Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Jorge Burgos Varela
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- DEBATE
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Cristian Letelier Aguilar
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Enrique Accorsi Opazo
- Alejandro Santana Tirachini
- INTEGRACIÓN
- CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- V. TABLA.
- NUEVO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LA DEFENSA NACIONAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- DEBATE
- NUEVO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LA DEFENSA NACIONAL. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ivan Moreira Barros
- Jose Ramon Barros Montero
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Enrique Estay Penaloza
- Jose Antonio Kast Rist
- Cristian Letelier Aguilar
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Joel Rosales Guzman
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- David Sandoval Plaza
- Nino Baltolu Rasera
- Jose Ramon Barros Montero
- Issa Farid Kort Garriga
- Cristian Letelier Aguilar
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Manuel Rojas Molina
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 41ª, en martes 12 de junio de 2012
(Especial, de 16.07 a 18.08 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás, y Recondo Lavanderos, don Carlos.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Integración de Comisión Mixta 9
- Creación de Comisión Especial Investigadora 9
V. Tabla.
- Nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Primer trámite constitucional 10
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.”. (boletín N° 7678-02). (117-360) 34
2. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Moreira, Barros, Calderón, Estay, Kast, Letelier, Macaya, Rosales y Von Mühlenbrock, y de la diputada señora Turres, doña Marisol, que “Modifica el Libro X del Código Sanitario”. (boletín N° 8359-11) 36
3. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval, Baltolu, Barros, Kort, Letelier, Morales, Norambuena, Rojas y Urrutia, y de la diputada señora Molina, doña Andrea, que “Modifica el artículo 29 bis del Código del Trabajo, estableciendo flexibilidad en horarios de trabajos para el cuidado de un familiar que pertenezca a la tercera edad”. (boletín N° 8360-13) 39
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias de control de constitucionalidad referidas a los siguientes proyectos:
4. Rectificación de sentencia al proyecto aprobado por el Congreso Nacional, sobre la “división de condominios de viviendas sociales.”. (boletín 7342-14. Rol 2164-12-CPR. (7384) 40
5. “Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.”. (boletín 4921-11(S). Rol 2224-12-CPR. (7403) 41
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Petición y nota
- Petición de 52 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan constituir una Comisión Especial investigadora para fiscalizar el comportamiento de los grandes contribuyentes y del Servicio de Impuestos Internos en particular, en lo que dice relación con condonaciones efectuadas en los años recientes por medio de un procedimiento excepcional que justifique las variaciones tan significativas que se habrían producido en los últimos años. Asimismo, se estima necesario analizar la totalidad del procedimiento establecido por el Servicio de Impuestos Internos para evaluar y fiscalizar los balances presentados por los grandes contribuyentes y grandes deudores. Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”. En Tabla.
- Nota del diputado señor Burgos, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 13 de junio en curso.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, los ministros de Defensa Nacional , don Andrés Allamand Zavala, y de la secretaría general de la Presidencia , don Cristián Larroulet Vignau.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvo presente el diputado señor Felipe Salaberry Soto.
-Por encontrarse con permiso constitucional, no estuvo presente el diputado señor Cristián Monckeberg Bruner.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.07 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 35ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 36ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley que otorga a los funcionarios del sector salud que indica, una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional (boletín N° 8036-11) con los diputados señores Javier Macaya, Cristián Letelier, Víctor Torres, Enrique Accorsi y Alejandro Santana.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponderse pronunciarse sobre la petición formulada por 52 señores diputados para crear una Comisión Especial Investigadora que fiscalice el comportamiento de los grandes contribuyentes y del Servicio de Impuestos Internos en lo que dice relación con las condonaciones efectuadas en los años recientes.
Para el cumplimiento de su cometido, la referida Comisión tendrá un plazo no superior a sesenta días.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
V. TABLA.
NUEVO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LA DEFENSA NACIONAL. Primer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Señores diputados, la presente sesión tiene por objeto conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata, que establece el nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.
Diputados informantes de las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda son los señores Alberto Cardemil y Miodrag Marinovic, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7678-02, sesión 35ª de la legislatura 359ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Defensa Nacional, sesión 138ª de la legislatura 359ª, en 23 de enero de 2012. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 36ª de la presente legislatura, en 5 de junio de 2012. Documentos de la Cuenta N° 15.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Defensa.
El señor CARDEMIL (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Defensa, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República y con urgencia calificada de discusión inmediata, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.
La idea matriz o fundamental del proyecto es integrar el presupuesto destinado a la defensa nacional al sistema presupuestario general del Estado, sin perjuicio de crear un fondo especial para contingencias, un régimen especial plurianual y una asignación mínima, dando mayor transparencia en la determinación y ejecución del presupuesto de las Fuerzas Armadas.
Como constancia reglamentaria previa, debo expresar que todos los artículos del proyecto en informe revisten el carácter de ley orgánica constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política de la República. Esto significa que si el proyecto es aprobado, deberá recibir el correspondiente control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional
No hay normas de quórum calificado, y la totalidad del articulado del proyecto de ley en informe ha requerido el trámite correspondiente en la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general, por unanimidad, en la sesión 43ª, del 9 de agosto de 2011. Votaron por la afirmativa los diputados señores Araya, don Pedro ; Barros, don Ramón ; Burgos, don Jorge ; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio ; León, don Roberto ; Martínez, don Rosauro ; Pérez, don José ; Rincón, don Ricardo ; Tarud, don Jorge , y Ulloa, don Jorge .
El proyecto remitido por su excelencia el Presidente de la República considera los siguientes fundamentos:
A.- Transparencia y calidad de la gestión presupuestaria.
Si bien existen disposiciones e información que permiten conocer el gasto militar y la distribución del mismo, no hay una forma uniforme de presentar los resultados. Someter las inversiones en capacidades estratégicas al Congreso Nacional bajo el conjunto de normas legales que le dan sustento al Presupuesto de la Nación , indudablemente significará un avance sustantivo en la transparencia y en el consiguiente control externo de dichas inversiones. El Congreso podrá tener todos los años la oportunidad de recibir información que le permitirá evaluar cómo se están satisfaciendo esas inversiones. Además, limitará el tratamiento secreto y reservado que impera hoy solo a lo estrictamente necesario, es decir, a las decisiones específicas de compra de tal o cual material bélico e infraestructura asociada. De aprobarse el proyecto, eso implicará un cambio significativo respecto de la situación actual.
La gestión presupuestaria del país es destacada internacionalmente. También se aprecia la calidad de la política fiscal y se la considera una de las fortalezas de la economía chilena. Ella es obra de varios gobiernos. El actual Gobierno ha fortalecido ese activo por la vía de, por ejemplo, actualizar la política del balance estructural, aun cuando ese proceso le impone mayores exigencias a la administración de dicha política. La reforma del mecanismo de financiamiento que se propone por medio del proyecto de ley es un nuevo paso en esa dirección de transparencia y calidad de la gestión presupuestaria.
Un informe de la OCDE -organización a la que Chile se sumó oficialmente el año pasado y que celebra este año cinco décadas de existencia-, de 2004, advirtió que los méritos de nuestro sistema presupuestario se veían parcialmente opacados por las características del mecanismo de financiamiento del equipamiento militar, calificándolo como “altamente inapropiado desde el punto de vista presupuestario”. Por lo tanto, si se aprueba el proyecto de ley, resolveremos ese problema.
B.- Madurez del sistema político.
Señala el mensaje que el programa de gobierno del Presidente de la República planteó con claridad que el actual mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas, a través de la ley Nº 13.196, Reservada del Cobre , debía ser sustituido. Este planteamiento generó y sigue generando algunas aprensiones, de la misma forma en que lo ha hecho a lo largo de las últimas siete décadas, explicándose así el carácter especialísimo que ha tenido el financiamiento del material bélico en Chile.
Es cierto que en un país con las múltiples necesidades que caracterizan al nuestro puede existir la tentación de postergar las necesidades de la defensa nacional en aras de privilegiar programas de impacto inmediato y de una apariencia más urgente. Sin embargo, el Ejecutivo señala en su mensaje que está convencido de que los representantes de la ciudadanía tienen la capacidad de no descuidar ni degradar nuestras capacidades estratégicas, que significan un interés de Estado a largo plazo. Así lo han comprobado, por lo demás, distintas propuestas que han surgido desde el Congreso Nacional para perfeccionar el actual mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Además de haber influido en la redacción del presente proyecto de ley, esas iniciativas, como también los análisis realizados al interior del Ministerio de Defensa Nacional en gobiernos anteriores y en este, y el proyecto enviado por la administración de la Presidenta Michelle Bachelet en septiembre de 2009 -lo señalo expresamente-, hacen presumir fundadamente que la comunidad política, de la que la Cámara es expresión privilegiada, tiene la madurez necesaria para decidir estas materias como corresponde en democracia.
Chile no tiene un ánimo belicista ni ofensivo en materia de defensa, pero está consciente de que requiere una defensa nacional con las capacidades disuasivas suficientes. Esta es una aspiración transversal. Por ello, las políticas de defensa tienen, como pocas, el carácter de políticas de Estado. Esto se observa con claridad en las naciones más desarrolladas, pero, afortunadamente, también en la nuestra.
Por lo tanto, en ese sentido, el proyecto de ley debe ser considerado un voto de confianza a nuestro sistema político, una invitación a los parlamentarios a pronunciarse sobre materias de las que han estado excluidos por décadas. Esto se hace en la esperanza de que se sabrá enfrentar, juntos, con sensatez y responsabilidad republicana, los desafíos que plantee el esfuerzo por lograr el necesario equilibrio entre el control democrático del Parlamento, la flexibilidad en el manejo de los recursos fiscales y la relativa estabilidad que necesita la defensa como política de Estado de largo plazo, mantenida en el tiempo.
El proyecto de ley dispone un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, estructurándose sobre la base de los siguientes elementos centrales:
A.- Financiamiento de actividades generales y capacidades estratégicas de la defensa.
El proyecto sustituye el Título VI, sobre financiamiento, de la ley N° 18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, y distingue entre el financiamiento de las actividades generales y el financiamiento de capacidades estratégicas.
Para las primeras, mantiene el financiamiento anual en el Presupuesto de la Nación que hoy existe. Para las segundas, introduce un sistema de financiamiento compuesto de un presupuesto de cuatro años -presupuesto plurianual- y de un Fondo de Contingencia Estratégico. Establece que, salvo las excepciones estipuladas en el propio proyecto, los gastos que demande este financiamiento se ajustarán a la normativa que rige la administración financiera del Estado.
B.- Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, y definición de capacidades estratégicas.
Se propone que las capacidades estratégicas de la defensa que el país debe satisfacer y, por consiguiente, el financiamiento que las hace posibles, se deriven de una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, elaborada mediante un procedimiento que involucre al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y al Congreso Nacional, con una proyección temporal de 12 años, que será revisada y actualizada por el Presidente de la República durante el primer año de su mandato. La estrategia debe contener la definición de las capacidades estratégicas que permitan hacerla realidad. Esta planificación es la que luego se concretará en presupuestos de cuatro años, en medio de un contexto de decisión cuya racionalidad es muy superior a la que permite el actual mecanismo de financiamiento.
C.- Presupuesto de cuatro años y los principios presupuestarios.
Las capacidades estratégicas deben satisfacerse a través de inversiones de equipamiento bélico e infraestructura asociada, así como también a través de la operación y el sostenimiento de esas inversiones. Para financiarlas, el proyecto contempla que, una vez que entre en vigencia esta ley en tramitación, se elabore un primer presupuesto de cuatro años. En la discusión presupuestaria de los años posteriores a su aprobación se agregará, cada vez, un año adicional a ese presupuesto, para mantener de modo continuo en el tiempo su horizonte de cuatro años.
