Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pablo Lorenzini Basso
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Manuel Rojas Molina
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Carlos Latorre Carmona
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rene Alinco Bustos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA HIDROAYSÉN.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA HIDROAYSÉN.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MODIFICACIÓN DE ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN PARA PROMOCIÓN DE PROCESOS DE NATURACIÓN URBANA. (Votación).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Cristian Monckeberg Bruner
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Karla Rubilar Barahona
- Alejandro Santana Tirachini
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Joaquin Godoy Ibanez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS POLICIALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ximena Vidal Lazaro
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Jose Perez Arriagada
- Roberto Leon Ramirez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Enrique Accorsi Opazo
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN PARA PROMOCIÓN DE PROCESOS DE NATURACIÓN URBANA. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- PAGO DE BONO A PROFESORES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE RENGO. Oficios.
- ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO ITATA Y PAVIMENTACIÓN DE RUTA COSTERA DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Nicolas Monckeberg Diaz
- ADHESION
- INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN ESCUELAS, POSTAS Y VIVIENDAS SOCIALES. Oficios.
- ADHESION
- Nicolas Monckeberg Diaz
- ADHESION
- MEJORAMIENTO DE MEDIAGUAS EMPLAZADAS EN CAMPAMENTOS DE TOCOPILLA. Oficios.
- RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN COMUNAS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO DE LA PAZ Y CHIGUAYANTE. Oficio.
- RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE CANAL PAPEN, COMUNA DE CHIGUAYANTE. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DEL MAÍZ. Oficio.
- HOMENAJE AL CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA EN SU 100° ANIVERSARIO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- CONDICIONES LABORALES DE CENSISTAS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SALUD. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Karla Rubilar Barahona
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Montes Cisternas
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Ernesto Silva Mendez
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Lautaro Carmona Soto
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Gustavo Hasbun Selume
- Jose Perez Arriagada
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fernando Meza Moncada
- Pepe Auth Stewart
- Lautaro Carmona Soto
- Marcos Espinosa Monardes
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Juan Carlos Latorre Carmona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 10. Informe sobre la participación del diputado señor Alberto Cardemil en el Primer Foro Transparencia y Buen Gobierno, efectuado los días 21 y 22 de marzo de 2012, en Alcalá de Henares (España)
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 15ª, en jueves 12 de abril de 2012
(Ordinaria, de 10.13 a 13.06 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás,Recondo Lavanderos, don Carlos
.
Secretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 9
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
V. Orden del Día.
- Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sobre investigación de presuntas irregularidades en aprobación del proyecto central Hidroeléctrica HidroAysén 13
VI. Proyectos de acuerdo.
- Modificación de ordenanza general de urbanismo y construcción para promoción de procesos de naturación urbana. (Votación) 41
- Creación de observatorio de prácticas policiales 42
VII. Incidentes.
- Pago de bono a profesores dependientes del Departamento de Educación Municipal de Rengo. Oficios 43
- Estudio de ingeniería para construcción de puente sobre río Itata y pavimentación de ruta costera de la Séptima Región. Oficios 44
- Instalación de paneles fotovoltaicos en escuelas, postas y viviendas sociales. Oficios 44
- Mejoramiento de mediaguas emplazadas en campamentos de Tocopilla. Oficios 45
- Recursos para ejecución de obras hidráulicas en comunas de Concepción, San Pedro de La Paz y Chiguayante. Oficio 46
- Recursos para construcción de tercera etapa de Canal Papen, comuna de Chiguayante. Oficios 47
- Comportamiento del mercado del maíz. Oficio 47
- Homenaje al Cuerpo de Bomberos de Arica en su 100° aniversario. Oficio 48
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 50
- Condiciones laborales de censistas. Oficio 50
- Información sobre distribución de dotación de Superintendencia de Salud. Oficios 50
Pág.
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Autoriza la venta de medicamentos que tengan la condición de venta directa en establecimientos comerciales que cumplan los requisitos que indica.”. (boletín N° 7274-11) 52
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Previene la ocurrencia de incendios forestales.”. (boletín N° 8155-01) 52
3. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a algunas de las enmiendas propuestas al proyecto que “Establece medidas contra la discriminación”. (boletín N° 3815-07) 52
4. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a algunas de las enmiendas propuestas al proyecto que “Modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.”. (boletín N° 5838-07). (369/SEC/12) 53
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Regula la certificación de los artefactos para combustibles de leña y otros productos dendroenergéticos.”. (boletín N° 7141-08). (372/SEC/12) 53
6. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Rubilar, doña Karla, y de los diputados señores Macaya y Torres, que “Modifica el decreto con fuerza de ley N° 725, Código Sanitario, autorizando a Fonoaudiólogos y Tecnólogos Médicos con mención en Otorrinolaringología a practicar audiometrías y prescribir aparatos audiológicos”. (boletín N° 8231-11) 54
7. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Montes, Andrade, Browne; García, don René Manuel; Hales, Silva, Latorre, Velásquez, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que “Modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar la administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales”. (boletín N° 8232-14) 55
8. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sabag, Carmona, Ceroni, Chahín; García, don René Manuel; Hasbún; Pérez, don José; Latorre y Schilling, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica el Código de Aguas, en lo relativo a derechos de aprovechamiento de aguas a comunidades campesinas para sistemas de agua potable rural”. (boletín N° 8233-12) 60
9. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Meza, Auth, Carmona; Espinosa, don Marcos; Gutiérrez, don Hugo; Jiménez y Latorre, que “Modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad”. (boletín N° 8234-06) 62
Pág.
10. Informe sobre la participación del diputado señor Alberto Cardemil en el Primer Foro Transparencia y Buen Gobierno, efectuado los días 21 y 22 de marzo de 2012, en Alcalá de Henares (España) 63
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
11. artículo 16 B de la ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Rol 2163-12-INA. (7209) 64
12. artículo 22 de la ley sobre Efecto Rectroactivo de las leyes. Rol 1903-11-INA. (7242) 65
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios
De la Comisión Acusación constitucional en contra de Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior , por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al Diputado señor Sauerbaum, don Frank.
- De la Comisión de Régimen Interno, por el que comunica la participación del diputado señor Romilio Gutiérrez, en la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre “Evaluación de la Ley”, que se realizará entre los días 21 a 24 de mayo próximo, en París.
- De la Comisión de Régimen Interno, por el que informa que ha autorizado la participación del diputado señor Carlos Abel Jarpa, en la actividad Gobierno en Terreno “Chile Sigue Contigo”, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se realizará en San Salvador, El Salvador, los días 16 y 19 de abril próximo.
- De la Comisión de Régimen Interno por la que comunica que el Diputado señor Rosauro Martínez, de Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano por Chile , no asistirá a la reunión convocada por dicho Parlamento, a efectuarse los días 18 y 20 de abril en Ciudad de Panamá, por haber sido elegido integrante de la Comisión que estudiará la Acusación Constitucional.
De la Comisión de Régimen Interno, por la que informa que ha tomado conocimiento de que el diputado señor Pablo Lorenzini, ha sido elegido Presidente de la Comisión Mixta Conjunta Parlamento Europeo- Congreso Nacional de Chile, para el periodo marzo 2012 a marzo 2013
De la Comisión de Familia, por el cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al Diputado señor Kort, don Issa.
- De la Comisión de Minería y Energía, por el cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al Diputado señor Rojas, don Manuel.
2. Comunicaciones
De la Comisión de Régimen interno, por la que indica que el diputado señor Juan Carlos Latorre reemplazará al diputado señor Jorge Burgos, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en Panamá, entre el 18 y 20 de abril del año en curso
- De la Comisión de Régimen Interno, por la que informa que la diputada señora Marta Isasi participará en la Segunda Asamblea de la Unión Interparlamentaria a realizarse entre el 21 y 26 de octubre del año en curso, en la ciudad de Quebec, Canadá.
- De la Comisión de Régimen Interno, por la que informa que acordó considerar como misión oficial la participación de los diputados señores Cristián Monckeberg y Frank Sauerbaum, quienes asistirán al cambio de mando presidencial que se efectuará en Taiwán, entre los días 17 y 25 de mayo del presente año.
- De la Comisión de Régimen Interno, por la cual informa que se ha autorizado la participación del diputado señor Ramón Farías
, en el 9° Foro Anual de Ciencia y Tecnología, que se llevará a efecto desde el 7 al 9 de octubre del presente año, en la ciudad de Kioto, Japón en su calidad de Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
De la jefa de bancada de diputados de PRI e Independientes por la cual informa que el diputado señor Pedro Velásquez reemplazará al Diputado señor Miodrag Marinovic en la Comisión de Minería y Energía, por el año 2012.
De la jefa de bancada Independiente-PRI, por la que informa que el diputado señor René Alinco reemplazará por el año 2012 al diputado señor Miodrag Marinovic en la Comisión de Economía
Respuestas a oficios.
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Espinoza don Fidel, Remita todas los antecedentes que obren en su poder, referidos a la realización en febrero pasado de la Feria Gastronómica, denominada “Pa mar adentro”, desarrollada en la ciudad de Puerto Montt, región de Los Lagos, en el marco del Programa Regional de Fomento y Desarrollo para la Pesca Artesanal, e informe a esta Corporación. (7 al 5734).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputada Pacheco doña Clemira, Informe la existencia de recursos comprometidos por el Ministerio de Obras Públicas para la reparación o reconstrucción de templos afectados por el terremoto; las sumas traspasadas para estos fines y sus destinatarios, por comuna; la forma acordada con las agrupaciones de iglesias para su distribución local, y la existencia de recursos aún no distribuidos, con la forma, plazo y condiciones en que serán entregados y sus destinatarios. (938 al 4807).
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Disponga el estudio y ejecución de un proyecto que permita mejorar el entorno del puente peatonal ubicado sobre el canal Ortuzano, en la intersección de avenida 5 de Abril y Lo Errázuriz, informando a esta Cámara. (939 al 4511).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar acerca del establecimiento, en el proyecto de mejoramiento del troncal Ovalle - Coquimbo, de un peaje lateral en la ruta D-51, El Peñón - Andacollo; sobre las medidas adoptadas para informar a los vecinos del sector; y, además, respecto de eventuales compensaciones a los usuarios de la vía; sin perjuicio de solicitar se deje sin efecto, de ser efectiva, la decisión de instalar dicho peaje. (963 al 2930).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar sobre el estado y características del proyecto para el mejoramiento del agua potable rural de la localidad de Varillar, en la comuna de Vicuña. (964 al 4376).
- Diputado Díaz don Marcelo, Reitera oficio N° 4376, de fecha 16 de agosto de 2011 respecto del estado y características del proyecto para el mejoramiento del agua potable rural de la localidad de Varillar, en la comuna de Vicuña (964 al 6038).
- Diputado Espinosa don Marcos, Informe el estado de avance de la reconstrucción posterior al terremoto en Tocopilla, con mención a los proyectos pendientes y a sus fechas de término proyectadas. (965 al 4976).
- Diputado Ascencio, Solicita se informe acerca del número de proyectos aprobados, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, sobre agua potable rural y cuya ejecución esté prevista para el año en curso (966 al 2889).
- Diputado Lemus, Solicita antecedentes sobre nueva filtración que se produjo en el embalse El Bato, Región de Coquimbo. (967 al 1048).
Ministerio de Salud:
- Diputado Espinoza don Fidel, informe acerca de la posibilidad que se destinen recursos, con el propósito de mejorar la infraestructura y el equipamiento del hospital de la comuna de Ancud, provincia de Chiloé, región de Los Lagos, y se considere la reposición integral de ese centro asistencial, como de igual forma, señale los planes, proyectos y políticas en materia de reposición y/o mejoramiento de infraestructura y equipamiento para los recintos hospitalarios de las comunas de Queilén y Quellón y de Achao, de la misma región. (783 al 5925).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Torres , Solicita informar sobre la inversión realizada por el Servicio de la Vivienda y Urbanización en proyectos de viviendas sociales, detallada por comuna, en la Región de Valparaíso, en los concursos realizados durante los años 2010 y 2011, (2259 al 5487).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre los compromisos asumidos, y las respectivas fechas de cumplimiento, tendientes a solucionar diversos problemas planteados en manifestaciones públicas por vecinos del sector sur de Valdivia, v. gr. caminos en mal estado, deficiente recolección de basuras, mal estado del transporte público rural y escolar; y asimismo, respecto del conocimiento previo que tenía de los mencionados problemas. (1790 al 5942).
Ministerio Público:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Se sirva acelerar los procedimientos judiciales tendientes a determinar la responsabilidades penales involucradas en la muerte de la menor Camila Rubio Medina, ocurrida el pasado 6 de marzo en la Ruta H-66 del sector de San José de Marchigüe, informando a esta Cámara. (194 al 5906).
Empresas del Estado:
- Diputado De Urresti, Informe sobre las medidas que existen y las que se adoptarán para facilitar a los pensionados el acceso a los servicios que otorga el Banco del Estado de Chile; como asimismo precise las razones que se tuvieron a la vista para suspender el funcionamiento de la caja de atención preferencial del adulto mayor en la sucursal de esa entidad bancaria, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. (1 al 5842).
Intendencias:
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado del proyecto para el mejoramiento del camino Amargos - San Carlos, en la comuna de Corral; asimismo, acerca de las objeciones que le afectan, y de los compromisos asumidos con la municipalidad de la mencionada comuna para su concreción. (266 al 5803).
- Diputado De Urresti, Informe sobre el avance del compromiso asumido por el Intendente Regional de Los Ríos con vecinos de Carrán Chico, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos, referente a la coordinación de acciones que permitieran la reposición de vientres y atención médica en el sector, como asimismo hacer las gestiones tendientes a habilitar la sede social en esa localidad e indicar por qué no se repartieron las antiparras comprometidas durante el verano. (288 al 5784).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René IND XI 59
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Diputada y diputado en misión oficial señora Denise Pascal Allende y señor Gabriel Ascencio Mansilla.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.13 horas.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor RECONDO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 9ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 10ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor RECONDO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA HIDROAYSÉN.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- En primer término, corresponde conocer el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, constituida en especial investigadora de las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén.
Diputado informante es el señor Sergio Ojeda.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 1ª de la presente legislatura, en 13 de marzo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor OJEDA (de pie).- Señor Presidente , paso a informar el trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, constituida en especial investigadora de las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén.
La Cámara de Diputados, en sesión 32ª, celebrada el 18 de mayo de 2011, mandató a la Comisión de Derechos Humanos que investigara las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén, para lo cual debía recabar todos los antecedentes sobre las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén, a partir de una serie de actos y omisiones susceptibles de fiscalización, de presiones indebidas de ministros de Estado a funcionarios públicos, de informaciones inexactas y de omisiones sobre los requisitos ambientales del referido proyecto.
En cumplimiento de su cometido, la Comisión celebró 17 sesiones, invitó o citó a 16 personas, recibió declaraciones de 12 autoridades, de 10 funcionarios públicos y de 47 particulares, muchas de estas últimas en la sesión pública celebrada en Coyhaique el 30 de septiembre de 2011, a la que los integrantes de esta Comisión se trasladaron para dar la oportunidad a los habitantes de la
zona de testimoniar o prestar sus declaraciones sobre la materia.
Asimismo, tuvo a la vista las respuestas a los 24 oficios de fiscalización despachados y diversos documentos aportados tanto por diputados como por las personas que asistieron a sus sesiones.
El 18 de enero de 2012, con los votos favorables de la diputada Cristina Girardi y de los diputados Accorsi, Ascencio, De Urresti, Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez y Ojeda, y los votos contrarios de los diputados Letelier y Rosales, se aprobaron las siguientes consideraciones, conclusiones y propuestas al trabajo de la Comisión:
1. En cuanto a modificación o alteración de informes técnicos y pronunciamientos sectoriales a favor de HidroAysén.
Se concluyó que hubo pronunciamientos contradictorios en los informes de diversos órganos con competencia ambiental: primero, de “inconformidad” con el proyecto en los años 2008 y 2009, y, luego, de “conformidad” o “sin observaciones” al mismo, en 2010 y 2011. Asimismo, hubo cambios de última hora, sin fundamentos, y se alteró por parte de las autoridades políticas las evaluaciones realizadas por los encargados técnicos de cada servicio, situaciones que, incluso, están siendo investigadas en los respectivos tribunales.
En relación con el Sernageomin, quedó en evidencia que el informe enviado por memorándum Nº 33, que contenía las observaciones técnicas al proyecto, fue cambiado. Difiere del que se envió al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental mediante Oficio N° 95 -pronunciamiento oficial del Servicio-. En este último se señala que “no hay observaciones” por parte del Sernageomin, en circunstancias de que los funcionarios evaluadores consignaron una serie de deficiencias en el estudio de impacto ambiental que no habían sido subsanadas en las sucesivas adenda, tales como omisión o falta de información geológica e hidrogeológica del proyecto.
Asimismo, a los técnicos del Servicio se les pidió efectuar una serie de reuniones con el Comité de Agilización de Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía. En ellas, la empresa hacía sus presentaciones y adelantaba las observaciones que haría a la Adenda tres.
Por su parte, la Conaf, mediante ordinario N° 510, de octubre de 2008, concluyó: “El pronunciamiento institucional respecto del proyecto hidroeléctrico Aysén es de “inconformidad”. Este pronunciamiento se basa en que el proyecto adolece de información técnica esencial y relevante de sus impactos para calificarlo ambientalmente, como, asimismo, existe infracción manifiesta a la normativa ambiental que rige al Parque Nacional Laguna San Rafael, al Parque Nacional Bernardo O’Higgins, a la Reserva Forestal Lago Cochrane y a los ecosistemas forestales en el área de influencia.
Al contrario de lo señalado en pronunciamientos anteriores, en el ordinario N° 344, de noviembre de 2010, se señaló que la inundación de 18 hectáreas del parque San Rafael no atentaría contra el espíritu de la Convención de Washington, ya que no afectaría parajes de incomparable belleza, formaciones geológicas extraordinarias u objetos naturales de interés científico o hídrico, ni causaría extinción de las especies que ocupan la superficie inundada, la que podría ser compensada con la entrega de una superficie mayor de terreno que reuniere los requerimientos que se tuvieron a la vista en la creación de dicha área protegida.
Sin embargo, el oficio ordinario N° 344, cuya redacción final fue impuesta por la Dirección Ejecutiva de la Conaf en Santiago, condicionando el plan ambiental sectorial y autorizando la posible inundación de 18,8 hectáreas en el Parque Nacional Laguna San Rafael, era muy diferente al que trabajó la comisión técnica respectiva, la cual no previó que una parte del parque pudiere ser inundado según los criterios de la Convención de Washington, aprobada y ratificada por el gobierno de Chile. Estimamos que esa Convención no fue cumplida.
A su vez, el Servicio Agrícola y Ganadero, mediante ordinario N° 799, de octubre de 2008, al pronunciarse sobre el estudio de impacto ambiental, observó que no existía la opción “Pronunciamiento inconforme sobre el estudio de impacto ambiental” que, a su parecer, era la opción aplicable, por cuanto dicho estudio adolecía de información relevante y esencial, como la descripción detallada de la línea base del área de influencia del proyecto o la actividad de los componentes suelo, flora y fauna, lo cual no permitía evaluar el proyecto y los impactos que este generaría. Asimismo, señaló que no cumplía con la normativa de carácter ambiental. En tal sentido, no había tenido otra alternativa más que ingresar un “Pronunciamiento con observaciones sobre el estudio de impacto ambiental.”.
