Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- PERMISO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- PERMISO
- I . ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN.
- INCENDIOS FORESTALES Y EXPRESIONES DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA SOBRE EVENTUAL VINCULACIÓN DE ESTOS CON REIVINDICACIONES DEL PUEBLO MAPUCHE. Proyectos de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Pablo Lorenzini Basso
- Mario Venegas Cardenas
- Jose Perez Arriagada
- German Verdugo Soto
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Joaquin Tuma Zedan
- Clemira Pacheco Rivas
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Manuel Monsalve Benavides
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Andrea Molina Oliva
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Manuel Edwards Silva
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Carolina Goic Boroevic
- Javier Hernandez Hernandez
- Leopoldo Perez Lahsen
- Roberto Delmastro Naso
- German Becker Alvear
- German Verdugo Soto
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Joaquin Godoy Ibanez
- Andrea Molina Oliva
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andrea Molina Oliva
- Jose Manuel Edwards Silva
- Ivan Norambuena Farias
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Roberto Delmastro Naso
- Leopoldo Perez Lahsen
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Edmundo Eluchans Urenda
- Mario Bertolino Rendic
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Ignacio Urrutia Bonilla
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCENDIOS FORESTALES Y EXPRESIONES DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA SOBRE EVENTUAL VINCULACIÓN DE ESTOS CON REIVINDICACIONES DEL PUEBLO MAPUCHE. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Matias Walker Prieto
- Jorge Burgos Varela
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Letelier Aguilar
- Issa Farid Kort Garriga
- David Sandoval Plaza
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Andrea Molina Oliva
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 135ª, en miércoles 18 de enero de 2012
(Especial, de 16.04 a 18.19 horas)
Presidencia de los señores Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Objeto de la sesión.
- Incendios forestales y expresiones del Ministro del Interior y Seguridad Pública sobre vinculación de estos con reivindicaciones del pueblo mapuche. Proyectos de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
a) el que “Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, estableciendo requisitos alternativos para obtener licencia profesional.”. (boletín N° 7319-15);
b) el que “Modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal.”. (boletín N° 7567-07);
c) el que “Crea el ingreso Ético Familiar.”. (boletín N° 7992-06);
d) el sobre “Acuerdo que aprueba el Protocolo Bilateral entre la República de Chile y la República de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica y sus Anexos”, suscrito en Managua, el 22 de febrero de 2011.”. (boletín N° 8037-10);
e) el que “Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.”. (boletín N° 7886-03);
f) el que “Modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985.”. (boletín N° 7761-24);
g) el que “Establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro.”. (boletín N° 7958-05) 42
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Modifica disposiciones legales en materia de vivienda y urbanismo con el objeto de favorecer la reconstrucción”. (boletín N° 6918-14) 42
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura.”. (boletín N° 7910-21) 42
Pág.
4. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que “Establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica.”. (boletín N° 6810-12. En Tabla) 46
5. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Walker, Burgos, Chahín y Torres, que “Incorpora obligación de publicidad a proveedores de bienes y servicios”. (boletín N° 8151-03) 103
6. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Letelier, Kort, Sandoval, Urrutia y Vilches, y de las diputadas señoras Molina, doña Andrea y Zalaquett, doña Mónica, que “Autoriza la renovación automática de la cédula de identidad y de otros documentos de identificación de las personas mayores de 75 años”. (boletín N° 8153-07) 104
7. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Modifica ley N° 19.946, con el objeto de permitir que los consumidores puedan invocar las sentencias dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuando ellas declaren la existencia de ilícitos en que aquellos puedan fundar pretensiones civiles contra sus proveedores.”. (boletín 8092-03) 105
I. ASISTENCIA
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Nota
- Del Diputado señor Urrutia, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de febrero en curso, para dirigirse a México. Se tomó conocimiento.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
kort Issa, Garriga Farid UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Diputados en misión oficial: señores Patricio Melero Abaroa, José Kast Rist, Aldo Cornejo González, Pepe Auth Stewart y Sergio Aguiló Melo.
-Por contar con permiso constitucional, no asistió el diputado Cristián Monckeberg Bruner.
-Asistieron la ministra del Medio ambiente, señora María Benítez Pereira, y los ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg; de Agricultura, señor Luis Mayol Bouchon, y de la Secretaria General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.04 horas.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 129ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 130ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN.
INCENDIOS FORESTALES Y EXPRESIONES DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA SOBRE EVENTUAL VINCULACIÓN DE ESTOS CON REIVINDICACIONES DEL PUEBLO MAPUCHE. Proyectos de acuerdo.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- La presente sesión se motivó en una presentación suscrita por 40 honorables diputados y diputadas, con el objeto de “discutir sobre la grave situación que se ha vivido en varias regiones del país con respecto a los incendios forestales que han afectado miles de hectáreas, destruyendo a su paso cientos de hogares, bosques, sembradíos, etcétera, y lo más lamentable, cobrado la vida de siete compatriotas que se encontraban en labores de combate de los incendios en las Regiones del Biobío y de La Araucanía. Sobre este último punto, se propone debatir sobre las herramientas con las que cuenta la institucionalidad encargada de combatir este tipo de emergencias, que como ha quedado en evidencia, cuenta con precarias condiciones y recursos que limitan su efectivo actuar. Del mismo modo, analizar las expresiones del ministro del Interior y Seguridad Pública , Rodrigo Hinzpeter, vinculando el origen intencional de los incendios forestales con las reivindicaciones del pueblo mapuche”.
A esta sesión han sido citados la ministra del Medio Ambiente , señora María Ignacia Benítez, el ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Rodrigo Hinzpeter, y el ministro de Agricultura , señor Luis Mayol.
En el tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido Socialista, harán uso de la palabra los diputados señores Manuel Monsalve y René Saffirio.
Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve, hasta por diez minutos.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , esta sesión fue citada para analizar los acontecimientos que han afectado a distintas regiones de nuestro país, entre ellas, la que represento, que es la Región del Biobío, que tiene una fuerte presencia forestal, particularmente mi zona, que comprende las comunas de Arauco y de Lota.
Desde el 27 de diciembre pasado, con el gigantesco incendio que afectó a Torres del Paine, el país se ha visto afectado por incendios con características de catástrofe.
El país perdió en este proceso nueve vidas humanas: dos personas fallecieron en la Octava Región y siete brigadistas murieron en la Región de La Araucanía el jueves 5 de enero, mientras combatían un incendio forestal en el fundo Casa Piedra, de propiedad de la empresa Forestal Mininco, comuna de Carahue, Región de La Araucanía: Marcelo de la Vega, Cristián Freire , Diego Mella , Ítalo Vidal , Carlos Pinto, Juan Carlos Cordero y Rodrigo Cifuentes .
Se perdieron miles de hectáreas. La información que manejan algunos guardaparques y brigadistas señalan que el fuego consumió 25 mil hectáreas en las Torres del Paine, cifra que discrepa de las 14.500 hectáreas que informó la Onemi.
En la Región del Biobío fueron declaradas zonas de catástrofe y en situación de emergencia agrícola las comunas de Quillón, Florida , Ránquil , San Rosendo . También se vieron afectadas las comunas de Quirihue, El Carmen, Yumbel. Allí se ha informado la pérdida de un total de más de 8.000 hectáreas, cifra que esperamos sea precisada hoy por los ministros. También se quemaron más de 200 viviendas y cientos de personas debieron ser evacuadas.
En Carahue, Novena Región, hubo tres incendios. El primero comenzó el sábado 31 de diciembre, en el sector de Rinconada Los Laureles, terreno particular.
En esos tres incendios se perdió un total de 2.405 hectáreas, a lo que debemos agregar, reitero, la lamentable pérdida de siete brigadistas mientras combatían el fuego. Cientos de campesinos perdieron la mayoría de sus plantaciones agrícolas.
Además, en el marco de esta situación, se sumó una nueva catástrofe: las declaraciones del ministro del Interior , quien vinculó al pueblo mapuche con los incendios en la Región de La Araucanía, lo que tiene un sesgo discriminatorio y racista, que ha ofendido a uno de nuestros principales pueblos originarios chilenos, que es el mapuche.
Señor Presidente , vale la pena hacer algunas reflexiones en esta sesión y buscar las respuestas a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo actuó el Gobierno frente a esta catástrofe? ¿Actuó en forma oportuna y con eficacia? ¿Contribuyó al control de los incendios o la ineficacia del Gobierno permitió que se perdiera el control de esos incendios, para terminar en la catástrofe que hemos visto a través de los medios de comunicación, en la que han resultado tantas víctimas?
Cabe recordar que el Gobierno se comprometió a actuar con excelencia y gobernar con los mejores. Lo importante es comprobar en esta sesión si efectivamente actuó de esa manera o con inoperancia.
Estas dudas surgen por múltiples declaraciones de testigos y de autoridades que indican que la actuación fue tardía, lo que habría determinado la pérdida del control de los incendios, con los efectos catastróficos en pérdidas de patrimonio forestal y de viviendas, daño ambiental y, lo más grave, en la pérdida de vidas humanas.
Queremos que los ministros contesten hoy si todo eso se pudo evitar con una acción más eficiente y eficaz del Gobierno.
Como dije, esta duda respecto de la eficacia y la acción del Gobierno se funda en múltiples declaraciones, como las de la estudiante de medicina Michela Nardiello , quien, como testigo de lo sucedido en las Torres del Paine, señaló que no hubo sentido de urgencia de parte del Gobierno, ya que pasó toda la noche y las reacciones vinieron recién al día siguiente, cuando el fuego ya estaba descontrolado.
El líder de Acción Ecológica , Luis Mariano Rendón , dijo que es una vergüenza la poca cantidad de personal del Ejército chileno que combatió las llamas en Torres del Paine.
Agregó que el Gobierno informó que había en terreno veinticinco integrantes del Ejército y veintitrés brigadistas argentinos, lo que constituiría una gran vergüenza para Chile, sobre todo si consideramos que Punta Arenas es la sede de la Quinta División del Ejército , con miles de efectivos, pero sólo veinticinco de ellos estaban participando en la defensa de uno de los principales patrimonios naturales del país.
Vecinos de Carahue manifestaron haber visto fuego suave no forestal en el amanecer del sábado 31 diciembre, en el sector de Rinconada Los Laureles. Recién el lunes comenzaron su contención los organismos del Gobierno.
Por eso solicitamos que el ministro de Agricultura informe con precisión a la Sala y posteriormente por escrito a la Cámara de Diputados cuál fue la actuación de las instituciones de Gobierno y que indique los tiempos de respuesta y la cantidad de recursos que se pusieron a disposición del control de los incendios forestales, en recursos financieros, humanos, de transporte y de vehículos terrestres y aéreos.
En el marco de esta catástrofe, surgen las declaraciones del ministro del Interior, señor Rodrigo Hinzpeter, quien actuó con total irresponsabilidad al vincular los incendios a la intencionalidad y a la responsabilidad de integrantes del pueblo mapuche. Esto tiene claramente un sesgo racista y discriminatorio, que rechazamos y respecto del cual exigimos explicaciones.
Representantes mapuches decidieron interponer un recurso de amparo contra el titular del Ministerio del Interior en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque, según dicen, esa acusación “pone en peligro la libertad y seguridad individual de todos los indígenas”.
Que el Gobierno haga esas acusaciones o siquiera las insinúe mediante conjeturas es grave; ellas han tenido incalculables consecuencias. No sólo han dañado, agredido, ofendido y discriminado al pueblo mapuche en nuestro país, sino que lo han difamado a nivel internacional, sin existir pruebas formales.
Para que no existan dudas sobre las repercusiones de las declaraciones del ministro del Interior , basta leer la prensa internacional.
Los diarios El Mundo y El País, de España, informan que terroristas mapuches esta-rían detrás de los incendios y las muertes de hoy.
Otros medios de comunicación señalan:
“El Gobierno chileno acusa a mapuches de incendios intencionales”. Cadena Univisión, de Colombia, y Cadena Prensa Asociada.
“Chile acusa a mapuches de incendios intencionales”. Diario El Universal, de México.
“Acusan a los mapuches por los incendios en Chile”. Diario La Nación, de Argentina.
“Chile: acusan de terrorismo a los mapuches por el incendio”. Clarín, de Argentina.
“Gobierno chileno sospecha de grupos mapuche como los responsables de varios focos de incendios forestales en el sur del país”. Radio Nederland, de Holanda.
“El Gobierno culpa al pueblo indígena mapuche de los incendios en el sur de chile y luego rectifica”. Agencia Europa Press.
“Mapuches niegan autoría del incendio en que murieron siete bomberos en Chile”. Agencia EFE, de los Estados Unidos de América.
Esto ha generado un clima de tensión y de confrontación en las regiones de La Araucanía y del Biobío. Las reacciones de dirigentes mapuches no se han hecho esperar.
Domingo Namuncura , ex director de la Conadi, dijo que el Gobierno está dando señales de presión, en vez de señales de integración, y llama a los tribunales de justicia a “devolver el estado del imperio del derecho” en nuestro país.
Pedro Cayuqueo , periodista mapuche, señala: “hay tremendo dolor”. “Siento que los mapuche no están enojados ni enrabiados ni indignados, están sufriendo con dolor una nueva falta de respeto”.
“¿Cómo es posible que nos culpen de esto? Que te acusen de esto es casi una infamia para mucha gente”, afirmó al diario electrónico El Dínamo.
Elba Puen, dirigente mapuche de Los Álamos, dice: “esto nos duele, porque nos discrimina, agrede y ofende”.
A esto se suma la reacción de hoy de la Corte de Apelaciones de Santiago, que solicitó un informe al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter , para que explique las razones que tuvo para vincular a activistas mapuches como presuntos responsables de los incendios forestales en el sur del país. O sea, la petición de explicaciones ya no es sólo de la Cámara de Diputados, sino también de un tribunal de justicia chileno.
El tribunal de alzada acogió a trámite un recurso de amparo preventivo interpuesto contra el secretario de Estado, que pretende otorgar protección a las comunidades mapuches de la zona ante eventuales acciones de las autoridades.
Domingo Namuncura interpuso la acción judicial. El Ministerio del Interior tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para entregar un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago.
El clima que el ministro del Interior ha generado es de extraordinaria gravedad, ya que crea una situación de confrontación, pone en peligro la integridad de líderes mapuches y es una acción racista, que obliga al ministro a hacer públicos en esta sesión los antecedentes de que dispone. Si esos antecedentes no son fidedignos y solventes, corresponde que el ministro aproveche esta oportunidad en la Cámara de Diputados para decir que se equivocó al responsabilizar al pueblo mapuche y que pida disculpas a ese pueblo originario, que merece respeto. Es obligación del Estado y de sus autoridades actuar para garantizar ese respeto.
Por intermedio del señor Presidente, me gustaría pedir al ministro del Interior que contestara algunas preguntas:
¿Cuáles son las informaciones y fuentes que fundan la acusación del ministro ? ¿De dónde viene la información? ¿De personas, de empresarios, de la policía, de la Agencia Nacional de Inteligencia, de la intendencia? ¿Quién entregó la información que el ministro expresó en sus declaraciones? ¿Desde cuándo hay antecedentes -ya que el ministro ha anunciado la aplicación de la ley antiterrorista- sobre acciones terrorista asociadas a incendios? Y si el Gobierno tenía antecedentes, ¿por qué no actuó preventivamente? ¿En qué evidencia o hechos comprobables se funda para justificar la aplicación de la ley antiterrorista? ¿Consultó o cotejo la información sobre actos terroristas con otras instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) o municipios, o bien con los carabineros de Carahue?
El fiscal de la Región de La Araucanía ha dicho que no hay antecedentes para vincular el inicio de estos incendios con el pueblo mapuche ni con activistas mapuches.
Sobre la base de estos antecedentes, ¿qué informó el ministro al Presidente de la República , Sebastián Piñera ? ¿Fue un informe verbal o escrito? ¿Cuáles son las instrucciones que el Presidente de la República entregó al ministro del Interior , en el contexto de esta catástrofe?
Poco se ha dicho de la responsabilidad de las empresas forestales, que, claramente, la tienen.
Aprovechando la presencia del ministro de Agricultura , debemos empezar a discutir la institucionalidad hacia delante. Hay dos proyectos de ley en tramitación, uno que crea el Sevicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, y otro, que busca modificar la Conaf, pero creo que se debe discutir la institucionalidad forestal. La creación de una Subsecretaría de la Madera, las condiciones de seguridad laboral de los trabajadores forestales, las implicancias ambientales, son tareas que debe asumir el Gobierno en conjunto con la Cámara de Diputados.
Esperamos que de eso surja el desafío de futuro, que tiene que ver con discutir y generar una nueva institucionalidad para un país que tiene una actividad forestal muy importante.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Diputado señor Monsalve, el tiempo que se ha excedido será cargado al tiempo de su bancada.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, agradezco la presencia de los señores ministros de Agricultura y del Interior.
Voy a iniciar mi intervención haciendo una breve reseña histórica de lo que ha significado para este Parlamento y para La Araucanía -región a uno de cuyos distritos represento-, lo que erróneamente se ha denominado conflicto mapuche o conflicto indígena.
Transcurrieron trece años desde que comienzan las primeras ocupaciones de terrenos, hasta que culmina el período en que gobierna la Concertación. Durante ese tiempo hubo un comportamiento que yo me atrevo a denominar estándar: cortes de caminos, quemas de camiones y quemas o daños a la propiedad privada en general.
Los delitos que se cometieron en ese pe-ríodo fueron definidos -en algunos casos por la propia Concertación, y hoy por la Alianza por Chile-, en 1998, en una sesión especial del Senado de la República, y en 1999, en una sesión especial de esta Cámara, como hechos de carácter terrorista. Así, gradualmente el concepto se extendió, desde mi punto de vista, en forma errónea.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que ocurrió durante los trece años de tensión social en que gobernó la Concertación, y lo que ocurre ahora, cuando gobierna la Alianza por Chile, que ha motivado, entre otras cosas, esta citación al señor ministro del Interior para que explique fundadamente sus polémicas acusaciones y acciones legales? Muy simple. Tenemos una diferenciación del actor que hace la noticia y que efectivamente comete la falta.
Durante trece años, el Senado y la Cámara sesionaron y debatieron sobre hechos consumados en los que La Araucanía se veía afectada por hechos de violencia como los que he relatado. Ocurrido aquello, se daba inicio a una investigación judicial, y un poder autónomo del Estado, precisamente el Poder Judicial , definía las responsabilidades y circunstancias de lo que se investigaba. Quiero decir que había un procedimiento de investigación, aunque siempre rondaba la idea de que podía ser la Coordinadora Arauco Malleco . La prensa colaboraba a esta suerte de especulación; pero, en fin, había una investigación. Incluso más, honorables diputados que hoy forman parte de la Alianza por Chile, en su momento plantearon que la tibieza de la Concertación para enfrentar estas circunstancias hacía un grave daño a la imagen de La Araucanía.
Pero hoy el sujeto noticioso es otro, que increíblemente surge del mismo sector al que pertenecen aquellos que antaño elevaron sus voces defendiendo la imagen de La Araucanía y la producción en todos sus ámbitos. Hoy es su ministro del Interior quien realiza acusaciones gravísimas invocando la ley antiterrorista e inculpando a un grupo específico, sin tener en sus manos ningún argumento coherente que avale dichas acusaciones; peor aún, las hace públicas estigmatizando inmediatamente a la totalidad del pueblo mapuche, que busca desesperadamente construir un país que elimine la segregación, el racismo y la pobreza.
Fíjese, señor Presidente , que transcurrieron menos de veinticuatro horas desde la trágica muerte de siete brigadistas forestales para que el ministro del Interior tuviera resueltos dos aspectos fundamentales respecto de aquellos hechos: primero, que el incendio o los incendios habían sido intencionales, y segundo, que ya había una responsable: la Coordinadora Arauco Malleco .
Señor Presidente , por su intermedio deseo señalar al señor ministro que soy de los que están profundamente convencidos -tercera vez que lo digo en una sesión de esta naturaleza- que no existe camino alternativo al diálogo para enfrentar la situación que afecta a nuestros pueblos indígenas. Con la misma fuerza, rechazo cualquier intento de imponerse por medio de la violencia, tanto la que se origina desde la propia demanda por reivindicaciones indígenas como la que desproporcionadamente aplica el Estado para reprimirla.
Sin embargo, en la historia reciente ha habido innumerables intentos fallidos de mesas de diálogos que fracasaron por impericia, ineptitud, desconocimiento, ignorancia o, simplemente, por la falta de perseverancia en el intento de quienes han tenido, en representación del Estado, la responsabilidad de liderarlas.
Han transcurrido treinta años desde que comenzaron las manifestaciones indígenas en nuestro país en una etapa posdictadura, y pareciera ser que ya es tiempo de hacerse algunas preguntas que, desde mi punto de vista, son fundamentales. ¿Ha tenido el Estado de Chile la capacidad de percibir que la temática de nuestros pueblos indígenas es fruto de una deuda histórica respecto de la cual no ha habido voluntad de avanzar? ¿Ha habido una mirada desde la investigación científica para ver lo que ocurre en un mundo integrado económicamente, pero atomizado política y socialmente, y así, a la luz de esa realidad, reconocer que la diversidad, lejos de ser un obstáculo, es un valor? ¿Alguien podría seriamente sostener en esta Sala o en cualquier foro, que por la vía de la violencia social y la represión policial será posible reencontrarnos pacíficamente en La Araucanía? ¿No será el momento de hacer un esfuerzo mayor para intentar comprender y no sólo escuchar y acallar las demandas indígenas, cualquiera sea el territorio desde donde emerjan? ¿Podrá nuestra Región de La Araucanía resistir indefinidamente la presencia de un conflicto que se eterniza y que, con falta de rigor y prolijidad, se maneja por parte de éste y de otros gobiernos?
Permítame decirle al señor ministro del Interior , por intermedio del señor Presidente , que la Araucanía no es el far west, como muchos han intentado desde siempre presentarla y estigmatizarla.
¡Tan distorsionada es la mirada acerca de la temática indígena en nuestro país, que días antes de que el ministro del Interior hiciera sus tan desafortunadas e incendiarias declaraciones, estuvo en la Región de La Araucanía el ministro Joaquín Lavín , entregando tierras en un clima de aparente armonía! La antigua estrategia de la zanahoria y el garrote. Esto lo he visto durante largas décadas, y no sólo en este Gobierno. Lo vi durante mis gobiernos y lo sigo viendo hoy. ¡Cómo corrían ministros, subsecretarios y directores nacionales de servicios cuando se producían situaciones de violencia!
Luego de ello, escuché los compromisos contraídos con el pueblo mapuche, y fui testigo de cómo, apagándose los incendios, se apagaban también dichos compromisos.
Hay, entonces, un tremendo esfuerzo pendiente de reconstrucción de confianzas -me pregunto si alguna vez ellas existieron-, largamente deterioradas entre el mundo indígena y el Estado de Chile.
Señor Presidente , digo “Estado”, no “gobierno”. Con ello quiero significar que todos tenemos responsabilidad en lo que ocurre en mi región.
Entonces, lo único que me queda decir al señor ministro del Interior , por intermedio del señor Presidente , es que esta arremetida comunicacional que utiliza el dolor y la tragedia, es una estrategia de quien ha hecho muy mal las cosas en materia de seguridad pública.
Ya sabemos cuáles son, por ejemplo, los resultados de la última encuesta de victimización, de la Fundación Paz Ciudadana. Esta aumenta, entre el 2010 y el 2011, de 33 a 39,3 por ciento. El señor ministro atribuye esas cifras a la protesta social, cuando en realidad un ejercicio más sistemático y de mayor análisis permite leer que son efectivamente las instituciones encargadas de la seguridad las que han fallado, y esas instituciones, señor ministro , aquí las representa usted.
Después de su fracaso en su gestión en materia de seguridad pública, en que además ha faltado a la promesa de su gobierno destinada a “terminar con la delincuencia”, prepara un camino para que, en esta sensación de inseguridad y tragedia, parezca razonable aprobar su proyecto de ley que condena la protesta social.
El Gobierno no va a lograr confundirnos con esa lógica. No contará, por lo menos, con mi voto para sancionar criminalmente la protesta social.
En lo que respecta al incendio de Carahue, nadie -créame, señor ministro , por intermedio del señor Presidente - creyó su hipótesis, básicamente por tres razones.
La primera es la premura con que el señor ministro determinó el carácter intencional de los incendios. La segunda es la premura con que el señor ministro , nuevamente a través de los medios, determinó las responsabilidades de ciertos grupos. La tercera es la natural duda que surgió cuando vimos a la señora ministra del Trabajo , quien, a pocas horas de la tragedia, declaró que la forestal para la que prestaban servicios los obreros muertos era una gran empresa, que cumplía con todas las normas de la ley laboral, no obstante que todos vimos en las imágenes a esos trabajadores vistiendo ropas inapropiadas para atacar los incendios y para defender su propia integridad física. No contaban con equipos de respiración, no tenían agua, no pudieron tragar agua para poder impedir que las altas temperaturas destruyeran sus sistemas respiratorios. Es más, el primer brigadista que salvó con vida declaró que sus compañeros murieron buscándolo a él ante la imposibilidad de usar sus equipos de comunicaciones, que no funcionaron.
En consecuencia, señor Presidente , exijo que se nos explique aquí con qué antecedentes contaba el señor ministro del Interior para hacer semejante relación entre los incendios de la comuna de Carahue y la Coordinadora Arauco Malleco , y, de paso, con el pueblo mapuche.
Finalmente, señor Presidente , por su intermedio le quiero decir al señor ministro que de perseverar en su silencio, habitual en este tipo de sesiones, vamos a esperar su respuesta a la Corte de Apelaciones de Santiago, y así, dentro de 48 horas, tomar conocimiento acerca de lo que estamos preguntando. Porque ante la Corte, no podrá ni dejar de responder ni faltar a la verdad.
He dicho.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Diputado señor Saffirio, los minutos que se ha excedido en su intervención se descontarán del tiempo de su bancada.
Tiene la palabra, el ministro del Interior, señor Rodrigo Hinzpeter.
El señor HINZPETER ( ministro del Interior ).- Muchas gracias.
Señor Presidente, quiero referirme a algunas aseveraciones formuladas por los diputados que han hecho uso de la palabra.
Llevo dos años como ministro del Interior y en reiteradas ocasiones he sido citado a sesiones especiales. Ya se hace una suerte de costumbre para mí ser objeto de un conjunto de acusaciones no del todo precisas, muchas veces infundadas, siempre muy apasionadas y muy acaloradas.
Pero de acuerdo a mi formación, trato siempre de mantenerme quieto y conforme a los hechos, sin apartarme de ellos.
Es muy fácil decir, utilizando el privilegio que concede esta Sala, que el ministro del Interior se apresura a sindicar culpables, que el ministro del Interior ha señalado que el pueblo mapuche es el responsable y que el ministro del Interior prácticamente ha dictado sentencia condenatoria para ese pueblo, pero no aportar los antecedentes que acrediten tales afirmaciones.
Señor Presidente , dado que aquí hay un asunto de honra y de responsabilidad de por medio, quiero leer mis declaraciones de esos días, porque creo que tengo el derecho y este debate lo justifica. Quizá con la evidencia, los diputados que hoy han intervenido tengan más precaución y mayor responsabilidad al momento de imputar hechos que no se ajustan a la realidad.
Cuando llegué a Temuco, fui entrevistado por Televisión Nacional y señalé textualmente que “la Coordinadora Arauco Malleco, entiendo, se adjudicó un atentando contra un helicóptero que se dedica a apagar incendios y poco después hubo incendios. Puede que las cosas empiecen a encajar, pero no voy a ser yo quien esta noche va a conjeturar”.
De ahí me dirigí al Comité Operativo de Emergencias (COE), y al ingresar me preguntaron nuevamente por la relación de la CAM, que era algo que estaba en el ambiente periodístico. Señor Presidente por su intermedio deseo señalar al diputado señor Saffirio que contesté lo siguiente: “Mire, en una noche de pesar no va a ser el ministro del Interior quien haga conjeturas o apunte con el dedo. De modo tal que serán los tribunales quienes tengan que resolver”.
Posteriormente, agregué: “En nuestro país sólo le corresponde a los tribunales establecer responsabilidades”.
Al salir de la reunión del COE, una vez más los periodistas me preguntaron qué antecedentes tenía para una eventual vinculación de la CAM, y respondí: “He sido muy claro y muy categórico, y voy a mantener la misma línea”. Textual. “No corresponde hoy día sindicar ni indicar ningún tipo de responsables”.
Al día siguiente, presentamos, en nombre del Gobierno, una querella en contra de quienes resulten responsables, no en contra del pueblo mapuche ni en contra de la CAM.
Al salir, nuevamente los periodistas preguntaron si había información respecto de la participación de la CAM. ¿Qué dije? Literal: “Nosotros hemos planteado con mucha claridad, y usted puede haber leído mis declaraciones,” -le señalé al periodista- “de modo tal que su pregunta en ese sentido resulta innecesaria. No es este ministro del Interior ni corresponde a un ministro del Interior que sindique responsables. A los ministros del Interior les corresponde presentar las acciones judiciales para que sean los fiscales quienes investiguen y los jueces quienes establezcan las responsabilidades”.
De ese modo, creo que el relato textual de cada una de mis intervenciones en la prensa, más allá de cómo luego los periodistas las hayan recogido -aquí están las transcripciones textuales-, dan cuenta de prudencia y ajuste al estado de derecho, siempre reconociendo a los tribunales la facultad de sindicar responsabilidades y al Ministerio del Interior solo la potestad de ejercer acciones judiciales.
No es este Gobierno el que invocó reiteradamente la Ley Antiterrorista en contra del pueblo mapuche; este Gobierno es el que se ha desistido de su aplicación en contra del pueblo mapuche; este Gobierno es el que ha presentado una querella criminal -cuando hay siete compatriotas muertos- contra quienes resulten responsables de lo ocurrido, este ministro del Interior es quien ha señalado reiteradamente, cinco o seis veces en un lapso de 15 horas, ante distintos medios, que no corresponde al Ministerio del Interior ni al Gobierno sindicar responsables, sino a los tribunales de justicia.
De modo que propongo un trato: ajustarnos a los hechos. Si realmente hay un interés genuino y profundo, de entender cómo ocurrieron los incendios, aprovechemos esta instancia para tratar de comprender aquello y no simplemente acusar e imputar al ministro del Interior -como ya se hace un hábito, cada vez que comparece a una sesión especial- con hechos que no están probados ni acreditados, más bien, todo lo contrario, con hechos que están desacreditados por las propias declaraciones textuales que he leído y que, si a algún honorable diputado le interesa leer, encantado las puedo dejar.
He sido cuidadoso y prudente. He sido el ministro del Interior que se ha desistido de aplicar la Ley Antiterrorista en contra del pueblo mapuche. ¡Ojo! Dejemos eso bien asentado. Este Gobierno y este ministro del Interior han instruido el desistimiento de acciones fundadas en esa ley en contra del pueblo mapuche. Fue otro el gobierno -y ustedes lo saben muy bien- que la invocó en contra del pueblo mapuche. Hoy, cuando ha ocurrido un incendio que ha costado la vida de siete compatriotas, este Gobierno, con la responsabilidad que corresponde, ha accionado fundado en esa ley y contra quienes resulten responsables. En mis declaraciones he sido categórico. No podrán señalarme como el que ha sindicado responsabilidades sin haberlo hecho.
Respecto de lo que ocurrió con la corte de apelaciones, supongo que en la honorable Cámara hay más de un abogado. Se ha presentado un recurso de protección y, en el trámite habitual y rutinario de pedir un informe a la autoridad requerida, se me ha solicitado que lo evacúe en el plazo de 48 horas. Es lo que siempre ocurre cuando se deduce una acción cautelar, de amparo o de protección.
Entonces, tampoco interpretemos aquella actuación de la corte de apelaciones como un requerimiento específico en contra del ministro del Interior , casi como un prejuzgamiento de que tiene que responder y entregar información. Eso no es así. Eso es exagerar y desfigurar los hechos.
Finalmente, para que quede constancia en la versión de esta sesión, quiero decir que jamás he culpado a la protesta social por el potencial aumento de la delincuencia. Si los señores diputados se fijan, siempre he utilizado la expresión la “protesta vandálica” o la “protesta de comportamiento antisocial”.
La protesta social, entendida como el derecho a reunión, ha sido respetada por nuestro Gobierno y así va a seguir siendo, como corresponde, porque es una garantía constitucional. Pero no vamos a confundirnos, ni a acomplejarnos entre protesta social y protesta vandálica. Esta última, a nuestro juicio, merece un reproche de quienes queremos vivir en paz.
Muchas gracias.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , en primer lugar, pido las disculpas del caso a los ministros, porque cuarenta diputados de la Concertación solicitaron esta sesión y en la Sala solo hay 25, incluidos a quienes somos de la Alianza.
En segundo lugar, frecuentemente, la Concertación pide estas sesiones para vilipendiar, imputar y encontrar responsabilidades que nadie comprende. Los argumentos entregados durante el debate de esta sesión carecen de fundamento, como ha dejado claramente establecido el ministro del Interior.
Al contrario, en nombre de los habitantes de la provincia de Ñuble, quiero agradecer la premura con la que se actuó después del sufrimiento que allí se vivió.
Entiendo que se quiera agredir al Gobierno en forma permanente y para eso se pidió esta sesión. Yo no voy a hacer eso, sino que daré a conocer lo que hemos hecho en terreno quienes trabajamos en los comités de emergencia y estuvimos una semana en la provincia de Ñuble, en la zona de los incendios que afectaron a las comunas de Florida, Ránquil , Quirihue, Quillón y San Rosendo .
Hubo 1.082 personas afectadas, 155 viviendas destruidas; 2.300 millones de pesos en pérdidas por daño productivo que afectó a nuestros pequeños agricultores y 27.345 hectáreas consumidas por los incendios, lo que significa una tragedia de magnitud.
Por ello, vamos a pedir al ministro y al Gobierno algunas cosas.
Primero, si bien entendemos que este año la Conaf tuvo un importante aumento de más de 2 por ciento de su presupuesto, enfocado básicamente a su personal, queremos que mejore su calidad técnica; que se modernicen sus procedimientos operativos, los cuales vienen de la época de los 90; que renueve el equipamiento.
Hay una falta importante de brigadistas que, en este caso, pudimos suplir gracias a la afluencia de bomberos.
Aprovecho esta oportunidad para rendir un homenaje a las cuarenta compañías de bomberos que llegaron a la provincia de Ñuble de Puerto Montt, de Valparaíso y de otros lugares del país para combatir el incendio y salvar la vida de cientos de personas. Merecen un tremendo abrazo y la gratitud de nuestro pueblo de la provincia de Ñuble.
Además, los treinta cuerpos de bomberos de la Región del Biobío quedaron con una pérdida importante de 30 millones de pesos. Muy pronto se va a realizar una cuenta. Por eso, pido al ministro del Interior , por intermedio de la Mesa, que estos recursos sean devueltos a la brevedad, sobre todo, por la generosidad que bomberos ha demostrado. Ellos no pueden seguir funcionando con la caridad, necesitan contar con esos recursos para atender la gran cantidad de llamados que reciben.
Por último, agradezco al ministro de Agricultura , don Luis Mayol , que junto con los ministros de Vivienda, del Interior y de Desarrollo Social , estuvo conmigo entregando un bono de 400 mil pesos a las personas afectadas -a beneficiarios de un programa de Indap y a los que no participaban en él-, el cual puede llegar hasta un millón y medio de pesos. Hay que considerar que hay personas a las que se les quemaron los cerezos en plena época de cosecha, lo que significa que los próximos seis años van a ser muy duros para ellas.
Por eso, le pedimos al Gobierno la implementación de una política social de intervención importante, ya que no sólo necesitamos la canastita familiar, porque eso no nos va a servir, sino una intervención importante con Indap y con otras institucionaes, como Sercotec y Corfo, para que nos ayuden a levantar a esa gente de trabajo y de esfuerzo, que se merece el apoyo.
Por último, nos preocupa mucho lo que ha sucedido en la planta de la empresa Arauco , donde trabajaban más de mil doscientos trabajadores. Por eso, necesitamos que haya una intervención social para que gran parte de ellos vuelva volver a la actividad laboral. Entiendo que la empresa ha hecho un esfuerzo y los ha reubicado en distintas instancias, pero necesitamos que el Gobierno instruya y haga un llamado a las organizaciones, tanto gubernamentales como privadas, para absorber esta mano de obra, de manera de disminuir el drama de la cesantía que pudiere producirse en la provincia de Ñuble.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, la convocatoria a esta sesión pedida por cuarenta diputados era para analizar el desastre causado por los incendios forestales.
Lamento la poca presencia de diputados en la Sala, particularmente, porque se trata de un tema muy importante y el cual voy a abordar desde una perspectiva distinta a la seguida hasta el momento.
Solo hemos visto un cruce de críticas e intervenciones que no apuntan al problema, sino a levantar cortinas de humo en contra del Gobierno del Presidente Piñera y a señalar verdaderas mentiras en torno al ministro del Interior , Rodrigo Hinzpeter . Digo esto, con la claridad de alguien que el día 1 de enero participó como combatiente en los incendios forestales en Quillón y porque, en mis más de treinta y tantos años como bombero, nunca estuve en un desastre tan grave.
Fui con el intendente regional, que se trasladó allí de inmediato, y a las 17 horas, me constituí en mi puesto de mando. En una zona de Quillón, llamada Peña Blanca, a las 18 horas, más de 45 personas no podían salir del lugar, debido al infierno de llamas que había en los cerros de Cayumanqui, también en Quillón.
Encabecé y conduje a una compañía del Cuerpo de Bomberos de Coelemu -aprovecho la oportunidad para agradecer su participación en la persona de su capitán- que, con cinco voluntarios y el que habla, llegamos hasta Peña Blanca, además del conductor de un camión del Ejército y de un subteniente, logramos bajar a las 45 personas, mujeres, niños y hombres, gracias a Dios, sin mayores problemas. Debo confesar que fue un verdadero infierno entrar allí porque, aunque uno tome agua, respirar aire caliente daña los pulmones. Pero, después de que alguien me indicó que arriba había personas que no habían podido salir, encontramos el cadáver del primer compatriota que, desgraciadamente, encontró la muerte en ese incendio.
