Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Manuel Monsalve Benavides
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Roberto Leon Ramirez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Mario Venegas Cardenas
- PETICIÓN DE OFICIO : Mario Venegas Cardenas
- PETICIÓN DE OFICIO : Victor Marcelo Torres Jeldes
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Arturo Squella Ovalle
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Harboe Bascunan
- PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hernan Larrain Fernandez
- Ignacio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- DEFINICIÓN DE DESCARTE DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL Y SANCIONES. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- FIJACIÓN DE PLAZO PARA OTORGAMIENTO DEL FINIQUITO AL TRABAJADOR. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- DEBATE
- DEFINICIÓN DE DESCARTE DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL Y SANCIONES. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE INSTRUMENTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS O CON SELLO VERDE. (Votación).
- DEBATE
- EXTENSIÓN DEL BIOTRÉN HASTA CORONEL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Clemira Pacheco Rivas
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Pepe Auth Stewart
- Jose Perez Arriagada
- Alfonso De Urresti Longton
- Joaquin Tuma Zedan
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ivan Norambuena Farias
- Sergio Bobadilla Munoz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN DE DROGA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA EN LA CANASTA DE FÁRMACOS DEL PLAN AUGE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Cristian Monckeberg Bruner
- Jose Manuel Edwards Silva
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Alejandro Santana Tirachini
- Enrique Jaramillo Becker
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Ojeda Uribe
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- APROVECHAMIENTO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE PUNTA ARENAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Pedro Araya Guerrero
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Accorsi Opazo
- Rene Alinco Bustos
- Romilio Gutierrez Pino
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Marcelo Diaz Diaz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE INSTRUMENTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS O CON SELLO VERDE. (Votación).
- VII . INCIDENTES.
- INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN EN COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Sergio Ojeda Uribe
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Pepe Auth Stewart
- Joaquin Tuma Zedan
- Enrique Jaramillo Becker
- Ximena Vidal Lazaro
- ADHESION
- FISCALIZACIÓN DE CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES. Oficio.
- PAGO DE BECA CHAITÉN A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Oficios.
- ADHESION
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Patricio Vallespin Lopez
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Enrique Jaramillo Becker
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Ximena Vidal Lazaro
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS A PROYECTO POSTULADO POR LA CÁMARA REGIONAL DE COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE VALPARAÍSO. Oficios.
- ADHESION
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CUARTEL PARA SUBPREFECTURA DE INVESTIGACIONES EN LA PROVINCIA DEL RANCO. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE COMUNA DE PANGUIPULLI. Oficio.
- ADHESION
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- SOLUCIÓN A RESTRICCIÓN DE ACCESO A PLAYA EN LOCALIDAD DE PISU PISUÉ, COMUNA DE RÍO BUENO. Oficios.
- ADHESION
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN EN COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE RECAUDACIÓN DE FONDOS POR APLICACIÓN DE LEY DE CASINOS EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- RECUPERACIÓN DE ESTACIONES DE FERROCARRIL EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS. Oficio.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- ESTADÍSTICAS ACERCA DE MALTRATO Y ABUSO A ADULTOS MAYORES. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS EFECTUADAS POR DIRIGENTES DE COMUNIDAD INDIGENA JUAN PAINEMIL, COMUNA DE VICTORIA. Oficio.
- PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE PRESUNTA INFRACCIÓN DE DECRETO N° 1.889, DE SALUD, POR MÉDICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE VICTORIA. Oficios.
- TRAMITACIÓN DE PENSIÓN DE VIUDEZ. Oficios.
- PRONUNCIAMIENTO SOBRE PERCEPCIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA Y EN RÉGIMEN. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE EMPRESA ADECCO POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN MATERIA LABORAL. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE RECAUDACIÓN DE FONDOS POR APLICACIÓN DE LEY DE CASINOS EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 11. Informe de la participación del diputado señor Urrutia , en la instancia de Parlamentarios por las Américas, con motivo de la 28a. Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, celebrada en la ciudad de Valparaíso, Chile, entre los días 11 y 12 de mayo.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Tarud Daccarett
- Sergio Aguilo Melo
- Sergio Bobadilla Munoz
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Manuel Monsalve Benavides
- Mario Venegas Cardenas
- Cristina Girardi Lavin
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andrea Molina Oliva
- Jorge Burgos Varela
- Alfonso De Urresti Longton
- Edmundo Eluchans Urenda
- Gustavo Hasbun Selume
- Pablo Lorenzini Basso
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fernando Meza Moncada
- Pepe Auth Stewart
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcos Espinosa Monardes
- Jose Perez Arriagada
- Mario Venegas Cardenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Adriana Munoz D'albora
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Alfonso De Urresti Longton
- Roberto Delmastro Naso
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Mario Venegas Cardenas
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Rene Alinco Bustos
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Gonzalo Arenas Hodar
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jose Manuel Edwards Silva
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- German Verdugo Soto
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Estay Penaloza
- Gonzalo Arenas Hodar
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Gustavo Hasbun Selume
- Issa Farid Kort Garriga
- Patricio Melero Abaroa
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Celso Rene Morales Munoz
- Nino Baltolu Rasera
- Eugenio Bauer Jouanne
- Sergio Bobadilla Munoz
- Patricio Melero Abaroa
- Ivan Norambuena Farias
- Manuel Rojas Molina
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 11. Informe de la participación del diputado señor Urrutia , en la instancia de Parlamentarios por las Américas, con motivo de la 28a. Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, celebrada en la ciudad de Valparaíso, Chile, entre los días 11 y 12 de mayo.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 44ª, en martes 19 de junio de 2012
(Ordinaria, de 11.08 a 14.12 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás; Recondo Lavanderos, don Carlos, y Marinovic Solo de Saldívar, don Miodrag.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 19
