Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X . Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO, SEÑOR JUAN LOBOS KRAUSE, CON MOTIVO DE CUMPLIRSE EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
- AUTORIZACIÓN PARA USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN SESIÓN ESPECIAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- MEDIDAS ALTERNATIVAS A PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN ALTA MAR EN EL OCÉANO PACÍFICO SUR. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- DEBATE
- MEDIDAS ALTERNATIVAS A PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- AMENAZAS Y ATENTADOS EN CONTRA DE SENADOR HORVATH. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Cristian Monckeberg Bruner
- Mario Bertolino Rendic
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Leopoldo Perez Lahsen
- Alejandro Santana Tirachini
- Rosauro Martinez Labbe
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DECLARACIÓN DE PATRIMONIO INTANGIBLE DE CHILE PARA MURGAS Y COMPARSAS DE SAN ANTONIO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Marcos Espinosa Monardes
- Ramon Farias Ponce
- Ximena Vidal Lazaro
- Alfonso De Urresti Longton
- Issa Farid Kort Garriga
- Sergio Bobadilla Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MECANISMOS PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO A PRODUCTORES DE CARNE Y LECHE DEL SUR DE CHILE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Javier Hernandez Hernandez
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Rosauro Martinez Labbe
- David Sandoval Plaza
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alfonso De Urresti Longton
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN PARA PROMOCIÓN DE PROCESOS DE NATURACIÓN URBANA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Cristian Monckeberg Bruner
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Karla Rubilar Barahona
- Alejandro Santana Tirachini
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Joaquin Godoy Ibanez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Cristian Campos Jara
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMENAZAS Y ATENTADOS EN CONTRA DE SENADOR HORVATH. (Preferencia).
- VII. INCIDENTES
- QUERELLA CRIMINAL POR ATENTADO INCENDIARIO A OFICINA PARLAMENTARIA EN RANCAGUA. Oficio.
- IMPLEMENTACIÓN DE ANUNCIO PRESIDENCIAL SOBRE ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE PRECARIEDAD HABITACIONAL. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS DE EXTRANJEROS CON VISAS DE TURISTA. Oficios.
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS VINCULADAS A APLICACIÓN DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE. Oficio.
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INGRESO DE MÁS ACTORES AL MERCADO DEL TRANSPORTE INTERURBANO EN PERÍODOS DE ALTA DEMANDA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE AGOTAMIENTO DEL CAUDAL DE RÍO CLARO, REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
- ADHESION
- Marisol Turres Figueroa
- Cristian Letelier Aguilar
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Romilio Gutierrez Pino
- ADHESION
- REITERACIÓN DE OFICIO. Oficio.
- PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR MALOS OLORES EN LOCALIDAD DE PARGUA, COMUNA DE CALBUCO. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE FERIA LIBRE CLANDESTINA DE MAIPÚ Y DE COMERCIALIZACIÓN DE EQUINOS. Oficio.
- ADHESION
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- RECONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO RAHUE, CANCURA, PROVINCIA DE OSORNO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TRANQUE DE RELAVE CERCANO A SECTOR DOS PINOS, EN COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA EN COMUNAS DE LA SERENA Y COQUIMBO. Oficio.
- ESTADO DE DEPENDENCIAS DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERA EN COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
- PREOCUPACIÓN DE HINCHADA DE DEPORTES LA SERENA POR EFECTOS DE APLICACIÓN DE PLAN ESTADIO SEGURO. Oficio.
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- FELICITACIONES A VECINOS DE SECTOR LA GOLETA, DE PUERTO MONTT, POR DEFENSA DE LAGUNA AMENAZADA POR EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. Oficio.
- RETÉN MÓVIL PARA SECTORES RURALES DE PUERTO MONTT. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE TRATO VEJATORIO DE ABOGADO A DEUDORA DE COOPEUCH DE PUERTO VARAS. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CABLEADO AÉREO Y RETIRO DE CABLES EN DESUSO EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- ANTECEDENTES TÉCNICOS Y MEDIOAMBIENTALES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR, COMUNA DE VALDIVIA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE EMPRESA KODAMA Y DEUDAS A PROVEEDORES LOCALES DE COMUNA DE PAILLACO. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS SOLICITADAS POR CÁMARA DE DIPUTADOS PARA SOLUCIONAR CONTAMINACIÓN EN DIVERSAS CIUDADES DEL PAÍS. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN A FAMILIAS DE POBLACIÓN JUAN PABLO II, COMUNA DE ARAUCO, DAMNIFICADAS POR TERREMOTO. Oficio.
- SOLUCIÓN A EMERGENCIA SANITARIA EN SECTORES DE LA COMUNA DE LOTA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN SECTOR LOS HUAPES, COMUNA DE CAÑETE. Oficios
- ANTECEDENTES SOBRE POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BECAS INDÍGENAS EN COMUNAS DE PROVINCIA DE ARAUCO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 5 Informe de la delegación del Congreso Nacional que concurrió a la 126a Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, efectuada en Kampala, Uganda, entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2012.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Juan Pablo Letelier Morel
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Eugenio Tuma Zedan
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Denise Pascal Allende
- Sergio Bobadilla Munoz
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Roberto Leon Ramirez
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- 5 Informe de la delegación del Congreso Nacional que concurrió a la 126a Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, efectuada en Kampala, Uganda, entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2012.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 13ª, en miércoles 11 de abril de 2012
(Ordinaria, de 10.45 a 14.37 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás; Recondo Lavanderos, don Carlos, y Marinovic Solo de Zaldivar, don Miodrag.
Presidencia accidental del señor Melero Abaroa, don Patricio.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Minuto de silencio en memoria del ex diputado, señor Juan Lobos Krause, con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento 11
V. Orden del Día.
- Medidas alternativas a penas privativas o restrictivas de libertad. Tercer trámite constitucional 11
- Proyecto de Acuerdo Aprobatorio de la Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en alta mar en el Océano Pacífico Sur. Primer trámite constitucional 39
VI. Proyectos de acuerdo.
- Amenazas y atentados en contra de senador Horvath. (Preferencia) 57
- Declaración de patrimonio intangible de Chile para murgas y comparsas de San Antonio 59
- Mecanismos para otorgamiento de créditos a largo plazo a productores de carne y leche del sur de Chile 60
- Modificación de ordenanza general de Urbanismo y Construcción para promoción de procesos de naturación urbana 60
VII. Incidentes.
- Querella criminal por atentado incendiario a oficina parlamentaria en Rancagua. Oficio 61
- Implementación de anuncio presidencial sobre adultos mayores en condiciones de precariedad habitacional. Oficios 62
- Fiscalización de actividades lucrativas de extranjeros con visas de turista. Oficios 63
- Perfeccionamiento de normas vinculadas a aplicación de subsidio de agua potable. Oficio 64
- Estudio de factibilidad para ingreso de más actores al mercado del transporte interurbano en períodos de alta demanda. Oficios 64
- Información sobre causas de agotamiento del caudal de río Claro, Región del Maule. Oficios 65
Pág.
- Reiteración de oficio. Oficio 66
- Preocupación por contaminación ambiental por malos olores en localidad de Pargua, comuna de Calbuco. Oficios 66
- Fiscalización de feria libre clandestina de Maipú y de comercialización de equinos. Oficio 67
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 68
- Reconstrucción de pasarela peatonal sobre el río Rahue, Cancura, provincia de Osorno. Oficio 68
- Información sobre condiciones de seguridad de tranque de relave cercano a sector Dos Pinos, en comuna de Vicuña 68
- Información de funcionamiento y pago de estacionamientos en la vía pública en comunas de La Serena y Coquimbo. Oficio 69
- Estado de dependencias del Servicio Agrícola y Ganadero en comuna de Vicuña. Oficio 69
- Preocupación de hinchada de deportes La Serena por efectos de aplicación de plan Estadio Seguro. Oficio 70
- Felicitaciones a vecinos de sector La Goleta, de Puerto Montt, por defensa de laguna amenazada por extracción de áridos. Oficio 70
- Retén móvil para sectores rurales de Puerto Montt. Oficios 71
- Investigación de trato vejatorio de abogado a deudora de Coopeuch de Puerto Varas. Oficios 72
- Información sobre cableado aéreo y retiro de cables en desuso en Región de Los Ríos. Oficios 72
- Antecedentes técnicos y medioambientales sobre construcción de avenida circunvalación sur, comuna de Valdivia. Oficios 73
- Información sobre proyectos de empresa Kodama y deudas a proveedores locales de comuna de Paillaco. Oficios 74
- Antecedentes sobre medidas solicitadas por Cámara de Diputados para solucionar contaminación en diversas ciudades del país. Oficios 74
- Información sobre solución a familias de población Juan Pablo II, comuna de Arauco, damnificadas por terremoto. Oficio 74
- Solución a emergencia sanitaria en sectores de la comuna de Lota. Oficios 75
- Información sobre proyecto de electrificación y mejoramiento de camino vecinal en sector Los Huapes, comuna de Cañete. Oficios 75
- Antecedentes sobre postulación y adjudicación de becas indígenas en comunas de provincia de Arauco. Oficios 76
Pág.
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Modifica normas sobre depósito legal de creaciones audiovisuales.”. (boletín N° 6274-19) 77
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, sobre “Fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca.”. (boletín N° 7947-03). (S) 77
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado parcialmente las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República, al proyecto, iniciado en moción, con urgencia “suma”, sobre “Composición nutricional de los alimentos y su publicidad.”. (boletín N° 4921-11). (S) 84
4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.”. (boletín N° 5838-07). En Tabla 85
5. Informe sobre la participación de los diputados señores Sergio Bobadilla, María Angélica Cristi, René Manuel García, Roberto León, y de la diputada señora Denise Pascal, en la 126ª Asamblea de la UIP y Reuniones Conexas, efectuada entre los días 30 de marzo y 5 de abril de 2012, en Kampala (Uganda) 102
6. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de artículo 16 de la ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Rol 2.190-12-INA. (7217) 115
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación Nacional por la que informa que solo para los efectos de la Comisión Investigadora de los Hechos Sucedidos en las horas posteriores al terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010”, los diputados titulares integrantes de la Comisión de Seguridad y Drogas, Diputada Marcela Sabat y diputado Cristián Monckeberg, serán reemplazados por los Diputados señores Frank Sauerbaum y Pedro Pablo Browne, respectivamente.
- De los señores diputados Cerda; Ojeda; Rincón; Torres y Walker, por el cual informan que han retirado el patrocinio del proyecto que “Prorroga pago primera cuota permiso de circulación de marzo a mayo de cada año.”. (boletín N° 8173-15.
Respuestas a oficios
Contraloría General de la República:
- Diputado De Urresti, Solicita investigar la legalidad de la situación que afecta a funcionarios que, desde hace más de tres años, se encuentran contratados a honorarios en el Centro de Salud Mental del Consultorio Las Animas, en la ciudad de Valdivia. (14646 al 2605).
Ministerio de Hacienda:
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita informar sobre la ejecución presupuestaria en la Región de Tarapacá, desglosada sectorialmente, y la correspondiente al Fondo de Desarrollo Regional, tanto real como devengada. (485 al 5552).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Proyecto de Acuerdo 506, “Salas cuna y participación laboral femenina.” (104).
Intendencias:
- Diputado Rojas, Medidas que se adoptarán para entregar agua potable no contaminada y durante las 24 horas del día, a la localidad de Baquedano, en la comuna de Sierra Gorda (622 al 5869).
Servicios:
- Diputado Harboe, Remita copia del contrato entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadísticas y su resolución aprobatoria, relativa a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), correspondiente al año 2011. (634 al 5883).
Varios:
- Diputado Torres, Remita copia del informe de calidad del agua de la Laguna El Peral, comuna de El Tabo, Región de Valparaíso. (12600 al 5953).
- Diputado Rojas, Medidas que se adoptarán para entregar agua potable no contaminada y durante las 24 horas del día, a la localidad de Baquedano, en la comuna de sierra Gorda. (1336 al 5872).
- Diputado Araya, Se sirva remitir a esta Cámara copia del informe técnico sobre impacto vial del “Boulevard Maipú”, que remitiera al Intendente de la Región de Antofagasta , con fecha 5 de julio de 2010, y que le fuera solicitado por oficio N° 2364, del 18 de enero de 2011, dirigido al señor Ministro de Defensa Nacional . (470 al 5898).
Municipalidad de Valdivia:
- Diputado De Urresti, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida al humedal que se ubica en el sector de Villa del Rey, entre las calles Muñoz Hermosilla y Manuel Montt, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos y a la obra que allí se construye; como asimismo, indique si a nivel municipal existe un plan de protección y recuperación de humedales y áreas verdes. (860 al 5921).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-En misión oficial diputada señora Denise Pascal Allende y diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla.
-Asistieron los ministros de la Secretaría General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau; de Justicia, señor Teodoro Ribera Neumann; de Economía Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes; de Relaciones Exteriores (S), señor Fernando Schmidt Ariztía; y la subsecretaria de Justicia , señora Patricia Pérez.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.45 horas.
El señor MELERO (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente accidental).- El acta de la sesión 7ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 8ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO, SEÑOR JUAN LOBOS KRAUSE, CON MOTIVO DE CUMPLIRSE EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , los Comités, en reunión presidida por su señoría, resolvieron rendir homenaje, el martes de la próxima semana, en memoria de nuestro estimado, apreciado y querido amigo, Juan Lobos .
Un día como hoy, hace un año, él perdió la vida no en un accidente cualquiera, sino en circunstancias de que se disponía a concurrir a una sesión de Comisión, en el ejercicio de su mandato.
Por lo tanto, solicito a la Corporación, por intermedio del señor Presidente, que lo recordemos guardando un minuto de silencio.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Así se procederá.
-Los señores diputados, las señoras diputadas, funcionarios y asistentes a las tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
AUTORIZACIÓN PARA USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN SESIÓN ESPECIAL
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Recabo la unanimidad de la Sala para que en la sesión especial de esta tarde, el diputado que hará uso del tiempo previo de 15 minutos y el ministro de Hacienda , señor Larraín, puedan hacer uso de herramientas tecnológicas de apoyo en sus respectivas exposiciones.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
MEDIDAS ALTERNATIVAS A PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD. Tercer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente). Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Guillermo Ceroni.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto, boletín N° 5838-07. Documentos de la Cuenta N° 4 de este Boletín de Sesiones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CERONI (de pie).- Señor Presidente , el objetivo de la iniciativa es modificar el sistema de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, contenidas en la ley N° 18.216, a fin de alcanzar cuatro propósitos fundamentales: primero, fortalecer la reinserción social de los condenados; segundo, controlar efectivamente el cumplimiento de las penas que dicha iniciativa establece; tercero, dar protección a las víctimas, y cuarto, favorecer el uso racional de la privación de libertad y de los recintos penitenciarios.
Todos conocemos el hacinamiento que existe en los recintos penitenciarios. Atendida esa situación, las penas privativas de libertad no conducen a la reinserción social de quienes son condenados por distintos delitos.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó por unanimidad, sin mayor debate, las modificaciones puramente formales. Ellas no tienen ninguna incidencia en el la idea original del proyecto. Simplemente, buscan mejorar su redacción.
En relación con el articulado que fue objeto de debate, se aprobaron las siguientes enmiendas.
El Senado reemplazó el artículo 1°, que propone el numeral 2), por el siguiente:
“Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes penas:
a) Remisión condicional.
b) Reclusión parcial.
c) Libertad vigilada.
d) Libertad vigilada intensiva.
e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34.
f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.”.
Las enmienda introducida por el Senado apunta, en este caso, a precisar que la expulsión se puede aplicar a los extranjeros que no residan legalmente en el país y a incorporar un inciso final, con el propósito de que no se consideren las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito, a todas las formas de cumplimiento alternativo de la misma.
En cuanto al numeral 7), que sustituye el artículo 4°, norma que establece los requisitos para decretar la remisión condicional, el Senado introdujo una enmienda que precisa que en los cuatro casos en que el tribunal no podrá imponer la remisión condicional, esto es, respecto de las personas condenadas por microtráfico, por manejo en estado de ebriedad, por violencia intrafamiliar y por delitos sexuales, el juez estará facultado para aplicar las penas de reclusión parcial, libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, y no obligado, como lo establecía el texto aprobado por la Cámara, a imponer únicamente la libertad vigilada. De esta manera, el juez tendrá mayor flexibilidad para imponer cualquiera de las tres penas, de acuerdo con la gravedad del hecho y los antecedentes del condenado.
Asimismo, el Senado eliminó la restricción referida a la pena en abstracto, por estimarla perjudicial para la aplicabilidad de la remisión condicional.
En relación con el numeral 11), que modifica el artículo 7°, que define la pena de reclusión parcial, cabe señalar lo siguiente.
Si bien la modificación introducida por el Senado es de carácter formal, los representantes del Ejecutivo hicieron presente que existen personas que, en razón de los turnos que deben cumplir en sus trabajos, no se les puede aplicar en forma integral uno de los tres tipos de cumplimiento de dicha pena, que son la reclusión diurna, la reclusión nocturna y la reclusión de fin de semana. Por ello, sugirieron facultar al magistrado para combinar estas modalidades, a fin de recoger la realidad de los condenados.
La Comisión determinó aprobar este numeral, dejando constancia de que la redacción del artículo 7° faculta al juez para aplicar una o más de las mencionadas modalidades para completar las 56 horas semanales por las que debe extenderse la reclusión parcial. Para mayor comprensión, se señaló que muchas modalidades de trabajo, como el utilizado en las minas, hacen difícil aplicar medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
El artículo 12 ter, incorporado por el Senado en virtud del numeral 15, dispone que los delegados de prestación de servicios en beneficio de la comunidad deben ser funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile, quienes estarán encargados de supervisar la correcta ejecución de la pena sustitutiva.
La Comisión aprobó este artículo, habida consideración de que su incorporación por el Senado tuvo por objeto, al igual que en el caso de los delegados de libertad vigilada, que los requisitos que les son aplicables a los delegados de prestación de servicios en beneficio de la comunidad se establecieran en la futura ley.
En cuanto al artículo 17 bis, incorporado en virtud del numeral 25), el cual regula el tratamiento por consumo problemático de drogas y alcohol, el Senado perfeccionó el texto aprobado por la Cámara. En efecto, la disposición precisa detalladamente la forma de disponer la evaluación, por parte del sistema de salud, cuando existe sospecha de consumo problemático de sustancias, recogiendo la experiencia de los tribunales en relación con esta materia.
En relación con el numeral 27), que sustituye el artículo 18, norma que, de acuerdo con el texto aprobado por la Cámara, exige al Estado, a través de los organismos pertinentes, promover y fortalecer especialmente la formación educacional, la capacitación y la colocación laboral de los condenados a la pena sustitutiva de libertad vigilada y a la de libertad vigilada intensiva con el fin de permitir e incentivar su inserción al trabajo, el Senado decidió incorporar un nuevo inciso para asegurar la debida oferta de prestaciones sociales para los condenados y facilitar la labor de los delegados, de modo tal que puedan obtener atención prioritaria y acceso a todos los servicios del Estado, en su condición de encargados del plan de intervención individual.
En lo atinente al numeral 30, que reemplaza el artículo 20, que establece la función de los delegados de libertad vigilada, la Comisión aprobó la norma propuesta por el Senado, en atención a que hace referencia a los dos tipos de delegado -delegados de libertad vigilada y de libertad vigilada intensiva- y precisa con más detalle la función que deben cumplir.
El artículo 23 bis A, incorporado por el Senado, en virtud del numeral 35, dispone que, tratándose del régimen de pena mixta, la supervisión a través de monitoreo telemático será obligatoria durante todo el período de la libertad vigilada intensiva.
El mecanismo de la pena mixta consiste en el beneficio que se concede a un condenado de sustituir una pena privativa de libertad por la libertad vigilada intensiva, siempre que este hubiere observado un buen comportamiento, que hubiere cumplido en forma efectiva un tercio de la pena privativa de libertad, que al momento de discutirse la interrupción de la pena no registrare otra condena por crimen o simple delito y que la sanción originariamente impuesta fuere de cinco años y un día de presidio, o reclusión mayor en su grado mínimo -5 años y un día a 10 años- u otra menor.
En relación al artículo 23 septies, del numeral 35), el Senado modificó el texto aprobado por la Cámara, que dispone que la instalación, mantención y utilización de los dispositivos de control telemático de que trata el proyecto serán siempre gratuitas para los condenados afectos al sistema de monitoreo telemático, permitiendo excepcionalmente el cobro por la utilización de tales dispositivos. La enmienda consiste precisamente en eliminar esta última posibilidad.
Los representantes del Ejecutivo explicaron que el Senado suprimió la posibilidad de cobrar al condenado por la utilización del monitoreo telemático, ya que, por una parte, al tratarse de una pena, sería cuestionable la legitimidad de la medida, y, por otra, se consideró que los costos de administración del cobro superarían el monto de los ingresos, por lo que el sistema sería ineficiente.
Respecto del artículo 34 del Senado, referido a las reglas aplicables al extranjero -fue objeto de gran debate-, cabe recordar que la Cámara de Diputados exigía el cumplimiento de un tercio de la pena para proceder a la expulsión del condenado extranjero en situación ilegal, exigencia que fue eliminada por la Cámara Alta.
La Comisión aprobó el artículo propuesto por el Senado.
Por otra parte, el Senado propuso incorporar un artículo transitorio, con el fin de permitir que los requisitos para desempeñar el cargo de delegado de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, establecidos en la letra a) del artículo 20 bis de la ley N° 18.216 no les sean aplicables a los funcionarios de Gendarmería de Chile que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren habilitados para desempeñar la función de delegados de libertad vigilada, modificación que la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión sugirió aprobar.
Se rechazaron las siguientes enmiendas:
El numeral 23), nuevo, que reemplaza el artículo 16, que tiene como propósito regular el plan de intervención individual que debe aplicar el juez al imponer la pena de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva por un plazo equivalente al que correspondería cumplir si se aplicara efectivamente la pena privativa o restrictiva de libertad que se sustituye.
La Comisión acogió la sugerencia de los representantes del Ejecutivo , en el sentido de que debería ampliarse el plazo de treinta días establecido para que el delegado proponga el plan de intervención individual al tribunal que dictó la sentencia, por estimarlo exiguo. Algunas asociaciones de jueces estuvieron contestes con esta apreciación.
El artículo 23 quinquies, del numeral 35), sustituido por el Senado, dispone que la información obtenida del sistema de monitoreo telemático podrá ser utilizada por un fiscal del Ministerio Público que se encontrare conduciendo una investigación en la cual el condenado sometido a monitoreo telemático apareciere como imputado.
Los representantes del Ejecutivo manifestaron que el texto original contemplaba la autorización judicial para que el Ministerio Público pudiera acceder a la información del control telemático en la investigación de otro delito. El Senado propuso permitir abiertamente que el Ministerio Público por sí y ante sí utilizara esa información, lo cual nos parece absolutamente inadecuado, porque creemos que el juez es quien debe autorizar su uso.
El Senado propuso incorporar un artículo 35 nuevo, que establece que no se aplicará ninguna de las penas sustitutivas contempladas en el proyecto a la persona que hubiere sido condenada con anterioridad por alguno de los crímenes o simples delitos establecidos por las leyes Nos 20.000, 19.366 y 18.406, en virtud de sentencia ejecutoriada, haya cumplido o no, efectivamente, la condena, a menos que le hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000.
Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que esta norma replica una disposición del artículo 65 de la ley N° 20.000, en virtud de la cual se establece que las penas sustitutivas no son aplicables a los reincidentes en los ilícitos tipificados en dicho texto legal. Aclararon que esta repetición normativa obedece a la conveniencia de evitar posibles errores interpretativos que pudieran llegar a concluir que el citado artículo 65 habría perdido vigencia.
La Comisión rechazó este artículo por unanimidad.
El Senado incorporó un artículo 36 bis, nuevo, con el fin de establecer que los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las penas sustitutivas que contempla el proyecto, sean resueltos por el juez de garantía del lugar donde esta deba cumplirse.
Los representantes del Ejecutivo manifestaron que la propuesta constituye una modificación de lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales, porque otorga competencia a un tribunal distinto del que señala el citado cuerpo legal.
En definitiva, la Cámara optó por rechazar la señalada disposición. Con esto se quiere establecer que será el juez que dictó la sentencia quien debe hacerse cargo de los conflictos que pudieran suscitarse, no el juez de la jurisdicción donde se cumple la pena, por cuanto es el primero quien maneja los antecedentes del condenado.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente , la bancada de diputados de la UDI no se encuentra presente, por cuanto en este momento se está desarrollando una ceremonia religiosa con motivo de cumplirse un año del fallecimiento de nuestro amigo Juan Lobos. Por ello, junto con el diputado Nino Baltolu hemos quedado a cargo de la bancada a fin de defender los proyectos de nuestro Gobierno.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , el completo informe del diputado Guillermo Ceroni ahorra mayores comentarios sobre lo resuelto ayer, prácticamente por unanimidad, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El informe está a disposición de los señores diputados y señoras diputadas, a fin de continuar la tramitación legislativa de tan importante iniciativa.
El colega Ceroni ha dado a conocer los artículos que consideramos que deben ser examinados en Comisión Mixta: me refiero a los artículos 16, 35, 23 quinquies, 36 bis y 23 bis A, para los cuales pedimos votación separada. Asimismo, solicito que la Sala tenga a bien aprobar el resto de las modificaciones propuestas por el Senado.
Haré un poco de historia en relación con el proyecto.
Se trata de una iniciativa muy esperada, remitida en su oportunidad por la ex Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet . El actual Gobierno, después de un tiempo de estudio y haciendo uso soberano de su facultad legislativa, la reexaminó y presentó una indicación sustitutiva, la que fue analizada por ambas Cámaras.
El proyecto -lo señaló el diputado informante en la primera parte de su exposición- establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Se habla del “proyecto de ley del monitoreo”, del “proyecto de ley del brazalete”, pero es mucho más que eso. Para decirlo en forma simple, la iniciativa intenta ampliar el abanico de alternativas para que las personas que cometan determinados delitos cumplan la pena asignada en libertad, con las medidas de control estipuladas en su articulado, lo que genera una mayor posibilidad de rehabilitación y de reinserción.
Todos sabemos que nuestras cárceles -y las de todo el mundo- son lugares en que la reinserción se torna muy dificultosa. En Chile, las tasas de reincidencia son altísimas. Un joven que entra por primera vez a la cárcel a los 17 ó 18 años tiene una altísima posibilidad de volver a ella. La sociedad no puede “hacerse la lesa” respecto de esa situación y debe buscar alternativas. Una de ellas es abrir la posibilidad de que penas asociadas a delitos que no sean de sangre, inferiores a cinco años, puedan sustituirse por otras alternativas, ya sea por cualquiera de las medidas ya conocidas de remisión condicional, o por nuevas, como la reclusión parcial, la libertad vigilada, la libertad vigilada intensiva, la expulsión -esta solo aplicable a determinados extranjeros- y la prestación de servicios a la comunidad. Como se puede apreciar, el abanico se amplía, o, al menos, se configura un cuadro teórico de penas que otorga muchas más posibilidades de rehabilitación.
Tal como lo señalamos ayer al ministro y a la subsecretaria de Justicia -ellos coincidieron en el punto-, resulta básico que el proyecto disponga de posibilidades reales de funcionamiento en cuanto a recursos humanos y financieros. Ayer preguntamos si es efectivo que el proyecto, en régimen, importará un desembolso de 50 ó 60 millones de dólares. Si los estudios arrojan que se requiere más dinero para ello, deberemos estudiar la forma de obtenerlo.
Esta es la apuesta más profunda de los últimos años en lo que respecta a rehabilitación. Desde el punto de vista del marco jurídico, no tengo ninguna duda de que ello es así. Con todo, esa apuesta debe ir acompañada de recursos económicos suficientes. Ello, más que un gasto, es una inversión. Aprobar el proyecto sin el financiamiento necesario para su implementación sería gravísimo, porque estaríamos dando una señal no solo respecto del mal funcionamiento del proyecto propuesto, sino que, además, podría colegirse que no sirve buscar penas alternativas a la de cárcel. Insisto, ello no puede permitirse, menos aun por falta de recursos. Se ha estipulado un plazo razonable para que entre en vigencia la normativa, por lo que existe tiempo suficiente para determinar con seguridad los fondos necesarios para su ejecución.
Recomendamos llevar a Comisión Mixta los artículos a los cuales he hecho referencia al comienzo de mi intervención, por las razones que señaló en su momento el diputado informante . No obstante, creo que todavía es posible perfeccionar la iniciativa, sobre todo en lo que respecta a los artículos que incorporó el Senado, lo cual, a mi juicio, merece una discusión. Son pocos, pero es necesario hacerlo.
Por último, quiero agradecer la voluntad del Ejecutivo de impulsar un proyecto enviado en su oportunidad por la ex Presidenta Michelle Bachelet . Se trata de una iniciativa de larga data, surgido de variadas mociones parlamentarias, una de las cuales fue patrocinada por el ex diputado y actual senador, don Patricio Walker , y quien habla. En particular, quiero agradecer el trabajo realizado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el ex ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes , el actual titular de esa cartera, señor Teodoro Ribera , y la subsecretaria de Justicia, señora Patricia Pérez .
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente , el proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados en 2008, durante el Gobierno de la señora Michelle Bachelet , representa un avance en cuanto a la reinserción social de personas que han cometido delitos de baja gravedad penal.
Para construir un camino de integración debemos legislar con altura de miras. No sacamos nada con seguir enviando a la cárcel a todos quienes cometan delitos menores, porque eso provoca hacinamiento, gastos excesivos, riesgos innecesarios y verdaderas escuelas de delincuencia, con lo cual se configura un círculo vicioso.
El proyecto no solo busca establecer sanciones, sino beneficiar a la sociedad. La idea es propender a la reinserción y situarnos en una posición más activa en el combate contra la delincuencia. Para el logro de esos objetivos, el proyecto contempla la ampliación del catálogo de medidas alternativas, como la remisión condicional, la reclusión parcial, la libertad vigilada, la libertad vigilada intensiva; la expulsión, en determinados casos que afectan a extranjeros; la prestación de servicios con beneficios para la comunidad y trabajos comunitarios. Por otra parte, considera la improcedencia de la aplicación de la medida de libertad vigilada respecto de ciertos delitos graves, como la violación, el tráfico de drogas, homicidio, delitos sexuales, etcétera; un sistema de monitoreo electrónico y el perfeccionamiento de normas sobre incumplimiento y quebrantamiento de penas.
Si queremos avanzar y mejorar en materia de oportunidades de reinserción, disminución de la delincuencia y resarcir a la sociedad de los daños que se le causan, es necesario aprobar el proyecto.
Con el propósito de avanzar en el tratamiento de la delincuencia en Chile, propender a la reinserción y no solo al castigo, y acabar con el círculo vicioso de la delincuencia, este diputado va a aprobar las modificaciones propuestas por el Senado.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , tal como lo señalé en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, estamos ante un muy buen proyecto, porque se hace cargo, como lo indicó en su momento el ex ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes , del uso racional de las cárceles. Para no repetir lo que he dicho en ocasiones anteriores, quiero centrarme en algunas modificaciones del Senado que, a mi juicio, son bastante interesantes.
El Senado sustituyó el artículo 4°, aprobado por la Cámara, y estableció que, para acceder a los beneficios, no se considerará la pena en abstracto, respecto de la cual el sujeto puede ser condenado. En consecuencia, el Senado adoptó un criterio que me parece razonable, es decir, que la pena efectivamente aplicada por el juez de garantía o por el tribunal oral en lo penal sea la que determine si un sujeto que ha cometido un delito puede o no ser beneficiado con algunas medidas alternativas que establece la ley N° 18.216.
En esta línea, creo que el Senado da un paso muy importante. El diputado Burgos ya se refirió a aspectos respecto de los cuales tuvimos coincidencias en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en cuanto a que es necesario generar una Comisión Mixta. En este sentido, reitero que considero importante que el artículo 23 quinquies vaya a Comisión Mixta, porque se refiere a la forma en que puede ser utilizada la información que arroje el monitoreo telemático de una persona que esté utilizando el llamado brazalete electrónico. Este asunto fue muy discutido al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en la Sala. La Cámara adoptó el criterio de que la información que entregue el monitoreo telemático podía ser utilizada por el Ministerio Público o, eventualmente, por aquellas personas que sean sometidas a este, siempre y cuando exista autorización judicial, es decir, que el juez de garantía autorice su uso, ello con la intención de evitar posibles abusos del Ministerio Público o la mala utilización de la información que arroje el sistema.
A mi juicio, en esta materia, el Senado dio un paso que nos parece preocupante, al permitir que el Ministerio Público pueda requerir esta información directamente a Gendarmería, sin la autorización del juez de garantía; es decir, de aprobarse la modificación del Senado, en la práctica, dicho Ministerio podrá vigilar a la persona que esté sometida al monitoreo telemático y saber en qué lugares ha estado.
Creo que aquí estamos frente a un problema de garantías constitucionales porque, por mucho que una persona haya cometido un delito, mantiene ciertas garantías que deben ser resguardadas. Por eso, en la Cámara vamos a insistir en la necesidad de que esa información puede ser utilizada, pero previa autorización del juez de garantía, a fin de que todas las garantías ciudadanas estén resguardadas. En esta línea, considero necesario que la Cámara rechace la norma propuesta por el Senado.
En segundo lugar, el artículo 35, nuevo, introducido por el Senado, establece expresamente que los beneficios de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad no serán aplicables a los condenados en virtud de la Ley de Drogas y otras. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sostuve que esta norma debería ser de carácter general. Más que configurar un nuevo artículo, la idea matriz que la sustenta debería incluirse en el artículo 1°, que establece los principios generales del proyecto, a fin de que no se preste para errores de interpretación. Por ello, es necesario que esta materia se discuta en la Comisión Mixta.
¿Por qué digo esto? Porque el artículo 4°, que establece que para optar a los beneficios se considerará la pena efectiva aplicable, podría generar ciertos problemas de política criminal. En la Comisión estuvimos de acuerdo en que no se podían hacer extensivos a la Ley de Drogas los beneficios de la ley N° 18.216, salvo en casos excepcionales. Con la modificación del Senado, obviamente, se infringe la Ley de Drogas, sobre todo cuando se trate de personas primerizas o que hayan recurrido al beneficio de la cooperación eficaz, normado por el artículo 22 de la Ley de Drogas, por cuanto las condenas serán reducidas y quedarán dentro de los márgenes establecidos para optar a ese beneficio.
El Senado incluye esta norma en el artículo 35. A mi juicio, ello es correcto, pero está mal ubicada, porque debería formar parte de los principios generales, con el objeto de evitar posibles errores interpretativos, en atención a que el espíritu del legislador fue manifestar que aquellas personas no van a tener derecho a tales beneficios. La redacción propuesta, a mi juicio, generará errores de interpretación, porque algún juez podría determinar perfectamente que, de conformidad con el nuevo artículo 4°, son aplicables los beneficios consignados en la Ley de Drogas.