Con relación a la Seremi de Vivienda de Aysén, resulta evidente que se produjeron graves irregularidades de corrección y cambios de informes a última hora. El protagonista principal fue Nicolás Terrazas, titular del Servicio, pese a que se había inhabilitado de participar en el proceso. El seremi subrogante, Rodrigo Solís , junto al titular, cambiaron el informe: desde inconforme lo transformaron en conforme. El trabajo del evaluador Fernando Miranda , quien llevó adelante toda la evaluación, fue sometido a grandes presiones para aprobar un informe distinto al que originalmente elaboró. Y como no aceptó, fue desautorizado y descalificado, todo lo cual fue corroborado por las funcionarias Natasha Post y Susana Nicomedi . Estos tres funcionarios, en procesos irregulares, fueron sometidos a sumarios administrativos por parte de su superior, Nicolás Terrazas, los cuales derivaron en sanciones y en sus exoneraciones; pero no hubo sumario alguno para investigar las irregularidades y faltas a la probidad del seremi titular.
El trabajo del funcionario evaluador señor Fernando Miranda se cumplió, ejecutó y desarrolló como se había hecho con la evaluación del proyecto anteriormente y con la evaluación de otros proyectos. Sin embargo, a pesar de haber emitido su informe de manera desfavorable al proyecto, la determinación de la autoridad fue emitir un pronunciamiento favorable al mismo.
El seremi de Vivienda, señor Nicolás Terrazas , se inhabilitó formalmente solo el 6 de abril de 2011 para seguir conociendo el proceso. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de los funcionarios, actuó como jefe de servicio hasta el último día en esa evaluación.
Por su parte, el secretario ministerial de Salud , doctor Claudio Vallejos , se abstuvo en la votación, por lo que fue recriminado por el director del Servicio de Evaluación Ambiental , quien le señaló que de acuerdo con una serie de artículos reglamentarios su voto no podía ser la abstención. Por ello, el doctor Vallejos votó oponiéndose al proyecto, pues por su magnitud había un claro riesgo de daño a la salud de las personas.
En el caso del Consejo de Monumentos Nacionales, se alteró y apresuró un procedimiento.
El capítulo del estudio de impacto ambiental referido a determinar si las inundaciones afectarían o no sitios arqueológicos, no se hizo con la minuciosidad requerida. Hubo celeridad impuesta por las autoridades superiores, como asimismo, entrega de “adenda no oficiales” para su corrección y posterior devolución a la empresa, previo a la entrega oficial al Sistema. Es decir, se utilizó un mecanismo irregular y no oficial para facilitar el trabajo del titular del proyecto.
Respecto de la Seremi de Obras Públicas, la dirección de Vialidad emitió un informe que señalaba claramente que dentro de las actividades asociadas con la infraestructura vial, el Proyecto HidroAysén afectaba significativamente y no se hacía cargo de una serie de impactos que afectarían las dimensiones geográficas y el bienestar social básico de la zona. Sin embargo, en el informe oficial se borró esa mención y algunas observaciones críticas, se dio la conformidad al estudio de impacto ambiental y, de paso, se convirtió en simples condiciones los ítems sobre los cuales Vialidad había señalado que HidroAysén no se hacía cargo.
A su vez, el informe técnico de la Seremi de Planificación consignaba que no era viable su aprobación, esencialmente por las deficiencias en la información proporcionada por la empresa sobre el plan de relocalización de los pobladores directamente afectados. Dicho informe fue modificado por la Seremi titular, quien habría recibido presiones del jefe de gabinete del entonces ministro de Planificación señor Felipe Kast .
Por su parte, la Dirección General de Aguas, sorpresivamente, en el último informe, cambió su parecer y dio la conformidad al estudio de impacto ambiental. Esto, en concordancia con los pasos dados por el organismo en el último tiempo, en el sentido de entregar derechos de agua a la empresa de manera fraudulenta, lo cual ha sido paralizado por la Contraloría General de la República, con solicitud de multa por la Fiscalía Nacional Económica, por falta de entrega de información sobre la constitución de nuevos derechos de aguas y su transferencia.
En esto ha tenido un rol protagónico el hoy asesor del director nacional de la Dirección General de Aguas, señor Carlos Ciappa . Coincidentemente, este abogado fue asesor de HidroAysén entre 2007 y 2009, precisamente en temas vinculados a derechos de agua, lo que devela una causal de abstención y conflicto de interés.
De acuerdo con el director general, el señor Ciappa fue nombrado asesor de la Dirección General de Aguas, pero se habría abstenido de opinar respecto de los casos que pudieran significarle algún conflicto de interés. Sin embargo, el director general de Aguas no aportó ningún documento o resolución que acreditara la abstención del señor Ciappa en estas materias, especialmente en la emisión de la Resolución 1800, que facilita la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos en situaciones en que existe una superposición o incompatibilidad de derechos, porque los puntos de captación y/o restitución se encuentran en el área de influencia de derechos otorgados previamente, como lo es el caso de cinco solicitudes de HidroAysén, tramitadas en la Dirección Regional de Aguas de Aysén.
Así, las resoluciones que dictó la Dirección General de Aguas, favorables a HidroAysén, son coincidentes temporalmente con la asesoría del señor Ciappa en la Dirección General de Aguas.
El intendente anterior, señor Selim Carrasco , decidió por sí y ante sí, de manera irregular y sin acuerdo previo del órgano colegiado, Corema , dar curso al proyecto y no rechazarlo el 7 de noviembre de 2008, aún ante la contundencia de los informes negativos o inconformes con el proyecto existentes a esa época, que acreditaban que el proyecto “adolecía de información esencial y relevante” para su evaluación e “infringía la legislación ambiental vigente”, ordenando que se confeccionara un Icsara que permitió que se continuara con la evaluación ambiental del proyecto. Este vicio de procedimiento fue, incluso, reconocido por la Contraloría General de la República mediante el dictamen N° 5609, de 29 de enero de 2011, aunque el órgano contralor minimizó los efectos jurídicos de este vicio de procedimiento, al señalar que no causaba “perjuicio”.
En cuanto a graves conflictos de interés de autoridades participantes en el proceso, podemos destacar lo siguiente:
En el caso del seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas Lagos, su padre trabajó y asesoró a la Asociación Gremial Río Baker, una organización campesina que ha negociado con HidroAysén en el marco del proyecto. Además, su hermano, Pablo Terrazas Lagos, a la fecha, era propietario de cuatro terrenos en la comuna de Cochrane, que serían inundados de materializarse HidroAysén, por los cuales recibiría una indemnización.
Si bien Nicolás Terrazas no participó en la votación, sí fue parte de todo el proceso previo a ésta, incluso, emitiendo dos pronunciamientos técnicos de evaluación, cuando era su obligación abstenerse en forma previa a cualquier intervención.
En cuanto al Seremi de Obras Públicas, Quemel Sade , quien votó favorablemente el proyecto por su servicio y por la Seremi de Minería, el 14 de abril de 2010, en una radio de la región declaró, refiriéndose a la Región de Aysén: “Somos la gran reserva de energía del país, la única energía nuestra y renovable; es la energía hidroeléctrica, y a esa energía tenemos que sacarle lucas para que los aiseninos realmente nos incorporemos al crecimiento y desarrollo de Chile y nos desarrollemos nosotros.”.
El mismo señor Sade, en el diario electrónico “El Ciudadano”, el 5 de diciembre de 2008, declaró que “la mejor energía, renovable, no contaminante y cien por ciento chilena, es la hidráulica. Bienvenidos Los Lagos y las Centrales Hidroeléctricas para sacar a Aysén de su ancestral ostracismo. Energía sana y un freno al calentamiento global.”.
A la intendenta regional, señora Pilar Cuevas , le correspondió implementar el Plan Aysén, de 1.505 millones de dólares, en el cual indudablemente están incluidas las centrales hidroeléctricas Cuervo e HidroAysén, no quedándole otra alternativa, dado su carácter de representante del Ejecutivo, que aprobar los estudios de impacto ambiental, todo lo cual le resta imparcialidad para participar en la evaluación. Como tal, siendo la jefa regional de los servicios públicos, no pudo más que intencionar a los seremis a actuar como lo hicieron.
En cuanto a los municipios evaluadores, podemos señalar que los de Coyhaique, Cochrane, Aysén y O’Higgins habrían sido favorecidos con recursos provenientes de HidroAysén bajo la figura de la responsabilidad social empresarial, en circunstancias de que les correspondía evaluar el proyecto.
Asimismo, el alcalde de Coyhaique era propietario de terrenos que serían inundados por el proyecto.
Bajo estas circunstancias, los informes de estos municipios carecieron de imparcialidad al existir conflictos de intereses.
Particularmente gráfico a este respecto resulta un pronunciamiento de la Contraloría General de la República al señalar que los referidos municipios deberán arbitrar las medidas que correspondan, a fin de abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia de que se trata.
La Municipalidad de Coyhaique no hizo ninguna observación al estudio de impacto ambiental de HidroAysén. El actual diputado señor David Sandoval era el alcalde de Coyhaique en esa época.
El alcalde de Coyhaique , Omar Muñoz Sierra , firmó pronunciamientos técnicos de la evaluación del estudio de impacto ambiental de HidroAysén, en circunstancias de que es dueño de terrenos en áreas de inundación del proyecto.
Finalmente, otros casos de conflictos de interés en esta materia son los de la seremi de Medio Ambiente, Paola Baüerle ; de la seremi de Minería, Victoria Moya , quienes se inhabilitaron de participar, y del Seremi de Economía, Fernando Guzmán , quien, si bien se inhabilitó en la votación, participó junto a la intendenta en reuniones con ejecutivos de HidroAysén.
En cuanto a las presiones del nivel central, podemos señalar lo siguiente:
El ministro del Interior señor Rodrigo Hinzpeter , superior jerárquico de los funcionarios públicos, señaló el mismo día que se votaba el proyecto: “Para el país sería bueno que se apruebe el proyecto hidroeléctrico.” Luego agregó: “Si se hubiese aprobado hace una década, nos hubiera permitido estar menos contaminados y con una energía bastante más barata.”. Dichas declaraciones constituyen una clara presión sobre los seremis llamados a resolver, restándoles libertad para decidir por temor a represalias, quedando en evidencia que la descentralización y el pronunciamiento regional de los seremis en su autonomía fue aplastada.
Por su parte, el Presidente de la República , durante su campaña presidencial, se pronunció favorablemente por el proyecto, y señaló: “Si me toca ser Presidente , voy a favorecer que se construyan las represas, porque Chile necesita energía, pero le vamos a exigir a esas empresas un cuidado por el medio ambiente, la naturaleza y la forma de vida de la gente de Aysén.”.
A esto se agrega que Eduardo Morel , hermano de la Primera Dama , señora Cecilia Morel , es asesor del grupo Matte hace más de 25 años. Ha supervisado directamente la ingeniería y construcción de más de 15 centrales del grupo, siendo nombrado director suplente en 2006 cuando se constituyó la sociedad HidroAysén y ha asesorado al director de Colbún en HidroAysén, señor Bernardo Larraín Matte , en materias técnicas con respecto al polémico proyecto.
En cuanto a la infracción a la normativa ambiental, podemos señalar lo siguiente:
Se infringió la Convención de Washington sobre Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, ratificada por Chile en 1967, que en su artículo III señala: “... los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente”. Y la autoridad competente es el Congreso Nacional, que actúa en base a la ley. Pero el Congreso Nacional no tuvo participación alguna en esto.
Por ello, el Estado chileno no puede ignorar ni dejar sin efecto de manera arbitraria, por un acto de autoridad y unilateralmente, un tratado internacional, según lo disponen los artículos 50 y 32 Nº 17 de la Constitución Política de la República de Chile, y el artículo 27 de la Convención de Viena. En este caso, para afectar el Parque Nacional Laguna San Rafael debió haber operado el trámite legislativo, pero este se omitió.
Se infringió el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, atendido que no se ha dictado un nuevo reglamento para dicho sistema que dé cuenta de las modificaciones a la ley N° 19.300, efectuadas por la ley N° 20.417, de enero de 2010. En tal sentido, se aplicó el procedimiento existente a la fecha de ingreso del proyecto, pero que fue modificado sustancialmente a partir de la entrada en vigencia de esta última ley, siendo así la actuación de la Comisión de Evaluación de la XI Región ilegal y fuera de los procedimientos que deben seguirse al efecto.
Se infringió el procedimiento de participación ciudadana, al no considerarse las 10 mil observaciones hechas por la comunidad organizada, organizaciones, instituciones y personas naturales y jurídicas.
Asimismo, consideramos un vicio, desde el origen del procedimiento de evaluación, que se haya permitido que el proyecto se presentara dividido, es decir, separando el trámite de las represas del de las líneas de transmisión, pues a todas luces es un solo proyecto.
Finalmente, el trabajo del Comité de Agilización de Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, en cuyo seno se efectuaron reuniones, en las que la empresa hacía sus presentaciones y se adelantaban las observaciones que harían los servicios públicos, es irregular, tanto en sus potestades como en sus procedimientos, según la Contraloría General de la República. Incluso, el órgano contralor ha señalado que esta instancia gubernamental se excedió de sus funciones de asesoría, para asumir funciones operativas e, incluso, decisorias en relación con otros órganos públicos, lo que no se ajusta a derecho.
Consideraciones finales y propuestas.
1. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vigente a la fecha, adolece de un conjunto de fallas o debilidades que impiden que, efectivamente, proyectos o megaproyectos, como el de HidroAysén, sean evaluados con la rigurosidad que las eventuales consecuencias de su aprobación o desarrollo implican.
Entre otras carencias, es posible anotar:
a) Las instancias de decisión están compuestas solamente por funcionarios de gobierno, lo que provoca una debilidad extrema, dada su dependencia de la política oficial, lo que inhabilita la capacidad de los funcionarios para resolver en conciencia y con apego a los antecedentes técnicos que su propios servicios elaboran.
b) No existe un reglamento expreso de inhabilidades, que se aplique de manera automática a funcionarios que puedan tener causales de abstención o inhabilidad.
c) No existen procedimientos institucionales eficaces y oportunos que tomen en cuenta, verdaderamente, las opiniones y observaciones de las comunidades afectadas.
2. En este marco, tanto el gobierno anterior como el actual decidieron, a rajatabla, tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los respectivos ministros del Interior, lo cual representa una intromisión indebida por la presión que representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones.
Resulta evidente, además, que la autonomía y descentralización de los servicios públicos de la región no fue considerada.
3. HidroAysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente repudiables, como presión y entrega de prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos alcaldes debían opinar acerca del proyecto. Se requiere que este lobby esté expresamente prohibido, debiendo paralizarse toda tramitación que presente estas anomalías. Se requiere, con urgencia, dictar normas que prohíban estas prácticas, so pena de dejar de tramitar los proyectos donde se detecten estas prácticas y de preservar en ellas el rechazo del o los proyectos en trámite.
4. En un acto que solo puede ser calificado de fraude a la ley o engañoso, el titular del proyecto decidió tramitar, de manera separada, el proyecto de generación y el proyecto de transmisión, en circunstancias de que, evidentemente, se trata de un solo proyecto, ya que existe interdependencia funcional y física entre ellos. Esto es inaceptable, pues solo representa un modo doloso de presentar un proyecto que, de acuerdo a toda evidencia técnica, es único e inseparable.
Ello no debe ser permitido en el futuro. Todo proyecto debe ser estudiado y sancionado en su integridad, sobre todo tratándose de megainiciativas que afectan a más de una región o a grandes extensiones territoriales y de población.
5. El conjunto de funcionarios, especialmente aquellos que ostentan cargos de jefatura, a nivel local, regional o nacional, que participaron de actos que contravienen las normas, como ha quedado demostrado en el curso de esta investigación, deben ser reportados a la Contraloría General de la República, de modo que el organismo contralor determine las responsabilidades funcionarias, estableciendo, a futuro, una normativa que inhiba estas conductas. El citado órgano contralor ha tenido un rol pasivo sobre la materia hasta la fecha, lo que podría haber evitado muchas irregularidades que todavía están sin sanción alguna.
6. Diversos funcionarios, que tomaron conocimiento de este proyecto y que siguieron su proceso de tramitación, no podían desconocer las causales de inhabilitación que les afectaba. Ello debiera obligar al Gobierno a solicitar su inmediata destitución. En el futuro, esto debería operar de manera automática. Es decir, se debe reconocer la obligación de todos los funcionarios involucrados en estudios o decisiones que conlleven impacto ambiental, a renunciar, explícitamente, a conocer de estas cuestiones, en caso de presentar inhabilidades, señaladas en la ley y en un reglamento de inhabilidades especial, so pena de la pérdida del cargo ipso facto.
7. Pese a la promesa del Ejecutivo de respetar la condición laboral de los funcionarios que declararon ante esta Comisión, o que permitieron el conocimiento del conjunto de irregularidades ya anotadas, se ha procedido a exonerar a algunos de ellos. Parece pertinente que el Ejecutivo , honrando su promesa, proceda a restituir a esos funcionarios, en un acto reparatorio de toda justicia. En el futuro se deberá asegurar, con apego a la ley, que esta práctica estará explícitamente prohibida.
8. La decisión de construcción de la central HidroAysén entra en colisión con tratados internacionales suscritos por el país, los cuales priman sobre la ley común y que, en este caso, no han sido respetados, como la Convención de Washington. Se requiere que, previo a la tramitación de este tipo de proyectos, se proceda a un examen de legalidad compatible con los compromisos suscritos por el país y el principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados internacionales.
9. No es posible continuar con mecanismos que se desentienden absolutamente de la opinión ciudadana. En este caso, resulta público y notorio que la inmensa mayoría de la población, no solo de la región más afectada, sino que de todo el país, ha hecho sentir su disconformidad, lo que deja a la institucionalidad del Estado en una situación precaria, toda vez que ella está, precisamente, destinada a representar el bien común. Resulta recomendable que a futuro se legisle a favor de formas más eficientes de participación ciudadana y, a falta de ellas, se legisle a favor de plebiscitos de alcance local, vinculantes.
10. Como resulta evidente que el proyecto HidroAysén es una sola unidad indisoluble, de generación y transmisión, esta Comisión recomienda que se paralicen la construcción y operación de todas las obras de las centrales aprobadas, mientras no se resuelva el proyecto de la línea de transmisión, atendida la irreversibilidad de los impactos que el proyecto podría causar en la Patagonia y Región de Aysén.
11. Esta Comisión no puede dejar de referirse al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado constitucionalmente. El Estado no está velando por que este derecho no sea afectado, y no está tutelando la preservación de la naturaleza, como lo manda la Carta Fundamental.
Por otro lado, la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén violó ese mandato legal y otros derechos y libertades constitucionales, al restringirlos al margen de la ley y, desde esta perspectiva constitucional, al fundarse en un procedimiento totalmente viciado y con violación de normas expresas de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la ley N° 20.417.
Dado que existen todas las irregularidades que se han expuesto, es dable suponer que si se hubiera actuado correctamente y considerado los informes preliminares, originales y verdaderos, sin corrección, sin presión, sin inhabilidades ni falta de objetividad, no se habría aprobado por la Comisión de Evaluación el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centrales Hidroeléctricas de Aysén”, conocido públicamente como “HidroAysén”. La circunstancia de que se hayan alterado los informes verdaderos y auténticos que contenían observaciones de inconformidad y, por tanto, indicaban su rechazo, ha llevado a que se apruebe un proyecto que provocará graves daños a los ecosistemas patagónicos y tanto o más grave a las comunidades, en términos económicos y sociales. Sin esas irregularidades, omisiones, presiones o inhabilidades, el proyecto habría sido rechazado.
