Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Manuel Edwards Silva
- INTEGRACIÓN
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- HORA DE VOTACIÓN EN SESIÓN 29°
- CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD EN INVESTIGADORA.
- DEBATE
- V. OBJETO DE LA SESIÓN.
- EVENTUAL EXISTENCIA DE LISTAS NEGRAS EN BANCOS Y SU INCIDENCIA EN EL ACCESO DE CRÉDITOS Y OTROS PRODUCTOS BANCARIOS. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Manuel Edwards Silva
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Felipe Ward Edwards
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Felipe Harboe Bascunan
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Sergio Aguilo Melo
- Patricio Vallespin Lopez
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- EVENTUAL EXISTENCIA DE LISTAS NEGRAS EN BANCOS Y SU INCIDENCIA EN EL ACCESO DE CRÉDITOS Y OTROS PRODUCTOS BANCARIOS. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Araya Guerrero
- Nino Baltolu Rasera
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Sergio Ojeda Uribe
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 28ª, en martes 15 de mayo de 2012
(Especial, de 16.03 a 17.36 horas)
Presidencia del señor Monckeberg Díaz, don Nicolás.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Hora de votación en sesión 29a 9
- Constitución de la Comisión de Salud en Investigadora 9
V. Objeto de la sesión.
- Eventual existencia de listas negras en bancos y su incidencia en el acceso de créditos y otros productos bancarios. Proyecto de acuerdo 10
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso segundo del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.”. (boletín N° 5838-07). (103-360) 31
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Establece medidas contra la discriminación”. (boletín N° 3815-07). (100-360) 31
3. Moción de los diputados señores Araya, Baltolu, Jiménez y Ojeda y de las señoras diputadas Isasi, doña Marta y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al Padre John Eugene Barber Vanston”. (boletín N° 8297-17) 31
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Petición de 51 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan “mandatar a la Comisión de Salud para que se transforme en investigadora para indagar acerca de la gestión financiera, desde el año 2.000 a la fecha, de los Servicios de Salud y de la Cenabast y determinar eventuales irregularidades políticas o administrativas, asimismo, investigar las circunstancias en que se producen las denuncias relativas a la presencia de la bacteria Clotridium Difficile en la Asistencia Pública, la alarma generada por la intervención de dos señores diputados y la forma en que obtuvieron e hicieron de público conocimiento los respectivos antecedentes. Por último, investigar desde el año 2.000 a la fecha cuál ha sido la presencia de la bacteria Clostridium Difficile en la Asistencia Pública. La referida comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días desde su constitución, y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
2. Comunicaciones:
- Del diputado señor Silva, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de mayo en curso, para dirigirse a París, Francia.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor José Manuel Edwards reemplazará a la diputada señora Karla Rubilar, en la Comisión de Derechos Humanos.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (105)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, los ministros de Economía , Fomento y Turismo, don Pablo Longueira Montes, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Cristián Larroulet Vignau.
-Concurrió, también, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , señor Raphael Bergoeing Vela.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvieron presentes los diputados señores Pedro Browne Urrejola, Jorge Burgos Varela y la diputada señora María Angélica Cristi Marfil. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.03 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 22ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 23ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
HORA DE VOTACIÓN EN SESIÓN 29°
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señores diputados, recabo el acuerdo para que en la sesión ordinaria de mañana las votaciones se efectúen a las 14.00 horas, en atención a que un grupo de diputados asistirá al funeral del padre del ex diputado Gonzalo Uriarte.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD EN INVESTIGADORA.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 51 señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan mandatar a la Comisión de Salud para que se constituya en investigadora de la gestión financiera, desde el año 2000 a la fecha, de los servicios de salud y de la Cenabast y determine las eventuales irregularidades políticas o administrativas. Asimismo, para que indague las circunstancias en que se produjeron las denuncias relativas a la presencia de la bacteria Clostridium Difficile en la Asistencia Pública, la alarma generada por la intervención de dos señores diputados y la forma en que ellos obtuvieron e hicieron de público conocimiento los respectivos antecedentes.
Por último, para que investigue cuál ha sido la presencia de la bacteria Clostridium Difficile en la Asistencia Pública, desde el año 2000 a la fecha.
La referida Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días desde su constitución, y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
V. OBJETO DE LA SESIÓN.
EVENTUAL EXISTENCIA DE LISTAS NEGRAS EN BANCOS Y SU INCIDENCIA EN EL ACCESO DE CRÉDITOS Y OTROS PRODUCTOS BANCARIOS. Proyecto de acuerdo.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Esta sesión se motiva en una petición suscrita por 43 honorables diputados y diputadas, con el objeto de tratar la posible existencia de listas negras por parte de bancos comerciales del país, que podrían impedir el acceso de ciertas personas a créditos comerciales y otros productos bancarios, pese a no mantener deudas vigentes ni encontrarse en boletines comerciales, como Dicom.
A la presente sesión fueron invitados el ministro de Economía y el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.
La Secretaría me informa que ambos personeros vienen en camino.
En el tiempo previo, que corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , el día 15 de abril del presente año fuimos testigos, una vez más, de cómo muchas instituciones financieras abusan de los consumidores. Un programa de televisión se encargó de poner en la palestra un problema que, en verdad, resulta escandaloso y al que ningún gobierno le ha podido dar solución, cual es que la mayoría o quizás todos los bancos de Chile trabajan al parecer con un registro oculto de información.
Dicho programa denunció la misma situación el año 2007, y a pesar de los esfuerzos realizados, ella no ha cambiado absolutamente nada.
Sea esto una “lista negra”, un “Dicom histórico”, un “registro oculto”, o como se le llame, existe, se mal usa, contraviene toda la legislación y afecta a miles de chilenos al impedirles obtener créditos para comprar sus casas, tener acceso a tarjetas de crédito, pese a haber pagado todas sus deudas. Es decir, personas que presentan un Dicom limpio y un registro de estado deudor impecable, no son sujetos de crédito por razones que son absolutamente desconocidas para ellos y para todos nosotros. Estas bases de datos no cuentan con el consentimiento de las personas y el solo hecho de tenerlas constituye o debería constituir un delito que debe ser penado, ojalá, con privación de la libertad.
El programa de Televisión Nacional “Esto No Tiene Nombre” -al cual felicito- demostró que existen casos sobre deudas de hace más de una década que, aun cuando están absolutamente pagadas, le siguen penando a la gente.
En Chile, en ciertos niveles, a los criminales se les borran sus antecedentes por delitos después de un cierto número de años. No obstante, hay deudas que, aun cuando estén pagadas, les siguen penando a esas personas. Pareciera que la ley ampara con mucho mayor esfuerzo al criminal que a quien trató de hacer un negocio y le fue mal, o a quien, por no haber pagado a tiempo una deuda hace quince años, no tiene la posibilidad de obtener un crédito hipotecario. Esto no solo afecta a la gente, sino que también coarta el desarrollo general de la nación, ya que es un claro pisoteo al emprendedor que le va mal. Lamentablemente, parece que este problema es para siempre.
Aquí hay algo que no cuadra. Es el caso, por ejemplo, de la señora Myriam Hidalgo , una persona mayor, tecnóloga médica, y que por aparecer en este registro histórico no ha podido conseguir un crédito en cuatro bancos a los cuales se acercó; lo mismo ocurre con la señora Paula Morel , quien tiene dinero ahorrado y no tiene deudas, pero cada vez que pide un crédito se lo niegan. Ella vive en una casa que ocupan tres familias, las cuales deben turnarse para usar la cocina, el baño, incluso, para tender la ropa. Sin embargo, a pesar de contar con recursos, ahorros y no tener deudas, no es sujeto de crédito.
También está el caso de Germán Berríos, quien, a pesar de haber saldado sus deudas en 2006, no ha podido conseguir un crédito de consumo. El señor Berríos también fue entrevistado en el mismo programa el año 2007. Incluso, algunos diputados de esa época, con amplia publicidad, decidieron defenderlo. Pero ahí está don Germán Berríos sin poder tener acceso al crédito.
Lo mismo sucede con Eugenio, de Ñuñoa, que tuvo una deuda que fue pagada el año 2003, o con Maricel, de Rancagua, quien incluso perdió un trabajo en la banca por este hecho. Se trata de personas que, al parecer, nunca más podrán acceder a un crédito porque figuran en estos registros ocultos que nadie sabe dónde están. Ello demuestra que para nuestro ordenamiento muchas veces no existe olvido ni perdón para quienes, hace décadas, se atrasaron en pagar un crédito.
Un sistema que en muchas ocasiones no diferencia entre quienes hacen el esfuerzo por pagar y quienes no pagan, es un sistema enfermo. También lo es aquel que deja marcado para siempre a quien no pudo pagar. En alguna parte debemos borrar la deuda, a fin de que la persona pueda ponerse de pie. Ese tiempo deben ser los cinco años que la ley garantiza al consumidor.
Todos conocemos, en los hechos, el concepto de derecho al olvido que tienen países desarrollados y que permite que los datos sean borrados con el transcurso de los años. Al parecer, en nuestro país el manejo de esa información queda a discreción de los bancos, que, sin criterio, la usan sin fundamento legal.
Todas estas situaciones descritas son absolutamente ilegales. Incluso, el propio director del Sernac, don Juan Antonio Peribonio , declaró públicamente que si una institución financiera utiliza este tipo de información, está actuando al margen de la ley, por lo que el cliente afectado tiene todo el derecho a demandar a esa institución.
Pareciera que nadie supervisa a los bancos, al menos, en lo que a protección de datos de los consumidores respecta. Esto porque no solo guardan información crediticia, sino que también -lo vimos en el programa de televisión- información de cuentas de luz, gas, agua y de otros servicios, cuya publicación está prohibida por la Ley del Consumidor.
Las bases de datos contienen información propia, pero también incluyen información comercial que emite la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en el famoso estado de deudores. Los bancos, en lugar de usar esta información y deshacerse de ella, como corresponde, la guardan y van formando sus registros históricos. Posteriormente, la usan, muchas veces sin fundamento legal, para tomar la decisión de otorgar o no un crédito.