Dicho esto, estuve de acuerdo con casi todo lo que se señaló en la Comisión y con los acuerdos que se tomaron. Sin perjuicio de ello, el Senado modificó el artículo 34, nuevo, respecto del cual quiero solicitar votación separada.
Este tema es, más bien, de política criminal. Se trata de determinar lo que se puede hacer con aquellos extranjeros que, sin tener residencia en Chile y haber ingresado ilegalmente al país, cometen un delito. En la discusión habida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en la Sala se fijó el criterio de que, antes de ser expulsado, que es una de las medidas alternativas que establece el proyecto, un extranjero debía cumplir un tercio de la pena, básicamente, con el objeto de dar una señal a los extranjeros que están ingresando ilegalmente al país y que cometen un delito, en cuanto a que “no les saldrá gratis” delinquir en Chile. Por eso, se pide que cumplan un tercio de la pena y que, cumplido este requisito, se efectuará su expulsión.
El Senado cambió radicalmente el criterio de la Cámara al establecer que la expulsión del extranjero se producirá sin que haya cumplido pena alguna. Es decir, el sujeto comete el delito, es capturado y llevado a juicio, es encontrado culpable y puede ser expulsado de inmediato. Nosotros creemos que esta es una muy mala señal porque, especialmente en algunas ciudades del norte de nuestro país, como Arica, Iquique , Calama y Antofagasta, tenemos una alta tasa de extranjeros que están ingresando ilegalmente para cometer delitos.
Entonces, hacer aplicable esta norma propuesta por el Senado, más que una forma de desincentivar la comisión de delitos, a nuestro juicio, será un incentivo para que los extranjeros vengan a delinquir a Chile porque, en la práctica, la primera vez que cometan un delito “les saldrá gratis”, pues podrán optar al beneficio y ser expulsados.
Por una cuestión de política criminal -estoy de acuerdo con el fondo del proyecto de ley-, mi impresión es que debemos mantener el criterio de la Cámara. Los extranjeros que vienen a nuestro país a perpetrar delitos, muchos de ellos asociados al tráfico de drogas, como, por ejemplo, el robo de vehículos, sabrán que solo serán expulsados la primera vez que delincan, y en el evento de que vuelvan a ingresar al país a cometer un nuevo delito, tendrán que cumplir la pena primitiva más la nueva. En la práctica, este no es un elemento disuasivo suficiente. Sabemos que existe un gran nivel de vulnerabilidad en nuestras fronteras, especialmente, en la zona norte. En consecuencia, creemos que el criterio del Senado no es el mejor. Más que desincentivar a los extranjeros a que vengan a nuestro país a cometer delitos, lo que ocurrirá es que tendremos importantes migraciones que vendrán a perpetrar delitos a Chile, pues sabrán que la primera vez que cometan alguno de los crímenes o simples delitos establecidos en el proyecto -repito- “les saldrá gratis”.
Lo que más nos complica -lo hicimos presente ayer en la Comisión- es lo relacionado con el tráfico de drogas. Parte importante de los extranjeros que ingresan ilegalmente a Chile lo hacen traficando drogas a través de las fronteras de Arica, Iquique , Calama y Antofagasta. Pero, como se trata de primerizos, tendrán una atenuante: la irreprochable conducta anterior. Además, muchos de ellos se acogen al artículo 22 de la ley N° 20.000, relacionado con la cooperación eficaz, que consiste en entregar información sobre el destinatario de la droga, de dónde procede, etcétera. En la jerga delictual son denominados “burreros”, que serán devueltos a sus territorios de origen.
Me parece que esta sería una muy mala señal de política criminal. Por lo tanto, creo que el artículo 34, propuesto por el Senado, debe ser rechazado, manteniendo el criterio de la Cámara; es decir, que antes de proceder a su expulsión, los extranjeros que han cometido delitos y que no tengan residencia en el país, cumplan un tercio efectivo de la pena.
Reitero, esta es una cuestión de política criminal. Ayer decíamos en la Comisión que si la actual autoridad considera que si la política criminal tiene que ser esta, es un tema que debemos discutir quienes vivimos en la zona norte, porque hemos visto un fuerte incremento de los delitos cometidos por extranjeros ilegales, que se verán beneficiados con esta norma. En este sentido, pienso que la Cámara debe tener un criterio contrario al del Senado y, ojalá, insistir en la norma original aprobada por nuestra Corporación.
Por último, debo señalar que estamos ante un muy buen proyecto. Considero que el sistema de monitoreo telemático es una apuesta importante que implica dar un paso adelante respecto del cumplimiento de las penas privativas de libertad. Si esto resulta, debemos dar un segundo paso, en cuanto a que también el monitoreo telemático pueda ser utilizado en el cumplimiento, por ejemplo, de las medidas cautelares que dictan los juzgados de garantía, puesto que, a mi juicio, es allí donde tenemos grandes falencias. Todos sabemos que no tenemos carabineros ni funcionarios de la PDI suficientes para controlar el cumplimiento de todas las medidas que dicten los jueces de garantía. Si el monitoreo telemático resulta una buena experiencia, nada obsta para que también podamos avanzar en esta materia, para lo cual sería necesario reformar el Código Procesal Penal.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , las vías para acabar con la delincuencia son la prevención del delito y un Estado que asegure la reinserción social de quienes los han cometido.
Aplaudo que hoy, durante este tercer trámite constitucional, nos encontremos en situación de aprobar, aunque parcialmente, este proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. A más de 28 años de su promulgación, sin duda, constituye una modernización de nuestro sistema de justicia. Particularmente, procura la reinserción social de las personas condenadas por la comisión de delitos al evitar, por esta vía, la contaminación criminógena al interior de los centros penitenciarios.
A pesar de que las medidas alternativas a la reclusión surgen en Chile en 1983, como una solución a la sobrepoblación penitenciaria, desde una perspectiva más cualitativa, es un hecho que obedece a la realidad social. Las medidas alternativas a la reclusión buscan mejorar los resultados en cuanto a la reinserción social, racionalizando la aplicación de penas privativas.
Estudios de reincidencia y evaluación de las medidas alternativas a la reclusión realizados por la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia y la Unidad de Investigaciones Criminológicas de Gendarmería de Chile han establecido que las tasas de reincidencia se mantienen relativamente estables. En el caso de las medidas alternativas que se cumplen en total libertad, por ejemplo, la remisión condicional y la libertad vigilada, tienen una menor tasa de reincidencia respecto de las que se cumplen en medios cerrados, como la reclusión nocturna. O sea, en comparación con el sistema penitenciario cerrado, con creces, las medidas alternativas generan, tasas de reincidencia inferiores.
Se habla de que en los sistemas cerrados existe casi un 80 por ciento de reincidencia. Sin embargo, con las medidas alternativas, esa cifra desciende a un 20 por ciento. Últimamente, las cifras pueden haber variado un poco, pero giran en esos rangos.
En consecuencia, adecuar y ampliar las medidas alternativas vigentes para contribuir a la reinserción social y dar cumplimiento al compromiso de Chile con la Asamblea de las Naciones Unidas al ratificar las Reglas de Tokio, de 1990, resulta un gran paso, en particular la modificación del artículo 1° de la ley N° 18.216. Esta norma solo contempla la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna y la libertad vigilada, en circunstancias de que el proyecto en discusión amplía el abanico de medidas alternativas a penas privativas o restrictivas de libertad.
Por otra parte, moderniza, en función de la realidad, las medidas aplicables, al sustituir el artículo y fijar como medidas alternativas la remisión condicional, la reclusión parcial, la libertad vigilada, la libertad vigilada intensiva, la expulsión, en el caso de ciudadanos extranjeros sin residencia, y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Además, incorpora el uso de las tecnologías, con el objeto de asegurar el cumplimiento adecuado de ciertas medidas alternativas y de establecer normas para asegurar el cumplimiento de la pena.
En cuanto a la discusión del proyecto, que es la esencia de la labor legislativa, sin duda, el Senado realizó aportes significativos. Pero en el seno de la Comisión Mixta deberemos alcanzar los consensos necesarios respecto de los artículos rechazados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Por último, junto con reconocer el estado de avance que alcanzaremos con las medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, invito al Ejecutivo a realizar lo más pronto posible una mejora al sistema de rehabilitación y de reinserción social de las personas que cumplen sus penas en centros penitenciarios cerrados. Los estudios y las tasas de reincidencia nos muestran que existen claras deficiencias en esa materia.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente , he escuchado a algunos honorables diputados invocar el nombre de la ex Presidenta Michelle Bachelet y de algunos diputados de la Concertación en relación con la responsabilidad que les cupo en la tramitación del proyecto. Espero que en el próximo período parlamentario se reconozcan muchas de las iniciativas legislativas llevadas a cabo por el Gobierno encabezado por el Presidente Sebastián Piñera , en particular las que han generado grandes transformaciones en la justicia chilena.
En los últimos años se ha generado una gran discusión sobre el hacinamiento de las cárceles El proyecto representa un avance en la materia, pues apunta a racionalizar el uso de los centros penitenciarios. Porcentualmente, somos uno de los países con más presos en el mundo. Siempre hablamos del tema y, al parecer, ningún gobierno ha podido resolver el problema. Cuando los gobiernos, de cualquier tendencia política, no son capaces de acabar con la delincuencia, el asunto pasa a ser una cuestión de Estado.
Desde el punto de vista sociológico, podemos buscar muchas explicaciones en relación con el aumento de la delincuencia. Cuando el honorable diputado Ramón Farías expresa que el Gobierno no ha logrado solucionar las deficiencias en materia carcelaria, debo decir que lo mismo ocurrió en las administraciones pasadas. Recuerdo que en materia de cárceles, el Presidente Lagos no pudo concretar varios anuncios relacionados con la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Las modificaciones del Senado se extienden a los artículos 16, 23 quinquies, 23 bis A 35 y 36 bis Al respecto, no me cabe la menor duda de que en la Comisión Mixta se encontrará el consenso necesario para aunar criterios. El proyecto es importante para el país. Independientemente de las discrepancias y matices jurídicos que puedan existir, estoy absolutamente convencido de que nadie se restará a la iniciativa, la que finalmente se transformará en ley.
El artículo 16 fue introducido en la Cámara Alta. A nuestro entender, considera la intervención jurisdiccional y la regulación demasiado pormenorizada de un comportamiento de los delegados de Gendarmería que la ley vigente resuelve con más acierto. No se advierte la fundamentación sobre la utilidad de la enmienda.
A su turno, sobre el artículo 23 existen diferencias entre el texto que aprobó la Cámara y las modificaciones del Senado, las que no nos parecen necesarias. Se refieren a audiencias judiciales sobre cumplimiento del beneficio de libertad vigilada, donde se sugiere reglamentar algunos aspectos de la ritualidad de la audiencia de verificación y su ejecución correcta, así como explicitar que el condenado puede concurrir con su defensor, en circunstancias de que todo el sistema jurisdiccional está erigido sobre la base del derecho a defensa, sin citar, por ocioso, la garantía constitucional del artículo 19, número 3, que asegura que nadie puede impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si esta fuere requerida. Por otra parte, resulta inoficioso señalar que el Ministerio Público puede concurrir a la audiencia. Las prerrogativas que pertenecen a ese organismo por mandato constitucional y de su propia ley orgánica hacen que el agregado sea innecesario.
El artículo 35, sobre sustitución de medidas alternativas por expulsión cuando el condenado fuere extranjero y la pena no tuviere graduación muy alta, considera en el texto aprobado por la Cámara el poder del juez de no acceder a la expulsión cuando el condenado acredite tener arraigo familiar o social, o que desarrolle permanentemente un trabajo remunerado, pudiendo solicitar que se informe a Gendarmería de Chile de esta situación. El Senado suprimió esta prerrogativa judicial que matiza una norma que nos parecía algo rigurosa, vedándole al juez el ejercicio de ese poder.
La propuesta de la Cámara nos parece más sensata, más humanitaria, a la vez que reconoce que el condenado puede generar vínculos sociales, afectivos o laborales con su entorno que para el Senado parecieran no merecer consideración.
Por último, el artículo 36, introducido por la Cámara Alta, señala que los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las penas sustitutivas que contempla la presente ley serán resueltos por el juez de garantía del lugar donde esta deba cumplirse.
Si bien es atendible la aproximación al asunto que se encuentra implícita en la propuesta senatorial, no parece haberse reparado por esa Corporación que un beneficiario de la ley Nº 18.216 goza de libertad ambulatoria que no le impediría concurrir al juzgado de garantía que conoció del asunto en el juicio mismo o en fase de formalización, apertura o acusación, en su caso. Fijar una norma de competencia al respecto que, por lo demás, altera las reglas generales de radicación y extensión que establece el Código Orgánico de Tribunales, no solo no agrega valor, sino que parece tener poco sustento.
Como indiqué al comienzo de mi intervención, tengo certeza de que en la Comisión Mixta se ponderarán los distintos puntos de vista y se consensuarán los artículos que han generado discrepancias. Proyectos de esta naturaleza no pueden seguir esperando, habida consideración del hacinamiento de nuestras cárceles y de la necesidad de buscar alternativas a las penas privativas de libertad. Es necesario solucionar estos problemas, los que hemos debatido en la Cámara durante largo tiempo.
Por último, reitero que la bancada de la Unión Demócrata Independiente está a favor de esta iniciativa.
He dicho.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , quiero manifestar el beneplácito de mi bancada por el hecho de que, finalmente, la Cámara va a concretar la idea de establecer medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Con tal objeto se van a incluir medios tecnológicos, como el brazalete electrónico, para un número importante de condenados que hoy cumplen su pena en el medio libre.
Esta idea prosperó dentro de las políticas públicas de La Moneda, en especial del Ministerio de Justicia y del Congreso Nacional desde hace mucho tiempo. Como ha ocurrido con tantas otras ideas, ha llegado el momento de concretarla. Me alegro que ello ocurra durante este Gobierno, y que sea este ministro de Justicia el que materialice el proyecto, tal como lo ha hecho con tantas otras buenas iniciativas.
Hoy se encuentran en calidad de condenados aproximadamente 100 mil chilenos y extranjeros, entre legales e ilegales. De esos 100 mil, 54 mil se encuentran en prisión y el resto, considerado de menor peligrosidad, cumple pena en medio libre.
Heredamos una situación que a todos los chilenos les quedó muy clara con la tragedia de la cárcel de San Miguel: cárceles atestadas, hacinadas, por lo que es necesario construir más. Por otra parte, existe la sensación de que los condenados en el medio libre no están adecuadamente vigilados ni controlados. Y de ahí se produce una sensación general de inseguridad, que es la característica que ha primado en los últimos tiempos.
El proyecto propone crear las condiciones para que 7 mil personas que se encuentran en la cárcel cumplan su pena en el medio libre, pero adecuadamente controladas con brazalete electrónico, modalidad utilizada en los países más avanzados del mundo. De esta manera, además, se brindan posibilidades de rehabilitación a los condenados que se acogerán a penas alternativas y se gatillará una solución al hacinamiento monstruoso de muchas cárceles.
Esta buena idea está marcando el camino correcto por el cual debe transitar nuestro país respecto de las políticas públicas. En tal sentido, debemos cuidar dos valores: por una parte, la seguridad pública -la gente pide mayor grado de orden y seguridad ciudadana- y, por otra, mayores posibilidades de rehabilitación. En el tratamiento de la sanción penal debe existir, por una parte, mano dura y, por otra, una mano acogedora y rehabilitadora.
Los buenos proyectos de ley, como este, están concretando un cauce y rompiendo con una dicotomía forzosa y, de alguna manera, ideológica. Muchas veces la Izquierda hace una caricatura política al señalar que la Derecha quiere meter a toda la gente en la cárcel. Por su parte, desde la Centroderecha se responde que la Izquierda quiere que todos los delincuentes anden sueltos. Ninguno de los dos argumentos es cierto. Los delincuentes que cometen determinados delitos deben estar en las cárceles -aprovecho de señalar que hay que construir más recintos penitenciarios, porque hay pocos-, mientras que los delincuentes con bajos índices de peligrosidad social, sobre la base de lo que el juez de garantía respectivo estime conveniente, deben cumplir con una pena alternativa en el medio libre, pero vigilados, con el control adecuado.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se señaló que para la implementación de las medidas que se proponen en el proyecto enmendado por el Senado se requerirá una inversión inicial de 50 millones de dólares, monto al que creo que habrá que agregar, al menos, otros 50 millones de dólares. Por lo tanto, para la preservación de la seguridad pública, pero con las medidas de rehabilitación respectivas, el fisco, a través de la política pública que se propone implementar, invertirá 100 millones de dólares. Con esa plata se pueden construir al menos tres cárceles nuevas, pero se reemplaza el uso de esos recintos, en los casos que se indican, con penas alternativas para las que se requiere un buen sistema de control, el que estará a cargo de Gendarmería.
Para tal propósito, la dotación de funcionarios de esa institución se verá incrementada, así como la calidad de los profesionales que allí trabajan, pues deberán ingresar, entre otros, técnicos en rehabilitación y en electrónica, con el objeto de llevar adelante las medidas de control que propone el proyecto.
La iniciativa a la que el Senado ha introducido modificaciones propone una política pública en materia penal que es una noticia muy buena para Chile. La gente nos pide todos los días que haya mayor control en materia de seguridad pública. Eso es lo que se propone a través del proyecto enmendado por el Senado, el cual apunta en la dirección correcta, puesto que establece que permanezcan en las cárceles los autores de determinados delitos y que el resto cumpla sus condenas con penas alternativas en el medio libre, pero con el control adecuado. Como señalé hace un momento, se calcula en 7 mil el número de condenados que podrán acceder a ese tipo de condena
Por otra parte, tal como se ha planteado, las enmiendas penales propuestas establecen las condiciones para expulsar del territorio nacional y prohibir el ingreso al país de los más de cien extranjeros ilegales que se encuentran condenados y que hoy hacen nata en nuestras cárceles, principalmente en el extremo norte del país y en Santiago, realidad que conozco muy bien, puesto que es la comuna que integra el distrito que represento.
En teoría, la ley que regula esa materia es perfecta, porque dispone que al extranjero que no reside en forma legal en el país se le puede aplicar la pena administrativa de expulsión inmediata. Sin embargo, en la práctica, no se procede de esa manera. Los extranjeros que se encuentran en esa situación generalmente se quedan en el país, y a los que cometen delitos se les condena y son enviados a la cárcel. Eso provoca una especie de perversión del sistema, puesto que en muchos casos se arraigan en Chile, crean lazos familiares y se instalan en las cercanías del penal respectivo, lo cual, en definitiva, hace cada vez más difícil su expulsión, debido a que tienen situaciones judiciales pendientes.
En ese sentido, las modificaciones introducidas por el Senado son positivas, porque en los casos señalados se facilita la medida de expulsión del territorio nacional con el visto bueno del sistema, sobre la base de la decisión del juez de garantía respectivo y con algún grado de aceptación de la persona afectada por tal medida.
Lo señalado es especialmente relevante en Santiago y en las regiones extremas, en las que hay muchos extranjeros ilegales que se encuentran en la cárcel condenados por algún delito, quienes lo único que están haciendo es ocasionar al fisco un gasto que es difícil de mantener y que no tienen posibilidad alguna de rehabilitación. Incluso, en muchos casos crean redes delictuales que cuesta mucho romper.
Por lo tanto, espero que la Sala apruebe las modificaciones del Senado, porque se introducen enmiendas a un proyecto de ley que propone modificaciones legales que fueron planteadas hace mucho tiempo, las que en la iniciativa se concretan en forma extraordinariamente adecuada.
Quiero señalar, con orgullo, que la iniciativa es una noticia muy buena para el país, de modo que podremos vocear en nuestros distritos que al fin nos hemos puesto de acuerdo respecto de una propuesta lógica, que concilia seguridad pública con rehabilitación.
En consecuencia, en esta materia ponemos nota siete al Gobierno del Presidente Piñera, así como a los ministros de Justicia que participaron en la tramitación del proyecto, señores Felipe Bulnes y Teodoro Ribera .
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , en verdad me resulta un tanto sorprendente que el diputado señor Cardemil y quien habla tengamos más o menos el mismo entusiasmo frente al proyecto en debate. Lo señalo porque, tal como lo planteé la primera vez que se discutió la iniciativa en la Sala, no puedo sino estar de acuerdo con la idea que hay detrás de las modificaciones que se proponen, en el sentido de que la responsabilidad de un Estado que se quiere hacer cargo del tema de la seguridad ciudadana no pasa solo por encerrar en la cárcel a quienes delinquen, sino, además, por ocuparse que aquellos que lo hacen por primera vez -situación de la que nadie está libre-, en el sentido de que, si en forma voluntaria deciden terminar con la carrera del delito, tengan la posibilidad de rehabilitarse y de reinsertarse en la sociedad. Comparto en plenitud ese concepto, razón por la que debemos seguir haciendo esfuerzos en esa dirección.
Cada vez que estudio el tema en discusión, me llama la atención que se señale el ejemplo de Chile, uno de los países de América Latina que, en forma proporcional respecto del tamaño de su población, tiene mayor cantidad de personas en la cárcel: más de 54 mil personas. No es una cuestión para sentirnos orgullosos, porque los diagnósticos sobre la materia, compartidos por la totalidad de los presentes, indican que cuando se envía a algunas personas a la cárcel, lejos de ayudarlas, las estamos condenando, porque muchas terminan formando parte de una cultura del delito, que con posterioridad les resulta difícil romper.
En ese sentido, la idea matriz del proyecto apunta en la dirección apropiada.
Quiero ligar lo señalado con un hecho que representó una gran noticia para el distrito que represento, de la provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía. Hace pocas semanas, el ministro de Justicia asistió a la colocación de la primera piedra de una institución que es el símbolo concreto del espíritu contenido en el proyecto en discusión: la construcción de un centro de reinserción social (CRS). Se trata de una edificación que contará con aproximadamente 1.800 metros cuadrados construidos y en la cual se invertirán 1.400 millones de pesos. En su intervención, el secretario de Estado -a mi juicio, en forma brillante- expresó el objetivo que se desea alcanzar con la iniciativa: que Gendarmería no sea una institución encargada solo de cuidar que los que delinquen estén debidamente vigilados y no se escapen, sino que, además, cumpla con el objetivo de ayudar en el proceso que debe seguir la gente que quiere ser rehabilitada, lo que en el proyecto de ley se expresa mediante la figura del delegado de libertad vigilada.
Mi experiencia en ese sentido -así como la de muchos de quienes estamos en la Sala- es que existen personas que por distintas razones cometieron un delito, a raíz de lo cual han sido condenadas y enviadas a la cárcel, pero después quieren enmendar rumbo en su vida -lo cual es legítimo-, rehabilitarse y, tal vez lo más importante, reinsertarse en la sociedad. En ese aspecto tenemos un problema muy serio, porque existen prejuicios culturales que hacen que la intención de reinserción social no sea fácil para nadie.
Lo que hacen quienes laboran en los CRS -conozco su trabajo y me consta que se lleva a cabo en condiciones bastante más precarias que las que existirán a futuro, cuando se construya dicho complejo- es precisamente ayudar en ese proceso, mediante el apoyo de profesionales que forman parte de Gendarmería, como psicólogos, asistentes sociales, educadores y otros, pero que no son uniformados.
Este hermoso proyecto me entusiasma mucho, porque, además, contempla la instalación de talleres laborales para que los que necesiten ganarse dignamente el pan, puedan contar con herramientas para ello. Al respecto, estoy plenamente convencido de que este tipo de instituciones son necesarias y debemos profundizar más al respecto, porque hay mucha gente que quiere contar con esa oportunidad.
Por esa razón -sin entrar en detalles, porque no formo parte de la Comisión técnica-, anuncio mi entusiasta apoyo a las modificaciones que introdujo el Senado a este proyecto, que, reitero, me encanta y, a mi juicio, va en la dirección correcta, porque es lo que hace falta.
Finalmente, agradezco que se haya tomado la decisión política de invertir en la construcción de ese modelo de centro de reinserción social en Angol, capital de la provincia de Malleco, el segundo en la Región de La Araucanía.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , no hay duda de que el proyecto es positivo. Quizá, las personas, la ciudadanía, podría tomar como una debilidad o una concesión frente a la delincuencia, el hecho de legislar sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Es un error que hay que recalcar. Al respecto, debemos dejar claramente establecido que no serán beneficiarios de las medidas alternativas que se otorgan -que, de todas maneras, son penas- quienes hayan cometido delitos de mayor connotación social, como violaciones, abusos sexuales agravados, sustracción de menores, robos calificados, delitos relacionados con drogas, etcétera. En suma, los autores de los delitos que más nos duelen quedan absolutamente fuera de esta posibilidad.
Por otra parte, hay que tener en cuenta -desde ese punto de vista, el proyecto es loable- que no sacamos nada con tener las cárceles atiborradas de condenados que no tienen ninguna posibilidad de rehabilitarse y de gente que está allí por delitos menores. Recordemos lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel, donde, a consecuencia del incendio ocurrido allí, murió -entre otros- un joven que solo “pirateaba” CD y los vendía, quien estaba condenado a una pena privativa de libertad de sesenta días. Gente como ese joven no puede estar en la cárcel. Por eso, hay que aplicarles las medidas alternativas que se establecen en el proyecto: remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, la libertad vigilada intensiva, expulsión del país, cuando proceda, y prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Entonces, tenemos alternativas para sancionar; hay que poner en práctica medidas en ese sentido para que los que delinquen también se puedan reinsertar.
Esta discusión se arrastra desde hace varios años. Coincido con las notas siete a que se refirió el diputado Cardemil ; pero a él se le fue una nota siete muy importante: la que debió ponerle a quien envió a tramitación legislativa la iniciativa: la entonces Presidenta Bachelet . Así que pongámosle también una nota siete para que quedemos todos tranquilos. Este tema preocupa a toda la ciudadanía y a todos los gobiernos.
Las normas que se remitirán a Comisión Mixta -así lo espero- son importantes. Espero que en dicha instancia mejore la redacción de algunas disposiciones del proyecto, como el artículo 16 propuesto por el Senado, que preceptúa que al imponer la pena de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, el tribunal establecerá un plazo de intervención, y que el delegado que hubiere sido designado para el control de las respectivas penas, deberá proponer al tribunal que hubiese dictado la sentencia, en un plazo máximo de treinta días, un plan de intervención individual. En el fondo, se trata de establecer qué deberá hacerse, por ejemplo, con la persona que goce del beneficio de libertad vigilada -como las actividades que deberá realizar-, de manera de lograr su reinserción, que todos queremos. Pero un plazo de treinta días es muy poco. Por lo tanto, hay que entregar al delegado de libertad vigilada más tiempo para que proponga al tribunal medidas adecuadas de intervención. Es bueno que se amplíe ese plazo, proposición que, por lo demás, surgió a sugerencia de algunos jueces.
Por otra parte, es bueno que el artículo 23 quinquies vaya a Comisión Mixta. Tal como está, permite que la información obtenida de una persona con libertad vigilada, sujeta a monitoreo telemático, que se hace mediante sistemas tecnológicos, pueda ser usada en otro tipo de investigación, lo que puede resultar muy delicado. Puede ocurrir que esa persona, a lo mejor, sea investigada por un nuevo delito; pero no es bueno que el fiscal del Ministerio Público, per se, pueda conocer la información telemática a que estaba sujeta esa persona, sin contar con autorización previa de nadie.
El texto aprobado por la Cámara establecía que el juez de garantía que conozca de una investigación penal en la cual se sospeche la participación del condenado, podrá autorizar el uso de esa información. No es posible que el Ministerio Público, encargado de investigar los delitos, cuente con esa facultad en forma tan arbitraria. Por lo tanto, es bueno que este artículo vaya a Comisión Mixta, de manera que se reponga la redacción de la Cámara que establece que el respectivo juez de garantía podrá autorizar que el Ministerio Público tenga acceso a esa información, que puede ser importante.
Por otra parte, aunque la Comisión de Constitución estuvo de acuerdo con la enmienda del Senado al artículo 35 del texto aprobado por la Cámara, que ahora pasó a ser 34, fui uno de quienes la rechazó. Al respecto, concuerdo con el diputado Pedro Araya en que para poder ser merecedor de la aplicación de la medida alternativa de expulsión del país, el delincuente respectivo, que no reside legalmente en el territorio nacional, debería cumplir -como lo establecimos en el texto aprobado por la Cámara-, a lo menos, un tercio de la pena. El Senado, en cambio, establece la posibilidad de aplicar esta medida alternativa -será facultad del juez-, sin que el condenado cumpla ni un día en la cárcel en Chile. Eso no es lógico; es una suerte de “beneficio” en favor de condenados extranjeros, que, en mi opinión, no corresponde. Por eso, soy partidario de que dicha modificación sea revisada en la comisión mixta.
Igualmente, me opongo al artículo 36 bis agregado por el Senado, que establece que “Los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las penas sustitutivas que contempla la presente ley, serán resueltos por el juez de garantía del lugar donde esta deba cumplirse”. En concordancia con el texto original de la Cámara de Diputados, me parece que el juez que trató el caso debe ser quien se ocupe de estos conflictos de derecho.
Por consiguiente, consideramos que existen argumentos sensatos y razonables para rechazar dichas modificaciones del Senado, de manera que su texto sea perfeccionado en Comisión Mixta y, así mejorar la futura ley.
Finalmente, vuelvo a poner nota siete a todos, incluida la ex Presidenta Bachelet , y espero que el Congreso Nacional también reciba esa nota.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , este proyecto de ley viene a perfeccionar la legislación vigente. Por eso, quiero hablar desde la perspectiva de las ciencias penales y, específicamente, desde la criminología, que es una parte del derecho penal.
Ciertamente, el delito es un problema social que enfrenta no solamente la comunidad nacional, sino todos los países, principalmente los más modernos, cuando no existe un acceso equitativo a los bienes de consumo y a los servicios. ¿Qué ocurre? Que el delincuente muchas veces va originándose debido a su situación de pobreza o marginalidad, o bien, como dice Lombroso, es el propio delincuente el que nace así, es decir, es un delincuente nato. En fin, dejemos esa discusión a los estudiosos del derecho penal.
En primer lugar, tenemos que ver la empatía que el problema genera en la sociedad. Todas las instituciones y las personas, principalmente los ciudadanos, tienen que incorporarse a esta discusión, a esta preocupación por combatir el delito y al delincuente.
El control de criminalidad es otro aspecto que tenemos que tratar, en el sentido de determinar a cuánto asciende el costo de tener gente en la cárcel y cuál el costo de su rehabilitación. ¿Es posible la rehabilitación? ¿Cuánto gasto genera ella para el Estado?
Son preguntas que debemos formularnos a propósito del debate en torno de esta iniciativa, respecto de la cual existe unanimidad en señalar que será una gran ley.
En relación con el control de la criminalidad, es importante establecer cómo vamos a hacerlo: a través de penas de cárcel o mediante las denominadas penas alternativas. Es una cuestión que en algún momento deberemos discutir con las autoridades de Justicia.
Me preocupa la redacción del artículo 38 del texto que nos llega del Senado -para mí, dicha norma es el Dicom del delito-, que establece lo siguiente: “La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto”. Es decir, se trata de lo que el vulgo llama borrar los antecedentes, y tendrá lugar en forma casi automática, porque el tribunal competente, como preceptúa dicho artículo, deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto.
Hoy eso no es así, porque el interesado debe acompañar la sentencia ejecutoriada, y después el Servicio de Registro Civil e Identificación omitirá en los certificados de antecedentes, las respectivas anotaciones.
Al respecto, hay alguien que siempre es olvidado: la víctima. Por eso, quiero hacerme cargo de quien sufre tanto olvido. Lo digo porque estas medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad también tienen que ver con esto, con la víctima y la satisfacción que provoca en ella la sanción al delincuente que ha causado perjuicio a su propiedad, a sus bienes o a su persona.
Hoy, la víctima está constreñida en nuestro sistema penal, puesto que el querellante tiene una mínima participación.
En la práctica, la aplicación de las medidas alternativas, si procedieren, se tramitan en una audiencia especial, después de dictada la sentencia sobre la comisión del delito. Pero resulta que la víctima, si es querellante, tiene la posibilidad de participar, pero con un abogado pagado.
En consecuencia, aquí no se aplica el principio de igualdad ante la ley. A propósito, el otro día, en esta misma Sala, discutimos el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. Sin embargo, en este caso, el Estado de Chile discrimina, pues le pone abogado gratis al delincuente, al imputado, pero no al querellante, que es la víctima. Por lo tanto, hay que reparar ese problema.
Al respecto, hemos elaborado varios proyectos de ley: En primer lugar, uno para fortalecer la figura del querellante en el Código Procesal Penal. En segundo término, uno para establecer que el querellante pueda pedir, en algunos casos, la formalización, mayores penas y participar en la audiencia con un abogado puesto por el Estado.
En ese sentido, creo que debemos seguir abogando por que, entre víctima y delincuente, prime el principio de igualdad ante la ley y que se termine con esta discriminación, establecida, lamentablemente, en el Código Procesal Penal.
Tal como dijeron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, esta iniciativa es muy buena.
Deseo aprovechar la presencia del ministro de Justicia para insistir en la necesidad de igualar en nuestro sistema procesal penal, los derechos del imputado con los de la víctima, como querellante. Ojalá, prontamente aprobemos una iniciativa de ley que disponga que el afectado tendrá derecho a contar con un abogado en forma absolutamente gratuita.
Por último, anuncio mi voto favorable a las modificaciones del Senado.
He dicho
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , este proyecto ya fue discutido en la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, y, en general, la bancada socialista le dio su asentimiento, con naturales reservas.
Quiero recordarles que este proyecto tuvo su origen en la desgracia ocurrida en la cárcel de San Miguel, oportunidad en la cual murieron 81 chilenos. Tuvo que ocurrir esa tragedia para que en el Gobierno se produjera un cambio de criterio, tal vez de doctrina, respecto del uso de la cárcel.
El entonces ministro de Justicia , de apellido Bulnes , habló del uso inteligente de la cárcel, y dio a entender que en ella solo deben estar quienes revisten real peligrosidad para la sociedad, pero no quienes puedan ser contagiados por los hábitos y la cultura criminógena imperante en esos recintos.
A raíz de esto se inició la tramitación de una serie de proyectos tendientes a descongestionar las cárceles, que hoy albergan una cantidad cercana a los 50 mil presos, en circunstancias de que su capacidad es para 35 mil.
A nuestro juicio, esto tiene la ventaja de que se asume el problema de la criminalidad y de la lucha contra el delito de manera más compleja que el ramplón modo de ver las cosas simbolizado en el cierre de la puerta giratoria, a que tanto se arguyó en el año 2009 con fines electorales.