Esta Comisión Investigadora evacuó este informe basada en los antecedentes y testimonios de decenas de personas y funcionarios públicos que concurrieron a la Comisión, y concluyó que efectivamente existe un cúmulo de irregularidades en el proceso de tramitación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centrales Hidroeléctricas de Aysén”. Hemos cumplido en detectar y en establecer que efectivamente estas irregularidades existen y hemos cumplido el mandato de la Cámara de Diputados. Ha habido actos y omisiones susceptibles de ser fiscalizados, presiones indebidas de autoridades superiores a funcionarios públicos, informaciones inexactas, omisión de los requerimientos ambientales del proyecto hidroeléctrico, serios conflictos de interés y faltas a la probidad, todo lo cual pone en entredicho la seriedad del sistema de evaluación en el cual fue tramitado, más aún en una materia cuyos impactos serán irreversibles de llevarse adelante este proyecto como está planteado.
Por lo expuesto, esta Comisión recomienda que se solicite a los organismos pertinentes el rechazo del proyecto, y que se entregue el presente informe al Presidente de la República , a la Contraloría General de la Republica, al Consejo de Defensa del Estado y sea remitido a la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, a fin de que sirva de antecedente a las causas que hoy están siendo conocidas por los tribunales de justicia.
Ha concluido un largo trabajo en el que han quedado establecidas responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales y civiles, que esperamos que los órganos competentes hagan efectivas con el mayor rigor y al amparo del ordenamiento jurídico, de modo que se enmienden las aberraciones cometidas por acción u omisión en este cuestionado proyecto.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , después de escuchar las consideraciones, conclusiones y propuestas aprobadas por la Comisión Investigadora de Hidroaysén, uno puede advertir que su constitución fue muy necesaria.
En las conclusiones de la Comisión se cuestiona toda nuestra institucionalidad medioambiental.
Por ejemplo, en la conclusión N° 7 se hace referencia a las presiones a nivel central. Me pregunto si un ministro del Interior , un día antes de que vote el proyecto Hidroaysén, puede decir que “para el país sería bueno que se apruebe este proyecto hidroeléctrico”. En principio, diría que sí puede decirlo. Lo mismo me pregunto respecto de un Presidente de la República . El Presidente Piñera , durante su candidatura, dijo que estaba de acuerdo con este proyecto hidroeléctrico. Pienso que un Presidente de la República también puede manifestarse. Es decir, el hecho de que un Primer Mandatario muestre su conformidad con un proyecto hidroeléctrico y de que un ministro del Inte-rior , un día antes de la votación, diga que también está de acuerdo, es decir, que tengan opinión y la expresen ante la opinión pública, no me parece incorrecto. Pero cuando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental está altamente politizado, cuando gran parte de las personas que van a decidir pertenecen al aparato gubernamental, cuando son agentes del Estado los que van a resolver la viabilidad de un proyecto, como el de Hidroaysén, que un Presidente de la República y su ministro del Interior señalen que están de acuerdo con el proyecto, es claramente intervencionismo. Es decir, estamos en presencia de una presión indebida por parte la autoridad política, por cuanto todos los que van a resolver sobre el tema son sus subordinados. Este es el mal del que estamos dando cuenta: hay un sistema de evaluación medioambiental que está altamente politizado, contaminado, porque las instancias decisorias están compuestas solamente por funcionarios de gobierno. Entonces, nuestra conclusión de que en la aprobación del proyecto de HidroAysén existió presión indebida del nivel central se halla completamente justificada.
Esa consideración nos obliga a poner atención en el sistema de evaluación que hemos creado, toda vez que haberlo dejado entregado única y exclusivamente a las autoridades del gobierno de turno no resuelve el problema. Al contrario, pone en riesgo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Ahora, que los informes emitidos por una serie de autoridades, en su momento, en los que manifestaron su disconformidad con el proyecto de Hidroaysén, hayan sido alterados, cambiados, modificados luego de que asumieran otras autoridades, es la mejor demostración de que hubo intervencionismo político, más aún tratándose de un proyecto cuya calificación debe ser altamente técnica.
Además, ello demuestra la desaprensión de funcionarios públicos hacia la comisión de ilícitos. No tuvieron tapujos, ni pudor ni vergüenza alguna para corregir informes de disconformidad y, luego, señalar que estaban de acuerdo con el proyecto HidroAysén.
Por eso, entiendo que hoy el Ministerio Público se encuentra investigando estas falsificaciones ideológicas y de instrumentos públicos, debidas a la nueva decisión que ya expresaban nuestras máximas autoridades de que había que aprobar el proyecto de HidroAysén. Muchas de esas autoridades no titubearon en modificar, cambiar o alterar documentos públicos, lo que considero gravísimo.
En esta Comisión Investigadora hemos comprobado que hay agentes del Estado, funcionarios públicos que se prestan para alterar instrumentos públicos en aras de demostrar su conformidad respecto de una materia que otra autoridad que ocupó el mismo cargo ya había determinado que no era correcta, lo cual me parece gravísimo y tiene que ser investigado.
Por eso, estoy muy de acuerdo con lo que señala el informe, en cuanto a que se deben enviar todos los antecedentes al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a todas las instancias que sean necesarias, para que se investiguen las conclusiones a que llegó la Comisión.
También resulta complejo que autoridades no se hubieran inhabilitado respecto de esta materia. La calificación de un proyecto tan delicado como el de HidroAysén debió obligarlas a actuar con la compostura, imparcialidad y objetividad que se requería, en lugar de comprometerse con el proyecto, más aún en el caso de autoridades del Estado que anteriormente habían trabajado para HidroAysén. La circunstancia de que personas que habían prestado servicios a esa empresa y que después, en calidad de autoridades, aparezcan aprobando el proyecto me parece gravísima y justifica plenamente la constitución de la Comisión Investigadora, que acreditó que hubo alteraciones y modificaciones de instrumentos públicos para mostrar la conformidad con el proyecto y que autoridades que debieron haberse inhabilitado, no lo hicieron con tal de dar su aprobación al proyecto. Repito: ese solo hecho justificó la creación de la Comisión Investigadora.
Sin duda, existió lo que llamamos vicio de origen, cual es haber dividido el proyecto para obtener su aprobación, ya que primero se aprueba la construcción de la central hidroeléctrica y, después, la ejecución del tendido eléctrico. Para decirlo en palabras sencillas, esto significa que “nos quieren ver la cara”, ya que todos sabemos que el proyecto es uno solo: la central y el tendido eléctrico. La división en dos proyectos es, simplemente, una burla para todos los chilenos y chilenas.
Esta aprobación indebida, que se obtuvo con la falsificación de instrumentos públicos, sin que se hubieran inhabilitado las autoridades que correspondía y mediante las presiones políticas que hemos señalado, demuestra la relevancia de esta Comisión, por lo que sus conclusiones, que son gravísimas, deben ser puestas en conocimiento del Ministerio Público, para que se investiguen los fraudes, la ausencia de inhabilitaciones y las presiones indebidas que se produjeron a propósito del proyecto.
Las conclusiones son relevantes para la sociedad chilena, por lo que tienen que ser conocidas por todo el país. Espero que esta sesión haya sido vista por un gran número de chilenas y chilenos, a fin de que se den cuenta de que la aprobación del proyecto se logró con todas las alteraciones que señala el informe, que se han constatado, lo que demuestra que se actuó de manera ilegal y abusiva, atentando contra los principios de probidad que rigen todos los actos de la administración pública.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, este fue un trabajo muy exhaustivo de la Comisión Investigadora.
A quienes participamos en ella nos quedó clarísimo que el proyecto fue aprobado con una gran cantidad de irregularidades que son realmente manifiestas. Y como guinda de la torta, después de la elaboración del informe, nos hemos enterado de que, en un fallo de la Corte Suprema, un juez de la república que posee acciones de Endesa rechazó el recurso judicial presentado en contra del proyecto, lo que debe preocuparnos de manera sustantiva.
Una de las importantes conclusiones de la Comisión Investigadora es que el proyecto nunca debió ser aprobado, ni por el gobierno anterior ni por este, porque las presiones que se ejercieron para su aprobación son manifiestas y de toda índole.
Otro de los temas que quedó claramente plasmado en la investigación es que la participación ciudadana en los procesos de evaluación de cualquier proyecto medioambiental no vale absolutamente nada, ya que lo poco que ha conseguido la ciudadanía no ha sido a través de los instrumentos que le otorga la ley, sino mediante los recursos judiciales que se han presentado en muchas cortes, lo cual nos obliga a repensar sobre nuestras políticas públicas en materia medioambiental.
Debemos tener una legislación que equipare los poderes de tres partes que son fundamentales: primero, el del Estado, que tiene un rol fundamental en los proyectos; segundo, el de las empresas, que está más o menos equiparado con el anterior, y tercero, el de la ciudadanía, que es completamente inexistente. Si homologamos la situación con una mesa de tres patas, comprobaremos que simplemente la pata de la ciudadanía no existe. Mientras no tengamos una “mesa” sólida en materia medioambiental, que tenga sus tres patas de igual tamaño y fortaleza, seguiremos observando presiones del mundo privado para aprobar proyectos como este, con la complicidad del Estado.
Lo anterior se puede comprobar con lo que sucede, por ejemplo, con la planta de tratamiento de residuos orgánicos de Pelequén, materia que tratamos en la sesión de ayer de la Comisión de Medio Ambiente. Ese proyecto se aprobó entre gallos y medianoche, con una declaración de impacto ambiental, en circunstancias de que debió contemplar un estudio de impacto ambiental. Además, se determinó que la planta podía recibir 160 toneladas de residuos orgánicos al mes, pero está aceptando más de 1.500 toneladas mensuales.
La conclusión clara y precisa del informe es que existe un sinnúmero de anomalías y de intereses de personas con nombres y apellidos, lo que no podemos dejar pasar, y nos obliga a revisar en forma urgente nuestra legislación en materia medioambiental y a fortalecer la participación ciudadana. Mientras no logremos ese objetivo, tendremos más comisiones investigadoras, más resoluciones de las cortes y nuestro patrimonio medioambiental se verá totalmente cercenado y disminuido, porque, además, las empresas no son muy entusiastas en esta materia.
Otro tema central es que no se entiende que un proyecto de esta naturaleza se divida en dos. ¿Qué pasaría si se aprueba la construcción de la represa, pero se rechaza la línea de transmisión, o al revés? Esto es reírse de la ciudadanía y del sentido común.
Sabemos que el proyecto de transmisión eléctrica sigue avanzando, sin tomar en cuenta, por ejemplo, las fallas que tiene una zona importante por donde va a pasar esta “carretera eléctrica”. Tampoco se han considerado otras variables muy importantes, como que la energía se produce en la Patagonia, pero ni siquiera queda algo en ella. En los 2.500 kilómetros de línea de transmisión que habrá entre Aysén y Santiago no se podrá sacar ni un kilowatt. ¡No se puede; es imposible! Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Además, en este caso se ha usado de manera impropia la ley minera. Cada torre -son más de 2 mil, de setenta metros- ya tiene ubicado un sitio y la empresa ha pedido una tuición minera para cada uno. Es decir, vemos que se utiliza todo el aparataje del Estado en un proyecto que realmente va a beneficiar a las mineras privadas, porque ni siquiera tiene por objeto mejorar, por ejemplo, la entrega de energía a los yacimientos de Codelco, sino que es exclusivamente para la minería privada.
Es necesario aprobar el informe y tomar cartas en el asunto en materia legislativa, tal como lo he señalado.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , en este momento de la sesión -se lo digo a la gente de mi tierra, de la Patagonia- se aprecia la preocupación que algunos políticos, con afán electoral y populista, demuestran por la Patagonia: no hay más de veinte o veinticinco diputados presentes en la Sala.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Tal vez, sería muy engorroso nombrarlos a todos. En todo caso, el diputado Jaramillo me confirma que hay veinticuatro diputados en la Sala. Esto demuestra la real preocupación de algunos diputados por la Patagonia. Estoy convencido de que muchos que hoy dicen defender la Patagonia, con 5 grados bajo cero, no llegan a nuestra tierra.
Se me ha acusado, de buenas y de muy malas maneras -la mayoría de las veces-, de ser un vendido a HidroAysén. Pero lo que busco es el beneficio para mi tierra y para mi gente. La dignidad del ser humano es el trabajo, y hoy en mi tierra no hay trabajo.
Nuestro país es tercermundista, y nosotros, los aiseninos, somos tercermundistas dentro de nuestro propio país. No tenemos universidades ni buena educación. Si la educación es mala en Chile, en mi tierra es peor. Por eso no soy contrario a este proyecto, pero siempre que signifique, un beneficio para mi gente y para mi tierra. Si eso significa ser vendido, bienvenido sea; me puedo vender una y mil veces por mi gente. Pero que no vengan algunos o algunas con el seudodiscurso de proteger la ecología y el ecosistema para obtener beneficios electorales e, incluso, económicos.
He leído parte de este informe. Si bien no estoy en contra del proyecto, tampoco voy a permitir irregularidades. Si bien la ley medioambiental es prácticamente letra muerta en Chile, tampoco voy a permitir que los señores Matte , Daniel Fernández , Michel Moure , Claudio Sanhueza , etcétera, los seres humanos que están tras HidroAysén, cometan irregularidades.
Es más, no quiero que simplemente nos quedemos en un informe, como los cientos o miles que se han discutido en esta Sala, como el que se elaboro sobre Codelco. ¿Qué pasará después de este informe? ¿Qué acciones se realizarán contra los corruptos, si los hay, que participaron en la aprobación del megaproyecto HidroAysén? ¿Qué pasará con el señor Terrazas? ¿Qué pasará con la ex intendenta de la Concertación señora Viviana Betancourt ? ¿Qué pasará con una serie de personajes involucrados?
Es decir, en la Cámara de Diputados, una parte importante del segundo Poder del Estado , se elabora un informe y, al final, todo muere ahí. ¡No pues! ¡Esto no puede quedar así! ¡Aquí hay intereses creados!
Hace pocos días, a través de un informe de la Contraloría, se menciona al alcalde de Coyhaique -de su partido, señor Presidente - y se dice que hay intereses creados, porque se compraron tierras para venderlas a un valor tres o cuatro veces superior.
Me podrán acusar de contradictorio, pero estoy de acuerdo en que, si existen irregularidades, hay que denunciarlas y seguir un proceso. Eso es lo que reclamo. Tenemos que velar por la naturaleza, no solo por un afán electoral ni populista, ni porque esté de moda ser ecologista. La naturaleza tiene que estar al servicio del hombre, pero hay que protegerla, cuidarla y amarla.
No comparto la opinión de algunos ecologistas extremos, porque ellos no saben lo que es el hambre. Yo lucho contra el hambre de mi gente, pero tampoco quiero que mi tierra sea arrasada. Es necesario denunciar las irregularidades, como lo estamos haciendo hoy, pero el tema no puede quedar solo en eso.
Por lo tanto, sea cual sea el resultado de la votación de este informe, las diputadas y diputados no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que recurrir a la justicia y denunciar las irregularidades, para que los señores Terrazas, Muñoz y otros más -porque hay más-, que hoy se hacen las “moscas muertas”, sean denunciados, desenmascarados y castigados por la justicia chilena.
No tengo la menor duda de que don Eleodoro Matte o, simplemente, Eleodoro Matte -como dicen algunos, como el diputado Schilling , que lo tutea- y otros más…
(Hablan varios señores diputados a la vez).
No tengo la gracia o desgracia de conocer a don Eleodoro, aunque parece que el diputado Schilling lo conoció bien, seguramente en otros tiempos.
Como decía, esto no puede quedar así. Por eso reclamo, en nombre de la gente de Melinka, de Villa O’Higgins, de Tortel, de Cochrane, de El Avellano. ¿Alguien sabe dónde queda El Avellano? A quienes dicen defender a la Patagonia les informo que para llegar a El Avellano hay que viajar doce horas a caballo. Me gustaría saber si algunos senadores, diputados o diputadas serían capaces de cabalgar durante doce horas para llegar a ese lugar.
Anuncio que daré mi voto favorable a este informe, porque creo que fue hecho a conciencia y no por intereses creados, populistas o electorales.
Pero también me gustaría que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que presentó este informe, que considero un gran trabajo, siguiera reclamando por nosotros, los aiseninos, y que también le preguntara al señor Tompkins por qué no nos permite construir la carretera. Ese es un atropello a los derechos humanos. El señor Tompkins y algunos chilenos yanaconas no permiten que Aysén, mi tierra, se conecte con Chile. ¿Qué dicen sobre ello algunos seudodefensores de la Patagonia? ¡Nada!
Por lo tanto, votaré favorablemente este informe. Pero espero que este informe no muera en esta Sala o en los archivos del Congreso, como cientos de los que ya se han presentado y aprobado.
El pueblo de Aysén, los patagones, los huilliches, los mapuches y otras razas que ya no existen, porque las exterminaron, pedimos justicia, pero no solo en el discurso; pedimos justicia real, objetiva.
Si hay culpables y responsables, deben ser sancionados. ¡Aysén lo exige!
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , todos quienes participamos en la Comisión Investigadora de HidroAysén tuvimos acceso a la información. A lo mejor vamos a tener opiniones distintas respecto de la información que recibimos, pero no es casual que gran parte de los testimonios de los profesionales que participaron en la evaluación hayan señalado dos temas, que considero importantes: primero, que en una primera etapa -en el 2008-, el proyecto no contaba con la información relevante como para ser evaluado, pero, siguió su tramitación. Ese fue el primer error, porque cuando un proyecto se ingresa para ser evaluado y no cuenta con la información como para que aquellos que tienen que evaluar puedan hacerlo, la ley indica en forma expresa en su artículo 24 que cuando un proyecto carece de información relevante no puede seguir su tramitación. Y eso fue lo que ocurrió en 2008.
Como dijeron varios, este no es un proyecto que tenga que ver con lo que ocurrió en el actual Gobierno; la tramitación de este proyecto se realizó en forma irregular desde el inicio, desde los gobiernos de la Concertación.
En 2008, a pesar de que el proyecto no contaba con toda la información requerida, se aprobó su continuación en el proceso de evaluación. Ese fue el primer gran error.
Un segundo error que destacaron casi todas las personas que entregaron su testimonio en la Comisión fue que, en forma posterior, muchos informes fueron modificados por la autoridad actual. Es decir, ellos plantearon una situación, pero la autoridad cambió los informes, de modo que favorecieran la tramitación positiva del proyecto y no lo que efectivamente debió haber ocurrido: que se hubiera rechazado.
Esas dos situaciones nos quedaron claras a todos los que participamos en la Comisión Investigadora.
Ahora, esto es bastante grave, en la medida en que pone en duda nuestra institucionalidad.
Aquí no solo se trata de un problema de la ley. Probablemente, nuestra legislación todavía sea débil y, por lo tanto, se requiere mucha más presencia de la comunidad y más capacidad para expresarse y ser escuchada. Pero lo dispuesto en la ley igual es vulnerado. Por ejemplo, no se aplicó el artículo 24, aunque ello debió haber ocurrido. Los informes fueron cambiados, a pesar de que todo el mundo sabe que ello no procedía. Hacer eso depende de las personas, de quienes hoy ocupan nuestras instituciones y quienes, en lugar de estar al servicio del bien común y del país, están al servicio de las empresas.
Ese es el tema que pone en la mesa este informe: que en Chile efectivamente existe corrupción y que nuestras instituciones son corruptas, no porque sean instituciones, sino por aquellos que ocupan esas instituciones. Eso es lo grave.
Independientemente de todas las leyes que perfeccionemos, si las personas están dispuestas a vulnerar lo que establecen las normas, no sacaremos nada con mejorar nuestra institucionalidad.
Coincido con lo señalado por el diputado Alinco -ya se fue de la Sala-, en el sentido de que espero que este informe no se quede solo en esta discusión, porque lo que en él se señala es sumamente grave. Y es muy grave porque desaparece la confianza. No importa de qué proyecto se trate o de quien lo ingrese, porque sabemos que si las personas que laboran en las instituciones están dispuestas a corromperse para ponerse al servicio de las empresas, no sacamos nada con mejorar nuestra legislación. Insisto, eso es lo grave.