De manera que, haber participado en aquella acción, haber llamado a la PDI para que se constituyera en el lugar del suceso y haber bajado cerca de la una de la madrugada de ese infierno, me autoriza para hablar con propiedad en esta Sala. Además, me permite decir que, desde el punto de vista administrativo, el Gobierno estuvo en el lugar de inmediato. También el alcalde de Quillón , que tiene un signo político distinto al mío; asimismo el alcalde de Ránquil que, desde el primer momento, trabajó con nosotros, y el intendente regional, que no esperó que le llegaran las informaciones, sino que fue a buscarlas. Estuvo con nosotros en el puesto de mando hasta avanzadas horas de la madrugada. Desde el sitio del suceso, es decir, donde encontramos a ese ciudadano fallecido -alguien dijo que tenía el 80 por ciento del cuerpo calcinado, pero eso es mentira, porque estaba completamente quemado-, nos permitimos informarle sobre esa desgracia.
Entonces, quiero decir que los incendios -no estamos libres de que se sigan produciendo- nos deben llamar a reflexionar sobre la forma en que vamos a resolver un problema que se va a repetir, cada vez con mayor gravedad. Digo esto porque, querámoslo o no, los incendios forestales fueron provocados en forma intencional; no puedo decir quién fue porque no lo sé. La investigación de los incendios forestales es muy compleja, nada tiene que ver con la que realizamos los bomberos en los incendios de zonas urbanas. Como digo, es algo sumamente complejo. Sin embargo, no es difícil deducir que no es natural que se produzcan, simultáneamente, cinco, seis u ocho focos, y lo puedo decir gracias a mi experiencia de tantos años.
Por lo tanto, todos tenemos un problema: hay una importante superficie forestada que debemos cuidar, porque significa riqueza para nuestro país. Creo que esta sesión se debe desarrollar desde esa perspectiva.
Por otra parte, también quiero felicitar al ministro del Interior por haber llegado inmediatamente a las zonas amagadas.
Como sé lo que es estar en un lugar semejante, rindo mi más grande homenaje a los brigadistas fallecidos en la Novena Región. Gracias a Dios, el cambio del viento no nos sorprendió arriba con la Segunda Compañía de Bomberos de Coelemu porque, de lo contrario, tal vez, habríamos corrido la misma suerte. Quiero decirlo claramente y frente al ministro de Agricultura : tenemos que diseñar esquemas diferentes. Hay cosas que hemos ido olvidando. Por ejemplo, es necesario estudiar la posibilidad de contar con aviones de gran capacidad, porque es más barato pagar eso que los tremendos costos que tenemos que asumir, con tierras arrasadas, con más de 171 viviendas quemadas, solo en nuestra región, con dos personas fallecidas y con más de 28 mil hectáreas quemadas. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo aquí y no estar tirándole los trastos por la cabeza ni al ministro ni a un diputado , independientemente de la posición política que tenga.
Reitero mis agradecimientos al ministro del Interior por su rápida llegada a los sitios amagados. El 2 de este mes, yo estaba en esta Sala -como correspondía que todos los diputados estuvieran, pero entiendo que mi colega Frank Suerbaum permaneciera en su distrito, que sufrió el mayor desastre- y el ministro del Interior ya se había trasladado a la región y había llegado al puesto de mando, donde estaban nuestros bomberos.
Aquí se dice que los bomberos estuvieron allí. Los bomberos tenemos una misión: salvar vidas y la propiedad urbana. Por cierto, nos jugamos el todo por el todo y colaboramos en la extinción de esos incendios forestales. De los 51 cuerpos de bomberos que hay en la región, participaron más de treinta, y lo hicieron espectacularmente bien, porque logramos controlar un siniestro que era, en verdad, muy complejo. Pero, es necesario diseñar estrategias que nos permitan, definitivamente, evitar que los daños sean tan graves como los que tuvimos. Quiero decirle al ministro que se han ido olvidando los cortafuegos; hay que recordarlos, y da lo mismo si la empresa es pequeña o grande; hay que tener cortafuegos y no en todas las partes hay.
Creo que debemos disminuir los riesgos. Cuando en esta Sala decimos que se requiere una nueva institucionalidad forestal, pienso que, lamentablemente, en más de veinte años no fuimos capaces de hacer nada. Es cierto que lo podemos hacer ahora y construir de nuevo; pero, por favor, hagámoslo con seriedad, con respeto, particularmente a quienes perdieron la vida en incendios que fueron intencionales. Digámoslo claramente: los incendios fueron intencionales.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, por tres minutos y veinte segundos, el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , me alegra de verdad escuchar las rectificaciones que ha hecho el ministro del Interior , en cuanto a que, en ninguna oportunidad, ha vinculado al pueblo mapuche con los incendios acaecidos en el sur de Chile.
Sin duda, hoy, la prensa internacional podrá señalar que aquí no hay un ministro del Interior que acusa a una etnia determinada de ocasionar graves delitos en nuestro país. Habría que preguntarse, ¿cómo es posible que todos los medios de comunicación citados por el honorable diputado Manuel Monsalve hayan interpretado de tal forma las palabras del ministro ? ¿Qué habrán entendido, que los llevó a concluir que el ministro del Interior atribuía responsabilidad a los mapuches en estos incendios? Llama poderosamente la atención escuchar al ministro del Interior expresar lo que él mismo dice que dijo en el sur.
Pero quería referirme a algo que no se relaciona con las eventuales imputaciones que el ministro hace al pueblo mapuche, sino que a un punto que me causa sorpresa y no sé si el ministro del Interior también rectificará y dirá que no es correcto, pero para eso se pidió esta sesión.
La querella que presentó el ministro del Interior se basa en la ley N° 18.314, antiterrorista, modificada de manera reiterada, que en su artículo 1° señala básicamente tres requisitos para hacer uso de ella:
En primer lugar, cometer un delito con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de ilícitos de la misma especie en relación con el artículo 2° de la ley.
En segundo lugar, la naturaleza y efecto de los medios empleados.
En tercer lugar, que haya evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo de personas; es decir, aquí hay un requisito que se nos señala de manera tajante y taxativa: que haya evidencia, reitero, evidencia. Así lo establece la ley antiterrorista. Los honorables diputados entienden que si hablamos de evidencia, se trata de que haya algún antecedente, prueba, hecho o circunstancia que acredite la existencia de algo.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Por su intermedio, señor Presidente , solicito al ministro del Interior que diga cuáles son esas evidencias que acreditan este plan premeditado de atentar contra un grupo determinado de la población, para aplicar la ley antiterrorista.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , quiero destacar la actitud de nuestro Gobierno, desde el Presidente de la República hasta el funcionario más modesto de nuestra región respecto de los incendios del 1 de enero, que todos lamentamos. Con ellos, la Región del Biobío fue una de las más afectadas.
Quiero destacar, en forma muy especial, la presencia del Presidente Sebastián Piñera durante el incendio, quien visitó a las familias afectadas, particularmente en la comuna de Florida, cuyos vecinos están agradecidos porque se sintieron respaldados y acompañados en una situación tan compleja como la que nos tocó vivir.
También quiero destacar la presencia del ministro del Interior, don Rodrigo Hinzpeter, y del subsecretario de Agricultura, que fueron las primeras autoridades, junto con el intendente regional, que estuvieron con los damnificados.
Asimismo, destaco la presencia del ministro de Agricultura, quien antes de que se extinguiera el incendio, por instrucciones de nuestro Presidente, estaba entregando un bono de 400 mil pesos a los damnificados, sin ningún trámite previo.
Reitero, antes de que se extinguiera el incendio, a diferencia de lo que ocurrió luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando las personas de la Región del Biobío vivían las consecuencias de semejante tragedia, las autoridades de Gobierno brillaron por su ausencia.
Mis palabras de reconocimiento para el Presidente de la República, para los ministros del Interior y de Agricultura, no solo por su presencia en el lugar, sino que por la entrega oportuna de recursos para que los damnificados empezaran a rehacer sus vidas.
También quiero decir que he recogido el testimonio de un agricultor de la zona, de la comuna de Florida, provincia de Concepción, Octava Región, y quiero dar lectura a la siguiente carta abierta que ha difundido en los medios locales y también a algunas autoridades:
“Incendios forestales.
Nuevamente tenemos que lamentar incendios forestales de gigantescas proporciones en la Región del Bíobío, en forma especial en las comunas de Florida, Quillón y Ránquil , que hasta el momento suman del orden de 25.000 hectáreas destruidas. La gran mayoría corresponde a bosque nativo, plantaciones de pinos, eucaliptus, frutales, cereales, pastizales, animales domésticos, casas, galpones, cercos, vehículos, etcétera.
Si se hace un rápido análisis de cómo llegó a producirse semejante tragedia se puede establecer:
Las plantaciones de pinos y eucaliptus, estimadas en más de dos millones de hectáreas, han llenado un serio vacío que dejó el histórico mal uso del suelo, que destruyó su potencial productivo en menos de 200 años por el uso recurrente del fuego para limpiar las áreas silvestres y, del arado en busca de precioso trigo, grano que alimenta a todo el país.
Las plantaciones aludidas son una clara muestra del desafío cumplido por proteger los suelos extremadamente degradados por la erosión hídrica, los cuales están encontrando lentamente la fertilidad perdida.
Acertada la decisión de grandes y medianas empresas de reforestar y extraer de esas tierras valores que han generado gran riqueza económica con el aporte del decreto ley N° 701. Esto ha fortalecido sus bases, formando un imperio forestal que traspasa sus límites para ubicarse en países que aún no se percatan de lo que se puede cosechar cuando en alguna medida la innovación se une a la increíble capacidad de los suelos de entregar riqueza casi de la nada.
Todas las empresas forestales deben estar conscientes de que la introducción masiva de especies exóticas como el pino insigne, ha originado trascendentes alteraciones en la ecología de los sectores, entre ellas han influido la alta densidad por hectárea, sin espacios libres a su alrededor y exceso de residuos sensibles a la combustión.
El pino y el eucaliptus han sido introducidas en el país, aprovechando sus características de alta resistencia a la sequía y buen desarrollo en todo tipo de suelos. Esta adaptación tan singular se debe a que en sus sitios de origen viven en zonas más áridas que las nuestras, mostrando un excepcional desarrollo. Todo esto debe llamar la atención a quienes plantan especies exóticas, buscando el racional aprovechamiento, lo que debe suceder sin afectar las condiciones ambientales de los sitios originales.
Las empresas forestales no ignoran que las plantaciones de pinos han mostrado alta sensibilidad al fuego, especialmente cuando en los meses de verano enfrentamos altas temperaturas con baja humedad ambiental y fuertes vientos que pueden sobrepasar los 50 kilómetros por hora. Estas condiciones, en tragedias anteriores y en la que vivimos en esta primera semana de enero, nos mostraron nuevamente que las altas temperaturas generadas por un incendio forestal pueden ocasionar que una plantación de pinos en cosa de minutos se destruya y el fuego se propague a viviendas, plantaciones, y lo que es aún más grave, pérdidas de vidas humanas.
El calor generado por la combustión puede atacar tan intensamente que sin necesidad de llama directa y sólo por radiación calórica puede quemar a más de 10 metros por ignición espontánea. Los pinos acosados por el fuego se queman como verdaderas antorchas gigantes por el alto nivel de oxígeno que entra por el tiraje de la enorme chimenea. Esto se debe a la estructura de sus hojas llamadas acículas, que en forma de agujas abiertas quedan expuestas al fuego. Además, el pino insigne posee gran cantidad de resina que sale al exterior del árbol en forma de gas por la alta temperatura que genera, quemándose violentamente.
¿Dónde está el problema?
Los silvicultores que han plantado grandes extensiones han ignorado que la masificación de las plantaciones forestales sin límites pueden causar severos problemas a ellos mismos, como fue la destrucción total de la planta de paneles de Nueva Aldea, y al vecindario, por crear un entorno artificial y facilitar su combustión, destruyendo a su paso bienes de lugareños, personas de bajos recursos, inocentes ante la pérdida de viviendas, galpones, cercos, bienes personales y activos como plantaciones, frutales, animales, etcétera.
El pino insigne nos ha traído protección al suelo y riqueza para quienes ofrecen un manejo más técnico, pero que también incluya el sentido común y la forzada realidad que estamos viviendo, lo que exigirá repensar la forma de plantar y su posterior manejo. La realidad es que una gran extensión de la superficie forestada constituye para el país un severo riesgo en caso de incendio con condiciones ambientales adversas.
Para disminuir los riesgos y daños consecuentes, es necesario bajar la densidad de árboles por hectárea para generar así menos residuos, facilitando su manejo. También sería muy importante prohibir la plantación dentro de 50 metros, a lo menos, en toda la superficie predial, para así generar un menor riesgo de propagación del fuego del área forestada.
Todo esto requiere de conciencia pública y respeto por la naturaleza, de todos los ciudadanos, especialmente de nuestros legisladores, quienes deben entender que solo un conocimiento acabado del problema generará leyes modernas y adecuadas en la protección de plantaciones, del suelo y de todo bien que esté al alcance del fuego.
Creo que, al menos, debería existir responsabilidad social -moral de las empresas involucradas en este desastre, que debe expresarse en reconstruir parte de lo perdido, de lo más urgente, para atenuar las pérdidas sufridas.
El Gobierno, por medio de su nuevo ministro de Agricultura , don Luis Mayol Bouchon , en conjunto con la ministra del Medio Ambiente , señora María Ignacia Benítez , deben ser los organismos que entreguen las normas adecuadas a la real necesidad que tiene el Chile forestal de hoy, para que se pueda modernizar la Ley de Bosques y el decreto ley N° 276, que regula el manejo del fuego. La idea es que los que transgredan las nuevas disposiciones legales sean imputados y sancionados. El fuego no hay que manejarlo, hay que prohibirlo, haciéndonos así partícipe de las exigencias de toda la ciudadanía y respetando a la vez el acuerdo del Protocolo de Kioto, que como país civilizado debemos cumplir”.
Firma esta nota el agricultor Carlos Crovetto Lamarca , de la comuna de Florida.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , Chile ya es un país forestal. Tenemos dos millones y medio de hectáreas de bosques de pino y eucaliptus y un potencial de dos millones más en terrenos de aptitud preferentemente, forestal. Hablo de terrenos erosionados.
Por lo tanto, este no es el último ni el primer incendio que vamos a tener. Debemos prepararnos para el futuro y este megaincendio, que afectó a las comunas como Quillón, Ránquil , Florida , Quirihue, San Rosendo y Yumbel, debe dejarnos lecciones importantes.
La primera tiene que ver con algo que sugerí en 2008. Chile necesita un plan regulador en materia forestal. No podemos permitir que se siga plantando en forma indiscriminada.
Algunos parlamentarios, el diputado Bobadilla entre ellos, han hecho presente esa situación. En Chile, no hay norma alguna que regule los cortafuegos. Con ese objetivo, con el diputado De Urresti , estamos preparando un proyecto, porque no puede ser que un país con dos millones y medio de hectáreas de bosque no tenga regulación sobre esa materia. Esta es la oportunidad de implementarla, de elaborar la nueva ley de fomento de la forestación, iniciativa que entiendo se presentará este año; se regulará la distancia de los cursos de aguas y de los centros poblados.
Las comunas de Quirihue, Ránquil y Quillón están rodeadas de bosques. Por lo tanto, están en una posición de riesgo permanente.
La segunda, debemos cambiar la institucionalidad de la Conaf, que es una corporación de derecho privado. Mientras siga siendo un híbrido, no tendremos una institucionalidad clara. Debe pasar a ser del Estado para que funcione con mucho más recursos y que estos sean públicos.
Hay que profesionalizar la labor de los brigadistas forestales. Su trabajo no puede ser de temporero, de tres o cuatros meses. Debe durar los 365 días del año, con capacitación y profesionalización, de manera que en invierno se pueda hacer raleo, poda, limpieza y cuidar nuestros recursos.
En relación con la ley forestal, es importante que el Gobierno se ponga como meta la presentación de un proyecto de ley para regular de una vez por todas las plantaciones forestales que, como lo expresé, tienen un potencial de dos millones más de hectáreas.
En segundo lugar, quiero pedir apoyo al Gobierno para los agricultores y agradecer el apoyo que se entregó por 400 mil pesos. Claramente, fue un primer paso; hay que mejorar ese aspecto, y como nos dijo un agricultor en Queime, no nos olvidemos de los agricultores en el sentido de que esto sucede en forma permanente. Aquí se han perdido hectáreas productivas de cerezos, de viñas, colmenares, etcétera, que requerirán un apoyo permanente, no sólo en estos meses.
Por eso, pido al señor ministro de Agricultura un plan especial de catástrofe para las comunas de Quillón, Ranquil, Florida y el resto de las comunas afectadas.
También quiero pedir al ministro del Interior, como jefe de gabinete, que nos apoye a través del Sence en convenios con el gobierno regional para ir en ayuda de los 1.350 trabajadores que perdieron su fuente laboral por el incendio ocurrido en la unidad de paneles de la Planta Nueva Aldea.
Sé que la empresa Arauco ha reubicado a 237 trabajadores y finiquitó al resto sin emplear la causal de fuerza mayor, lo cual valoro. Pero eso es insuficiente y se necesitará un apoyo más fuerte a esos trabajadores, pues la reconstrucción de la planta demorará, por lo menos, dos años para entrar de nuevo en funcionamiento.
Por último, deseo expresar que se requerirá apoyo para estas comunas, como la de Quillón y Ránquil , y que debemos aprender de esta lección para cambiar nuestra institucionalidad forestal. Hay 13,5 hectáreas de bosque nativo que deben ser protegidas por alguien. La Conaf maneja muy pocos recursos. Sería un cambio trascendente en nuestra política forestal dotarla de una institucionalidad estable en el tiempo, que nos permita enfrentar mejor preparados estas coyunturas que, insisto, no son la primera ni la última.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , esta sesión tan importante, en la que nos acompañan algunos ministros, a los que aprovecho de saludar, debió haber partido solicitando un minuto de silencio por aquellos mártires que perdieron la vida como consecuencia del incendio al que estamos haciendo referencia. Aún es tiempo.
Sin embargo, quiero agradecer el tiempo que me otorgó el Partido por la Democracia para explayarme de mejor manera en este tema tan relevante.
El diputado señor Sauerbaum dijo que había pocos parlamentarios en la Sala, que lamentaba mucho esa situación, casi se le caen lágrimas por sobre la mejilla, pero hizo uso de la palabra y se mandó a cambiar. Eso no se hace, porque cuando se critica algo hay que dar ejemplo. Lamentablemente, el de él fue uno de los peores, debido a que aquí se dijo que habían algunas Comisiones trabajando, como la de Derechos Humanos, Minería, Familia, Recursos Naturales y otras.
Dicho eso, quiero manifestar que he dedicado muchos años de mi vida al trabajo en el sector forestal. Entre otras tantas actividades forestales, tuve el honor de ser director regional de la Conaf en la Octava Región, la más importante desde el punto de vista forestal si consideramos las plantaciones artificiales. Allí se ubica el 50 por ciento del total existente en el país.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PÉREZ (don José).- ¡ Diputado Carlos Montes , si quiere hablar, le concedo una interrupción, pero le ruego que no me interrumpa!
Como decía, fui director regional entre los años 1990 y 1993, época del fin del régimen militar. Tuve el buen tino y criterio -a lo mejor eso le molesta al diputado Montes - de no despedir a ninguno de los 500 funcionarios que trabajaban en esa corporación forestal.
De tal modo que me siento orgulloso de haber tenido la grandeza de entender a personas que piensan de manera distinta y hacerlos trabajar, armoniosamente, por el bien general de la Corporación Nacional Forestal.
Hemos conversado acerca de lo acontecido en los últimos días en cuanto a incendios se refiere. Hay cuarenta mil hectáreas quemadas en el país, cuando recién está comenzando la temporada veraniega. Se trata de una tragedia enorme. A ello, debemos agregar la muerte de siete personas que estaban combatiendo el fuego: me refiero a funcionarios de una de las brigadas privadas que estaban trabajando en la Novena Región.
Estamos ante una situación que no hemos calibrado adecuadamente. Las condiciones climáticas que registraba el país hace diez días eran pésimas, tuvimos un largo tiempo sin lluvias, con temperaturas altísimas, que no se habían registrado en las últimas décadas, y vientos bastante fuertes. Por eso, el incendio, que cubrió miles de hectáreas, tuvo una velocidad pocas veces vista. Tampoco se adoptaron las medidas de emergencia, en virtud de la situación que he descrito. Así lo dijo el director Ejecutivo de la Conaf cuando concurrió a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y ayer el propio ministro del ramo. Las brigadas de la Conaf no son las mismas de antes. Tenían camiones de tres mil quinientos kilos y más, con asientos y maleteros para llevar las herramientas y un espacio suficiente para veinte hombres encargados de combatir un incendio, sin importar el lugar. Sin embargo, hoy vemos cómo en algunas provincias y regiones los brigadistas se trasladan en furgones parecidos a los Suzuki de antaño, donde no caben más de cuatro o cinco personas y un par de palas. Con esa cantidad de gente no se soluciona ningún problema, ni menos se combate un incendio.
Por lo tanto, es una materia que debemos abordar y corregir en forma inmediata. Las brigadas deben estar integradas por un número mayor de personas -por lo menos veinte- y con capacitación adecuada. Muchas veces ingresan jóvenes estudiantes para ganarse algunos pesos y se encuentran con que la situación es realmente compleja. Por eso, muchos de ellos terminan perdiendo la vida.
¡Si la Corporación Nacional Forestal necesita más recursos, hay que dárselos, porque no podemos estar justificando situaciones económicas y, como consecuencia de ello, hacer mal las cosas!
Por otra parte, las torres que se ubican en las partes altas de la provincia, que son las más propensas a incendios, son ocupadas por personal de apoyo encargado de observar y vigilar el lugar, con una visión de veinte, cuarenta, cincuenta o más kilómetros de distancia. También es un trabajo que se está haciendo muy mal. Un funcionario de la Conaf trabaja desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde y después de ocho días descansa tres, se va para su casa y nadie queda vigilando la torre.
Se debe invertir para contar con vigilancia las veinticuatro horas del día. Por lo menos, debe haber tres turnos. Asimismo, debe seguir existiendo esa coordinación que hay entre la Conaf, Carabineros, bomberos y las brigadas del sector privado, con el objeto de combatir en forma inmediata cualquier amago de incendio y no esperar que la situación se convierta en inmanejable. Si se hubiesen adoptado estas medidas a tiempo, indudablemente, no estaríamos lamentando lo ocurrido en la Novena y Octava Región. Las torres de observación hay que usarlas en forma adecuada y con el personal que realmente se requiere; de lo contrario, estamos perdiendo la oportunidad de hacer bien las cosas.
Anualmente, se destinan miles de millones de pesos a la Corporación Nacional Forestal para que cumpla con la tarea de prevenir y combatir los incendios forestales. Por lo tanto, si faltan recursos, el Ministerio del Interior tiene la obligación de entregarlos para que las cosas se hagan bien y como corresponde. Hay profesionales destacados y técnicos brillantes que saben hacer bien su trabajo, pero si no cuentan con los elementos adecuados y los recursos necesarios para ello, indudablemente, la tarea resulta mucho más compleja.
Sin duda, el bosque, que debemos cuidar, es un patrimonio nacional, ya sea del sector público o privado. De una u otra manera, se entregan recursos al Estado para cubrir de bosque una superficie que en el pasado perfectamente bien pudo haber sido un arenal o un semidesierto.
Por otra parte, en invierno, cuando hay poca actividad, la Conaf debiera visitar los establecimientos educacionales y hacer campañas de prevención, como se hacía antes en televisión con el famoso “Forestín”.
Repito, para combatir en forma eficiente los incendios forestales, es importante que exista esta articulación o coordinación entre la Conaf, Carabineros, bomberos y las brigadas del sector forestal, que es la mejor forma de hacer bien las cosas, por el bien de Chile y de su gente.
He dicho.
El señor BEROLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , lamento que el ministro del Interior no se encuentre presente, porque mi intención era justamente responder a sus dichos emitidos en esta sesión.
En política, y en particular cuando uno habla a nivel de un ministro de Estado , hay que hacerse cargo no sólo del contenido literal de las palabras que se dicen, sino también de sus efectos. En este caso, el ministro está tratando de eludir su responsabilidad por los efectos que sus palabras ocasionaron en la Región de La Araucanía y del Biobío, como asimismo en la relación que existe con los pueblos originarios y mapuche.
A propósito de ello, quiero leer un titular que aparece publicado en la prensa el jueves 5 de enero recién pasado, en Biobío.
Dice: “Hinzpeter califica de “atentado” el incendio en Carahue y lo relaciona con acciones de la CAM”. Más abajo se lee: “Al llegar a Temuco, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter , defendió las “conjeturas” del Gobierno al relacionar el fatídico incendio en Carahue con atentados, tanto los reivindicados por la coordinadora mapuche, como por los registrados en Santiago.”.
En otro medio, se señala: “Uno se pregunta hasta qué punto puede llegar la violencia, la insensatez. Hace pocos días veíamos como un helicóptero era atacado y posteriormente este ataque reivindicado por la CAM. Pocos días después vemos incendios que curiosamente se encienden en un mismo instante en distintos puntos, que han afectado esta región y otras regiones del país.”.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle al ministro que en su declaración de diez líneas habla de incendio, de la Coordinadora Arauco Malleco y de terrorismo, por medio de la insinuación y de la hipótesis. En esta sesión no sólo las reitera, sino que dice que sus declaraciones son literales, y en los propios medios de comunicación ha establecido un vínculo entre incendio, terrorismo, Coordinadora Arauco Malleco , mapuches y ley antiterrorista.
Resulta extraño, por decir lo menos, porque basta ver lo que dicen los titulares de los medios de comunicación en el mundo. Por ejemplo, en España, se informa que terroristas mapuches estarían detrás de los incendios y de las muertes. Ése es el efecto que han causado las declaraciones del ministro del Interior . “Gobierno chileno acusa a mapuches de incendios intencionales”. Eso es lo que provocan las declaraciones del ministro Hinzpeter en la cadena Univisión de Colombia.
El diario Clarín , de Argentina, señala: “Chile acusa de terrorismo a los mapuches por incendio”. Otro efecto más de las declaraciones del ministro de Estado .
Espero que el ministro se haga responsable no sólo de los contenidos literales de sus declaraciones, sino de los efectos que produjeron sus declaraciones en Chile y en el extranjero.
Agrega el propio ministro que, extrañamente, no sólo los medios de comunicación entendieron mal, sino que la totalidad de las comunidades mapuches de la Región de La Araucanía. Señor Presidente , si el ministro considera que sus declaraciones no contenían esa intención, debe reconocer que, aunque no la haya tenido, produjo ese efecto.
Entonces, hay que dejar la soberbia y dar paso a la humildad, porque si uno no tenía la intención de producir ese efecto, corresponde pedir disculpas. Lamentablemente, no he escuchado esas palabras. Espero que el pueblo mapuche reciba las disculpas por los efectos que produjeron las declaraciones del ministro.
En segundo lugar, como el diputado señor Alfonso de Urresti se va a referir al tema forestal, sólo quiero reiterar que en Chile tenemos una industria forestal que carece de sustentabilidad social, económica y ambiental. Por lo tanto, discutir sobre una nueva institucionalidad es muy importante.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , no puedo dejar de mencionar algunas intervenciones de parlamentarios de la Concertación, entre otras, la del diputado señor René Saffirio , que me parece increíble, insólita, irresponsable, pequeña y oportunista.
Hacer escándalo por la aplicación de la ley antiterrorista me parece un descaro si proviene de alguien que fue alcalde de Temuco , líder de la Concertación en La Araucanía, y cuyo gobierno inició la aplicación de la ley antiterrorista al pueblo mapuche.
Entonces, sorprenderse es increíble. Me parece vergonzoso, porque fue la Concertación, el gobierno del ex alcalde René Saffirio , el que politizó el problema indígena y las ayudas destinadas al pueblo indígena. Además, fue incapaz de generar en veinte años una política indígena seria y estable.
¿Cómo recibió este Gobierno la política indígena? Con comunidades que no le creían al Gobierno; que no le creían a la autoridad. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche se acostumbró en los veinte años de gobiernos de la Concertación, de administración del ex alcalde de Temuco , señor Saffirio , a la coima, a la presión, a la promesa fácil, al incumplimiento, al desorden y al caos en la Novena Región.
También me parece vergonzoso que, como abogado, compare y diga que durante los gobiernos de la Concertación sólo se aplicó la vía judicial, y que nosotros poco menos que hacemos una persecución mediática del pueblo mapuche. Me parece insólito, sobre todo porque proviene de un abogado que pretende comparar y señalar que ambas situaciones son parecidas. Eso me parece irresponsable.
Como parlamentario por La Araucanía, considero que hemos hecho cosas muy buenas en política indígena, pero debemos aprender también de los errores de la Concertación. Aplicar la ley antiterrorista es un error. Además, fue un error hacerlo durante los gobiernos de la Concertación. En ese error caímos todos; también este gobierno. ¿Por qué? Porque se da en el terreno donde los grupos más extremistas de La Araucanía quieren jugar. Quieren colocar el tema en discusión en un plano en que un Estado persigue racialmente a una minoría, como lo es el pueblo mapuche. Ese escenario sólo facilita el liderazgo de los grupos más extremos y violentos. Además, produce lo que esos grupos más violentos quieren: generar una memoria colectiva de persecución para legitimar acciones de fuerza por parte de los grupos más extremos que, por lo demás, no son sólo mapuches, sino también anarquistas y ex frentistas. Por eso, no seguimos el juego en que nos quieren hacer caer los grupos más extremos.
Sin embargo, es importante aprender de los errores y seguir con los temas permanentes de la política indígena.
Hoy, hemos adquirido credibilidad; hoy se están empleando formas para que la política indígena sea transparente. Además, sería bueno que la Concertación aprendiera de sus errores, especialmente en este tema que no podemos politizar, como se intenta por parte de algunos parlamentarios.
Si los problemas no los resolvemos en forma seria, y como política de Estado , sin duda, en diez o quince años más vamos a agravar el problema y a ser víctimas de un cáncer imposible de extirpar, porque se va a producir un fenómeno de cooptación en los grupos más violentistas, que son minoría y no representan a la inmensa mayoría del pueblo mapuche.
Llamo a tener una política de Estado seria, a tratar de no caer en errores no forzados, en los cuales los grupos más extremos quieren hacernos caer, como es la aplicación de la ley antiterrorista.
Y, por favor, espero que en los diputados de la Concertación haya un poco de humildad y de corresponsabilidad; que no vengan a decir, poco menos, que recibieron este problema, que no conocían, después de haberlo agravado durante veinte años de gobierno.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , quiero saludar al señor ministro de Agricultura , aquí presente, y comenzar señalando que el viernes 6 de enero nuestro país se consternó con la noticia del deceso de seis brigadistas de una empresa contratista de la Forestal Mininco que se encontraban controlando un incendio en el fundo Casapiedra , comuna de Carahue.
Se trataba de hombres jóvenes contratados a través de empresas de tercerización de servicios por una de las empresas forestales más grandes del país. Sus edades oscilaban entre 19 y 32 años. Formaban parte de quienes, en las regiones con mayores plantaciones forestales, son denominados “temporeros del fuego”.
El intendente regional de La Araucanía y el jefe de zona de Carabineros no tardaron en aparecer en los medios de comunicación nacionales culpando de manera clara y directa a los miembros de las comunidades mapuches en conflicto como autores de esos incendios con consecuencias mortales.
El ministro del Interior , encargado político del orden público de la República , hizo otro tanto. Abordó un avión en Santiago y, a las pocas horas de ocurrida la tragedia, llegó a culpar directamente a la Coordinadora Arauco Malleco del inicio del fuego y a presentar querellas para perseguir a terroristas.
Al día siguiente, mientras la prensa conservadora culpaba a los mapuches de un delito sin mostrar prueba alguna, la celda de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco era allanada por Gendarmería y las comunidades vivían una jornada más de amedrentamiento por parte de las fuerzas de la policía militarizada centrada en la zona.
El Estado ha sido ciego, sordo y mudo para atender este conflicto. No han entendido nada; no han resuelto nada; no han hecho caso de las diversas insinuaciones que les hemos hecho para abordar este tema de manera seria.
Me alegro de que el diputado Gonzalo Arenas señale que tenemos que aprender de los errores. Los hemos cometido todos, desde el gobierno militar, cuando hubo una contrarrevolución y se quitaron alrededor de 180 mil hectáreas entregadas durante la reforma agraria a las comunidades indígenas. De ahí en adelante, todos conocemos la historia.
Nadie dijo nada sobre los daños que causa al país la concentración de plantaciones de bosques de pino en varias regiones de la zona centro sur; nadie dijo nada de los suelos acidificados, de la flora y fauna autóctonas arrasadas por las forestales; de las napas de aguas secadas por millones de árboles transgénicos. Nadie opinó tampoco sobre la forma en que se asientan las forestales en las comunidades campesinas o mapuches, y del tipo de impactos sociales y económicos en su presencia.
Tampoco nadie ha dicho nada sobre la verdad de la naturaleza de los incendios. El intendente olvidó señalar que no fue sólo un fuego, sino dos: uno, en el sector Los Laureles, que cogió 1.800 hectáreas de bosque nativo, propiedad de pequeños campesinos, colonos, como se les denomina en la zona, y un segundo que destruyó 300 hectáreas de plantaciones de pinos radiata de propiedad de la Forestal Mininco.
El primer incendio habría comenzado el 1 de enero, y el alcalde de Carahue dio aviso a la Conaf el mismo día. Un helicóptero de esa institución sobrevoló la zona, y como se trataba apenas de cuatro cuadras de pastizales y matorrales, nada se hizo. Al día siguiente, eran veinte las hectáreas afectadas y, al tercer día, eran cientos de hectáreas.
En ese momento, y tras haberse declarado la emergencia municipal, comenzó el lento desplazamiento de los brigadistas, mientras los campesinos, sin medios ni instrucciones, trataron de hacer frente al fuego, arriesgando sus vidas. En Casapiedra decenas de brigadas privadas hacían el trabajo de contención con ayuda de helicópteros y otros recursos del Estado.
Lo que sucedió en Carahue demuestra la debilidad de nuestra institucionalidad para abordar los desafíos de la extensión de la actividad forestal en el país. El Estado no tiene capacidad de amparar a los pobres y las grandes empresas solucionan sus problemas como buenamente pueden con sus recursos.
El Estado tampoco tiene capacidad de cuidar los parques o reservas forestales. Hoy en la mañana conversamos con el subdirector de la Conaf, quien nos señaló que había veinticinco reservas forestales del Estado que estaban sin guardaparques, lo cual me parece una inconsecuencia para una nación que dice ser un país forestal.
La única forma de proveerse de los medios idóneos para enfrentar los riesgos del fuego en los bosques y en las plantaciones forestales del país es contar con una sólida alianza público-privada, que permita, de partida, dotar de medios materiales e instrucción a los pequeños campesinos, para que ellos mismos puedan reaccionar frente a esos fenómenos.
Requerimos para la zona de mayor riesgo que exista una red montada de monitoreo y de comunicación por radiofrecuencia, pues no hay señal para los celulares en los campos.
Asimismo, requerimos que se capacite a los pequeños propietarios, para que sean capaces de contener los focos de incendio en su origen.
Es urgente contar con recursos públicos y que en cada predio de la gente más humilde se construyan depósitos de aguas lluvia, para que puedan servir como reserva para atacar el fuego. En Rinconada Los Laureles no existe agua. Por lo tanto, tampoco teníamos la posibilidad de combatirlos con medios que no contábamos. Hay que ser creativos e innovadores, para constituir redes de protección civil organizadas en torno a principios esenciales de solidaridad, así como brigadas forestales con apoyo del Estado.
También, he propuesto, en forma pública, que en el caso de los parques nacionales, cuando estén sometidos a regímenes de concesión, sean los concesionarios privados los que también contribuyan con sus recursos a prevenir y combatir el fuego. Así como el concesionario de una playa contrata salvavidas, un concesionario de un área de un parque debe invertir en proteger aquellos bienes cuyo uso y goce le ha entregado el Estado.
A veces da la sensación de que Chile, en estos últimos dos años de gobierno, se ha transformado en un verdadero reality, en el que la acción gubernamental, especialmente en lo que dice relación con el orden público, ha derivado en operaciones netamente comunicacionales, con las que se busca obtener pequeños dividendos políticos. Necesitamos hacer de Chile nuevamente un país serio, en el que la formulación de nuevas y mejores políticas públicas esté dada por la reacción ante las catástrofes, no como está ocurriendo hoy, en que cualquier cosa da para un show o una cuña televisiva, un golpe de suerte en la disputa del rating.
Sólo así evitaremos que Chile se siga consumiendo en la hoguera de las vanidades de quienes temporalmente administran los asuntos de la República.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el ministro de Agricultura , señor Luis Mayol.
El señor MAYOL (ministro de Agricultura).- Señor Presidente, junto con responder algunas afirmaciones que se han hecho en la Sala respecto del comportamiento de la Conaf en los incendios forestales, quiero referirme a las sugerencias formuladas por algunos honorables diputados.
En primer lugar, deseo señalar al diputado señor Sabag que el Gobierno comparte la inquietud que planteó en cuanto a la legislación que regula el combate de los incendios forestales y la labor de la Conaf. En ese sentido, la próxima semana ingresará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece normas sobre la prevención y el combate de los incendios forestales.
Además, como es conocido por los señores diputados, en el honorable Senado fue ingresada una iniciativa legal que transforma el carácter orgánico de la Conaf, que de corporación de derecho privado pasa a ser un servicio público, proyecto cuya tramitación ayer se hizo presente con urgencia calificada de “suma”.