Ahora nos damos cuenta de que hay otros factores y de que la sociedad también tiene algo que ver en este asunto, y advertimos que este problema es más humano de lo que originalmente se preveía por quienes asumieron la administración del Estado a partir del 2010. Nos felicitamos de eso, es decir, de que esta visión se complejice y deje de ser ramplona y simple, en el sentido de apelar a los bajos sentimientos de la sociedad para lograr adhesiones que, a corto andar, revelaron la carencia de toda consistencia. El fracaso estaba asegurado, como lo ha demostrado el aumento de las cifras de delincuencia en las últimas encuestas.
Por lo tanto, hay que felicitarse, solo que deberíamos ir, tal vez, un poquito más lejos y asumir que estos fenómenos tienen su origen en la sociedad y en la cultura que nosotros generamos, por la forma en que vivimos. En consecuencia, es necesario reparar estos errores y anomalías de la organización social, pero no solo con represión.
En su momento, expresamos nuestras reservas sobre la iniciativa, como el cambio de denominación del encabezado de la ley N° 18.216, que hoy dice: “Establece medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad”, por: “Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad”. El ministro conoce nuestra objeción y las consecuencias que ello podría tener de manera inmediata en materia de consideración de la reincidencia por los tribunales.
En relación con las modificaciones del Senado, poco contribuyen a alterar la esencia del proyecto. Sin embargo, algunas disposiciones empeoraron, razón por la cual la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados acordó rechazarlas a objeto de discutirlas en una comisión mixta. No las voy a enumerar todas, pero sí voy a hacer mención a la que me parece más escandalosa, por medio de la cual el Senado modificó la regla sobre información obtenida por el sistema de monitoreo telemático. Según lo establecido por la Cámara de Diputados, para ser utilizada se requería la autorización del juez de garantía. El Senado suprimió esa intervención, sometiéndonos a estar al inicio, a la mitad o a los dos tercios del camino que imaginó Orwell en su novela “1984”. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible para que esa norma vaya a comisión mixta, y que en dicha instancia se reponga el texto de la Cámara.
Por último, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, con esta idea un poco simplona de hacerse claque para obtener apoyo electoral, aboga por que haya abogados gratis para las víctimas, y distorsiona los hechos. Hoy, las víctimas tienen un abogado gratis, que es el fiscal persecutor. Claro, no representa directamente a las víctimas, pero sí a la sociedad y al Estado en la persecución del delito.
Por consiguiente, salvo ser fuegos de artificio y luces para la galería, lo único que hace su proposición es oscurecer el sistema penal recientemente instituido en nuestro país, que ha sido bastante exitoso.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, solo quiero manifestar nuestra conformidad con este proyecto de ley.
Sin duda, hoy tenemos una gran problemática en nuestro país: una población penal de las más numerosas de Latinoamérica, con serios problemas de reinserción y de rehabilitación, ante lo cual hay que entregar respuestas útiles, que sirvan y que sean eficaces.
Tengo mis dudas respecto de si este proyecto va a entregar ese tipo de respuestas, pero creo que hay que partir del principio de la buena fe y esperar que será útil para que las personas que tienen poco compromiso delictivo, puedan recuperar su libertad y ser reinsertadas en la sociedad.
Creo que la deuda que tenemos con la población penal, en cuanto a su rehabilitación y reinserción, es altísima. Con esta iniciativa no la estamos subsanando, pero es un principio que hay que alabar, y, reitero, espero que sea eficaz.
Por supuesto, uno no puede concordar con ciertas expresiones agregadas por el Senado, en cuanto a la expulsión de extranjeros. Creo que la inmigración que ha experimentado nuestro país se debe en gran medida, a la visión que se tiene en América Latina de que, económicamente, Chile está bien, lo que atrae a los extranjeros. Pero, al contrario de lo que aquí se ha insinuado, la gran mayoría de ellos no viene a delinquir, sino a buscar trabajo y mejores condiciones y calidad de vida. No es cierto que esa inmigración sea esencialmente delictual.
En consecuencia, no resulta razonable argumentar desde ese punto de vista, para decir que no sería correcto, en términos de política criminal, dictar sentencia respecto de aquello que tiene una pena igual o inferior a cinco años y aplicar la pena de expulsión, porque eso significaría que estamos atenuando nuestro compromiso en el combate a la delincuencia.
Si mal no recuerdo, las personas condenadas a una pena igual o inferior a cinco años pueden acceder a una pena alternativa, que es la libertad vigilada.
Sí me parece que existe un aspecto reñido con los principios que nos rigen. En efecto, el artículo 34, sustituido por el Senado, contiene una ilegalidad al disponer que el extranjero condenado a una pena igual o inferior a cinco años será retenido hasta que sea expulsado.
Si se le concedió algún beneficio, la retención, que bien podría durar uno o dos días, una semana o un mes, sin duda puede resultar ilegal. Esa retención es ilegal. Por lo tanto, hay que mejorar la redacción del artículo 34. No es posible que una persona a la que se le otorga la libertad vigilada, sea retenida hasta el momento en que sea expulsada. Además, creo que resulta conveniente, incluso para la búsqueda del origen del delito, expulsar al extranjero al país de donde viene. Porque, ¿dónde se fragua el delito la mayoría de las veces? ¿Dónde está su principio de ejecución? En el país de origen del respectivo extranjero. Por lo tanto, si ese extranjero es expulsado a su país, con los antecedentes de que fue condenado en el nuestro, con mayor razón en ese país estarán atentos. Como en ese caso no se aplica el iter criminis y tampoco el principio non bis in idem, en el país hacia el cual esa persona sea expulsada bien podrían investigar la ejecución del delito, porque es ahí donde este se originó. Es decir, podría ser un aliciente para descubrir, por ejemplo, la red que llevó a ese extranjero al tráfico de estupefacientes.
Creo que esa norma, en principio, es interesante y puede servir para combatir el narcotráfico. Sin embargo, tiene esa deficiencia, pues no me parece que sea legal mantener retenida a una persona mientras se concreta su expulsión. Creo que sería una especie de detención ilegal, y, según me parece, eso no debe estar consagrado en una norma legal como la que hoy estamos discutiendo.
En consecuencia, hay ciertos agregados del Senado que se deben modificar, arreglar. Por eso, sin duda, esta parte del artículo 34 debe ir a comisión mixta.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera.
El señor RIBERA ( ministro de Justicia ).- Señor Presidente , este proyecto es modernizador en lo que se refiere a la política penal y a las labores que nos orientan, principalmente al tema de la reinserción.
Estamos hablando de una ley de 1983, que posiblemente en su época fue interesante, pero, por el transcurso del tiempo y, principalmente, por las nuevas visiones en materia de reinserción, se hace necesaria su modificación.
Quiero hacer algunas aclaraciones previas que es interesante considerar. En forma especial, quiero recordar que este proyecto tuvo su origen en una indicación sustitutiva, formulada en agosto de 2010. Por consiguiente, no guarda relación alguna con el incendio ocurrido en la cárcel San Miguel, el cual tuvo lugar el 8 de diciembre de ese año. Insisto, la indicación sustitutiva es de agosto de 2010. Por lo tanto, reitero, no existe relación alguna entre el incendio y el proyecto.
El proyecto obedece a una visión previa, orientada a que exista modernización en la materia, mayor reinserción y mayor racionalización en el uso de las cárceles. Es más, las 11 medidas en materia de reinserción y mayor dignidad en los centros penales, que el Presidente de la República , señor Sebastián Piñera, ordenó que se implementaran en beneficio de la población penal, son de octubre de 2010; vale decir, tampoco guardan relación con el incendio en la cárcel de San Miguel, que ocurrió con posterioridad, en diciembre de ese año.
En otras palabras, nuestra política penitenciaria, en su núcleo central, no es reactiva al incendio de la cárcel de San Miguel. Por el contrario, se hizo cargo de un problema histórico, de larga data, porque no quisimos mirar qué pasaba con los penales y tampoco lo que pasaba con Gendarmería. Además, reconozcámoslo, la visión colectiva es que si un preso sufre más, quizá aprenderá y no reincidirá. Esa es una visión muy fuerte en la mentalidad de los chilenos. No hacemos una relación causal entre la privación de la libertad, las posibilidades de que aumente la cultura criminal y las posibilidades de reinserción.
Por tanto, esta reforma, que tiene su origen, repito, en agosto de 2010 y que se hace cargo de un tema histórico, tiene muchos objetivos, algunos de los cuales quiero destacar.
Un primer objetivo es incrementar la política de seguridad pública. Bien sabemos que las penas alternativas que estableció la ley N° 18.216 habían caído en cierto descrédito, porque no existía control de su cumplimiento y las personas visualizaban en esto una forma de evadir su responsabilidad.
En consecuencia, vamos a incrementar en 585 los cargos que estarán vinculados a esta materia. El presupuesto, que originalmente era de 6 mil millones de pesos, es decir, 12 millones de dólares, aumenta a 26 mil millones de pesos, es decir, 52 millones de dólares.
Este es un tema de seguridad, porque al haber más funcionarios a cargo, habrá mayor control sobre la población penal y mayor acompañamiento en su tránsito de la privación de libertad a la libertad plena. Además, todo esto irá acompañado de mayor tecnología. Al respecto, creemos que la tecnología será un factor inhibidor de la reiteración de conductas penales.
Más dinero, más funcionarios y, más tecnología. Apostamos, por tanto, a que esta futura ley contribuirá a una mayor seguridad pública.
El segundo objetivo es la reinserción. Como se señaló, Chile es uno de los países latinoamericanos con mayor población privada de libertad en relación con su número de habitantes. Es el tercer país con mayor población privada de libertad. Por tanto, la tendencia no puede apuntar a seguir incrementado esta curva. Tenemos que preocuparnos de que la reinserción esté presente, toda vez que 50,7 por ciento de la población penal que obtiene su libertad, vuelve a delinquir dentro de los primeros tres años.
Sabemos que las cárceles son caras y que resultan un muy mal negocio desde la perspectiva social, si no disminuyen las tasas de reincidencia. Por tanto, la política de reinserción también contribuye a mayor seguridad ciudadana.
¿Por qué está presente el tema de la reinserción? Porque hemos considerado mayor flexibilidad en la aplicación de penas sustitutivas. Al diversificar las penas sustitutivas y establecer, por ejemplo, que la reclusión parcial cuenta con más fórmulas para su implementación, estamos entregándole al juez mayores posibilidades de adecuar la pena sustitutiva a la persona que delinquió. No tendremos un sistema tan estructurado, sino uno con mayor flexibilidad que considera opciones diversas. A nuestro juicio, con la pena sustitutiva, -es una pena y, por tanto, un castigo- se cumple con el objetivo de que el castigo debe tener además una función rehabilitadora, correctiva y reorientadora de la conducta del individuo que infringe la ley.
El tercer objetivo que nos orienta es la racionalización en el uso de la cárcel. ¿Por qué? Por varias razones. El contacto criminógeno. Nuestras cárceles no tienen sistema de segmentación o agrupamiento adecuados. Los procesos de segmentación o agrupamiento que tiene Gendarmería de Chile necesitan ser modernizados, y en eso estamos. Gendarmería está en proceso de modernización, y aprovecho de felicitar a la institución por ello. A pesar de muchas voces que decían que con Gendarmería era mejor no meterse, porque no habría cambio posible, debo destacar que sí está en un proceso de modernización. Es más, las asociaciones de funcionarios comparten este proceso. Advierten que el futuro de Gendarmería no es parecerse a Carabineros o a Investigaciones, sino que ser verdaderos gendarmes, encargados del resguardo y protección de quienes están privados de libertad y de su posterior reinserción. Ese es el objetivo de Gendarmería y en eso tiene que trabajar. Por tanto, preocuparnos de la racionalización del uso de la cárcel es fundamental para evitar el contacto criminógeno. En definitiva, para que la sustitución de medidas conduzca a la reinserción.
En materia de racionalización del uso de la cárcel, están las penas que contemplamos, pero tenemos una en particular: la expulsión de extranjeros ilegales. Al respecto, quiero hacer algunas precisiones. Chile es un país al que vienen a trabajar extranjeros, y creemos que eso seguirá siendo así. Sobre el tema, debemos tener una postura clara. Así ha sido en el pasado y seguirá siéndolo en el futuro. Muchos de los diputados aquí presentes pertenecen a familias de inmigrantes y su contribución a este país queda de manifiesto cuando están sentados en esta Sala. ¡Qué mayor logro! Tenemos que estar abiertos a la inmigración, pero también tenemos que tener políticas eficaces y rápidas para expulsar a los extranjeros ilegales que delinquen.
Políticas como esta se explican ya en países europeos, porque las posibilidades de reinserción de los extranjeros ilegales son imposibles, principalmente porque carecen de nexos sociales o laborales en el país. En síntesis, están en situación de ilegalidad e igualmente corresponde la expulsión por el Ministerio del Interior.
El proyecto fue objeto de innumerables modificaciones, tanto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara como en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Indudablemente, este proyecto es mejor que el que ingresó, y estamos contentos por ello.
Ahora bien, la Comisión de Constitución de la Cámara estimó que cuatro artículos deben ir a comisión mixta. No vemos ningún problema en ello; es una posibilidad de discutir nuevamente temas que son debatibles.
Por ello, dado que el proyecto tuvo tal nivel de consenso en ambas cámaras, es parte del juego democrático apoyar que vaya a comisión mixta, que se debata nuevamente, que vuelva a la Sala y que se despache definitivamente.
Finalmente, en nombre de su excelencia el Presidente de la República, como colegislador, agradezco el aporte que hizo esta Corporación al proyecto.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde votar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con excepción de las normas referidas a los artículos 16, 23 quinquies, 34, 35 y 36 bis, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados señores Burgos y Araya.
Se hace constar que los artículos 37 y 39 del artículo 1° del proyecto, contenidos en el numeral 36), deben ser aprobados con quórum de ley orgánica constitucional, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación la enmienda recaída en el artículo 16.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 109 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación la enmienda recaída en el artículo 23 quinquies.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 112 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rechazada.
-Votó por la afirmativa el diputado señor
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación la enmienda recaída en el artículo 34.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 87 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación la enmienda recaída en el artículo 35.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 111 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG ( Presidente ).- Rechazada.
-Votó por la afirmativa el diputado señor
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación la enmienda recaída en el artículo 36 bis.
Para la aprobación de esta norma se requieren 69 votos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema económico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 112 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rechazada.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Despachado el proyecto a Comisión Mixta.
Propongo a la Sala que la Comisión Mixta sea integrada por la diputada señora Marisol Turres y los diputados señores Giovanni Calderón, Jorge Burgos, Guillermo Ceroni y Alberto Cardemil.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN ALTA MAR EN EL OCÉANO PACÍFICO SUR. Primer trámite constitucional.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur, adoptada en Auckland, el 14 de noviembre de 2009.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Guillermo Teillier.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7892-10, sesión 76ª de la legislatura 359ª, en 31 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentario e Integración Latinoamericana, sesión 93ª de la legislatura 359ª, en 11 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TEILLIER (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur, adoptada en Auckland, el 14 de noviembre de 2009, y que se encuentra sometido a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
Según lo señala el propio mensaje, desde el año 2000 se ha observado un incremento en la presencia de flotas extranjeras que operan en la alta mar adyacente a Chile. Este aumento sostenido del esfuerzo de pesca se ha desarrollado sin sujeción a normas de conservación y ordenamiento.
Por su parte, Chile efectúa una explotación de jurel y de otros recursos pesqueros en el Pacífico sur desde hace más de cinco décadas, y aproximadamente desde 1980 ha implementado progresivamente un régimen normativo de conservación y ordenamiento que ha consolidado su desarrollo en la actualidad. En particular para el recurso jurel, las medidas de administración pesquera establecidas para la flota nacional en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), fueron extendidas hacia la alta mar en 1999, dando así coherencia al régimen administrativo, en términos de ajustar sus medidas a todo el rango de la población de este recurso transzonal.
Agrega el mensaje que la comunidad internacional, a través de instrumentos jurídicos de derecho internacional tales como la “Convención de la Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982” (Convemar) y el “Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar”, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorios, de 4 de diciembre de 1995 (Acuerdo de Nueva York), ha generado un sistema de gobernabilidad en la alta mar, basado en la cooperación y en el derecho internacional, a través de organizaciones regionales de ordenamiento pesquero (Orops). Estos órganos son los llamados a administrar los recursos pesqueros en alta mar.
Señala que, considerando el aumento sustancial y sostenido del esfuerzo de pesca en el área de alta mar del Pacífico sur y los instrumentos jurídicos internacionales mencionados, los gobiernos de Australia, Chile y Nueva Zelanda patrocinaron en 2006 la negociación multilateral internacional destinada a adoptar una convención para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros transzonales en la alta mar del océano Pacífico sur, que permita el establecimiento de una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP).
El texto de la Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el océano Pacífico Sur fue adoptado el 14 de noviembre de 2009, en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. El proceso de negociación de la Convención se extendió por cuatro años, desde 2006 a 2009, a través de ocho rondas internacionales, y contó con la participación de 32 países, territorios y posesiones, así como de observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
Mediante la Convención se crea la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur.
La Convención se encuentra estructurada por un preámbulo, en el cual se establecen los motivos que tuvieron en consideración las partes para adoptarla; 45 artículos, que conforman su cuerpo principal y dispositivo, y cuatro anexos, que forman parte integrante de ella, cuya lectura omitiré, por cuanto mis distinguidos colegas tienen en su pupitre electrónico el informe que la contiene.
En el estudio del proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor ministro de Relaciones Exteriores subrogante, don Fernando Schmidt Ariztía , y del señor José Aníbal Fernández Barahona , subdirector de la Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos , quienes, además de refrendar los fundamentos del mensaje que le da origen, señalaron que la Convención que se somete a consideración de la Comisión corresponde a un antiguo anhelo chileno por proteger jurídicamente los recursos marinos de nuestras costas. En efecto, indicaron que el Pacífico sur no se encontraba regulado por ningún tipo de instrumento jurídico, a diferencia de los demás océanos, incluido el Antártico.
Asimismo, destacaron que el objetivo del proyecto es regular y ordenar la explotación de un recurso de vital importancia para Chile, como el jurel. Del mismo modo, afirmaron que la Convención contiene todos los intereses que a nuestro país le interesa proteger, como la compatibilidad de nuestra legislación con la internacional en esta materia y el respeto a los derechos nacionales sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE), teniendo por objeto fundamental evitar la depredación que ejercen terceros sobre los recursos contenidos en el océano Pacífico sur, más allá de las doscientas millas de las costas de los estados ribereños, situación que estaba generando la desaparición del principal recurso pesquero de nuestras costas.
Hicieron presente que la Convención ha sido firmada por prácticamente la totalidad de los grandes Estados pesqueros, con la excepción de Japón, y que ella entrará en vigencia cuando haya sido ratificada por al menos ocho Estados, de los cuales tres deben ser ribereños.
Por último, afirmaron que Chile, como país impulsor de la iniciativa, debería tener ratificada la Convención lo antes posible, especialmente considerando que nuestro país sería sede de una reunión al respecto en febrero de 2012.
Por su parte, la señora diputada y los señores diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación del proyecto de acuerdo, que viene a ratificar el objetivo estratégico del país, que tiene entre sus finalidades proteger jurídicamente los recursos marinos de nuestras costas y que ellos puedan conservarse a través de una correcta explotación, lo que es particularmente relevante en el caso de los recursos transzonales y los altamente migratorios.
Por ello, por 7 votos a favor, 0 voto en contra y 0 abstención, prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo en informe. Votaron a favor la diputada señora Zalaquett , doña Mónica , y los diputados señores Bauer , Jarpa , Moreira , Saffirio , Tarud y quien habla.
Por último, me permito hacer presente que a juicio de vuestra Comisión, el proyecto de acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, ni requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Es todo cuanto puedo informar sobre la materia.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores subrogante, señor Fernando Schmidt.
El señor SCHMIDT ( ministro de Relaciones Exteriores subrogante ).-
Señor Presidente , el trasfondo de esta Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur, ha sido claramente expuesto por el honorable diputado señor Guillermo Teillier.
Chile quiere resguardar sus intereses pesqueros y proteger los recursos que capturan sus nacionales, para lo cual se da el ordenamiento jurídico que pueda regular la captura que efectúan barcos pesqueros de banderas extranjeras en la alta mar aledaña a sus costas. Es decir, estamos ante un instrumento de la mayor importancia para el desarrollo de la actividad pesquera nacional. No tener este instrumento conduce precisamente a que no exista una regulación y que no podamos colocar a países vecinos o de otras latitudes más distantes, en la situación de tener que responder por capturas indiscriminadas.
No quiero mencionar los méritos de la Convención, que ya han sido expuestos, sino más bien los riesgos que implica para Chile no hacerse parte de ella, que comenzó a patrocinar desde una edad muy temprana, al principio en conversaciones informales, en 2005, y después en conversaciones formales, desde 2006 a 2009.
En primer lugar, no ratificarla comprometería seriamente la credibilidad internacional de Chile, país que junto con Nueva Zelanda y Australia, fueron los gestores de esta propuesta. Esos dos países, que nos acompañaron desde 2005 en negociaciones informales, y a partir de 2006 en negociaciones formales, no solo la firmaron, sino que ratificaron sus respectivos instrumentos en la secretaría de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero.
Como decía el honorable diputado señor Teillier es un tema de la máxima importancia para regular el último espacio marino que no se encuentra sometido a regulación alguna y que concentra una de las pesquerías más ricas que existen sobre el planeta.
En segundo lugar, no ratificarla nos priva de asumir un liderazgo a nivel regional sobre este tema. Chile ha sido reconocido como un líder en materia de pesca, no solamente a nivel regional, sino también por países de otras zonas, como los de la Unión Europea, Corea y China, que, a su vez, requieren de un liderazgo regional potente. Por ende, su ratificación es fundamental en relación con el objetivo de asumir ese liderazgo regional latinoamericano.
En tercer lugar, si no se ratificara, se debilitaría el compromiso de Chile como país responsable con el desarrollo sostenible. Se trata de una tarea que ha asumido la Cancillería chilena a lo largo de muchos años.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).-
Excúseme, señor ministro .
Recabo el asentimiento de la Sala para prorrogar el Orden del Día por treinta minutos, a fin de concluir la discusión de este proyecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Continúa con el uso de la palabra el señor ministro.
El señor SCHMIDT ( ministro de Relaciones Exteriores subrogante ).-
Señor Presidente , como decía, su no ratificación compromete seriamente la política de Chile respecto de un desarrollo sostenible y específicamente las negociaciones sobre cambio climático en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20.
En cuarto lugar, no ratificarla -esto es lo central, como señalé al principio de mi intervención- es, sin duda, el mejor regalo para los depredadores.
En quinto término, Chile puede quedar fuera de las decisiones que adopte la comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, tan pronto entre en vigor esta Convención. Como dijo el honorable diputado Teillier, ella entrará en vigencia tras ser ratificada por al menos ocho Estados, y ya lo han hecho siete. En ese sentido, más vale estar a tiempo dentro del equipo que negociará y encabezará las políticas que tienen que ver con la organización y distribución de las cuotas de pesca, y no pasar a ser vagón de cola.
Por último, no ratificarla elimina la posibilidad, muy cierta para el país, de presidir el Subcomité de Ordenamiento Regional Este, que estará encargado de regular la pesquería de manera sostenible en nuestra zona, y, por ende, de orientar sus decisiones e influir en la Comisión.
Creemos que la pronta entrada en vigor de la Convención de la OROP salvaguarda íntegramente los intereses nacionales. Incluso más, en su artículo 20.4 consigna una cláusula de salvaguardia que ratifica el derecho del Estado ribereño, léase Chile, a considerar o no las pesquerías que se ejecutan dentro de su zona económica exclusiva.
Con el fin de asegurar la plena y efectiva aplicación de esta Convención, Chile está dispuesto a realizar una declaración al momento de depositar el instrumento de ratificación, para asegurar total y absolutamente que sus derechos no se van a ver comprometidos por un eventual incumplimiento de la Convención. El tenor de la declaración que pretendemos efectuar al momento de depositar el instrumento de ratificación, dice: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, Chile reafirma lo dispuesto en el artículo 20, párrafo cuatro, de esta Convención, en cuanto a que, para el establecimiento de medidas de conservación u ordenamiento aplicables a todo el ámbito del recurso pesquero, se requerirá el consentimiento expreso de la o las partes contratantes que sean Estados ribereños interesados”.
Finalmente, esta Convención está en etapa de ratificación por diversos Estados, entre ellos, Perú. En conversaciones sostenidas con representantes de dicho país, señalaron estar dispuestos a someter a ratificación esta Convención durante el segundo semestre del presente año. En similar condición se encuentran Colombia, China, Rusia y Corea. En el caso de este último país, su ratificación estaría lista durante este mes.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Recabo el asentimiento de la Sala para que los discursos de los señores diputados no se extiendan por más de cinco minutos, de manera de poder despachar el proyecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , la presentación del diputado informante , señor Teillier , fue muy clara.
Quiero resaltar que Chile debe dar el ejemplo y marcar rumbos en materia de conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros, por una razón muy sencilla: tiene que ser coherente en su accionar. Como dijo el ministro subrogante, aquí está en juego la respetabilidad internacional.
Desde 2006, Chile, Nueva Zelanda y Australia iniciaron las tratativas diplomáticas para crear esta Organización Regional de Ordenamiento Pesquero. Se trabajó en más de ocho reuniones para regular y proteger de verdad estos recursos. El acuerdo fue motivado principalmente por nuestro país, debido a la creciente presencia de naves de flotas extranjeras que operan en la zona de alta mar adyacente a Chile, lo que trajo como consecuencia la creciente escasez del jurel, cuya pesquería, hasta antes de ese momento, era la más importante de nuestro país.
Este tipo de convenciones, sigue siendo la única herramienta de derecho internacional para el manejo pesquero en aguas internacionales.
Actualmente, lo importante -no se expresó con la fuerza que se requiere en la presentación del ministro ni en la del diputado informante , señor Teillier - es que contamos con datos de estudios del Grupo Científico Unido del Jurel, que señalan que si no hubiera pesca, el estado actual del recurso llegaría, siendo optimista, al 19 por ciento de su biomasa. Eso es mejor a las cifras de 2010, pero aún se trata de una situación muy crítica.
¿Qué indican los registros de captura entregados por ese mismo grupo, objetivo y científico? Que las capturas totales para 2011 se estimaron en solo 522.400 toneladas, a diferencia de lo ocurrido en 2010, año en que se capturaron 753.000 toneladas, y en 2009, con una captura de 1.252.000 toneladas.
¿Qué significa esto? Que no actuar con una regulación que tienda a la conservación y al ordenamiento significa destruir el recurso, con lo cual pierden todos.
Por tanto, no avanzar en esta Convención es absolutamente irracional.
¿Qué busca este instrumento? ¿Cuál es su objetivo? Muy básico: garantizar la conservación en el largo plazo y el uso sostenido de los recursos pesqueros mediante la aplicación de un enfoque precautorio y de un enfoque ecosistémico en el ordenamiento pesquero.
¿Qué es lo importante de esto, desde el punto de vista de la sostenibilidad del recurso? Que por primera vez en una convención de las características de la que debatimos se unen los dos principios: el precautorio y el esosistémico.
En consecuencia, es un hecho histórico avanzar en este tipo de instrumento internacional.
Por otra parte, para que esta Convención entre vigencia debe ser ratificada por al menos ocho países. Si Chile la ratifica, permitirá que entre con fuerza a aplicarse y desarrollarse. Todavía ningún país del Pacífico Sudoeste lo ha hecho. Por tanto, tenemos una gran oportunidad de avanzar en esta línea.
No nos perdamos en esto. Solo una convención de este tipo es la real herramienta para que las políticas pesqueras dentro de la zona económica exclusiva y las capturas en alta mar tengan coherencia entre sí. De no avanzar en tal sentido, obviamente esto se volverá poco sistémico, poco coherente.
A nivel internacional, Chile debe liderar posiciones de conservación de los recursos pesqueros y avanzar hacia una recuperación real de los recursos y ecosistemas marinos. Eso será lo único que posibilitará la sostenibilidad de la actividad pesquera de extracción en la alta mar.
Por las razones expuestas, considero urgente que la Cámara de Diputados vote a favor el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención. Retrasar aún más su aprobación -ojalá se hubiera ratificado antes- será poner en riesgo los miles de empleos ligados a las pesquerías nacionales, la capacidad de recuperación de estas y los ecosistemas en general.
Por tanto, por criterios de responsabilidad, de respetabilidad internacional, de sostenibilidad, de prevención, de enfoque ecosistémico, de coherencia con lo que hemos dicho anteriormente como país y, sobre todo, de promoción de una actividad pesquera sostenible, llamo a votar favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención que nos ocupa.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , espero que mi querido ministro Longueira me escuche. Me he preparado especialmente para la ocasión, porque esta materia es muy relevante para su cartera y, obviamente, también para la Cancillería.
Dispongo de cinco minutos para intervenir. Es muy poco tiempo.
¿Por qué debemos votar favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio de esta Convención? Porque mediante este instrumento se busca lograr la sostenibilidad de una pesquería transzonal, como la del jurel, respecto de la cual a nivel local existen amplias medidas de regulación, mientras que en alta mar las flotas extranjeras pescan indiscriminadamente y sin sujeción a norma alguna.
Debemos votarlo a favor por la regulación de la pesca en alta mar, lo que se puede lograr solo a través de una organización regional de ordenamiento pesquero.
Tenemos que votarlo a favor porque la pesquería del jurel se encuentra en la actualidad en un estado crítico: no se deberían pescar más de 390 mil toneladas del recurso en total, en circunstancias de que en décadas anteriores fue posible capturar cuatro millones de toneladas.
Reitero, hoy la pesquería de jurel se halla en un estado crítico, debido a lo cual las capturas nacionales del recurso han observado una fuerte caída durante los últimos años.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar a los señores ministros presentes y a los colegas, que este es el momento de que Chile ratifique la Convención, porque significará la inmediata entrada en vigor de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Es importante no postergar más su creación para no continuar con la pesca indiscriminada y sin regulación alguna.
Por esa y muchas otras razones, debemos votar a favor el proyecto de acuerdo, que es bueno para Chile, de manera que cuente con una institucionalidad que le permita defenderse. Sin Organización no hay defensa internacional -valga la redundancia- del derecho internacional; sin Organización, es muy difícil defender y hacer respetar el derecho internacional en esta actividad.
Como dice el mensaje, la presencia de flotas extranjeras que opera en la alta mar adyacente a Chile ha experimentado un incremento tremendamente grande, sin que exista ninguna institucionalidad ni -por así decirlo- límite alguno. Ello ha generado un sistema de gobernabilidad en la alta mar, basado en la cooperación y el derecho internacional, a través de organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. Estos órganos son los llamados a administrar los recursos pesqueros en la alta mar.
Pero, ¿cuál es el objetivo de esta Convención? Garantizar la conservación en el largo plazo y el uso sostenido de los recursos pesqueros. Debemos tener claro que un tratado internacional como el que debatimos no ha estado exento de algunas situaciones que podríamos considerar se alejan de lo óptimo. Así, por ejemplo, la posibilidad de reserva de la zona económica exclusiva por los Estados en los recursos transzonales, impide la conservación efectiva del stock completo.
Otro ejemplo -también se mencionó en la discusión del acuerdo- dice relación con que la participación de los Estados no pesqueros en los comités subregionales, podría distorsionar gravemente las decisiones sobre cuotas y asignaciones.
En ese sentido, no cabe duda alguna de que debe ser el Estado de Chile, a través de su Gobierno y en especial de su Cancillería, el que genere un clima de cooperación entre los socios signatarios de la Convención, por ejemplo, en lo que dice relación con la clarificación de los reportes falsos sobre captura y trasgresiones al esfuerzo pesquero, definido como capacidad de pesca, que ha denunciado el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable (Cedepesca), y que son de público conocimiento.
El hecho de que Rusia en la última reunión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, realizada en enero de este año, aceptara la eliminación de su buque factoría Lafayette de los registros de buques autorizados de la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur, refuerza este concepto.
Señor Presidente , Perú no puede quedar aislado. Por lo tanto, ratificará la Convención dentro de seis o siete meses.
Para nosotros, se trata de una institucionalidad que nos pondrá a la vanguardia en materia pesquera. Treinta y siete países deben suscribir la Convención, pero, a la fecha, solo lo han hecho siete, entre los cuales figuran Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca , Belice y uno muy importante para algunos amigos de acá: Cuba.
Por lo tanto, si Chile aprueba el proyecto de acuerdo aprobatorio de esta Convención, estará resguardando el derecho internacional y un recurso natural muy importante para nuestra economía.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.-
Señor Presidente , como bien señala el mensaje, desde hace años en la alta mar adyacente a Chile, extranjeros y connacionales llevan a cabo una extracción de productos marinos que va en aumento, razón por la cual es necesario normar sobre cuotas de extracción con urgencia.
Así se ha entendido desde 1980, año en el cual se implementó un sistema normativo en relación con la extracción del jurel, a fin de permitir que dicho recurso sea sostenible en el tiempo.
Diversas han sido las oportunidades en que se ha normado sobre la administración de los recursos, como por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convemar , de 1982. Ello ha generado un sistema de gobernabilidad en alta mar, basado en la cooperación y en el derecho internacional, a través de Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero , conocidas como OROP.
En lo que respecta a la conservación de los recursos pesqueros transzonales del Pacífico, los gobiernos de Australia, Chile y Nueva Zelanda patrocinaron, en 2006, la negociación multilateral internacional para el establecimiento de una OROP.
El texto de la Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur fue adoptado el 14 de noviembre de 2009 en Auckland, Nueva Zelanda. El proceso de negociación se extendió por cuatro años y contó con la participación de 32 países, territorios y posesiones, lo que permite a nuestro país integrar la articulación de un mecanismo de cooperación entre Estados costeros y la Organización Mundial de Pesca.
A pesar del esfuerzo que ha realizado Chile con este Convenio para mantener las buenas relaciones internacionales, nuestros vecinos no lo han ratificado ni confirmado.
El 15 de febrero de 2012, la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú sostuvo que ese país debe ratificar lo antes posible el Acuerdo firmado por la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur. Asimismo, señaló que la industria pesquera peruana demostró estar comprometida con las medidas recogidas en el Acuerdo de la OROP, por lo que solo le restaría ratificarlo formalmente.
Pero han pasado tres años, ya vamos para el cuarto, y Perú no ha ratificado este Convenio. Las pesqueras industriales y artesanales del norte de Chile declaran que no es tiempo para aprobar este Convenio, hacerlo en un futuro cercano, y que los países que poseen industrias pesqueras deben ratificar y cumplir los convenios, a fin de preservar el recurso marino a largo plazo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , hoy estamos llamados a ratificar la ORP del Pacífico Sur, en la que, además de Chile, participan Australia, China , Colombia, Islas Cook, Cuba, Unión Europea, Islas Faroe , Francia, Corea , Nueva Zelanda, Perú , la Federación Rusa, Tonga, Estados Unidos y Vanuatu .
