Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Juan Carlos Latorre Carmona
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA A PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE.
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- REFLEXIONES SOBRE SENTENCIA.
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- RÉPLICA A PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE.
- V. TABLA
- ESTABLECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- DEBATE
- REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITOS UNIVERSITARIOS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Tercer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Goic Boroevic
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Andrea Molina Oliva
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Enrique Accorsi Opazo
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcelo Diaz Diaz
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 139ª, martes 24 de de enero de 2012
(Especial, de 10.40 a 13.04 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Réplica a palabras del presidente del Club Universidad de Chile 9
- Reflexiones sobre sentencia 10
V. Tabla.
- Establecimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales. Tercer trámite constitucional 10
- Reprogramación de créditos universitarios. Segundo trámite constitucional 35
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Certificado de las Comisiones Unidas de Educación, Deportes y Recreación y de la de Hacienda, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, “sobre reprogramación de créditos universitarios.”. (boletín N° 7874-04) 43
2. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Isasi, doña Marta; Molina, doña Andrea y Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Accorsi, Chahín, De Urresti, Díaz, don Marcelo, Rincón y Saffirio, que “Modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, prohibiendo la caza y captura del lobo marino por causa de su interferencia con la pesca y la acuicultura y/o para fines de exhibición pública”. (boletín N° 8157-21) 51
3. Oficios del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia sobre acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 2° del proyecto de ley que “Establece medidas contra la discriminación”. (boletín 3815-07). Rol 2160-11-INA. Rechazada. (7093). Se tomó conocimiento 54
4. Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia definitiva de control de constitucionalidad referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional “Sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones.”. (boletín 7338-07) (S). Rol 2152-11-CPR. (7107). A S.E. el Presidente de la República 54
Pág.
5. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados la resolución sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Rol 2137-11-INA. (7102). Comunica requerimiento. (Se declara admisible). Se tomó conocimiento 55
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Notas
- Del diputado señor Saffirio, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 15 de febrero en curso, para dirigirse a Estados Unidos. Se tomó conocimiento.
- Del diputado señor Rincón
por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 10 de febrero en curso, para dirigirse a Venezuela - Caracas y Argentina. Se tomó conocimiento.
- Del diputado señor Latorre,
por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 10 de febrero en curso, para dirigirse a Venezuela-Caracas. Se tomó conocimiento.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Diputadas y diputados en misión oficial: señoras María Angélica Cristi y Clemira Pacheco Rivas, y señores Issa Kort Garriga, Pablo Lorenzini Basso, Pedro Araya Guerrero, Guillermo Teiller del Valle, Rosauro Martínez Labbe, Gustavo Hasbún Selume, Jorge Tarud Daccarett.
-Asistieron los ministros de la Secretaría General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y de Educación, señor Harald Beyer Burgos.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 133ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 134ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Secretario ) da lectura a la Cuenta.
RÉPLICA A PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE.
El señor MELERO ( Presidente ).- Los diputados Aldo Cornejo y Gabriel Silber, en su calidad de jefes de Comités de la bancada de la Democracia Cristiana, han solicitado hacer uso del derecho que confiere el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, lo que ha sido autorizado por este Presidente . Para ese efecto, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 34 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo en vindicar mi nombre y el de los 98 diputados que aprobamos recientemente el proyecto que modifica la actual ley de violencia en los estadios, por los graves insultos del presidente de la concesionaria del club Universidad de Chile, la sociedad anónima Azul Azul y rector de la Universidad del Desarrollo, señor Federico Valdés , en contra de nosotros, los diputados.
En efecto, en entrevista dada al diario El Mercurio, con fecha 22 de enero del presente, y ante una pregunta formulada por el periodista de la sección deportes en relación a la responsabilidad que cabe a los dirigentes de organizaciones deportivas por los daños que puedan ocasionar las barras ligadas a sus instituciones, establecida en dicho proyecto, aprobado por 98 diputados de esta Corporación, el señor Valdés respondió: “Es que son una manga de pelotudos”. Las expresiones del señor Valdés y el lenguaje utilizado constituyen un hecho de la mayor gravedad. No es solo una ofensa contra los diputados que dieron su aprobación a este proyecto y a los miembros de las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Deportes, que durante meses trabajamos por perfeccionar la actual ley de violencia en los estadios, sino que una afrenta contra todo el Congreso Nacional como poder del Estado.
Los dichos de don Federico Valdés son aún más graves, porque provienen del rector de una universidad y de un presidente de una sociedad anónima concesionaria de una corporación que lleva el nombre de la Universidad de Chile.
Señor Presidente , con tales antecedentes, solicito que, en representación de la Cámara de Diputados, exprese a la concesionaria Azul Azul S.A. y a sus directores, en representación de la Universidad de Chile, una queja formal por dichas declaraciones y exija una clara disculpa pública dirigida a la Cámara de Diputados de Chile por estos dichos, sin perjuicio de las demás acciones que determine la Mesa de nuestra Corporación.
Por último, solo resta decirle al señor Valdés que la prepotencia y la soberbia de sus expresiones, lejos de doblegarnos nos servirán de estímulo para seguir trabajando, sacar a la luz pública y sancionar los oscuros vínculos existentes entre algunos dirigentes del fútbol nacional y personas que han logrado un liderazgo al interior de las barras bravas sobre la base de generar temor y ejercer la violencia al interior de los recintos deportivos.
No descansaremos hasta lograr que la familia del fútbol y los niños de nuestro país vuelvan a los estadios.
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor MELERO ( Presidente ).- Solicito la unanimidad de la Sala para representar lo señalado por el señor Walker al señor Federico Valdés .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REFLEXIONES SOBRE SENTENCIA.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados y señoras diputadas, el diputado señor Carlos Montes se ha acercado a la Mesa con el fin de expresar una situación que, por el carácter personal que involucra, a la Mesa le parece atendible. Él quiere dirigirse a la Sala, excepcionalmente, durante dos minutos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , después de tantos años de estar acá quiero dejar constancia sobre algo.
El lunes se acaba de dictar sentencia contra los autores del asesinato de un amigo, padrino de mi hija y compañero, Juan Maino Canales.
Juan Maino desapareció el 26 de mayo de 1976 y todos estos años se le ha buscado sin resultado. Finalmente, se supo que después de detenerlo lo llevaron a Villa Grimaldi , luego, a Colonia Dignidad, donde fue asesinado, enterrado y, más tarde, desenterrado, incinerado y sus cenizas fueron tiradas al río. Eso aparece en la sentencia.
Queda claro quiénes son los autores de su muerte: Manuel Contreras Sepúlveda , Wenderoth Pozo , Carlos López Tapia , Eugenio Fieldhouse Chávez , Gerard Mücke y Johan Van den Berg .
Relato esto, porque las vidas de muchos de nosotros han estado marcadas por estos hechos, y a muchos de los que están en esta Sala que no los vivieron, les parecen algo ajeno, que no tiene una relación con su historia y su vida. Para nosotros sí la tiene. Esto no solo marcó a los que vivimos directamente lo ocurrido, sino que a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos y compañeros.
Por un lado, es doloroso leer la sentencia y recordar todos los hechos; pero, por otro, es un alivio que su familia, que sus hermanos, que todo el mundo sepa qué es lo que realmente sucedió con él.
Señor Presidente , quería entregar este testimonio, porque es parte de la vida política del país, pero también de las historias personales de quienes estamos acá.
Muchas gracias.
-Aplausos.
V. TABLA
ESTABLECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Tercer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 7392-03 sesión 136ª, en 19 de enero de 2012. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente, con varios diputados, dirigidos por el diputado Harboe, hemos tratado de hacer justicia a todas las personas endeudadas, respecto de las cuales Dicom no ha actuado bien.
Este registro comercial fue creado para evaluar el riesgo en el proceso de crédito. Ese era el norte del denominado Dicom. Pero la realidad dista enormemente de aquel objetivo. Hoy nos encontramos con que este registro es la principal fuente de ingresos para empresas privadas, que lucran con los datos personales de chilenos y chilenas, cuyo único delito ha sido contraer una deuda y caer en morosidad.
No desconocemos la falta que significa dejar de cumplir con las responsabilidades comerciales. Lo que pretendemos con la futura ley es que la persona que se encuentra en mora o que posee una deuda vigente no sea estigmatizada social ni comercialmente, que no sea privada de contratar servicios de carácter necesario, como los de salud, y que no se comercialicen ni vulneren sus derechos en relación al tratamiento de sus datos personales.
A la fecha, cuatro millones de nuestros compatriotas se encuentran en Dicom. Son cuatro millones de chilenos que se ven afectados de una u otra manera por el actual sistema, que ofrece sus datos al mejor postor; cuatro millones de personas que se sienten reflejadas con los fundamentos que inspiran este proyecto modificado por el Senado, cuatro millones de chilenos que buscan desesperadamente una alternativa y una solución. Pero es todo un país el que clama por un sistema que trate nuestros datos conforme a estándares internacionales y a normas comerciales y políticamente correctas.
Esta normativa significará un gran avance en materia financiera y comercial, ya que otorgará mayor protección y seguridad a los actores directos del rubro, una nueva oportunidad para los que han fallado y un gran paso para nuestra legislación.
Por lo expuesto, anuncio que apoyaremos las modificaciones del Senado a este proyecto, que fue el resultado de un largo trabajo realizado por muchos diputados, que beneficiará a esos cuatro millones de chilenos que hoy están registrados en Dicom.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presiente , muchas veces, por distintos motivos, las personas no pueden pagar sus deudas, lo que en el derecho es excepcional. Nuestro ordenamiento jurídico contempla medios a través de los cuales el acreedor puede hacer valer su crédito. Existen las medidas cautelares, las indemnizaciones de perjuicios, que pueden ser compensatorias o moratorias, y los derechos auxiliares del acreedor, como la acción pauliana o revocatoria, que se interpone en el caso de que el deudor, engañosamente, a través del fraude pauliano, traspase bienes a un tercero para eludir el pago de la deuda. El acreedor cuenta, además, con la acción oblicua o subrogatoria y con el beneficio de separación.
Estos medios jurídicos, que permiten al acreedor exigir el pago de la deuda por la vía de la justicia, lamentablemente han ido quedando de lado porque la práctica comercial ha impuesto un vicio en el procedimiento y, a través de la evaluación del riesgo en el proceso de crédito, ha ido estableciendo una verdadera muerte civil. No olvidemos que la muerte puede ser presunta o real. En este caso, se produce una verdadera muerte civil -hace muchos años el Código Civil la derogó-, toda vez que las personas que, debido a alguna morosidad o deuda figuran en un registro público de antecedentes comerciales, no pueden recurrir al sistema bancario, conseguir crédito en cualquier otra institución, ni organizar sus deudas.
Esto que se llama Dicom en realidad son los antecedentes comerciales de que dispone la Cámara de Comercio de Santiago, los cuales son obtenidos por empresas privadas, una de las cuales se llama Dicom. Esto, reitero, constituye la muerte civil de las personas que allí aparecen. Por eso, la iniciativa favorece a la clase media y particularmente a las pymes.
Llamo la atención sobre un asunto muy grave. Ocurre que hace pocos días, el 18 de enero del año en curso, la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto por la señora Rosa Myriam Hidalgo Aguirre , tecnóloga médica, quien no aparece en Dicom ni en los antecedentes comerciales que maneja la Cámara de Comercio de Santiago. Sin embargo, el banco Itaú le negó un crédito hipotecario por tener antecedentes comerciales. Ella dijo: ¡Cómo, si no los tengo! ¿Qué ocurrió? Descubrió que había un registro informal y clandestino de deudas en el que figura un conjunto de personas cuyas deudas prescribieron y que no aparecen registradas en Dicom. Eso no puede ser. La señora Hidalgo recurrió a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, donde le dijeron que efectivamente los bancos tienen una segunda pantalla, que no era muy legal, respecto de la cual la Superintendencia no podía hacer nada.
¿Cómo es posible que esto ocurra? Afortunadamente, la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acogió su recurso de protección y obligó a la Superintendencia de Bancos a fiscalizar esa situación, y al banco que no quería dar el crédito a no tener presente ese antecedente, que correspondía a una situación de hace mucho tiempo y que ya estaba prescrita.
Con esta normativa, en parte, se beneficia a la clase media; pero queda pendiente abordar esta situación anómala -es necesario que se corrija- que he denunciado, respecto de la cual la Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado que es ilegal y arbitraria.
Por lo expuesto, dado que beneficiará a muchas personas, que favorecerá a las pymes y que pondrá un coto de justicia social en nuestro sistema comercial, votaré a favor el proyecto modificado por el Senado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , es una coincidencia muy afortunada que estemos concluyendo las sesiones de este año legislativo con el debate de las modificaciones del Senado a un proyecto de esta naturaleza.
También me parece importante reconocer y destacar el liderazgo del diputado Felipe Harboe en la tramitación de la futura ley. Es una idea que se convirtió en un movimiento ciudadano, que dio como resultado concreto la elaboración de un proyecto de ley que dará un alivio -como lo dijo el Presidente - a cientos de miles de deudores. Figurar en el Dicom ha constituido la muerte civil, como expresó el diputado Letelier , pues aparecer en dicho registro les genera problemas para acceder a un crédito, para postular a una universidad o a otra institución de educación superior, para recibir atención médica de urgencia, etcétera. Figurar en el Dicom se había convertido en la barrera de entrada a un conjunto de prestaciones sociales y constituía un acto de segregación social, económica, cultural e, incluso, médica.
Con el despacho de este proyecto, la Cámara de Diputados dará un mensaje claro y contundente en el sentido de que endeudarse no es un delito. Incluso, tampoco lo es fallar en el cumplimiento de una deuda. Hay personas que se endeudan precisamente porque pierden su empleo y hacen esfuerzos para cumplir con su obligación. Tratan de encontrar trabajo, pero para ellas Dicom constituía una barrera y un obstáculo insalvable para lograr su propósito. Era un círculo vicioso del que no se podía salir.
Este tipo de proyectos son los que los ciudadanos esperan de nosotros. En este tipo de iniciativas debemos trabajar fuertemente. Este es un paso. Ahora debemos abordar una reforma de fondo del sistema de información y legislar para proteger los datos de las personas, que incluyen también la vida económica.
Es digno de destacar el hecho de que se reunió un millón de firmas a lo largo del país para respaldar este proyecto, modificado por el Senado, que se convertirá en ley. Ello será un mensaje muy positivo para esos innumerables ciudadanos que han visto proscrita una parte de su vida como consecuencia de figurar en un boletín comercial.
He dicho.
El MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , en este régimen ciento por ciento presidencial, de los proyectos de ley que presentamos los parlamentarios, son muy pocos los que llegan al trámite final.
Más aún, en un tema tan importante como es buscar una solución para esos miles de chilenos que, por diferentes circunstancias, no pudieron cumplir en algún momento con sus compromisos financieros y cayeron al mortal Dicom, ex Peneca Verde. Por este hecho, la sociedad y su entorno les cerraron las puertas. Aquí se han dado circunstancias dignas de Ripley. Mucha gente, que alguna vez tuvo problemas económicos, con seriedad y responsabilidad hizo esfuerzos para retomar sus actividades, su profesión o empleo, y así cumplir con los compromisos pendientes; sin embargo, siempre figura en los registros históricos que no pagó en un momento determinado.
Cuando hace varios meses mi colega diputado Felipe Harboe me planteó el tema, no dudé ningún instante en encabezar la recolección de firmas en el paseo peatonal de nuestra ciudad de Concepción, específicamente en Barros Arana con Aníbal Pinto, para borrar registros de Dicom. Como soy una persona que cree en el bien común y en el servicio público, le encargué a un par de personas que atendieran ese quiosco, haciéndome cargo, como corresponde, de todos los gastos. En ocho días juntamos más de 10 mil firmas. Como le consta a mi colega Harboe, lo hicimos con seriedad y responsabilidad.
Este es el momento para darles tranquilidad a esas más de 10 mil personas que creyeron en uno, que firmaron de inmediato, de quienes escuchamos muchos testimonios graves, problemas con cheques en el área de la salud o de la educación, con créditos de consumo, qué decir con las casas comerciales. A muchos les avisaban que habían sido seleccionados y que era cosa de presentarse con el carné de identidad para acceder a tal o cual crédito, pero no se daban cuenta de que las tasas de interés bordeaban la usura. Toda esa gente creyó en nosotros.