Se propone insertar este proceso dentro de la tramitación normal de cada proyecto de Ley de Presupuestos, asegurando, a través de esta vía, que se respete el principio de unidad presupuestaria y que se corrija, consecuentemente, la anómala situación actual, en la que el equipamiento bélico y parte de sus gastos de operación y sostenimiento se canalizan por vías separadas, de un modo independiente de los demás gastos asociados que son definidos en las partidas anuales del Ministerio de Defensa Nacional.
El horizonte de cuatro años otorga una proyección de mediano plazo, indispensable para ir cumpliendo la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. No obstante, cada año se discutirá el año quinto, lo que permitirá mantener dicho horizonte de modo continuo en el tiempo, requiriéndose su aprobación por el Congreso Nacional.
Los ingresos y gastos serán distinguidos en cada ejercicio anual de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias habituales. Mediante este sistema, por tanto, se respetan otros principios presupuestarios, como los de anualidad, universalidad del gasto y especialidad procedimental de la Ley de Presupuestos.
D.- Asignación mínima.
Sin perjuicio de las definiciones que en cada ocasión se adopten en el proceso legislativo, con el objeto de reforzar la estabilidad en el esfuerzo por satisfacer las capacidades estratégicas de defensa, este proyecto de ley establece una asignación mínima a ser garantizada en cada presupuesto para cada uno de los años. Esta asignación está por debajo de lo que ha sido el promedio de inversiones en equipamiento bélico e infraestructura asociada, y de gasto en operación y sostenimiento, entre los años 2001 y 2010. De esta forma, no se condiciona de un modo relevante el necesario debate democrático que el presupuesto de estas capacidades debe generar.
E.- Creación de un Fondo de Contingencia.
Se crea un Fondo de Contingencia Estratégico para enfrentar situaciones especiales, pero también para cuando exista una oportunidad ventajosa de compra de material bélico, siempre y cuando este haya sido apropiadamente evaluado y planificado como apto para satisfacer las capacidades estratégicas que se desprendan de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa.
El Fondo estará constituido por los saldos existentes en la cuenta Nº 9.154, de la ley N° 13.196, no comprometidos en proyectos con decretos tramitados; por los intereses que devenguen sus inversiones, y por otros aportes que establezcan las leyes. Los recursos de este Fondo se mantendrán en una o más cuentas especiales del Servicio de Tesorerías, y sus recursos se invertirán conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.128.
F.- Control e información.
Los gastos en material bélico, respaldados por el presupuesto aprobado para lograr las mencionadas capacidades estratégicas de la defensa, serán identificados en decretos conjuntos de los ministerios de Defensa y de Hacienda. Estos decretos tendrán el carácter de reservados y estarán exentos de toma de razón, pero serán registrados en la Contraloría General de la República. Esta institución realizará su fiscalización y control en forma reservada, y será el contralor general de la República quien establecerá el procedimiento para realizar dicha tarea. Asimismo, el ministro de Defensa deberá informar una vez al año a las comisiones de Defensa del Congreso Nacional sobre la forma en que los recursos presupuestarios aprobados están satisfaciendo las capacidades estratégicas de defensa.
Como es fácil apreciar, el mecanismo que se propone en este proyecto de ley contribuye a una transparencia considerablemente mayor a la que permite el mecanismo actual de financiamiento. Por lo mismo, la posibilidad de su control por las instituciones democráticas será proporcionalmente mayor.
En la Comisión de Defensa, el proyecto tuvo una interesante y larga tramitación, y una participación extraordinariamente transversal.
Durante la discusión general, la Comisión recibió la exposición de los ministros de Defensa Nacional , don Andrés Allamand , y de Hacienda, don Felipe Larraín ; de los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea; de los ex ministros de Defensa Nacional señores Mario Fernández , Jaime Ravinet , Francisco Vidal , José Florencio Guzmán y José Goñi ; del ex comandante en jefe de la Armada , almirante(r) Jorge Codina ; del profesor de relaciones internacionales, señor Marcos Robledo ; del director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales , señor Claudio Fuentes ; del abogado y cientista político, señor Miguel Navarro ; del director de la Fundación Jaime Guzmán , señor Jorge Jaraquemada , y del contralor general de la República , señor Ramiro Mendoza , todos quienes generaron un profundo, extenso e interesante debate que figura en el informe que cada señor diputado tiene en su pupitre.
El ministro de Defensa Nacional planteó -me parece interesante recalcar esta idea- que se trata de un proyecto de ley por acumulación. No surge de la nada, se nutre de iniciativas de ley como la de la administración Bachelet y de los aportes de diversos parlamentarios, entre los cuales figuran, incluso, integrantes de esta Comisión.
El proyecto distingue entre actividades generales y capacidades estratégicas. Las capacidades estratégicas son la actividad fundamental y razón de ser de las Fuerzas Armadas. Estas se derivan de una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (Ensyd). Se trata de un instrumento planteado por primera vez en nuestro país, con un horizonte de 12 años.
La Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa se satisface, entonces, a través de la provisión y articulación de capacidades estratégicas, que responde a los escenarios que el país ha construido, y que se logran con el financiamiento de equipamiento bélico, su operación y sostenimiento.
Concluido el debate, se procedió a la votación general, en la sesión 43ª, de fecha 9 de agosto de 2011, oportunidad en la cual el proyecto se aprobó por unanimidad.
En cuanto a la discusión en particular, su detalle figura en el informe y es reflejo de los contenidos, inquietudes y opiniones vertidas por los señores diputados y las señoras diputadas, representantes del Ejecutivo e invitados durante la discusión general.
Vale la pena mencionar someramente que el debate surgió en torno a tres temas fundamentales.
Sobre el artículo 98, hubo un debate intenso en cuanto a la conveniencia de establecer el mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa por la vía de la plurianualidad presupuestaria.
Hubo varios señores diputados que plantearon dudas sobre esta materia, especialmente el diputado Marcelo Schilling , quien se manifestó en contra de la plurianualidad y planteó la necesidad de volver al mecanismo general de presupuesto anual.
En el debate, los diputados Barros , Burgos y Hales se manifestaron de acuerdo con el establecimiento de un presupuesto plurianual, lo que se contemplaba en proyectos presentados por gobiernos anteriores.
Sometido a votación el artículo 98, se aprobó por ocho votos a favor. Votaron por la afirmativa la señora Cristi , doña María Angélica , y los señores Barros , Burgos , Cardemil, Hales , Monckeberg , don Nicolás ; Ulloa y Urrutia .
El artículo 101 establece un piso al monto de la asignación de recursos destinados a financiar las capacidades estratégicas de la defensa. Al respecto, hubo algunos diputados que se manifestaron contrarios a esta norma, especialmente a su inciso segundo, por cuanto, según señalaron, en los hechos se produce una capitis diminutio del Congreso Nacional, que solo podrá discutir el 30 por ciento de dicho monto; el 70 por ciento restante no podrá discutirse, salvo que el Ejecutivo considere que tal 70 por ciento no es suficiente.
Sometido a votación su inciso primero, se aprobó por 13 votos a favor. Votaron por la afirmativa la señora Cristi , doña María Angélica , y los señores Araya , Barros , Burgos , Cardemil, Hales , León , Pérez, don José ; Rincón , Rivas , Tarud , Ulloa y Urrutia .
Sometido a votación el inciso segundo, se aprobó por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa la señora Cristi , doña María Angélica , y los señores Araya , Barros , Cardemil, Rivas , Tarud , Ulloa y Urrutia . Votaron por la negativa los señores Burgos , Hales , Pérez, don José , y Rincón. Se abstuvo el señor León .
El artículo 102 establece la creación de un Fondo de Contingencia Estratégico.
Al respecto, se acordó debatir y votar esta disposición inciso por inciso.
El inciso primero se aprobó por 11 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa la señora Cristi , doña María Angélica , y los señores Araya , Barros , Cardemil, Hales , León , Pérez, don José ; Rivas , Tarud , Ulloa y Urrutia . Se abstuvieron los señores Burgos y Rincón.
El inciso segundo fue aprobado por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa la señora Cristi , doña María Angélica , y los señores Araya , Barros , Cardemil, Rivas , Ulloa y Urrutia . Votaron por la negativa los señores Burgos , Hales , Pérez, don José ; Rincón y Tarud . Se abstuvo el señor León .
El inciso tercero se aprobó por 10 votos a favor y 3 abstenciones. Votaron por la afirmativa la señora Cristi , doña María Angélica , y los señores Araya , Barros , Cardemil, Hales , Pérez, don José ; Rivas , Tarud , Ulloa y Urrutia . Se abstuvieron los señores Burgos, León y Rincón.
El inciso cuarto se aprobó en forma unánime, por 13 votos a favor.
Al terminar este informe, destaco dos cosas: En primer lugar, la Comisión de Defensa siempre se ha caracterizado -lo digo con mucho orgullo; he sido su Presidente y soy miembro de ella- por un trabajo prolijo, guiado siempre por un interés de Estado: el interés superior de la defensa nacional y el adecuado funcionamiento de nuestros mecanismos de defensa. Durante la tramitación de este proyecto de ley, dicha instancia ha dado prueba fehaciente de ello.
En segundo término, el trabajo intenso e ilustrado que se hizo en la Comisión de Defensa y la capacidad de llegar a acuerdos, lo que permite someter a consideración de la Sala un proyecto muy completo, del cual quien habla se enorgullece en forma especial. Durante mucho tiempo se intentó cambiar el sistema establecido en la llamada ley reservada del cobre, por un sistema mejor. Aquí se ha logrado, gracias al aporte de todos. En efecto, la iniciativa establece un financiamiento adecuado, con las garantías adecuadas de una inversión a largo plazo, como deben ser las materias de defensa.
Repito, esto se ha logrado gracias a una gran capacidad de diálogo y una mejor capacidad de acuerdo.
La Comisión de Defensa, que me ha comisionado para rendir este informe, encarece a los señores diputados que se haga una discusión importante entorno de esta materia. Se trata de una ocasión histórica. Tenemos una ley vigente desde hace muchos años, y hoy damos un paso trascendente para reemplazarla por otra mejor. En consecuencia, hacemos un llamado a realizar una discusión ilustrada, elevada, mirando siempre el interés de Chile, y que finalmente concluya en una importante aprobación, en primer trámite constitucional, en la la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar este importante e histórico proyecto de ley, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Se trata de una iniciativa que ha concitado un amplio debate y solicitada por muchos años.
Actualmente, el financiamiento de las capacidades estratégicas del país, o adquisición de equipamiento bélico, opera bajo el régimen establecido en la Ley Reservada del Cobre, N° 13.196, de 1958, mediante la cual las Fuerzas Armadas reciben el 10 por ciento del ingreso que la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) obtiene por sus exportaciones de cobre y sus productos y se reparte en tres partes iguales para cada rama de las Fuerzas Armadas.
En cuanto al efecto de este proyecto sobre los ingresos fiscales, al eliminarse este gravamen, que hoy afecta a las exportaciones de Codelco, se generará un mayor ingreso proveniente desde la perspectiva de la cuprífera.
En 2011, asumiendo exportaciones de cobre por 1.751 millones de toneladas métricas a un precio de 426 centavos de dólar la libra y 20,9 millones de toneladas métricas de molibdeno a un precio de 38 dólares por kilo, los ingresos fiscales de Codelco se estiman, aproximadamente, en 1.567 millones de dólares.
Actualmente, el ingreso que la Ley Reservada del Cobre otorga a las Fuerzas Armadas es contabilizado como ingreso extrapresupuestario, por lo que la derogación de ella produce un traslado de estos ingresos hacia el presupuesto, pero no un aumento neto de ingresos del Fisco.
Por otra parte, dada la forma de operación de la ley N° 13.196, los ingresos traspasados por Codelco a las Fuerzas Armadas dependen de los ingresos de exportación de esa empresa. El mayor ingreso fiscal futuro, por lo mismo, dependerá de la evolución de la cantidad exportada y del precio internacional del cobre y del molibdeno exportados.