Pero deberíamos preguntarnos qué ganamos los chilenos con ratificar esta ORP, en la cual, desde su inicio, países como Perú , Rusia, Belice, China y en algún momento Corea, no han cumplido las medidas interinas de la ORP del Pacífico Sur en desmedro de Chile. Especialmente, el incumplimiento de dichas medidas por parte de Perú es inaceptable para nuestro país. Según el Ministerio de Pesquería de Perú, ese país subió sus capturas de jurel desde 9 mil toneladas reales, en 2010, a 240 mil toneladas, las cuales se descargaron durante 2011. Adicionalmente, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú , señor Richard Inurritegui , fue enfático al señalar, en la última reunión de la ORP, realizada en Santiago de Chile, que el Acuerdo de la ORP no contempla su zona económica exclusiva, sino que tiene como finalidad regular las capturas en alta mar. Asimismo, aclaró que la especie del jurel que se captura en Perú no corresponde al stock chileno, situación que, como nortina, comparto plenamente.
Entonces, por intermedio de la Mesa, pregunto al ministro Longueira ¿por qué Chile acoge las medidas interinas desde la milla cero, si ningún otro país lo hace? ¿Por qué somos el único país que, efectivamente, ha reducido sus capturas de jurel? ¿Por qué tenemos que entregar la administración de nuestros recursos naturales a organizaciones extranjeras que no responderán a ninguna chilena ni chileno por los efectos sociales y económicos en el país?
Como habitantes del norte pesquero, siempre hemos sostenido que nuestro stock de jurel, que compartimos con Perú, es diferente al del centro-sur de Chile y al de aguas internacionales. Por ello, hemos pedido reiteradamente en esta Sala que se realicen los estudios necesarios para comprobar la existencia de más de un stock de jurel, lo que es contrario a la hipótesis, que no está comprobada y que equivocadamente ha mantenido el Estado de Chile, de que existe solo un stock del mismo. Ello ha permitido que nuestros vecinos peruanos hayan aprovechado de capturar todo este recurso, que hemos dejado de pescar en la zona norte de nuestro país.
La Región de Tarapacá, el norte pesquero de Chile, es el único que ha sufrido por las regulaciones impuestas por la ORP. Perú nunca ha querido implementar medidas de administración pesquera en conjunto con Chile para conservar los recursos que comparte con la zona norte de nuestro país y nunca lo harán.
Cabe recordar a esta Sala que nuestro vecino Perú nos tiene demandados ante la Corte Internacional de La Haya, porque quiere quitarnos, unilateral y arbitrariamente, parte importante de nuestro mar territorial.
Hago estas prevenciones como parlamentaria independiente de la Región de Tarapacá y en defensa de nuestros recursos naturales. No hay que olvidar que, además del jurel, la ORP también regula la extracción de todas las especies pelágicas, incluidas varias que son el sustento de miles de pescadores artesanales a lo largo del territorio nacional. En consecuencia, la entrada en vigencia de esta ORP perjudicará enormemente a esos pescadores, pues limitará las capturas en forma arbitraria e impedirá que regulemos internamente nuestros recursos, como sí lo hace Perú.
Por lo expuesto y, por sobre todo, en defensa no solo de mi región, sino del norte de Chile, anticipo mi voto en contra de la ratificación de la ORP en los términos en que hoy está planteada. Asimismo, exijo al Ejecutivo que nos garantice, por la vía de una indicación -entiendo que solo se habla de reserva-, que no hablaremos más de la milla cero, sino de las 200 millas, respetando la zona económica exclusiva.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente , esta es una decisión bastante compleja. Por tanto, por intermedio de la Mesa, solicito a ambos ministros que se encuentran presentes en esta sesión que consideren la posibilidad de aplazar la ratificación de esta Convención. Sabemos que en 2006, Chile, Australia y Nueva Zelanda patrocinaron y trabajaron para crear la Organización Regional de Pesca, cuyo objetivo es establecer un régimen pesquero en alta mar que sea relevante para nuestro país, en una zona en que el jurel es capturado masivamente por barcos de banderas extranjeras fuera de la Zona Económica Exclusiva, en conjunto con embarcaciones de la flota industrial chilena, sobre la base de no respetar ni ajustarse a las medidas de conservación aplicadas por nuestro país.
Hace 15 años, Chile ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, Convemar , que regula la libertad de pesca en alta mar. El artículo 63 de dicha Convención dispone que los Estados deben cooperar para establecer medidas de conservación. Esa es una de las razones que han dado algunos colegas como argumento para que aprobemos esta Convención.
También se plantea que es mejor estar dentro que fuera de ella, y que los países que hagan el esfuerzo deben regirse por sus normas. Mi consulta es: ¿cómo se fiscalizará en alta mar que estas se cumplan, si sabemos que muchos países importantes y vecinos nuestros que han estado pescando en esa zona no las están cumpliendo?
A Chile le conviene ratificar la Convención solo si se condicionan algunos aspectos.
En primer lugar, debe ratificarla en forma simultánea con los principales países pesqueros como Perú, Ecuador , la Unión Europea y otros. No nos sirve que la ratifiquen países que no tienen la misma importancia pesquera que la nuestra, o que no la ratifiquen nuestros vecinos, como Perú y Ecuador .
Además, existe preocupación sobre la compatibilidad que debemos tener dentro de la Zona Económica Exclusiva y sobre el acuerdo a que se llegue respecto de la cuota de captura del jurel que le corresponderá a Chile.
Por lo tanto, si ratificamos la Convención sin considerar lo que acabo de plantear, sufriremos algunas consecuencias:
En primer lugar, que las cuotas de los recursos transnacionales serán fijadas por la ORP, lo que representa un riesgo para nuestro país, puesto que se transfiere a dicho organismo la capacidad de administrar dentro de nuestra propia Zona Económica Exclusiva.
En segundo lugar, se facilita a los países pesqueros de aguas distantes el acceso a nuestros puertos, lo que les da ventajas competitivas respecto del sector pesquero nacional.
Por lo tanto, Chile no debe apresurarse en ratificar esta Convención, sino hacer un seguimiento del proceso, analizar los distintos escenarios y, sobre todo, asegurarse de que los países del Pacífico Sur homologuen sus políticas de exclusión de su Zona Económica Exclusiva, a fin de que no se introduzcan asimetrías que afectarán la conservación del recurso y la participación de nuestro país.
Además, la Convención perjudicará al sector artesanal, que captura recursos como la albacora, el pez espada, la jibia y el jurel. No sería la primera vez que Chile no firma un acuerdo. Tenemos como precedente el Acuerdo de Nueva York sobre Especies Transnacionales, que nuestro país, pese a que lideró la discusión y las conversaciones, no ratificó.
Creo necesario considerar estos aspectos y no apresurarse en tomar una decisión que irá en desmedro del sector pesquero de nuestro país.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente , como aquí se ha planteado una duda respecto de la aprobación de esta Convención, la respuesta es bien simple.
Chile cumple todos sus compromisos internacionales; es un miembro activo y serio del estado de derecho internacional. En todos los ámbitos firma tratados prolijos y los cumple. Sin embargo, Perú no lo hace y pesca al norte de la Línea de la Concordia. Por su parte, Rusia y China tampoco los cumplen y pescan en el borde de nuestra Zona Económica Exclusiva.
En consecuencia, ¿qué sacamos con firmar estos acuerdos internacionales, si nosotros nos esforzaremos por cumplirlos, pero las otras partes no lo harán, lo cual nos afectará? Es una inquietud legítima.
Por eso, para ir al punto, valoro -es lo que me habilitará para votar a favor- lo que ha anunciado el ministro de Relaciones Exteriores subrogante , en cuanto a que, al momento de depositar el instrumento de ratificación, va a hacer una declaración que leyó y que dice: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, Chile reafirma lo dispuesto en el artículo 20, Párrafo Cuarto, de esta Convención, en cuanto a que para el establecimiento de medidas de conservación y ordenamiento aplicables a todo el ámbito del recurso pesquero, se requerirá el consentimiento expreso de la o las partes contratantes -es decir, Chile-, que sean Estados ribereños interesados.” Es decir, en nuestra zona económica exclusiva no se podrá hacer nada, sin el visto bueno de nuestro Gobierno, de nuestras autoridades y del Congreso Nacional. Esto me habilita para votar a favor.
Quiero pedir que dicha declaración quede en acta, porque es una declaración formal del Gobierno. Si al momento de votar esta Convención, la Sala lo hace favorablemente, lo hará con esa condición.
Ahora, en esa declaración yo solo cambiaría la forma verbal. El ministro nos ha dicho que el tenor de la misma “sería” la siguiente. Puedo manifestar que la acepto, siempre y cuando se manifieste que la declaración “va a ser” la que acabo de leer en forma textual. Pido que quede en acta y, con estas condiciones, anuncio que votaré que sí.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , ya hemos escuchado el informe del diputado Teillier , en el que se señaló la necesidad de ratificar la Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur. Asimismo, explicó la forma en que se concretó este acuerdo para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros en el Pacífico Sur, en las reuniones informales celebradas en 2005 y 2006, en las que participaron Australia, Nueva Zelanda y Chile.
El ministro de Relaciones Exteriores subrogante, don Fernando Schmidt Ariztía , se refirió a la importancia que reviste para las relaciones internacionales de nuestro país el cumplimiento de estas convenciones. Asimismo, el diputado Patricio Vallespín hizo presente la urgente necesidad de que esta Convención entre rápidamente en vigencia, habida consideración de la forma en que ha ido disminuyendo la captura del jurel, en forma progresiva, de 1 millón 200 mil toneladas a 700 y 500 mil toneladas. Es decir, si no se hace un ordenamiento del sistema pesquero, probablemente, este recurso se agotará.
Confiamos en que mientras no esté en vigencia la Convención, el Gobierno tomará las medidas necesarias respecto de aquellas situaciones que han producido inquietud en algunos parlamentarios y en organizaciones.
Creemos que la ratificación de la Convención obligará a todos los países ribereños de América del Sur y a las embarcaciones de otros países que vienen a pescar en nuestra zona económica exclusiva a cumplir sus normas, lo que permitirá conservar un recurso tan importante no solo para nuestro país, sino para todo el mundo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente , pido que recabe el asentimiento de la Sala para prorrogar el Orden del Día por 15 minutos, de manera que los diputados que no hemos intervenido -entiendo que somos pocos- y que somos miembros de la Comisión de Pesca podamos hacerlo.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para prorrogar por 15 minutos el Orden del Día, a fin de que intervengan, por 3 minutos, algunos diputados que no lo han hecho?
Acordado.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, solo quiero señalar que la Convención fue tratada en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Por tanto, quizás, fue un error radicar, en un primer momento, este proyecto de acuerdo solo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero, finalmente, pudimos conocerlo.
Considero necesario ratificar la Convención. Estamos plenamente conscientes de las dudas que existen, en términos de que muchos países han declarado una captura mayor del jurel en aguas internacionales, con el objeto de tener mayor preponderancia para los efectos de la toma de decisiones en los órganos que establece la Convención.
Sin embargo, Chile, como Estado, ha desarrollado una cultura tradicional e histórica de respeto a los tratados internacionales. Este es un tema de Estado. Precisamente, por ello, debemos llegar al diferendo de La Haya sin situaciones pendientes con Perú. Debemos predicar con el ejemplo en lo referente a los compromisos internacionales.
Cabe recordar que el trabajo en torno a esta Convención se inició durante el gobier-no del Presidente Ricardo Lagos, labor que fue continuada por la Cancillería en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet . Es decir, es una política de Estado que concluirá en este Gobierno.
En la Comisión de Pesca escuchamos a diversas organizaciones ambientales, una de las cuales fue Greenpeace. Por lo general, a Greenpeace y a las organizaciones ambientales internacionales se las cita e invoca para los efectos de oponerse a un proyecto o proceso productivo. Pero, en este caso, también me gustaría que escucháramos a las organizaciones ambientales que en este momento nos manifiestan que la ratificación de la Convención es muy importante e imprescindible para la conservación del jurel, en la perspectiva de que los hijos y nietos de nuestros pescadores artesanales también puedan capturar ese valioso recurso.
Por un sentido de responsabilidad, llamo a apoyar esta Convención.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente , hay cosas que no me gustan de este Convenio, entre ellas, la forma en que se presentó a la consideración del Congreso Nacional. Cabe recordar que, finalmente, fue la Comisión de Relaciones Exteriores la que lo analizó, con la presencia del ministro subrogante de Relaciones Exteriores .
Pero donde existió el verdadero debate, donde las organizaciones se pudieron pronunciar y donde participó el ministro de Economía , fue en la Comisión de Pesca.
Por tanto, la discusión de esta Convención debería haberse radicado en la Comisión de Pesca, no solo a petición de la misma, sino porque ello debió haber estado en la carta de navegación de este instrumento, tan importante por estos días, habida consideración del tratamiento de la ley larga de pesca.
Espero que si este convenio llega a ratificarse -lo votaré en contra, aunque entiendo que hay una mayoría que lo aprobará-, se haga presente la reserva que el ministro anunció en la reunión de la ORP que se realizó en Santiago. Habla de una tremenda responsabilidad el hecho de que un país señale que no podrá cumplir con una medida interina.
Si el Congreso Nacional aprueba la Convención, con la misma fuerza pido que se fije una instancia para que todo el sector pesquero, encabezado por el gobierno de turno, exija el cumplimiento de las medidas interinas que se señalan en dicho instrumento. Porque, ¿qué se planteó en el debate habido en la Comisión de Pesca? Todos los dardos apuntaron a Perú: que engañaba, falseaba la información y no entregaba a la organización los datos exactos de los recursos que extrae.
Todo ello molesta. Quienes manifestamos estar en contra de esa situación, sabemos la oportunidad. El ministro señaló que tal vez no exista otro momento más oportuno para ratificar la Convención, antes de llegar a noviembre de este año.
Si es ratificada, pido que, con la fuerza del Congreso Nacional, se exija el cumplimiento de las medidas que se establezcan en esa organización internacional. Existen muchos mecanismos para obligar a países como Perú a ratificar este Convenio, a que se sometan a las medidas interinas y a que no sigan entregando información falsa. Ese incumplimiento molesta a los sectores artesanales, laborales e industriales ligados al ámbito pesquero.
Espero que podamos seguir avanzando en esta materia y asumir la misma actitud que tuvo nuestro país en febrero de este año. Si ésa es la línea correcta, bienvenida sea la Convención de la ORP.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente , hace un par de días, junto a dirigentes de la Comisión Nacional de Pesca, que representa más o menos al 80 por ciento de los pescadores artesanales de Chile, los diputados Fidel Espinoza , Carolina Goic y Miodrag Marinovic nos reunimos con el ministro de Economía , Pablo Longueira , a fin de dialogar y solicitar el retiro de la “ley larga de Pesca”, o “ley Longueira”, como la denominan los pescadores, ya que perjudica abiertamente la pesca artesanal, la sustentabilidad y la conservación del recurso marino.
Con mucha franqueza y respeto, debo decir que nos encontramos con un ministro intransigente, intolerante, que esa noche se cerró al diálogo, seguramente, para proteger los intereses de la gran industria, en vez de favorecer a los verdaderos dueños del mar, que son los pescadores artesanales.
Me dirán que lo que estoy expresando no tiene nada que ver con el proyecto de acuerdo en discusión. Sin embargo, hago presente esta contradicción del Gobierno en materia de regulación pesquera. Por un lado, impulsa el proyecto de acuerdo en discusión para aprobar la Convención, que, sin duda, viene a regular de buena forma la pesca en aguas internacionales y la conservación del recurso marino, pero, por otra, en forma paralela, presenta una iniciativa, la “ley larga de Pesca”, que hace todo lo contrario: atenta contra la conservación de los recursos marítimos, privatiza el mar de todos los chilenos y condena a los pescadores artesanales al exterminio.
En otras palabras, el Gobierno promueve esta Convención sobre Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar, pero para el mar territorial chileno, impulsa la depredación del recurso y la muerte de la pesca artesanal. Promueve la conservación en el ámbito internacional -bienvenido- tal vez para quedar bien con las naciones amigas, pero en el ámbito nacional, permite la depredación para quedar bien con las pesqueras industriales.
Estoy de acuerdo con el proyecto. Pero quiero que esta regulación para preservar los recursos, el Gobierno y el señor ministro la apliquen dentro de las aguas territoriales chilenas.
En consecuencia, anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo. No obstante, solicito retirar la “ley larga de Pesca”, porque no interpreta a los pescadores artesanales chilenos.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, los acuerdos en beneficio de la sustentabilidad del recurso pesquero son muy importantes y necesarios, porque van en la línea correcta planteada por las organizaciones de pesca y todos los actores relacionadas con ella, como es el caso de los pescadores artesanales, los pescadores industriales y las distintas confederaciones de pescadores.
Regular la pesca, sobre todo para que se mantenga la biomasa de las distintas especies, es muy importante para el país. Pero debe hacerse en el momento oportuno y con los acuerdos apropiados, particularmente en la macrozona donde Chile tiene influencia.
Si este acuerdo es suscrito por Chile, Perú y Ecuador, se convertirá en un instrumento muy interesante e importante para el Pacífico Sur.
Pero si Perú y Ecuador no lo ratifican, y las políticas de esos países vecinos apuntan en la dirección absolutamente contraria a las que plantea Chile, lo cierto es que nos estaremos pegando un disparo en los pies, porque nuestros pescadores artesanales se verán sometidos a las decisiones de la ORP, en las cuales no tenemos derecho a veto, sino a opinión. De hecho, la ORP puede influir para que nuestro país disminuya las cuotas de captura.
En la Región de Atacama, que represento, el jurel se encuentra en cantidades más que razonables. Pero ¿qué hará el Estado de Chile y su Gobierno si se establece la disminución de la cuota de este recurso? Le dirá a los atacameños: “Señores, aunque tengan peces, no los pesquen ustedes. Déjenlos ahí, para que se los lleven los peruanos.”. No nos parece razonable.
Tampoco es razonable no contar con un acuerdo macro en la región, a fin de avanzar en conjunto con Perú y Ecuador en esta materia. Creo que debemos ser lo suficientemente claros: este es un buen proyecto, pero, ¿es ahora el momento de suscribirlo, cuando ni Perú ni Ecuador lo hacen? ¿Es este el momento de suscribirlo, cuando ni siquiera tenemos derecho a veto, por ejemplo, respecto de la pesca del jurel?
Me parece que estamos ante un problema mayor en cuanto al momento en que se sugiere suscribir el acuerdo, no respecto del tema de fondo. Nos exponen a tomar decisiones poco razonables. El proyecto es adecuado, pero el momento es inoportuno, pues se restringirá a nuestra gente en esta materia. Si votamos a favor, obligaremos a los pescadores de la Región de Atacama, por ejemplo, a no pescar y a tener menos cuotas, lo que provocará más cesantía en nuestros puertos.
¿Es lógico que nos presionen de esta forma? Por cierto que no.
Por lo tanto, el Gobierno debería recapacitar y revisar cuál debe ser el momento oportuno para suscribir esta Convención. Asimismo, debería someter a consideración del Congreso Nacional acuerdos con quienes sí nos interesa suscribirlos en este ámbito, esto es, con Perú y Ecuador , que, de uno u otro modo son nuestros socios, pero también nuestros competidores en materia pesquera.
Es básico que Chile tenga una posición de tipo latinoamericanista, y llegue a un acuerdo primario con Perú y con Ecuador antes de seguir avanzando en convenciones como la que hoy tratamos.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente , ¿qué puede motivar a la Cámara de Diputados a aprobar la Convención sobre la Conservación y el Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en el Océano Pacífico Sur, si hasta ahora, en los cinco años de trabajo, en los cuales Chile ha sido uno de sus impulsores, los resultados no han sido favorables ni auspiciosos, muchos de los países miembros son reticentes a adoptar las medidas interinas que se aprueban, y no solo no se ha logrado el congelamiento de las capturas en alta mar, sino que estas han seguido creciendo?
¿Qué puede motivarnos a aprobar una Convención que, hasta este minuto, no ha sido positiva para una de las pesquerías más importantes de Chile, como es la del jurel, recurso que en su ciclo de vida migra hasta las aguas de Australia y Nueva Zelanda?
Podría parecer una paradoja que estuviéramos aprobando algo que hasta ahora no ha funcionado bien.
Sin embargo, he llegado a la más completa convicción de que hay elementos que justifican aprobar esta Convención, porque formar parte de la organización implicaría una oportunidad para empezar a revertir los resultados negativos que se han obtenido.
Se trata de la organización regional pesquera de mayor tamaño de los océanos del mundo, que regula en la alta mar la conservación de los peces transnacionales y que pone a Chile a la vanguardia en esta materia junto con otros países.
Es justo mencionar a Australia y a Nueva Zelanda como los grandes impulsores de que exista una regulación en un área que hasta ahora ha estado desregulada, lo que ha permitido la depredación y la explotación sin ningún tipo de mesura ni control en cuanto al tamaño y volumen de la captura.
Cuánta razón tiene el ministro de Relaciones Exteriores subrogante cuando señala que no aprobar esta Convención es el mejor regalo para los depredadores.
¿Vamos a permitir a quienes no han tenido regulación para seguir actuando sin ella?
Tenemos una oportunidad gigantesca para empezar a presionar a la comunidad internacional y señalar con el dedo a los países que no cumplen, como se hizo en la Comisión Ballenera Internacional y en tantas otras instancias en el mundo entero, en las que se han debido despertar sensibilidades que antes no se consideraban.
El hecho de que Chile forme parte de esta organización, sin duda, sumará esfuerzos, junto con otras naciones, para que los grandes, los que creen que no son observados, los que creen que nunca serán regulados, los que se hacen los lesos y capturan más de lo que deben, empiecen a ser denunciados en la comunidad internacional. De esa forma, Chile podrá recuperar lo que hasta ahora ha perdido.
Por lo expuesto, recomiendo a la Sala que apruebe la Convención, a fin de que Chile, junto con otras naciones, pueda ser líder en la preservación de los recursos de alta mar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Finalmente, tiene la palabra el ministro de Economía, señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).-
Señor Presidente , quiero complementar la exposición del ministro de Relaciones Exteriores subrogante y responder algunas de las inquietudes que plantearon los señores diputados.
¿Cuál es la importancia de la Convención que se someterá a decisión de la Cámara de Diputados?
Lo que se votará hoy debemos considerarlo desde varios puntos de vista.
Primero, si en el concierto internacional y en los foros internacionales Chile seguirá siendo un país serio, capaz de defender, en este caso específico, la sustentabilidad de los recursos pesqueros, medida que iniciaron dos gobiernos anteriores al nuestro.
Hoy corresponde ratificar una Convención fruto del trabajo y de la imagen que Chile se ha ganado en los foros internacionales en materia pesquera, por ser un país profundamente comprometido con la sustentabilidad de los recursos pesqueros a nivel mundial.
Por lo tanto, el primer argumento para respaldar esta Convención es que este capital que Chile tiene en el concierto internacional se vería reforzado con la ratificación de este instrumento. Chile no solo ha sido una voz muy importante en los foros internacionales relacionados con la materia, sino que en particular en esta Convención. De manera que sería ininteligible que nuestro país no solo no ratificara, sino que, además, siguiera postergando la ratificación de un tratado del que fuimos parte desde su origen. Quiero destacar ese aspecto, porque Chile, junto con Australia y Nueva Zelanda, a partir de 2006, inició negociaciones multilaterales destinadas a adoptar esta organización regional del Pacífico Sur.
Segundo si como país somos o no partidarios de garantizar la sustentabilidad de los recursos pesqueros.
Todos hablan de la sustentabilidad de los recursos -creo que hay pocas frases más repetidas en el sector pesquero-, pero hay momentos en los que uno debe demostrar si tiene ese compromiso. En ese sentido, la ratificación por parte de Chile de la Convención demostrará su compromiso con la sustentabilidad. Tal como han señalado varios señores diputados, el objetivo de ese paso es que aquellos países que no han cumplido con las medidas interinas acordadas dejen de actuar de la forma en que lo están haciendo.
Nuestro país ha impulsado la creación de una organización regional de ordenamiento pesquero en el Océano Pacífico Sur con el propósito de terminar con las prácticas que, en forma sistemática, se llevan a cabo en alta mar en países vecinos. Esa situación nos ha llevado a regular una pesquería tan importante como la que opera en regiones transzonales, tanto en zonas económicas exclusivas como en alta mar. Ello hace necesario que existan organizaciones a nivel mundial y regional que hagan cumplir a todos los países los compromisos adoptados.
Por lo tanto, Chile no puede mostrar un nivel de incoherencia tal que, después de haber sido desde hace años uno de los países promotores del establecimiento de esta Convención como una nación comprometida en el concierto internacional con la conservación y el ordenamiento de los recursos pesqueros en alta mar, no sea uno de los Estados líderes en su ratificación.
Tercero, la oportunidad. Si hay algo que debemos señalar al respecto es que tal vez estamos atrasados, de manera que no se puede plantear como argumento que no es el momento de ratificar la Convención mediante la aprobación del proyecto de acuerdo en discusión. Al contrario, porque para su entrada en vigencia basta que haya sido ratificada por al menos ocho estados, de los cuales tres deben ser ribereños del Océano Pacífico Sur. Siete naciones ya lo han hecho, de modo que tenemos la oportunidad única de ser el octavo país en ratificarla. Un mes después se pondrá en vigencia, lo que como nación hemos buscado construir durante muchos años.
Por lo tanto, no se trata de que no exista una mejor oportunidad, sino de que esta es la oportunidad para hacerlo. Si en noviembre próximo la Convención no está ratificada por ocho países, basta que sea aprobada por diez naciones, aunque no estén vinculadas al Océano Pacífico Sur. Por tanto, nos puede ocurrir que después de haber liderado su establecimiento, Chile quede excluido. Por lo tanto, no existe mejor oportunidad que esta para proceder en el sentido señalado.
¿Por qué es la mejor oportunidad y por qué tenemos que hacerlo? Porque si hay un país que gana con la entrada en vigencia del tratado es Chile. Eso es lo que hemos buscado. De allí que me sorprende que se planteen los problemas que puede generar su ratificación en relación con el jurel. Al respecto, quiero recordar a la Sala que hace cuatro años Chile tenía una cuota de captura de 4 millones de toneladas de ese recurso, pero el año pasado no llegamos a las 300 mil toneladas. Por lo tanto, los países que se verán beneficiados con el establecimiento del ordenamiento internacional de los recursos pesqueros serán aquellos que quieren garantizar su sustentabilidad, sobre todo en relación con la captura que se lleva a cabo en áreas transzonales. En consecuencia, si hay un país que gana, no solamente desde el punto de vista del respeto internacional, sino también de nuestros recursos pesqueros, es Chile.
Por otra parte, debo señalar que en enero presenté ante la ORP la reserva respectiva en representación del Estado chileno, con lo cual respondo la consulta planteada por el diputado señor Cardemil. Precisamente, por ser un país serio, nos vimos en la obligación de señalar esa reserva, en cuya redacción y presentación asumimos el compromiso de que Chile iba a ratificar la Convención lo antes posible. Por lo tanto, no se trata de si eso se hará cuando presentemos la ratificación -si esa es la voluntad mayoritaria del Congreso Nacional-, puesto que la reserva ya fue presentada de manera oficial por el Gobierno de Chile, con el objeto de resguardar nuestros intereses pesqueros y, en especial, a los trabajadores de esa industria. Redactamos esa reserva porque nos pareció que, como país serio, debíamos hacerlo, debido al incumplimiento que habíamos observado en otras naciones.
Creo que Chile es el único que gana cuando ratificamos convenios y tratados de esta naturaleza, pues se reafirma su capital de ser un país serio en el concierto internacional. Por lo tanto, espero que en la Cámara de Diputados se logre una amplia mayoría para la aprobación del proyecto de acuerdo que aprueba la Convención que Chile ha liderado a nivel internacional, porque eso nos permitirá continuar haciéndolo y defender los recursos pesqueros de nuestro país. Pero lo lograremos en la medida en que tengamos arrinconadas, a nivel internacional, a aquellas naciones que no cumplen con los acuerdos.
Tengo la convicción de que Chile será el octavo país en ratificar la Convención. Con su entrada en vigencia, las naciones que no han cumplido con las medidas interinas establecidas serán objeto del aislamiento internacional, de manera que tarde o temprano deberán ratificarla.
Al ratificar la Convención en nuestro país sentirá el orgullo de ser parte de la construcción histórica de una organización que permitirá garantizar la sustentabilidad de los recursos pesqueros en el Pacífico Sur.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
En votación el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur, adoptada en Auckland el 14 de noviembre de 2009.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 82 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 12 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
AMENAZAS Y ATENTADOS EN CONTRA DE SENADOR HORVATH. (Preferencia).
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En virtud de lo acordado por los Comités, corresponde pronunciarnos sobre el proyecto de acuerdo N° 578, a cuya parte dispositiva va a dar lectura el señor Prosecretario .
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 578, del diputado señor Sauerbaum; de la diputada señorita Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Rivas, Ortiz, Monckeberg, don Cristián; Bertolino, Browne, Pérez, don Leopoldo; Santana y Martínez, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Transmitir formalmente palabras de solidaridad al honorable senador Antonio Horvath en relación al incendio reciente de su propiedad y frente a las distintas amenazas que han sufrido tanto él como su familia.
2. Condenar cualquier acto de violencia que se perpetre, con el fin que sea, especialmente, si busca conseguir la atención de la prensa o levantar algún tema de carácter social o ciudadano.
3. Solicitar la colaboración tanto al Ministerio Público como al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que, en el menor plazo posible, se puedan realizar las diligencias pertinentes para determinar a los autores de las amenazas y atentados sufridos por el honorable senador Horvath, así como hacer efectivas las responsabilidades legales a que den lugar, buscando evitar de esta manera que se incentive el modo de actuar de los involucrados en otros casos análogos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , si bien no afecta el fondo del proyecto de acuerdo, me parece que hay una letra de más en uno de los términos empleados en su texto. Nosotros no tenemos facultades para solicitar “diligencias” en un proceso judicial; sí las tenemos para pedir “diligencia” en un proceso judicial.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , vamos a corregir la redacción en Secretaría.
El señor SAFFIRIO.- Gracias, señor Presidente.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, no me parece que se utilice la tribuna de la Cámara de Diputados para analizar situaciones por graves que sean y que pudieran afectar a un parlamentario, en tanto los procesos no hayan sido resueltos por los tribunales y no se haya determinado realmente que los hechos denunciados son constitutivos de delitos que inciden en nuestra responsabilidad, nuestro trabajo y nuestra seguridad como parlamentarios.
En este caso en particular se han enrostrado responsabilidades políticas hacia una institución completa. El senador Horvath señaló que estimaba que los sospechosos de estar vinculados con este hecho estaban radicados en el gobierno regional.
En el gobierno regional hay decenas de funcionarios públicos de muchos años, que no tienen por qué ser inculpados por una situación, sin que los tribunales, ni quienes tengan las facultades para investigar, hayan establecido con claridad las responsabilidades correspondientes.
Por eso, este proyecto de acuerdo me parece más que nada un ejercicio de mala política que uno de buena intención. Creo que en estas condiciones no nos corresponde pronunciarnos sobre hechos que, obviamente, deben ser investigados. Si de ellos se desprende que existen responsabilidades políticas, es razonable que como Cámara nos pronunciemos sobre la seguridad que debemos tener en el ejercicio de nuestras funciones. Pero utilizar hechos respecto de los cuales finalmente podría determinarse que no tienen relación con lo ocurrido, y transformarlos o darles un uso absolutamente político, es cuestionable por parte del senador Antonio Horvath .
Por lo expuesto, llamo a votar en contra el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 8 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Kort
DECLARACIÓN DE PATRIMONIO INTANGIBLE DE CHILE PARA MURGAS Y COMPARSAS DE SAN ANTONIO.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 533.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 533 de la diputada señora María José Hoffmann, de los diputados señores Torres, Espinosa, don Marcos; Farías, de la diputada señora Ximena Vidal, de los diputados señores De Urresti, Kort, Bobadilla, Norambuena y Velásquez, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor ministro de Cultura que declare las murgas y comparsas de San Antonio patrimonio intangible de Chile.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para votarlo sin discusión?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
MECANISMOS PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO A PRODUCTORES DE CARNE Y LECHE DEL SUR DE CHILE.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 537.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 537, de los diputados señores Hernández, Von Mühlenbrock, Urrutia, Martínez, Sandoval, Sabag, De Urresti, Marinovic, Álvarez-Salamanca y Saffirio, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que instruya a los organismos pertinentes en el sentido de realizar los estudios necesarios para otorgar a los productores de carne y leche del sur de Chile los mecanismos necesarios para que estos puedan obtener créditos a largo plazo, donde sus propios animales estuvieren como prenda de garantía al cumplimiento de su obligación crediticia, con la finalidad de incentivar el desarrollo y productividad de este importante sector de la economía regional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para votar el proyecto de acuerdo sin discusión?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN PARA PROMOCIÓN DE PROCESOS DE NATURACIÓN URBANA.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 538.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 538, de los diputados señores Cristián Monckeberg, Sauerbaum, de la diputada señora Marcela Sabat; del diputado señor Browne, de la diputada señora Karla Rubilar, de los diputados señores Santana, García, Godoy, González y Campos, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en el N° 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, acuerda:
Oficiar a S.E. el Presidente de la Republica para que establezca la obligatoriedad de que los conjuntos habitacionales acogidos a la ley 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, como condominios tipo A y B, cumplan los parámetros de áreas verdes establecidos para los loteos, aun cuando dichos terrenos permanezcan bajo el dominio de la copropiedad. Esto a fin de promover el desarrollo de áreas verdes especialmente en lugares residenciales.
Establecer estándares mínimos respecto de las características de estas áreas -considerando factores como localización, asoleamiento, especies, disponibilidad de agua, seguridad, accesibilidad universal-, que aseguren la existencia de un porcentaje de vegetación y faciliten su adecuado uso y mantención, tanto para los espacios públicos como los desarrollados en áreas privadas.
Adquirir el compromiso para que en el mediano plazo se envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca medidas para la forestación de zonas urbanas, impulsando con ello una política en base a beneficios tributarios para personas jurídicas y naturales que construyan con sujeción a dichos criterios.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos. No hubo votos por la negativa. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Nuevamente no hay quórum.
Queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo para una próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
QUERELLA CRIMINAL POR ATENTADO INCENDIARIO A OFICINA PARLAMENTARIA EN RANCAGUA. Oficio.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente , quiero llamar la atención de esta honorable Sala por un problema bastante serio y delicado sucedido el fin de semana recién pasado.