Felipe Harboe empezó una cruzada a lo largo de todo el país. Muchos colegas parlamentarios también asumimos el desafío. ¡Qué gratificante es poder decir que un proyecto de ley que elaboró un grupo de diputados, encabezado por Felipe Harboe, hoy está en su último trámite constitucional y que en los próximos días será ley de la República.
No más ese afiche de una persona que se cubre el rostro, en el cual se lee: “No quiero más taparme el rostro, sino que lo que deseo fervientemente es mirar a la cara a todas las personas y tener la posibilidad de presentarme a empleos, y que me midan por mis capacidades o estudios”.
Hoy, 23 de enero, es un gran día. Se abren las puertas para miles de chilenas y de chilenos.
Con esta normativa, todas las deudas inferiores a 2 millones 500 mil pesos, por ningún motivo podrán figurar en Dicom. De lo contrario, quienes así procedan tendrán problemas jurídicos. Estas son respuestas concretas, precisas, macizas a las demandas ciudadanas.
¡Qué importante es que la ciudadanía le haya dado la posibilidad de ser su representante popular, para hacer realidad esos sueños que anhelaba tanta gente!
Por eso, con muchas ganas, fuerza y convicción, votaremos favorablemente las modificaciones del Senado.
Por último, agradezco a toda la gente que creyó en nosotros y vaya nuestro reconocimiento para el colega Felipe Harboe.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .- Señor Presidente , pienso que por tratarse de modificaciones del Senado no deberíamos ahondar en este proyecto que estamos analizando. Sin embargo, se trata de una respuesta muy importante y necesaria a una inquietud ciudadana. Por eso, en este último tramo antes de su despacho, algo hay que decir.
¿Cuánta agua ha pasado bajo los puentes, desde que el colega Eugenio Tuma nos pidió que nos sumáramos a terminar -no diría con la ilegalidad-, con la injusticia que se estaba cometiendo con miles de ciudadanos y ciudadanas de este país; a poner término a una suerte de barómetro de la moralidad y la probidad de las personas, ya que sus datos eran utilizados no solo al solicitar un crédito, sino también al postular a un trabajo, al matricular a los hijos o a los nietos o al acceder a beneficios estatales, como los aportes al emprendimiento? ¡Qué decir de los establecimientos de salud! En todo estaba el Dicom, un invitado que nadie logra entender cómo llegó hasta aquí.
Eran otros tiempos, hoy el afán de solucionar el problema que ha causado es transversal; por eso, con toda seguridad, la iniciativa será aprobada en forma unánime.
En aquel tiempo, cuando Eugenio Tuma -hablo de hace 10 años, más o menos- pretendía que se pusiera fin al mal uso que se daba de la información de las personas. Pero pasaron los años y, felizmente, un gran abogado y diputado , yo digo jurista de valía, Felipe Harboe , tomó la decisión de ir un poco más allá y no dejarlo en el camino, como nosotros lo habíamos hecho. Por eso, resulta gratificante que, por fin, estamos dando término a la tramitación de este proyecto, algunas de cuyas disposiciones fueron enriquecidas con el aporte de los senadores. Por ejemplo, en la enmienda al artículo 3° dispone que los titulares “de la información comercial tendrán derecho a solicitar cada cuatro meses y en forma gratuita la información consignada en dicho sistema durante los últimos doce meses.”
También se establece que no se podrá entregar información sobre alguna deuda que haya sido repactada. Analicemos lo interesante de esto. Obviamente allí no existe morosidad, sino que se trata de una nueva obligación. Sin embargo, aparecía informada como deuda repactada. La iniciativa también trae buenas noticias para los automovilistas usuarios del tag, que figuran con obligaciones impagas.
Por último, quiero destacar que se establece una especie de moratoria para los deudores cuyas deudas no superen los dos millones y medio de pesos. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tremendo paso da nuestra legislación en beneficio de las personas de la clase media que estaban afectados por la circulación de su información, lo que les impedía buscar trabajo o acceder a un crédito para paliar situaciones difíciles de la vida. Sin embargo, este maldito Dicom, como les digo, estaba en contra de la ciudadanía. No entendíamos que los grandes capitales, los bancos, impidieron que una iniciativa como la que discutimos se concretara. Ésa es la verdad.
Agradezco una vez más a los autores de esta iniciativa. Muchos fuimos parte de ella. Como dijo José Miguel Ortiz, se captaron miles de firmas en todas las regiones del país. Especial reconocimiento a Felipe Harboe.
El proyecto que verá la luz, ayudará a cientos de miles de chilenas y de chilenos afectados por la utilización abusiva de las bases de datos del llamado Dicom.
Gracias, estimados colegas por habernos entregado un proyecto de gran calidad en este último día.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , uno de los castigos más grandes en Francia es quitarle el carné de identidad a una persona para transformarla en paria. Ése es un castigo terrible y abusivo. Asimismo, el chileno que está en Dicom se transforma prácticamente en una carga para la sociedad, ya que no puede encontrar trabajo, ni comprar, ni tampoco acceder a créditos, por lo que no puede tener una vivienda.
Pero ¿es prudente despachar una iniciativa como ésta, que a la brevedad se convertirá en ley? Lo planteo porque hemos aprobado otras normativas sobre Dicom, de las cuales también soy autor; sin embargo, las instituciones bancarias y financieras siguen utilizando el boletín histórico bajo cuerda. Entonces, alabamos esto con todo entusiasmo, tenemos un millón de firmas, la gente está contenta, damos nuestros puntos de vista; pero las instituciones crediticias siguen ocupando el boletín histórico. En consecuencia, la ley pasa a ser letra muerta, porque ustedes son testigos de los reclamos de mucha gente, porque los funcionarios de los bancos les muestran en sus pantallas que están en Dicom, a pesar de que las personas les indican que ya pagaron esas deudas; sin embargo, sigue figurando en el boletín histórico, lo que no da confianza a los bancos para el otorgamiento de créditos.
El país pasó momentos muy difíciles durante la crisis económica, por lo que mucha gente se endeudó. No tenían otra alternativa, ya que una persona puede estar sin luz, sin agua y sin muchas otras cosas, pero no puede estar sin comer. En consecuencia, pidieron créditos y reventaron sus tarjetas por una razón lógica y justa, ya que, repito, no tenían otra alternativa. Así, esa gente se liquidó prácticamente de por vida por alimentar a sus familias.
Cuando uno ve esas tremendas injusticias que se producen por la actuación de Dicom, desea que existan sanciones drásticas para aplicarlas a la gente que ocupa el boletín histórico para otorgar crédito o contratar trabajadores.
Voy repetir lo que ya dije, solamente los flojos no están en Dicom. El que nunca ha trabajado, ni ha hecho nada, ni ha tenido un problema, indudablemente no figura en Dicom; pero a la persona trabajadora, emprendedora, que quiere sacar adelante a su familia, se le castiga brutalmente en vez de premiarlo, lo dejan empantanado y amarrado de pies y manos en Dicom.
Por lo tanto, ¡cómo no vamos a estar contentos con dar hoy una pequeña esperanza a esas personas que confiaron en que el Congreso Nacional los sacaría de ese atolladero en que los han tenido presos por muchos años!
¿Cuántos universitarios figuran en Dicom antes de salir de la universidad? ¿Cómo buscan trabajo con esos antecedentes? A esos jóvenes les dan tarjetas de crédito y acceso a los bancos, pero no tienen medios, lo que se suma a que los papás están colapsados por otras deudas. En consecuencia, los chiquillos quedan manchados con Dicom y más encima deben servir la deuda universitaria. En verdad, es un tremendo desastre.
Por lo tanto, echo de menos en el proyecto una multa drástica para las instituciones financieras o para cualquier persona que use el boletín histórico.
Muchas veces les dicen a esas personas: “Usted no tiene trabajo porque no pagó una deuda.” ¡Por favor! ¿Cómo van a pagar si no le damos la oportunidad de trabajar?
En consecuencia, estimo que éste es uno de los proyectos largamente esperado por las personas. Un millón de firmas no significa nada, porque 17 millones de chilenos estamos de acuerdo con el proyecto.
Por lo tanto, votaré favorablemente el proyecto con entusiasmo y con mucha fuerza, para que se acaben los abusos del sistema financiero con la gente de trabajo que ha tenido algún problema económico, a la que no les dan la oportunidad de salir adelante. ¡Eso, no tiene perdón de Dios! Parece que el dinero tiene mucho más valor que las personas, cuestión que debemos cambiar.
Por eso, Renovación Nacional votará muy entusiasmada a favor del proyecto.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Sin coartar el derecho de las señoras y de los señores diputados, la Mesa les solicita que acorten sus discursos, porque hay muchísima gente inscrita y debemos debatir, además, el proyecto sobre la reprogramación de los créditos universitarios.
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , todos estamos contentos con la aprobación de un proyecto tan relevante para la ciudadanía y de terminar en forma emblemática esta etapa de la legislatura.
Quiero agradecer al diputado Felipe Harboe por habernos embarcado a muchos en esta campaña que se extendió desde Arica hasta Magallanes , lo que me consta, y también a todos los colegas que se sumaron transversalmente a ella.
En un principio nos preguntamos: ¿Conseguiremos algo o va a ocurrir lo que ha sucedido tantas veces cuando pedimos la firma a ciudadanos que confiaron en nosotros, pero sin tener la certeza de que esas firmas, ese respaldo terminaría en algo concreto que los beneficia o que, al menos, alivianara la situación en que se encontraban?
Sin embargo, hoy podré decir a los 6 mil magallánicos y magallánicas que firmaron para que se borrase a las personas que figuraban en la Dicom que efectivamente dimos el paso para modificar la legislación, con el objeto de que un sistema que excedió absolutamente su objetivo en la utilización de datos personales, de entrega, de venta y que discriminó respecto de esa información, se acote a lo que tiene que ser, es decir, a un sistema destinado a evaluar el riesgo de una persona cuando un banco le quiere entregar un crédito. Solamente eso. Desde ahora en adelante, esas personas serán propietarias de sus datos, por lo que no les rechazarán mágicamente un seguro, no las objetarán cuando postulen a un trabajo. Se terminarán esas historias que tantas veces hemos escuchado cada uno en nuestros distritos.
Agradezco especialmente al diputado Ricardo Rincón , quien fue uno de los autores del proyecto, así como a los diputados Vallespín , Ortiz y Chahín , y a todos los parlamentarios de mi bancada y de otras bancadas que participaron en la discusión del proyecto.
Señor Presidente , lo que estamos haciendo hoy es relevante no sólo porque significa una modificación legal importante, sino porque la iniciativa responde a una necesidad ciudadana y porque tuvo su origen en la gente, en la manifestación de más de un millón de chilenos que querían que avancemos en esta materia. Además, considero que valida la posibilidad de seguir tratando temas de interés para la mayoría de los ciudadanos, sumar voluntades transversales y actuar con celeridad hasta transformarlos en un texto legal. Asimismo, esto es importante para quienes están postulando a un trabajo, pero que no pueden acceder a él porque están en Dicom. Hoy, damos respuesta contundente a esas personas.
Señor Presidente , anuncio nuestro apoyo entusiasta a la iniciativa y esperamos que marque un hito respecto de la utilización de los datos personales y de ciertas prácticas del sistema financiero. Creo que hemos avanzado en forma importante para garantizar los derechos de los consumidores y restringir y castigar como corresponde prácticas de abusos que, desgraciadamente, hoy persisten en contra de personas que tienen menos información, como adultos mayores o dueñas de casa que se ven involucrados en situaciones que no aceptaron y de las cuales no tuvieron la suficiente información.
Espero que, junto con esto, haya una difusión importante de la ley para permitir su mejor implementación.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , evidentemente, estamos viviendo un hecho muy importante para miles y miles de personas que durante muchísimos años han tenido que sufrir lo que significa la discriminación de tener Dicom. Muchas personas que en un momento determinado no pueden pagar una deuda contraída quedan en este registro que, poco a poco, se convirtió en una especie de monstruo que se iba tragando a las personas y no las dejaba respirar ni avanzar para mejorar su calidad de vida. Hoy, este monstruo está siendo asfixiado y cambia su cara gracias a esta iniciativa.
Mi vecino de pupitre, Felipe Harboe -todos los han dicho- nos involucró a todos y nos hizo partícipes activos de esta gran campaña que se llevó a cabo en todo Chile, a fin de juntar firmas. En ese proceso, nos dimos cuenta de que la gente, espontáneamente, acudía a apoyar y a firmar para salir de Dicom. Explicábamos a la gente que esto no significaba olvidarse de la deuda, sino tener la certeza de que cuando una persona busque trabajo, cuando ingrese a un centro asistencial, ya no le pedirán el Dicom, y que a partir de la promulgación de la ley se terminará el círculo vicioso de no poder conseguir trabajo en la administración pública o en el sector privado, o que ya no podrá ocurrir la contingencia de no ser atendido en un centro asistencial debido a que no es confiable para pagar la prestación que ha solicitado. Por lo tanto, lo que se logra hoy es importante.
En estos días se ha generado una discusión política relacionada con el régimen excesivamente presidencialista que tiene Chile. El régimen constitucional que hoy vivimos no permite que buenas iniciativas parlamentarias vean la luz y que se ayude a distintos sectores de la comunidad. Éste es un ejemplo claro de que las iniciativas parlamentarias son exitosas. Muchos otros proyectos están en Tabla para ser examinados en distintas comisiones, pero debido a nuestro sistema político, al sistema -insisto- presidencialista, no logran ver la luz. Finalmente, lo que ello provoca es frustración en la comunidad y en los parlamentarios.
Por eso, hoy es un gran día, un muy buen día para los chilenos, para todas las personas que están en Dicom. Esas personas deben saber que pueden consultar gratuitamente sus antecedentes comerciales, no como sucedía antes, que había que pagar incluso para saber si uno estaba registrado en el Dicom, lo que constituía una “frescura”, por decirlo en buen chileno. Hoy no sólo los datos podrán ser consultados gratuitamente, sino que no podrán ser utilizados para fines diferentes de evaluar un crédito.
Con gusto hemos sido partícipes de este proyecto en su difusión, en la recolección de firmas. Ahora, con mucho gusto, vamos a votar a favor del proyecto. Esperamos que la Cámara de Diputados lo apruebe en forma unánime.
He dicho
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, me sumo a la valoración profunda del proyecto de ley.
La política y los políticos tenemos una mala imagen y parece que un factor muy importante es que la gente nos ve impotentes para solucionar diferentes materias de la vida cotidiana que afectan a las personas por años. Las antenas celulares, el multi-Rut, el dicom, son símbolos de lo que señalo.
La iniciativa garantiza que la información no se use mal, por decirlo en forma sencilla, especialmente en caso de selección de personal y otros objetivos. Quiero recordar que Eugenio Tuma , cuando presentó el proyecto, básicamente se centraba en el tema de selección de personal. Finalmente, las empresas encontraron distintas maneras de eludir la prohibición a través de redes privadas de información.
Valoro la iniciativa porque ahora pone mayores barreras y sanciones, a fin de evitar que esto ocurra. El problema de fondo es que en una economía de mercado como ésta tiene que haber un sistema maduro de calificación de riesgo. Hoy, tenemos un sistema donde las cosas son blancas o negras. Por ejemplo, quien se encuentra con una cuota atrasada está condenado para muchas cosas. Eso es lo primitivo del sistema Dicom.
En la Comisión de Economía se está discutiendo crear un sistema distinto que permita tratar con mucho más rigor toda esa información para responder a las necesidades de calificar el riesgo, pero por otro lado asegurar que eso tenga un uso autorizado por la persona. Mientras no se cree un sistema de calificación de riesgo, muchos van a tratar de eludir lo que plantea el proyecto, especialmente los bancos, los que podrían crear sus propios sistemas y redes de información. Sé que el proyecto en distintos aspectos trata de cerrar esa posibilidad, pero es claro que se intentará hacerlo.
Dada la importancia de la materia -creo que es tercera vez que legislamos esta materia-, propongo que, dentro del sistema de evaluación de la ley que ha implementado la Corporación, se haga un ejercicio de seguimiento de la iniciativa desde el primer día de promulgada. La idea es detectar las maneras que se utilizarán para eludirla. Si se pesquisan casos, será positivo incorporarlos en la evaluación de la ley, de modo de contribuir a buscar soluciones más globales y definitivas en esta materia.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , muchas gracias por su sugerencia.