Entiendo perfectamente que los bancos son instituciones que prestan recursos que no son de ellos, por ejemplo, de los cuentacorrentistas, y que necesitan cierta información para calcular el riesgo sistémico que ellos aportan, y también entiendo que la Superintendencia debe velar para que no haya corridas bancarias y para que el riesgo al cual está sometido el sistema financiero se halle acorde con los parámetros de nuestro ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, no se critica que los bancos tengan información; pero deben tener la que corresponde y en la cantidad que se necesita; o sea, bajo las condiciones que corresponde. En muchas otras áreas, los bancos hacen una labor de desarrollo, ya que prestan recursos para hacer inversiones. Por lo tanto, este no es un problema del sistema, sino de cómo ha actuado el sistema respecto de los derechos de los consumidores.
Lo anterior no les da ningún derecho a los bancos a guardar mes a mes la información que les entrega la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Tampoco tienen ningún derecho a guardar información de cuentas de las personas, ni ninguna base de datos que no esté de acuerdo con la ley. Eso es completamente ilegal.
Por tanto, considero que el Congreso Nacional debería abocar gran parte de su energía para mejorar el cuerpo normativo, a fin de que se vayan presos quienes se crean con el derecho de usar a diestro y siniestro la información de la gente cuando esta no tenga fundamento legal.
No obstante, no nos confundamos, ya que en la situación antes descrita no hay solo responsabilidad de los bancos, sino que también de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en los últimos treinta años y también de los gobiernos de los últimos años. Se podría entender que el año 1982, cuando hubo una crisis bancaria, la sociedad estaba dispuesta a entregar una mayor información a los bancos; asimismo, se señalaba que los bancos pequeños necesitaban más información para poder competir con los bancos grandes. Pero en los 90 y en la década pasada esa situación no fue tal. Por lo tanto, en esos años este problema se profundizó, ya que la información que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras le entregaba a los bancos para que supuestamente solo calcularan el riesgo ponderado de sus activos y obtuvieran este coeficiente de Basilea, se hizo semilegal a través de la incorporación del inciso tercero del artículo 14 de la Ley general de Bancos e Instituciones Financieras.
Con este resquicio, durante treinta años, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras le entregaba información a todos los bancos sin ajustarse a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Quiero aclarar que esto no es una crítica al superintendente actual -presente en esta sesión y quien acaba de asumir-, ni a ningún superintendente en particular; simplemente, me refiero a que la Superintendencia, como institución, no ha defendido ni protegido los datos de nuestra gente.
Como de esta sesión especial espero llegar a algo concreto, a través de la Mesa, quiero consultar y plantear al superintendente tres acciones.
A mi juicio, como ya lo expresé, al entregar tanta información, la Superintendencia es parte indirecta, pero participa de una situación de injusticia muy grande, como quedó demostrado en el programa de Televisión Nacional. Al final del día, es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el ente fiscalizador del sistema bancario, por lo tanto, no solo debe preocuparse de la estabilidad del sistema, sino también de defender a los consumidores y a las personas normales.
Por eso, quiero que el superintendente nos explique qué capacidad tiene la Superintendencia de fiscalizar los computadores de los bancos y qué acciones se han tomado en el último tiempo para asegurar que estos datos se utilicen de acuerdo con la ley. ¿Se ha hecho alguna fiscalización en los computadores de los departamentos de riesgo de los bancos en los últimos años, o al menos desde el año 2007?
En segundo lugar, entiendo que el superintendente envió una circular para clarificar a todos los bancos que el plazo de vigencia de los datos, para armonizarlo con la Ley del Consumidor, debe ser de cinco años y que no se pueden usar datos más antiguos. Creo que este es un gran avance y demuestra voluntad y buena disposición del superintendente. Pero lo que necesitamos es que envíe una circular exigiendo a los bancos que tengan información sin fundamento legal que, simplemente, la borren; que no se limite a decirles que no la pueden usar, sino que les exija borrarla porque no la necesitan y porque la consiguieron de manera, a mi juicio, bastante dudosa y cuestionable.
En tercer lugar, quiero decir al superintendente que, cuanto más estudio el sistema, más me convenzo de que no existe razón alguna para que la Superintendencia entregue información privada de todos los clientes a todos los bancos. Las preguntas que cabe formularse son las siguientes: ¿Por qué el banco A tiene que recibir información de la Superintendencia sobre los clientes del banco B? ¿Por qué, para determinar su riesgo sistémico, en particular, para calcular su riesgo ponderado, para completar el coeficiente de Basilea, requieren información crediticia de personas que no son sus clientes? ¿Hay alguna justificación para esto? Debemos recordar que aquí no media ningún consentimiento de las personas, lo que es algo expresamente prohibido por la ley.
Además, ¿será tan necesario, para calcular el riesgo del sistema, entregar todos los datos de los consumidores, en circunstancias de que en las colocaciones totales estos, probablemente, no representan más del 5 por ciento? ¿Se necesita realmente esta información para evaluar el riesgo sistémico?
Después de decir todo esto, le voy a hacer al superintendente una petición muy concreta, algo de la obviedad más evidente: que, a partir de hoy, nunca más la Superintendencia entregue información de un cliente del banco A al banco B. No tiene por qué esperar la aprobación del proyecto sobre deuda consolidada para hacerlo. Según entiendo, el superintendente -me gustaría conocer su opinión- puede hacerlo ya, y le pido que me responda claramente. Con su compromiso, estoy seguro de que esta sesión y las futuras acciones que lleve a cabo la Comisión de Economía y, en general, toda la Cámara, serán un gran éxito.
Destaco y felicito al superintendente por la acción que realizó en contra de la persona que, al parecer, según el programa “Esto No Tiene Nombre”, tenía la posibilidad de acceder libremente, desde su computador, al estado de deudores. Si eso es así -se está investigando-, el problema del uso malicioso de información tendría otro vuelo, incluso, más alto que el que hoy estamos analizando.
El Gobierno del Presidente Piñera ha manifestado su voluntad de que exista una regulación más justa del crédito y de la defensa de los consumidores. En realidad, los problemas de información sobre acceso a crédito no son nuevos; constituyen un legado que este Gobierno ha tenido que asumir. A mi juicio, nunca se había hecho tanto por los consumidores como durante este Gobierno. Se empezó con una acción, en respuesta a una demanda colectiva, del director del Sernac , gracias a la cual se descubrió el timo de la década, el caso de La Polar. El Sernac, con Antonio Peribonio , hizo una gran labor para descubrir algo que se había incubado en los gobiernos anteriores.
También estamos avanzando en el proyecto de ley sobre deuda consolidada, que ya he mencionado, y que tiene por objeto bajar las tasas a los consumidores que acceden al crédito y evitar que muchos chilenos, por falta de información, terminen sobreendeudándose.
Quiero aprovechar esta tribuna para plantear algunas mejoras que necesita el proyecto mencionado. La primera -me gustaría que el superintendente y el ministro de Economía se pronunciaran al respecto- es la necesidad de que, dado que vamos a tener una base de datos a la cual podrán acceder no solo los bancos, sino que muchas otras instituciones, no se posibilite que ninguna de ellas pueda guardar los datos en sus computadores; hay que establecer que el solo hecho de almacenar estos datos constituirá un delito. Es la única forma que tenemos de salvaguardar verdaderamente los derechos de los consumidores.
Además, debemos obligar a los representantes legales, a los directores y a quienes corresponda a que nos envíen una declaración jurada, en la cual nos aseguren que sus empresas no poseen ni usan datos sin fundamento legal. Sería mejor aún, que en esa declaración jurada constara que no están usando los datos que se les entregaron, a través del estado de deudores, dado que esa entrega de datos no fue para otorgar créditos, sino para hacer una evaluación del riesgo sistémico.
Por último, ni la Superintendencia ni el Gobierno han sido claros sobre la forma en que se va a atender en regiones a las personas respecto de las cuales el sistema tenga datos erróneos. Por lo tanto, es imprescindible introducir mejoras en esa dirección y destinar más recursos a ese objetivo, a fin de lograr que el proyecto en cuestión sea aprobado.
Asimismo, el Gobierno está trabajando en proyectos como el relativo a la protección de datos, que espero que se le fije la urgencia que amerita, después de que tratemos la iniciativa sobre deuda consolidada. Creo que el Sernac financiero ha sido una gran iniciativa y contiene una norma muy importante relacionada con esta materia, que obliga a las instituciones que otorgan crédito a entregar por escrito los motivos por los cuales no conceden un crédito. De manera que no podrán utilizar información prohibida o, por último, darán alguna razón que nos permitirá fiscalizarlas.
Lo mismo ocurre con otros proyectos del Ejecutivo , en los que ha incorporado el principio de finalidad de los datos establecidos en la ley, que fue apoyada y empujada por distintos diputados, en particular, opositores. En el marco de los créditos, el Gobierno también está revisando algo que no se había revisado por más de treinta años, que es la tasa máxima convencional aplicada a las operaciones de dinero.
En resumen, aprovecho la presencia del superintendente, para decir que las listas negras o lo que sea, se usan en forma ilegal y deben terminar hoy porque nada las justifica. Considero que deberíamos avanzar en los cambios que sean necesarios, con el objeto de garantizar la aplicación de penas privativas de libertad a toda persona que maneje datos contraviniendo la ley o que no respete los derechos de los consumidores. Asimismo, debemos avanzar en el establecimiento de multas, cuyo monto guarde relación con las ventas anuales de quien utilice o almacene datos en contravención de la ley.
Pero, también debemos ser claros en lo siguiente: los bancos no son los únicos responsables de la situación que vivimos actualmente; la Superintendencia también tiene un porcentaje de responsabilidad porque ha permitido que esto ocurra. Con el pretexto del cálculo del riesgo sistémico, todos los meses, durante treinta años, ha entregado información de los clientes de todos los bancos a todos los bancos. Entonces, ¿cómo podemos pretender que la información de todos nosotros no esté en conocimiento de todos los bancos? ¿Cómo podemos pretender que no se use para determinar quién es sujeto de crédito?