Me preocupa la violencia que se está generando en nuestro país, especialmente los ataques a edificios institucionales y personas porque se identifican con una determinada forma de pensar, de vivir la política o de plantear un servicio público.
Es de público conocimiento que en la madrugada del domingo 8 de abril recién pasado, mi oficina parlamentaria, ubicada en O’Carrol 293, Rancagua , sufrió un artero ataque con una bomba explosiva por personas o grupos que piensan distinto a lo que identifica a esa oficina distrital.
Este tipo de hechos provoca un daño importante a la política y, muchas veces irreversible, a la forma de pensar de personas que, de manera pública y también anónima, han planteado visiones respecto de la política y, por tanto, del servicio público.
Por eso, en esta Sala, llamo la atención enérgicamente y condeno ese acto que, insisto, solo genera daño.
No estamos ante un hecho delictual más, ni aislado; por el contrario, buscaba amedrentar, atemorizar, sembrar terror y dudas en mi persona, como diputado , como también en el personal que allí labora, pero principalmente en muchos vecinos de Rancagua que acuden a esa oficina parlamentaria a buscar ayuda, para quienes las puertas siempre han estado abiertas.
En tal sentido, este tipo de actos, más que amedrentarnos, más que quitarnos nuestra energía, lo único que consigue es afianzar nuestra forma de trabajar y renovar nuestras energías en pos de los ideales que nos representan, como partido político y como servidores públicos. Estos actos no nos amilanan; por el contrario, nos hacen más grandes y nos fortalecen para luchar con paso firme por nuestro país.
Debo resaltar que este tipo de actos cobardes también muestran los aspectos positivos de muchas personas. Por eso, reconozco y agradezco la labor del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, principalmente de la Tercera, Cuarta y Quinta compañías, quienes llegaron al lugar y pudieron controlar el incendio; a instituciones públicas como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y a muchas personas anónimas que pública y privadamente condenaron el atentado y manifestaron su apoyo al parlamentario que habla.
El lunes 9 de abril, al día siguiente del atentado, en conjunto con el senador Alejandro García-Huidobro, interpusimos una querella criminal en contra de quienes resulten responsables ante el Ministerio Público de Rancagua.
Por eso, aprovecho esta oportunidad para pedir al Gobierno que, mediante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se haga parte de esta querella criminal que presentamos en contra de quienes resulten responsables, porque creemos que esta es una forma de ayudar a detener los hechos de violencia. Un atentado a una oficina parlamentaria es también un ataque a un Poder del Estado, en este caso el Legislativo, lo que considero de suma gravedad.
Por lo anteriormente expuesto, pido oficiar al ministro del Interior y Seguridad Pública, para solicitarle que se haga parte de la querella criminal que hemos presentado en conjunto con el senador Alejandro García-Huidobro.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de todos los diputados presentes en la Sala.
IMPLEMENTACIÓN DE ANUNCIO PRESIDENCIAL SOBRE ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE PRECARIEDAD HABITACIONAL. Oficios.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , pido oficiar a los ministros de Vivienda y Urbanismo y de Desarrollo Social, para solicitarles la implementación de un anuncio presidencial del 21 de Mayo de 2010, en el cual su excelencia el Presidente de la República se hizo cargo de la dramática situación de los adultos mayores que viven a lo largo del país en condiciones precarias de habitabilidad o, lisa y llanamente, de marginalidad habitacional.
Alrededor de 260 chilenas y chilenos adultos mayores viven en esas condiciones. Por eso, nos pareció muy atinada y oportuna la iniciativa anunciada en la cuenta pública de 2010, la implementación de un subsidio para que las familias que pudieran acoger a sus adultos mayores ampliaran sus viviendas. Esta iniciativa apunta al corazón del problema, ya que no hay mejor lugar para que el adulto mayor se desenvuelva que el seno de su familia, en el cual podrá tener una vejez digna, que es lo que todos queremos para nuestros adultos mayores.
Por tal motivo, y dada la relevancia de esta iniciativa, que aún no se ha puesto en funcionamiento, solicito su implementación en el menor lapso posible.
En todas las regiones del país, particularmente en mi región la de Aysén, hay numerosos casos de esta naturaleza y, por lo tanto, el subsidio sería un gran aporte para incluir a los adultos mayores a nuestra comunidad.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS DE EXTRANJEROS CON VISAS DE TURISTA. Oficios.
El señor SANDOVAL .- En segundo lugar, hace pocos días, cuando me encontraba en la ciudad de Cochrane, se acercó un grupo de personas, entre ellos un joven guía de turismo, don Jimmy Valdés , quien se refirió, por segunda vez, a un tema que está aconteciendo en nuestras regiones: la falta de fiscalización a extranjeros que ingresan al país con visas de turista y se dedican a prestar servicios de guía o, lisa y llanamente, a operar paquetes turísticos que se promocionan en el exterior.
Este problema lo enfrentamos hace algunos años con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos y las Cámaras de Turismo de nuestra región, ya que, obviamente, aquí se está produciendo una situación absolutamente irregular, ya que extranjeros que ingresan al país con visas de turista están desarrollando actividades lucrativas.
Además, hay materias de orden tributario y de diversa índole que se están vulnerando, por lo que se hace necesario fiscalizar y controlar de mejor manera.
Por tal motivo, pido oficiar al director del Servicio de Impuestos Internos , al director de la Policía de Investigaciones , a la subsecretaria de Turismo y al director de Sernatur , para solicitarles que coordinen una acción efectiva que apunte a resolver la situación descrita.
Podría entregar nóminas de las empresas que se promocionan en países europeos, desarrollados, y que, curiosamente, ejercen estas actividades en nuestro país sin ningún control ni verificación, lo que atenta contra quienes están desarrollando legalmente la actividad. Aquí no solo se están vulnerando derechos de carácter regional, tributario y otros, sino también lo que establece la propia ley de Extranjería.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS VINCULADAS A APLICACIÓN DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE. Oficio.
El señor SANDOVAL .- En tercer lugar, en mi región existe un subsidio de agua potable que muchas personas han perdido como consecuencia de los ajustes que se han generado en los puntajes sociales y de las variaciones que han ocurrido en los últimos dos años. Me alegro de que eso se haya congelado para efectos de su aplicación.
Por tal motivo, pido oficiar al ministro de Desarrollo Social , a fin de solicitarle que se acoten las normas vinculadas a la aplicación de este beneficio, ya que es ilógico que, a pesar de las necesidades existentes, numerosas familias lo hayan perdido y no puedan acceder a él, porque el puntaje social no se ha ajustado a esa realidad. Ese es un beneficio absolutamente fundamental en una región en que el costo del agua es muy alto. Por consiguiente, es necesario perfeccionar esta norma, a objeto de que los subsidios de agua potable asignados a la Región de Aysén no se pierdan por la situación descrita.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INGRESO DE MÁS ACTORES AL MERCADO DEL TRANSPORTE INTERURBANO EN PERÍODOS DE ALTA DEMANDA. Oficios.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , la semana pasada, el Centro de Estudios de la Realidad Local de Concepción realizó una interesante investigación en la capital de la Región del Biobío para determinar la magnitud de las alzas de precios que se provocaron en dos industrias sensibles en Semana Santa: la del transporte interurbano y la de pescados y mariscos.
El estudio entregó interesantes resultados. En primer término, prácticamente, no existió incremento de los precios de los pescados y mariscos en relación con la semana inmediatamente anterior al Viernes Santo. Esto ocurrió porque el alza de precios se concretó en los días previos a esta semana, aunque, en todo caso, registró niveles razonables para un período de alta demanda, como lo fue ese fin de semana largo.
Ahora bien, según los investigadores, probablemente esto se explica por el efecto de un cambio cultural que se está produciendo, que hace que mucha gente consuma productos que reemplazan a los pescados y mariscos, lo que, finalmente, impide un alza descontrolada en estos productos.
En cambio, el citado estudio detectó que, en la industria del transporte interurbano, las alzas de precios alcanzaron, incluso, el 106 por ciento; es decir, más que duplicaron el valor de los pasajes.
Sin duda, esta situación plantea profundas dudas sobre el grado de competencia existente en esta industria y si efectivamente los consumidores se encuentran de verdad protegidos frente a hechos como este.
Lamentablemente, el incremento desmedido del precio de los pasajes de los buses interurbanos es casi una tradición en nuestro país durante los fines de semana largos. A diferencia de lo que ha ocurrido con pescados y mariscos, en que las alzas han sido amortiguadas por cambios en los hábitos de consumo de las personas, en la industria del transporte interurbano eso no es posible, porque no existe un servicio alternativo, igualmente accesible en términos de precios, y pareciera no haber suficiente competencia.
Por lo anterior, pido oficiar a los ministros de Economía , Fomento y Turismo, y de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de solicitarles que dispongan la realización de un estudio de factibilidad técnica y económica para permitir el ingreso de otros actores al mercado del transporte interurbano en fechas de alta demanda, como los fines de semana largo, siempre y cuando se cumplan con todas las normas técnicas y de seguridad requeridas para ese objetivo.
Nos parece que una forma razonable de proteger a los consumidores en este caso es mediante la generación y aseguramiento de una mayor competencia, debidamente regulada y fiscalizada por los organismos competentes, particularmente en las fechas especiales, como los fines de semana largo, que serán tan frecuentes durante el presente año.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE AGOTAMIENTO DEL CAUDAL DE RÍO CLARO, REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.
El señor MORALES.- Señor Presidente , total incertidumbre ha generado en la comunidad del sector precordillerano Parque Inglés, de la comuna de Molina, en donde se ubica el turístico Parque Nacional Radal Siete Tazas, el hecho de que el caudal del río Claro esté totalmente agotado. Parece que este fenómeno se origina por causas naturales, pero la realidad indica otras razones.
El panorama que se aprecia en estos días en el río Claro, a la altura del Parque Inglés, con cero flujo de agua, ha traído un daño tremendo al ecosistema del sector. Lo lamentable es que hay antecedentes de que esta situación se estaría provocando por una intervención de particulares en el cauce del río a unos 15 kilómetros hacia la cordillera.
Por tal razón, pido que se oficie al intendente de la Región del Maule , al director Nacional de la Conaf , a la ministra de Medio Ambiente y al director nacional de la Dirección General de Aguas, para solicitarles que informen a la Cámara acerca de las causas de la total ausencia de agua en el Río Claro, con el consabido daño a un Parque Nacional y a un lugar muy querido de la Región del Maule, como es el sector de Parque Inglés-Siete Tazas.
La alcaldesa de Molina , señora Mirtha Segura , ha levantado su voz de manera enérgica para denunciar el tremendo daño que se está haciendo, ya que se está destruyendo el turismo de la comuna y se están matando las bellezas del Parque Nacional más importante de la Región del Maule y del país, puesto que la presencia de turistas nacionales y extranjeros es permanente, con el consiguiente perjuicio económico para la comuna.
Particularmente, me interesa que me aclaren si el río Claro está siendo intervenido por particulares. En caso de ser afirmativa la respuesta, quiero saber si cuentan con autorización para realizar esas intervenciones. En definitiva, quiero saber las causas de este fenómeno que, a todas luces, no es natural, sino que tendría su origen en acciones de terceros.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada Marisol Turres y de los diputados Letelier , Van Rysselberghe y Romilio Gutiérrez .
REITERACIÓN DE OFICIO. Oficio.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , ayer, en la Comisión de Salud, votamos un proyecto que busca que medicamentos que se expenden sin receta médica se vendan en lugares distintos a las farmacias, lo que se conoce como venta de medicamentos en góndolas. Pero la verdad es que es bastante más que esto, sobre todo para quienes representamos comunas y localidades pequeñas, toda vez que permitirá a las muchas familias que viven en esas comunas y localidades acceder a algunos medicamentos básicos, que usualmente son utilizados para bajar la fiebre o para calmar un dolor de guatita de los niños, etcétera; es decir, se trata de malestares menores.
Mucho se habla de la falta de competencia, de que las farmacias se concentran en solo tres grandes cadenas, que controlan el 93 por ciento del mercado; de colusión, etcétera.
A raíz de esta situación, el año pasado, con fecha 9 de agosto, intervine y pedí que se oficiara (oficio N° 2249) a la Fiscalía Nacional Económica para que se pronunciara sobre un tema muy relacionado con esto: la actuación de los laboratorios farmacéuticos. Entiendo -está dentro de las reglas del mercado- que cada productor estudie sus costos, maneje sus márgenes de ganancia y fije sus precios. Sin embargo, lo que no resiste análisis es que un mismo producto sea vendido por los laboratorios farmacéuticos a distintos distribuidores, con diferencias de más de 30 por ciento, dependiendo de si son cadenas farmacéuticas, hospitales privados o públicos. Han pasado ocho meses desde esa intervención y esa petición de oficio y aún no recibo respuesta.
Por lo tanto, pido que se reitere el oficio al fiscal nacional Económico a objeto de recibir el pronunciamiento que le requerí. En algo tan importante como el acceso a los medicamentos, no podemos darnos el lujo de dejar que los laboratorios, o quien sea que los produzca o distribuya, afecten los precios y perjudiquen a los consumidores.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR MALOS OLORES EN LOCALIDAD DE PARGUA, COMUNA DE CALBUCO. Oficios.
La señora TURRES (doña Marisol).- En segundo lugar, vecinos del sector de Pargua, de la comuna de Calbuco, me han expresado su preocupación por la contaminación ambiental, causada por malos olores, que afecta a la localidad, los que, según las condiciones del viento, se extienden hasta otros sectores cercanos, como el Camino Astillero, Chayahué y Colaco .
Aparentemente, los malos olores provienen de plantas productoras de harina de pescado y alimentos para salmones, que se emplazan en el borde costero del canal. En Pargua existe una población consolidada, que tiene un colegio con enseñanza básica completa y algunos cursos de enseñanza media. La comunidad agradece las fuentes de empleo que generan esas empresas, pero estimo que estas industrias deben desarrollar sus actividades económicas respetando a las personas y al medio ambiente. Pero la verdad es que esos malos olores hacen casi imposible respirar cada día en esa localidad.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra del Medio Ambiente y a la autoridad sanitaria de la Región de Los Lagos, para solicitarles que se constituyan en terreno y fiscalicen si las empresas instaladas en Pargua cumplen con las exigencias establecidas en las resoluciones de calificación ambiental y con las normas que protegen el medio ambiente y la salud de las personas.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
FISCALIZACIÓN DE FERIA LIBRE CLANDESTINA DE MAIPÚ Y DE COMERCIALIZACIÓN DE EQUINOS. Oficio.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , en días pasados, en esta misma Sala denuncié los abigeatos que estaban afectando a importantes agricultores y haras de Melipilla.
Con la diputada señora Mónica Zalaquett hemos seguido la investigación y hemos recibido la denuncia de que los días lunes, en calle Isabel Riquelme con Avenida Las Torres, en la comuna de Maipú, funcionaría una feria clandestina donde se estaría comercializando carne de equino, que podría corresponder a los sustraídos en Melipilla.
Por eso, pido que en nombre de la diputada Mónica Zalaquett y de quien habla se oficie a la seremi de Salud de la Región Metropolitana para solicitarle que disponga la fiscalización de esa feria, que sería clandestina, y se verifique la eventual comercialización de productos equinos provenientes de abigeato en la comuna de Melipilla.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.37 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa de la Redacción de Sesiones subrogante.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.17 horas.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
RECONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO RAHUE, CANCURA, PROVINCIA DE OSORNO. Oficio.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , no hubiese querido referirme a este tema por su sencillez y porque, además, es una materia de carácter local, que afecta a una parte de mi provincia. Pero lo haré porque el problema podría tener consecuencias lamentables o causar daños, perjuicios e, incluso, la pérdida de vida de mucha gente.
Se trata de la pasarela peatonal que cruza el río Rahue en Cancura, por donde transitan muchas personas, sobre todo escolares y trabajadores de los fundos vecinos, que fue construida hace veinticinco o treinta años. En su momento, fue una obra modelo, pero el paso del tiempo la ha desgastado y actualmente se encuentra en un estado ruinoso.
Hace más o menos dos meses comenzaron las denuncias por el estado en que se encuentra esa estructura. La pasarela evita a los peatones el peligro de pasar por la carretera que queda a unos metros del lugar. No obstante, las denuncias han caído en el vacío. La municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas han hecho promesas, pero hasta el momento no hay noticias de que el problema se esté resolviendo.
Tenemos temores de que comiencen las lluvias, que los ríos aumenten su caudal y que la pasarela tenga un fin lamentable.
Por ello, pido oficiar al ministro de Obras Públicas , con el objeto de solicitarle que la Dirección de Vialidad proceda a la reconstrucción o, al menos, la reparación de la pasarela, en el menor tiempo posible, debido al precario estado en que se encuentra, que calificaría de muy riesgoso, y a que es muy necesaria para todos los vecinos que la utilizan.
La postergación de la solución al problema descrito es una falta de consideración hacia las familias de Cancura, un sector de alta concentración poblacional, de manera que no es un detalle menor el hecho de que la pasarela esté en malas condiciones.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TRANQUE DE RELAVE CERCANO A SECTOR DOS PINOS, EN COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en primer lugar, pido oficiar al ministro de Minería , a fin de solicitarle que me informe respecto de una inquietud que me han transmitido vecinos de la comuna de Vicuña por la construcción de un tranque de relave, ubicado entre Pelicana y Marquesa , en el límite entre las comunas de La Serena y Vicuña, en el Valle de Elqui.
Ellos me han expresado que el tranque se encuentra ubicado cerca de la localidad llamada Dos Pinos, donde viven cerca de 120 personas. Su preocupación se debe a que se trata de zonas de quebradas y, cuando se originan lluvias de cierta envergadura -de momento no las hemos tenido, pero podrían desencadenarse; de hecho, hemos sufrido experiencias de ese tipo en Marquesa-, se pueden producir derrumbes de tranques de relave que caerían directamente sobre la población.
Por lo tanto, nos parece importante conocer cuáles son las condiciones de seguridad y si ha habido fiscalización en la construcción de ese tranque, con la finalidad de dar tranquilidad a estas 120 personas que viven en esa localidad llamada Dos Pinos.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA EN COMUNAS DE LA SERENA Y COQUIMBO. Oficio.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en segundo término, pido oficiar al director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), a fin de que me informe sobre una situación que me han manifestado varios vecinos de las comunas de La Serena y de Coquimbo en relación al funcionamiento de los estacionamientos públicos. Cuando los conductores se tienen que retirar y no aparece el encargado del cobro correspondiente, la gente simplemente se va; pero cuando vuelven y ocupan otro estacionamiento, les cobran la tarifa adeudada.
Los vecinos que me han hecho esta presentación no saben si eso es correcto y si es el procedimiento que corresponde. Se presentó una consulta al Sernac local, que señaló que ello no sería legal. El problema es que los vecinos casi nunca se acuerdan del cobro que correspondía anteriormente y, como no tienen el ticket, no saben cómo verificar el monto real de la deuda. Entonces, es posible que sean víctimas -dicen algunos- de eventuales estafas.
Por lo tanto, pido que el director del Sernac informe cuál es el mecanismo al que puede recurrir un ciudadano para saber si efectivamente tiene una deuda y de qué monto en relación con estacionamientos en la vía pública.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ESTADO DE DEPENDENCIAS DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERA EN COMUNA DE VICUÑA. Oficio.
El señor DÍAZ.- En tercer lugar, pido oficiar al ministro de Agricultura , a fin de que me informe sobre el estado en que se encuentran las dependencias de la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en la comuna de Vicuña, camino a Peralillo sin número.
Por lo que me han señalado algunos usuarios, tengo la impresión de que se trata de una oficina que se encuentra en muy precarias condiciones. Todavía están pendientes resoluciones y autorizaciones; además, no tiene baño ni agua potable. Los cinco funcionarios trabajan realmente hacinados, en una oficina de tres por cinco metros cuadrados, y los usuarios son atendidos en ese mismo espacio, por lo tanto, deben esperar su turno a la intemperie, afuera de la oficina. Entiendo que el SAG dispone de recursos para contratar oficinas; sin embargo, estos no han sido utilizados.
¿Qué ocurre con esa oficina? ¿Por qué esas personas trabajan en tales condiciones en una oficina del SAG que está viendo un tema tan importante como el de la polilla de la uva?
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PREOCUPACIÓN DE HINCHADA DE DEPORTES LA SERENA POR EFECTOS DE APLICACIÓN DE PLAN ESTADIO SEGURO. Oficio.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , finalmente, pido oficiar al subsecretario de Deportes y al ministro del Interior y Seguridad Pública por la siguiente materia.
Me ha llegado una carta -creo que también les llegó a todos los parlamentarios de la región- de la barra del Club Deportes La Serena, en que me manifiestan su descontento por el rumbo que han tomado las medidas del plan Estadio Seguro, particularmente en lo relativo a la prohibición de implementos como banderas, bombos, lienzos y papel picado. Ellos consideran que se comete un acto de discriminación en contra de muchas hinchadas, en particular del Club Deportes La Serena, pues la aplicación de esas condiciones se lleva a cabo de manera diferente según los estadios del país y, derechamente, no se aplica en contra de algunas barras.
Además, se persigue cortar los nexos entre las barras y la dirigencia -hemos visto el reconocimiento del subsecretario de Deportes y sus vínculos con “Pancho Malo” o con la Garra Blanca en los tiempos en que fue presidente de Colo-Colo-, pero también se limita la expresión más lúdica de apoyo de las barras a sus equipos. Como ellos bien señalan, implementos como banderas, bombos o lienzos no son los causantes de la violencia, sino que proviene de las personas.
Por lo tanto, limitar el ingreso de tales instrumentos a los estadios va en contra de los derechos de quienes no buscan hacer daño a nadie, sino alentar a su equipo. Nos parece importante que sobre esto se tenga una política bien precisa y certera. No se puede castigar a todos por culpa de algunos pocos; se trata de erradicar la violencia en los estadios, pero no impedir que esta dimensión más lúdica se manifieste.
Finalmente, pido que se envíe copia de este oficio al Club Deportes La Serena, en particular a la coordinación de los papayeros, barra de ese club.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Fidel Espinoza .
FELICITACIONES A VECINOS DE SECTOR LA GOLETA, DE PUERTO MONTT, POR DEFENSA DE LAGUNA AMENAZADA POR EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. Oficio.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido oficiar a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y a la Junta de Vecinos del sector La Goleta, de Puerto Montt, para expresarles mis felicitaciones por la unidad que han mostrado en su lucha para defender un patrimonio natural, una laguna, que estaba seriamente amenazada por una empresa que extraía áridos para la construcción de la doble vía a Pargua.
Por instrucciones de la justicia, se ha determinado la paralización de las obras. Si bien no se ha adoptado una decisión definitiva, es un paso que demuestra efectivamente que cuando los ciudadanos se organizan pueden proteger y defender sus derechos de manera absolutamente ejemplarizadora, como lo hicieron los vecinos del sector de La Goleta, su junta de vecinos, sus talleres laborales y culturales del sector.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RETÉN MÓVIL PARA SECTORES RURALES DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- En segundo lugar, en representación de más de mil familias de localidades rurales de Puerto Montt que se han acercado a mi oficina parlamentaria, de los sectores de Correntoso, Lauca , Río Chico, Polincay, Río Blanco y Lago Chapo , pido oficiar al general director de Carabineros por lo siguiente.
En concreto, se ha materializado la construcción de un nuevo retén en el sector de Piedra Azul. Por lo tanto, la gente de Correntoso tiene mucha preocupación porque esto puede significar el desamparo y la desprotección a las demandas de más de 8 mil personas que habitan en los sectores que he mencionado, quienes se preguntan qué va a pasar si no hay carabineros en esos sectores, donde hay mucho abigeato, pesca ilegal del salmón en los ríos. En definitiva, están tremendamente preocupados de que el traslado del retén de Correntoso signifique una desprotección en cuanto a la seguridad.
El objetivo del oficio, con copia a las juntas de vecinos de las localidades antes mencionadas, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Montt y al concejo, es solicitar al señor general director de Carabineros que se estudie, primero, la mantención y reparación del retén en Correntoso o, segundo -como se les prometió-, la instalación de un retén móvil en el sector, pero con un convenio de formalización de este ofrecimiento que ha hecho Carabineros, a través de su jefe de zona, general Nabih Soza , en el sentido de que ese retén móvil tenga una permanencia estable en el sector, para atender las necesidades de todas las localidades que he mencionado, como Lauca, Río Chico, Polincay, Correntoso , Río Blanco y Lago Chapo.
Ellos tienen razón cuando plantean que, si no se produce una formalización por parte de Carabineros, nadie garantiza que la materialización de esta iniciativa vaya a significar periodicidad en el cuidado y seguridad de la población de esos sectores en el futuro.
Ojalá que Carabineros dote a la X Zona de Carabineros de un nuevo cuartel móvil, porque sabemos que los que existen actualmente no reúnen las condiciones necesarias.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INVESTIGACIÓN DE TRATO VEJATORIO DE ABOGADO A DEUDORA DE COOPEUCH DE PUERTO VARAS. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Por último, pido oficiar al ministro de Economía , Fomento y Turismo y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , con el propósito de denunciar la situación que afecta a una ciudadana de la comuna de Puerto Varas, señora Roxana Zúñiga , funcionaria pública, quien contrajo una deuda con Coopeuch. Los problemas no tienen relación con la deuda propiamente tal, pues ella sabe que la tiene y que debe repactar, sino con el trato que recibió de un funcionario de una entidad externa contratada por Coopeuch.
Cuando la señora Roxana Zúñiga fue a materializar una repactación a dicha cooperativa fue brutalmente agredida de manera verbal por un abogado de la empresa externa contratada por Coopeuch, el señor José Riquelme López , situación que no se condice con el trato con que se debe dispensar a cualquier ciudadano que concurre a una entidad crediticia pública o privada a realizar algún trámite.
La señora Roxana Zúñiga se encuentra con serios problemas psicológicos producto del grave maltrato que sufrió, por la forma en que se le menoscabó durante la tramitación de su repactación, lo que la afectó como mujer y en su dignidad personal.
Por lo tanto, espero que tanto el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que rigen el actuar de estos organismos, a lo menos soliciten una investigación de los hechos aludidos. Entiendo que no es primera vez que ese abogado actúa de esa manera en contra de personas que, lamentablemente, han quedado debiendo algunos pesos a Coopeuch porque no han podido solucionar sus problemas de deudas.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención a Coopeuch, a objeto de que dicha institución entienda que, cuando se subcontratan servicios, esas empresas también deben entregar un trato digno a los clientes.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CABLEADO AÉREO Y RETIRO DE CABLES EN DESUSO EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, solicito oficiar al superintendente de Electricidad y Combustibles y al subsecretario de Telecomunicaciones , por la situación que daré a conocer.
Actualmente existe un grave problema de contaminación visual en muchas ciudades, provocado por la excesiva cantidad de cables aéreos.
Al respecto, con el diputado Roberto Delmastro y otros parlamentarios, presentamos una iniciativa en la Cámara de Diputados -hoy se encuentra en trámite-, en orden a conseguir el soterramiento del tendido eléctrico y el cableado de servicios de telecomunicaciones.
Mientras este proyecto sigue en tramitación, me interesa que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Subtel me informen si hay estudios sobre los cables aéreos que están en desuso. ¿Existe un catastro en tal sentido? Asimismo, quiero saber qué medidas se están adoptando para solicitar a las empresas concesionarias de los postes el retiro de los materiales que no se utilizan, pero que contribuyen a la contaminación visual, con lo cual se impacta negativamente el paisaje.
Como señalé, presentamos un proyecto sobre la materia. Tengo entendido que en el Senado también se presentó una iniciativa, cuya tramitación está bastante avanzada. Es fundamental tener la información que he requerido, tanto de la Subtel como de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Quiero que ambas entidades me informen claramente lo que he consultado respecto de la situación del cableado aéreo, en particular en la Región de Los Ríos, y la factibilidad de ordenar su retiro. ¿Con qué normas cuentan, cuáles son las capacidades y qué han hecho para solucionar el problema señalado?
Por último, solicito que se envíe copia de esta intervención a don Erwin Arancibia , vocero de la organización Valdivia sin Cables.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES TÉCNICOS Y MEDIOAMBIENTALES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR, COMUNA DE VALDIVIA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- En segundo término, solicito que se oficie al Gobierno Regional de Los Ríos, a la ministra del Medio Ambiente , al ministro de Vivienda y Urbanismo y al alcalde de Valdivia , por la situación que relataré a continuación.
El lunes 9 de abril recién pasado, se dio inicio a un proyecto largamente anhelado por los ciudadanos de Valdivia: la construcción de la avenida Circunvalación Sur, que unirá las poblaciones Yáñez Zavala y San Luis .
Sin embargo, esta importante obra de desarrollo no ha considerado adecuadamente la red de desagües para comunicar el humedal que atraviesa. Además, la organización Parque Urbano y Deportivo Catrico ha estado luchando durante bastante tiempo para construir un parque urbano sobre dichos terrenos.
Una obra de adelanto como la construcción de una avenida no tiene por qué afectar el flujo de las aguas, el corredor biológico de las distintas aves acuáticas que allí existen.
La situación descrita ha sido observada por la comunidad. El propio intendente solicitó al alcalde tener una especial preocupación por esta situación, ya que la municipalidad es la unidad ejecutora de la obra.
Por lo expuesto, solicito que los ministerios antes señalados me informen cuál es el diámetro de las alcantarillas, cuáles son las consideraciones para el flujo de agua y cuáles son las adecuaciones que se han establecido para la futura construcción del Parque Urbano Catrico.
Además, quiero saber si respecto de la obra en comento se presentó alguna Declaración de Impacto Ambiental, de manera que esa construcción no signifique un retroceso en materia ambiental.
Finalmente, pido que copia de mi intervención se envíe al señor Francisco Vásquez , presidente de la agrupación ciudadana Parque Urbano y Deportivo Catrico ; al señor Carlos Corvalán , presidente de la junta de vecinos Villa Cau-Cau; a la señora Roxana Pineda , presidenta de la junta de vecinos de Villa San Pedro ; al señor Eleuterio Monsalve , presidente de la junta de vecinos La Dehesa , y a la señora Yolanda Cárdenas , de la villa Los Alcaldes, quienes han estado muy preocupados de esta situación.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE EMPRESA KODAMA Y DEUDAS A PROVEEDORES LOCALES DE COMUNA DE PAILLACO. Oficios.
El señor DE URRESTI.- En tercer lugar, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para solicitarle que me informe sobre la denuncia efectuada por comerciantes de la ciudad de Paillaco, Región de Los Ríos, contra Kodama.
Dicha empresa de adjudicó la conservación de los caminos de la comuna, para lo cual contrató diversos servicios que hasta la fecha no han sido pagados. Los trabajos terminaron y existen diversas deudas, situación que tiene realmente consternados a decenas de comerciantes de Paillaco.
Además, quiero que se me informe en qué otros lugares la empresa Kodama mantiene contratos con el Ministerio.
Respecto de esta empresa, tenemos un triste recuerdo que dice relación con el corredor del Transantiago que se estaba construyendo en la Región Metropolitana. Se trata de una situación muy lamentable que también está en los tribunales.
Asimismo, me interesa tener los antecedentes respecto de los proyectos realizados en Paillaco, los montos por los cuáles fueron adjudicados y que se indique en qué estado se encuentran los caminos Betonera-Reumén y Santa Filomena.
Por último, solicito enviar copia de mi intervención a la alcaldesa de Paillaco , señora Ramona Reyes .
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS SOLICITADAS POR CÁMARA DE DIPUTADOS PARA SOLUCIONAR CONTAMINACIÓN EN DIVERSAS CIUDADES DEL PAÍS. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , por último, solicito oficiar a los ministros de Salud, del Medio Ambiente , de Vivienda y Urbanismo, y de Hacienda para que informen sobre las medidas que han adoptado a raíz de lo planteado en una sesión especial que celebramos el año pasado.
El 6 de septiembre del 2011, la Cámara efectuó una sesión especial en que, además, se aprobaron, casi en forma unánime, varios proyectos de acuerdo que solicitaban a los señalados ministerios la adopción de una serie de medidas, como el establecimiento de un programa nacional de fomento a la leña certificada, el desarrollo de una política nacional de instalación de ecofiltros en las estufas de combustión lenta, un sistema de medición de la contaminación intradomiciliaria, mayor presupuesto para el programa de recambio de calefactores y para la creación de centros de acopio y secado de leña, la ampliación de la cobertura para subsidios de aislación térmica para viviendas, especialmente en ciudades afectadas por la contaminación, como Valdivia, Osorno , Puerto Varas y Rancagua .
En síntesis, quiero que se me informe sobre cada una de esas medidas solicitadas por la Cámara de Diputados a través de los proyectos de acuerdo Nos 437, 438 y 467, de 2011.
Por último, solicito se envíe copia de mi intervención a doña María Eugenia Soto , presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia; a los Consejos de Certificación de la Leña del Maule, del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos -cuya presidenta es la señora Pamela Moreno -, y a don Rubén Parada , presidente de la Asociación de Consumidores de Valdivia (Acoval).
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN A FAMILIAS DE POBLACIÓN JUAN PABLO II, COMUNA DE ARAUCO, DAMNIFICADAS POR TERREMOTO. Oficio.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , en primer lugar, pido oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo a fin de que me informe sobre la solución que entregará su cartera a ocho familias de la población Juan Pablo II , de la comuna de Arauco, que resultaron damnificadas porque perdieron sus viviendas a causa del terremoto del 27 de febrero de 2010.
Hace más de un año que esas familias están postulando a la reconstrucción de sus viviendas a través del Subsidio en Sitio Residente.
Por su parte, la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social respectiva ingresó las carpetas de los postulantes al referido subsidio; todas las observaciones sobre el particular fueron resueltas hace meses, pero las familias aún no han recibido respuesta ni del Serviu ni del Ministerio.
Por lo tanto, me interesa que el ministro de Vivienda y Urbanismo me explique cómo se resolverá el problema de esas ocho familias, puesto que, al parecer, solo falta la firma del ministro a la resolución que adjudica el respectivo subsidio.
Las personas afectadas son las siguientes: Paola Rozas , Carlos Jiménez , Cristián Peña , Reiner Medina , Cecilia Tiznao , Nelson Jerez , Marcos Espinoza y Óscar Pinto , cuyos datos dejaré en la Secretaría.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SOLUCIÓN A EMERGENCIA SANITARIA EN SECTORES DE LA COMUNA DE LOTA. Oficios.
El señor MONSALVE.- En segundo lugar, solicito oficiar al intendente de la Región del Biobío , señor Víctor Lobos.