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , toda la agitación social que hemos tenido durante el último año obedece a un cúmulo de causas. La gente está cansada de esperar que se solucionen sus problemas cotidianos, sus problemas de vida diaria, entre ellos temas tan importantes como el crédito universitario.
Con mucho orgullo señalo que yo estudié gracias al crédito fiscal. Cuando ingresé a la universidad hace poco se había cambiado el sistema según el cual cada uno pagaba lo que podía. Sabemos que muchas veces se falseaba la información; con todo, estoy agradecida por haber tenido esa oportunidad, pues creo que cuando a uno le cuestan las cosas, más las valora.
Hace aproximadamente doce años se tramitó un proyecto de ley para reprogramar el crédito universitario. Recuerdo que me había cambiado de ciudad y la universidad había perdido mi domicilio. Con todo, me acogí a esa reprogramación. La verdad es que fue tremenda. El monto de la deuda aumentó de una manera increíble. En vez de ser una solución para muchos de los que teníamos una deuda importante, fue un verdadero castigo.
El Gobierno del Presidente Piñera ha debido enfrentar algunas dificultades. Por ello, ver cómo paulatinamente se van acogiendo y resolviendo temas ciudadanos es algo que me llena de orgullo y me hace sentir bien.
Sé que estamos discutiendo el proyecto del Dicom, pero lo que he señalado no es menor. Lo relativo a los bancos y el Dicom también son temas ciudadanos. Y es tremendamente importante lo que se está haciendo hoy, en el sentido de permitir que la gente tenga otra oportunidad.
Tal como lo señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el Dicom es una condena. Da lo mismo la situación: si se trata de una cuota morosa, del crédito universitario o de cualquier otra deuda, que puede ser mucho mayor, el Dicom trata a todos por igual.
Es efectivo que existe gente que se atrasa en el pago de sus deudas sólo por irresponsabilidad. Pero en cuanto a la mayoría de los chilenos, creo que dicho atraso obedece a causas de fuerza mayor. Nadie repara en la situación personal de cada uno de ellos, ni en si la persona quedó cesante o si existe algún problema de salud grave por la que una familia ha caído en mora en el pago de sus obligaciones económicas.
En consecuencia, insisto en que me siento orgullosa de que sea el Gobierno del Presidente Piñera quien acoja estas demandas ciudadanas, entre ellas el crédito fiscal y el problema del Dicom. Esperamos que el ministro de Economía aborde, por ejemplo, lo relativo a la tasa de interés máximo convencional; el anatocismo, es decir, el pago de interés sobre interés, etcétera. Existe una serie de materias extraordinariamente importantes para las personas, quienes se encuentran a la espera y que hoy nos están exigiendo que como Gobierno las solucionemos. También nos exigen que el Congreso se comporte a la altura de sus necesidades y de sus demandas ciudadanas.
Por último, nuevamente insisto, señor Presidente, en que me llena de orgullo el hecho de que estemos abordando asuntos como el que nos ocupa, que significan un alivio para el bolsillo de muchos chilenos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , sean mis primeras palabras para reconocer el enorme trabajo realizado en este proceso por el diputado Felipe Harboe , quien ha liderado un movimiento ciudadano. Tuve la oportunidad de acompañarlo a él y a otros colegas a La Moneda para presentar más de un millón de firmas de distintos compatriotas a lo largo de todo el país, que se comprometieron a apoyar dicha campaña para terminar con los abusos del Dicom.
Así, es bueno reconocer el trabajo del diputado Felipe Harboe , quien no solamente escuchó ese clamor ciudadano, sino que también le dio forma, a través de un excelente proyecto de ley que establece el principio de finalidad en el tratamiento de los datos personales. Su señoría trabajó junto a un gran equipo de asesores jurídicos, que cabe destacar en este momento.
De igual forma, quiero agradecer a los miles de ciudadanos de la comuna de Coquimbo que nos apoyaron con su firma en esta campaña llamada “Yo firmo para borrar tu Dicom”. Estuvimos una semana juntando firmas en el sector de El Empalme. Asimismo, agradezco a los miles de habitantes de la comuna de Ovalle que también estamparon su firma para nuestra campaña, en el paseo peatonal. Estuvimos ahí también con la diputada Adriana Muñoz , para lograr un apoyo ciudadano importante para esta campaña en la provincia de Limarí.
Ya se explicitaron las bondades y los grandes avances del proyecto que debatimos. Simplemente, quiero hacer presente algunas consideraciones, porque hoy votaremos las modificaciones del Senado.
Considero importante la precisión de los alcances del principio de finalidad en materia de datos, entre otros, de carácter económico, mediante la incorporación de la noción de riesgo comercial. El proyecto no se refiere al riesgo del negocio emprendido, sino que exclusivamente al riesgo de mora o de incumplimiento de deudas contraídas en actuaciones comerciales que no son técnicamente crediticias, pero que encierran efectos similares, como la venta con pago diferido; el pago en cuotas, en instrumentos a plazo, etcétera. Además, la iniciativa prohíbe explícitamente la utilización de este tipo de información en los procesos de selección de personal; admisión preescolar, escolar o de educación superior; atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.
El texto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados establecía restricciones respecto de los posibles usuarios de la información comercial de deudas, pues requería que estuvieran sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. Hoy, ello ha sido reemplazado por una formulación más amplia, manteniéndose el objetivo de limitar el uso de esta información exclusivamente para los fines que corresponden.
El mencionado texto recogía la necesidad de que los responsables de bases de datos respetaran los principios de legitimidad, exactitud, finalidad, proporcionalidad, transparencia, no discriminación y seguridad en el tratamiento de datos personales. El nuevo texto se refiere en términos muy similares a los principios de legitimidad, acceso y oposición, información, calidad de los datos, finalidad, proporcionalidad, transparencia, no discriminación, limitación de uso y seguridad en el tratamiento de datos personales.
Celebramos, señor Presidente , como una saludable innovación la incorporación de un nuevo inciso que establece que “Los distribuidores de los registros o bancos de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, deberán contar con un sistema de registro del acceso y entrega de estos antecedentes, individualizando el nombre de quien los ha requerido, el motivo, la fecha y la hora de la solicitud, así como el responsable de la entrega o cesión de la información.”.
Esto es lo importante: “Los titulares de la información comercial tendrán derecho a solicitar cada cuatro meses y en forma gratuita la información consignada en dicho sistema durante los últimos doce meses.”.
Entre otras innovaciones, se ha incorporado a la regulación de las deudas de servicios básicos las contraídas por el uso de autopistas urbanas; además, se ha limitado la restricción inicialmente contemplada respecto del uso de este tipo de información para condicionar la atención de salud sólo a la afectación de atenciones de urgencia en términos similares a lo establecido hoy en cuanto a la exigencia de cheques u otros instrumentos.
Por último, señor Presidente , se han agregado normas vinculadas a la vigencia del proyecto. Se establece que entrará en vigencia transcurrido el plazo de seis meses, desde su publicación en el Diario Oficial. Es importante subrayar este aspecto, porque, a lo mejor, la gente cree que esto empezará a regir mañana.
Por otra parte se establece algo que habíamos propuesto muchos diputados, encabezados, por cierto, por el colega Harboe , en el primer trámite legislativo. El proyecto sanciona que “Los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información de carácter económico, financiero, bancario o comercial a que se refiere el Título III de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, no podrán comunicar los datos relativos a dichas obligaciones cuando se hayan hecho exigibles antes del 31 de diciembre del año 2011 y se encuentren impagas, siempre que el total de obligaciones impagas del titular que comunique el registro o banco de datos a la fecha de publicación en el Diario Oficial de esta ley sea inferior a $ 2.500.000 por concepto de capital,…”.
Ello es relevante; se debatió mucho. Recuerdo que cuando el diputado Harboe propuso el punto en primer trámite legislativo, señaló que así como se estaba estableciendo un indulto del bicentenario a personas que habían sido condenadas a una pena privativa de libertad, bien podríamos nosotros disponer un indulto bicentenario a los deudores del Dicom. Es importante señalar que eso no extingue la deuda, pero borra del registro los datos en cuanto a la morosidad de las deudas.
Por lo tanto, me siento orgulloso de haber formado parte de esta campaña y de apoyar hoy este proyecto de ley que termina definitivamente con los abusos del Dicom en nuestro país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , quiero felicitar al autor de esta iniciativa, básicamente, porque creo que aquí entra en juego algo más que el tema material y económico.
Desde un punto de vista antropológico, existe un concepto que se llama la muerte social y todas las sociedades tienen estrategias tácticas, dispositivos para crear y actuar sobre una comunidad, de modo de asegurar que los que pertenecen a ella tengan el bien y eviten su mal. Esto se denomina gubernamentalidad. Desde esta mirada, el principio es que cada miembro de esta comunidad no sólo sea parte, sino que se sienta parte de esta comunidad desde el bienestar y desde una relación sana que contribuye claramente al desarrollo de las personas y al desarrollo de esa sociedad.
Pero las sociedades también tienen mecanismos para excluir, sancionar, castigar y también para despojar. La muerte social ocurre cuando la persona es despojada de todo lo que es su capital simbólico y social. En cuanto a esto, en nuestro país el Dicom se ha convertido en un mecanismo que ha despojado a muchos de su capital social y se ha convertido en una máquina de estigmatización y exclusión.
Por eso, me alegro de que estemos tratando este proyecto de ley, que se inició con la idea de Felipe Harboe , de conseguir un millón de firmas en todo Chile para evitar que este mecanismo siguiera prosperando en desmedro de aquellos que han hecho un esfuerzo enorme por ser parte de esta sociedad, pero cada vez el Dicom los repele, los expulsa y los termina marginando en un rincón para que no puedan acceder a la educación, a la salud y al trabajo.
En definitiva, este proyecto viene a plantear lo que claramente hemos dicho: que estos mecanismos no contribuyen a la cohesión y al desarrollo de la comunidad.
Por eso, a través de este proyecto de ley, que espero sea ley de la República muy pronto, queremos lograr que las personas que sean parte de esta comunidad, tengan derechos por sobre los castigos que la sociedad les quiere imponer.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , este proyecto de ley, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de los datos personales, es de profundo contenido social, porque la preocupación central está en las personas, está en los antecedentes de cada uno.
Quiero enfatizar en que el proyecto apunta en una dirección correcta, porque son miles los chilenos que han vivido el drama de optar a un trabajo y ser rechazados por tener una certificación de Dicom que los comprometía con deudas. Es una situación respecto de la cual los parlamentarios hemos conocido diversos casos, lo cual nos ha sensibilizado para presentar un proyecto de ley.
Además, esta iniciativa es una respuesta efectiva a una demanda social que permite terminar con el drama que significa para las personas tener que postergar la posibilidad de acceder a un trabajo o, lisa y llanamente, no poder optar a un crédito para la vivienda. Incluso -lo quiero decir con mucha franqueza-, a nosotros también nos tocó vivir situaciones en tal sentido. Eso ocurrió con el cambio de Gobierno, oportunidad en que se nos pidió el nombre de personas para ocupar mandos medios y muchas fueron rechazadas por tener Dicom. En Copiapó, hubo casos notables que, como se trata de situaciones personales, uno no tenía por qué saberlas. Así, hubo muchas personas que, desgraciadamente, en su pasado tuvieron deudas, quedaron registradas en Dicom y no pudieron acceder a un trabajo.
Por ello, en los articulados de este proyecto -quiero felicitar a su autor, el diputado Felipe Harboe - se resume la posibilidad cierta de devolver la dignidad a las personas y, tal vez, dar a muchos una oportunidad que antes no la tuvieron.
Por eso, con mucho entusiasmo, voy a votar a favor de este proyecto.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , la verdad es que hoy es un gran día y, por intermedio de la Mesa, deseo señalar al diputado Felipe Harboe que hoy él tiene que estar muy contento.
Estamos ante un gran proyecto de ley que ha sido liderado por el diputado Felipe Harboe y al que nos hemos sumado en forma entusiasta parlamentarios de diferentes bancadas, en forma transversal, porque es importante que seamos capaces de apoyar una buena propuesta, independientemente de quien la lidere, más allá del color político de cada uno.
Cuando las personas nos piden ayuda no le preguntamos por quién votan; sólo representamos sus intereses. Eso es lo que ha logrado el diputado Felipe Harboe con este proyecto de ley. Asimismo, ha logrado despertar a la ciudadanía. No es menor que, a través del Movimiento Acción, haya liderado un recorrido por Chile y logrado más de un millón de firmas en apoyo de este proyecto de ley. Eso habla de que la gente quiere participar; cuando algo les importa, las personas están presentes. De eso es lo que, como parlamentarios, tenemos que darnos cuenta.
Este proyecto viene a hacer justicia. En esta ocasión, no puedo dejar de mencionar a don Nelson , quien, a pesar de ser operador de grúa horquilla y tener capacidades más que suficientes para trabajar -lo demostró en Sodimac durante quince años-, hasta hoy no ha encontrado “pega” por estar en Dicom; lo mismo sucede con la señora Jenny , quien me decía que tenía una angustia brutal, ya que, aun cuando con su marido son profesionales, no han podido encontrar trabajo por estar en Dicom; también está la señora María , que tuvo que llevar su guagua en brazos al servicio de urgencia, porque donde la llevó antes tenían predictor de Dicom y no la quisieron atender.
Ese tipo de historias que fuimos conociendo debe motivar a todos los parlamentarios a aprobar este proyecto para que luego se convierta en ley. Ésas son las cosas que verdaderamente importan.
Este proyecto viene a hacer justicia, porque el Dicom se creó para medir el riesgo crediticio de las personas y no para limitar su acceso al trabajo, a la educación preescolar, a los fondos de emprendimiento y a la atención de urgencia de las clínicas privadas; sin embargo, la entrega de información sobre las personas terminó siendo un negocio, vulnerando derechos fundamentales.
Este proyecto vuelve a situar las cosas en el lugar que corresponde. El Dicom es sólo para entregar información comercial crediticia. Además, tenemos derecho a saber quién nos consulta. Que nunca más las personas sean discriminadas por estar en Dicom, sobre todo, porque caían en un círculo vicioso de no encontrar trabajo y no poder pagar las deudas. No puede ser que en nuestro país sea más terrible estar en Dicom que ser delincuente y tener antecedentes penales. Digo esto porque cuando una persona tiene este tipo de antecedentes, es a ella a quien le piden el certificado de antecedentes; en cambio, el certificado de Dicom lo puede solicitar cualquier persona. Este proyecto de ley terminará con tal práctica, así como también con un montón de arbitrariedades: que no haya responsables de entregar y distribuir la información, que excluyan de Dicom a los afectados sólo después de una semana de haber pagado sus deudas, etcétera. Ahora, tendrán que eliminarlos de las bases de datos a las 72 horas de haber regularizado su situación. Es decir, este proyecto representa un sinnúmero de beneficios para las personas.
Hoy, la Cámara va a dar una lección sobre la forma en que un proyecto de ley se puede convertir en ley ciudadana, terminando con los abusos que se cometen con el Dicom.
Por eso, felicito de verdad al diputado Harboe , porque ésta será realmente una gran ley.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , voy a ser muy breve, en honor al gran listado de diputados que van a intervenir sobre este proyecto de importancia histórica para todo el país.
Los beneficios de la iniciativa son evidentes, puesto que se terminará con los abusos del Dicom, con su uso indebido en la atención de salud de urgencia, en la postulación a empleos públicos o privados, en el acceso a la educación, etcétera. Se trata de prohibir el traspaso a Dicom de los deudores del Tag, que ya tienen suficientes problemas y, por lo tanto, es un abuso enviarlos al Dicom.
Asimismo, permitirá que sean excluidas de Dicom las personas que han repactado su deuda y que, sin embargo, permanecen en él. Todos sabemos que, a través del tiempo, se ha desarrollado una especie de industria en torno a él, que se ha convertido en una suerte de certificado de antecedentes criminales, a veces, tan importante -incluso, a veces, mucho más- como el registro de delitos y faltas penales. Por último, también se ha transformado en uso indebido el hecho de que queden registradas en el Dicom las personas que formulan consultas y las razones por las cuales las efectúan.