II. Apertura de la sesión 23
III. Actas 23
IV. Cuenta 23
V. Orden del Día.
- Definición de descarte de especies hidrobiológicas y establecimiento de medidas de control y sanciones. Segundo trámite constitucional 26
- Fijación de plazo para otorgamiento del finiquito al trabajador. Primer trámite constitucional. (Continuación) 56
VI. Proyectos de acuerdo.
- Creación de instrumento de apoyo económico para la adquisición de vehículos nuevos o con sello verde. (Votación) 59
- Extensión del biotrén hasta Coronel 60
- Inclusión de droga para el tratamiento del cáncer de mama en la canasta de fármacos del plan Auge 61
- Aprovechamiento del antiguo hospital de Punta Arenas 62
VII. Incidentes.
- Información relacionada con la contaminación en comunas de Temuco y Padre Las Casas. Oficios 64
- Fiscalización de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes. Oficio 65
- Pago de beca Chaitén a estudiantes de educación superior. Oficios 66
- Información sobre procedimiento de adjudicación de fondos públicos a proyecto postulado por la Cámara Regional de Comercio y la Producción de Valparaíso. Oficios 67
- Información sobre construcción de nuevo cuartel para Subprefectura de Investigaciones en la provincia del Ranco. Oficio 68
- Construcción de alcantarillado en localidades de comuna de Panguipulli. Oficio 68
- Solución a restricción de acceso a playa en localidad de Pisu Pisué, comuna de Río Bueno. Oficios 68
Pág.
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 70
- Información sobre recaudación de fondos por aplicación de Ley de Casinos en Región de Los Ríos. Oficios 70
- Recuperación de estaciones de ferrocarril en Región de Los Ríos. Oficio 70
- Información sobre proyecto de construcción de ciclovías. Oficio 71
- Estadísticas acerca de maltrato y abuso a adultos mayores. Oficios 71
- Investigación de denuncias efectuadas por dirigentes de Comunidad Indigena Juan Painemil, comuna de Victoria. Oficio 72
- Pronunciamiento acerca de presunta infracción de decreto N° 1.889, de Salud, por médicos del departamento de salud municipal de la comuna de Victoria. Oficios 72
- Tramitación de pensión de viudez. Oficios 73
- Pronunciamiento sobre percepción de pensiones no contributiva y en régimen. Oficios 73
- Fiscalización de empresa Adecco por presuntas irregularidades en materia laboral. Oficios 74
IX. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. sobre “Acuerdo de Relaciones de Socios entre la República de Chile y la Federación de Rusia, suscrito en Yokohama, Japón”, el 13 de noviembre de 2010. (boletín N° 8388-10). (050-360) 75
2. que “Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual”. (boletín N° 8387-05). (126-360) 78
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3. que “Modifica la Ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR).”. (boletín N° 8289-15). (159-360) 82
4. que “Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.”. (boletín N° 8091-21). (156-360) 82
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
5. que “Modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores en casa particular.”. (boletín N° 8292-13). (155-360) 83
6. que “Modifica Ley del Deporte.”. (boletín N° 8316-29). (154-360) 83
7. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.”. (boletín N° 8387-05). (161-360) 84
Pág.
8. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios.”. (boletín N° 7484-01) 84
9. Primer informe de la Comisión Especial de Deportes recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica Ley del Deporte.”. (boletín N° 8316-29) 91
10. Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980.”. (boletín N° 8333-06) 98
11. Informe de la participación del diputado señor Urrutia, en la instancia de Parlamentarios por las Américas, con motivo de la 28a. Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, celebrada en la ciudad de Valparaíso, Chile, entre los días 11 y 12 de mayo 106
12. Moción de los diputados señores Tarud, Aguiló, Bobadilla, González, Monsalve y Venegas, don Mario y de la diputada señora Girardi, doña Cristina, sobre “Reforma Constitucional que modifica el artículo 19 N° 11, que establece el deber del Estado de fijar aranceles máximo de carreras de educación superior”. (boletín N° 8375-07) 113
13. Moción de la diputada señora Molina, doña Andrea y de los diputados señores Burgos, De Urresti, Eluchans, Hasbún, Lorenzini, Ulloa y Ward, que “Modifica la ley N° 18.290, Ley de Tránsito, en lo referido a la licencia de conducir”. (boletín N° 8376-15) 116
14. Moción de los señores diputados Meza, Auth, De Urresti, Espinosa, don Marcos; Pérez, don José, y Venegas, don Mario, que “Autoriza a las municipalidades para otorgar certificados de residencia”. (boletín N° 8377-06) 117
15. Moción de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra; Isasi, doña Marta, y Muñoz, doña Adriana y los diputados señores Andrade, De Urresti, Delmastro, Jiménez, Saffirio, Venegas, don Mario y Vilches, que “Agrega un nuevo artículo 25 ter al Código del Trabajo, estableciendo jornada de trabajo de personal de ferrocarriles”. (boletín N° 8381-13) 118
16. Moción de los señores diputados Sabag, Alinco, Andrade, Arenas, Ceroni, Edwards, Jiménez, Rincón, Verdugo y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20018, de 2007, de Economía, estableciendo la obligación de empresas que prestan servicios básicos, de contar con servicio de atención telefónica gratuita”. (boletín N° 8382-03) 119
17. Moción de los señores diputados Estay, Arenas, Barros, Bauer, Calderón, Hasbún, Kort, Melero, Ulloa, y la diputada señora Hoffmann, doña María José, que “Modifica el artículo 75 de la ley N° 18.290, de tránsito, introduciendo la obligación de incluir en los automóviles un sistema de protección frente a los rayos ultravioleta”. (boletín N° 8384-15) 125
Pág.
