones nos lleven a ser capaces de meter mano en las concesionarias de agua potable y alcantarillado, porque, en verdad, ahí hay mucho paño que cortar. No hemos entrado a analizar, por ejemplo, cómo se han ido vendiendo y cuántas veces ha aumentado su valor. Ha sido un negocio espectacular, considerando el valor al que vendió el Estado y el que han alcanzado esas empresas las dos, tres o cuatro veces en que, con posterioridad, han sido vendidas. Es lo que ha ocurrido con la empresa de agua potable de la Región del Maule.
Señor Presidente, nos alegramos mucho por este proyecto y, por su intermedio, invito al diputado Andrade a apoyarlo y le manifiesto que, con gusto, respaldaremos cualquier iniciativa que vaya en ayuda de los usuarios de las empresas de agua potable, pero no a costa de los agricultores, que es lo que se quiere evitar con esta futura ley.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , me alegro de que estemos tramitando este importante proyecto para el país en general. El agua tiene que cumplir dos finalidades fundamentales: primero, servir para el uso y consumo humano, y segundo, para regar los predios agrícolas que producen alimentos para el país, cuyos excedentes pueden ser exportados, como acontece en muchos casos en este momento.
Frente a esta situación que nos ha preocupado en la Comisión de Agricultura, ha habido interpretaciones, podría decir, equivocadas, antojadizas o interesadas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que ha manifestado en más de una oportunidad que las aguas, después de su tratamiento, pueden ser de propiedad de la empresa sanitaria que las trata.
El agua es un bien nacional de uso público, y las empresas sanitarias tienen la obligación de tratarlas en buenas condiciones, no como se hace en muchos casos en que pasan por la planta y salen con la misma cantidad de contaminantes con que ingresaron.
Aquí las sanitarias cobran a los consumidores por tratar y sanear las aguas, lo que, como manifesté, no siempre acontece.
Señor Presidente , recuerdo que en mis años de estudiante mi padre ordenaba los recibos de pago de la luz y del agua. Si en ese entonces se pagaba por concepto de luz, por ejemplo, 200 pesos, por agua se pagaba no más de 20 pesos; o sea, este recurso tenía un precio bajísimo.
Hoy se paga tanto por el consumo de energía eléctrica como por el de agua. Los precios son escandalosos.
Por ser el agua un elemento tan vital, nunca fui partidario de la privatización de las empresas sanitarias, porque estaba convencido de que harían el negocio que vemos hoy, que deja mucho que desear, a costa de los consumidores, y, en muchos casos, de los de más escasos recursos.
En el último tiempo hemos recibido reclamos en la provincia del Biobío, concretamente en Los Ángeles, por el mal servicio que está prestando la sanitaria Essbio en varias poblaciones de esa ciudad. En diciembre pasado -también en meses anteriores- el agua llegó a las casas sin la presión adecuada, y en muchas oportunidades esos vecinos quedaron sin servicio de agua potable. En consecuencia, cobran por un servicio que se presta en malas condiciones, y, además, se quieren dar el lujo de vender las aguas después de tratadas, en circunstancias de que cada usuario está pagando para que ello se haga adecuadamente.
Por eso, para no continuar con este escándalo y esta sinvergüenzura, -como lo han señalado algunos colegas, expresión que comparto plenamente-, considero conveniente que el presente proyecto de ley siga el trámite adecuado. Ojalá que el Ejecutivo le ponga urgencia; incluso más, sería positivo que se tramitara con discusión inmediata, de manera que esclarezcamos de una vez por todas a quién pertenece el agua y quiénes deben tener un uso privilegiado de ella.
Una vez más, podemos comprobar que, aparte de que las empresas sanitarias no hacen bien su trabajo, en muchos casos están abusando de los consumidores. Por medio de una interpretación equivocada de la ley por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ellas se encuentran recibiendo un tratamiento que no se merecen. De ello tendrán que responder en su momento también los que hayan evacuado decretos y disposiciones que han perjudicado a tantos agricultores del norte de Chile que ya no cuentan con este recurso para los cultivos básicos del sector y se han traspasado a la actividad minera.
La minería podrá buscar aguas en otras partes. Si se trata de yacimientos que se encuentran cerca del mar, tendrán que sacar agua del mar, y cuando estén en otros lugares, ver si existe la disponibilidad para extraerla del subsuelo, de pozos profundos, siempre y cuando cuenten con la debida autorización.
En síntesis, me alegro de este proyecto. Espero que tengamos el éxito que todos anhelamos y que se le dé una rápida tramitación para esclarecer definitivamente a quién pertenecen las aguas, cuál es la función que deben cumplir las empresas sanitarias y quién controla qué y cómo lo hacen. En verdad, no existe un control adecuado y una fiscalización permanente para saber si efectivamente se encuentran cumpliendo o no con su obligación de tratar las aguas, de manera que, después de tratadas, pueden en condiciones adecuadas para el consumo humano o para el uso de los regadíos, donde generalmente se utilizan. En ese sentido, como expresé, no siempre dicho tratamiento es suficientemente adecuado.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , este proyecto, originado en moción y que se encuentra en su primer trámite constitucional, se refiere a una materia muy sensible, sobre todo en las regiones del norte, donde la escasez del agua es muy grande.
Uno debe aportar a la ley en función de la óptica que tiene de su región, que es lo que más conoce y de lo que tiene más información.
Para mí no es fácil, por ejemplo, que en el sur de Chile comités de riego deban utilizar en numerosas oportunidades aguas servidas. En ese sentido, comparto plenamente que el costo de esas aguas se encuentra absolutamente cubierto con lo que pagan los usuarios, los clientes, como decía el diputado Andrade .
En consecuencia, debemos buscar un camino de solución. A mi juicio, ella pasa por legislar para evitar que sean cobradas las aguas servidas. Los costos están absolutamente asumidos en el tratamiento: en primer lugar, tenemos las empresas distribuidoras que colectan el agua -en el caso de la Región de Atacama se trata de aguas subterráneas, no superficiales-; después, la distribución tiene un segundo costo. El tercer costo dice relación con recolección y alcantarillado. A continuación, se realiza el tratamiento de las aguas servidas, y, finalmente, tenemos la evacuación de las aguas.
Sin duda, en el norte de Chile existió una discusión muy amplia al respecto, porque algunos proyectos mineros aspiraban a hacer uso de esas aguas servidas. Una empresa minera de envergadura compró a la empresa concesionaria de Copiapó, Aguas Chañar , los derechos de esas aguas.
Fue tal el reclamo de los agricultores aguas abajo de la planta de tratamiento, que hubo que buscar una solución. Por eso, la empresa minera tuvo que ceder, en forma gratuita, la mitad de las aguas, de manera que pudieran continuar en el curso del río Copiapó y servir a los agricultores de Toledo y Piedra Colgada.
Sin duda, esa fue una solución a nivel local, pero pienso que debería presentarse una indicación al proyecto, a fin de asegurar que el tratamiento de las aguas servidas alcanzará un nivel razonable. De lo contrario, si no se paga por ellas, continuarán siendo aguas sucias y de muy mala calidad.
Por eso, la indicación debería apuntar en el sentido de establecer una fiscalización sobre la calidad de esas aguas. Si no es posible introducir una indicación al respecto, el punto podrá resolverse durante el segundo trámite constitucional en el Senado.
Lo importante de esto es que concordamos en que no puede pagarse por las aguas servidas, porque el cliente ya pagó por concepto de consumo, alcantarillado y su tratamiento. Como muy bien decía el diputado Roberto León , durante el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle se cobró por el tratamiento de las aguas servidas, en circunstancias de que ni siquiera existían las plantas. Por eso, esta iniciativa es importante.
Es una buena idea el no cobrar por las aguas servidas, pero debemos reconocer que su tratamiento y evacuación siempre requerirá de inversiones, pero no sé quién las va a realizar. Así, por ejemplo, en el caso de la empresa sanitaria de Copiapó, cuando se trata de hacer inversiones especiales, lo usual es que se recurra al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que, posteriormente, esos dineros sean devueltos a través de las tarifas que se cobran a los clientes y usuarios.
Creo que el proyecto está bien inspirado, porque, reitero, no se puede cobrar por las aguas servidas; pero también nos interesa que exista alguna autoridad que fiscalice que la calidad de las aguas servidas sea suficientemente buena como para ser utilizada, fundamentalmente por agricultores y empresarios.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en primer lugar, nobleza obliga; quiero agradecer a la diputada señora Denise Pascal por haber tenido la lucidez de presentar un proyecto tan relevante y porque invitó a varios miembros de la Comisión de Agricultura a suscribirlo.
En segundo lugar, quiero hacer un reconocimiento al ex Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , quien durante su gobierno impulsó fuertemente lo relativo a la concesión de las empresas sanitarias, lo que permitió el saneamiento de cauces como el del río Biobío, que hoy está libre de contaminación, en circunstancias de que en 1990, prácticamente todos sus afluentes llevaban aguas contaminadas de las comunas de la Región del Biobío. La situación existente hasta ese momento tenía a nuestro país muy por debajo de los índices de países desarrollados.
Me tocó asistir a la ceremonia en la cual se declaró oficialmente al Biobío como un río libre de contaminación de aguas servidas, lo que significa un mérito de las empresas concesionarias y del gobierno del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle , quien impulsó esta legislación. Es cierto que se podría haber logrado lo mismo mediante el uso de recursos públicos, pero eso habría demorado mucho más tiempo; lo mismo sucede respecto de la concesión de autopistas. El año 90, las autopistas llegaban hasta Rancagua ; hoy, están entre Combarbalá y Puerto Montt. Dichas obras habrían demorado un tiempo demasiado largo si se hubieran realizado con recursos públicos. De manera que hay que reconocer estos avances. Incluso, hoy Chile pertenece a la OCDE gracias a que los tratados internacionales suscritos exigieron, que nuestro país se pusiera al día en estas cosas.
Considero relevante este proyecto de ley, porque viene a fijar el verdadero sentido y alcance del artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas. Al respecto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios había fijado un sentido y alcance que, a nuestro juicio, no es correcto, al permitir la comercialización de las aguas depuradas por las empresas sanitarias.
En uno de sus dictámenes, dicha Superintendencia sostuvo que “Mientras las aguas servidas formen parte del patrimonio de la concesionaria sanitaria, ésta puede celebrar con relación a ellas los actos jurídicos que estime conveniente, sometido a las normas legales y técnicas de orden sanitario y teniendo presente que se está frente a una actividad relacionada.
El precio de venta puede pactarse libremente, pues se trata de una actividad relacionada no obligatoria ni sujeta a régimen tarifario.”.
Como dice nuestro Código Civil, sólo toca al legislador interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Eso es lo que estamos haciendo hoy: fijar el verdadero sentido y alcance de esta norma, que es de derecho público, y, por lo tanto, debe ser interpretada en forma restrictiva. El hecho de que una concesionaria de obras sanitarias tenga una concesión para depurar o limpiar las aguas servidas, no le da derecho a comercializarlas, Esa interpretación es un error muy grande, puesto que, insisto, las normas de derecho público deben interpretarse en sentido restrictivo. Si la norma hubiese dicho que la concesión de depuración de aguas constituye un derecho de aprovechamiento de aguas para la concesionaria y que, por tanto, puede comercializarlas, no estaríamos discutiendo este proyecto.
Aquí se pasaron de listos e interpretaron esta norma en un sentido muy amplio, lo que los llevó a comercializar las aguas, lo cual está siendo rectificado por este proyecto de ley de la diputada señora Denise Pascal , que fija el verdadero sentido y alcance de la norma, es decir que estas aguas tratadas, una vez que han sido depuradas, deben devolverse al cauce natural que se señale o estipule en la concesión respectiva. Eso es lo que corresponde. A la concesionaria se le paga el servicio para que depure las aguas; no es propietaria ni constituye un derecho de aprovechamiento sobre esas aguas, por lo cual debe restituirlas al cauce natural. Esto, evidentemente, ha sido un clamor de los agricultores y de los regantes, quienes han sido privados de un derecho de aprovechamiento de los derrames, sobre todo en una época de tanta escasez de agua -como ha señalado el diputado Carlos Vilches - en el norte, en la zona de Petorca y, en general, en todo el país.