En representación de la bancada del PPD, quiero hacer un reconocimiento formal y explícito ante todos los colegas presentes en este Hemiciclo al diputado que lideró esta iniciativa que, no obstante ser muy antigua, no logró transformarse en ley de la República. El mérito de Felipe Harboe es haber recogido esa larga lucha y haberla convertido en un proyecto de ley coherente, consistente y de gran relevancia jurídica y haber sido capaz de identificar un conjunto de problemas y haber propuesto un conjunto de soluciones.
Pero, tal vez, lo que marca la diferencia con otras iniciativas que no llegaron a buen puerto es que Felipe Harboe entendió que, para lograr adicionar la fuerza necesaria en la Cámara de Diputados y en el Senado, era menester transformar esta iniciativa en un movimiento ciudadano. Diría que el mayor mérito de Felipe Harboe es haber entendido que, el hecho de discutir una iniciativa en este Hemiciclo, considerando su relevancia o corrección jurídica o técnica, no puede transformarse en un medio de presión social. Obviamente, esto va a quedar registrado y por eso expreso el reconocimiento de nuestra bancada a uno de sus mejores parlamentarios: Felipe Harboe Bascuñán .
Por fin se aprobará este proyecto. Felizmente, el Senado incorporó algo que esta Cámara, tal vez por desconfianza o, derechamente, por oposición de los diputados de la Alianza, no había logrado incluir: el perdonazo a las personas que tengan deudas inferiores a dos millones y medio de pesos, al 31 de diciembre de 2011. Espero que hayan cambiado de opinión, y que voten a favor también esta modificación que beneficiará a cientos de miles de chilenos, de modo que el proyecto sea despachado y se convierta en ley después de haber sido aprobado por unanimidad.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, creo que los colegas ya se han referido a lo sustantivo del proyecto.
Por eso, sólo quiero recalcar que el movimiento que lideró Felipe Harboe se transformó en un movimiento nacional. En muchas partes, diversos diputados recogimos firmas. También lo hicimos en Puerto Montt.
Lo que buscábamos era limitar el uso indiscriminado -a veces ilegal y la mayoría de las veces inmoral- que hacía de esa información el Dicom o el Boletín Comercial, porque prácticamente para realizar cualquier trámite se exigía esa información. Este proyecto apunta a limitar ese uso, lo que va en la línea correcta. Además, me parece que el Senado lo perfeccionó.
Quiero decir a todos los colegas que la historia también es importante en la definición de estos temas. En verdad, se hicieron grandes esfuerzos para que este proyecto se aprobara mucho antes. Llevamos a La Moneda un millón de firmas, para que el Ejecutivo le fijara urgencia; sin embargo, no lo hizo. Pero conseguimos que el Presidente de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, el diputado Gonzalo Arenas , se abriera a la discusión del proyecto. Después, el proyecto llegó a la Sala, donde -también hay que decirlo, porque es parte de la historia de la ley- no logramos un apoyo concreto y unánime. Sí logramos avanzar en sus objetivos.
Por eso, es un avance que el Senado lo haya perfeccionado y mejorado, estableciendo que el Dicom sólo puede ser utilizado para evaluar el riesgo comercial en la concesión de créditos. Al explicitarse que no podrá ser utilizado en los procesos de selección de personal, admisión preescolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público, se resuelve el problema que plantearon los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Pero también es bueno, porque forma parte de la historia fidedigna de la ley, que se sepa que cuando se votó el artículo transitorio que apuntaba a liberar de una condena a cuatro millones de chilenos, la Cámara de Diputados no lo aprobó, porque la mayoría de los diputados de la UDI votaron en contra, probablemente porque estaban desinformados, porque no sabían lo que significaba o porque no sabían que, de una u otra forma, esta disposición liberaría a las personas que están en el Dicom, transformándolas en ciudadanos que podrán recuperar su prestigio y su historia.
Creo que éste es un momento importante; pero hay que dejar las cosas claras, porque son parte de la historia fidedigna de la ley. Repito que no se le fijó urgencia, lo que habría permitido aprobar el proyecto con anterioridad. Si no se hubiera perseverado -corresponde resaltarlo-, no habríamos logrado ese objetivo.
El diputado Harboe también planteó, con mucha preocupación, que había que reponer dicho artículo en la Sala del Senado. Junto con el diputado Ricardo Rincón hablamos con la senadora Ximena Rincón sobre la materia, para que presentara una indicación en tal sentido, la cual fue aprobada, lo que permitió que se incluyera en el proyecto y volviera a esta Cámara.
Por lo tanto, hay una historia que también tiene que ver con quienes, por convicción y consecuencia, siempre trataron de sacar ese punto adelante, y otros que, probablemente, al ver que era imposible no seguir avanzando, se sumaron -es positivo que así sea-, porque su aprobación unánime da cuenta de que la historia se puede cambiar cuando existe perseverancia y convicción.
Quiero decir claramente que queda pendiente la tarea que le corresponde al Gobierno; tal vez por eso se explique que no se le fijara urgencia al proyecto. Hay que rescatar los contenidos de la iniciativa, y como va a ser ley de la República, el Ejecutivo debe hacer las adecuaciones pertinentes en otro proyecto que se está discutiendo, relacionado con deuda consolidada y protección de datos personales. La base está en este proyecto, que será ley de la República. Ahora, esperamos que el Ejecutivo lo haga.
Quiero dar un solo ejemplo. En el proyecto de ley que he señalado el Gobierno propone que sólo una vez en el año una persona podrá solicitar, en forma gratuita, información sobre sus antecedentes comerciales. Este proyecto habla de cuatro veces. De manera que eso debe ser modificado, porque, de lo contrario, habría una clara incongruencia.
Por cierto, quedan otros temas pendientes, porque la gente puede volver a caer en el Dicom si no modificamos la ley. Por ejemplo, la bancada democratacristiana presentó un proyecto de ley para que los acreedores no tengan la facultad de acelerar las deudas. Esto significa que cuando una chilena o un chileno se atrasa un mes en pagar su deuda, se la aceleran y le cobran el total. Ahora, si no repacta sobre la base de dar un pie significativo, vuelve a caer en el Dicom. Esos temas siguen pendientes y están presentados en las Comisiones de Hacienda y de Economía, Fomento y Desarrollo.
También quiero destacar otra incongruencia: que organizaciones del deporte establecen, en las bases de concursos del Fondeporte, el uso del Dicom. Eso es completamente incongruente, sobre todo cuando el Congreso Nacional está legislando para limitar el uso del Dicom. No puede ser que en las bases de los concursos del Fondeporte, en el componente que trata de los convenios, se dice que no podrán suscribir el convenio -lo leo textual, para que los colegas se den cuenta de que hay una situación absolutamente inaceptable- aquellos dirigentes del club deportivo que estén en el Boletín Comercial. ¡Por favor!
Justo ahora que el Congreso está legislando para limitar el uso de la información del Boletín Comercial, ninguna institución pública puede pedirlo para suscribir un convenio en representación del club deportivo; es decir, ni siquiera es personal.
Ésas son las incongruencias que hay que corregir. Por lo tanto, queda tarea pendiente para el Gobierno, para hacer coherente lo que aquí se plantea con otros cuerpos legales, para que en las políticas públicas se dejen de plantear estas exigencias. Hoy es un día importante, pero debe ser corroborado y complementado con coherencia sistémica en los otros cuerpos legales que aún siguen considerando el Dicom como un elemento que limita el derecho de las personas.
Agradezco el liderazgo del diputado Harboe en la materia y anuncio que nos sumaremos con fuerza y convicción a las modificaciones del Senado, porque siempre apoyamos esa posición.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Hago presente a la Sala que, por acuerdo de los Comités, trataremos este proyecto hasta las 12.30 horas, restringiendo el uso de la palabra a tres minutos por diputado, salvo el diputado Harboe, quien, en su calidad de autor de la iniciativa, tendrá tiempo adicional.
A las 12.30 horas cerraremos el debate, iniciaremos el tratamiento del informe de las Comisiones Unidas de Educación y de Hacienda sobre el proyecto de reprogramación de créditos universitarios, y a las 13 horas se votarán ambos proyectos.
Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , no estoy muy de acuerdo con felicitar a las personas cuando cumplen con su deber. En el Congreso Nacional, nuestra obligación es legislar para el pueblo. Sin embargo, en esta oportunidad, voy a felicitar a mi amigo el diputado Felipe Harboe porque recogió una demanda popular de muchos años; logró conciliar diferencias políticas e ideológicas, incluso de intereses, y reunió 1.086.314 firmas de apoyo a este objetivo. En Aysén también cooperamos con nuestras firmas.
Por eso, luciré con orgullo y con alegría este trofeo en mi escritorio, porque fuimos parte de esta campaña que encabezó nuestro compañero Felipe Harboe , a quien felicito de manera entusiasta.
La gente que está en Dicom se siente como que tuviese lepra, porque la asocian con estafadores o delincuentes. Sin duda, todos los que están o alguna vez estuvieron -también estuve- en Dicom son discriminados. Por lo tanto, éste era un proyecto muy necesario para que la gente no tenga restricciones de ningún tipo, ni en el trabajo, porque antes eran discriminados por estar en Dicom.
Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo en todo esto? ¿Por qué la gente se endeuda? Indudablemente, porque los intereses usureros de la banca privada y de las financieras llevan a que las personas se endeuden, y algunos no tienen más alternativa que endeudarse para cubrir necesidades de salud, de enfermedades, por situaciones de vida o muerte y no precisamente porque se vayan de vacaciones a Cancún.
Por lo tanto, para apegarme a la instrucción del señor Presidente de hablar tres minutos, sólo quiero agregar que considero que el proyecto va a beneficiar a todos los chilenos, desde Arica a Punta Arenas, y no tengo la menor duda de que será aprobado por unanimidad.
Esta iniciativa es un principio en la defensa de los chilenos ante la gran banca privada.
Reitero mis felicitaciones al compañero Harboe y anuncio mi voto de apoyo a este gran proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , lamento la restricción de tiempo para intervenir en el debate del proyecto, porque, a la luz de algunas intervenciones realizadas, se hace necesario recordar parte de la historia del proyecto. Lo digo con cierta pena, porque, a propósito de este proyecto, algunos diputados pretenden señalar que desde la UDI o desde la Alianza no quisimos avanzar en la discusión de la iniciativa.
El Boletín Comercial, el “Peneca Verde”, el “Libro Gordo de Petete”, para algunos, o el “Libro Maldito”, para otros, tiene una larga historia.
Permítanme recordar que fue un grupo de diputados de esta bancada el que, a propósito de la discriminación en el uso de la información comercial, principalmente para aquellos chilenos y chilenas que buscaban empleo, que se transformaba en una verdadera barrera para conseguir trabajo, propusimos que la información en un período de cesantía, acotado en un período de tiempo, de meses, pudiese restringirse mientras se mantenía una situación de desempleo; es decir, acotábamos el uso de la información para lo que correspondía el Boletín Comercial, para los agentes económicos, pero no para discriminar en la contratación de una persona, toda vez que nuestra propia legislación ya establecía que no se usara esa información para los efectos de ofrecer un empleo.
Además, quería señalar que, con orgullo, sentíamos que habíamos clavado una primera bandera para que el Dicom no se transformara en una barrera para las chilenas y los chilenos que buscaban trabajo y que, por esa misma razón, se encontraban imposibilitados de encontrarlo.
A partir de esa realidad, nuevos parlamentarios, que habían sido autoridades de Gobierno, se incorporaron al Congreso Nacional y mejoraron la normativa vigente.
Los diputados Auth y Vallespín planteaban una suerte de incongruencia nuestra, en circunstancias de que fuimos nosotros los que planteamos esta mejora para el uso de la información del Dicom. La autoridad de la época pensaba que una suerte de black out de la información, de cierre de información para un determinado uso -como, por ejemplo, esta suerte de perdonazo que incorporó el Senado-, podía ser malentendida. Así lo señalaba la autoridad de la época.
Para todos es un orgullo haber participado, incluso con anterioridad a este proyecto, en el intento de que el Dicom sea usado correctamente.
Insisto en que lamento la restricción en el uso de la palabra, pero entiendo que se trata de un acuerdo de Comités.
Espero que lo votemos favorablemente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , pedí la palabra antes del acuerdo de Comités que la restringe a tres minutos, así que me voy a tomar los minutos que corresponden.
Valoro y felicito el trabajo del diputado Felipe Harboe . Este proyecto va a tener un impacto enorme en una inmensa cantidad de chilenos. Más de cuatro millones de chilenos viven hoy una verdadera esclavitud moderna a través del Dicom, mediante el cual las empresas pretenden garantizar el pago de sus obligaciones, hipotecando la honra de las personas. Pretenden garantizar el pago de sus obligaciones, pero no a través de los mecanismos que les franquea la ley, sino impidiendo a una gran cantidad de chilenos y chilenas optar a beneficios sociales, ingresar a un establecimiento educacional, recibir una prestación médica, transformándolos, en la práctica, en ciudadanos de segunda categoría.
Hoy, parece menos gravoso tener un antecedente penal que una deuda; es más fácil la eliminación de esos antecedentes penales que salir del boletín de registro comercial.
En la mayoría de los casos, tales deudas no se deben a que estemos frente a estafadores o sinvergüenzas, sino a personas que por distintas razones, en algún momento, no pudieron seguir pagando, ya sea porque perdieron su trabajo, tuvieron que enfrentar una enfermedad catastrófica o simplemente porque debieron priorizar la educación a sus hijos.
Por ese solo hecho, hasta hoy se les estigmatiza y se les discrimina en distintas áreas, como en el acceso a la vivienda, a la salud o a la educación.
Por eso, me alegro de que mediante esta iniciativa se proteja el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, y que los antecedentes comerciales sólo puedan ser consultados por las instituciones comerciales y financieras para los efectos de evaluar créditos, y no para establecer barreras discriminatorias en el acceso a distintos derechos y beneficios.
También quiero señalar que en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo impulsamos, con mucha fuerza, la eliminación, por una sola vez, de los antecedentes comerciales de aquellos deudores de montos de hasta dos millones y medios de pesos. Sin embargo, perdimos en la Sala en el primer trámite. Por fortuna, esa situación se revirtió, porque el Senado la repuso.
Al respecto, quiero formular un llamado a los colegas de Gobierno, que muchas veces dicen representar a la clase media. Ésta es una forma clara de hacerlo, de no darle la espalda, para lo cual se necesita aprobar el proyecto tal cual viene del Senado. De una vez por todas, deberíamos entregar una señal contundente de que queremos aliviar la carga a nuestra tan agobiada clase media.
Por eso, pedimos un respaldo íntegro a las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , no deberíamos olvidar que desde 2001 a la fecha hay 25 mociones que tratan el tema de las deudas y del Dicom, tema que afecta a la gente más modesta.
La tarjeta de crédito, introducida alrededor de 1980, hoy es un mecanismo de sobrevida. La gente no se endeuda por una lavadora o una cocina, sino porque necesita salud, colegios, comer y vestirse.
Por lo tanto, la base de esta iniciativa establece que esos antecedentes no sean requeridos para postular a un trabajo, ingresar a un colegio, universidad o para cubrir una atención de salud de urgencia. Sin embargo, no cabe duda de que este avance es limitado, por lo que debemos seguir legislando sobre este tema para proteger a la gente.
Se dice que no estarán en la base de datos o no se pedirán los antecedentes de los deudores que no excedan los 2 millones quinientos mil pesos, en circunstancias de que en Chile hay 17 millones de tarjetas de crédito, con las que se va repactando mensualmente, según las necesidades de vida.
Las deudas que se adquieren a través de las repactaciones o por motivos comerciales o por figurar en el Dicom quedan estampadas en el Registro Histórico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Si bien no se podrá exigir para las situaciones anteriores, no cabe duda de que, ante cualquiera solicitud de crédito, surgirá la información contenida en el Registro Histórico , que será consultado por los bancos y casas comerciales, porque ellos buscan la forma de defenderse.
