Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Pablo Lorenzini Basso
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RECONOCIMIENTO A CONSTANZA VERDUGO, RECIENTEMENTE FALLECIDA EN ESPERA DE UN TRANSPLANTE PULMONAR. Minuto de silencio. Proyecto de acuerdo.
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- RECONOCIMIENTO A CONSTANZA VERDUGO, RECIENTEMENTE FALLECIDA EN ESPERA DE UN TRANSPLANTE PULMONAR. Minuto de silencio. Proyecto de acuerdo.
- V. ORDEN DEL DÍA
- DEROGACIÓN DE DISPOSICIÓN SOBRE LENGUAJE DE SEÑAS, CONTENIDA EN LEY N° 20.422 SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Monica Beatriz Zalaquett Said
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE INHABILIDADES PARA CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES Y CREACIÓN DE REGISTRO DE DICHAS INHABILIDADES. Tercer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- ADECUACIÓN DEL DFL N° 1, DEL MINISTERIO DE SALUD, DE 2006, A LEY N° 20.575, RELATIVA AL PRINCIPIO DE FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- DEROGACIÓN DE DISPOSICIÓN SOBRE LENGUAJE DE SEÑAS, CONTENIDA EN LEY N° 20.422 SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A ADULTOS MAYORES DE CLASE MEDIA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Perez Arriagada
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Rene Alinco Bustos
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Marcos Espinosa Monardes
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Adriana Munoz D'albora
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EJECUCIÓN ESTATAL DE OBRA EMBALSE LA PUNILLA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Carolina Goic Boroevic
- Enrique Jaramillo Becker
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jorge Tarud Daccarett
- German Verdugo Soto
- Jose Perez Arriagada
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A ADULTOS MAYORES DE CLASE MEDIA.
- VII. INCIDENTES
- FISCALIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS PRESENTADAS POR FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO MONTT. Oficio.
- PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL AERÓDROMO DE CURACAVÍ.
- RECURSOS PARA ACREDITACIÓN DE HOSPITAL BASE DE VALDIVIA. INFORMACIÓN SOBRE CÁMARAS DE VIGILANCIA. Oficios.
- EXENSIÓN DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA E IVA A IGLESIAS EVANGÉLICAS. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Manuel Monsalve Benavides
- Rosauro Martinez Labbe
- Joel Rosales Guzman
- Felipe Salaberry Soto
- ADHESION
- RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES Y TRANQUES EN ZONAS DE SEQUÍA. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Manuel Monsalve Benavides
- Rosauro Martinez Labbe
- Joel Rosales Guzman
- Felipe Salaberry Soto
- ADHESION
- LLAMADO A LICITACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE CARRETERA DE NAHUELBUTA. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Manuel Monsalve Benavides
- Rosauro Martinez Labbe
- Joel Rosales Guzman
- Felipe Salaberry Soto
- ADHESION
- HOMENAJE A VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA DE ANTUCO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Pepe Auth Stewart
- Nino Baltolu Rasera
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Manuel Rojas Molina
- Alejandro Santana Tirachini
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Carolina Goic Boroevic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Pepe Auth Stewart
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcos Espinosa Monardes
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Becker Alvear
- Mario Bertolino Rendic
- Jose Manuel Edwards Silva
- Joaquin Godoy Ibanez
- Rosauro Martinez Labbe
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Alejandro Santana Tirachini
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- German Verdugo Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 30ª, en jueves 17 de mayo de 2012
(Ordinaria, de 10.07 a 13.15 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás, y Recondo lavanderos, don Carlos.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 9
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Reconocimiento a Constanza Verdugo, recientemente fallecida en espera de un transplante pulmonar. Minuto de silencio. Proyecto de acuerdo 14
V. Orden del Día.
- Derogación de disposición sobre lenguaje de señas, contenida en ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Primer trámite constitucional 19
- Establecimiento de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y creación de registro de dichas inhabilidades. Tercer trámite constitucional. (Sobre Tabla) 37
- Adecuación de DFL N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006, a ley N° 20.575, relativa al principio de finalidad en el tratamiento de datos personales. Primer trámite constitucional 47
VI. Proyectos de acuerdo.
- Exención del pago de contribuciones a adultos mayores de clase media 48
- Ejecución estatal de obra del embalse La Punilla 51
VII. Incidentes.
- Fiscalización de licencias médicas presentadas por funcionario de la Dirección de Administración Municipal de Puerto Montt. Oficio 53
- Problemas relacionados con el Aeródromo de Curacaví. Oficio 54
- Recursos para acreditación de Hospital Base de Valdivia. Información sobre cámaras de vigilancia. Oficios 54
- Exención de pago de Impuesto a la Renta e IVA a iglesias evangélicas. Oficios 55
- Recursos para construcción de embalses y tranques en zonas de sequía. Oficios 56
- Llamado a licitación para ampliación de carretera de Nahuelbuta, Región del Biobío. Oficios 56
- Homenaje a víctimas de la tragedia de Antuco 57
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto sobre “Fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca.”. (boletín N° 7947-03) (S). (113-360) 58
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.”. (boletín N° 7678-02). (109-360) 58
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles.”. (boletín N° 8302-05). (112-360) 59
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Crea el Ministerio del Deporte”. (boletín N° 8085-29). (080-360) 59
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con enmiendas, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “simple”, que “Mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato.”. (boletín N° 7411-01). (505/SEC/12) 60
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades.”. (boletín N° 6952-07). (506/SEC/12) 61
7. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, sobre “Fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca.”. (boletín N° 7947-03) (S). (507/SEC/12) 63
8. Primer informe de la Comisión de Trabajo recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Regula el trabajo de los conductores de taxis colectivos.”. (boletín N° 7934-13) 78
9. Moción de los diputados señores Vargas, Ascencio, Auth, Baltolu, Gutiérrez, don Hugo; Marinovic, Rojas y Santana y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta, y Goic, doña Carolina, que “Modifica el artículo 67 del Código del Trabajo, estableciendo un feriado anual de 20 días para las zonas que indica”. (boletín N° 8305-13) 85
10. Moción de los diputados señores González, Auth, De Urresti, Espinosa, don Marcos; Hales y Saffirio, que “Modifica la ley del consumidor con el objeto de establecer la gratuidad de los servicios conexos para los clientes de centros comerciales y servicios de uso público”. (boletín N° 8306-03) 87
11. Moción de los diputados señores García, don René Manuel; Becker, Bertolino, Edwards, Godoy, Martínez, Rivas, Santana, Sauerbaum y Verdugo, que “Autoriza el uso de camionetas, jeeps y vehículos todo terreno como taxis de pasajeros en caminos de tierra y ripio”. (boletín N° 8307-15) 89
Pág.
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
12. artículo 86 del decreto ley N° 3.500. Rol 2196-12-INA. (7326) 91
13. artículo 5° transitorio de la ley N° 19.585. Rol 2192-12-INA. (7341) 91
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Acuerdo de los Jefes de los Comités Parlamentarios por el que, a solicitud de la Comisión de Salud, aclaran el tenor del mandato otorgado a esa Comisión para constituirse en investigadora.
2. Nota del diputado señor Lorenzini, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de mayo en curso, para dirigirse a Europa.
3. Oficios:
- Del Presidente de la Cámara por el que comunica que el diputado señor Felipe Harboe no integrará la delegación chilena que visitará Nueva York, Filadelfia y Washington los días 16, 17 y 18 de mayo próximo, en el marco del desarrollo del sistema de análisis delictual (92).
Respuestas a oficios Cuenta 30ª
Ministerio de Educación:
- Diputado Espinosa don Marcos, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con el actual proceso de otorgamiento de asignaciones por desempeño en establecimientos educacionales en condiciones difíciles, cuya entrega se efectúa a contar de marzo de 2012 hasta febrero de 2013, en particular indique si la asignación, que puede variar entre un 4% y un 8% de la remuneración mensual de los profesionales docentes, será aplicable igualmente a los asistentes de educación de los establecimientos beneficiados, y, en concreto, respecto de los que laboran en los 45 establecimientos beneficiados con ella, ubicados en las provincias de El Loa y Tocopilla, Región de Antofagasta. (308 al 6123).
Ministerio de Obras Públicas:
- Proyecto de Acuerdo 512, “Solicita a S.E. el Presidente de la República que impetre medidas para la integración entre Argentina y la Provincia de Arauco a través del proyecto Corredor Bioceánico.” (1287).
- Proyecto de Acuerdo 512, “Solicita a S.E. el Presidente de la República que impetre medidas para la integración entre Argentina y la Provincia de Arauco a través del proyecto Corredor Bioceánico.” (1289).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Melero, Se sirva remitir todos los antecedentes que obren en su poder, referidos a los contratos de forestación suscritos por la Municipalidad de Loncoche, Región de La Araucanía con un grupo de pequeños propietarios agrícolas, con créditos de enlace del Instituto de Desarrollo Agropecuario, entre los años 2005 y 2006, teniendo a la vista el documento anexo. (395 al 5929).
Ministerio de Salud:
- Diputado Núñez, Solicita remitir información relacionada con la gestión Clínica y Administrativa del Instituto Nacional del Tórax, a saber: el detalle de las licitaciones de endoprótesis para el tratamiento endovascular de patología aórtica torácica, además, copia de la licitación, y de las resoluciones y demás actos administrativos vinculados a este procedimiento, para la compra de tres máquinas de circulación extracorpórea, también, copia del Convenio, y demás documentos relacionados, suscritos para la atención quirúrgica en la Clínica Dávila de pacientes beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que reciben atención de salud en el mencionado Instituto, debido a obras de mantención en sus instalaciones, y, finalmente, informar respecto de eventuales dobles pagos exigidos a beneficiarios de Fonasa en el Servicio de Electrofisiología y Hemodinamia del recién señalado centro asistencial. (1465 al 5893).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita disponer se verifique la intervención del canal La Pampa por parte de la empresa encargada de la construcción de viviendas en el sector Cisternas, en la comuna de La Serena y, además, se adopten las medidas necesarias para evitar, de ser el caso, que la mencionada intervención afecte la normal evacuación de las aguas lluvias. (195 al 3223).
- Proyecto de Acuerdo 518, “Solicita el establecimiento de un plazo perentorio para finalizar la reconstrucción de Tocopilla.” (186).
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
- Diputada Vidal doña Ximena, Solicita informar sobre las razones del mal funcionamiento de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y, asimismo, acerca de los planes o procesos considerados para el mejoramiento del trabajo de las mencionadas oficinas. (30 al 5455).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita hacerse cargo de la preocupación de vecinos de la comuna de Andacollo por la aprobación de la instalación de la planta minera Carolina en la localidad de El Manzano, sector agrícola de la mencionada comuna, además, instruir se fiscalice rigurosamente la observancia de la normativa pertinente en las detonaciones de explosivos que realiza frecuentemente la compañía minera Dayton en las cercanías de la localidad de El Toro, en la señalada comuna, y, por último, informar, en el contexto del futuro Plan de Descontaminación de Andacollo, respecto del estudio sobre el impacto que la calidad del aire tiene en la salud de los habitantes de la comuna, declarada zona saturada por contaminación ambiental. (121428 al 6076).
Intendencias:
- Diputado Araya, Se sirva remitir a esta Cámara copia del informe técnico sobre impacto vial del “Boulevard Maipú”, en la comuna de Antofagasta, que debió emitir para la aprobación del proyecto e informe sobre las medidas de mitigación que se implementarán. (833 al 5899).
Servicios:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informe respecto de la situación de la Población Huancara, comuna de Vicuña, sector que no aparece considerado en el Plano Regulador Comunal, y adopte las medidas del caso tendientes a ponerle término, y, además, acerca de la factibilidad de destinar parte del terreno, ubicado al norte de la ex Estación de Trenes de Vicuña, aledaño a la cancha de fútbol de la Población Huancara, y que tendría el carácter de “reserva Serviu”, a la Junta de Vecinos de dicha población, para los efectos de la construcción de su sede vecinal (2355 al 3967).
- Diputado Díaz don Marcelo, Reitera el oficio N° 3967 de esta Corporación, de fecha 14 de julio de 2011, y en definitiva remita la información solicitada, especialmente la relacionada con la factibilidad de entregar a la Junta de Vecinos de la Población Huancara, -para la construcción de una sede vecinal u otra infraestructura de beneficio comunitario-, parte del terreno, considerado “reserva Serviu”, ubicado al norte de la ex estación de trenes de Vicuña, aledaño a la cancha de fútbol de la mencionada población. (2355 al 6013).
- Diputado Díaz don Marcelo, Pavimentación del sector perteneciente a la junta de vecinos de la población Huancara, en la comuna de Vicuña (2355 al 6040).
- Diputado Ojeda, Solicita informar acerca de si se ha dado cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 6° del Convenio número 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con la solicitud para el otorgamiento de derechos consuntivos de aguas presentada por la empresa Generadora Eléctrica de Energía del Sur Limitada. (246 al 5948).
Varios:
- Diputado Sandoval, Fiscalización de actividades lucrativas de operadores turísticos extranjeros con visas de turista (390 al 6203).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Solicita informar respecto de que, eventualmente, la Policía de Investigaciones no presenta denuncias por delitos relativos al tráfico ilícito de estupefacientes en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, debido a que, en dicho tribunal, a instancias de la fiscalía local, se persigue criminalmente a tres de sus funcionarios por los delitos de robo con intimidación, detención ilegal y abusos en contra de extranjeros y, asimismo, acerca de las razones por las que, desde el mes de abril de 2011, no se han presentado denuncias por los antes delitos referidos, en el mencionado juzgado y, además, para que tenga a bien disponer la instrucción de un sumario tendiente a determinar la eventual responsabilidad en los hechos señalados del señor Jefe de la Brigada Antinarcóticos de Iquique , remitiendo sus conclusiones a esta Cámara. (393 al 6010).
- Diputado Letelier, Investigación de robo de caballos corraleros de fina sangre en Melipilla. (398 al 6098).
- Diputado De Urresti, Solicita informar, con motivo de la contaminación por petróleo del río Llollelhue, en la comuna de La Unión, lo siguiente: a) el cumplimiento por parte de la empresa responsable de la normativa sobre prevención y mitigación de este tipo de situaciones, b) la ocurrencia de eventos similares con anterioridad, c) las acciones que se ejecutarán para evitar, o al menos reducir, las ocurrencia de otro derrame, y, d) la cantidad de petróleo derramado al mencionado río, el impacto que tendrá en el afluente, y las exigencias realizadas una vez producido el derramamiento a la empresa responsable. (4975 al 5976).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita, con motivo de la eventual desprotección que significaría para más de mil familias de Correntoso, Lauca, Río Chico, Polincay, Río Blanco y Lago Chapo, localidades rurales de Puerto Montt, el traslado de un retén a la localidad de Piedra Azul, disponer se estudie la factibilidad de mantener un retén en la localidad de Correntoso o, en su defecto, la instalación de un retén móvil, con el compromiso formal de permanencia en el sector, que atienda las necesidades de seguridad de sus habitantes. (693 al 3337).
- Diputado Van Rysselberghe, Asumir personalmente el liderazgo de los proyectos, contemplados en el denominado “Triángulo de la Seguridad Ciudadana del Gran Concepción”, que consiste en dotar de comisarías a las comunas de San Pedro de la Paz y Chiguayante, y al sector Barrio Norte penquista, Región del Biobío , e informe a esta Cámara. (694 al 5936).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (99)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvieron presentes los diputados señores Pedro Browne Urrejola, Jorge Burgos Varela, Javier Hernández Hernández, Alejandro Santana Tirachini e Ignacio Urrutia Bonilla, y la diputada señora María Angélica Cristi Marfil.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.07 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 24ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 25ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en la Cuenta figura un oficio de su señoría mediante el cual se señala que la Mesa ha declarado inadmisible la moción de los diputados señores Araya , Vallespín , Saffirio y Walker ; de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda , Adriana Muñoz , Carolina Goic y Denise Pascal y de quien habla.
Quiero saber qué argumentos tiene el Presidente para declarar inadmisible la moción, porque, según lo que habíamos conversado con la Secretaría de la Corporación y con su señoría, el proyecto sería declarado admisible y se daría Cuenta de su ingreso en la sesión de hoy. Por eso, nos sorprende la declaración de inadmisibilidad.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente , tampoco se individualiza el proyecto; no sabemos de qué se trata.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , el proyecto modifica el Código de Aguas para eximir del pago de la patente, prescrito en los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, a pequeños productores agrícolas, campesinos, comunidades agrícolas y comunidades indígenas que se señalan.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Según me informa Secretaría, efectivamente hay un error en la Cuenta. No obstante, sugiero que este punto -sobre el cual la Mesa ya fijó su posición- sea incorporado en la Cuenta de la sesión del próximo martes, por si existiera alguna disconformidad. Repito, la Mesa ya tomó su posición respecto de la admisibilidad de la moción, que no es la que se consigna en la Cuenta de hoy.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , para los diputados miembros de la Comisión de Agricultura es muy importante que el proyecto se declare admisible y sea remitido a dicha Comisión, toda vez que en ella estamos tratando modificaciones al Código de Aguas y otras materias, en conjunto con el Ministerio del ramo y la Dirección General de Aguas, que dicen relación con los pequeños agricultores
.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señora diputada , el próximo martes daremos cuenta del proyecto y, según me informa la Secretaría, será remitido a la Comisión de Agricultura.
RECONOCIMIENTO A CONSTANZA VERDUGO, RECIENTEMENTE FALLECIDA EN ESPERA DE UN TRANSPLANTE PULMONAR. Minuto de silencio. Proyecto de acuerdo.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señores diputados, por acuerdo unánime de los Comités, hoy hemos querido ser parte de lo que fueron los sueños y anhelos de la joven Constanza Verdugo, quien falleció el pasado jueves, a la espera de un trasplante pulmonar.
Se encuentra presente en la tribuna de honor la señora Norma Henríquez, madre de Constanza Verdugo. La acompañan Luz Marina Arismendi, tía de Constanza, y el señor Jaime Cerda.
Pocas horas antes morir, Constanza escribió una carta, que no tenía destinación privada, con la cual quería dejar una huella y un testimonio para el país. La Cámara de Diputados consideró oportuno hacer eco de esa carta, para que todo Chile la conozca, y renovar el compromiso de los parlamentarios que representamos a las distintas zonas del país, de promover la decisión de cada persona en pos del trasplante de órganos.
Antes de dar lectura a esa carta, la unanimidad de los diputados acordamos guardar un minuto de silencio en memoria de Constanza, y firmar un proyecto de acuerdo que reflejara nuestro compromiso de difundir y promover, en cada provincia y en cada región, el trasplante de órganos.
Pido un minuto de silencio en memoria de Constanza Verdugo.
-Los señores diputados, las señoras diputadas, funcionarios y asistentes a las tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Muchas gracias.
Procederé a dar lectura a la carta.
“Perdón por mandarla a llamar a esta hora, pero las dos únicas personas que más tengo cerca son usted y la tía Gemis. A pesar de todo lo que pueda venir, yo voy a seguir dando el mil por ciento. Pero está llegando un momento en que mis pulmones ya no podrán solitos, y hoy me lo han dicho a gritos.
Quería decirles a las dos que cualquier cosa que encuentren necesaria para hacer que salga el trasplante, lo hagan. Pero tengo que dar el mensaje de que mi cuerpo está dando lo que tiene y lo que no, y que es hora de que se den cuenta que esto es urgente, que no se puede seguir dilatando más.
Lo que más me da lata no es dejar este mundo, lo que más siento es no poder hacer todas esas cosas que quiero hacer. Quiero luchar y este es el momento, antes de que sea demasiado tarde y mis músculos se fatiguen. No quiero que pase, porque de mí no se librarán tan fácilmente, hasta que cumpla con todo lo que tengo que luchar. Sé que las únicas personas que pueden actuar más rápido son ustedes, las personas que quiero y en todo momento las tengo presente, y me da cosita molestarlas, pero tengo que lograr el objetivo con la donación de órganos y con la fibrosis quística, y no me quedaré en paz hasta que se consiga.
A mi mami no la quise llamar porque está lejos y se angustiará más aún, la tía Lulú está lejos en la playa y no quiero que se asuste. Mi intención no es asustar a nadie, solo decirles lo que no puedo decir en este
momento y que, independiente de lo que pase conmigo, que esto no se quede así, ni más personas tengan que morir.”.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, para cumplir con el objetivo que se nos ha planteado en la carta, pido que se nos remita a cada uno a nuestros correos institucionales, a fin de replicarla en nuestras respectivas regiones.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA.- Señor Presidente , la carta que nos hizo llegar Constanza refleja el tremendo dolor que produce el hecho de que la sociedad no reaccione frente a lo que está ocurriendo.
Por eso, firmaremos el proyecto de acuerdo que se ha presentado y trataremos de hacer todo lo posible para mejorar esa situación. Pero la verdad es que dicha mejora depende de la voluntad de todos los chilenos y chilenas.
Envío un afectuoso y cariñoso saludo a la familia de Constanza, en forma muy especial a su abuela, que le entregó todo su amor y preocupación, ya que siempre estuvo pendiente de su crianza.
Señor Presidente, anuncio que la bancada Regionalista apoyará el proyecto de acuerdo que se ha presentado.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente , me uno a la emoción que embargó a esta Sala por la lectura de la carta de Cony, una niña de Peumo, cuya historia conocí -aunque soy diputado por Rancagua -, porque marcó profundamente a toda la región y a todo el país.
El caso de Constanza es un llamado de atención lamentable. Se ha perdido una vida, lo que nos debe llevar a reflexionar sobre cómo estamos legislando y cómo estamos haciendo las cosas.
Lo ocurrido afecta fuertemente a una familia en particular y a las familias chilenas en general.
La bancada de la Unión Demócrata Independiente adhiere a las condolencias a la familia de Constanza y hace un llamado al Parlamento para que trabajemos y legislemos para evitar este tipo de casos.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , es muy importante que todo Chile conozca esta carta, ya que muchas veces se flaquea frente a la dramática decisión de entregar nuestros órganos. Constanza nos da el tremendo ejemplo al respecto, ya que enfrentada a una situación límite, actúa con generosidad, con delicadeza y con un enorme sentido humano.
Los diputados debemos tomar como nuestro deber dar a conocer esta carta, conversar con la ciudadanía y sensibilizarla, para que todos los chilenos y chilenas sigamos el ejemplo de Constanza.
Gracias Constanza, gracias a su familia.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , escuchar el relato de esta pequeña nos hace repensar lo que hemos hecho cada uno de nosotros respecto de este tema.
Nosotros llevamos muchos años preocupados por esta situación, y digo “nosotros”, porque los legisladores y los comunicadores hemos trabajado en esa línea en las campañas y en los medios para generar conciencia sobre el particular. Eso es lo que hoy falta.
No solo con leyes conseguiremos que las personas donen sus órganos; es necesario crear conciencia. Debemos lograr que los gobiernos de turno generen programas que lleguen a todas las personas y que les quiten los miedos de que si donan sus órganos, estos serán vendidos o entregados en el mercado negro.
Hoy estamos lamentando la muerte de una joven, de una pequeña que dejó su testimonio. ¿Por qué tenemos que llegar a esto? Debemos ser más solidarios y entregar vida. Hemos visto muchos casos similares en las últimas semanas.
Pero también hemos visto a través de la televisión el ejemplo de una madre que perdió a su hijo, pero que considera que sigue vivo, porque donó sus órganos, es decir, entregó vida a otras personas. Hoy, las familias que recibieron esos órganos no están llorando, sino que tienen una gran sonrisa en sus caras.
Reitero, es importante no solo que los diputados legislemos, sino también que quienes nos están viendo en sus casas a través del canal de la Cámara tomen conciencia de lo que significa entregar vida.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente , tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños de vida en el momento en que entré a estudiar Medicina. Logré titularme como médico, y en el ejercicio de la profesión -también mientras estudiaba- pude hacer carne una convicción: detrás de cada persona que uno atiende, detrás de cada paciente, existe una historia de vida, una familia, un drama.
Cuando conversamos y discutimos sobre cómo mejorar la salud de las personas, estamos defendiendo el derecho de la gente de resolver algo tan importante como es su salud.
La carta de Constanza que el señor Presidente acaba de leer es un hermoso resumen del drama que viven muchos chilenos que requieren de la ayuda de todos nosotros para mejorar su salud y, en otras ocasiones, incluso para prolongar sus vidas.
Por esa razón, agradezco la grandeza que tuvo la familia de Constanza al entregar esa carta y por asistir a esta sesión.
Quiero pedir al Congreso Nacional, no solo a la Cámara de Diputados, que ha hecho mucho respecto de la ley de Donación de Órganos, que tramite con urgencia un proyecto que presentamos varios parlamentarios el año pasado para mejorar dicha ley.
Asimismo, pido al Ministerio de Salud que también haga su mayor esfuerzo -sabemos que los ha hecho en esta línea- para entregar mejores oportunidades a la gente que ve que se extingue su vida diariamente por no tener órganos disponibles o un medicamento para frenar su enfermedad, como es el caso de la fibrosis quística.
Finalmente, pido a los chilenos y chilenas que entendamos y tengamos claro en nuestras conciencias que la donación altruista es algo fundamental en una sociedad que pretende ser más humana y mucho menos egoísta.
Donar órganos es donar vida.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, cada uno de nosotros tiene sentimientos encontrados y todos queremos decir algo.
He pedido la palabra por dos razones.