Se precisa al respecto que, entre 2001 y 2010, las Fuerzas Armadas recibieron un total acumulado de US$ 4.609,6 millones. Esto implica que, en promedio, en ese lapso se traspasaron recursos anuales a estas instituciones por un monto de US$ 461 millones.
En relación al efecto del proyecto sobre los gastos fiscales, se afirma que este no implica mayor gasto, ya que su objetivo es el cambio desde un sistema de financiamiento basado en un impuesto de afectación específica a uno basado en los recursos generales de la nación. Esta innovación no tiene por sí misma efecto en el nivel del gasto militar del país.
Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, hay dos elementos que creo que es importante aclarar.
Primero, con el objeto de asegurar una reposición de la capacidad estratégica del país, el proyecto crea un piso, cuya determinación se basa en las soluciones que desarrollará el Ministerio de Defensa respecto del grado de alistamiento básico que se considere necesario para las Fuerzas Armadas. A pesar de ello, ese piso tiene como límite inferior el 70 por ciento del promedio de los gastos realizados durante la década de 2000 por las Fuerzas Armadas durante los gobiernos del Presidente Lagos y de la Presidenta Bachelet . Tal monto será definido vía decreto conjunto de los ministerios de Defensa y de Hacienda, y reemplazará al que actualmente está fijado en la Ley Reservada del Cobre.
Respecto del Fondo de Contingencia que crea este proyecto de ley -artículo 102-, es importante destacar que se forma con los recursos que han acumulado las Fuerzas Armadas en los últimos seis años, producto de la diferencia entre los ingresos obtenidos por la Ley Reservada y el gasto realizado. La existencia del Fondo -artículo 103- no compromete, por lo tanto, ni en su origen, ni en su funcionamiento futuro, recursos adicionales del Fisco.
Por las consideraciones anteriores, concluye el informe financiero entregado por la Dirección de Presupuestos, que no existe efecto sobre el resultado neto del Fisco derivado en forma directa de este proyecto.
En el debate de la Comisión de Hacienda, el ministro de Defensa Nacional , don Andrés Allamand , hizo presente, en primer lugar, que existe consenso político sobre la necesidad de reemplazar la actual Ley Reservada del Cobre, que data de 1958, pues el país se encuentra en una etapa de su desarrollo institucional en la que no se justifica que el Congreso Nacional quede marginado de las decisiones acerca de las inversiones en Defensa.
En ese contexto, el proyecto que ahora se presenta, persigue tres objetivos fundamentales. Primero, que el financiamiento de las capacidades estratégicas se transforme en lo sucesivo en una política de Estado, ya que a ninguna democracia sana le conviene que algo tan crucial para el futuro del país sea objeto de discusión permanente. Segundo, acentuar la legitimidad y el control democrático de la inversión en Defensa. Y tercero, asegurar tanto la eficiencia como la estabilidad presupuestaria de dicha inversión.
Refiriéndose al contenido del proyecto, destacó que, con este, se está dando un paso importante en orden a establecer que las capacidades de la defensa tengan su fuente única de financiamiento en la Ley de Presupuestos. En la actualidad, las actividades generales se financian con cargo a ella, pero las capacidades estratégicas quedan cubiertas por la Ley Reservada del Cobre, y ha habido algunas iniciativas tendientes a englobar ambas fuentes en otra ley especial. Sin embargo, siendo esto último razonable, la primera definición política que se ha adoptado en la materia es la señalada. Por tanto, el financiamiento de las actividades generales se mantiene exactamente igual que hasta ahora, pero, como se deroga la Ley Reservada del Cobre, se crea, también, una línea de financiamiento de las capacidades estratégicas en la Ley de Presupuestos.
Otra cuestión de extraordinaria importancia es que la ley en proyecto funciona sobre la base de que exista en el país una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa -Ensyd-. La mayoría de los países tienen los llamados libros blancos de la Defensa, que en Chile son tres y abarcan poco más de la última década. Esta Ensyd será aprobada por decreto supremo, con la firma de los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Hacienda , recabando, previamente, la opinión de la Junta de Comandantes en Jefe y oyendo a las comisiones de Defensa de ambas ramas del Congreso Nacional. Tendrá una proyección de doce años y deberá ser revisada durante el primer año de cada mandato presidencial o cuando el Presidente de la República lo estime necesario, considerando el contexto internacional.
Así, entonces, de la definición de la Ensyd se desprenderán los requerimientos de capacidades estratégicas, esto es con qué sistemas bélicos, qué equipamiento, qué tipo de personal y con qué entrenamiento, va a responder el país a las amenazas que enfrenta. Para satisfacer esos requerimientos se establece un presupuesto plurianual de cuatro años y un Fondo de Contingencia Estratégico de carácter permanente.
El presupuesto plurianual servirá para financiar la adquisición y el desarrollo de material bélico e infraestructura asociada y, también, los gastos de operación de dichos elementos.
La Comisión de Defensa Nacional dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de la totalidad del articulado aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del proyecto, cabe señalar lo siguiente:
El diputado señor Ortiz solicitó votación separada de los artículos 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 105 y 106 del Título VI de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que se sustituye a través del artículo 1º del proyecto, y del artículo 3º transitorio.
Puestos en votación los artículos mencionados, fueron aprobados por 6 votos a favor y 5 abstenciones.
Los artículos 93, 95, 97, 103, 104, 107 y 108 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, contenidos en el artículo 1º del proyecto; los artículos 2º y 3º permanentes, y los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º transitorios fueron aprobados por asentimiento unánime de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 18 de abril, 22 y 23 de mayo de 2012, con la asistencia de los diputados señores Silva, don Ernesto ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ( Presidente accidental ); Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en las actas respectivas.
Asistieron, además, los diputados señores Jorge Burgos , Alberto Cardemil y Ricardo Rincón .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , tanto el informe de la Comisión de Defensa como el de la Comisión de Hacienda han puesto particular énfasis en que estamos frente a un proyecto de carácter histórico, una demanda de la democracia, y se ha dado una multiplicidad de argumentos, todos los cuales comparto. Sin embargo, no me parece razonable que estemos pensando en que este proyecto de ley, que tiene una connotación enorme para el futuro de la Defensa Nacional, sea votado en una sesión de dos horas en que, eventualmente, vamos a debatir sobre él durante no más de sesenta minutos, en circunstancias de que tenemos tiempo suficiente para prolongar su debate, a lo menos, en tres días.
Por eso, quiero plantear dos cosas. Primero, que la Sala tome el acuerdo de no cerrar el debate del proyecto en esta sesión y, segundo, preguntarle al ministro de Defensa Nacional si existiría la voluntad de modificar la urgencia de discusión inmediata que le fijó el Ejecutivo para su tramitación, porque ello descomprimiría bastante la presión que hoy existe respecto del tiempo que tenemos para despacharlo.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , la Mesa va a proceder de acuerdo con el Reglamento. Como existe un número importante de diputados inscritos, no habría acuerdo para votar el proyecto en esta sesión y, por lo tanto, se continuará con el trámite como corresponde reglamentariamente.
El señor HALES.-
Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor HALES.-
Señor Presidente , ¿existe alguna objeción para que se vote en esta sesión? Se lo pregunto porque celebrar esta sesión especial fue decisión de todos los Comités, precisamente, para que la Sala decidiera soberanamente respecto de este proyecto. Por lo tanto, me imagino que el espíritu que primó para tomar el acuerdo de celebrar esta sesión especial fue votar el proyecto ahora. Resultaría un tanto contradictoria nuestra decisión de citar a una sesión especial, si después acordamos proceder reglamentariamente -el señor Presidente tiene toda la razón- y votamos el proyecto en otra sesión.
Pero, como el espíritu fue discutirlo y votarlo en esta sesión, lo razonable es que se proceda así. De lo contrario, podríamos tratarlo en la sesiones del miércoles, del jueves y en las que fueran necesarias. Me parece que ha habido una discusión bastante larga en torno de esta iniciativa.
Lo planteo porque es lo que se acordó.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, solo para aclararle al diputado Hales que los acuerdos de Comités no pueden privar a cada parlamentario de su derecho a solicitar en la Sala lo que estime pertinente.
El señor SCHILLING.-
No es un acuerdo de los Comités.
El señor LATORRE.-
Entonces, con mayor razón, porque creemos que, eventualmente, en el transcurso de la discusión, sería interesante que los ministros presentes en la Sala consideraran que es necesario garantizar la discusión del proyecto.
El apuro del diputado que me antecedió en el uso de la palabra no dice relación con el fondo de la materia. Creemos que debe ser discutida de manera que los parlamentarios podamos participar adecuadamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , solo para recordar que la convocatoria a las sesiones, sean especiales u ordinarias, es facultad exclusiva del Presidente de la Cámara y no de los Comités. En caso contrario, tal como lo dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, no tendrían sentido alguno, porque habría bastado con que los Comités hubieran aprobado el proyecto.
En realidad, este y muchos otros argumentos ameritan que la materia sea objeto de una discusión más prolongada.
Gracias, señor Presidente.
El señor BURGOS.-
Lo que queda claro es que hasta ahora no hemos avanzado nada.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Es evidente que ha habido opiniones en uno y otro sentido; pero, la voluntad de la Mesa es que votemos el proyecto en esta sesión. Sin embargo, en algún momento, podemos tomar un acuerdo sobre la materia.
Por el momento, lo más conveniente es iniciar el debate y adoptar un acuerdo, según avancemos en la discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente , solo para proponer a la Sala que prorroguemos en una hora y media la hora de término de la sesión y que votemos al final de la misma.
Gracias, señor Presidente.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , lo que corresponde es que empecemos con el debate. Si no se realizan todas las intervenciones, obviamente, no habrá acuerdo para votar el proyecto en esta sesión.
La Mesa, en uso de sus facultades reglamentarias, citó a esta sesión especial. Estamos dispuestos a participar en el debate y a votar cuando corresponda hacerlo reglamentariamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Muy bien, señor diputado.
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el ministro de Defensa Nacional .
El señor ALLAMAND ( ministro de Defensa Nacional ).-
Señor Presidente , he solicitado intervenir al principio de esta sesión para remarcar algunos aspectos importantes de la iniciativa que estamos conociendo y para dar a conocer, en forma específica, los avances y acuerdos que dieron lugar a las indicaciones que se han presentado hoy. Asimismo, estoy seguro de que, en el debate, vamos a tener la oportunidad de que todos expresen sus puntos de vista.
La tramitación de este proyecto en la Cámara lleva ya más de un año y, en consecuencia, creo que existen las condiciones -creo que así ocurrirá en la discusión que tendremos a continuación- para advertir que hay un nivel muy importante de acuerdos a los cuales hemos llegado respecto de los aspectos fundamentales del proyecto.
En todo caso, lo primero que quiero hacer es reafirmar lo que han señalado los diputados informantes y las opiniones vertidas durante el trabajo realizado por las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, en cuanto a que esta sesión, sin grandilocuencias, tiene un carácter histórico. Este es un tema muy importante para la democracia chilena, puesto que estamos frente a un cambio de envergadura.
En primer lugar, quiero destacar que, durante este año en que hemos estado discutiendo el proyecto, ha prevalecido, de parte de todas las bancadas, la disposición de tratar esta materia como lo que realmente es: una política de Estado. ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista, tres cosas. Primero, que el debate y las definiciones se hacen con total prescindencia de los aspectos coyunturales. Segundo, que el debate y las definiciones se hacen dejando a un lado los tradicionales alineamientos de Gobierno y de Oposición. Cuando se tratan temas de Defensa, la tradición de esta Corporación es, precisamente, mirarlos con ojos diferentes. Tercero, como vamos a poder demostrarlo con los resultados que se logren, toda la tramitación del proyecto se efectúa con la plena disposición de alcanzar el mayor grado de acuerdos posible. Los señores diputados podrán observar que, en su tramitación en las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, el proyecto tuvo grados extraordinariamente sustantivos de acuerdos y de consenso.