Esta iniciativa viene a devolver esas aguas a su cauce normal, como deben ser las cosas en materia de derecho de dominio sobre el aprovechamiento de las aguas.
Además, es claro que este proyecto dirimirá una controversia que está en curso en nuestro país, cual es que las empresas deben restituir las aguas a su cauce natural.
Finalmente, aquí ha habido críticas a las empresas sanitarias que han cobrado anticipadamente. Invito a revisar la legislación en esta materia. Nadie puede desconocer que, como país, hemos avanzado en la depuración de las aguas servidas y en la limpieza de los cauces de los ríos. Eso no lo puede desconocer nadie; pero, si es necesario, estamos dispuestos a revisar la legislación en esta materia.
Una vez más, agradezco y felicito a la diputada Denise Pascal, puesto que este proyecto de ley pondrá una nota de claridad en una materia en la cual creo que se estaba abusando, ya que se estaba comercializando aguas que son un derecho de aprovechamiento y que constituyen un bien nacional de uso público.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , contextualizando el debate que se dio en la Comisión de Agricultura durante el tratamiento de este proyecto, es importante destacar que, cuando la diputada Denise Pascal presentó esta iniciativa, había una inquietud en regantes del río Mapocho que estuvieron en la Comisión, precisamente porque no tenían la posibilidad de acceder al agua para riego por esta situación en relación con las empresas sanitarias. La Comisión recibió delegaciones de pequeños regantes y de representantes de juntas de vigilancia, que fueron a denunciar esta situación. Por tanto, no es un proyecto que haya surgido sin un contexto, sin una realidad, y, como señaló el diputado Carlos Vilches , eso se está repitiendo en varias regiones.
Lo que quiero enfatizar acerca de la importancia de este debate es que tenemos que pensar que, en nuestro país, el problema de la propiedad del agua tiene un trasfondo, porque, en virtud de la interpretación del artículo 61 del DFL N° 382 que venía haciendo la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se estaba otorgando a las empresas sanitarias la propiedad de las aguas servidas. Si las sanitarias pueden comercializar las aguas tratadas, significa que tienen propiedad sobre ellas. Consideramos muy grave esta interpretación porque implica entregar a las empresas sanitarias el derecho de vender las aguas tratadas.
En este sentido, el proyecto apunta a incorporar en nuestra legislación una norma que aclare que la concesión en virtud de la cual se otorgan facultades a las empresas sanitarias para tratar las aguas servidas, no implica entregarles también la propiedad de las mismas, que es lo que estaba sucediendo. Reitero: entregar a una empresa la concesión para tratar aguas servidas, no implica entregarle también su propiedad. Esto tiene que quedar muy claramente establecido, porque existe un marco regulatorio en que aparece muy difusa la condición de bien nacional de uso público que tiene el agua; si bien es cierto que está consagrado en el Código Civil, el Código de Aguas establece lo contrario. A través de una interpretación que hace un organismo público, se está entregando a las empresas sanitarias la propiedad de las aguas servidas, cosa que no está considerada en la concesión.
Este proyecto constituye una alerta muy importante. Por cierto, si no se corrige esta situación, los pequeños regantes que tienen constituido el derecho de aprovechamiento de aguas, seguirán sin poder acceder a riego para sus predios, lo que puede devenir en una crisis de la pequeña y la mediana agricultura.
Como digo, esto reviste mucha importancia, porque las empresas sanitarias no están formadas sólo por capitales chilenos, sino que sus dueños son, en forma preponderante, extranjeros. Entonces, si hoy se les permite comercializar las aguas que se les entregan mediante concesión, pero exclusivamente para tratarlas, quiere decir que estamos entregando la propiedad de ellas a empresas extranjeras, lo que significa que ya no serán un bien nacional de uso público, sino propiedad de grandes empresas sanitarias extranjeras. Con esto, nuestro país se va a quedar sin agua, porque en virtud de la interpretación del artículo 61 del DFL N° 382 que hace un organismo público, como es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se les está permitiendo comercializar las aguas, en circunstancias de que en ningún momento se les otorgó su propiedad, sino sólo su concesión, con el objeto de que las traten o depuren para que sean utilizadas por los consumidores. Ése es el sentido de este proyecto.
No hemos tenido en consideración el planteamiento del diputado Osvaldo Andrade . Por cierto, es muy loable que se quiera proteger a los consumidores de agua de las elevadas tarifas de las empresas sanitarias, que, además, proporcionan un mal servicio. Pero el foco principal está puesto en el hecho de que no es posible que, vía una interpretación de un servicio público, se entregue la propiedad de las aguas servidas a las empresas sanitarias. Además, un fallo de la Corte Suprema establece que la concesión no faculta a estas empresas para comercializar el agua, porque no tienen los derechos correspondientes.
Considero muy grave la interpretación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios -situación que esta iniciativa pretende corregir y consagrar en la ley- porque, a través de ella, se está entregando la propiedad del agua, a pesar de que la concesión no lo establece así.
Por lo tanto, me sumo a la solicitud que han formulado otros colegas. Lamentablemente, la diputada Denise Pascal no pudo estar presente en esta sesión, debido a problemas familiares; pero esta iniciativa, de la cual es autora, nos ha permitido abrir debate sobre esta materia y corregir una interpretación arbitraria que venía haciendo la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en virtud de la cual entregó la propiedad del agua a empresas que son mayoritariamente extranjeras.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , no cabe duda de que el problema del agua se va a ir agudizando con el tiempo y que, cada vez, será más difícil ordenar su distribución, a menos que se adopten políticas sobre manejo integrado de cuenca. Al respecto, un científico decía que es un bonito eslogan, pero no soluciona los problemas existentes. Él decía, básicamente, que lo más aconsejable era el manejo integrado, pero de las aguas de una cuenca, lo que implica resolver los problemas de cada zona, porque cada sector tiene sus propios problemas; no es lo mismo Arica que la Novena Región. El manejo de las cuencas es muy diferente en cada región.
Ahora estamos discutiendo sobre la necesidad de poner freno, en un momento determinado, a una situación que conocimos, debido a que en la Comisión de Agricultura se formuló un reclamo porque a un grupo de agricultores se les estaba cobrando por el uso de estas aguas. Entonces, lo único que estamos haciendo es poner freno al problema; pero no es la solución de fondo, que debe pasar por el respeto que deben tener, en una misma cuenca, los usuarios aguas arriba por los usuarios aguas abajo.
Muchas veces se entregan derechos de agua para determinada actividad, lo que termina siendo un buen negocio de especulación en el mercado, que después se deriva a otra empresa, que no repara en el respeto que debe tener por las personas que viven en la misma cuenca.
Es así como, muchas veces, tenemos un predio que está verde, floreciente y produciendo, pero el predio vecino no tiene posibilidad alguna de acceder al agua. Creo que ha llegado el momento de empezar a buscar una legislación que obligue a los vecinos a respetar a los otros que comparten la misma cuenca. Ése es el problema de fondo. Estamos discutiendo que los derechos de aguas deberán ser para los agricultores o para los ciudadanos, mediante una rebaja de la tarifa. Esto es posible, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre la forma de solucionar los problemas que existen en una misma cuenca.
La Comisión de Agricultura tramitó el proyecto lo más rápidamente que pudo dentro de sus facultades. Hoy, lo sometemos a consideración de la Sala, para que, ojalá, lo apruebe por unanimidad y sea remitido al Senado, de modo que el Ejecutivo le fije la urgencia necesaria para que sea despachado lo antes posible. La verdad es que necesitamos mucha legislación sobre esta materia.
Se dice que sólo utilizamos el cinco por ciento del agua que tenemos en nuestro país; pero hay zonas en las cuales empieza a escasear el vital elemento. No creo en los porcentajes, porque, tal vez, en la Tercera Región se está ocupando un porcentaje muy superior al que se está utilizando a nivel nacional, porque es posible que se esté gastando agua en exceso en el sur, y ahorrando en el norte, donde es escasa.
Hay distintas realidades y, por eso, decía que los manejos integrados de cuenca son distintos. Me contaba el colega Nino Baltolu , que representa a Arica, que en esa zona las empresas sanitarias están instaladas en el borde costero, razón por la cual botan las aguas servidas tratadas al mar. De manera que allí habrá que buscar una fórmula y, por eso, digo que los manejos integrados de cuenca son distintos. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, toda la provincia de Melipilla, que es potencialmente agrícola, quedará desprovista de agua si no hay una legislación en esta materia.
Por eso, invito a todos los colegas a aprobar sin temor esta iniciativa, porque va en el sentido correcto de lo que necesitamos en el futuro.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , creo que en esta oportunidad a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en particular a la superintendenta, se le pasó la mano en la interpretación del artículo 61 del DFL N° 382.
Digo esto, porque las empresas de servicios sanitarios tratan y venden agua. Los dueños del agua son quienes la ocupan; en ningún caso, este vital elemento es de propiedad de las empresas sanitarias. Lo más extraño del caso es que en nuestro país -recordémoslo-, a pesar de la existencia de muchos ríos y playas con emisarios y con plantas de tratamiento de aguas servidas, nos quejamos de la calidad del agua en aquellos caudales.
Lamentablemente es así; hoy, a medida que hemos avanzado, los tratamientos de agua son mejores, y vamos a seguir exigiendo más calidad en ellos. Si antes esas aguas iban a los ríos y los contaminaban, hoy son parte de la propiedad de un cauce natural, es decir, éste es prácticamente un afluente que llega a un cauce natural y debe ser ocupado por los que tienen una constitución de derecho de aprovechamiento de aguas, que en este caso son los agricultores.
Tratar de comercializar esas aguas es un exceso y pone en tela de juicio un modelo que hemos instalado en nuestro país, en el cual la Superintendencia tiene muchas facultades. Sin embargo, creo que aquí se le pasó la mano, pasó a un lugar que no le corresponde, a la cuenca. Ahí hay otro servicio, está la Dirección General de Aguas; son otros los que en ese caso están interpretando lo que corresponde a los derechos de aprovechamiento de aguas para las personas y para pequeñas empresas.
El tema de fondo es otro: desde Santiago hacia el norte -diría que desde la Sexta Región, e, incluso más, desde parte de la Séptima Región hacia el norte- tenemos una enorme sequía. Por ello, nuestro país debe aprovechar todos sus recursos hídricos, lo que significa que todas las aguas servidas deben ser bien tratadas para ser ocupadas como una segunda opción.
El problema a que me refiero lo vemos en el valle de Copiapó, absolutamente colapsado, donde hay una crisis de agua que se ha denominado guerra del agua en Copiapó y en Vallenar. Estamos trabajando en una Comisión Investigadora que se ha abocado al estudio sobre la usurpación de aguas, lo que ha provocado una crisis en el valle de Petorca. Al respecto, nos informan que en el valle de Petorca hay 50 camiones aljibe entregando agua para que la gente pueda beber agua potable.
Entonces, obviamente se deben tratar las aguas de tal manera que, incluso, puedan servir para consumo humano. También se habla de ocupar las aguas de mar bien tratadas. Debemos pensar en eso; la solución desde Santiago hacia el norte del país apunta a aprovechar mejor el agua.
Vamos a tener que tratar de ocupar el agua de mar, y previamente darle muy buena calidad. Tal vez eso significará un alto costo, es cierto; pero es el costo de tener desarrollo en el norte del país, lo que tiene que ver, fundamentalmente, con una agricultura basada en el clima.