Muchos parlamentarios propusimos una serie de proyectos de ley sobre esta materia desde la década del 90 en adelante. La mayoría de esos diputados no está en el Congreso. Una de las primeras en presentar un proyecto de ley sobre donación universal de órganos fue la entonces diputada Carmen Ibáñez , a quien acompañé en la iniciativa.
Durante muchos años hemos seguido luchando en la materia.
Pero, más allá de lo que puede hacer este o cualquier gobierno, creo que esto depende de nosotros. Debemos apurar la tramitación de la legislación, que muchas veces se ha entrabado por discusiones jurídicas o por convicciones religiosas, que entorpecen el camino para obtener resultados concretos.
No hay duda de que nunca se termina de conocer al ser humano tanto en lo malo como en lo bueno. Esta es una muestra de cómo un ser humano puede demostrar su inmenso amor y generosidad por el prójimo, y debe ser una huella que nos anime a todos los parlamentarios, por sobre las diferencias políticas, a avanzar con decisión, en serio.
Todos los gobiernos durante estos veinte años, unos más, unos menos, se han preocupado de este asunto. Y somos nosotros quienes no nos hemos puesto de acuerdo al respecto.
Por lo tanto, el llamado es a la Cámara de Diputados y al Senado para que la carta de Constanza Verdugo no solo estremezca y emocione, sino que también deje una huella. Y eso depende exclusivamente de nosotros.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , seré breve en mi intervención.
Como parlamentario de región, deseo sumarme a esta materia tan sensible. Creo que todos los colegas que estamos acá hemos sido testigos de dramas de este tipo en nuestras regiones en diferentes momentos. Al respecto, uno nota no solo mucha desinformación en la ciudadanía, sobre todo en lo que se refiere a la donación de órganos, sino también, a veces, egoísmo de parte de la misma sociedad.
Señor Presidente , solo quiero pedirle que encabece ante el Ejecutivo y el Parlamento una ofensiva muy fuerte en esta materia. Porque usted sabe que en este país, cuando hay voluntad política, las leyes pueden materializarse en forma mucho más rápida, y el proyecto de ley sobre la situación que en este momento nos convoca requiere, obviamente, avances importantes.
Ojalá no nos quedemos solo en los hermosos y muy sensibles discursos que hoy día hemos escuchado, sino que iniciemos, con usted, señor Presidente , a la cabeza, una campaña de donación de órganos dentro del propio Congreso Nacional.
Porque me pregunto cuántos de los ciento veinte que estamos acá son donantes de órganos. No todos, por cierto. Me alegra mucho ver tantas manos levantadas en la Sala, espero que a ellas se sumen muchas más, porque creemos que el ejemplo debemos darlo primero en casa, para luego sensibilizar al país en una materia respecto de la cual aún falta mucho que informar a la comunidad nacional.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Muchas gracias a todos los diputados que intervinieron en esta oportunidad.
Pido a los jefes de las bancadas o a un representante de cada una pasar a firmar el proyecto de acuerdo que votaremos a continuación.
-Representantes de todas las bancadas proceden a firmar el proyecto de acuerdo N° 633.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 633.
El señor ÁLVAREZ (Secretario).- Proyecto de acuerdo N° 633, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar a S.E. el Presidente de la República realizar por medio del Ministerio de Salud acciones positivas a fin de reforzar la disposición de los chilenos y chilenas a donar sus órganos en beneficio de personas que se encuentran en las listas de espera y a sensibilizar a las familias a fin de que se respete la voluntad de sus deudos de donar sus órganos una vez que dejen de cumplir su función vital.
Solicitamos, además, que se coloque urgencia al proyecto que se tramita en el Congreso Nacional con el fin de que la decisión de las personas sobre este tema no se realice en forma paralela a un trámite administrativo (renovación de cédula de identidad y carnet de conducir), sino que en una instancia diferente que permita que esta decisión de vida sea lo más informada posible.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Reiteramos nuestros saludos a la madre de Constanza Verdugo, doña Norma Henríquez; a doña Luz Marina, su tía, y a don Jaime Cerda.
Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
V. ORDEN DEL DÍA
DEROGACIÓN DE DISPOSICIÓN SOBRE LENGUAJE DE SEÑAS, CONTENIDA EN LEY N° 20.422 SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en la forma que indica.
Diputada informante de la Comisión de Superación de la Pobreza , Planificación y Desarrollo Social es la señora Andrea Molina.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7988-11, sesión 94ª, en 11 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Superación de Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, sesión 23ª, en 8 de mayo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Comunico a la Sala que el informe que entregará la diputada señora Andrea Molina y el posterior debate del proyecto serán transmitidos mediante lenguaje de señas a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados. Ello, para que las personas con discapacidad auditiva puedan seguir esta etapa de la tramitación legislativa de la iniciativa.
Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Superación de la Pobreza.
La señora MOLINA , doña Andrea (de pie).- Señor Presidente , para mí es un honor informar este proyecto de ley, que es un sueño de muchos años y que contribuye a que avancemos en la inclusión social de las personas con discapacidad.
Para los discapacitados y sus familias -muchos de quienes nos acompañan hoy en las tribunas- este es un momento relevante.
En nombre de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, paso a informar el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, boletín N° 7988-11.
El proyecto fue iniciado por moción de los diputados señores Accorsi, don Enrique ; Carmona, don Lautaro ; señora Cristi , doña María Angélica ; señor Eluchans, don Edmundo ; señora Molina , doña Andrea, y señor Torres, don Víctor .
El proyecto en informe consiste en eliminar una antinomia que existe en la ley
N° 20.422, toda vez que su artículo 26 consagra expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda. Empero, el inciso sexto del artículo 1° transitorio, prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.
Asistieron a la Comisión durante la discusión del proyecto el señor Oscar Mellado , subdirector del Senadis, y la señora Elia Puentes , fiscal del Senadis. Concurrieron, además, los señores William Martínez , director regional de la Sexta Región del Senadis ; las señoras Sandra Candia , jefa de Gabinete del Senadis, y Victoria Silva , apoderada del Instituto de la Sordera, Indesor, y Andrea González, intérprete de sordos.
También concurrieron los señores Fernando Ayala , presidente ; Juan Luis Marín , vicepresidente; Christian Muñoz , secretario; Marcelo Salamanca , asesor, todos de la Federación Nacional de Sordos de Chile, Fenasoch; la señora Victoria Silva , apoderada del Instituto de la Sordera, Indesor; Eduardo Casanueva , telefonista de la Cámara de Diputados, y el señor Melitón Bustinza , intérprete de sordos, a quien le envío un caluroso saludo, ya que he sabido que no se encuentra muy bien de salud.
En la moción objeto de este informe se sostiene que la sordera ha sido convencionalmente definida como la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a la pérdida de una capacidad auditiva de orden parcial o total. Por ello, una persona sorda será absolutamente incapaz de oír o bien tendrá dificultades para oír. Lo anterior puede tener su origen en causas genéticas o en una enfermedad, en un traumatismo, en exposición continua al ruido, o bien en mecanismos nocivos para el nervio auditivo.
Estas anomalías de orden biológico y somático tienen grandes repercusiones en todos los ámbitos de la vida, en especial en lo que se refiere al plano social y consecuencialmente en el jurídico.
En efecto, la sordera puede afectar considerablemente la forma en que la persona se relaciona con su entorno, al encontrarse con una seria limitación en su capacidad para encontrar una vía de comunicación por el canal auditivo, es decir en el lenguaje oral.
Es así como este asunto se traspasa hacia el ámbito jurídico, plasmando de una u otra forma los inconvenientes que en los hechos los sordos sufren en su vida cotidiana. Por ejemplo, el sordo en nuestra ley civil y cumpliendo con ciertos requisitos adicionales era considerado como un relativamente incapaz, vale decir, debía actuar en el mundo del derecho a través de un representante legal; en caso contrario, sus actos eran nulos.
Posteriormente, y en virtud de modificaciones al Código Civil y a la Ley de Matrimonio Civil, entre otros cuerpos legales, se ha incorporado el lenguaje de señas como elemento de validez de los actos y contratos en que tales personas intervienen, incluyendo con ello factores de mayor igualdad en las relaciones jurídicas, en consonancia con lo que la propia Constitución Política establece en materia de igualdad ante la ley, como asimismo, con los pactos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
La Constitución Política, en el número 2° de su artículo 19, consagra el derecho constitucional de la igualdad ante la ley.
La ley N° 20.422, tiene entre sus objetivos asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con la finalidad de alcanzar su plena inclusión social, eliminando cualquier forma de discriminación fundada, en este caso, en la sordera que las afecta. Además, la ley en comento establece el deber del Estado de promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
El artículo 26 de la ley N° 20.422 dispone expresamente: “Se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda”. Sin embargo, el inciso sexto del artículo 1° transitorio del mismo cuerpo legal prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.
En consecuencia, existe una evidente antinomia en estas dos normas, toda vez que el artículo 26 de la ley N° 20.422 consagra expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda, empero, el artículo 1°, inciso sexto de la misma ley, le niega tácitamente efectividad, al indicar que en un plazo determinado definirá el lenguaje de señas chileno.
La disposición del artículo 26 es la correcta, puesto que las lenguas no se definen, como lo pretende hacer la norma en el inciso sexto del artículo 1° transitorio, sino más bien se reconocen o declaran.
Contenido del proyecto.
Se deroga el inciso sexto del artículo 1° transitorio de la ley N° 20.422, que prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.
Discusión general.
El señor Oscar Mellado hizo entrega a la Comisión de un documento que, en síntesis, avala la presentación del proyecto de ley en esta materia, ya que puntualiza que el Servicio Nacional de la Discapacidad ha recogido la opinión de algunas organizaciones de personas con discapacidad auditiva, en el sentido de que no correspondería que el Estado fije una lengua de señas chilena.
En efecto, si bien puede señalarse que la idea de la ley N° 20.422 es fomentar el reconocimiento de la lengua de señas, no sería conveniente -según él- establecer la lengua de señas como oficial por cuanto podría limitar la posibilidad de la población con discapacidad de acceder a otros lenguajes distintos, más modernos o más fáciles de aprender, toda vez que no hay en este tema una opinión única, existiendo desde luego varios lenguajes de señas que pueden ser aplicables. De hecho, existen casi diez dialectos de lengua de señas chilena, con diferencias importantes entre una y otra, por lo que al establecer que se deberá usar la lengua de señas chilena, se está hablando de un proceso completo de certificación que es muy difícil de realizar. Incluso -señaló- al interior de la comunidad sorda no existe unanimidad sobre la lengua de señas que se debe usar, ya que cada grupo aboga por la forma de lengua que usa en su comunidad particular.
El señor Juan Luis Marín explicó que dentro de las personas sordas hay una diversidad de realidades, desde personas que están en condiciones de aprender lectura labial hasta personas que no tienen la aptitud física para ello, para las cuales es más fácil comunicarse a través del lenguaje de señas. Por lo tanto, aclara que no es factible que todas las personas sordas puedan aprender a hablar.
El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes, señores Accorsi, don Enrique ; Carmona, don Lautaro ; Chahín, don Fuad ; Gutiérrez, don Romilio ; señora Molina , doña Andrea, y Robles, don Alberto .
Discusión particular.
Puesto en votación el artículo único del proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores Accorsi, don Enrique ; Carmona, don Lautaro ; Chahín, don Fuad ; Gutiérrez, don Romilio ; señora Molina , doña Andrea, y Robles, don Alberto .
Tratado y acordado en sesiones de fechas 28 de septiembre, 5 de octubre de 2011, y 2 de mayo de 2012, con la asistencia de los diputados señores Lautaro Carmona , Enrique Accorsi ( Presidente ), Pedro Browne , Fuad Chahín , Roberto Delmastro , Fidel Espinoza , Romilio Gutiérrez , Issa Kort , Alberto Robles , Jorge Sabag y de las diputadas señoras María Angélica Cristi , Andrea Molina y Mónica Zalaquett .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , en esta sesión se ha hecho sentir que los proyectos tratados en este Hemiciclo no se refieren solo a castigos, a través del Código Penal, a economía, a materias relacionadas con el Código Civil o a conductas señaladas en la Constitución Política de la República. Aquí, los principios de sentimientos sociales son tremendamente valorados.
La firma de un gran número de parlamentarios para ser parte de la donación de órganos demuestra que estamos en buen camino. Esto coincide con una carta que todos los diputados hemos recibido de parte de los funcionarios discapacitados de las plantas municipales, cuyos planteamientos podrían considerarse durante el estudio de este proyecto, que parece relativamente simple, pero que tiene un gran contenido.
En sus fundamentos se señala que se ha tomado conciencia de la necesidad de incluir a todas las personas que, por distintas razones, pertenecen a grupos que sufren algún tipo de discriminación. Quisiera que esta fuera una norma indiscutida; pero todavía nos falta mucho por hacer.
El caso concreto de las personas con discapacidad auditiva no es una excepción y, por eso, este proyecto apunta en la dirección de evitar que en la ley sobre inclusión de personas con discapacidad se mantenga la consagración de una aparente discriminación. A ese objetivo apunta el proyecto.
Considero que la intención de los autores de la iniciativa es muy loable, por lo mismo, deberíamos apoyarla. Al respecto, quiero señalar que quienes hacemos uso de la palabra tratamos de buscar los posibles errores de las iniciativas, a fin de discutirlos y lograr legislaciones adecuadas que beneficien realmente a quienes se pretende favorecer.
Quiero hacer notar que, al legislar sobre esta materia, corremos el riesgo de tener un problema de oportunidad. No sé si la diputada informante podría tomar nota de lo que digo, a fin de que me responda si estoy equivocado y si esta situación fue discutida en la Comisión. Reitero, al legislar en este instante, corremos el riesgo de tener un problema de oportunidad, ya que lo que se deroga es un inciso de una disposición transitoria, que establece un plazo perentorio de tres años para su aplicación; pero, debemos considerar que la ley N° 20.422 entró en vigencia el 10 de febrero de 2010 y que el plazo de tres años se cumple el 9 de febrero de 2013; es decir, dentro de ocho meses. Además, el proyecto está en primer trámite constitucional en la Cámara y, después, debe ir al Senado. Es decir, el tiempo sigue corriendo.
Por cierto, voy a aprobar el proyecto, pero espero que su tramitación posterior sea lo más rápida posible, porque puede ocurrir que, eventualmente, no se cumpla con su objetivo.
Por lo tanto, me gustaría que los autores de esta loable iniciativa tengan en cuenta esta situación, a fin de que la consideren durante la discusión que estamos iniciando en esta sesión.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la disputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , para responder la pregunta del diputado señor Jaramillo , puedo decirle que la situación que señaló fue discutida en la Comisión. Sin embargo, lo más relevante dice relación con otra materia.
Lo que queremos es terminar con una situación que ha impedido a la comunidad sorda ser parte de la sociedad como corresponde, porque quienes establecieron un plazo de tres años para generar un lenguaje de señas, tampoco se comunicaron con los discapacitados. De hecho, hoy la comunidad sorda dice: “La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con esto”.
Por eso, impulsamos este proyecto, precisamente, en respuesta a su solicitud. Se trataba de una discriminación sin sentido, debido a lo cual toda la comunidad sorda estaba de acuerdo con que se derogara la norma que establece tres años, porque ellos se entienden perfectamente a través de su lenguaje de señas. Por cierto, hay diferencias. Por ejemplo, los niños se comunican de una forma distinta. Sin embargo, todos nos entendemos, si queremos hacerlo de verdad.
Por eso, hemos puesto énfasis en sacar adelante este proyecto lo más rápidamente posible. Ya estamos en conversaciones con el Senado, porque creemos que un proyecto de esta naturaleza debiera ser aprobado a la mayor brevedad.
Por otro lado, con su aprobación terminaremos con la discriminación que la comunidad sorda ha tenido que enfrentar durante muchos años. Al mismo tiempo, reivindicaremos la identidad de muchas personas que, hasta ahora, habían estado en el más completo anonimato y que han tenido que buscar formas para poder sobrevivir en un país lleno de prejuicios.
Aquí estamos reconociendo un lenguaje de señas que es único y universal y que permitirá a las personas sordas acceder no solo a la información, sino a todos los ámbitos de la vida cotidiana, llámese educación, salud, participación social o vida laboral. Estamos hablando de un reconocimiento absoluto de estas personas.
Esta modificación tiene algo muy particular. Ya no podremos afirmar que los sordos podrán integrarse a nuestra sociedad, porque lo han hecho desde siempre, con mayor o menor dificultad; seremos nosotros los que deberemos posibilitar la integración, seremos nosotros los que deberemos incorporarnos al mundo de la comunidad sorda, aprender a comunicarnos con los discapacitados, a mirarlos con los mismos ojos con que miramos al resto de las personas.
Quiero ser muy clara en esto. Debemos dar muchos pasos en esta materia. Como decía un colega, debemos ir avanzando paso a paso, para terminar con una discriminación que nosotros mismos hemos generado al subestimar a la comunidad sorda. Es cierto que no podrán escucharnos, pero tienen las facultades para realizar todas las actividades imaginables.
De manera que estamos ante un hermoso desafío. La discapacidad está en nuestras mentes, hecho que queda absolutamente demostrado con el caso de las personas sordas que hoy nos acompañan en las tribunas y a quienes deberíamos brindarles un aplauso. Los discapacitados están repartidos por todo el territorio nacional; solo debemos darles los espacios que necesitan, porque no son distintos a nosotros.
Ellos me han pedido especialmente que dé lectura -con esto termino- a los acuerdos que adoptaron en la asamblea que realizaron recientemente.
“La asamblea reconoce y acuerda, por unanimidad, con los delegados presentes de las organizaciones de personas sordas de todo el territorio nacional, que el uso correcto para denominar la lengua de señas usada por las personas sordas en Chile, como medio de comunicación, es la lengua de señas chilena, cuya sigla, en adelante, será LSCH.
Asimismo, acuerda que hay que respetar y validar el reconocimiento de la lengua de señas chilena utilizada por la comunidad de las personas sordas en nuestro país, cuya lengua es y ha sido siempre una, ya que dentro de una lengua existe variación lingüística que consiste en la concurrencia de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua.
Además, se debe reconocer y promover el valor lingüístico, cultural, social y patrimonial de la lengua de señas chilena como lengua de las personas sordas y de las actividades que estas realicen, asegurando el acceso universal inclusivo en igualdad de condiciones, para su pleno desarrollo en los diversos ámbitos: educación, salud, laboral, judicial y social, sin detrimento del uso de la pluralidad lingüística.
Se procede a firmar el acta, siendo las 18.00 horas, sin otro tema que tratar por la asamblea.”.
Me pidieron que leyera el acta, para que queden claros sus argumentos y por qué presentamos esta moción. Invito a todos los colegas a votarla favorablemente y al Senado a que la apruebe lo antes posible.
Este es un comienzo. Queremos que cuando llegue un sordo a un hospital, todos puedan entender lo que le sucede; que cuando se produzca una catástrofe en nuestro país, haya una persona, como ocurre actualmente, que les informe lo que pasa; que no terminen presos porque no escucharon o porque nadie les dijo lo que ocurría. Hay una serie de situaciones que demuestran que aún estamos a años luz en relación con otros países.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , es evidente que en las políticas públicas relacionadas con el área social, principalmente en el ámbito educacional, se han hecho esfuerzos concretos por incorporar temas relacionados con la integración y la diversidad.
En ese contexto, en 2008, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destinada a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y a promover el respeto de su dignidad.
En esa línea, el 10 de febrero de 2010, entró en vigencia la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, que se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social y tiene como objetivos establecer la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad y velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas.
Esta ley y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas constituyen el marco legislativo sobre el tema de la discapacidad en Chile.
La problemática se deriva, tal como lo precisa el informe, por la colisión con lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 20.422, al consagrar expresamente “el lenguaje de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda”, con lo establecido en el artículo primero transitorio, inciso sexto, del mismo cuerpo legal, que le niega tácitamente efectividad al disponer lo siguiente: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.
La inviabilidad de esta norma surge, como se ha dicho, porque dentro del universo de las personas con discapacidad auditiva existe una enorme diversidad de realidades, desde personas que están en condiciones de aprender lectura labial hasta las que no tienen la aptitud física para ello, para las cuales es más fácil comunicarse a través del lenguaje de señas. Por lo tanto, técnicamente, no es factible que todas las personas sordas puedan aprender a hablar.
Especialistas, como don Fernando Ayala , explican que en el país existe una lengua de señas igual para todos, pero que tiene particularidades en el vocabulario, dependiendo de la zona geográfica donde se emplee, de la edad y de las características del grupo social en que se utilice.
En consecuencia, existe una lengua de señas chilena, y lo que se requiere es su reconocimiento legal para facilitar la inclusión laboral y educacional. Pero, evidentemente, no es necesaria su definición, puesto que las lenguas no se definen, sino, más bien, se reconocen o se declaran.
Incluso más, si ello fuera posible, se limitaría la posibilidad de la población con discapacidad de acceder a otros lenguajes distintos, más modernos o más fáciles de aprender, debido a la existencia de casi diez dialectos de la lengua de señas chilena, con diferencias importantes entre uno y otro.
Por lo tanto, al establecer que se deberá utilizar la lengua de señas chilena, se está hablando de un proceso completo de certificación, lo que es muy difícil de realizar. Por lo tanto, basta con el artículo 26 de dicha ley, que reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda.
Precisado lo anterior, nos queda, desde mi perspectiva, la necesidad imperiosa, en términos de discapacidad, de generar una política pública articulada, clara y con un horizonte definido que permita determinar la forma de operacionalizar el enfoque de la discapacidad de manera inclusiva y transversal en todos los ámbitos de la sociedad.
Por lo tanto, invito a los colegas a votar favorablemente este proyecto.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , solo para apoyar esta modificación a la ley sobre discapacidad, que, como se dijo, fue promulgada el 10 de febrero de 2010 por la Presidenta Michelle Bachelet , y que nos tocó tramitar durante el período legislativo anterior.
Esta es, si no me equivoco, una de las primeras enmiendas a esa ley, a fin de concordar algo que era lógico: que no corresponde fijar un lenguaje de señas, sino reconocerlo.
Hoy, lo que está haciendo el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) es certificar un lenguaje de señas único y universal para todo el país. Como se expresó, existen algunas variaciones a lo largo y ancho del país; pero así como en el lenguaje oral en español se producen algunas diferencias, y uno recurre al Diccionario de la Real Academia Española , también en el lenguaje de señas se debería acudir a una fuente. Eso es lo que está tratando de hacer el Senadis, a través de una certificación, lo cual me parece adecuado.
No obstante, sin perjuicio de valorar esta iniciativa legal, hay aspectos mucho más relevantes de la ley N° 20.422 que todavía están pendientes, como la dictación de los reglamentos que la hagan operativa. Así, por ejemplo, se debe dictar un reglamento para la accesibilidad a la programación televisiva por las personas con discapacidad auditiva -para tal efecto, se llevó a cabo una consulta ciudadana-, materia que todavía está en trámite para su toma de razón.
También está pendiente la dictación del reglamento para la importación de ayudas técnicas y automóviles para personas con discapacidad. La ley establece una serie de exenciones tributarias, pero todavía no se ha dictado el respectivo reglamento. Por lo tanto, no es operativa.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no ha dictado el reglamento en relación con el closed caption o de sistema de subtítulos para programas de televisión, en circunstancias de que la ley establece la obligación del Estado de transmitir la programación televisiva, los noticiarios, con subtítulos para las personas con discapacidad auditiva. Eso tampoco se ha dictado.
De manera que es importante esta adecuación legal; pero, a mi juicio, es mucho más importante que el Gobierno acelere la dictación de esos reglamentos que harán operativa la ley N° 20.422, cuyos beneficios recibirán las personas con discapacidad, que ascienden a 13,2 por ciento; es decir, cerca de 2 millones de compatriotas tienen algún tipo de discapacidad.
En el mundo de la discapacidad auditiva hay mucho que hacer. Reconocer que existe un solo lenguaje en el país, es un adelanto. También hay que avanzar en el reconocimiento de las personas con discapacidad auditiva en los ámbitos universitario y estudiantil en general.
En cuanto al financiamiento del intérprete de lengua de señas para estudiantes universitarios, cada año los respectivos jóvenes deben solicitar la renovación de ese beneficio. La idea es que, cumpliéndose determinadas condiciones, el monitor acompañe al estudiante durante toda su carrera.
Esta modificación requiere un incremento presupuestario para financiar cada año no solo a los estudiantes de continuidad, sino, también, a los nuevos estudiantes sordos que ingresan a la educación superior y que requieren de ese apoyo.
La idea de la ley -cabe recordar que la discapacidad fue ratificada por la respectiva convención internacional como una cuestión de derechos humanos- es precisamente avanzar en la inclusión social de las personas con discapacidad. La iniciativa va en esa dirección, pero existen muchos otros aspectos por mejorar en materia de comunicaciones, de educación. Para eso, la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, presidida por el diputado Enrique Accorsi , ha estado abierta a todas las personas con discapacidad para escuchar sus demandas, como esta, que nació precisamente por una invitación que hicieron la diputada Andrea Molina y otros parlamentarios a la comunidad con discapacidad auditiva, y que pronto se transformará en ley.
Las puertas de la Comisión están abiertas para todas las personas con discapacidad. En dicha instancia pretendemos lograr una mayor inclusión social de esas personas y cumplir con esta ley que aprobamos en el período anterior.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , estamos discutiendo, en su primer trámite constitucional, el informe de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social sobre el proyecto que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidades, en este caso auditiva.