En segundo lugar, quiero dejar constancia y resaltar lo que se ha señalado aquí, en cuanto a que este proyecto no parte de cero. Durante muchos años, diversos parlamentarios presentaron iniciativas de ley, precisamente, para avanzar en lo que espero que logremos culminar en esta sesión: derogar la Ley Reservada del Cobre y avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Tal como lo hice en las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, en mi calidad de ministro de Defensa Nacional de la actual Administración, quiero dejar constancia de que muchas de las normas de este proyecto y algunos aspectos, diría, medulares del mismo, corresponden a concepciones matrices y conceptos centrales que ya se encontraban presentes en el proyecto de ley presentado a tramitación por la exPresidenta Bachelet.
En consecuencia, este es un proyecto que se construyó sobre la base de aportes anteriores. Nadie podría tener la arrogancia ni la presunción de suponer que estamos partiendo de cero; al contrario, aquí se recogen los aportes, tanto de parlamentarios como de gobiernos anteriores.
(Aplausos en la Sala)
En tercer lugar, quiero insistir en los dos objetivos fundamentales de este proyecto.
El objetivo matriz es derogar la Ley Reservada del Cobre, que data de 1958 y, simultáneamente, reemplazarla por un sistema de financiamiento que tiene dos características fundamentales. Primero, establecer la plena legitimidad y control democráticos del gasto en defensa. Segundo, dar un paso verdaderamente significativo en eficiencia y estabilidad presupuestaria.
Esos son los dos grandes objetivos de la iniciativa. No se trata solo de dejar atrás la Ley Reservada del Cobre, sino de reemplazarla por un sistema con esas dos características: pleno control democrático del Congreso Nacional sobre el financiamiento de la Defensa y estabilidad y eficiencia presupuestaria.
Gracias a los esfuerzos de las últimas décadas, Chile es un país que está en condiciones de alcanzar el desarrollo en un futuro próximo. En verdad, no existe democracia madura o sólida alguna que margine al Congreso Nacional, como ocurre hoy, de las definiciones relacionadas con las inversiones y los gastos de defensa.
Junto con eso, deseo hacer presente el enorme avance que significa que este proyecto y sistema de financiamiento funcione enlazado con la estrategia nacional de seguridad y defensa. Este era uno de los conceptos que también se encontraba incluido en la iniciativa enviada a tramitación legislativa por la exPresidenta Bachelet.
En verdad, en los últimos diez años, distintos países, como Francia, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, España, Japón, Bosnia, Canadá y otros, han definido y establecido como un gran paraguas conceptual para sus gastos en seguridad y defensa las estrategias que tienen esos mismos nombres.
¿Qué hace una estrategia de seguridad y defensa? Aquí voy a aprovechar para responder uno de los requerimientos que me han formulado parlamentarios de la Concertación, en términos de ocupar algunos minutos para dejar señalado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley el concepto de capacidades estratégicas, utilizado a lo largo de todo el proyecto.
Las estrategias de seguridad y defensa definen las amenazas, en ambos ámbitos, que los países enfrentan o deben enfrentar en un futuro previsible, precisan las tareas a través de las cuales los países han resuelto mitigar esas amenazas, definen las capacidades que los países requieren para cumplir con esas tareas que les permite, a su turno, conjurar esas amenazas, y, por último, especifican los medios militares necesarios para satisfacer las capacidades que, a su turno, son la manera de dar respuesta a las tareas y la forma de conjurar las amenazas.
En consecuencia, la planificación de la defensa, a partir de la aprobación de una estrategia de seguridad y defensa, cambia absolutamente, porque el encadenamiento lógico de definición de amenazas, tareas, capacidades y medios es el que ordena verticalmente la posterior inversión.
Las estrategias de seguridad y defensa siempre son resorte del Ejecutivo. Pero, en este caso, se ha establecido específicamente que, además de ser materia de un decreto supremo, siempre serán oídas las Comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, las opiniones de los comandantes en jefe de las instituciones armadas.
La estrategia de seguridad y defensa siempre tendrá un horizonte de doce años. Pero cada Presidente , en el primer año de su mandato, tendrá la obligación de actualizar la estrategia de seguridad y defensa para que siempre tenga un horizonte temporal de doce años.
¿Qué son las capacidades? Para que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, como se me ha solicitado por diversos parlamentarios de la Concertación, las capacidades designan la aptitud de un determinado sistema militar para cumplir tareas en diversos escenarios, con propósitos determinados, fundada en la disponibilidad de personal, organización, equipamiento, entrenamiento, infraestructura y logística.
¿Cuál es el gran avance en esto? Que, hasta ahora, cuando el Ejecutivo realizaba una determinada inversión en equipamiento militar, sin intervención ni información alguna al Congreso Nacional, no se hacía en consonancia con estas definiciones. No había definición de amenazas, de tareas, de capacidades ni de medios militares para cumplir las anteriores definiciones en la forma en que he explicado.
Esto es un aporte no solo desde el punto de vista lógico, conceptual, en términos de que se da certeza al proceso de inversión, sino que también es un elemento interno y externo de predictibilidad.
Al interior del país, todos sabrán cuáles son los intereses que se pretende defender, las capacidades que se quiere tener y los medios que se definirán para satisfacer esas capacidades.
Hacia el exterior, es un elemento de predictibilidad y de confiabilidad, porque los países de la comunidad internacional saben a qué atenerse en términos de cómo el país responde a esos requerimientos.
Por lo tanto, la estrategia de seguridad y defensa y el nuevo sistema de financiamiento no solo significan un paso gigantesco en cuanto a transparencia al interior de nuestro sistema político, sino también en las relaciones internacionales del país.
Como ya han sido suficientemente explicados en la Sala por los diputados informantes y fueron latamente discutidos en las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, no quiero insistir en los elementos que configuran el nuevo sistema, no obstante estar abierto a resolver cualquier pregunta que se formule en el curso del debate.
Para concluir, quiero dar cuenta de las indicaciones que presentamos hoy, que responden al mandato que el Gobierno recibió, específicamente de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, en el sentido de alcanzar los mayores grados de consenso posible en las materias en que subsistían diferencias.
Las indicaciones presentadas fundamentalmente apuntan a tres objetivos. En primer lugar, recogen recomendaciones que perfeccionan legislativamente el texto del proyecto. Esta fue la disposición que siempre mantuvimos en la Comisión de Defensa Nacional. Diversos señores parlamentarios propusieron mejorías en la redacción o aludieron a expresiones que debían clarificarse, conceptos que podían omitirse, etcétera, en aras de un mejor proyecto.
Pues bien, gran parte de las indicaciones recogen ese acuerdo alcanzado, que podría denominarse como un perfeccionamiento global de la técnica legislativa.
En segundo término, respecto del texto original, hay un avance muy sustantivo acerca del rol de la Contraloría General de la República. En este punto, el Gobierno desea agradecer los aportes de los parlamentarios de la Concertación.
Desde que se inició la tramitación, diversos parlamentarios de la Concertación hicieron ver la necesidad de robustecer el rol de ese organismo en la materia. En verdad, encontramos una fórmula que efectivamente fortalece su rol de fiscalización y control, sin que eso implique una modificación de la exención del trámite de toma de razón, que, como explicamos latamente en las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, generaría diversas complicaciones para el expedito funcionamiento del sistema.
La indicación presentada constituye un gigantesco avance, porque enlaza con una norma, quizá no suficientemente aquilatada por los miembros de esta Corporación, que, desde el punto de vista de quien habla, es uno de los grandes avances del proyecto de ley que modificó la estructura del Ministerio de Defensa Nacional a fines del gobierno anterior.
Hasta la modificación de la ley del Ministerio de Defensa Nacional no se informaba al Parlamento de los proyectos de inversión que estaban en estudio ni tampoco de los que se encontraban en ejecución. En consecuencia, el Congreso Nacional no tenía información respecto de las inversiones en capacidades estratégicas. La nueva ley cambia radicalmente este punto y obliga al Ministerio de Defensa Nacional a informar a las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, específicamente, los proyectos de inversión que digan relación con capacidades estratégicas.
Es un cambio de gran envergadura y no tiene que ver con este proyecto, sino con uno anterior, que ya es ley. La indicación que se presenta funciona enlazada con esa obligación de rendir cuenta. Ahora, si la Contraloría observara cualquier decreto que materialice una determinada inversión, el Ministerio de Defensa Nacional debe informarlo a la Cámara de Diputados, lo que abre una oportunidad específica de fiscalización, no solo de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado, sino que también abre paso a una fiscalización de la responsabilidad política en que incurran las autoridades.
En dos palabras, honorables diputados, esto constituye un paso de gran envergadura para entregar transparencia a las futuras inversiones en material bélico e infraestructura asociada.
Por último, se han acogido diversos perfeccionamientos que dicen relación con el Fondo de Contingencia Estratégico, en que se establece claramente cuáles son sus propósitos y fines y se elevan los requisitos indispensables para que pueda utilizarse.
En consecuencia, estamos concluyendo esta fase de tramitación -posteriormente deberá iniciarse el segundo trámite en el Senado- con un grado muy importante de acuerdo. Sin embargo, como aquí se ha señalado -estoy dispuesto a participar en el debate si fuera necesario-, las diferencias subsisten en el tema de las asignaciones mínimas. En el resto del proyecto, el grado de acuerdo al que se llega es muy alto. Ahora, puede haber diputados que no coincidan con mi apreciación y, sin duda, están en su legítimo derecho a expresarlo.
Finalmente, haré referencia a dos asuntos específicos. Primero, en la mañana me reuní con el Presidente del Partido Comunista y quiero expresar, para que quede constancia, que bajo ninguna circunstancia el reemplazo de la Ley Reservada del Cobre abrirá paso a una privatización de Codelco. Eso no está en el programa del actual Gobierno; incluso, podría asegurar que tampoco está en el horizonte mental de nadie de la actual Administración.
En segundo lugar, en relación con una inquietud del diputado señor Montes, me interesa precisar que el presupuesto plurianual siempre deberá ser materia de ley. Bajo ninguna circunstancia podrá ser una suerte de resorte administrativo, sino que, repito, es materia de ley.
Agradezco la buena disposición que he encontrado, por lo que también expreso mi mejor voluntad para los trámites posteriores, en caso de que sea necesario continuar perfeccionando el proyecto.
Destaco que los grados de acuerdo que hemos alcanzado nos permiten afirmar que hemos dado cumplimiento, con lo mejor de nuestras capacidades, al mandato que nos encomendó tanto la Comisión de Defensa Nacional como la de Hacienda de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).-
Antes de continuar con el debate, informo a la Sala que todas las indicaciones del Ejecutivo se encuentran disponibles en el pupitre electrónico de cada señora diputada y señor diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente , entiendo que se encuentran digitalizadas las indicaciones del Ejecutivo ; sin embargo, independientemente de que estén disponibles en el pupitre electrónico, también pido una copia impresa de ellas, para trabajarlas en la Sala y cotejarlas con más facilidad con las indicaciones que presentaron algunos señores diputados.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , como son indicaciones que acaban de ingresar, la Secretaría no ha tenido el tiempo suficiente para elaborar un documento comparado. Sin embargo, los interesados pueden solicitar copia impresa de las indicaciones ingresadas, independientemente de que también estén disponibles en los pupitres electrónicos.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente , como cuestión previa, solicito a la Mesa votación separada de la indicación que agrega un nuevo inciso tercero al artículo 101, que comienza con la frase: “Sin perjuicio de lo anterior…” y termina con el guarismo: “…2011”.
Sin duda, vamos a aprobar una vieja aspiración democrática de reforzamiento del control civil, entendido como “la capacidad del gobierno civil democráticamente elegido para conducir una política general sin interferencia de los militares, para definir el objetivo y organización general de la defensa, para formular y conducir la política de defensa, y monitorear la implementación de la política militar”.