18. Moción de los diputados señores Morales, Baltolu, Bauer, Bobadilla, Melero, Norambuena, Rojas, Urrutia y Vilches y de la diputada señora Hoffmann, doña María José, que “Modifica el artículo 143, de la Ley General de Urbanismo, obligando a las empresas constructoras a compensar a los propietarios económicamente por la pérdida de la plusvalía a consecuencia de la construcción de sus edificaciones”. (boletín N° 8385-14) 127
19. Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, recaída en la presentación efectuada por el diputado señor Pablo Lorenzini Basso, sobre la inhabilidad para votar el proyecto sobre Reforma Tributaria. (Acuerdo N° 56-2012) 128
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Notas:
- Del diputado señor Monsalve, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 18 de junio próximo pasado, para dirigirse a Panamá.
- Del diputado señor Marinovic, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de junio en curso.
- Del diputado señor León, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 14 de junio próximo pasado, para dirigirse a Río de Janeiro.
- Del diputado señor Rincón, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 18 de junio próximo pasado, para dirigirse a Panamá.
2. Oficios:
- De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el que comunica que tomó conocimiento de la designación del diputado señor Carlos Abel Jarpa para participar en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria a realizarse entre el 20 y 26 de octubre del año en curso, en la ciudad de Quebec-Canadá. (Oficio N° 150).
Respuestas a Oficios Cuenta 44ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita realizar una investigación en la Municipalidad de Arica, remitiendo sus conclusiones a esta Cámara, en relación con el proceso de licitación y adjudicación del proyecto conocido como “Parque Acuático”, también, sobre los antecedentes de las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Dirección de Obras Municipales de dicha alcaldía, y su correspondiente categoría, asimismo, respecto de la fecha de registro de creación, y de la calificación que posee en la mencionada Dirección Municipal, la Sociedad Constructora e Inmobiliaria Andalién S.A., de las obras adjudicadas y del estado de las obras ejecutadas por esta empresa, y, además, señalar las razones por las que la Contraloría Regional de Arica no ha realizado una investigación respecto al referido proyecto “Parque Acuático”. (34703 al 3761).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita disponer una investigación, remitiendo sus conclusiones a esta Cámara, destinada a establecer los hechos y las eventuales irregularidades administrativas ocurridas en el otorgamiento de 73 subsidios para la vivienda a integrantes de los Comités de Vivienda Villa Rosales 1 y 2 de la comuna de Los Muermos, mismos cuya devolución fue posteriormente solicitada. (35126 al 5220).
Ministerio de Interior:
- Diputado Jaramillo, Información sobre construcción de obras de centro cívico de La Unión (1529 al 6325).
- Diputada Goic doña Carolina, Se sirva tomar las medidas que estime pertinentes, con el objeto de dar una pronta y favorable respuesta a las demandas de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, contenidas en el documento que se anexa, procurando al efecto su personal y directo pronunciamiento. (9472 al 3174).
- Diputado Chahín, Informe acerca del estado de tramitación de la postulación de exonerado político de don José Eduardo Zurita Soto. (9473 al 5738).
- Diputado Harboe, Remita copia de las estadísticas de la cantidad de personas que habiendo sido detenidas en operaciones policiales coordinados con el Gobierno, resultaron ser formalizadas, privadas de libertad o liberadas, según corresponda. (9474 al 5809).
- Diputado Chahín, Informe acerca de la situación que afecta a los señores José Silva Troncoso y Sergio Daniel Soto Mariangel, ambos de la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, quienes no han recibido los beneficios otorgados por la ley N° 19.234, no obstante gozar de la pensión no contributiva, concedida por esa normativa. (9475 al 5830).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se informe sobre el estado del proyecto consistente en dotar de una escuela a la localidad de Nueva Talcuna, ubicada en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo (9476 al 1756).
- Diputado Díaz don Marcelo, Reitera el oficio N° 1756 de esta Corporación, de fecha 27 de octubre de 2010 y, en definitiva, informe respecto del estado del proyecto para dotar de una escuela a la localidad de Nueva Talcuna, en la comuna de Vicuña. (9476 al 6011).
- Diputado Accorsi, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida a la detención por parte de Carabineros de Chile del menor Sebastián Pedraza Cid, en las manifestaciones producidas en Santiago como señal de apoyo al movimiento de Aysén y su traslado al Hospital El Salvador, e indique acerca de la veracidad de la información referente a que Carabineros fotocopió la ficha clínica del menor, sin autorización del juez correspondiente. (9477 al 5735).
- Diputado Chahín, informe acerca del estado de tramitación de la postulación de exonerado político de don Juan Salomón Alarcón Aguayo. (9478 al 5739).