En Chile, el 11 por ciento de la población padecemos de algún grado de discapacidad. Se dice que nadie dice la verdad cuando señala que no sufre ningún tipo de discapacidad, pues todos, cual más cual menos, llevamos en nuestro organismo imperfecto algún grado de discapacidad. 2,5 millones de personas tienen capacidades diferenciadas en nuestro país; 90 millones en América Latina y 600 millones en el mundo. En su mayoría, son estigmatizados y marcados de por vida por ser diferentes.
Justamente, en la sesión de ayer, mientras rendíamos homenaje a la Gran Logia Masónica de Chile en sus 150 años de vida, hablábamos acerca de la importancia que tiene la tolerancia, el saber aceptar a quien es aparentemente “distinto” de la mayoría de la población, y de la importancia de respetar a quien piensa diferente, a quien no es hincha del mismo equipo de fútbol, al que no tiene la misma iglesia para llegar a Dios, a quien no pertenece al mismo partido político o no sustenta las mismas ideas políticas de sus semejantes.
En el caso de las personas con capacidades diferenciadas, la intolerancia se ha hecho presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el rubro del transporte, rara vez se ayuda a una persona que tiene dificultades para movilizarse; rara vez los organismos públicos cumplen con la ley N° 20.422, a pesar de que está llena de imperfecciones, según me han manifestado personas de diferentes clubes de discapacitados en mi distrito y en la Región de La Araucanía. Justamente, esta es una de ellas, pues a través de un artículo existe una condición para validar el lenguaje de señas en nuestro país, lo que no es necesario hacer a través de un reglamento, porque ya está reconocido dentro de la ley, más allá de los matices que puedan existir de una región a otra.
Entonces, cuando hablamos del cumplimiento de la ley N° 20.422, también nos damos cuenta de capacidades diferenciadas del Ejecutivo y del propio Parlamento, al no plantear muchas exigencias, como las que mencionó hace un momento el estimado colega Sabag.
No existe un reglamento en el ámbito del transporte público para hacer realidad lo que estipula la ley. El uso del sistema Braille lo solicitamos a través de diferentes proyectos que hemos aprobado con el objeto de que, en todas las reparticiones públicas, las personas privadas de la vista o con disminución de la agudeza visual tengan a su disposición este sistema, para que entiendan y enfrenten de mejor manera los trámites que deben realizar. Por ejemplo, si alguna persona con discapacidad quiere realizar algún trámite judicial, es preciso que se haga acompañar de un representante legal; de lo contrario, lo que diga carecerá absolutamente de legalidad.
Por otra parte, el acceso adecuado de las sillas de ruedas a los organismos públicos está limitado; incluso, muchas municipalidades no cuentan con ellos. En varios edificios de distintos ministerios aún existen serios inconvenientes. Es más, los discapacitados ni siquiera pueden acceder a las playas o lagos de nuestro país en época de verano, porque no existe la posibilidad de que, por ejemplo, una persona que se encuentra en silla de ruedas se acerque, acompañado, a la orilla del mar.
Por lo tanto, falta mucho por hacer respecto de las necesidades de los discapacitados. Para ser importados, muchos elementos técnicos aún dependen de una reglamentación. Eso permitiría mejorar la calidad de vida de tantas chilenas y chilenos que nos miran con angustia y a quienes nosotros -digo “nosotros” en general, aunque yo no lo haga- miramos como personas que no tienen la posibilidad de integrarse plenamente a esta sociedad.
Por ello, es preciso que no solo la bancada del Partido Radical apruebe el proyecto -así será-, sino todas. Además, es necesario pedir al Ejecutivo que trabaje con más ahínco para reglamentar lo que está establecido así en la ley N° 20.422.
Hasta la Ley de Matrimonio Civil reconoce como válido el lenguaje de señas en nuestro país para contraer matrimonio entre personas sordas. Por lo tanto, no podemos sino eliminar el artículo que está condicionando la aceptación definitiva del lenguaje de señas en Chile.
Ojalá que el Estado, a través del Gobierno, adopte las medidas necesarias en el asunto y que los privados, los empresarios, entiendan y acepten que, al menos, uno de cada diez funcionarios que trabajen en sus reparticiones pueda tener algún grado de discapacidad en su cuerpo o intelecto, quienes pueden desarrollar perfectamente bien las tareas adaptadas a ellos.
Ojalá que la televisión chilena, que tanto daño ocasiona al desarrollo cultural de nuestro país y tanto menosprecio manifiesta por el intelecto y la cultura, que abraza y levanta a cada rato ídolos de barro en los que se mira nuestra juventud, que a cada rato impregna de sangre los noticieros y ahuyenta la cultura de sus espacios, tome nota de que resulta imprescindible incorporar nuevamente el sistema de closed caption y el lenguaje de señas en toda su programación.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , la ley N° 20.422, que establece un marco jurídico para la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en su artículo 26 reconoce la lengua de señas como el medio de comunicación natural de la comunidad sorda. Sin embargo, esta norma termina siendo meramente declarativa debido al inciso sexto del artículo primero transitorio, que intenta otorgar al Estado una facultad que es imposible de ejercer, como es definir efectivamente cuál será en definitiva el lenguaje de señas para Chile.
Como bien expresaron la diputada informante y autora del proyecto, señora Andrea Molina , y otros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, las lenguas no se definen, sino que se reconocen y declaran. Por lo tanto, al entrar en contradicción estas dos normas -el artículo 26 con el inciso sexto del artículo primero transitorio del mismo cuerpo legal-, se transforma en una mera declaración, que no tiene una aplicación práctica.
Lo que en su momento buscó el legislador fue, justamente, que este reconocimiento como lengua natural de la comunidad sorda tuviese efectos no solo en la vida cotidiana, sino también en su vida jurídica, que se aceptara a nivel legal como su lenguaje propio y no se les exigiera darse a entender por escrito, como lo establece la legislación, para que sus actuaciones jurídicas tengan plena validez.
Por lo tanto, era necesario corregir la norma para darle aplicación práctica, para que pasara de ser una norma meramente declarativa a una de carácter sustantivo, que estableciera derechos permanentes que se puedan ejercer por la comunidad sorda.
Pero, como lo dijeron los diputados Sabag y Meza , esa ley, promulgada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , de gran importancia y que generó muchas expectativas, presenta dificultades más profundas que las que hoy estamos corrigiendo para su aplicación práctica, que dicen relación con el retardo en la dictación y total tramitación de los reglamentos en materia de sistema de closed caption -de subtitulado-, en cuanto al transporte o respecto de la importación de ayudas técnicas.
Recientemente, en esta Cámara aprobamos un proyecto de ley, del cual soy uno de los autores, que declara inembargables tales ayudas técnicas.
Sin embargo, tenemos un déficit: el alto costo de las ayudas técnicas. Por lo tanto, es importante que se dicte el reglamento correspondiente para facilitar, por ejemplo, la importación de automóviles para personas con discapacidad.
Sería conveniente que nos explicaran hasta cuándo seguiremos esperando que se tramiten totalmente los reglamentos, para que esta ley, que generó muchas expectativas, signifique un cambio en la relación del Estado y la sociedad con las personas con discapacidad, que en el país asciende a aproximadamente 15 por ciento de la población.
Además, estamos trabajando -debemos reconocerlo- muy estrechamente con el Senadis y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a fin de mejorar los proyectos de ley originados en mociones -de algunas, soy autor; otras fueron elaboradas por distinguidos colegas-, que buscan mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, no solo con algún tipo de discapacidad física, sino también intelectual o cognitiva.
Pero, no solo queremos crear una cuota, también queremos que para llenarla se contrate a personas en un trabajo donde puedan desarrollar sus capacidades y sean un real aporte a la empresa o al servicio público.
No queremos imponer una cuota por ley, y que se contrate a esas personas solo para cumplir esa exigencia, pero que terminen en una especie de subtrabajo o, como se dice en la jerga pública, en la “huesera”. No queremos afectar la dignidad de esas personas. Ellos tienen muchas capacidades y, a veces, muy desarrolladas; por lo tanto, pueden hacer un aporte. Para eso hay que establecer incentivos y generar condiciones en los servicios públicos y en las empresas, para que esas personas no solo puedan tener un empleo y sean incluidas, sino que también aporten, con todas sus capacidades, al desarrollo de la comunidad, de la economía y del servicio público.
Por lo tanto, estamos generando una batería de medidas que nos pueden permitir dar el siguiente paso: el de la plena inclusión, no solo social, sino también laboral. Pero, para lograr ese objetivo, también tenemos que avanzar en cambios culturales.
En la medida en que los proyectos de ley se debatan, como ha ocurrido en este caso, y se perfeccione y mejore la legislación vigente, también se colocará la discapacidad como un tema de discusión en nuestra sociedad, porque a veces nos cuesta verlo o solo lo abordamos durante el período en que se realiza la Teletón. Pero la discapacidad requiere de una atención mucho más profunda, rica y permanente.
El proyecto corrige una dificultad en la aplicación práctica de la ley de discapacidad y elimina una norma del articulado transitorio. Aunque esto constituye un aporte, sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Insisto en que otras dificultades de la ley para su aplicación son distintas a las que corregimos hoy, pues dicen relación, más bien, con la necesaria tramitación total de los reglamentos para su plena operación.
Valoro esta iniciativa, especialmente la labor de sus autores, encabezados por la diputada Andrea Molina , y anuncio que vamos a respaldar, con entusiasmo, este sencillo pero importante proyecto de ley.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , me sumo a las expresiones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero me voy a enfocar en un tema básico para hacer real la posibilidad de que las personas con discapacidad se puedan integrar al mundo social.
En primer lugar, la ley sobre la discapacidad fue promulgada el 10 de febrero de 2010, pero aún, después de dos años y tres meses, no cuenta con los reglamentos para su aplicación, lo que ha significado que la norma no se cumpla como corresponde.
La citada ley se preocupa especialmente de hacer viable que las personas con discapacidades puedan entrar a los colegios de educación pública y también privada, de manera que los discapacitados puedan integrarse al sistema educacional y, por consiguiente, en el futuro, a la sociedad y al mundo laboral.
En tal sentido, se planteaba que los profesores deberían aprender el lenguaje de señas, con el objeto de que en los colegios con niños que padecen discapacidad auditiva puedan integrarse al conjunto de los compañeros de curso y desarrollar sus habilidades y conocimientos, porque no es justo que, por no poder escuchar, vean disminuido su aprendizaje.
En nuestro país, lo anterior no se ha cumplido. Por el contrario, los colegios particulares, habitualmente, rechazan a los niños con discapacidades diversas; los subvencionados, a los que el Estado asigna fondos especiales, también rechazan a los niños con discapacidades diversas, y los municipalizados son obligados a recibirlos.
En muchos casos sus padres pueden pagar colegios con ciertas características, pero esos niños terminan en escuelas especiales y se generan verdaderos guetos con los alumnos con discapacidades, aunque tengan posibilidades de aprender como cualquier otro niño. Simplemente, algunos no escuchan o no ven. Sin embargo, la ley señala claramente que los colegios deben tener los instrumentos necesarios para que esos niños se integren a los cursos.
Entonces, junto con reconocer el mérito del proyecto en discusión, que sencillamente suprime un inciso de un artículo transitorio, la Cámara de Diputados debe hacer hincapié en la necesidad de dictar los reglamentos que faltan y que, de acuerdo con nuestro rol fiscalizador, nos preocupemos de que se cumplan las leyes que aprobamos, para así lograr una sociedad más integral, en la que todos tengan los mismos derechos.
Con el objeto de que las personas se integren a la sociedad, los canales de televisión deben transmitir sus programas también con lenguaje de señas, pero eso no se hace.
La ley dice claramente que todos los servicios públicos deben adoptar las medidas necesarias para que las personas con diferentes discapacidades puedan acceder a ellos. Incluso, recomienda que se contrate a personas para que trabajen en el sistema de apoyo, ya que las discapacidades no impiden que las personas puedan desarrollar otras habilidades que les permitan desempeñarse en diversas funciones. Pero eso no se hace.
Entonces, por un lado, se dictan leyes, pero, por otro, no se fiscaliza ni se les hace un seguimiento a su cumplimiento, lo que constituye un defecto que debemos superar. Por lo tanto, es necesario dictar los reglamentos correspondientes de una ley que está en vigencia hace bastante tiempo. También esperamos que se cumpla con su normativa, para que el niño más pequeño con problemas de audición, de vista u otra dificultad física pueda integrarse a los colegios, ya sean municipalizados, subvencionados o privados, con el objeto de que cuenten con las condiciones adecuadas para ello.
He recorrido colegios de mi distrito, y me he dado cuenta de que un niño en silla de ruedas no puede acceder a un segundo piso, por lo que deben quedarse en el primero. Incluso, muchas veces, ciertos cursos deben trasladarse al primer piso para que esos niños puedan integrarse a la educación. Sin duda, nuestra sociedad tiene un déficit con las personas que sufren discapacidad.
Quiero hacer hincapié en que, además de derogar el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, con el objeto de que el lenguaje de señas se implemente con rapidez, debemos preocuparnos desde el nivel de enseñanza básica y media de los niños con discapacidades, a fin de que puedan integrarse a la educación, porque es la manera en que pueden tener un mejor futuro. Si bien ese lenguaje tiene características particulares en las diferentes regiones, es una lengua con un legado universal, porque cuando los sordos salen del país deben comunicarse con otras personas del resto del mundo que también tienen esa misma discapacidad.
Por último, solicito que la Mesa de la Corporación plantee a los representantes del Gobierno la necesidad de acelerar la dictación de los reglamentos para aplicar la ley, con el objeto de que se pueda dar cumplimiento a cabalidad con lo que establece la legislación sobre esta materia.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, antes de referirme al contenido del proyecto en discusión, felicito a quienes hicieron posible que por las pantallas de la Sala y del canal de televisión de la Cámara de Diputados se esté transmitiendo, además, con lenguaje de señas. Eso constituye un gran avance, modalidad que debería ser implementada en forma permanente, porque los debates de las sesiones de la Sala y de las comisiones de la Cámara de Diputados son seguidos solo por un determinado porcentaje de la población. Sin embargo, si aseguramos que las discusiones que se llevan a cabo puedan ser entendidas por todo el mundo, sin exclusiones, habrá mejor comunicación y un mayor grado de integración. De allí que ese lenguaje debería ser incluido, en forma permanente, en nuestras transmisiones.
El objeto del artículo único de la iniciativa es la derogación del inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, a fin de que se consagre lo que dispone el artículo 26 del mismo cuerpo legal. La disposición que se propone derogar preceptúa que el Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá el lenguaje de señas chileno, lo cual no corresponde.
Como diputado que integró la Comisión Especial de la Discapacidad, instancia en que se trató el proyecto original que terminó con la aprobación de la ley, sé que es importante que esa legislación sea objeto de modificaciones. Sin embargo, las adecuaciones normativas que se requieren deben llevarnos, principalmente, a resguardar y asegurar los derechos de la comunidad discapacitada, en particular en el caso de los sordomudos, con el propósito de asegurar su plena integración.
En la actualidad, la televisión es uno de los canales principales de vinculación y de participación, además de ser un vehículo para la comunicación de las leyes, así como de entretención y recreación para muchas personas. Por lo tanto, ese es el medio en el que debemos consagrar y reconocer el lenguaje de señas, para asegurar que la transmisión sea igualitaria y accesible para todos los ciudadanos, sin importar su discapacidad.
Por eso, junto con valorar la iniciativa en debate -sin duda, será aprobada por unanimidad-, quiero invitar al Ejecutivo y a todos los actores públicos a asegurar la plena integración de las personas con discapacidad, porque esta es una tarea de Estado que debe ser mantenida en el tiempo.
Hemos dicho, con mucha fuerza, a lo largo de Chile, en nuestros distritos y en pequeñas ciudades, que la discriminación hacia los discapacitados es enorme, por ejemplo, en términos de las posibilidades que se les da para facilitar su acceso a una serie de establecimientos públicos, así como a colegios y hospitales. También se les discrimina en cuanto a sus posibilidades de desplazamiento en los medios de transporte público. En ese sentido, quiero hacer una recomendación relacionada con el Transantiago. Así como se invierte bastante dinero para la mantención de la tarifa y para equipar a ese sistema de la infraestructura que necesita, también debería ser dotado de lo que se requiere para que cualquier ciudadano del Gran Santiago, como en cualquier parte de Chile, pueda desplazarse como corresponde, sin inconvenientes.
También es importante seguir con el desarrollo de la capacidad de infraestructura y de gestión en favor de los discapacitados en regiones, en las que también son objeto de inequidad. Por ejemplo, los diputados que representamos distritos integrados por comunas con muchas zonas rurales -como Máfil, San José de la Mariquina , Lanco y Corral , en mi caso- sabemos que a los discapacitados les resulta prácticamente imposible acceder por sus propios medios a una lancha que les permita cruzar una bahía, así como desplazarse dentro de la zona en que viven. Debido a eso, generalmente deben hacerse acompañar por una o dos personas, lo que les genera muchos inconvenientes. Por eso, a propósito de la discusión de este proyecto, es fundamental que se refuercen las direcciones regionales del Senadis.
Sin embargo, como el presupuesto que se destina para lograr los objetivos señalados es muy exiguo, debemos avanzar en el establecimiento de leyes que consagren los derechos de todos los ciudadanos que tengan alguna discapacidad, para lo cual se deben contemplar los fondos necesarios.
El proyecto en discusión apunta en la dirección correcta, puesto que mejora y simplifica la utilización del lenguaje de señas y elimina la contradicción establecida en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.422. Sin embargo, se requiere que el Ejecutivo dicte los reglamentos pendientes. Solo de esa manera se podrá aplicar a plenitud lo que dispone la ley sobre la materia. Pero eso debe ir acompañado de los recursos suficientes, de la conciencia que se necesita tener en relación con los discapacitados, de una legislación acorde con esos objetivos y de una labor permanente para la incorporación de la discapacidad en el centro de nuestras políticas públicas.
Por lo anterior, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, puesto que debemos seguir dando pasos para la plena inclusión de todos los discapacitados y las discapacitadas en nuestra sociedad.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , muy pocas familias de nuestro país pueden afirmar que dentro de su grupo familiar no tienen ningún miembro con algún grado de discapacidad, lo cual va en concordancia con las cifras que los colegas han dado a conocer: aproximadamente el 11 o 12 por ciento de la población tiene algún problema o grado de discapacidad o presenta capacidades disímiles, como se plantea desde el punto de vista conceptual en algunas esferas de nuestra sociedad.
Por lo tanto, tal como lo han señalado los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, la iniciativa en debate, que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, constituye un avance importante, porque plantea la eliminación de una contradicción que existe en ese cuerpo legal. En efecto, su artículo 26 consagra, en forma expresa, el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda; empero, el inciso sexto del artículo primero transitorio prescribe que el Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.
Tal como lo señalaron los invitados que concurrieron a la Comisión técnica en la que se abordó el proyecto, como es imposible unificar el lenguaje de señas a nivel nacional, por las características que tiene, desde el punto de vista de las diferencias regionales existentes y de los distintos grupos etarios, se torna imperiosa la derogación de ese inciso, lo cual, sin duda, constituye un avance muy importante para la comunidad que tiene problemas auditivos.
Por lo tanto, junto con felicitar a los autores de la iniciativa, me interesa señalar que debemos seguir abogando por que en nuestro país se elaboren más proyectos de ley que apunten a eliminar la discriminación de que son objeto las personas con discapacidad, como en muchos casos ocurre en los establecimientos educacionales con los alumnos que tienen problemas auditivos, de visión o de otra índole, los que obviamente generan condiciones adversas para su buen desempeño. En muchos casos, quienes tienen alguna discapacidad desarrollan otras capacidades, como la inteligencia, por lo que son susceptibles de ser tratados como personas normales.
Por lo tanto, anuncio -como lo dijo la diputada Denise Pascal Allende- el voto favorable de nuestra bancada, de manera unánime, para apoyar esta iniciativa que, creemos, contribuye con un granito de arena para mejorar las condiciones de las personas que tienen algún grado de discapacidad en el país.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, comparto lo que han dicho sobre el proyecto los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Sin embargo, en relación con la discapacidad, hay materias sobre las que es necesario abrir debate. Por ejemplo, en el tema de la educación, se dice que debe haber integración; pero creo que esto solo se puede decir si hay una evaluación de lo que ha ocurrido en la realidad, porque, originalmente, cuando se dictó la ley se optó por un modelo de integración forzada al sistema educativo, que no ha funcionado. Este es el modelo español, aunque en otras condiciones, que no ha funcionado, en parte porque hay colegios que no están preparados para acoger diferentes discapacidades o necesidades especiales o hay capacidad hasta un determinado momento, pero, después de un cierto desarrollo, no la hay para estimular una nueva etapa.
Aquí se requiere de un sistema educativo integrado, en que haya lugares especializados de apoyo cuando se llega a ciertos límites, para pasar a otra etapa, y después volver a integrarse.
La discusión sobre la educación pública tiene mucho que ver con esto. Cuando cada colegio es un negocio, es difícil tener un sistema integrado, y crear un procedimiento de subsidios integrados es prácticamente imposible y genera muchas inconsistencias.
Este modelo, que es el español, adolecía de estos problemas. El otro modelo que había era el cubano, que es mucho más exitoso y obtiene mejores resultados, porque contiene un sistema integrado, por cuanto las personas con discapacidad se incorporan a la escuela, pero también pueden volver a lugares más especializados en ciertas discapacidades.
Quería proponer esa reflexión, porque es necesario volver a discutir este tema. No se trata solo de que no se haya cumplido con la ley, sino que no estábamos preparados para ella.
Por otra parte, quiero hacer notar el tema de las pensiones a los discapacitados menores de 18 años. En Chile no existe un sistema previsional para ellos. Lo único que hay es un subsidio a la discapacidad intelectual, y es bien discutible qué se entiende por tal. Lo concreto es que no contamos con pensiones para los menores. Todos sabemos que un niño con discapacidad causa un enorme impacto en las finanzas de su familia, en las posibilidades de sostenerlo, porque se requieren muchas cosas y la sociedad no cuenta con ellas. En la materia hay un gran vacío en nuestro sistema previsional y en nuestra organización. Cuando se discuten reformas tributarias, este es el tipo de temas que debemos analizar. Esto tiene un costo, que no es pequeño, y por eso las diferentes administraciones de Hacienda tratan de evitarlo. Solo se logró que hubiera pensiones para los mayores de 18 años; pero es fundamental que aquellos menores con un porcentaje alto de discapacidad también tengan derecho a una pensión. Esto amerita un debate ligado a la reforma tributaria y, repito, es uno de los vacíos mayores que tenemos en nuestro sistema de protección social, con un grupo que requiere mayor preocupación que otros. Por eso, insisto en este punto.
En todo caso, el proyecto, en los términos en que está presentado, me parece muy claro, preciso e importante.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , no quiero dejar de expresar mi apoyo a este proyecto y, sobre todo, mi alegría por ver que estamos conduciéndonos por el camino correcto.
Siempre he postulado que Chile está en deuda con un sector muy importante en nuestra sociedad: las familias que conviven con personas que sufren de algún grado de discapacidad. Mucho se habla de inclusión e integración, pero, en la práctica, lamentablemente, las cosas no ocurren de la forma en que debieran.
Además, comparto lo que manifestó el diputado Montes . He sido testigo de cómo muchos colegios, que acceden a ayuda del Estado por recibir niños con algún grado de discapacidad, cobran ese beneficio, pero la realidad es que los tienen segregados o no les importa que vayan o no a clases o, simplemente, esos menores no reciben ninguno de los beneficios que justifican la entrega de ese subsidio.
Entonces, espero que este sea el inicio de muchas otras iniciativas con las que promovamos la dignidad, la seguridad y la integración real de quienes padecen alguna discapacidad, y también un apoyo concreto a las familias de esas personas, porque quienes conocemos de cerca la discapacidad debemos entender que este problema trasciende a la persona misma, afecta a todo su entorno familiar, y nosotros, como sociedad, debemos hacernos cargo de ello.
Ojalá que este proyecto se convierta en ley en el menor tiempo posible, y que sirva como una motivación para que sigamos sacando adelante iniciativas como esta.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente, quiero unirme a las palabras de la diputada Zalaquett, porque muchas veces hablamos de intenciones, pero aquí hay resultados concretos.
En varias ocasiones he ocupado el tiempo de Incidentes para destacar las labores que realiza la Oficina de la Discapacidad de la ciudad de Rancagua. Aquí también estamos dando un paso importante en ese sentido.
Cuando integré la Comisión de la Superación de la Pobreza, pude percatarme del mundo real que tienen que enfrentar las personas con algún grado de discapacidad. Día a día esas personas nos demuestran que no por tener discapacidad o algún grado de ella -en verdad, son personas con capacidades diferentes-, es decir, no por sufrir algún tipo de problema físico, tienen menos derechos como ciudadanos; todo lo contrario.
Este es un avance importante, un paso más, un peldaño más de esta escalera; pero todavía queda mucho por hacer, y aquí existe el compromiso de seguir avanzando.
En consecuencia anunciamos nuestros votos favorables a este proyecto. Reitero, estamos avanzando de manera correcta, pero podríamos hacerlo de manera más rápida.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , uno desea participar en la discusión de esta clase de proyectos, por tratarse de un tema tan sensible, en especial para quienes, de una u otra forma, nos hemos ligado al trabajo con la discapacidad a través de nuestra profesión. Ciertamente, todo lo que hagamos en pro de este sector será positivo.