Extraigo esa definición del control civil del libro “Gobernabilidad democrática de la defensa en Chile”, que será lanzado el próximo lunes en la Flacso por Ángel Flisfisch y Marcos Robledo, que tendré la suerte de presentar.
Es interesante que en Chile se escriba sobre los veinte años de relación civil y política militar, sobre gobernabilidad, que, además, coincide con un momento bien especial -como resaltó el propio ministro Allamand - de consumación, al menos en la Cámara de Diputados, de una vieja aspiración.
Mociones sobre derogación de la Ley Reservada del Cobre, con todas las limitaciones que tiene una moción de esa naturaleza, fueron presentadas, si mal no recuerdo, a comienzos de esta década. Personalmente, me correspondió presentar una de las primeras con los diputados Gabriel Ascencio y Carlos Montes, entre otros.
Ya en discursos del 21 de Mayo, en las postrimerías del gobierno de don Ricardo Lagos, se mencionaba la necesidad de derogar esta ley, porque se entendía que seguía siendo una capitis diminutio de la democracia respecto del poder militar.
Como recordaba generosamente el ministro -un gesto poco común en la política actual en nuestro país-, cuando reconoció una iniciativa de la entonces Presidenta Michelle Bachelet , ocurrieron dos situaciones con ese proyecto. Primero, la Oposición de esa época -hoy Gobierno- enriscó un tanto la nariz,
arqueó las cejas y no mostró mucho ánimo para avanzar. Pero describir la situación solo en esos términos sería un acto pequeño, porque también se produjeron otros hechos. Los destinos de los proyectos que defienden los ministros que los firman y comienzan a pelear nunca son muy buenos, y eso ocurrió en esa oportunidad.
Pues bien, ocurrieron demasiadas cosas para que esa modificación nunca se produjera. Existía una Oposición que no quería nada y un gabinete que no mostró mucha claridad en lo que proponía.
Ahora bien, sobre la base del trabajo que desarrolló el primer ministro de Defensa Nacional de este Gobierno, el señor Jaime Ravinet , el ministro Andrés Allamand tomó una buena decisión: traer a trámite legislativo y a la discusión política un proyecto de esta naturaleza.
¡Qué duda cabe que hemos avanzado en la relación civil-militar o político-militar, como le gusta decir a mi amigo Patricio Hales ! Sin embargo, existe un punto de inflexión por la criticada reforma constitucional de 2005, por algunos aspectos que faltaron -aprovecho de recordarlo-, como el cambio del sistema binominal. Pero no cabe duda de que esa reforma cambió la relación civil-militar o político-militar, por la supresión del Consejo de Seguridad Nacional y, particularmente, por la facultad del Presidente de la República de revocar el mandato de los comandantes en jefes, que probamos no hace mucho y que coincidió con noticias muy importantes. Justamente, por esa norma salió el general director de Carabineros. Si no hubiera existido esa norma, probablemente habría ocurrido lo mismo que sucedió con un general director de Carabineros -el general Stange , en 1995- cuando las autoridades le pidieron la renuncia: se negó a hacerlo.
La historia reciente indica que este ha sido un proceso con puntos de inflexión; hoy estamos ante otro, que es muy importante.
Estoy convencido, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, de que esta es una ley impropia de una democracia -lo dijo claramente también el ministro de Defensa Nacional -, en el sentido de que no había congruencia con los estándares que se nos exigen en otras áreas.
En su presentación, el ministro de Defensa Nacional hizo algunas referencias a hechos que ocurrieron en la tramitación.
Sin duda, las indicaciones del Ejecutivo mejoran lo aprobado por las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, que informaron los diputados señores Alberto Cardemil y Miodrag Marinovic , respectivamente.
Algunos diputados de la Concertación manifestaron una inquietud, que fue bien recogida por el ministro , lo que nos hizo conversar durante tres o cuatro reuniones en la búsqueda de acuerdos para mejorar el piso, el estándar aprobado. Logramos un buen acuerdo, salvo en el tema en que pedimos votación separada, y al que luego me voy a referir.
Buena parte de los acuerdos los ponderó con justificación el ministro Allamand . Pero quiero destacar que logramos mejorar los supuestos del presupuesto cuatrienal, aunque a algunos no les gusten. Lo mejoramos en la técnica legislativa y en las atribuciones del Presidente de la República y del Congreso Nacional. Probablemente, en el segundo trámite constitucional, podrán realizarse otras mejorías, pero, en todo caso, lo que hemos hecho es más que suficiente e interesante en la línea de otorgar más atribuciones al Poder Legislativo en estas materias.
También se avanzó en buena parte de la normativa que trae consigo la asignación mínima para el financiamiento de las capacidades estratégicas. Es cierto que no llegamos a un acuerdo global, y por eso pedí votación separada para el nuevo inciso tercero del artículo 101, pero sí avanzamos en establecer la facultad al Presidente de la República para que, al inicio de su mandato, conjuntamente con la revisión de la estrategia nacional de seguridad y defensa -cuyos elementos centrales entregó el ministro , a los que seguramente también se va a referir el diputado Hales -, proponga la modificación de la asignación mínima para financiar capacidades estratégicas. Si bien la solución no es satisfactoria, por cuanto sigue existiendo un piso, se avanza al permitir su eventual modificación de manera concreta, interesante y útil para los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Se acoge la reformulación formal al artículo 101, de manera que el piso del 70 por ciento quede en un inciso separado que permita clarificarlo; por lo tanto, no corre riesgos con las votaciones separadas.
Respecto del Fondo de Contingencia Estratégico, también hicimos avances importantes en cuanto a su limitación y su utilización discrecional; situación similar ocurrió con su administración financiera, con la participación de la asesoría del comité financiero creado por la ley de administración financiera.
Particularmente, hay un avance en transparencia y fiscalización, como se establece en el inciso sexto del artículo 100 y en el artículo 106. Esta es una de las materias donde se constatan mayores avances, porque se entregan importantes facultades a la Contraloría General de la República y se empodera el rol fiscalizador del Congreso Nacional.
No voy a entregar más detalles, porque ya lo hizo con acuciosidad el señor ministro y, además, se incluyen en las indicaciones.
Esto es muy importante, porque uno de los problemas que tenía y tiene la Ley Reservada del Cobre -porque si rechazamos esto, lo que va a quedar vigente no es nuestra aspiración de anualidad, sino la misma ley que ya rige; lo menciono para que no nos equivoquemos- es que no tiene control ex ante, y cualquier ley que no tenga control ex ante es muy riesgosa. Los hechos -lo expreso sin ninguna consideración de carácter político- han demostrado lo riesgoso que es.
En Chile, mientras no haya control ex ante del Congreso Nacional y de la Contraloría General de la República, en los términos en que está fijado, el único control es ex post. ¿Y dónde termina? En los tribunales de justicia, ya sea en investigaciones de la justicia del crimen antigua o en el Ministerio Público, lo cual no es conveniente. Quizás va a seguir sucediendo -siempre se corre el riesgo-, pero es indispensable que haya un control anterior. En tal sentido, el proyecto constituye un avance, particularmente el acuerdo a que se ha llegado con el ministro en materias de participación del órgano contralor y del Congreso Nacional.
Para terminar, anuncio que, como bancada de la Democracia Cristiana, vamos a pedir votación separada para el inciso tercero del artículo 101, porque entendemos que, más que el tema del monto, Chile necesita un piso. Nuestra situación política y geopolítica vecinal lo hace necesario hoy y, probablemente, también mañana. Quizás en el futuro no lo sea tanto, pero las cosas son como son y no como uno quisiera.
Más que el tema del monto -que, en todo caso, en lo personal, me parece razonable en comparación con lo que gastaron los gobiernos de que fui parte, particularmente los dos últimos-, a mi juicio, lo complejo es darle el carácter de norma definitiva. En las conversaciones, estuvimos cerca de plantear una norma transitoria. No se consiguió, pero creemos que el Senado, en el segundo trámite constitucional, puede poner el acento en ese punto, a fin de buscar una fórmula distinta. Sin perjuicio de ello, considero que mejoramos el artículo 101.
Finalmente, para decirlo en forma simple y con claridad, esta tarde estamos poniendo fin a prerrogativas militares heredadas de un pasado dictatorial y, en su lugar, establecemos la supremacía del poder político sobre el poder militar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, coincido con muchos de los planteamientos formulados por el ministro de Defensa Nacional y por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, con algunos matices.
Estamos en un momento de la historia de Chile en que siento que se dan las condiciones para efectuar los cambios que algunos han querido realizar desde hace mucho tiempo.
Las disposiciones contenidas en la Ley Reservada del Cobre cumplieron un buen papel en un momento determinado de la historia de Chile; no tiene nada que ver con el establecimiento de normas en plena democracia, como cuando se le entregaron facultades al Presidente de la República, en 1958.
Lo que interesa es que las condiciones para modificar la Ley Reservada del Cobre, que fijó una manera de financiar las capacidades estratégicas o, mejor dicho, el material para la defensa, han madurado con el paso del tiempo.
Quiero ser claro y taxativo en señalar que nuestra disposición favorable para discutir un proyecto de ley como este no se dio durante este gobierno, sino bajo la administración del gobierno anterior, y así lo reconocen muchos colegas de las bancadas de la Oposición.
En lo personal, manifesté mi disposición favorable de discutir la materia a partir del proyecto de ley que envió la entonces Presidenta de la República Michelle Bachelet . Preciso que tuvimos una gran sintonía con esa iniciativa, pero, lamentablemente, ella no prosperó, pero no como resultado de una discusión al interior de esta Corporación, sino porque -digámoslo claramente- en ese momento no encontró eco al interior del propio gobierno. Así de sencillo y así de claro, y muchos de mis colegas lo saben. Es necesario precisar esto, por una cuestión fundamental: porque no se trata de oportunismo político, sino de oportunidad histórica en lo político. Son conceptos muy distintos.
Desde esa perspectiva, creo importante señalar que, poco a poco, se empezó a instalar la necesidad de entender que en democracia el control político debe abarcar esta área que, hasta ese momento, había sido gris, porque -hay que precisarlo- es el propio Congreso Nacional, en los años 50 del siglo pasado, el que había abdicado en esa pretensión. En esa época, no interesó el tema de la defensa nacional; en cambio, hoy sí importa.
Siento que, desde la perspectiva de los distintos partidos políticos, en esta Corporación hemos llegado a tener una Comisión de Defensa Nacional con un carácter técnico, que ha trabajado con una visión de Estado, de lo cual me siento orgulloso.
En esa línea se enmarca el proyecto en discusión, cuyo objetivo es, por una parte, establecer, en forma definitiva, el control democrático de los sistemas de adquisición de la defensa y, por otra, otorgar la transparencia que se requiere. No obstante, además, da estabilidad y eficiencia presupuestaria.
Con la iniciativa en discusión hemos conseguido avanzar en tres aspectos extraordinariamente fundamentales.
Primero, en el establecimiento de la plurianualidad como un mecanismo que permita dar señales claras en torno a un elemento central, cual es entender que una función básica del Estado es ser capaz de entregar garantías de su soberanía externa o limítrofe. Es necesario que eso sea comprendido ciento por ciento. Así como estamos obligados a tener como función básica del Estado las relaciones exteriores, también es su obligación entregar garantías a la ciudadanía en términos de que mantendrá la soberanía limítrofe.
La plurianualidad del presupuesto es consecuencia de lo que estoy señalando: los costos de los sistemas tecnológicos, que cada vez se aplican más, son importantes.
En segundo término, en el proyecto se establece un piso básico garantizado, con el propósito de dar tranquilidad a todos los miembros de la nación de que el Estado -reitero- cumplirá una de sus funciones: garantizar la soberanía.