- Diputado Chahín, informe acerca del estado de tramitación de la postulación de exonerado político de don Hermo Celín Padget Rubilar. (9479 al 5737).
- Diputado Castro, Plazo definitivo para la instalación de la nueva comisaría del sector nororiente de ciudad de Rancagua, asociada al aumento en la dotación de personal comprometida por Carabineros de Chile. (9481 al 5774).
- Diputado Chahín, Informe acerca del estado de tramitación de la postulación de exonerado político de don Luis Alberto Pincheira Silva. (9482 al 5741).
- Diputado Jarpa, Se sirva informar a esta Cámara el nombre de los funcionarios involucrados y sobre la efectividad de haberse iniciado un sumario administrativo en Carabineros de Chile para determinar las responsabilidades involucradas en la muerte del estudiante señor Nelson Vildósola Díaz, ocurrida el pasado 18 de febrero, en la ciudad de Chillán. (9519 al 5779).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Proyecto de Acuerdo 544, ?Derechos Humanos en Cuba y la muerte de don Wilmar Villar Mendoza.? (6849).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Marinovic, Informe sobre los recursos que durante el presente año se están ejecutando para los programas 01, 03, 04, 05 y 06 de la partida 13, capítulo 05, referidos a las asignaciones de la Corporación Nacional Forestal, a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena y al parque nacional Torres del Paine , como igualmente respecto de los dineros que se pretenden invertir en el plan de mejoramiento de de la gestión del citado parque. (1235 al 6643).
Ministerio de Educación:
- Proyecto de Acuerdo 403, “Solución al problema del pago de la subvención escolar a los municipios del país.” (342).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Monckeberg don Cristián, Considerar la situación expuesta por doña Juana Leonor Torres Gutiérrez, referida a las complejidades y dificultades que ha enfrentado junto a su cónyuge, en el proceso del cobro del bono Bodas de Oro, ordene facilitar el proceso de cobro del mismo con la sola exhibición de su certificado de matrimonio, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (152 al 6555).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Monsalve, Diputado Norambuena, Ordene se adopten todas las medidas y acciones legales, reglamentarias y administrativas pertinentes, con el propósito de evitar que la comuna de Curanilahue, Región del Biobío, se quede sin plante de revisión técnica, que preste servicios en forma permanente, independientemente de quien sea el titular de la concesión, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (2758 al 6835).
- Diputado Silber, Informe sobre las obras de mitigación en materia vial y de infraestructura del proyecto inmobiliario “Valle Grande”, emplazado en la comuna de Lampa, Región metropolitana de Santiago , en especial se refiera a las materias allí señaladas. (2791 al 6147).
Ministerio Medio Ambiente:
- Proyecto de Acuerdo 565, “Solicitar a S.E. el Presidente de la República que el Estado adhiera a la iniciativa mundial “Hora del Planeta”.” (121905).
Ministerio de Cultura y de las Artes:
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre la utilización de fondos del ítem cultura del Gobierno Regional de Valparaíso en el financiamiento del XVI Encuentro Empresarial, denominado “From the Region of Valparaíso to the world”. (565 al 6511).
- Diputado De Urresti, Información sobre patrimonio cultural de la Región de Los Ríos y su estado de conservación (566 al 6404).
Empresas del Estado:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita tener presente las inquietudes de los agricultores de la provincia del Elqui, que dicen relación con que las garantías para créditos que les otorga la Corporación de Fomento de las Producción (Corfo), en su actual forma, no funcionan, debido a las exigencias, trabas y lentitud del Banco del Estado de Chile, y, además, informar a esta Cámara sobre los procedimientos y trámites para el otorgamiento de las mencionadas garantías. (5357 al 6544).
Intendencias:
- Diputado Sandoval, Remita una nómina de los proyectos financiados durante los últimos tres años con recursos públicos, destinados a distintas entidades, consultoras y empresas vinculadas al fomento de la pesca artesanal en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, precisando al efecto el nombre de la entidad, empresa y/o consultora, su representante legal, el monto asignado, fecha de la asignación, descripción de los logros alcanzados, ubicación, denominación de los referidos proyectos y su estado actual de avance. (1586 al 6461).
- Diputada Cristi doña María Angélica, Informe acerca de la fiscalización que la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana de Santiago debe efectuar a las farmacias, conforme lo dispuesto en el decreto N° 142, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2009, que aprueba el Reglamento sobre Información de Precios de Productos Farmacéuticos y Productos en General al Interior de Farmacias y Almacenes Farmacéuticos, en especial, indique cuántas fiscalizaciones se han llevado a cabo en esta materia durante los cuatro primeros meses de este año, los resultados de las mismas, y el número de denuncias por incumplimiento presentadas ante el Servicio Nacional del Consumidor. (6443 al 6443).
- Diputado García don René Manuel, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, desde marzo de 2010 a la fecha, respecto de los viáticos y cometidos pagados al consejero regional, don Manuel Aravena Saavedra, días en que ha hecho uso de ellos, reuniones en que ha participado en su calidad de Consejero Regional en las distintas comuna de la Región de La Araucanía, precisando fecha, horario y lugar. (821 al 6527).
Servicios:
- Diputado Chahín, Solicita informar sobre la situación que afecta a las personas que laboran en la junta inscriptora electoral de Vilcún, quienes perderían sus empleos a consecuencias de la dictación de la ley N° 20.568, que regula la inscripción automática, modifica el Servicio Electoral y moderniza el sistema de votaciones, asimismo, acerca de la legalidad del eventual despido, y los beneficios a que tendrían derecho los trabajadores. (1053 al 6737).