De esa manera, nuevamente, se afectará a quienes tienen la necesidad de recurrir a este sistema, sea por el adelanto de una cantidad de dinero que se ofrece para vacaciones -todos tienen derecho a gozar de vacaciones- o cuando los niños van a entrar al colegio. Muchas veces, las personas solicitan un crédito, pero al poco tiempo quedan sin trabajo y, por lo tanto, no pueden cubrir la deuda.
Junto con avanzar con esta iniciativa tan importante, también debemos mirar hacia adelante para ver cómo se protege a la gente más vulnerable para que no sea afectada con el hecho de quedar en un registro histórico por su deuda.
Felicito a los autores de esta moción, por la que todos trabajamos, pero sin duda debemos continuar avanzando en la situación que vive nuestro país al respecto y, además, buscar la manera de borrar la deuda histórica que mantiene la Superintendencia.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , para mí es muy grato anunciar nuestra votación favorable al proyecto, porque lo más importante es que beneficiará a 4 millones de personas.
Junto con ello, también esperamos que se apruebe el perdonazo del Bicentenario, que permitirá borrar del Dicom a las personas con una deuda inferior a los 2 millones y medio de pesos, el que, por supuesto, no elimina la deuda.
Sin embargo, lo más relevante es la forma en que se genera este proyecto. Así como algunas leyes llevan el nombre de algunas personas, ésta será conocida como la “ley Harboe”, porque con el liderazgo del diputado Felipe Harboe logramos reunir más de 1 millón de firmas.
En el distrito que represento, integrado por las comunas de Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, Pinto , San Ignacio , Pemuco, El Carmen y Yungay, reunimos más de 10 mil firmas. Es decir, este proyecto ha dejado de manifiesto el liderazgo de nuestro colega Harboe , pero también ha contado con la participación de la ciudadanía, que señaló que se debía modificar la normativa relativa al uso de los datos personales.
Lo más importante es que serán beneficiados los sectores más vulnerables que aparecen en el Dicom, que han llegado a esa situación por diversas circunstancias, sin tener la intención de no cancelar la deuda. Eso trae como consecuencia la inhabilitación de esas personas para enfrentar sus problemas de salud y sus requerimientos de educación, entre otros.
Por eso, me parece muy importante que hoy se haya puesto en discusión este proyecto. Esperamos que se apruebe por amplía mayoría, porque nos interesa que comience a regir antes del mes de marzo.
Por otro lado, también se verán beneficiadas las personas que desean acceder a créditos hipotecarios, que antes se veían impedidas de hacerlo por estar en el Dicom. También serán beneficiadas las personas que buscan trabajo, las pymes y micropymes.
Finalmente, felicito al diputado Harboe por esta iniciativa, cuya tramitación en el Congreso Nacional ha sido muy importante. Seguramente, en pocos minutos más será votada favorablemente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, primero, voy a comenzar por decir lo que no me parece adecuado, para concluir con lo que realmente me parece correcto e importante.
No me parece adecuado haber tenido que escuchar tres o cuatro expresiones para tratar de sacar provecho político, lo que constituye una pequeñez, en el sentido de insistir si éste o aquél hizo más o menos o si se restó o no en algún minuto. Lo importante es el beneficio que entregará esta futura norma. La pequeñez es lo que le hace mal a la política de nuestro país.
En pocos minutos más, tendremos que votar un proyecto que beneficiará socialmente a millones de chilenos, que mejorará su calidad de vida y les dará una oportunidad que por muchos años no tuvieron, independientemente de que esto no se haya hecho en los últimos veinte o treinta años. Lo importante es que ahora se hizo.
Hoy es un día de gloria para el diputado Harboe.
(Aplausos)
Aunque soy un diputado de Derecha y derecho, no tengo complejo alguno en reconocer el mérito de un diputado de la Concertación. Por ello, a los colegas que me están mirando con mala cara les digo que no hay que tener complejo en reconocer las capacidades del adversario.
(Aplausos)
Supongo que esos aplausos son para mí.
Dije que era un día de gloria para el diputado Harboe porque en los veinte años que llevo en la Cámara de Diputados jamás ha-bía visto que tanto parlamentario homenajeara a otro de esta manera, y eso es bueno. Las cosas hay que decirlas como son.
En segundo lugar, quiero decir que todos los senadores de la UDI votaron a favor, y los diputados de la UDI harán lo mismo. ¡Eso es lo importante!
Lo que la ciudadanía busca es justamente este tipo de proyectos. Muchas veces nos entrabamos en disputas sobre reformas políticas, las primarias, el voto voluntario u otras situaciones, discusiones que precisamente no le hacen bien a la política. Por lo tanto, este tipo de iniciativas reivindican al Parlamento. Hoy por ti y mañana por nosotros, para que sigamos adelante en un clima mucho más cordial, como el que hemos tenido en este último año.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO ( Presidente ).- Saludo en forma muy especial al señor Alejandro Vega y a la directiva del Movimiento Acción, que participó activamente en este proyecto, y a la organización Vigías del Patrimonio, presidida por la señora Claudia Cervantes, y a todos los vecinos y vecinas de esa comuna que hoy han querido acompañar al diputado Harboe en un día en que la Cámara de Diputados aprobará un proyecto tan importante.
(Aplausos)
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , agradezco las palabras expresadas, no sólo del diputado Moreira , sino de todos los diputados y diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra y que también han aportado a este proceso.
Hoy es un día muy importante para la política, para la Cámara de Diputados, para mí -por qué no decirlo- y para el equipo que lideró la campaña. Pero muy especialmente lo es para miles de familias chilenas. Los abusos del Dicom llegan a su fin y eso es obra de la política y del Congreso Nacional.
(Aplausos)
El Parlamento se viste de gala para defender a los casi cuatro millones de chilenos y chilenas que se encuentran en los registros del Dicom. Han sido muchos años de uso y de abusos de los datos comerciales de las personas. En una economía que promueve el consumo, no parece adecuado que quien tenga un tropiezo deba enfrentar una condena económica y social perpetua. No son compatibles los constantes llamados de todos los sectores a la innovación y al emprendimiento con un sistema que, a la primera caída -natural de toda innovación-, no da posibilidad de ponerse de pie, sino que lo aplasta como el peor de los defraudadores.
Seguramente, ni Steve Jobs , ni Mark Zuckerberg o el mismo Carlos Slim habrían logrado lo que obtuvieron si en sus países hubiese existido un Dicom con la regulación que hoy existe en Chile, porque ellos, como todo innovador, corrieron riesgos, se cayeron muchas veces, pero también el sistema les permitió levantarse, y lo lograron.
El sistema nació originalmente para evaluar el riesgo del crédito y distinguir entre los buenos y los malos pagadores, pero el tiempo, la ambición desmedida y la desregulación permitieron que esto se transformara en un verdadero certificado de conducta, capaz de cercenar de la manera más bestial derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República: el acceso al trabajo, a la educación, a la salud y muchos otros que fueron afectados en su esencia al condicionarlos a un certificado de una empresa privada como Dicom y otras distribuidoras de datos.
Son miles de familias las que viven y han vivido angustiadas por las deudas, angustia que aumenta aun más al saber que éstas han de ser públicas y tener conciencia de que el verdugo social que las persigue los perseguirá por siempre por el solo hecho de atrasarse en unas cuotas de la casa comercial o, lo que es peor, por haber tenido algún incumplimiento mercantil en el pasado.
No es aceptable el doble estándar en nuestra sociedad; debe provocarnos. En el Chile de hoy existe un disvalor entre la vida y la propiedad que se refleja en muchas normas, y también en este ámbito; no es la excepción.
Lo digo con dolor: en nuestro país un criminal puede, después de diez años de cumplida su condena, borrar sus antecedentes penales por una vez en la vida, pero un ciudadano honesto, un emprendedor arriesgado o un innovador que tropieza no puede borrar una deuda, porque los bancos las mantienen ocultas en registros históricos. Entonces, la deuda parece más grave que un crimen. ¡No señores! Como legisladores y como representantes ciudadanos, esto debiera provocarnos. La vida y la integridad de las personas deben estar siempre por sobre la propiedad, por muy preciada que ésta sea.
Cuando en 2009 comenzamos esta cruzada, muchos nos decían que no lo lograríamos. Pensaban que era una campaña más sin ningún destino, como tantas otras que se habían hecho. “Son muy poderosos”, “no lo lograrán”, nos decían algunas personas. Aquí mismo hubo colegas que no quisieron sumarse a la campaña por el temor al fracaso y al costo político. Pero no nos importó; seguimos adelante.
Usando las redes sociales, logramos reunir a 1.236 voluntarios y voluntarias en todo Chile, bajo un concepto: No más abusos del Dicom. Una muestra de confianza recíproca nos ligó en una noble cruzada, desde Arica a Punta Arenas. A esos voluntarios anónimos, que probablemente hoy nos están viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados y de los streaming que estamos realizando, vayan mis agradecimientos por su incansable y desinteresado trabajo en terreno.
Luego, fueron algunos rostros de la televisión los que también nos ayudaron a montar esta campaña viral. Agradezco a Julio César Rodríguez , Marisela Santibáñez , Erto Pantoja , Teresita Reyes , entre otros, que confiaron en nuestro trabajo y ayudaron a sumar esfuerzos.
Hubo un momento de inflexión en la campaña. Fue el compromiso adquirido por diputados y diputadas, senadores y senadoras que, con su experiencia en terreno, sensibilidad y trabajo, dieron un nuevo impulso a la campaña: Orlando Vargas , Felipe Ward , Marcos Espinosa , Marcelo Díaz , Matías Walker , Adriana Muñoz , Gonzalo Uriarte, Marco Antonio Núñez , Rodrigo González, Ricardo Lagos Weber , Lily Pérez, Juan Luis Castro , Ricardo Rincón , Ximena Rincón , José Miguel Ortiz , Carlos Abel Jarpa , Joaquín y Eugenio Tuma , Fuad Chahín , Patricio Vallespín , Fidel Espinoza , Alfonso de Urresti , René Alinco , Carolina Goic , María Antonieta Saa , Ramón Farías , Jorge Burgos , Karla Rubilar , Mónica Zalaquett , Pedro Browne y Osvaldo Andrade , entre otros. Juntos logramos juntar 1.086.314 firmas de apoyo al proyecto.
(Aplausos)
Luego se sumaron más parlamentarios. Poco a poco, fuimos ganando la confianza de más parlamentarios. Juan Carlos Latorre , Iván Moreira y muchos otros también se sumaron a la campaña. Ciertamente, pagaré los costos por no mencionarlos a todos. Siempre se me olvidan algunos.
Gracias a todos.
Luego, con un equipo de abogados, a quienes aprovecho de agradecer, nos abocamos a hacer un buen proyecto. Debía ser serio, responsable, no populista, basado en la experiencia internacional y con aplicación de los principios y normas de protección de datos personales, fundados en principios de la Unión Europea y la OCDE; un proyecto que pusiera en el centro a la persona y sus derechos.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 22 de diciembre del 2010.
¡Cómo no recordar cuando, en este Hemiciclo, para graficar la urgencia e injusticia del sistema, en un momento de desesperación le mostré al entonces ministro de Economía , Juan Andrés Fontaine , su informe del Dicom! Nos enteramos de sus haberes y de sus sociedades. Graficamos ahí, en la autoridad, lo que sufren millones de compatriotas a diario, cuando, a sus espaldas, consultan sus datos para categorizarlos y, también, para discriminarlos.
Gracias a los buenos oficios de los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y, en particular, de su presidente , el diputado UDI señor Gonzalo Arenas , logramos su pronto despacho, el 17 de agosto del 2011. Con 96 votos a favor y 0, en contra, la Cámara de Diputados despachaba el proyecto al Senado. Hubo una votación que reflejó una mayoría abrumadora y transversal, de la cual me enorgullezco, al observar que este Hemiciclo no fue permeable al intenso lobby desplegado en los pasillos de la Corporación por la empresa afectada y por algunos otros agentes de la industria.
Gracias a toda la Cámara de Diputados.
En el Senado se introdujeron modificaciones que perfeccionaron el proyecto, y otras que lo relativizaron. Pero, en el conjunto de ellas, la idea matriz de la protección de las personas y de sus datos personales se mantuvo. Fue despachado recientemente por la Cámara Alta, el 18 de enero de 2012, por 23 votos a favor y 0 en contra.
Hubo unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional, lo que demuestra que se trata de un proyecto serio, responsable, justo y necesario, que echa por tierra los catastróficos presagios sobre los que advertía Equifax en su lobby, así como los representantes de la industria de tratamiento de datos que recorrían los pasillos del Congreso Nacional.
Hoy, la Cámara de Diputados recibe, en su último trámite constitucional, un proyecto que cambiará la forma de usar y comunicar los datos comerciales de las personas; que pone reglas al acceso de los mismos y los condiciona sólo para la evaluación de riesgo de créditos, terminando con la posibilidad de acceder a ellos a terceros que no realicen este tipo de evaluaciones.
El proyecto, junto con reconocer que los datos pertenecen a cada ciudadano, establece que aquellos quedan sujetos a la regla de mayor protección.
Se consagra el principio de finalidad del dato. Es decir, se entiende que los administradores y distribuidores de registros o bancos de datos, sólo pueden permitir el acceso a dichos datos a quienes realicen la actividad de evaluación de riesgo de crédito y no a terceras personas.
El señor MELERO ( Presidente ).- Resta sólo un minuto a su señoría.
El señor HARBOE.- Se prohíbe expresamente la consulta de antecedentes comerciales de personas a entidades distintas de los evaluadores de riesgo de créditos.
Se prohíbe acceder a estos datos y usarlos para discriminar en contrataciones en los sectores público y privado. Nunca más se podrá consultar al Dicom para condicionar el acceso a un puesto de trabajo.
De igual forma, se prohíbe la consulta para condicionar la atención médica de urgencia en clínicas y hospitales. Así, nunca más una mamá o un papá deberán sufrir la negativa de atención de urgencia a un hijo por el solo hecho de estar en Dicom.
Se termina con la posibilidad de condicionar las matrículas a la educación preescolar, escolar y superior a los antecedentes del Dicom.
Se prohíbe incorporar en los registros de bases de datos las deudas repactadas, porque si alguien se atrasó en alguna cuota y la repacta, no parece justo que lo mantengan en el sistema de deudas comerciales.
Se termina con la incorporación al Dicom de las deudas originadas por el uso de tag en rutas concesionadas.
El señor MELERO ( Presidente ).- Ha concluido su tiempo, señor diputado .
El señor HARBOE.- ¿Me concede un minuto más, señor Presidente?
El señor MELERO ( Presidente ).- Sí, señor diputado .
El señor HARBOE.- Muchas gracias.
No parece justo, entonces, que se utilicen los datos comerciales para fines distintos.
Se establece, además, que las empresas generadoras de datos deben, en un plazo máximo de 72 horas, contado desde el pago, sacar los antecedentes del Dicom. A contar de la publicación de la ley en tramitación, todos los chilenos y las chilenas podrán pedir gratuitamente tres veces en el año el certificado de sus propios antecedentes.
Por último, la norma que se somete a consideración de la Sala contempla excepcionalmente que todas aquellas personas que al 31 de diciembre de 2011 figuren en los registros de deudas con morosidades inferiores a 2 millones 500 mil pesos por concepto de capital, serán borrados de los registros de deuda para permitir que puedan pagarlas y, así, facilitar su pronto reemprendimiento.
(Aplausos)
Estimados diputados y diputadas, como pocas veces en este período, estamos en presencia de un proyecto que va al corazón de la desigualdad y en apoyo de los más desposeídos.
Estamos en una sociedad subprime, sobreendeudada, y tenemos que avanzar en temas de fondo. Esto es un avance. Falta mucho. Esta Corporación, paralelamente, está discutiendo proyectos relativos a la consolidación de deudas y protección de datos. Ciertamente, es positivo que el mercado cuente con información; pero ella tiene que ir en protección de las personas y no de determinada industria.
Señor Presidente, hoy nos acompañan muchos vecinos y vecinas de la comuna de Santiago, muchos de los cuales participaron
activamente en nuestra cruzada de respaldo ciudadano a esta iniciativa. Vayan a ellos mis agradecimientos por su trabajo y confianza.
Gracias a todos por permitir hacer realidad esto que parecía imposible, y convertir en ley permanente la protección de las personas. Gracias por permitirme concretar un proyecto que renueva el sentido de mi función legislativa. Gracias por avanzar en la regulación para disminuir las desigualdades.