En tercer lugar, se establece un Fondo de Contingencia de Estratégico, cuya utilización es permitida de acuerdo con la forma planteada en las indicaciones presentadas por los colegas de la Concertación, esto es, mediante un decreto fundado y firmado no solo por el ministro de Defensa Nacional , sino también por el ministro de Hacienda .
En ese sentido, me parece extraordinariamente razonable el planteamiento de diputados de la Concertación, gracias a cuyas indicaciones fue modificado el inciso tercero del artículo 101. Este inciso proponía el establecimiento de un piso sobre la base del gasto promedio de los últimos diez años. Ello -reitero- fue correctamente modificado por los colegas de la Concertación, mediante una fórmula que da mayores garantías, incluso de carácter internacional, como es, precisamente, la de establecer un porcentaje del monto promedio de los gastos en operación y sostenimiento e inversiones en material bélico entre los años 2006 y 2010, incorporados por Chile al registro de gastos de defensa dispuesto por la Unasur. Esta disposición da mayor transparencia al gasto -por ello, aplaudo esta observación hecha por diputados de la Concertación- y le da mayor sustento no solo jurídico, sino también desde el punto de vista de las relaciones internacionales.
En consecuencia, me parece necesario votar a favor el inciso tercero del artículo 101, porque -reitero- otorga mayor transparencia, sobre la base de establecer un porcentaje mínimo. Ello garantiza a todos los sectores que la defensa nacional tendrá los resultados que nosotros mismos, en la propia Constitución Política, demandamos de nuestras Fuerzas Armadas como objetivo principal.
Finalmente, también resulta deseable apoyar aquellas disposiciones propuestas por los colegas de la Concertación, en orden a que el Fondo de Contingencia tenga el fundamento necesario a través de la disposición jurídica que corresponde, pero también mediante un decreto fundado y siempre con la participación del encargado de las finanzas públicas, es decir, del ministro de Hacienda .
Como miembro de la Comisión de Defensa Nacional de la Corporación, siento que ha habido voluntad para mejorar el proyecto y amplia mayoría para respaldar su objetivo final, cual es dar transparencia a esta materia en democracia, de modo de asegurar los recursos necesarios para que la función establecida en la Constitución Política para las Fuerzas Armadas sea bien llevada a cabo.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , todavía estoy un poco impresionado por las palabras del diputado señor Ulloa , porque lo he escuchado veintitantos años en la Sala y nunca le había oído un discurso tan consistente sobre la materia, al menos uno que compartiera tanto. Ojalá eso hubiera ocurrido antes, porque podríamos haber avanzado mucho. Al menos, hoy se han creado las condiciones para hacerlo.
Cuando el proyecto fue tramitado en la Comisión de Hacienda, la Oposición no compartió siete artículos aprobados por la Comisión de Defensa Nacional. No lo hizo porque quería generar un espacio para que el ministro propusiera soluciones a las controversias. Así se hizo, y creo que la iniciativa ha sido mejorada. Espero que eso también ocurra en el Senado.
Discutir el tema de las Fuerzas Armadas no es fácil para la Izquierda. Aunque se ha ido creando una cultura y una comprensión cada vez más profunda sobre el particular, hay un aspecto que tiene que ver con los años duros que se vivieron en el país. En ese sentido, un dirigente sindical me señaló: “Si las Fuerzas Armadas hubieran tenido más solidez y más fuerza, habrían sido más duras con nosotros.”. Algunos expresan: “Que nos digan qué ha pasado con muchos desaparecidos.” Otros piensan que esta futura ley es prematura, precisamente en razón de ese contexto. Pero lo mismo podría haberse dicho cuando en 2009 o 2010 se modificó la Ley de las Fuerzas Armadas.
En mi opinión, Chile puede y necesita dar este paso y hay condiciones para eso. Así lo pensó en su momento la Presidenta Bachelet ; también se pensó en muchas mociones y lo pensó el actual Gobierno. Comparto totalmente las palabras iniciales del señor ministro . Creo que este tema debemos asumirlo todos como una definición común, porque es de país, y debemos buscar los acuerdos y consensos necesarios en esa dirección.
Han transcurrido 70 años de la historia de Chile en los cuales el financiamiento de las compras bélicas ha provenido de fuentes especiales; de leyes existentes antes del golpe. La dictadura pasó de destinar el 15 por ciento de las utilidades del cobre a asignar el 10 por ciento de las ventas y a dividir los recursos entre las tres ramas. Posteriormente, la Presidenta presentó un proyecto sobre la materia. En suma, se ha ido construyendo un enfoque nacional, de Estado, buscando acuerdos, de modo que este sea un tema nacional. Porque en esta materia lo peor que podría ocurrir es que tengamos divisiones y confrontaciones. Necesitamos crear instituciones democráticas en este ámbito, porque no las había.
El proyecto contiene avances muy significativos. En primer lugar, termina con la Ley Reservada del Cobre; se deroga.
En segundo lugar, se amplía significativamente la potestad del Congreso Nacional y del Ministerio de Defensa. En otras palabras, se concreta la primacía de la decisión política, tanto en la discusión de la estrategia nacional de seguridad y defensa, como en la discusión presupuestaria. Ello se manifiesta en las cuentas del ministro del ramo y en la fiscalización por el Congreso Nacional.
En tercer lugar, los entendidos señalan que se profundiza el concepto de estrategia nacional de largo plazo y de capacidad estratégica consistente.
En cuarto lugar, hay avances sustantivos en materia de transparencia, de control del gasto y de fiscalización. En ese sentido, se establece la norma de administración financiera del Estado para regular todos los gastos de las Fuerzas Armadas. Asimismo, todos los gastos serán sometidos al control de la Contraloría, con mecanismos reservados en algunos casos.
En quinto lugar, quiero destacar algo que dijo muy bien el diputado Burgos: el proyecto establece que la gestión financiera, sobre todo de un fondo, se lleve a cabo de acuerdo con la Ley sobre Responsabilidad Fiscal, de modo que no ocurra lo que sucedió en otros momentos, en que los recursos andaban dando vueltas.
También el diputado Burgos ha dicho que hay evaluaciones ex ante y ex post del gasto. Creo que ello ha sido bien abordado en el proyecto.
Distintas personas me han hecho ver ambigüedades conceptuales que contiene el texto, algunas de las cuales ya fueron tratadas en iniciativas anteriores.
La primera ambigüedad dice relación con el término “seguridad” en la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. En mi opinión, es claro que ese concepto se refiere a la seguridad exterior. Sin perjuicio de ello, no hay que dejar lugar a dudas sobre los roles internos de las Fuerzas Armadas. Ya se hizo -se dijo- en la reforma constitucional de 2005 y en las modificaciones a la Ley de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, ha habido el espíritu de terminar con la idea de tutela de las Fuerzas Armadas sobre la sociedad, que plantea la doctrina de la seguridad nacional. Por lo tanto, a lo mejor, hay que explicitar que ese concepto se refiere a la seguridad exterior, de modo que en ningún momento se interprete desde el enfoque de la seguridad nacional planteada por dicha doctrina.
Hay críticas al proyecto. En definitiva, hay varios privilegios importantes en defensa en comparación de otros sectores; algunos justificados. Entre ellos, la plurianualidad. Soy partidario de la plurianualidad en este y en otros temas. Por ejemplo, la reconstrucción debería haber contado con un presupuesto plurianual, al igual que otros ámbitos.
Aquí se ha dicho que no es constitucional. Es importante que quienes así lo piensan lo hagan presente al Tribunal Constitucional, a fin de que este se pronuncie y siente un precedente para futuras leyes.
Todas las leyes permanentes establecen gastos que el Congreso no puede tocar. En el Presupuesto no se pueden discutir los gastos permanentes que contienen las leyes permanentes. Por ejemplo, la subvención educacional, que representa el 80 por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación, no la puede tocar el Congreso Nacional en el debate presupuestario.
Lo que más me preocupa en la plurianualidad del presupuesto es su inflexibilidad durante cuatro años. Creo que al respecto debería establecerse un mecanismo parecido a los que se aplican en otros casos, de modo que, al comenzar su período, un presidente pueda hacer una revisión de aquello.
El ministro ha aclarado que los primeros cuatro años los definirá el Congreso a propuesta del Ejecutivo. Eso es muy importante, porque todos los presupuestos plurianuales finalmente serán definidos por el Congreso, esto es, los cuatro iniciales y el quinto que se agregará a medida que dichos presupuestos se van sucediendo.
En segundo lugar, en cuanto a los pisos del gasto, en el Congreso estamos aceptando discutir sobre ellos en materia de actividades generales y de inversión. Ello implica una cierta autolimitación de nuestras facultades. En actividades generales parece ser poco relevante, porque se trata de un piso reajustado de 1989. El otro piso es el de la inversión: 70 por ciento del gasto en inversión y operación, desde 2006 al 2010, incorporado por Chile en el registro de gastos de Unasur .
En esto no estamos de acuerdo, por la rigidez que provoca y por el nivel que tiene. De acuerdo con los cálculos que hacemos, se trata de 489 millones de dólares -el 77 por ciento de la Unasur- más una cantidad, que no conocemos exactamente -nos han informado extraoficialmente-, de alrededor de 300 millones de dólares en gastos de operación, lo que daría un total de 789 millones de dólares. De acuerdo con todas las estadísticas con que contamos, solo un año el gasto ha estado por encima de esta cifra; durante todos los demás ha estado bastante por debajo de ella.
En tercer lugar, el Fondo de Contingencia es una alternativa para canalizar los 2.700 millones de dólares que hay reservados del Fondo del Cobre y que no se pudieron gastar antes debido al balance estructural.
Sobre los saldos de caja se ha hecho mucha cuestión. Creo que hoy tenemos una manera muy deformada de trasladar dichos saldos de un año a otro. ¿Qué hacen todos los ministerios? Inflan los presupuestos de diciembre -eso es lo que ocurre-, y trasladan el saldo de caja para el siguiente año por esa vía. Basta con que se observe que en los meses de diciembre el gasto aumenta en 30 por ciento. En ese sentido, lo propuesto en el proyecto está relativamente bien logrado.
Lo más importante a considerar -reitero- es la inflexibilidad a la baja dentro de los cuatro años ya definidos. El balance estructural lo tendrá que asumir el resto del Estado. En 2010, el actual gobierno hizo un recorte presupuestario de 750 millones de dólares. Podrá seguir habiendo recortes presupuestarios; pero es muy importante que ello se analice de acuerdo con el conjunto del presupuesto, y que quede liberado el ministerio y el sector defensa.
En conclusión, propongo lo que nuestra bancada ha acordado: votar a favor en general el proyecto y, como planteó el diputado Burgos , votar en contra en particular el inciso tercero del artículo 101, referente al piso de inversión. Ojalá se encuentre una mejor fórmula. Es interesante que quienes objetan la plurianualidad del presupuesto lo hagan presente ante el Tribunal Constitucional, de manera que contemos con un pronunciamiento sobre la materia.
Valoro muy profunda y sinceramente el enfoque nacional, de Estado, que se ha dado al proyecto, la voluntad de alcanzar acuerdos y las palabras del diputado Ulloa. Estamos dando pasos para crear una institucionalidad democrática, que era indispensable en esta área y que esperamos que se concrete cuanto antes.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.-
Señor Presidente , nos parece que este proyecto, en general, contará con nuestra aprobación, porque responde a un anhelo histórico, no solo de nuestro partido, sino también de gran parte de la ciudadanía.
Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quiero señalar que, efectivamente, en 1958 se aprobó la ley reservada del cobre. Pero existe una diferencia bastante grande entre lo que en ella se disponía y lo que se establece en la norma actual, toda vez que aquella planteaba que el 15 por ciento de las utilidades del cobre se destinaba a la compra de armas. Hay que recordar que en esa fecha no existía Codelco, es decir, pagaban los privados, lo que era muy bueno, porque hace mucho tiempo que no pagan.