El lenguaje de señas, materia que tratamos hace un tiempo, estuvo presente en las transmisiones televisivas de la Cámara. Por eso, me alegra mucho que hoy la transmisión de la Cámara de Diputados lo incluya. Fue un éxito, un logro alcanzado en legislaturas pasadas. En la actualidad, se están perfeccionando asuntos tan importantes como la posibilidad de inserción del mundo de la discapacidad al desarrollo del país.
Fundamentalmente, quiero referirme a la posibilidad concreta, real, de que el mundo de la discapacidad pueda integrarse como corresponde. Lamentablemente, hoy existen muchas cosas negativas en relación con este desarrollo, por ejemplo, toda la infraestructura urbana. Tiempo atrás, en la Comisión Especial de Discapacidad conversábamos acerca de la importancia de que esta gente se integrara fuertemente al trabajo. Ellos no piden que les regalen nada, sino oportunidades, como cualquier otra persona. Debiéramos apoyar eso.
Acá, en esta Cámara, tenemos un ejemplo. Hicimos algunos cambios para que gente con discapacidad pudiera trabajar con nosotros. En ese sentido, a lo mejor muchos colegas no conocen a Eduardo, telefonista no vidente.
Entonces, el sector empresarial debe entregar oportunidades laborales a personas con capacidades diferentes. No sacamos nada con que empresarios regalen una limosna para ayudar a estas personas; queremos que les entreguen oportunidades. En suma, queremos que en el mundo laboral exista la posibilidad de que las personas que tienen capacidades diferentes puedan trabajar. Creo que ese es el mejor camino para tener una integración social como corresponde.
Este problema también existe en la educación; es difícil lidiar con él, porque muchas veces la infraestructura no es adecuada. Muchas veces, jóvenes con un gran talento, pero que padecen una discapacidad visual, auditiva u otra, no tienen la posibilidad de acceder a la educación y desarrollarse como uno quisiera. Son aspectos que, como sociedad, debemos ir cambiando, y este proyecto es un paso importante para ello.
No me cabe duda de que vamos a aprobar este proyecto, para avanzar rápidamente en el respeto a estas personas, que no son diferentes a nosotros, sino que tienen capacidades diferentes. Muchas de ellas tienen un talento que nadie puede negar; incluso más, en algunos aspectos están mucho más preparadas que nosotros.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con las opiniones que se han entregado respecto de la modificación legal que introduce este proyecto.
En los últimos años, la sociedad chilena ha ido generando, de menos a más, una incorporación de todas estas personas; pero, claramente, la discriminación siempre ha estado presente.
Este es un paso importante en el camino de las mil millas. Tengo confianza en que el actual gobierno, del Presidente Piñera , dejará sentadas las bases, la estructura, a fin de contar con un fortalecimiento de las políticas públicas en esta materia. Cada gobierno ha hecho su aporte. Es necesario dar tiempo al tiempo, pero no podemos seguir como hasta ahora.
Me he reunido en dos o tres oportunidades con el director subrogante y la directora titular de Senadis y con el ministro Lavín. La idea es solicitar al Presidente de la República medidas e iniciativas que apunten al fortalecimiento de este sector de la sociedad, tal como se hace con este proyecto de ley.
Creo que es un deber de todos los parlamentarios y los chilenos mirar a ese mundo que, muchas veces, está en silencio y que requiere no solo nuestra atención, sino nuestra voluntad política y del alma para mejorar la legislación y entregarle los recursos que necesita.
Por eso, sin perjuicio de anunciar que vamos a votar a favor este proyecto de ley, deseo reiterar la preocupación transversal, de todos los sectores políticos, en torno de esta materia. Cuando hablamos del mundo de la discapacidad, nos referimos a seres humanos; cuando hablamos de la discapacidad, jamás hablamos de color político, porque todos estamos de acuerdo en que siempre hay que avanzar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto al Senado.
ESTABLECIMIENTO DE INHABILIDADES PARA CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES Y CREACIÓN DE REGISTRO DE DICHAS INHABILIDADES. Tercer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
El señor RECONDO (Vicepresidente).- De conformidad con lo prescrito en el artículo 193 del Reglamento de la Corporación, corresponde tratar sobre Tabla las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia suma, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 6952-07, sesión 30ª., en 17 de mayo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, punto de Reglamento
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , las modificaciones del Senado están llegando recién a nuestros pupitres. No se trata de cualquier proyecto, y tiene varias modificaciones de la Cámara Alta, con distintas incidencias en nuestro Código Penal, con distintos artículos que hay que concordar.
Entonces, si no podemos siquiera leerlas -recién estoy en la página N° 3 del texto comparado; lo recibí, como le consta a la Secretaría, hace cinco minutos-, intervenir es simplemente pronunciarse a ciegas. No creo que corresponda hacer eso en la Cámara de Diputados.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Deseo aclarar al diputado señor Rincón que el artículo 193 de nuestro Reglamento establece con claridad que cuando un proyecto sea tratado con carácter de suma urgencia o de discusión inmediata, se discutirá y votará sobre Tabla, en la misma sesión en que se dé cuenta de él.
Este es un informe que viene del Senado, y en la Cuenta, valga la redundancia, se dio cuenta de él. Por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento, corresponde tratarlo sobre Tabla.
Tiene la palabra el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , quiero que la Secretaría aclare el tema. Estuve presente durante la lectura de la Cuenta. En ella no se dio cuenta de que este proyecto se iba a tratar sobre Tabla, por lo cual debo concluir que se agregó a mitad de camino. De hecho, salí un segundo de la Sala para ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el fin de coordinar la agenda de la próxima semana, y cuando retorné a la Sala, se me dijo que el texto comparado
estaba en mi pupitre, pero no estaba. Lo pedí a la Secretaría y me lo entregó. Pero, insisto, en la Cuenta de la mañana no se dio cuenta -valga la redundancia- de que este proyecto se trataría sobre Tabla. Pido tiempo para poder leer las modificaciones del Senado. Si ello no fuera posible, de antemano pido votación separada de cada uno de los artículos modificados.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , en el punto N° 6 de la Cuenta de hoy se dio cuenta -valga la redundancia- del oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado con modificaciones este proyecto. De acuerdo con el artículo 193 del Reglamento, al cual di lectura, corresponde tratarlo sobre Tabla, debido a que su urgencia fue calificada de suma.
Por lo tanto, estamos cumpliendo estrictamente lo que establece el Reglamento.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , retiro lo dicho sobre la Cuenta, pero solicito votación separada de cada uno de los artículos del proyecto de ley que modificó el Senado.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , se tomará nota de su petición.
En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , estamos ante un proyecto que introduce una modificación importante en el tratamiento de los datos de las personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
En este caso, se trata, reitero, de delitos cometidos contra menores de edad y, en general, de naturaleza sexual, contra la libertad sexual. La importancia de este proyecto radica en que permitirá a los padres, a los profesores, etcétera, conocer los antecedentes penales de las personas que se contraten para desarrollar un trabajo relacionado con niños. Estamos hablando, por ejemplo, de los auxiliares de los colegios, de las personas que manejan el transporte escolar, etcétera, es decir, personas que habitualmente se relacionan con menores de edad y, por lo tanto, deben cumplir con ciertas condiciones de idoneidad moral. Una de esas condiciones es no registrar antecedentes relacionados con delitos contra menores de edad.
Por primera vez en nuestra historia legislativa, entregamos a toda la ciudadanía el acceso al conocimiento de un antecedente penal. Hoy, cualquiera sabe que, para obtener un certificado de antecedentes criminales, es necesario que concurra a retirarlo la persona afectada. Muchas veces, el peticionario debe retirar personalmente el certificado, porque no se le entrega a nadie más. En este caso, por tratarse de delitos de naturaleza sexual cometidos contra menores edad, quienes tengan a su cargo a niños -directores de colegio, los padres, etcétera- podrán acceder a un registro para conocer si la persona a la cual le van a encomendar el cuidado de los menores ha sido condenada por este tipo de delitos. Esto constituye un gran avance en defensa y resguardo de los derechos del niño ante delitos tan graves.
Durante el segundo trámite constitucional, el Senado introdujo algunas modificaciones de cierta relevancia.
El proyecto crea una pena nueva, la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Pero junto con crear esta pena, modifica el decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro General de Condenas , permitiendo a la ciudadanía acceder a la información que lleva el Registro , pero con los resguardos del caso. En efecto, no podemos permitir que información que hasta hoy es confidencial, privada, se difunda con cualquier fin. La idea es que los padres y quienes tengan a su cuidado menores, puedan acceder a esta información como una forma de evitar que personas que han sido condenadas por delitos sexuales contra menores se relacionen con niños, pero no que ella se difunda de manera indiscriminada. Por ello, se establece una restricción y se sanciona la infracción al deber de confidencialidad. Al respecto, el Senado modificó sustantivamente esta sanción: rebajó la pena propuesta por la Cámara, que era de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y de once a veinte unidades tributarias mensuales, por la de multa de dos a diez UTM, la que será impuesta por el respectivo juez de policía local. Además, redefinió la forma en que se podrá dar a conocer la información.
Finalmente, aunque considero que las modificaciones del Senado son un aporte, toda vez que corrigen algunos defectos que tenía el proyecto despachado por la Cámara, pido votación separada del artículo 6° bis, contenido en el número 2 del artículo 2° del proyecto, y desde ya anuncio mi voto en contra de dicha modificación, que espero se trate en Comisión Mixta, a fin de perfeccionar su texto.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , cabe destacar que el proyecto, en su primer trámite constitucional, se aprobó por amplia mayoría en esta Cámara, y que en el Senado, en su segundo trámite constitucional, fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 29 senadores, de un total de 38 en ejercicio. En particular, el número 2 del artículo 2º se aprobó con los votos de 28 senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Ese solo hecho, aunque la votación del Senado no sea vinculante para la Cámara de Diputados, refleja que a los legisladores nos inspira el bien común y la defensa de bienes jurídicos fundamentales, como la libertad, la dignidad, el derecho a no ser discriminado y tantos otros que van en la línea correcta para hacer de Chile un país más justo y más equitativo.
Con todo, se nos había olvidado algo que es permanente portada de noticias y que genera mucho dolor en miles de chilenos, especialmente en madres, padres y familiares de menores de edad y adolescentes. En efecto, muchas veces ocurre que padres, en su inocencia, confían, porque desconocen la información respectiva de educadoras y auxiliares de párvulos, conductores de transporte escolar, profesores e incluso otros profesionales universitarios que se desempeñan en establecimientos educacionales.
La conciencia de reparar ese olvido permitió que esta iniciativa contara con respaldo mayoritario -el mismo que, estoy seguro, recibirán hoy en esta Sala las modificaciones del Senado-, porque permitirá resguardar la integridad física de los menores y, sobre todo, protegerlos de consecuencias psicológicas que marcan a los niños víctima de abusos sexuales cometidos por adultos -que actúan en forma consciente, con sus cinco sentidos-, consecuencias que, en la mayoría de los casos, los persiguen por toda la vida.
Por tanto, no veo quién podría oponerse a aprobar las modificaciones del Senado. Recordemos que este proyecto, en sus dos trámites constitucionales anteriores, recibió el apoyo mayoritario de diputados y senadores. Parafraseando a Juan Pablo II , nuestros niños y adolescentes no pueden esperar que se siga dilatando el resguardo de sus derechos. Necesitamos entregar seguridad y tranquilidad a los padres, a los apoderados, pero muy especialmente a niños y jóvenes, de manera que sientan, desde la perspectiva de la salud mental, que están insertos en una sociedad que los respeta, que los quiere y que, por sobre todo, los protege.
También es necesario entregar una señal fuerte en el sentido de que se acabaron los dobles mensajes, y que, por tanto, quienes cometan o intenten cometer delitos de abuso sexual contra menores, recibirán penas severas, que, en el caso del proyecto en estudio, significará la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Pienso que sería mucho más efectivo extender esta sanción a perpetuidad para todo tipo de instancias en las que condenados por dichos delitos pretendan relacionarse con menores.
Por eso, en nombre de la bancada Regionalista, anuncio nuestro voto favorable, porque nuestros niños y adolescentes lo necesitan.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, voy a fundamentar mi respaldo a las modificaciones del Senado a este proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y que establece un registro de dichas inhabilidades.
Durante su primer trámite constitucional, me tocó analizarlo en algunas sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por eso, debo advertir que un tema controvertido fue el de la protección de datos personales. Como Congreso Nacional, hicimos un esfuerzo y recogimos la inquietud ciudadana al establecer el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales. Me refiero a la ley que terminó con los abusos del Dicom, fruto de una gran iniciativa del diputado Felipe Harboe , en la que muchos lo acompañamos. Pero acá estamos hablando de otra cosa; no estamos hablando del uso masivo de datos personales; pero, de alguna manera, estamos en sintonía con aquella iniciativa, porque también establecemos el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, es decir, que solamente podrá accederse a estos datos con un fin específico; en este caso, cuando una persona natural o jurídica desee contratar a alguien que tendrá una relación directa y habitual con menores de edad, ya sea en establecimientos educacionales o en otro tipo, podrá solicitar, -lo que constituye una excepción- al Servicio de Registro Civil e Identificación que le informe si esa persona tiene una condena -no una imputación o una formalización- por delitos sexuales contra menores. En ese sentido, el proyecto de ley reafirma ese principio de finalidad.
Según se puede producir una discusión al respecto y que es válido el planteamiento del diputado Rincón en relación con la sanción para algunos delitos específicos, respecto de los cuales pareciera razonable que la inhabilitación fuera perpetua y no temporal. Sin embargo, entiendo que todos esos aspectos fueron suficientemente debatidos en los distintos trámites del proyecto de ley.
En consecuencia, me parece que sería una importante señal aprobar las modificaciones del Senado, con el fin de completar un estatuto que inició el Congreso Nacional hace más de diez años, en el que establecemos y aumentamos sanciones para proteger a los menores de abusos sexuales, y sancionamos su comisión cuando ellos ocurran.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , deseo reafirmar mi votación favorable a las modificaciones del Senado al proyecto, el cual, por lo demás, votamos favorablemente, creo que casi por unanimidad, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en la Sala de la Cámara.
Lo que pretende la iniciativa es contar con una base de datos de quienes son vulgarmente sindicados como pedófilos o que han cometido otros tipos de delitos sexuales en contra de menores, para que las instituciones -no solo los establecimientos educacionales, ya que puede haber otras- que contratan gente que, por su trabajo tiene que relacionarse permanentemente con menores de edad, puedan consultarla a fin de contar con antecedentes fehacientes, certeros y precisos antes de adoptar resoluciones en sus procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal.
Solicité votación separada para poder leer todo el articulado, el que he analizado punto por punto, y prevenir la existencia de algún error.
En general, las modificaciones del Senado tienen por objeto precisar, mejorar o complementar el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, agrega ciertas cosas que me obligan a plantear las respectivas advertencias.
Si la Secretaría nos sigue, podremos ver que el Senado reemplaza el inciso tercero que la Cámara propone agregar al artículo 372 del Código Penal mediante la letra b) del número 3 del artículo 1°, por otro que, en lo sustancial, pareciera no hacer mayores cambios, pero que plantea dos modificaciones que es necesario comentar.
Una, casi académica: no utiliza la terminología del Código Penal, que habla de “mayores de catorce años pero menores de dieciocho”, sino que dice “en contra de un menor de edad pero mayor de catorce años”.
Jurídicamente, es lo mismo, ya que estamos hablando de un imputable, pero menor de edad. Lo aclaro, porque algunos parlamentarios nos han preguntado qué significa eso, porque no lo entienden.
Por lo tanto, no hay problema en que se mantenga esa propuesta del Senado, sin perjuicio de que la expresión empleada por el Código Penal es mejor; ya que no produce problemas; pero, reitero, jurídicamente llegamos a la misma conclusión, es decir, no hay problemas.
Sí debo señalar que el Senado introduce una modificación en el referido inciso tercero que no es menor. El proyecto aprobado por la Cámara enumeraba una serie de artículos del Código Penal entre los cuales figuraba el 372. El Senado lo sustituyó por el 372 bis de dicho Código, que habla de la pena que recibirá quien, con ocasión de la violación, cometiere además homicidio en la persona de la víctima. Es decir, se trata de una figura penal agravada, gravísima.
Por lo tanto, se estaría aplicando una misma categoría de pena a quienes cometan violación y a quienes cometan violación con homicidio, ya que la norma del Senado dice: “el culpable será condenado además a la pena de inhabilitación absoluta temporal -no perpetua- para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, en cualquiera de sus grados.”
He llegado a esa conclusión después de dar una rápida lectura al texto aprobado por la Cámara y a las modificaciones propuestas por el Senado. Al respecto, debo señalar que se hacen muchas remisiones y normas de reenvío, lo que nos obliga a ser más precisos. Ojalá que la Secretaría nos pudiera ayudar en esto.
No puedo dejar de hacer esta salvedad, porque después nos reprochan los errores que cometemos.
¿Corresponde que aprobemos esta modificación del Senado, que sanciona con esta inhabilitación absoluta temporal a quienes violan y cometen homicidio, que son dos figuras penales agravadas? Lo planteo para que quede consignado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, porque las penas tienen una jerarquía en función del ilícito penal con el que se relacionan.
Considero que la inclusión del artículo 372 bis podría constituir un error, y no menor.
También revisé el artículo 142 del Código Penal, que hace una distinción de figuras penales. Este artículo se refiere al secuestro, y distingue a los secuestradores que liberan a sus víctimas antes del cumplimiento de las condiciones, de aquellos que lo hacen después, es decir, una vez que ellas se cumplen.
Obviamente, no es lo mismo -cito un ejemplo para hacer más gráfica mi explicación- secuestrar un menor, establecer condiciones para su liberación, como el pago de dinero, para dejarlo ir antes de que se cumplan dichas condiciones, en lugar de hacerlo después de ello. Jurídicamente hablando, en el primer caso se produce una situación de retracto, porque esos secuestradores no han recibido dinero -si esta fuera una condición- ni vehículo alguno para huir -si esta fuera una condición complementaria-; es decir, no obstante las condiciones impuestas, liberan a sus víctimas, se retractan.
Entonces, el artículo 142 distingue claramente las penas -el Código Penal está bien en ello- y agrava la figura de aquel que libera después de cumplidas las condiciones, es decir, después de satisfecho el objetivo: secuestró para obtener algo, lo obtuvo y liberó. Entonces, reitero, este caso no es igual que el de aquel que secuestra para obtener algo, pero que antes del cumplimiento de las condiciones se retracta.
El Código Penal trata esa distinción. Alguien podrá decir que es nimia; pero, jurídicamente, en materia penal nada es nimio. Y, ¡ojo!, aquí quiero salvaguardar al Senado, pues trató esta materia de igual forma como lo hizo la Cámara de Diputados. Por lo tanto, pienso que en esto, lamentablemente todos, sin distinción, cometimos un error.
Hago la salvedad, porque, lógicamente, me abstendré cuando se vote la modificación a que hice referencia, por las razones de peso y de fondo que estoy entregando. No puede ser que nosotros, por la maraña del proceso legislativo, terminemos atrapados en determinadas situaciones, en circunstancias de que cualquier legislador pudo haber levantado legítimamente su mano y su voz en la Sala para manifestar que se está cometiendo un error jurídico, reparo en el cual incluso podríamos coincidir de manera transversal.
No creo que alguien en esta Sala pueda no coincidir conmigo en que no es lo mismo una violación que una violación con homicidio. No es lo mismo. No es lo mismo el caso de alguien que secuestra, pero se retracta -ya no le interesa que se cumplan las condiciones, que se cumpla nada, que le paguen la plata- y devuelve a las personas secuestradas, que el de aquel que las devuelve solo cuando obtiene la plata, cuando consigue su objetivo.
Entonces, si hay un error, ¿por qué no corregirlo? Dejo planteado este punto.
Tras revisar el texto comparado de este proyecto, que se puso sobre Tabla, se advierte que, por ejemplo, las modificaciones del Senado al artículo 6° bis son bastante positivas, porque nosotros no consideramos a las personas jurídicas, y el Senado sí lo hizo. Y agregó en dicha disposición la frase “siempre que se identifique”. Claro, no es llegar y pedir acceso al Registro , hay que identificarse. Nosotros omitimos ese punto.
Esto refuerza la idea de que el doble tratamiento constitucional de los proyectos…
El señor JARAMILLO.- A veces funciona.
El señor RINCÓN.- Como dice acertadamente el diputado Jaramillo, a veces funciona. La cámara revisora, en este caso el Senado, corrige o enmienda, no errores, sino omisiones, y al hacerlo, perfecciona el texto legal. Por lo tanto, estos son aportes concretos y precisos del Senado, y solo queda destacarlos.
Se critica mucho el bicameralismo, pero aquí se comprueba que funciona y aporta.
Por el error común en que podemos estar cayendo todos, ambas Cámaras, no puedo no señalar aquello.
Por último, nosotros establecimos que si quien hubiere accedido a la información contenida en el Registro , revelare por escrito, por un medio telemático o a través de medios de comunicación social, el hecho de que una persona se encuentra afecta a alguna de las inhabilitaciones previstas en el artículo 39 bis del Código Penal, será sancionado con pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de once a veinte UTM.
Los registros deben tener cierto grado de confidencialidad. ¿Por qué? Porque siempre tienen que inspirarse en el principio de finalidad. Esto, según los principios y la doctrina internacional. La legislación comparada va recogiendo el principio de finalidad. Nosotros nos vamos adecuando a él: lo hicimos en la ley Dicom, lo estamos haciendo en cada uno de nuestros registros. Por lo tanto, también debemos hacer que este tipo de registros se guíe por dicho principio.
Por lo tanto, tiene que existir algún tipo de sanción a quien revele la información contenida en el Registro . El Senado la estableció, pero creo que nosotros lo hicimos mejor. En efecto, mientras la Cámara Alta estableció una sanción solo de multa, la Cámara de Diputados estableció una pena privativa de libertad no agravada. Digo “no agravada”, porque no era una pena aflictiva, pues se trataba de una condena de reclusión en sus grados mínimo a medio.
Entonces, creo que nuestra figura sancionatoria era mucho más potente e inhibitoria para quien pretendiere revelar la información contenida en dicho Registro.
Pero, ¡ojo!, la divulgación no dice relación con las comunicaciones internas de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, si un director de colegio solicita un dato al Servicio de Registro Civil y recibe el antecedente de que equis persona fue sancionada, por ejemplo, por estupro o por violación de un menor, por ley está autorizado a divulgarlo internamente a las jefaturas de departamentos, a los profesores de aula del establecimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque con ello está cumpliendo la finalidad de advertir internamente que ese dato ha sido corroborado y que, por tanto, se debe actuar en consecuencia.
Aquí hablamos de otro tipo de divulgación, es decir, la que se hace externamente, a través de medios de comunicación social, en forma pública.
Reitero que, en ese sentido, nuestra figura era mejor.
Por lo expuesto, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana concurrirá con sus votos favorables a las modificaciones del Senado, como lo hicimos cuando el proyecto se trató en su primer trámite constitucional. No obstante, no pude dejar de hacer los reparos de carácter jurídico-penal que señalé.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , solo quiero agradecer a nuestro distinguido colega diputado señor Ricardo Rincón , pues me aclaró enormes dudas que tenía sobre el proyecto.
Pocas veces se dictan clases magistrales en nuestro Hemiciclo, y cuando ello se hace, hay que destacarlo.
Gracias, diputado Rincón .
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades.
Se ha solicitado votación separada respecto de diversos artículos.
En votación la modificación al literal a) del numeral 2 del artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación la modificación a los literales a) y b) del numeral 3 del artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación la modificación al numeral 2 del artículo 2°, con excepción de la referida al inciso segundo del artículo 6° bis del decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro General de Condenas .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Por último, en votación la modificación al inciso segundo del artículo 6° bis del decreto supremo N° 645, de 1925, sobre Registro General de Condenas .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Despachado el proyecto.
ADECUACIÓN DEL DFL N° 1, DEL MINISTERIO DE SALUD, DE 2006, A LEY N° 20.575, RELATIVA AL PRINCIPIO DE FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Primer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que adecua el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, a la ley N° 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Gabriel Silber.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 8222-11, sesión 10ª, en 4 de abril de 2012. Documentos de la Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 26ª, en 10 de mayo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SILBER (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que adecua el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, a la ley N° 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
La moción es de los diputados señores Accorsi , Harboe , Macaya , Melero y Núñez , y de las diputadas señoras Rubilar y Turres .
La idea matriz o fundamental del proyecto es prohibir que los prestadores de salud privados consulten sistemas de información comercial de un paciente para efectos de condicionar o restringir una atención de urgencia.
La Comisión contó con la participación del fiscal de la Superintendencia de Salud, señor Fernando Rivero .
Fundamentos del proyecto.
Los autores de la moción señalan que a raíz de la dictación de la ley N° 20.575, que estableció el principio de finalidad de los datos personales, quedó un vacío legal que este proyecto de ley busca salvar.
A saber, la ley N° 20.575, publicada el 17 de febrero de 2012, conocida como “ley Dicom”, consagró el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, es decir, que la información de datos que se entregue sea útil solo para la evaluación de riesgo en un proceso de crédito que solicite una persona.
Dicha normativa, a través de ocho artículos permanentes y dos transitorios, estableció, en términos generales, que la comunicación de esa clase de datos solo puede efectuarse al comercio establecido, para el proceso de crédito, y a las entidades que participen en la evaluación de riesgo comercial y para ese solo fin. En ningún caso se puede exigir dicha información en los procesos de selección de personal, de admisión preescolar, escolar o de educación superior, de postulación a un cargo público o para la atención médica de urgencia.