Esta es la segunda vez que oficio respecto a la lamentable situación que sufren cien familias de la comuna de Lota, que habitan en cuatro sectores: Villa Las Estrellas, Fresia Cantera , Villa El Trébol y Cardenal Raúl Silva Henríquez, y que no cuentan con urbanización. No tienen agua potable ni alcantarillado. Este último punto -la falta de alcantarillado- ha significado que durante muchos años esas familias hayan debido utilizar pozos negros, los cuales se encuentran colapsados desde hace muchos meses, lo que ha generado una situación de emergencia sanitaria.
Esta situación fue planteada personalmente por los dirigentes al seremi de Gobierno y también ha sido preocupación de la Cámara de Diputados. Existe un compromiso para resolver el problema con recursos estatales, con el objeto de lograr la limpieza de esas fosas, lo cual no se ha hecho durante meses y ha agudizado la crisis sanitaria.
En tal sentido, los dirigentes me han solicitado oficiar nuevamente al intendente de la Región del Biobío , de manera que, a través de la Gobernación, se busque la forma de resolver este grave problema que afecta a cien familias de la comuna de Lota.
Pido también que se envíe copia de mi intervención al concejo de Lota; al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos , señor Justo Espinoza , y a la secretaria, señora Eliana Ormeño .
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN SECTOR LOS HUAPES, COMUNA DE CAÑETE. Oficios
El señor MONSALVE.- En tercer lugar, pido que se envíe un oficio al intendente de la Región del Biobío , con el objeto de que nos pueda informar respecto de dos preocupaciones que nos asisten en torno al sector rural Los Huapes , en la comuna de Cañete.
El 23 de marzo de 2012, estuve en ese lugar y me reuní con la junta de vecinos, ocasión en que los dirigentes me dieron a conocer dos situaciones que les interesan, que consideran de la mayor importancia.
El primero es el estado en que se encuentra el proyecto de electrificación rural del sector.
Por eso, a través de este oficio, pido al intendente que informe a la Cámara sobre la situación en que se encuentra el proyecto aludido y, si tiene recomendación técnica-económica, si puede ser priorizado en la inversión regional, con el objeto de resolver un servicio básico, como es la electrificación rural en el sector de Los Huapes.
En segundo lugar, pido al intendente de la Región del Biobío que instruya, a través del seremi de Obras Públicas, a Vialidad de la provincia de Arauco, con el objeto de que se mejore el camino vecinal del sector de Los Huapes, de diez a quince kilómetros de longitud, que va desde el sector de Collico a Puente Negro .
Además, pido que se envíe copia de este oficio a los concejales de Cañete y, a través de la Oficina de Organizaciones Sociales de la Municipalidad, a la presidenta de la junta de vecinos de Los Huapes.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BECAS INDÍGENAS EN COMUNAS DE PROVINCIA DE ARAUCO. Oficios.
El señor MONSALVE.- Finalmente, pido que se envíe oficio al ministro de Educación para solicitarle información sobre asignación de becas indígenas en las siete comunas que constituyen la provincia de Arauco.
¿Cuántos jóvenes de cada una de las comunas postularon a las becas indígenas durante el año 2011? ¿Cuántos de los que postularon se la adjudicaron? Y de los que no se la adjudicaron, ¿por qué motivos se produjo el rechazo?
Me interesa conocer esa información detallada de las comunas de Arauco, Curanilahue, Los Álamos , Lebu , Cañete , Tirúa y Contulmo .
Igualmente, pido que se envíe copia del oficio a cada uno de los concejales de esas comunas de la provincia de Arauco.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.43 horas
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS
Jefa de la Redacción de Sesiones subrogante
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica normas sobre depósito legal de creaciones audiovisuales. (boletín N° 6274-19).
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO ÚNICO
1) Para incorporar el siguiente numeral 1), nuevo, cambiando los actuales su numeración correlativa:
“1. Reemplázase en el inciso primero la palabra “quince” por la palabra “cinco”.”.
2) Para incorporar el siguiente numeral 2), nuevo, cambiando los demás su numeración correlativa:
“2. Reemplázase en el inciso tercero la palabra “quince” por “cinco”; y, la palabra “cuatro” por “dos”.”.
3) Para incorporar el siguiente numeral 4), nuevo, cambiando la numeración de los actuales, según corresponda:
“4. Reemplázase el inciso sexto por el siguiente:
“La obligación que establece este artículo deberá cumplirse dentro del plazo máximo de noventa días. En caso de incumplimiento, junto con la denuncia correspondiente, podrá exigirse la entrega de los ejemplares a la persona natural o jurídica responsable de la producción editorial de los mismos, dentro de los 60 días siguientes al vencimiento del plazo señalado precedentemente”.”
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; HARALD BEYER BURGOS , Ministro de Educación .”
2. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 10 de abril de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín número 7947-03:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Modifícase la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992, de la siguiente manera:
1) Sustitúyese la letra e) del inciso segundo del artículo 59, por la siguiente:
“e) Tres representantes de los pescadores artesanales, que representen a los pescadores artesanales propiamente tales, a los mariscadores y a los cultivadores y algueros. Estos representantes deberán provenir de las siguientes macrozonas pesqueras del país: de la I a la IV Región; de la V a la IX Región e Islas Oceánicas, y de la XIV, la X, la XI y la XII Región. Durarán en sus cargos dos años, no podrán ser redesignados y quienes los reemplacen deberán provenir de una región distinta, dentro de la macrozona respectiva.”.
2) Reemplázanse, en el artículo 60, las referencias a “El Servicio” y “el Servicio”, por otras a “La Subsecretaría” y “la Subsecretaría”, respectivamente.
3) Modifícase el artículo 61 del siguiente modo:
a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente oración final: “Asimismo, el mecanismo de asignación de los proyectos deberá considerar, en el caso de proyectos que compitan en una misma categoría, una mayor ponderación para aquellos que contemplen un cofinanciamiento por parte de los pescadores artesanales u organización de pescadores artesanales que los presentan.”.
b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “al Servicio”, por la frase “a la Subsecretaría”.
4) Reemplázanse, en el artículo 62, los términos “del Servicio”, por la expresión “de la Subsecretaría”.
5) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 86, la frase “previos informes técnicos fundados de la Subsecretaría, y del Consejo Nacional de Pesca”, por la siguiente: “previo informe técnico fundado de la Subsecretaría, y previa consulta a la Comisión Nacional de Acuicultura”.
6) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 87, la frase “previos informes técnicos debidamente fundamentados de la Subsecretaría, del Consejo Nacional de Pesca y del Consejo Zonal de Pesca que corresponda”, por la siguiente: “previo informe técnico fundado de la Subsecretaría y previa consulta a la Comisión Nacional de Acuicultura y al Consejo Zonal de Pesca que corresponda”.
7) Agréganse, en el Título VI, a continuación del artículo 90 quáter, el siguiente Párrafo 3° y los artículos 90 A a 90 H que lo integran:
PÁRRAFO 3°
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUICULTURA
Artículo 90 A.- Créase la Comisión Nacional de Acuicultura, en adelante “la Comisión”, cuya función será asesorar al Presidente de la República , a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en la formulación y evaluación de las acciones, medidas y programas que se requieran para implementar la Política Nacional de Acuicultura.
Artículo 90 B.- La Comisión será presidida por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, y estará integrada además por los siguientes miembros:
a) Un representante de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
b) Un representante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
c) Un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
d) Un representante del Ministerio del Medio Ambiente.
e) Un representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
f) Un representante del Instituto de Fomento Pesquero.
g) Siete miembros provenientes de las asociaciones de acuicultores legalmente constituidas, designados por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
h) Un miembro proveniente de una asociación de prestadores de servicios de la acuicultura legalmente constituida, designado por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
Artículo 90 C.- Corresponderán a la Comisión, en especial, las siguientes tareas:
a) Dar su opinión respecto de los reglamentos a que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley;
b) Elaborar y proponer las medidas, planes y programas tendientes a la ejecución e implementación de la Política Nacional de Acuicultura;
c) Dar su opinión respecto de la zonificación del borde costero en relación con actividades de acuicultura;
d) Dar su opinión sobre asuntos internacionales con relevancia para el sector, y
e) Dar su opinión sobre las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura, que proponga el Presidente de la República, antes que sean presentadas al Congreso Nacional.
La Comisión podrá referirse a las demás materias que estime pertinentes y que incidan en la actividad de acuicultura, quedando facultada para solicitar los antecedentes necesarios de los organismos públicos o privados del sector, a través de su Presidente .
Artículo 90 D.- La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva, que estará radicada en la Subsecretaría.
Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva coordinar las reuniones de la Comisión, levantar acta de los acuerdos adoptados, elaborar una memoria anual que resuma las actividades desarrolladas por la Comisión durante el año calendario anterior y, en general, efectuar todas aquellas tareas que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión establecidos en la presente ley.
Artículo 90 E.- La Comisión podrá invitar a sus sesiones a representantes de otros Ministerios y Servicios relacionados con las materias a tratar, así como a representantes del sector privado y de las organizaciones de trabajadores del sector que lo soliciten.
Artículo 90 F.- Las autoridades y directivos de los órganos de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, toda la colaboración que ésta les solicite.
Artículo 90 G.- Corresponderá a la Subsecretaría prestar el apoyo técnico y administrativo que sea menester para el funcionamiento de la Comisión y de su Secretaría Ejecutiva.
Artículo 90 H.- La Comisión acordará las demás normas para su funcionamiento interno, el que deberá considerar al menos tres reuniones ordinarias anuales.”.
8) Reemplázase, en el numeral 2) del inciso primero del artículo 96, la frase “a través de concurso público de acuerdo con las normas que se establezcan en el reglamento”, por la expresión “de conformidad con las normas establecidas en la ley N° 19.886”.
9) Suprímese el párrafo segundo del numeral 12) del artículo 125.
10) Elimínase el párrafo segundo del numeral 2 del inciso segundo del artículo 146.
11) Reemplázase el inciso primero del artículo 150 por el siguiente:
“Artículo 150.- Creánse ocho organismos zonales, denominados Consejos Zonales de Pesca:
a) Uno en la zona correspondiente a las Regiones XV de Arica y Parinacota, I de Tarapacá y II de Antofagasta, con sede en la comuna de Iquique;
b) Uno en la zona correspondiente a las Regiones III de Atacama y IV de Coquimbo, con sede en la comuna de Coquimbo;
c) Uno en la zona correspondiente a las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule e Islas Oceánicas, con sede en la comuna de Constitución;
d) Uno en la zona correspondiente a la Región VIII del Biobío, con sede en la comuna de Talcahuano;
e) Uno en la zona correspondiente a las Regiones IX de La Araucanía y XIV de Los Ríos, con sede en la comuna de Valdivia;
f) Uno en la zona correspondiente a la Región X de Los Lagos, con sede en la comuna de Puerto Montt;
g) Uno en la zona correspondiente a la Región XI de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, con sede en la comuna de Aysén;
h) Uno en la zona correspondiente a la Región XII de Magallanes y de la Antártica Chilena, con sede en la comuna de Punta Arenas.”.
12) Modifícase el inciso primero del artículo 152 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese, en la letra a), la expresión “del Servicio”, la primera vez que aparece, por las palabras “de Pesca”.
b) Enmiéndase la letra g) del modo que sigue:
i) Reemplázase el párrafo primero por el siguiente:
“El número de consejeros que en cada caso se indica, en representación de las organizaciones gremiales legalmente constituidas de armadores; de pequeños armadores; de plantas procesadoras de productos pesqueros, y de acuicultores de la zona.”.
ii) Sustitúyese, en el párrafo cuarto, la frase “V, VI, VII, VIII y IX Regiones e Islas Oceánicas”, por “V, VI y VII Regiones e Islas Oceánicas”.
iii) Agréganse los siguientes párrafos quinto y sexto, nuevos, cambiando los demás su orden correlativo:
“En el Consejo Zonal de la VIII Región, uno representará a los armadores industriales de la pesca pelágica; otro a los armadores industriales de pesca demersal; otro a los pequeños armadores industriales y, un cuarto a los industriales de plantas procesadoras de productos pesqueros.
En el Consejo Zonal de la IX y XIV Regiones, uno representará a los armadores industriales de la pesca pelágica; otro a los armadores industriales de la pesca demersal; otro a los pequeños armadores industriales; otro a los industriales de plantas procesadoras de productos pesqueros, y otro a los acuicultores.”.
iv) Sustitúyese, en el párrafo quinto, que pasa a ser séptimo, la frase “XIV, X y XI Regiones”, por “X Región”.
v) Agrégase, a continuación del párrafo sexto, que pasa a ser octavo, el siguiente párrafo noveno:
“En el Consejo Zonal de la XI Región, uno representará a los armadores industriales, otro a los pequeños armadores, otro a los industriales procesadores de productos pesqueros, y otro a los acuicultores.”.
13) Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 173, a continuación de la palabra “necesarios”, la siguiente expresión final “, y designará un Director Ejecutivo ”.
Artículo 2°.- Créanse en la planta de Directivos de la Subsecretaría de Pesca , fijada por el decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1983, y sus adecuaciones y modificaciones posteriores, dos cargos de Director Zonal de Pesca , uno de los cuales ejercerá sus competencias en las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule y el otro ejercerá sus competencias en las Regiones IX de La Araucanía y XIV de Los Ríos, ambos grado 5° de la Escala Única de Sueldos, los que se considerarán equivalentes a Jefes de División para el solo efecto del artículo 7° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005.
Artículo 3°.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de 2011, que modificó la estructura orgánica del Servicio Nacional de Pesca, en los siguientes términos:
1) En su artículo primero, elimínase la frase “a cargo de un Subdirector,”, e incorpórase la siguiente oración final: “La Subdirección estará a cargo de un Subdirector Nacional de Acuicultura , grado 4º de la Escala Única de Sueldos, de Segundo Nivel Jerárquico y que estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.”.
2) Intercálase, a continuación del artículo primero, el siguiente artículo primero bis:
“Artículo primero bis.- Corresponderán, especialmente, al Subdirector Nacional de Acuicultura , las siguientes funciones:
a) Subrogar al Subdirector Nacional.
b) Asesorar al Director Nacional y demás órganos del Servicio en materia de acuicultura.
c) Planificar las acciones de fiscalización de cumplimiento de la normativa ambiental, de salud animal y demás aplicable a la acuicultura.
d) Supervisar y evaluar la ejecución de las acciones a que se refiere el literal precedente.
e) Coordinar a las Direcciones Regionales, Departamentos y demás unidades del Servicio que ejecutan funciones en materia de acuicultura.
f) Proponer al Director Nacional los programas sanitarios y demás normas que, conforme a la legislación aplicable a la acuicultura, corresponda dictar al Servicio.
g) Administrar el registro de personas acreditadas para elaborar los instrumentos de evaluación ambiental y sanitaria y demás que se requieran.
h) Controlar a las personas a que se refiere el literal anterior y proponer al Director Nacional las sanciones que corresponda aplicar a las mismas en los casos previstos por la normativa.
i) Presentar al Director Nacional , para que éste ejerza la facultad a que se refiere la letra a) del artículo 28 del decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1983, propuestas de normas para la aplicación y fiscalización de las leyes y reglamentos sobre acuicultura.”.
Artículo 4°.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1983, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, de la siguiente manera:
1) En el artículo 16:
a) Elimínase, en la letra c), el literal (ii).
b) Agrégase, en la letra d), el siguiente literal (iii):
“(iii) Departamento de Pesca Artesanal.”.
c) Intercálase la siguiente letra e), nueva, pasando las actuales letras e) y f) a ser f) y g), respectivamente:
“e) División de Acuicultura.”.
2) En el artículo 18:
a) Elimínase, en la letra a) del numeral 1, la frase “y de las actividades de acuicultura”.
b) Suprímese, en la letra d) del numeral 1, la expresión “y de acuicultura”.
c) Elimínase, en la letra f) del numeral 1, la frase “y de acuicultura”.
d) Agrégase, en el encabezamiento del numeral 2, a continuación de la palabra “Pesquero”, la frase “y de Acuicultura”.
e) Elimínase, en la letra f) del numeral 2, la frase “y de acuicultura”.
f) Agrégase el siguiente numeral 4:
“4. Corresponderá a la División de Acuicultura:
a) Coordinar su gestión con las demás unidades orgánicas para la formulación y ejecución de acciones comunes en aspectos sectoriales de administración de la actividad de acuicultura.
b) Proponer planes, programas y estudios de investigación en acuicultura.
c) Mantener actualizada la información de las actividades de acuicultura a nivel nacional y el catastro de resoluciones sobre concesiones y autorizaciones de acuicultura.
d) Estudiar y proponer las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura.
e) Informar técnicamente las propuestas de ordenamiento territorial que afecten al sector.
f) Evaluar y proponer medidas especiales para la sanidad y protección de las especies hidrobiológicas y del medio ambiente en relación a las actividades de acuicultura, de propagación o de repoblación.
g) Identificar las necesidades de conocimiento para optimizar el manejo de la acuicultura nacional.
h) Elaborar los informes técnicos para el otorgamiento de concesiones de acuicultura y otros relacionados con las empresas de cultivo y los que sean necesarios para fundar la normativa sectorial propuesta para ser dictada.
i) Asesorar al Subsecretario en materias de políticas y estrategias de la actividad acuícola.
j) Evaluar e informar técnicamente las solicitudes de internación de especies hidrobiológicas con fines de acuicultura, ornamentales, investigación y recreación, entre otros.
k) Evaluar el desempeño de la actividad acuícola nacional.
l) Evaluar ambientalmente proyectos acuícolas y de impacto en esta actividad.
m) Coordinar el funcionamiento y operación de las agrupaciones de concesiones.
n) Mantener relaciones permanentes con instancias de participación sectorial a nivel nacional e internacional.”.
3) Sustitúyese el numeral 3 del artículo 19, por el siguiente:
“3. Corresponderá al Departamento de Pesca Artesanal:
a) Proponer al Subsecretario las políticas tendientes a desarrollar y fomentar la actividad pesquera artesanal.
b) Coordinar con las demás Divisiones y Departamentos de esta Subsecretaría las solicitudes y requerimientos que realicen los pescadores artesanales y sus organizaciones.
c) Coordinar las relaciones institucionales con los pescadores artesanales y sus organizaciones.”.
Artículo 5°.- Sustitúyese la denominación dada por el artículo 1° del decreto ley N° 1.626, de 1976, a la “Subsecretaría de Pesca”, por “Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.
Todas las menciones que el ordenamiento jurídico haga a la Subsecretaría de Pesca, deberán entenderse efectuadas en lo sucesivo a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Artículo 6°.- Sustitúyese la denominación dada por el artículo 12 del decreto ley N° 2.442, de 1978, al “Servicio Nacional de Pesca”, por “Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura”.
Todas las menciones que el ordenamiento jurídico haga al Servicio Nacional de Pesca, deberán entenderse efectuadas en lo sucesivo al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Artículos Transitorios
Artículo primero.- Las personas que a la fecha de publicación de esta ley integren los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones V a IX e Islas Oceánicas , y los de las Regiones XIV a XI, continuarán integrando, respectivamente, los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones VIII a IX y los de las Regiones XIV y X.
Artículo segundo.- Los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule, de las Regiones IX de La Araucanía y XIV de Los Ríos, y el de la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, deberán constituirse dentro de un plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de publicación de esta ley.
Mientras no se encuentren constituidos dichos Consejos Zonales con el número mínimo de miembros necesarios para reunirse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, tendrán competencia en las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule, el Consejo Zonal de Pesca de la VIII Región del Biobío; y en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo tendrá competencia el Consejo Zonal de la X Región de Los Lagos.
Asimismo, mientras no se encuentre constituido el Consejo Zonal de Pesca de las Regiones IX de la Araucanía y XIV de Los Ríos con el número mínimo de miembros necesarios para reunirse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, tendrán competencia en la IX Región de La Araucanía y en la XIV Región de Los Ríos, el Consejo Zonal de Pesca de la VIII Región del Biobío y el de la X Región de Los Lagos, respectivamente.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 23 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.
En particular, el número 1) del artículo 1º, permanente, fue aprobado con el voto favorable de 26 Senadores, en tanto que los números 7), 10), 11), 12) y 13) del mismo artículo 1° permanente, y los artículos primero y segundo transitorios, se aprobaron con los votos de 27 Senadores, en todos los casos respecto de un total de 38 Senadores en ejercicio.
Se dio cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
3. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 10 de abril de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las observaciones formuladas por Su Excelencia el Vicepresidente de la República al proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, correspondiente al Boletín Nº 4.921-11, con excepción de las contenidas en los números 1); 2); 4); 6); 10); 11); 14); 15); 16); 20) y 22), que ha rechazado.
El Senado ha insistido en el texto aprobado por el Congreso Nacional respecto de las observaciones signadas con los números 2); 4); 6); 10); 11); 15) y 20).
Hago presente a Vuestra Excelencia que la insistencia en los referidos números 2); 4); 6); 10); 11); 15) y 20) fue aprobada con los votos de 29 Senadores, de 30 presentes, dándose así cumplimiento a lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo 73 de la Constitución Política de la República.
Las observaciones contenidas en los números 8) y 9) fueron aprobadas con el voto favorable de 29 señores Senadores, de un total de 38 Senadores en ejercicio.
De este modo se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Adjunto copia del oficio N° 578/SEC/11, de 25 de abril de 2011, del Senado, con el que se comunica a Su Excelencia el Presidente de la República el texto del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, y el Mensaje N° 63-359, de 23 de mayo de 2011, en el que se contienen las referidas observaciones.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. (boletín N° 5838-07-2).
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de la entonces Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet Jeria .
La decisión de remitir este proyecto en informe a esta Comisión, fue adoptada por la Corporación en su sesión 10ª., de 4 de abril en curso, para los efectos previstos en el artículo 119 del Reglamento de la Corporación.
Durante la realización de este trámite, la Comisión contó con la colaboración de don Teodoro Ribera Neumann , Ministro de Justicia ; doña Patricia Pérez Goldberg , Subsecretaria de Justicia; don Sebastián Valenzuela Agüero , Jefe de la División de Defensa Social del mismo Ministerio , y doña Paulina González Vergara , Jefa de la División Jurídica de ese Ministerio.
El Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa, la que ha calificado de discusión inmediata, por lo que esta Corporación cuenta con un plazo de seis días corridos para afinar su tramitación, término que vence el día 16 del mes en curso, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día de hoy, 10 de abril.
TRABAJO DE LA COMISIÓN.
De conformidad a lo señalado en el mencionado artículo 119, corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar aprobar o desechar las propuestas.
1.- La Comisión, luego de efectuar una primera revisión de las modificaciones propuestas por el Senado, acordó aprobar sin debate todas aquellas proposiciones de carácter puramente formal, destinadas a mejorar la redacción del articulado, como también otras de fondo que suprimen disposiciones del texto aprobado por la Cámara o las modifican, pero que no merecieron reparos por considerárselas acertadas.
Conforme a lo anterior, en tal situación se encuentran los numerales 3, 4, 8,12, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 37 del artículo 1° que modifica la ley N° 18.216.
El artículo 2° que modifica el Código Penal.
El artículo 3° que modifica el Código Procesal Penal.
El artículo 4° que modifica el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.
El artículo 6° que modifica la ley N° 19.856, que Crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la Observación de Buena Conducta.
El artículo 7° que modifica el Código de Procedimiento Penal.
El artículo 8° que establece las disposiciones sobre entrada en vigencia de esta ley.
El artículo 10 que señala la glosa presupuestaria de Gendarmería de Chile con cargo a la cual se financiará la iniciativa.
2.- Por la misma razón señalada y en atención a la premura que exige la urgencia con que se calificado el despacho de esta iniciativa, se hará mención solamente a los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado que suscitaron discrepancias hasta incluso llegar a su rechazo o hicieron necesaria una mayor explicación.
En esta situación se encuentran los numerales 2, 7, 11, 15 en cuanto introduce un nuevo artículo 12 ter; 23, 25 en cuanto adiciona un nuevo artículo 17 bis; 27, 30 y 35 en cuanto introduce los artículos 23 bis A, 23 quinquies, 23 septies, 33, 34, 35 y 36 bis, todos correspondientes al artículo 1° del proyecto y el artículo transitorio.
ARTÍCULO 1°.
Introduce diversas modificaciones en la ley N° 18.216.
Numeral 2.
El texto de la Cámara sustituye el artículo 1°, con el objeto de establecer que la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por algunas de las siguientes penas: a) Remisión condicional; b) Reclusión parcial; c) Libertad vigilada; d) Libertad vigilada intensiva; e) Expulsión y f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
En su inciso segundo, se establece que no procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 34 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 362; 372 bis; 390, y 391, N° 1, del Código Penal, salvo en los casos que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.
En su inciso tercero, se señala que no podrá imponerse a los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la pena establecida en la letra f) del inciso primero.
Finalmente, en su inciso cuarto se dispone que, asimismo, tampoco el tribunal podrá aplicar las penas señaladas en el inciso primero, a los autores del delito consumado previsto en el inciso primero del artículo 436 del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código.
El Senado reemplazó el artículo 1° que propone el numeral 2), por el siguiente:
“Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes penas:
a) Remisión condicional.
b) Reclusión parcial.
c) Libertad vigilada.
d) Libertad vigilada intensiva.
e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34.
f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 362; 372 bis; 390, y 391, N° 1, del Código Penal, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.
Asimismo, no podrá imponerse a los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la pena establecida en la letra f) del inciso primero.
Tampoco podrá el tribunal aplicar las penas señaladas en el inciso primero a los autores del delito consumado previsto en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por alguno de los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código.
Para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° estaba contemplado anteriormente sólo respecto de la remisión condicional de la pena (numeral 6 letra c) del texto aprobado por la Cámara de Diputados). Al incluirlo en este artículo, se hace aplicable a todas las formas de cumplimiento alternativo de la misma.
La Comisión por la unanimidad de sus miembros aprobó la modificación propuesta por el Senado. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Monckeberg , Rincón , Schilling y Squella .
Numeral 7)
El artículo 4° de la ley N°18.216 establece lo siguiente:
“Artículo 4°.- La remisión condicional de la pena podrá decretarse:
a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que imponga la sentencia condenatoria no excede de tres años;
b) Si el reo no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito;
c) Si los antecedentes personales del reo, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permiten presumir que no volverá a delinquir, y
d) Si las circunstancias indicadas en las letras b) y c) precedentes hacen innecesario un tratamiento o la ejecución efectiva de la pena.”.
La Cámara propuso introducir las siguientes modificaciones:
a) Eliminar en el encabezado la expresión “de la pena”.
b) Suprimir en la letra a) la expresión “condenatoria”.
c) Sustituir la letra b) por la siguiente:
“b) Si el penado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito;”.
d) Reemplazar en la letra c) la expresión “reo” por “ condenado”.
e) Agregar el siguiente inciso segundo:
“Con todo, el tribunal no aplicará esta pena sustitutiva si el sentenciado fuere condenado como autor de un delito consumado que tuviere asignada una pena mínima de presidio o reclusión menor en su grado máximo u otra superior, o se tratare de aquellos previstos en el artículo 15, letra b), debiendo en este caso imponer la libertad vigilada a que se refiere el artículo 14, inciso primero de esta ley, si procediere.”.
El Senado propuso reemplazar el numeral por el siguiente:
“7) Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente:
“Artículo 4°.- La remisión condicional podrá decretarse:
a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años;
b) Si el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito;
c) Si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieren presumir que no volverá a delinquir, y
d) Si las circunstancias indicadas en las letras b) y c) precedentes hicieren innecesaria una intervención o la ejecución efectiva de la pena.
Con todo, no procederá la remisión condicional como pena sustitutiva si el sentenciado fuere condenado por aquellos ilícitos previstos en los artículos 15, letra b), o 15 bis, letra b), debiendo el tribunal, en estos casos, imponer la pena de reclusión parcial, libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, si procediere.”.”.
Los representantes del Ejecutivo señalaron que en el inciso final propuesto por el Senado se eliminó la restricción referida a la pena en abstracto, por estimarse perjudicial para la aplicabilidad de la remisión condicional, y se estableció expresamente que era aplicable además de la libertad vigilada, la reclusión parcial, de manera que el juez siempre pudiese optar entre ambas, de acuerdo a la gravedad del hecho y los antecedentes del condenado. Se dispone que el tribunal no podrá imponer la remisión condicional en cuatro casos: respecto de las personas condenadas por microtráfico, por manejo en estado de ebriedad, por violencia intrafamiliar y por delitos sexuales, en los cuales debe aplicarse la libertad vigilada.
Indicaron que en la redacción original no se planteaba la posibilidad que el magistrado pudiera imponer la pena de reclusión parcial. Sin embargo, con la enmienda propuesta el magistrado tendrá mayor flexibilidad para imponer cualquiera de las tres penas.
El Diputado señor Burgos señaló que las modificaciones a esta norma en los términos propuestos, van en beneficio del reo. Sin embargo, el juez contará con libertad respecto de la pena que aplica, la que incluso puede ser la de reclusión parcial, cuestión que refutaron los representantes del Ejecutivo, por considerar que a una persona condenada a una pena de 541 días no les es aplicable la libertad vigilada, sino que la remisión condicional, por lo que a los cuatro delitos a que se ha hecho referencia, en razón de que requieren un mayor control, se adelanta la citada barrera de 541 días, por lo que no es efectivo que la norma sea “pro reo”.
El Diputado señor Burgos insistió en que desde el punto de vista de la pena, la norma del Senado es más beneficiosa para el condenado. Normalmente, la pena abstracta en su límite más alto suele ser superior a la pena concreta, dado que en esta última puede incidir la concurrencia de atenuantes.
La Comisión por la unanimidad de sus miembros presentes aprobó la modificación efectuada por el Senado. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Monckeberg , Rincón y Squella .
Numeral 11)
El texto de la Cámara reemplaza el artículo 7°1, con el objeto de establecer, en su inciso primero, que la pena de reclusión parcial consiste en el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales, durante cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial podrá ser diurna, nocturna o de fin de semana, conforme con los siguientes criterios:
1) La reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado, durante un lapso de ocho horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las ocho y las veintidós horas.
2) La reclusión nocturna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.
3) La reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales, entre las veintidós horas del día viernes y las seis horas del día lunes siguiente.
En su inciso segundo, dispone que para el cumplimiento de la reclusión parcial, el juez preferirá ordenar su ejecución en el domicilio del condenado, estableciendo como mecanismo de control de la misma el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de esta ley. En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.
En su inciso tercero, señala que, para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.
El Senado propuso sustituir, en el encabezamiento del inciso primero del artículo 7°, la preposición “con” por “a”.
Los representantes del Ejecutivo sugirieron enviar esta norma a Comisión Mixta. Explicaron que en el texto referido a la reclusión parcial, se contemplan tres tipos de cumplimiento: la reclusión diurna, nocturna y de fin de semana. Como consecuencia de lo conversado con algunos magistrados, se percataron que existen personas que en razón de los turnos que deben cumplir en sus trabajos, no se les puede aplicar en forma integral uno de los tres tipos de cumplimiento. Por ello, sugirieron facultar al magistrado para combinar distintas modalidades, lo que recoge la realidad de los condenados.
El Diputado señor Araya señaló que ello está resuelto con el establecimiento de determinadas horas semanales. Indicó que el tema de los turnos fue considerado; por ello se permitió el fraccionamiento de las horas.
El Diputado señor Burgos consideró que tiene sentido llevar esta norma a Comisión Mixta, para que la aplicación de ésta se haga con mayor libertad.
Los representantes del Ejecutivo sugirieron explicitar que la expresión “con los siguientes criterios”, no implica usar sólo uno de ellos, sino que más de uno.
El Diputado señor Araya hizo presente que la persona va conociendo mes a mes los turnos que deberá cumplir en su trabajo, por lo que resultaría complejo el aplicar la pena ignorando la situación laboral que deberá enfrentar el condenado.
La Comisión aprobó, por la unanimidad de los miembros presentes, la modificación introducida por el Senado, en el entendido que se puede aplicar uno o más de los criterios que allí se señalan. Por tanto, el juez puede hacer uso de cualquiera de los criterios para alcanzar las horas señaladas en el encabezamiento del inciso primero. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Monckeberg y Schilling .
Numeral 15)
Introduce un nuevo párrafo 3°, el que trata sobre la prestación de servicios en beneficio de la comunidad y que comprende, entre otros, el siguiente artículo:
“Artículo 12 ter.- Los delegados de prestación de servicios en beneficio de la comunidad son funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile, encargados de supervisar la correcta ejecución de esta pena sustitutiva.
La habilitación para ejercer las funciones de delegado de prestación de servicios en beneficio de la comunidad será otorgada por el Ministerio de Justicia a quienes acrediten idoneidad y preparación, en la forma que determine el reglamento.
Sin perjuicio de lo anterior, para desempeñar el cargo de delegado de prestación de servicios en beneficio de la comunidad se requiere poseer título profesional de una carrera de al menos ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional reconocidos por el Estado o su equivalente, en el caso de profesionales titulados en universidades extranjeras.”.
Los representantes del Ejecutivo explicaron que el Senado decidió incorporar esta norma, con el objeto de que, al igual que en el caso de los delegados de libertad vigilada, los requisitos que les son aplicables a los delegados de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, estén establecidos en esta ley.
Asimismo, señalaron que estos delegados serán funcionarios a contrata de Gendarmería de Chile y que su incorporación ha sido considerada en el segundo informe financiero relativo a este proyecto de ley.
La Comisión aprobó esta enmienda por unanimidad. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Monckeberg , Schilling y Squella .
Numeral 23), nuevo
El Senado propuso incorporar el siguiente numeral:
“23) Reemplázase el artículo 16 por el siguiente:
“Artículo 16.- Al imponer la pena de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, el tribunal establecerá un plazo de intervención igual al que correspondería cumplir si se aplicara efectivamente la pena privativa o restrictiva de libertad que se sustituye.
El delegado que hubiere sido designado para el control de estas penas, deberá proponer al tribunal que hubiere dictado la sentencia, en un plazo máximo de treinta días, un plan de intervención individual, el que deberá comprender la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social del condenado, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o de intervención especializada de acuerdo a su perfil. El plan deberá considerar el acceso efectivo del condenado a los servicios y recursos de la red intersectorial, e indicar con claridad los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados.
El juez, a propuesta del respectivo delegado, podrá ordenar que el condenado sea sometido, en forma previa, a los exámenes médicos, psicológicos o de otra naturaleza que parezcan necesarios para efectos de la elaboración del plan de intervención individual. En tal caso, podrá suspenderse el plazo a que se refiere el inciso anterior por un máximo de 60 días.
Una vez aprobado judicialmente el plan, el delegado informará al juez acerca de su cumplimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.
Sin perjuicio de lo anterior, el delegado podrá proponer al juez la reducción del plazo de intervención, o bien, el término anticipado de la pena, en los casos que considere que el condenado ha dado cumplimiento a los objetivos del plan de intervención.”.”.