Se está pensando en ideas para utilizar agua de mar y aguas servidas tratadas. Ésos son los desafíos que tenemos como país. Incluso, se está pensando en un ducto para llevar agua del sur hacia el norte. Vamos a tener un desarrollo explosivo de la minería en el norte del país, pero antes deberemos enfrentar varios problemas: en primer lugar, ambientales; en segundo lugar, fuertes problemas energéticos, que también estamos discutiendo. Al respecto, no debemos olvidar que el agua es fundamental para que sea posible el desarrollo.
Como país, estamos atrasados en esta materia y, por tanto, debemos ponernos a tono para avanzar.
Por eso, estoy de acuerdo con el proyecto y felicito a su autora, la diputada Denise Pascal, por haberlo impulsado. Lamentablemente, por situaciones familiares, hoy no pudo estar presente en la Sala para informarlo; en todo caso, la diputada señora Adriana Muñoz lo hizo de forma brillante.
El proyecto hace justicia respecto de algo tan sensible para nuestro país como es el recurso hídrico, el agua, para la vida humana y para la agricultura, sobre todo para los pequeños agricultores, que muchas veces ocupan estas aguas para hacer producir sus tierras.
Felicito a los autores del proyecto, porque, efectivamente, hace justicia y rectifica una visión errada de un servicio que cruzó sus fronteras.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , el proyecto, a mi juicio, es tremendamente importante, porque clarifica un vacío legal sobre los derechos de agua después de su tratamiento.
Escuché con mucha atención las distintas opiniones de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, pero quiero ahondar más allá de lo que significa la controversia que aclara el proyecto. Como país que está tratando de ser una potencia alimentaria, no nos hemos abocado a analizar la importancia del agua para la agricultura, fundamentalmente en las zonas que ahora están padeciendo una tremenda sequía.
Tal como decía el diputado Lemus, como país debemos priorizar el vital elemento. Si queremos seguir produciendo fruta, vino, si queremos continuar con el desarrollo de las zonas agrícolas, debemos priorizar el agua.
Seguramente existe un reconocimiento del avance que Chile ha tenido en relación con el agua potable rural. Hoy, tal vez somos líderes en Latinoamérica por haber iniciado la concesión de las plantas de tratamiento, porque el Estado era capaz de abarcar todo el país. Hoy, contamos con un porcentaje increíblemente alto de tratamiento de aguas servidas, lo que repercute favorablemente en materia sanitaria y de desarrollo humano.
Asimismo, hemos llegado con agua potable rural a muchos lugares que hace quince años jamás habríamos pensado que iban a tener agua potable de calidad. Eso significa una mejoría en calidad de vida y en materia sanitaria, y un ahorro considerable en las enfermedades que acarreaba la falta de agua potable rural.
Pero existen vacíos legales. Las empresas están haciendo prácticas que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de las ciudades, pero impiden o niegan el establecimiento de más de un medidor en una propiedad; sólo aceptan un medidor por rol, lo que implica tremendos problemas para las pymes. Así, por ejemplo, una señora a la que se le murió el marido y no tiene la suficiente cantidad de dinero para subsistir, puede dividir su casa en dos: en el segundo piso, su lugar de habitación, y en el primer piso, un local comercial. Sin embargo, cuando va a la compañía a solicitar la instalación de un medidor adicional, se encuentra con que la compañía no le permite tener dos medidores, lo que le acarrea muchos problemas.
Ésta ha sido una práctica permanente no sólo de las compañías que tienen que ver con el suministro de agua potable, sino también de las compañías eléctricas.
Estoy trabajando en este tema, para ver cómo la Superintendencia clarifica este vacío legal, porque no puede ser que una persona no pueda tener dos medidores en una propiedad.
Por otro lado, el cambio climático y la expansión de la sequía en muchas zonas han avanzado rápidamente y nosotros hemos reaccionado en forma muy lenta.
El nuevo ministro de Agricultura señaló hace pocos días que la sequía es producto de nuestra ineficiencia, cosa que comparto. Muchas aguas, incluso en las zonas de mayor sequía, se van al mar sin ser aprovechadas.
Por eso, llamo al Ejecutivo y a los gobiernos regionales a poner énfasis en el aporte que significa la construcción de embalses. No necesitan ser tan grandes para que cumplan con su objetivo. No se están haciendo, en circunstancias de que beneficiaría especialmente a pequeños agricultores.
Hoy, la Comisión Nacional de Riego dispone de muchos recursos a los cuales se puede postular para el riego de predios agrícolas. Sin embargo, tales recursos solo están llegando a la mediana y gran empresa y no a las pymes, que en el caso del distrito 51, precisamente son las comunidades mapuches.
No conozco comunidades que estén accediendo a ese beneficio del Estado, porque no cuentan con los recursos ni los apoyos suficientes de las instituciones del Estado, precisamente, debido a que carecen de derechos de agua.
Debo recordar que durante el gobierno militar, en 1981, se dictó el Código de Aguas y nadie acompañó a las comunidades indígenas a inscribir sus aguas ancestrales.
El señor MEZA.- ¿Quiso decir durante la dictadura?
El señor TUMA.- Sí, señor diputado, durante la dictadura.
Nadie las acompañó, y muchas empresas y algunos frescos, inversionistas y empresarios muy connotados de este país a los que no quiero nombrar, sin tener tierras propias, inscribieron las aguas de esas comunidades a su nombre.
En consecuencia, esas comunidades no tienen derechos de agua para su desarrollo. Muchas veces, ni siquiera se pueden conseguir derechos de agua para realizar proyectos de agua potable rural. Por eso, es muy importante que empecemos a legislar en serio sobre esta materia.
Por otra parte, la Tesorería no ha podido cobrar miles de millones de pesos a gente que no ha pagado por los derechos de agua que no se utilizan.
Esta normativa rige desde hace pocos años. Cuando no se paga, el Estado debe recurrir a mecanismos judiciales para cobrarlos.
Hay gente que actúa como el perro del hortelano: no usa el agua ni la deja utilizar. Entonces, debe pagar. Muchas veces no lo hace. Tampoco existe la posibilidad de cobrar, porque no han señalado domicilio conocido, lo cual constituye un problema en la Tesorería.
Este proyecto sirve para recordar que debemos abocarnos a tratar de manera más profunda todo lo relacionado con el agua en Chile.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , este proyecto contará con el respaldo de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, toda vez que hace una corrección a un tema central y fundamental, que subyace en la discusión de esta interpretación al artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, respecto a la comercialización de aguas servidas: la definición del agua como un bien de uso público.
Hoy, nos enteramos, por ejemplo, de que las empresas de servicios sanitarios, discrecionalmente, organizan y finiquitan negocios multimillonarios en el norte del país con empresas mineras privadas.
Nos informaron que ayer se dio a conocer un negocio entre la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta con la minera Collahuasi por la venta de 500 litros de agua por segundo.
Hablamos de una zona donde hay un estrés hídrico importante y pequeños agricultores, en la práctica, mendigan el uso de las aguas tratadas.
Para esos pequeños agricultores constituye una bofetada esta desfachatez de la empresa de aguas de vender 500 litros por segundo a una minera privada.
Sin embargo, el tema no termina ahí. Escuchamos a varios parlamentarios denunciar los negocios que realizan esas empresas de servicios sanitarios, de manera indiscriminada, con el tratamiento de las aguas servidas.
Estoy totalmente de acuerdo con esas denuncias y, obviamente, con la irritación de los parlamentarios de los distritos donde esto es un hecho cotidiano, casi endémico, de la realidad de las comunas.
En el Congreso Nacional hemos discutido la naturaleza del agua, su propiedad y la errada determinación de las autoridades de ceder los derechos de aguas de todos los chilenos a empresas que utilizan estos mecanismos para enriquecerse a costa de la comunidad y del consumo humano.
Es inaceptable que las sanitarias tengan el descaro de cobrar altas sumas de dinero por un servicio de mala calidad y volver a cobrar por las mismas aguas, pero esta vez tratadas de manera distinta.
Conocimos el ranking hecho por la Superintendencia de Servicios Sanitarios que establece las sanitarias con más reclamos en el país. En primer lugar, figura la Empresa de Servicios Sanitarios de Aguas de Antofagasta, que es la que acaba de hacer este multimillonario negocio con una empresa minera privada.
En el norte, el problema es alarmante, sobre todo si tomamos en consideración la escasez hídrica propia de las regiones desérticas, el bajo caudal de los ríos, los usos del agua por las empresas y faenas mineras, también por la falta de una legislación que regule y permita una fiscalización efectiva de las empresas sanitarias y por la falta de conciencia de muchas autoridades que privilegian las concesiones y los proyectos de inversión con plus de agua gratuita.
Muy relacionado con este proyecto, quiero reiterar que las empresas sanitarias que se adjudicaron la concesión del tratamiento de aguas servidas, se han aprovechado, maliciosamente, de una interpretación errada de la ley, que solo las beneficia a ellas, al establecer altas tarifas que están lejos de los niveles de estándares de los países desarrollados en este tema. Me refiero, justamente, al tratamiento de las aguas servidas y su posterior venta.
Sin perjuicio de lo dicho y de la discusión de esta iniciativa, hago un llamado a las autoridades sanitarias, al ministro y al Presidente para que se haga una correcta fiscalización de las empresas que llevan a cabo los procesos de depuración de las aguas, siempre en vista de que estamos en un período crítico, a nivel nacional y mundial, sobre su existencia.
Reitero nuestro apoyo a este proyecto y felicitamos a sus autores, en particular a la diputada Denise Pascal. Sin duda, es un paso importante para avanzar en lo que necesitamos: recuperar la propiedad y administración del agua para el Estado.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Nino Baltolu.
El señor BALTOLU.- Señor Presidente , para la gente de Arica, que ve perder las aguas de los ríos San José y Lluta en el mar, lo afirmado acá se contrapone con todo lo que han expresado nuestros colegas parlamentarios.
En cierta medida, este proyecto busca determinar quiénes son los dueños de las aguas. En este caso, creemos que son del Estado, es decir, de todos los chilenos. Vamos a poner todo nuestro empeño para que esto se logre de una vez por todas.
Por ejemplo, en la ciudad de Arica, la Empresa Sanitaria, que era del Estado -por si algunos no saben fue licitada en gobiernos pasados-, vertía el agua que supuestamente trataba con una elevación de más o menos dos mil metros de profundidad mar adentro, o mar afuera para algunos. Una empresa agrícola le pidió al Estado la merced de agua, aproximadamente quinientos litros por minuto que se estaban vertiendo al mar y, en definitiva, perdiéndose. Sin embargo, la respuesta fue “no ha lugar”, porque las aguas eran de la empresa sanitaria, por ende, del Estado.
Sin duda, causa rabia y molestia ver que las aguas se pierden de esa manera, porque aún no tenemos un proceso para ocuparla. A los que están en contra del sistema de privatización, quiero decirles que como estas empresas son monopólicas, los precios que se cobran son tratados con el Estado.
Ahora, si vamos a la génesis del proceso, del porqué se hicieron las cosas de esta forma, primero debemos pensar que en el pasado la gente vertía las aguas que ocupaba en sus domicilios en pozos negros. Posteriormente, alguien dijo: ¿por qué mejor no hacemos una red de alcantarillado para sacarla de las casas y así evitar infecciones? Ese proyecto -muy bueno para la época- conectó todas las aguas y las vertió al río. Por supuesto, nadie se dio cuenta del problema que eso ocasionaría más adelante. Después se estableció que las aguas, que regaban río abajo, con desechos de la ciudad, industriales y domiciliarios, causaban problemas de salud en la población. En ese momento, aparece por primera vez el tema del tratamiento del agua. Por lo tanto, en vez de cuestionar todo lo que ha pasado, debemos agradecer a las personas visionarias, que siempre han pensado en mejorar nuestros procesos.