Sin embargo, en relación con esta última circunstancia -atenciones de salud de urgencia-, el artículo 8° de la referida ley solo introdujo una modificación al artículo 141 del decreto con fuerza de ley N° 1, de Salud, de 2006, disposición que trata de los prestadores de salud públicos. Sin embargo, el artículo 173 del mismo cuerpo normativo, norma legal que se refiere a los prestadores de salud privados, no fue modificada en igual sentido, situación que esta iniciativa legal propone solucionar.
La moción consta de un artículo único, que propone incorporar en el artículo 173 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, un inciso octavo, nuevo -pasando los actuales incisos octavo a décimocuarto, a ser incisos noveno a décimoquinto, respectivamente-, del siguiente tenor: “Con todo, los prestadores de salud no podrán consultar sistemas de información comercial de ningún tipo, ni aun con el consentimiento del paciente, para efectos de condicionar o restringir una atención de urgencia.”.
Durante la discusión de esta moción, se escuchó la opinión del fiscal de la Superintendencia de Salud, quien, en representación del Ejecutivo, manifestó la necesidad de aprobar esta moción, pues significa equiparar garantías para los usuarios de Fonasa y de isapres.
Cabe hacer presente que se presentaron indicaciones que enriquecen la moción.
En primer lugar, una del Ejecutivo, para intercalar el siguiente numeral 1) en el artículo único, del siguiente tenor:
“1) Reemplázanse, en el párrafo primero del número 11 del artículo 121, las frases “inciso final” por “incisos penúltimo y final”, e “inciso séptimo” por “incisos séptimo y octavo”.
Dicha indicación fue aprobada por siete votos a favor, de los diputados señores Accorsi , Castro , Macaya , Monsalve , Núñez , Silber y Torres.
En segundo lugar, una indicación de los diputados señores Silber, Accorsi , Castro , Letelier , Macaya , Núñez y Torres, para intercalar el siguiente inciso noveno en el artículo 173:
“En ningún caso los prestadores de salud, tanto públicos como privados, ni las farmacias u otras entidades que elaboren, procesen o almacenen datos de orden sanitario, podrán vender, ceder o transferir, a cualquier título, bases de datos que contengan información sensible respecto de sus usuarios o pacientes, tales como sus enfermedades, prestaciones, exámenes o medicamentos, sin que para ello se cuente con la autorización expresa y escrita efectuada al respecto, debiéndose en todo caso respetar en todo momento las disposiciones sobre confidencialidad y vida privada de las personas, de conformidad a las disposiciones de la ley N° 19.628 y demás normativa sobre la materia.”.
A nuestro juicio, esta indicación complementa de manera bastante eficiente el proyecto en estudio.
Sometida a votación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, señores Accorsi , Castro , Macaya , Monsalve , Núñez , Silber y Torres.
Por igual votación fue aprobado el artículo propuesto en la moción.
No hay artículos rechazados.
No hay indicaciones rechazadas.
Por todos estos antecedentes y considerando la importancia de este proyecto, que viene a complementar la “ley Dicom”, que despachó el Congreso Nacional, la Comisión recomienda su aprobación.
He dicho.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A ADULTOS MAYORES DE CLASE MEDIA.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 563, de los diputados señores Pérez, don José; Torres, Alinco, Ortiz, Espinosa, don Marcos; Sabag, señoras Muñoz, doña Adriana, e Isasi, doña Marta, y señores Castro y Jarpa, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que estudie y envíe, a la brevedad, un proyecto de ley que exima del pago de contribuciones a todos los adultos mayores pertenecientes a los cuatro primeros quintiles socioeconómicos, cuando posean un solo bien raíz.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo tiene por finalidad solicitar el Ejecutivo que estudie la materia a la cual se refiere, porque nos parece difícil la situación que están viviendo muchos adultos mayores de clase media, entre otros, profesores jubilados que, con mucho esfuerzo y sacrificio adquirieron una vivienda cuando eran maestros en ejercicio. Pero, hoy, con los ingresos que reciben y que, en muchos casos, no superan los 100 mil pesos, se ven imposibilitados de pagar sus contribuciones, al punto de que muchos han tenido que vender sus casas.
Ahora que tanto se habla de que las personas de clase media están en tan malas condiciones, especialmente, los pensionados de los distintos servicios públicos, fundamentalmente, los profesores, sería muy positivo otorgar este beneficio a los cuatro primeros quintiles de más escasos recursos, entre los que se encuentran los adultos mayores de clase media.
Ese es el objetivo del proyecto de acuerdo, el que esperamos que sea enviado al Ejecutivo a la brevedad posible, a fin de que tome nota de la situación y no solo se siga hablando de los beneficios que se van a otorgar a la clase media, porque la verdad es que, hasta la fecha, no hemos visto ninguno en favor de este importante sector del país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , no podría estar más de acuerdo con este proyecto de acuerdo.
Cuando tratamos iniciativas como esta, que beneficia a los adultos mayores de nuestra clase media, uno hace la siguiente reflexión. Estas personas pagaron contribuciones durante toda su vida, mientras tuvieron un trabajo remunerado que les permitía hacerlo, pero, todos sabemos que, al jubilar perciben, prácticamente, la mitad del sueldo que recibían cuando estaban en actividad.
De manera que no se trata de que estas personas no quieran pagar las contribuciones, sino que se ven enfrentadas a un dilema mucho más perverso: o pagan las contribuciones o compran sus remedios. Por eso, los adultos mayores que se encuentran en la etapa final de sus vidas necesitan contar con la solidaridad de su país. ¿Acaso no sería bueno demostrar solidaridad con las personas que han trabajado toda su vida por nuestro país -gracias a Dios, hoy tenemos un gran país- y decirles que ya cumplieron y que pueden vivir tranquilas en sus viviendas? Estamos hablando de beneficiar solo a quienes posean un bien raíz; si tienen dos o tres, la cosa es distinta. Creo que sería un tremendo avance que favorecería a la clase media, en particular, a los jubilados. Para los adultos mayores y las personas que pagan contribuciones, este beneficio equivale a un bono permanente, un reconocimiento al gran aporte que hicieron al país durante su vida laboral.
Pero, esto no debe llevar a los colegas solo a ufanarse de haber presentado un proyecto de acuerdo -ojalá así sea- que fue aprobado por unanimidad. Creo que los proyectos
de acuerdo de esta envergadura debieran ser objeto de seguimiento por parte de la Cámara. Por lo menos, el Ejecutivo debiera contestarnos si está dispuesto a enviar un proyecto de ley, o decirnos derechamente que no perdamos el tiempo, porque las personas se crean expectativas y, al ver que no se cumplen, reaccionan en nuestra contra.
Aprovecho de pasar el siguiente aviso.
Vamos a proponer una modificación al Reglamento para que el Ejecutivo esté obligado a contestar nuestros proyectos de acuerdo, porque no podemos estar esperando eternamente. Hay diputados que llevamos varios años presentando proyectos de acuerdo, pero jamás hemos visto, salvo tres o cuatro excepciones, que el Ejecutivo los haya acogido o que se hayan convertido en proyectos de ley.
Cuando uno ve esto, lo único que puede hacer es “florearse” por los distritos. Al final, pasarán meses y años, y los adultos mayores seguirán pagando contribuciones. Así ocurrió con un proyecto de acuerdo que beneficiaba a los conscriptos: era el cuarto que presentábamos; sin embargo, los conscriptos siguen esperando. Para que haya verdadera transparencia, es fundamental que las autoridades de Gobierno estén obligadas a contestar nuestros proyectos de acuerdo.
Por último, señalo que se trata de un proyecto de acuerdo de gran importancia. Creo que ningún colega se atreverá a votar en contra, porque apunta al corazón de las necesidades de nuestros adultos mayores.
Por lo tanto, junto con felicitar a los colegas que presentaron este proyecto de acuerdo, anuncio que contribuiré con mi voto favorable para que se apruebe en forma unánime.
He dicho.
-
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
El señor VELÁSQUEZ.- Pido la palabra para hablar a favor del proyecto.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para conceder la palabra al diputado señor Pedro Velásquez, a fin de que apoye el proyecto de acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente, que quede claro que estamos hablando de la clase media, no de los adultos mayores que tienen recursos para pagar sus contribuciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra.
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor CHAHÍN.- Pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , hoy en la mañana, en presencia de la familia de Constanza Verdugo, votamos un proyecto de acuerdo relacionado con la donación de órganos.
Pues bien, como existe otro proyecto de acuerdo sobre la misma materia -el N° 632-, presentado con antelación al que votamos en la mañana, suscrito, también, por diversos diputados, pido que recabe el acuerdo unánime de la Sala para tratarlo con preferencia y sin discusión. La idea es aprobar ambos proyectos, a fin de dar una señal potente al país sobre esta materia.
He dicho.
El señor CHAHÍN.- Pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , hoy en la mañana, en presencia de la familia de Constanza Verdugo, votamos un proyecto de acuerdo relacionado con la donación de órganos.
Pues bien, como existe otro proyecto de acuerdo sobre la misma materia -el N° 632-, presentado con antelación al que votamos en la mañana, suscrito, también, por diversos diputados, pido que recabe el acuerdo unánime de la Sala para tratarlo con preferencia y sin discusión. La idea es aprobar ambos proyectos, a fin de dar una señal potente al país sobre esta materia.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para votar, sin discusión, el proyecto de acuerdo N° 632?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , la petición del diputado Chahín es para votar dos proyectos de acuerdo con preferencia; sin embargo, como es de su conocimiento, esas materias son resueltas los martes en reunión de Comités.
Por lo tanto, no doy la unanimidad para ello.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En efecto, la costumbre es tratar un solo proyecto con preferencia, lo que se acuerda los martes en reunión de Comités. Sin embargo, la Sala también tiene facultades para decidir sobre la materia.
Por última vez, recabo la unanimidad de la Sala para votar, sin discusión, el proyecto de acuerdo N° 632, relativo a la donación de órganos.
No hay acuerdo.
EJECUCIÓN ESTATAL DE OBRA EMBALSE LA PUNILLA.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 564, de los señores Martínez, Rincón, señora Carolina Goic, señores Jaramillo, Jarpa, Tarud, Verdugo, Pérez, don José, González y Vilches, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República , tenga a bien disponer que el embalse La Punilla sea una obra que la asuma directamente el Estado de Chile, así como también instruya la elaboración de un plan estratégico que contemple, entre otras variables, los estudios realizados y pendientes, estado de avance del diseño de ingeniería, cronograma de cada una de las etapas, con plazos, fechas de inicio y término de cada una de ellas, grado de afectación del proyecto a quienes poseen derechos constituidos sobre el río Ñuble y compensaciones a los afectados.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , la crisis hídrica que vive el país, más allá de la falta de lluvias, es la consecuencia directa del déficit en la utilización de este recurso, pues actualmente se aprovecha solo el 16 por ciento del agua que se escurre en las cuencas y solo se regula el 4 por ciento a través de los embalses. El problema de fondo es la carencia de infraestructura de riego que evite la pérdida de agua con aptitud de riego.
Es urgente asegurar el recurso hídrico para dar más sustentabilidad al sector agrícola, diversificar los cultivos, aumentar la rentabilidad, generar empleo, evitar la migración rural y, en general, dar una mejor calidad de vida.
El proyecto del embalse La Punilla es una megaobra, concebida por el Estado de Chile para mejorar y aumentar la capacidad de riego a través de una mayor seguridad en la disponibilidad del recurso, pues su ejecución implica incorporar al desarrollo productivo más de 100 mil hectáreas, específicamente en las comunas de Coihueco, Chillán , Ñiquén , San Carlos, San Fabián de Alico y San Nicolás .
El embalse La Punilla posee ventajas comparativas evidentes, como por ejemplo, una red de canales completamente operativa y una cultura de riego muy acendrada que resulta una fortaleza para la eficiencia y efectividad del proyecto.
El apoyo de la institucionalidad del país al proyecto es una condición que demuestra la necesidad, solidez, trascendencia y viabilidad del proyecto.
Por eso, invito a los colegas a aprobar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , solo para adherir y felicitar al diputado Rosauro Martínez por impulsar este proyecto de acuerdo. Como se sabe, la provincia de Ñuble vive principalmente de la agricultura, la que se ha visto muy mermada en el último tiempo por la falta de agua.
Para renovar nuestra agricultura y tecnología es fundamental el riego. Por ese motivo, hemos trabajado en forma permanente, a fin de que los agricultores puedan contar con ese recurso fundamental para lograr una mayor producción no solo en cantidad, sino también en calidad. La idea es mejorar en el futuro la producción de los cultivos tradicionales y de los nuevos cultivos frutícolas.
Como lo señaló el diputado Martínez , es primordial mantener nuestros recursos hídricos, cada día más escasos, sobre todo cuando con el calentamiento global se está agotando la nieve.
Por lo tanto, en nuestra zona, permanentemente, tenemos problemas con el recurso hídrico, no solo para la agricultura, sino para todos los otros usos, sobre todo para el consumo humano.
Por eso, apoyé, como patrocinante, este proyecto de acuerdo del diputado Martínez. Espero que la Sala lo apruebe por unanimidad.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Por falta de quórum, el proyecto de acuerdo se votará en una próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
FISCALIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS PRESENTADAS POR FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO MONTT. Oficio.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido que se oficie al contralor general de la República en relación con una denuncia que recibí en relación con el jefe de administración de la Dirección de Administración Municipal, DAM, de Puerto Montt, señor Raúl Manzano .
Según los antecedentes que obran en mi poder, este señor presentó licencias médicas entre octubre de 2011 y febrero de 2012. No obstante, en el transcurso de esos tres o cuatro meses desempeñó funciones en un organismo privado.
Solicito que la Contraloría indague en profundidad esa situación, diligencia que fue pedida en un primer momento por un ex funcionario del DAM; sin embargo, esa repartición no realizó la fiscalización correspondiente, toda vez que el DAM señaló que no emitiría pronunciamiento.
Como parlamentario, a fin de cumplir con el rol fiscalizador que me otorga la Constitución, pido que dicho órgano contralor investigue a ese funcionario, las licencias médicas que presentó y el eventual hecho de que habría prestado servicios en el IST, de Puerto Montt, donde habría dictado clases durante los meses en que estuvieron vigentes las licencias médicas.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL AERÓDROMO DE CURACAVÍ.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el tiempo Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , el lunes 26 de diciembre pasado, junto con los concejales de la comuna de Curacaví y los dirigentes de las comunidades vecinales de Challaco, señor Javier Ovando y señora María Morales , nos reunimos con el director general de Aeronáutica Civil , con el objeto de tratar y buscar soluciones a los problemas relacionados con el aeródromo que funciona en dicha localidad.
El general de Aviación que dirige esa repartición estuvo acompañado de todo su equipo asesor, a fin de examinar la situación que vive el sector. Al aterrizar los aviones en el aeródromo ubicado en Challaco, obligatoriamente deben pasar sobre los techos de las viviendas de la villa emplazada en ese lugar, lo que, en los últimos cuatro meses, ha ocasionado numerosos accidentes. El último se produjo hace muy poco, cuando por situaciones que aún se investigan, en la plaza de la villa cayó un avión muy cerca de las casas.
El general de Aviación se comprometió, junto a varios directivos, a reunirse con los representantes de la comunidad de Challaco y formar, dentro de los cuatro meses siguientes, una mesa de trabajo a fin de dar una solución definitiva al problema. Hasta la fecha, los vecinos aún no reciben noticias de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Repito, la idea es buscar una solución para que los aviones aterricen desde otro ángulo y no pasen por encima de los techos de las viviendas del sector.
No queremos lamentar situaciones mayores en el futuro, dado el riesgo que conlleva el aterrizaje de aviones en el lugar. Es necesario habilitar aeródromos civiles. Cuando se cerró la pista de Cerrillos, muchos clubes aéreos se vieron obligados a acercarse a los aeródromos de nuestra zona. Por ello, es importante contar con una reglamentación que regule la instalación y funcionamiento de aeródromos civiles; de lo contrario, deberemos lamentar hechos graves en el futuro.
Como el general de Aviación aún no ha planteado una solución al problema -recientemente le consulté acerca del trabajo que está llevando a cabo y me respondió que aún está buscando una alternativa de solución-, solicito que se oficie al director general de Aeronáutica Civil , a fin de que nos informe al respecto, como, asimismo, que entregue detalles de las normas de seguridad implementadas por la DGAC en los aeródromos de nuestra zona. En el caso de las comunas de Melipilla y de Curacaví, ambas se encuentran en situación de riesgo debido a la gran cantidad de poblaciones o villas que existen en el lugar, las que diariamente se ven amenazadas debido a esta situación. Repito, no queremos lamentar la ocurrencia de accidentes de mayor gravedad en el futuro.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECURSOS PARA ACREDITACIÓN DE HOSPITAL BASE DE VALDIVIA. INFORMACIÓN SOBRE CÁMARAS DE VIGILANCIA. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Salud y al director del Servicio de Salud de Valdivia , con el objeto de que se pronuncien respecto de una información que hemos recibido, en el sentido de que el hospital base de Valdivia no cuenta con los recursos necesarios para su acreditación.
Entre otras cosas, nos enteramos de que no existen cámaras de vigilancia al interior de ese gran establecimiento, a pesar de que estamos hablando de un hospital importante de la zona sur en materia oncológica y de otros servicios. Es fundamental destinar los recursos necesarios para que continúe brindando un buen servicio a la comunidad.
Cuando se recuperó la democracia, la infraestructura del establecimiento fue reparada completamente; además de integrar distintas especialidades médicas en beneficio de la comunidad. Por ello -repito- resulta fundamental destinar los recursos necesarios para continuar avanzando en atender nuevas patologías, implementar equipamientos y reforzar las distintas especialidades médicas, tanto en personal médico, paramédico, auxiliares y profesionales en general.
Por las razones expuestas, pido que se oficie al ministro de Salud a fin de que nos informe si se van a destinar los recursos necesarios para la acreditación del hospital base de Valdivia, como asimismo, al director del recinto, a fin de que nos señale si efectivamente existe una red de cámaras de vigilancia y si se encuentra operativa. De ser así, me interesa saber la fecha en que se implementó.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EXENSIÓN DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA E IVA A IGLESIAS EVANGÉLICAS. Oficios.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Mixto, Partido Radical Socialdemócrata, Partido Comunista y Maiz, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , el 31 de enero del presente año, el Servicio de Impuestos Internos envió un oficio para que las iglesias evangélicas y protestantes paguen mensualmente el impuesto a la renta y el IVA. Que yo sepa, las iglesias evangélicas en nuestro país no se dedican a ningún negocio; por el contrario, realizan un trabajo, como todas las iglesias, tremendamente altruista, a fin de llegar a la población y moldear al ser humano, para hacerlo más noble, más fraterno y ayudarlo en combatir determinados vicios. Por lo demás, cumplen con una labor pastoral fundamental.
De ahí que esta medida aplicada por el Servicio de Impuestos Internos, seguramente asesorado por un alto ejecutivo, es una de las más impopulares que puede llevar adelante un gobierno. En las encuestas, lamentablemente, se ven reflejadas estas decisiones. Por eso, es cada vez menor el respaldo que tiene el Ejecutivo. Se trata de un atropello a la gente que participa en estas iglesias.
Por ello, pido que se oficie al señor Presidente de la República, a fin de estudie esta situación y, lisa llanamente, la deje sin efecto.
Asimismo, solicito que se envíe copia de esta intervención al ministro del Interior , al ministro de Hacienda y al director Nacional del Servicio de Impuestos Internos , que no tiene tiempo para responder los reiterados oficios que se le han enviado desde esta Cámara de Diputados, con el propósito de resolver temas relacionados con el pago excesivo de contribuciones en lugares en donde existían edificios antes del terremoto.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Manuel Monsalve , Rosauro Martínez , Joel Rosales y Felipe Salaberry .
RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES Y TRANQUES EN ZONAS DE SEQUÍA. Oficios.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , pido que se oficie al Presidente de la República y al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que se destinen los recursos suficientes para construir embalses y tranques. Como se sabe, durante el invierno el agua va directo al mar, a través de ríos y esteros, lo cual resulta un desperdicio.
Nuestro país, de norte a sur, está siendo azotado seriamente por la sequía. Por eso, es importante destinar estos recursos para embalsar cantidades importantes de agua y asegurar la bebida del ser humano y el riego de diferentes cultivos. Resulta fundamental actuar ahora y no dejar para después la construcción de embalses y tranques de almacenamiento, en virtud de la enorme sequía que, repito, azota al país de norte a sur.
Por ello, pido que se oficie al Presidente de la República y al ministro de Obras Públicas, a fin de que adopten las medidas pertinentes.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Manuel Monsalve , Rosauro Martínez , Joel Rosales y Felipe Salaberry .
LLAMADO A LICITACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE CARRETERA DE NAHUELBUTA. Oficios.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , resulta preocupante la cantidad de accidentes con consecuencias fatales que, periódicamente, acontecen en el camino Los Ángeles-Nacimiento.
En los últimos cuarenta días, por lo menos diez personas han perdido la vida en tres accidentes. Estamos hablando de la carretera Nahuelbuta, también conocida como “la ruta de la muerte”, la que se encuentra sobresaturada de tráfico vehicular.
Por ello, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , y, por su intermedio, al jefe del departamento de Concesiones de la Dirección Nacional de Vialidad , a fin de que nos informe, concretamente, cuándo se llamará a licitación para ampliar la carretera Nahuelbuta, que une Los Ángeles con la ciudad Huequén , en la Novena Región.
Como señalé, el camino está realmente sobresaturado de vehículos que, diariamente, circulan por el lugar. Como consecuencia de ello, decenas de personas han fallecido en esa ruta, precisamente, por el exceso de tráfico.
Por tal razón, resulta indispensable iniciar lo más pronto posible las obras de ampliación de la carretera Nahuelbuta, o “ruta de la muerte”, porque semana a semana recibimos noticias de accidentes que, lamentablemente, enlutan a muchas familias. Sin ir más lejos, la semana recién pasada fallecieron cuatro jóvenes a la salida de Los Ángeles.
Cabe señalar, también, que el aumento de la producción de celulosa de la Forestal Santa Fe, emplazada en Nacimiento, va a aumentar el tráfico de camiones, lo que, sin duda, va a conllevar un mayor peligro en el sector, con el consiguiente incremento de accidentes, debido, principalmente, a la sobresaturación de la arteria principal que une Los Ángeles y Nacimiento.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Manuel Monsalve , Rosauro Martínez , Joel Rosales y Felipe Salaberry .
HOMENAJE A VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA DE ANTUCO.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- El Comité de Renovación Nacional ha cedido dos minutos de su tiempo al diputado señor Joel Rosales.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROSALES (de pie).- Señor Presidente , desde la Cámara de Diputados, aprovecho la oportunidad para rendir un sentido homenaje a las víctimas de la tragedia de Antuco, en un nuevo aniversario de esa desgracia.
Tan infausto evento no solo enlutó al país en lo más profundo, sino que, por cierto, marcó la vida de amigos, familiares y cercanos a los conscriptos que fallecieron en tan lamentable circunstancia.
Mañana, viernes 18 de mayo, se cumplirán siete años del lamentable hecho, fecha en que recordaremos a los 44 conscriptos y al sargento 2º que perdieron sus vidas. Miles de familiares, y el pueblo chileno en general, recordarán con tristeza, pero con profundo respeto y orgullo, a esos verdaderos héroes de la paz que fallecieron sirviendo a la patria.
El 4 de abril de 2005, cerca de 400 jóvenes conscriptos ingresaron al Regimiento Reforzado Nº 17, Los Ángeles, del Ejército de Chile, ubicado en esa ciudad, con el fin de cumplir con su servicio militar. El 17 de mayo de 2005, tres compañías de ese regimiento partieron, como es costumbre, a realizar ejercicios de preparación. Sin embargo, un frente de mal tiempo arribó a la zona, el que provocó grandes nevazones y un importante descenso de la temperatura. Los soldados lograron llegar al refugio Los Barros, localizado en el faldeo nororiente del macizo volcánico.
Como chileno y angelino, esa tragedia nos marca en lo más profundo de nuestro ser. Tales sucesos nos deben llevar a re-
flexionar en cuanto a que el espíritu humano es absolutamente inquebrantable en situaciones límites.
Si algo debemos aprender en esta conmemoración es que el valor de tantos jóvenes no puede quedar en el olvido. Muy por el contrario, debe permanecer en la mente y en el corazón de nuestro Chile.
Señor Presidente, honorables colegas, espero que este episodio, que recordamos, no quede en el olvido, y que el sacrificio de esos jóvenes quede marcado a fuego en la conciencia colectiva de todos los chilenos a lo largo de los años.
Por lo anterior, pido que, mañana 18 de mayo, en todas las reparticiones públicas, al menos de mi provincia, se guarde un minuto de silencio en conmemoración de estos héroes de la paz. La tragedia vistió de luto el alma nacional, pero, al mismo tiempo, nos llenó de orgullo, por la hidalguía y la valentía demostrada por tantos jóvenes. Este acontecimiento debe permanecer por siempre como un testimonio de heroísmo y de unidad.
Aprovecho la ocasión para agradecer a las comunas de Los Ángeles, Antuco , Laja , San Rosendo , Nacimiento, Negrete, Tucapel , Quilleco , Quilaco, Santa Bárbara y Alto Biobío , todas pertenecientes a mi distrito, ya que sus habitantes compartieron generosamente con los familiares de los soldados fallecidos.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , han adherido a sus sentidas palabras los diputados señores Felipe Salaberry , José Miguel Ortiz y Carlos Recondo .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.15 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
7947-03
Sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
7678-02
Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
8302-05
Fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República que formula indicaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte. (boletín N°8085-29).