Ahora, dependiendo de la institución que presente el proyecto y que reciba la información, tendrá un estándar distinto. Se supone que, de acuerdo a nuestra Ley del Medio Ambiente, los proyectos no pueden ingresarse por separado, por etapas.
Este proyecto implica represas y tendido eléctrico. Sin embargo, la institucionalidad aceptó que este proyecto, que es uno solo, de producción y transmisión de energía, que tiene un mismo objetivo, cual es llevar energía desde Aysén hacia el norte, fuera evaluado por separado. Y ahora tenemos las represas por un lado, y el tendido, por el otro. Es inadmisible que la institucionalidad también acepte eso.
Por último, en el informe entregado por la Fiscalía Nacional Económica respecto de este proyecto y sobre la libre competencia, materia respecto de la cual se debe pronunciar, el proyecto se presenta como uno solo: las represas y el tendido eléctrico están en un mismo proyecto. Ahí sí se acepta que se trata de un solo proyecto. Pero en el proceso de evaluación, para que el proyecto fuera aprobado, no se consideró como uno solo.
Ese doble estándar de nuestras instituciones le quita credibilidad no solo a las instituciones involucradas en tales procesos, sino también a todo el Estado de Chile, que está al servicio de las empresas y no del país.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero pedir a la Mesa que evalúe algún tipo de amonestación cuando un diputado se pone a hacer gárgaras de su presencia en esta Sala, a costa de la supuesta ausencia de otros parlamentarios. Me refiero concretamente a lo señalado por el diputado René Alinco .
Para mí sería fácil señalar en público que el diputado Alinco no está en la Sala en este momento. Eso sería lo más fácil. Pero aquí hay parlamentarios como la diputada Cristina Girardi , como los diputados Farías , De Urresti , García , Schilling , Saffirio , Godoy , Rojas , Ortiz , Venegas , Ojeda -que ha entregado un largo informe en esta Sala-, Robles, la diputada Alejandra Sepúlveda , el diputado Urrutia , de la Séptima Región y colega en la Comisión de Defensa; los diputados Andrade , Becker , las diputadas María Angélica Cristi y Marisol Turres , colega en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, o los diputados Recondo -que preside la sesión-, Fidel Espinoza o Carmona , etcétera, porque, por Reglamento -y así corresponde-, las cámaras de televisión solo están dirigidas a quien habla.
Entonces, resulta muy fácil que un diputado intervenga en la Sala y haga gárgaras con su presencia, hablando en contra de aquellos que no están, pero que, muchas veces, están ausentes debido a que se encuentran participando en comisiones. Por ejemplo, en este momento, se encuentra sesionando la Comisión Especial de Juventud, en la cual se encuentran diputados. También está sesionando la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, y así lo señalan los letreros electrónicos. Asimismo, hay diputados que están trabajando en sus oficinas, preparando una intervención, los cuales también tienen que ser considerados. Eso no corresponde.
(El diputado señor René Alinco golpea la mesa).
Y golpear la mesa y hacer gárgaras, haciéndose el macho valiente, tampoco corresponde…
(El diputado señor René Alinco golpea la mesa).
Señor Presidente, le pido que llame al orden al diputado Alinco.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Llamo al orden al diputado René Alinco .
El señor ALINCO.- Señor Presidente, quiero decir al diputado Rincón que estoy presente en la Sala.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Diputado Alinco, usted ya hizo uso de la palabra.
Puede continuar con el uso de la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , si el diputado Alinco así lo desea, le puedo conceder una interrupción, de acuerdo a Reglamento.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- El diputado Ricardo Rincón le ha concedido una interrupción al diputado René Alinco .
Tiene la palabra su señoría.
El señor ALINCO .- Señor Presidente , solo quiero decir al diputado Rincón que estoy en la Sala. Me ausenté unos minutos, por necesidades humanas. No sé si me expliqué bien.
No sé cuál es el problema del señor Rincón contra Alinco . Seguramente, el señor Rincón cree que está con alguno de sus trabajadores, a los cuales sobreexplota. Pero quiero decirle que aquí no está como patrón, sino como diputado , igual que yo.
Por lo tanto, aquí está Alinco, para que me diga lo que tenga que decirme. ¿Cuál es el problema?
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Recupera la palabra el diputado don Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , reitero que no es bueno hacer gárgaras con aquellos diputados que no están en la Sala, cuando muchos de ellos sí lo están y otros están cumpliendo con su trabajo en las Comisiones anunciadas en la pantalla, o se hallan en sus oficinas o en reuniones que tienen programadas, incluso, con audiencias en sus propios Comités.
Eso no es bueno ni le hace bien a esta Corporación. Aquí tenemos que respetarnos todos adecuadamente. Ese es el respeto que pido e invoco para todos. Por eso hice la larga enumeración de los diputados que se encuentran en la Sala. Pido perdón si hay alguien presente a quien no nombré en esa larga enumeración de los diputados que están presentes en la Sala y de aquellos que están trabajando en sus respectivas Comisiones.
El señor CAMPOS.- Yo estaba en la Comisión.
El señor RINCÓN.- Por cierto, diputado Campos. Por eso pedí perdón a quienes no nombré en esa larga enumeración que hice.
Sería conveniente que se terminen los ataques a los colegas y que se hagan gárgaras en cuanto a que el que habla es el que hace el trabajo y no los demás. Ese es el sentido de mi intervención.
Pido atención a este informe. Son cientos de hojas de un trabajo enorme. Me siento orgulloso de los parlamentarios que hicieron este trabajo -según me confirma el diputado Venegas , tiene más de cuatrocientas páginas- y de los secretarios que ayudaron a redactar, porque un informe como este implica muchas horas, el cual ha sido rendido a esta Sala por el Presidente de la Comisión , el diputado Sergio Ojeda . Es bueno señalar eso, porque hoy parece que es más fácil atacar y pretender que nosotros no hacemos el trabajo que nos corresponde. Por eso, hago llegar mis felicitaciones a la Comisión.
En su intervención, la diputada Cristina Girardi señaló que se alteraron las actas y ello se constata en este informe, porque hay un oficio en que se señala que “no hay observaciones” por parte del Sernageomin, en circunstancias de que -leo textualmente lo que dice el informe- “los funcionarios evaluadores consignaron una serie de deficiencias del EIA de HidroAysén que no habían sido subsanadas, mediante Adenda.
La señora María Francisca Falcón , geóloga del departamento de Geología Aplicada del Servicio Nacional de Geología y Minería, acusa irregularidades “consistentes en omisión o falta de información -relevante y trascendente- geológica e hidrogeológica del proyecto, falta de respuesta a Memorándum y cambio de informes.”. Y esto sigue.
En cuanto a lo que expresa la Conaf, leeré una parte, porque en una intervención como esta solo puedo hacer extractos de las más de cuatrocientas páginas del informe.
“Del análisis de EIA se concluye que este adolece de información técnica relevante y esencial para calificar ambientalmente el proyecto en relación con sus impactos con el Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Bernardo O´Higgins y Reserva Forestal Lago Cochrane y para los ecosistemas forestales en el área de influencia.”.
En el informe también se consigna que las irregularidades corroboradas por las funcionarias Natasha Post y Susana Nicomedi no fueron investigadas. Estas dos mujeres que denunciaron irregularidades fueron sometidas a sumarios administrativos por parte de su superior, Nicolás Terrazas, los cuales derivaron en sanciones y en sus exoneraciones, pero no hubo sumario alguno para investigar las irregularidades y faltas a la probidad del seremi titular, quien se había inhabilitado, pero ejerció sus funciones de jefe de servicio, hasta el último día de evaluación, como se señala en este informe.
Y suma y sigue.
Respecto del Consejo de Monumentos Nacionales, cito textualmente parte de una página del informe: “El capítulo del Estudio de impacto ambiental referido a determinar si las inundaciones afectarían o no a los sitios arqueológicos, no se hizo con la minuciosidad que se requiere. Hubo celeridad impuesta por las autoridades superiores.”.
En cuanto a la Seremi de Obras Públicas, el ordinario N° 247, de fecha 7 de octubre de 2008 -para que no se crea erróneamente que aquí estoy haciendo un enjuiciamiento político a un gobierno determinado; aquí simplemente no ha funcionado un procedimiento administrativo del Estado de Chile, que va más allá de un gobierno-, expresa: “…considerando el detalle de las observaciones contenidas en el presente informe y las competencias de este Ministerio, el Estudio presentado a Evaluación Ambiental presentado adolece de información clara, relevante y esencial que permita: entender el proyecto; caracterizar correctamente las distintas componentes ambientales; predecir y evaluar sus impactos y en consecuencia verificar que el Titular se haga cargo de ellos.”.
Y más adelante dice: “dentro de las actividades asociadas con la infraestructura vial, el Proyecto HidroAysén afecta significativamente y no se hace cargo de los siguientes impactos que afectan las dimensiones geográficas y el bienestar social básico.”. Sin embargo, en el informe que envió el seremi de Obras Públicas se borró este párrafo, al igual que otras consideraciones.
Así, podemos ir revisando cada uno de los informes que fueron adulterados, con algunos párrafos borrados, porque evidentemente intervinieron muchas otras autoridades u organismos.
¿Qué le pasó al secretario regional ministerial de Salud , doctor Claudio Vallejos , cuando se abstuvo? Fue increpado para que votara. ¿Cómo votó? En contra. El doctor Vallejos dijo que se oponía porque, por la magnitud del proyecto, había un claro riesgo de daño a la salud de las personas. Esto también está consignado en el informe.
Algo similar ocurre con la seremi de Vivienda y con otras instancias en que los funcionarios quisieron hacer su trabajo, pero este fue borrado, eliminado, recortado o reducido. En el caso de las dos funcionarias que mencioné, Natasha Post y Susana Nicomedi , reitero que fueron exoneradas por hacer su trabajo. En Chile, hay funcionarios públicos que, no obstante hacer su labor, son exonerados. Es algo que suele ocurrir.
Nosotros no podemos quedarnos solo con este informe. Evidentemente, debemos demandar de la Contraloría General de la República los respectivos sumarios y sanciones administrativas. En lo penal, cuando hay adulteración de instrumentos públicos, falsificación o alteración de los mismos, deben hacerse las investigaciones correspondientes.
Los organismos que hacen las evaluaciones deben resguardar el interés de la población; ese es el sentido del estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, en el caso de Pelequén -lo planteó el diputado Accorsi , a quien se lo agradezco, porque esa localidad pertenece a mi distrito-, no se hizo. Cuando en 2008 o 2009 se aprobó la resolución de calificación ambiental (RCA), no se hizo con un estudio de impacto ambiental, sino sobre la base de una simple declaración de impacto ambiental. Algunos se sorprenden porque ahora las personas se manifiestan, pero sucede que durante cuatro años han debido soportar malos olores, moscas y ratones que invaden las casas, provenientes de las instalaciones de la empresa Colhue S.A. Por eso, reclaman.
Cuando el empresario señor Pardo comienza a atacar a las autoridades, incluido el diputado que habla, por hacer denuncias, y señala que son totalmente ilegítimas, se equivoca. Lo que correspondía era que se hubiera hecho un estudio de impacto ambiental en forma y, en función de él, determinar si correspondía aprobar el proyecto. Pero no se hizo. Incluso, sus propias declaraciones se ven vulneradas en forma permanente, porque no se respeta el número de camiones que deben ingresar al vertedero, ni los horarios, ni la estiba, ni el volumen de los contenidos que depositan en Colhue, concretamente en San Luis de Pelequén. Es decir, ni siquiera se respeta la declaración que hizo la empresa. Todo esto ha provocado que la gente se moleste y se exprese.
Este informe debe enorgullecer a la Cámara de Diputados, en particular a los diputados que la integraron, de todos los sectores -incluidos los funcionarios que participaron-, que arribaron a estas conclusiones tan precisas que nos deben mover no solo a aprobarlas, sino también a solicitar a los organismos pertinentes, como la Contraloría General de la República, que lleguen hasta las últimas consecuencias, que realicen los sumarios que correspondan y que protejan a las funcionarias dignas de nuestro país que, no obstante hacer bien su trabajo, terminaron perdiéndolo.
He dicho.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , quiero plantar una cuestión de Reglamento.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, solo para plantear dos puntos.
Primero, no sé si la actitud y el discurso del diputado Rincón serían los mismos si el Presidente de la República fuese hoy Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Segundo, le quiero pedir permiso al diputado Rincón , porque tengo que salir de la Sala para atender a algunos compañeros pescadores artesanales de la región, que necesitan conversar conmigo.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Señor diputado, no es cuestión de Reglamento lo que ha planteado.
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , el proyecto HidroAysén ha provocado grandes motivaciones y movilizaciones en todas las instancias, por los importantes efectos que tendrá en el desarrollo, en inversiones, en recursos, por las empresas involucradas y, obviamente, por la suma de intereses de todo tipo que un proyecto de tal magnitud puede generar. Son cientos de millones de dólares los que están involucrados en el proyecto.
El trabajo realizado por la Comisión revela un hecho sustantivo que dice relación con la precariedad con que nuestra institucionalidad ambiental se pronuncia respecto del desarrollo de este tipo de iniciativas.
Este proyecto ha contado con la participación de diversas entidades académicas de nuestro país. Probablemente, fueron los científicos y los académicos con mayor conocimiento y experiencia los que participaron en el proceso de desarrollo del estudio ambiental. En esta realidad están involucrados centros universitarios, incluso del Consejo de Rectores, que realizaron profundos y complejos estudios de investigación. Cuando se pide que las comunidades de las diversas regiones participen en estos procesos, comprobamos que nuestra institucionalidad presenta tremendos vacíos. Por ejemplo, la comunidad está en gran desventaja respecto de quien presenta los estudios y termina siendo la contraparte, en virtud de los mecanismos que establece, en forma precaria, la institucionalidad vigente.
Esta realidad nos indica que estamos ante una necesidad urgente -en tal sentido, comparto lo que señaló el diputado Accorsi -, puesto que después del análisis realizado por la Comisión queda de manifiesto la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental y la forma en que la misma puede responder a los requerimientos, posiciones y opiniones de la comunidad. Si se analiza la legislación existente sobre esta materia, puede comprobarse que es una copia de legislaciones ambientales de países desarrollados, pero no completamente, porque hay ámbitos que no están considerados en ella. Me refiero específicamente a la participación comunitaria que, probablemente, ha generado una de las mayores inquietudes.
En los países desarrollados, cuando se presentan estos proyectos y la comunidad participa, a través de diferentes instancias, su opinión es vinculante para la decisión final de las autoridades respecto de la concreción de determinado proyecto. En Chile copiamos solo la primera parte de la ley, pero no con la misma fuerza lo que dice relación con la participación comunitaria. Entonces, ¿cómo podemos asegurar tal participación en proyectos tan técnicos como el de HidroAysén, cuando se les pide a nuestros servicios públicos opiniones colegiadas e institucionales, que también son muy débiles?
Cuando hablamos de evaluadores institucionales de los servicios públicos que participan en esta materia, no nos referimos a consejos o grupos de trabajo que se dediquen al análisis de proyectos de esta magnitud. Como quedó de manifiesto en la Comisión Especial Investigadora, en muchos casos esto quedó en manos, por ejemplo, de un funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Planificación, que da a conocer la opinión de esa cartera, y de un funcionario responsable de entregar la opinión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por lo tanto, aquí quedan de manifiesto las debilidades del aparato público y del sistema de participación social. En relación con lo que ocurre en otros países, aquí las diferencias son absolutamente abismantes.
De acuerdo con la forma como está concebida actualmente la institucionalidad, no es posible que una comunidad ejerza cabalmente sus derechos de participación y que sus opiniones terminen siendo vinculantes. Nuestra legislación no considera ese aspecto al momento adoptar las decisiones.
Comparto que el proyecto de la central hidroeléctrica Hidroaysén, que se comenzó a tramitar en 2008, ha estado rodeado de un conjunto de situaciones absolutamente peculiares. Autoridades de la administración anterior -aquí se mencionaron solo las de este Gobierno-, participaron en este proceso. Existen declaraciones de ex ministros del Interior y de otras ex autoridades que estaban interesadas en que esta iniciativa se desarrollara en la Región de Aysén.
Las debilidades existentes en esta materia, que comprobamos durante el trabajo de la Comisión -destaco la conducción que realizó su Presidente , el diputado Sergio Ojeda - permiten concluir claramente que debemos corregir nuestra institucionalidad ambiental para no vernos enfrentados mañana a situaciones similares.
La posibilidad de participación de la comunidad está muy reducida. Incluso más, no cuenta con herramientas sustantivas para expresar sus opiniones de manera categórica y precisa. Por lo tanto, ahí hay un vacío que debemos llenar.
Como bien señaló el diputado René Alinco , la Región de Aysén se ha transformado en un punto de interés para el desarrollo de este tipo de proyectos.
Como decimos los aiseninos, el Estado ve en este proyecto una solución a un importante problema energético del país. Al respecto, nuestras comunidades manifiestan su inquietud y se preguntan por qué esa preocupación no se demostró de la misma manera a lo largo de tantos años. En efecto, pese a estar en pleno siglo XXI, más de un tercio de Chile no está unido al resto del territorio, y sus habitantes tienen que transitar por diferentes lugares, con todas las precariedades, que se han mencionado acá, para llegar a su destino. En suma, la comunidad regional enfrenta condiciones de vida muy especiales y extremas. Por eso, legítimamente reclama su derecho a ser considerada.
Se plantean complejas situaciones sobre la forma como elaborar puntos de vista frente a materias como la construcción de estas megacentrales, lo que se repite en relación con megapropiedades que han generado un impacto negativo enorme en regiones como la nuestra. En ese sentido, nos asiste la convicción de que debemos llamar a realizar una profunda revisión en esta materia.
Si queremos un desarrollo armónico del territorio, debemos dedicarnos a trabajar en forma seria para dotar a las regiones de las instancias que correspondan, para contar con una institucionalidad ambiental que se haga cargo de la forma de canalizar la participación de la comunidad.
Resulta curioso que después de todo este proceso nos encontremos con dos visiones antagónicas. En primer lugar, la existencia de este tipo de irregularidades. Al respecto, quiero aclarar algunos conceptos. Los ordinarios en relación con los cuales se establece esta disparidad de opiniones nacen de oficios y documentos que nunca fueron legalizados por la institucionalidad del sector. Incluso más, un senador de la República , junto con otros parlamentarios, presentó una querella por falsificación de instrumento público, como se mencionó aquí.
Debo aclarar que eso no es así, porque esos documentos nunca fueron rubricados oficialmente, nunca tuvieron el timbre ni la firma de la autoridad del sector. Incluso más, el logo del documento sobre el cual se expresaron esas opiniones, era antiguo. Por lo tanto, no se trataba de un documento oficial.
Insisto, más allá de este concepto, más allá del sistema y los evaluadores institucionales, incluso más allá de las supuestas inhabilidades, en la Comisión quedó de manifiesto que este tema tenía y tiene aristas mucho más complejas.
Me quedo con la conclusión del diputado Ojeda , en cuanto a que hubo irregularidades en la forma de construir el diseño final de las propuestas y en la forma como se desempeñaron los evaluadores institucionales, porque dada su condición de activos participantes en organizaciones con evidentes intereses en la parte ambiental, oportunamente debieron inhabilitarse.
En esta materia, nos encontramos ante una paradoja: la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados entregó un informe en el que señala que hay irregularidades; pero, en mi opinión, ellas emanan de la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental.