Por otra parte, hoy hemos conformado una Comisión permanente, la cual será dirigida por el Ministerio de Agricultura y estará integrada por los ministerios de Defensa y del Interior, así como por la Onemi y las Fuerzas Armadas, cuyo objeto será trabajar, en forma permanente, para prevenir y organizar todo lo que dice relación con los incendios forestales.
Además, quiero responder al honorable diputado señor Monsalve las consultas que hizo sobre los presupuestos que maneja la Conaf y la organización con que cuenta en la actualidad.
En primer lugar, hay que tener presente que este año ya se han quemado alrededor de 55 mil hectáreas, en circunstancias de que el promedio de hectáreas que se consumen en un año es de 51 mil hectáreas. O sea, al 6 de enero hemos tenido una cantidad de incendios de gran envergadura que ha hecho muy complicado y difícil su control, sin perjuicio de lo cual han podido ser controlados.
Sin ir más lejos, respecto del incendio ocurrido en el parque nacional Torres del Paine, al que me tocó concurrir al segundo día de declarado, debo señalar varios antecedentes, porque se han planteado algunas imprecisiones en los datos que aquí se han entregado.
En primer lugar, ese incendio comenzó el 27 de diciembre pasado, día en que se tuvo un aviso a las 6 de la tarde. Exactamente dos horas después estaba declarada la alerta roja, mediante la que se activa un protocolo que tiene firmado la Conaf con el Ministerio del Interior, en virtud del cual los recursos son prácticamente ilimitados para actuar en esas circunstancias. De hecho, al día de hoy el Gobierno ha dispuesto, a través del Ministerio del Interior, 3 mil millones de pesos para esas emergencias, monto que equivale al 25 por ciento del presupuesto anual de la Conaf, presupuesto que, entre paréntesis, es un 6,8 por ciento más elevado que el del año pasado.
Hay otras cifras respecto de las que es interesante señalar algunas cosas antes de seguir con el relato sobre qué ocurrió en el incendio en el parque nacional Torres del Paine.
El presupuesto para el combate de los incendios forestales en 2005, año que tomé como base para este análisis, puesto que entonces se produjo el último gran incendio en Torres del Paine, fue de 8 millones de dólares; el presupuesto para este año es de 26 millones de dólares. Son cifras concretas y contundentes.
Como señalé, a las dos horas de iniciado el incendio de las Torres del Paine estaba declarada la alerta roja. Los brigadistas de la Conaf de las Torres del Paine se pusieron en acción de inmediato, y a las dos horas, veinticuatro brigadistas estaban tratando de atravesar el Lago Grey en un Zodiac, con olas de dos metros y medio de altura, debido a lo cual tuvieron muchos problemas para atravesar hacia el otro lado del mencionado lago. Se encontraron con un incendio que ya había consumido una superficie de alrededor de veinticinco hectáreas, el que, con vientos de 110 kilómetros por hora, avanzaba quince metros por minuto, situación que hacía absolutamente imposible el combate del siniestro; no se trataba de tener más o menos gente. De hecho, el incendio se propagó de inmediato por aire, porque afectó a una zona en la que había muchos matorrales y arbustos. Además, se quemó una isla del lago Pehoé, que se encontraba a trescientos metros de la costa, lo que permite formarse una idea de las dimensiones del incendio a causa de los vientos.
Durante los dos primeros días, no pudo volar ningún helicóptero, ni tampoco hacer labores de terreno, a causa del peligro que representaba el viento y el humo que había en la zona. Al tercer día, hubo una ventana de viento, y la organización fue de tal naturaleza que, de partida, actuaron seis helicópteros. En el incendio del 2005 no participó ningún helicóptero. En este caso -reitero-, operaron seis de esas naves, entre las cuales había un helicóptero Sokol, comprado a Polonia en 2008, que no realizó vuelos durante dos años, porque no había piloto. En esta oportunidad, esa nave cumplió una gran función.
En cuanto al personal que actuó en ese incendio, cabe señalar que al tercer día ya había 780 personas combatiendo el fuego directamente en las Torres del Paine. De apoyo, en la parte logística, había 140 personas más. Gracias a eso, el incendio se controló en prácticamente seis días, lo que no ocurrió en el incendio anterior, en que el fuego se pudo controlar luego de veinticinco días.
Ahora estamos en una etapa de extinción y el parque está completamente abierto al turismo, lo que ha sido una gran ayuda para todos los pequeños comerciantes y operadores turísticos del lugar. Algo similar ocurrió en la Región del Biobío.
Por último, debo señalar al honorable diputado señor Sauerbaum que sigue en marcha la planificación y la operación que se llevó a cabo en la Región del Biobío para ayudar a los pequeños propietarios que fueron afectados por el incendio que se declaró en esa región, sobre todo en las zonas de Quillón y Florida. El Indap está haciendo un catastro caso a caso, en el que está evaluando a cada uno de ellos, y establecerá un programa de recuperación de infraestructura, de acuerdo con las necesidades que tenga cada uno, con la aplicación de años de gracia, para que puedan recuperar toda su infraestructura perdida.
Muchas gracias.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , sé que usted conoce estos nombres, pero de todos modos los voy a repetir, porque me parece apropiado: Diego Mella Rosales , Ítalo Vidal Valdebenito , Marcelo de la Vega de la Vega, Cristián Freire Bustos , Juan Carlos Cordero Cerón , Carlos Pinto Catalán y Rodrigo Cifuentes Llanquileo son hijos y héroes de La Araucanía. Pelearon contra un incendio evidentemente intencional que terminó, injusta y violentamente, con sus vidas; quedaron totalmente calcinados. Varios de ellos, por muchos años, dedicaban su vida a salvar de las llamas a quienes vivían cerca de los focos de los incendios.
Quiero decir, con toda franqueza, que los brigadistas fallecidos en Carahue murieron como consecuencia de un incendio criminal, fruto de la maldad de unos pocos, a quienes debemos dejarles muy en claro que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para dar con el paradero de quienes causaron esta horrible tragedia.
Como representante de Renovación Nacional y diputado por Carahue, quiero pedirle que, para recordar su trabajo, su hazaña, su vida, y para entregar nuestros respeto a sus familiares, antes de votar permanezcamos un minuto en silencio por la vida de los siete brigadistas y las otras dos víctimas de los incendios que, a todas luces -repito-, fueron intencionales.
Después de recibir a sus familiares en el Servicio Médico Legal, al otro día en la mañana, y sentir su dolor y frustración, no puedo pedir otra cosa sino insistir en que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para dar con el paradero de quienes son los responsables y que se les aplique todo el rigor de la ley. Es más, en este caso, debemos tener a nuestra disposición todas las herramientas legales que se necesiten, incluso -como expresó el Gobierno- si ello implica invocar la ley antiterrorista.
Por este motivo, debemos pedir al Ministerio Público que realice una investigación exhaustiva y expedita acerca de las causas de los incendios forestales, y solicite la aplicación de penas ejemplificadoras contra quienes resulten responsables.
Quiero destacar y entregar mi más pleno respaldo a la labor de la Conaf, de la Onemi, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Gobierno del Presidente Piñera ante esta emergencia.
Los Comités de Emergencia se constituyeron en el acto. El ministro del Interior y Seguridad Pública se encontraba en la zona a las cuatro horas. Lamentablemente, sin tener una bolita mágica para saber qué estaban haciendo, debo decir que no vi a los diputados de oposición en los comités de emergencia ni en los focos de los incendios, aunque me hubiera gustado verlos activamente. Pero los vi defender a quienes resulten responsables; ni siquiera se preocuparon de las víctimas, como corresponde. No he escuchado palabras de los diputados de la zona de La Araucanía en defensa de las víctimas. ¿No se supone que los representantes del pueblo tenemos que estar del lado de los más débiles, de las víctimas? Sin embargo, se pusieron a defender, sin ningún criterio, a quienes resulten responsables de un incendio que tuvo ochenta focos. Ese día, en el Comité de Emergencia -esto no lo pueden decir los diputados de oposición, porque no estaban-, tuvimos, entre otros, al brigadista que salió ileso y nos comentó que, en su criterio, no había ninguna duda de que el incendio era intencional. Él contó cincuenta y cuatro focos.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Llamo al orden a los señores diputados.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , me frustra ver tanto ahínco y fuerza por parte de la Concertación para defender a los que resulten responsables, porque considero que las energías de quienes cumplimos un rol social, como parlamentarios y como políticos, deben estar concentradas en las víctimas y no defender, a brazo partido, a quienes pueden ser responsables.
También quiero decir al ministro del Interior y Seguridad Pública que no hay duda de que la aplicación de la ley antiterrorista debe ser contra quienes resulten responsables. Decir que por eso el Gobierno ataca al pueblo mapuche no es más que una caricatura. Y quiero decir más. Quienes se llenan la boca diciendo que defienden al pueblo mapuche -dicen que lo defienden- están actuando de una manera que tiene una connotación racista, porque cada vez que hay problemas y violencia dicen que el ataque es contra el pueblo mapuche. ¡El pueblo mapuche es de orden y de familia, y corresponde que lo defendamos!
Por lo demás -sé que esto no les va a gustar a algunos parlamentarios-, el pueblo mapuche, elección tras elección, apoya a la Coalición por el Cambio, porque nosotros representamos mucho mejor lo que ellos son, porque no son solamente reivindicaciones y violencia.
(Manifestaciones en la Sala)
Estoy muy contento de que el diputado Monsalve haya echado pie atrás, porque en su intervención inicial dijo que el ministro del Interior y Seguridad Pública había culpado a la CAM; pero después tuvo de retractarse y expresar que se podía interpretar como si fuera culpable, en referencia a la CAM. ¡Qué bueno que haya echado pie atrás, porque fundamenta lo que usted nos dijo hace unos minutos, señor ministro !
Finalmente, quiero manifestar que estos incendios fueron criminales, absolutamente intencionales, y a los responsables tiene que aplicárseles todo el peso de la ley. También debemos fortalecer a nuestras instituciones para que el combate a los incendios se realice de la mejor manera posible, y para eso hemos presentado un proyecto de acuerdo, que espero que la Sala apruebe por unanimidad.
He dicho.
El señor BERTOLILNO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , había preparado mi intervención para esta sesión, que convocamos como bancada del Partido Socialista, enfocada principalmente en la política forestal que debemos llevar adelante y en la Conaf; sin embargo, previo a ese planteamiento, no puedo dejar pasar las palabras del colega que me ha antecedido, quien, en una muestra de irresponsabilidad, se retira de la Sala después de intervenir.
Quiero señalar a ese diputado que sus acusaciones e imputaciones respecto del pueblo mapuche, en cuanto a la responsabilidad anticipada de que los autores del incendio son mapuches, le hacen muy mal a la causa de buscar responsables.
También quiero manifestarle que se informe bien, porque la ley antiterrorista ya fue requerida. Entonces, el colega debiera informarse mejor y debiera buscar propuestas y conclusiones, luego de los desastres que estamos sufriendo. Los incendios, como el que afecta a Carahue, se han multiplicado y ahora los tenemos en la Región del Biobío, en Quillón, y, desgraciadamente, también en las Torres del Paine, y respecto del cual poco se ha hablado.
Hoy es el momento de reflexionar y señalar cuál es la política que, como Estado, vamos a implementar para combatir estos incendios y cuál es la capacidad de reacción que tienen en la actualidad las brigadas de la Conaf. Recién se nombró a los brigadistas, a quienes debemos recordar y homenajear; son puros jóvenes humildes que se ganan la vida en la temporada de verano, enrolándose en estas brigadas, y al final siempre pagan los más débiles, los más humildes.
Entonces, veamos cuál es la política de desarrollo que vamos a implementar para combatir un flagelo que se va a instalar en el país -lo decía el ministro de Agricultura -; ya llevamos 55 mil hectáreas arrasadas.
¿Qué hace el Estado en relación a la sequía, que hoy es un problema fundamental que cruza al país? ¿Qué hacemos en cuanto a política forestal? Hoy tenemos verdaderos desiertos verdes, monocultivo, una sola plantación, enormes extensiones sin cortafuegos, con plantaciones hasta el límite de los caminos. En la zona sur del país existen pueblos rodeados con plantaciones de pinos y de eucaliptos. Esa realidad, inexorablemente, posibilita la generación de incendios que podrían amenazar a seres humanos.
Entonces, reflexionemos sobre ese aspecto, más allá de las imputaciones o de las loas al Gobierno, de si actuó bien o mal. Me hubiera gustado que ese día hubieran estado las autoridades en las Torres del Paine y hubiéramos dimensionado efectivamente lo que ocurría. Ahora, lo importante es tener claro qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir, cómo regulamos el ingreso, cómo reforzamos el número de guardaparques, cómo evitamos que los cereceros de Quillón sean afectados y cómo perseguimos a los responsables en Carahue, pero sin criminalizar. Hacia allá avancemos. Busquemos una política efectiva en materia forestal. La industria en ese sector se ha desarrollado y ha creado empleos, pero ha generado muchas externalidades negativas.
Valoro las opiniones vertidas por diputados de distintos sectores en orden a impulsar la constitución de una Comisión Especial que, más que investigar, proponga soluciones en materia forestal, en prevención de incendios y respecto de la institucionalidad que permitan evitar estos desastres.
He dicho
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , en algunos momentos de esta sesión pareciera que estamos en el mundo al revés, porque en lugar de que los discursos se enfoquen en el problema verdadero, más bien se van por las ramas. El verdadero problema son los incendios forestales y debemos ver la forma de resolverlo.
Una vez más, vemos con preocupación que las críticas de quienes se oponen a nuestro Gobierno no tienen límite en cuando a no reconocer nada como positivo en lo que se hace, sobre todo en una materia en la cual reprobaron notoriamente cuando estaban en el gobierno. Me refiero al manejo de emergencias y catástrofes.
En el combate de los incendios forestales, se ha trabajado de una manera mucho más eficiente que lo que se hizo en ocasiones similares en administraciones anteriores, como, por ejemplo, en el incendio que afectó las Torres del Paine, en 2005. Esta vez, el fuego que afectó a ese lugar fue controlado mucho antes, pese a su magnitud, y se pudo iniciar el proceso de extinción del mismo.
Impacta cuando cuestionan la acción de la Conaf, que claramente, con los recursos con que cuenta, ha sido muy eficiente.
Si nos remitimos a los incendios de las regiones del Biobío y de La Araucanía, mucho más importante que criticar, declaraciones más, declaraciones menos, sobre las posibles autorías o motivaciones, es aceptar que no son fruto del azar. Numerosos focos de incendio se produjeron en momentos simultáneos y en horas en las que, por las condiciones climáticas, era muy difícil la espontaneidad de su aparición.
No pretendo culpar a nadie, pero claramente hay chilenos que con inentendibles motivaciones provocan este tipo de catástrofes, sin medir sus consecuencias, sin evaluar que miles de hectáreas no sólo pierden su capital forestal, tanto de bosque nativo como de bosque introducido, sino que quedan con sus suelos prácticamente improductivos por años.
En estos eventos, hemos visto cómo secretarios de Estado, encabezados por el ministro de Agricultura, el ministro del Interior y Seguridad Pública, la ministra del Medio Ambiente y el ministro de Desarrollo Social, han dado muestras de actuar con prontitud frente a la emergencia y han dado ayudas oportunas a los afectados, entregando recursos frescos para paliar inicialmente el daño irreparable que ha afectado sus vidas, fruto de la irresponsabilidad de quienes provocan estos incendios, de manera accidental o intencional.
La reacción ante esta catástrofe por parte del Gobierno del Presidente Piñera ha sido oportuna y eficiente, superando los estándares históricos ante eventos de este tipo. Les pido a los que critican sin freno que sean más ecuánimes en sus análisis y que realmente, más que críticas desenfrenadas, busquen la forma de aportar, desde sus sectores, para evitar que estas tragedias se produzcan.
En el mundo -y Chile no es la excepción-, hay una crisis de suelos cultivables, ya que por siglos se ha llegado a perder la mitad de ellos. Por lo tanto, hay que crear conciencia, hasta en las mentes más extremas, de que más que provocar un daño a una empresa o un problema a un gobierno, se está dañando el patrimonio de la nación. Porque esto no es problema de pesos más o de pesos menos para recuperar esos terrenos.
Por lo tanto, considero una medida adecuada solicitar que se aplique la ley antiterrorista si se llega a determinar intencionalidad culpable para provocar estos incendios. Insisto en que esto es un problema de todos los chilenos y, como tales, debemos preocuparnos de que si algunos siembran el terror y provocan daños irreparables al país, deben ser juzgados con el máximo rigor de la ley.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente , después de la guerra, todos son generales, y después de los incendios, todos son bomberos.
Aquí se está dando cátedra sobre la política forestal de Chile y sobre la política en cuanto al manejo de incendios, en circunstancias de que nuestro país es un ejemplo en el mundo precisamente en este último aspecto. Cuando se han producido incendios en Estados Unidos, Canadá , Portugal o España, se ha pedido el auxilio y el apoyo de la Conaf. Eso debería enorgullecernos y llevarnos a no ser tan destructivamente críticos.
La Conaf es un organismo perfectible. Se trata de una institución pública de derecho privado, condición que debemos cambiar. Es la única entidad en Chile que tiene esa calidad tan extraña: organismo público de derecho privado.
No obstante -reitero-, la Conaf es un ejemplo en el mundo entero, especialmente en lo que dice relación con su capacidad en el combate de incendios forestales, como lo ha demostrado en temporadas pasadas en un país netamente forestal.
Un siniestro es un drama desde los puntos de vista ambiental, económico y laboral. En este caso, además hemos debido lamentar la pérdida de vidas humanas, algo en lo que debemos reflexionar y tenemos que evitar en el futuro.
Me sumo a la idea del diputado Edwards de guardar un minuto de silencio, antes de votar los proyectos de acuerdo, en homenaje a los brigadistas fallecidos, porque merecen todo el respeto y la veneración de un país que reconoce el esfuerzo y el sacrificio que hacen cada verano en todos los rincones de Chile.
Se habla de que esos mártires eran personas modestas. Precisamente, muchas personas, como estudiantes de esfuerzo, necesitan trabajar en verano y se dedican al combate de incendios en esta época del año, porque en invierno no se producen incendios forestales en esa zona del país.
Debemos meditar profundamente sobre la necesidad de regular más el sector forestal. Se trata de un sector que también es un ejemplo a nivel mundial, pues ha traído desarrollo, no sólo desde el punto de vista económico, sino también social, en muchas partes del territorio nacional.
Pido al ministro de Agricultura que adopte todas las medidas necesarias para que el próximo año, cuando discutamos el presupuesto de la Conaf, esta institución sea un organismo de derecho público, como todas las demás. Ello nos permitirá no sólo homogeneizar su presupuesto de operaciones, para el combate de incendios forestales, sino también regular las remuneraciones de sus funcionarios, a fin de homologarlas a las de los diferentes servicios del Ministerio de Agricultura.
Finalmente, me sumo al homenaje propuesto a los brigadistas mártires de nuestro sector forestal.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
A solicitud del diputado señor José Manuel Edwards, la Cámara de Diputados va a guardar un minuto de silencio en homenaje a los siete brigadistas fallecidos en el combate de los incendios en la zona centro sur del país y a dos agricultores fallecidos en las comunas de Quillón y Florida.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Muchas gracias.
Se han presentado tres proyectos de acuerdo.
El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 534, de los señores Jorge Sabag, Fuad Chahín, José Miguel Ortiz, Pablo Lorenzini, Mario Venegas, José Pérez, Germán Verdugo, Carlos Abel Jarpa, Joaquín Tuma, de la señora Clemira Pacheco, de los señores Rodrigo González, Manuel Monsalve e Ignacio Urrutia y de la señora Andrea Molina, que en su parte resolutiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República, a fin que en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, cree un Comité Económico Productivo de Apoyo a los pequeños agricultores, campesinos y comunidades agrícolas y/o indígenas afectados por los incendios forestales de las Regiones Séptima, Octava y Novena, compuesto a lo menos por los ministerios de Agricultura, de Economía, Fomento y Turismo y de Interior y Seguridad Pública, a fin de llevar a cabo un plan de trabajo que considere las siguientes medidas:
a) Se condone la deuda de los usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, que hayan sido afectados por los referidos incendios forestales.
b) Se entregue a los afectados por los incendios forestales -usuarios o no del Indap- los insumos necesarios para la reactivación de sus respectivas actividades agrícolas y ganaderas, tales como abonos, semillas, fertilizantes, forraje e insumos veterinarios, entre otros.
c) Se reconstruya y equipe la infraestructura y las instalaciones necesarias para la actividad productiva agro-ganadera, tales como sistemas de regadío, caminos, puentes, galpones, corrales, etcétera.
d) Se asesore y financie la formulación y ejecución de proyectos de emprendimiento económico-productivo, especialmente para el caso de los pequeños agricultores, ganaderos y apicultores.
e) Sin perjuicio de que tales medidas lo sean para las diferentes comunas, villorrios o comunidades de las Regiones Séptima, Octava y Novena, afectadas por los incendios forestales, se priorice especialmente respecto de las comunas de Cauquenes (Séptima Región) y Quillón, Ránquil, Florida y San Rosendo (Octava Región).
f) De conformidad con el decreto N° 81, de 2009, del Ministerio de Agricultura, se asegure a nivel central el funcionamiento de la Comisión Asesora Nacional de Emergencia Agrícola y Gestión del Riesgo Agroclimático y, en el caso de las regiones afectadas, se asegure igualmente el funcionamiento de las Comisiones Asesoras Regionales de Emergencia Agrícola y Gestión del Riesgo Agroclimático, con el propósito de que cumplan con el cometido para el que fueron creadas.”.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 541, de los señores Rosauro Martínez, Jorge Sabag, Enrique Jaramillo, José Manuel Edwards, Pedro Browne, de la señora Carolina Goic, de los señores Javier Hernández, Leopoldo Pérez, Roberto Delmastro, Germán Becker, Germán Verdugo, Ignacio Urrutia y Joaquín Godoy y de la señora Andrea Molina, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que tenga a bien disponer la elaboración de una política para el sector forestal que contemple, entre otros, los siguientes ámbitos y ejes:
a) Crear las facultades necesarias para que el Ministerio de Agricultura, conjuntamente con la Conaf, elabore planes nacionales y regionales de prevención y combate de incendios forestales, de manera que este organismo pueda ejecutarlos en coordinación con los demás órganos del Estado encargados de afrontar emergencias.
b) Adecuar el Código Penal en orden a establecer sanciones más rigurosas, especialmente para aquellos casos en los que, por negligencia, se causare un incendio en bosques u otras formas de vegetación y en los casos en que tales incendios afectaren áreas silvestres protegidas o el incendiario hubiere actuado para obtener algún beneficio de orden económico.
c) Endurecer las sanciones aplicables a quien contravenga las normas de uso del fuego, cuyo marco se fija a partir de la Ley de Bosques.
d) Incorporar como obligatorio el ingreso de una plantación de más de 100 hectáreas al sistema de evaluación de impacto ambiental, la construcción de cortafuegos de, a lo menos, 40 metros de ancho y la existencia de zonas de seguridad y de manejo de la vegetación en los primeros 50 a 80 metros perimetrales de viviendas.
e) Proponer adecuaciones a la normativa laboral que permitan dar continuidad al trabajo de protección contra los incendios forestales.
f) Incrementar el financiamiento de la Conaf y de la Onemi.
g) Apoyar los incentivos a las plantaciones, de manera tal de fomentar cultivos endógenos.
h) En lo inmediato, aumentar el monto de los subsidios a entregar a las personas afectadas.”.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del tercer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 542, de la señora Andrea Molina y de los señores José Manuel Edwards, Iván Norambuena, Pedro Browne, Roberto Delmastro, Leopoldo Pérez, Alberto Cardemil, Edmundo Eluchans, Mario Bertolino, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia, que en su parte dispositiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1° Solicitar al Ministerio Público que realice una investigación exhaustiva y expedita acerca de las causas de los incendios forestales y que solicite la aplicación de penas ejemplificadoras contra quienes resulten responsables.
2° Solicitar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Agricultura impulsar el fortalecimiento institucional de la Conaf y, en especial, acelerar el trámite del proyecto de ley que transforma a la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado, a fin de dotar a dicha entidad de más y mejores atribuciones en materia de prevención y combate de incendios forestales.
3° Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Medio Ambiente acelerar el trámite del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el objeto de crear una institucionalidad que tenga a su cargo el cuidado y la mantención de las áreas protegidas del país.
4° Solicitar al Ministerio de Agricultura y a la Conaf un reforzamiento en las labores de prevención y detección temprana de incendios forestales, a fin de disponer de manera oportuna los medios que sean necesarios para acudir a combatir tales siniestros, y en especial:
a) Incrementar el número de puntos de vigilancia y observación dispuestos para la detección de focos de incendios.
b) Promover las adecuaciones laborales necesarias para que las tareas de vigilancia y prevención permitan detectar lo más tempranamente posible los focos de incendios forestales, al menos en las zonas y épocas de mayor riesgo.
c) Disponer medios de reconocimiento aéreo en las comunas más vulnerables a los incendios.
d) Reforzar la dotación de brigadistas, contratando personal adicional, especialmente en los parques con mayor concurrencia turística.
e) Implementar campañas de concientización en materia de responsabilidad y cuidado del bosque, de manera de informar y difundir las medidas indispensables en materia de prevención de incendios.
f) Diseñar planes de prevención y combate de incendios forestales, tanto nacionales como regionales, dadas las distintas condiciones climáticas y geográficas que dentro de nuestro territorio presentan las zonas proclives a los incendios.
g) Disponer mayores medidas de seguridad y de supervisión al ingreso y permanencia de turistas en las áreas silvestres protegidas, a fin de minimizar el riesgo asociado a la presencia humana en zonas declaradas bajo alguna categoría de protección y proclives a los incendios forestales.”.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.19 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7886-03
Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.
7761-24
Modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la Ley N° 18.985
7958-05
Establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro.
7319-15
Modifica la ley N° 18.290. de Tránsito, estableciendo requisitos alternativos para obtener licencia profesional.
7567-07
Modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal-
7992-06
Crea el ingreso Ético Familiar.
8037-10
Acuerdo que aprueba el Protocolo Bilateral entre la República de Chile y la República de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica y sus Anexos”, suscrito en Managua, el 22 de febrero de 2011.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República que formula indicaciones al proyecto de ley que introduce modificaciones a diversos cuerpos legales en materia de urbanismo y construcciones con el fin de favorecer el proceso de reconstrucción. (boletín N° 6918-14)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, reemplazado por la indicación sustitutiva contenida en el Mensaje Presidencial N° 219-359, de 14 de diciembre de 2011, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
Al artículo 1º
1) Para modificar en el artículo 116 bis D), de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que se reemplaza, de la siguiente forma:
a) Intercálese en su inciso primero, a continuación de la palabra “reconstrucción” la expresión “regionales o municipales”.
b) Reemplácese su inciso segundo, por el siguiente:
“Los permisos y recepciones de obras de que trata el inciso anterior podrán ser otorgados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo cuando se trate de las siguientes situaciones especiales:
a) Solicitudes sobre las cuales la Dirección de Obras Municipales, no se hubiere pronunciado dentro del plazo máximo establecido en la presente ley, o se encuentren con observaciones que no corresponden de acuerdo a la normativa vigente;
b) Obras ubicadas en localidades distantes más de 30 km de la ciudad sede de la Dirección de Obras Municipales.”.
c) Reemplácese el inciso tercero, por el siguiente:
“Para los efectos del inciso anterior la Secretaría Regional, previo al otorgamiento del permiso, deberá consultar la opinión del Director de obras Municipales respectivo, quien tendrá 5 días hábiles para responder.”.
d) Intercálese el siguiente inciso cuarto, pasando los actuales incisos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, a ser incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente:
“Otorgado un permiso o recepción por parte de la Secretaría Regional, para los efectos de archivo y catástro, los planos y antecedentes de la construcción deberán remitirse a la Dirección de Obras Municipales en un plazo no superior a 30 días, junto con el pago de los derechos municipales correspondientes.”.
e) Intercálese en el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, entre los vocablos “Ministerial” y podrá”, la expresión “de Vivienda y Urbanismo”.
f) Reemplácese el actual inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, por el siguiente:
“Las disposiciones que se establecen en el presente artículo, tendrán un plazo de vigencia de dos años, a partir de la fecha de publicación en el diario oficial del decreto que declaró la zona afectada por catástrofe, plazo que se podrá prorrogar, mediante decreto supremo, hasta por igual período, por una sola vez.”.
g) Reemplácese en el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, las oraciones “los Servicios Regionales o Metropolitano de Vivienda y Urbanización podrán proponer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la respectiva Secretaría Regional Ministerial las modificaciones a los Planes Reguladores que sean necesarias para el emplazamiento de dichos proyectos. El Ministerio aprobará dichas modificaciones previo informe de la Municipalidad respectiva, la que deberá evacuarlo en el plazo de 30 días, desde que fuere requerida para ello. Vencido este plazo, el Ministerio podrá resolver, aunque no se haya emitido dicho informe.”, por la siguiente: “podrá aplicarse lo dispuesto en el artículo 50 de la presente ley.”.
h) Intercálese a continuación del actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, el siguiente inciso noveno, nuevo, pasando el actual inciso octavo, a ser inciso décimo:
“Las solicitudes de modificaciones de cauces naturales o artificiales a que se refieren los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, que fueren necesarias para ejecutar obras de edificación o urbanización, en los casos a que se refiere el presente artículo, deberán ser evacuadas por el organismo competente en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del requerimiento respectivo. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere pronunciamiento se entenderá que no existen objeciones a lo solicitado. Las modificaciones a que se refiere este inciso quedarán exentas del procedimiento establecido en el párrafo 1 del título I del Libro Segundo del Código de Aguas. Lo anterior no podrá menoscabar o perjudicar derechos de terceros.”.
i) Reemplácese en el actual inciso octavo, que pasó a ser inciso décimo, la frase “En el mismo plazo”, por la siguiente oración: “Durante el plazo establecido en el inciso séptimo del presente artículo”.
j) Agréguese el siguiente inciso decimo primero, nuevo:
“El Ministro de Vivienda y Urbanismo , mediante resolución, podrá asignar a un proyecto de construcción específico la calificación de “proyecto de interés público”. Se entenderá que dichos proyectos forman parte de las nuevas construcciones a que se refiere el inciso primero del presente artículo.”.
Al artículo 2º
2) Para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 2°.- Introdúzcanse en el decreto ley N° 1.305, de 1975, sobre reestructuración y regionalización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las siguientes enmiendas:
1) Modifíquese el artículo 12, de la siguiente forma:
a) Intercálese en el inciso segundo de la letra m), a continuación de la expresión “y m),” la expresión “, m), ñ) y o),”.
b) Trasládese el inciso segundo de la letra m), al final del artículo, pasando a ser su inciso.
c) Incorpórense las siguientes letras ñ) y o), nuevas:
“ñ) Autorizar proyectos tipo y especificaciones técnicas de edificaciones que cuenten con la aprobación de los Servicios de Viviendas y Urbanización o las Municipalidades, conforme a los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
o) Autorizar modificaciones de áreas de riesgo, previo estudio fundado suscrito por un profesional especialista, y previo informe favorable del Ministerio de Obras Públicas o sus órganos dependientes en caso que tales áreas hubieren sido establecidas por estudios de dichas entidades. En caso de obras a que se refiere el artículo 116 bis D) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dicho informe deberá ser evacuado por la citada autoridad en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del requerimiento respectivo. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere pronunciamiento se entenderá que no existen observaciones que formular.”.”.
2) Agréguese en el artículo 16, la siguiente letra l), nueva:
“l) Autorizar proyectos y especificaciones técnicas tipo de viviendas industrializadas.”.
3) Modifíquese el artículo 24, en el siguiente sentido:
a) Intercálese en su inciso primero, a continuación de la expresión “y m)”, la expresión “ m), ñ) y o)”.
b) Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Asimismo, les corresponderá otorgar permisos y recepciones definitivas de construcciones en zonas declaradas afectadas por catástrofe, en los casos especiales que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Para tal efecto podrán nombrar delegados que cumplan dichas funciones en las localidades afectadas, con las mismas competencias que el Secretario Regional Ministerial en esta materia.”.”.
Al artículo 3º
3) Para introducir en su numeral 1), el nuevo artículo 27, que se reemplaza en la ley N°16.282, las siguientes enmiendas:
a) Modifíquese el inciso primero, del siguiente modo:
i) Intercálese, a continuación de la expresión “planes reguladores”, la expresión “, planes seccionales”.
ii) Intercálese, a continuación del segundo vocablo “catástrofe”, la frase “o para implementar el plan de reconstrucción regional o municipal”.
b) Modifíquese su inciso cuarto, de la siguiente forma:
i) Reemplácese el número “4”, por el número “2”.
ii) Agréguese a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Dicho plazo se podrá prorrogar, mediante decreto supremo, hasta por igual período, por una sola vez.”.
c) Intercálese en el inciso quinto, a continuación del vocablo “modificaciones,”, la frase “a solicitud de la Municipalidad respectiva,”.
Al artículo transitorio
3) Para modificarlo de la siguiente forma:
a) Reemplácese el número “4”, por el número “2”.
b) Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Asimismo, el plazo de 2 años previsto en el nuevo artículo 116 bis D)de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que se reemplaza por el artículo 1° de esta ley, será de 2 años, contados desde la publicación de la misma en el Diario Oficial.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIRBERG, Ministro del Interior y Seguridad Pública; RODRIGO PÉREZ MACKENNA, Ministro de Vivienda y Urbanismo ; LAURENCE GOLBORNE RIVEROS, Ministro de Obras Públicas .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7910-21
Modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
4. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica. (boletín N° 6810-12).
“Honorable Cámara De Diputados,
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 70 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver la divergencia surgida entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República , el 5 de enero de 2010.
La Cámara de Diputados, Cámara de Origen, mediante Oficio N° 9372, de 16 de marzo del año 2011, comunicó la designación como integrantes de la Comisión Mixta de los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolu Rasera, Alberto Cardemil Herrera, Felipe Salaberry Soto, y Orlando Vargas Pizarro.
El Senado, por su parte, en sesión celebrada el día 15 de marzo del mismo año, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores que integran su Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Posteriormente, la Honorable Senadora señora Isabel Allende Bussi y el entonces Honorable Senador señor Pablo Longueira Montes, fueron reemplazados por los Honorables Senadores señores Fulvio Rossi Ciocca y Jaime Orpis Bouchon, respectivamente.
Previa citación del señor Presidente del Senado , en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N”' 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 48 del Reglamento del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 5 de abril de 2011, con la asistencia de sus miembros, Honorable Senadora señora Soledad Alvear Valenzuela y Honorables Senadores señores Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca, y los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolu Rasera y Orlando Vargas Pizarro.
En la oportunidad, la Comisión eligió Presidenta, por la unanimidad de los miembros presentes, a la Honorable Senadora señora Soledad Alvear Valenzuela.
A las sesiones celebradas por la Comisión asistieron, además de sus integrantes, la Honorable Senadora señora Ximena Rincón, y los Honorables Senadores señores Carlos Cantero, Francisco Chahuán y Jorge Pizarro.
Asimismo, concurrieron especialmente invitados los siguientes representantes del Ejecutivo: del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministro , señor Cristián Larroulet; el Subsecretario , señor Claudio Alvarado, y los asesores jurídicos, señores Gonzalo Guerrero, Rubén Burgos y Pedro Pablo Rossi; del Ministerio de Educación, el Subsecretario , señor Fernando Rojas Ochagavía, y la Jefe de Gabinete de Planificación , señora Josefina Ortega; del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el Ministro , señor Rodrigo Pérez Mackenna; el asesor legislativo del Ministro , señor Juan Ignacio Correa; el Jefe de Gabinete del Subsecretario , señor Manuel José Pau,y el asesor señor Gonzalo Cerda; del Ministerio de Salud: el Ministro , doctor Jaime Mañalich; el Subsecretario , doctor Jorge Díaz; el asesor del Subsecretario, señor Jorge Andrés Hübner,y la Jefa del Departamento de Salud Ambiental, señora Sandra Cortés; y, del Ministerio del Medio Ambiente, la Ministra , señora María Ignacia Benítez; el Subsecretario , señor Ricardo Irarrázabal, y la Jefa de División, señora Patricia Matus.
También asistieron, especialmente invitados por la Comisión, el profesor titular de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Chile, Doctor Andrei Tchernitchin, y los dirigentes vecinales, representantes de la Ciudad de Arica que se mencionan: señoras Juana Jara, Marta Quisbert, Cristina Sáez, Patricia Solano, Ana Vargas, Rosa Medina, Beatriz Suazo, Marina Tello, Patricia Loaiza, Trinidad Segovia, Sonia Araya, Myriam Aguirre, Nancy Montecinos, Priscila Cortés, Débora Arancibia, Celia Leiva, Luz Sáez y los señores Arturo Flores (Sindicato ex trabajadores de Promel S.A.) y Jorge González. Además, concurrió el abogado de los pobladores de las zonas contaminadas, señor Fernando Dougnac.
Del Instituto de Nacional de Derechos Humanos, la asesora legislativa, señora Elvira Oyanguren.
Los asesores de los Honorables Senadores señores Alvear y Orpis, señores Jorge Andrés Cash y Cecilia Schlack; y, la asesora del Honorable Diputado señor Cardemil, señora Paulina Cox.
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Os hacemos presente que los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 16, 17, 18 y 19 del texto que la Comisión Mixta os propone aprobar, tienen el carácter de ley orgánica constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, y deben ser aprobados por las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 66 de la misma Carta.
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TRÁMITE COMISIÓN DE HACIENDA
Se hace presente que el proyecto propuesto por la Comisión Mixta debe ser informado por las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, en atención a que contiene normas que tienen incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado, las que fueron introducidas en este trámite constitucional.