- Diputado Edwards, Se sirva remitir a esta Cámara el resultado del sumario administrativo incoado para determinar las responsabilidades involucradas en la muerte de la pequeña Fernanda Varela Torres, en el hospital de Carahue, junto a las grabaciones de audio de las llamadas de emergencia efectuadas e informe sobre las causas de su deceso. (1613 al 5831).
- Diputado Espinoza don Fidel, presupuesto para apoyar el proceso de solicitud, tramitación y constitución de derechos de agua para las comunidades indígenas en el país (297 al 6409).
Varios:
- Diputado Chahín, Solicita informar respecto de la situación de los fondos previsionales del señor Arturo Neculqueo Cayuleo, acerca del destino de los fondos que el interesado tenía en el ex Seguro Social, y asimismo, sobre la factibilidad que se le conceda una pensión con aporte previsional solidario o una pensión básica solidaria. (14048 al 6602).
Presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre:
- Diputado Silber, Remita, aclare y explicite la información detallada en la solicitud adjunta, referida a la política de manejo y venta de excedentes de stock derivados de los inventarios de producción por parte de Codelco, de todos los minerales que comercializa, conforme a las materias allí señaladas. (139 al 6496).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado De Urresti, Informe sobre el proyecto de mejoramiento de avenida Ecuador y Balmaceda, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, en especial respecto de su estado de avance y el respectivo cronograma de ejecución. (7074 de 13/06/2012). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado De Urresti, informe la fecha de pago de los beneficios que se encuentran tramitando los señores Segundo Alejandro Pineda y Hernán Isaías Mera Escares, en el marco de la ley N° 19.992, que establece pensión de reparación y otros beneficios a favor de las personas que indica, y, al efecto, se sirva agilizar la diligencia en cuestión, atendido el delicado estado de salud en que se encuentran, e informe a esta Corporación. (7075 de 13/06/2012). A Servicios.
- Diputado De Urresti, Informe la forma de cómo se aplicará el reglamento general de observación de mamíferos marinos, reptiles y aves hidrobiológicas, cómo se efectuarán las coordinaciones entre las diversas instancias, y si existirá una unidad a cargo de fiscalizar, en especial, cómo se abordará en la Región de Los Ríos. (7076 de 13/06/2012). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Diputado Silber, Instruir fiscalizar y supervisar las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas servidas, ubicada en la población Los Olivos, comuna de Til Til, Región Metropolitana de Santiago , que dejó de funcionar el año 2000, como igualmente, indique en qué etapa se encuentra esa obra y qué medidas de mitigación se tomaron, conforme al cronograma de abandono de la citada obra. Se anexa documento relacionado con la materia objeto de este oficio. (7077 de 13/06/2012). A Varios.
- Diputado Silber, Instruir fiscalizar y supervisar las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas servidas, ubicada en la población Los Olivos, comuna de Til Til, Región Metropolitana de Santiago , que dejó de funcionar el año 2000, como igualmente, indique en qué etapa se encuentra esa obra y qué medidas de mitigación se tomaron, conforme al cronograma de abandono de la citada obra. Se anexa documento relacionado con la materia objeto de este oficio. (7078 de 13/06/2012). A Intendencias.
- Diputado Silber, Instruir fiscalizar y supervisar las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas servidas, ubicada en la población Los Olivos, comuna de Til Til, Región Metropolitana de Santiago , que dejó de funcionar el año 2000, como igualmente, indique en qué etapa se encuentra esa obra y qué medidas de mitigación se tomaron, conforme al cronograma de abandono de la citada obra. Se anexa documento relacionado con la materia objeto de este oficio. (7079 de 13/06/2012). A Ministerio Medio Ambiente.
- Diputado Silber, Reiterar el oficio N° 6090, remitido al ministro de Salud el 03 de abril pasado, cuya copia se adjunta. (7080 de 13/06/2012). A Ministerio de Salud.
- Diputado Silber, Ordene iniciar el procedimiento administrativo del caso, conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor ministro de Salud , al no dar respuesta a la fecha al oficio N° 6090, de 03 de abril pasado, que en copia se anexa, e informe a esta Cámara. (7081 de 13/06/2012). A Contraloría General de la República .
- Diputado Silber, Rreiterar el oficio N° 6744, remitido al ministro de Salud el 23 de mayo pasado. Se adjunta la documentación pertinente. (7082 de 13/06/2012). A Ministerio de Salud.
- Diputado Silber, Ordene iniciar el procedimiento administrativo del caso, conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor ministro de Salud , al no dar respuesta a la fecha al oficio N° 6744, de 23 de mayo pasado, que en copia -junto a otra documentación- se anexa, e informe a esta Cámara. (7083 de 13/06/2012). A Contraloría General de la República .
- Diputado Venegas don Mario, informe y, a su turno, remita documentación referente al número de asistentes de la educación que reúnen los requisitos y tienen la disposición a jubilarse, de concretarse la presentación de un mensaje, que entregue un bono de incentivo al retiro en los mismos términos que se ha otorgado a otros funcionarios públicos. (7084 de 13/06/2012). A Ministerio de Educación.