La Comisión llegó a una conclusión en el sentido de que es necesario restablecer una discusión en torno de esta materia. La situación se debe resolver a fin de que las comunidades respectivas tengan la debida participación.
En Aysén se está solicitando realizar consultas y plebiscitos. Desafortunadamente para nuestros amigos de esa región, si eso fuera posible, esas consultas y plebiscitos no tendrían efecto retroactivo, y, en consecuencia, regirían desde el momento de su aprobación hacia adelante. La reclamación fundamental dice relación con el escaso espacio de participación.
En segundo lugar, nos encontramos con un hecho curioso: la Comisión Investigadora estableció la existencia de irregularidades, en circunstancias de que los fallos de las cortes de apelaciones de Coyhaique y de Puerto Montt, y, posteriormente de la Corte Suprema, establecieron que el proceso se llevó a cabo cumpliendo todas las normas de la ley. Probablemente, en estricto rigor, fue así. El problema está, repito, en la debilidad de la institucionalidad sobre la cual basamos decisiones tan relevantes para una región como la nuestra.
Reitero, hemos copiado mucho de la legislación ambiental de países desarrollados, pero nos olvidamos de una parte muy importante, cual es la participación de la comunidad. En caso de haber contado con ella, ¿cuánto nos habríamos ahorrado? ¿En cuántas comunidades se habrían reducido las tensiones si nuestra legislación le hubiese permitido expresarse y su opinión hubiese tenido un carácter vinculante al momento de decidir sobre el desarrollo del proyecto?
Esperamos que una vez que se convierta en ley el proyecto sobre plebiscitos y consultas de carácter comunal, se pueda avanzar en la dirección adecuada.
La Región de Aysén tiene grandes esperanzas en un futuro mejor: con mayor integración a la realidad social del país. En los últimos meses, hemos conocido un movimiento a través del cual ha expresado sus puntos de vista. Por eso, creemos que esta es una oportunidad para avanzar definitivamente en mejorar ese proceso.
Finalmente, anuncio que votaré favorablemente el informe.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero destacar que en la Comisión que se abocó al estudio de las irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén, presidida por el diputado Sergio Ojeda , sus integrantes realizamos un trabajo de recopilación de antecedentes. Nos constituimos en Coyhaique y recibimos a una gran cantidad de organizaciones de distinta naturaleza y propósitos, a ciudadanos de a pie, a emprendedores turísticos, a alcaldes, etcétera. En ese sentido, hago un reconocimiento especial al alcalde de Tortel , don Bernardo López .
Con mucha angustia, ciudadanos nos expresaron el impacto brutal que ha provocado este proyecto en la región y en la comunidad; un proyecto que vino de afuera, con capitales extranjeros, que llegó con arrogancia y prepotencia, y anticipando recursos para comprar voluntades y ganar adhesiones.
Sin perjuicio de las discusiones técnicas y formales que expresaron varios diputados, las que figuran en el informe, en relación con irregularidades manifiestas, como informes emitidos que luego fueron modificados al ser enviados a Santiago, esos ciudadanos nos dieron a conocer la permanente presión de la empresa y de su red de operadores sobre pobladores para comprar sus terrenos o ganar adeptos en distintas organizaciones.
Por eso, rindo un homenaje a la gente de la Patagonia y de Coyhaique que, durante la tarde en que estuvimos escuchando sus testimonios, nos entregó un ejemplo de coraje, de dignidad, de coherencia y de cariño por su tierra. Ninguno de ellos tenía en sus ojos un interés económico. En sus retinas estaba presente una forma de vida, el objetivo de que no se dividiera a la comunidad; seguir viviendo, como lo han hecho hasta ahora, en medio de ese patrimonio natural, que tienen en gran abundancia. Por eso, hago un reconocimiento a cada una de esas personas, cuyos nombres y testimonios están consignados en el informe. Deseo destacar lo expresado por Claudia Torres , Daniela Castro, Ana María Carrera , Bernardo López y María Josefina Ruiz , entre otros.
Al escuchar esos testimonios, en especial los de las autoridades y de los expertos en relación con el megaproyecto, hay un denominador común: se hizo un traje a la medida para un proyecto que estaba aprobado desde el momento en que se presentó. Ello, independientemente de los derechos de agua, de los impactos sociales, económicos y culturales, de que no se analizó la línea de transmisión. Es algo increíble; se demuestra que fue un traje a la medida.
Se aprobaron las cinco centrales, pero no la línea de transmisión. Es un proyecto -digámoslo en forma clara- para traer energía eléctrica barata a Santiago desde la Patagonia, ubicada a 2 mil kilómetros. Es corriente continua. Ninguna ciudad ubicada en ese intervalo podrá bajar de ese tendido eléctrico kilovatio alguno. Esto es, lisa y llanamente, un buen negocio para la capital de Chile y para las empresas mineras. Para eso se sacrifica la Patagonia, la belleza escénica más hermosa de Chile y, quizá, del planeta. Para eso se sacrifica la Patagonia y se confronta a los ciudadanos de ese territorio, unos contra otros, hermanos contra hermanos. Eso no importa.
La aprobación de este proyecto dará luz verde para decenas de otras megacentrales. Xstrata Copper y otras empresas mineras van a utilizar esa carretera, esa verdadera herida que provocará el tendido eléctrico, instalado sobre torres de más de 70 metros de alto, proyecto que, a lo largo de su extensión, ocupará una franja de cien metros de ancho.
¿Es ese el desarrollo que necesita nuestro país? ¿Es ese el equilibrio ambiental internacional que quiere nuestro país? ¿Es esa la imagen que queremos proyectar al mundo? ¿La de un país de bárbaros, de empresarios codiciosos que solo quieren llevar adelante el proyecto, y de autoridades sumisas frente a esas inversiones y a las ofertas de empleos? ¿Cuánto vale -formulamos esa consulta en la Comisión Especial Investigadora y en la Comisión de Turismo- la belleza del saltos del Nef? ¿Cuánto vale el río Baker? ¿Cuánto valen esas aguas? ¿Cuánto representa para la sociedad ese patrimonio? Tiene un valor que los economistas no se atreven a cuantificar; pero expertos de universidades que concurrieron a la Comisión, le asignan un valor escénico, porque es un paisaje único en el mundo.
La Patagonia vale porque tiene reservas de agua dulce, porque tiene sus ríos libres y no contaminados; no ríos represados que generarán energía eléctrica barata para las mineras. Insisto, esto no beneficiará a las regiones. Muchos diputados somos de regiones; allí vivimos y allí desarrollamos nuestras actividades cotidianas.
Dado el precio que han alcanzado los minerales, esperamos que las empresas mineras inviertan en energías renovables no convencionales, obtenidas de fuentes más cercanas a sus lugares de producción; que inviertan en energías no renovables en sectores cercanos al lugar donde tienen la mina o cercanos a Santiago, y que imputen ese desembolso a sus costos.
Hoy, dadas sus utilidades, las grandes empresas cupríferas lo pueden hacer. Pero, no; es más fácil hacerlo a costa de la Patagonia. En veinte o treinta años, esas mineras ya no estarán en el país, y nosotros no tendremos Patagonia. Ése es el tema en discusión. No se trata de ecologismo, sino de qué país queremos construir, qué queremos legar a las próximas generaciones, cuál es la ventaja comparativa de Chile, cuál es su imagen internacional. ¿Su imagen internacional será apreciar torres de alta tensión cruzando 2 mil kilómetros? ¿Cómo los diputados vamos a explicar a las comunidades indígenas de las regiones de La Araucanía y de Los Ríos que pasarán por ahí? Dicho sea de paso, se han hecho pedimentos mineros. ¿Cómo se desvalorizarán las tierras de pequeños agricultores y productores? Eso no se ha evaluado.
Este proyecto -sin perjuicio de las irregularidades ocurridas y de la presión ejercida sobre autoridades- constituye un ejemplo nefasto para el futuro del país y para su sostenibilidad.
Si el proyecto HidroAysén se aprueba, dará luz verde a decenas de otros proyectos que arrasarán; no habrá límites.
Se trata de lograr energía barata. ¿Necesita Chile esa cantidad de energía? Este proyecto está proyectado -valga la redundancia- para entrar en operaciones después del 2020. ¿No tenemos la tecnología y la capacidad para desarrollar otras fuentes de energía, de manera de no tener que arrepentirnos por haber represado esos ríos? Porque esto no tendrá vuelta atrás; aquí no hay un plan de contingencia para desarmar la represa. Un río que se represa nunca más vuelve a ser lo que fue. Es lo que tenemos que discutir y reflexionar como país, como generación.
De acuerdo con las encuestas, miles de personas, más del 73 por ciento de la ciudadanía, se opone al proyecto. En Santiago y en muchas otras ciudades, la gente marcha contra esta iniciativa, especialmente los jóvenes y quienes aspiran a tener un futuro, que nosotros estamos hipotecando.
Insisto, se cometió un error nefasto al aceptar a tramitación este proyecto y no haberlo rechazado inmediatamente.
Esto sirvió para que decenas de autoridades hicieran la vista gorda o sufrieran presiones, como señalaba el vicepresidente de la ANEF, quien dijo que los respectivos funcionarios tenían miedo por los llamados ministeriales -no solo del ministro del Interior , sino de otros secretarios de Estado-, en los cuales les decían que si votaban en contra, les pedirían el cargo. Además, si se ha-cía un informe que no gustaba, en la ida a Santiago se cambiaba.
Esto ha generado un efecto corrosivo en la Administración del Estado, donde hay decenas de funcionarios que hacen bien la pega.
Además, ha habido presiones sobre los municipios. Por una presentación que se hizo a la Contraloría, se pudo detectar que esta empresa aportaba plata a los municipios en forma anticipada -práctica que se prohibió- para comprar voluntades y doblegar a gente que necesita. Por eso, inicié mi intervención rindiendo un homenaje a la gente de Aysén, que en febrero y marzo nos dio un ejemplo con las movilizaciones. Es gente digna que quiere mejorar sus condiciones de vida, pero no al costo de hipotecar su territorio ni la ventaja comparativa de la Patagonia.
Este proyecto no genera igualdad, y lo señalamos: frente a la institucionalidad ambiental, la empresa tiene todos los recursos, tiene especialistas y profesionales; en cambio, la comunidad, las pequeñas juntas de vecinos y agrupaciones dedicadas al turismo a orillas del lago General Carrera, del lago Bertrand, del río Baker , hacen sus presentaciones y formulan sus observaciones con pequeños recursos, con redes de voluntarios.
Se señalaba -está consignado en el informe- que el alcalde de Tortel -donde pretenden instalarse, río abajo de las represas- no estuvo en la línea de base. El día de mañana, Tortel y todas las comunidades aledañas pueden verse afectados, arrasados por esas megacentrales, aspecto que no fue considerado en la Evaluación de Impacto Ambiental. El alcalde de esa comuna dio la cara y defendió su pequeño municipio. Por eso, le reitero mi reconocimiento. Es gente digna, que pelea por su territorio y que quiere que se planteen otras fórmulas para el desarrollo de nuestro país y para ir en ayuda de esa zona.
En algunas intervenciones se señaló que gracias a la central hidroeléctrica HidroAysén habrá mayor acceso a la educación, puesto que la empresa que tiene a cargo el proyecto ofreció la construcción de escuelas y bajar el costo de la electricidad. Durante los más de doscientos años de vida republicana del país, ha sido labor del Estado -no de la empresa privada-, proveer la educación pública, encargarse de la construcción de caminos y mejorar la salud pública. Por lo tanto, aceptar eso podría significar que el Estado abdicara de una de sus funciones esenciales, y, en consecuencia, se podría entregar a grandes consorcios la administración de la educación y de la salud en cada rincón del territorio. Lo que está generando la empresa HidroAysén es la colonización y la hegemonía económica sobre un territorio, con el objeto de controlarlo.
Por lo tanto, más allá de tratarse de una iniciativa completamente aberrante desde el punto de vista ambiental y en cuyo proceso de aprobación hubo muchas irregularidades, el debate debe centrarse en el modelo de sociedad que queremos construir.
El proyecto de esa central hidroeléctrica debe ser rechazado, pensando, también, en los habitantes de Chile Chico. Por eso, valoro con mucha fuerza la actitud del alcalde de esa comuna, quien, ante decenas de colonos, campesinos y pescadores artesanales, fue radical en su oposición al proyecto.
En ese sentido, la aprobación del informe en discusión permitirá entregar una señal a la ciudadanía respecto de este proyecto y de eventuales futuras iniciativas de similar naturaleza, para que no se arrase, no se imponga la arrogancia del dinero ni se generen proyectos que dividan a la gente.
No debe volver a ocurrir que no se tome en cuenta, por ejemplo, lo que informó el seremi de Salud de Aysén -cuya digna actuación también deber ser reconocida-, quien señaló que el proyecto generará la llegada de más de 5 mil personas a la comuna de Cochrane, con la consecuente devastación de las relaciones humanas y problema asociados al aumento de la población, como la transmisión de enfermedades. En una comuna con las características de Cochrane, no existe capacidad para recibir a la cantidad de trabajadores que llegarán a ella a causa del proyecto hidroeléctrico.
Debemos proteger y defender a los habitantes de Cochrane, de Chile Chico, de puerto Murta y de Guadal. Eso es lo que está hoy en juego con la aprobación del proyecto de esa central hidroeléctrica.
Espero que la Sala apruebe el informe en discusión. Hacerlo significará entregar una señal que servirá de aliento para seguir luchando por una sociedad mejor y un país mejor, y para continuar oponiéndonos a proyectos que no son buenos para Chile. Debemos hacerlo por la dignidad de la gente de Aysén, que se lo merece, tal como lo ha demostrado.
Finalmente, junto con anunciar mi voto a favor del informe, quiero repetir, con más fuerza que nunca: ¡Patagonia sin represas!
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , es difícil gobernar el país. Recuerdo que cuando, hace algunos años, se empezó a hablar de la represa que se iba a construir en el río Biobío, mucha gente atacó y prácticamente le sacó los ojos al entonces Presidente Frei Ruiz-Tagle . No obstante, él señaló que el país necesitaba de esa energía, por lo cual debía construirse esa obra. Lo mismo está pasando hoy en Aysén.
Respecto del proyecto HidroAysén, se ha hablado de un informe de Evaluación de Impacto Ambiental que nunca vio la luz. Con mucho respeto hacia nuestros colegas, les quiero contar quién elaboró ese informe: el señor Gustavo Saldivia , quien preside una ONG llamada El Eco de los Montes. ¿Saben qué publicó en su blog?: “En el Baker ni cagando”. ¡Tal cual! Lo pueden ver en el informe de la Comisión Especial Investigadora en discusión. Por lo tanto, si uno hubiese visto el blog de ese señor, podría haberse dado cuenta, de antemano, cómo iba a ser su informe de Evaluación de Impacto Ambiental.
En consecuencia, se requiere que la gente que hace ese tipo de informes sea idónea y transparente, y que los elabore como corresponde. Eso quiere la ciudadanía; no un señor así.
Por otra parte, aquí se ha señalado, con total desparpajo, que el informe que estamos debatiendo servirá para dar luz, para iluminar lo que se debe hacer. Por eso, quiero preguntar a quienes me antecedieron en el uso de la palabra -sin ningún ánimo de polemizar-, por ejemplo, al colega De Urresti, que es abogado, si el informe de la Comisión Especial Investigadora estará por sobre el fallo de la Corte Suprema que se dio a conocer la semana pasada. Lo pregunto porque la gente escucha que este informe parará la construcción de la represa sobre el río Baker, en circunstancias de que no es así, porque el dictamen de la Corte Suprema ya dio el pase al proyecto.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Solamente discutir, y dar a conocer nuestros puntos de vista sobre lo que plantea el informe de dicha Comisión.
No estoy defendiendo ni atacando nada, sino diciendo lo que pasa. Lo hago por una razón muy simple: porque está sucediendo lo mismo que con los proyectos de acuerdo. En los años que llevo como diputado , he conocido más de 20.000 proyectos de acuerdo, pero nunca he visto que alguno se transformara en ley. No obstante, muchos diputados se pavonean en sus distritos al mencionar algunos proyectos de acuerdo, como si lo que figurara en su texto ya fuera una realidad, en circunstancias de que -reitero- nunca alguno de ellos se ha convertido en ley. En este caso está sucediendo exactamente lo mismo. Estamos discutiendo sobre algo que seguirá su curso normal.
Estoy absolutamente de acuerdo con algo que se ha señalado aquí, en el sentido de que en el proceso de aprobación de esta central se partió al revés, porque el proyecto de construcción de la represa fue sometido a evaluación antes de que se contara con el permiso para la instalación de su línea de transmisión.
También estoy de acuerdo con otras cosas que se han dicho, por ejemplo, que el Estado debe estar a cargo de la educación, de la construcción de caminos y de miles de cosas, como la creación de universidades en las provincias de Aysén y Coyhaique. Sin embargo, ¿esa gente tendrá que esperar que pasen otros doscientos años más para que eso se haga realidad? Nunca se han materializado las aspiraciones de la gente de Aysén. Esos son el drama y las cosas con las que nos tenemos que enfrentar como diputados. Aquí es fácil ponernos en una u otra posición y sacarnos los ojos entre nosotros; pero, al final, la Corte Suprema tiene la última palabra sobre el destino del río Baker .
Me llama mucho la atención que se ataque el proyecto de la central hidroeléctrica, pero que ningún colega entregue alguna solución respecto de la forma como podemos suplir la falta de energía eléctrica que tiene el país.
Y sigamos hablando. Hoy se comenta sobre el alza en el precio de la bencina, que pronto llegará a costar mil pesos el litro. ¡Eso será un desastre! Desde hace mucho tiempo que venimos señalando que eso ocurrirá. Revisé algunos discursos en ese sentido, que pronuncié en esta Sala hace más de diez años; pero recién hoy los economistas se están dando cuenta de que cuando suben los precios de los combustibles, suben los precios de los alimentos. Parlamentarios lo hemos venido diciendo hace más de diez años, pero, ¡mire qué curioso!, recién ahora nos vienen a hallar la razón; como si no supiéramos de qué hablamos. Eso significa que esa gente nunca ha trabajado. Lo digo por una razón muy simple: porque los economistas se dedican a los números. Sin embargo, todos sabemos a quién traspasa el alza del precio de los combustibles un señor que tiene un almacén: al cliente, que debe pagar un mayor precio por los productos. Por lo tanto, ¿quién termina pagando? La gente.
Eso mismo pasará con la electricidad. Todos están en contra de que se hagan proyectos eléctricos; pero cuando la gente tenga que pagar, por ejemplo, 100.000 o 150.000 pesos en lugar de 15.000, 20.000 mil o 30.000 pesos, todos empezarán a preguntar cómo se pueden llevar a cabo más proyectos.
¡Qué curioso! Se acusa al Gobierno de intervencionismo; pero no he escuchado una sola palabra respecto de la decisión que adoptó el Presidente Piñera en cuanto a que no se construyera una central termoeléctrica en Punta de Choros. ¡De eso no se ha dicho una palabra, como si fuera lo normal! Entonces, nos enfrentamos a la encrucijada sobre cómo debemos hacer las cosas; porque muchos no están de acuerdo con las decisiones que se adoptan hoy, pero aplaudían las que se tomaban antes, se haya o no transgredido la ley al hacerlo.
El proyecto HidroAysén fue sometido a proceso de aprobación de conformidad con las leyes vigentes, que son las mismas que se ocuparon durante los gobiernos de la Concertación. Entonces, ¡de qué estamos hablando! Aquí se han planteado posturas personales, en circunstancias de que, como diputados, debemos tener criterio y anteponer las necesidades del país. Estoy de acuerdo con estudiar obras de mitigación para salvar de la mejor manera posible los problemas que se pueden presentar a futuro.