En todos los años que gobernó la Concertación no mejoró esta situación, sino que la profundizó. Por eso, pido al superintendente y al ministro que lleven a cabo tres acciones: primero, que desde hoy en adelante -para ello no se requiere ley- se restrinja la información que se entrega a los bancos, de manera que solo reciban la que necesitan para calcular el riesgo sistémico; segundo, que se fiscalicen los computadores que podrían almacenar bases de datos, y tercero, que el superintendente envíe una circular que comunique la obligación de las instituciones financieras de eliminarlas.
Si eso ocurre, esta sesión especial habrá sido un éxito.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra al diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , desde hace ya algún tiempo, diversos legisladores hemos venido denunciando la coordinada acción que realiza la banca nacional para discriminar a las personas que postulan a un crédito, hipotecario o de consumo, en función de sus antecedentes comerciales.
No cabe ninguna duda de que el sistema financiero debe contar con información para que sea sólido y evite riesgos de sobreendeudamiento, tanto individual como sistémico; parece algo adecuado. Para ello, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley General de Bancos, mantiene el denominado “estado de deudores”; es decir, una información mensual que pone a disposición de las instituciones sometidas a su fiscalización.
Todo esto parece correcto para que la banca y las instituciones financieras adopten medidas a fin de evitar el sobreendeudamiento; pero, lo que no parece adecuado es que dicha información, que es provista por un ente público, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, sea almacenada, tratada, vendida, cedida y utilizada por la banca para fines distintos para los cuales fue entregada.
Digo esto, porque la propia Superintendencia de Bancos , en el capítulo 18-5 establece la normativa al respecto. Acerca de la responsabilidad en la entrega de información cita el derecho a la vida privada, a la honra y a la protección de la vida privada de las personas. Reconoce que la entrega de información respecto de particulares constituye una excepción a la norma del secreto bancario, que debe ser muy restringida y utilizada solo para los fines de evaluación del riesgo comercial de las personas de que se trata.
En la práctica, la Superintendencia de Bancos entrega a la banca la posibilidad de armar un gran negocio, a través, entre otros, del Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras , Sinacofi. Los bancos comerciales formaron esta empresa, con el objetivo de almacenar, tratar y vender nuestros datos comerciales.
En mi concepto, esto es absolutamente ilegal. Se lo hice saber al anterior superintendente de bancos, don Carlos Budnevich, mediante oficio que le remití el 26 de agosto de 2011, del que, por supuesto, nunca tuve respuesta. Gracias a una buena decisión del Gobierno, el Presidente Piñera pidió la renuncia a ese superintendente y asumió el actual, don Raphael Bergoeing , a quien en enero de este año le formulé la misma indicación. De manera responsable y deferente me respondió el 11 de abril.
En ese oficio, le planteé una reflexión jurídica. El artículo 14 de la Ley General de Bancos establece la facultad de la Superintendencia de entregar información de los deudores a las entidades sometidas a su fiscalización. Pero esta norma, como cualquier otra que aprobamos en el Congreso Nacional, debe ser concordada con otras disposiciones legales vigentes. El artículo 18 de la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, dispone claramente que la información no puede ser utilizada ni comunicada cuando adolezca de fundamento legal. El artículo 6° del mismo cuerpo legal, consigna que la información debe ser eliminada cuando el almacenamiento carezca de fundamento legal. Por su parte, el artículo 9° de la misma ley expresa que la información almacenada debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de datos.
Si concordamos estos artículos de la ley N° 19.628, se comprenderá que la información contenida en los registros históricos, que tiene más de cinco años, no es veraz, no es exacta y no solo no refleja fielmente el estado económico de las personas, sino que lo distorsiona. Una persona que hace cinco años incumplió una obligación comercial puede haber cambiado sustancialmente su capacidad económica, pero por el solo hecho de haber faltado a tal obligación, aun cuando la hubiera pagado, sigue presa de por vida por esta información antigua y desactualizada que la afecta.
Algunos dirán que aquí puede ponerse en riesgo el sistema financiero. Al respecto, puedo decir que el sistema financiero, que es bastante más sólido en países como el Reino Unido, Estados Unidos y otros, tiene límites al uso de la información. En el Reino Unido, no se puede limitar el acceso al crédito con información cuya antigüedad supere los seis años. En España, diez años; en Estados Unidos, siete años, y resulta que en Chile, por una interpretación laxa, no solo de la autoridad, históricamente, sino por el aprovechamiento de parte de la banca nacional, no existe un límite.
Entonces, en Chile tenemos un tremendo problema. De acuerdo a la legislación vigente, es posible que una persona pueda borrar los antecedentes de un crimen, de un delito deleznable de sangre, o de la violación de un menor. En efecto, transcurridos diez años del cumplimiento de una condena, una persona puede borrar, por una vez en la vida, un antecedente penal y este no figurará en su certificado de antecedentes. No obstante, de acuerdo con lo señalado, si alguien tuvo una deuda, aun cuando la haya pagado, no podrá borrarla. Es decir, en nuestro país se puede borrar el antecedente de un crimen, pero no una deuda bancaria. ¡Ese es el disvalor que contiene la legislación vigente!
Esta situación ha sido largamente discutida. La doctrina internacional, la jurisprudencia y también, crecientemente, las leyes, a través del derecho comparado, están considerando lo que se denomina “la doctrina del derecho al olvido”. El titular de los datos, al no ser enjuiciado por elementos que, dada su antigüedad, pueden ofrecer un perfil de su persona no solo desactualizado, sino deformado, que lo persigue, perjudicándolo irreversiblemente en sus operaciones cotidianas, e impidiéndole, entre otras cosas, acceder al crédito, podría aspirar a la aplicación de este derecho.
Hoy, países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay , Paraguay , Brasil, Ecuador, Perú , Colombia , España , Francia y el Reino Unido contemplan el denominado “derecho al olvido”. Nuestra legislación también lo consigna; sin embargo, lamentablemente, la interpretación que se ha hecho del mismo es bastante laxa, y, obviamente, en favor de la banca.
Invitado el señor superintendente de Bancos a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, observé con profunda sorpresa y beneplácito que la posición del superintendente es bastante proconsumidor. Digo esto no solo en la lógica de la defensa del derecho al consumidor, sino en cuanto a que es perfectamente posible mantener la industria financiera sana, resguardando la protección de los datos personales.
Así, por ejemplo, en su presentación hizo referencia al artículo 10 del decreto supremo N° 950, de Hacienda, el que textualmente dice: “Las publicaciones aparecidas en el Boletín de Informaciones Comerciales dejarán de tener vigencia, en los siguientes casos:
a) Si se ha publicado la respectiva aclaración de acuerdo al artículo 4° de este Decreto; y
b) Si han transcurrido más de 5 años de la respectiva publicación en el referido Boletín.”.
En la presentación que efectuó el superintendente señor Bergoeing en la Comisión técnica, señaló: “Del texto transcrito se desprende claramente que, al dejar de tener vigencia estas publicaciones, el efecto que se produce es el mismo que si no existieran. Por lo tanto, si un banco tiene que resolver el otorgamiento de un crédito o la apertura de una cuenta corriente a una persona que registra un protesto aclarado o uno que lleve más de cinco años publicado, debe pura y simplemente abstraerse de la existencia de esos protestos y proceder como si no hubiesen existido jamás.”.
Habida consideración de esta interpretación, ¿qué le respondemos a la señora Maricela Hernández cuando reclama que, a pesar de no tener ningún protesto en los últimos cinco años, ni deuda vigente, el Banco Santander le niega acceso al crédito? Lo mismo sucede con el señor David Huenulao , en relación con el Banco Estado; con don Luis Andrés Cornejo , respecto del Banco BBVA; con doña Alejandra Vargas , en relación con Banco París, y con doña Verónica Araya , respecto del BCI.
Quiero expresar que esto no responde a la maldad de un banco: aquí hay una colusión bancaria destinada a utilizar los registros históricos como mecanismo de discriminación crediticia. ¡Eso no es aceptable! Entendemos la necesidad de mantener con responsabilidad una industria financiera sana y estable; sin embargo, lo que no resulta aceptable es que una persona que ha superado una contingencia y respecto de la cual la ley establece que debe operar el “derecho al olvido”, la banca siga negándole el acceso al crédito.
Quiero solicitar al Gobierno que arbitre algunas medidas.
En primer lugar, corresponde agradecer la disposición del señor superintendente de Bancos , en el sentido de establecer una interpretación de la norma que va en la dirección correcta, esto es a cubrir la tranquilidad de la industria financiera y a proteger los datos personales. Como la Superintendencia se relaciona con la banca a través de instrucciones o multas, requerimos del superintendente de Bancos que emita una circular mediante la cual prohíba, de manera explícita, que la banca nacional utilice los registros históricos al momento de evaluar riesgos de créditos individuales, y que establezca que, de ser incumplida tal instrucción, se aplicará una multa de 500 UTM, y en caso de reincidencia, de 1.000 UTM. De no considerarse nuestra petición, nos veremos obligados a presentar un proyecto de ley para terminar con estas infracciones. ¡No es posible que todo debamos solucionarlo con leyes, en tanto la ética de algunas industrias queda guardada en el cajón del olvido!
En segundo lugar, es importante que, de una vez por todas, el Gobierno modifique el proyecto sobre deuda consolidada. No es aceptable que el Gobierno proponga legalizar los registros históricos. Lo planteamos en la Comisión y así lo han entendido colegas de todos los sectores. ¡No es aceptable que, por un lado, el superintendente haga un tremendo esfuerzo para superar el abuso en que incurren los bancos y, por otro, el Ministerio de Hacienda, mediante un proyecto, intente legalizar el uso de los registros históricos! Ese proyecto no va a contar nunca con mi aprobación, porque sería condenar a una especie de cadena perpetua a quien ha tenido una deuda, incluso a quien la ha pagado.