- Diputado Venegas don Mario, Informe sobre la metodología y criterios de distribución de los fondos del subsidio al transporte público, a que se refiere la ley N° 20.378, desglosado por regiones, como asimismo, la metodología y criterios mediante los cuales se reparten los montos en cada región, entre el Programa de Apoyo al Transporte Regional y las provisiones especiales para la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. (7085 de 13/06/2012). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Torres , ordene revisar el estado del pago de la pensión no contributiva por invalidez a la que optó don Pedro González Hernández, en su calidad de exonerado político, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7086 de 13/06/2012). A Ministerio de Interior.
- Diputado Marinovic, Reiterar el oficio N° 5794, remitido al Ministro de Educación el 08 de marzo pasado. Se adjunta la documentación pertinente. (7087 de 13/06/2012). A Ministerio de Educación.
- Diputado Marinovic, Reiterar el oficio N° 5794, remitido al Ministro de Educación el 08 de marzo pasado. Se adjunta la documentación pertinente. (7087 de 13/06/2012). A presidente del Colegio de Profesores de Punta Arenas.
- Diputado Marinovic, Reiterar el oficio N° 5794, remitido al Ministro de Educación el 08 de marzo pasado. Se adjunta la documentación pertinente. (7087 de 13/06/2012). A seremi de Educación de Magallanes y Antártica Chilena.
- Diputado Marinovic, Cumplir lo convenido en la partida 09, capítulo 01, programa 01 de la Subsecretaría de Educación y, en particular, de lo señalado en la glosa N° 15 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2012, en que se establecía hasta el 31 de marzo de 2012 para que el Ministerio de Educación informara a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de acción desarrolladas y aspectos técnicos relacionadas con el cumplimiento del compromiso de solucionar la deuda histórica de los profesores de Chile, situación que hasta la fecha no se ha hecho efectiva, e informe a esta Corporación. (7088 de 13/06/2012). A Ministerio de Educación.
- Diputado Marinovic, Cumplir lo convenido en la partida 09, capítulo 01, programa 01 de la Subsecretaría de Educación y, en particular, de lo señalado en la glosa N° 15 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2012, en que se establecía hasta el 31 de marzo de 2012 para que el Ministerio de Educación informara a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de acción desarrolladas y aspectos técnicos relacionadas con el cumplimiento del compromiso de solucionar la deuda histórica de los profesores de Chile, situación que hasta la fecha no se ha hecho efectiva, e informe a esta Corporación. (7088 de 13/06/2012). A presidente de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos , diputado don Carlos Montes Cisternas .
- Diputado Marinovic, Cumplir lo convenido en la partida 09, capítulo 01, programa 01 de la Subsecretaría de Educación y, en particular, de lo señalado en la glosa N° 15 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2012, en que se establecía hasta el 31 de marzo de 2012 para que el Ministerio de Educación informara a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de acción desarrolladas y aspectos técnicos relacionadas con el cumplimiento del compromiso de solucionar la deuda histórica de los profesores de Chile, situación que hasta la fecha no se ha hecho efectiva, e informe a esta Corporación. (7088 de 13/06/2012). A presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos, senador José García Ruminot.
- Diputado Marinovic, En el marco de denuncias efectuadas por la Asociación de Usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas, Cámara Franca, por el incumplimiento de las normas legales y contractuales en que habría incurrido el concesionario del referido recinto franco, Sociedad Rentas Inmobiliarias Ltda, se sirva instruir a la Intendencia regional de Magallanes y Antártica Chilena, con el objeto que fiscalice el cabal cumplimiento del contrato de concesión de la zona franca de Punta Arenas, adoptando, si fuere procedente, las providencias que sean menester, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7097 de 14/06/2012). A Ministerio de Interior.
- Diputado Marinovic, En el marco de denuncias efectuadas por la Asociación de Usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas, Cámara Franca, por el incumplimiento de las normas legales y contractuales en que habría incurrido el concesionario del referido recinto franco, Sociedad Rentas Inmobiliarias Ltda., se sirva instruir a la Intendencia regional de Magallanes y Antártica Chilena, con el objeto que fiscalice el cabal cumplimiento del contrato de concesión de la zona franca de Punta Arenas, adoptando, si fuere procedente, las providencias que sean menester, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7097 de 14/06/2012). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado Marinovic, En el marco de denuncias efectuadas por la Asociación de Usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas, Cámara Franca, por el incumplimiento de las normas legales y contractuales en que habría incurrido el concesionario del referido recinto franco, Sociedad Rentas Inmobiliarias Ltda., se sirva instruir a la Intendencia regional de Magallanes y Antártica Chilena, con el objeto que fiscalice el cabal cumplimiento del contrato de concesión de la zona franca de Punta Arenas, adoptando, si fuere procedente, las providencias que sean menester, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7097 de 14/06/2012). A Intendencias.
- Diputado Squella, Informe sobre el estado o resolución de la apelación formulada en noviembre de 2011 por doña Edith Rojas Tabilo, de la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, fundada en el rechazo de las licencias médicas números 512131-6 y 535181-2, habida consideración a su incapacidad laboral parcial, como asimismo, remita copia de los antecedentes, documentos y resoluciones, vinculadas a este caso. (7098 de 14/06/2012). A Varios.
- Diputado Sandoval, Informe sobre las opciones de que dispone el señor Nelson Álvarez Apablaza, con el propósito que acceda con antelación a un sistema de pensión, dado su condición médica, que lo ha limitado sustancialmente para seguir desempeñando labores agrícolas, otorgándole al efecto la orientación efectiva para obtener su jubilación. (7099 de 14/06/2012). A Servicios.