Quiero decir más. En la actualidad, mucha gente ve en esto una tremenda oportunidad de enriquecimiento y para obtener favores personales. Lo digo porque, cuando alguien quiere que una torre pase por alguna parte, lo primero que le piden es tantos millones de pesos y si un señor quiere que le paguen por la construcción de una central de paso, también pide tantos millones. O sea, estamos de acuerdo; pero, al final, muchas veces gente se opone para sacar más provecho de obras que el país tanto necesita.
Entonces, quiero aclarar un solo aspecto a la gente que cree que esto va a parar o que habrá Patagonia sin represas: para bien o para mal, la Corte Suprema ya entregó su veredicto. En seis meses más -lo dijo nuestra ministra María Ignacia Benítez - se publicarán las nuevas leyes en materia de impacto ambiental, que se aplicarán en los futuros proyectos.
Señor Presidente , le quiero contar que en su distrito de la Región de Los Lagos se perforó un parque nacional para hacer una central hidroeléctrica de pasada. ¿O estoy equivocado? Así fue, y nadie dijo una sola palabra. ¡Nadie! Preguntémonos quiénes fueron los abogados de la empresa que hizo ese proyecto. Eso sí que podría dar mucho que hablar aquí. El caso llegó a los tribunales, y lo perdieron. Todos conocemos a los abogados y las empresas que estaban metidas ahí.
Entonces, creo que de ahora en adelante, debemos velar por el bien del país, es necesario cuidar nuestra ecología, nuestro patrimonio cultural, nuestro medio ambiente. Sobre eso serán las discusiones que conoceremos en los próximos años, es decir, sobre cómo hacer para que el país salga del tercermundismo, como muy bien decían los diputados de la zona.
¡Fíjense qué cosa curiosa!, los dos diputados de la zona, Alinco y Sandoval , están de acuerdo con que el proyecto se haga, pero respetando las condiciones a que nos hemos referido aquí: cuidado del medio ambiente, respeto a la gente, desarrollo de obras de mitigación que realmente signifiquen algún beneficio para las personas de la Patagonia.
Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? De un informe que se hizo en forma muy acuciosa y del cual nos podremos sentir muy orgullosos; pero, desgraciadamente para algunos y felizmente para otros, la Corte Suprema dio luz verde al proyecto.
Tenemos que tomar los resguardos para que en el futuro estos problemas no se vuelvan a repetir. No se ha aclarado por qué el señor Saldivia -miren su blog- hizo el informe que nunca vio la luz. Me gustaría que eso se clarificara. La gente que empezó a hacer estos informes es poco idónea y ya se sabía con anterioridad cómo iban a ser estos.
Por eso, aunque salga más caro, esto debería hacerse mediante licitaciones internacionales y con participación de expertos a quienes realmente les interese hablar como debe ser.
Después, a las perdidas, se le dijo a la gente de la Patagonia que le pondrían energía eólica, pero tampoco quiso eso. Dijeron que contaminaba más y que, por lo tanto, preferían la energía hidráulica. Entonces, ¡quién entiende!
¡Fíjense en otra curiosidad! Los mayores financistas de las ONG son de países desarrollados. Me pregunto, ¿por qué Estados Unidos de América no firma los tratados para cuidar el medio ambiente en el mundo y sí se preocupa de que otros países lo resguarden? Por eso, primero hay que dar el ejemplo antes de levantar la voz tan fuerte, como lo están haciendo miles de activistas en Estados Unidos de América, que quieren a Chile para su beneficio personal y no les importa nada lo que pase aquí, a la gente de la Patagonia.
Finalmente, anuncio que voy a votar en contra este informe. Ya no hay nada que hacer, porque, reitero, la Corte Suprema selló el destino de HidroAysén.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Los diputados señores Velásquez, Díaz, Vallespín, Ojeda, Rojas y Jaramillo, que se encontraban inscritos para intervenir, podrán insertar sus discursos en el boletín de sesiones.
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Alinco
El señor ALINCO.- Señor Presidente , en las opiniones de diferentes diputados, quedó flotando la duda sobre qué pasará si el informe se aprueba. ¿Todo morirá acá o habrá otro paso por seguir?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- No es un asunto de Reglamento, señor diputado.
En votación el informe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 12 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN PARA PROMOCIÓN DE PROCESOS DE NATURACIÓN URBANA. (Votación).
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 538.
El señor Prosecretario va a dar lectura a su parte dispositiva.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 538, de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Sauerbaum, de la diputada señorita Sabat, doña Marcela; del diputado señor Browne, de la diputada señora Rubilar, doña Karla, y de los diputados señores Santana, García, Godoy y González, en cuya parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República lo siguiente:
1. Establecer la obligatoriedad de que los conjuntos habitacionales acogidos a la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria como Condominio Tipo A y B, cumplan con los parámetros de áreas verdes establecidos para los loteos, aun cuando dicho terreno permanezca bajo el dominio de la copropiedad. Esto, a fin de promover el desarrollo de áreas verdes especialmente en los lugares residenciales.
2. Establecer estándares mínimos respecto de las características de estas áreas -considerando factores como localización, asoleamiento, especies, disponibilidad de agua, seguridad, accesibilidad universal- que aseguren la existencia de un porcentaje de vegetación y faciliten su adecuado uso y mantención, tanto para los espacios públicos como para los desarrollados en áreas privadas.
3. Adquirir el compromiso para, en el mediano plazo, enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca medidas para la forestación de zonas urbanas, impulsando con ello una política a base de beneficios tributarios para personas jurídicas y naturales que construyan con sujeción a dichos criterios.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
CREACIÓN DE OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS POLICIALES.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 539, de la diputada señora Ximena Vidal, de los diputados señores Vargas, Pérez, don José; León, Saffirio, Accorsi y Jaramillo, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que, en atención a las facultades legales con las que cuenta, disponga la creación de un programa para el seguimiento de las prácticas que impliquen infracciones a los derechos humanos por parte de los organismos encargados de velar por el orden y la seguridad pública, y, además, para que, en el marco de dicho programa, se ejerzan las acciones penales y civiles que corresponda, según lo dispone el N° 5 del artículo 3° de la ley 20405, que regula al Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de perseguir las responsabilidades que pudieran originarse por las actividades de dichos organismos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Cristian Letelier.
El señor LETELIER .- Señor Presidente , el Presidente de la República no podría acceder a lo propuesto por el proyecto de acuerdo por tres razones. Primero, porque es inconstitucional. No podemos dar facultades a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que establezca responsabilidades que pudieran originarse en organismos encargados de velar por el orden y la seguridad pública. Ésas las determina el ministro del Interior y la respectiva institución policial, de manera interna.
Segundo, una medida de esa naturaleza disminuiría nuestras propias competencias. De manera permanente, la Comisión de Derechos Humanos está llamando al general director de Carabineros y al director general de la Policía de Investigaciones , a fin de que rindan cuenta sobre sus actuaciones.
Tercero, porque Carabineros de Chile ya tiene una Secretaría de Derechos Humanos que trabaja en esa materia y persigue las responsabilidades de los funcionarios mediante los respectivos sumarios administrativos.
Por estas razones, anuncio que la bancada de la UDI votará en contra de la iniciativa.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa 10 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- No hay quórum.
Se repite la votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa 12 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Nuevamente, no hay quórum.
El proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
PAGO DE BONO A PROFESORES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE RENGO. Oficios.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Rengo , con copia a cada uno de los distinguidos concejales y concejalas, a fin de que agilice el pago de un bono para 220 profesores del Departamento de Educación Municipal de dicha comuna, pues, a la fecha, aún no reciben la plata que les corresponde por concepto de trabajos realizados.
El pago del bono fue sancionado judicialmente. En consecuencia, no solicito sino el cumplimiento de una resolución judicial.
El pronunciamiento fue impetrado en el juzgado laboral de Rengo, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, entre 2010 y 2011. Todas estas instancias confirmaron el derecho de los profesores a percibirlo. El último fallo ratificatorio emanó de la Corte Suprema en marzo de 2011.
Debo reconocer que en el municipio existe una comisión encargada de revisar la forma de pagar esas platas, pero, no obstante esa disposición positiva, aún no se concreta. Los propios profesores -y esto también es fundamental-, conscientes de la situación económica del municipio, han estado dispuestos a firmar un convenio de pagos parciales programados y no exigir el cumplimiento total, absoluto e íntegro, según lo indicado en las resoluciones judiciales que los favorecen.
Por lo tanto, existe disposición, voluntad y aquiescencia en los profesores. No estoy hablando de uno o dos, sino de 220 profesores de la comuna de Rengo.
Pido que se envíe copia del oficio al seremi de Educación y al ministro de Educación , para que puedan ayudar en lo que corresponda al municipio de Rengo para que pague íntegramente, o mediante una adecuada programación, el bono a que hecho alusión.
Solicito, también, que se envíe copia de este oficio a los señores Adolfo Cerda , Mario Contreras y Guillermo Meneses , quienes han participado en la Comisión Demanda Bono SAE y han estado, permanentemente, al tanto de las negociaciones y conversaciones con la ilustre Municipalidad de Rengo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO ITATA Y PAVIMENTACIÓN DE RUTA COSTERA DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficios.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido oficiar al ministro de Obras Públicas , con el fin de solicitarle un estudio de ingeniería para la construcción de un puente sobre el río Itata, que una las comunas de Coelemu y Trehuaco, porque el puente existente, construido en los años 80, después del terremoto, quedó con una restricción de carga de 30 toneladas, lo cual es absolutamente insuficiente para el desarrollo del valle del Itata, una zona muy productiva por donde circulan diariamente camiones de 45 toneladas.
Como no queremos tener un Loncomilla II, con la debida antelación pido que se proyecte este estudio de ingeniería para construir un nuevo puente sobre el río Itata, para mejorar la conectividad y fomentar el turismo.
A la vez, se hace necesario continuar con la pavimentación de la ruta costera, desde el límite de la Séptima Región hasta la comuna de Cobquecura, parte de la cual se pavimentó durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, lo cual ha generado un enorme desarrollo turístico en la localidad de Buchupureo, que se presenta ante el país como la capital del surf. Sin embargo, se ha producido una merma importante de turistas al sur de Cobquecura, en el sector de Rinconada, por falta de conectividad.
Por lo tanto, es necesario continuar con esa pavimentación y construir un nuevo puente sobre el río Itata, que permita conectar todo el borde costero de la Región del Biobío con la Séptima Región. Ese puente vendrá a resolver un problema de carga que hoy se está presentando y que se hará mucho más evidente cuando esté pavimentado el camino entre Coelemu y Ñipas , el cual va a aumentar enormemente el tráfico de camiones.
Por eso, es importante empezar con el diseño de ingeniería. No puede ser que Vialidad, permanentemente, tenga que controlar la carga a la entrada del puente, pues eso limita enormemente el desarrollo económico del valle del Itata.
Es importante que se construya un cuarto puente sobre el río Biobío -el ministerio ha anunciado su pronta construcción-, pero también existe la necesidad de conectividad hacia el interior de la provincia de Ñuble.
Pido que se envíe copia de mi intervención a los alcaldes de Trehuaco y Coelemu.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de este Presidente y de los diputados que así lo indican.
INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN ESCUELAS, POSTAS Y VIVIENDAS SOCIALES. Oficios.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en segundo lugar, pido oficiar a los ministros de Educación , de Salud y de Vivienda, respectivamente, para solicitarles que, dentro de sus programas de construcción, implementen nuevas tecnologías, específicamente, paneles fotovoltaicos que permitan a las escuelas, postas y viviendas sociales generar energía eléctrica y disminuir los costos de electricidad de las familias más modestas de nuestro país, las cuales están enfrentando un alza importante en sus cuentas de energía eléctrica.
Las razones se han explicitado latamente en esta sesión. Necesitamos tener energías renovables, con alta tecnología, que permitan aprovechar la energía solar y transformarla en energía eléctrica y agua caliente para las viviendas, escuelas y postas.
Los paneles fotovoltaicos tienen un incipiente grado de desarrollo en nuestro país. Creo que es importante que el Estado dé el ejemplo en escuelas, postas y viviendas sociales y ponga esta tecnología a disposición de los chilenos y chilenas, con el fin de reducir el gasto de energía eléctrica que afecta, sobre todo, a las familias de escasos recursos.
Me ha tocado ver situaciones dramáticas que usted, señor Presidente , también conoce, porque fue diputado por el distrito que represento. En la Villa Fresia, en la comuna de Bulnes, una mujer que recibe una pensión básica de 75 mil pesos -que aprobamos durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet -, en invierno, debe pagar 54 mil pesos por concepto de luz.
Eso es intolerable. Nosotros, los parlamentarios, debemos tomar medidas para que los más pobres de nuestro país no paguen la energía más cara de Latinoamérica.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de este Presidente y de los diputados que así lo indican.
MEJORAMIENTO DE MEDIAGUAS EMPLAZADAS EN CAMPAMENTOS DE TOCOPILLA. Oficios.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , primero, quiero agradecer al PPD por cederme parte de su tiempo.
La semana pasada, en respuesta a una invitación que me hicieron algunos vecinos de la comuna de Tocopilla, visité parte de los siete campamentos que quedan en Tocopilla -fueron levantados muchos más- después del terremoto ocurrido el 14 de noviembre de 2007.
Me causa mucha preocupación, y así lo manifesté en el lugar, la situación en que se encuentran los vecinos de los campamentos Caleta Boy Norte, Caleta Boy Sur, Padre Hurtado Sur y Bellavista I, dado que parte de ellos se encuentran emplazados a orillas de la playa.
Estas mediaguas están muy deterioradas después de cuatro años y medio de uso. Según me han informado, el gobierno regional todavía no señala la fecha en que se entregarán las viviendas definitivas.
En esa línea, pido oficiar a los ministros de Desarrollo Social , don Joaquín Lavín , y del Interior, don Rodrigo Hinzpeter , con el objeto de que puedan disponer de los recursos necesarios, ya sea a través de la Gobernación Provincial de Tocopilla, la Intendencia Regional de Antofagasta o la Municipalidad de Tocopilla, para que las personas que todavía viven en campamentos mejoren la calidad de sus mediaguas.
Me causó mucha preocupación ver una cantidad importante de adultos mayores que viven en mediaguas absolutamente inhabitables, pues no tienen techumbres. Además, deben soportar el frío de la noche, pues se encuentran emplazadas a orilla de playa.
Así como el Gobierno ha puesto un tremendo empeño en mejorar la calidad de vida de los compatriotas que están viviendo en campamentos a partir del 27 de febrero, fecha en que se produjo el último terremoto, creemos que debe hacer lo mismo en Tocopilla.
En esa línea, creo que es importante que el Gobierno destine nuevos dineros, con el objeto de que estas familias puedan reparar las mediaguas en las que se encuentran viviendo, especialmente en lo que se refiere a techumbres y elementos de aislación que ayuden a soportar el frío invierno que se avecina en el puerto de Tocopilla.
Espero que el Gobierno responda con prontitud esta solicitud, en atención a que los adultos mayores están empezando a soportar las primeras temperaturas bajas. También hemos visto que en estos campamentos están muy deteriorados los servicios sanitarios: lavamanos, baños y duchas no han sido reparados.
En tal virtud, insistimos en que el gobierno debe destinar los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida de las personas que aún viven en campamentos, después del terremoto que afectó a Tocopilla en 2007.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN COMUNAS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO DE LA PAZ Y CHIGUAYANTE. Oficio.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, agradezco al Partido por la Democracia los minutos que me ha cedido.
El director regional de la Unidad de Aguas Lluvias de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región del Biobío, don Ricardo Osorio , realizó un estudio completo de las zonas de Concepción que son vulnerables de inundación por las aguas lluvias. Detalló que los puntos conflictivos son las avenidas Inglesa y Ramón Carrasco ; los colectores de Collao y laguna Las Tres Pascualas; Canal Los Fresnos y Las Pocitas, Lagos de Chile, Los Aguilera, sumideros de Chacabuco y las calles Paicaví y Angol . Este director regional reconoció un déficit de 314 millones de pesos para reparar los puntos en conflicto en estos meses en que el tiempo todavía lo permite. Fue más explícito cuando señaló que no había ninguna posibilidad de realizar faenas en la avenida Inglesa, Lagos de Chile, Los Aguilera y las calles Paicaví y Angol , en Concepción. Lo mismo para el sector Ceballos , en la comuna de Chiguayante, y el colector Las Encinas, en la comuna de San Pedro de la Paz.
Llama mucho la atención lo dicho por ese director regional, toda vez que el ministro de Obras Públicas anunció, hace algunos días, un fuerte plan de inversiones para este año. Como integrante de de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y de la Comisión Mixta de Presupuestos, recuerdo que aprobamos un gran presupuesto para ese ministerio. Por lo tanto, es mi deber y obligación, como diputado de la república, pedir que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de conocer el destino de las platas que aprobamos para esa cartera en el presupuesto de la nación del año 2012, y que priorice recursos para intervenir y reparar los puntos de conflicto de Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante. La idea es que se llame a licitación antes de que llegue el mal tiempo; de lo contrario, volveremos a tener las serias dificultades que ocasionan las inundaciones.
Es en estos momentos en que se notan los liderazgos. Si aprobamos un gran presupuesto, que se utilice en los meses que corresponde. Les recuerdo que en los próximos días nos corresponde evaluar la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de la cartera de Obras Públicas, y lo primero que le voy a preguntar al ministro es cuánto ha invertido, en este primer trimestre, en este tipo de obras.
Pido que se envíe copia de esta intervención a los alcaldes de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, y a sus respectivos concejales.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE CANAL PAPEN, COMUNA DE CHIGUAYANTE. Oficios.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , nuestra comuna de Chiguayante se siente orgullosa de haber realizado, con mucha seriedad y responsabilidad, las dos primeras etapas del canal Papen . Sin estas dos intervenciones, se estarían repitiendo las grandes inundaciones de hace años, que llevaron a muchos pobladores de este sector de Chiguayante a perderlo todo. La última obra la inauguramos hace casi un año. Con todo, nos hemos llevado una ingrata sorpresa.
El año pasado, mientras discutíamos el presupuesto de Obras Públicas, ante una consulta que hice, se me dijo que estaban disponibles los dineros para continuar las obras de la tercera etapa del canal Papen. Pero hoy nos encontramos con la siguiente dificultad. El señor Osorio , director regional de la Unidad de Aguas Lluvias del Ministerio de Obras Públicas, reconoció públicamente que la tercera etapa del canal Papen estaba detenida y que se estaban haciendo las evaluaciones respectivas, dado que no tenía rentabilidad positiva. ¡Como si la desgracia, los problemas y las dificultades de la gente dependieran del rendimiento económico del canal! Entendemos el bien público y el servicio a la comunidad como una forma de solucionar los problemas de la gente. No se debe reparar en si el canal es rentable o no, menos aun cuando aprobamos un paquete presupuestario completo para dar solución a este problema.
Me consta que el alcalde de Chiguayante , Tomás Solís , y sus equipos técnicos, están trabajando para demostrar que más que nunca es necesario terminar la tercera etapa del canal Papen .
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que arbitre las acciones que correspondan, a fin de hacer uso del presupuesto de la Nación del año 2012 y se inicien las obras de la tercera etapa del canal Papen, en Chiguayante.