Para tales efectos se adjunta informe financiero.
DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA Y ACUERDOS
DE LA COMISIÓN MIXTA
La Honorable Cámara de Diputados aprobó, en primer trámite constitucional, un proyecto de ley compuesto de tres artículos permanentes y una norma transitoria, que se describen someramente:
El artículo 1° efectúa una delegación legislativa al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 180 días, contados desde la publicación de esta ley, establezca mediante los respectivos decretos con fuerza de ley, un programa de intervención en las zonas o terrenos con presencia de polimetales en la comuna de Arica.
El artículo 2° establece las normas necesarias que deberán contener los decretos con fuerza de ley, los que debieran regular las siguientes materias, a saber:
1) Determinación de la zona geográfica o territorio específico que se encuentra contaminado con polimetales, y aquellos que se encuentran en condiciones de riesgo de contaminación.
2) Las acciones medio ambientales que deban ser ejecutadas en la zona geográfica o territorio específico contaminado, para efectos de su mitigación o recuperación.
3) El conjunto de acciones de salud destinadas a procurar la evaluación, mitigación y tratamiento de los posibles daños ocasionados en la salud de la población afectada, a consecuencia de la exposición a metales en las zonas declaradas con polimetales. Agrega que tales acciones deberán garantizar el acceso gratuito, universal, oportuno y continuo a todas las prestaciones de salud disponibles en el sistema público de salud.
4) Las acciones destinadas a procurar la atención en todos los niveles del sistema educacional, a favor de quienes sean declarados beneficiarios de las acciones del programa de intervención.
5) Las acciones habitacionales ejecutadas a través del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, a favor de quienes sean declarados beneficiarios del programa de intervención.
6) La facultad para que el Fisco, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, pueda adquirir inmuebles emplazados en zonas contaminadas o de riesgo, vía compra o permuta.
7) Los instrumentos que se utilizarán para identificar a la población beneficiaria de las acciones del Programa Maestro, así como los procedimientos que se usarán para su selección.
El artículo 3°, por su parte, dispone que el mayor gasto fiscal de las acciones que se implementen de acuerdo al artículo 2°, deberán ser financiados con cargo a los recursos que anualmente contempla la Ley de Presupuestos del Sector Público para los Ministerios respectivos.
Finalmente, el articulo transitorio establece un plazo de 120 días, dentro del cual el Presidente de la República , mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el que deberá ser suscrito por el Ministerio de Salud, declarará como inhabitables las zonas o terrenos específicos ubicados en la comuna de Arica que se encuentren contaminados por la presencia de polimetales.
Añade que la señalada declaratoria quedará sin efecto, si mediante decreto expedido por los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Salud, se establece que la contaminación de las referidas zonas o terrenos ha sido remediada o recuperada en sus propiedades básicas.
En segundo trámite constitucional, el Honorable Senado desechó el proyecto en su totalidad.
El rechazo obedeció a que la iniciativa, a juicio del Senado, no asegura la continuidad y la ejecución del denominado “Plan Maestro de Intervención de Zonas con Presencia de Polimetales en Arica”, ya que otorga al Presidente de la República una facultad delegada, omitiendo precisar las acciones concretas a adoptar en las áreas de salud, vivienda, educación, y medioambiente que se adoptarán en los sectores contaminados por polimetales y, especialmente, en lo atinente a la salud de las personas afectadas.
Asimismo, se planteó la necesidad que el Ejecutivo en la instancia de Comisión Mixta, envíe una propuesta que contenga detalladamente las materias y obligaciones permanentes que el Estado tiene respecto de las personas dañadas por polimetales, de modo que, en caso de incumplimiento, éstas puedan recurrir a la Justicia Ordinaria para hacer valer los derechos que les garantiza la ley.
Asimismo, se tuvo presente que la facultad que se delega está consagrada en términos amplios, estimándose necesaria la existencia de una instancia evaluadora independiente, encargada de evaluar la efectividad de los planes y programas que se desarrollen para eliminar la contaminación y velar por la salud de las personas que han sido o serán afectadas por la existencia de polimetales.
Finalmente, se hizo hincapié en que la iniciativa carecía de financiamiento propio, toda vez que el proyecto establecía que los gastos que éste irrogare, serían financiados con los recursos que anualmente contempla la Ley de Presupuestos del Sector Público para los Ministerios respectivos.
En sesión efectuada el día 19 de abril de 2011, la Presidenta de la Comisión Mixta , Honorable Senadora señora Soledad Alvear refirió que la sesión tiene por finalidad recabar del Ejecutivo el envío de una proposición que contenga medidas concretas para solucionar y mitigar los problemas de vivienda, salud, educación y medioambientales de los habitantes de Arica contaminados por la presencia de polimetales.
Lo anterior, acotó, permitirá a los afectados efectuar un seguimiento de las acciones concretas establecidas en su beneficio y, si existiere incumplimiento de la Autoridad, demandar judicialmente su cumplimiento. Agregó que también la Comisión Mixta estima que debe considerarse un financiamiento permanente para ejecutar las acciones de reparación.
El Honorable Senador señor Rossi, manifestó su preocupación por cuanto el Ejecutivo se había comprometido a presentar una proposición sustitutiva para ser analizada a partir de esta sesión.
Expresó que ha tomado conocimiento que en materia de vivienda se estarían utilizando los subsidios asignados a programas ordinarios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, específicamente el del Fondo Solidario para la Vivienda Tipo 1, lo que implica restar subsidios a los programas ordinarios, acotando que en la práctica la comuna de Anca no dispone ya de estos subsidios.
Añadió que tampoco se ha otorgado una solución a las familias de personas contaminadas, ya que el valor comercial de sus viviendas actuales es considerablemente mayor al de las viviendas sociales, debido a las ampliaciones y mejoras efectuadas, alcanzando en algunos casos al monto de $20 millones.
El Honorable Senador señor Orpis aseveró que el proyecto de ley en análisis carece de sentido porque se otorga una facultad delegada para que los distintos Ministerios, sectorialmente, continúen ejecutando las mismas acciones que realizan actualmente, debiendo discutirse el financiamiento de cada uno de los Planes y Programas en el proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público que se presenta anualmente.
Reiteró que su insistencia en la materia obedece a que este tema no es nuevo, han pasado décadas antes de que se procediera a encauzar un programa, añadiendo que no se pide nada adicional, y que sólo se requiere que los mismos programas que se realizan hoy queden expresamente establecidos en una ley debidamente financiada.
Enseguida, la señora Presidenta de la Comisión Mixta ofreció la palabra a la Ministra del Medio Ambiente , señora María Ignacia Benítez.
La señora Ministra recordó que en el mes de noviembre de 2009, se estableció el “Programa de Intervención para Mitigación del Polígono Contaminado por Polimetales en la ciudad de Arica”, en el cual se fijaron metas y tareas a la Intendencia Regional , en coordinación con el Ministerio del Interior, Salud, Vivienda, Medio Ambiente , Educación, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia , de manera de otorgar una solución integral al problema de la contaminación en fa ciudad de Arica.
Añadió que existen diversas acciones que ya fueron ejecutadas, como las del Puerto de Arica, en la Zona Industrial donde ya se realizó el plan de mitigación, construyéndose galpones e instalándose adocretos para confinar y evitar la expansión de contaminantes. En la zona Maestranza se ejecutó el plan de mitigación mediante la aplicación de polímeros. Añadió que en la totalidad del polígono contaminado se aplicaron estabilizadores químicos, que permiten sellar el suelo e impedir la propagación de agentes contaminantes
Señaló que otras acciones ambientales en ejecución, son la limpieza de viviendas, lavado de techumbres, paredes, cambio de techumbres de viviendas más afectadas, sellados de patios en viviendas cubiertas de polvo en suspensión, que se comenzaron a ejecutar en abril de 2011, con financiamiento compartido de la Intendencia de Anca y Parinacota, y del FOSIS.
En enero del 2010, continuó, se inauguró el Centro de Salud Ambiental; en marzo del 2011, ya se había examinado al 95% de la población, señalando que los exámenes demostraron que solamente un 0,4% de los habitantes excede los valores normales de plomo en la sangre, y un 12,2% lo excede por arsénico, aseverando que todas estas personas están siendo debidamente tratadas.
Enseguida, refirió que se está efectuando un monitoreo constante de polimetales en el agua, polvo sedimental y suelo en escuelas mitigadas y evaluaciones sanitarias ambientales en hogares, todo ello a cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y Medio Ambiente. Aseveró que la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente determinó los niveles de metales existentes en distintos puntos de la ciudad, para lo cual se tomaron 440 muestras en 40 cuadrantes. En una segunda etapa, continuó, se ejecutará el análisis de muestras de suelo, subsuelo, agua potable, aire. Terminando con una tercera etapa de seguimiento y modelación de la dispersión del material particulado.
Aseveró la señora Ministra de Medio Ambiente que todo ello permite delimitar las áreas de riesgo actual post-intervenciones, para ajustar y comunicar las medidas de gestión a implementar.
Informó que el presupuesto estimado para la totalidad de las acciones que deben efectuar los distintos Ministerios en términos de mitigación, limpieza de casas, proyecto de mejoramiento urbano, programa de salud global,1.200 subsidios habitacionales, canchas, calzadas, áreas verdes primera etapa, diagnóstico de reconversión urbana y evaluación de riesgo, asciende aproximadamente a 70 millones de dólares, (considerando un plazo de cuatro años) equivalente a $4.400 millones de pesos, incluyendo lo que ya se ha gastado.
Concluyó la señora Ministra de Medio Ambiente aseverando que, a juicio del Ministerio del Medio Ambiente no es necesario legislar en la materia, siendo suficiente implementar el programa de mitigación en el polígono con presencia de polimetales. Agregó que el Ministerio a su cargo tiene competencia para ello, puesto que corresponde a éste proponer políticas, generar normas, planes y programas en materia de residuos y suelos contaminados.
En relación a la determinación de una zona geográfica contaminada que requiera la definición de “norma primaria de calidad ambiental”, en función de la salud humana, señaló que este tipo de normas aplican en todo el territorio nacional, agregando que la norma de calidad de suelo en sitios específicos, se hace en cada uno de los lugares en los cuales uno está efectuando este tipo de estudio, por lo tanto, el enfoque no puede ser de “norma primaria de calidad ambiental”.
Enseguida, el Subsecretario General de la Presidencia , don Claudio Alvarado señaló que el Ejecutivo tiene discrepancias con la posición de los Honorables parlamentarios, ya que a juicio del primero es suficiente el Protocolo de Acuerdo de Acción Interministerial, y en una posición legítima algunos señores Senadores y Diputados plantean que esos programas de acción deben estar claramente explicitados en la ley, siendo insuficiente una delegación de facultades. Añadió que mientras se tramitaba el proyecto en estudio el Gobierno consciente del problema que existía, llevó a cabo este Plan de Mitigación Interministerial, proponiendo que se otorgue un plazo de reflexión en aras de llegar a un acuerdo sobre el tema.
El Honorable Senador señor Jaime Orpis discrepó del planteamiento anterior, aseverando que no es lo mismo una ley que tiene carácter imperativo a una delegación de facultades que depende de la mera facultad o arbitrio del Poder Ejecutivo .
El Honorable Diputado señor Gabriel Ascencio manifestó su extrañeza por las expresiones del Ejecutivo, en orden a que no es necesaria la dictación de una ley, aseverando que constituirá una enorme frustración para los afectados por la contaminación de polimetales, preguntando quién [e explicará a la población afectada que no habrá ley, y que cada Ministerio se hará responsable sectorialmente de lo que le corresponda, en circunstancias que durante la campaña senatorial y presidencial todos los sectores prometieron otorgar una solución legal.
El Subsecretario señor Claudio Alvarado manifestó que en ningún caso el Gobierno elude su responsabilidad, señalando que todos comparten igual diagnóstico y que el Gobierno ha dado pruebas de ello, lo que se refleja en la inversión de recursos y en su interés por avanzar en la mitigación del impacto que la contaminación ha provocado en Arica. Recordó que este proyecto data del año 2009 y que esta Administración le ha dado continuidad actuando en base al Protocolo de Acuerdo Interministerial. Afirmó que el Ejecutivo no se cierra a conversar ni a recibir los puntos de vista aquí planteados.
El Honorable Senador señor Horvath señaló que hay otros fugares en Chile que presentan situaciones similares, citando los casos de Chañaral y de Puchuncavi, expresando que sería valioso encontrar una solución que se pueda adaptar a las situaciones de contaminación existentes o que puedan sobrevenir en el país.
El Honorable Senador señor Navarro afirmó que las expresiones del Ejecutivo constituyen un golpe para la confianza respecto del cumplimiento de los compromisos que adoptan los Gobiernos, relatando que fue uno de los primeros en denunciar esta situación y que han pasado al menos cinco Ministros de Salud que se han comprometido a solucionar la materia y que nuevamente la solución está a fojas cero.
En sesión celebrada el día 3 de mayo de 2011, el Subsecretario de Salud , doctor Jorge Díaz dio a conocer los resultados del estudio encargado a la Universidad Católica, realizado en el primer trimestre del año 2011, que contiene el perfil epidemiológico de la comuna de Arica, comparado con otras tres ciudades de Chile, y una propuesta de un sistema de vigilancia epidemiológica ambiental. Añadió que la comparación se efectúa entre dos tipos distintos de ciudad, relacionado con sus respectivos perfiles socioeconómicos, con el propósito de validar los resultados.
Aseveró que el estudio demuestra que no hay diferencias en los problemas de salud, epidemiológicos, morbilidad y mortalidad en estas cuatro ciudades, las que están segmentadas en diversos tipos de nivel socio económico.
Señaló que para ello se realizó un análisis de la literatura médica mundial, buscando cuáles son las patologías o enfermedades que se encuentran asociadas a la presencia de polimetales en el suelo de estas ciudades, procediendo a aislar 12 patologías específicas que están codificadas bajo la clasificación internacional, a saber: cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de mamas, enfermedades cardiovasculares, mortalidad infantil, abortos espontáneos, mortalidad y depresión.
Refirió que además se establece un modelo de vigilancia epidemiológica que señala 14 elementos a los cuáles se les deberá efectuar un seguimiento con el propósito de observar las patologías señaladas, y otros aspectos específicos tales como capacidad cognitiva y vigilancia de algunos biomarcadores de exposición a los polimetales.
Aseveró que la posición de la Subsecretaría, independiente de los estudios que aún se deben realizar, es la de continuar en el control epidemiológico, más aún cuando se encuentran variaciones significativas entre la población contaminada en la ciudad de Arica y otras poblaciones que fueron estudiadas anteriormente.
El Honorable Senador señor Orpis, expresó que conocía la existencia del citado estudio, afirmando que le parece increíble la aseveración del señor Subsecretario de Salud que afirma que las personas de Arica y las de Concepción experimentan igual grado de contaminación, ya que en Arica las personas han estado expuestas por casi dos décadas a este tipo de polimetales, arguyendo que tal razonamiento induce a preguntar para qué se están realizando acciones en vivienda o en salud, e incluso cual es el motivo para legislar en la materia.
El Honorable Senador señor Rossi connotó la secuencia que ha existido al interior de esta Comisión Mixta, señalando que en una primera instancia la señora Ministra del Medio Ambiente afirmó que al Gobierno no le parecía necesario legislar en la materia; enseguida el señor Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia no emitió un pronunciamiento categórico respecto a la iniciativa y, hoy el Subsecretario de Salud señala que los estudios realizados demuestran que no hay más mortalidad o morbilidad en Arica que en La Serena.
Añadió que el Ministro de Salud se comprometió a que se efectuarían los exámenes de salud correspondientes por los daños y secuelas que la contaminación produjo en las personas; que los mismos podrían hacerse preferentemente en el actual sistema de salud; que irían especialistas a la zona si era necesario reforzar la tarea, y adicionalmente se instalaría una Unidad Especial de Diagnóstico en el Hospital Regional Dr. Juan Noé.
Luego consultó al señor Subsecretario cuántas personas se han atendido en la denominada Clínica del Plomo, cuántas se han derivado a especialistas, y si se ha efectuado una evaluación de los exámenes.
El Honorable Diputado señor Vargas afirmó que es difícil entender lo señalado por el señor Subsecretario de Salud , afirmando que numerosas familias se han practicado exámenes, en forma particular, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, arrojando como resultado diagnósticos que dan cuenta de patologías severas que tienen su origen en la contaminación por polimetales.
El Honorable Diputado señor Baltolu, aseveró que las personas de Arica no estaban contaminadas y ahora si lo están, siendo acreedoras a la garantía del Estado al derecho a vivir en un lugar libre de contaminación y al acceso real a la salud.
El Honorable Diputado señor Ascencio aseveró que la Cámara de Diputados al otorgar su aprobación al proyecto de ley en estudio, entendió que el denominado Plan Maestro que se había diseñado para la realización de acciones en vivienda, salud y educación se iba a ejecutar a cabalidad y que la iniciativa legal así lo garantizaba.
Continuó señalando que el Senado, al rechazar el proyecto, lo hizo con el propósito de obtener mayores garantías para los afectados, y también establecer mayores exigencias y compromisos para las autoridades involucradas en el proceso.
Manifestó su extrañeza por los dichos de la señora Ministra de Medio Ambiente , en orden a que el Ejecutivo no considera necesaria una ley, y a lo aseverado por el señor Subsecretario de Salud , en cuanto refiere que no se ha detectado una contaminación mayor por polimetales en las personas que viven en los sectores mencionados, y que éstos presentan igual grado de plomo y arsénico que habitantes de ciudades como La Serena y Antofagasta.
El Honorable Senador señor Navarro manifestó que todos los informes coinciden en que las personas que viven en el sector están contaminadas, situación que se ve agravada por el hecho que el Estado ha depositado estos materiales tóxicos en el lugar denominado “Quebrada Encantada”, lo que constituye otra amenaza a la población de Arica.
Acotó que en septiembre del año 2009, la entonces Ministra de Medio Ambiente , señora Ana Lya Uriarte, aseveró que el Gobierno se había comprometido a erradicar a 7.000 vecinos de zonas contaminadas en Arica, agregando que el Gobierno debe tener una propuesta que dé cuenta de las inquietudes de la población afectada.
El Honorable Senador señor Orpis, reiteró su preocupación por los dichos del señor Subsecretario , señalando que si hay algo con lo que no se puede jugar es con la salud de las personas, y que lo expuesto le reafirma aún más la convicción respecto a la necesidad de legislar, particularmente respecto de las acciones de salud. Asimismo, expresó su malestar por el hecho que el Ministerio de Salud no haya certificado desde ya la existencia de enfermedades originadas por la presencia de polimetales en la zona.
Enseguida, el señor Subsecretario de Salud precisó los conceptos vertidos, señalando que se ha reconocido la existencia en la zona de productos contaminantes más allá de lo razonable conforme a los estándares internacionales, sin embargo, precisó, que no existe un estudio de línea de base que determine cuánto es lo deseable en sectores determinados.
Luego detalló las acciones de salud realizadas por el Servicio de Salud de Anca y Parinacota al 29 de abril de 2011, a saber:
1.- Se han realizado 11.455 ingresos de atención médica, en tanto que existen 3.908 que no han concurrido a las citaciones realizadas para atención médica.
2.- Se han generado 3.056 interconsultas para diferentes especialidades (2.404), y exámenes de imagenología y otros (652), lo que equivale a un 23,5% del total de las atenciones médicas realizadas.
3.- Se ha otorgado hora para resolución de interconsultas a 2.950 personas, que corresponden a un 96,5% de cumplimiento por parte del Servicio de Salud.
4.- El Centro de Salud Ambiental ha enviado al Instituto de Salud Pública un total de 10.551 muestras de plomo y 10.634 de arsénico, habiéndose informado un 92% de los exámenes tomados en el Instituto de Salud Pública.
Destacó que en el caso de las muestras de plomo, el resultado arrojó que sólo el 04% está sobre la norma aceptada; en tanto que respecto al arsénico, el 13,1% se encuentra sobre los estándares aceptados, agregando que estos valores son menores a los medidos en otras ciudades del país, como ocurrió en las ciudades de Antofagasta, Viña del Mar y Santiago, en la década de los 90.
Aclaró que lo que se mide es el arsénico inorgánico, puesto que se encuentra asociado a un eventual daño, refiriendo que uno de los daños es el cáncer a la piel, expresando que en el grupo de personas examinadas se detectaron 11 personas con este mal, que corresponde a un porcentaje inferior al que presenta el resto de nuestra población.
Continuó señalando que mayores detalles de los exámenes, muestras, análisis y procedimientos se detallan en el “INFORME DE CENTRO DE SALUD AMBIENTAL, SERVICIO DE SALUD DE ARICA”, de fecha 29 de abril de 2011, que se acompaña como anexo del presente informe y se considera parte del mismo.
A la sesión efectuada el 10 de mayo de 2011, asistieron el Profesor Titular de la Universidad de Chile, Doctor Andrei N. Tchernitchin y el Ministro de Salud , doctor Jaime Mañalich.
El doctor Andrei N. Tchernitchin efectuó una cronología sobre el tema, refiriendo, además, que hace 2 años se formó una Comisión integrada por cuatro Ministros de Estado para otorgar una solución a las personas afectadas por la contaminación en Arica.
Expresó que para conocer las concentraciones de plomo en el suelo, se tomaron 3 tipos de muestras: en la superficie; a 15 cm. y a 1cm. de profundidad, señalando que el análisis no sirvió por cuanto se mezclaron las tres muestras, obteniéndose valores menores que los reales.
Señaló que en los fugares donde hay mayor concentración de plomo son el Puedo y la Maestranza Villa Santa María; en tanto que aparecen altas concentraciones de arsénicos alrededor del Puerto, que se está expandiendo por toda la ciudad.
Enseguida se refirió a los tipos de exposición a contaminantes y otros componentes tóxicos y a las consecuencias que ocasionan en la salud de las personas, a saber: exposición aguda, exposición crónica, exposición pre-natal, perinatal o infantil temprana y exposición embrionaria.
Afirmó que la exposición aguda crónica perinatal produce mutaciones, cáncer, malformaciones congénitas e imprinting. Explicó que el imprinting es una deprogramación celular, proceso en el cual las células quedan con distinto número de detectores de hormonas, cuyas consecuencias son la existencia de cáncer, quistes mamarios y la alteración de fa personalidad del individuo, debido a la alteración de los neurotransmisores. Agregó que esta deprogramación es causada por el plomo, la nicotina y los plaguicidas.
Respecto a la alteración de la personalidad, relató que en Estados Unidos de Norteamérica se han realizado estudios que demuestran que aquellos adolescentes contaminados por plomo presentan un alto índice de delincuencia, agregando que la exposición prenatal al plomo genera en los hijos una adicción a las drogas de abuso.
En cuanto a la exposición al arsénico durante el período prenatal, aseveró que produce alteraciones irreversibles en el aparato respiratorio, infarto al miocardio, artritis reumatoide, y lupus eritematoso.
Enseguida, el doctor Tchernitchin manifestó que la contaminación referida se produjo por la existencia de desechos tóxicos provenientes de Suecia; relaves de Promel Chile en Arica; concentrados de plomo provenientes de Bolivia al Puerto y desechos tóxicos en Copaquilla.
En lo que respecta a los desechos tóxicos provenientes de Suecia, aseveró que la Empresa Bolidens Metals Suecia contrató con Promel Chile S.A. el retiro de estos desechos tóxicos desde Suecia, refiriendo que esta última obtuvo autorización para ello con el pretexto de que de ahí se obtendrían metales preciosos.
La correspondiente autorización de importación, fue otorgada por el Director de Salud de Arica, el año 1983, afirmando que “no es tóxico, cualquiera lo puede manipular y no se puede digerir”.
Luego Promel S.A. virtió entre 17.000 y 20.000 toneladas de desechos, cerca del cerro Chuño, autorizando el Ministerio de la Vivienda la construcción de las primeras poblaciones cerca del lugar del vertimiento. Con posterioridad, los sucesivos Ministros de Vivienda y Urbanismo autorizan la construcción de otras casas cercanas al lugar de vertimiento de los desechos. Afirmó que los primeros problemas de salud de los habitantes de estas poblaciones aparecen en niños y adolescentes que juegan cerca del cerro donde se apilan los desechos, y que al tomar conocimiento de la situación el Capítulo Regional Anca del Colegio Médico de Chile AG. solicita al doctor Juan Luis Castro, a un neurólogo y a él mismo la evaluación de la situación.
En la primera visita observan que las poblaciones se encuentran adelante de los desechos, sin embargo antes de efectuar la segunda visita comienzan los camiones a trasladar desechos a Quebrada Encantada, lugar que presenta una pendiente y que, en caso de lluvia podría provocar un aluvión. Ante tal observación las autoridades envuelven íos desechos, y aquellos ubicados en el puerto son rociados con agua para evitar que se quemen, lo que produce polvo en suspensión y comienzan estos tóxicos a esparcirse al resto de la ciudad.
Aseveró que al proceder a tomar muestras de sangre en niños para medir plomo en las personas contaminadas, y contrastarlas con los metales existentes en los desechos se observa que los elementos son los mismos, con excepción del mercurio, atendido que éste último se volatiliza, añadiendo que posteriormente el Colegio Médico de Chile toma muestras de sangre en niños del sector Los Industriales y Cerro Chuño, constatando que presentan exposición al plomo y al arsénico, situación que es denunciada a la prensa y que, no obstante ello, las autoridades no adoptan las medidas correspondientes.
Enseguida refiere que el año 2001, la entonces Ministra de Salud visita Arica y dispone se tomen 5.000 muestras de sangre a niños y adolescentes de Cerro Chuño y Los Industriales, habiéndose informado sólo 500 exámenes a la población, aseverando que la información entregada no es veraz, por cuanto tanto el plomo como el arsénico se expresaron en ug/dl de orina, en circunstancias que se acostumbra a expresar estos niveles en ug/L, vale decir los porcentajes aparecen divididos por diez, lo cual para una persona sin mayores conocimientos en el tema aparece como una cantidad baja. Añadió que tuvo acceso a los mismos resultados entregados por el Instituto de Salud Pública, los cuáles se encontraban correctamente expresados en ug/L de orina.
Continuó relatando que el año 2009, la municipalidad de Arica responsabiliza al Gobierno por no entregar el resultado del resto de los exámenes (aproximadamente 4.500), ante tales circunstancias procede a afirmar que tiene los resultados, apareciendo los exámenes extraviados dos días después en la bodega de la Municipalidad de Arica.
Luego se refirió a los desechos tóxicos encontrados en Copaquilla señalando que en el año 2010 se realizó un estudio, con el propósito de verificar la dispersión de los contaminantes desde los acopios de desechos mineros en Copaquilla y la posible contaminación en otras zonas, incluyendo el valle de Azapa, que arrojó como resultado la existencia en el sector de aproximadamente 2.000.000 de toneladas de desechos mineros, vale decir una cantidad 100 veces superior a los desechos que importó Promel S.A.
Los resultados del análisis químico realizado en los laboratorios del Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile, que contiene además muestras de suelo y agua en varios sectores de la Región de Arica y Parinacota, dieron como resultado altísimas concentraciones en los sitios 090 y 092 (río de arena proveniente de los acopios de Copaquilla y también suelo de la ex piscina de procesamiento). Dichas concentraciones alcanzaban 545 y 399 mg/kg, en circunstancias que para la ciudad de Arica el límite establecido por la Comisión Nacional del Medio Ambiente para la intervención asciende a 20 mg/kg, el que, además, es bastante más elevado que el nivel permitido por la Organización Mundial de la Salud.
Destacó que muestras de suelo tomadas en Livilcar, a la orilla del río, muestran elevados niveles de arsénicos (17,7mg/kg), lo que permite inferir que los elevados niveles de contaminación se originan en material proveniente de acopios en Copaquilla.
Respecto al contenido de arsénico en agua, en Livicar se encontró 94,4 mg/L, nivel que supera con creces la norma de 10 mg/L. Los resultados sugieren que la contaminación proviene de la misma fuente, es decir de los acopios de Copaquilla.
Enseguida, señaló las acciones que, en su opinión, deben adaptarse para erradicar la contaminación.
1) En la ciudad.
- Repetir las muestras tomadas en la ciudad de Arica, en la superficie, a 10 centímetros y a 1 metro de profundidad, y comenzar el retiro de 10 centímetros del suelo de toda la ciudad, mientras se obtienen los resultados de las muestras antedichas.
-Aquellos sectores en que exista contaminación a mayor profundidad sólo pueden declararse aptos para fines industriales, estableciendo la obligación para las empresas que ahí se instalen de proceder a sellar el suelo.
-Descontaminar el sector de Copaquilla y controlar la presencia de polimetales en las aguas del Río San José y del Valle de Azapa.
-Enterrar la tierra contaminada en un lugar sin desnivel y cubrir los desechos debidamente con tierra impermeabilizada.
2) En las personas afectadas.
-Efectuar controles gratuitos y permanentes a todas las personas afectadas, puesto que se está en presencia de un problema país, teniendo el Estado la obligación de reparar. Asimismo, se debe efectuar tratamientos gratuitos a quienes presenten signos y síntomas de enfermedades causadas por polimetales y a quienes presenten niveles altos en orina, sangre o cabello, según corresponda.
-Efectuar controles especiales a mujeres que quieran embarazarse (antes del embarazo, durante su gestación y lactancia del niño), tratamientos previo al embarazo a quienes presenten altos índices de plomo y suspensión de lactancia si se presenta contaminación.
-Prevención de conductas delictivas, tratamiento sicológico para encausar conductas agresivas; prevención de adicción a drogas de abuso, y educación personalizada a educandos con deficiencia intelectual, déficit atencional y de la memoria.
-Mantención del plan diseñado por equipo de especialistas del Programa de Polimetales en Arica.
La dirigente del sector cerro Chuño e Industriales II, señora Myriam Aguirre, afirmó que existen diferencias sustantivas entre los diagnósticos que efectúa el Servicio de Salud del Ambiente de Arica, y los que realizan establecimientos médicos privados o de otras ciudades.
A vía de ejemplo relató el caso de un niño al que el Servicio de Salud del Ambiente entregó un diagnóstico de “cefalea mixta”, en circunstancias que la Clínica Las Condes de Santiago, una vez que efectuó y analizó los exámenes practicados al mismo paciente diagnosticó “daño irreversible en ambos lados del hemisferio cerebral”. Añadió que existe constancia de seis casos como el señalado y que, dado que en Arica no existe la capacidad o la voluntad para efectuar diagnósticos veraces no se puede otorgar el tratamiento adecuado.
Aseveró que también existe un conjunto de niños, correspondientes a la tercera generación de las primeras personas que vivieron en los lugares contaminados, que han nacido con malformaciones congénitas, ya sean orificios en el oído, pié de sirena, malformaciones congénitas en el corazón, etc. que aún siguen viviendo en el mismo lugar, toda vez que no se están asignando subsidios para la vivienda.
Señaló que el Estado no es capaz de realizar un diagnóstico claro y preciso, como tampoco presenta la capacidad para efectuar un tratamiento adecuado, agregando que no existe voluntad de los organismos para certificar determinados diagnósticos y, por lo tanto, es imposible obtener un tratamiento adecuado.
Refirió que además es evidente la falta de coordinación entre los distintos servicios de salud, la inexistencia de médicos especialistas en el tema, y también que no existe confianza sobre la veracidad de la información que se entrega al nivel central.
Luego se refirió al estudio a que aludió en la sesión anterior el Subsecretario de Salud , el que determinó que la ciudad de Arica no era una ciudad contaminada, ya que sólo el 12,5% de las 1.200 personas evaluadas tienen un alto grado de contaminación, expresando que Arica no es una ciudad minera y que la población se enfermó a consecuencia de un hecho ilícito.
Instó a las autoridades a legislar en salud, educación, vivienda y también solicitó se considere la realidad de las personas contaminadas al asignar el puntaje en la Ficha de Protección Social, señalando que a un niño con bronquiastasia se le otorgó una pensión de invalidez de $ 75.000, quedando impedido para postular a cualquier subsidio estatal, ya que debido a ello presenta un puntaje muy alto en la Ficha de Protección Social.
Señaló que es un deber del Estado legislar en materia de salud, ya que las personas contaminadas tendrán el daño de por vida, además de que existe evidencia de la prevalecencia de la contaminación hasta la tercera generación. Agregó, que no sólo hay que considerar las acciones de salud sino que también una indemnización que les compense el daño causado.
En materia de vivienda, agregó, debe legislarse a la brevedad, expresando que el año 2009 las autoridades señalaron que erradicarían a 1.880 personas, y que el Gobierno actual disminuyó la cantidad a 1.300. Manifestó que han pagado durante 15 años sus casas, por lo tanto, las viviendas que se les asignen deben ser del mismo valor.
Concluyó afirmando que la solución debe ser integral y las medidas deben quedar plasmadas en una ley.
El Ministro de Salud , señor Jaime Mañalich, refirió que en el mundo de la medicina se ha elaborado un paradigma en el que se entiende que una exposición a determinados agentes ambientales, en una dosis elevada, y por un tiempo prolongado puede asociarse al desarrollo de ciertas enfermedades.
Agregó que establecer una causa-efecto en este ámbito, vale decir afirmar que la absorción de plomo produjo tal enfermedad no es un tema fácil. A manera de ejemplo señaló que actualmente nadie rebatiría que la exposición a la combustión del cigarrillo produce cáncer pulmonar, no obstante ello para llegar a esta certeza transcurrieron más de 30 años.
Manifestó que es sumamente difícil establecer la relación causa-efecto, y es por ello que se utilizan indicadores intermedios, aseverando que en el caso de Arica, independiente de la existencia de plomo u otros agentes contaminantes, se sabe que de 100 personas que nacerán, 7 de ellas tendrán cáncer sí o sí, con contaminantes o sin ellos y, en definitiva nos encontraremos en algunos años más, con 7 personas que han desarrollado cáncer, y la gente vinculará el desarrollo de este cáncer a la exposición a los polimetales.
En ese contexto, continuó, el Ministerio de Salud le encomendó a la Universidad Católica de Santiago una evaluación estadística, en el sentido de determinar si estos niveles de contaminantes ya sea en suelo o agua, han podido demostrar estadísticamente que las enfermedades que mencionó el Profesor Tchernitchin y las señoras dirigentes son más frecuentes en Anca, y la respuesta del estudio fue categóricamente que no, ya que no se pudo demostrar estadísticamente que en la ciudad de Anca existía mayor prevalencia de estas enfermedades que en otros lugares del país.
Agregó que algunos podrán sostener que este estudio no es correcto, y ello se debe a lo que en estadística se llama un error beta, lo que ocurre por dos factores: el primero, la muestra no es significativamente grande y, el segundo, porque el tiempo de exposición que ha mediado entre la exposición crónica y el tiempo transcurrido aún es demasiado breve para observar los fenómenos asociados.
Luego, el señor Ministro de Salud , aseveró que existe un hecho indiscutible, cual es que se ha demostrado en relación a este acopio de residuos tóxicos, altos niveles de determinados componentes que se sabe son condicionantes de enfermedades en los seres humanos. En tal sentido, afirmó, las evidencias son suficientemente sólidas para tratar estas condiciones de riesgo ahora, sin mayor dilación.
Agregó que tanto este Gobierno como los anteriores han realizado esfuerzos tendientes a disminuir a como dé lugar toda exposición a los tóxicos de la población de Anca, vale decir realizar acciones de mitigación, y a obtener las mejores condiciones posibles para efectuar el seguimiento de la salud de la población, para tratar precozmente las enfermedades ocasionadas por la exposición a tales sustancias.
En virtud de lo anterior, el señor Ministro de Salud expresó ser partidario absoluto de la dictación de una ley, ya que esta situación, en su concepto, no puede permanecer sujeta a una discusión presupuestaria anual.
Continuó señalando que se debe encausar este riesgo, lo cual requiere de un financiamiento permanente y de la designación de una autoridad a nivel central que ejecute, coordine y articule las medidas y acciones que establezca la ley.
La Honorable Senadora señora Aivear señaló que resulta alentador escuchar a un Ministro de Estado que coincida con los planteamientos de los integrantes de esta Comisión Mixta, en el sentido de la necesidad de legislar para establecer acciones y la adopción de medidas concretas, y que otorgue un financiamiento permanente para llevar a cabo las mismas.
El Honorable Senador señor Rossi manifestó que ha sido reconfortante escuchar al Ministro de Salud y que coincide en que es necesario avanzar en la aprobación de una ley, y en la necesidad de nombrar a un Ministro que articule la labor, ejecute y coordine las acciones y programas que establezca la ley.
El dirigente de los trabajadores de PROMEL S.A., señor Arturo Flores señaló que el grupo al que representa es el más postergado de todos, agregando que en PROMEL S.A. laboraron 2.500 trabajadores, entre los años 1978 y 1994, de los cuales ya han fallecido aproximadamente la mitad.
Agregó que a este grupo de trabajadores se los acogió a la ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, siendo atendidos por una mutual, afirmando que si actualmente no se les encuentra plomo en el torrente sanguíneo, se ignorará el tema de los huesos, es decir la malformación no será atendida por la mutual, que es un ente privado, de modo que el trabajador que no estuviere acogido a previsión deberá costearse su propio tratamiento. Agregó que por ello deben ser considerados en la ley.
Señaló que también le preocupa los parámetros que se utilizan para determinar que un trabajador está contaminado por plomo, ya que en el caso de los trabajadores de Codelco basta con un nivel de 0,5 de plomo, en tanto que a ellos se les considera contaminados con un porcentaje de 35, preguntándose las razones de tal diferencia.
La dirigente señora Marta Quisbert manifestó no entender las razones por las cuales en un comienzo las autoridades afirmaron que el sector Los Industriales III y IV iba a ser erradicado y ahora señalan lo contrario. Afirmó que en dicho sector vive una niña de 14 años con diagnóstico de cardiopatía, producto de la exposición al plomo de su madre durante el embarazo, agregando que también obra en su poder los diagnósticos de 72 niños con malformaciones, los que obviamente debieran hacer abandono del lugar.