- Diputado Sandoval, Informe respecto de la solicitud de compra directa del inmueble fiscal, ubicado en el sector embarcadero, lote 3, de la localidad de Cochrane, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, efectuada por la señora Sonia Salazar Quiroz, con el propósito de ampliar la oferta turística de la zona. (7100 de 14/06/2012). A seremi de Bienes Nacionales de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
- Diputado García don René Manuel, Ordene investigar la situación que aqueja a la alumna de la Universidad Católica de Chile, doña Fabiola Aracely Aedo Velásquez, en lo tocante a la convalidación de ramos que la citada universidad realizó en el año 2010 y el retracto de este hecho en mayo de 2012, momento en que la referida alumna debía titularse, adopte al efecto las medidas y acciones de rigor, si en derecho correspondiere, e informe de sus gestiones a esta Corporación. Se anexa documentación relacionada con la materia objeto de este oficio. (7101 de 14/06/2012). A Ministerio de Educación.
- Diputado Araya, Ordene investigar la denuncia efectuada por el señor Eddie Barraza Fuentes, representante de la empresa Segurimax Chile, relacionados con problemas de incumplimientos comerciales por parte de la empresa concesionaria del aeropuerto de Antofagasta Aport Operaciones S.A., adopte al efecto las medidas y acciones de rigor, si en derecho correspondiere, e informe de sus gestiones a esta Corporación. Se anexa copia de la carta que describe circunstanciadamente los hechos atinentes a la citada denuncia. (7102 de 14/06/2012). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Araya, Ordene investigar la denuncia efectuada por don Danilo Sebastián Guerra Paredes, por cuanto habría sido víctima de presuntas negligencia médica en el hospital regional de Antofagasta, Región de Antofagasta, adopte al efecto las medidas y acciones de rigor, si ello correspondiere, e informe de sus gestiones a esta Corporación. Se anexa copia de la carta que describe circunstanciadamente los hechos atinentes a la citada denuncia. (7103 de 14/06/2012). A Ministerio de Salud.
- Diputado Araya, Informe acerca del estado de tramitación de la solicitud presentada ante el Ministerio de Bienes Nacionales por don Cristián Matías Zapata Orellana, referida a la postulación a un terreno de propiedad del referido Ministerio, ubicado en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta. (7104 de 14/06/2012). A Ministerio de Bienes Nacionales.
- Diputada Sabat doña Marcela, Investigue y, a su turno, Informe acerca de la situación que afecta a los vecinos de la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago , referida a la construcción de edificios en altura, en especial aquellos con más de veinte pisos, en un sector que ya padece de congestión, en particular en la calle Santa Julia, entre Irarrázabal y Dublé Almeyda, como igualmente, señale si al efecto se han realizado estudios de impacto vial y cuáles serian las obras de mitigación propuestas, de manera de no empeorar las condiciones de vida de los vecinos de ese sector. (7120 de 15/06/2012). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputada Sabat doña Marcela, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, acerca de diversos problemas que aquejan a vecinos de la comuna de Ñuñoa, Región metropolitana de Santiago , referidos a la atención de salud, en especial respecto del consultorio Rosita Renard, teniendo a bien responder una serie de interrogantes sobre las materias allí señaladas. (7121 de 15/06/2012). A Municipalidad de Ñuñoa.
- Diputado Harboe, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, respecto de los montos de créditos con aval Corfo, entregados tanto a pequeñas, medianas y micro empresas como a bancos e instituciones financieras. (7122 de 15/06/2012). A Empresas del Estado.
- Diputado Chahín, Investigar y, a su turno, informe acerca de la situación que aqueja a la señora Silvia Pavez Rivera, de la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, por cuanto en su calidad de funcionaria de planta del Hospital Victoria, dependiente del Servicio de Salud Araucanía Norte, fue objeto de promoción por ascenso conforme a la ley, no obstante aún no hacerse efectiva, oficiando al efecto al ministro de Salud . (7123 de 15/06/2012). A Contraloría General de la República .
- Diputado Chahín, Ordene Investigar y adopte las medidas que sean del caso, respecto de la situación que aqueja a la señora Silvia Pavez Rivera, de la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, por cuanto en su calidad de funcionaria de planta técnica del hospital Victoria, dependiente del Servicio de Salud Araucanía Norte, fue objeto de promoción por ascenso conforme a la ley, no obstante aún no hacerse efectiva, e informe a esta Corporación. (7124 de 15/06/2012). A Ministerio de Salud.
- Diputada Molina doña Andrea, Ordene investigar a la brevedad, e iniciar los sumarios si en derecho correspondiere, en relación con la denuncia referida a los reiterados varamientos de carbón, ocurridos en la caleta de Ventanas y playas aledañas, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7125 de 15/06/2012). A capitán de Puerto de Quintero.
- Diputada Molina doña Andrea, Ordene investigar a la brevedad, e iniciar los sumarios que en derecho correspondiere, en relación con la denuncia referida a los reiterados varamientos de carbón, ocurridos en la caleta de Ventanas y playas aledañas, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7126 de 15/06/2012). A gobernador Marítimo de Valparaíso.