Los representantes del Ejecutivo informaron que algunos magistrados solicitaron modificar el plazo de treinta días que contempla el inciso segundo del artículo aprobado por el Senado, pues lo estiman exiguo, considerando la experiencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Destacaron que el plan de intervención individual es la hoja de ruta para la reinserción y rehabilitación del condenado. Por último, sugirieron ampliar dicho plazo a cuarenta y cinco días, por lo que recomendaron rechazar la propuesta del Senado.
La Comisión por la unanimidad de sus miembros rechazó la modificación propuesta por el Senado. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Monckeberg , Schilling y Squella .
Numeral 25)
Agrega dos nuevos artículos , a saber 17 bis y 17 ter, el primero de los cuales fue objeto de debate.
El texto de la Cámara propone el siguiente artículo 17 bis:
“Artículo 17 bis.- Junto con la imposición de las condiciones establecidas en el artículo anterior, si de los antecedentes del proceso u otros se desprendiera que el condenado presenta un consumo problemático de drogas o alcohol, el tribunal podrá imponer la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias.
El tratamiento de los problemas asociados al consumo de alcohol y drogas en condenados, deberá enmarcarse dentro del Plan de Intervención Individual aprobado judicialmente, y podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento. La internación podrá ser decretada por un plazo máximo de treinta días, prorrogables previa autorización judicial.
Asimismo, se deberá dejar constancia en el Plan de Intervención Individual, de la obligación del condenado de someterse periódicamente a exámenes que permitan controlar el consumo de las sustancias referidas. Estos exámenes también podrán realizarse a través de monitoreo telemático, de conformidad a lo dispuesto en el Título III de esta ley.
En estos casos, el juez deberá efectuar un control periódico del cumplimiento de esta condición, debiendo citar a audiencias de seguimiento a lo menos una vez al mes, durante todo el período que dure el tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.”
El Senado propuso sustituirlo, por el siguiente:
“Artículo 17 bis.- Junto con la imposición de las condiciones establecidas en el artículo anterior, si el condenado presentare un consumo problemático de drogas o alcohol, el tribunal deberá imponerle, en la misma sentencia, la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias, de acuerdo a lo señalado en este artículo.
Para estos efectos, durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación del imputado de asistir a una evaluación por un médico calificado por el Servicio de Salud correspondiente para determinar si éste presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El juez accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático.
La Secretaría Regional Ministerial de Justicia, previo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, entregará a la Corte de Apelaciones respectiva la nómina de facultativos habilitados para practicar los exámenes y remitir los informes a que se refiere este artículo.
Si se decretare la evaluación y el imputado se resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el juez podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente para negar la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.
La obligación de someterse a un tratamiento podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento. El plazo de la internación no podrá ser superior al total del tiempo de la pena sustitutiva. Lo anterior deberá enmarcarse dentro del plan de intervención individual aprobado judicialmente.
Habiéndose decretado la obligación de someterse a tratamiento, el delegado informará mensualmente al tribunal respecto del desarrollo del mismo. El juez efectuará un control periódico del cumplimiento de esta condición, debiendo citar bimestralmente a audiencias de seguimiento, durante todo el período que dure el tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.”.
En relación con este artículo, los representantes del Ejecutivo explicaron que se ha perfeccionado la norma que regula el tratamiento por consumo problemático de drogas y alcohol. En efecto, se precisa detalladamente la forma de disponer la evaluación, por parte del sistema de salud, cuando existe una sospecha de consumo problemático de las sustancias mencionadas, recogiendo la experiencia de los tribunales de tratamiento de drogas.
La Comisión aprobó esta enmienda por unanimidad. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Monckeberg , Schilling y Squella .
Numeral 27)
El texto de la Cámara modifica el artículo 18, que exige a los organismos estatales y comunitarios que otorguen servicios pertinentes a salud, educación, capacitación profesional, empleo, vivienda, recreación y otros similares, considerar especialmente toda solicitud que los delegados de libertad vigilada formulen para el adecuado tratamiento de las personas sometidas a su orientación y vigilancia.
La modificación consiste en anteponer el siguiente inciso primero en el artículo 18, pasando el actual a ser segundo:
“Artículo 18.- El Estado, a través de los organismos pertinentes, promoverá y fortalecerá especialmente la formación educacional, la capacitación y la colocación laboral de los condenados a la pena sustitutiva de libertad vigilada y a la de libertad vigilada intensiva, con el fin de permitir e incentivar su inserción al trabajo. Asimismo, el delegado deberá apoyar y articular el acceso del condenado a la red de protección del Estado, particularmente, en las áreas de salud mental, educación, empleo y de desarrollo comunitario y familiar, según se requiera.”.
El Senado propuso reemplazarlo por el que sigue:
“Artículo 18.- El Estado, a través de los organismos pertinentes, promoverá y fortalecerá especialmente la formación educacional, la capacitación y la colocación laboral de los condenados a la pena sustitutiva de libertad vigilada y a la de libertad vigilada intensiva, con el fin de permitir e incentivar su inserción al trabajo. Asimismo, el delegado deberá apoyar y articular el acceso del condenado a la red de protección del Estado, particularmente, en las áreas de salud mental, educación, empleo y de desarrollo comunitario y familiar, según se requiera.
Los organismos estatales y comunitarios que otorguen servicios pertinentes a salud, educación, capacitación profesional, empleo, vivienda, recreación y otros similares, deberán considerar especialmente toda solicitud que los delegados de libertad vigilada formularen para el adecuado tratamiento de las personas sometidas a su orientación y vigilancia.”.”..
Los representantes del Ejecutivo dieron a conocer que durante la tramitación en el Senado se decidió incorporar un nuevo inciso para asegurar la debida oferta de prestaciones sociales para los condenados y facilitar la labor de los delegados, de modo tal que puedan obtener atención prioritaria y acceso a todos los servicios del Estado, en su condición de encargados del plan de intervención individual.
La Comisión aprobó esta enmienda por unanimidad. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Monckeberg , Schilling y Squella .
Numeral 30)
El texto de la Cámara sustituye el artículo 20 , con el fin de señalar, en su inciso primero, que los delegados de libertad vigilada son funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile, encargados de vigilar, controlar, orientar y asistir a los condenados a quienes se hubiese impuesto esta pena, a fin de evitar su reincidencia y lograr su reinserción e integración a la sociedad.
En su inciso segundo, dispone que la habilitación para ejercer las funciones de delegados de libertad vigilada será otorgada por el Ministerio de Justicia a quienes acrediten idoneidad y preparación, en la forma que determine el reglamento.
El Senado propuso reemplazar el artículo 20, por el que sigue:
“Artículo 20.- Los delegados de libertad vigilada y de libertad vigilada intensiva son funcionarios de Gendarmería de Chile, encargados de conducir el proceso de reinserción social de la persona condenada a la pena sustitutiva de la libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, mediante la intervención, orientación y supervisión de los condenados, a fin de evitar su reincidencia y facilitar su integración a la sociedad.
La habilitación para ejercer las funciones de delegado de libertad vigilada y de libertad vigilada intensiva será otorgada por el Ministerio de Justicia a quienes acrediten idoneidad y preparación, en la forma que determine el reglamento.”.
Los representantes del Ejecutivo explicaron que la norma propuesta por el Senado hace referencia a los dos tipos de delegado- delegados de libertad vigilada y de libertad vigilada intensiva- y precisa con más detalle la función que deben cumplir.
La Comisión aprobó esta enmienda por unanimidad. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Monckeberg , Schilling y Squella .
Numeral 35)
Introduce tres nuevos Títulos: III, IV y V entre cuyos artículos fueron objeto de debate los siguientes:
Su artículo 23 bis A, introducido por el Senado y que forma parte del nuevo Título III de la ley N° 18.216, que trata del Monitoreo Telemático, dispone lo siguiente:
“Tratándose del régimen de pena mixta, previsto en el artículo 33 de esta ley, la supervisión a través de monitoreo telemático será obligatoria durante todo el período de la libertad vigilada intensiva.”.
Los representantes del Ejecutivo explicaron que el mecanismo de la pena mixta consistía en el beneficio que se concedía al condenado a una pena privativa de libertad, de sustituirla por las libertad vigilada intensiva, siempre que hubiere observado un buen comportamiento, que tuviere cumplido en forma efectiva un tercio de la pena privativa de libertad, que al momento de discutirse la interrupción de la pena, no registrare otra condena por crimen o simple delito y que la sanción originariamente impuesta fuere de cinco años y un día de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo ( 5 años y un día a 10 años) u otra menor.
Añadieron que este texto consagra la aplicación obligatoria del monitoreo para la pena mixta, cuya imposición permite al condenado cumplir su condena bajo el régimen de libertad vigilada intensiva.
El Diputado señor Araya planteó que la norma propuesta produce el efecto de hacer más gravosa la pena, en el caso de los condenados que presenten un bajo compromiso delictual, donde carece de sentido imponerles el monitoreo telemático, figura pensada para delitos más graves que afectan los bienes jurídicos más relevantes.
El Diputado señor Burgos hizo presente que la libertad vigilada intensiva se aplica en reemplazo de la pena privativa de libertad y que el condenado podría, eventualmente, preferir cumplir esta última, para evitar el monitoreo telemático.
La Comisión aprobó esta enmienda por seis votos a favor ( Diputada señora Turres y Diputados señores Burgos , Cardemil , Ceroni , Monckeberg y Squella ) y tres en contra (Diputados señores Araya , Calderón y Schilling).
Su artículo 23 quinquies incorporado por la Cámara consagra, en su inciso primero, que la información obtenida en la aplicación del sistema de monitoreo telemático sólo podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la pena sustitutiva de que se trate. Sin perjuicio de lo anterior, el juez de garantía que conozca de una investigación penal en la cual se sospeche la participación del condenado, podrá autorizar su uso en este contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 222 del Código ProcesalPenal.
En su inciso segundo, dispone que cuando se pusiere término a la utilización del monitoreo telemático y se encuentre cumplida la condena, Gendarmería de Chile procederá a la destrucción de la información proporcionada por este sistema.
En su inciso tercero sanciona al que, conociendo en razón de su cargo la información a que alude el inciso anterior, la revelare indebidamente, con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y a una multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.
El Senado propuso sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 23 quinquies.- La información obtenida del sistema de monitoreo telemático podrá ser utilizada por un fiscal del Ministerio Público que se encontrare conduciendo una investigación en la cual el condenado sometido a monitoreo telemático apareciere como imputado. Dicha información le será proporcionada por Gendarmería de Chile, en conformidad a lo previsto en los artículos 19 y 180 del Código Procesal Penal.
Cuando se pusiere término a la utilización del monitoreo telemático, y transcurridos dos años desde el cumplimiento de la condena, Gendarmería de Chile procederá a la destrucción de la información proporcionada por este sistema, en la forma que determine el reglamento al que se refiere el artículo 23 octies.
El que conociendo, en razón de su cargo, la información a que alude el inciso anterior, la revelare indebidamente, será sancionado con la pena prevista en el inciso primero del artículo 246 del Código Penal.”.
Los representantes del Ejecutivo manifestaron que el texto original contemplaba la autorización judicial para que el Ministerio Público pudiera acceder a la información del control telemático en la investigación de otro delito. Propusieron reponer la citada autorización, dado que podría ocurrir que aquella institución la solicitara en forma permanente y genérica. En segundo lugar, añadieron que debiera existir una evaluación jurisdiccional para resolver si amerita o no acceder a la petición del Ministerio Público.
La Comisión sugirió rechazar la modificación propuesta por el Senado, por la unanimidad de sus miembros. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Monckeberg , Schilling y Squella .
Su artículo 23 septies aprobado por la Cámara dispone, en su inciso primero, que la instalación, mantención y utilización de los dispositivos de control telemático de que trata esta ley, serán siempre gratuitas para los sujetos afectos al sistema de monitoreo telemático.
En su inciso segundo, establece que, excepcionalmente, se podrá cobrar, total o parcialmente, por la utilización del dispositivo de control telemático a los sujetos afectos al sistema de monitoreo que dispongan de recursos para financiarlo privadamente. Para estos efectos, se considerará, al menos, su nivel de ingresos, capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependa, en conformidad al reglamento al que hace referencia el artículo siguiente.
En su inciso final, señala que siempre que procediere el cobro por la utilización del sistema de monitoreo telemático, se deberá informar al condenado de dicha circunstancia en forma previa a la instalación del correspondiente dispositivo.
El Senado propuso eliminar los incisos segundo y tercero.
Los representantes del Ejecutivo explicaron que el Senado suprimió la posibilidad de cobrar al condenado por la utilización del monitoreo telemático, ya que, por una parte, sería cuestionable la legitimidad de la medida, al tratarse de una pena, y por otra, se consideró que los costos de administración del cobro superarían el monto de los ingresos, por lo que el sistema sería ineficiente.
Acotaron que en la legislación comparada, se ha implementado el cobro de este tipo de medida en algunos Estados de U.S.A., sin éxito en la práctica.
La Comisión aprobó esta enmienda por unanimidad ( Diputada señora Turres y Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Monckeberg , Schilling y Squella ).
Su artículo 33 ( 34 según el texto aprobado por la Cámara) propone en su inciso primero, facultar al tribunal para que, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería, disponga la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por el régimen de la libertad vigilada intensiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la pena impuesta al condenado fuere de cinco años y un día de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, u otra pena inferior;
b) Que al momento de discutirse la interrupción de la pena privativa de libertad, el penado no registre otra condena por crimen o simple delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 bis;
c) Que el penado, con posterioridad a que la sentencia hubiese quedado ejecutoriada, hubiera cumplido un tercio de la pena privativa de libertad de manera efectiva, y
d) Que el condenado observe un comportamiento sobresaliente de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la ley N° 19.856, que Crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados Sobre la Base de la Observación de Buena Conducta.
En su inciso segundo, establece que para estos efectos, el tribunal citará a audiencia a los intervinientes en la que examinará los antecedentes, particularmente aquellos relativos a la factibilidad técnica de la aplicación del monitoreo telemático, oirá a los presentes y resolverá.
En su inciso tercero, señala que en caso de concederse la interrupción de la pena privativa de libertad, el tribunal deberá fijar el plazo de observación de la libertad vigilada intensiva, el que no podrá ser inferior a cuatro años ni superior a seis años y las condiciones que deberá cumplir el condenado conforme a lo prescrito en los artículos 17, 17 bis y 17 ter de esta ley.
En su inciso cuarto, prescribe que en caso que el tribunal se pronuncie rechazando el otorgamiento de la interrupción de la pena regulada en este artículo, aquélla no podrá discutirse nuevamente sino hasta transcurridos seis meses desde de su denegación.
En su inciso quinto, establece que la resolución que se pronuncie sobre la interrupción de la pena privativa de libertad, será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.
En su inciso sexto, estatuye que si el penado cumpliere satisfactoriamente la pena de libertad vigilada intensiva, el tribunal lo reconocerá en una resolución fundada remitiendo el saldo de la pena privativa de libertad interrumpida y teniéndola por cumplida con el mérito de esta resolución.
En su inciso séptimo, señala que los condenados que fueren beneficiados con la interrupción de la pena privativa de libertad, no podrán acceder al reemplazo de la pena sustitutiva a que se refiere el artículo 33 de esta ley.
El Senado propuso reemplazar esta norma por la siguiente:
“Artículo 33.- El tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería de Chile, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la sanción impuesta al condenado fuere de cinco años y un día de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, u otra pena inferior;
b) Que al momento de discutirse la interrupción de la pena privativa de libertad, el penado no registrare otra condena por crimen o simple delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 bis;
c) Que el penado hubiere cumplido al menos un tercio de la pena privativa de libertad de manera efectiva, y
d) Que el condenado hubiere observado un comportamiento calificado como “muy bueno” o “bueno” en los tres bimestres anteriores a su solicitud, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.442, de 1926, Reglamento de la Ley de Libertad Condicional.
En el caso que el tribunal dispusiere la interrupción de la pena privativa de libertad, reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, ésta deberá ser siempre controlada mediante monitoreo telemático.
Para estos efectos, el informe de Gendarmería de Chile a que se refiere el inciso primero, deberá contener lo siguiente:
1) Una opinión técnica favorable que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, a fin de conocer las posibilidades del condenado para reinsertarse adecuadamente en la sociedad, mediante una pena a cumplir en libertad. Dicha opinión contendrá, además, los antecedentes sociales y las características de personalidad del condenado y una propuesta de plan de intervención individual que deberá cumplirse en libertad. Considerará, asimismo, la existencia de investigaciones formalizadas o acusaciones vigentes en contra del condenado.
2) Informe de comportamiento, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.442, de 1926, Reglamento de la Ley de Libertad Condicional.
3) Factibilidad técnica de la aplicación del monitoreo telemático, la cual incluirá aspectos relativos a la conectividad de las comunicaciones en el domicilio y la comuna que fije el condenado para tal efecto.
Con lo anterior, el tribunal citará a los intervinientes a audiencia, en la que examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá.
En dicha audiencia, el tribunal podrá requerir a Gendarmería de Chile mayores antecedentes respecto a la factibilidad técnica del monitoreo.
En caso de disponerse la interrupción de la pena privativa de libertad, el tribunal fijará el plazo de observación de la libertad vigilada intensiva por un período igual al de duración de la pena que al condenado le restare por cumplir. Además, determinará las condiciones a que éste quedará sujeto conforme a lo prescrito en los artículos 17, 17 bis y 17 ter de esta ley.
Si el tribunal no otorgare la interrupción de la pena regulada en este artículo, ésta no podrá discutirse nuevamente sino hasta transcurridos seis meses desde de su denegación.
Si el penado cumpliere satisfactoriamente la pena de libertad vigilada intensiva, el tribunal lo reconocerá en una resolución fundada, remitiendo el saldo de la pena privativa de libertad interrumpida y teniéndola por cumplida con el mérito de esta resolución.
Los condenados que fueren beneficiados con la interrupción de la pena privativa de libertad no podrán acceder al reemplazo de la pena sustitutiva a que se refiere el artículo 32 de esta ley.”.
Los representantes del Ejecutivo dieron a conocer que la norma propuesta por el Senado especifica algunas exigencias en relación con el informe de comportamiento, que puede ser bueno o muy bueno, de conformidad con lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.442, de 1926, Reglamento de la Ley de Libertad Condicional. Asimismo, se especifica que se requiere una opinión de Gendarmería sobre la factibilidad técnica de la aplicación del monitoreo telemático, a la vez que se regulan con mayor detalle éste y otros requisitos que debe tener en cuenta el tribunal para pronunciarse sobre la aplicación de la pena mixta.
Comentaron que en Gendarmería habrá una unidad especializada en la elaboración de informes de factibilidad técnica- denominada Unidad de Monitoreo Telemático- que tendrá a su cargo verificar la cobertura de los dispositivos con las empresas correspondientes, para asegurar su eficacia.
La Comisión aprobó esta enmienda por unanimidad. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Monckeberg y Schilling .
Su artículo 34 ( 35 en el texto propuesto por la Cámara), que se refiere a las reglas especiales aplicables a los extranjeros, dispone lo siguiente:
“Artículo 35.- Si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiere legalmente en el país, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá, una vez cumplida un tercio de la pena privativa de libertad, sustituir el cumplimiento de dicha pena por su expulsión del territorio nacional, salvo que el condenado acredite tener arraigo familiar o social, o que desarrolle permanentemente un trabajo remunerado, pudiendo solicitarse informe a Gendarmería de Chile.
A la audiencia que tenga por objeto resolver acerca de la posible sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, deberá ser citado el Ministerio del Interior, a fin de ser oído. Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse al Departamento de Extranjería del Ministerio mencionado, para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta medida, debiendo mantenerse el condenado en el intertanto, bajo la custodia de Gendarmería de Chile.
El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión, no podrá regresar al país en un plazo de diez años, contado desde la fecha de la sustitución de la pena.
En caso que el condenado regresare al país dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.
El Senado reemplazó el artículo 35, que ha pasado a ser 34, por el siguiente:
“Artículo 34.- Si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiere legalmente en el país, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la expulsión de aquél del territorio nacional.
A la audiencia que tenga por objetivo resolver acerca de la posible sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, deberá ser citado el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de ser oído. Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse al Departamento de Extranjería del Ministerio mencionado para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta pena y se ordenará la internación del condenado hasta la ejecución de la misma.
El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión, no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de la sustitución de la pena.
En caso que el condenado regresare al territorio nacional dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplirse el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”
Los representantes del Ejecutivo explicaron que se eliminó en el inciso primero la exigencia de cumplimiento de un tercio de la pena y la excepción de arraigo que hacía improcedente la expulsión. En el inciso segundo, además de un cambio terminológico, se modificó la regulación acerca del estado en que queda el condenado en tanto no se materialice la expulsión. En los otros incisos también se realizaron cambios formales, reemplazando la expresión “país” por “territorio nacional”.
Precisaron que la eliminación de la exigencia de cumplimiento de un tercio de la pena se debe, en primer lugar, a que en la práctica el tribunal no tiene la capacidad de fiscalizar que se haya cumplido con la misma.
Señalaron que hoy la normativa vigente en materia de extranjería contempla la posibilidad de expulsar a todo condenado que haya cumplido su pena y el proyecto pretende adelantar la expulsión al momento en que tal pena es impuesta. Además, los extranjeros no optan a la pena sustitutiva de la misma forma que los nacionales, dado que los primeros no tienen el arraigo social que tienen los segundos.
El Diputado señor Araya informó que la mayor parte de los extranjeros condenados por microtráfico en el norte, son los denominados “burreros”: Estimó irracional expulsarlos, porque volverán a ingresar al país en cuanto puedan. Añadió que la policía no tiene la capacidad de controlar tal situación. Cuando se propuso exigir para la expulsión el cumplimiento de un tercio de la condena, se buscaba que el extranjero sepa que si delinque tendrá que cumplir al menos una parte de la pena efectivamente impuesta. Por ello, solicitó rechazar esta modificación.
El Diputado señor Monckeberg planteó que, dado el colapso que sufre nuestro sistema carcelario, el juez tenderá a optar por decretar la expulsión.
Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que la idea del proyecto es adelantar la facultad que tiene el magistrado para decretar tal expulsión.
Destacaron que nadie se ocuparía de verificar que se cumpla un tercio de la pena para proceder a la expulsión y que muchos de los extranjeros que permanecen en penales, generan actividades ilícitas en su interior.
Reiteraron que mantener a una persona privada de libertad hasta que cumpla un tercio de la pena, para luego expulsarla, no tiene mayor sentido.
El Diputado señor Monckeberg preguntó si el condenado tiene la posibilidad de solicitar una audiencia al tribunal.
Los representantes del Ejecutivo expresaron que sí podría hacerlo. Sin embargo, en el diseño institucional de la Defensoría Penal Pública no se contempla la defensa de condenados.
Afirmaron que las penas que se aplican a los extranjeros condenados por tráfico de drogas en el norte del país son mayores a cinco años y un día, en circunstancias que esta ley es aplicable a quienes hayan sido condenados a penas inferiores. Por tal razón, el Senado optó porque el juez tenga la opción de decretar la expulsión.
El Diputado señor Squella sugirió rechazar la modificación del Senado, por cuanto consideró que con ella se enviaban señales equívocas, dado que los extranjeros condenados a una pena inferior a cinco años podrán regresar a su país.
El Diputado señor Ceroni estimó un exceso la propuesta efectuada por el Senado, ya que el extranjero se hallará en ventaja respecto de cualquier chileno que se encuentre en idéntica situación.
El Diputado señor Cardemil manifestó que comparte la modificación efectuada por el Senado, ya que hace operativa la norma. Añadió que ésta sólo se refiere a los extranjeros ilegales que hubieren sido condenados y destacó que estas personas están copando las cárceles del norte.
El Diputado señor Burgos hizo presente que no se debe vincular automáticamente esta norma con el narcotráfico, porque los condenados por tal ilícito no debieran poder acogerse a esta ley, en razón de la alta penalidad que la ley N°20.000 contempla para este tipo de delitos.
Además, recalcó que si el condenado regresa al territorio nacional deberá cumplir el saldo de la pena primitivamente impuesta.
Los representantes del Ejecutivo declararon que el incentivo a no regresar al país no es menor, en virtud de lo expuesto por el Diputado Burgos . Recordaron que las personas que regresen al país inmediatamente serán conducidas a la audiencia de revocación.
El Diputado señor Ceroni recordó que la medida alternativa no es un beneficio, sino que una sanción. En este caso se trata de extranjeros que no residen legalmente en el país. Si éstos cometen un delito, la pena sustitutiva a aplicar no puede ser la expulsión, porque se trata de un residente ilegal y sin cometer delito alguno tendría que ser expulsado. Si se le aplica la medida de expulsión, ésta debe responder al carácter ilegal de su situación y no a la comisión de un delito. Destacó que se produce una situación absurda.
Los representantes del Ejecutivo añadieron que si se compara la medida de expulsión del país con una pena privativa de libertad, la primera parece un beneficio. Sin embargo, hicieron presente que la expulsión procede después de cumplir un tercio de la pena y lo que hace el proyecto es adelantar la expulsión, previa audiencia ante el juez, por lo que existen mayores garantías que la expulsión decretada por la vía administrativa.
Hicieron presente que hoy existen extranjeros ilegales cumpliendo medidas alternativas, pero debido a su situación, no pueden trabajar ni estudiar y viven en una situación de permanente vigilancia estatal hasta la expulsión.
Comentaron que muchos extranjeros ilegales comienzan relaciones sentimentales que alimentan esperanzas de arraigo, en circunstancias que posteriormente serán expulsados. Muchas veces, al inicio de la condena, los condenados solicitan el traslado, acogiéndose a los convenios existentes, y luego se retractan por los vínculos afectivos que desarrollan en las cárceles.
La Comisión aprobó la enmienda propuesta por el Senado por siete votos a favor ( Diputada señora Turres y los Diputados señores Burgos , Cardemil , Eluchans , Monckeberg , Rincón y Schilling) y tres en contra (Diputados señores Araya , Calderón y Ceroni ).
Su artículo 35, disposición agregada por el Senado, dispone lo siguiente:
“Artículo 35.- No se aplicará ninguna de las penas sustitutivas contempladas en esta ley a la persona que hubiere sido condenada con anterioridad por alguno de los crímenes o simples delitos establecidos por las leyes números 20.000, 19.366 y 18.406, en virtud de sentencia ejecutoriada, haya cumplido o no, efectivamente, la condena, a menos que le hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000.”.
Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que esta norma replica una disposición del artículo 65 de la ley N° 20.000, en virtud de la cual se establece que las penas sustitutivas no son aplicables a los reincidentes en los ilícitos tipificados en dicho texto legal. Aclararon que esta repetición normativa obedece a la conveniencia de evitar posibles errores interpretativos que puedan llegar a concluir que el citado artículo 65 habría perdido vigencia.
Hicieron notar que existe un error de referencia en el texto aprobado por el Senado, y debe corregirse la remisión a la ley N° 18.406, pues debe aludirse a la ley N° 18.403.
El Diputado señor Araya , hizo presente que esta norma estaría en contradicción con el inciso final del artículo 1°, según el cual, para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito. En efecto, en el caso de los condenados por los crímenes o simples delitos establecidos por las leyes números 20.000, 19.366 y 18.403, que sancionan el tráfico de estupefacientes, no podría imponérseles una pena sustitutiva cualquiera sea el plazo transcurrido entre la condena y la comisión del nuevo ilícito, lo que afectaría a quienes sean condenados por microtráfico, ya que las demás figuras penales contempladas en los mencionados textos legales no permiten, en función de las penas que se les asignan, la aplicación de las penas sustitutivas.
Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que el artículo 35 sería una excepción a lo dispuesto en el artículo 1°, ante lo cual surgieron dudas por posibles conflictos de interpretación.
El Diputado señor Burgos cuestionó el hecho de que para los condenados por delitos de mayor gravedad, como el parricidio, se contemple la posibilidad de aplicar una pena sustitutiva una vez que transcurra un cierto plazo entre la condena y la comisión de un nuevo ilícito, y, en cambio, se impida de plano su imposición en el caso de los condenados por microtráfico.
El Diputado señor Calderón sostuvo que ello obedece a razones de política criminal, por cuanto el parricidio es un delito de escasa ocurrencia no obstante su gravedad. Indicó que se pretende impedir que los condenados por delitos contemplados en la Ley de Drogas cumplan su pena en libertad, dadas las características criminológicas de estos ilícitos.
Los representantes del Ejecutivo estimaron que para aclarar las dificultades de interpretación, el contenido del artículo 35 debería trasladarse como inciso final del artículo 1°.
La Comisión rechazó este artículo por unanimidad. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Monckeberg y Schilling .
Su artículo 36 bis, nueva disposición agregada por el Senado, señala lo siguiente:
“Artículo 36 bis.- Los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las penas sustitutivas que contempla la presente ley, serán resueltos por el juez de garantía del lugar donde ésta deba cumplirse.”.
Los representantes del Ejecutivo manifestaron que la propuesta constituye una modificación respecto a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales porque le otorga competencia a un tribunal diverso del que señala el citado cuerpo legal.
El Diputado señor Araya expresó que lo más lógico es que sea el tribunal que dictó la sentencia el que conozca de los conflictos a que se refiere este artículo.
Los representantes del Ejecutivo afirmaron que el mencionado Código contempla una disposición general que establece que al juez que dictó la sentencia le corresponde hacerse cargo de los conflictos que se susciten, regla que en el caso de existir lejanía entre el tribunal que dictó la sentencia y el lugar en que se cumple la pena, lógicamente complica la solución desde el punto de vista práctico. Sugirieron consagrar esta posibilidad sólo en forma excepcional.
La Comisión por la unanimidad de sus miembros sugirió rechazar la norma propuesta por el Senado. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Monckeberg , Schilling y Squella .
Artículo transitorio.
El Senado propuso incorporar el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio.- Los requisitos para desempeñar el cargo de delegado de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, establecidos en la letra a) del artículo 20 bis de la ley N° 18.216, no serán aplicables a los funcionarios de Gendarmería de Chile que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren habilitados para desempeñar la función de delegados de libertad vigilada.”.
Los representantes del Ejecutivo explicaron que mediante esta norma especial se pretende evitar que los actuales delegados de libertad vigilada se vean afectados por los nuevos requisitos para desempeñar su función.
La Comisión aprobó esta enmienda por unanimidad. Participaron en la votación la Diputada señora Turres y los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Monckeberg y Schilling .
CONCLUSIÓN.
En virtud de lo expuesto, la Comisión acordó recomendar la aprobación de la totalidad del texto propuesto por el Senado, con excepción del numeral 23) y de los artículos 23 quinquies, 35 y 36 bis del numeral 35, todos del artículo 1°.
CONSTANCIA.
El Senado calificó como normas de rango orgánico constitucional los artículos 36 bis, 37 y 39 propuestos en el numeral 36 del artículo 1° del proyecto, por decir relación con la organización y atribuciones de los tribunales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, calificación con la que concordó la Comisión.
DIPUTADO INFORMANTE .
Se designó Diputado Informante al señor Guillermo Ceroni Fuentes .
Sala de la Comisión, a 10 de abril de 2012.
Acordado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los Diputados señor Cristián Monckeberg Bruner ( Presidente ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Pedro Araya Guerrero , Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle .
Asistió, asimismo, en reemplazo del Diputado señor Marcelo Díaz Díaz , el Diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión .”
5 Informe de la delegación del Congreso Nacional que concurrió a la 126a Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, efectuada en Kampala, Uganda, entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2012.
Honorable Senado,
Honorable Cámara,
Tengo a honra informar sobre la participación de la delegación parlamentaria que concurrió a la 126a Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y Reuniones Conexas, efectuada en Kampala, Uganda, del 30 de marzo al 5 de abril de 2012.
Asistieron los senadores señores Juan Pablo Letelier , Carlos Ignacio Kuschel , Eugenio Tuma y los diputados señoras María Angélica Cristi , Denise Pascal , y señores Sergio Bobadilla , Rene Manuel García y Roberto León ( Presidente de la delegación).
I. INAUGURACIÓN.
Durante la inauguración usaron de la palabra, en primer término, la Presidenta del Parlamento de Uganda , señora Rebecca Kadaga , quien agradeció y dio la bienvenida a los asistentes y resaltó que la UIP se reunía por primera vez en el África subsahariana y recordó que precisamente se celebraba el aniversario 50° de la Independencia de Uganda.
Subrayó la importancia del tema analizado en el debate general, cual fue “Subsanar la brecha entre los parlamentos y los ciudadanos”, por cuanto también dicha problemática atañe a Uganda, motivo por el cual se encuentran desarrollando acciones para difundir el trabajo legislativo a la ciudadanía y promoviendo soluciones ante el gobierno para los problemas que enfrentan las distintas regiones.
En ese contexto, formuló un llamado a la prensa, y destacó la información que se da a conocer a través de internet sobre la labor parlamentaria (Facebook y Twitter).
En seguida, intervino el señor Muburi-Muita , representante especial del Secretario General de la ONU de la Oficina Regional ante la Unión Africana, quien refiriéndose al tema objeto del debate general, precisó que los ciudadanos tras las manifestaciones del año pasado en distintas ciudades del mundo, esperan un mayor grado de transparencia por parte de las instituciones del Estado.
Acotó que todas estas manifestaciones no hacen más que reclamar por legalidad, democracia y justicia social.
Destacó, asimismo, el próximo lanzamiento del Informe Parlamentario Mundial en colaboración con ONU, donde se expresa que los parlamentarios deberían ser más transparentes y responsables, motivo por el cual instó a los asistentes a dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Se refirió, además, a los temas de estudio de las tres Comisiones Permanentes.
También puso énfasis en la importancia de establecer temas a debatir para la próxima Asamblea, tales como resguardar el agua y los recursos hídricos, la energía, sobre prevención de catástrofes naturales, mediante la instauración de sistemas de alerta temprana y de reforzar las capacidades en materia de derechos humanos.
A su vez, el Presidente de la UIP , señor Radi, se pronunció en favor de una participación igualitaria en la vida política, pública, y en general en la promoción de la participación igualitaria.
Recordó los principios básicos de la UIP como son la paz, el desarrollo y la democracia.
Felicitó a los países africanos por los importantes avances experimentados en las diferentes esferas, específicamente en el caso de Ruanda, donde destacó que el 35% de los parlamentarios fueran mujeres.
Resaltó el hecho de que la ciudadanía reclama una democracia más participativa, para finalmente referirse al golpe de Estado en Mali.
II. DEBATE GENERAL.
El tema del debate general fue “Subsanar la brecha entre los parlamentos y los ciudadanos”, donde participó el diputado señor León , Presidente de la delegación, quien en síntesis agradeció la hospitalidad del Parlamento de Uganda y resaltó la entrevista sostenida con su Presidenta , donde se tocaron temas bilaterales y se acordó estudiar la firma de un convenio de cooperación entre ambos Parlamentos.