El Honorable Senador señor Orpis, manifestó que la piedra angular para resolver el tema de la contaminación es el tema salud ya que a partir de ello se gatilla todo el proceso, expresando su satisfacción por lo aseverado por el señor Ministro en orden a que no se buscará la relación de causalidad y se actuará de inmediato.
El Honorable Diputado señor Vargas expresó su reconocimiento a las señoras y señores dirigentes, a la vez que agradeció al Ministro de Salud , ya que aseveró que es la primera vez que una autoridad reconoce públicamente la necesidad de legislar para dar solución a este grupo de personas que llevan 20 años luchando. Al mismo tiempo, manifestó tener confianza en que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo sostenga igual planteamiento.
El Honorable Diputado señor Baltolu expresó su conformidad con lo planteado por el señor Ministro de Salud respecto a la necesidad de legislar a la brevedad posible, ya que reconocida la condición de riesgo debe garantizarse que las personas tendrán tratamiento y seguimiento.
A la sesión del 17 de mayo de 2011 asistió el Ministro de la Vivienda y Urbanismo , señor Rodrigo Pérez Mackenna, quién expuso sobre el Plan de Mitigación Ambiental que llevará a adelante el Ministerio del Interior, este consiste, señaló, en la aplicación de un estabilizador químico que neutraliza las emisiones de polvo en los sitios industriales, acompañado de la nivelación de los terrenos para su correcta aplicación y del lavado de viviendas en sectores como Sica-Sica. Luego de la primera etapa, explicó, se aplicará en todas las zonas que se pretende remediar.
Recordó también, la existencia de un proyecto ejecutado por el Ministerio que dirige, que contempla el diseño e implementación de varios complejos deportivos en terrenos que ya fueron recuperados, como el Complejo Deportivo Esteban Alvarado, el cual debiera ser entregado a fines del primer semestre del año 2011. Asimismo, indicó, al término de ese año debieran estar concluidos los diseños de los complejos de Huamachuco, Araucanía, Sica-Sica, Alborada e Industriales 1-11-111-1V.
Respecto a la erradicación, mostró en un plano el sector que será beneficiado e informó que el año 2010 ya se asignaron 825 subsidios habitacionales, el año 2011, en tanto, se han asignado 30 de manera adicional, completando una cifra de 855 subsidios asignados de un total de 870 familias. Sobre el lugar de destino de las personas favorecidas, comunicó que se han iniciado las obras de un primer proyecto que consta de 130 soluciones habitacionales, consistente en departamentos de 61 mts2 con tres dormitorios, sala de estar, comedor, cocina y baño. Agregó que se avanza en un segundo proyecto que también contempla 130 departamentos, el que se encuentra en etapa de cierre de inscripciones. Finalmente, notificó, se está en la etapa de diseño de 400 casas, en el sector de Punta Norte, proyecto que sumado a los dos anteriores cubre casi la totalidad de las necesidades en materia de vivienda.
Además, apuntó, están las soluciones para las áreas que serán intervenidas, donde se consideró a los sectores denominados Industriales 111 y IV, los que reúnen a 750 familias. Cada una cuenta con un subsidio de 640 UF.
El Honorable Senador señor Orpis planteó, como problemática general, la falta de difusión de los parámetros que distinguen las dos vías de solución, mitigación y erradicación. Lo ideal, sostuvo, sería determinar en etapas sucesivas si un terreno, en particular, está contaminado, luego examinar el nivel de contaminación que padece, para, finalmente, analizar la posibilidad de permanencia de asentamientos humanos en el lugar. En el caso de las zonas contaminadas en la ciudad de Arica se ha seguido el criterio de consultar a las personas afectadas su pretensión de permanecer o ser erradicadas del sector, sin importar si el nivel de contaminación existente en él, posibilita la vida humana.
En materia de mitigación, expresó, es de suma importancia la promulgación del proyecto de ley que se debate, porque una parte de los materiales contaminantes continuará en el lugar, ya que no se pretende eliminarlos, sino sólo sellarlos. Por ello, puntualizó, si en el futuro el sello fallase, el Estado debe responder por los daños que se pudieren ocasionar.
Otro problema, manifestó, ha sido la falta de terrenos disponibles para construir viviendas. Al respecto, informó que en el sector del Cerro La Cruz existe un sitio eriazo perteneciente al Fisco, donde cabe una importante cantidad de viviendas, el que podría ser considerado para tal efecto, previa elaboración del estudio de TÍTULO respectivo.
El Honorable Senador señor Rossi, a su turno, compartió lo señalado por Su Señoría, ya que, afirmó, los parámetros de erradicación no pueden estar sujetos a consideraciones económicas. En ese sentido, consultó si se ha iniciado una búsqueda de soluciones distintas que se hagan cargo de una reparación justa, acorde con el valor comercial de las viviendas. En segundo término, preguntó por la incidencia de la problemática en los programas habitacionales habituales destinados a la zona, porque la demanda por vivienda en la ciudad de Arica es inmensamente dinámica. Por último, mostró interés por conocer la situación de otras zonas como La Alborada, Sica-Sica y Araucanía, en especial, por las condiciones para erradicar a su población.
La Honorable Senadora señora Alvear se sumó a la ronda de consultas de los Honorables Senadores que la antecedieron en el uso de la palabra, preguntando, en primer lugar, por la nivelación de los terrenos para asegurar una aplicación correcta del estabilizador químico. También demostró preocupación por la mitigación y el lavado de techos, precisamente en relación al lavado, señaló, se han escuchado en sesiones anteriores opiniones de expertos en el tema, quienes señalaban que producido el lavado, al poco tiempo, volvía a contaminarse completamente, la duda es, consultó, cada cuánto tiempo se efectuará el lavado, porque las techumbres están permanentemente sucias con polvo contaminado.
Solicitó asimismo, conocer la fecha en que se concretará la entrega de las viviendas respecto de los 855 subsidios habitacionales asignados, indicados anteriormente por el señor Ministro.
Por último, expresó inquietud por los tipos de viviendas ubicados en algunos sectores que no se enmarcan dentro de la población beneficiaria de subsidios estatales, porque sus condiciones socioeconómicas son diferentes. Al respecto, preguntó, si se ha ponderado alguna respuesta para esas personas.
El Honorable Diputado señor Baltolu manifestó que al momento de proceder a la erradicación de las familias, las casas deben ser pagadas al valor comercial que mantenían antes de sufrir la contaminación, ya que hoy, no tienen valor alguno. Sostuvo también, que la decisión de utilizar un terreno para vivienda debe basarse, exclusivamente, en consideraciones medio ambientales, y no económicas, pues no se puede obligar a las familias a permanecer en sitios contaminados. El Estado debe asegurar la calidad de vida de sus habitantes, concluyó.
En otro ámbito, solicitó la certificación por un organismo calificado, de los índices de contaminación existentes en el lugar, puesto que en oportunidades se han informado niveles tan disímiles que su verosimilitud queda en duda. En materia de salud, añadió, consideró necesario la realización de exámenes a las personas afectadas por la contaminación para dilucidar las posibles consecuencias en el organismo humano.
El Ministro de la Vivienda y Urbanismo , señor Rodrigo Pérez Mackenna, se refirió a las distintas consultas efectuadas por los parlamentarios, explicando como primer punto, que su cartera participa en conjunto con otros Ministerios de un plan para intervenir la zona afectada por la contaminación y dar soluciones integrales a los problemas que aquejan a sus vecinos. En ese contexto, indicó, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha ejecutado la parte correspondiente a la erradicación y remediación, que en el caso particular del sector del Cerro Chuño, ha tenido buena recepción por la población, dado que un 90% de sus integrantes ha aceptado la transacción.
En segundo término, declaró que el material contaminado que existía en el lugar fue trasladado a otra zona y sellado herméticamente, por lo que la contaminación actual en el lugar no es significativa, a ello, agregó, se deben tener presente las obras de mitigación que impulsa su Ministerio, las que disminuirán en el futuro, considerablemente el riesgo para la salud de los habitantes, por tanto, no es necesario erradicar a todos los sectores, tal es el caso de Los Industriales.
En resumen, expresó, el Ministerio que dirige está operando con las herramientas habituales de su sector, como son los subsidios habitacionales y los proyectos del Fondo Solidario I.
El Honorable Senador señor Orpis solicitó la palabra para hacer presente el tema referente a los estudios de toda naturaleza que se han efectuado en la ciudad de Anca. Por ejemplo, destacó, el estudio de la empresa Agriquem, que fue el que dio inicio al proceso, recomendaba erradicar vastos sectores de la zona contaminada. Por el contrario, apuntó, para el estudio efectuado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), no sería indispensable realizar ninguna obra, ni siquiera de mitigación, porque estaba bajo los estándares de otras ciudades del país, como Antofagasta. A su parecer, recalcó, el problema no es de la cantidad de estudios y las conclusiones que se expresan en cada uno de ellos, sino, de la convicción del Estado de la obligación de proteger la salud de sus habitantes, por ende, declaró, cabe preguntarse si el plan implementado es para la protección de la salud de las personas, o bien, es un plan de libre elección para cada individuo.
El Ministro de la Vivienda y Urbanismo , señor Rodrigo Pérez Mackenna, opinó que en el caso señalado por Su Señoría, se trata de una combinación de sistemas, ya que casos como el del Cerro Chuño, pese a que en el estudio de la PUC se indicaba que no existía peligro, se optó por la erradicación mediante incentivos que ofrecen soluciones superiores al valor comercial de la casas de sus habitantes. Por el lado de Los Industriales, en cambio, existe poco interés de los vecinos en abandonar el sitio.
El Honorable Diputado señor Baltolu solicitó al señor Ministro examinar con detalle el informe elaborado por la PUC, el cual señala que el nivel de contaminación de la ciudad de Arica es similar al de la ciudad de Antofagasta, pero la diferencia está, aseguró, en que la primera ciudad no está contaminada, sino que personas residentes del sector se contaminaron con los desechos minerales ingresados al país porque el Estado de Chile, a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) traspasó la línea de edificación urbana trazada, construyendo en la zona donde se ubicaban los restos del material contaminante, pero la ciudad, sostuvo, no está contaminada. En cambio en Antofagasta, apuntó, la población fue afectada porque el agua que consumía estaba contaminada con arsénico, que al cambiar la fuente de donde emanaba, solucionó el problema de toda la ciudad.
A su juicio, concluyó, la esencia de las soluciones que el Estado pueda proponer deben estar marcadas por criterios medio ambientales y de salud.
Ei Honorable Senador señor Horvath, por su parte, consultó por las acciones que se están llevando a cabo, por la responsabilidad que le compete a Suecia, quien también debiera asumir el problema como materia de Estado. Respecto a los estudios efectuados, llamó a las presentes a ser cautelosos porque no siempre reflejan el pensar de las instituciones que los preparan. Puso como ejemplo el suceso acaecido en el Río Las Cruces, ciudad de Valdivia, donde una población importante de cisnes murió a causa de la contaminación de sus aguas. En este caso, especificó, hubo estudios que indicaron que el agua utilizada por empresas del sector se reincorporaba al curso del río en mejores condiciones de las que ingresaba, lo que a todas luces parecía ilógico, pero no por ello, reiteró, se puede comprometer el prestigio de la institución autora del estudio.
Continuó señalando que a su entender, debían restituirse las condiciones originales de los habitantes de la ciudad de Arica a través del proyecto de ley que se debate, más allá del conjunto de medidas que se ofrecen como parte del plan que se expone ante esta Comisión.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, recordó que en sesiones anteriores de la Comisión, en las cuales había participado, quedó en evidencia ciertas diferencias de opinión sobre la forma de abordar la iniciativa legal que se discute. En dicha oportunidad, declaró, hacían presente que para el Ejecutivo , un programa, como el que se estaba implementando, con acciones concretas de distintos Ministerios, era un marco suficiente para acabar con el problema, no obstante, la opinión de los miembros de la Comisión era contraria, ya que si bien reconocían los avances efectuados a la fecha, dependía, en mayor medida, de la voluntad
del gobierno de turno. En ese sentido, prosiguió, los parlamentarios manifestaron preferir el establecimiento de las medidas en un texto legislativo, tornando obligatorio su cumplimiento, lo que ha sido recogido por el Ejecutivo.
En ese orden, anunció, el Ministerio al cual representa ha estado trabajando intensamente, en conjunto con los Ministerios de Salud, Educación, Medio Ambiente y Vivienda y Urbanismo, un proyecto marco que pudiese ser presentado en una próxima sesión como indicación sustitutiva. De igual forma, mencionó, se había concordado en la sesión anterior, la designación por la Comisión de parlamentarios que pudieran representarla, con el propósito de reunirse previamente al ingreso de la indicación anunciada.
Adelantó ciertas acciones que se plantearán, por ejemplo, informó, en el área salud, el establecimiento de las responsabilidades respecto a los diagnósticos actuales para el correcto seguimiento de las evaluaciones periódicas; en educación, ciertas consideraciones especiales para personas que hayan sido afectadas, y que sean debidamente acreditas por medio de un procedimiento de certificación; en vivienda, la acción de! Ministerio estará supeditada a lo que determinen, desde el punto de vista de contaminación eventual, los Ministerios de Salud y de Medio Ambiente, para que pueda ejecutar políticas de erradicación o de mitigación, según sea el caso; por su parte, señaló, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) tendrá a su cargo la ejecución de programas de mediano plazo que se articulen con las medidas que se adopten en la presente iniciativa legal; y, finalmente, comunicó, la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) cumplirá un rol coordinador, aunando criterios con el objeto de que el plan propuesto sea un acción sistemática, organizada y efectiva. Expresó también, que se está evaluando la posibilidad de generar una autoridad coordinadora con facultades para llevar a cabo las iniciativas que se propondrán para la aprobación del proyecto de ley en estudio, lo que permitirá un avance más efectivo y eficiente.
La Honorable Senadora señora Alvear valoró la predisposición mostrada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el que ha demostrado haber trabajado sobre la base de las propuestas recogidas en cada uno de los Ministerios sectoriales y en los planteamientos sostenidos por los parlamentarios integrantes de la Comisión, para así presentar una propuesta final por medio de una indicación sustitutiva, como la que se ha proclamado.
El asesor de polimetales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, señor Gonzalo Cerda, complementó lo señalado por el señor Ministro , y comentó que uno de los trabajos más complejos desarrollos durante el último año ha sido el nivel de información que manejan los pobladores, el dilema, afirmó, es que existe una confusión manifiesta entre las acciones que se iban a implementar y no se concretaron, porque no eran las más adecuadas o porque simplemente se tomaron otras decisiones, lo que crea falsas expectativas en los vecinos. En esa perspectiva, aseguró, el presente proyecto ley es fundamental para aclarar cuáles serán las medidas que se desarrollarán, funcionado como un verdadero marco de las acciones a ejecutar, y dando continuidad a las obras materializadas hasta el momento. Ello, sostuvo, puede significar retornar al Plan Maestro del año 2009, que sólo contemplaba relocalización, sin embargo, en tales casos debe ser visto como una buena noticia, ya que eso significa que existen zonas que se pueden remediar, lo que será determinado por el Ministerio de Medio Ambiente, permitiendo a las personas optar por la permanencia en el sector.
Agregó que el trabajo del Ministerio ha estado focalizado en el sector del Cerro Chuño, dado que las familias residentes no sólo quieren salir por razones de contaminación, sino por motivaciones de otra índole. Por el contrario, en otras poblaciones, existe el ánimo de mantenerse en el lugar, y las opiniones son más divididas.
El Honorable Senador señor Orpis reconoció que en el tema que más se ha avanzado es en vivienda, sin embargo, consideró urgente una calificación categórica sobre los terrenos que deben ser erradicados y los que pueden ser remediados, materia que siempre se ha ubicado en una zona nebulosa, por ello solicitó que la indicación sustitutiva anunciada por el Ejecutivo incorpore una definición al respecto que dirima el conflicto.
Con fecha 30 de mayo de 2011, S.E. e] Vicepresidente de la República presentó una proposición para resolver la discrepancia surgida entre ambas Corporaciones, contenida en el Mensaje N° 072-359, cuyo texto es del siguiente tenor:
“Sustituir íntegramente el texto del proyecto de ley, por el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
TÍTULO I DEL PROGRAMA DE ACCIÓN
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objetivo establecer un programa de acción en las zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales en la comuna de Arica y en sus habitantes que cumplan La calidad de beneficiarios.
Artículo 2°.- Beneficiarios. Un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud, establecerá los criterios, requisitos y procedimientos para determinar a los beneficiarios de las acciones del programa establecido por la presente ley.
La resolución que determine o rechace la calidad de beneficiario, será reclamable ante la autoridad competente conforme lo dispuesto en la ley N° 19.880, de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
Artículo 3°.- Zona con presencia de polimetales. Para efectos de esta ley, se entenderá como zona con presencia de polimetales como aquella zona geográfica o territorio específico contaminado o en situación de riesgo de contaminación por polimetales, emplazada geográficamente en la comuna de Arica.
El Presidente de la República , mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá ser suscrito por el Ministerio de Salud, determinará la zona con presencia de polimetales, utilizando los estudios ambientales aludidos en el artículo 15 de esta ley como antecedentes fundantes.
TÍTULO II
DE LA AUTORIDAD COORDINADORA
Artículo 4°.- Autoridad Coordinadora. El Presidente de la República , mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, designará a una Autoridad Coordinadora, quien deberá ejecutar la coordinación de las tareas que, en el ámbito de la presente ley, correspondan a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Vivienda y Urbanismo, Educación, Planificación y Medio Ambiente, así como de los servicios públicos creados por Ley, para el cumplimiento de sus respectivas funciones administrativas, que operen en la Región de Arica y Parinacota.
Artículo 5°.- Facultades de la Autoridad Coordinadora. Para llevar a cabo su cometido, se faculta a la Autoridad Coordinadora para efectuar las siguientes acciones:
1) Realizar acciones de coordinación que permitan optimizar el uso de los recursos materiales y humanos aportados por los servicios e instituciones involucrados en el ámbito de esta ley, proponiendo medidas concretas a las autoridades competentes dentro del marco que las leyes disponen;
2) Evaluar los instrumentos y resultados de las diversas medidas, así como de Las actividades llevadas a cabo por Los servicios e instituciones involucrados en el ámbito de esta ley;
3) Generar un fluido intercambio de información y datos de los servicios e instituciones reseñados, respecto de las actividades y medidas implementadas en la materia;
4) Coordinar la acción desplegada por los diversos organismos y servicios públicos, en el ámbito de la esfera de su competencia, en cuanto a los objetivos, propósitos, tareas, acciones y medidas a implementar y que se ejecuten en el ámbito del plan establecido por esta ley;
5) Establecer, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, canales de coordinación con la Municipalidad de Anca, a fin de concertar planes, programas y acciones que resulten necesarios en el ámbito de esta ley; y,
6) Proponer medidas administrativas a fin de obtener resultados exitosos en la implementación de los objetivos de esta ley.
Artículo 6°.- Catastro. Para lograr la implementación del programa, la Autoridad Coordinadora deberá elaborar un catastro de las personas, viviendas y demás edificaciones afectadas por la contaminación por polimetales.
Mediante el catastro se evaluarán e identificarán las acciones específicas del programa que se establecen mediante esta ley que recibirán cada uno de los beneficiarios.
TÍTULO III
DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
Artículo 7°.- Acciones en materia de salud. El Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, deberá realizar las siguientes acciones:
1) Implementar y poner en marcha un Laboratorio de Salud Pública y Ambiental, el cual deberá contar con capacidades analíticas para tomar muestras ambientales y de las personas;
2) Determinar la realización de estudios epidemiológicos en la población expuesta a la contaminación por polimetales en la comuna de Arica;
3) Mantener actividades de fiscalización regular de la calidad del agua y alimentos, en el ámbito de sus competencias; y,
4) Disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo de las acciones de su competencia en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley.
Artículo 8°.- Objetivo de las acciones de salud. Las acciones en materia de salud deberán estar orientadas a cumplir con los siguientes objetivos:
1) Implementar un programa de detección, control y tratamiento de los efectos de la contaminación en la población afectada; y,
2) Generar una base de datos que registre la información que permita determinar y conocer las características de los daños producidos por La contaminación en las personas afectadas, así como especificar la patología y los efectos transgeneracionales de largo plazo en la salud de las personas afectadas.
Artículo 9°.- Programa de seguimiento de salud. Las personas afectadas por la contaminación serán incluidas en un programa de seguimiento de su estado de salud.
Artículo 10°.- Acciones en materia educacional. El Ministerio de Educación, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, deberá realizar las siguientes acciones:
1) Propender que se lleven a cabo acciones de reforzamiento para aquellos alumnos con rendimiento deficiente beneficiarios del plan que se establece mediante esta ley. En tal sentido, se deberá prestar atención pedagógica a los alumnos beneficiarios, la realización de clases de reforzamiento educativo, así como el seguimiento de su rendimiento estudiantil, con el objeto de fortalecer sus competencias de aprendizaje, emocionales y sociales;
2) Implementar un pian de apoyo a docentes y asistentes de la educación, que permita entregar herramientas pedagógicas a los docentes en cuestión para reforzar los conocimientos de aquellos alumnos beneficiados por esta ley;
3) Focalizar en los alumnos afectados la asistencia que brindan los distintos programas asistenciales que promueve la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; y,
4) Disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de su competencia, en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley.
Artículo 11°.- Acciones en materia de Vivienda y Urbanismo. Las prestaciones en materia de vivienda y urbanismo consistirán en la relocalizacián de familias, reparación de viviendas y ejecución de proyectos de barrio que apunten a la remediación de las zonas con presencia de polimetales.
Una resolución conjunta del Ministro del Medio Ambiente y el Ministro de Vivienda y Urbanismo señalará las zonas y las acciones específicas que se llevarán a cabo en conformidad a lo señalado en este artículo.
Artículo 12°.- Catastro de familias a relocalizar. Una vez dictada la resolución aludida en el artículo anterior, se procederá a determinar el universo de familias afectadas a través de un catastro confeccionado por el Servicio de Vivienda y Urbanización.
Las familias afectadas podrán optar por alguna de las modalidades de subsidio habitacional destinadas al efecto, debiendo el Servicio de Vivienda y Urbanización hacer efectivas las opciones adoptadas en coordinación con lo dispuesto en los Programas Habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Artículo 13°.- Programa de mejoramiento de barrios. Las zonas de emplazamiento de las viviendas afectadas que no sean objeto de declaración de inhabitabilidad serán beneficiadas mediante el programa de mejoramiento de barrios.
El programa de mejoramiento de barrios consistirá en la realización de las siguientes acciones:
1) Remediación y sellado en calles y veredas a través de asfaltado y obras con adocreto; y,
2) Ejecución de proyectos de áreas verdes y equipamiento comunitario y deportivo.
Asimismo, para el caso de las viviendas cuyas condiciones permitan la habitabilidad, se les entregarán los subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, para el mejoramiento y reparación de sus viviendas.
Artículo 14°.- Organismo ejecutor de las acciones de vivienda y urbanismo. El conjunto de acciones de vivienda y urbanismo dispuestas en este título serán ejecutadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota.
El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Anca y Parinacota deberá disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo de las acciones de su competencia en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley.
Artículo 15°.- Estudios ambientales. El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, mientras se cumplan los criterios que fije un reglamento dictado al efecto, realizará semestralmente estudios destinados a evaluar el riesgo ambiental con motivo de la presencia de polimetales en Arica.
Como consecuencia de tales estudios se deberán definir las zonas de riesgo, el perímetro de intervención, así como la zona con presencia de polimetales, con el objeto de proteger la salud de las personas habitantes de la ciudad de Arica.
Un reglamento expedido a través del Ministerio del Medio Ambiente establecerá las definiciones, plazos y procedimientos para llevar a cabo la evaluación de riesgo ambiental frente a la presencia de sustancias químicas y otros contaminantes en la zona con presencia de polimetales.
Artículo 16°.- Estudios para determinar exposición a contaminantes. El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, mientras se cumplan los criterios que fije un reglamento dictado al efecto a través del Ministerio del Medio Ambiente, realizará semestralmente estudios destinados a evaluar la exposición ambiental con motivo de la presencia de polimetales en Arica.
Como consecuencia de tales estudios se deberán definir las zonas de riesgo, el perímetro de intervención, así como la zona contaminada por polimetales, con el objeto de proteger la salud de las personas habitantes de la ciudad de Arica.
TÍTULO FINAL
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 17°.- La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo prestará su colaboración a la Autoridad Coordinadora en la ejecución armónica del plan que se establece mediante esta ley.
Artículo 18°.- El Ministerio Secretaría General de la Presidencia brindará, dentro de sus competencias legales, a la Autoridad Coordinadora el apoyo necesario para realizar la coordinación interministerial y entre los diversos servicios públicos centralizados y descentralizados, así como en la generación de información para la toma de decisiones necesarias dentro del contexto de la presente ley.
Asimismo, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia propenderá a agilizar la tramitación de los instrumentos reglamentarios necesarios para la correcta ejecución de la presente ley.
Artículo 19°.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de las acciones que sean implementadas de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, será financiado con cargo a la partida del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público .”.
En sesión efectuada el 19 de julio de 2011, el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, se refirió a la proposición del Ejecutivo , de fecha 30 de mayo de 2011, recientemente transcrita.
Expresó que la proposición, en su concepto, recoge los planteamientos de esta Comisión Mixta, dotando al proyecto de ley de un marco jurídico que permite exigir la responsabilidad del Gobierno en el cumplimiento de los programas necesarios para afrontar la situación generada con la presencia de polimetales en la comuna de Arica.
En este marco la proposición en su Título primero define los objetivos de la ley, los beneficiarios y cómo se determinan las zonas con presencia de polimetales. Respecto del objetivo de la ley, se trata de establecer un programa de acción en las zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales en la ciudad de Arica y en sus habitantes que cumplan la calidad de beneficiarios.
Enseguida, indicó que para determinar la calidad de beneficiario, el Ministerio de Salud dictará un Reglamento, el que fijará los criterios, los requisitos y los procedimientos que sean del caso. La calidad de beneficiario, acotó, se reconocerá mediante una resolución del citado Ministerio, la cual puede ser recurrida en conformidad a la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
En relación a la zona con presencia de polimetales, continuó, se define como la zona geográfica o territorio específico contaminado o en situación de riesgo de contaminación por polimetales, emplazada geográficamente en la comuna de Arica, la que se determinará mediante un decreto supremo emitido por los Ministerios de Medio Ambiente y el de Salud, ello en función de los estudios ambientales que prescribe el artículo 15 de la misma propuesta.
Agregó que el Título II propone el establecimiento de una Autoridad Coordinadora designada por el Presidente de la República , mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, quien deberá ejecutar la coordinación de las tareas que correspondan a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Vivienda y Urbanismo, Educación, Planificación y Medio Ambiente, y de los servicios públicos de la Región, para el cumplimiento de sus respectivas funciones administrativas. Al respecto, advirtió que la propuesta no establece de modo preciso qué autoridad será la coordinadora, y que el Gobierno se encuentra abierto a recibir planteamientos en la materia, agregando que ha recibido opiniones que sugieren que la autoridad coordinadora sea una autoridad nacional.
En relación a las facultades de la autoridad coordinadora, el Subsecretario las sintetizó en las siguientes: optimizar el uso de los recursos materiales y humanos aportados por los servicios e instituciones involucrados; evaluar los instrumentos y resultados de las diversas medidas; generar un intercambio de información respecto de las actividades y medidas implementadas; coordinar la acción desplegada por los organismos y servicios públicos en relación a los objetivos, acciones y medidas a implementar; establecer canales de coordinación con la Municipalidad de Arica, a fin de concertar planes, programas y acciones que resulten necesarios en el ámbito de esta ley, y proponer medidas administrativas a fin de obtener resultados exitosos en la implementación de los objetivos de la misma.
El artículo 6° preceptúa que para lograr la implementación del programa, la Autoridad Coordinadora deberá elaborar un catastro de las personas, viviendas y demás edificaciones afectadas por la contaminación por polimetales.
Luego indicó que en el Título Ill de la propuesta del Ejecutivo se explicitan las distintas funciones que deben cumplir los ministerios, en coordinación con la Autoridad para enfrentar el problema de la contaminación desde sus respectivas áreas, esto es, desde salud, educación, vivienda y urbanismo y medioambiente.
En materia de salud, señaló, corresponde principalmente implementar y poner en marcha un Laboratorio de Salud Pública y Ambiental; la realización de estudios epidemiológicos en la población afectada y la mantención de actividades de fiscalización regular de la calidad del agua y alimentos. Los objetivos de estas acciones son la detección, control y tratamiento de enfermedades y de las personas afectadas; a su vez, generar bases de datos que registren la información que permita determinar las características de los daños producidos por la contaminación en las personas afectadas. Asimismo, elaborar un programa de seguimiento de salud de las personas afectadas por la contaminación.
Añadió luego que en materia educacional se quiere establecer un plan de reforzamiento para los alumnos con rendimiento deficiente y que sean beneficiarios del plan, que implica fortalecer competencias de aprendizaje, emocionales y sociales; establecer también un plan de apoyo a docentes y asistentes de la educación para entregar herramientas pedagógicas a los docentes con el objetivo de reforzar los conocimientos de aquellos alumnos beneficiados y focalizar la asistencia de los distintos programas asistenciales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en los alumnos afectados. Finaliza señalando que el Ministerio de Educación deberá disponer los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de su competencia.
Luego expresó que en materia de vivienda y urbanismo, fundamentalmente, las acciones se refieren a la relocalización de familias, las que podrán optar a algunas de las modalidades de subsidio habitacional ofrecidas a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo; la reparación de viviendas, que se realizará mediante la entrega de los subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar y la ejecución de proyectos de mejoramiento de barrios, que consistirá en la remediación y sellado de calles y veredas, como también la ejecución de proyectos de áreas verdes y equipamiento comunitario y deportivo.
Puntualizó que las señaladas medidas requieren de una resolución conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que señalará las zonas y acciones específicas que se desarrollaran en función de este cuerpo legal, también establecerá un catastro de las familias afectadas y de las que deberán ser relocalizadas.
Respecto de [as medidas medioambientales, el Subsecretario señor Claudio Alvarado, manifestó que se deberá realizar semestralmente estudios para evaluar el riesgo ambiental con motivo de la presencia de polimetales, así como monitorear fa exposición ambiental, la definición de las zonas de riesgo, el perímetro de intervención, y la zona contaminada por polimetales.
Añadió, finalmente, que la propuesta del Ejecutivo tiene asociado un Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, en que se detallan los gastos asociados a esta iniciativa legal, en un horizonte del 2010 al 2014; sin embargo, para los fines de esta ley se deberá considerar lo que resta del año 2011 año hasta el año 2014, lo que suma, considerados todos los Ítems, un monto aproximado de 25 mil millones de pesos.
El Honorable Senador señor Orpis, valoró fa presentación formulada por e] Ejecutivo y particularmente la preocupación demostrada por el señor Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al recoger el espíritu expresado por la Comisión Mixta.
Enseguida señaló que se deben abordar algunas deficiencias de la propuesta y, particularmente, se debe dejar constancia que estas medidas se tienen que financiar con recursos extraordinarios y por ende no pueden ser con cargo a los programas ordinarios de cada ministerio o servicio, a vía de ejemplo, indicó que el Servicio de Vivienda y Urbanismo en la Región de Anca y Parinacota deberá disponer los recursos necesarios, pero la iniciativa no precisa si se dispondrán de recursos especiales o extraordinarios para cumplir dichas tareas.
Agregó luego que, en materia de salud, se produjo un gran debate con fa autoridad porque ésta no reconocerá nunca las causas que originan las enfermedades de la población, que son en última instancia la contaminación producida con polimetales.
Por [o anterior, expresó que la redacción del numeral N° 1 del artículo 8° de la proposición del Ejecutivo, no es satisfactoria porque establece que los objetivos en materia de salud deberán estar orientados, entre otros, a establecer un programa de detección, control y tratamiento de los “efectos” de la contaminación, añadiendo que para que existan “efectos”, debe necesariamente existir una causa, y eso es lo que las autoridades no están dispuestas a reconocer. Por ello señaló que presentará una indicación tendiente a perfeccionar esta norma, en el sentido que por el sólo hecho que una persona esté incluida en uno de los catastros, independiente del origen de la enfermedad tendría derecho a ser beneficiario de las acciones de salud.
Añadió que no obstante que la proposición considera la posibilidad de ejercer un recurso administrativo, ante la autoridad administrativa competente respecto de la resolución que determine o rechace fa calidad de beneficiario, la existencia de múltiples catastros, hace imperioso la consagración expresa de un recurso constitucional.
En materia educacional reiteró la necesidad de crear una beca de estudios superiores para los hijos de las personas afectadas por contaminación de polimetales.
Respecto a las acciones de vivienda, el Honorable Senador señor Orpis fue categórico al señalar que en la materia no cabe hablar de subsidio, ya que éste supone un ahorro previo, agregando que los afectados son personas que deben ser reparadas por el Estado, haciéndoles entrega de una vivienda de características similares a las que tenían.
El Honorable Diputado señor Vargas junto con valorar la propuesta del Ejecutivo aseveró que existe un grupo de personas que no pretenden abandonar sus viviendas, consultando quién será la autoridad que dirimirá tal situación. Asimismo, señaló que en los primeros sellados se observó que pasaba un vehículo por fa calle, y el sellado quedaba al descubierto con los consiguientes problemas sanitarios.
El Honorable Senador señor Rossi señaló que aún subsisten dudas en la aplicación del proyecto, consultando qué ocurre con los sectores Industriales III y IV, los cuales originalmente iban a ser objeto de erradicación, no existiendo actualmente certeza sobre ello. Señaló que es probable que las personas afectadas efectivamente no quieran erradicarse por cuanto el valor de sus viviendas es muy superior al de las casas que les entregarán.
Asimismo, coincidió con fa opinión del Honorable Senador señor Orpis, en el sentido que en este caso no es posible hablar de “subsidio”, ya que al Estado sólo fe cabe reparar a las personas afectadas.
A la sesión celebrada el 2 de agosto de 2011, asistieron el Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Rodrigo Pérez Mackenna, el Ministro de Salud , doctor Jaime Mañalich y el Ministro de Medio Ambiente , subrogante, señor Ricardo Irarrázaval.
El Ministro de Vivienda y Urbanismo , señor Rodrigo Pérez Mackenna efectuó una actualización del resumen entregado anteriormente, advirtiendo que existe una diferencia entre los montos señalados por la Dirección de Presupuestos y lo que efectivamente se ha ejecutado por ese Ministerio, hasta la fecha.
El Honorable Senador señor Orpis consultó acerca de la manera cómo se concretará la solución que se otorgará a las personas afectadas, señalando la necesidad de analizar el contenido de la proposición del Ejecutivo. Destacó que la propuesta gatillará cuando opere la ley debido a que la operatoria está sujeta a la existencia de diversos catastros que se implementarán mediante Resolución de la autoridad una vez que entre en vigencia el texto legal.
El señor Ministro de Vivienda y Urbanismo señaló que hasta la fecha se han ejecutado las acciones dispuestas por un Comité de Ministros, añadiendo que lo que se requiere es una Resolución que ratifique lo obrado por esa Secretaría de Estado. Añadió que la iniciativa recoge lo que ha efectuado el Ministerio hasta la fecha, que ha consistido en la reubicación de algunas familias, la remediación o mitigación mediante la pavimentación y el cierre y sellado de calles, y eventualmente, la reparación de aquellas viviendas que no ha sido necesario erradicar.
En relación al contenido de la proposición del Ejecutivo señaló que el artículo 6° preceptúa que para implementar el Programa, la Autoridad Coordinadora deberá elaborar un catastro que será confeccionado por el Servicio de Vivienda y Urbanización, de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la propuesta.
Aseveró que actualmente se trabaja con un catastro elaborado por el SERVIU, en conjunto con MIDEPLAN y las orientaciones que entregó el Comité Interministerial el año 2009, que básicamente establecieron la erradicación de las poblaciones de Cerro Chuño y las obras de remediación que se están efectuando.
Afirmó que es efectivo lo aseverado por el Honorable Senador señor Orpis, en cuanto a la necesidad de dictar determinadas resoluciones administrativas que validarían este trabajo y que reemplazarán al ya mencionado acuerdo interministerial. Refirió que las iniciativas son la confección del catastro, también que las familias afectadas puedan optar por alguna de las modalidades de los nuevos subsidios, a saber: la construcción en nuevos terrenos, y el subsidio para adquisición de vivienda construida.
Enseguida, el señor Ministro se refirió a las obras de mitigación contempladas en el artículo 13 de la proposición del Ejecutivo , que principalmente consisten en el sellado de calles a través de asfaltado y a la ejecución de proyectos de áreas verdes y los proyectos de áreas verdes, equipamiento comunitario y deportivo.
Añadió que para el caso de aquellas viviendas cuyo estudio de habitabilidad permite a las familias continuar viviendo en ellas, se contempla la entrega de subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, para el mejoramiento y reparación de éstas.
El Honorable Senador señor Orpis manifestó tener una divergencia conceptual con la redacción del inciso segundo del artículo 12, ya que éste dispone que las familias afectadas podrán optar por alguna de las modalidades de subsidio habitacional existentes, expresando que en la situación que nos ocupa no cabe hablar de subsidios, ya que claramente se está en presencia de una compensación o entrega de vivienda por parte del Estado, y que, conceptualmente, el Estado procederá a efectuar un canje de vivienda. Concluyó aseverando que es preciso cambiar la manera como se encuentra redactada la disposición, señalando que es preciso aludir a la “entrega de una vivienda”.
Por otra parte, aseveró que tampoco es apropiada la expresión “modalidad de subsidio”, puesto que el subsidio conlleva la existencia de un “ahorro previo” y que, en el futuro, tal redacción podría inducir a la Contraloría General de la República a interpretar que se debe exigir a las personas afectadas la existencia de tal ahorro. Por lo tanto, aseveró, debe reemplazarse la redacción y hablar de “la entrega de viviendas” por parte del Ministerio.