Por eso, le pido explícitamente al ministro de Hacienda , por su intermedio, señor Presidente , a través del subsecretario, que modifique el proyecto de informes comerciales, radicado en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados, que establece un límite máximo para el uso de registro de antecedentes comerciales.
En tercer lugar, no parece lógico que estemos discutiendo en la Comisión el proyecto de informes comerciales y, al mismo tiempo, tengamos en carpeta el proyecto de protección de datos personales. ¡Es una incoherencia legislativa total! El proyecto de datos personales tiene varios capítulos. Precisamente, uno de ellos dice relación con los informes comerciales. En todas las legislaciones internacionales los proyectos de informes comerciales se trabajan como un capítulo del proyecto de protección de datos personales. Así como existe la protección de datos en materia de informes comerciales, también existe información sensible en el ámbito de la salud y otras materias de carácter privado.
Pido al Gobierno que establezca una coherencia legislativa y nos permita discutir ambos proyectos en forma paralela. De lo contrario, vamos a estar legislando a ciegas en un proyecto que, insisto, requiere de muchos acuerdos para seguir adelante.
Finalmente, deseo manifestar que no estamos haciendo una petición irresponsable, o actuando porque la ciudadanía nos lo está demandando. Se trata de un problema que está afectando a millones de chilenos. Lo dijimos durante la tramitación del proyecto que terminó con los abusos del Dicom: si no regulamos esta materia, esa ley será letra muerta. En efecto, por el solo hecho de que un compatriota honesto no pudo cumplir con una obligación durante su época de estudiante, o porque debió contraer una deuda por la separación, abandono o muerte de un familiar, o porque no pudo costear una enfermedad catastrófica, quedará al margen del sueño de la casa propia, o no podrá acceder a otras prestaciones bancarias, a pesar de que hoy es sujeto de crédito. Ello no me parece adecuado, por lo que debemos volver a poner las cosas en su justo valor.
¡No es posible que en este país se pueda borrar un crimen y no se pueda borrar una deuda! ¡Eso no es aceptable para nuestro Parlamento!
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , recientemente, en un programa de televisión se terminó por confirmar algo de lo que todos habíamos oído hablar, pero que no teníamos evidencia para probarlo: los bancos utilizan verdaderas listas negras para evaluar la entrega o rechazo de un determinado crédito a las personas, burlando abiertamente lo que señala la ley respecto de la caducidad del dato cuando la deuda está paga.
En Chile, existen serios vicios y vacíos en el tratamiento de información sensible de las personas, y, a pesar de los avances y mejoras normativas, permanentemente estamos conociendo casos de abusos que cometen las instituciones financieras contra las personas. A estas alturas, parece evidente que en el país no hay un debido resguardo de los datos personales y que hacer mal uso de ellos no conlleva el castigo acorde con la gravedad de la falta.
No existe razón económica alguna para que en virtud de una mora ocurrida en el pasado se le niegue el crédito a una persona. Da lo mismo si un atraso o incumplimiento pasado se salda con mucho esfuerzo o si, por el contrario, la deuda se arrastra a través de los años. Para la clase media de este país el resultado es el mismo: no hay crédito.
El uso de esta información es absolutamente reservada dentro de los bancos. Conscientes de la ilegalidad de su actuación, el análisis de estos datos está circunscrito exclusivamente a los ejecutivos de los departamentos de riesgo de dichas instituciones, quienes tienen la instrucción de rechazar créditos a personas que hayan tenido morosidades en el pasado. El reportaje nos dejó en claro que las personas están a merced de lo que resuelvan las entidades financieras.
Sin duda, estamos ante una arbitrariedad inaceptable y un abuso de poder del cual ningún chileno puede guardar silencio, menos nosotros.
¿Cuál es la motivación para pagar si de todos modos las deudas históricas se convierten en un obstáculo insalvable para la reinserción comercial crediticia de las personas?
La constatación del mal uso que hacen los bancos de la información de las personas evidencia que en lugar de promover una mayor entrega de datos de las personas al mercado crediticio para la evaluación de riesgo, lo que debemos impulsar es una mayor fiscalización sobre el tipo de información que manejan las entidades bancarias y el uso que les dan.
La pregunta que debemos hacernos salta a la vista: ¿quién se preocupa por la protección de los datos personales? La respuesta es desalentadora y nos lleva a concluir que no está dentro de las prioridades de fiscalización. ¿Por qué? Porque las personas piden que se proteja su información y que el Estado proteja su privacidad con el máximo rigor de la ley; en cambio, el Ejecutivo insiste en legislar para entregar más información al mercado para el análisis del riesgo crediticio, sin que exista en el país una institucionalidad que garantice adecuadamente el buen uso de esa información.
El proyecto de ley sobre Protección de Datos Personales entrega a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, cuyo principal objetivo es velar por la seguridad y solvencia del sistema crediticio chileno, la administración de la nueva base de datos que consolidará las deudas vigentes y morosas de la gente, a través del Sistema de Obligaciones Económicas.
Dada la importancia del rol de la Superintendencia, parece inconveniente que, además, se le entregue un papel tanto o más importante que el original. Velar por la protección de los derechos de las personas requiere de una nueva institucionalidad especializada, autónoma y de giro único.
Las tareas de ese organismo deberían considerar la promoción de los derechos de las personas respecto de la privacidad de su información personal y un rol fiscalizador para evitar los abusos que hoy hemos conocido.
Desde un punto de vista constitucional, la existencia del libro de deudores de la superintendencia es absolutamente cuestionable, ya que su creación se basa en una regulación legal insuficiente que no va en la dirección de proteger y respetar la vida privada de las personas, tal como lo garantiza el N° 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Es indispensable que nos aboquemos a estudiar el tratamiento de la información comercial crediticia en Chile y la inconveniencia de mantener el sistema de deudores de la banca y su cuestionable base legal.
Ante este escenario, sería muy difícil entender que el Ministerio de Hacienda insista en la creación de la Central Nacional de Informaciones Comerciales y, al mismo tiempo, en la mantención de un sistema creado hace más de veinte años, con una base -repito-, a lo menos, cuestionable, que hace caso omiso a la normativa, incluso constitucional, sobre la protección de datos.
Ha llegado la hora de abordar la protección de datos como un tema de interés nacional y anteponer su discusión a cualquier otro proyecto que afecte directa o indirectamente la privacidad de las personas.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , en primer lugar, saludo al ministro de Economía , Fomento y Turismo y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , que nos acompañan.
No hace mucho tiempo, en esta misma sala, celebramos el despacho del proyecto sobre Dicom, que significó una tremenda alegría para muchos de nuestros compatriotas, que supieron que ahora se iban a proteger sus datos para evitar que fueran mal utilizados y se les negara el acceso al trabajo, a la educación o a otros servicios, lo que afectaba sus vidas.
Sin embargo, cuando las personas se referían a la promulgación de esa ley, muchas decían que era una muy buena noticia, pero que, lamentablemente, en el tema crediticio, iba a ser letra muerta, porque existían las llamadas listas negras o Dicom histórico, lo que todo el mundo sabe. Tanto es así que, junto con el diputado Felipe Harboe , desde hace más de un año, tanto respecto del anterior superintendente como del nuevo, hemos solicitado un pronunciamiento, porque todo el mundo sabe que es una realidad, lo que se demostró, de forma fehaciente, por un reportaje de un canal de televisión que efectuó una investigación seria sobre el tema.
Estamos hablando de personas que adquirieron una deuda, la que luego, en algún momento de sus vidas, se convirtió en un problema mayúsculo, pero que hicieron el esfuerzo necesario y la pagaron. Sin embargo, desde hace más de cinco años, la gran mayoría que ha pasado por este trámite, lamentablemente, aparece en esas listas que impiden no solo el acceso a un crédito de consumo o a un crédito hipotecario, sino también la obtención de una cuenta corriente que les permita contar con un cheque para pagar a treinta días.
Tenemos que avanzar en una segunda parte de la denominada agenda de la ley Dicom.
Para ser honesta, debo hacer presente que conversé por teléfono con el superintendente, quien había asumido su cargo hace muy poco tiempo, quien se mostró muy llano y receptivo a analizar y revisar la normativa. Tanto es así que, como dijo el diputado Felipe Harboe , el superintendente, en su intervención en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, reconoció que había un problema.
Pedimos que, en esta sesión especial, el superintendente nos cuente si existe la voluntad de resolver el problema a través de una normativa que clarifique y no deje lugar a dudas de que no es posible utilizar esos registros de forma ilegal; que establezcamos un tiempo para lo que es permisible, que simplemente significa el derecho al olvido en nuestro país, porque una deuda no puede seguir siendo utilizada para siempre. Y si es utilizada de forma ilegal por los bancos e instituciones financieras, debe haber fiscalización y sanción, la que, en algunos casos, puede llegar a 1.000 UTM. Queremos claridad al respecto.
El ministro y el superintendente nos van a decir, en forma fehaciente, si tenemos posibilidades de resolver la materia por la vía de una circular clara y categórica o, lamentablemente, deberemos discutir un proyecto de ley que, en todo caso, tampoco -digámoslo derechamente- dará seguridad de un estricto cumplimiento.
Ya que estamos hablando de las listas negras y de la ley de Dicom histórico, que el Presidente de la República promulgó en La Moneda, con bombos y platillos, les quiero comentar que el 8 de mayo de 2012, a una persona le llegó un e-mail que le comunicaba que la habían pasado al Dicom por una deuda contraída con la Autopista Central , pese a que la ley señala en uno de sus artículos, de forma clara y categórica, que eso no se puede hacer. Nadie puede esgrimir que el tema está sujeto a interpretación.
Por lo tanto, si aprobamos una ley clara y categórica, y a pesar de eso aún se producen abusos, ¿qué podemos decir, señor superintendente, por su intermedio, señor Presidente , respecto de la falta de claridad que existe en el uso de las listas negras, lo que, a mi juicio, no debiera ocurrir, porque lo considero completamente ilegal? Obviamente, falta una circular.