Destacó la importancia del tema materia del debate general, aduciendo que los parlamentarios debían aprender a escuchar y a comprender los requerimientos de sus representados.
Destacó que durante los últimos diez años, los parlamentarios chilenos vienen aplicando una serie de medidas a fin de que la ciudadanía pueda comprender en mejor forma la labor parlamentaria.
Precisó que por ese motivo, desde cualquier parte del mundo, las personas pueden acceder a la información que requieran en materia de ingresos, conocer de las intervenciones, de las votaciones, sobre las misiones que cumplen en las distintas instancias internacionales, etc., todo esto con la finalidad de tener un parlamento totalmente transparente y responsable.
Subrayó, que por primera vez, nuestro Parlamento instauró un sistema mediante el cual la administración de los recursos y asignaciones parlamentarias son reguladas por un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, integrado por personas de diversas áreas, ajenas al Parlamento, encargado de estudiar y fijar las asignaciones parlamentarias, como también sobre la rendición de cuentas que deben efectuar en algunos ítem.
Con esta medida, nuestro país se sitúa dentro de los dos o tres países en el mundo que cuentan con un sistema que les permite transparentar la utilización de sus recursos.
Destacó el hecho de que los parlamentarios son mal evaluados, y esto se presenta a nivel mundial, lo que significa un tema de mayor profundidad, pues esto afecta no solamente a los políticos sino a la política.
Recordó los últimos movimientos sociales, como la “primavera árabe”, el “movimiento de los indignados” y otros, donde claramente la ciudadanía clama por ser escuchada. Nuestro propio país tampoco ha estado ajeno a estas movilizaciones y por tanto concluyó en que ningún país está exento de vivir situaciones como las descritas.
Finamente, recordó que en el caso de Chile, el clamor popular que se escuchaba contenía la siguiente frase: “El pueblo unido avanza sin partidos”, lo que no deja de llamar la atención, pues se trata de un mensaje claro y directo que los parlamentarios deberían considerar y reflexionar acerca de cómo responder a esta demanda social. Por ello resulta esencial que los políticos sean capaces de lograr una real cercanía y crear los lazos de confianza necesarios con la ciudadanía de manera de representar realmente sus aspiraciones y anhelos.
En virtud de lo anterior, se preguntó en qué habían fallado los políticos, y concluyó en que debían ser iguales al resto, evitar las diferencias y discriminaciones y en general abrir los espacios necesarios en todos los escenarios.
A continuación, destacó la actitud de la delegación argentina, que habiendo manifestado su intención de presentar un punto de urgencia sobre el tema de las Malvinas, tuvieron la altura miras suficiente para retirarlo, en beneficio de que se aprobara el punto de urgencia sobre Siria.
Destacó el apoyo de Chile a la República hermana y recordó el aniversario 30° desde aquel episodio, motivo por el cual agradeció doblemente el gesto.
En suma instó a sus colegas y audiencia a avanzar de manera decidida para recuperar la confianza y credibilidad.
III. PUNTOS DE URGENCIA.
Cabe tener presente que se recibieron diversas solicitudes para incorporar los siguientes puntos de urgencia:
-El Golán Sirio , ocupado desde 1967, presentado por la República Árabe Siria.
-La situación en Siria, presentado por Canadá.
-Promocionar una contribución parlamentaria para los esfuerzos de Naciones Unidas, la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación en el Golfo, y los esfuerzos internacionales para detener las matanzas en Siria, y crear una iniciativa interparlamentaria basada en el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, presentado por la Unión de los Emiratos Árabes.
-El rol de los parlamentos en reforzar los esfuerzos regionales e internacionales para detener la violencia y las muertes en Siria y dar apoyo al Plan de la Liga Árabe para obtener una transición pacífica del poder, presentado por Egipto.
-La necesidad urgente de terminar con la matanza y la masiva violación de los derechos humanos en Siria para garantizar que la ayuda humanitaria alcance a todos los sirios que la necesitan, y pavimentar el camino para un diálogo inclusivo entre todos los sirios con el objeto de encontrar una solución política duradera, presentado por Francia.
La necesidad de apoyar la reconciliación nacional para construir instituciones democráticas en los países envueltos en disturbios y caos, particularmente en Siria y en Bahrein, presentado por Irán.
La situación política y humanitaria en Siria y apoyo parlamentario internacional a las iniciativas de Naciones Unidas y de la Liga Árabe para detener de inmediato la matanza y promover la legítima democracia parlamentaria, presentado por el Reino Unido.
Finalmente, en la resolución aprobada, los parlamentos miembros de la UIP expresaron su solidaridad y empatia con el pueblo sirio, cuyos derechos humanos y libertades democráticas están siendo brutal y sistemáticamente atropellados por su propio gobierno.
La resolución hizo un llamado al término inmediato de la violencia y los abusos en Siria y expresó todo el apoyo a los esfuerzos internacionales y regionales para encontrar una solución pacífica a la crisis.
Recomendó a los parlamentos proporcionar toda la asistencia humanitaria necesaria a aquellos afectados por la violencia, incluyendo a aquellos en tos países vecinos. También solicitó un proceso político inclusivo que aborde las legítimas aspiraciones democráticas del pueblo sirio.
Enfatizó el papel crucial que la UIP puede desempeñar al asistir a democracias emergentes, promoviendo la reconciliación política y defendiendo los principios de la democracia representativa y los derechos humanos.
Finalmente destaca que los parlamentos miembros de la Unión Interparlamentaria han recomendado a la organización enviar una misión investigadora a Siria que pueda tomar las medidas necesarias para detener matanza y el sufrimiento humano en el lugar.
La resolución fue aprobada con la reserva de las delegaciones de Venezuela, Cuba, Irán y la República Democrática de Corea.
El senador Turna manifestó su complacencia por la preocupación de la UIP en cuanto a lograr la normalización de la situación en Siria. Sin embargo, a su parecer, esta resolución presenta una contradicción entre los considerandos y la parte resolutiva, pues en los primeros se expresa la necesidad de la no injerencia extranjera en el conflicto interno sirio, mientras que en el punto 12 de la parte resolutiva, se apoyan sanciones económicas y diplomáticas foráneas a Siria, por lo tanto hizo valer su reserva respecto de este punto.
Se adjunta el texto aprobado en Anexo N° 1.
IV. COMISIONES PERMANENTES.
Las tres comisiones permanentes llevaron a cabo sus agendas en los términos siguientes:
1) Primera Comisión sobre Paz y Seguridad Internacional.
Se encargó de analizar el tema “Promoción y práctica de la buena gobernanza como medio de favorecer la paz y la seguridad: sacar enseñanzas de los acontecimientos recientes en el Medio Oriente y en África del Norte”.
Participó el senador señor Eugenio Turna , quien señaló que la ONU debiera entregar pautas éticas y políticas de conducta a los organismos internacionales y a los Estados, para asegurar que la gobernabilidad y la edificación de una democracia estable puedan ser efectivas en todos los territorios soberanos sin discriminaciones ni distinciones.
Del mismo modo, invitó a la ONU a que conforme una comisión internacional formada por connotados juristas y autoridades políticas para que velen porque se garanticen todas las acciones institucionales tendientes a que el Estado de Palestina pueda acceder a condiciones mínimas de gobernabilidad y de desarrollo económico y social.
Por último, hizo un llamado a tos Estados que integran la ONU y a los miembros de su Consejo de Seguridad, para que se acepte al Estado de Palestina, en calidad de miembro permanente, con todos los derechos y deberes que le impone su Carta.
Por último, cabe dejar constancia que el senador señor Turna participó, además, en el Comité de Redacción de la resolución que fue aprobada y cuyo texto se adjunta en Anexo N° 2.
2) Segunda Comisión sobre Desarrollo
Sostenible, Financiamiento y Comercio. Discutió acerca de “Redistribución del poder, no solamente la riqueza: ¿quién fija las agendas internacionales?”. Intervino el diputado señor Rene Manuel García , con el siguiente discurso:
“El asunto que hoy nos convoca es de una enorme trascendencia para consolidar la paz y la cooperación como principios rectores de la convivencia internacional. Vivimos en un mundo lastrado por flagrantes desigualdades en la distribución de los recursos de todo tipo, lo que condena a millones de personas a condiciones indignas de vida, cuando no lisa y llanamente al riesgo para su propia existencia. Sin embargo, en muchos países en desarrollo se han hecho avances innegables para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, a la vez que se ha emprendido un sólido proceso de crecimiento económico que se refleja en el mejor desempeño que están teniendo las economías emergentes a nivel internacional.
Es un mundo inmerso, por tanto, en un fuerte proceso de cambio y marcado por la intensificación de las relaciones económicas y sociales de todo tipo, de la mano del proceso de globalización, que nos ha brindado grandes oportunidades para el desarrollo. Ahora bien, si no se establecen las regulaciones adecuadas para su gobernanza, puede acarrear también importantes riesgos como estamos viendo, en este último tiempo, con la crisis financiera y económica mundial. Por otra parte, las perspectivas que plantean problemas globales como el cambio climático se muestran sombrías si no se establecen estructuras institucionales multilaterales que permitan encauzar adecuadamente la cooperación.
Y sin embargo, las instituciones multilaterales con que contamos actualmente están ancladas en equilibrios de poder heredados de mediados del siglo pasado. Los países emergentes y en desarrollo, muchos de los cuales han visto incrementado su poder e influencia en la escena internacional en las últimas décadas, no ven reflejada esta situación en la composición y el funcionamiento de la gobernanza global. Las agendas internacionales que en esas instituciones se definen no recogen, por tanto, buena parte de las prioridades, las visiones y los intereses de gran parte de la humanidad que habita, precisamente, en las naciones de Asia, África , América Latina y los países en transición de la antigua “Europa oriental”.
Es imperioso que, como parlamentarios, impulsemos una reforma profunda de las principales instituciones multilaterales que brindan gobernanza al mundo. Como se dijo con ocasión del debate sobre este mismo asunto en la sesión precedente, “la riqueza no puede ser redistribuida sin una redistribución del poder”. De esta manera, por cierto, estaremos fortaleciendo el multilateralismo que, en tanto estructura institucional basada en reglas y en procedimientos establecidos para la definición de las agendas internacionales y la toma de decisiones, es muy relevante para todos los países. Especialmente, lo es para las naciones de menor desarrollo relativo, en tanto incrementa sus oportunidades de articular mejor sus intereses y aspiraciones.
Por ello, debemos abogar por una pronta reforma al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dotándolo de mayor representatividad a partir de la incorporación como miembros permanentes de algunos países emergentes destacados como Brasil o India; tenemos que impulsar la implementación efectiva de la revisión de cuotas, que implica modificar el poder de voto, en el Fondo Monetario Internacional acordada en 2010 que entrega a los países en desarrollo algo más de un 47% de los votos, y continuar con el proceso hasta lograr al menos una paridad con los países desarrollados.
En fin, tenemos que lograr que la voz y la influencia de los países de menor desarrollo relativo tengan canales de expresión adecuados en todas las instituciones multilaterales. Pero, además, es necesario lograr un multilateralismo más inclusivo, involucrando a los ciudadanos y la sociedad civil en la formulación de las agendas, acogiendo las inquietudes y puntos de vista de todas las 'partes interesadas' (stakeholders) de la sociedad civil y el sector privado en aquellos asuntos que los afectan en que actúen los organismos internacionales.
Y, como parlamentarios, no podemos olvidar la relevancia de acordar un rol para los propios Parlamentos, como instituciones representativas de la pluralidad social y política de los ciudadanos, en esta nueva arquitectura institucional multilateral. En efecto, en estas instancias se están adoptando compromisos que, a través de la adopción de normas o el acuerdo sobre principios orientadores de la política pública, tienen un impacto directo o indirecto en la vida diaria de las personas. Además, son materias respecto a las cuales los Parlamentos tenemos constitucionalmente asignadas importantes competencias pero que, en tanto se acuerdan en el ámbito 'externo', nos son de hecho sustraídas en gran medida a nuestro análisis. En consecuencia, y como forma de contribuir a la democratización de las instituciones multilaterales, es necesario que estas incorporen una dimensión parlamentaria importante. A la vez, debemos mejorar las formas de ejercer nuestro control e influencia en los procesos de deliberación y negociación multilaterales, en diálogo y estrecha colaboración con nuestros respectivos gobiernos.
Construir una arquitectura institucional multilateral más representativa y democrática es, al mismo tiempo, una forma de dotarla de mayor eficacia para abordar los desafíos de un mundo en cambio en pos del desarrollo de nuestras naciones y el bienestar de nuestros ciudadanos.”
La resolución fue aprobada por unanimidad y su texto se adjunta en Anexo N° 3.
3) Tercera Comisión sobre Democracia y Derechos Humanos.
Debatió sobre “El acceso a la salud, un derecho fundamental: ¿Qué rol pueden jugar los parlamentos para garantizar la salud a las mujeres y los niños?”
Intervino la diputada señora Denise Pascal , quien señaló que la salud constituye un derecho humano y que por tanto debería estar entre las principales responsabilidades de los gobiernos.
Asimismo, recordó que la Cumbre sobre los Objetivos del Milenio, celebrada el 2010, concluyó que los objetivos no podrían cumplirse al 2015, si se continuaba con la misma línea de trabajo de los últimos diez años.
En lo que se refiere a la interrogante del tema en análisis, a su parecer, este tiene directa relación con la inquietud acerca de cómo romper la brecha que existe entre los parlamentos y los ciudadanos, en un tema tan fundamental como es el acceso a la salud, y en el caso preciso, por incidir en las mujeres y los niños.
Acotó, que también era preciso tener en cuenta factores como la diversidad de realidades o sistemas de salud poco competitivos e inadecuadamente financiados, con tasas de mortalidad muy altas. Estas carencias podrían disminuirse si los profesionales de la salud aceptaran la participación por ejemplo, de las matronas, quienes podrían atender numerosos casos que no presenten complejidades.
Por otra parte, señaló que resulta alarmante constatar la subsistencia de entre 100 a 140 millones de niñas y mujeres que viven actualmente con las secuelas de la mutilación genital, pese a que la
Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre los enormes riesgos que conlleva, especialmente en los partos y que en numerosas ocasiones trae como consecuencia el fallecimiento del recién nacido. Por tal motivo, formuló un especial llamado a terminar con estas prácticas.
Desde otro punto de vista, puso énfasis en el alto número de mujeres embarazadas que mueren por el virus VHI-SIDA, cuya cifra se estima en más de 40.000 muertes al 2008.
En lo que se refiere a la desnutrición, constató que alrededor de un tercio de las muertes de niños pequeños en África subsariana y Asia del sur, se ocasionan precisamente en esta enfermedad.
Por ello, señaló que se trata de un problema insoslayable.
Las estimaciones acusan que 370.000 niños contrajeron dicha enfermedad en 2009, durante el período perinatal y de lactancia.
Todo lo anterior, aconseja que en numerosas áreas es preciso desarrollar e implementar servicios de prevención que puedan detener la trasmisión madre-hijo, así como el debido acceso a las medicinas y vacunas, que permitan disminuir estas alarmantes cifras. Por esto es que instó a que los laboratorios pongan en marcha un sistema solidario de vacunas y de esta manera poder alcanzar la meta fijada para el año 2015.
Por otra parte, y en cuanto dice relación con las facultades fiscalizadoras de los parlamentarios, instó a velar porque las personas a quienes representan reciban las prestaciones de salud necesarias a sus necesidades y por cierto especialmente en lo que se refiere a los niños.
También se inclinó por instaurar en los presupuestos nacionales y regionales los fondos que permitan satisfacer estas necesidades, pero a la vez, exigiendo que tales cifras sean transparentes sobre todo en cuanto se refiere a los gastos previstos y efectivos, consagrados para el sector salud. Esto debería ir acompañado de una evaluación del seguimiento y cumplimiento de los recursos asignados en favor de la salud, especialmente materna e infantil.
A continuación, la diputada señora Pascal se refirió a la situación chilena, para lo cual trajo a colación el sistema de control del niño sano, los programas de alimentación complementaria, de inmunizaciones y altas coberturas, la red de atención primaria y el acceso a hospitalización, los programas de planificación familiar, la obligatoriedad de auditar las muertes infantiles, la amplia cobertura de atención profesional del parto, las estrategias destinadas a la reducción de fallecimientos por infecciones respiratorias agudas en los meses de invierno y el fortalecimiento de la atención neonatal.
Del mismo modo, mencionó el fortalecimiento de la red asistencial, especialmente en cuanto a la atención primaria, a través de la creación de establecimientos certificados como Centros de Salud Familiar (CESFAM), y otras medidas.
En cuanto al sarampión, señaló que nuestro país implemento todas las estrategias propuestas por la Oficina Panamericana de Salud, conforme al compromiso para su erradicación regional, incluyendo la revacunación universal.
Añadió que el Programa Salud de la Mujer, ha evolucionado hacia la salud reproductiva y comprende atenciones a mujeres durante todo su ciclo vital.
Puso especial énfasis en cuanto a la nueva regulación del postnatal, y sus beneficios y a la posibilidad de compartir dicho permiso con el padre, de manera de fortalecer los lazos familiares e involucrar al padre en la crianza de sus hijos.
La resolución fue adoptada por unanimidad y su texto se adjunta en Anexo N° 4.
V. REUNIONES CONEXAS.
Sin perjuicio del trabajo desarrollado por las Comisiones Permanentes, también se llevaron a cabo otras reuniones, como se detallará a continuación:
1) Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios.
Participó el senador señor Juan Pablo Letelier, en su calidad de miembro permanente.
Dicha Comisión analizó numerosos casos de parlamentarios que se han visto privados de libertad e investiduras, de conformidad con los documentos que se adjuntan en Anexo N° 5.
2) Comité de Asuntos del Medio Oriente.
Participó la diputada señora María Angélica Cristi, en su calidad de integrante titular de dicho Comité.
Dicha instancia se abocó a dar cumplimiento a su agenda y recibió a una delegación compuesta por representantes de Israel, Palestina y Jordania, quienes sostuvieron un importante diálogo sobre el proceso de paz, detenciones de los miembros del Consejo Nacional Palestino, la seguridad en la franja de Gaza y otras tantas materias de relevancia.
Expusieron sus puntos de vista sobre el conflicto, dejando expresa constancia de la ausencia de Israel durante la Asamblea.
Especial mención se formuló respecto de la situación que afecta a 27 parlamentarios palestinos que se encuentran privados de libertad y en total abandono, quienes pertenecen a diferentes partidos políticos. Por este motivo, se solicitó revisar su situación jurídica.
El Comité aspira a proseguir con el diálogo con los parlamentarios de Israel, Palestina, Jordania y otros países árabes, con total imparcialidad e incorporar al máximo de representantes de todas las corrientes políticas envueltas en el conflicto, lo que implica incluir a todos los partidos políticos palestinos e israelíes, y también de los países vecinos.
Se insistió en que el Comité debía ser objetivo e imparcial en sus apreciaciones, pero que esto no los inhabilitaba para expresar su propia opinión o presentar sugerencias.
En línea con las recomendaciones del mes de octubre del año 2010, se constató que el Comité se encuentra equilibrado en cuanto a género y también cuenta con la adecuada representación geopolítica y, por tanto, tiene una perspectiva más amplia de acuerdo con esta nueva composición.
Finalmente, el Comité acordó realizar una visita a ambas zonas en conflicto, del 19 al 23 de mayo, incluyendo Palestina e Israel y la Franja de Gaza, y su principal objetivo será conocer la evolución de la situación en terreno, para lo que sostendrán entrevistas con parlamentarios de todos los partidos o facciones políticas tanto palestinas como israelitas, con la intención de mantener y profundizar este diálogo y evaluar los eventuales avances de las negociaciones.
Asimismo, se analizó una carta que sería enviada tanto al Presidente de la UIP como a los Presidentes de los Grupos Geopolíticos que da cuenta de la preocupación que existe en el conflicto palestino-israelí, donde la diputada señora Cristi manifestó algunas sugerencias para su mejor redacción.
3) Comité de Coordinación de la Reunión de las Mujeres Parlamentarias.
Reunió cerca de 100 parlamentarias, provenientes de 54 parlamentos, quienes se abocaron a discutir acerca de los proyectos de resolución de las Comisiones Segunda y Tercera, y sobre la temática “Las mujeres en política” y específicamente en cómo apoyar a la próxima generación de mujeres parlamentarias, y también en cuanto a las mujeres parlamentarias recientemente electas.
Se acordó que durante la próxima Asamblea se sostendrán reuniones con aquellos parlamentos que no cuentan con parlamentarias.
Asimismo, se dio cuenta pormenorizada acerca de otras reuniones sostenidas durante el último tiempo en temáticas como, por ejemplo, la violencia en las mujeres, situación de la mujer rural, etc.
Se dio cuenta del trabajo realizado por las dos subcomisiones encargadas de revisar las resoluciones de las Comisiones
Segunda y Tercera, y el aporte que se haría desde el punto de vista de género, en cuanto a presentar algunas enmiendas.
Se llevó a cabo un taller para potenciar la participación de nuevas parlamentarias y de motivar a las mujeres a participar en política. También se dio a conocer el mapa que elabora la UIP sobre la participación de las mujeres en política.
La diputada señora Pascal participó en la subcomisión encargada de analizar el pre informe emitido por la Tercera Comisión en el tema “El acceso a la salud, un derecho fundamental: ¿Qué rol pueden jugar los parlamentos para garantizar la salud a las mujeres y los niños?” Acotó que la salud pública chilena siempre ha sido considerada como una de las principales obligaciones y responsabilidades del Estado chileno.
En este contexto, destacó los avances experimentados por Chile en cuanto a asegurar la salud a través del Programa Chile Crece Contigo, para lo cual recordó la obra de la ex Presidenta Michelle Bachelet , hoy Secretaria General de ONU Mujeres , quien estableció este programa, que acompaña a la madre desde el inicio de su embarazo, protegiéndola de esta manera junto al que está por nacer, programa que se prolonga a través del Cuidado del Niño Sano.
También destacó la disminución que ha experimentado la mortalidad infantil en niños de uno a cuatro años, en que al 2008 alcanzó el 0,31%, esperándose que al 2015 esta cifra disminuya al 0,26%.
Respecto de la tasa de mortalidad infantil, acotó que por cada mil niños nacidos vivos, el año 2008 la mortalidad alcanzó al 7,8% y la proyección estimada al 2015 sería del 5,3%.
Desde el punto de vista de la prevención, señaló que al 2008 el porcentaje de niños vacunados contra el sarampión fue de 95,7% y que al 2015 se espera llegar al 97%.
En lo que respecta a la implementación del Plan AUGE, enumeró algunos de los objetivos alcanzados en esta materia, refiriéndose además a la nueva regulación del postnatal, destacando las ventajas de su ampliación y la posibilidad de compartir dicho permiso con el padre, lo que conlleva a que este desarrolle el apego al igual que la madre.
Desde otro punto de vista, planteó la importancia de la educación sexual enfocando la situación de los embarazos juveniles no deseados, a pesar de lo controvertido del tema debido a las barreras valóricas y políticas.
Finalmente hizo mención a la importancia de incluir programas que contemplen la fertilidad asistida que beneficia a parejas que presentan dificultades para la procreación.
Desde otro punto de vista, formuló una indicación para modificar los reglamentos con el objeto de aumentar y asegurar la participación femenina, dado que la Presidenta del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias sostuvo que la participación femenina se mantenía estancada y no se habían alcanzado los niveles esperados.
La propuesta fue acogida con entusiasmo y será analizada por el Comité Ejecutivo a fin de ser presentada durante la próxima
Asamblea del mes de octubre en Quebec, Canadá.
4) Grupo de Asociación entre Hombres y Mujeres (Partenariado).
Llevó a cabo su reuniones habituales, y concluyó en que de 604 delegados presentes, 177 fueron mujeres lo que constituye un porcentaje de 29.3%, ligeramente inferior al porcentaje que hubo en Panamá.
En esa idea, se subrayó que la participación femenina se encontraba estancada por lo que instaron a aumentar la participación de las mujeres.
De las 119 delegaciones asistentes, 11 estuvieron compuestas por 2 delegados. De ese número, 15 estuvieron integradas sólo por hombres (13.5%). (Azerbaijan, Brasil, Cambodia, Colombia, Haití,
Hungría , Kuwait, Latvia , Luxemburgo, Malta , Mongolia , Myanmar, Qatar , Arabia Saudita , y Suriname).
Las delegaciones de Malta, Papua Guinea , Nueva Guinea , Qatar y Arabia Saudita fueron objeto de sanción por haber concurrido con delegaciones integradas solamente por parlamentarios de un solo sexo, por tercera vez consecutiva.
Se constató que durante los doce años previos ha habido una ausencia de mujeres en los cargos directivos de la UIP y sólo han ostentado la presidencia en las Comisiones Segunda y Tercera.
Por tales motivos, se señaló que sería un tema a analizar durante la próxima Asamblea, de manera de encontrar un sistema que permita revertir esta situación y así poder aumentar la participación femenina.
Finalmente, se analizó la situación de 7 parlamentos que no cuentan con mujeres, motivo por el cual se tomaría contacto con dichos parlamentos a fin de revertir tal situación.
De esta manera, se acordó poner en discusión en la Asamblea 127a, a realizarse en Quebec, la búsqueda de herramientas que permitan desarrollar la promoción de la participación femenina.
Se adjunta cuadro comparativo sobre participación femenina en Anexo N° 6.
VI. VISITAS ORGANIZADAS POR UNICEF.
Como es habitual, se organizaron visitas en terreno, que en esta ocasión fueron preparadas por Unicef, en los siguientes términos:
-A la Unidad de Nutrición Infantil de Mwanamugimu en el Hospital Mulago National Referral .
-A la red rural IMAM/IYCF en el distrito de Wakiso.
-Al centro de Salud 3 Kisenyi.
Las parlamentarias señoras Cristi y Pascal concurrieron a la Unidad de Nutrición Infantil de Wakiso, donde se brinda atención materno infantil, y cuya finalidad es atender a los niños que presentan desnutrición, para lo cual seleccionan un número de madres cuyos hijos se encuentran en una situación critica o de vulnerabilidad, a quienes el sistema otorga atención quincenal mediante un control de salud que incluye peso, estatura y estado general de salud. Estos niños reciben una leche especial con nutrientes cada 15 días, y una vez superada la urgencia, continúan siendo atendidos y controlados en forma periódica en dicho centro.
Llamó poderosamente la atención de las diputadas el estado de deterioro de los niños desnutridos, que fuera de su delicada situación, también presentaban déficit de crecimiento, que en algunos casos niños que tenían tres años, aparentaban tener pocos meses de edad.
Tuvieron la oportunidad de conocer a una mujer que tras una cesárea dio a luz a mellizos, en condiciones de precariedad absoluta.
Desde otro punto de vista, también conocieron de otro programa que tiene por objeto controlar la expansión del SIDA, a través de enseñanza, control, entrega de medicamentos y medidas para prevenir los contagios.
Lamentaron que a pesar de los grandes esfuerzos humanos desplegados por los encargados y la comunidad, las carencias y la pobreza tanto de las personas que se atienden como la infraestructura del lugar resultaba demoledoras. Al comparar nuestros consultorios, que también presentan carencias, concluyeron en que son infinitamente superiores a los visitados.
Finalmente, la diputada señora Cristi señaló que en esos momentos palmó la verdadera realidad de África de que tanto se informa, pero que no se toma conciencia hasta que se la ve con los propios ojos.
Finiquitó su reflexión señalando que como país somos afortunados.
VII. PANELES.
Se desarrollaron los siguientes paneles:
-“Erradicar la desnutrición de los niños. El papel de los parlamentarios en materia de seguridad nutricional”.
La diputada señora Cristi planteó los importantes avances que ha logrado nuestro país en la reducción de este grave problema de salud, destacando el programa denominado control de niño sano, y los programas sanitarios que se ejecutaron desde los ochenta, destacando la valiosa iniciativa del doctor Monckeberg , que fuera el ideólogo de las casetas sanitarias que significaron un aporte sustantivo a la lucha contra la desnutrición, especialmente en el tema de las diarreas e infecciones en niños.
“Poniendo el derecho al servicio de la lucha contra el Sida: cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes ligadas al SIDA.
Concurrió la diputada señora Cristi .
“La asistencia médica en situaciones de conflicto y violencia”.
“El control parlamentario de los préstamos gubernamentales externos y procesos conexos”.
Concurrieron el senador señor Carlos Ignacio Kuschel y el diputado señor Bobadilla.
“Reducción de riesgos de desastres y desarrollo sostenible”.
VIII. GRULAC.
El Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac) llevó a cabo sus reuniones en los siguientes términos:
En primer lugar, usó de la palabra su Presidente , el senador señor Carlos Jiménez Macías (México) ; se prestó aprobación al acta de la reunión sostenida durante la 125a Asamblea, efectuada en Berna; se recibió información por parte del Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador relativa a los preparativos para llevar a cabo la 128ª Asamblea en la ciudad de Quito, en abril del próximo año.
Se informó acerca de los cargos vacantes en el Comité de Coordinación de la Reunión de las Mujeres Parlamentarias y la decisión de apoyar la candidatura de la diputada señora Fernández ( Ecuador ).
Se dio a conocer el estado de pago de las contribuciones que efectúan los miembros a la organización, especialmente en el caso de Solivia, y se analizaron las propuestas de temas de estudio para la próxima Asamblea.
Finalmente, consignar que el Grupo se reunió en su versión GRULAC + 3 (Andorra, España y Portugal), donde se expuso sobre “El Impacto de la crisis económica actual”.
Entre otros aspectos, se analizaron y dieron a conocer las candidaturas a los cargos vacantes. Argentina, Brasil , Ecuador y Chile manifestaron interés en presentar sus candidaturas al cargo de Presidente , puesto que el actual mandato finaliza en el mes de octubre. Se dejó constancia de que ningún parlamentario mexicano continuaría pues en dicho país no están permitidas las reelecciones, y esta situación afecta a todos los parlamentarios incluido su Presidente , motivo por el cual el cargo quedará vacante.
Destacar que la delegación argentina presentó de manera informal como punto de urgencia el tema relativo a las Islas Malvinas, pero que posteriormente cedió en beneficio del punto de urgencia relativo a Siria. El Grupo Latinoamericano solidarizó con los representantes argentinos y agradecieron su disposición a abstenerse de presentarlo.
Se adoptaron algunos acuerdos relativos a las posiciones a llenar en los cargos vacantes de las comisiones, de manera que Chile mantuvo la titularidad en la Comisión de Derechos Humanos de los Parlamentarios (senador Letelier), mientras que Argentina ocupará la suplencia.
En el Comité de Asuntos del Medio Oriente mantiene la titularidad la diputada señora Cristi.
En el Comité Encargado de Promover el Respeto por el Derecho Internacional Humanitario, México tendrá la titularidad y Cuba la suplencia.
-En el Comité encargado de las Cuestiones con Naciones Unidas, ocuparán cargos Argentina y Uruguay.
-En el Comité sobre el VHI/SIDA, Ecuador y Brasil ocuparán posiciones.
En el Comité de Coordinación de la Reunión de las Mujeres Parlamentarias, la titularidad la ocupará la parlamentaria ecuatoriana señora Fernández y la suplencia la ocupará Argentina hasta el 2016.
-En el Comité de Conducción de la OMC, Brasil y Panamá.
Cabe dejar constancia que el cargo en el Comité Ejecutivo expira en octubre de este año, lo mismo que el cargo de Presidente y de Vicepresidentes.
IX. ASAMBLEA.
La Asamblea ratificó la afiliación de Myanmar y de Sudán del Sur.
Asimismo, se revisó la situación de Mali y se condenó el golpe de Estado, a la vez que se acordó dejar en suspenso la decisión de afiliación.
El Presidente señor Radi dio cuenta pormenorizada de sus actividades; el Secretario General se refirió al régimen de pensiones de la UIP, entre otros temas.
A continuación, se rindieron diversos informes como el relativo al VIH/SIDA; sobre reunión celebrada en Bogotá, sobre democracia, control de armas y crimen organizado; sobre la reunión sostenida con ONU mujer; sobre reunión relativa al cambio climático, crisis financiera y sistemas monetarios y otras.
Se lamentó la situación que afecta a Malí y se ofreció ayuda y cooperación para restaurar la institucionalidad. La UIP redactará una declaración al respecto.
Como se señaló anteriormente, la Asamblea prestó su aprobación a las resoluciones de las tres Comisiones Permanentes y al punto de urgencia, en los términos ya reseñados con anterioridad.
Asimismo, se ratificó que la próxima Asamblea será en Quebec, del 21 al 26 de octubre, y que el Grulac sesionará el día 20 de octubre.
Los temas de estudio aprobados para las tres Comisiones Permanentes son:
Primera Comisión de Paz y Seguridad Internacional: Hacer cumplir la responsabilidad de proteger: El papel de los parlamentos en resguardar las vidas de los civiles.
Segunda Comisión de Desarrollo Sustentable.
Financiamiento v Comercio: Libre comercio e innovadores mecanismos de financiamiento para el desarrollo sustentable.
Tercera Comisión de Democracia v Derechos Humanos: La utilización de tos medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, para incrementar el compromiso de los ciudadanos y la democracia.
Asimismo, se aprobó el calendario de las próximas reuniones de la UIP, el cual se adjunta en Anexo N° 7.
Cabe señalar que el diputado señor León fue invitado a dirigir el debate durante la Asamblea.
X. REUNIONES BILATERALES.
Los diputados señores Bobadilla , Cristi y León , junto a la Presidenta del Parlamento de Uganda , señora Rebecca Kadaga , sostuvieron una reunión en la que se trataron temas bilaterales y analizaron la firma de un convenio de cooperación.
Cabe dejar constancia de que parte de la delegación chilena concurrió, junto a la delegación argentina, a poner una ofrenda floral por conmemorarse 30 años de la Guerra de las Malvinas, gesto que fue altamente valorado por los parlamentarios argentinos, lo mismo que las palabras pronunciadas durante el debate general por el diputado señor León , respecto del tema relativo a las Malvinas.
Finalmente, señalar que la diputada señora Cristi junto al senador señor Turna sostuvieron una reunión con la delegación palestina, quienes manifestaron su preocupación frente a la detención de 27 parlamentarios, los cuales se encuentran en una situación apremiante pues no
cuentan con asesoría jurídica ni defensa alguna. También los parlamentarios palestinos agradecieron el apoyo de Chile para el reconocimiento que efectuó Naciones Unidas.
-o-
Cámara de Diputados, a 10 de abril de 2012.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Dirección de Asuntos Internacionales.”
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 26 de marzo de 2011.
Oficio N° 7.217
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
-remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 23 de marzo de 2012, en el proceso Rol N° 2.190-12-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos sobre reclamo de ilegalidad, caratulados “Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. y otra con Superintendencia de Electricidad y Combustible”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 8079-2011, a los efectos que ella indica.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E. EL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKERBERG DÍAZ
VALPARAÍSO.”