Tengo entendido que después, durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, el porcentaje de las utilidades bajó al 10 por ciento y que durante la dictadura del señor Pinochet el porcentaje se elevó al 10 por ciento de las ventas de Codelco, lo que ha entregado un privilegio muy grande a las Fuerzas Armadas en relación con la compra de armas y otros gastos.
Nos preocupan fundamentalmente dos o tres puntos.
Primero, nosotros no tendríamos problema en relación con el presupuesto plurianual, pero no tenemos seguridad en cuanto al monto que se fija, esto es, el 70 por ciento del promedio de los gastos realizados en defensa en los últimos 10 años. Como dijo el diputado Montes , esa cifra llega a 489 millones de dólares. La duda surge porque en el proyecto original la cifra alcanzaba a 350 millones de dólares. Por tanto, no está claro que exista un monto que se necesite, perentoriamente, como base. A mí me parece que 489 millones de dólares al año es una cifra alta. Además, se deja al Congreso amarrado por cuatro años con su aprobación. Sobre ese 70 por ciento no tendríamos mucho que decir, salvo lo que podamos hacer en términos de fiscalización.
En ese caso, propongo que la primera cuota anual se fije en conjunto con el Congreso. La idea es que podamos discutir informadamente respecto del presupuesto que se presente, y que este se vote en el Congreso Nacional, teniendo a la vista las necesidades del sector.
Debemos tener en cuenta que el negocio de las armas es uno de los mejores del mundo. Ofertas siempre vamos a tener. Es cierto que lo que se gasta en armas nos da seguridad, pero estamos hablando de una seguridad en tiempos de paz, suponiendo que puede haber complejidades en las relaciones internacionales. Pero todo esto, al final, se transforma en nada. Es decir, es un gasto muy complicado.
En ese sentido, si fijamos un presupuesto alto, después será muy difícil bajarlo. Si se establece una cantidad de dinero para gastar en armas, se producirá una espiral hacia arriba y siempre se gastarán todos los recursos. Es decir, no creo que vaya a sobrar plata. Por eso, prefiero que el Congreso sea parte de la discusión sobre la fijación de la primera cuota.
También hay que tener en cuenta que los gastos en armamento deben ser equilibrados en relación con las grandes necesidades sociales que tiene Chile y deben estar condicionados por la situación internacional con los países vecinos. Por ello, no me parece bien que se fije de esa manera. Es un poco mecanicista y esquemático fijar un 70 por ciento como monto mínimo.
En relación con el monto de reserva que se propone, se habla de 3 mil millones de dólares; al igual que en el caso anterior, creo que el Congreso debería discutir sobre esa cifra. Es posible que las Fuerzas Armadas necesiten más; no me negaría a legislar al respecto. Pero debemos analizar si ese es el monto que se requiere como reserva para una contingencia futura o para comprar armas, o si se puede prescindir de una parte. También tengo dudas al respecto.
En relación con los demás temas, estamos de acuerdo.
Agradezco al ministro que nos haya informado in extenso respecto del proyecto y que se haya pronunciado sobre la posible privatización de Codelco, en el evento de que se sueltan las amarras del financiamiento a las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro . Me gustaría que el Gobierno y el Presidente de la República hicieran una declaración sobre este tema, que es muy delicado, porque ha habido declaraciones de expresidentes de la República en el ámbito internacional, en las que se ha dejado entrever que lo único que impide la privatización de Codelco es precisamente la existencia de la Ley Reservada del Cobre.
Creo que la Cámara de Diputados debe asumir una actitud de defensa de Codelco, pues se trata de la mayor reserva que tiene el Estado y la nación.
Teniendo en cuenta todas las observaciones señaladas, en general, vamos a aprobar el proyecto, sin perjuicio de hacer presente nuestras dudas respecto del 70 por ciento del promedio de los gastos realizados en defensa en los últimos 10 años que se plantea como monto para cada anualidad.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Después de haber conversado con prácticamente todos los jefes de Comités, y habida consideración de que no hay unanimidad para prorrogar la presente sesión a fin de que los parlamentarios inscritos -son aproximadamente 18- puedan hacer uso de la palabra, propongo que el debate del proyecto continúe en la sesión de mañana, durante todo el Orden del Día, y que al final se proceda a su votación.
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , no me quedó clara su proposición. Hemos señalado que no damos la unanimidad para prorrogar esta sesión. Ese es un tema.
El otro tema es que hay, más o menos, 18 parlamentarios inscritos para hacer uso de la palabra. Nosotros planteamos que esos parlamentarios intervengan en la sesión de mañana y que a continuación votemos el proyecto; pero -reitero- no damos la unanimidad para prorrogar esta sesión para que hablen los 18 parlamentarios inscritos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Señora diputada , efectivamente, como no hubo unanimidad para prorrogar la sesión de hoy, propongo continuar el debate mañana con los 21 parlamentarios inscritos y la lista cerrada. Para ello, el proyecto se ubicará en el primer lugar de la Tabla. Inmediatamente después de las intervenciones de los parlamentarios inscritos, procederemos a votar el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , nuestro planteamiento es muy simple: ajustémonos al Reglamento. Esta sesión termina a las 18.00 horas, es decir, en un minuto más. Los parlamentarios inscritos podrán hacer uso de la palabra en la siguiente sesión, en cuya Tabla usted pondrá este proyecto. Ahora, en dicha sesión podrán intervenir no solo los diputados que ya están inscritos, sino que todos los que quieran hacerlo, conforme al Reglamento. El proyecto se votará una vez que hayan hecho uso de la palabra todos los parlamentarios inscritos. Es lo que dispone el Reglamento, y debemos ajustarnos estrictamente a ello.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Los Comités acordaron finalizar la presente sesión y continuar mañana con el debate del proyecto, el que será ubicado en el primer lugar de la Tabla. Luego de que intervenga el último de los diputados inscritos, se procederá a su votación.
Los diputados inscritos son: Edmundo Eluchans, Gonzalo Arenas, Carlos Vilches, Ramón Barros, María Angélica Cristi, Ernesto Silva, Ricardo Rincón, Roberto León, Patricio Hales, Felipe Harboe, Enrique Accorsi, Jorge Tarud, Pepe Auth, Enrique Jaramillo, Tucapel Jiménez, Rosauro Martínez, Alberto Cardemil, Joaquín Godoy, Carlos Montes, Marcelo Schilling, Luis Lemus, Marcelo Díaz, Alfonso de Urresti, Fidel Espinoza, Marcos Espinosa, Miodrag Marinovic y Pedro Araya.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, pido que se me incluya en la lista.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Así se hará, señor diputado .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.08 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. (boletín N° 7678-02).
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO 1º
1) Para modificar el nuevo Titulo VI de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que sustituye al actual, de la siguiente forma:
a) Reemplázase en el artículo 95 la frase “a la normativa que rige para la Administración Financiera del Estado,” por la siguiente: “a las normas establecidas en el decreto ley N°1.263 de 1975, sobre Administración Financiera del Estado,”.
b) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 97, la frase “en la ley de Administración Financiera del Estado” por la siguiente: “en el decreto ley N° 1.263 de 1975, sobre Administración Financiera del Estado”.
c) Modificase el inciso primero del artículo 99, de la siguiente forma:
i) Sustitúyase la expresión “elaborada” por “propuesta”.
ii) Eliminase la frase “debiendo ser oídas”.
iii) Agregase a continuación de la expresión “comisiones de Defensa Nacional”, las siguientes palabras: “y de Hacienda”.
iv) Intercalase, a continuación de las palabras “Se aprobará por”, las siguientes expresiones: “el Presidente de la República a través de”.
v) Sustitúyase en la frase final, las palabras: “con las firmas de los Ministros de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Hacienda”, por las siguientes expresiones: “suscrito por los Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Hacienda”
d) Agregase al artículo 99°, el siguiente inciso final, nuevo:
“Asimismo, en la oportunidad señalada en el inciso anterior, el Presidente de la República podrá proponer una modificación de la asignación mínima a que se refiere el inciso tercero del artículo 101.”.
e) Introdúzcanse en el artículo 100, las siguiente modificaciones:
i) Eliminase del inciso primero, la expresión “anualmente”.
ii) Para sustituir en el inciso 2°, la frase “El presupuesto se integrará al Presupuesto Nacional como el programa “Capacidades Estratégicas de la Defensa”“, por la siguiente: “El presupuesto se integrará al Presupuesto Nacional, en cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas, como el programa presupuestario “Capacidades Estratégicas de la Defensa”.”.
iii) Para sustituir en el inciso 3°, la palabra “subtítulos” por “conceptos” y la palabra “podrá” por “deberá”.
iv) Modificase el inciso quinto, del siguiente modo:
-Agregase en la primera oración, después de la frase “superior a cuatro años.”, la siguiente frase: “La suscripción de dicho contrato deberá ser autorizada previamente por decreto conjunto de los Ministerios de Defensa Nacional y Hacienda.”.
-Agregase a la tercera oración, a continuación de la frase “en el caso de que haya recursos” y antes de la palabra “comprometidos”, la expresión “contractualmente”.
-Eliminase la frase final.
f) Intercálese en el artículo 100 el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser inciso séptimo:
“Las inversiones y gastos de los que trata este artículo se concretarán en proyectos debidamente evaluados y priorizados, los que serán identificados en el ejercicio presupuestario compatible con la planificación señalada y se aprobarán por decreto conjunto de los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda. Por razones de seguridad de la Nación estos decretos tendrán un carácter reservado, serán ejecutados desde la fecha que en ellos se señale, estarán exentos del trámite de toma de razón y serán registrados reservadamente en la Contraloría General de la República. Sin perjuicio de ello, dicho órgano contralor podrá formular observaciones al referido decreto y, en caso de estimarlo procedente, ordenará la auditoria al efecto, remitiendo los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, si correspondiere. Asimismo, el Ministro de Defensa Nacional deberá informar a la Cámara de Diputados, con ocasión del cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 3° letra f) de la ley N° 20.424 Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República a estos decretos.”.
g) Modifíquese el artículo 101, de la siguiente forma:
i) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 101° por el siguiente:
“Dicha asignación será determinada mediante una metodología definida en un reglamento que llevará la firma de los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda.
ii) Agréguense los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:
“Sin perjuicio de lo anterior, dicha asignación no podrá ser inferior al 70 % del monto promedio de los gastos en operación y sostenimiento e inversiones en material bélico, entre los años 2006 y 2010, incorporados por Chile al Registro de Gastos de Defensa , en cumplimiento de la obligación establecida por el Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR con fecha 11 de noviembre de 2011.
El monto señalado en el inciso anterior será establecido mediante decreto supremo por orden del Presidente de la República , que llevará las firmas de los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda.”.
h) Modifíquese el artículo 102, del siguiente modo:
i) Agréguese a la frase final del inciso primero, antes del punto aparte, la siguiente oración “, que llevará las firmas de los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda.”.
ii) Para eliminar en la primera frase del inciso segundo del artículo 102 la expresión “ventajosa”.
iii) Sustitúyase en el inciso segundo, la frase “Esta inversión será aprobada por los Ministros de Defensa Nacional y Hacienda.”, por la siguiente: “Esta inversión será autorizada por decreto supremo fundado que llevará las firmas de los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda.”.
iv) Reemplazase en el inciso final, la expresión “o más cuentas por las especiales”, por las siguientes palabras: “cuenta especial”.
v) ustitúyase en el inciso final, la expresión “el artículo 12”, por las siguientes palabras: “los artículos 12 y 13”
k) Agregase al numeral Nº 1) del artículo 103, entre las palabras “saldos” y “existentes”, la expresión “de libre disposición”.
AL ARTÍCULO 2°
2) Para agregarle, antes del punto seguido (.), la siguiente frase: “, la que, sin embargo, mantendrá su vigencia para el solo efecto de lo dispuesto en los artículos transitorios 2° y 3° de esta ley.”
AL ARTÍCULO 2°, TRANSITORIO
3) Para incorporarle, antes de la expresión “Los saldos existentes”, que comenzará con minúscula, la siguiente frase: “Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2° de esta ley,”.