Luego manifestó su preocupación por el aspecto presupuestario, ya que el inciso segundo del artículo 14° de la propuesta del Ejecutivo , señala que el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota deberá disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones que le competen. Expresó que siendo ésta una obligación que tendrá fuerza legal, podrá ser demandada en los Tribunales Ordinarios por los afectados, de manera que le preocupa que al no disponer de recursos para este programa extraordinario el SERVIU regional los obtenga de los recursos ordinarios que se le han entregado para dar cumplimiento a otras labores propias, debiendo efectuarse la distinción entre recursos ordinarios y extraordinarios.
Enseguida, el Honorable Senador señor Orpis consultó si el catastro de localización a que se refiere la propuesta existe y si así fuera, solicitó la entrega del mismo a la Comisión.
Hizo hincapié en que la propuesta no considera el valor de las viviendas al momento del canje, obviando el hecho que numerosas familias efectuaron mejoras en ellas, y que también existe otro tipo de casas que no corresponde a viviendas básicas. Sobre el particular recordó el trato que la ley N° 20.385, otorgó a los afectados por la erupción del Volcán Chaitén, que permitió al Fisco pagar el valor comercial de las viviendas que tenían antes de la catástrofe, consultando si el Ministerio ha considerado avanzar en tal sentido, especialmente en el caso que el valor comercial de la vivienda supere el valor de los subsidios.
El Honorable Diputado señor Vargas sostuvo que a la ciudad de Arica se le ha asignado un monto bajo de subsidios para la vivienda, manifestando su temor por la circunstancia que este Programa, en definitiva, sea cubierto parcialmente con cargo a subsidios regulares.
Aseveró que este proyecto de ley debe, necesariamente, considerar fondos especiales para enfrentar esta anomalía que data de hace muchos años. Añadió que hay numerosos jefes de familia que pagaron la totalidad de los dividendos hipotecarios y, por lo tanto, no es lógico ni acorde a la equidad que postulen nuevamente a un subsidio.
Otro aspecto que llama su atención es la circunstancia que los afectados por polimetales deban postular a los subsidios para reparación, en la forma que contempla el artículo 11 de la propuesta.
El Honorable Senador señor Rossi, aseveró que ha habido un cambio en la evaluación de la autoridad en relación a las viviendas afectadas que se deben relocalizar, y aquéllas que permanecerán en el mismo lugar una vez que se ejecuten las medidas de mitigación, señalando a vía de ejemplo el cambio de opinión respecto de los sectores Industriales III y IV.
Coincidió con lo aseverado anteriormente, en el sentido que en la ley debe explicitarse que no se trata de un subsidio, lo que debe hacerse extensivo al valor comercial de las viviendas, ya que los habitantes de Arica compraron una propiedad sin saber la catástrofe que ocurriría posteriormente.
La Honorable Senadora señora Alvear, consultó si existe un catastro de las personas afectadas, solicitando, en el evento que exista, se señale los criterios que se consideraron en su confección y, si no lo hay, que se indique cuáles parámetros se considerarán.
Luego preguntó dónde se relocalizará a las familias afectadas, que es un tema que preocupa sobremanera a los dirigentes de polimetales de Arica.
Aseveró que en la Comisión Mixta hay consenso en orden a que la solución que se otorgue, no puede implicar la postergación en la entrega de otros subsidios para la vivienda en la ciudad de Arica, y además, debiera hacerse con recursos extraordinarios.
El Honorable Diputado señor Baltolu expresó su coincidencia con lo planteado anteriormente, respecto a la necesidad de entregar a los afectados por polimetales en Arica una solución legislativa del mismo alcance que la dada a los afectados por la erupción del Volcán Chaitén.
Señaló que entiende que una persona puede tener sólo una vez un subsidio, y que no és válido entender que los afectados por polimetales entreguen sus casas como ahorro previo, puesto que no serán propietarios de dos viviendas, añadiendo que un numeroso grupo de familias no desea ser erradicada, ya que sus viviendas tienen un valor mayor que las que se les asignarán, añadiendo que existe un canje de viviendas que debe quedar reflejado en la ley.
Continuó afirmando que el Ministerio del Medio Ambiente debe identificar los lugares del polígono en que existe contaminación, ya que si existe necesariamente se habría expandido al interior de las casas que ahí se encuentran, concluyendo que en este proceso lo que existe es una compensación.
El señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo expresó que el subsidio que se otorgará no requiere ahorro previo, ya que se puede eximir de éste cuando se trata de una asignación directa, señalando que lo mismo se hizo con los subsidios que se entregaron después del terremoto.
Añadió que esta modalidad se está aplicando en Cerro Chuño, caso en el cual los pobladores que se erradicarán han entregado sus viviendas para obtener una nueva casa, señalando que ya hay 260 viviendas con inicio de obras, además de 194 viviendas cuyas bases de licitación ya están aprobadas, y 200 que ya cuentan con terrenos que serán expropiados, aseverando que sólo hay 60 personas que no han transado su propiedad, lo que indican que las familias valoran más las nuevas propiedades que las que tenían en Cerro Chuño.
El asesor de polimetales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, señor Gonzalo Cerda, señaló que las acciones realizadas por el Ministerio se han efectuado en base al Plan Maestro elaborado en septiembre del año 2009, y que el Catastro se hizo conjuntamente con Mideplan, se catastró todo el polígono considerando la Ficha de Protección Social de cada afectado. Agregó que en el caso de Cerro Chuño se adecuó también en relación a los planes de loteo de las poblaciones que se habían construido, efectuándose un cruce entre el catastro de familias que se encuentran viviendo en el lugar con el plano de loteo de las poblaciones existentes.
El Honorable Senador señor Orpis consultó qué acciones considera adoptar el Ministerio respecto de aquellas personas que no quieren ser erradicadas, ya que la decisión de erradicar Cerro Chuño se adoptó para la totalidad de los pobladores, preguntando si se ha considerado la posibilidad de expropiar.
A su vez, el Honorable Senador señor Rossi consultó que sucederá con los sectores Industriales III y IV, que según entiende, no serán erradicados, en circunstancias que en un principio se había adoptado la decisión de cambiarlos.
El señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo señaló que efectivamente en el caso señalado por el Senador Orpis se considera la expropiación; y que respecto de Industriales III y IV la idea es que se efectúe la reparación de las viviendas, y que tales medidas unidas a la ejecución de [os planes de mitigación posibiliten que no sea necesaria la relocalización.
El señor Gonzalo Cerda expresó que el Plan Maestro deja abierta esta situación, dispone que hay que relocalizar familias, pero no señala que todas las familias deban ser erradicadas, puesto que si no hay una declaración de inhabitabilidad el Ministerio no puede obligar a las familias a trasladarse.
El Honorable Diputado señor Vargas precisó que los afectados de los sectores industriales III y IV no quieren abandonar sus propiedades por el alto valor de las mismas, ya que los propietarios han realizado importantes mejoras en ellas, y por lo tanto, sus viviendas no pueden ser tasadas en $12.000.000, sino que en el doble de ese valor.
El asesor de polimetales, señor Cerda, expresó que las familias que han consentido en la erradicación tenían casas que originalmente les costaron aproximadamente 400 unidades de fomento, agregando que las propiedades que recibirán son de un valor de 640 unidades de fomento, y que por tal razón el 90% de los propietarios ha aceptado la transacción.
Ante una consulta de la Honorable Senadora señora Aivear relativa a si el proyecto no afectará a terceras personas que por aplicación del programa sean privadas de sus subsidios, aseveró que este es un Programa diferente y que ello no ocurrirá.
El Honorable Senador señor Orpis, aseveró que si es así, debiera consignarse expresamente en el articulado del proyecto que este programa extraordinario no afectará a los programas normales u ordinarios del Servicio de la Vivienda y Urbanismo.
El Honorable Diputado señor Baltolu consultó la razón por la cual no se erradica a la totalidad de los pobladores de Cerro Chuño, considerando que se ha declarado como zona contaminada, lo cual, aseveró, es tan evidente que numerosas familias han abandonado y entregado su patrimonio en aras de obtener un bien superior como lo es la salud para si, y sus familias.
El señor Ministro de Medio Ambiente subrogante , señor Ricardo Irarrázabal expresó que esa Secretaria de Estado se encuentra dedicada a obtener un excelente suministro de información para materializar las acciones contenidas en la proposición del Ejecutivo , particularmente en lo relativo a la evaluación del riesgo ambiental, y también la evaluación en las personas que se encuentran expuestas a ese riesgo.
Expresó que en tal sentido la actualización del estudio existente, entregará antecedentes más precisos en relación a los puntos de muestreo no sólo del suelo y subsuelo, sino que también de aire y agua, que es fundamental para conocer cómo interactúan los componentes ambientales, y así llevar a cabo de buena manera las acciones que le encomienda este proyecto de ley.
Refirió que la existencia de estos estudios posibilitará la dictación del decreto que, por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, determinará las zonas con presencia de polimetales, que en definitiva permitirán precisar las acciones que se realizarán en salud, vivienda y medio ambiente, según lo establece el artículo 3° de la propuesta. Agregó que lo expuesto guarda relación con lo señalado en el inciso segundo del artículo 16° que dispone que como consecuencia de los estudios semestrales que realice el Ministerio del Medio Ambiente destinados a evaluar la exposición ambiental con motivo de la presencia de polimetales en Arica, se deberán definir las zonas de riesgo y el perímetro de intervención, así como la zona contaminada con polimetales, con el objeto de proteger la salud de los habitantes de [a ciudad de Arica.
Puntualizó que el Ministerio del Medio Ambiente deberá dictar un Reglamento en relación a estos estudios, los que deberán ser permanentes, continuos, y semestrales, ya que al existir un pasivo ambiental es posible que al tomar una muestra el día de hoy no aparezcan contaminantes, situación que probablemente cambiará posteriormente debido a la existencia de ese pasivo ambiental.
Manifestó que el Ministerio comenzará los estudios en base a los últimos estudios, y que desde ya se encuentra realizando un estudio con recursos del FNDR para conectar los muestreos de aire, suelo, subsuelo y agua, y así determinar la zona de contaminación y la zona de riesgo y verificar si existe un nexo causal entre lo que es el suelo contaminado y el aire. Por ello, concluyó es vital la pronta aprobación de este proyecto de ley.
El Honorable Senador señor Orpis expresó que le asisten dudas por la existencia de diversos catastros considerados en la propuesta, manifestando su inquietud por la posible colisión de unos con otros, citando el artículo 6° que alude a un catastro de las personas, viviendas y demás edificaciones afectadas por la contaminación, Reiteró que el origen del problema es la salud de las personas, que se encuentra vinculado con el territorio, vale decir si una persona vive en una zona de riesgo, lo más probable es que la persona termine contaminada, tal como sucedió en la ciudad de Anca.
Por ello consultó cuál es el catastro que prevalecerá, exponiendo que un catastro puede determinar que cierta zona no debe erradicarse por no estar contaminada, pero también puede ocurrir que a esa zona [legue a radicarse una persona que efectivamente esté contaminada, consultando cómo se resolverá [a superposición de estos dos valores, añadiendo que, a su juicio, lo que debe primar es la salud.
El Honorable Senador señor Rossi, aseveró que si un paciente tiene secuelas por presencia de ponmetales, debe ser catastratado y debe ser considerado beneficiario, agregando que lo que se evalúa cuando se efectúa un estudio de suelo, subsuelo, aire y agua, es una evaluación del territorio para determinar si el mismo puede ocasionar un daño a la salud, ya que cada persona tiene una respuesta diferente frente al medio ambiente, y de hecho cuando se remedia o mitiga la situación va cambiando. Afirmó que esa es la importancia del artículo 16 de la propuesta que impone al Ministerio del Medio Ambiente la obligación de realizar estudios semestrales.
Enseguida, solicito se muestre el polígono de las zonas que se erradicarán.
El Honorable Diputado señor Baltolu expresó que es preciso determinar a ciencia cierta si el polígono continúa o no contaminado, y si no está contaminado, [as personas que permanezcan allí deben practicarse nuevos estudios de salud, ya que actualmente no se sabe si los órganos internos han sido dañados. Asimismo, el Ministerio de Salud les debe entregar una credencial para que sean atendidos por los servicios especializados de salud, ya que se trata de exámenes de alto costo que no pueden financiar los afectados.
El Ministro del Medio Ambiente Subrogante , señaló que es clave entender que el Reglamento definirá una zona contaminada, una zona de riesgo y un perímetro de riesgo.
La fijación de un perímetro de riesgo tiene por objeto no sólo intervenir en zona contaminada; se trata de que también se pueda intervenir en el perímetro de riesgo, de modo que una persona afectada puede cambiar de ciudad, debiendo quedar claro que lo que importa es que se otorgue atención a las personas contaminadas.
Aseveró que esta clasificación es necesaria para que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo pueda evaluar la zona de relocalización, señalando que estas tres categorías permitirán una toma de decisiones adecuada fundada en antecedentes técnicos.
El Honorable Senador señor Orpis expresó que existe claridad en cuanto a que el decreto determinará, en términos genéricos, qué sectores serán erradicables y cuáles serán objeto de medidas de mitigación, básicamente en espacios públicos, y respecto de las viviendas particulares a través del Subsidio de Patrimonio Familiar.
Reiteró que debiera quedar consignado en la ley que el hecho que un afectado aborde el tema de la mitigación a través del Subsidio Patrimonio Familiar no lo inhibe para que, en un futuro, pueda postular a un subsidio normal,
Asimismo, manifestó su preocupación por el bajo monto del Subsidio Patrimonio Familiar solicitando que en caso de no alcanzar quede explicitado en la ley, que en tal caso, es posible aumentar su monto tal como ocurrió con las viviendas dañadas por el sismo de 2010, oportunidad en la cual en localidades muy afectadas se otorgaron subsidios de hasta 200 Unidades de Fomento por vivienda.
Ei señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo expresó que no hay inconveniente en que se entregue un subsidio mayor, ya que actualmente hay una disponibilidad de $ 3 mil millones, lo que calificó como de más que suficiente.
Agregó que considera posible consignar en la ley que si el monto del subsidio no alcanza, se otorgarán los recursos necesarios para ello, ya que así se ha hecho en otras situaciones de emergencia.
El señor Ministro de Salud , doctor Jaime Mañalich, manifestó que cuando la autoridad sanitaria se encuentra frente a la necesidad de actuar ante potenciales riesgo de contaminantes existentes por décadas, lo primero que se le ocurre es enfrentar el problema como se ha hecho en la ciudad de Arica.
Añadió que en Arica existen estudios realizados hace 3 años por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, los que no pudieron demostrar que existía daño evidente, vale decir enfermedades asociadas a la contaminación por polimetales, estos exámenes se repitieron el año 2010, mediante un estudio de la Universidad Católica, encontrándose niveles altos, sin embargo tampoco se pudo demostrar un daño evidente, ya que la muestra era relativamente pequeña.
No obstante lo anterior, el Ejecutivo decidió que era necesaria la existencia de una ley con financiamiento, con medidas concretas que permitan continuidad en las acciones a realizar.
En ese contexto, afirmó, se hace un primer esfuerzo en este proyecto de ley, estableciendo la creación de una Autoridad Coordinadora, efectuando una optimización de los recursos humanos y de los instrumentos de medición; también se pondrá en marcha un Laboratorio de Salud Ambiental; se efectuará un monitoreo permanente de la calidad del aire y del suelo, y se hará el seguimiento de las personas afectadas y de la población potencialmente contaminada.
Refirió que las acciones de salud son las siguientes: se han ingresado alrededor de 11.000 personas a estudios entre los residentes del área afectada; se han efectuado 2.700 interconsultas, lo que ha sido complejo, ya que el 28% de las mismas no concurre a la interconsulta, también se han tomado 11.000 muestras de plomo y otras tantas de arsénico, las cuales están siendo validadas por el Instituto de Salud Pública (92% procesadas).
Aproximadamente un 0,4% de las personas evaluadas presenta niveles de plomo elevado en su sangre, lo que calificó como de serio; en tanto que un 13,4% presenta altos niveles de arsénico, que es altamente cancerígeno y también se han efectuado streamings en el nivel educacional.
El Honorable Diputado señor Vargas refirió que a los ex trabajadores de Ferrocarriles del Estado, expuestos a la contaminación por polimetales procedentes de Bolivia, no se les permitió efectuarse exámenes en los servicios de salud por el hecho de ser jubilados, consultando si el señalado grupo de ex trabajadores se encontraría incluido en la proposición del Ejecutivo.
El Honorable Senador señor Rossi preguntó si el Ministerio de Salud ha efectuado un trabajo interno respecto de quienes serían beneficiarios, es decir, si se ha anticipado a lo establecido en la ley que dispone que los requisitos para ser considerados beneficiarios los determinará un reglamento.
El Honorable Senador señor Orpis manifestó su preocupación no sólo por el financiamiento de las acciones de salud, sino que por el presupuesto de todos los Ministerios involucrados, solicitando se consigne expresamente en esta iniciativa legal que en ningún caso la realización de estas acciones específicas podrá afectar a los programas ordinarios, o bien que se disponga que anualmente la Ley de Presupuestos deberá considerar los recursos para la ejecución de estos programas extraordinarios.
También consultó por la naturaleza jurídica del programa de salud a qué se refiere el numeral 1) del artículo 8° de la proposición del Ejecutivo , señalando que este debe quedar plasmado en un instrumento jurídico que otorgue la máxima certeza respecto de las acciones que incluye el programa, explicitando clara y detalladamente en qué consiste el mismo.
Enseguida, la Honorable Senadora señora Alvear se refirió al Informe Financiero que considera una gradualidad en los costos fiscales de las acciones de salud: es así como para el año 2011 establece un monto de $ 2.282.322 miles; para el año 2012 la suma asciende a $ 1.591.508 miles; para el año 2013 considera recursos por $ 1.419.577 miles, y para el año 2014 la suma es de $ 1.401.927 miles, consultando qué criterios se tuvo en consideración para efectuar ésta estimación plurianual. Aseveró que tal estimación es engorrosa, por cuánto es difícil prever cuándo cesarán los efectos adversos en la salud de las personas, tampoco es posible determinar cuántas mujeres contaminadas o dañadas en su salud, sin conocerlo, se embarazarán en los próximos años, reiterando que obviamente se trata de un cálculo complejo.
El Honorable Diputado señor Baltolu consultó sobre la manera de garantizar el acceso a las prestaciones de salud a la población que actualmente no presenta síntomas de contaminación y que, en el futuro, podría ser afectada por patologías asociadas a la contaminación de metales pesados.
El Honorable Diputado señor Ascencio consultó si las acciones que contempla esta ley tienen un plazo de vigencia, ya que la misma sólo considera recursos hasta el año 2014.
El señor Ministro de Salud se refirió en primer término a la inquietud planteada por la Honorable Senadora señora Alvear, aseverando que se optó por la dictación de una ley que asegure estabilidad en el tiempo a las personas contaminadas y a la población potencialmente afectada, añadiendo que además de los recursos presupuestados plurianualmente, el artículo 19° de la proposición establece que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de estas acciones será financiado con cargo a la partida del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público .
Señaló que si bien no se puede efectuar un cálculo anticipado del gasto, se ha considerado una inyección fuerte de recursos para el primer año, que incluye la creación de un laboratorio ambiental, montaje de maquinaria, traslado de profesionales, análisis de orina y sangre, screamings, etc., agregando que en la medida que se determine correctamente a los beneficiarios el número total de personas a las que se debe hacer seguimiento disminuirá, y de ello da cuenta este presupuesto plurianual decreciente.
Expresó que en base a la experiencia acumulada es posible avanzar en acotar aún más quienes son los beneficiarios, y respecto de las acciones que incluye el programa de salud afirmó que se mantendrá un tamizaje en un muestreo de niños; se considera también a los ex trabajadores de Promel S.A. y a los de Ferrocarriles del Estado, aseverando que se efectuarán 2.500 estudios epidemiológicos y se mantendrán las mediciones en los alimentos de consumo habitual en la Región y mediciones en agua potable, suelo y aire.
El Honorable Senador señor Orpis expresó que precisamente porque es difícil efectuar una proyección del gasto, en el tema del tratamiento médico se debe explicitar claramente cuáles son las acciones médicas que se incluyen en aquél, expresando que si un tratamiento requiere traslado a centros especializados que no existen en la Región, el programa necesariamente debe explicitarlo, y de esta manera se obtendrán los recursos del Tesoro-Público para llevar a cabo estas acciones.
El Honorable Diputado señor Baltolú requirió información sobre el tipo de soluciones y acciones que considera el programa de salud. Asimismo consultó respecto a la situación de las personas contaminadas que se encuentran adscritas al régimen previsional de las Fuerzas Armadas, preguntando si ellas serán consideradas como beneficiarias.
Sobre el particular el señor Ministro de Salud afirmó que esta ley beneficiará a aquellas personas que padecen de enfermedades o malformaciones que la ciencia médica estima como asociadas a la exposición a polimetales, y en ese sentido no podría ser reclamable un beneficio que no guarda relación alguna con el riesgo vinculado a la dicha exposición.
Respecto a cómo operará esta ley en relación a personas afectadas que pertenezcan al régimen previsional de las Fuerzas Armadas, aseveró que serán beneficiarias de los programas y acciones contempladas en esta ley en la medida que hayan sido o sean afectadas por exposición a polimetales.
La Honorable Senadora señora Alvear concluyó expresando que debe contemplarse con mayor especificidad en el proyecto las atenciones y programas que se llevarán a cabo, de manera que los recursos para la ejecución de tales acciones se provean anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público.
El señor Subsecretario expresó que la proposición del Ejecutivo en materia de acciones de salud, contempla tres áreas, las cuales pretenden focalizar e intensificar las acciones en niños contaminados, con el propósito de contrarrestar el nivel de daño y de secuelas que presentan, éstas abarcan los siguientes aspectos:
1) Aquella destinada a realizar acciones de reforzamiento para alumnos con rendimiento deficiente que sean beneficiarios de esta ley. Señaló que en la comuna de Arica de un universo de 52.000 estudiantes existe un número de 12.000 que se considera prioritarios, señalando que éstos últimos presentan dificultades de aprendizaje.
Agregó que en tal contexto el programa Habilidades para la Vida, dirigido a niños y niñas del Primer y Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia y los Escolares de primer ciclo básico, tiene por objeto disminuir los daños en la salud mental, elevar las competencias y habilidades personales a fin de contribuir al éxito en el desempeño escolar. Refirió que este es un Programa que busca una intervención psicosocial integral en conjunto con psicólogos y apoderados e involucra a la familia para dar un desarrollo que impida el abandono y la deserción escolar.
Señaló que en este aspecto también se incluye el Programa de Alimentación Escolar PAE, que considera una minuta especial de alimentos ricos en nutrientes, tales como calcio y proteína para paliar los efectos de los metales pesados, aclarando que este programa regirá a partir del año 2012, puesto que este año no se alcanzó a modificar las bases de la licitación.
2) Implementación de un plan de apoyo a docentes y asistentes de la educación, que permita entregar herramientas pedagógicas a los docentes para reforzar los conocimientos de aquellos alumnos beneficiados por esta ley.
3) Focalización en los alumnos afectados de asistencia brindada por los distintos programas que promueve la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Enseguida hizo entrega de una Minuta que contiene un detalle de la implementación de los señalados Programas, desglosados por establecimiento educacional, y que se anexa como parte integrante de este informe.
El Honorable Senador señor Orpis, expresó que en ningún momento escuchó que el señor Subsecretario hiciera referencia a la existencia de un daño permanente en los niños, agregando que los programas a que aludió son comunes para todos los establecimientos educacionales, manifestando que es preciso crear programas focalizados al daño de los niños afectados.
Agregó que en la materia lo relevante es efectuar un chequeo que permita conocer el daño cognitivo y neurológico de los estudiantes afectados, ya que siempre presentarán una desventaja respecto de los demás niños del país y, en esa perspectiva, expresó que es necesario la creación de una beca para educación, especialmente para educación superior.
El Honorable Diputado señor Vargas coincidió con las aseveraciones del Honorable Senador señor Orpis, manifestando que no divisa un trato especial para estos alumnos y que solamente se les aplicará los programas regulares de todos los colegios. También puso énfasis en la necesidad de instaurar una beca, especialmente para la educación superior.
El Honorable Senador señor Rossi afirmó que los aspectos educativos en las políticas reparatorias siempre han estado descuidados, manifestando temor de que ello se repita en esta ocasión Afirmó que si bien pueden existir programas nacionales que tengan un impacto positivo en niños con problemas de aprendizaje derivados de la exposición a polimetales, es necesario considerar la aplicación de programas educativos de mayor especificidad.
Enseguida consultó sobre el número de beneficiarios, los requisitos para ser calificado como tales, la cantidad de recursos considerados para programas educativos especiales, y cuál sería la cobertura a partir del año 2012, agregando que los datos que se observan en la Minuta entregada por el señor Subsecretario guardan relación con los programas ordinarios ya existentes.
Agregó que considera de la máxima importancia la aplicación de programas especializados que respondan efectivamente al daño que se ha provocado en la parte cognitiva de los estudiantes.
El señor Subsecretario de Educación, procedió a dar respuesta a las inquietudes expuestas.
Expresó, en primer término, que efectivamente lo que ha planteado son programas nacionales y que el Ministerio de Educación tiene conciencia de la necesidad de reforzar y generar acciones especiales, atendidas las características de estos alumnos. Aseveró que el Ministerio no cuenta con una evaluación que le permita afirmar si el daño será permanente o transitorio, coincidiendo en la necesidad de efectuar tales evaluaciones y determinar el grado de intervención que es necesario llevar a cabo.
Agregó que no es fácil separar el nivel del daño o la dificultad que presenta el niño, ya que no se puede establecer cuánto es el porcentaje del daño que corresponde a exposición a metales pesados y cuánto es consecuencia de otros factores, o bien del entorno.
Respecto a la creación de una beca especial que considere estudios superiores aseveró que es una materia que el Gobierno está dispuesto a considerar.
El Honorable Senador señor Navarro señaló no entender las razones por las cuales se hace una evaluación separada de daños, en circunstancias que es deber del Estado garantizar las mejores condiciones de salud independiente de cuál sea el origen del daño o enfermedad del afectado, debiendo el Estado otorgar una atención integral.
En sesión celebrada el día 11 de octubre de 2011, la Comisión Mixta recibió en audiencia a los dirigentes vecinales de las zonas afectadas en la Comuna de Arica, a objeto de escuchar sus planteamientos en torno a la proposición efectuada por el Ejecutivo .
La dirigente vecinal de la comuna de Arica, señora Myriam Aguirre, expuso las principales observaciones al estado de avance del Programa Maestro de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la ciudad de Arica. En primer término, objetó el estudio epidemiológico donde se destaca a la ciudad de Arica como la segunda más contaminada del país, puesto que no se consideró una variable relevante, como son las malformaciones congénitas, además, el estudio cuestionado, afirmó, confunde a la opinión pública porque no aclara que la ciudad no es la contaminada, sino ciertos sectores de ella.
Asimismo, el informe indica que se están efectuando los exámenes médicos pertinentes a la población, no obstante, ellos no reflejan la relación de causalidad respecto de la contaminación. En Arica, sostuvo, los médicos del Centro de Atención Integral afirman que las enfermedades no se relacionan con la contaminación, contrariando lo asegurado por el profesor señor Andrei Tchernitchin, quien expresa que las enfermedades que padecen los pobladores de los sectores afectados son causadas por la contaminación existente en el lugar.
En el ámbito educacional, manifestó que existía un compromiso inicial con los menores asistidos por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) para la entrega de una colación adicional, lo que a la fecha no se ha cumplido. De igual forma, se aseguró en su momento, la entrega de becas a las personas que ingresaran a la educación superior, sin exigírseles un nivel de excelencia académica, sino tan sólo la aprobación de cada una de las cátedras respectivas, justificado principalmente, en los daños motrices causados por la contaminación que impediría en algunos casos, un rendimiento óptimo.
En materia de vivienda, hizo ver la existencia de falencias en el sistema de beneficios, en especial, porque los otorgados son inferiores en calidad a los inmuebles que los afectados poseen en la actualidad, no habiéndose considerado las inversiones efectuadas por cada uno de ellos en sus respectivas propiedades. Asimismo, manifestó que se ha generado un clima de molestia entre los vecinos por las diferencias surgidas entre quienes aceptaron inicialmente el beneficio y aquellos que persistieron en la obtención de una casa, en vez de un departamento. De esta forma, los que optaron por la primera solución quedaron en una situación de desmedro respecto a las actuales viviendas que se ofrecen entregar, las que serían de mejor calidad.
Por otra parte, si bien reconoció que se han efectuado inversiones en los distintos sectores afectados, hizo presente que en algunos casos han resultado infructuosas, como los trabajos de fitorremediación donde se utilizaron químicos derivados de la caña de azúcar, que encapsulan los tóxicos y que son aptos para zonas secas. Sin embargo, inesperadamente precipitó en Mea, lo que tornó inútil el gasto.
También indicó que en el informe de avance se señalan adelantos en sectores como Villa Alborada, que aún no han sido intervenidos, ni remediados ni mitigados.
En otro ámbito, lamentó que a la fecha no se les haya dado a conocer el estudio efectuado por el laboratorio especializado, pese a haberse efectuado el año 2009. Más aún, apuntó, dicho informe fue modificado sin la autorización respectiva. Tampoco fue considerado, añadió, el estudio elaborado por la Policía de Investigaciones de Chile.
Finalmente, se refirió al programa de Atención a la Primera Infancia , denominado Tesoro Mío, el que fuera presentado por los distintos dirigentes vecinales, y que, según el mismo estado de avance, indica que el programa se elaboró para atender niños del sector afectado. En efecto, declaró, existe una sede en el sector, pero que fue construida por los propios vecinos, y no como consecuencia del programa que se informa. Es más, afirmó, las actuales dependencias sólo están en obra gruesa, ya que no se ha efectuado ningún trabajo de terminación.
La dirigente vecinal de la comuna de Arica, señora Patricia Solano, a su turno, agradeció a los parlamentarios y demás autoridades la oportunidad para exponer la problemática que los aqueja, pero acotó que parte importante de los avances informados, específicamente en infraestructura urbana, aún no se han concretado.
Al mismo tiempo, corroboró lo manifestado por la señora Aguirre, en cuanto a que la examinación médica de los pobladores de las zonas afectadas no se ha llevado a cabo, sino simplemente se han hecho controles de rutina sin mayor profundidad.
Por último, respecto a la erradicación de las poblaciones Los Industriales III y IV, no estuvo de acuerdo con aquellos que sostienen que esos sectores no están contaminados, ya que tal vez no existan documentos que así lo acrediten, pero las enfermedades que sufren los vecinos de los sectores mencionados, dan cuenta de lo contrario.
El dirigente de los trabajadores de la empresa Promel, señor Arturo Flores, sostuvo por su parte que las personas que desempeñaron labores en las empresas del sector que causaron contaminación, han sido excluidas del informe que se analiza en esta sesión. El grupo de trabajadores que representa fue derivado a la mutual de seguridad como aplicación de la ley de accidentes de) trabajo y enfermedades profesionales, sin existir un catastro de las personas involucradas. Añadió que mediante Ordinario N° 14.411 se comunicó que si a los trabajadores examinados no se les detecta plomo u otro metal pesado, los costos médicos serán de su cargo, instructivo con e] cual se mostró en total desacuerdo.
La dirigente vecinal del sector Los Industriales I, señora Sonia Araya, compartió las opiniones vertidas por los demás dirigentes, y a su vez, consultó por la situación de los vecinos que no serán erradicados, planteando la posibilidad de que en su lugar, se otorguen beneficios para el mejoramiento de viviendas, pavimentación de calles, incorporación de productos vegetales que captan los agentes contaminantes existentes en el suelo, entre otros.
La dirigente vecinal del sector Los Industriales III, señora Marta Quisbert, por su parte, puso énfasis en el mejoramiento de los espacios públicos del sector que representa, indicando que el estado de avance informa la aprobación del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, de un presupuesto por $191.000.000.- de pesos para la ejecución de [os trabajos de pavimentación, instalación de arbustos, macetas, cubos y cilindros de hormigón, bolardos, postes tipo pagoda y luminarias. Lamentablemente la ejecución de las obras aprobadas, señaló, no fue lo solicitado por los vecinos del sector, quienes aspiraban a ser erradicados del lugar, debido a las enfermedades provocadas por la contaminación.
La dirigente vecinal de la comuna de Arica, señora Nancy Montecinos se mostró desilusionada por la ausencia de propuestas definitivas para solucionar los problemas que afligen a los vecinos de fas zonas contaminadas, luego de tanto tiempo transcurrido desde el inicio de la discusión del presente proyecto de ley, por tal motivo solicitó a los señores parlamentarios darle prioridad a la tramitación de [a iniciativa legal para evitar así, que las personas afectadas sigan sufriendo las consecuencias de la contaminación.
La dirigente vecinal de la comuna de Arica, señora Juana Jara, declaró que en reunión sostenida el 27 de septiembre del presente año, S.E. el Presidente de la República pudo constatar in situ la situación de los vecinos de las localidades afectadas, manifestando su interés en la implementación de medidas para resolver la problemática, sin embargo, el medio idóneo para ello, acotó, es la aprobación de la iniciativa legal en discusión, por lo que pidió a los señores parlamentarios y autoridades involucradas poner el máximo esfuerzo en concluir a la brevedad la tramitación del presente proyecto de ley.
La dirigente vecinal de la comuna de Arica, señora Beatriz Suarzo, ratificó lo expresado por los demás dirigentes y agregó que el daño es de tal magnitud, que la mayoría de las personas adultas afectadas se ve imposibilitada de desempeñar un trabajo remunerado, razón por la cual demanda del Estado, a través de sus representantes, la concesión de beneficios que compensen los perjuicios ocasionados.
La dirigente vecinal del sector Los Industriales II, señora Cristina Sáez, concordó con lo manifestado por los otros representantes e insistió en la necesidad de ser erradicados del lugar porque consideró como única solución viable para terminar con la contaminación que afecta a la población, abandonar el sector en que habitan y ser reubicados en un ambiente saludable para todos.
La dirigente vecinal del sector Los Industriales I, señora Rosa Medina, reiteró lo declarado por los demás representantes e instó a las autoridades del Ejecutivo a trabajar en conjunto con los sectores vecinales, ya que son los pobladores afectados quienes conocen mejor las necesidades de la comunidad.
La dirigente vecinal del sector La Alborada, señora Trinidad Segovia, preguntó por la posibilidad de reunirse en un período próximo, con todos los representantes de los ministerios involucrados en la solución del conflicto que les atañe, lo que facilitaría el despacho del presente proyecto de ley, con los consiguientes beneficios que ello implicaría para la ciudadanía.
El Honorable Senador señor Rossi solicitó a la Comisión sostener una reunión con los Ministros sectoriales para estudiar la implementación de las medidas solicitadas por los vecinos, ya que hizo presente que algunos de los beneficios solicitados están fuera del alcance del proyecto de ley que se debate.
El Honorable Senador señor Orpis, a su turno, destacó la exposición efectuada por los distintos representantes de la comunidad local, lo que calificó como necesario para cerrar el debate antes de la votación particular de la iniciativa legal. Puso de manifiesto también, que el proyecto original ingresado a la Honorable Cámara de Diputados sólo delegaba facultades en el Presidente de la República para tomar las medidas necesarias que mitigaran los efectos de la contaminación en las localidades de la ciudad de Anca, pero no implementaba medidas concretas, como sí lo pretenden las modificaciones introducidas durante el trámite parlamentario.
La Honorable Senadora señora Alvear retomó la solicitud efectuada por la señora Segovia, consultando al representante del Ejecutivo por la viabilidad de programar una reunión de trabajo entre los señores Ministros y los dirigentes vecinales para tratar las medidas necesarias que absorban las inquietudes de la comunidad.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, señaló comprender las preocupaciones de los vecinos, pero solicitó separar la discusión del Plan Maestro de Contingencia y Mitigación y el proyecto de ley en estudio. Precisó además, que una parte importante de los compromisos asumidos por el Ejecutivo se han cumplido, lo que se ha reflejado, argumentó, en los beneficios que se han incorporado a la iniciativa legal en debate. Por otro parte, con respecto a las apreciaciones que se han vertido sobre el Plan, aclaró que las obras no se han efectuado porque los recursos sólo fueron aprobados el 12 de agosto del año 2011, proyectándose la finalización de las mismas, recién a fines del mes de febrero del año 2012.
Asimismo, se comprometió a comunicar a los señores Ministros la petición formulada por Su Señoría, sin embargo, expresó, la realización de una posible reunión dependerá de la agenda de cada autoridad.
Finalmente, respecto a los beneficios en materia de vivienda y educación para los vecinos afectados en la ciudad de Arica, puntualizó que el Ejecutivo se compromete a la creación de un subsidio especial para la postulación a viviendas, que se denominará Subsidio Polimetales de Arica, que exigirá ciertas condiciones, pero no requerirá ahorro previo de los solicitantes. En segundo término, indicó que se incorporará en el presente proyecto de ley, una beca especial para estudios de educación media y superior, cuyo contenido y forma se señalará en un reglamento que se dictará al efecto.
El Honorable Diputado señor Baltolu concordó con la solicitud planteada al Subsecretario , y expresó su confianza en las gestiones que se efectuarán con cada uno de los ministerios para concretar la reunión con los dirigentes vecinales de Arica. Igualmente, consideró indispensable suspender la ejecución de las obras paralelas que se están desarrollando en la ciudad, hasta la implementación total del Plan Maestro de Contingencia y Mitigación, ya que a la fecha se han realizado trabajos parciales que no logran el beneficio requerido por la comunidad, distrayendo recursos económicos y humanos.