Pido que se envíe copia de esta intervención a los alcaldes de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, y a sus respectivos concejales.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DEL MAÍZ. Oficio.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- En el tiempo de la bancada Regionalista, que hoy hace su estreno, tiene la palabra la honorable diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , estamos en plena cosecha y entrega de maíz. Lamentablemente, desde ayer en la noche venimos recibiendo llamadas telefónicas de agricultores en relación con la baja del precio del maíz, grano que se está comprando entre 130 y 135 pesos el kilo, valor que no se condice con el costo de internación, que es de 150 pesos.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Agricultura , para que a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) nos informe sobre los precios de transacción de este grano, los costos de internación y el mercado futuro, porque, de acuerdo con nuestros asesores, el precio va en alza, pero, al parecer, tenemos una complicación a nivel nacional; que señale qué está ocurriendo con la comisión formada con los agricultores, que se supone que es de carácter permanente. Dicha instancia abordaría, en conjunto con distintas instituciones del Estado, tres ejes estratégicos en relación con esta materia. Quiero que se me informe sobre el número de reuniones y las fechas en que se efectuaron; solicito que se me envíe las actas de las sesiones del último semestre e información de lo que ha ocurrido en el mercado interno. Asimismo, pido saber qué está pasando con los distintos proyectos de ley que, se supone, se enviarían al Congreso; qué está ocurriendo con la línea tecnológica para la disminución de costos de producción. Finalmente y con los estudios de internación de productos y subproductos relacionados con el maíz.
Es necesario que el ministro recuerde que existe un bono del maíz, que aprobó el Congreso y que figura en la ley de Presupuestos de la Nación. Quiero saber cuáles serán los criterios de aplicación de ese bono durante esta temporada, dada la complicación que tenemos con el precio que tiene el producto en la actualidad, por lo menos para los productores de la Sexta Región. La Sexta y Séptima regiones producen el 76 por ciento del maíz. Lamentablemente, no vemos de parte del Gobierno, en particular del Ministerio de Agricultura, una reacción ya no proactiva, sino que activa por lo que está ocurriendo en relación con este producto, que, además, es el rubro más importante de la pequeña agricultura de la zona central del país.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
HOMENAJE AL CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA EN SU 100° ANIVERSARIO. Oficio.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- La Unión Demócrata Independiente ha solicitado los cinco minutos adicionales a los que una vez cada tres semanas tiene derecho toda bancada.
Tiene la palabra el diputado señor Nino Baltolu.
El señor BALTOLU.- Señor Presidente , he solicitado hacer uso de la palabra para rendir un sencillo, pero sincero homenaje al Cuerpo de Bomberos de Arica, con motivo de cumplir hoy, 12 de abril, un siglo de vida.
Desde su fundación, en 1912, esa benemérita institución ha estado integrada por personas que no temen entregar su vida para ir en ayuda de sus semejantes, lo que constituye la mayor muestra de grandeza que un ser humano puede alcanzar, lo que le ha permitido ganar el respeto, admiración y gratitud de toda una comunidad.
Agradezco, apoyo y reconozco la noble entrega de sus voluntarios, quienes ostentan algunas de las mayores virtudes humanas, como la solidaridad, la voluntad, el esfuerzo, la pasión, la empatía, la abnegación, la eficiencia y una valentía a toda prueba, que responde al principio fundamental que rige a los Cuerpos de Bomberos de Chile.
Haré algo de historia.
La primera Compañía de Bomberos de Arica data de 1912. Un incendio de proporciones conmovió a la comunidad. Fue justamente esa tragedia, el recordado drama del Palacio Harding, lo que obligó a los ariqueños a plantearse la necesidad de tener una compañía de bomberos activa y dedicada a salvaguardar la integridad de los vecinos de esa ciudad y de sus bienes. Así, don Rodolfo Aburto y don Miguel Cuadra promovieron la idea entre los vecinos y autoridades de conformar una compañía de bomberos propia, la que al concretarse en 1912 fue bautizada con el nombre del Padre de la Patria , Libertador Bernardo O'Higgins . Luego, al extinguirse la primera, se constituyó el Cuerpo de Bomberos que hoy homenajeamos y que reconoce el día 12 de abril como fecha de su fundación.
Sin embargo, el camino recorrido por esa institución y sus voluntarios no ha sido fácil. Por mucho tiempo debieron cumplir con sus deberes bomberiles en condiciones precarias, con escaso material y en instalaciones inadecuadas. La adversidad y los desafíos para brindar protección a la comunidad de Arica en circunstancias tan difíciles pusieron a prueba el temple de sus bomberos, quienes supieron salir adelante con ahínco para enfrentar las diversas emergencias que amenazaron la salud de la población.
La unión y la colaboración fueron elementos vitales para forjar un espíritu solidario entre sus miembros y así sembrar los cimientos de lo que el Cuerpo de Bomberos de Arica representa en la actualidad: servicio, protección y entrega.
Es así como esta benemérita institución ha crecido hasta convertirse en una de las pocas del país que ha debido prestar servicios en el extranjero, ha aumentando sus compañías en distintos sectores de la ciudad, ha extendido su cobertura y ha fortalecido los principios rectores de la labor bomberil para atender las necesidades y requerimientos de la población, sin esperar recompensas ni halagos; solo existe por delante el deber autoimpuesto generosamente para mitigar
las desgracias, dejando atrás su descanso, su salud y su familia.
En la actualidad, el Cuerpo de Bomberos de Arica está conformado por personas en cuyo interior fluyen los mismos nobles ideales que los de hace un siglo, lo que los convierte en dignos herederos de tan noble y admirable labor.
No puedo dejar de expresar mi más profundo respeto hacia ese grupo humano sin igual, íntegro y competente, que resguarda día y noche a nuestra ciudad de Arica.
Reciban hoy el saludo y la gratitud de este parlamentario, cuyas palabras representan, sin duda, el sentir de toda una comunidad que reconoce en ustedes dignos ejemplos a seguir.
Mis más sinceros y profundos saludos al Cuerpo de Bomberos de Arica en su primer centenario de vida.
Finalmente, solicito enviar copia de mi intervención al Cuerpo de Bomberos de Arica.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.06 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa de la Redacción de Sesiones subrogante.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.46 horas.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
CONDICIONES LABORALES DE CENSISTAS. Oficio.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , pido oficiar al ministro de Economía , Fomento y Turismo, de quien entiendo depende el Instituto Nacional de Estadística (INE), a cargo del Censo 2012.
Se me ha hecho llegar una denuncia en relación con los derechos laborales de quienes trabajan como encuestadores o censistas -no sé exactamente su nominación-, en el sentido de que la oferta laboral publicada por el INE, solicitando censistas para 2012, planteaba ciertas condiciones a través de la página web del INE, pero que a la hora de la capacitación, se cambiaron las reglas del juego. La información que se entregaba en la página fue retirada.
¿En qué situación se encuentran hoy esas personas? No tienen contratos de trabajo y no saben si son a honorarios o a suma alzada; sin embargo, los censistas deben cumplir horario y mantener el vínculo de subordinación y dependencia. Si ello es así, los contratos de trabajo deben ser a plazo fijo, con todo lo que ello implica en términos legales.
Queremos que el INE nos entregue copia de la información que se publicó originalmente en su página web, con la oferta de comisiones laborales que se plantearon
cuando se hizo la convocatoria para postular al puesto de censista.
Además, es necesario que se nos informe sobre las condiciones contractuales de los censistas en el marco del Censo 2012.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SALUD. Oficios.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , a propósito de una serie de denuncias de que he tomado conocimiento en la Región de Los Ríos, he concurrido a la oficina regional de la Superintendencia de Salud, con sede en Valdivia. Reconozco que recibí una muy buena atención de sus funcionarios y que aprecié disposición al trabajo; pero, con mucha sorpresa he descubierto que la dotación de la oficina regional de la Superintendencia de Salud de Los Ríos está conformada por tres funcionarios.
En estos momentos se está haciendo un llamado a concurso para llenar dos vacantes. Pero es realmente inaudito que dicha entidad enfrente con solo tres personas los crecientes reclamos por problemas de cobertura en las isapres presentados por los afiliados.
Busqué información al respecto y se me señaló que la Macrozona Austral de la superintendencia funciona en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes , y que su sede se encuentra en Puerto Montt. Para muchos de esos reclamos, cuando se debe pasar a la instancia en que resuelve el abogado o el agente, todo se concentra en Puerto Montt. La situación no se condice
con el hecho de contar con una Superintendencia robusta y bien dotada de equipamiento y personal.
Felicito el trabajo de las profesionales de la institución en Valdivia, su gran recepción, la claridad de sus planteamientos y la buena cobertura que brindan. Sin embargo, queremos que se regionalice de manera efectiva la Superintendencia de Salud y que se eliminen las macrozonas en que se organiza su trabajo. Desgraciadamente, desde Santiago se fijaron estas macrozonas, sin entender que acceder a Puerto Montt desde Punta Arenas, Coyhaique o Valdivia presupone un enorme inconveniente para la gente. La solución pasa por dotar a las regiones de la infraestructura y de los recursos necesarios, con el objeto de que en sus respectivas zonas la gente resuelva sus reclamos con un agente regional, abogados y especialistas.
Por eso, pido encarecidamente oficiar al superintendente de Salud y al ministro del ramo para que nos expliquen el porqué de la distribución tan desproporcionada de los funcionarios que laboran en esa repartición y la completa falta de dotación de personal en regiones.
Asimismo, pido que el superintendente me haga llegar un informe de cada agencia regional, en el que se detalle el número de funcionarios y profesionales que trabajan, la conformación de las macrozonas y el número de funcionarios que presta servicio en Santiago. No puede ser que el centralismo termine facilitando más recursos y soluciones a la gente de Santiago, con el consecuente perjuicio para tantos habitantes de regiones.
He dicho.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.52 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS
Jefa de la Redacción de Sesiones subrogante
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
7274-11
Autoriza la venta de medicamentos que tengan la condición de venta directa en establecimientos comerciales que cumplan los requisitos que indica.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
8155-01
Proviene la ocurrencia de incendios forestales
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 11 de abril de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a algunas enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, correspondiente al Boletín N° 3.815-07, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.099, de 4 de abril de 2012.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
4. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 11 de abril de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a algunas enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, correspondiente al Boletín N° 5.838-07, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.114, de 11 de abril de 2012.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
5. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 11 de abril de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que regula la certificación de los artefactos para combustibles de leña y otros productos dendroenergéticos, correspondiente al Boletín N° 7.141-08.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.784, de 20 de octubre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ALEJANDRO NAVARRO BRAIN , Vicepresidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
Moción de la diputada señora Rubilar , doña Karla , y de los diputados señores Macaya y Torres.
Modifica el decreto con fuerza de ley N° 725, Código Sanitario, autorizando a Fonoaudiólogos y Tecnólogos Médicos con mención en Otorrinolaringología a practicar audiometrías y prescribir aparatos audiológicos. (boletín N° 8231-11)
“Fundamentos:
A mediados de los años 70, los profesionales de la fonoaudiología, estimaron conveniente eximirse de la responsabilidad en los exámenes de apoyo en lo servicios de otorrinolaringología. Por esta razón y dado que los Tecnólogos Médicos tenían, y tienen, una amplia experiencia en evaluaciones clínicas; un grupo de médicos encabezados por el Dr. Osvaldo Emhart crearon la mención de Otorrinolaringología en la carrera de Tecnología Médica. De esta forma, y para evitar conflictos, señalaron como áreas de competencias para los Fonoaudiólogos la rehabilitación de voz, lenguaje y habla; y para los Tecnólogos Médicos en Otorrinolaringología los exámenes audiológicos, otoneurológicos y rinológicos de la especialidad.
En los últimos años, y tomando como muestra la Universidad de Chile, la carrera de Fonoaudiología aumentó del 2.5% al 10.2% las horas de dedicación a audiología en la nueva malla, y la investigación que incluye metodología, bioestadísticas y seminario de investigación, aumentó de 3,38% a 5%. Asimismo, la carrera de Tecnología Médica, aumento las horas de audiología aumentaron del 30% al 38.2% y la investigación del 8.5% al 11.5%.
Lo anterior se traduce en que la carrera de Fonoaudiología, de un total de 5052 hora, destina 512 a audiología. Por otra parte, la carrera de Tecnología Médica con mención en Otorrinolaringología, de un total de 5776, destina 2204 a audiología.
La IALP ( International Association of Language and Logopedia ) reconoce al Tecnólogo Médico con mención en Otorrinilaringologia como Audiólogo. Esta Asociación la componen 57 países de diferentes continentes. Esto deja en evidencia que de acuerdo a los contenidos de las mallas curriculares tanto en Chile corno en otros países, los Tecnólogos Médicos con dicha mención, están absolutamente capacitados para conocer y tratar patologías propias del área de la Audiología.
Por su parte, al mejorar el acceso a la tecnología y por razones económicas, con el tiempo los Fonoaudiólogos comenzaron a incursionar en audiología. De la misma manera, con la libertad de enseñanza y las presiones de incorporar audiología a la malla, las instituciones de educación superior la agregaron a su plan de estudio.
Hoy en Chile, una gran parte de la población, principalmente adulta mayor, no puede acceder a estos dispositivos por la falta de profesionales que puedan tratar patologías audiológicas, así como prescribir y recetar aparatos destinados a la rehabilitación de estas enfermedades. Por ello, la modificación propuesta busca ampliar el universo de quienes puedan practicar audiometrías y prescribir aparatos audiológicos, en un marco de responsabilidad y sin perder de vista las implicancias sanitarias que ello implicaría_ Se trata de profesionales que cuentan, según se ha expuesto en estos fundamentos, de la idoneidad profesional necesaria, y que vendrían en auxilio de una gran parte de la población, en especial de nuestros adultos mayores.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único_- Modificase el artículo 113 bis del Código Sanitario, en el siguiente sentido:
a) Agréguese un inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:
“De la misma forma, tanto Tecnólogos Médicos con mención en Otorrinolaringología como Fonoaudiologos, podrán detectar vicios en la capacidad auditiva de una persona, mediante la ejecución, análisis, interpretación y evaluación de audiometrías, y otros procedimientos y exámenes destinados a ese fin. Dichos profesionales podrán además prescribir, adaptar, y verificar el uso de audífonos u otro aparato auditivo que permita amplificar el sonido o en general procure la rehabilitación audiológica del individuo.”
b) Agréguese, en el inciso final, a continuación de la frase “un médico cirujano con especialización en oftalmología”, y antes del punto (.), “o en otorrinolaringología, según correspondiere”.
Moción de los señores diputados Montes , Andrade , Browne ; García, don René Manuel ; Hales , Silva , Latorre , Velásquez , y de la diputada señora Nogueira , doña Claudia .
Modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar la administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales. (boletín N° 8232-14).
“Vistos.- Lo dispuesto en los artículos 1°, 19° y 63° de la Constitución Política de la República y en las leyes 19.418, sobre Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias; 19.537 y 20.168, que modifica la ley 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria para facilitar !a organización y administración de los condominios de viviendas sociales.
Considerando.-
1.- Que en las últimas décadas nuestro país ha procurado disminuir su déficit habitacional, focalizando la entrega de viviendas y subsidios a las familias más modestas, a través de diversos programas sociales, cuyos resultados son cuantitativamente exitosos.
2.- Que, sin embargo, como lo advierten estudios especializados, estos logros se ven relativizados a consecuencia de una sistemática reducción en los estándares de diseño arquitectónico, calidad de construcción y tamaño de las unidades de vivienda, lo que incide negativamente en la forma de vida de miles de chilenos.
3.- Que, además de los problemas concretos en aspectos físicos de las construcciones, tales como techos, cajas escala, pasillos y barandas; baños y cocinas, se ha evidenciado otro tipo de anomalías, como la existencia de ampliaciones irregulares; el abandono de canchas y sedes sociales y, en general, dificultades en el uso y administración de bienes comunes.
Una consecuencia de dichos factores es la proliferación de conflictos sociales entre los vecinos, ocasionando un deterioro en las condiciones de vida, especialmente para niños y adultos mayores.
4.- Que lo anterior se agrava a consecuencia de elementos de hecho y legales que afectan la posibilidad de los vecinos para organizarse para mantener y mejorar sus viviendas y los espacios comunes.
En efecto, el tamaño y heterogeneidad de los conjuntos habitacionales conspiran contra una gestión eficaz, lo que se demuestra en la inexistencia, en gran parte de los condominios, de reglamento y comités de administración, lo que no ha logrado revertirse pese a la dictación de algunas normas legales como la ley 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, que estableció un capítulo especial referido a los condominios de viviendas sociales y a la ley 20.168, que procuró mejorar los estándares generando conjuntos más armónicos y pequeños al tiempo de facilitar los trámites para organizar a los vecinos.
5.- Que en diversas mociones, algunos diputados hemos venido planteando soluciones para estas problemáticas.
Una de éstas, declarada inadmisible, perseguía dotar al Ministerio de Vivienda, de una División de Copropiedad Inmobiliaria que se ocupara de la planificación y ejecución de políticas sobre la materia, asumiendo así su enorme incidencia en la calidad de vida de millones de chilenos.
Otro texto se orientaba a seguir promoviendo la división de los condominios existentes a tamaños que resulten más adecuados para la organización y adopción de decisiones, renovando la norma incorporada en los artículos transitorios de la ley 20.168. (Boletín 7342-14)
Ella, con modificaciones, fue aprobada y se encuentra en el Tribunal Constitucional desde el 10 de Enero del presente año, tras lo cual debería publicarse en el Diario Oficial.
Una tercera propuesta legislativa, también declarada inadmisible, buscaba perfeccionar la ley 19.537 en materias tales como:
a. Establecer un procedimiento que facilite el cobro de los gastos comunes con el apoyo de las empresas distribuidoras de electricidad y los municipios;
b. Establecer que los condominios entregados por la CORVI o el SERVIU constituyen condominios de viviendas sociales sin requerir tasación alguna;
c. Fortalecer el rol de representantes de la comunidad de los Comités de Administración;
d. Estimular la existencia en los municipios de registros actualizados respecto de la formalización de las copropiedades y la existencia de comités de administración o administrador, en su caso;
e. Procurar la existencia de soluciones de mejoramiento de bienes comunes armónicas e integrales otorgando soluciones crediticias para aquéllos vecinos que no califiquen para la entrega de aportes no reembolsables del Estado;
f. Flexibilizar la norma sobre ministros de fe, con el objeto de facilitar el acceso a ellos por parte de los vecinos.
g. Atenuar la incidencia en las asambleas de personas que acumulan muchos derechos en las copropiedades y, por tanto, inciden excesivamente en su administración dificultando la participación de los restantes codueños.
Otro punto, también incluido, facilitaba la postulación a programas de mejoramiento de bienes comunes, aún sin existir organización formal de los copropietarios.
La ley de presupuestos para el año 2011 avanzó en este ámbito al flexibilizar los requisitos para postular proyectos de mejoramiento de bienes comunes al Programa de Protección del Patrimonio Familiar o a otros recursos públicos, estableciendo que en aquellos condominios de vivienda social organizados con Comité de Administración y Reglamento de Copropiedad el acuerdo lo tomará la asamblea ordinaria de copropietarios; en tanto en los que no contaran con organización el acuerdo requerirá la firma del 50% de los copropietarios.
La ley de presupuestos para el año 2012, en tanto, insistió en esta disposición y fijó, además, este mismo quórum (asamblea ordinaria cuando estén organizados y 50% de las firmas para los no organizados) para tres situaciones:
a.- Postular proyectos de ampliación de edificios.
b.- Presentar a la Dirección de Obras Municipales proyectos de ampliación de Condominios de Vivienda Social, solicitar permiso de construcción y recepción final de obras.
c.- inscripción de las ampliaciones de edificios de Condominios de Vivienda Social en los Reglamentos de Copropiedad.