Por otra parte, estamos de acuerdo en que una empresa cobre por sus servicios, pero deben ser entregados en forma íntegra, total. Por ejemplo, en Arica se cobra solo por elevar las aguas hacia los dos mil metros, pero, cuando aquí conversamos el tema, da la sensación de que en el resto del país el proceso es exactamente igual, que en todas partes se puede actuar de la misma manera, y eso no es así.
Con el nuevo proyecto, de una vez por todas, las aguas que llegan al mar serán ocupadas por las personas que más la necesitan. A la larga, eso va a traer progreso.
En Arica, desde hace muchos años, tenemos el famoso proyecto de las mil quinientas hectáreas. Hoy, ya se comenzó a autorizar la extracción de agua desde el fondo de la tierra para regadío. Un proyecto de esa envergadura -hablamos de una buena y económica calidad de agua- sería un buen inicio y nos serviría bastante a los habitantes de la ciudad.
Por lo tanto, es importante que el Estado ponga más énfasis en ello, para que las aguas que estamos vertiendo al mar se reciclen y se usen en nuestros campos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , a pesar de que no formo parte de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, quise intervenir en esta ocasión, porque me parece que el proyecto aborda un tema de extrema importancia. Con frecuencia aparece cuando trabajo en mi distrito, que pertenece a la provincia de Malleco, Región de La Araucanía, por desgracia, una de las más pobres del país y con los índices de desarrollo humano más bajos, lo que, por supuesto, no nos enorgullece. Como dije, es recurrente que se plantee el valor de los servicios básicos, entre los cuales está el agua y también la energía, una carga cada vez más creciente para la gente más modesta. Para la mayoría de quienes están en esta Sala, pagar 15, 18 ó 20 mil pesos por el agua puede resultar ser una cifra insignificante, pero no para aquellas personas que viven con una pensión básica solidaria, que hoy es un poco más de 75 mil pesos -que son muchas en mi región y en el resto del país-, o que viven con el ingreso mínimo, ya que representa un porcentaje muy importante de lo que reciben. Este punto también fue discutido en su momento.
Soy de aquellos que nunca ha estado de acuerdo con la privatización de las empresas que son de todos los chilenos, obviamente, por su importancia.
Los estudios indican que el agua será el problema del futuro, si es que ya no lo es. Incluso, algunos sostienen que las futuras guerras serán precisamente por el agua. Por consiguiente, felicito a los autores de la moción, que detectaron el problema, como la diputada Denise Pascal , quien propone corregir una errónea interpretación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Para aclarar algo que se señaló, quiero decir que esto comenzó con una interpretación en 1995, es decir, hace bastantes años. Por lo tanto, no tengo certeza de que sea solo responsabilidad de la actual superintendenta, Magaly Espinoza .
Hoy ese criterio cambia, a propósito de una sentencia del máximo tribunal de nuestra República, como es la Corte Suprema, que, después de interpretar el artículo 61, del decreto con fuerza de ley N° 382, ley General de Servicios Sanitarios, señala que las empresas sanitarias no se hacen dueñas de las aguas servidas que tratan, como erróneamente se interpretó reiteradamente por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Claramente, se trataba de un muy buen negocio. Las empresas sanitarias nos cobran en el costo fijo, por el tratamiento de las aguas servidas -que fue el gran argumento que se esgrimió para privatizar las sanitarias- y por el agua que nos venden. La razón básica de la privatización fue la magnitud del costo de las plantas de tratamientos de aguas servidas. Lo dijimos en su momento y hoy la evidencia es clara; ello contribuyó a aumentar el valor del servicio del agua.
Lo que es más grave aún, si ustedes revisan, nos cobran -repito- por el tratamiento de las aguas servidas, sin importar si tenemos o no plantas de tratamiento, como ocurre en mi región y en mi provincia en particular. Igual debemos pagar, porque se cobra por encontrarse en la cuenca hidrográfica.
Pero hoy hemos avanzando y prácticamente casi todas las comunas cuentan con plantas de tratamiento. Sin embargo, se quería agregar otro beneficio para las empresas privadas.
Pero también debemos revisar otro punto: las empresas cobran por alcantarillado lo mismo que ocupamos en consumo, como si toda el agua la vertiéramos al alcantarillado, cuestión que no ocurre. Por ejemplo, cuando regamos las huertas, las hortalizas que en mi zona son propias, esa agua no va al alcantarillado, igual cuando regamos el prado -quienes tenemos la suerte de tenerlo- o aquellos que son más pudientes y llenan la piscina, no necesariamente van al alcantarillado esos miles de metros cúbicos.
Sin embargo, nos cobran por alcantarillado exactamente lo mismo que por el agua que consumimos.
Entonces, ojo, tengamos presente que la gente dijo: “Ya pues, pónganle fin a los abusos”. A mi entender, se trata de un abuso, porque el agua pertenece a todos los chilenos. Se paga a las empresas para que la traten y la potabilicen. Eso no significa que se conviertan en dueños de ella y que hagan negocio con el agua tratada que pertenece a todos. Hay abundantes argumentos en tal sentido.
Por lo tanto, la iniciativa me parece un gran acierto de la diputada señora Denise Pascal y de los coautores.
Conozco el tema, pues en más de una oportunidad he tenido que defender los intereses de algunos pequeños propietarios y de quienes tienen derechos de agua, cuestión que me ha obligado a hacer gestiones ante la Dirección General de Aguas.
Me llaman la atención los dichos del diputado señor Joaquín Tuma respecto de quienes especulan con los derechos de aguas. Hubo algunos que se dedicaron a inscribirlos para especular y lograron grandes ganancias. Pero, luego, se corrigió la ley -el diputado señor Carlos Montes debe recordar aquello, porque yo no estaba en el Parlamento- mediante un mecanismo que estableció que todo aquel que no use el agua, deberá pagar por ello. De lo contrario -me llamó la atención que Tesorería deba cobrar a miles de deudores-, el Estado de Chile, que nos representa a todos, cobrará lo que corresponda.
Al respecto, debería haber una investigación, porque eso es extraordinariamente grave. En este momento pienso en una pequeña cantidad de agricultores de la zona de Purén que, a juicio de las autoridades de la Dirección General de Aguas no habían demostrado con claridad que estaban usando el agua, porque no había obras concretas, sino transitorias y en una época determinada. Les querían quitar los derechos de agua, que representaban un valor enorme. Tuve que defenderlos. Gracias a Dios, resolvimos el problema.
Parece que hay un doble estándar, si es efectivo lo que dijo el diputado Tuma , porque habría gente que tiene derechos de aguas inscritos, no los usan y no pagarían por ello. Cuando el Estado fija el valor a cobrar por el no uso de las aguas, tiene el propósito de recuperar esos derechos. El espíritu de la ley era ése.
Finalmente, junto con felicitar a los autores de la moción, anuncio que la votaré favorablemente.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta el artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, respecto a la comercialización de aguas servidas.
Hago presente que las normas del proyecto son propias de ley simple o común y que la Comisión informante recomienda aprobar la idea de legislar.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO CONSTITUIDA EN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR PEDRO AGUIRRE CERDA A CARGO DE LA EMPRESA KODAMA.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano constituida en especial investigadora de las posibles irregularidades que se hubiesen producido con motivo de la construcción del Corredor Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, a cargo de la empresa Kodama.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es la diputada señora Claudia Nogueira.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora,
La señora NOGUEIRA, doña Claudia (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, constituida en especial investigadora sobre las posibles irregularidades que se hubiesen producido con motivo de la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda , en la Región Metropolitana, a cargo de la empresa Kodama, paso a rendir el correspondiente informe, según la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados.
En cuanto a la competencia de la Comisión, el mandato otorgado por la Sala tuvo por objeto que la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano se constituyera en investigadora “con el objeto de verificar las posibles irregularidades que se hubieren producido con motivo de la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda , en la Región Metropolitana, a cargo de la empresa Kodama, como parte de las obras para el sistema de transporte urbano del Gran Santiago, conocido como Transantiago.
Esta revisión abarcará desde el 2006 a la fecha. La referida Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días desde su constitución y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
La Comisión se integró con las diputadas señoras Claudia Nogueira y Denise Pascal , y con los diputados señores Pedro Browne, René Manuel García , Romilio Gutiérrez , Patricio Hales , Carlos Abel Jarpa , Juan Carlos Latorre , Roberto León , Iván Norambuena , Pedro Velásquez y el ex diputado don Juan Lobos , reemplazado luego por el diputado señor Felipe Salaberry .
Debo destacar que las conclusiones emanadas del trabajo de la Comisión fueron votadas favorablemente por la unanimidad de los diputados presentes en la sesión citada para tales efectos, es decir, por la diputada señora Claudia Nogueira y por los diputados señores José Antonio Kast (en reemplazo del diputado señor Romilio Gutiérrez) , Nicolás Monckeberg (en reemplazo del diputado señor Pedro Browne) , Felipe Salaberry e Ignacio Urrutia (en reemplazo del diputado señor Iván Norambuena) .
A la luz de los antecedentes recogidos por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, constituida como investigadora, es posible concluir lo siguiente:
Determinación de responsabilidades
Las obras correspondientes al Corredor de Transporte Público Avenida Pedro Aguirre Cerda, en adelante “Corredor PAC”, forman parte del Plan de Transporte Urbano del Gran Santiago, o Programa de Mejoramiento al Transporte Público de Santiago, conocido también como Transantiago.
Tuvieron como mandante a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y, como mandatario, al Serviu Metropolitano, organismo que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia de la relación jerárquica que tiene con la Subsecretaría de Vivienda y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El Serviu Metropolitano actuó como mandatario de la Dirección de Vialidad con arreglo a lo preceptuado en el artículo 16 de la ley N° 18.091, que establece normas complementarias de incidencia presupuestaria, personal y administración financiera, y sobre esa base las partes suscribieron el convenio mandato entre la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y el Serviu RM, sancionado mediante resoluciones exentas 2.244/2006 de la Dirección General de Obras Públicas, y 3.994/2006 de Serviu RM.
La Cámara de Diputados ha sostenido que no hubo gradualidad en la puesta en marcha del Programa de Mejoramiento de Transporte Público de Santiago , tal como se manifestó en las conclusiones de la Comisión Investigadora respectiva, según los términos que explicaron sus conclusiones.
En virtud de la falta de gradualidad en la aplicación de las fases de ese programa de transporte urbano, que se hizo constar en el referido informe, se explica el mandato y encargo de la Dirección de Vialidad al Serviu RM. Además, en la precipitación que se observa para la ejecución de las obras de un sistema de transporte que se había puesto en marcha sin la ejecución de obras civiles destinadas a una adecuada aplicación.
La Comisión estimó que las instituciones responsables del proceso de licitación y fiscalización durante el proceso de construcción del Corredor Pedro Aguirre Cerda, correspondían tanto al Serviu Metropolitano como al Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad. Esto, porque el convenio mandato establece estrictamente que las modificaciones financieras recaen sobre la mencionada Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y por la obligación del Serviu de dar cuenta a dicho ministerio de todas las circunstancias que ocurrieran durante el contrato.
De la revisión y exposición de los informes técnicos del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile -Idiem- y de la División de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile -Dictuc-, se concluye que constituyen un marco de referencia y no estudios basados en la legislación respecto del finiquito económico de los contratos vigentes entre Kodama y el Serviu Metropolitano.
El informe elaborado por la Dictuc, a solicitud del Consorcio Kodama, se centra en los gastos en que incurrió la empresa a propósito de esos contratos, contabilizándose para tal efecto un monto final de 17.313.439.903 de pesos.
El informe desarrollado por el Idiem, a petición del Ministerio de Vivienda, corresponde a un estudio estimativo respecto de los montos y la pertinencia de los cobros imputados por el mencionado consorcio ante el Serviu Metropolitano, estableciéndose un monto final de 2.830.391.772 de pesos.
En definitiva, la evidente diferencia que se constata en las conclusiones de ambos estudios se debe a los distintos objetivos que ellos plantean, por lo que resulta complejo compararlos e inferir, a partir de ello, algún tipo de irregularidad.