El Honorable Senador señor Horvath solicitó a su vez, que al momento de la discusión particular del presente proyecto de ley, asistan los señores Ministros del sector atingente a cada propuesta concreta, lo que permitiría una discusión más fluida de cada uno de los temas.
En sesión celebrada el 18 de octubre de 2011, la señora Presidenta de la Comisión Mixta , Honorable Senadora señora Soledad Alvear, recordó que en la sesión anterior expusieron los dirigentes de polimetales de la ciudad de Arica, quienes hicieron presente a la Comisión Mixta las observaciones, dudas y reparos que les merecía la proposición del Ejecutivo.
Enseguida, consultó al señor Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado si los Ministerios involucrados habían recogidos las observaciones señaladas.
El Subsecretario , señor Claudio Alvarado manifestó que el Ejecutivo ha recogido los planteamientos y observaciones efectuadas tanto por los Honorables integrantes de esta Comisión Mixta, como por los dirigentes vecinales, a los que se referirá a continuación:
Se enviará una nueva redacción al texto de los artículos 10° y 13° de la proposición del Ejecutivo , que dicen relación con las acciones en materia educacional, de vivienda y de mitigación.
Señaló que en lo relativo al diagnóstico sobre el daño cognitivo de los estudiantes afectados por contaminación, la propuesta que se formalizará próximamente, considera incorporar un nuevo numeral 3) al artículo 10°, que contempla la realización de estudios realizados por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud, que permitan detectar el daño y el grado de afectación experimentado por los alumnos beneficiarios de esta ley.
Enseguida, refirió que también se establecerá un Programa Especial de Becas de Mantención para alumnos de enseñanza media y superior, denominado Beca Polimetales de Arica. Agregó que un reglamento expedido a través del Ministerio de Educación determinará los requisitos, condiciones y procedimiento de adjudicación de la beca en cuestión. Recordó que esta materia obedece a un petición expresa de la Comisión Mixta, que el Ejecutivo en su oportunidad acogió parcialmente, que se ha replanteado al ministerio sectorial, acogiéndose en su totalidad.
En materia habitacional, la propuesta que se someterá a consideración de la Comisión Mixta incorporará un artículo 13°, nuevo, mediante el cual se crea el Subsidio Habitacional Polimetales de Arica, el cual no requerirá ahorro ni concurso previo por parte de la familia solicitante. Un Reglamento expedido a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, suscrito además por el Ministro de Hacienda , determinará los requisitos, condiciones y procedimiento de otorgamiento y adjudicación del subsidio en cuestión.
El referido subsidio se asignará directamente a las familias beneficiarias de las acciones en materia de vivienda y urbanismo señaladas en esta ley, facultando a las mismas para optar por alguna de las modalidades de subsidio habitacional destinadas al efecto, debiendo el Servicio de Vivienda y Urbanización hacer efectivas las opciones adoptadas.
La nueva proposición del Ejecutivo, aseveró, considerará la entrega de un subsidio especial, para el mejoramiento y reparación de viviendas cuyas condiciones permitan su habitabilidad, el cual no requerirá ahorro ni concurso previo por parte de la familia solicitante.
Concluyo el señor Subsecretario señalando que, en definitiva, la nueva propuesta da efectiva solución al tema de las Becas, a la vez que precisa que los subsidios, tanto el Subsidio Habitacional Polimetales de Arica como el Subsidio de Habitabilidad, no requerirán ahorro ni concurso previo.
El Honorable Diputado señor Vargas reiteró que el monto del subsidio no alcanza para el recambio de aquellas casas de un valor mayor, solicitando se considere tal situación y se otorgue un monto mayor al de los subsidios ordinarios.
Enseguida, el Honorable Senador señor Orpis, se refirió al artículo 1° del Título I de la proposición del Ejecutivo , que establece el ámbito de aplicación de las acciones que contempla la ley, el que se circunscribe sólo a la ciudad de Arica. En tal sentido, señaló, que la aplicación debiera efectuarse a la Región de Arica y Parinacota, puesto que en la Provincia de Parinacota, comuna de Putre, se ubica la localidad de Copaquilla, lugar en que se depositaron polimetales y gran cantidad de cianuro.
Añadió que el tema de la localidad de Copaquilla es delicado por cuanto ésta se ubica en el Valle de Azapa, que podría contaminar el cultivo de verduras, afectando en definitiva también a la ciudad de Arica, por lo que concluyó señalando que es necesario proceder a su remediación.
El Honorable Diputado señor Vargas aseveró que la situación de Copaquilla es altamente riesgosa, puesto que ahí se acopiaron toneladas de diversos polimetales, cianuro y otras sustancias por parte de Promel S.A., las que se encuentran depositadas en una quebrada al costado del afluente del Río San José, de manera que si no hay remediación cualquier lluvia fuerte haría caer estos depósitos a las aguas de la ciudad de Aries.
El señor Subsecretario aseveró que transmitirá esta inquietud a los Ministerios de Salud, Medio Ambiente, y Vivienda y Urbanismo, agregando que no está en condiciones de pronunciarse sobre la materia, aseverando que si bien comparte el criterio de los Honorables señores parlamentarios, es necesario conocer previamente si los Ministerios sectoriales disponen de evaluación y estudios, y cuál sería la complejidad y la dimensión del tema para adoptar una decisión.
Refirió que todos los planes y programas considerados en la proposición del Ejecutivo corresponden a los contenidos en los planes y programas de mitigación que se aplican en la ciudad de Arica, los que se pretenden consagrar en un cuerpo legal, como lo solicitó la Comisión Mixta, evitando así eventuales actos discrecionales.
Enseguida, se efectuó un breve análisis del artículo 2° de la proposición, que dispone que un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud, establecerá los criterios, requisitos y procedimientos para determinar a los beneficiarios de las acciones del programa establecido por la presente ley. A su vez, el inciso segundo de la norma establece que la resolución que determine o rechace la calidad de beneficiario de las acciones del programa, será reclamable conforme a lo señalado en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.
El Honorable Senador señor Horvath recordó que en un comienzo las autoridades sectoriales cuestionaron el estado de salud de las personas afectadas, e incluso la compararon con la de la población de la ciudad de Antofagasta, que corresponde a una zona minera, por lo tanto, agregó, no le parece apropiado entregar únicamente al Ministerio de Salud la facultad de determinar los criterios y requisitos para acceder a la calidad de beneficiario.
Por su parte el Honorable Senador señor Orpis manifestó su desacuerdo en orden a que la calidad de beneficiario quede sujeto a lo que determine un Reglamento, señalando que tal calidad debe quedar definida en la ley. Para ello propuso se considere como tal a los habitantes de Anca y Parinacota que hayan mantenido dicha condición por 10 años continuos o discontinuos; a los propietarios de vivienda incorporados por la Autoridad Coordinadora en el catastro respectivo, y también, a quienes hubieren mantenido una relación laboral con las empresas que internaron o transportaron estos desechos tóxicos y que, debido a su trabajo, se vieron expuestos a la contaminación.
Enseguida, señaló que sin perjuicio de los recursos que se establecen en la Ley de Procedimientos Administrativos para quienes hayan quedado al margen de la calidad de beneficiario, es preciso consignar que las personas siempre podrán recurrir a la justicia ordinaria.
La Honorable Senadora señora Alvear aseveró coincidir con los planteamientos anteriores, afirmando que es complejo entregar a un Reglamento dictado por una sola autoridad la determinación de los requisitos para ser beneficiario.
No obstante lo anterior, agregó que si bien la determinación en la ley de la calidad de beneficiario otorga una mayor certeza, también presenta inconvenientes, puesto que si no se cubriera todos los hipotéticos casos que pudieren ocurrir, o si apareciera una categoría de personas afectadas por la exposición a polimetales que no estaba considerada, sólo cabria proceder a modificar el texto legal.
Ejemplificó sus aprensiones personificándolas en una mujer que hubiere vivido menos de 10 años en la zona contaminada, que luego se traslada a otra región, posteriormente se embaraza y su hijo nace con malformaciones o presenta problemas atribuibles a la exposición de la madre a los polimetales.
El Honorable Senador señor Orpis reiteró que es preciso, al menos, incluir a quienes mencionó anteriormente, señalando que, en todo caso, deja abierta la propuesta a otras situaciones que surjan durante el análisis del proyecto.
El Honorable Senador señor Horvath señaló que la ley debiera consignar los criterios que debe considerar el Reglamento para establecer la calidad de beneficiario, sin señalar taxativamente quiénes tienen tal calidad.
A su vez el Honorable Senador señor Orpis señaló que otra opción seria la de establecer que el Reglamento considere el conjunto de situaciones que refirió anteriormente.
El Honorable Diputado señor Ascencio coincidió con lo planteado anteriormente, señalando que actualmente existe un universo de aproximadamente 12.000 potenciales beneficiarios, manifestando su inquietud por el hecho que se entregue al arbitrio de una autoridad la fijación de los requisitos y que eventualmente ello incida en una cantidad menor de beneficiarios.
El Honorable Senador señor Navarro criticó la ausencia de normas referidas a la disposición final de los residuos, ya que su mantención en el lugar donde actualmente se encuentran constituye un riesgo para la salud de la población, y podría ocasionar mayor contaminación en aire, suelo y agua.
Además, señaló que este es un programa que se ejecutará durante al menos una década, siendo partidario que la ley señale quién es la Autoridad Coordinadora, que en su opinión debiera tener el rango de Ministro de Estado .
El Subsecretario , señor Aivarado señaló que el Ejecutivo no ha determinado aún en la propuesta quién es la Autoridad Coordinadora con el propósito de escuchar las sugerencias de la Comisión Mixta.
El Honorable Diputado señor Baltolu señaló que es necesario considerar el universo de los beneficiarios particularmente en los temas de salud y de educación, ya que las materias de vivienda y medioambientales se resuelven de una sola vez. Refirió que es preciso explicitar los beneficiarios en salud, agregando que se debe incluir expresamente a personas contaminadas afectas al régimen previsional de las Fuerzas Armadas, y también a aquellos ex trabajadores, que son atendidos por mutuales, los que actualmente no son considerados en estos programas.
Enseguida, el Honorable Senador señor Orpis se refirió al artículo 4°, relativo a la Autoridad Coordinadora, señalando que sus inquietudes van más allá del grado jerárquico que se le asigne, aseverando que si bien el proyecto le entrega la facultad de coordinar los servicios públicos, nada dice respecto ante quién responden éstos últimos, debiendo otorgarse a la Autoridad Coordinadora competencia para exigir responsabilidades. Al mismo tiempo la Autoridad Coordinadora debe ser responsable del cumplimiento eficaz del Plan y, por lo tanto, se la debe dotar de potestad ejecutora.
La Honorable Senadora señora Alvear estimó que la Autoridad Coordinadora no debiera ser parte de una entidad ejecutora, agregando que le parece conveniente que se radique en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, atendida la naturaleza de las funciones que desarrolla este Ministerio.
A objeto de avanzar en la tramitación del proyecto, la Comisión Mixta acordó que los integrantes de la misma envíen sus sugerencias en relación al articulado a la Secretaría de la Comisión Mixta, con el propósito de que éstas sean remitidas al Ejecutivo para su análisis y respuestas.
En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2011, el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, señaló que recibidas las observaciones y sugerencias de los Honorables señores integrantes de la Comisión Mixta, el Ejecutivo ha efectuado, mediante Mensaje N° 438-359, de fecha 10 de diciembre de 2011, una nueva proposición para resolver la discrepancia surgida entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto, cuyo texto es del siguiente tenor:
TÍTULO I
DEL PROGRAMA DE ACCIÓN
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objetivo establecer un programa de acción en las zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales en la comuna de Arica y en sus habitantes que cumplan la calidad de beneficiarios.
Artículo 2°.- Beneficiarios. Un reglamento, expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establecerá los criterios, requisitos y procedimientos para determinar a los beneficiarios de las acciones del programa establecido por la presente ley.
El reglamento a que alude el inciso anterior deberá ser dictado dentro de 6 meses contados desde la publicación de la presente ley.
La resolución que determine o rechace la calidad de beneficiario, será reclamable ante la autoridad competente conforme lo dispuesto en la ley N° 19.880, de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
Artículo 3°.- Zona con presencia de polimetales. Para efectos de esta ley, se entenderá como zona con presencia de polimetales como aquella zona geográfica o territorio específico contaminado o en situación de riesgo de contaminación por polimetales, emplazada geográficamente en la comuna de Anca.
El Presidente de la República , mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá ser suscrito por el Ministerio de Salud, determinará la zona con presencia de polimetales, utilizando los estudios ambientales aludidos en el artículo 15° de esta ley como antecedentes fundantes.
TÍTULO II
DE LA AUTORIDAD COORDINADORA
Artículo 4°.- Autoridad Coordinadora. El Presidente de la República , mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, designará a una Autoridad Coordinadora, quien será la responsable de velar por el fiel cumplimiento de todos los programas establecidos en la presente ley, así como ejecutar la coordinación de fas tareas que, en el ámbito de la presente ley, correspondan a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Vivienda y Urbanismo, Educación, Planificación y Medio Ambiente, así como de los servicios públicos creados por ley, para el cumplimiento de sus respectivas funciones administrativas, que operen en la Región de Anca y Parinacota.
Artículo 50.- Facultades de la Autoridad Coordinadora. Para llevar a cabo su cometido, se faculta a la Autoridad Coordinadora para efectuar las siguientes acciones:
1) Realizar acciones de coordinación que permitan optimizar y garantizar el uso de los recursos materiales y humanos aportados por los servicios e instituciones involucrados en el ámbito de esta ley, proponiendo para ello medidas concretas a las autoridades competentes dentro del marco que las leyes disponen;
2) Evaluar los instrumentos, resultados y estado de ejecución de las diversas medidas, así como de las actividades llevadas a cabo por los servicios e instituciones involucrados en el ámbito de esta ley;
3) Generar un fluido intercambio de información y datos de los servicios e instituciones reseñados, respecto de las actividades y medidas implementadas en la materia;
4) Coordinar y velar por la ejecución eficaz de las acciones desplegadas por los diversos organismos y servicios públicos, en cuanto a los objetivos, propósitos, tareas, acciones y medidas a implementar y que se ejecuten en el ámbito del plan establecido por esta ley;
5) Establecer, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, canales de coordinación con la Municipalidad de Arica, a fin de concertar planes, programas y acciones que resulten necesarios en el ámbito de esta ley.
Para el cumplimiento de los objetivos señalados en esta ley, la Autoridad Coordinadora podrá instruir a los respectivos Ministerios, Intendencia y Secretarías Regionales Ministeriales, para que en el ámbito de sus competencias, den cumplimiento cabal a los objetivos de la presente ley.
Las autoridades señaladas en el inciso anterior deberán dar fiel cumplimiento a las instrucciones de coordinación emanadas de la Autoridad Coordinadora.
Artículo 6°.- Catastro. Para lograr la implementación del programa, la Autoridad Coordinadora deberá elaborar un catastro de las personas, viviendas y demás edificaciones afectadas por la contaminación por polimetales.
Mediante el catastro se evaluarán e identificarán las acciones específicas del programa que se establecen mediante esta ley que recibirán cada uno de los beneficiarios.
TÍTULO 111
DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
Artículo 70,- Acciones en materia de salud. El Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, deberá realizar las siguientes acciones:
1) Implementar y poner en marcha un Laboratorio de Salud Pública y Ambiental, el cual deberá contar con capacidades analíticas para tomar muestras ambientales y de las personas;
2) Determinar la realización de estudios epidemiológicos en la población expuesta a la contaminación por Polimetales en la comuna de Arica;
3) Mantener actividades de fiscalización regular de la calidad del agua y alimentos, en el ámbito de sus competencias; y,
4) Disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo de las acciones de su competencia en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley.
Artículo 8°.- Objetivo de las acciones de salud. Las acciones en materia de salud deberán estar orientadas a cumplir con los siguientes objetivos:
1) Implementar un programa de detección, control y tratamiento de los efectos de la contaminación en la población afectada; y,
2) Generar una base de datos que registre la información que permita determinar y conocer las características de los daños producidos por la contaminación en las personas afectadas, así como especificar la patología y los efectos transgeneracionales de largo plazo en la salud de las personas afectadas.
Artículo 9°.- Programa de seguimiento de salud. Las personas afectadas por la contaminación serán incluidas en un programa de seguimiento de su estado de salud.
Artículo 10°.- Acciones en materia educacional. El Ministerio de Educación, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, deberá realizar las siguientes acciones:
1) Propender que se lleven a cabo acciones de reforzamiento para aquellos alumnos con rendimiento deficiente beneficiarios del plan que se establece mediante esta ley. En tal sentido, se deberá prestar atención pedagógica a los alumnos beneficiarios, la realización de clases de reforzamiento educativo, así como el seguimiento de su rendimiento estudiantil, con el objeto de fortalecer sus competencias de aprendizaje, emocionales y sociales;
2) Implementar un plan de apoyo a docentes y asistentes de la educación, que permita entregar herramientas pedagógicas a los docentes en cuestión para reforzar los conocimientos de aquellos alumnos beneficiados por esta ley;
3) Realizar estudios que permitan detectar el daño cognitivo y la afectación que la contaminación por polimetales ha provocado en los alumnos beneficiarios de esta ley. Los estudios en cuestión, serán realizados por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud;
4) Establecer un Programa Especial de becas de mantención para alumnos de enseñanza media y superior, denominado Beca Polimetales de Arica. Un reglamento dictado al efecto, expedido a través del Ministerio de Educación determinará los requisitos y condiciones y procedimiento de otorgamiento y adjudicación de la beca en cuestión;
5) Focalizar en los alumnos afectados la asistencia que brindan los distintos programas asistenciales que promueve la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; y,
6) Disponer de los recursos necesarios para [levar a cabo las acciones de su competencia, en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley.
Articulo 11°.- Acciones en materia de Vivienda y Urbanismo. Las prestaciones en materia de vivienda y urbanismo consistirán en la relocalización de familias, reparación de viviendas y ejecución de proyectos de barrio que apunten a la remediación de las zonas con presencia de polimetales.
Una resolución conjunta del Ministro del Medio Ambiente y el Ministro de Vivienda y Urbanismo señalará las zonas y [as acciones específicas que se [levarán a cabo en conformidad a lo señalado en este artículo.
Artículo 12°.- Catastro de familias a relocalizar. Una vez dictada la resolución aludida en el artículo anterior, se procederá a determinar el universo de familias afectadas a través de un catastro confeccionada por el Servicio de Vivienda y Urbanización.
Artículo 13°.- Subsidio Especial Habitacional Polimetales de Arica. Se asignará a las familias afectadas por polimetales de Arica que serán objeto de relocalización un subsidio especial, el cual no requerirá ahorro ni concurso previo por parte de la familia solicitante.
Una resolución dictada al efecto, expedida a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, determinará los requisitos, condiciones y procedimiento de otorgamiento y adjudicación del subsidio en cuestión.
Con todo, el subsidio habitacional aludido en el inciso anterior se asignará directamente a las familias beneficiarias de las acciones en materia de vivienda y urbanismo señaladas en esta ley.
Las familias afectadas podrán optar por alguna de las modalidades de subsidio habitacional destinadas al efecto, debiendo el Servicio de Vivienda y Urbanización hacer efectivas las opciones adoptadas.
Artículo 14°.- Programa de mejoramiento de barrios. Las zonas de emplazamiento de las viviendas afectadas que no sean objeto de relocalización serán beneficiadas mediante el programa de mejoramiento de barrios.
El programa de mejoramiento de barrios consistirá en la realización de las siguientes acciones:
1) Remediación y sellado en calles y veredas a través de asfaltado y obras con adocreto; y,
2) Ejecución de proyectos de áreas verdes y equipamiento comunitario y deportivo.
Asimismo, en el caso de las viviendas que no sean objeto de relocalización, que presenten un grave y manifiesto deterioro, se les entregará un subsidio especial para el mejoramiento y reparación de sus viviendas, el cual no requerirá ahorro ni concurso previo por parte de la familia solicitante.
Artículo 15°.- Organismo ejecutor de las acciones de vivienda y urbanismo. El conjunto de acciones de vivienda y urbanismo dispuestas en este título serán ejecutadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota.
El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota deberá disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo de las acciones de su competencia en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley.
Artículo 16°.- Estudios ambientales. El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, mientras se cumplan los criterios que fije un reglamento dictado al efecto, realizará semestralmente estudios destinados a evaluar el riesgo ambiental con motivo de la presencia de polimetales en Arica.
Como consecuencia de tales estudios se deberán definir las zonas de riesgo, el perímetro de intervención, así como la zona con presencia de polimetales, con el objeto de proteger la salud de las personas habitantes de la ciudad de Arica.
Un reglamento expedido a través del Ministerio del Medio Ambiente establecerá las definiciones, plazos y procedimientos para llevar a cabo la evaluación de riesgo ambiental frente a la presencia de sustancias químicas y otros contaminantes en la zona con presencia de polimetales.
Artículo 17°.- Estudios para determinar exposición a contaminantes. El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, mientras se cumplan los criterios que fije un reglamento dictado al efecto a través del Ministerio del Medio Ambiente, realizará semestralmente estudios destinados a evaluar la exposición ambiental con motivo de la presencia de polimetales en Arica.
Como consecuencia de tales estudios se deberán definir las zonas de riesgo, el perímetro de intervención, así como la zona contaminada por polimetales, con el objeto de proteger la salud de las personas habitantes de la ciudad de Arica.
TÍTULO FINAL
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 18°.- La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo prestará su colaboración a la Autoridad Coordinadora en la ejecución armónica del plan que se establece mediante esta ley.
Artículo 19°.- El Ministerio Secretaría General de la Presidencia brindará, dentro de sus competencias legales, a la Autoridad Coordinadora el apoyo necesario para realizar la coordinación interministerial y entre los diversos servicios públicos centralizados y descentralizados, así como en la generación de información para la toma de decisiones necesarias dentro del contexto de la presente ley.
Asimismo, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia propenderá a agilizar la tramitación de los instrumentos reglamentarios necesarios para la correcta ejecución de la presente ley.
Artículo 20°.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de las acciones que sean implementadas de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, será financiado con cargo a la partida del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público .”.
El señor Subsecretario don Claudio Alvarado señaló que la propuesta ha tenido presente las sugerencias y observaciones efectuadas por los Honorables integrantes de la Comisión Mixta, incorporando las siguientes materias:
a) En materia educacional, se considera la realización de estudios que permitan detectar el daño cognitivo y la afectación que la contaminación por polimetales ha provocado en los alumnos beneficiarios de esta ley. Tales estudios serán realizados por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud.
b) Establecimiento de un programa especial de becas de mantención para alumnos de enseñanza media y superior, denominado Beca Polimetales de Arica. Los requisitos, condiciones y procedimiento de otorgamiento y adjudicación, serán determinados por un reglamento, expedido a través del Ministerio de Educación;
Este beneficio, señaló el Subsecretario , no estaba considerado inicialmente, acogiendo así planteamientos efectuados tanto por los dirigentes de polimetales de Arica como por los Honorables señores parlamentarios que integran esta Comisión Mixta.
c) Creación de un subsidio habitacional que no requerirá concurso ni ahorro previo por parte de la familia solicitante.
El señalado subsidio se asignará directamente a las familias beneficiarias de las acciones de vivienda y urbanismo señaladas en esta ley, agregando que las familias afectadas podrán optar por algunas de las modalidades de subsidio habitacional destinadas al efecto, debiendo el Servicio de Vivienda y Urbanismo hacer efectiva las opciones adoptadas.
El señor Subsecretario destacó que estas normas precisan situaciones que fueron objeto de dudas y reparos, entre la cual destaca aquélla planteada por la Comisión Mixta, en orden a que la entrega del subsidio habitacional fuere financiado con recursos especiales, de manera de evitar el eventual uso de recursos del sector vivienda destinados a otros programas.
d) En el caso de las viviendas cuyas condiciones permitan la habitabilidad, se entregará un subsidio especial para mejoramiento y reparación, el cual no requerirá ahorro ni concurso previo.
e) Respecto del financiamiento de las acciones de esta ley, el artículo final del proyecto señala que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de las acciones implementadas de acuerdo a esta ley en proyecto, será financiado con cargo a la Partida del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público .
Enseguida, el señor Subsecretario , señor Alvarado, se refirió a otras inquietudes planteadas por los integrantes de esta Comisión Mixta, a saber:
- Respecto a la extensión del beneficio a la Provincia de Parinacota , manifestó que en opinión del Ejecutivo esta política pública debe continuar focalizada en la ciudad de Arica, puesto que en tal ámbito se diseñó el Plan Maestro de Arica que se venía ejecutando mediante decretos.
- En relación a la determinación de la calidad de beneficiario en el mismo texto legal, señaló que la determinación de las personas afectadas por la presencia de polimetales es altamente casuística, pudiendo ocurrir que su fijación mediante ley sea excesivamente rigurosa, provocando con ello la marginación de determinadas personas.
Por lo anterior, acotó, se optó por establecer en la ley las condiciones generales, dejando al reglamento la determinación de los beneficiarios. Además, el respectivo decreto supremo deberá expedirse por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, accediendo a lo planteado por la Honorable Senadora señora Alvear, por estimar que esta Cartera de Estado tiene una visión integral sobre la materia.
-Luego se refirió a la Autoridad Coordinadora, señalando que se había solicitado al Ejecutivo precisar de mejor manera sus deberes y atribuciones, a lo que se ha accedido, recogiendo los planteamientos y propuesta efectuados por el Honorable Senador señor Orpis.
Es así como el artículo 4° dispone que la Autoridad Coordinadora será la responsable de velar por el fiel cumplimiento de los programas establecidos en la presente ley, en tanto que, para realizar su cometido se le otorga la facultad de realizar las acciones que permitan optimizar el uso de los recursos materiales y humanos aportados por los servicios involucrados, proponiendo medidas concretas a las autoridades competentes; evaluar los instrumentos, resultados y estado de ejecución de las diversas medidas; coordinar y velar por la ejecución eficaz de las acciones desplegadas por los organismos y servicios públicos en cuanto a los propósitos, tareas y medidas a implementar en el ámbito del plan establecido por esta ley.
Asimismo, señala que para el cumplimiento de los objetivos señalados en esta ley, la Autoridad Coordinadora podrá instruir a los respectivos Ministerios, Intendencias y Secretarías Regionales Ministeriales, para que, en el ámbito de sus competencias, den cumplimiento cabal a los objetivos de la presente ley. Del mismo modo, establece la obligación para las autoridades señaladas de dar fiel cumplimiento a las instrucciones emanadas de la Autoridad Coordinadora.
Enseguida recordó que la Honorable Senadora señora Alvear planteó que la Autoridad Coordinadora se radicara en el Ministro Secretario General de la Presidencia , señalando que dada la naturaleza del Ministerio y su falta de estructura regional podría constituir una limitación, optándose por la fórmula inicial según la cual la mencionada Autoridad es designada por el Presidente de la República .
Agregó que con ello se logra un mayor grado de flexibilidad, por cuanto los temas involucrados en este proyecto son altamente sensibles y podrían ir variando en su énfasis.
El Honorable Senador señor Rossi consultó por el monto de la Beca de Mantención de Polimetales tanto para estudios medios como universitarios; asimismo requirió información acerca del plazo que se otorga a los Ministerios de Educación y de Salud para efectuar los estudios que permitan diagnosticar el daño cognitivo de los alumnos beneficiarios de esta ley.
En lo que atañe a los programas de vivienda, valoró la creación del Subsidio Habitacional Polimetales de Arica, que no requiere de concurso ni ahorro previo, ya que evitará cualquier duda respecto a los recursos con que se debe financiar; también destacó la existencia del Subsidio de Habitabilidad.
No obstante lo anterior, lamentó que no se hubiere accedido a otorgar un subsidio equivalente al del valor de las viviendas que se encuentran contaminadas, puesto que ello constituye un obstáculo en la erradicación.
El Honorable Diputado señor Vargas preguntó si la Beca Polimetales de Arica tiene una vigencia determinada.
Manifestó su desacuerdo con el monto del valor del Subsidio Habitacional Polimetales de Arica, señalando que éste no se ajusta al valor de mercado de las viviendas existentes en Anca.
La Honorable Senadora señora Alvear recordó que había sugerido que el Reglamento que determina la calidad de beneficiario fuere expedido por los Ministerios de Salud, Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, Educación y Secretaría General de la Presidencia , por estimar que la solución de los problemas de las personas afectadas por la contaminación debe ser objeto de un tratamiento integral, situación que no puede ser abordada por un Ministerio sectorial. Por ello pidió se reviera este aspecto, solicitando que, atendida su naturaleza, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia sea quien expida el citado Reglamento.
Enseguida, se refirió al artículo 2° de la propuesta, que entrega al reglamento la facultad de establecer los criterios y requisitos para acceder a la calidad de beneficiario, advirtiendo que la ley debe contener alguna directriz mínima para la dictación del mismo. En tal sentido, propuso que siempre se debe considerar beneficiario a quienes directa o indirectamente hayan sufrido las consecuencias de la contaminación.
En materia de vivienda y relocalización, la Honorable Senadora señora Alvear valoró la creación del Subsidio Habitacional Polimetales de Arica, añadiendo que se debiera hacer un esfuerzo para que aquellas familias que sean relocalizadas puedan acceder a una vivienda de calidad y condiciones similares a la de la vivienda que habitaban.
Respecto de la declaración de habitabilidad o inhabitabilidad de una vivienda, aseveró que la resolución siempre deberá ser fundada y dictada por los Ministerios de la Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente y, además, Salud. Aseveró que tratándose de habitabilidad la variable más importante a considerar es la salud de las personas, y que la autoridad sanitaria es la más idónea para pronunciarse al respecto.
El Honorable Senador señor Orpis coincidió con el planteamiento de la Honorable Senadora señora Alvear, aseverando que la ley N° 20.385, estableció un procedimiento para la adquisición de viviendas de los afectados por la erupción del Volcán Chaitén, que consideró el valor que tenía la propiedad antes de la erupción del Volcán, señalando que hubo intentos de establecer el mismo procedimiento en el caso de Arica, planteando al Ejecutivo si existe voluntad para ello.
El Subsecretario , señor Claudio Alvarado se refirió a las consultas relativas al monto de la Beca Polimetales de Arica, señalando que la forma, los montos y los tiempos serán considerados en el Reglamento que al efecto dicte el Ministerio de Educación, el que tendrá como referente las modalidades de entrega de otras becas otorgadas por esa Secretaría de Estado.
Respecto del monto del subsidio habitacional señaló que éste ha sido un tema recurrente al interior de la Comisión Mixta, no obstante ello expresó que el Gobierno ha actuado con realismo respecto de los recursos que puede comprometer.
En relación a lo planteado por la Honorable Senadora señora Alvear en orden a considerar al Ministerio Secretario General de la Presidencia en la dictación del decreto que establece la calidad de beneficiarios, señaló su voluntad de rever tal situación, atendido las consideraciones efectuadas por Su Señoría.
El Honorable Diputado señor Baltolu expresó que hay sectores que el Estado no ha considerado erradicar, agregando que si bien, aparentemente, sus habitantes no presentan secuelas físicas, sí están afectadas por un severo daño sicológico, consultando si en tal caso podrían las personas entregar sus casas y el subsidio al Estado, para que el Ministerio de la Vivienda les otorgue una nueva casa.
Consultó, además, si a las personas afectas al régimen previsional de las Fuerzas Armadas, de la Dirección de Previsión de Carabineros, o adscritos a mutuales de seguridad se les otorgarán las prestaciones de salud establecidas en este proyecto de ley, aseverando que a los ex trabajadores de Promel S.A., se les ha negado el acceso a las mismas, recibiendo solamente el tratamiento que establece la Ley sobre Accidentes del Trabajo.
El Subsecretario , señor Alvarado respondió que el Estado ha determinado en función de los diversos estudios, análisis y muestras cuales son los sectores a erradicar y cuáles serán objeto de mitigación, aseverando que no es posible dejar abierta la opción a situaciones que tendrían el carácter de voluntario.
En relación a la entrega de las prestaciones de salud que establece esta ley a las personas contaminadas por metales pesados, señaló que, indudablemente, el reglamento a que se refiere el artículo 2° deberá considerarlos.
A continuación, se incorporaron a la sesión los dirigentes de Polimetales de Arica, efectuando la señora Presidenta de la Comisión Mixta un resumen de los compromisos asumidos por el Ejecutivo , procediendo luego a ofrecer la palabra.
El Presidente del Sindicato de ex Trabajadores de Promel S.A., señor Arturo Flores consultó en qué situación quedaran sus representados una vez que se promulgue esta ley, refiriendo que hasta la fecha no han podido acceder a los beneficios que establece el Plan Maestro de Arica.
El Subsecretario señor Alvarado señaló que siempre que existan personas que en función de sus antecedentes de salud han sufrido impacto derivado de la contaminación por polimetales, quedarán incluidas como beneficiarias de esta ley, agregando que sería ilógico que estando vigente la ley, y contando el Ministerio de Salud con los antecedentes médicos de las personas afectadas se les negara la calidad de beneficiarios.
La dirigente del sector Industriales III, señora Marta Quisbert consultó si aquéllos propietarios cuyas viviendas sean objeto solamente de mitigación, según lo determinó la Autoridad, podrían entregar el subsidio habitacional que les ha otorgado el Estado, obteniendo otro que les posibilite su erradicación.
Al respecto, el señor Subsecretario manifestó que la materia consultada no está dentro de la esfera de su competencia, comprometiéndose a efectuar la consulta al tenor de lo que se ha planteado y traer una respuesta para la próxima sesión.
El Honorable Senador señor Orpis, hizo presente que el tiempo que ha tardado esta Comisión Mixta en despachar la materia no ha sido en vano, señalando que se ha trabajado en forma constante, y que gracias a ello se han obtenido importantes logros, principalmente, la obtención de un texto legal que consigna las acciones a desarrollar, a diferencia del proyecto original, en que las mismas eran objeto de una facultad delegada. Mencionó, además, la creación de la Beca de Mantención Polimetales de Arica, orientada a educación media y superior que inicialmente no estaba considerada.
En sesión celebrada el día 10 de enero de 2012, la Secretaría hizo una relación de las materias que solicitaron los distintos integrantes de la Comisión Mixta, y que el Ejecutivo ha considerado en la proposición presentada el pasado mes de diciembre del año 2011. Entre las propuestas se consideró, en materia educacional, la elaboración de estudios que permitan detectar el daño cognitivo y la afectación que la contaminación ha provocado a los alumnos beneficiarios del presente proyecto de ley. Los estudios señalados serán efectuados por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud. La propuesta establece, además, un programa especial de becas de mantención para estudiantes de enseñanza media y superior. Los requisitos, condiciones y procedimientos de otorgamiento serán determinados por un reglamento expedido a través del Ministerio de Educación.
Luego, en materia de vivienda, se crea el Subsidio Especial Habitacional Polimetales de Arica, que no requiere por parte de las familias solicitantes, concurso ni ahorro previo. Se señaló también, que la redacción del texto propuesto disipa toda duda planteada por los miembros de la Comisión, en orden a que el subsidio mencionado pudiera ser financiado con recursos ordinarios, restando los fondos a otros programas del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. De igual forma, se expresó que la propuesta del Ejecutivo contempla un subsidio especial para viviendas con condiciones de habitabilidad, que tampoco requerirá de concurso ni ahorro previo.
Finalmente, respecto a la Autoridad Coordinadora, la propuesta determina que será responsable de velar por el fiel cumplimiento de los programas, dotándola a su vez, de las facultades necesarias para hacer cumplir eficazmente el plan. El nombramiento será efectuado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, quien brindará, dentro de la esfera de su competencia, el apoyo indispensable para que la autoridad designada cumpla su cometido. Asimismo, se indicó que tal Ministerio dictará el reglamento que regulará el sistema para la entrega de los beneficios que establecerá la presente iniciativa legal.
El Honorable Senador señor Rossi consultó por el Ministerio u organismo que relacionará a la Autoridad Coordinadora con el Presidente de la República .
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, explicó que se nombrará una autoridad, de rango ministerial, de subsecretaría o una autoridad radicada en la región, y aclaró a su turno, que la propuesta considera potestades para que la Autoridad Coordinadora requiera de los servicios públicos el cumplimiento de los programas que establecerá la ley, ordenando a las instancias, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad.
La Honorable Senadora señora Alvear solicité al Ejecutivo que la autoridad a designar como coordinadora sea del mayor rango posible, ya que, sostuvo, una unidad sin jerarquía difícilmente podrá obligar a los Ministerios y demás servicios públicos a cumplir con el programa de beneficios que se propone en el presente proyecto de ley. A su juicio, agregó, el Ministerio más indicado para cumplir con dicha tarea es el de la Secretaría General de la Presidencia, atendido el rol coordinador que cumple en el Ejecutivo .
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, manifestó que el Ministerio del cual es miembro, en caso de aprobarse el texto legal que se propone, cumplirá con las tareas de coordinación que se le encomiendan, ya sea con los otras Carteras de Estado, o bien, con la propia Autoridad Coordinadora, pues, señaló, es una prioridad para el Ejecutivo ejecutar lo antes posible el plan de beneficios para las familias afectadas por la contaminación.
El Honorable Diputado señor Vargas, a su turno, preguntó por el monto individual asignado para el Subsidio Especial Habitacional Polimetales de Arica, pues, subrayó la importancia de que el subsidio otorgado cubra el valor comercial de las actuales propiedades de los beneficiarios.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, expuso que determinada la condición de beneficiario de una persona afectada por la contaminación de polimetales, obtiene un derecho a un subsidio, sin concurso ni ahorro previo, y dentro de la variedad de alternativas ofrecidas por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, podrán optar por la que consideren más conveniente, ya sea, para relocalizarse, o bien, para mejorar las condiciones de habitabilidad del lugar donde actualmente residen.