AL ARTÍCULO 3°, TRANSITORIO
4) Para agregarle, antes de la expresión “Los compromisos adquiridos”, que comenzará con minúscula, la siguiente frase: “Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2° de esta ley,”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; ANDRES ALLAMAND ZAVALA , Ministro de Defensa ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ”.
2. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Moreira , Barros , Calderón , Estay , Kast , Letelier , Macaya , Rosales y Von Mühlenbrock , y de la diputada señora Turres , doña Marisol . Modifica el Libro X del Código Sanitario. (boletín N°8359-11)
“En la vida económica actual, la actividad regulatoria del Estado se ha constituido en una clave fundamental. de protección de los derechos de las personas. En una época en que la industria en diversas áreas ha desarrollado un enorme capacidad de despliegue, se hace indispensable contar con herramientas que permitan el fomento de la actividad productiva en un marco adecuado a las exigencias de la transparencia, cuidado del medio ambiente, protección a los trabajadores, entre otros.
El caso La Polar -y las sanciones administrativas recaídas en varios de sus gerentes y directores- ha puesto de manifiesto lo importante que es que la capacidad sancionatoria del Estado dé respuestas a las múltiples necesidades de exigencias en tomo a elementos que hagan sustentable una determinada actividad.
En el caso del Código Sanitario, el desafío está pendiente. Además de contener un lenguaje que no se condice con la institucionalidad vigente, se constata que el libro décimo -libro que contiene las sanciones a las infracciones del Código- no se ha actualizado desde 1997, lo que implica no solamente que hay pocas posibilidades de aplicar sanciones efectivas (pues los montos son irrisoriamente bajos), sino que además existen sanciones que contradicen los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
El proyecto de ley que se somete a discusión busca actualizar en una tripe dimensión el Libro décimo del Código Sanitario:
1) Adecua ciertos órganos a la normativa vigente. En efecto, el lenguaje utilizado por el Código, como “ Director General de Salud ” o “Servicio Nacional de Salud”, ya no existen en el ordenamiento actual, siendo reemplazado por otras denominaciones que hoy día ejercen competencia normativa, fiscalizadora y sancionatoria.
2) Deroga una norma sancionatoria que atenta contra la concepción actual de Derechos Humanos. En efecto, la normativa actual prescribe en su artículo 169 que para el caso en que no se haga efectiva una sanción en el plaza que se establece, el infractor sufrirá por vía de sustitución y apremio, “un día de prisión por cada décimo de unidad tributaria mensual que comprenda dicha multa”. Es evidente que la prisión por deuda ha sido desterrado de nuestro ordenamiento hace ya bastante tiempo y que una norma así no solo no se justifica, sino que atenta contra los compromisos internacionales suscritos por Chile.
3) En tercer lugar, se actualiza el monto de las multas. En la normativa vigente, se prescribe que los casos en que no exista sanción especial para la infracción a la normativa del Código, de sus reglamentos o resoluciones, ésta se castigará con una “multa que va desde un décimo de unidad tributaria mensual -alrededor de 400 pesos en la actualidad- hasta 1000 unidades tributarias mensuales.
En diversas normas se encuentran sanciones de multas. Incluso muchas de ellas van aparejadas con sanciones penales: es el caso de algunas infracciones a la Ley General de Bancos (montos que van desde las 1.000 a las 10.000 unidades tributarias mensuales). De esta manera, y aunque no se pretende que los infractores a la normativa sanitaria sean sancionados con penas corporales, debemos pretender desincentivar que para una persona natural o jurídica (sobre todas aquellas que invierten grandes capitales en a producción de diversos bienes) sea más conveniente pagar las multas y seguir infraccionando que evitar que se incumpla la normativa sanitaria tan importante para el desarrollo sustentable de la comunidad y su relación con el medio ambiente.
De esta manera, y en uso de las atribuciones constitucionales, es que sometemos a discusión el siguiente,
Proyecto de Ley:
Artículo único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones en el libro décimo del Código Sanitario:
1) Reemplácese en el inciso primero del artículo 155 la expresión “Director General de Salud” por la expresión “Ministerio de Salud”.
2) Reemplácese en el inciso segundo del artículo 155 la expresión “previo decreto de allanamiento del Director de Salud” por la expresión “previa resolución de la Autoridad Sanitaria competente”.
3) Reemplácese en el inciso primer del artículo 156:
a) la expresión “del Servicio Nacional de Salud” por “de la respectiva Secretaría Regional Ministerial en los términos del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes 18.933 y 18.469”.
b) la expresión “a éste código y a sus reglamentos” por “a las normas sanitarias contenidas en este código, en las leyes especiales o a sus reglamentos”.
4) Reemplácese en el artículo 159 la expresión “Servicio Nacional de salud” por “Servicio de salud respectivo”.
5) Reemplácese en el artículo 160 la expresión “Servicio Nacional de Salud” por “la Autoridad Sanitaria competente”.
6) Reemplácese en el artículo 161 la expresión “Director General de Salud” por la expresión “Ministerio de Salud”.
7) Reemplácese en el artículo 163 el guarismo “158” por “167”.
8) Reemplácese en el artículo 165 la expresión “del Servicio Nacional de Salud” por la expresión “de la Secretaria Regional Ministerial”.
9) Agréguese al artículo 168, a continuación de la expresión “notificación de fa sentencia” la expresión “, la cual, podrá hacer hecha por cualquier medio idóneo e incluso por medios electrónicos. La sentencia constituirá título ejecutivo”
10) Deróguese el artículo 169.
11) Modifíquese en su artículo 170 la expresión “el Director General de Salud” por “El Secretario Regional Ministerial respectivo”.
12) Reemplácese en su artículo 171:
a) la expresión “por el Servicio Nacional de Salud” por la frase “en virtud de este libro”
b) la expresión “la justicia ordinaria” por la frase “el Juez de Letras del lugar donde se haya cursado la infracción”.
13) Reemplácese en su artículo 173 la expresión “Servicio Nacional de Salud” por “Ministerio de Salud”
14) Reemplácese la expresión “de un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales” por “de hasta 10 mil unidades tributarias mensualidades”.
15) Agréguese un inciso segundo y tercero nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser tercero,
“Para la aplicación de las multas señaladas en esta ley, la autoridad sanitaria tendrá especialmente en cuenta el grado de negligencia incurrída por le infractor, la gravedad del daño causado, el riesgo al que quedó expuesto la comunidad y la situación económica del infractor”.
“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, podrá igualmente multarse hasta por una cantidad equivalente a 500 unidades tributarias mensuales a los gerentes, administradores o directores, en su caso, que resulten responsables de las infracciones cometidas”.
16) Reemplácese en el artículo 175 la expresión “el Servicio Nacional de Salud” por “la Secretaría Regional Ministerial respectiva”.
17) Reemplácese en la expresión “Servicio Nacional de Salud” por “Ministerio de Salud”.
18) Reemplácese en el articulo 177 la expresión “El Director General de Salud” por “El Secretario Regional Ministerial que corresponda”
19) Reemplácese en el artículo 179:
a) la expresión “Director General de Salud” por “Ministerio de Salud”
b) la expresión “Servicio Nacional de Salud” por “Secretaría Regional Ministerial respectiva”
20) Reemplácese en el inciso primero del artículo 180 la expresión “ el Servicio Nacional de Salud” por “la Autoridad Sanitaria competente”.
21) Reemplácese en el inciso tercero del artículo 180 la expresión “Servicio Nacional de Salud” por “Ministerio de Salud”.
22) Reemplácese en el inciso segundo del artículo 181 la expresión “Servicio Nacional de Salud” por “Servicio de Salud Respectivo”.
Artículo transitorio: La presente ley entrará en vigencia 3 meses después de su publicación en el Diario Oficial.
3. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval , Baltolu , Barros , Kort , Letelier , Morales , Norambuena , Rojas y Urrutia , y de la diputada señora Molina , doña Andrea . Modifica el artículo 29 bis del Código del Trabajo, estableciendo flexibilidad en horarios de trabajos para el cuidado de un familiar que pertenezca a la tercera edad. (boletín N° 8360-13)
“La mayor esperanza de vida que ha experimentado la sociedad chilena en los últimos años, ha ocasionado la incorporación de nuevos fenómenos, principalmente el envejecimiento de la población. En efecto, desde hace un tiempo a la fecha la cantidad de personas que se han incorporado al segmento de la tercera edad ha sido notable en nuestro país.
Este fenómeno no es aislado y se debe principalmente al mayor bienestar material que ha experimentado nuestra sociedad al alero del sostenido crecimiento económico que ha visto nuestro país en los últimos 30 años. Así las cosas el envejecimiento de la población es un fenómeno acostumbrado en países con altos índices de desarrollo tales como Italia, Inglaterra, Alemania, España o Estados Unidos, razón por la cual pensamos que en pocos años más los índices de envejecimiento poblaciones en nuestro país continuará aumentando.
Que junto con lo anterior, la disminución de las tasas de natalidad, generadas a partir de la masificación de los sistemas de control de la actividad reproductiva, conlleva todo un escenario social en donde la ancianidad toma un papel de suyo trascendente.
Bajo este orden de ideas, la vejez creciente requiere de parte de las autoridades la implementación de nuevas políticas públicas orientadas a la ancianidad, en razón del creciente aumento que ha experimentado este sector de la población nacional. Así los firmantes del presente proyecto de ley reconocen las nuevas características de la sociedad chilena y frente a ello es que se propone como ley de la república el presente proyecto de ley.
Que, este proyecto de ley viene en incorporar una modificación a la legislación laboral chilena tendiente a flexibilizar los horarios de aquellas personas que por diversos motivos se encuentren en frente a la carga de cuidar a un familiar que pertenezca a la tercera edad y que actualmente no pueda valerse por sí mismo.
El presente proyecto de ley viene en regular una situación creciente en la población chilena y que beneficiaría a todas aquellas personas que directamente se encuentran ante la responsabilidad de cuidar a un padre o madre o abuelo que, ostentando la calidad de adulto mayor, no pueda valerse autónomamente y cuyo cuidador se encuentra trabajando, con el objeto de que el empleador forzosamente le otorgue facilidades horarias maximizando con ello el tiempo y la productividad de estas personas.
Las largas jornadas laborales en Chile, entendidas fundamentalmente como extensos días de trabajo, -si incluimos los desplazamientos y la pausa del almuerzo- generan en los cuidadores de ancianos una carga de trabajo de gran extensión, razón por la cual pensamos que se requiere una normativa capaz de conciliar de un modo eficaz tales responsabilidades.
Lo que pretende la presente ley es conciliar de un modo claro, la vida familiar con la vida laboral, entendiendo que una rigidez en uno u otro ámbito provocaría minimizar el rendimiento laboral. Así las cosas pensamos que esta iniciativa será de gran ayuda para aquellas personas que por diversos motivos no instalan a sus seres queridos en hogares geriátricos, prescribiendo una norma que vele por esta situación que es recurrente en nuestro país.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 29 bis al código del Trabajo el que reza de la siguiente manera:
“En todo caso el empleador estará obligado a flexibilizar el horario de ingreso y salida de todos aquellos trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de un familiar perteneciente a la tercera edad y que no pueda valerse por sí mismo”.
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 31 de mayo de 2012.
Oficio N° 7.384
Remite copia de rectificación que indica.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la rectificación de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 26 de enero de 2012 en los autos Rol N° 2.164-12-CPR, respecto al control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre división de condominios de viviendas sociales. (boletín N° 7342-14), a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
CONGRESO NACIONAL
VALPARAÍSO”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 6 de junio de 2012.
Oficio N° 7.403
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 5 de junio de 2012 en los autos Rol N° 2.224-12-CPR, sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. (boletín N° 4921-11).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
CONGRESO NACIONAL
VALPARAÍSO”.