Por lo tanto, falta más dureza y fiscalización, porque estamos hablando de personas honestas que pagaron sus deudas, que quieren acceder al crédito, porque tienen derecho a seguir avanzando, porque tienen familias e hijos. Y estamos hablando de mucha gente.
Por lo tanto, los parlamentarios -como los diputados José Manuel Edwards , quien pidió la sesión; Felipe Harboe , quien ha trabajado desde hace mucho tiempo en esta materia, así como quien les habla y muchos otros- queremos que, así como el Gobierno demostró su voluntad para avanzar en el proyecto de Dicom, también precise si existe la voluntad para eliminar las listas negras.
Estas modificaciones las valorará mucho la ciudadanía si percibe un compromiso claro y categórico de parte del Gobierno del Presidente Piñera.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , esta sesión especial ha sido citada para tratar la existencia de listas negras en bancos e instituciones comerciales que impiden el acceso de las personas a créditos comerciales y a otros productos bancarios, pese a no mantener deudas vigentes ni encontrarse en boletines comerciales, como el Dicom.
El solo objeto de la convocatoria a esta sesión constituye una grave denuncia y acusación que debe ser respondida por el sistema bancario y financiero, que se permite estas licencias en nuestro país.
No es posible que, en una materia referida a la actividad de consumo de millones de personas que constituyen el mercado, estas se subordinen o rijan por una verdadera dictadura de normas arbitrarias fijadas por bancos e instituciones financieras, que constituyen una especie de segunda manifestación de Estado de derecho que determina cómo funciona nuestra sociedad.
Sabemos que, en enero la Cámara de Diputados despachó la denominada ley Dicom, que trascendió en los medios de comunicación como el “perdonazo del Bicentenario” y que beneficiaría, en particular, a los pequeños deudores.
Se escucharon grandes aplausos por la medida de borrar de los registros del Dicom a quienes tuviesen deudas publicadas por hasta 2 millones y medio de pesos al 31 de diciembre del 2011. El número de favorecidos por la iniciativa se estimó en 4 millones de chilenos, que también incluyó a quienes repactaron sus deudas en casas comerciales o bancos -algo más de 1 millón de personas-, además de aquellos que están en el Dicom por deuda del TAG. La ley también contempla el fin del acceso universal a los antecedentes comerciales.
Pero, al parecer, las cosas no han cambiado como se esperaba, dado que, después de cinco meses, esta Cámara ha tenido que reunirse para analizar cómo se burlan el espíritu y la letra de dicha ley.
Televisión Nacional, responsablemente, hizo una denuncia el pasado mes de abril e informó que una serie de entidades financieras y comerciales siguen estudiando a sus potenciales clientes, a quienes, a pesar de haber saneado sus deudas y no encontrarse en Dicom, se les mantiene en las denominadas listas negras, listados históricos o paralelos, para determinar el otorgamiento de créditos.
Estas empresas, formalmente, niegan la existencia y el uso de tales listados. Los califican como un mito. Pero en los hechos esa es la base de datos que determina el otorgamiento de créditos.
Los tribunales han calificado dichos registros como ilegales, y han descalificado su uso respecto de quienes alguna vez fueron deudores.
Más aún, esos registros incorporan, contraviniendo la ley, a personas que alguna vez tuvieron deudas por el suministro de agua o de energía eléctrica.
Evidentemente, el esfuerzo que podamos hacer los diputados podría tener un gran efecto para superar esa distorsión y burla a la ley.
En otras ocasiones, he reflexionado y me he hecho parte de la gran preocupación por las prácticas que priman en nuestra sociedad, en la que se incentiva el endeudamiento hasta niveles irracionales y se promociona y empuja a la gente de trabajo a comprar en el supermercado con tarjetas de crédito. Por esa vía, considerando sus bajos ingresos, llegan a endeudarse hasta por cuatro, cinco, seis o más meses y solo por comprar mercaderías para el sustento de sus familias. Creo que no se puede, por una parte, empujar a los trabajadores y a sus familias a endeudarse, para luego impedírselo, por la vía de las señaladas listas negras, pues eso afecta sus posibilidades de seguir funcionando dentro de la economía, dado que, en forma arbitraria, se les priva el acceso a algún crédito.
Es hora de que la Cámara de Diputados adopte un acuerdo sobre la materia, con el objeto de que se indique que la legislación no solo debe ser explícita, sino que también debe disponer todas las prevenciones que impidan las arbitrariedades que dieron motivo a la celebración de esta sesión.
No se pueden seguir aceptando esas listas negras, pues constituyen mecanismos, obligaciones o normativas que las entidades financieras, por la vía de los hechos, establecen en contra de las personas que viven de un sueldo, de las trabajadoras y de los trabajadores que hoy son víctimas de esas arbitrariedades, en beneficio del interés del intocado mercado financiero, como si este fuera el que ordenara la vida en una sociedad. Ello constituye un acto perverso contra millones de personas.
Desde esa perspectiva, esperamos no solo el pronunciamiento explícito de la Cámara de Diputados, sino también del Gobierno, que no solo debe velar por que las leyes se cumplan, sino también por el interés de millones de compatriotas que son víctimas de esas operaciones.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , una vez más en esta Sala se aborda el tema del abuso de las instituciones financieras y se debate respecto de cómo hacer frente al problema del uso que ellas hacen del Dicom histórico o de las denominadas listas negras, como las llamó el diputado señor Edwards . Podemos referirnos a ellas de cualquier forma, pero no son más que listas de personas discriminadas por el sector financiero, a través de un procedimiento ilegal e inmoral.
Son muchos los chilenos y las chilenas que no pueden acceder a los distintos instrumentos financieros, como créditos de consumo, hipotecarios y otros, por el uso mañoso y abusivo de esa información, que -es bueno que la gente lo sepa- las instituciones financieras no están autorizadas a utilizar. Sin embargo, eso igual ocurre, porque quizás está fallando el sistema fiscalizador. Pero lo cierto es que esas instituciones están haciendo algo ilegal, de manera que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para demostrarlo.
Muchas personas que concurren a nuestras oficinas parlamentarias nos cuentan las situaciones que les ha tocado vivir y las respuestas insólitas que han recibido al momento de efectuar determinadas consultas crediticias y financieras. Primero, se les señala que no deben preocuparse, porque van a obtener determinado crédito, pero después, al día siguiente o a los dos días, les dan explicaciones que no tienen valor ni sentido alguno, porque son abiertas mentiras, para señalarles que no se les podrá otorgar el crédito que estaban solicitando. Lo que se ha hecho en esos casos no es otra cosa que usar esa base ilegal de datos.
¿Cómo se llegó a esa situación? Aparte de que se hace uso de antecedentes que se encuentran en el registro histórico, también se realiza una práctica, que considero peor de parte de los que administraban el Boletín Comercial -eran varias empresas-, que cuando se dieron cuenta de que el Congreso Nacional tuvo la fuerza para aprobar la ley que terminaba con los abusos del Dicom, vendieron las bases de datos antes de que esa legislación entrara en vigencia. ¿Quiénes las compraron? Los cómplices de siempre: las instituciones financieras, del retail y otras. Por lo tanto, estamos ante una conducta recurrente.
Por eso es tan reprochable el proceder de esas instituciones, y por eso debemos actuar con la mayor fuerza.
Solicito al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras que sea muy honesto en las respuestas que nos dará -a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo ya concurrió el ministro de Economía , a quien aprovecho de saludar por su presencia en la Sala- en relación con el planteamiento que hemos hecho en cuanto a que se requiere un cambio de enfoque. Creemos que eso es lo que se debe hacer, razón por la que pedimos y exigimos que se lleve a cabo una fiscalización rigurosa, con el objeto de que podamos sancionar en forma ejemplar el abuso descrito.
Asimismo, queremos pedir al superintendente -creemos que es resorte suyo- que se lleve a cabo la modificación del procedimiento de entrega de información de los registros de deudores. La Superintendencia a su cargo no está obligada a entregar la información de todos los bancos a todos los bancos, de modo que se podría hacer exclusivamente banco a banco, lo que establecería una diferencia, pues así se estaría limitando el acceso a esa información, que se utiliza en forma mañosa y abusiva.
En la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, la bancada de la Democracia Cristiana ha sido una firme defensora de los derechos de los consumidores. Por eso, nos pareció inapropiado el orden de discusión que otorgó el Gobierno a los proyectos de ley relacionados con la deuda consolidada y con el uso de la información comercial, con el objeto de que fueran debatidos antes de la iniciativa referida a la protección de los datos personales, porque creemos que eso es lo primero que debemos garantizar por el abuso que hace del Dicom histórico, tal como se constata día a día. Lo que Chile necesita proteger primero son los datos de las personas y luego legislar respecto de qué clase de información comercial de las personas se puede utilizar.
Sin embargo, no fuimos escuchados cuando planteamos que se estableciera una prioridad distinta a esos proyectos, que primero se debatiera la iniciativa relacionada con la protección de los datos de las personas y después lo referido al Boletín Comercial. Al parecer, las prioridades son otras.
Para terminar, quiero señalar que la bancada de la Democracia Cristiana ha hecho el trabajo que le corresponde. Hemos presentado cinco proyectos relacionados con la materia, que están en espera de ser tratados, de que los colegas que presiden las respectivas Comisiones -todos ellos pertenecen a la Alianza- los pongan en discusión, puesto que tienen por objeto otorgar más derechos a los consumidores.
Aportamos nuestras ideas para perfeccionar el Sernac financiero y el anterior ministro de Economía ni siquiera las consideró. Sin embargo, el nuevo ministro recogió muchas de esas inquietudes, porque favorecían a los consumidores. Asimismo, está a la espera de ser sometido a discusión el proyecto de ley que obliga a los bancos a dar respuesta por escrito de las razones por las que se rechaza el otorgamiento de créditos, iniciativa que también ha sido presentada por nuestra bancada.