El Honorable Diputado señor Vargas insistió en su inquietud, debido a que las personas que esperan ser beneficiados con la aprobación de la presente iniciativa legal, les preocupa los valores específicos que se asignarán.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, indicó que el subsidio promedio considerado debiera corresponder a una cifra cercana a las UF 680 por beneficiario.
El Honorable Senador señor Orpis volvió sobre el debate respecto de la Autoridad Coordinadora, mostrándose optimista con la propuesta del Ejecutivo , ya que, opinó, la situación discutida se supera, en gran medida, al señalar el texto debatido que para e] cumplimiento de los objetivos señalados en el presente proyecto de ley, la Autoridad Coordinadora podrá instruir a los Ministerios, potestad otorgada por ley, que deberá ser acatada por los funcionarios públicos. Pese a ello, concordó con los demás integrantes de la Comisión, en que el escenario idóneo habría sido que el cargo lo detentara un Ministro de Estado .
El Honorable Senador señor Rossi hizo presente a los demás miembros de la Comisión, la posibilidad de solicitar al Ejecutivo que nombre al Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia como Autoridad Coordinadora, dado que pertenece al Ministerio encargado de efectuar la designación, y ha participado activamente en la discusión del presente proyecto de ley.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, hizo ver a los presentes que la redacción del texto que se propone a la Comisión no impide el nombramiento de un Ministro como Autoridad Coordinadora , e insistió en la importancia que significa para el Ejecutivo la implementación íntegra del plan de ayuda para los afectados por la contaminación en la ciudad de Arica.
La Honorable Senadora señora Alvear valoró la disposición del Ejecutivo , pero el compromiso mostrado por el señor Subsecretario no puede prolongarse más allá del término del mandato de la actual administración, por eso la trascendencia de haber incorporado en el propio texto legal a un Ministro como Autoridad Coordinadora, y no entregar al criterio del gobierno de turno su designación.
El Honorable Senador señor Rossi, por otro lado, evidenció la falta de una directriz en el texto legal que se propone, que definiera, aunque sea en términos generales, los requisitos de calificación para reconocer la calidad de afectado de una persona, y por ende, ser un eventual sujeto de beneficios de una política pública específica.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, señaló comprender la inquietud de Su Señoría, no obstante, explicó que establecer en el articulado del presente proyecto de ley las condiciones que se deben cumplir podría tener un efecto restrictivo, en ese sentido, manifestó, se pensó como fórmula más óptima entregar la misión de delimitar el campo a la norma reglamentaria que se dictará al efecto.
El Honorable Senador señor Orpis compartió la opinión del Honorable Senador señor Rossi, recordando también a los presentes, su propuesta presentada al respecto que detallaba claramente quiénes podían obtener la calidad de beneficiarios. En su opinión, añadió, lo más recomendable habría sido incorporar, al menos, los requisitos mínimos que debiera considerar el reglamento. Señaló como ejemplo, las dos principales fuentes por las cuales las personas fueron afectadas por la contaminación, trabajar en alguna de las empresas que manipulaban o importaron los polimetales, o habitar en la zona, aspecto este, que pudo haber sido introducido en el texto del presente proyecto de ley como marco del reglamento que más adelante se promulgará.
El Subsecretario del Ministerio Secretaria General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, reconoció la preocupación de Sus Señorías, pero manifestó que situaciones como la calidad de afectado de personas que trabajaron o habitaron en el lugar contaminado serán claramente admitidas en el reglamento.
La Honorable Senadora señora Alvear puso de manifiesto que conforme al curso del debate habido en la Comisión Mixta, al menos las dos circunstancias ya mencionadas, deben ser reconocidas en el reglamento que expedirá el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, y en torno a la discusión suscitada por el rango de la Autoridad Coordinadora, enfatizó la necesidad de nombrar un Ministro en calidad de tal, idea con que concordaron los demás integrantes de la Comisión.
El Honorable Diputado señor Baltolu consultó, por su parte, la posibilidad de establecer en la iniciativa legal que se debate, la obligación de otorgar atención médica a los afectados por la contaminación, ya sean del sistema público o privado de salud, se encuentren afectos al sistema de previsión de salud de las distintas instituciones castrenses, o bien actualmente sean atendidos por mutuales de seguridad, según fuere el caso.
El Honorable Senador señor Orpis recordó a los miembros de la Comisión, que en sesiones anteriores se dejó claramente establecido que adquiriendo una persona la condición de beneficiario, inmediatamente queda cubierto por las acciones que se establecen por la presente ley que se discute, independiente del sistema de salud que posea el afectado.
El Honorable Diputado señor Vargas, por su parte, mostró preocupación por la situación de los trabajadores ferroviarios que prestaron servicios en la zona afectada por la contaminación en la ciudad de Arica, ya que según versiones de prensa local, no estarían incorporados en los beneficios que otorga la presente iniciativa legal.
El Honorable Senador señor Rossi le hizo presente al Honorable señor Diputado que acorde con las deliberaciones habidas sobre la materia, todo trabajador que haya prestado servicios en la zona, y que haya sido afectado por la contaminación está considerado dentro de los beneficios.
El Honorable Diputado señor Baltolu, a su turno, consultó por la beca solicitada para los jóvenes que accedan a la educación superior.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, explicó que la beca que se contempla no tiene fines de educación, es solo de mantención, sin embargo, acotó, todo el sistema general de becas que ofrece el Ministerio de Educación está a disposición de las personas afectadas, la beca de mantención, agregó, es adicional a los beneficios ordinarios. El monto asignado en cada caso, añadió, será, aproximadamente, de $40.000.- pesos para estudiantes de educación superior y de $20.000.- pesos para estudiantes secundarios, los que serán entregados a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
El Honorable Diputado señor Baltolu preguntó también, en materia de salud, si se hará entrega de una credencial que acredite al usuario como beneficiario del plan de polimetales para ser utilizada en los diversos recintos del sistema de salud, público o privado.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado, señaló, en este ámbito, que una vez determinado el impacto que ha causado fa contaminación en cada una de las personas, se diseñará un mecanismo por el cual se identifique claramente al beneficiario, para que así, al momento de solicitar la atención de salud respectiva, pueda hacer uso sin mayores dilaciones. La modalidad práctica, apuntó, será definida por el reglamento que se dictará en su oportunidad.
La Honorable Senadora señora Alvear antes de someter a votación la propuesta, solicitó dejar constancia en el informe de las siguientes materias en las que ha habido consenso en la Comisión Mixta: primero, que dentro de los criterios para determinar los beneficiarios del presente proyecto de ley, se incluirán, al menos, a quienes hayan habitado o trabajado en la zona contaminada por polimetales en la ciudad de Arica; también, reiteró la posición de los integrantes de la Comisión sobre la Autoridad Coordinadora, en el sentido que sea el Ministro Secretario General de fa Presidencia quien dirija dicha unidad. Asimismo, hizo ver la conveniencia de otorgar a los beneficiarios de la iniciativa legal en debate, un documento que los identifique como tales.
El Honorable Senador señor Orpis, a su vez, hizo constar, en cuanto a la beca para educación, que se trata de un beneficio especial para los afectados por la contaminación de polimetales, por tanto, no necesariamente debe ajustarse a los criterios generales de una beca de mantención de enseñanza secundaria o superior, de tal modo, concluyó, se puede definir, sin impedimento alguno, un monto diferente al estándar fijado por el Ministerio de Educación, dado el carácter específico de la beca.
ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA
Concluido el debate, la Comisión Mixta se abocó a la propuesta que se ha mencionado, que es del siguiente tenor:
PROYECTO DE LEY:
TÍTULO I
DEL PROGRAMA DE ACCIÓN
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objetivo establecer un programa de acción en las zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales en la comuna de Arica y en sus habitantes que cumplan la calidad de beneficiarios.
Artículo 2°.- Beneficiarios. Un reglamento, expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establecerá los criterios, requisitos y procedimientos para determinar a los beneficiarios de las acciones del programa establecido por la presente ley.
El reglamento a que alude el inciso anterior deberá ser dictado dentro de 6 meses contados desde la publicación de la presente ley.
La resolución que determine o rechace la calidad de beneficiario, será reclamable ante la autoridad competente conforme lo dispuesto en la ley N° 19.880, de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
Artículo 3°.- Zona con presencia de polimetales. Para efectos de esta ley, se entenderá como zona con presencia de polimetales como aquella zona geográfica o territorio específico contaminado o en situación de riesgo de contaminación por polimetales, emplazada geográficamente en la comuna de Arica.
El Presidente de la República , mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá ser suscrito por el Ministerio de Salud, determinará la zona con presencia de polimetales, utilizando los estudios ambientales aludidos en el artículo 15 de esta ley como antecedentes fundantes.
TÍTULO II
DE LA AUTORIDAD COORDINADORA
Artículo 4°.- Autoridad Coordinadora. El Presidente de la República , mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, designará a una Autoridad Coordinadora, quien será la responsable de velar por el fiel cumplimiento de todos los programas establecidos en la presente ley, así como ejecutar la coordinación de las tareas que, en el ámbito de la presente ley, correspondan a las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud, Vivienda y Urbanismo, Educación, Planificación y Medio Ambiente, así como de los servicios públicos creados por ley, para el cumplimiento de sus respectivas funciones administrativas, que operen en la Región de Arica y Parinacota.
Artículo 5°.- Facultades de la Autoridad Coordinadora. Para llevar a cabo su cometido, se faculta a la Autoridad Coordinadora para efectuar las siguientes acciones:
1) Realizar acciones de coordinación que permitan optimizar y garantizar el uso de los recursos materiales y humanos aportados por los servicios e instituciones involucrados en el ámbito de esta ley, proponiendo para ello medidas concretas a las autoridades competentes dentro del marco que las leyes disponen;
2) Evaluar los instrumentos, resultados y estado de ejecución de las diversas medidas, así como de las actividades llevadas a cabo por los servicios e instituciones involucrados en el ámbito de esta ley;
3) Generar un fluido intercambio de información y datos de los servicios e instituciones reseñados, respecto de las actividades y medidas implementadas en la materia;
4) Coordinar y velar por la ejecución eficaz de las acciones desplegadas por los diversos organismos y servicios públicos, en cuanto a los objetivos, propósitos, tareas, acciones y medidas a implementar y que se ejecuten en el ámbito del plan establecido por esta ley;
5) Establecer, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, canales de coordinación con la Municipalidad de Arica, a fin de concertar planes, programas y acciones que resulten necesarios en el ámbito de esta ley.
Para el cumplimiento de los objetivos señalados en esta ley, la Autoridad Coordinadora podrá instruir a los respectivos Ministerios, Intendencia y Secretarías Regionales Ministeriales, para que en el ámbito de sus competencias, den cumplimiento cabal a los objetivos de la presente ley.
Las autoridades señaladas en el inciso anterior deberán dar fiel cumplimiento a las instrucciones de coordinación emanadas de la Autoridad Coordinadora.
Artículo 6°.- Catastro. Para lograr la implementación del programa, la Autoridad Coordinadora deberá elaborar un catastro de las personas, viviendas y demás edificaciones afectadas por la contaminación por polimetales.
Mediante el catastro se evaluarán e identificarán las acciones específicas del programa que se establecen mediante esta ley que recibirán cada uno de los beneficiarios.
TÍTULO III
DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
Artículo 7°.- Acciones en materia de salud. El Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, deberá realizar las siguientes acciones:
1) Implementar y poner en marcha un Laboratorio de Salud Pública y Ambiental, el cual deberá contar con capacidades analíticas para tomar muestras ambientales y de las personas;
2) Determinar la realización de estudios epidemiológicos en la población expuesta a la contaminación por Polimetales en la comuna de Arica;
3) Mantener actividades de fiscalización regular de la calidad del agua y alimentos, en el ámbito de sus competencias; y,
4) Disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo de las acciones de su competencia en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley.
Artículo 8°.- Objetivo de las acciones de salud. Las acciones en materia de salud deberán estar orientadas a cumplir con los siguientes objetivos:
1) Implementar un programa de detección, control y tratamiento de los efectos de la contaminación en la población afectada; y,
2) Generar una base de datos que registre la información que permita determinar y conocer las características de los daños producidos por la contaminación en las personas afectadas, así como especificar la patología y los efectos transgeneracionales de largo plazo en la salud de las personas afectadas.
Artículo 9°.- Programa de seguimiento de salud. Las personas afectadas por la contaminación serán incluidas en un programa de seguimiento de su estado de salud.
Artículo 10°.- Acciones en materia educacional. El Ministerio de Educación, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, deberá realizar las siguientes acciones:
1) Propender que se lleven a cabo acciones de reforzamiento para aquellos alumnos con rendimiento deficiente beneficiarios del plan que se establece mediante esta ley. En tal sentido, se deberá prestar atención pedagógica a los alumnos beneficiarios, la realización de clases de reforzamiento educativo, así como el seguimiento de su rendimiento estudiantil, con el objeto de fortalecer sus competencias de aprendizaje, emocionales y sociales;
2) Implementar un plan de apoyo a docentes y asistentes de la educación, que permita entregar herramientas pedagógicas a los docentes en cuestión para reforzar los conocimientos de aquellos alumnos beneficiados por esta ley;
3) Realizar estudios que permitan detectar el daño cognitivo y la afectación que la contaminación por polimetales ha provocado en los alumnos beneficiarios de esta ley. Los estudios en cuestión, serán realizados por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud;
4) Establecer un Programa Especial de becas de mantención para alumnos de enseñanza media y superior, denominado Beca Polimetales de Arica. Un reglamento dictado al efecto, expedido a través del Ministerio de Educación determinará los requisitos y condiciones y procedimiento de otorgamiento y adjudicación de la beca en cuestión;
5) Focalizar en los alumnos afectados la asistencia que brindan los distintos programas asistenciales que promueve la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; y,
6) Disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de su competencia, en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley.
Artículo 11°.- Acciones en materia de Vivienda y Urbanismo. Las prestaciones en materia de vivienda y urbanismo consistirán en la relocalización de familias, reparación de viviendas y ejecución de proyectos de barrio que apunten a la remediación de las zonas con presencia de polimetales.
Una resolución conjunta del Ministro del Medio Ambiente y el Ministro de Vivienda y Urbanismo señalará las zonas y las acciones específicas que se llevarán a cabo en conformidad a lo señalado en este artículo.
Artículo 12°.- Catastro de familias a relocalizar. Una vez dictada la resolución aludida en el artículo anterior, se procederá a determinar el universo de familias afectadas a través de un catastro confeccionado por el Servicio de Vivienda y Urbanización.
Artículo 13°.- Subsidio Especial Habitacional Polimetales de Arica. Se asignará a las familias afectadas por polimetales de Arica que serán objeto de relocalización un subsidio especial, el cual no requerirá ahorro ni concurso previo por parte de la familia solicitante.
Una resolución dictada al efecto, expedida a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, determinará los requisitos, condiciones y procedimiento de otorgamiento y adjudicación del subsidio en cuestión.
Con todo, el subsidio habitacional aludido en el inciso anterior se asignará directamente a las familias beneficiarias de las acciones en materia de vivienda y urbanismo señaladas en esta ley.
Las familias afectadas podrán optar por alguna de las modalidades de subsidio habitacional destinadas al efecto, debiendo el Servicio de Vivienda y Urbanización hacer efectivas las opciones adoptadas.
Artículo 14°.- Programa de mejoramiento de barrios. Las zonas de emplazamiento de las viviendas afectadas que no sean objeto de relocalización serán beneficiadas mediante el programa de mejoramiento de barrios.
El programa de mejoramiento de barrios consistirá en la realización de las siguientes acciones:
1) Remediación y sellado en calles y veredas a través de asfaltado y obras con adocreto; y,
2) Ejecución de proyectos de áreas verdes y equipamiento comunitario y deportivo.
Asimismo, en el caso de las viviendas que no sean objeto de relocalización, que presenten un grave y manifiesto deterioro, se les entregará un subsidio especial para el mejoramiento y reparación de sus viviendas, el cual no requerirá ahorro ni concurso previo por parte de la familia solicitante.
Artículo 15°.- Organismo ejecutor de las acciones de vivienda y urbanismo. El conjunto de acciones de vivienda y urbanismo dispuestas en este título serán ejecutadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota.
El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota deberá disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo de las acciones de su competencia en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley.
Artículo 16°.- Estudios ambientales. El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, mientras se cumplan los criterios que fije un reglamento dictado al efecto, realizará semestralmente estudios destinados a evaluar el riesgo ambiental con motivo de la presencia de polimetales en Arica.
Como consecuencia de tales estudios se deberán definir las zonas de riesgo, el perímetro de intervención, así como la zona con presencia de polimetales, con el objeto de proteger la salud de las personas habitantes de la ciudad de Arica.
Un reglamento expedido a través del Ministerio del Medio Ambiente establecerá las definiciones, plazos y procedimientos para llevar a cabo la evaluación de riesgo ambiental frente a la presencia de sustancias químicas y otros contaminantes en la zona con presencia de polimetales.
Artículo 17°.- Estudios para determinar exposición a contaminantes. El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con la Autoridad Coordinadora, mientras se cumplan los criterios que fije un reglamento dictado al efecto a través del Ministerio del Medio Ambiente, realizará semestralmente estudios destinados a evaluar la exposición ambiental con motivo de la presencia de polimetales en Arica.
Como consecuencia de tales estudios se deberán definir las zonas de riesgo, el perímetro de intervención, así como la zona contaminada por polimetales, con el objeto de proteger la salud de las personas habitantes de la ciudad de Arica.
TÍTULO FINAL
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 18°.- La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo prestará su colaboración a la Autoridad Coordinadora en la ejecución armónica del plan que se establece mediante esta ley.
Artículo 19°.- El Ministerio Secretaría General de la Presidencia brindará, dentro de sus competencias legales, a la Autoridad Coordinadora el apoyo necesario para realizar la coordinación interministerial y entre los diversos servicios públicos centralizados y descentralizados, así como en la generación de información para la toma de decisiones necesarias dentro del contexto de la presente ley.
Asimismo, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia propenderá a agilizar la tramitación de los instrumentos reglamentarios necesarios para la correcta ejecución de la presente ley.
Artículo 20°.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de las acciones que sean implementadas de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, será financiado con cargo a la partida del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público .”.”
--Puesta en votación la proposición recientemente transcrita, se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadora señora Alvear y Senadores señores Cantero (Horvath), Orpis y Rossi y Honorables Diputados señores Cardemil, Baltolu y Vargas.
“PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA
En consecuencia, como forma y modo de resolver la divergencia producida entre ambas Cámaras, esta Comisión Mixta tiene a honra sugerir a la Honorable Cámara de Diputados y a! Honorable Senado acoger la propuesta sustitutiva contenida en el texto transcrito anteriormente. Acompañamos al presente informe e! correspondiente texto comparado.
Acordado en sesiones celebradas los días 5 de abril de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela ( Presidenta ), y señores Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca, y de los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolu Rasera y Orlando Vargas Pizarro; 19 de abril de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela ( Presidenta ), y señores Antonio Horvath Kiss, Alejandro Navarro Brain, Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca, y de los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolu Rasera, Alberto Cardemil Herrera y Felipe Salaberry Soto; 3 de mayo de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela ( Presidenta ), y señores Antonio Horvath Kiss, Alejandro Navarro Brain, Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca, y de los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Nino Baltolu Rasera, Alberto Cardemil Herrera y Orlando Vargas Pizarro; 10 de mayo de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela ( Presidenta ), y señores Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca, y de los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolu Rasera, Alberto Cardemil Herrera y Orlando Vargas Pizarro; 17 de mayo de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela ( Presidenta ), y señores Antonio Horvath Kiss, Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca, y de los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolu Rasera y Felipe Salaberry Soto; 19 de julio de 2011, con asistencia de la Honorable Senadora señora Ximena Rincón González (Soledad Alvear Valenzuela) y de los Honorables Senadores señores Antonio Horvath Kiss ( Presidente accidental ), Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca, y de los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolu Rasera, Felipe Salaberry Soto y Orlando Vargas Pizarro; 6 de septiembre de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señor Alejandro Navarro Brain ( Presidente accidental ), Antonio Horvath Kiss, Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca, y de los Honorables Diputados señores Nino Baltolu Rasera, Alberto Cardemii Herrera y Orlando Vargas Pizarro; 11 de octubre de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela ( Presidenta ), y señores Antonio Horvath Kiss, Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca, y de los Honorables Diputados señores Nino Baltolu Rasera y Orlando Vargas Pizarro; 18 de octubre de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela ( Presidenta ), y señores Antonio Horvath Kiss, Alejandro Navarro Brain y Jaime Orpis Bouchon, y de los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolu Rasera y Orlando Vargas Pizarro; 13 de diciembre de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela ( Presidenta ), y señores Antonio Horvath Kiss, Alejandro Navarro Brain y Jaime Orpis Bouchon, Fulvio Rossi Ciocca, y de los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolu Rasera y Orlando Vargas Pizarro, y 10 de enero de 2012, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela ( Presidenta ), y señores Carlos Cantero Ojeda (Antonio Horvath Kiss), Jaime Orpis Bouchon y Fulvio Rossi Ciocca y de los Honorables Diputados señores Alberto Cardemil Herrera, Nino Baltolu Rasera y Orlando Vargas Herrera.
Sala de la Comisión a 17 de enero de 2012.
(Fdo.): MAGADALENA PALUMBO OSSA, Secretario .?
5. Moción de los señores diputados Walker, Burgos, Chahín y Torres.
Incorpora obligación de publicidad a proveedores de bienes y servicios. (boletín N° 8151-03).
“Exposición de motivos
1. Resulta de público conocimiento que uno de los grandes problemas que aquejan a los consumidores de bienes y servicios al tener que presentar algún reclamo o demanda ante los Tribunales de Justicia o ante el Servicio Nacional del Consumidor es la falta de información para poder notificar de la demanda o reclamo a un establecimiento de comercio, debido fundamentalmente al no tener claro por parte de los consumidores si el dueño del local o establecimiento es una persona natural o jurídica, y en este último caso quien es el representante legal, la dirección comercial, el giro de la empresa, los que resultan ser requisitos fundamentales para la presentación de toda demanda o reclamo.
2. El artículo 254 N°3 del Código de Procedimiento Civil señala que toda demanda debe contener “el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado”, es decir la individualización del demandado, requisito indispensable para que todo tribunal de justicia pueda dar curso a tramitar cualquier acción judicial. Este requisito puede llegar a transformarse en un impedimento para que los consumidores de bienes y servicios puedan dar cursos a sus reclamaciones debido a la dificultad en poder determinar quién es el representante legal de una empresa, el rut de la misma, o su domicilio legal, ya que en muchas ocasiones las empresas tienen sucursales o pertenecen a holding, lo que hace muy difícil para los consumidores tener certeza acerca de los domicilios legales de las empresas.
3. Hemos sido testigos que con ocasión de eventos masivos como espectáculos deportivos, fiestas de fin de año y recitales, son muchos consumidores que de alguna forma se ven afectados o vulnerados en sus derechos, no pudiendo realizar los reclamos correspondientes ya que las empresas organizadoras ofrecen sus servicios por medios de páginas, web o electrónicos, no sabiendo el consumidor los responsables de dichas empresas para poder realizar en forma posterior los reclamos correspondientes.
4. Se debe tener en consideración que a la fecha no existe un registro público que proporcione este tipo de información la cual permita poder llevar a cabo los reclamos o demandas respectivas, ya sea por abogados o los mismos consumidores.
5. En la actualidad se puede observar en algunos medios de transporte público, tales como microbuses y taxis colectivos, información a la vista de los pasajeros en donde se detalla el nombre del representante legal y su dirección, permitiendo y facilitando así poder realizar los reclamos respectivos a quienes corresponde.
6. Cada vez existen más empresas que ofrecen sus servicios por medios de páginas web o portales electrónicos, quienes incluso muchas veces no tienen oficinas establecidas ya que el comercio que realizan es a través de medios electrónicos, dificultando a los usuarios el poder realizar algún reclamo en sus oficinas.
7. Durante los últimos meses hemos sido testigos de numerosos reclamos de usuarios frente a locales comerciales que dejan de atender de forma intempestiva, sin que los usuarios sepan o puedan individualizar a los dueños para hacer las denuncias correspondientes.
8. Si bien es cierto que el proveedor al momento de la emisión de sus respectiva boleta al prestar un bien o servicio, aparece en dicho documento algunos datos que pueden ayudar a la individualización del mismo, resulta de gran ayuda que esta individualización se encuentre de forma pública y notoria en sus respectivos locales, empresas o industrias, ya que muchas veces al consumidor no alcanza a recibir la efectiva prestación del servicio, como por ejemplo lo es en el caso de publicidad engañosa o falsa exhibida en vitrinas o estantes, ocasionando con ello vulneraciones a los derechos de los consumidores.
En virtud de lo expuesto, los Diputados abajo firmantes convienen en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Incorpórese el artículo 12 B a la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:
Articulo 12 B. Los proveedores de bienes y servicios que cuenten con locales, tiendas, establecimientos comerciales e industriales y páginas web, deberán tener a la vista del consumidor en forma clara y legible el nombre del representante legal de la empresa, rut, dirección comercial y giro de la empresa.
La infracción a lo establecido en el inciso anterior se sancionara conforme a lo estipulado en el art. 24, inciso primero de esta ley.
6. Moción de los señores diputados Letelier, Kort, Sandoval, Urrutia y Vilches, y de las diputadas señoras Molina, doña Andrea y Zalaquett, doña Mónica.
Autoriza la renovación automática de la cédula de identidad y de otros documentos de identificación de las personas mayores de 75 años. (boletín N° 8153-07).
?Fundamentos del Proyecto
La cédula de identidad de chilenos tiene un plazo de vigencia de 10 años, debiendo renovarse para lo cual el interesado debe concurrir a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, debiendo efectuar todas las diligencias pertinentes para obtener su actualización; lo mismo ocurre en relación a la cédula de identificación para extranjeros y al pasaporte de chilenos.
Considerando que, nuestro país experimenta un sostenido aumento de la población de adultos mayores, y que muchos de ellos por su avanzado edad, les significa un enorme sacrificio concurrir personalmente a las oficinas del Registro Civil para proceder a la renovación de sus documentos de identificación, lo cual implica todo un despliegue de esfuerzos físicos y materiales que de alguna manera, denostan su dignidad como personas.
Y considerando muy especialmente, la obligación que tiene la autoridad de dar todas las facilidades para una mejor calidad de vida de los adultos mayores, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: “La cédula de identidad de los chilenos mayores de 75 años y sus pasaportes, a su vencimiento, se renovarán automáticamente por el solo ministerio de la ley, teniendo plena vigencia hasta el final de sus días.
Igual efecto tendrá la vigencia de cédulas de identidad para extranjeros de aquellas personas que tengan 75 años o más”.
7. Oficio de la Excma. Corte Suprema.
“Oficio N° 8-2012.
INFORME PROYECTO DE LEY 50-2011.
Antecedente: Boletín N° 8092-03.
Santiago, 17 de enero de 2012.
Por Oficio N° 9867, de 15 de diciembre de 2011, se ha requerido de esta Corte Suprema el informe a que se refieren los artículos 77 de Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, respecto del proyecto que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, correspondiente al Boletín N° 8092-03.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día de ayer, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman y Pedro Pierry Arrau, señora Gabriela Pérez Paredes, señores Carlos Künsemüller Loebenfelder, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Gouét, señor Juan Eduardo Fuentes Belmar y suplentes señores Juan Escobar Zepeda, Carlos Cerda Fernández y Alfredo Pfeiffer Richter, acordó informarlo desfavorablemente al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
“Santiago, diecisiete de enero de dos mil doce.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 9867, de 15 de diciembre de 2011, el señor Presidente de la Cámara de Diputados ha requerido de esta Corte Suprema el informe a que se refieren los artículos 77 de Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, respecto del proyecto que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, correspondiente al Boletín N° 8092-03.
La iniciativa legal, que se originó por moción de diez diputados, tiene por objeto permitir que los consumidores puedan invocar las sentencias dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando ellas declaren la “asistencia” (debe decir existencia) de ilícitos en que aquéllos puedan fundar pretensiones civiles contra sus proveedores. Se esgrime como fundamento que tanto la Ley de Defensa de la Libre Competencia como la Ley de Protección de los Derechos de Consumidores constituyen áreas de tutela que tienden a mantener y garantizar la equivalencia entre proveedores, consumidores y demás agentes del mercado, en que se sindica al consumidor como la parte más débil. En este contexto y para generar condiciones de justicia y de certeza jurídica y evitar además la duplicidad de costos en transacciones, trámites judiciales y de otra naturaleza y se obtenga el respeto debido a los derechos del consumidor y, la debida compensación por el perjuicio experimentado, es que se persigue, por la vía de la modificación propuesta, extender los efectos de la sentencia firme dictada por el Tribunal de la Libre Competencia para que pueda ser invocada por el consumidor que pretende ser resarcido.
Segundo: Que el Proyecto contiene un artículo único por el que se introducen las siguientes modificaciones:
1°.- En el artículo 50 A, inciso 1°, se dispone agregar la siguiente frase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido: “Asimismo, esos jueces conocerán de las acciones indemnizatorias que ejerzan los consumidores contra los proveedores de bienes y servicios que hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por actos calificados por ese Tribunal como ilícitos de aquellos a que se refiere el artículo 3° del Decreto Ley N° 211, de 1973.”
2°.- A continuación, en la letra b) se añade “Agrégase un nuevo artículo 50 H, del siguiente tenor: “En los casos a que se refiere la parte final del inciso 1° del artículo 50 H (debe decir 50 A), la copia autorizada de la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con certificación de encontrarse ejecutoriada, tendrá efecto de cosa juzgada respecto de la existencia y circunstancias de los hechos en que ella se fundamente y respecto de la ilicitud de tales hechos. No obstante, para que se conceda indemnización de los perjuicios que reclame el consumidor, éste deberá acreditar de conformidad a las normas de este Párrafo 1° o, en su caso, de conformidad a las del Párrafo 2° que sigue, que tuvo una relación de consumo con el proveedor condenado en circunstancias tales que hagan presumir que los ilícitos anticompetitivos tuvieron efectos en esa relación, así como la naturaleza y cuantía de los perjuicios sufridos, incluyendo los morales.”
3°.- Luego en la letra c) se dispone: Agrégase, en el artículo 51 del Título IV, Párrafo 2°, eliminando el primer punto seguido que pasa a ser una coma, la frase: “sea por infracción a las normas de esta ley o por infracción a las normas del Decreto Ley N° 211 declarada mediante sentencia ejecutoriada del tribunal que esa ley establece.
4°.- Finalmente en la letra d) el artículo único preceptúa: Agrégase, al final del artículo 51, el siguiente nuevo número: “10.-En los casos en que el daño a cada consumidor individual no pueda ser determinado, pero se pueda calcular el daño sufrido por el colectivo de consumidores afectados, el juez podrá fijar en su sentencia la forma de resarcir el daño y fijar la indemnización correspondiente a cada consumidor, de acuerdo con el procedimiento señalado en los artículos 53 A y 53 C.
Tercero: Que lo que a esta Corte Suprema corresponde informar son aquellas modificaciones contenidas en el proyecto que dicen relación con la mayor competencia entregada a los tribunales civiles y a los Juzgados de Policía Local, así como con algunos aspectos de procedimiento, materias comprendidas en las tres primeras modificaciones indicadas. No corresponde, en consecuencia, emitir informe en relación a la modificación contenida en la letra d) que se refiere a la forma de cálculo y determinación de la indemnización en los casos de las acciones de clase.
Ahora bien, la modificación contenida en la letra a) del artículo único se hace al artículo 50 A, ubicada en el Párrafo I de Libro IV de la Ley N° 19.496, que se refiere al ejercicio de la acción individual del consumidor, otorgando competencia al Juzgado de Policía Local y regulando el procedimiento. La modificación significa entregar competencia a estos jueces para conocer, además, las acciones indemnizatorias que ejerzan individualmente los consumidores contra los proveedores de bienes o servicios que hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa la Libre Competencia, por actos calificados allí de ilícitos de los referidos en el artículo 3 del Decreto Ley N° 211 de 1973.
Ligado a lo anterior, la modificación propuesta en la letra b) a través de la agregación de un nuevo artículo 50 H, otorga a “la copia autorizada de la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con certificación de encontrarse ejecutoriada, el efecto de cosa juzgada respecto de la existencia y circunstancias de los hechos en que ella se fundamente y respecto de la ilicitud de tales hechos”. Se añade que para que se conceda indemnización de perjuicios el consumidor deberá acreditar de conformidad a las normas de este párrafo 1°, que tuvo una relación de consumo con el proveedor condenado en circunstancias tales que haga presumir que los ilícitos anticompetitivos tuvieron efectos en esa relación, así como la naturaleza y cuantía de los perjuicios sufridos incluyendo los morales. Se hace una alusión al párrafo 2° que regula el procedimiento en las demandas por indemnización de perjuicios en las acciones de clase de que conocen los tribunales civiles.
Al margen de considerar que no es la copia autorizada de la sentencia la que produce el efecto de cosa juzgada sino el contenido del fallo, cabe consignar que la acción de indemnización de perjuicios que proceda ejercer con motivo de la dictación de una sentencia definitiva ejecutoriada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ya se encuentra regulada, precisamente por el Decreto Ley N° 211, en cuyo artículo 3° se describen los ilícitos por cuya sanción se genera el derecho a resarcimiento. En efecto, el artículo 30 de este cuerpo legal preceptúa que la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar, con motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia definitiva ejecutoriada, se interpondrá ante el tribunal civil competente de conformidad a las reglas generales, y se tramitará de acuerdo al procedimiento sumario, establecido en el Libro III del TÍTULO XI del Código de Procedimiento Civil. El Tribunal Civil competente, al resolver sobre la indemnización de perjuicios -agrega la norma-, fundará sus fallos en las conductas, hechos y calificación jurídicas de los mismos establecidos en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada con motivo de la aplicación de la presente ley”.
Resulta así entonces que la acción de perjuicios derivada de ilícitos descritos en el Decreto Ley N° 211 tiene suficiente regulación señalando el tribunal competente, el procedimiento y, además, el valor o merito que corresponde atribuir a las conductas, hechos y calificación jurídica de los mismos, establecidos en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
En esta normativa especial, el hecho generador de la responsabilidad va más allá del acto jurídico que vincula proveedor-consumidor, toda vez que los ilícitos descritos en el artículo 3° del citado se configuran a partir de conductas individuales, o acuerdos, o abusos o prácticas en las que no ha tenido directa participación el consumidor y que resulta perjudicado en forma indirecta, o por rebote.
En las condiciones antes descritas, estima la Corte Suprema que no parecen necesarias ni aconsejables las dos primeras modificaciones que contiene el artículo único del proyecto, por estar esa materia ya expresamente regulada, en cuanto a acciones individuales, en el propio Decreto Ley N° 211.
Cuarto: Que con la tercera modificación se dispone agregar la frase que se indica en el artículo 51 del párrafo 2° del Título IV de la Ley N° 19.496, que está referido al ejercicio de las acciones de interés colectivo o difuso, determinando como competente a los tribunales civiles y se contiene el procedimiento descrito en los artículos 51 y siguientes. Debió precisarse que es en el inciso primero del artículo 51 que se ordenó intercalar la frase “sea por infracción a las normas de esta ley o por infracción a las normas del Decreto Ley N° 211 declarada mediante sentencia ejecutoriada del Tribunal que esa ley establece”. De esta manera, el inciso primero del artículo 51 queda de la siguiente forma: “El procedimiento señalado en este Párrafo se aplicará cuando se vea afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores, sea por infracción a las normas de esta ley o por infracción a las normas del Decreto Ley N° 211 declarada mediante sentencia ejecutoriada del tribunal que esa ley establece”.
La aplicabilidad de este procedimiento por afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores a raíz de actividades de producción, y entre otras de comercialización de bienes o de prestación de servicios que estén reguladas por leyes especiales, puede entenderse que estaba ya regulada por la ley de protección al consumidor en la letra b) del artículo 2° bis de la misma. Esto porque la norma, haciendo excepción a la premisa general de no aplicar esta ley a las actividades allí descritas cuando estén reguladas por leyes especiales, sí autoriza, como contraexcepción, la utilización del procedimiento contenido en esta normativa y el derecho a solicitar indemnización de perjuicios en virtud del mismo, cuando esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios. En este contexto, aparece como limitante la incorporación de la frase modificatoria aludida, toda vez que el artículo 2° bis antes citado amplía el espectro de utilización del procedimiento para las acciones de clase cuando estén afectados intereses colectivos o difusos que provengan de actividades regulados en otras leyes especiales distintas del Decreto Ley N° 211.
No obstante la redacción de la letra b) del artículo único modificatorio en cuanto al valor que se decide atribuir a la sentencia ejecutoriada dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, aludiéndose al efecto de cosa juzgada, del texto del artículo 50 H que se propone agregar es posible inferir que ese efecto denominado de cosa juzgada está concebido tanto para la acción individual cuanto para las acciones de clase conforme a la propuesta de modificación.
Sin embargo, atendido lo precedentemente indicado en relación a la acción individual de indemnización de perjuicios, de acuerdo a lo consignado en el párrafo precedente, considera la Corte Suprema que no parece razonable que la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tenga un valor y produzca un efecto determinado cuando se trata de ejercer una acción individual de indemnización de perjuicios y, en cambio, se regule de distinta manera ese valor y efecto cuando se trate de las acciones indemnizatorias ejercidas en virtud del interés colectivo o difuso.
Por consiguiente, en razón de estar ya regulada la situación de la letra c) del artículo único del proyecto, en el artículo 2° bis de la Ley 19.496, corresponde informar también desfavorablemente el proyecto en este aspecto.
Por estas consideraciones y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar desfavorablemente el proyecto que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Ofíciese.
PL-50-2011.”
Saluda atentamente a S.S.,
(Fdo.): RUBÉN BALLESTEROS CÁRCAMO, Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA, Secretaria.”
AL SEÑOR PRESIDENTE
PATRICIO MELERO ABAROA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.