En cuanto a la participación de funcionarios públicos en las acciones previas y posteriores a la firma del decreto exento N° 8, mediante el cual se autorizó al Serviu Metropolitano para transigir judicialmente con la empresa Kodama, por la suma de 16.636.412.630 de pesos, por concepto de gastos mayores, es preciso señalar:
El señor Antonio Llompart , ex director del Serviu de la Región Metropolitana , fue quien celebró la transacción con el Consorcio Kodama Ltda., sin requerir para ello de informes escritos técnicos, financieros o jurídicos que respaldaran su actuar. Con su acción, el ex director habría impedido que la contraloría interna del Serviu efectuara la debida revisión.
Al señor Rafael Marambio , ex subdirector jurídico del Serviu de la Región Metropolitana, en razón de su cargo, le correspondía velar por el cumplimiento cabal de las leyes y reglamentos vigentes que atañen al Serviu y tenía el deber de representar u observar los actos y resoluciones del director que no se ajustaran a la normativa vigente. El ex subdirector fue quien dio a conocer a la empresa Kodama la disponibilidad de transigir por la suma de 14 mil millones de pesos.
El señor Franz Greve , ex subdirector de Pavimentación y Obras Viales del Serviu de la Región Metropolitana, fue quien, junto con el ex subdirector jurídico, propuso el monto para transigir, cifra respecto de la cual no solo se incluyeron los conceptos contenidos en el decreto supremo N° 236, sino también otros valores reclamados por la firma y derechos que habían sido renunciados por la misma, pero no se tuvo a la vista el dictamen que, en forma previa, había emitido al respecto la Contraloría. Asimismo, se habría considerado en el monto a transigir una multa que el Servicio debía cobrar a la empresa por otro contrato de obras.
En cuanto al señor Álvaro Baeza , asesor de la ex ministra de Vivienda y Urbanismo , de acuerdo con las funciones que le fueron atribuidas, es posible deducir que incurrió en incumplimiento de funciones al no mantener al tanto de los aspectos relevantes de la negociación con Kodama a la máxima autoridad del ministerio. Asimismo, fue quien ordenó tener un criterio amplio en la negociación.
Propuestas de la Comisión
Respecto de aspectos generales para el buen desempeño de la Administración Pública.
Los hechos conocidos por la Comisión dejan en evidencia la necesidad de establecer mecanismos de coordinación, control y corrección de los procesos por los distintos órganos del Estado. Ellos deben resguardar, de manera adecuada, permanente y en tiempo real, el patrimonio nacional y deben impedir la repetición de situaciones como estas, cuyos alcances dañan no sólo la confianza en las instituciones, sino la adecuada relación del Estado con la empresa privada.
A pesar de que aún se encuentra pendiente la resolución del conflicto judicial suscitado por los hechos investigados en la Comisión y las consecuencias económicas que podrían derivarse para el Estado, se hace evidente la necesidad de regular los casos en que órganos estatales puedan establecer negociaciones judiciales y la necesidad de que esas situaciones no se constituyan en formas de evadir los controles vigentes ni en mecanismos que permitan la utilización de otras fuentes de financiamiento no dispuestas para ese efecto.
Respecto de los procesos de licitación y los convenios entre instituciones públicas y privadas.
Revisar los mecanismos que posibilitan este tipo de convenios entre las instituciones y establecer, de manera explícita, los alcances y las responsabilidades que caben a cada uno de los responsables de llevarlos a cabo, con el objeto de que los procesos aseguren los principios de probidad, transparencia y publicidad administrativa que deben regir los actos del Estado.
Revisar el procedimiento que rige la elaboración de los presupuestos oficiales de las obras del Estado, cuyo objetivo es reflejar el precio real de una obra y, por lo tanto, ser referencia de los costos finales que debe alcanzar una licitación
Implementar un proceso de revisión de las ofertas, con el propósito de que en aquellos casos en que se supere el presupuesto oficial, en un porcentaje establecido, se genere causal para declarar desierto el procedimiento y se inicie un nuevo proceso de licitación.
En cuanto a los mecanismos de control técnico-financiero aplicable a las obras públicas.
La Comisión hace mención a la profunda diferencia obtenida en los análisis desarrollados por dos instituciones de reconocido prestigio, la que se explica en virtud de los distintos objetivos a los que cada una apuntaba, lo que deja en evidencia la fragilidad del sistema de control y de regulación de una obra de esa envergadura por parte del Estado, así como la carencia de adecuados mecanismos de control y fiscalización técnico-financiera de los proyectos, de modo que permitan el control en tiempo real y ajustado del proceso. Dicha situación debería representar un desafío esencial a desarrollar entre los actores públicos y privados, en consideración a las obras que demandan los niveles de desarrollo que nuestro país está alcanzando.
Respecto de la participación y de las acciones de funcionarios públicos.
A la fecha, no ha habido defraudación de recursos del Estado, sin perjuicio de que existe un litigio en curso sobre la materia. Al respecto, el Consejo de Defensa del Estado ha solicitado una acción de nulidad de derecho público, a fin de dejar sin efecto la firma del contrato y sus alcances respecto de lo suscrito entre el Consorcio Kodama y el Serviu Metropolitano. Esto, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y legales que correspondan a los involucrados y que se deriven de las acciones vigentes, tanto de la Contraloría y los sumarios instruidos como de las acciones legales en curso.
La Comisión estima que tanto el Serviu Metropolitano como el Minvu deben realizar una revisión de los procesos de licitación de una obra y de su proceso de construcción desde el punto de vista técnico, con el objeto de establecer puntos críticos en su desarrollo, que no puedan ser superados si no implican el cumplimiento a cabalidad de determinados aspectos y que eviten situaciones como las acontecidas en esta obra.
La Comisión constata la evidente necesidad de una revisión de los procesos y mecanismos de control que operan al interior del Serviu Metropolitano y del Minvu, los que posibilitaron que, tanto durante el proceso de licitación y construcción como durante la negociación final llevada a cabo por el Serviu Metropolitano con el Consorcio Kodama, se produjeran situaciones anómalas, las que no fueron adecuadamente advertidas y controladas al interior de esa institución.
Por último, respecto del accionar de los funcionarios del Serviu y del Ministerio de Vivienda que se vieron involucrados en los hechos investigados por la Comisión, queda de manifiesto la impericia con que abordaron la resolución de la situación presentada, ello sin perjuicio de sus eventuales responsabilidades administrativas y judiciales por tales hechos.
Es todo cuanto puedo informar.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ha concluido el Orden del Día. La discusión del informe queda pendiente.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
ANTECEDENTES SOBRE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL RÍO ACONCAGUA. (Preferencial).
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Según lo acordado, en primer lugar se tratará el proyecto de acuerdo N° 530. El señor Prosecretario le dará lectura.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- El proyecto de acuerdo N° 530, de la diputada señora Muñoz, doña Adriana; del diputado señor Alinco; de la diputada señora Molina, doña Andrea, y de los señores Velásquez, Cerda, Tuma y Lemus, en su parte dispositiva dice lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Requerir de la Dirección de Obras Hidráulicas remitir, a la brevedad, el estudio realizado para el cálculo del volumen de extracción solicitado, indicando los criterios técnicos que lo avalan. Esto en atención a que la actual situación del cauce del río Aconcagua no resistiría una explotación de áridos tan importante sin afectar el entorno y la disponibilidad de agua, no sólo en la localidad, sino en toda la región.
2. Requerir, además, de la Dirección de Obras Hidráulicas un informe que detalle las acciones de fiscalización que hubiere implementado en los últimos cuatro años, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para las extracciones de agua autorizadas en dicho río y sus resultados, si los hubiere.
3. Requerir del señor Presidente de la República que solicite, a través del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, los antecedentes, estudios o informes, que obraren en su poder, que expliquen que el citado proyecto de extracción de áridos en el río Aconcagua no hubiera ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, a través de un estudio de impacto ambiental, pese a exceder durante su vida útil los cien mil metros cúbicos de extracción, considerando a este respecto lo dispuesto en el artículo 10, letra i), de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , y en el artículo 3 del Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.”
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo fue concordado en la Comisión Investigadora de Extracción Ilegal de Aguas y de Áridos, y se basa en la presentación que hizo el alcalde de Llay-Llay ante esa Comisión sobre la extremada extracción de áridos en el lecho del río Aconcagua.
Nos pareció urgente que la Cámara diera una señal de alerta acerca de la gravedad de la situación, puesto que existe un informe técnico de la Dirección de Obras Hidráulicas que autoriza a la empresa “Bicentenario” a extraer, en el plazo de diez años, alrededor de un millón quinientos mil metros cúbicos de áridos, con el propósito de destinarlos a la construcción de obras viales que son fundamentales y respecto de las cuales la Comisión no tiene ninguna objeción.
Sin embargo, desconocemos las razones técnicas que ha considerado la Dirección de Obras Hidráulicas para permitir esa extracción de áridos del lecho del río que excede los 100 mil metros cúbicos anuales, puesto que cuando excede ese volumen se requiere un estudio de impacto ambiental. Nos preocupa que, dada la situación catastrófica de los lechos de los ríos en el país, debido a la extracción indiscriminada de áridos y su consecuente impacto en la capacidad de agua que se extrae para las actividades agrícolas y para el consumo humano, se entreguen los informes técnicos que avalen este tipo de actividad empresarial, pues existe la necesidad urgente de contar con estudios de impacto ambiental.
Por eso, queremos que la Cámara de Diputados se pronuncie, ojalá unánimemente, y respalde esta exigencia de la Comisión Investigadora, con el propósito de apoyar
también la acción de las autoridades locales de la comuna de Llay Llay: su alcalde y concejo municipal.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para intervenir a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para intervenir en contra, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos en contra ni abstenciones.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN CHILE A TRAVÉS DE REFORMA A POLÍTICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS. (Votación).
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 496, que requiere el mejoramiento de la política pública de educación intercultural para los estudiantes de los pueblos originarios.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
INCREMENTO DE APORTES A REGIONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL ROYALTY MINERO Y MEJORA DE MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN LOCAL.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 502, de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Robles, Rincón, Vargas, Bauer, Lemus, Latorre, Bertolino, Gutiérrez, don Hugo, y Harboe, que en su parte dispositiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar al Ministerio de Hacienda estudiar una modificación al decreto N° 746, de 2011, que regula la administración, operación, condiciones, destino y distribución de los recursos del Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR), creado por la ley N° 20.469, que comprenda los siguientes aspectos:
1.- Incrementar los recursos destinados para las regiones, considerando no sólo un porcentaje de los recursos adicionales obtenidos con la ley N° 20.469, sino también de aquellos derivados de la ley N° 20.026 y que no han sido destinados en forma directa e íntegra a dichas zonas, pese a la incorporación de algunos montos menores en el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), gestionado por Conicyt a partir del 2006.
2.- Incorporar un mecanismo correctivo a favor de las comunas mineras, para evitar que los proyectos que se materialicen con cargo al FIRR se concentren en las ciudades más pobladas de cada región. Al respecto, pudiera servir de ejemplo lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 19.275, que establece el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes (Fondema), en que se fija una porción mínima para algunas provincias.”.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para intervenir a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo busca satisfacer la inquietud de muchas comunidades mineras del norte, particularmente de la zona que represento, las comunas de Illapel, Los Vilos, Canela , Salmanca , en la provincia de Choapa, donde se han instalado grandes empresas transnacionales mineras. Por cierto, existe gran preocupación en esas comunidades, no sólo por el impacto que la actividad de esas empresas provoca en el medio ambiente y en la calidad del agua y de vida de todos los habitantes de la zona, sino también porque no se advierte que el impuesto específico a la gran minería, conocido como royalty, beneficie la actividad y el desarrollo económico de esas comunas.