Falta mucho por hacer; pero hoy, cuando finalizamos el período legislativo, podemos decir con propiedad que, con el proyecto, hemos contribuido a proteger a más de cuatro millones de personas y a las familias más desposeídas de nuestro país. Por eso, gracias a todos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció respecto de este proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
-Aplausos.
REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITOS UNIVERSITARIOS. Segundo trámite constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre reprogramación de créditos universitarios.
Diputada informante de las Comisiones Unidas de Educación , Deportes y Recreación, y de Hacienda, es la señora María José Hoffmann.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 7874-04, sesión 136ª, en 19 de enero de 2012. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Certificado de las Comisiones Unidas de Educación, Deportes y Recreación y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 1 de este boletín de sesiones.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora HOFFMANN, doña María José (de pie).- Señor Presidente , en representación de las Comisiones Unidas de Educación, Deportes y Recreación, y de Hacienda , me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje del Presidente de la República y calificado con urgencia de discusión inmediata, sobre reprogramación de créditos universitarios.
La idea matriz del proyecto es permitir la reprogramación de créditos para los deudores de los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, crédito universitario y crédito fiscal universitario, establecidos en las leyes Nºs. 19.287 y 18.591, y en el decreto con fuerza de ley N° 4, del Ministerio de Educación, de 1981, respectivamente, que se encontraren en mora al 30 de junio de 2011.
El Fondo Solidario de Crédito Universitario ha facilitado el acceso a la educación superior de miles de jóvenes. Para que dicho sistema opere de forma adecuada es fundamental que quienes se beneficiaron del mismo asuman su obligación de restituir lo recibido en préstamo, permitiendo así que nuevos jóvenes accedan a los mismos beneficios y, por ende, a las mismas oportunidades.
Según se señala en el mensaje, el Fondo Solidario de Crédito Universitario tiene como uno de sus pilares de funcionamiento su oportuno pago, por lo que se requiere establecer mecanismos que permitan recuperar los créditos e incentivar el pago. Hoy existen aproximadamente 110 mil deudores de ese crédito que se encuentran morosos, lo que representa una deuda equivalente a 300 mil millones de pesos, con la consecuente pérdida para el fisco.
Se destaca que el porcentaje de recuperación del crédito equivale aproximadamente a 38 por ciento al año, por lo cual mejorar las probabilidades de recuperación es determinante para lograr el adecuado financiamiento del sistema, lo que, además, va en directo beneficio de futuras generaciones.
Ahora bien, se ha identificado que una de las principales causas de esa morosidad dice relación con los altos intereses penales asociados al incumplimiento en el pago de las cuotas estipuladas, los que al acumularse hacen cada vez más gravosa la deuda y, por ende, más difícil el pago para el deudor. Además, la morosidad significa un perjuicio directo para los deudores, ya que al ser incorporados a los registros públicos de deudores morosos, se les dificulta encontrar trabajo y, como consecuencia de ello, tienen grandes complicaciones al momento de pagar las deudas.
Respecto de la estructura y el contenido de esta iniciativa legal, debemos señalar que consta de tres artículos permanentes y una disposición transitoria.
El Artículo Primero establece una ley de reprogramación de créditos universitarios, que se aplica a los deudores de los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, del crédito universitario y del crédito fiscal universitario que se encontraren en mora al 30 de junio de 2011 y que no se hubieren acogido a ninguna reprogramación anterior.
Para acogerse a los beneficios de esta futura ley, los deudores deberán manifestarlo por escrito al administrador del crédito respectivo dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se publique el consolidado de su deuda, el cual deberá ser elaborado por el administrador, mediante el cálculo de las cuotas adeudadas, vencidas y por vencer, con la totalidad de los intereses penales que correspondan, estableciéndose un nuevo saldo deudor expresado en unidades tributarias mensuales. Esa información deberá ponerse a disposición de los deudores en la página web de la respectiva universidad, resguardando la confidencialidad de los datos, y en un diario de circulación nacional.
El deudor tendrá el plazo de dos meses para convenir el número de cuotas anuales, iguales y sucesivas, en que pagará su saldo, con el límite de diez cuotas, si el monto de la deuda reprogramada es igual o inferior a 150 unidades tributarias mensuales, o de 15 cuotas, si el monto de la deuda reprogramada es superior a 150 unidades tributarias mensuales. Al convenir el número de cuotas, el deudor deberá efectuar un pago inicial, que podrá enterar hasta en seis cuotas, correspondiéndole una condonación de los intereses según se regula en la ley.
Asimismo, el deudor deberá suscribir un pagaré que dé cuenta de su deuda, el que deberá estar expresado en unidades tributarias mensuales, y devengará un interés de 2 por ciento anual. El administrador del crédito respectivo deberá certificar el hecho de haberse acogido el deudor a la reprogramación, con el objeto de aclarar los antecedentes bancarios o comerciales que puedan afectarle.
Se establece, además, que el deudor deberá otorgar un mandato irrevocable a favor del administrador, para que este requiera a su empleador que deduzca de sus remuneraciones el monto de las cuotas del crédito que hubiere acordado con el administrador. El pago de las cuotas anuales correspondientes se iniciará en el año calendario siguiente al de la suscripción del pagaré mencionado en el artículo 4° del artículo primero del proyecto de ley.
El Artículo Segundo, que contiene cinco numerales, modifica la ley N° 19.287, la que enmienda, a su vez, la ley N° 18.591, y establece normas sobre fondos solidarios de crédito universitario, en concordancia con la nueva ley de reprogramación de créditos universitarios.
Por su parte, el Artículo Tercero modifica la ley N° 18.591, que establece normas sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario, con el objeto de crear un mecanismo de incentivos a los administradores de fondos, con la finalidad de lograr una mejor recuperación.
Como conclusión, creemos que de esta forma el Gobierno, a través de este proyecto de ley, busca permitir la reprogramación de las deudas morosas del crédito solidario, como una medida adecuada para facilitar el pago y mejorar los índices de recuperación, lo cual, a su vez, facilitará el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior.
Además, quienes se acojan a la reprogramación, dejarán de formar parte de los registros públicos de deudores morosos.
Con el mismo objetivo, el proyecto que presentamos a tramitación propone perfeccionar las herramientas de administración del Fondo Solidario, con miras a mejorar la gestión de los recursos públicos y flexibilizar las modalidades de pago de los deudores.
Además, quiero hacer constar que el proyecto de ley despachado por el Senado fue aprobado en los mismos términos en nuestras Comisiones Unidas de Educación, Deportes y Recreación, y de Hacienda, por lo cual también esperamos que la Sala proceda de igual forma.
Finalmente, debo señalar que más allá de las legítimas diferencias que existan en cuanto al contenido del proyecto, su aprobación por las Comisiones Unidas de Educación y de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, sumada a la aprobación, ayer, de la iniciativa legal que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, constituyen avances fundamentales en favor, precisamente, de los estudiantes y de las familias de los sectores de menores ingresos, los que demandan que esos beneficios, largamente esperados, se hagan realidad hoy, y que, ciertamente, señalen el camino que nos permitirá lograr mayor igualdad social.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , lamento que en el informe rendido no se haya dado cuenta de la discusión de fondo que se llevó a cabo en las Comisiones Unidas de Educación, Deportes y Recreación, y de Hacienda, a la que tuve el honor de asistir en representación y por especial encargo del diputado , colega, amigo y camarada señor Pablo Lorenzini , quien se encuentra en misión oficial de la Corporación.
Asimismo, quiero agradecer, en forma pública, al diputado señor José Miguel Ortiz y al diputado , colega y amigo señor Aguiló , así como a otros señores diputados que concurrieron con su apoyo a varias de las indicaciones que presentamos a este proyecto de ley.
No puedo aprobar una iniciativa que, seguramente con nobleza, busca solucionar un problema de deudors, pero que que propone legitimar en el país el régimen de interés sobre interés. Al respecto, se nos dijo que la indicación que presentamos en relación con esa materia era inadmisible, en lugar de haberse hecho cargo el Ejecutivo , que tiene la posibilidad de hacerlo, de presentar una indicación, de respaldarla y patrocinarla. La ausencia de algún representante del Ministerio de Hacienda habla del poco interés real que tiene el Gobierno para solucionar el problema de endeudamiento que afecta a miles de personas, a miles de jóvenes, a miles de hogares; más de cien mil en Chile.
(Aplausos en las tribunas)
El interés sobre interés es legal, pero es injusto, arbitrario y atenta en contra de nuestras familias. Pretender llevar a cabo un proceso de reprogramación de deuda con la mantención del interés sobre interés, simplemente no corresponde.
Por décadas, en nuestro Código Civil se estableció la prohibición expresa de la aplicación de interés sobre interés. Lamentablemente, en épocas oscuras se restituyó o, mejor dicho, se estableció la posibilidad de aplicarlo, porque nunca antes había existido. Han sido muchos los diputados y senadores que, de manera transversal -me incluyo, porque presenté un proyecto de ley al respecto en esta legislatura-, han hecho esfuerzos para restablecer la prohibición de aplicar interés sobre interés, lo que tradicionalmente se conoce como anatocismo, tal como lo señaló el diputado señor Auth , quien también adhirió a la indicación que presentamos.
Reprogramar con interés sobre interés, con cláusula de aceleración y sólo con condonación de intereses penales es una burla en un proceso de este tipo. Si el Ejecutivo no quiere hacerse cargo de ese problema y el ministro del ramo pretende, con artimañas, tal como lo hizo en la Comisión, soslayar la discusión de fondo y plantear que los intereses penales son el tema, esa no es una reprogramación. La deuda crece sustancialmente, porque los inte-reses se suman al capital y sobre ello se han gravado los intereses penales.
Eso, que es legal, a mi juicio, es ilegítimo, inmoral, poco ético e injusto. Yo no puedo votar una reprogramación en estas condiciones.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , sumándome al descontento del diputado Rincón , me gustaría que, ojalá, las bancadas del oficialismo tomaran nota de lo que quiero dar a entender.
Para el que habla, el artículo 3° del Artículo Primero es inconcebible, y así de-biera ser entendidos por todos. Dice -lo que de alguna manera mencionó el diputado Rincón- que las cuotas adeudadas, vencidas y por vencer, con la totalidad de los intereses, más los intereses penales que correspondan, serán consolidadas estableciéndose un nuevo saldo deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que, por primera vez después de tantos años, el Ejecutivo acepta como articulado de una ley este anatocismo de intereses más intereses penales.
Señor Presidente , a cualquier deudor con el Estado de Chile, sea tributario, de contribuciones de bienes raíces, de impuesto de renta o del IVA, se le condonan los intereses penales y le dan plazos de años. Sin embargo, resulta que para la educación chilena se hace todo lo contrario: más deuda, más intereses. Eso no puede ser; es inconcebible. Por eso, voy a votar en contra el artículo 3° del Artículo Primero, norma respecto de la cual pido votación separada.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Educación, señor Harald Beyer.
El señor BEYER ( ministro de Educación ).- Señor Presidente , el principal objetivo de este proyecto es resolver, a través de una solución razonable, la situación que aflige a ciento diez mil personas que hoy están morosas y en Dicom. Como dije, ellas deben dinero y están en Dicom, lo que les impide avanzar en sus desarrollos personales y profesionales.
Por lo tanto, en términos concretos, el objetivo es entregar una solución a su situación, que tiene el siguiente componente -cual es el aspecto principal del proyecto-: permitirles pagar una proporción del saldo adeudado y condonarles los intereses penales asociados a ese saldo en la proporción 2 a 1. Si, por ejemplo, pagan el 50 por ciento del saldo adeudado, se les condona el ciento por ciento de los intereses penales; si pagan el 30 por ciento se les condona el 60 por ciento de los intereses penales. Además, se concede un plazo razonable para pagar los montos adeudados.
Creemos que, en lo esencial, este proyecto soluciona los problemas de ciento diez mil personas que hoy están afligidas por esta situación. Ese es el interés principal del Ejecutivo al haber enviado a tramitación este proyecto. Por eso, esperamos, como otras ocasiones, contar con el apoyo de los señores diputados.
Quiero recordar que en el Senado este proyecto fue aprobado por treinta y un voto a favor, ninguno en contra y una abstención.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Suspendo la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente , tal como se indicó en la discusión ayer, en las Comisiones Unidas de Educación y de Hacienda, se presentaron indicaciones, dos de las cuales son muy gravitantes. Sin embargo, fueron declaradas inadmisibles por no considerar el patrocinio del Ejecutivo. Entendíamos que, respecto de esas dos indicaciones, el señor ministro iba a traer alguna respuesta del Ejecutivo. Una de ellas se refería a la aplicación de intereses sobre inte-reses, y la otra, a que quedan excluidas las personas que repactaron anteriormente a los beneficios de la ley.
Es muy importante que el señor ministro nos diga qué le dijo el Presidente de la República en la conversación que sostuvieron anoche y hoy en la mañana, dado que mucha gente podría verse beneficiada. Como bien explicó el diputado Rincón , se genera una situación de salvavidas de plomo, porque los intereses sobre intereses que se vayan acumulando van a terminar reventando a la gente.
Entonces, señor Presidente , ¿por qué no le pedimos al ministro que nos explique cuál es la resolución que se tomó al respecto?
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , el debate está cerrado. El tema tan interesante que su señoría plantea no se hizo presente oportunamente, y no puedo abrir discusión ahora.
El señor AGUILÓ.- Pero, señor Presidente , ¿por qué el ministro no nos cuenta?
El señor MELERO ( Presidente ).- señor diputado , el debate está cerrado. El señor ministro ya se refirió a esa materia.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció respecto de este proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre reprogramación de créditos universitarios.
Hago presente a la Sala que sus normas son de quórum simple.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 16 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO ( Presidente ).- Dado que esta iniciativa no ha sido objeto de indicaciones y que el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia con calificación de discusión inmediata, corresponde votar en particular el texto aprobado por las Comisiones Unidas de Educación, Deportes y Recreación y de Hacienda, con la salvedad del artículo 3° del Artículo Primero, respecto del cual se pidió votación separada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO ( Presidente ).- En votación el artículo 3° del Artículo Primero.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Muñoz D'albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Silber Romo Gabriel; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Chahín Valenzuela Fuad; Farías Ponce Ramón; Jiménez Fuentes Tucapel; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Torres Jeldes Víctor.
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.04 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Certificado de la Comisión de Hacienda.
“Valparaíso, 23 de enero de 2012.
El Secretario de las Comisiones Unidas de Educación , Deporte y Recreación, y Hacienda que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República sobre Reprogramación De Créditos Universitarios (Boletín Nº 7.874-04 (S)), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue tratado por las Comisiones Unidas de Educación, Deportes y Recreación y Hacienda en sesión de esta fecha, con la asistencia de los Diputados señores Aguiló, don Sergio; Auth, don Pepe; Becker, don Germán; Bobadilla, don Sergio; Godoy, don Joaquín; Gutiérrez, don Romilio; Hoffmann, doña María José; Jaramillo, don Enrique; Kast, don José Antonio; Macaya, don Javier; Monsalve, don Manuel; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Rincón, don Ricardo (en reemplazo del diputado Pablo Lorenzini); Robles, don Alberto; Rojas, don Manuel; Saa, doña María Antonieta; Santana, don Alejandro; Silber, don Gabriel; Silva, don Ernesto; Verdugo, don Germán, y Von Mülenbrock, don Gastón. Asistieron además, la diputada Girardi, doña Cristina y el diputado Rivas, don Gaspar.
Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el señor Harald Bayer Burgos, Ministro de Educación , y su Jefe de Gabinete señor Pablo Eguiguren.
El objetivo del proyecto y su articulado fue explicado por el señor Harald Bayer, y dio respuesta a diversas consultas e intervenciones planteadas por los señores comisionados.
DISCUSIÓN EN GENERAL
Sometido a votación general, el proyecto fue aprobado por catorce votos a favor, dos votos en contra y siete abstenciones. Votaron a favor la diputada señora Hoffmann ( Presidenta de la Comisión de Educación ) y los diputados señores Auth, Becker, Bobadilla, Godoy ( Presidente de la Comisión de Hacienda ), Gutiérrez, Kast, Macaya, Recondo, Rojas, Santana, Silva, Verdugo y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados señores Rincón y Robles. Se abstuvieron la diputada señorita Saa y los diputados señores Aguiló, Jaramillo Monsalve, Montes, Ortiz y Silber.