Otro proyecto que presentamos tiene por objeto terminar y regular la forma abusiva en que las instituciones financieras hacen uso de la cláusula de aceleración de deuda, puesto que el nuestro es uno de los pocos países del mundo en el que al día siguiente de que una persona no cumple con una deuda se le puede acelerar la deuda y cobrarla por completo, con lo cual dejamos a la persona afectada prisionera de ese compromiso. Esperamos que los presidentes de las Comisiones se abran a la discusión de esos temas.
También hemos presentado una iniciativa que tiene por finalidad terminar con el cobro abusivo de intereses sobre intereses. Hay legislación comparada que indica que, efectivamente, en el mundo se permite ese tipo de cobro de intereses, pero después de tres o seis meses. En Chile, se puede hacer a los treinta días. Nos parece inmoral esa forma de actuar de la banca.
Del mismo modo, se encuentra en espera de ser sometido a debate el proyecto que presentamos para modificar la tasa máxima convencional. Nos parece que lo que ha enviado el Gobierno en ese sentido es una señal, pero insuficiente.
Por las razones planteadas, queremos decir, con mucha fuerza, que la bancada de la Democracia Cristiana ha defendido y seguirá defendiendo el derecho de los usuarios y consumidores de instrumentos financieros. Esperamos que los presidentes de las Comisiones correspondientes pongan en discusión esos proyectos, porque sería bueno para Chile que se sacaran adelante las modificaciones legales que hemos presentado en favor de los consumidores, de la familia y de la gente de esfuerzo que quiere acceder a un crédito a fin de mejorar su calidad vida, y no quedar condenado para siempre por esos instrumentos.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , señor Raphael Bergoeing.
El señor BERGOEING ( superintendente de Bancos e Instituciones Financieras ).- Señor Presidente , junto con agradecer a los diputados señores Edwards, Harboe, Cornejo, a la diputada señor Rubilar, y a los diputados señores Carmona y Vallespín por sus intervenciones, quiero señalar que la materia que se está discutiendo es de la mayor importancia para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Quiero hacer un par de comentarios en el contexto de lo que aquí se ha señalado, para luego terminar explicando cómo nos haremos cargo de varias de las preguntas que se han formulado.
Lo primero que debo decir es que para la Superintendencia que encabezo los dos bienes jurídicos que estamos protegiendo y que deben ser velados pueden ser alcanzados de manera simultánea, en la medida en que balanceemos la necesidad de proteger los datos personales y, al mismo tiempo, la estabilidad financiera.
El mensaje que quiero transmitir, desde la perspectiva de la Superintendencia, es que eso puede hacerse. Nosotros podemos limitar la acumulación de información y, al mismo tiempo, asegurarnos de conservar un poder predictivo de los modelos que permita a las instituciones financieras hacer la evaluación de riesgo.
Lo anterior debe entenderse en el siguiente contexto: al final del día, los bancos prestan el dinero de los depositantes. Por eso, el mandato de la Superintendencia está relacionado con ese contexto. Al respecto, es necesario tener presente que cual una corrida bancaria -cuando se pierde la confianza en las instituciones que han prestado recursos de depositantes- puede terminar por desestabilizar el sistema financiero.
Por lo tanto, el mandato de la Superintendencia es velar por la estabilidad, pero en resguardo de los depositantes y de la fe pública.
Quiero decir, con mucha claridad, que esos dos bienes jurídicos protegidos, que en parte pueden tensionarse, al mismo tiempo pueden alcanzarse de manera balanceada.
La ley prevé la entrega de información a la Superintendencia y, luego, a las instituciones fiscalizadas, con el fin de que efectúen la gestión de riesgo. Nosotros las supervisamos y evaluamos en función de ello.
Por lo tanto, la discusión entre si debe haber cero o infinita información es equivocada; aquí tiene que haber un nivel de información que, simplemente, permita resguardar la solvencia. Eso es lo que la Superintendencia de Bancos debe privilegiar y resguardar. Esto se puede hacer y, al mismo tiempo, defender el derecho a la protección del dato privado.
El artículo 14 de la Ley General de Bancos dispone que nosotros debemos guardar o acumular información de manera permanente y refundida, para que sea usada, luego, por las instituciones financieras. Esto, en palabras simples y en el contexto de lo que se ha estado conversando acá, significa, básicamente, que nosotros, como responsables de la fiscalización de los bancos y de muchas otras instituciones financieras, pensamos que puede y debe limitarse la acumulación de información de deudores a un período móvil de cinco años, de acuerdo absolutamente con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Este límite de acumulación de información de deudores a un período móvil de cinco años puede hacerse -aquí es donde viene la aclaración, según el mandato que tenemos como Superintendencia, de velar, además, por la estabilidad financiera- con la opción de preservar información por un período más amplio solo en la medida en que la información histórica que exceda de cinco años, excluya toda variable que permita identificar al deudor de forma inequívoca o que posibilite deducir esta identificación a través de ingeniería inversa.
Esta información agregada, pero no individualizable, es clave para hacer análisis sectoriales, de perfiles de riesgo o de ciclos económicos, que muchas veces superan con creces los cinco años. Además, es clave para asegurarnos de atender el valor histórico y científico de esta información para, en definitiva, hacer políticas públicas.
Entonces, insisto en que no veo que haya una tensión que no permita balancear ambos derechos o bienes jurídicos protegidos, recogidos en la ley N° 19.628 y en la Ley General de Bancos, respectivamente.
Señor Presidente, para terminar, deseo hacer algunos comentarios con respecto a las intervenciones de los señores diputados.
En primer lugar, en relación con la fiscalización, voy a hacer mención a cuatro o cinco cosas que hemos hecho desde que llegué, hace tres meses, a la Superintendencia.
Como dijeron en una de las intervenciones, la base del trabajo que hace la Superintendencia es resguardar la información sujeta al secreto bancario. En un programa de televisión apareció evidencia que sugiere con mucha fuerza que la información del estado de deudores bancarios está siendo mal utilizada. Hace ya varias semanas -después de ese programa-, firmé y presenté una denuncia ante el Ministerio Público por el eventual mal uso de esa información. El artículo 14 de la Ley General de Bancos contempla penas de cárcel para quien incurra en dicho mal uso en caso de que este pudiere demostrarse.
En segundo lugar, firmé una circular mediante la cual modifico una norma de la Superintendencia de Bancos que data de principios del 2000, en la cual se hablaba de un período de seis años. Lo cambié a cinco años para asegurarme de que no exista confusión alguna en relación con el período por el cual se puede mantener la información a nivel individual para poder analizar desde la perspectiva de la institución bancaria la entrega o no de una cuenta corriente o de un crédito. El período de cinco años es más que suficiente para que un banco sea capaz de hacer su análisis de riesgo de la mejor manera posible. Por eso, nos hemos asegurado de revisar nuestra normativa respecto de aquellos casos en que pudiera prestarse a confusión el período de tiempo por el cual los bancos pueden guardar información para utilizarla con ese fin. El período mencionado, de cinco años, es concordante con lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
Además, desde hace dos meses he instruido una revisión integral del proceso de fiscalización que lleva a cabo la Superintendencia, porque parte clave de la labor que realizamos es fiscalizar que las instituciones financieras cumplan la ley. Esa revisión integral permitirá, entonces, dar un foco más claro a una serie de objetivos que hoy la Superintendencia tiene que asumir, con el fin de resguardar la estabilidad del mercado financiero en un contexto en el cual la mirada de lo que la sociedad necesita es más amplia que la que teníamos hace algunos años.
Asimismo, estamos fortaleciendo todas las unidades relacionadas con la atención a los clientes, para permitir que estos, una vez que soliciten información o sientan que sus derechos han sido vulnerados, puedan comunicar su situación con la mayor prontitud posible. Así, nosotros, a partir de esa información, podremos cumplir en parte con nuestra fiscalización.
La Superintendencia de Bancos recorre cada uno de los 24 bancos que integran el sistema bancario chileno, ingresa a ellos y realiza informes de auditoría en los cuales los evalúa por gestión y, en parte, también por el buen uso de la información y el correcto análisis de riesgo. Pero complementa la fiscalización directa que hace en los bancos con la información que le entregan los clientes. Durante el primer trimestre de este año recibimos 80.000 solicitudes relacionadas con estado de deudores. Si el cliente considera que esa información no es correcta, tiene acceso, cada día más, a todos los mecanismos existentes. Ese es el fortalecimiento que estamos realizando en la dirección de atención al cliente, de manera de poder entregar a este esa información. Asimismo, nosotros inquirimos al banco, a fin de tener claridad con respecto a si se están o no vulnerando algunos derechos o pasando a llevar alguna norma o ley.
En cuanto a la información que debe o no debe mantener la institución bancaria, lo importante, desde la perspectiva de la Superintendencia, es determinar el uso que esa información tendrá, las características de la misma y, en definitiva, la duración en función del uso que se la dará.
Agradezco nuevamente las intervenciones realizadas y asumo el compromiso de que cada una de las preguntas y propuestas que se han planteado serán analizadas a la brevedad por la Superintendencia. Adoptaremos todas las medidas indispensables para asegurarnos de que el interés que compartimos sea resguardado.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , la información personal de toda índole, pero también la de carácter comercial es hoy uno de los bienes más preciados de las personas. Por lo tanto, estamos llamados a protegerla de manera adecuada.
Por eso, queríamos que en lugar de comenzar discutiendo el sistema que regulará el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio, planteado por el Ejecutivo , partiéramos discutiendo el marco, que es la ley de protección de datos personales. Hoy, ese proyecto está en el Congreso Nacional. Nos hubiese gustado que fuera prioridad del Ejecutivo, de manera de ver cómo mejoramos la musculatura de nuestra legislación y también la de las entidades llamadas a fiscalizar para tener una adecuada protección de los datos personales.