9.- Que dichas disposiciones deben establecerse en forma permanente, al tiempo de incorporar soluciones a los otros problemas aludidos en el considerando 5.-, con el objeto de favorecer la organización y promover, con ello, el mejoramiento de las condiciones de vida de los vecinos, a través de la elaboración e implementación de proyectos de ampliación y reparación.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Modifíquese la ley 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, de la siguiente forma:
1.- Modifíquese el artículo 19 del modo que sigue:
a.- Incorpórese la siguiente parte final a su inciso cuarto:
“Sin embargo, en los condominios de vivienda social, si la alteración implica un aumento en la superficie de los bienes comunes, bastará con la asistencia de la mayoría absoluta de los copropietarios y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable del mismo número de ellos.”
b.- Agréguese el siguiente inciso final:
“Para efectos de lo señalado en este inciso y en los precedentes de este Titulo, respecto de la adopción de acuerdos, ninguna persona natural o jurídica podrá tener poderes que representen más del 20% de los derechos del condominio. En caso que así fuera, deberá ajustarse a ese máximo y calcularse proporcionalmente la participación de los restantes copropietarios Lo anterior no tendrá lugar tratándose del propietario primer vendedor.”
2.- Modifíquese el artículo 21 del modo que sigue:
a.- Reemplácesela parte inicial: “La asamblea de copropietarios en su primera sesión deberá designar un Comité de Administración compuesto, a lo menos, por tres personas, salvo que el número de copropietarios fuere inferior, que tendrá la representación de la asamblea con todas sus facultades, excepto aquellas que deben ser materia de asamblea extraordinaria.” por “La asamblea de copropietarios en su primera sesión deberá designar un Comité de Administración compuesto, a lo menos, por tres personas, salvo que el número de copropietarios fuere inferior. Éste promoverá el desarrollo de la copropiedad, defenderá los intereses y derechos de los vecinos y tendrá la representación de éstos, pudiendo actuar a nombre de la asamblea, con todas sus facultades, con la sola excepción de aquellas materias que deben ser acordadas en una asamblea extraordinaria. Podrá, en ese sentido, dictar normas que faciliten el buen orden y administración del condominio, como asimismo imponer las multas que estuvieren contempladas en el reglamento de copropiedad, a quienes infrinjan las obligaciones de esta ley y del reglamento de copropiedad. Las actuaciones del Comité en este carácter deberán ser aprobadas por la asamblea ordinaria siguiente, las que deberán realizarse a lo menos trimestralmente. En caso de no realizarse éstas, perderán vigencia sus acuerdos sin que puedan ser renovados.”
b.- Elimínese la frase “El Comité de Administración podrá también dictar normas que faciliten el buen orden y administración del condominio, como asimismo imponer las multas que estuvieren contempladas en el reglamento de copropiedad, a quienes infrinjan las obligaciones de esta ley y del reglamento de copropiedad. Las normas y acuerdos del Comité mantendrán su vigencia mientras no sean revocadas o modificadas por la asamblea de copropietarios.”
3.- Incorpórese el siguiente inciso final al artículo 40: “Con todo, los condominios de viviendas construidos u asignados por la Corporación de la Vivienda (CORVO o por los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU), serán certificados siempre con este carácter sin requerir de tasación alguna.”
4.- Intercálese en el artículo 41 el siguiente nuevo inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto:
“Con el objeto de promover mejoramientos integrales y armónicos, a través de un reglamento podrán considerarse soluciones financieras para aquéllos copropietarios que fueran beneficiados con recursos provenientes de los programas a que hacen referencia las letras a), d) y e) precedentes que no reunieren los requisitos para acceder a aportes gratuitos y no reembolsables del Estado.”
5.- Reemplácese, en el artículo 44, la frase “El Presidente del Comité de Administración deberá protocolizar estos documentos en una Notaría, comunicando el cumplimiento de dicha diligencia a la Municipalidad respectiva y dejando copia de la protocolización en el archivo de documentos del condominio.” por “El Presidente del Comité de Administración deberá protocolizar estos documentos en una Notaría, a más tardar dentro de los sesenta días siguientes a la ocurrencia del hecho o decisión que los motiva, y dejará una copia de la protocolización en el archivo de documentos del condominio. Deberá, además, comunicar el cumplimiento de esta diligencia a la Municipalidad respectiva, que incorporará las copropiedades como una categoría del registro señalado en el artículo 6° del Decreto 58 de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.419, sobre Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias.”
6.- Reemplácese el artículo 45 por el siguiente:
“Las empresas que proporcionen servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, gas u otros servicios, a un condominio de viviendas sociales, deberán cobrar, conjuntamente con las cuentas particulares de cada vivienda, la proporción que le corresponda a dicha unidad en los gastos comunes por concepto del respectivo consumo o reparación de estas instalaciones. La contribución de cada unidad en los gastos comunes extraordinarios derivados del respectivo consumo o reparación de instalaciones se determinarán en el respectivo reglamento de copropiedad o por acuerdo de la asamblea de copropietarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 4°.
Las mismas entidades y cualesquiera otras instituciones que suministren servicios domiciliarios y dispongan, por tanto, de gestiones de cobro periódicas y masivas de similar naturaleza podrán establecer convenios para el cobro de los gastos comunes generales de la copropiedad. Lo anterior no será aplicable a los prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado. La contribución de cada unidad en los gastos comunes generales se determinará, dividiendo el presupuesto estimativo de la comunidad a que hace referencia el inciso segundo del artículo 6° en doce mensualidades y ajustando el resultado a la proporción dispuesta en el artículo 40, Para estos fines, dicha estimación deberá realizarse a más tardar en octubre del año precedente al inicio del cobro.
La modalidad de cobro a que se refieren los incisos anteriores será solicitada a las empresas o instituciones por el Comité de Administración o por el administrador, segú corresponda. Aquélla señalada en el inciso segundo deberá ser aprobada previamente en una asamblea ordinaria.
Los recursos recaudados por esta vía, que no correspondan a gastos comunes derivados del respectivo consumo o reparación de instalaciones adeudados al cobrador respectivo, deberán ser entregados mensualmente al Comité de Administración o al administrador, según el caso, con indicación de las unidades de vivienda a que correspondieren los importes y los que se encontraren morosos.”
7.- Incorpórese en el artículo 46 bis, la siguiente frase final. “A través de una ordenanza, las municipalidades podrán otorgar el carácter de ministro de fe a otros funcionarios.”
8.- Incorpórese el siguiente artículo 41 bis:
Artículo 41 bis.- La postulación a programas de mejoramiento de bienes comunes o a otros recursos públicos deberá contar con el acuerdo de la asamblea ordinaria de los copropietarios, si estos cuentan con Reglamento de Copropiedad y Comité de Administración.
En caso que los vecinos no se encuentren organizados, bastará la firma de la mayoría absoluta de los copropietarios•.
El mismo quórum y formalidades se requerirá para:
a) Postular a proyectos de construcción de ampliaciones o remodelaciones en edificios (blocks) que se financien con programas o recursos públicos. Se entenderá que el acuerdo respectivo incluirá la autorización para el uso y goce de los bienes comunes sobre los cuáles se realizarán tales mejoramientos;
b) Presentar a la Dirección de Obras Municipales proyectos de ampliación o remodelación de condominios de vivienda social, solicitar permiso de construcción y recepción final de las obras; e
c) Inscribir las ampliaciones de edificios de condominios de vivienda social en los Reglamentos de Copropiedad. Un reglamento, dictado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo regulará este procedimiento.
Moción de los señores diputados Sabag , Carmona , Ceroni , Chahín ; García, don René Manuel ; Hasbún ; Pérez, don José ; Latorre y Schilling , y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra .
Modifica el Código de Aguas en lo relativo a derechos de aprovechamiento de aguas a comunidades campesinas para sistemas de agua potable rural. (boletín N° 8233-12).
Justificaciones y proposiciones:
En Chile si bien se ha extendido el suministro de agua potable a poblaciones, poblados y caseríos rurales, tan importante para la salubridad de nuestra población rural, las exigencias legales que obligan al cumplimiento de excesivos trámites para que las aguas que se utilizan en esta finalidad social queden inscritas a nombre de la respectiva comunidad, ha dificultado tanto hacia el pasado como en la actualidad, el ordenamiento y regularización de las extracciones de esas aguas, con la dificultad que implica su defensa ante eventuales perjuicios o desconocimiento de su derecho a usarlas.
La ley, desde el Código Civil en adelante, que a su vez lo tomó del Código de las siete Partidas español de Alfonso Décimo El Sabio, siempre ha reconocido el derecho individual a abrir pozos para extraer aguas subterráneas para usarlas en bebida y usos domésticos.
Actualmente ese derecho está reconocido en el Artículo 56 del Código de Aguas, y hoy como el pasado, es un derecho otorgado por el solo ministerio de la ley, es decir, no requiere de declaración ni reconocimiento de la autoridad.
Observando la compleja situación que afecta a las comunidades rurales para el manejo y administración de sus sistemas de agua potable, que normalmente mantienen con su exclusivo esfuerzo económico, parece de justicia que se aplique la misma normativa que rige para usuarios individuales, a sistemas que benefician a comunidades rurales, sin importar su magnitud.
Junto con la aplicación del concepto existente hoy en el artículo 56 del Código de aguas a los sectores rurales, es también necesario facilitar la inscripción de los derechos pertinentes a favor de estas comunidades, para que puedan defender sus derechos con facilidad, con cuyo objeto se plantea el procedimiento señalado en el artículo segundo transitorio del Código de Aguas, pero relevándoles de cumplir con los requisitos de uso a la fecha de promulgación del Código, criterio que por demás viene aplicando en forma sostenida y permanente la Corte Suprema de Justicia, para ordenar situaciones de hecho.
En consideración a lo expuesto se propone el siguiente inciso en el ya mencionado artículo 56 del Código de Aguas:
Se deja en claro eso sí, que la inscripción en comunidad que beneficia al sistema de agua potable rural, no permite inscripciones individuales que sin esta declaración expresa podrían producirse por aplicación del artículo 114 N° 8 del Código de Aguas.
“Agregase en el artículo 56 del código de Aguas el siguiente inciso segundo:
“El mismo derecho, en iguales condiciones, podrán ejercer los comités de agua potable para hacer uso de aguas subterráneas destinada a consumo humano , la que podrán extraer de pozos cavados en suelo propio de la organización , de alguno de los integrantes de ella, o de un tercero, pero en estos últimos dos casos con una servidumbre o usufructo que les faculte para ello. El derecho de aprovechamiento de aguas se entenderá constituido por el sólo ministerio de la ley.
Para efectos de inscribir el respectivo derecho podrán hacer uso del procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo segundo transitorio del Código de Aguas, sin necesidad de cumplir con los requisitos de tiempo de uso del agua exigidos en el inciso primero.”
Conjuntamente con lo anterior, es igualmente necesario dotar a estos sistemas de agua potable de un conjunto de normas que faciliten su funcionamiento y administración, normas a las que puedan acogerse en forma simplificada.
Con tal objetivo se propone agregar en el artículo 196 del Código de Aguas un inciso final que exprese:
“Las comunidades correspondientes a sistemas de agua portable rural se entenderán organizadas por el depósito en la Oficina de Partes de la Dirección General de Aguas, de un ejemplar de estatutos que podrá constar en instrumento privado, en que se contengan los requisitos de los números 1,2,6,7,8 y 9 del artículo 198, a los que se agregarán el domicilio del sistema, el derecho de agua subterránea que distribuye entre sus beneficiarios, la ubicación del pozo respectivo, y su inscripción si ella existe. Efectuado el depósito de los estatutos la Dirección General de Aguas deberá registrar la comunidad sin que por ese hecho haya lugar a inscripciones individuales a favor de los comuneros beneficiarios.”
Esta fórmula de organización no es una novedad legal, pues ya se aplica en el caso de las organizaciones funcionales, como centros de madres, sindicatos y otros, y tiene como características positivas su expedición y simpleza. Más aun, nada obsta a que la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulica, esta última con tuición sobre los sistemas de agua potable rural, proporcionen un modelo de estatutos que pueda acomodarse con inserción de datos particulares de cada sistema, que puede ser aceptado por los interesados en forma voluntaria.
Por lo tanto los parlamentarios que suscriben vienen en presentar el siguiente proyecto de ley:
1.- “Agregase en el artículo 56 del código de Aguas el siguiente inciso segundo:
“El mismo derecho, en iguales condiciones, podrán ejercer los comités de agua potable para hacer uso de aguas subterráneas destinada a consumo humano, la que podrán extraer de pozos cavados en suelo propio de la organización, de alguno de los integrantes de ella, o de un tercero, pero en estos últimos dos casos con una servidumbre o usufructo que les faculte para ello. EI derecho de aprovechamiento de aguas se entenderá constituido por el sólo ministerio de la ley.
Para efectos de inscribir el respectivo derecho podrán hacer uso del procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo segundo transitorio del Código de Aguas, sin necesidad de cumplir con los requisitos del tiempo de uso del agua exigidos en el inciso primero.”
2.-Agrégase en el artículo 196 del Código de Aguas el siguiente inciso final:
“Las comunidades correspondientes a sistemas de agua potable rural se entenderán organizadas por el depósito en la Oficina de Partes de la Dirección General de Aguas, de un ejemplar de estatutos que podrá constar en instrumento privado, en que se contengan los requisitos de los números 1,2,6,7,8 y 9 del artículo 198, a los que se agregarán el domicilio del sistema, el derecho de agua subterránea que distribuye entre sus beneficiarios, la ubicación del pozo respectivo, y su inscripción si ella existe. Efectuado el depósito de los estatutos la Dirección General de Aguas deberá registrar la comunidad sin que por ese hecho haya lugar a inscripciones individuales a favor de los comuneros beneficiarios.”
Moción de los señores diputados Meza , Auth , Carmona ; Espinosa, don Marcos ; Gutiérrez, don Hugo ; Jiménez y Latorre
Modifica la ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. (boletín N° 8234-06).
“Considerando:
En Chile viven más de 2 millones y medio de personas con capacidades diferenciadas_ Si a esto agregamos a tres familiares por cada uno de ellos, triplicamos la cifra. La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población en el mundo presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial u orgánica, congénita o adquirida, en cualquiera de sus grados.
Seiscientos millones de personas con discapacidad en el mundo, 90 millones en América Latina y El Caribe.
En Chile faltan políticas públicas adecuadas que apunten efectivamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con capacidades diferentes. Vernos día a día como miles de niños, mujeres, jóvenes y adultos, no pueden siquiera salir de sus casas por falta de recursos técnicos. No existe acceso a una adecuada atención en salud, rehabilitación, educación, a la economía, al trabajo, transporte, calles, veredas ni edificios públicos, entre otros múltiples factores que cruzan verticalmente el tema de la discapacidad.
La ley 20 472 significó un buen avance en materia de integración para personas con capacidades limitadas. Efectivamente estableció una gama de normas que permiten, al menos en el papel, equiparar los derechos de estas personas con el de los ciudadanos comunes y corrientes, sin embargo esta ley aun deja muchos cabos sueltos y aspectos sin considerar.
Lamentablemente, aun cuando existen muchas agrupaciones que se han creado en torno a esta temática y la defensa de los discapacitados, aun no existe plena conciencia de igualdad en los derechos y oportunidades.
No obstante todo, en medio del acelerado ritmo de las grandes capitales, e incluso el lento andar de las pequeñas ciudades, pueblos y localidades, las personas con discapacidad y sus familias siguen estando marginadas, excluidas en medio del ruido citadino. Incluso con el paso del tiempo y más allá de los avances que las organizaciones de la sociedad civil estamos logrando plasmar hace tiempo como leyes de la república.
Un aspecto que es esencial para todas las personas es el acceso a la información y una buena integración con los servicios públicos. Tristemente, nuestros servidos públicos no cuentan con la mejor reputación y con frecuencia son catalogados como servicios poco amables y burocráticos. Por desgracia, esta realidad cuando se trata de una persona con capacidades diferenciadas, es mucho peor.
Los servicios públicos hoy no cuentan con algún sistema de fácil acceso a la información y atención para los discapacitados visuales y/o auditivos. Sus oficinas de información, reclamos y sugerencias no están capacitadas para atender las problemáticas que estos ciudadanos puedan tener. Esto sin lugar a dudas significa un grado enorme de discriminación por parte del Estado, lo cual es susceptible incluso de recursos judiciales de nivel constitucional y ante instancias internacionales.
Una adecuada legislación solo será posible en la medida que organizaciones y representantes con y sin discapacidad de la Sociedad Civil, realicen con ayuda del Estado, empresarios y personas, Acciones de Educación e intervención social que permitan enfocar la visión a una mirada más integral.
Es preciso mirar más allá de las estadísticas, las cifras y los denominados “individuos” para adentramos en la realidad de personas, seres humanos, sujetos de derecho que requieren con urgencia que el Estado se encargue de poner en práctica, medidas de fondo para cubrir todas las áreas de la vida, como la protección y la seguridad social, salud y servicios sanitarios, educación, empleo, vivienda, transporte, incluyendo la cultura, el ocio y el deporte.
Este proyecto de ley busca integrar a las personas con capacidades diferenciadas a un aspecto tan básico de la dignidad humana como es el acceso a la información y su justo derecho de reclamo.
Por todo lo anterior venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifíquese el artículo 28 de la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad:
Agréguese un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, con lo que sigue:
“Deberán además contemplar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva y/o visual el acceso a los servidos y oficinas de información, reclamos y sugerencias, según lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los Ministerios de Planificación, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno.”
10. Informe sobre la participación del diputado señor Alberto Cardemil en el Primer Foro Transparencia y Buen Gobierno, efectuado los días 21 y 22 de marzo de 2012, en Alcalá de Henares (España)
"Santiago , 4 de Abril de 2012
Señor
H. Diputado
Don Nicolás Monckeberg D.
Presidente de la Cámara de Diputados
Presente
Estimado Señor Presidente:
Por la presente, y de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, doy cuenta a la Cámara de mi participación en el I Foro de Transparencia y Buen Gobierno, realizado en Alcalá de Henares, España, el Martes 20 y Miércoles 21 de Marzo del 2012 y al cual asistí en representación de la Corporación, que fuera organizado por la Universidad de Alcalá, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y la Fundación Chile España.
Mi participación consistió en ia moderación de las ponencias presentadas en la materia de transparencia y buena administración: Instrumentos y experiencias, en la cual tuve oportunidad de informar sobre nuestra propia Ley de Acceso a la Información Pública (N° 20.285), la historia de su génesis, su aplicación y modificaciones en actual trámite en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia que presidía.
Adjunto se servirá encontrar la invitación, el programa, mi ponencia y los documentos de apoyo elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional, que se integraron como parte integrantes del documento oficial de dicho foro.
Permanecí en España hasta el día martes 27 de Marzo, reuniéndome con diversas autoridades del gobierno central, gobiernos autonómicos, parlamentarios, municipales y de organismos internacionales multilaterales, según programa elaborado por nuestro embajador en Madrid.
Saluda atentamente a Usted,
(Fdo.): ALBERTO CARDEMIL HERRERA , diputado "
11. Oficio del Tribunal Constitucional
? Santiago , 3 de abril de 2012.
Oficio N° 7209
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 3 de abril de 2012 en el proceso Rol N° 2163-12-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos sobre recurso de protección, caratulados “CGE Distribución S.A. y otras con Superintendencia de Electricidad de Combustibles”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 21.514-2011, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
CONGRESO NACIONAL
AVDA. PEDRO MONTT S/N
VALPARAÍSO.”
12. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 3 de abril de 2012.
Oficio N° 7242
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remite a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 3 de abril de 2012 en el proceso Rol N° 1.903-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa Rol N° 6331-2010, sobre recurso de protección interpuesto en contra de Isapre Cruz Blanca S.A., en actual tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON CRISTIÁN MONCKERBERG DÍAZ
CONGRESO NACIONAL
AVDA. PEDRO MONTT S/N
VALPARAÍSO.”