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
Al artículo tercero transitorio
1) Para reemplazar la referencia a los “numerales 1 a 6 del artículo primero transitorio” por la referencia a los “numerales 1 a 7 del artículo primero transitorio”.
Al artículo quinto transitorio
2) Para eliminar la expresión “dicho cuerpo legal”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; ANDRES CHADWICK PIÑERA , Ministro Secretario General de Gobierno .”
5. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 16 de mayo de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato, correspondiente al Boletín N° 7.411-01, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1º
Número 3)
Ha agregado, en el artículo 32º que contiene, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los formularios de movimiento animal estarán a disposición de los requirentes y usuarios en general en todas las unidades de Carabineros de Chile y en todas las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero existentes en el territorio nacional. Dichas reparticiones deberán hacer entrega de los formularios de manera expedita.”.
Artículo 2°
Lo ha sustituido por el siguiente:
“Artículo 2°.- Incorpórase el siguiente artículo 14 bis a la ley N° 18.755, que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero:
“Artículo 14 bis.- Los Inspectores del Servicio que constaten infracción al artículo 2º de la presente ley, tras levantar el acta de denuncia respectiva, podrán ordenar la retención temporal o traslado de los elementos, insumos, productos o vehículos, o la inmovilización de éstos o la aposición de sellos sobre bienes muebles o inmuebles.
Dichas medidas podrán también ser adoptadas por los Inspectores del Servicio en el caso de existir presunciones graves y precisas de que los bienes anteriores están siendo utilizados o son objeto de una infracción a la presente ley, o cuando a partir de presunciones igualmente graves y precisas sea necesario determinar el origen o presencia de alguna enfermedad, plaga o contaminación.
Sin perjuicio de lo anterior, las medidas a las que se refiere este artículo solo podrán ser adoptadas cuando una demora en su aplicación afectare gravemente el debido cumplimiento de sus labores y previa autorización fundada del Director Regional del Servicio , la que podrá concederse por cualquier medio que permita acreditar su otorgamiento.”.”.
Artículo 3°
Número 1)
Letra b)
Ha intercalado, en el numeral 3° del inciso segundo que propone, a continuación de la palabra “Expida”, los términos “o porte”.
Número 5)
Lo ha reemplazado por el que sigue:
“5) Agrégase el siguiente artículo 448 sexies:
“Art. 448 sexies. Los vehículos motorizados o de otra clase, las herramientas y los instrumentos utilizados en la comisión del delito de abigeato, caerán en comiso.
Durante el curso del procedimiento dichos bienes serán incautados de conformidad a las reglas generales, sin perjuicio del derecho establecido en el artículo 189 del Código Procesal Penal.”.”.
Artículo 4°
Lo ha sustituido por otro del siguiente tenor:
“Artículo 4°.- Incorpórase, en la ley N° 11.564, el siguiente artículo 8°:
“Artículo 8.° Para los efectos del control de identidad, Carabineros de Chile estará facultado para revisar los vehículos que transiten en zonas rurales o que pasen por tenencias o retenes, debiendo exigir la boleta, factura, guía de despacho o el formulario de movimiento animal, según sea el caso.”.”.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.715, de 14 de septiembre de 2011.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
6. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 16 de mayo de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades, correspondiente al Boletín N° 6952-07, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1°
Número 2
Letra a)
Ha reemplazado el literal a-1) que contiene por el siguiente:
“a-1) En el encabezamiento, reemplázase la expresión “La pena” por “Las penas”, e intercálase entre las palabras “absoluta” y “temporal”, la expresión “perpetua o”.”.
Número 3
Letra a)
Ha sustituido, en la primera oración del inciso segundo que propone, la expresión “y 372 bis de este Código, en la persona”, por “, 366 quinquies y 372 bis, en contra”.
Letra b)
Ha reemplazado el inciso tercero que propone por el siguiente:
“Si alguno de los delitos señalados en los artículos 361, 363, 365 bis, 366, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 372 bis se cometiere en contra de un menor de edad pero mayor de catorce años, el culpable será condenado además a la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, en cualquiera de sus grados. La misma pena se impondrá a quien cometiere cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 142 y 433, N° 1°, de este Código, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación y fuere menor de edad pero mayor de catorce años.”.
Artículo 2°
Número 2
Ha modificado el artículo 6° bis que contiene, del modo que sigue:
Inciso primero
Lo ha reemplazado por los siguientes:
“Artículo 6° bis.- Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar que se le informe o informarse por sí misma, siempre que se identifique, si una persona se encuentra afecta a la inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal, con el fin de contratar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, o cualquier otro fin similar.
Toda institución pública o privada que por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad requiera contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad deberá, antes de efectuar dicha contratación, solicitar la información a que se refiere el inciso precedente.
El Servicio de Registro Civil e Identificación se limitará a informar si a la fecha de la solicitud la persona por quien se consulta se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades del artículo 39 bis del Código Penal y omitirá proporcionar todo otro dato o antecedente que conste en el registro. Para acceder a dicha información, el solicitante deberá ingresar o suministrar el nombre y el número de Rol Único Nacional de la persona cuya consulta se efectúa. Un reglamento establecerá la forma y las demás condiciones en que será entregada la información.”.
Inciso segundo
Ha pasado a ser inciso cuarto, sustituido por el siguiente:
“Si quien accediere al Registro utilizare la información contenida en él para fines distintos de los autorizados en el inciso primero será sancionado con multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, la que será impuesta por el juez de policía local del territorio en donde se hubiere cometido la infracción, en conformidad con la ley N° 18.287.”.
Inciso tercero
Ha pasado a ser inciso quinto, sin enmiendas.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 29 Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, el número 2 del artículo 2º se aprobó con los votos de 28 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.131, de 30 de noviembre de 2010.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
7. Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de superar las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados en la tramitación del proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca. (boletín Nº 7947-03)
?Honorable Senado:
Honorable Cámara de Diputados:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en la suma, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
El Senado, en sesión de fecha 9 de mayo en curso, al momento de rechazar las modificaciones introducidas al proyecto en comento en el segundo trámite constitucional, designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores que integran la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, señores Carlos Bianchi Chelech , Alejandro García-Huidobro Sanfuentes , Antonio Horvath Kiss , Fulvio Rossi Ciocca , y Hosain Sabag Castillo .
La Cámara de Diputados, por su parte, en sesión de 10 de mayo de 2012, designó como integrantes de la misma Comisión Mixta a los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz D’Albora y señores Gabriel Ascencio Mansilla , Patricio Melero Abaroa , Alejandro Santana Tirachini y Jorge Ulloa Aguillón . La Cámara, el 16 del mismo mes, reemplazó a los señores Santana Tirachini y Ulloa Aguillón por los Honorables Diputados señores Gaspar Rivas Sánchez y Carlos Recondo Lavanderos , respectivamente.
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día de hoy, 16 de mayo de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Bianchi Chelech , Alejandro García-Huidobro Sanfuentes y Antonio Horvath Kiss , y los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz d’Albora y señores Gabriel Ascencio Mansilla , Patricio Melero Abaroa , Carlos Recondo Lavanderos y Gaspar Rivas Sánchez . En la oportunidad indicada, se eligió por unanimidad como Presidente al Honorable Senador señor Antonio Horvath Kiss y de inmediato la Comisión Mixta se abocó al cumplimiento de su cometido.
A la sesión en que se consideró este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión, las siguientes personas:
Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: el Ministro , señor Pablo Longueira Montes ; los asesores legislativos del Gabinete del Ministro, señores Alejandro Arriagada Ríos y Julio Alonso Ducci .
De la Subsecretaría de Pesca: el Subsecretario, señor Pablo Galilea Carrillo ; el Jefe de la División Jurídica , señor Felipe Palacio Rives ; la abogada asesora, señora María Alicia Baltierra O’Kuinghttons, y la Jefa de la División de Desarrollo Pesquero, señora Edith Saa Collantes .
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el coordinador señor Javier Acuña Maturana .
-o-
CONSTANCIA
Se hace presente que los numerales 1), 7), 10), 11), 12) y 13) del artículo 1° del proyecto en informe, y el Artículo segundo transitorio, sobre los cuales se produjo divergencia entre ambas Cámaras, tienen carácter de ley orgánica constitucional, ya que inciden en la organización básica de la Subsecretaría de Pesca y de algunos de los servicios del sector, lo que involucra enmendar tácitamente la Ley Orgánica Constitucional de Bases Constitucionales de la Administración del Estado.
-o-
LAS DISCREPANCIAS
Cabe señalar que el Senado, en el tercer trámite constitucional, rechazó todas las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados en el segundo trámite, salvo la modificación formulada al numeral 3) del artículo 4° del proyecto, que fue aprobada. La Comisión Mixta las resolvió en conjunto, mediante las proposiciones que se consignan más adelante.
Artículo 1º
Número 1)
El numeral 1) del artículo 1° aprobado por el Senado dispone:
“1) Sustitúyese la letra e) del inciso segundo del artículo 59, por la siguiente:
“e) Tres representantes de los pescadores artesanales, que representen a los pescadores artesanales propiamente tales, a los mariscadores y a los cultivadores y algueros. Estos representantes deberán provenir de las siguientes macrozonas pesqueras del país: de la I a la IV Región; de la V a la IX Región e Islas Oceánicas, y de la XIV, la X, la XI y la XII Región. Durarán en sus cargos dos años, no podrán ser redesignados y quienes los reemplacen deberán provenir de una región distinta, dentro de la macrozona respectiva.”.”.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, rechazó la disposición. En el tercero, el Senado rechazó la supresión.
Número 7)
El texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional, es el siguiente:
“7) Agréganse, en el Título VI, a continuación del artículo 90 quáter, el siguiente Párrafo 3° y los artículos 90 A a 90 H que lo integran:
Párrafo 3
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUICULTURA
Artículo 90 A.- Créase la Comisión Nacional de Acuicultura, en adelante “la Comisión”, cuya función será asesorar al Presidente de la República , a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en la formulación y evaluación de las acciones, medidas y programas que se requieran para implementar la Política Nacional de Acuicultura.
Artículo 90 B.- La Comisión será presidida por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, y estará integrada además por los siguientes miembros:
a) Un representante de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
b) Un representante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
c) Un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
d) Un representante del Ministerio del Medio Ambiente.
e) Un representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
f) Un representante del Instituto de Fomento Pesquero.
g) Siete miembros provenientes de las asociaciones de acuicultores legalmente constituidas, designados por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
h) Un miembro proveniente de una asociación de prestadores de servicios de la acuicultura legalmente constituida, designado por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
Artículo 90 C.- Corresponderán a la Comisión, en especial, las siguientes tareas:
a) Dar su opinión respecto de los reglamentos a que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley;
b) Elaborar y proponer las medidas, planes y programas tendientes a la ejecución e implementación de la Política Nacional de Acuicultura;
c) Dar su opinión respecto de la zonificación del borde costero en relación con actividades de acuicultura;
d) Dar su opinión sobre asuntos internacionales con relevancia para el sector, y
e) Dar su opinión sobre las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura, que proponga el Presidente de la República, antes que sean presentadas al Congreso Nacional.
La Comisión podrá referirse a las demás materias que estime pertinentes y que incidan en la actividad de acuicultura, quedando facultada para solicitar los antecedentes necesarios de los organismos públicos o privados del sector, a través de su Presidente .
Artículo 90 D.- La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva, que estará radicada en la Subsecretaría.
Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva coordinar las reuniones de la Comisión, levantar acta de los acuerdos adoptados, elaborar una memoria anual que resuma las actividades desarrolladas por la Comisión durante el año calendario anterior y, en general, efectuar todas aquellas tareas que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión establecidos en la presente ley.
Artículo 90 E.- La Comisión podrá invitar a sus sesiones a representantes de otros Ministerios y Servicios relacionados con las materias a tratar, así como a representantes del sector privado y de las organizaciones de trabajadores del sector que lo soliciten.
Artículo 90 F.- Las autoridades y directivos de los órganos de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, toda la colaboración que ésta les solicite.
Artículo 90 G.- Corresponderá a la Subsecretaría prestar el apoyo técnico y administrativo que sea menester para el funcionamiento de la Comisión y de su Secretaría Ejecutiva.
Artículo 90 H.- La Comisión acordará las demás normas para su funcionamiento interno, el que deberá considerar al menos tres reuniones ordinarias anuales.”.”.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha suprimido. En el tercero, el Senado rechazó la supresión.
El Presidente de la República propuso introducir dos adiciones al artículo 90 B contenido en este numeral 7) del artículo 1° del proyecto: la primera, para elevar a tres el número de representantes de las asociaciones de prestadores de servicios de la acuicultura legalmente constituidas, a que se refiere la letra h) del citado artículo 90 B, y la segunda para agregar al mismo precepto una letra i), nueva, que integra la Comisión Nacional de Acuicultura con dos representantes de los trabajadores de centros de cultivo designados por el Presidente de la República , a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
Número 10)
El numeral 10) del artículo 1° aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional establece:
“10) Elimínase el párrafo segundo del numeral 2 del inciso segundo del artículo 146.”.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha rechazado. En el tercero, el Senado rechazó la supresión.
Número 11)
El numeral 11) del artículo 1° aprobado por el Senado, prescribe:
“11) Reemplázase el inciso primero del artículo 150 por el siguiente:
“Artículo 150.- Creánse ocho organismos zonales, denominados Consejos Zonales de Pesca:
a) Uno en la zona correspondiente a las Regiones XV de Arica y Parinacota, I de Tarapacá y II de Antofagasta, con sede en la comuna de Iquique;
b) Uno en la zona correspondiente a las Regiones III de Atacama y IV de Coquimbo, con sede en la comuna de Coquimbo;
c) Uno en la zona correspondiente a las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule e Islas Oceánicas, con sede en la comuna de Constitución;
d) Uno en la zona correspondiente a la Región VIII del Biobío, con sede en la comuna de Talcahuano;
e) Uno en la zona correspondiente a las Regiones IX de La Araucanía y XIV de Los Ríos, con sede en la comuna de Valdivia;
f) Uno en la zona correspondiente a la Región X de Los Lagos, con sede en la comuna de Puerto Montt;
g) Uno en la zona correspondiente a la Región XI de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, con sede en la comuna de Aysén;
h) Uno en la zona correspondiente a la Región XII de Magallanes y de la Antártica Chilena, con sede en la comuna de Punta Arenas.”.”.
La Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, ha suprimido las letras c) y d) del numeral citado. En el tercero, el Senado rechazó la supresión.
Número 12)
El texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional es el siguiente:
“12) Modifícase el inciso primero del artículo 152 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese, en la letra a), la expresión “del Servicio”, la primera vez que aparece, por las palabras “de Pesca”.
b) Enmiéndase la letra g) del modo que sigue:
i) Reemplázase el párrafo primero por el siguiente:
“El número de consejeros que en cada caso se indica, en representación de las organizaciones gremiales legalmente constituidas de armadores; de pequeños armadores; de plantas procesadoras de productos pesqueros, y de acuicultores de la zona.”.
ii) Sustitúyese, en el párrafo cuarto, la frase “V, VI, VII, VIII y IX Regiones e Islas Oceánicas”, por “V, VI y VII Regiones e Islas Oceánicas”.
iii) Agréganse los siguientes párrafos quinto y sexto, nuevos, cambiando los demás su orden correlativo:
“En el Consejo Zonal de la VIII Región, uno representará a los armadores industriales de la pesca pelágica; otro a los armadores industriales de pesca demersal; otro a los pequeños armadores industriales y, un cuarto a los industriales de plantas procesadoras de productos pesqueros.
En el Consejo Zonal de la IX y XIV Regiones, uno representará a los armadores industriales de la pesca pelágica; otro a los armadores industriales de la pesca demersal; otro a los pequeños armadores industriales; otro a los industriales de plantas procesadoras de productos pesqueros, y otro a los acuicultores.”.
iv) Sustitúyese, en el párrafo quinto, que pasa a ser séptimo, la frase “XIV, X y XI Regiones”, por “X Región”.
v) Agrégase, a continuación del párrafo sexto, que pasa a ser octavo, el siguiente párrafo noveno:
“En el Consejo Zonal de la XI Región, uno representará a los armadores industriales, otro a los pequeños armadores, otro a los industriales procesadores de productos pesqueros, y otro a los acuicultores.”.”.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, rechazó el literal ii) de la letra b). En el tercero, el Senado rechazó la supresión.
Número 13)
El numeral 13) del artículo 1° aprobado por el Senado, prescribe lo siguiente:
“13) Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 173, a continuación de la palabra “necesarios”, la siguiente expresión final “, y designará un Director Ejecutivo ”.”.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo suprimió. En el tercero, el Senado rechazó la supresión.
Disposiciones transitorias
Artículo primero
El artículo primero transitorio aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional prescribe:
“Artículo primero.- Las personas que a la fecha de publicación de esta ley integren los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones V a IX e Islas Oceánicas, y los de las Regiones XIV a XI, continuarán integrando, respectivamente, los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones VIII a IX y los de las Regiones XIV y X.”.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, suprimió este artículo. En el tercero, el Senado rechazó la supresión.
Artículo segundo
“Artículo segundo.- Los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule, de las Regiones IX de La Araucanía y XIV de Los Ríos, y el de la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, deberán constituirse dentro de un plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de publicación de esta ley.
Mientras no se encuentren constituidos dichos Consejos Zonales con el número mínimo de miembros necesarios para reunirse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, tendrán competencia en las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule, el Consejo Zonal de Pesca de la VIII Región del Biobío; y en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo tendrá competencia el Consejo Zonal de la X Región de Los Lagos.
Asimismo, mientras no se encuentre constituido el Consejo Zonal de Pesca de las Regiones IX de la Araucanía y XIV de Los Ríos con el número mínimo de miembros necesarios para reunirse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, tendrán competencia en la IX Región de La Araucanía y en la XIV Región de Los Ríos, el Consejo Zonal de Pesca de la VIII Región del Biobío y el de la X Región de Los Lagos, respectivamente.”.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo ha suprimido. En el tercero, el Senado rechazó la supresión.
-o-
- La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó proponeros aprobar el texto despachado por el Senado en el primer trámite constitucional, para cada una de las disposiciones materia de la controversia, más las enmiendas acordadas a instancias del Presidente de la República , relativas al artículo 90 B, que incorpora el numeral 7) del artículo 1° del proyecto, con las debidas adecuaciones de redacción.
Concurrieron al acuerdo los Honorables Senadores señores Bianchi , García-Huidobro y Horvath y los Honorables Diputados señora Muñoz y señores Ascencio , Melero , Recondo y Rivas .
-o-
PROPOSICIÓN DE ACUERDO
Si bien el Artículo primero transitorio no es propio de ley orgánica constitucional, no se propone a su respecto una votación separada, porque depende de la suerte que corra el número 11) del artículo 1° del proyecto, que sí es orgánico constitucional, y si éste es aprobado, con mayor razón lo sería aquél, que requiere el quórum de ley común.
En mérito de lo expuesto, la Comisión Mixta, a fin de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional con ocasión de la tramitación del proyecto en informe, propone aprobar, en una sola votación, el siguiente texto de las normas controvertidas:
Artículo 1º
“1) Sustitúyese la letra e) del inciso segundo del artículo 59, por la siguiente:
“e) Tres representantes de los pescadores artesanales, que representen a los pescadores artesanales propiamente tales, a los mariscadores y a los cultivadores y algueros. Estos representantes deberán provenir de las siguientes macrozonas pesqueras del país: de la I a la IV Región; de la V a la IX Región e Islas Oceánicas, y de la XIV, la X, la XI y la XII Región. Durarán en sus cargos dos años, no podrán ser redesignados y quienes los reemplacen deberán provenir de una región distinta, dentro de la macrozona respectiva.”.”.
“7) Agréganse, en el Título VI, a continuación del artículo 90 quáter, el siguiente Párrafo 3° y los artículos 90 A a 90 H que lo integran:
Párrafo 3
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUICULTURA
Artículo 90 A.- Créase la Comisión Nacional de Acuicultura, en adelante “la Comisión”, cuya función será asesorar al Presidente de la República , a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en la formulación y evaluación de las acciones, medidas y programas que se requieran para implementar la Política Nacional de Acuicultura.
Artículo 90 B.- La Comisión será presidida por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, y estará integrada además por los siguientes miembros:
a) Un representante de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
b) Un representante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
c) Un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
d) Un representante del Ministerio del Medio Ambiente.
e) Un representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
f) Un representante del Instituto de Fomento Pesquero.
g) Siete miembros provenientes de las asociaciones de acuicultores legalmente constituidas, designados por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
h) Tres miembros provenientes de una asociación de prestadores de servicios de la acuicultura legalmente constituida, designados por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
i) Dos representantes de los trabajadores de centros de cultivo designados por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
Artículo 90 C.- Corresponderán a la Comisión, en especial, las siguientes tareas:
a) Dar su opinión respecto de los reglamentos a que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley;
b) Elaborar y proponer las medidas, planes y programas tendientes a la ejecución e implementación de la Política Nacional de Acuicultura;
c) Dar su opinión respecto de la zonificación del borde costero en relación con actividades de acuicultura;
d) Dar su opinión sobre asuntos internacionales con relevancia para el sector, y
e) Dar su opinión sobre las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura, que proponga el Presidente de la República, antes que sean presentadas al Congreso Nacional.
La Comisión podrá referirse a las demás materias que estime pertinentes y que incidan en la actividad de acuicultura, quedando facultada para solicitar los antecedentes necesarios de los organismos públicos o privados del sector, a través de su Presidente .
Artículo 90 D.- La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva, que estará radicada en la Subsecretaría.
Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva coordinar las reuniones de la Comisión, levantar acta de los acuerdos adoptados, elaborar una memoria anual que resuma las actividades desarrolladas por la Comisión durante el año calendario anterior y, en general, efectuar todas aquellas tareas que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión establecidos en la presente ley.
Artículo 90 E.- La Comisión podrá invitar a sus sesiones a representantes de otros Ministerios y Servicios relacionados con las materias a tratar, así como a representantes del sector privado y de las organizaciones de trabajadores del sector que lo soliciten.
Artículo 90 F.- Las autoridades y directivos de los órganos de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, toda la colaboración que ésta les solicite.
Artículo 90 G.- Corresponderá a la Subsecretaría prestar el apoyo técnico y administrativo que sea menester para el funcionamiento de la Comisión y de su Secretaría Ejecutiva.
Artículo 90 H.- La Comisión acordará las demás normas para su funcionamiento interno, el que deberá considerar al menos tres reuniones ordinarias anuales.”.”.
“10) Elimínase el párrafo segundo del numeral 2 del inciso segundo del artículo 146.”.
11) Reemplázase el inciso primero del artículo 150 por el siguiente:
Artículo 150.- Creánse ocho organismos zonales, denominados Consejos Zonales de Pesca:
“c) Uno en la zona correspondiente a las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule e Islas Oceánicas, con sede en la comuna de Constitución;
d) Uno en la zona correspondiente a la Región VIII del Biobío, con sede en la comuna de Talcahuano;”.
12) Modifícase el inciso primero del artículo 152 de la siguiente manera:
b) Enmiéndase la letra g) del modo que sigue:
“ii) Sustitúyese, en el párrafo cuarto, la frase “V, VI, VII, VIII y IX Regiones e Islas Oceánicas”, por “V, VI y VII Regiones e Islas Oceánicas”.”.
“13) Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 173, a continuación de la palabra “necesarios”, la siguiente expresión final “, y designará un Director Ejecutivo ”.”.
Artículos Transitorios
“Artículo primero.- Las personas que a la fecha de publicación de esta ley integren los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones V a IX e Islas Oceánicas, y los de las Regiones XIV a XI, continuarán integrando, respectivamente, los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones VIII a IX y los de las Regiones XIV y X.”.
“Artículo segundo.- Los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule, de las Regiones IX de La Araucanía y XIV de Los Ríos, y el de la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, deberán constituirse dentro de un plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de publicación de esta ley.
Mientras no se encuentren constituidos dichos Consejos Zonales con el número mínimo de miembros necesarios para reunirse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, tendrán competencia en las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule, el Consejo Zonal de Pesca de la VIII Región del Biobío; y en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo tendrá competencia el Consejo Zonal de la X Región de Los Lagos.
Asimismo, mientras no se encuentre constituido el Consejo Zonal de Pesca de las Regiones IX de la Araucanía y XIV de Los Ríos con el número mínimo de miembros necesarios para reunirse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, tendrán competencia en la IX Región de La Araucanía y en la XIV Región de Los Ríos, el Consejo Zonal de Pesca de la VIII Región del Biobío y el de la X Región de Los Lagos, respectivamente.”.
-o-
TEXTO DEL PROYECTO
Para una mejor comprensión de lo resuelto, se transcribe a continuación el texto del proyecto de ley como queda si la proposición de la Comisión Mixta se aprueba en ambas Cámaras:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.- Modifícase la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992, de la siguiente manera:
1) Sustitúyese la letra e) del inciso segundo del artículo 59, por la siguiente:
“e) Tres representantes de los pescadores artesanales, que representen a los pescadores artesanales propiamente tales, a los mariscadores y a los cultivadores y algueros. Estos representantes deberán provenir de las siguientes macrozonas pesqueras del país: de la I a la IV Región; de la V a la IX Región e Islas Oceánicas, y de la XIV, la X, la XI y la XII Región. Durarán en sus cargos dos años, no podrán ser redesignados y quienes los reemplacen deberán provenir de una región distinta, dentro de la macrozona respectiva.”.