Como se plantea en los considerandos del proyecto de acuerdo, el royalty se aplica desde 2006. Se hizo una revisión del mismo en 2010, en el marco del estudio de los recursos que se requerían para la reconstrucción. Sin embargo, las comunas mineras aún no ven llegar recursos suficientes para su desarrollo social y productivo.
Por ello, solicitamos que se establezca un mecanismo que permita que los recursos que se generan por concepto del royalty, que están llegando a las capitales regionales, se redistribuyan al interior de las regiones. Ocurre que por criterios de población y de geografía, los recursos quedan concentrados en las grandes zonas urbanas de las regiones. Por ejemplo, si se revisa la cantidad de recursos, por concepto del royalty, que recibe la comuna de Salamanca, donde están radicadas grandes empresas transnacionales mineras, como Los Pelambres y Vale -la minera Pachón está por instalarse en esa comuna-, o la de Illapel, donde se instalará la empresa Pucobre, comprobará que son bastante esmirriados.
Por ello, solicitamos que se realice una revisión y se cree un mecanismo que permita una distribución de los recursos provenientes del royalty al interior de las regiones, orientado fundamentalmente a las comunas mineras.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , felicito a la diputada Adriana Muñoz por este proyecto de acuerdo, porque la idea de crear y modificar posteriormente el impuesto específico a la minería ha significado un nulo aporte a las regiones mineras del país. Hablo de las regiones mineras intensivas.
La distribución de esos recursos se concentra, de forma prioritaria, en aquellas regiones en que la actividad predominante no es la minería. Me refiero a las regiones Metropolitana, Quinta y Octava . A ellas van los recursos que se recaudan por el impuesto específico a la minería. Sólo el 5 por ciento de esos recursos se destina a los distritos y regiones mineras.
Existe un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado a la espera del patrocinio del Presidente de la República , que crea el Fondo de Desarrollo del Norte (Fondenor), que establece un mecanismo a través del cual todas las empresas mineras, públicas y privadas, que operen en los distritos mineros serán objeto de una tributación especial y específica para esos distritos.
Esperamos que el Presidente de la República cumpla el compromiso que adoptó de cara a la ciudadanía en la Segunda Región, en el sentido de patrocinar el proyecto de ley que crea el Fondo de Desarrollo del Norte, que beneficiará a todas las comunas y regiones mineras.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- ¿Habría unanimidad para que pueda intervenir a favor el diputado Carlos Vilches.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, agradezco a los colegas presentes por permitirme intervenir a favor de este proyecto de acuerdo.
Chile asumió que la gran minería debe pagar un royalty. Ésa es una realidad el día de hoy. Pero no es una realidad que esos recursos se estén entregando a las regiones mineras y al resto del país. Sólo una parte de ellos ha sido ocupada, mediante un proyecto por el cual se están repartiendo cien millones de dólares al año. La recaudación por concepto de royalty ha superado los 1.500 millones de dólares a la fecha.
Por eso, es de justicia que el mecanismo de distribución de los recursos del royalty sea revisado por el ministro de Hacienda y por las autoridades que corresponda, a fin de contar con un aporte real que permita recuperar este patrimonio que día a día se pierde en las regiones por la explotación de los yacimientos mineros.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Nuevamente no hay quórum.
La votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
PREVISIÓN DE FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD MENTAL DE HOSPITAL SAN JOSÉ DE OSORNO. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , una de las grandes obras del gobierno anterior es el hospital San José de Osorno. El proceso de construcción de ese hospital, obra que se inaugura el próximo mes de abril, cuyo costo ascendió a 40 mil millones de pesos, es una de las experiencias más espectaculares en materia de edificación, porque se construyó en el mismo lugar donde se emplazaba el edificio antiguo. Es una obra realmente faraónica.
Pero las cosas de la vida no son perfectas y en este caso también hubo algunas imperfecciones, lo cual no desmerece el valor real que tiene la construcción de ese nuevo hospital.
La unidad de salud mental que estaba proyectada inicialmente no se construirá, debido a que los planos originales de la obra no la contemplan con las mismas características que el actual centro de salud mental, ubicado en calle Germán Hube , que depende del Hospital Base de Osorno. En efecto, el retraso se debe a que el proyecto presentaba algunas deficiencias de infraestructura, específicamente en aspectos como seguridad de los pacientes y una mayor capacidad de camas. En consecuencia, debido a que no era una infraestructura suficientemente apta, que cubriera todas las necesidades, se decidió modificar el proyecto y solicitar una ampliación de fondos para la construcción de esa unidad. Pero sucede que ahora se generó una polémica, porque la autoridad del Servicio de Salud dice que los fondos deben proporcionarlos aquellos que incurrieron en la responsabilidad de no precaver esa situación.
Como la salud no puede esperar y como es necesario que exista un centro de salud mental en Osorno, pido que se oficie al ministro de Salud con el objeto de solicitarle que disponga la provisión de los fondos suficientes para construir la unidad de salud mental, habida consideración de que es muy necesaria para Osorno y de que se trata de una unidad que ya existe.
Si no se construye esta nueva unidad, veríamos con mucha pena que, en el proceso de normalización del Hospital Base de Osorno, no se está cumpliendo fiel y esmeradamente con los propósitos y objetivos que se buscaban: atender con mayor amplitud y eficiencia la salud de Osorno, en este caso, en el área de salud mental.
Se requieren 300 millones de pesos para esos efectos, que deben ser provistos por el Ministerio de Salud, porque la idea es que se construya la unidad de salud mental, sin perjuicio de que se continúe con el sumario administrativo o el establecimiento de las responsabilidades correspondientes.
He dicho.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PLAN HABITACIONAL PARA LOCALIDAD DE CAOYA, COMUNA DE MACHALÍ. Oficios.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón, hasta por tres minutos.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , hace un par de meses pedí que se oficiara al ministro de Vivienda y Urbanismo , solicitándole que se estudiara la elaboración de un plan habitacional para la importante localidad de Coya, de la comuna de Machalí.
Agradezco su pronta respuesta a mi oficio, pero, no obstante, se me señaló que si bien la Cámara de Diputados y sus diputados, en sesiones de Sala y de Comisiones, tienen facultades para requerir antecedentes, solicitar informes, etcétera, no tenemos facultades para solicitar el estudio de un plan habitacional.
Independientemente de que tengamos facultades para solicitar informes, para requerir antecedentes, no es óbice para pedirle al Ejecutivo el estudio de un plan habitacional. Ya verá el Ejecutivo si hace el estudio de ese plan habitacional o no. Ahora, si lo tuviera hecho, puede entregar los antecedentes del mismo; si no lo tuviera hecho, pero quisiera hacerlo, puede informar que está en disposición de analizar la posibilidad de hacerlo, pero no corresponde que responda que nosotros sólo podemos pedir antecedentes, que sólo podemos requerir informes, pero no podemos solicitar el estudio de un plan habitacional, porque eso simplemente significa eludir la respuesta.
Por eso, pido que se oficie nuevamente al ministro de Vivienda , con copia al intendente, al director del Serviu y al seremi de Vivienda, todos de de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, pero ahora preguntándole si la Cartera que dirige quiere elaborar un plan habitacional en Coya. ¿Está pensando en desarrollar un plan habitacional para Coya? ¿Tiene proyectos habitacionales para esa localidad? ¿Cómo va a enfrentar el déficit habitacional de Coya, que hace que los coyinos tengan que emigrar a Machalí o a Rancagua, porque no disponen de proyectos habitacionales?
Hago las preguntas de otra forma, porque queremos contribuir al desarrollo de una localidad hermosa, tal vez la más bella de las localidades cordilleranas de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, donde está enclavada la mina El Teniente, el mineral subterráneo de cobre más grande del mundo. Recordemos que este mineral no está en Rancagua, sino que se emplaza en la cordillera coyina-machalina.
Repito: necesitamos un plan habitacional para esa hermosa localidad. Así como necesitábamos alcantarillado, ahora necesitamos ese plan habitacional, porque ambos van de la mano.
He dicho.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
CONDONACIÓN DE DEUDAS A AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES DE REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficio.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag, hasta por tres minutos y medio.
El señor SABAG.- Señor Presidente , una cantidad muy importante de pequeños y medianos agricultores está sufriendo las consecuencias del megaincendio que afectó a las comunas de Quillón, Ránquil y Florida .
Por eso, pido que se oficie al ministro de Agricultura planteándole la necesidad de condonar las deudas de los usuarios del Indap que hayan sido afectados por los referidos incendios forestales, que terminaron con sus producciones de cerezas, con sus viñas, con sus siembras de trigo, con sus colmenares.
Pienso que la ocurrencia de casos fortuitos o de fuerza mayor -en este caso, los incendios- justifica la condonación de las deudas.
En el mismo oficio, pido al ministro de Agricultura extender el apoyo que está brindando su Cartera a los pequeños agricultores a los campesinos que no son usuarios del Indap, toda vez que esos trabajadores también han resultado damnificados a causa de esos siniestros forestales, siempre que cuenten -claro está- con el perfil de un usuario de Indap. Estos agricultores también merecen el apoyo y los beneficios que está entregando el Ministerio de Agricultura.
He dicho.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
DESRATIZACIÓN DE SECTORES EN COMUNA DE QUILLÓN. Oficio.
El señor SABAG.- Señor Presidente , a los incendios forestales, que destruyeron miles de hectáreas de bosque, le siguen los problemas sanitarios. Plagas de ratas están invadiendo las viviendas aledañas a los focos de incendio, con el consabido riesgo para la vida y salud de niños y adultos.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud a objeto de solicitarle que instruya al Servicio de Salud de Ñuble, para que concurra a la desratización de los sectores afectados, especialmente Peña Blanca y Queime, comuna de Quillón, que están siendo invadidos por roedores.
He dicho.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS A CAUSA DE INCENDIO EN PLANTA DE PANELES DE CELULOSA ARAUCO. Oficio.
El señor SABAG.- Señor Presidente , el siniestro forestal que consumió la planta de paneles de la Celulosa Arauco dejó a alrededor de 1.350 trabajadores, entre directos e indirectos, sin su fuente laboral.
Me enteré de que la empresa está finiquitando a los trabajadores sin utilizar la causal de fuerza mayor; es decir, los está indemnizando por años de servicios, lo cual valoro. Sin embargo, muchas familias van a quedar sin su fuente laboral.
Por lo anterior, pido que se oficie a la ministra del Trabajo para solicitarle que instruya la implementación de un sistema de capacitación, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), para esas personas que están perdiendo su fuente de trabajo, y que suscriba un convenio con el gobierno regional, como el que se suscribió en 2008, que permita a estos trabajadores capacitarse durante un tiempo para así insertarse en otros rubros, mientras se reconstruye la planta de paneles.
He dicho.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
PRÓRROGA DE PLAZO A DAMNIFICADOS PARA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE AFECTADOS POR TERREMOTO. Oficio.
El señor SABAG.- Señor Presidente , por diversas razones, muchas personas que al 31 de julio del año pasado tenían su certificado de inhabitabilidad no ingresaron al registro
de familias catastradas como afectadas por el terremoto. Me refiero al sistema de inscripción y postulación de subsidio Rukan .
Por eso, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que instruya la prórroga del plazo de inscripción para que esas personas también reciban los beneficios, dado que tienen sus certificados de inhabitabilidad de la vivienda, por tratarse de damnificados por el terremoto.
He dicho.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Independientes-PRI, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.57 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.49 horas.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONEXIÓN WI-FI Y DE CAJERO AUTOMÁTICO EN AEROPUERTO PICHOY, COMUNA DE VALDIVIA. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, últimamente se han realizado mejoras en el aeropuerto Pichoy, de la ciudad de Valdivia, especialmente en el edificio, pero han quedado pendientes ciertos aspectos que dificultan su funcionamiento, que se traduce en quejas por parte de los pasajeros y trabajadores que laboran en ese lugar.