DISCUSIÓN EN PARTICULAR
La Comisión acordó votar primeramente los artículos que no fueron objeto de indicaciones, vale decir los Artículos Primero, artículos 2°,3°, 4°,5° 7°, 8°, 10, 11 y 12; Artículo Segundo, Artículo Tercero y Artículo Transitorio.
Puestos en votación fueron aprobados por catorce votos a favor, dos votos en contra y siete abstenciones. Votaron a favor la diputada señora Hoffmann ( Presidenta de la Comisión de Educación ) y los diputados señores Auth, Becker, Bobadilla, Godoy ( Presidente de la Comisión de Hacienda ), Gutiérrez, Kast, Macaya, Recondo, Rojas, Santana, Silva, Verdugo y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados señores Rincón y Robles. Se abstuvieron la diputada señorita Saa y los diputados señores Aguiló, Jaramillo Monsalve, Montes, Ortiz y Silber.
INDICACIONES
1.- De los diputados señores Auth, Jaramillo, Ortiz y Rincón, para agregar el siguiente artículo nuevo:
“Prohíbese el interés sobre interés en los créditos de los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, Crédito Universitario y Crédito Fiscal Universitario establecidos en las leyes números 19.287 y 18.591 y en el Decreto con Fuerza de Ley N° 4 de 1981, respectivamente.”
Esta indicación fue declarada inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 267 inciso tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados en relación con el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Puesta en votación la admisibilidad de la indicación, a requerimiento del diputado señor Rincón, ésta fue declarada inadmisible por diez votos a favor y trece en contra. Votaron por la inadmisibilidad de la indicación la diputada señora Hoffmann ( Presidenta de la Comisión de Educación ) y los diputados señores, Becker, Bobadilla, Godoy ( Presidente de la Comisión de Hacienda ), Gutiérrez, Kast, Macaya, Recondo, Rojas, Santana, Silva, Verdugo y Von Mühlenbrock. A favor de la admisibilidad votaron la diputada señorita Saa y los diputados señores Auth, Aguiló, Jaramillo, Monsalve, Montes, Ortiz, Rincón, Robles y Silber.
2.- De los diputados señores Auth, Ortiz, Rincón y señora Girardi, para eliminar en el Artículo Primero, artículo 1°, la frase “y que no se hubieren acogido a ninguna reprogramación anterior”.
Puesta en votación la indicación, ésta fue rechazada por doce votos en contra y nueve a favor. Votaron en contra la diputada señora Hoffmann ( Presidenta de la Comisión de Educación ) y los diputados señores, Bobadilla, Godoy ( Presidente de la Comisión de Hacienda ), Gutiérrez, Kast, Macaya, Recondo, Rojas, Santana, Silva, Verdugo y Von Mühlenbrock. A favor lo hicieron la diputada señorita Saa y los diputados señores Auth, Aguiló, Jaramillo, Montes, Ortiz, Rincón, Robles y Silber.
3.- De los diputados señores Aguiló, Auth, Girardi, Ortiz, Rincón y Saa, al Artículo Primero, para suprimir la frase final de inciso segundo del artículo 4° que dice: “Si el deudor incumple en el pago de las cuotas correspondiente al pago inicial de las deudas reprogramadas, el administrador la podrá hacer totalmente exigible”.
4.- De los diputados Aguiló, Jaramillo, Monsalve, Ortiz, Rincón y señora Girardi al Artículo Primero, para modificar el artículo 4° en el siguiente sentido:
a) Para agregar el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:
“Si respecto de la cuota anual pactada el deudor acredita en los términos previsto en el artículo 9° de la ley N° 19.287, que esta es superior al 5% del total de los ingresos, sólo estará obligado a pagar ese año el monto equivalente al 5% del total de los ingresos que haya obtenido en el año inmediatamente anterior, expresado en unidades tributarias mensuales correspondientes a cada uno de los meses en que se percibieron los ingresos. Para este efecto se considerará como ingreso total del deudor el ingreso bruto menos los descuentos correspondientes a impuestos y cotizaciones previsionales obligatorias. La diferencia resultante de abonar el pago anual recaudado por la institución al remanente de la deuda, constituirá el saldo deudor. Si transcurrido el plazo de 10 o 15 años a que se refiere el inciso primero y habiendo el deudor cumplido todas las obligaciones que esta ley establece, dicho saldo deudor será condonado por el solo ministerio de la ley.”.
b) Para sustituir en su actual inciso tercero que pasaría a ser cuarto el guarismo “50%” por “15%”.
5.- De los diputados señores Aguiló, Girardi, Jaramillo, Monsalve y Ortiz, al Artículo Primero, para modificar el artículo 6° en el siguiente sentido:
a) Elimínase en su inciso primero la expresión “y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 10 unidades tributarias mensuales, de acuerdo a la acreditación de ingresos establecida en el artículo 9° de le ley N° 19.287,”.
b) Para sustituir en su inciso primero el punto (.) aparte, por un punto (.) seguido, agregando la siguiente frase: “El deudor deberá acreditar sus ingresos en los términos previstos en el artículo 9° de le ley N° 19.287.”.
6.- De los diputados Aguiló, Girardi, Monsalve, Ortiz y Rincón al Artículo Primero, para sustituir el inciso primero del artículo 9° por el siguiente:
“Para efectos de la acreditación de ingresos a que se refieren los artículos 4° y 6° de la presente ley, el deber de secreto o reserva de los antecedentes tributarios a que se refiere el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario, no será aplicable respecto del administrador respectivo en lo que se refiere a los ingresos de los deudores de los créditos solidarios que se acojan a la reprogramación de esta ley.”.
Las indicaciones N°s 3, 4, 5 y 6 fueron declaradas inadmisibles por la señora Presidenta de las Comisiones Unidas , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 267 inciso tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados en relación con el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Puestos en votación el Artículo Primero, artículos 1°, 4°, 6° y 9° fueron aprobados por trece votos a favor, siete votos en contra y una abstención. Votaron a favor la diputada señora Hoffmann ( Presidenta de la Comisión de Educación ) y los diputados señores, Auth, Bobadilla, Godoy ( Presidente de la Comisión de Hacienda ), Gutiérrez, Kast, Macaya, Recondo, Rojas, Santana, Silva, Verdugo y Von Mühlenbrock. Votaron en contra la diputada señorita Saa y los diputados señores Aguiló, Jaramillo, Ortiz, Rincón, Robles y Silber. }Se abstuvo el diputado señor Montes.
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante a la señora María José Hoffmann ( Presidenta de la Comisión de Educación ). .
Se adjunta al presente certificado el Informe Financiero N° 157-359, de fecha 9 de agosto del 2011, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, se propone a la Sala el siguiente texto:
PROYECTO DE LEY
“ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase la siguiente ley de reprogramación de créditos universitarios:
“Artículo 1º.- Los deudores de los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, crédito universitario y crédito fiscal universitario, establecidos en las leyes números 19.287 y 18.591 y en el decreto con fuerza de ley Nº 4, del Ministerio de Educación Pública, de 1981, respectivamente, que se encontraren en mora al 30 de junio de 2011 y que no se hubieren acogido a ninguna reprogramación anterior, en adelante “los deudores”, podrán acogerse a las condiciones de pago que se establecen en la presente ley.
Artículo 2º.- Los deudores que deseen acogerse a los beneficios de esta ley deberán manifestarlo por escrito al administrador del crédito respectivo, en adelante, “el administrador”, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se publique el consolidado de la deuda de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de esta ley.
En dicha comunicación fijarán un domicilio, destinado al envío de las notificaciones y avisos relativos a ésta y otras gestiones vinculadas al crédito, e informarán, cuando corresponda, la entidad previsional a la que se encuentran afiliados. Para efectos del envío de los avisos, los deudores podrán señalar una dirección de correo electrónico.
Por el período que medie entre la manifestación a que se refieren los incisos anteriores y el plazo para la suscripción del pagaré a que se refiere el artículo 4° de esta ley, serán suspendidos los procedimientos de apremio que se hubieren iniciado en contra de los deudores.
Artículo 3º.- Transcurridos 30 días desde la fecha de publicación del reglamento de esta ley, el administrador procederá a determinar el saldo deudor de los beneficiarios de esta ley, para lo cual calculará las cuotas adeudadas, vencidas y por vencer, con la totalidad de los intereses penales que correspondan, las que serán consolidadas estableciéndose un nuevo saldo deudor expresado en unidades tributarias mensuales, de acuerdo al valor que dicha unidad tenga en el mes en que se efectúe el cálculo.
Vencido el plazo mencionado en el inciso anterior, el administrador deberá poner a disposición de los deudores, en la página web de la respectiva universidad, la información relativa a la deuda consolidada, resguardando la confidencialidad de los datos. La información que se proporcione a cada deudor deberá distinguir del saldo deudor, el monto correspondiente a los intereses penales adeudados.
Además, dentro de los cinco días siguientes a la publicación a la que se refiere el inciso anterior, el administrador deberá publicar, en un diario de circulación nacional, un aviso que informe la página web en la cual se encuentre disponible la consolidación de las deudas y el plazo de los deudores para reprogramar.
Artículo 4º.- El deudor tendrá el plazo de dos meses, contados desde que efectuó la manifestación a que se refiere el artículo 2° de la presente ley, para convenir con el administrador el número de cuotas anuales, iguales y sucesivas en que pagará su saldo, las que en ningún caso excederán de 10 cuotas, si el monto de la deuda reprogramada es igual o inferior a 150 unidades tributarias mensuales, o de 15 cuotas, si el monto de la deuda reprogramada es superior a 150 unidades tributarias mensuales.
En el momento de convenir el número de cuotas, el deudor deberá efectuar un pago inicial, correspondiéndole una condonación parcial o total de los intereses penales, la que se determinará de acuerdo al monto inicial pagado. El deudor podrá realizar el pago inicial hasta en seis cuotas mensuales sucesivas, debiendo pagar la primera al contado. Si el deudor incumple el pago de las cuotas correspondientes al pago inicial de la deuda reprogramada, el administrador la podrá hacer totalmente exigible.
A los deudores que inicialmente paguen el 50% o más del saldo de capital más los intereses adeudados sin contar intereses penales, se les condonará la totalidad de los intereses penales. A los deudores que paguen un porcentaje inferior al anterior, se les condonarán, en ese momento, los intereses penales en un porcentaje equivalente al doble del porcentaje de esa deuda que paguen inicialmente. En este último caso, el deudor será beneficiado, además, con la condonación parcial del saldo de los intereses penales al momento del pago de las cuotas pactadas. Para estos efectos, la condonación de los intereses penales será equivalente al doble del porcentaje que represente cada cuota pagada respecto de la deuda consolidada, sin contar intereses penales.
El pago inicial no podrá ser inferior al monto mayor entre el 5% de la deuda, excluyendo los intereses penales, y el equivalente a 4 unidades tributarias mensuales. Asimismo, en el caso que el 5% de la deuda resulte superior a 20 unidades tributarias mensuales, el deudor podrá optar por pagar inicialmente este último monto.
El deudor deberá suscribir un pagaré que dé cuenta de su nueva deuda, el que, si correspondiere, comprenderá las cuotas del pago inicial a que se refiere el inciso segundo de este artículo. El saldo será expresado en unidades tributarias mensuales, que devengarán un interés de un 2% anual. En este pagaré se incluirán las condiciones de condonación de los intereses penales estipulados en el inciso cuarto de este artículo. En el caso de aquellos deudores que presenten deuda con más de una institución, deberán suscribir, para los efectos de la reprogramación, un pagaré con cada institución.
El pagaré referido en el inciso anterior, y las actas del protesto del mismo, cuando procediere, se encontraran exentos de los impuestos establecidos en la Ley de Timbres y Estampillas.
El administrador del crédito respectivo deberá certificar el hecho de haberse acogido el deudor a la reprogramación de créditos universitarios a que se refiere esta ley, con el objeto de aclarar los antecedentes bancarios o comerciales que puedan afectarle.
Artículo 5º.- Al momento de suscribir el pagaré a que se refiere el artículo anterior, el deudor deberá otorgar un mandato irrevocable a favor del administrador, para que éste requiera a su empleador que deduzca de sus remuneraciones el monto de las cuotas del crédito que hubiere acordado con el administrador. Para ello, la cuota anual deberá dividirse en doce cuotas mensuales iguales.
Dichos descuentos deberán ajustarse a los límites establecidos para estos efectos en los artículos 58, inciso segundo, del Código del Trabajo, y 96, inciso segundo, de la ley Nº 18.834, según corresponda.
Artículo 6º.- En el caso de los deudores que acrediten no haber egresado de ninguna institución de educación superior y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 10 unidades tributarias mensuales, de acuerdo a la acreditación de ingresos establecida en el artículo 9° de la ley Nº 19.287, y cuya cuota anual pactada en conformidad al artículo 4º de esta ley resulte superior al 5% del total de los ingresos, sólo estarán obligados a pagar ese año el monto equivalente a un 5% de sus ingresos totales. Para estos efectos, se considerará como ingreso total del deudor el ingreso bruto menos los descuentos correspondientes a impuestos y cotizaciones previsionales obligatorias.
Sólo podrán acogerse a este beneficio aquellos deudores que, cumpliendo con los requisitos mencionados en el inciso anterior, reprogramen sus deudas en los plazos máximos establecidos en el inciso primero del artículo 4º de esta ley, de acuerdo al monto de la deuda reprogramada.
La diferencia que se produzca entre la cuota originalmente pactada y la que se pague en virtud de la aplicación del presente artículo, se condonará automáticamente al efectuarse el pago.
Artículo 7º.- Si el administrador respectivo optare por el cobro mediante el descuento de las remuneraciones del deudor, y así lo solicitare por escrito, los empleadores de los beneficiarios de créditos repactados en conformidad con las normas de esta ley deberán descontar de las remuneraciones de dichos beneficiarios las mensualidades correspondientes al pago de créditos solidarios universitarios, dentro de los términos señalados en el artículo 5º, debiendo enterar la mensualidad descontada a la institución acreedora correspondiente antes de proceder a la retención siguiente.
El requerimiento del administrador del fondo de crédito al respectivo empleador deberá cumplir con las condiciones y formalidades que se establezcan en el reglamento.
Si el empleador no efectuare el descuento correspondiente, habiendo sido requerido para ello en razón del inciso anterior, o, habiéndolo efectuado, no enterare los fondos a la institución acreedora correspondiente, las sumas respectivas se reajustarán considerando la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, del período comprendido entre el mes que antecede al anterior a aquél en que debió efectuarse el pago, y el mes que antecede al mes anterior a aquél en que efectivamente se realice. Además, deberá pagar a la institución acreedora que corresponda, una suma equivalente a una unidad de fomento por cada mes en que no efectúe el descuento.
Por cada día de atraso, las sumas reajustadas devengarán un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 18.010, aumentado en un 20%. Con todo, a contar de los noventa días de atraso, la tasa antes referida se aumentará en un 50%.
Las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores se imputarán al saldo del crédito adeudado por el trabajador, cuando se produzca el pago respectivo.
Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones deberán perseguir del empleador el pago de las retenciones que no se hubieren enterado, incluidos los reajustes e intereses que correspondan, conforme con las normas sobre pago y cobro de cotizaciones previsionales contenidas en la ley Nº 17.322, gozando de igual preferencia que éstas.
Artículo 8º.- La Tesorería General de la República estará facultada para retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiere anualmente a los deudores del crédito solidario, crédito universitario y crédito fiscal universitario, que se acojan a los beneficios de esta ley, los montos que se encuentren impagos según lo informado por el respectivo administrador, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.
La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario respectivo, en el plazo de treinta días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.
Con todo, los deudores a los cuales el empleador les haya retenido y no pagado, total o parcialmente, los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberación de la retención efectuada por ésta, en la forma que señale el reglamento, si probaren que su empleador les ha efectuado retención o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador.
La liberación a que se refiere el inciso anterior alcanzará sólo hasta el monto de lo probado.