2) Reemplázanse, en el artículo 60, las referencias a “El Servicio” y “el Servicio”, por otras a “La Subsecretaría” y “la Subsecretaría”, respectivamente.
3) Modifícase el artículo 61 del siguiente modo:
a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente oración final: “Asimismo, el mecanismo de asignación de los proyectos deberá considerar, en el caso de proyectos que compitan en una misma categoría, una mayor ponderación para aquellos que contemplen un cofinanciamiento por parte de los pescadores artesanales u organización de pescadores artesanales que los presentan.”.
b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “al Servicio”, por la frase “a la Subsecretaría”.
4) Reemplázanse, en el artículo 62, los términos “del Servicio”, por la expresión “de la Subsecretaría”.
5) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 86, la frase “previos informes técnicos fundados de la Subsecretaría, y del Consejo Nacional de Pesca”, por la siguiente: “previo informe técnico fundado de la Subsecretaría, y previa consulta a la Comisión Nacional de Acuicultura”.
6) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 87, la frase “previos informes técnicos debidamente fundamentados de la Subsecretaría, del Consejo Nacional de Pesca y del Consejo Zonal de Pesca que corresponda”, por la siguiente: “previo informe técnico fundado de la Subsecretaría y previa consulta a la Comisión Nacional de Acuicultura y al Consejo Zonal de Pesca que corresponda”.
7) Agréganse, en el Título VI, a continuación del artículo 90 quáter, el siguiente Párrafo 3° y los artículos 90 A a 90 H que lo integran:
Párrafo 3
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUICULTURA
Artículo 90 A.- Créase la Comisión Nacional de Acuicultura, en adelante “la Comisión”, cuya función será asesorar al Presidente de la República , a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en la formulación y evaluación de las acciones, medidas y programas que se requieran para implementar la Política Nacional de Acuicultura.
Artículo 90 B.- La Comisión será presidida por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, y estará integrada además por los siguientes miembros:
a) Un representante de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
b) Un representante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
c) Un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
d) Un representante del Ministerio del Medio Ambiente.
e) Un representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
f) Un representante del Instituto de Fomento Pesquero.
g) Siete miembros provenientes de las asociaciones de acuicultores legalmente constituidas, designados por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
h) Tres miembros provenientes de una asociación de prestadores de servicios de la acuicultura legalmente constituida, designados por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
i) Dos representantes de los trabajadores de centros de cultivo designados por el Presidente de la República, a propuesta del Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
Artículo 90 C.- Corresponderán a la Comisión, en especial, las siguientes tareas:
a) Dar su opinión respecto de los reglamentos a que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley;
b) Elaborar y proponer las medidas, planes y programas tendientes a la ejecución e implementación de la Política Nacional de Acuicultura;
c) Dar su opinión respecto de la zonificación del borde costero en relación con actividades de acuicultura;
d) Dar su opinión sobre asuntos internacionales con relevancia para el sector, y
e) Dar su opinión sobre las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de acuicultura, que proponga el Presidente de la República, antes que sean presentadas al Congreso Nacional.
La Comisión podrá referirse a las demás materias que estime pertinentes y que incidan en la actividad de acuicultura, quedando facultada para solicitar los antecedentes necesarios de los organismos públicos o privados del sector, a través de su Presidente .
Artículo 90 D.- La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva, que estará radicada en la Subsecretaría.
Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva coordinar las reuniones de la Comisión, levantar acta de los acuerdos adoptados, elaborar una memoria anual que resuma las actividades desarrolladas por la Comisión durante el año calendario anterior y, en general, efectuar todas aquellas tareas que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión establecidos en la presente ley.
Artículo 90 E.- La Comisión podrá invitar a sus sesiones a representantes de otros Ministerios y Servicios relacionados con las materias a tratar, así como a representantes del sector privado y de las organizaciones de trabajadores del sector que lo soliciten.
Artículo 90 F.- Las autoridades y directivos de los órganos de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, toda la colaboración que ésta les solicite.
Artículo 90 G.- Corresponderá a la Subsecretaría prestar el apoyo técnico y administrativo que sea menester para el funcionamiento de la Comisión y de su Secretaría Ejecutiva.
Artículo 90 H.- La Comisión acordará las demás normas para su funcionamiento interno, el que deberá considerar al menos tres reuniones ordinarias anuales.”.
8) Reemplázase, en el numeral 2) del inciso primero del artículo 96, la frase “a través de concurso público de acuerdo con las normas que se establezcan en el reglamento”, por la expresión “de conformidad con las normas establecidas en la ley N° 19.886”.
9) Suprímese el párrafo segundo del numeral 12) del artículo 125.
10) Elimínase el párrafo segundo del numeral 2 del inciso segundo del artículo 146.
11) Reemplázase el inciso primero del artículo 150 por el siguiente:
“Artículo 150.- Creánse ocho organismos zonales, denominados Consejos Zonales de Pesca:
a) Uno en la zona correspondiente a las Regiones XV de Arica y Parinacota, I de Tarapacá y II de Antofagasta, con sede en la comuna de Iquique;
b) Uno en la zona correspondiente a las Regiones III de Atacama y IV de Coquimbo, con sede en la comuna de Coquimbo;
c) Uno en la zona correspondiente a las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule e Islas Oceánicas, con sede en la comuna de Constitución;
d) Uno en la zona correspondiente a la Región VIII del Biobío, con sede en la comuna de Talcahuano;
e) Uno en la zona correspondiente a las Regiones IX de La Araucanía y XIV de Los Ríos, con sede en la comuna de Valdivia;
f) Uno en la zona correspondiente a la Región X de Los Lagos, con sede en la comuna de Puerto Montt;
g) Uno en la zona correspondiente a la Región XI de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, con sede en la comuna de Aysén;
h) Uno en la zona correspondiente a la Región XII de Magallanes y de la Antártica Chilena, con sede en la comuna de Punta Arenas.”.
12) Modifícase el inciso primero del artículo 152 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese, en la letra a), la expresión “del Servicio”, la primera vez que aparece, por las palabras “de Pesca”.
b) Enmiéndase la letra g) del modo que sigue:
i) Reemplázase el párrafo primero por el siguiente:
“El número de consejeros que en cada caso se indica, en representación de las organizaciones gremiales legalmente constituidas de armadores; de pequeños armadores; de plantas procesadoras de productos pesqueros, y de acuicultores de la zona.”.
ii) Sustitúyese, en el párrafo cuarto, la frase “V, VI, VII, VIII y IX Regiones e Islas Oceánicas”, por “V, VI y VII Regiones e Islas Oceánicas”.
iii) Agréganse los siguientes párrafos quinto y sexto, nuevos, cambiando los demás su orden correlativo:
“En el Consejo Zonal de la VIII Región, uno representará a los armadores industriales de la pesca pelágica; otro a los armadores industriales de pesca demersal; otro a los pequeños armadores industriales y, un cuarto a los industriales de plantas procesadoras de productos pesqueros.
En el Consejo Zonal de la IX y XIV Regiones, uno representará a los armadores industriales de la pesca pelágica; otro a los armadores industriales de la pesca demersal; otro a los pequeños armadores industriales; otro a los industriales de plantas procesadoras de productos pesqueros, y otro a los acuicultores.”.
iv) Sustitúyese, en el párrafo quinto, que pasa a ser séptimo, la frase “XIV, X y XI Regiones”, por “X Región”.
v) Agrégase, a continuación del párrafo sexto, que pasa a ser octavo, el siguiente párrafo noveno:
“En el Consejo Zonal de la XI Región, uno representará a los armadores industriales, otro a los pequeños armadores, otro a los industriales procesadores de productos pesqueros, y otro a los acuicultores.”.
13) Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 173, a continuación de la palabra “necesarios”, la siguiente expresión final “, y designará un Director Ejecutivo ”.
Artículo 2°.- Créanse en la planta de Directivos de la Subsecretaría de Pesca , fijada por el decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1983, y sus adecuaciones y modificaciones posteriores, dos cargos de Director Zonal de Pesca , uno de los cuales ejercerá sus competencias en las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule y el otro ejercerá sus competencias en las Regiones IX de La Araucanía y XIV de Los Ríos, ambos grado 5° de la Escala Única de Sueldos, los que se considerarán equivalentes a Jefes de División para el solo efecto del artículo 7° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005.
Artículo 3°.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de 2011, que modificó la estructura orgánica del Servicio Nacional de Pesca, en los siguientes términos:
1) En su artículo primero, elimínase la frase “a cargo de un Subdirector,”, e incorpórase la siguiente oración final: “La Subdirección estará a cargo de un Subdirector Nacional de Acuicultura , grado 4º de la Escala Única de Sueldos, de Segundo Nivel Jerárquico y que estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.”.
2) Intercálase, a continuación del artículo primero, el siguiente artículo primero bis:
“Artículo primero bis.- Corresponderán, especialmente, al Subdirector Nacional de Acuicultura , las siguientes funciones:
a) Subrogar al Subdirector Nacional.
b) Asesorar al Director Nacional y demás órganos del Servicio en materia de acuicultura.
c) Planificar las acciones de fiscalización de cumplimiento de la normativa ambiental, de salud animal y demás aplicable a la acuicultura.
d) Supervisar y evaluar la ejecución de las acciones a que se refiere el literal precedente.
e) Coordinar a las Direcciones Regionales, Departamentos y demás unidades del Servicio que ejecutan funciones en materia de acuicultura.
f) Proponer al Director Nacional los programas sanitarios y demás normas que, conforme a la legislación aplicable a la acuicultura, corresponda dictar al Servicio.
g) Administrar el registro de personas acreditadas para elaborar los instrumentos de evaluación ambiental y sanitaria y demás que se requieran.
h) Controlar a las personas a que se refiere el literal anterior y proponer al Director Nacional las sanciones que corresponda aplicar a las mismas en los casos previstos por la normativa.
i) Presentar al Director Nacional , para que éste ejerza la facultad a que se refiere la letra a) del artículo 28 del decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1983, propuestas de normas para la aplicación y fiscalización de las leyes y reglamentos sobre acuicultura.”.
Artículo 4°.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1983, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, de la siguiente manera:
1) En el artículo 16:
a) Elimínase, en la letra c), el literal (ii).
b) Agrégase, en la letra d), el siguiente literal (iii):
“(iii) Departamento de Pesca Artesanal.”.
c) Intercálase la siguiente letra e), nueva, pasando las actuales letras e) y f) a ser f) y g), respectivamente:
“e) División de Acuicultura.”.
2) En el artículo 18:
a) Elimínase, en la letra a) del numeral 1, la frase “y de las actividades de acuicultura”.
b) Suprímese, en la letra d) del numeral 1, la expresión “y de acuicultura”.
c) Elimínase, en la letra f) del numeral 1, la frase “y de acuicultura”.
d) Agrégase, en el encabezamiento del numeral 2, a continuación de la palabra “Pesquero”, la frase “y de Acuicultura”.
e) Elimínase, en la letra f) del numeral 2, la frase “y de acuicultura”.
f) Agrégase el siguiente numeral 4:
“4. Corresponderá a la División de Acuicultura:
a) Coordinar su gestión con las demás unidades orgánicas para la formulación y ejecución de acciones comunes en aspectos sectoriales de administración de la actividad de acuicultura.
b) Proponer planes, programas y estudios de investigación en acuicultura.
c) Mantener actualizada la información de las actividades de acuicultura a nivel nacional y el catastro de resoluciones sobre concesiones y autorizaciones de acuicultura.
d) Estudiar y proponer las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura.
e) Informar técnicamente las propuestas de ordenamiento territorial que afecten al sector.
f) Evaluar y proponer medidas especiales para la sanidad y protección de las especies hidrobiológicas y del medio ambiente en relación a las actividades de acuicultura, de propagación o de repoblación.
g) Identificar las necesidades de conocimiento para optimizar el manejo de la acuicultura nacional.
h) Elaborar los informes técnicos para el otorgamiento de concesiones de acuicultura y otros relacionados con las empresas de cultivo y los que sean necesarios para fundar la normativa sectorial propuesta para ser dictada.
i) Asesorar al Subsecretario en materias de políticas y estrategias de la actividad acuícola.
j) Evaluar e informar técnicamente las solicitudes de internación de especies hidrobiológicas con fines de acuicultura, ornamentales, investigación y recreación, entre otros.
k) Evaluar el desempeño de la actividad acuícola nacional.
l) Evaluar ambientalmente proyectos acuícolas y de impacto en esta actividad.
m) Coordinar el funcionamiento y operación de las agrupaciones de concesiones.
n) Mantener relaciones permanentes con instancias de participación sectorial a nivel nacional e internacional.”.
3) Sustitúyese el numeral 3 del artículo 19, por el siguiente:
“3. Corresponderá al Departamento de Pesca Artesanal:
a) Proponer al Subsecretario las políticas tendientes a desarrollar y fomentar la actividad pesquera artesanal.
b) Coordinar con las demás Divisiones y Departamentos de esta Subsecretaría las solicitudes y requerimientos que realicen los pescadores artesanales y sus organizaciones legalmente constituidas.
c) Coordinar las relaciones institucionales con los pescadores artesanales y sus organizaciones.”.
Artículo 5°.- Sustitúyese la denominación dada por el artículo 1° del decreto ley N° 1.626, de 1976, a la “Subsecretaría de Pesca”, por “Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.
Todas las menciones que el ordenamiento jurídico haga a la Subsecretaría de Pesca, deberán entenderse efectuadas en lo sucesivo a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Artículo 6°.- Sustitúyese la denominación dada por el artículo 12 del decreto ley N° 2.442, de 1978, al “Servicio Nacional de Pesca”, por “Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura”.
Todas las menciones que el ordenamiento jurídico haga al Servicio Nacional de Pesca, deberán entenderse efectuadas en lo sucesivo al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Artículos Transitorios
Artículo primero.- Las personas que a la fecha de publicación de esta ley integren los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones V a IX e Islas Oceánicas, y los de las Regiones XIV a XI, continuarán integrando, respectivamente, los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones VIII a IX y los de las Regiones XIV y X.
Artículo segundo.- Los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule, de las Regiones IX de La Araucanía y XIV de Los Ríos, y el de la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, deberán constituirse dentro de un plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de publicación de esta ley.
Mientras no se encuentren constituidos dichos Consejos Zonales con el número mínimo de miembros necesarios para reunirse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, tendrán competencia en las Regiones V de Valparaíso, VI del Libertador Bernardo O’Higgins y VII del Maule, el Consejo Zonal de Pesca de la VIII Región del Biobío; y en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo tendrá competencia el Consejo Zonal de la X Región de Los Lagos.
Asimismo, mientras no se encuentre constituido el Consejo Zonal de Pesca de las Regiones IX de la Araucanía y XIV de Los Ríos con el número mínimo de miembros necesarios para reunirse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, tendrán competencia en la IX Región de La Araucanía y en la XIV Región de Los Ríos, el Consejo Zonal de Pesca de la VIII Región del Biobío y el de la X Región de Los Lagos, respectivamente.”.
-o-
Acordado en sesión realizada con fecha de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Antonio Horvath Kiss ( Presidente ), Carlos Bianchi Chelech y Alejandro García-Huidobro Sanfuentes , y de los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz D’Albora y señores Gabriel Ascencio Mansilla , Patricio Melero Abaroa , Carlos Recondo Lavanderos y Gaspar Rivas Sánchez .
Valparaíso, a 16 de mayo de 2012.
(Fdo.): FERNANDO SOFFIA CONTRERAS , Secretario de la Comisión Mixta .”
8. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto de ley que regula el trabajo de los conductores de taxis colectivos. (boletín N° 7934-13-1)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de las Diputadas señoras Cristi , doña María Angélica , y Zalaquett , doña Mónica , y de los Diputados señores Bertolino ; Hasbún ; Jiménez ; Meza ; Monckeberg, don Nicolás ; Pérez, don Leopoldo , y Salaberry , que regula el trabajo de los conductores de taxis colectivos, contenido en el Boletín N°. 7934-13.
A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de las referidas iniciativas legales asistieron la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Evelyn Matthei Fornet , y el asesor de esa Secretaría de Estado, don Francisco Del Río Correa .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- Origen y urgencia.
La iniciativa tuvo su origen en moción de las Diputadas señoras Cristi , doña María Angélica , y Zalaquett , doña Mónica , y de los Diputados señores Bertolino ; Hasbún ; Jiménez ; Meza ; Monckeberg, don Nicolás ; Pérez, don Leopoldo , y Salaberry , y se encuentra sin urgencia.
2.- Discusión general.
La moción fue aprobada, en general y particular, por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
(Votaron a favor las señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana , y Vidal , doña Ximena , y los señores Andrade, don Osvaldo ; Baltolu, don Nino ; Barros, don Ramón ; Bertolino, don Mario ; Jiménez, don Tucapel ; Saffirio, don René ; Salaberry, don Felipe , y Vilches, don Carlos .
3.- Disposiciones calificadas como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni que requieran ser aprobadas con quórum calificado.
4.- Diputado Informante .
La Comisión designó al señor Salaberry, don Felipe , en tal calidad.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
1.- Consideraciones preliminares.-
Hacen presente sus autores, que en la actualidad, se calcula que existe alrededor de 60.000 vehículos en el rubro de los taxis colectivos, y ese sector, ha pasado a ser un elemento relevante del transporte público de pasajeros, constituyéndose, en algunos casos como un medio alternativo al sistema Transantiago, y, en otros, como un mecanismo complementario de este sistema. Agregan que, asimismo, para los usuarios, constituye un medio seguro y cómodo para llegar a sus hogares, pero más barato que un taxi básico, los cuales, a diferencia de los taxis colectivos, no tienen un recorrido predefinido, sino que el pasajero indica su destino y su tarifa depende de la distancia recorrida.
Añaden que el conducir un taxi colectivo, representa una oportunidad ante la cesantía, dado que la persona invierte en la compra de un automóvil que, espera pueda servir de sustento a su familia. Es de esta manera, como cada propietario de un automóvil se transforma en un pequeño microempresario, el cual, como forma de aumentar sus ingresos, en ocasiones, logra adquirir un segundo vehículo. Para la explotación de este segundo vehículo, se asocia de manera informal con un conductor, quien tiene a su cargo el vehículo y su conducción, cancelando al dueño del mismo un canon diario por su uso. En otros casos, el propietario del vehículo, por distintas circunstancias no puede o no quiere conducir el vehículo, procediendo a explotarlo en asociación con otro conductor de la misma forma descrita anteriormente.
Hacen presente, a continuación que, en Santiago, por disposiciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, los recorridos de los taxis colectivos se encuentran predeterminados y para adjudicarse dichos recorridos, es necesario participar en un proceso de licitación. Este proceso de licitación tiene una serie de exigencias, entre ellas, se pide que quienes participen, sean personas jurídicas. Ello ha llevado a que los propietarios de vehículos deban conformar empresas para adjudicarse los recorridos.
Señalan, asimismo, que en regiones, no existe licitación de los recorridos, pero es necesario proceder a su inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros , llevado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Expresan, del mismo modo, que la situación fáctica, ha llevado a que la Dirección del Trabajo, en sus fiscalizaciones determine la existencia de una supuesta relación laboral entre el conductor no propietario y el representante de la línea que se ha adjudicado el recorrido o el representante del sindicato o asociación gremial que ha inscrito el recorrido en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, estableciendo que existiría una relación de subordinación y dependencia, por el solo hecho de actuar como coordinador de los vehículos, y en ocasiones, disponer la suspensión del vehículo, por infracción a normativa que viene impuesta desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En este sentido, agregan, ha señalado expresamente que “el personal y especialmente los conductores de vehículos de la locomoción colectiva urbana que laboran en recorridos licitados de transporte urbano de pasajeros, prestan servicios personales bajo subordinación y dependencia de las entidades constituidas como sociedades que se adjudicaron tales licitaciones, y no respecto de los propietarios de los vehículos que se los entregaron en administración a estas sociedades”. (Ords. N°2861-71, de 21.07.03)
A juicio de los autores, esta situación es extremadamente complicada, dado que las empresas, sindicatos o asociaciones gremiales, no reciben los ingresos producto de la explotación del vehículo, no fiscalizan el cumplimiento de un horario de trabajo, tampoco tienen la supervigilancia en el desempeño de las funciones, ni imparten instrucción directas a los conductores, sino únicamente realizan labores de representación y coordinación de los microempresarios propietarios, en base a las exigencias del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Asimismo, no tienen patrimonio que les permita solventar multas, pues su único ingreso es una cuota diaria que se destina a gastos administrativos y en ningún caso constituye utilidades.
Estiman ellos que, si existe alguna relación esta es de carácter comercial y se da exclusivamente entre el propietario dueño del vehículo y el conductor, en virtud de la cual el primero paga un arriendo por cada día de trabajo, siendo el conductor quien decide la cantidad de horas y horarios en que trabajará.
Concluyen manifestando que el escenario actual pone en severo riesgo la continuación del desarrollo de una actividad de la cual dependen 60.000 familias a lo largo del país y que, como señalan anteriormente, no tiene una naturaleza laboral.
2.- Objetivo del proyecto aprobado.-
El proyecto de ley que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento tiene por objeto regular el trabajo de los conductores de taxis colectivos.
3.- Contenido del proyecto aprobado.-
En atención a lo expuesto, la presente iniciativa está constituida por un artículo único mediante el cual se intercala un inciso tercero, nuevo, al artículo 8° del Código del Trabajo, cuyo texto se contiene en el proyecto propuesto para su aprobación al final de este Informe.
III. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es regular el trabajo de los conductores de taxis colectivos.
Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto aprobado por vuestra Comisión en un artículo único.
IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.
En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales, ni que requieran ser aprobadas con quórum calificado.
V. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión recibió, además, de la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Evelyn Matthei Fornet , y del asesor de esa Secretaría de Estado, don Francisco Del Río Correa , a los señores don Héctor Sandoval Gallegos , Presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, Conatacoch; don Luis Contreras Peñaloza , Presidente del Sindicato de Taxis Colectivos de la Provincia Cordillera , Fesicor ; don Eduardo Lillo Navarrete , Presidente del Consejo Nacional de Taxis Colectivos ; don Ernesto Morales Moreno , Presidente de la Asociación Gremial Metropolitana de Taxis Colectivos , y a don Mauricio Rojas Alfaro , Vocero de los Chóferes no Propietarios de Coquimbo.
VI. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
A juicio de la Comisión, el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda por no tener sus disposiciones incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado.
VII. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR.
El proyecto en informe fue aprobado, en general y particular, por vuestra Comisión, en su sesión ordinaria de fecha 8 de mayo del año en curso, con el voto favorable (11) de las señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana , y Vidal , doña Ximena , y de los señores Andrade, don Osvaldo ; Baltolu, don Nino ; Barros, don Ramón ; Bertolino, don Mario ; Jiménez, don Tucapel ; Saffirio, don René ; Salaberry, don Felipe , y Vilches, don Carlos
En el transcurso de su discusión, la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Evelyn Matthei Fornet , señaló que la actividad de conductor de taxi colectivo es de vital importancia dentro de los mecanismos de los que se vale el transporte público. Asimismo, destacó que esta actividad es especialmente importante para el Ministerio del Trabajo, en cuanto representa un tipo recurrente de autoempleo y una alternativa en casos de cesantía.
Hizo presente, asimismo, que se estima que existe un total de 127.603 trabajadores por cuenta propia en el sector del transporte. De ellos, 60.000 corresponden al sector de taxis colectivos.
Por otra parte, la Ministra afirmó que la actividad de los conductores de taxis colectivos, se caracteriza por la existencia de una persona que como alternativa a su trabajo actual, o una forma de aumentar sus ingresos, decide invertir en un automóvil. En efecto, en el 50% de los casos, los taxis colectivos son conducidos por sus mismos dueños. Sin embargo, en ocasiones, la conducción del mismo la realiza un tercero no propietario (situación en la cual se genera un conflicto de acuerdo a la interpretación que realiza la Dirección del Trabajo). Al efecto, el conductor no propietario pasa a conducir el vehículo, pagando al dueño un monto fijo por su utilización y haciéndose cargo del pago del combustible y otros gastos que la línea exija al vehículo. Es por ello, añadió, que los dueños de los vehículos alegan no existe relación de trabajo, sino una explotación conjunta del mismo.
Agregó que la Dirección del Trabajo, ha considerado que existe una relación laboral entre el conductor no propietario y el representante de la línea que se ha adjudicado el recorrido o el representante del sindicato o asociación gremial que ha inscrito el recorrido en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Ello ha llevado a que los dueños de taxis colectivos hicieran presente su disconformidad ante el Ministerio del Trabajo, alegando la inexistencia de relación laboral y la imposibilidad de pagar las multas a las que son condenados. En cuanto a la inexistencia de relación laboral, señalan que aquellas conductas que la Dirección del Trabajo establece como manifestaciones de subordinación y dependencia, en realidad son exigencias del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por ejemplo, el uso de uniforme, frecuencia de los recorridos, entre otros.
Por último, la señora Ministra afirmó que la moción es el resultado de una mesa de trabajo en donde se escucharon las problemáticas del sector y se les orientó en relación a las posibles soluciones. En ella participaron: Conatacoch, el Consejo Nacional de Taxi Colectivos de Chile y Asociación Gremial Metropolitana AGMT. Además de la participación regular del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de la Dirección del Trabajo.