Por ello, solicito oficiar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a objeto de que se me informe si existe un plan de instalación de red inalámbrica Wi-Fi dentro de este establecimiento. Hoy, por el tiempo de espera y por la masividad de aparatos tecnológicos, es fundamental contar con ese servicio, tanto para los pasajeros como para el personal que ahí funciona. ¿Existe un plan en tal sentido?
Además, me interesa saber si se ha pensado dotar al aeropuerto de un cajero automático y si existe algún convenio que apunte en esa dirección. Muchas veces las esperas son largas, la gente llega sin dinero y el servicio que hoy presta un cajero automático es de enorme importancia para quienes necesitan transportarse.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Alberto Robles.
AGILIZACIÓN DE INFORME DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES SOBRE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FERIA FLUVIAL DE VALDIVIA. Oficio.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, En segundo lugar, pido oficiar al Consejo de Monumentos Nacionales, a fin de solicitarle que apure el informe que ha solicitado la Municipalidad de Valdivia respecto de los arreglos en la Feria Fluvial.
Por una iniciativa de la Cámara de Diputados, en la legislatura anterior, que me correspondió liderar, solicitamos al Consejo de Monumentos Nacionales que declarara a la Feria Fluvial de Valdivia como zona típica o pintoresca. Eso fue recibido con mucha alegría por toda la comunidad, especialmente por los locatarios que durante muchos años llevan trabajando en el lugar con sus familias, generación tras generación. Esa feria constituye, quizás, la postal más significativa y representativa de la ciudad de Valdivia.
No obstante esa importante declaración, los locatarios han bregado durante mucho tiempo por ampliar el techo, el cobertizo que los protege de las constantes lluvias que se originan en el sur del país. Se ha diseñado un proyecto de arquitectura que consiste en instalar una techumbre en el centro de esta Feria Fluvial, para proteger de la lluvia a los locatarios y a quienes van a comprar, como también ampliar la techumbre de la feria hacia el sector del puente Pedro de Valdivia.
Por ello, los locatarios han estado muy preocupados por saber en qué etapa se encuentra la solicitud presentada al Consejo de Monumentos Nacionales, al que le corresponde evaluar el proyecto que ha presentado la municipalidad, y si ya se adoptó una decisión -no me cabe duda de que será favorable-, para de esa forma colaborar de la mejor manera para que no tener inconvenientes.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Alberto Robles.
ANTECEDENTES DE EVENTUAL CANCELACIÓN DE MATRÍCULAS A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES EN VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en tercer lugar, me voy a referir a una situación muy lamentable que se está produciendo en distintos establecimientos educacionales, que me han manifestado con mucha preocupación los apoderados de los estudiantes movilizados de la ciudad de Valdivia, situación que también se ha hecho extensiva a otras regiones.
Pido oficiar al ministro de Educación y al alcalde de la comuna de Valdivia, a fin de solicitarles que me informen si existen instrucciones de cancelar o prohibir la matrícula a los estudiantes que fueron los líderes de las movilizaciones, que llevaron a que varios recintos educacionales fueran tomados por los alumnos.
Cualquier represalia que signifique la cancelación de la matrícula o impedirla es aberrante, persecutoria y atenta contra derechos fundamentales. Además, implica un castigo a estudiantes que han interpretado a muchos ciudadanos que reclaman por una mejor educación.
Estimo que no corresponde aplicar una medida como ésa, ni sancionar de esa manera a esos estudiantes; sin duda, constituye una muy mala señal. Además, implicará que el sector municipalizado pierda más matrículas.
Específicamente, pido que se informe qué ocurre particularmente en la ciudad de Valdivia, si se han recibido reclamos o si existe algún instructivo en tal sentido a nivel nacional.
Asimismo, pido que el alcalde de Valdivia también entregue información en ese sentido.
Finalmente, pido que se envíe copia de esta intervención a la Agrupación de Padres de Estudiantes Movilizados de la ciudad de Valdivia y a la directiva de la Federación de Estudiantes Secundarios, cuyos antecedentes dejaré a disposición de la Secretaría de la Comisión.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión del diputado señor Alberto Robles.
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE ILUMINACIÓN EN CALLES DE POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE LOS LOROS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en primer lugar, pido oficiar a la Gobernación de Copiapó y a la Municipalidad de Tierra Amarilla, debido a que en la localidad de Los Loros, calle Amolanas, población 11 de Septiembre, desde el 22 de diciembre del año pasado, los faroles de esa población se encuentran sin suministro de energía eléctrica. Me parece realmente extraño que no se atienda a una población de una zona rural, en tanto que en la población Cardenal Silva Henríquez la iluminación está encendida día y noche, según me comentan los vecinos. Es extraño que en una población no tengan iluminación, en circunstancias de que en otra está encendida de día -aunque no sea necesario- y de noche.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE SALUD DE JINETE PROFESIONAL AFECTADO POR ACCIDENTE DE TRABAJO. Oficios.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en segundo lugar, solicito que se oficie a la Superintendencia de Seguridad Social y al Ministerio de Salud, a través de la correspondiente Compin , a objeto de pedirles que me informen sobre la situación del señor Pedro Valenzuela Aguilera , RUT 13.260.966-7, domiciliado en calle Atahualpa N° 440, Belloto Norte , Quilpué.
Esta persona es un jinete del Sporting Club que, mientras trabajaba, en 2006, sufrió un accidente al caer de su cabalgadura. Fue trasladado a la mutual, pues sufrió un golpe muy serio en el sector lumbar. Posteriormente, quedó con dolores y los estudios médicos pertinentes detectaron una hernia núcleo-pulposa, una hernia lumbar.
Según la Compin, se trataba de una enfermedad que no correspondía al accidente. Sin embargo, el señor Valenzuela apeló y, finalmente, la superintendencia dio la razón al afectado, lo cual parece lógico. Un golpe a un hombre joven perfectamente puede debilitar los tejidos y, posteriormente, provocar una hernia en la columna. El médico indicó cirugía. Esa operación debió haberse realizado como un accidente del trabajo y debió haber sido operado por la mutual correspondiente, en forma adecuada. Han pasado los años y el señor Valenzuela ha estado con licencia médica, porque no puede ejercer su profesión de jinete, debido a sus dolores lumbares, que no le permitirían ganar ninguna carrera.
Pues bien, la Compin ha dilatado la situación. Primero, no le pagó las licencias médicas durante mucho tiempo y alegó. Ustedes saben lo que se demoran los trámites de respuesta en el sector público, sobre todo en el ámbito de la salud. Al final, le pagaron la licencia médica, pero no lo han operado y, por lo tanto, no le han resuelto su problema. Esa persona quiere trabajar, pero debería haber sido operado hace mucho tiempo. El médico dio la instrucción de que era necesaria una operación, pero ni la Compin ni la superintendencia ni nadie ha resuelto el tema que afecta a esa persona.
Pido oficiar al superintendente de Seguridad Social , a fin de que me explique qué pasa con esta persona. Asimismo, pido que el Ministerio de Salud se haga cargo del tema y resuelva el problema de esta persona, sobre todo porque si no es operada, tal como lo han planteado los colegas traumatólogos especialistas en el área, su problema va a seguir y no va a poder trabajar ni desarrollar su actividad de jinete profesional. ¿Qué quieren? ¿Mandarlo a otro tipo de actividad, en que no utilice su espalda? Lo concreto es que si no se opera, no podrá volver a realizar su labor en forma normal.
Pido que se me envíe un informe completo de este caso, sobre todo de parte de la seremi de Salud de la Región de Valparaíso.
Dejaré copia de todos los documentos que tengo en mi poder relacionados con este tema, para que se hagan llegar a los entes fiscalizadores pertinentes.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con mi adhesión.
ANTECEDENTES SOBRE DESPIDO DE FUNCIONARIO DEL INDAP DE COMUNA DE LA CALERA. Oficios.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , por último, me referiré a la situación que sufre don Daniel Provoste Heredia , funcionario de 62 años, que durante muchos años trabajó en el Indap.
Se trata de un funcionario a contrata, grado 6 de la Escala Única de Sueldos, jefe de área de La Calera , quien se desempeñó durante trece años a honorarios y diez a contrata; es decir, lleva 23 años en la institución, y siempre fue calificado en Lista 1, de Distinción. Sin embargo, el actual director del Indap le puso fin a su contrato y lo dejó en la calle.
Realmente, no lo entiendo. No advierto ninguna razón para que dicho funcionario fuera despedido.
Aquí se ha producido una situación extraordinariamente grave, en especial porque todo indica que se trata de una maniobra política del actual director del Indap , lo que me parece inaceptable.
Pido que se oficie a la Contraloría General de la República para solicitarle la realización de una investigación sobre la actuación del director del Indap de la Región de Valparaíso . Me parece que estamos ante un problema serio, pues el funcionario afectado ha desarrollado una importante y destacada
labor en la institución desde hace mucho tiempo. Por lo demás, dejar sin su fuente laboral a una persona de 62 años de edad es condenarla a la cesantía.
Además, pido que se oficie al ministro de Agricultura , recientemente nombrado, a fin de que me explique y me informe respecto de dicha situación y -espero- logre alcanzar una solución que signifique la reincorporación del mencionado funcionario, que ha sido un gran aporte para el Indap de la Región de Valparaíso.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.02 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7175-15
Hace exigible el uso de chalecos reflectantes como medida de seguridad para los automovilistas.
7923-06
Establece elección directa de los Consejeros Regionales.
7678-02
Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.
7934-13
Regula el trabajo de los conductores de taxis colectivos.
7910-21
Modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura.
5917-18
Introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
7274-11
Autoriza la venta de medicamentos que tengan la condición de venta directa en establecimientos comerciales que cumplan los requisitos que indica.
7162-08
Introduce modificaciones a ley N° 19.657, sobre concesiones de energía geotérmica.
7966-05
Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y deroga los cuerpos legales que indica.
7931-15
Relativo al fortalecimiento de la radiodifusión regional y local.
7975-25
Fortalece el resguardo del orden público.
8091-21
Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
7550-06
Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.
7559-15
Modifica ley N° 18.290, de tránsito, incorporando en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionando a quienes lo adulteren.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales –incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 11 de enero de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que extiende los plazos de los servicios de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones, correspondiente al Boletín N° 8.031-19.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.870, de 15 de diciembre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
3. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 11 de enero de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte, correspondiente al Boletín Nº 7.973-07, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1°
Ha sustituido sus letras a) y b) por las siguientes:
“a) Agrégase, en el inciso primero del artículo 44, la siguiente oración final: “Asimismo, se efectuará en virtud de una resolución judicial, en los casos que la ley lo determine.”.
b) Intercálase, en el inciso primero del artículo 45, a continuación de la palabra “enfermedad”, la siguiente frase: “, a menos que la inscripción se haga en virtud de la resolución judicial a que se refiere el inciso primero del artículo precedente”.”.
Artículo 2°
Letra b)
Artículo 95
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 95.- Toda vez que la desaparición de una persona se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no fuere hallado, el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su muerte para efectos civiles y disponer la inscripción de la resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver.”.
Artículo 96
Ha intercalado, a continuación de la palabra “publicarse”, la expresión “en el Diario Oficial”.
Artículo 97
Lo ha sustituido por el que sigue:
“Artículo 97.- La resolución a que se refiere el artículo 95 podrá dejarse sin efecto conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente.”.
-o-
Ha consultado un artículo 3°, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 3°.- No podrá tenerse por comprobada la muerte de una persona mediante el procedimiento considerado en la letra b) del artículo 2° de esta ley, en los casos regulados por la ley N° 20.377, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 28 Senadores, de un total de 35 en ejercicio, en tanto que en particular, el artículo 95 contenido en la letra b) del artículo 2°, del texto despachado por el Senado, también fue aprobado con el voto favorable de 28 Senadores, de un total de 35 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.766, de 12 de octubre de 2011.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
4. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 11 de enero de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, correspondiente al Boletín N° 6.733-06.
Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 28 Senadores, de un total de 35 en ejercicio, en tanto que en particular, los artículos 1°, 2°, 3° y 4° permanentes, y los artículos cuarto, sexto y octavo transitorios, fueron aprobados con el voto favorable de 20 Senadores, de un total de 35 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.634, de 10 de agosto de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
5. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 11 de enero de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol, correspondiente al Boletín Nº 7.652-15, con las siguientes modificaciones:
Artículo único.-
- Ha reemplazado su denominación por “Artículo 1°”.
- Ha sustituido, en su encabezamiento, el guarismo ?2007? por ?2009?.
Número 1)
Lo ha sustituido por el que sigue:
“1) Reemplázase el Nº 3 del artículo 87, por el siguiente:
“3.- Admitir individuos que fumen o que no guarden compostura debida, o que ejerzan la mendicidad.”.”.
-o-
Ha consultado, como numeral 2), nuevo, el siguiente:
“2) Sustitúyese el artículo 88 por el siguiente:
“Artículo 88.- Los pasajeros tienen la obligación de pagar la tarifa, respetar las normas de comportamiento que determinan la ley, la moral y las buenas costumbres y abstenerse de ejecutar cualquier acto que impida el normal desempeño del conductor. Este último tendrá la facultad de no admitir a personas que puedan causar problemas o desórdenes al interior del vehículo o que se encuentren en manifiesto estado de ebriedad.
Asimismo, les estará estrictamente prohibido fumar.”.”.
-o-
Número 2)
Ha pasado a ser número 3), sin enmiendas.
Número 3)
Ha pasado a ser número 4), intercalándose, en el inciso segundo del artículo 183 que propone, a continuación de la palabra “reglamento”, la siguiente frase: “, distinguiendo entre aquellos que son capaces de detectar la conducción bajo la influencia del alcohol de los otros”.
-o-
Ha agregado el siguiente número 5), nuevo:
“5) Intercálase, en el inciso primero del artículo 192, a continuación de la expresión “años,”, la siguiente frase: “y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales,”.
-o-
Número 4)
Ha pasado a ser número 6), modificado del modo que sigue:
- Ha reemplazado, en su letra f), la expresión “inciso final”, por “inciso sexto, que pasó a ser inciso quinto,”.
- Ha sustituido su letra g) por la siguiente:
“g) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Las penas de multas de este artículo podrán siempre ser reemplazadas, a voluntad del infractor, por trabajos a favor de la comunidad y la asistencia a charlas sobre la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, las que serán impartidas por el respectivo municipio.”.”.
Números 5) y 6)
Han pasado a ser números 7) y 8), respectivamente, sin enmiendas.
-o-
Ha consultado, como números 9) y 10), nuevos, los que siguen:
“9) Agrégase el siguiente artículo 197 bis:
“Artículo 197 bis.- En el caso de los delitos descritos en los artículos 193 y 196, el juez podrá decretar la cancelación de la licencia, cuando de los antecedentes de la causa fundados en las anotaciones que registre la hoja de vida del conductor o en razones médicas debidamente comprobadas, conste que la conducción de vehículos por parte del infractor ofrece peligro para el tránsito o para la seguridad pública.
Si del resultado de las pruebas señaladas en el artículo 183 se desprende que se ha incurrido en la conducción bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, sancionadas en los artículos 193 y 196, se le conducirá en forma inmediata ante el juez. Si esto no fuere posible, se mantendrá detenido al imputado para ponerlo a disposición del tribunal, junto con los documentos o licencias y todos los antecedentes pertinentes. El tribunal podrá decretar la prisión preventiva, cuando procediere, de acuerdo a las reglas generales.
Carabineros de Chile adoptará las medidas necesarias para informar a la familia del imputado o a las personas que él indique acerca del lugar en que se encuentra, o bien le otorgará las facilidades para que se comunique telefónicamente con alguna de ellas.
Carabineros de Chile procederá a retirar el vehículo de circulación para ser puesto a disposición del tribunal.
En los casos de los artículos 193 y 196, el tribunal decretará de oficio una medida cautelar de embargo sobre el vehículo que ha sido puesto a su disposición, comunicando u oficiando al Servicio de Registro Civil e Identificación para su anotación y notificando al propietario, quien podrá oponerse a dicho embargo dentro de quinto día hábil. Asimismo, procederá a decretar, de conformidad a las normas legales, la medida cautelar de retención del carné, permiso o licencia de conductor del imputado, hasta la dictación de la sentencia definitiva.
Los jueces podrán siempre, aunque no medie condena por concurrir alguna circunstancia eximente de responsabilidad penal, decretar la inhabilidad temporal o perpetua para conducir vehículos motorizados, si las condiciones psíquicas y morales del autor lo aconsejan.
10) Incorpórase el siguiente artículo 197 ter:
“Artículo 197 ter.- Las condenas por los artículos 192, 193 y 196 que no establezcan penas de privación de libertad deberán contemplar la participación en actividades determinadas a beneficio de la comunidad, con acuerdo del infractor y la asistencia a charlas sobre la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, las que serán impartidas por el respectivo municipio y a propuesta del departamento social de la municipalidad respectiva, las que no pueden ser inferiores a 30 horas ni superiores a 50 horas. Para estos efectos, cada municipalidad deberá anualmente informar al o a los tribunales correspondientes acerca de los programas en beneficio de la comunidad de que disponga. El juez deberá indicar el municipio a cargo, el tipo de actividades a que se refiere este artículo, el lugar en que se desarrollarán y el organismo o autoridad encargada de la supervisión. Esta medida se cumplirá sin afectar la jornada educacional o laboral del infractor.”.”.
-o-
Números 7), 8) y 9)
Han pasado a ser números 11), 12) y 13), respectivamente, sin enmiendas.
-o-
Ha consultado, como artículo 2°, nuevo, el siguiente:
“Artículo 2°.- Reemplázase, en el encabezamiento del número 2 del artículo único de la ley N° 20.388, y en la norma que contiene, las expresiones “artículo 91 bis” y “Artículo 91 bis”, por “artículo 87 bis” y “Artículo 87 bis”, respectivamente.”.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.696, de 6 de septiembre de 2011.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
6. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 11 de enero de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, correspondiente al Boletín N° 6.811-11.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
7. Moción de los diputados señores García, don René Manuel; Becker, Browne, Cardemil, Edwards, Godoy, Martínez, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás y Santana.
Aumenta los requisitos para la renovación de licencias de conductor no profesionales (clases B y C) Boletín N° 8146-15.
“Antecedentes
1. Según el artículo 12 de la Ley N °18.290, Ley de Tránsito, la licencia de conducir clase B corresponde al permiso para conducir “vehículos motorizados de tres o más ruedas para el transporte particular de personas, con capacidad de hasta nueve asientos, excluido el del conductor, o de carga cuyo peso bruto vehicular sea de hasta 3.500 kilogramos, tales como automóviles, motocoupés, camionetas, furgones y furgonetas” [1]. Es, lógicamente, la licencia de conducir por regla general de los particulares, que manejan o son propietarios de vehículos para fines no comerciales; es, por tanto, una “licencia no profesional”.
El mismo artículo señala, además, que la licencia clase C habilita para conducir “vehículos motorizados de dos o tres ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares”.
1. Para poder obtener alguna de estas licencias, como requisitos generales para conseguir cualquier licencia de conducir, los ciudadanos deben cumplir con lo señalado en el artículo siguiente, a saber:
“1) Acreditar idoneidad moral, física y psíquica;
2) Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así como de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público;
3) Poseer cédula nacional de identidad o de extranjería vigentes, con letras o dígitos verificadores, y
4) Acreditar, mediante declaración jurada, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, conforme a las disposiciones contenidas en la ley No 20.000 y su Reglamento. La fiscalización del cumplimiento de esta disposición se hará de acuerdo con los artículos 182 y 183 de esta ley.” [2]
3. Además, el artículo 14 señala requisitos especiales para optar a una de estas licencias, los que son: tener, al menos, 18 años de edad, y ser egresado de enseñanza básica. [3]
4. El artículo 15 de la misma ley, por su parte, señala de qué manera se califica la “idoneidad moral, física y síquica” a que se refiere el número 1 del artículo 13, recién citado. Dicha competencia queda delegada en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tal como se desprende del primer inciso de la norma en cuestión:
“Artículo 15 (inc. primero).- El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los estándares para calificar la idoneidad moral, física y psíquica, la acreditación de los conocimientos teóricos y prácticos de conducción y de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público, así como de las disposiciones legales y reglamentarias para prestar servicios de transporte de pasajeros, transporte remunerado de escolares y de carga, por calles y caminos. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del médico del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal para solicitar exámenes especiales para determinar la aptitud psíquica del postulante.” [4 ]
5. La misma Ley de Tránsito señala, por su parte, que estos tipos de licencia deben renovarse cada 6 años, tiempo en el cual se debe acreditar mantener la idoneidad física, moral y psíquica para seguir manejando. Tal cosa se desprende de los primeros dos incisos del artículo 19:
“Artículo 19.- La licencia de conductor será de duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que señale la ley.
El titular de una licencia no profesional Clase B o C, de una licencia especial, deberá acreditar cada 6 años que cumple con los requisitos de idoneidad moral, física y síquica, en la forma establecida en los artículos 14 y 22.” [5]
6. Para realizar la renovación de licencia a la que se refiere la norma recién citada, los municipios autorizados por el Ministerio de Transporte y Tele comunicaciones efectúan un examen en dónde se revisan las aptitudes prácticas y psicomotrices de los conductores. De esta forma, al aprobar tal examen, los conductores quedan habilitados para manejar vehículos Clase B y C por otros 6 años, salvo que en el transcurso de dicho tiempo suceda algo particular, como la acumulación de tres sanciones gravísimas dentro de un lapso de dos años.
7. De lo anterior se desliga que, en la actualidad, para renovar la licencia de conducir, no es necesario realizar un examen teórico (de las normas del tránsito, de seguridad y de señalética), tal como es necesario para conseguir tal licencia por primera vez. Este punto no es menor, pues con los años una persona puede caer en el olvido de ciertas normas legales de seguridad, o bien, ellas pueden ir cambiando, y aunque la ley se presume conocida por todos, es imposible pensar en que toda la ciudadanía logrea estudiar todos los cambios legales que se llevan a cabo.
8. El tema cobra relevancia por cuanto, según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), en el año 2010, 7.064 accidentes de tránsito ocurrieron por desobedecer las señalizaciones, 1.685 accidentes por exceso de velocidad y 19.931 accidentes por la imprudencia del conductor.[6] Esto quiere decir que, de 52.964 accidentes de tránsito, el 54% de los ocurridos el 2010 fue ocasionado por faltas a las normas y reglas del tránsito y la seguridad vial, las que sólo pueden ser revisadas en el examen teórico para conducir.
9. Ante tales situaciones, creemos conveniente aumentar las medidas de control para el beneficio de los mismos conductores y peatones, a través de la obligación de que -al momento de renovar la licencia de conducir- se deba realizar nuevamente un examen teórico de las normas de seguridad, de señalética y de tránsito. Los autores Hugo Acero y Alberto Concha, autoridades del texto “Seguridad Vial: un problema de política pública” han señalado que “cumplir una ley o norma de tránsito es la respuesta del ciudadano/a (sic) al efecto que puede tener sobre sí mismo en su relación social” [7], y es por ello que se debe precaver mayor control en el conocimiento y aplicación de las normas de tránsito aprendidas a lo largo de nuestra vida.
En virtud de lo anterior, los Diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 19 de la Ley N 018.290, de Tránsito, la siguiente oración, después del punto aparte que pasa a ser punto seguido:
“En el caso de las licencias no profesionales Clase B o C, además, el titular deberá demostrar que mantiene conocimientos teóricos y prácticos de las normas de tránsito y seguridad al día, a través de los mecanismos señalados en artículo 15 de esta ley”.