Aquí ha ocurrido que, a pesar de esfuerzos legislativos importantes, en el sentido de establecer el principio de caducidad de los datos y eliminar el Dicom histórico, entidades financieras, de manera no solo mañosa, sino derechamente ilegal, han mantenido esa información en los registros históricos, en forma individualizada; no agregada, sino desagregada, con nombre y RUT, para poder discriminar a las personas en virtud de sus antecedentes comerciales, más allá de los cinco años que establece la ley. Así, personas que tienen informe de antecedentes comerciales al día -sabemos lo que ocurre con las que no lo tienen-, a la hora de solicitar un crédito, son discriminadas sobre la base de dicha lista negra. Evidentemente, aquí falta mejorar nuestra legislación en materia de protección de datos personales, y nuestra capacidad de fiscalizar a las entidades que incumplen derechamente la ley.
Asimismo, debemos actualizar el catálogo de sanciones, para que estas malas prácticas se terminen de una buena vez. Por eso es tan importante que este tipo de información se mantenga a debido resguardo en entes públicos, donde exista también mayor nivel de responsabilidad. Lo digo, porque dimos una dura pelea. En la Comisión de Economía, junto con los diputados Vallespín , Harboe , Ceroni , la diputada Zalaquett y varios más, planteamos la necesidad de que una institución pública administrara el Sistema de Obligaciones Económicas (SOE). Al final, logramos que el Ejecutivo cediera y radicara su administración en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Señor Presidente , por su intermedio le quiero decir al ministro Longueira que lo mismo esperamos en el proyecto que facilita la constitución de nuevas empresas, su disolución, su división, etcétera. Hoy, el texto aprobado por el Senado permite que el Ministerio de Economía pueda licitar el registro de sociedades a terceros, a privados. Ahí también hay mucha información muy relevante que debemos proteger. No queremos que esa información esté después en otra lista negra y que se haga un mal uso de ella. Por lo tanto, esperamos que eso se radique definitivamente en una institución pública. Hemos planteado como alternativas el Servicio de Registro Civil o el propio ministerio; la cosa es que exista una responsabilidad no solo de carácter civil, sino también política y administrativa, que únicamente tienen las instituciones de carácter público.
Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de mejorar nuestro ordenamiento jurídico para dar una adecuada protección a los datos personales, porque se ha generado un verdadero tráfico de información.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente , por su intermedio quiero saludar al ministro Longueira y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras .
En verdad, cuando uno ve estas sesiones especiales, no sabe si se está haciendo un favor al país o perdiendo el tiempo. Lo digo por una razón muy simple: las leyes son para respetarlas.
Señor Presidente , por su intermedio deseo preguntar al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras respecto de la situación de personas que han hecho un esfuerzo gigantesco para pagar, vendiendo a veces su bicicleta o su auto. Hay chiquillos que ahorran su sueldo completo y logran pagar. A esa persona, que estaba endeudada y pagó, y que ahora quiere comprar su vivienda, porque se cansó de pagar arriendo, no le otorgan el crédito porque aparece en una lista negra; así ocurre, y no le entregan ninguna explicación.
Esa es una injusticia porque ese señor que figura en la lista negra está absolutamente “blanqueado”, porque pagó. La persona que paga no puede estar eternamente condenada por el banco a ser paria del sistema financiero. Eso es trágico.
Aquí no estamos contra nadie; lo único que estamos pidiendo es que se respete la ley. Cuando sacamos esta legislación fue voceada en todos los distritos de los diputados aquí presentes. La respectiva iniciativa legal contó con apoyo absolutamente transversal. Por eso, cuando se despachó, nos sentimos orgullosos y felices. Sin embargo, al poco tiempo siguieron los mismos reclamos.
En consecuencia -desgraciadamente, al señor superintendente le toca la parte dura, y a uno le corresponde decirle las cosas para que las transmita-, no sé si se ha buscado la manera de doblarle la nariz a la ley, por debajito o como sea; pero, en verdad, lo que ocurre es doloroso. Uno ve que personas no pueden comprar, seguir adelante con un negocio o emprender algo nuevo, porque hace muchos años debían algo. Por eso, ahora siguen en una “lista negra”. Entonces, nos preguntamos qué pasa, por qué ocurre esto.
Fíjese qué curioso: Hay gente que debe 100 millones, 200 millones, 300 millones o 500 millones de pesos, que no va a pagar nunca al banco, pero, como patrimonialmente no está quebrada, la siguen manteniendo. Pueden estar veinte o treinta años así. Esa persona es un buen cliente mientras no quiebre, porque ahí la atrincan, le quitan todo y pasa a otro sistema; pero eso ocurre después de que la han explotado, por ejemplo, durante veinte años. O sea, hay gente -perdónenme, pero algunos hemos tenido problemas- que ha trabajado exclusivamente para pagar y, una vez que lo logran, se encuentran con este pastel.
Eso es doloroso. Aquí no estamos atacando al señor superintendente ni a los bancos ni a nadie; simplemente, estamos diciendo que se cumpla la ley. ¡Nada más! Dios lo pille confesado si algún día tiene este problema. Ahí usted se va a dar cuenta.
También ocurre lo siguiente: Cuando a la gente los bancos le prestan plata, son repaleteados, pero cuando le cobran, son unos tales por cuales. Hay gente así. Pero aquí nos estamos refiriendo a gente que realmente hace un esfuerzo gigantesco para pagar. Este es un mal que ha torturado a miles de chilenos. Incluso, recuerdo que cuando el ministro Longueira era diputado , conversábamos sobre la situación de jóvenes que antes de salir en la universidad ya estaban en Dicom, por lo cual se les cerraba toda posibilidad de acceso al crédito.
Por eso, hoy, al abordar este tema, estamos enfrentados al mundo real de la gente y al mundo del dinero. Ellos se pueden complementar de una sola manera: que la gente que pide crédito, pague; pero cuando pague, sea sacada de Dicom para que pueda y seguir operando.
Ese es nuestro deseo, eso es lo que queremos.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Para hacer una aclaración, tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , quiero agradecer la disposición del señor superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y de todos los colegas que han participado en esta sesión, lo que revela que este tema no es de uno u otro sector, sino un problema nacional que, lamentablemente, ha sido generalizado por la banca.
Solo quiero hacer una precisión. El diputado que me antecedió en el uso de la palabra hizo referencia al incumplimiento de la recientemente promulgada ley Dicom. Para efectos de dar claridad a la gente que nos está viendo, no solo a través del canal de la Cámara, sino también del streaming que estamos transmitiendo, debo señalar que son cosas totalmente distintas. La ley Dicom no tiene nada que ver con esto, pues se refiere a la prohibición de uso de los registros comerciales para efectos de postulaciones laborales, de educación o, incluso, de salud.
Por último, recordemos lo que hicieron los bancos en la década de los 80 y cómo el Estado tuvo que ayudarlos. Por lo tanto, si existiera en este país un registro histórico de los bancos, muchos de ellos no podrían existir. Así y todo, ellos hoy se permiten discriminar a gente por deudas de más de veinte años.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Cerrado el debate.
Se suspende la sesión por cinco minutos para llamar a los diputados a votar el proyecto de acuerdo.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 630.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo N° 630, de los diputados señores Edwards, Vilches, Ward, Saffirio, Harboe, García, Aguiló, Vallespín y Teillier, en cuya parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para que, si lo tiene a bien, proceda a efectuar todas o algunas de las siguientes herramientas propuestas por esta Corporación, desde el momento en que apruebe este proyecto de acuerdo y hasta la dictación de la ley que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio, que se encuentra en tramitación en este Congreso Nacional:
1.- Restringir a lo estrictamente necesario la información que entrega la Superintendencia a los bancos e instituciones financieras, en relación al reporte denominado “estado de deudores”. En particular, terminar con la práctica de entregar información crediticia de todos los clientes bancarios a todos los bancos, sin importar si ese cliente es cliente del banco que recibe la información.
2.- Fiscalizar los computadores de los departamentos de riesgo de bancos que podrían albergar estas bases de datos.
3.- Enviar una circular dirigida a las instituciones bajo la tutela de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, obligando a eliminar la información de clientes sin fundamento legal.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Propongo a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo en forma unánime.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17.36 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS
Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 10.158 de fecha 10 de mayo de 2012, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que Modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. (Boletín 5838-07). Hago presente mi voluntad para los efectos de que el proyecto aprobado se remita al Tribunal Constitucional, para su consideración.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 10.159 de fecha 10 de mayo de 2012, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que Establece medidas contra la discriminación. (Boletín 3815-07). Hago presente mi voluntad para los efectos de que el proyecto aprobado se remita al Tribunal Constitucional, para su consideración.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
Moción de los diputados señores Araya , Baltolu , Jiménez y Ojeda y de las señoras Diputadas Isasi , doña Marta y Sepúlveda , doña Alejandra
Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al Padre John Eugene Barber Vanston . (boletín N° 8297-17).
“La nacionalización por gracia recoge una fructífera e ininterrumpida tradición republicana. A través de ella la Nación distingue a extranjeros ilustres que han efectuado un aporte significativo al país, en los campos de la ciencia, el arte, la cultura; y, en general, que representen un modelo a seguir por las generaciones futuras, por sus virtudes y modo de vida. Considerando lo anterior, quienes suscriben este proyecto consideran que es de completa justicia reconocer el aporte que hecho a la Nación el sacerdote estadounidense Padre John Eugene Barber Vanston Sj., cédula nacional de identidad N° 6.238.716-5. Durante toda su vida el Padre Barber se ha dedicado a trabajar, sin descanso, por el desarrollo de Chile, de su pueblo y de su cultura. Ha promovido la solidaridad y la justicia con los más necesitados, compartiendo durante mucho tiempo buena parte de sus privaciones; ha promovido la cultura chilena, especialmente en su faceta artístico-religiosa, alentando las manifestaciones de fervor popular arraigadas en el norte del país y además, erigiéndose como un modelo a seguir por una vida de virtudes puestas al servicio del prójimo.