Por su parte, el señor Héctor Sandoval Gallegos , Presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch), señaló que durante 30 años se ha discutido quien tiene responsabilidad sobre la seguridad social de los conductores de taxis colectivos, es decir, quien es el responsable del pago de las cotizaciones previsionales. Asimismo, indicó que entre los conductores de taxis colectivos y los dueños de los vehículos o la empresa que administra una licitación determinada, no existe realmente una relación laboral, por cuanto no existe un empleador y un empleado, no hay jornada de trabajo ni renta. En los hechos el propietario entrega su vehículo al conductor y este último le cancela un arriendo diario, es decir, no existe realmente una remuneración de donde descontar el pago de las cotizaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, en su opinión, los conductores de taxis colectivos son amparados por la ley N° 20.255 como trabajadores de afiliación voluntaria, es decir, trabajadores independientes que no emiten boletas de honorarios, quienes pueden cotizar voluntariamente y con la periodicidad que puedan. En otras palabras, las cotizaciones previsionales no son responsabilidad del dueño del vehículo ni menos del representante de la línea o empresa que administra una determina licitación.
Agrega que, incluso, el Servicio de Impuestos Internos ha señalado como deben tributar los choferes de taxis colectivos que no son dueños de los vehículos que explotan.
Finalmente, el señor Sandoval señaló estar de acuerdo con el proyecto de ley ya que tiende a solucionar una injusticia que se producía cuando la Dirección del Trabajo cursaba multas al Presidente del Sindicato por la falta de pago de las cotizaciones previsionales.
El señor Eduardo Lillo Navarrete , Presidente del Consejo Nacional de Taxis Colectivos , complementó la opinión anterior, señalando que el gremio que representa, también está de acuerdo con la aprobación del proyecto, en la medida en que es el resultado de un esfuerzo colectivo entre el Ministerio del Trabajo, los gremios y el Servicio de Impuestos Internos. Afirma que la situación entre el propietario y el conductor del vehículo se encuentra subsanada por una serie de dictámenes de la Dirección del Trabajo del año 1991, y por la ley 20.255. En cambio, este proyecto tiende a dar solución a una verdadera dificultad que se produce ante las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, quien ha entendido que las cotizaciones previsionales le corresponden a los responsables de los servicios de transporte de pasajeros, los cuales en caso alguno constituyen una relación laboral con el conductor del taxi.
El señor Ernesto Morales Moreno , Presidente de la Asociación Gremial Metropolitana de Taxis Colectivos, reiteró que no existe una relación de subordinación y dependencia entre el conductor y la empresa responsable de una licitación. Asimismo, indicó que han debido sufrir la injusticia de ser catalogados por la Dirección del Trabajo como empleadores, a pesar de que están obligados por la normativa de transporte a agruparse y prestar servicios, ya sea por un contrato de concesión o por la sola inscripción. Finalmente, indicó estar de acuerdo con la moción en la medida en que libera a las empresas del eventual vínculo laboral con el conductor de los vehículos.
Finalmente, el señor Mauricio Rojas Alfaro , Vocero de los Choferes no Propietarios de Coquimbo, critico el hecho de que los conductores de taxis colectivos no hayan sido invitados a la mesa de trabajo organizada por el Ministerio del Trabajo. Asimismo, afirmó que no es efectivo que los conductores no tengan obligaciones impuestas por las empresas propietarias de los vehículos. En efecto, señaló que sus reglamentos internos establecen la obligación de portar una credencial, vestir uniformes, establecer una hoja de ruta, entre otros.
Asimismo, señaló que no se produce realmente un arriendo de los vehículos, en la medida en que los conductores no pueden hacer uso y goce irrestricto de los mismos, por ejemplo, existe la obligación de dar uso personal al vehículo, no pudiendo ser manejado por otra persona.
En opinión del señor Rojas existe una relación de subordinación y dependencia entre los conductores y las empresas propietarias, quienes efectivamente imponen obligaciones que deben ser cumplidas para poder hacer uso del vehículo.
Por su parte, los señores Diputados coincidieron en la necesidad de regular el trabajo de los conductores de taxis colectivos, pero estimaron que el proyecto en sus términos originales podría provocar una confusión mayor a la existente con respecto al tipo de relación entre el propietario del vehículo y el conductor. En opinión unánime de ellos debería imperar la regla general en el sentido de que existiría contrato de trabajo en la medida en que exista una relación de subordinación y dependencia, lo cual parecería contrario a lo preceptuado por la moción que prescribe que no darán origen a un contrato de trabajo, los servicios de transporte menor de pasajeros de taxis colectivos, prestados directamente al público, por conductores de estos vehículos que cumplen recorridos licitados de transporte público o hayan inscrito sus servicios en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público de Pasajeros , sin hacer mayor distinción respecto del tipo de relación laboral entre dueño del vehículo y el conductor del mismo.
Por ello, las Diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana ; y Vidal , dona Ximena ; y los Diputados señores Andrade , Baltolu , Barros , Bertolino , Jiménez , Saffirio , Salaberry y Vilches , presentaron una indicación para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente:
“Artículo Único.- Intercálese el siguiente inciso tercero, nuevo, al artículo 8 del Código del Trabajo, pasando sus actuales incisos tercero y cuarto, a ser incisos cuarto y quinto:
“Asimismo, no dará origen a un contrato de trabajo la relación entre un conductor de transporte menor de pasajeros de taxis colectivos y las entidades concesionarias o autorizadas para realizar dicho transporte, cuando éstas últimas no sean propietarias de los vehículos, y actúen únicamente como coordinadoras y representantes de estos vehículos en atención a las exigencias del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En caso de faltar alguno de los requisitos contemplados en este inciso, o bien tratándose de los propietarios de los citados vehículos, la existencia de un contrato de trabajo se determinará conforme a las reglas generales.”.”.
-Sometido el proyecto a votación, en general y en particular a la vez, con la indicación sustitutiva precedente, se aprueba por 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(Votaron a favor las Diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana y Vidal , doña Ximena ; y los Diputados señores Andrade , Barros , Bertolino , Jiménez , Saffirio , Salaberry y Vilches .).
(La indicación propuesta, a juicio de las señoras y señores Diputados patrocinantes, parece del todo razonable por dos razones: una razón de orden formal en cuanto que, en vez de crear un artículo 8° bis, se incluye la disposición en el inciso tercero del artículo 8° actual, dado que es ese artículo el que establece las excepciones con respecto a calificar a una determinada relación como laboral. Por otro lado, en cuanto a los contenidos de la indicación, éstos reflejan total y exactamente el espíritu de la moción original, pero no dejando sin resguardo la calificación que eventualmente se pudiese hacer de otras relaciones laborales conforme a las reglas generales.)
IX. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL.
No se hicieron presente en vuestra Comisión opiniones en tal sentido.
X. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.
No existen disposiciones en tal situación.
-o-
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único.- Intercálese el siguiente inciso tercero, nuevo, al artículo 8 del Código del Trabajo, pasando sus actuales incisos tercero y cuarto, a ser incisos cuarto y quinto:
“Asimismo, no dará origen a un contrato de trabajo la relación entre un conductor de transporte menor de pasajeros de taxis colectivos y las entidades concesionarias o autorizadas para realizar dicho transporte, cuando éstas últimas no sean propietarias de los vehículos, y actúen únicamente como coordinadoras y representantes de estos vehículos en atención a las exigencias del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En caso de faltar alguno de los requisitos contemplados en este inciso, o bien tratándose de los propietarios de los citados vehículos, la existencia de un contrato de trabajo se determinará conforme a las reglas generales.”.”.
-o-
Se designó diputado informante , a don Felipe Salaberry Soto .
Sala de la Comisión, a 8 de mayo de 2012.
Acordado en sesiones de fechas 6, 13 y 20 de marzo, y 8 de mayo del presente año, con asistencia de las Diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana , Nogueira , doña Claudia , y Vidal , doña Ximena , y de los Diputados señores Andrade ; Baltolu ; Barros , Bertolino , Jiménez ; Kort , Monckeberg , don Cristián ; Saffirio ; Salaberry y Vilches .
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado, Secretario de la Comisión .”
9. Moción de los diputados señores Vargas , Ascencio , Auth , Baltolu , Gutiérrez, don Hugo ; Marinovic , Rojas y Santana y de las diputadas señoras Isasi , doña Marta , y Goic, doña Carolina .
Modifica el artículo 67 del Código del Trabajo, estableciendo un feriado anual de 20 días para las zonas que indica. (boletín N° 8305-13).
“Antecedentes.
La Ley N° 20.058, de 26 de septiembre de 2005, estableció que los trabajadores que presten servicios en la Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la Undécima Región y en la Provincia de Palena , tendrán derecho a un feriado anual de 20 días hábiles, ello en consideración a las condiciones de trabajo de la región y los costos asociados a la lejanía de los centros vacacionales tradicionales y, en general, de cualquier otra Región del país, aconsejan otorgar este beneficio compensatorio, más aún teniendo en consideración que los empleadores de la región, por estas mismas consideraciones gozan de diversas políticas de incentivos a la instalación y funcionamiento de actividades productivas.
Esta Ley fue dirigida solo en beneficio de la zona extrema sur de nuestro país, dejando fuera la del extremo norte, pese a su calificación y condición de tal; es decir, la Ley 20.058 al omitir pronunciamiento sobre las Regiones XV, I, y Provincia de Tocopilla , las privó de un derecho, que al alero de las políticas de estado debe ser entregado a toda región que ostente la posición y calidad de zonas extremas de Chile.
Es por lo anterior que el siguiente proyecto de ley tiene por objeto legislar en pro de la equidad y en respuesta a los requerimientos y especial tratamiento que los trabajadores de las zonas extremas norte de nuestro país necesitan, requieren y por derecho merecen; esto se traduce en la modificación del artículo 67 inciso 2 del Código del Trabajo, incluyendo dentro del derecho a feriado anual de 20 días a los trabajadores que presten servicios en la XV Región de Arica y Parinacota, en la I Región de Tarapacá y en la Provincia de Tocopilla.
Observaciones Relevantes.- Zona Extremas.-
El Informe N° 27357-CH sobre Políticas de Excepción en las Zonas Extremas, de noviembre de 2005, elaborado por el Departamento de Reducción de Pobreza y Gestión Económica, Región Latinoamericana y el Caribe del Banco Mundial, proporciona la identificación de las zonas extremas acorde a las diferentes leyes vigentes, por lo que en Chile incluyen: la Región I (Tarapacá) -adecuando el texto a la realidad existente en nuestro país luego del último proceso de regionalización se debe incluir la Región XV (Arica-Parinacota)-, y la provincia de Tocopilla en la Región II ( Antofagasta ) en el extremo norte del país; y la Región XI (Aysén), la Región XII (Magallanes), y las provincias de Palena y Chiloé en la Región X (Los Lagos) en el extremo sur. Adicionalmente, se incluye Isla de Pascua, que se encuentra en el Océano Pacífico a 4.500 km. de la costa norte del país.
Por otra parte, podemos encontrar definiciones de Zonas Extremas, entendiéndose por ellas: en primer lugar, “destaca el carácter estratégico que tienen las regiones extremas del país, desde un punto de vista de los objetivos de seguridad nacional, los que demandan para su desarrollo integral, un esfuerzo consiente y deliberado por parte del Estado para inducir su crecimiento, incrementar su población, y generar una base económica estable y dinámica” (Estrategia Nacional de Desarrollo Regional, ODEPLAN , 1975, 13). Así también, “ Un programa de inversiones públicas con finalidades de compensación territorial, estimado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.” (Definición FNDR, Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, Locgar , 1993.)
La pregunta que se formula ante estas observaciones es: si las Regiones XV, I, y Provincia de Tocopilla , son zonas extremas, y están contempladas como tal por los Organismos indicados, ¿por qué excluirlas de este beneficio, incurriendo de esta manera en un acto arbitrario, y fuera de las políticas de Gobierno?
Importancia de vacaciones más amplias en zonas extremas o aisladas.-
El hecho de estar en zonas que geográficamente se encuentran más alejadas del centro de nuestro país significa, para un trabajador que desarrolla sus actividades en estas, tiempo perdido en viajes cada vez que se pretende visitar otras partes de Chile durante sus vacaciones -para ver a sus familiares por ejemplo-.
Pues bien, en la actualidad, este problema se presenta en la Zona Extrema Norte de nuestro país, no así en las Zona Extrema Sur, debido a la N° Ley 20.058, que no contempló a las primeras en un feriado legal de 20 días.
Lo anterior se traduce en que los 15 días de vacaciones, que actualmente poseen, se restringen ostensiblemente solo por concepto de viajes (para poder movilizarse a otras zonas del país), no dando espacio al descanso adecuado, lo cual afecta al mejor y optimo desempeño del trabajador durante el año laboral.
Sobre este punto Alejandra San Juan R., Psicóloga de la Dirección de Tecnologías Educativas de la Universidad Andrés Bello, señala: “Está comprobado, a través de numerosos estudios, que el período de vacaciones, afecta positivamente el rendimiento de los trabajadores. Es decir, que mientras más satisfecho se sientan, su disposición para el trabajo será positiva, mayor compromiso tendrá con la institución, y su productividad aumentará en beneficio de ambas partes. Entonces claramente las vacaciones no solo favorecen al trabajador sino que también a la compañía a la que pertenece.
Situación actual en la Zonas Extremas Norte.
En las Regiones XV, I, y Provincia de Tocopilla existe un descontento generalizado de los trabajadores pertenecientes a estas zonas por la exclusión del beneficio que otorga el Código del Trabajo ha sido manifestado tanto en medios locales como en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados.
Dentro de los fundamentos y bases que cimentan este proyecto, los cuales se deducen de la propia comunidad y trabajadores, encontramos lo siguiente:
1.- Acabar con el acto arbitrario, y fuera de las de las Políticas de Estado, que se ha producido al excluir a la Zona Extrema Norte del feriado legal de 20 días por año entregado a la Zona Extrema Sur. Esto sin justificación aparente ni respaldo legal, en consideración que a la igualdad de condiciones en que se encuentran las Zonas Extremas de nuestro país.
2.- Otorgar el periodo vacacional óptimo para el correcto y tranquilo desplazamiento de los trabajadores a otros sectores de Chile (incluso primero desde sectores aislados hasta las urbes para luego emprender destino) permitiéndoles descansar efectivamente el periodo necesario para recuperar las energías que les permitirán comenzar un nuevo año laboral; esto en consideración a que movilizarse a otros lugares de Chile, desde esta zona, puede tomar muchas horas, hasta días.
3.- Que, esta es una deuda pendiente que se tiene con los trabajadores de la Zona Extrema Norte desde hace años, y así también lo entienden las Organizaciones, Empresas y Empleadores del área, las cuales comparten y comprenden la situación, respaldando la petición de 20 días de feriado legal para esta zona.
4.- Incentivo para trabajar en esta zona extrema. El estado debe compensar a aquellos trabajadores que optan por estas áreas de nuestro país -pese a las distancias-, siendo el feriado legal el de beneficio más directo que percibe el trabajador, y el que influye sustancialmente en su vida, estado anímico y físico, y familia.
Contenido del Proyecto.-
El presente proyecto de ley tiene por objetivo hacer extensivo el feriado legal de 20 días anuales, que contempla el Código del Trabajo en el artículo 67 inciso 2, a los trabajadores que desarrollen sus labores en la Decimoquinta Región de Arica y Parinacota, en la Primera Región Tarapacá , y en la Provincia de Tocopilla.
Por lo anterior expuesto, venimos en proponer el siguiente:
PROVECTO DE LEY
Artículo Único: Modificase el artículo 67 inciso 20 del Código del Trabajo en el siguiente sentido:
Agréguese entre las palabras “servicios en la” y “Duodécima Región de Magallanes”, las palabras “Decimoquinta Región de Arica y Parinacota, en la Primera Región de Tarapacá , en la Provincia de Tocopilla, en la”.
10. Moción de los diputados señores González , Auth , De Urresti , Espinosa, don Marcos ; Hales y Saffirio .
Modifica la ley del consumidor con el objeto de establecer la gratuidad de los servicios conexos para los clientes de centros comérciales y servicios de uso público. (boletín N° 8306-03).
“Considerando:
1° Que en las principales ciudades del país, el comercio de grandes superficies, o malls, con el correr del tiempo se han ido convirtiendo en los principales centros de concentración de la oferta de bienes y servicios, desplazando al pequeño comercio detallista tradicionalmente ubicado en las zonas céntricas de las ciudades.
2° Que los centros comerciales al momento de instalarse en las ciudades generan una serie de impactos urbanos negativos, entre otros la congestión de las vías aledañas, el cambio del paisaje y el desplazamiento de la población residencial ubicada en su entorno.
Por lo anterior, al momento de aprobarse estos proyectos de edificación, de conformidad a la Ley y a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción se les imponen obligaciones legales, tales como aminorar los impactos sobre las vías, lo que se traduce en contar con un cierto número de estacionamientos proporcional a los metros cuadros construidos.
3° Que sin embargo, y pese a que en su origen no se cobraba por estacionar, en base a una política de aprovechamiento económico extremo del espacio de estos centros comerciales, cada día es más frecuente que se cobre por su uso a los clientes, lo cual, obviamente es una acción que vulnera la letra y el espíritu de la legislación urbanística e importa un abuso en contra de los consumidores que hacen uso de estos recintos para efectuar sus compras.
4° Que otro tanto sucede con servicios anexos que son indispensables, como por ejemplo los servicios higiénicos. En estos centros se aglutinan miles de personas cada día y es indispensable dotarlos de espacios habilitados con baños que deben ser de acceso gratuito al público.
Otro tanto podemos mencionar respecto a la seguridad al interior de estos espacios y a los servicios de primeros auxilios. La sola aglomeración de público, que es un objetivo deseado por los dueños de esta clase de establecimientos expone a los consumidores a riesgos y ante esos riesgos, el dueño del establecimiento debe establecer medidas de prevención y reacción frente a su acaecimiento.
5° Que existen otros servicios de carácter masivo que utilizan grandes infraestructuras cuyo giro principal exige que se presten servicios complementarios como los que señalamos en este proyectos de ley dado que estos servicios forman parte de la finalidad y son connaturales e indispensables para el buen cumplimiento del servicio prestado. Nos referimos a clínicas, hospitales, estadios, aeropuertos, centros de espectáculos y recreación cuya afluencia de público congrega a miles de personas diariamente en forma continua. Ellos también se encontrarán sujetos a las disposiciones de esta ley.
6° Que el Sernac ha anunciado que establecerá procesos de mediación con algunos centros comerciales para evitar los abusos y trasgresiones a la legislación vigente en relación a cobros de estacionamientos. Sin embargo esta medida implica el establecimiento de acuerdos y de buenas prácticas que están sujetas a la interpretación de la ley y que son insuficientes para asegurar el objetivo y el aseguramiento de derechos que se plantea en este proyecto en forma permanente.
7° Que por lo expuesto, y con la finalidad de asegurar los derechos de los consumidores y evitar toda duda respecto a la extensión de sus derechos en la materia, es que venimos en presentar este proyecto de ley, cuya idea matriz es el establecimiento en la Ley del Consumidor, por la vía de agregar un Artículo 43 BIS de un breve pero claro catálogo de derechos de los usuarios de los centros comerciales y otras instalaciones con alta afluencia de público, que contempla la obligación de estos de contar con baños, estacionamientos, vigilancia y centros primeros auxilios abiertos al público, continuos y gratuitos.
Establecemos asimismo, que en caso de infracción de esta disposición se apliquen las normas generales sancionatorias de la ley pero además pueda el juez decretar la clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días en caso de reincidencia.
8° Que confiamos que el H. Congreso Nacional y el Ejecutivo valorarán la necesidad de esta iniciativa y procederán de la manera más expedita a desarrollar esta regulación que se hace cargo de fa nueva realidad que supone la asistencia masiva de público a estos centros que reúnen en las ciudades más importantes del país, la principal oferta de comercio de bienes y servicios.
Por tanto:
En mérito de lo expuesto, los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO.- Agréguese el siguiente Artículo 43 BIS a la Ley N° 19.496 que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Artículo 43 BIS.- Los centros comerciales y de servicios de alta afluencia de público deberán prestar de manera continua, gratuita y segura al menos los siguientes servicios conexos a los clientes de sus instalaciones y locales que se encuentren dentro de sus recintos:
1.- Baños.
2.- Estacionamientos.
3.- Servicio de vigilancia.
4.- Servicio de primeros auxilios y traslado a centros asistenciales en caso de accidentes ocurridas en dependencias del centro comercial.
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado de conformidad a lo previsto en el Título IV de esta ley, sin perjuicio además, de que en caso de reincidencia en las faltas el juez pueda decretar la clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días.
11. Moción de los diputados señores García, don René Manuel ; Becker , Bertolino , Edwards , Godoy , Martínez , Rivas , Santana , Sauerbaum y Verdugo.
Autoriza el uso de camionetas, jeeps y vehículos todo terreno como taxis de pasajeros en caminos de tierra y ripio. (boletín N° 8307-15).
“Considerando:
1. Que en muchas comunas de sectores rurales abundan los caminos de tierra o ripio y, por el contrario, los caminos pavimentados constituyen una mínima porción, especialmente cuando se trata de unir dos áreas poblacionales.
2. Que en estas mismas áreas poblacionales, ubicados en sectores rurales, no hay usualmente medios regulares de transporte terrestre público.
3. Que generalmente, en estos sectores rurales, el transporte público terrestre se encuentra entregado por entero a microbuses de recorrido interurbano, que suelen no tener las frecuencias de destino necesarias, y con horarios que muchas veces no se adecuan a las necesidades de la población.
4. Que se ha constatado que una barrera comercial existente en la actualidad para que empresas de taxis básicos o colectivos asuman un rol en el transporte de pasajeros en sectores rurales es, precisamente, el estado de los caminos existentes en tales latitudes, como se ha señalado en el primer considerando. A decir verdad, no hay incentivos para mejorar el transporte rural o interurbano, dado que nadie se hace cargo del deterioro grave al que se someten dichos vehículos.
5. Que, por el contrario, hay vehículos que podrían suplir esta falencia de nuestro transporte público rural. Efectivamente, hay camionetas de doble cabina o vehículos tipo “jeep”, que podrían ser utilizados como taxis o vehículos de transporte público. No obstante, la actual legislación lo impide, pues tanto la Ley del Tránsito N° 18.290 como el Decreto 212 de 1992 del Ministerio de Transportes, circunscriben el servicio de taxi básico a los automóviles, impidiendo con ello una fuente de emprendimiento para las empresas de taxis, por un lado, y por otro lado, la posibilidad de que sectores recónditos de nuestro país puedan contar con un mejor sistema de transporte público.
En virtud de lo anterior, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: modificase la Ley N° 18.290, de Tránsito, en los siguientes términos:
1) Reemplázase la actual definición de taxi consignada en el numeral 40) del artículo 2°, por la siguiente: “Taxi: automóvil, camioneta doble cabina o vehículo con tracción a las cuatro ruedas de doble cabina, destinado públicamente al transporte de personas”.
2) Agrégase a la enumeración del artículo 199 de la ley N° 18.290 el siguiente numeral 3, nuevo: “Conducir una camioneta doble cabina destinada al servicio de taxi básico o transporte colectivo, transportando pasajeros en la caja o pick up posterior”.
3) Agrégase el siguiente artículo 84 bis, nuevo:
“En las comunas en que al menos el 30% de su población esté ubicada en sectores rurales, de acuerdo con el último censo nacional, podrán desempeñarse como taxis básicos o colectivos tanto automóviles como camionetas doble cabina, vehículos con tracción en las cuatro ruedas y otros vehículos aptos para caminos de ripio o tierra, siempre que cuenten con doble cabina para pasajeros.
Para los efectos de esta ley, se entiende por vehículos de doble cabina aquéllos que cuentan con cuatro puertas laterales y con dos corridas de asientos destinadas al transporte de pasajeros, dispuestas transversalmente a su sentido longitudinal. Asimismo, las camionetas de doble cabina son aquellos vehículos que, cumpliendo con todo lo dicho en este inciso, cuentan con una caja o pick up posterior destinada a carga.
En su calidad de taxis básicos o de transporte colectivo, los vehículos de doble cabina se destinarán al transporte de personas, las que solo podrán viajar al interior de su cabina, en los asientos dispuestos para ello, y en una cantidad máxima de cuatro pasajeros.
La carga que llevaren los vehículos señalados en este artículo deberá ser dispuesta y estibada en la caja o pick up trasera, en caso de que hubiere, elemento que no podrá destinarse al transporte de pasajeros, ni aún contando el vehículo con cabina cerrada sobre esta estructura posterior.
Para efectos de esta ley, quienes opten por la alternativa de camionetas taxis, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Servicios de Transporte y Pasajeros, ajustándose la normativa que regula la circulación de taxis y colectivos.
Los vehículos de doble cabina que presten servicio de taxi básico o colectivos deberán portar un extintor de incendio.”
12. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 11 de mayo de 2012.
Oficio N° 7.326
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 11 de mayo en curso en el proceso Rol N° 2196-12-INA, acción inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos acumulados Roles N° 1873-2011 y 16.914-2011, sobre juicio ordinario de declaración de mera certeza, de que conoce el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
VALPARAÍSO.”
13. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 11 de mayo de 2012.
Oficio N° 7.341
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por la Primera Sala de esta Magistratura con fecha 11 de mayo en curso, en el proceso Rol N° 2.192-12-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto ante esta Magistratura en los autos RIT C-1158-2011
RUC 11-2-0506975-7, de que conoce el Juzgado de Familia de Melipilla , a los efectos que indica. Asimismo, acompaño su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
VALPARAÍSO.”