Artículo 9º.- Para efectos de la acreditación de los ingresos establecida en el artículo 6º de la presente ley, el deber de secreto o reserva de los antecedentes tributarios, contenido en el artículo 35, inciso segundo, del Código Tributario, no será aplicable al administrador respectivo en lo que se refiere a los ingresos de los deudores de los créditos solidarios que se acojan a la reprogramación de esta ley.
Asimismo, los administradores de fondos de crédito se encontrarán facultados para solicitar información a las entidades previsionales que corresponda, en relación con los ingresos de los deudores que reprogramaron sus créditos, las que estarán obligadas a entregarla.
Artículo 10.- El pago de las cuotas anuales correspondientes se iniciará en el año calendario siguiente al de la suscripción del pagaré mencionado en el artículo 4º de esta ley.
Artículo 11.- En todo lo no regulado expresamente en esta ley, se aplicarán en forma supletoria las disposiciones de la ley N° 19.287, con excepción de lo dispuesto en los artículos 10, 12 y 16 de la misma.
Artículo 12:- Un reglamento expedido por el Ministerio de Educación y suscrito además por el Ministro de Hacienda , establecerá las normas necesarias para la aplicación de esta ley. Dicho reglamento deberá dictarse en el plazo de 90 días contados desde la publicación de la presente ley.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.287, que modifica la ley Nº 18.591 y establece normas sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario:
1) Modifícase el artículo 7º de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en el inciso tercero la frase “de las instituciones a que se refiere el artículo 70 de la ley 18.591”, por “institución de educación superior reconocida por el Estado”.
b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el beneficiario podrá voluntariamente anticipar el inicio de su período de pago mencionado en el inciso anterior. Para estos efectos, el beneficiario deberá informarlo al respectivo administrador general del fondo y acreditar que su ingreso promedio mensual, durante los 6 meses inmediatamente anteriores, calculado en la forma establecida en el artículo 8°, es mayor a 6 unidades tributarias mensuales, vigentes al 31 de diciembre del año respectivo.”.
2) Modifícase el artículo 8° del modo que sigue:
a) Agrégase, en el inciso quinto, la siguiente oración final:
“Con todo, dicha suspensión no podrá exceder al plazo formal de duración de los estudios de postgrado correspondientes, acreditado mediante la certificación que emita la institución de educación superior respectiva.”.
b) Agréganse los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, a los deudores que estén cursando estudios de postgrado y cuyos ingresos promedios mensuales sean inferiores a 6 unidades tributarias mensuales se les suspenderá la obligación de pago anual y el plazo máximo para servir la deuda.
La obligación de pago podrá suspenderse para aquellos deudores que así lo soliciten y acrediten cesantía sobreviniente, esto es, aquella producida en el período en que éste debe efectuar el pago de la cuota correspondiente. Esta suspensión podrá solicitarse por una sola vez y operará por un período máximo de doce meses. En este caso, el plazo máximo para servir la deuda se extenderá por el mismo número de meses que haya operado la suspensión.”.
3) Modifícase el artículo 11 de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso primero por los siguientes incisos primero y segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“Si un deudor no acreditare sus ingresos en el plazo señalado en el inciso primero del artículo 9º, el administrador general del fondo respectivo le determinará una cuota fija, anual y sucesiva, que se calculará en función del saldo deudor debidamente actualizado, dividiendo el monto de la deuda por el número de años de cobro, de acuerdo a la siguiente tabla:
Saldo deudor deuda (UTM)
Años de cobro
Desde 0 a 50
6
Desde 51 a 100
9
Desde 101 a 200
12
201 o más
15
Para el cálculo de las cuotas anuales, la tasa de interés a utilizar ascenderá a un 2% anual.”.
b) Sustitúyese, en el inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, la frase “al inciso precedente”, por “a los incisos precedentes”.
4) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 15, el guarismo “1,5%” por “1%”.
5) Agrégase el siguiente artículo 17 bis, nuevo:
“Artículo 17 bis.- En caso de mora, y sólo una vez agotadas todas las instancias de recuperación prejudicial de la deuda, el administrador del fondo podrá reprogramar la deuda morosa de los deudores que no hubieren reprogramado con anterioridad y que lo soliciten al administrador. Esta reprogramación deberá ser en cuotas fijas, anuales y sucesivas. No obstante lo anterior, una reprogramación individual no podrá ocurrir antes de que hayan transcurridos 18 meses desde que el deudor entró en mora.
Para acogerse a esta reprogramación, los deudores deberán hacer un pago inicial del todo o parte del saldo de capital más los intereses adeudados sin contar intereses penales, y se les condonarán intereses penales en la misma proporción que el porcentaje de la deuda que inicialmente paguen, menos un 10%. Con todo, esta condonación en ningún caso podrá exceder del 80% de los intereses penales ni ser inferior al 20%.
El pago inicial no podrá ser inferior al monto mayor entre el 10% de la deuda, excluyendo los intereses penales, y el equivalente a 4 unidades tributarias mensuales. Asimismo, en caso que el 10% de la deuda resulte superior a 20 unidades tributarias mensuales, el deudor podrá optar por pagar inicialmente este último monto.
El plazo de pago del saldo remanente de la deuda no deberá exceder de 10 años, si el monto de la deuda reprogramada es igual o inferior a 150 unidades tributarias mensuales, o de 15 años, si el monto de la deuda reprogramada es superior a 150 unidades tributarias mensuales.”.
ARTÍCULO TERCERO.- Agréganse, en el inciso segundo del artículo 71 bis de la ley N° 18.591, las siguientes oraciones finales:
“Sin perjuicio de lo anterior, se considerará en dicha distribución un aporte a cada institución, calculado sobre la base del volumen total de créditos a recuperar, los montos efectivamente recuperados y la variación anual de los mismos. Este aporte no podrá exceder para cada institución del 5% del total de los recursos recuperados por la misma durante el año anterior.”.
Artículo transitorio.- Lo dispuesto en el numeral 5) del ARTÍCULO SEGUNDO comenzará a regir transcurridos 2 años desde la publicación del reglamento de la presente ley.”.
(Fdo.): HERNAN ALMENDRAS CARRASCO, Abogado, Secretario de las Comisiones Unidas ?.
2. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Isasi, doña Marta; Molina, doña Andrea y Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Accorsi, Chahín, De Urresti, Díaz, don Marcelo, Rincón y Saffirio.
Modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, prohibiendo la caza y captura del lobo marino por causa de su interferencia con la pesca y la acuicultura y/o para fines de exhibición pública. (boletín N° 8157-21)
“Vistos:
Lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 20 del artículo 63 de la Constitución Política de la República, y
Considerando:
1. Que, a pesar que el lobo marino común es una especie que se encuentra bajo protección del Estado chileno, mediante el D.S N° 765, del 30 de septiembre del 2004, del Ministerio de Economía, a través del establecimiento de una veda extractiva de cinco años para este mamífero marino en todo el litoral chileno, extendida a otros tres años más por medio del D.E N° 1.892, también del Ministerio de Economía, del 18 de diciembre del 2009, a la fecha se continua con la abrumadora caza de esta especie, debido ello a lo preceptuado en referido D.E de 2009, en cuyos artículos 3 y 4 se establecieron excepciones que permiten levantar temporalmente tal veda extractiva, a saber: a) Demostrar la existencia de un excedente productivo que permita actividades extractivas; b) Disminuir la interferencia del lobo marino común con la pesca y acuiculturas y; c) Comportamiento agresivo de ejemplares que “provoquen grave e inminente riesgo para la vida, integridad física y salud humana”.
Previamente, a través del D.S N° 765 de 2004, del Ministerio de Economía, que otorgaba protección al lobo marino común, se abrió a una excepción legal, al incorporar un artículo que posibilita la captura de ejemplares vivos. para su mantención en cautiverio, “siempre que sea efectuada con fines de exhibición pública en zoológicos, acuarios o centros de exhibición no itinerantes, ubicados en el territorio nacional o extranjero”.
Esta última excepción se ha prestado para graves abusos e ilegalidades, como la reciente muerte por inanición de 20 ejemplares de lobos marinos comunes capturados en Magallanes, mediante el Decreto Exento N° 3640 de la Subsecretaría de Pesca, el que había otorgado un permiso de captura y exportación a zoológicos y circos marinos de 30 ejemplares vivos a una empresa pesquera local financiada por otra de nacionalidad rusa.
2. Que, el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaria de Pesca, se encuentra elaborando un Plan de Manejo Poblacional del Lobo Marino Común (Otaria Flavescens), que contempla entre otras medidas, la entrega de autorizaciones y cuotas de matanza de ejemplares de lobos marinos, como una respuesta estatal a la actual crisis productiva, ambiental y social que afectan a los 81 mil pescadores artesanales, sus familias y comunidades. Cabe señalar que dicha entrega de cuotas de caza de ejemplares vivos se basa en el supuesto que existiría una sobrepoblación de estos mamíferos marinos que estarían asolando las reservas pesqueras en las costas chilenas.
Al respecto, se estima que la afirmación gubernamental y de sectores pesqueros y de salmonicultura industriales sobre la existencia de una “plaga” de lobos marinos, así como de un “excedente poblacional” que permitiría su explotación comercial sustentable en beneficio de los pescadores artesanales, no tienen asidero científico, ni viabilidad técnica ni económica.
3. Que, los repetidos intentos de eliminación de lobos marinos en aguas chilenas, se vienen implementando de manera infructuosa desde 1929, promoviendo el Estado ciclos de caza indiscriminada de esta población, para luego tener que decretar vedas extractivas para su protección. Además, décadas de estudios internacionales demuestran la absoluta inefectividad de las matanzas masivas como solución de las complejas interacciones entre mamíferos marinos y pesquerías (Pemberton & Shaughnessy, 1993; Yodzis 200; Fraker & Mate, 1999, Jamieson & Olesiuk, 2001)1.
A modo de ejemplo, paradoja! resulta la situación creada en Namibia, África, donde después de grandes matanzas de lobos marinos, las pesquerías evidenciaron caídas en sus capturas, demostrando con ello que las complejas relaciones tróficas en los ecosistemas marinos no son lineales, del tipo causa-efecto, como piensan los impulsores del plan de manejo del lobo marino común en Chile.
4. Que, la aprobación de permisos de caza de lobos marinos comunes constituye una fuente de trato cruel y abusivo hacia estos animales, así como un gran retroceso para los avances obtenido por las organizaciones ciudadanas para la conservación y protección de las poblaciones de mamíferos marinos en Chile, tal como ocurrió durante el 2008 con la declaración de las 200 millas de aguas jurisdiccionales chilenas como Santuario de protección de cetáceos mediante la Ley N° 20.293 Protección de Cetáceos, donde quedó prohibida la caza, captura, transporte y comercialización de los cetáceos o más recientemente aún en el año 2011, con la Ley N° 20.525 Protección del Tiburón, que prohíbe la mutilación de las aletas de cualquier especie de tiburón, acción denominada aleteo o finning, a bordo de naves o embarcaciones de pesca o su transbordo, entre otras normas.
Además, va en dirección opuesta a las políticas de conservación de mamíferos marinos en América Latina -pues ningún país en nuestra región caza lobos marinos, ballenas, delfines ni focas- con lo cual se introduce un factor de tensión que debilita la exitosa política regional de conservación cetáceos promovida por el Grupo Buenos Aires (GBA), especialmente en la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
Permitir el 2012 el reinicio de una política de matanza de lobos marinos comunes, constituiría un grave retroceso, lo cual abrirá los espacios para el debilitamiento de las políticas de conservación de mamíferos marinos y sus ecosistemas, afectando la ya deteriorada imagen de Chile en materia ambiental.
La propuesta de aumentar la entrega de cuotas de captura y paralelamente iniciar la matanza de lobos marinos, constituye una preocupante señal sobre el cumplimiento de los compromisos internacional asumidos por Chile en materia de protección marina, ya que podría ubicar a nuestro país como abastecedor de redes de traficantes internacionales de fauna marina, así como de productos tales como penes y testículos (“trimming”) para los mercados asiáticos.
5. Que, la alternativa de entrega de cuotas de matanza de mamíferos marinos como solución a los complejos problemas productivos y sociales que afectan a la pesca artesanal y comunidades costeras, corresponde mas a una medida propia de la visión antropocéntrica y el conocimiento científico existente entre en el siglo XVIII, que a una medida de una sociedad democrática, cuita, respetuosa de la diversidad, e informada del siglo XXI.
Los lobos marinos comunes forman parte integral de los programas de desarrollo de turismo sostenible de naturaleza en el sur de Chile. Por ello, la caza de este mamífero es incompatible con el posicionamiento del país como destino turístico relevante a nivel internacional. Si la propuesta de matanza y captura de lobos marinos para la exportación buscan aliviar económicamente a las comunidades costeras y pesca artesanal, su efecto en la práctica será justamente lo contrario.
Estimamos que nuestro país debería seguir el ejemplo de la Patagonia Argentina, que en poco más de cuatro meses recauda más de 60 millones de dólares por concepto de turismo de observación de naturaleza. Paradójicamente, la matanza de lobos marinos implicará destruir la posibilidad de competir de los destinos del sur de Chile- incluida especialmente la Patagonia- a nivel internacional2.
6. Que, nuestro ordenamiento jurídico ha entregado la protección y conservación de las especies marinas a la ley N° 18.892, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el Decreto N° 430, del Ministerio de Economía, en cuyo texto –sin embargo- las acciones de protección y conservaciones (vedas, prohibiciones de captura temporal o permanente y fijación de cuotas de captura, entre otras medidas de administración de los recursos hidrobiológicos), se encuentran al arbitrio de la autoridad del Ministro de Economía y/o del Subsecretario de Pesca , en consulta con los respectivos Consejos Zonales de Pesca y estudios técnicos del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), todo esto a través de Decretos emitidos por el Ministerio de Economía.
Con todo y tal cual se ha señalado, la protección y conservación en específico de las diversas especies marinas hidrobiológicas ha estado históricamente sujeta a las resoluciones de los Ministros de Economía o Subsecretarios de Pesca de turno, mediante simples Decretos o Decretos Supremos, pues la ley N° 18.892 no dispone de ningún artículo que en concreto y en particular proteja alguna especie marina, salvo la recientemente aprobada Ley N° 20.525 del 6 de agosto de 2011, por medio de la cual se reforma la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su artículo 5 (entre otros), estipulando la protección de la especie tiburón en nuestro país.
Conforme a tal modificación, el presente proyecto sigue esa modalidad de reforma de la Ley N° 18.892, contenida en el Decreto N° 430 texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Pesca y Acuicultura, incorporando un nuevo inciso, el 5 ter, esta vez para proteger los lobos marinos específicamente ante la caza y captura por motivos de su interacción con la pesca y la acuicultura y/o para la exhibición pública.
Por los considerando señalados precedentemente se estima necesario proteger a nivel legal la especie marina lobo marino, específicamente ante la caza y captura por motivos de su interacción con la pesca y la acuicultura y/o para la exhibición pública, las Diputadas y Diputados abajo firmantes, vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Modifíquese la Ley N° 18.892, contenida en el Decreto N° 430 texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Pesca y Acuicultura, incorporando un nuevo artículo, el artículo 5 ter, en el siguiente tenor:
ARTÍCULO 5 TER: Prohíbese igualmente la caza y captura de cualquier especie de lobo marino a causa de su interacción con la pesca y acuicultura y/o para su exhibición pública.
Las naves o embarcaciones pesqueras deberán emplear los medios y tecnologías que estimen necesarios para evitar o disminuir tales interacciones.
La infracción al presente artículo será sancionada con una multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales”.
3. Oficio del Tribunal Constitucional.
Santiago, 19 de enero de 2012.
Oficio N° 7.093
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por esta Magistratura con fecha 19 de enero de 2012, en proceso Rol N° 2.160-11-INA, sobre acción de inconstitucionalidad respecto del artículo N° 2° del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, contenido en el boletín N° 3815-07, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
Santiago, 19 de enero de 2012.
Oficio N° 7107
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 19 de enero de 2012, en proceso Rol N° 2.152-11-CPR, sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones. (boletín N° 7338-07).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
Santiago, 13 de enero de 2012.
Oficio N° 7.102
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 13 de enero en curso en el proceso Rol N° 2137-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol C 9749-2011 del Cuarto Juzgado Civil de Santiago y que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol N° 8245-2011, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.