El Padre Eugene Barber (Gene , para los cercanos) nació el 14 de mayo de 1932 en la ciudad de Scranton, un pequeño pueblo minero de inmigrantes dedicados a la extracción de carbón, en el Estado de Pensilvania, Estados Unidos. Nacido en un hogar católico, había varios sacerdotes en su familia, fue desde niño muy cercano a las comunidades de vida cristiana de su pueblo. Ya en el colegio, conoció la que sería la orden de su vida: la Compañía de Jesús, desarrollando amistad con varios sacerdotes y maestrillos, lo que lo acercó poco a poco a la realización de la vocación que sentía en su interior: ser sacerdote. Apenas terminó el colegio, y con dieciocho años, fue aceptado en el Noviciado, comenzando su ministerio en un ambiente de estricta formación, en la provincia jesuita de Maryland.
A lo largo de sus años de formación (dos años de Noviciado, dos años de estudios humanísticos o Juniorado; tres de Filosofía, tres de Magisterio y cuatro de Teología) comenzó su labor de educador, enseñando latín y literatura inglesa, en su país de origen. También surgió en él el espíritu misionero, que inspiró a San Francisco Javier o a Mateo Ricci y que le impregnó el Concilio Vaticano II. Este espíritu misionero lo llevaría a pedir su traslado a Chile.
En Osorno, la Congregación del Verbo Divino dirigía el Colegio San Mateo, que posteriormente traspasó a la Compañía de Jesús, de multisecular tradición en el campo de la enseñanza. Como en Chile no había tantos jesuitas para asumir ese desafío, los superiores de la Compañía en Roma determinaron que los jesuitas de la provincia de Maryland se hicieran cargo del Colegio San Mateo . Esa fue la oportunidad para que el deseo del Padre Barber se hiciera realidad. Sólo tuvo que esperar terminar sus estudios para partir. Así, según cuenta él, con un pobre castellano y una gran vocación de servicio, en 1966 el Padre Barber llegó a reforzar al grupo de misioneros jesuitas que llegaron a nuestro país para desarrollar su labor educativa en Osorno.
Después de superar las normales dificultades de adaptación, los jesuitas del San Mateo comenzaron a cosechar logros, entre las que se encuentran la creación en 1967 de un equipo de basquetbol que participó de la Liga Osornina y un programa de reforzamiento para niños de escasos recursos que querían ingresar al Colegio San Mateo en primero medio (los “Programas de Verano”). Adicionalmente, el Padre Barbet. decidió dar rienda a la vocación social que lo llamaba desde su formación y decidió compartir las vivencias del pobre, para lo cual se mudó, junto a otros dos jesuitas a una población osornina en Rahue Alto. Allí, con otro jesuita, pudo vivir su fe de manera austera, en una casa básica donde una pequeña estufa a leña lo protegía del frío invernal, Allí fomentaron la formación social de los estudiantes, para lo cual se realizaban trabajos sociales y campamentos. Con el paso del tiempo, esos trabajos se convirtieron en obligatorios para los alumnos de tercero medio, como una forma de inculcar la vocación social y la opción por los pobres de la Iglesia. Los alumnos debían visitar un hogar de la ciudad y compartir la experiencia laboral. Lo importante, para el Padre Barbe; era que “salieran del colegio con la inquietud, ese deseo de luchar contra la pobreza, contra la brecha entre ricos y pobres”. En esa misma línea es que decidieron abrir el colegio a los pobres, incluso trazando la meta de que la mitad de los alumnos fueran de pocos recursos, a través de becas y un sistema de arancel diferenciado.
Sin duda estas experiencias marcaron el trabajo del Padre Barbe; quien hasta el día de hoy recuerda cómo el tema de la pobreza fue ganando un espacio en sus preocupaciones, entre las que se contaba el construir para no a erradicar, como un paso adelante para quienes vivían en condiciones de extrema pobreza.
El compromiso y las acciones en ayuda de los más pobres hicieron que el Padre pareciera sospechoso después del golpe militar, pese a que durante el gobierno de la Unidad popular en el Colegio se dio a conocer un documento en que se llamaba la atención acerca de la participación excesiva y a veces violenta de los alumnos en cuestiones políticas. Como anécdota el Padre cuenta que cierta vez que repartía sacos de papa donados por un empresario, se ventiló el tumor de que eran armas. Esto no quebrantó en modo alguno su vocación social.
Los dieciséis años que el Padre Barben estuvo en el Colegio San Mateo son recordados con inmenso cariño y agradecimiento por su comunidad. La misma comunidad que el año 2009 lloró la partida de un contemporáneo del Padre Barbe; el Padre Francis J. Kownacki S.J., que también lo acompañó en las experiencias de trabajos de fábrica. Esa misma comunidad osornina fue la que regaló al Padre Barber un homenaje que desea todo educador: la fundación en diciembre del año 2010, de un colegio que lleva su nombre, el Colegio Gene Barber S.J., ubicado en la Población Quilacahuín, y que recibe a niños de primero a cuarto básico provenientes de familias de alta vulnerabilidad social.
La misión del Padre Barber en Chile no termina en Osorno y aún quedarían lugares que conocieran la huella de su misión. En 1983 el Padre es trasladado al otro extremo del país: a Antofagasta, como parte de su deseo de tener un cambio y emprender nuevos desafíos. Así llega al colegio jesuita de la ciudad, el Colegio San Luis, en el que nuevamente su estampa ha quedado grabada hasta nuestros días. Según sus propias palabras, nuevamente la adaptación fue difícil. Era un mundo distinto al del San Mateo . Sin embargo, poco a poco todo se fue facilitando, y nuevamente el Padre Barben fue a la vanguardia de experiencias como las misiones, las comunidades de vida cristiana, los trabajos sociales, los campamentos de trabajo para los cursos mayores, etc. Fue el tiempo en que se crearon los trabajos de fábrica, evolución de los trabajos sociales, y que hasta el día de hoy consisten en la experiencia de vida compartida en la casa de familias de pobladores esforzados, con jornadas laborales como la de cualquier trabajador en faenas productivas. Muchos han conocido así la dureza del trabajo obrero.
El propio Padre señala que “eran años de mucha creatividad, los niños que pasaron por el colegio San Luis en ese tiempo, creo quedaron marcados”. Así ha sido, y son varios los sanluisinos que han destacado en la vida pública, y que llevan la impronta de la formación ignaciana que entregaron, entre otros, el Padre Barber .
Junto a su labor educadora en el San Luis, el padre se relacionó con la comunidad de Mejillones, donde ejerció sus actividades pastorales en conjunto con la capellanía del Hogar de Cristo de la ciudad.
Pese a los lazos que formó con Antofagasta, en 1988 pidió nuevamente su traslado. Quería “cambiar de clima y de trabajo también”. Ya eran 25 años de trabajo educativo. En Arica, recientemente habían fallecido dos sacerdotes jesuitas, de modo que esa fue la nueva destinación del padre Barber .
En Arica, después de un tiempo como Vicario de la Parroquia Santa Cruz, una de las tres parroquias jesuitas de la ciudad, el Padre aceptó la misión de ser asesor de los Bailes Religiosos, que en Arica son un considerable grupo de devoción formado por más de cien Bailes distintos. En sus palabras, “los Bailes Religiosos son comunidades cristianas donde grupos de 12 a 50 personas se unen para bailar, a la Virgen y al Señor. Su forma de expresar su fe, su oración, es a través de la danza y el canto”. Hay que destacar que estos Bailes tienen una fuerte influencia de la cultura aymara, de modo que son un foco de encuentro entre la cultura chilena y la indígena, que el Padre Barben fue asimilando a lo largo del tiempo como parte de su inserción “en otra cultura, que no solamente no es la mía en Chile, sino que dentro de la cultura chilena era como una subcultura, en el buen sentido de la palabra”.
Los Bailes Religiosos hacen su labor en sus fiestas anuales en las que peregrinan para adorar a la Virgen del Carmen de la Tirana, la Virgen del Rosario de Las Peñas y la Virgen de los Remedios de Tirnalchaca. La más grande es, por supuesto la Fiesta de la Tirana, que dura ocho días y en las que la preparación de trajes, danzas etc. deslumbran a todo el país.
La labor del Padre Barben como asesor de los Bailes Religiosos de Arica, duró hasta el año 2008 y a lo largo de ella sin duda ayudó a promover esa manifestación de fervor, a la que algunos atribuyen la mantención de la fe católica en el norte grande. Su compromiso con los Bailes ha tenido también un cortelato doctrinal, pues ha cristalizado en el apoyo de una expresión religiosa que fue durante mucho tiempo mal mirada o destinada a desaparecer, y que incluso hoy es difícil de aceptar dentro de la misma Iglesia. No ha sido así en Arica, gracias en gran parte al esfuerzo del Padre Barbet, y en esa ciudad los Bailes se han convertido en parte importante de la comunidad católica y laica. La ciudad le ha reconocido con la inauguración de una plaza que lleva su nombre ubicada en el santuario de la Virgen de las Peñas.
Actualmente, el Padre Barben , cercano a los 80 años, atiende con la misma humildad y cercanía con que llegó a Chile en la década de los sesenta, la Parroquia de la Santa Cruz en la Comuna de Estación Central, en Santiago.
Es oportuno terminar esta semblanza del Padre Eugene Barber S.J. con algunas de sus palabras, que reflejan bien lo que ha sido su vida en nuestro país:
“Ser jesuita significa una vida de entrega, servido al pueblo de Dios. Compartir un poco el dolor, la soledad, la pena del pueblo, también sus alegrías, sus fiestas, sus amistades (..) Ser jesuita también es la posibilidad de vivir una vocación a concho, una pida de servido, de cercanía, con mucha libertad, de encontrar la realización de uno sobre la marcha. Uno entra a la Compañía, creo, buscando su propia realización, pero como una consecuencia quizás de servir a las demos Sentirse parte del pueblo, no superior, no para imponer. Para acompañar la peregrinación del pueblo de Dios.”.
Por todo lo anterior, una vida dedicada a materializar el espíritu misionero en nuestro país, por las huellas que su obra educativa y de promoción cultural ha dejado tanto en el norte como en el sur de Chile; y por ser un modelo de virtud digno de ser seguido por las generaciones venideras es que venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único:
“Concédase, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote estadounidense John Eugene Baxber Vanston ”.