- Diputada Molina doña Andrea, Ordene investigar a la brevedad, e iniciar los sumarios que en derecho correspondan, en relación con la denuncia referida a los reiterados varamientos de carbón, ocurridos en la caleta de Ventanas y playas aledañas, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7127 de 15/06/2012). A seremi de Salud de Valparaíso.
- Diputada Molina doña Andrea, Ordene investigar a la brevedad, e iniciar los sumarios que en derecho correspondan, en relación con la denuncia referida a los reiterados varamientos de carbón, ocurridos en la caleta de Ventanas y playas aledañas, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7128 de 15/06/2012). A seremi de Medio Ambiente de Valparaíso .
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Adoptar a la brevedad las medias conducentes a eliminar los antecedentes penales del extracto de filiación de don Jorge Alejandro Soria Quiroga, toda vez que habría sido absuelto de todo delito, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7129 de 15/06/2012). A Servicios.
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Adoptar a la brevedad las medidas conducentes a eliminar los antecedentes penales del extracto de filiación de don Jorge Alejandro Soria Quiroga, toda vez que ha sido absuelto de todo delito, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7130 de 15/06/2012). A director nacional Servicio Registro Civil e Identificación.
- Diputado Espinoza don Fidel, Fiscalice la situación que afecta a doña Milena María Luisa Bustamente Alarcón, con ocasión de la imposibilidad de hacer efectivo el cumplimiento del seguro de muerte accidental-oncológico, contratado con la empresa Metlife Chile Seguros de Vida S.A, del cual es beneficiaria, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7131 de 15/06/2012). A Varios.
- Diputado Walker, Ordene fiscalizar a las empresas ubicadas a la entrada del sector Puerto Seco en tierras blancas, comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo, con motivo de las denuncias de vecinos de la Villa El Canelo, colindante al referido sector y de residentes del sector antiguo de tierras blancas, por los constantes focos de contaminación que producen las citadas empresas con sus desechos industriales, escurrimiento de <guas servidas, malos olores, contaminación acústica durante el día y la noche, lo que ha ocasionado numerosas enfermedades a los habitantes de esos sectores, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7132 de 15/06/2012). A Intendencias.
- Diputado Walker, Informe acerca de la instalación de una antena de telefonía móvil en el pasaje El Molle de la tercera etapa de la población Limarí, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo. (7133 de 15/06/2012). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, los ministros de Economía , Fomento y Turismo, don Pablo Longueira Montes, y de Justicia, don Teodoro Ribera Neumann.
-Concurrieron, también, los senadores señores Hernán Larraín Fernández e Ignacio Walker Prieto.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvieron presentes los diputados señores Manuel Monsalve Benavides, Rosauro Martínez Labbé y Ricardo Rincón González.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.07 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 38ª, se declara aprobada.
El acta de la sesión 39ª, queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
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El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en la sesión especial que se llevó a efecto el martes de la semana pasada, aprobamos la constitución de una Comisión Especial Investigadora para fiscalizar el comportamiento de los grandes contribuyentes y del Servicio de Impuestos Internos en lo que respecta a las condonaciones efectuadas en años recientes, entre ellas, la de intereses y multa a la empresa Johnsons .
Quiero saber si todas las bancadas informaron a la Mesa sobre los nombres de los diputados que integrarán, dicha instancia. De no ser así, quiero saber qué bancadas aún no han entregado dicha información.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Me parece pertinente el punto planteado por su señoría.
Al respecto, informo a la Sala que la Mesa ha recibido la siguiente nómina de diputados que integrarán dicha Comisión: los señores Fuad Chahín y Patricio Vallespín , de la bancada Demócrata Cristiana, y los señores José Manuel Edwards y Alejandro Santana , de la bancada de Renovación Nacional. En consecuencia, falta por conocer los nombres de los diputados de la UDI, del Partido por la Democracia, del Partido Socialista, del Partido Radical Socialdemócrata y de la bancada Regionalista.
Ojalá, durante la mañana nos hagan llegar la nómina para que la Comisión se pueda constituir.
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El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, la operación de inteligencia de que fue objeto el senador Horvath es realmente grave.
Por eso, quiero saber si la Mesa o la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento han evaluado la situación y adoptado algunas medidas con el objeto de evitar que esto se repita.
Repito, es una situación grave y seria, por ello, debemos tener una respuesta acorde con lo ocurrido .
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Me informa el señor Prosecretario que el Departamento de Informática está actualizando en forma permanente los software para evitar hackeos e intromisiones en nuestros sistemas de seguridad. Entiendo que mañana, en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, nos entregarán más detalles de cómo operan estos sistemas de seguridad en la Corporación y de la protección ante eventuales hackeos. Por lo tanto, desde ya lo invito para que conozca la información que nos entregará el jefe del Departamento de Informática .
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El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , en el tercer lugar de la Tabla aparecen las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo, sancionando las prácticas de acoso laboral.
Dicho proyecto lleva aproximadamente un mes en Tabla y existe un acuerdo transversal para su aprobación. Como autora de la iniciativa, puedo confirmar que las modificaciones del Senado respetan los fundamentos de la moción presentada en la Cámara de Diputados.
En consecuencia, pido que las modificaciones del Senado se voten sin discusión.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tal como dijo su señoría, el proyecto se encuentra en tercer lugar de la Tabla. La señora diputada , en su calidad de autora de la iniciativa, fue muy bien representada por su jefa de bancada, quien, hoy, en reunión de los Comités, nos pidió que pusiéramos lo antes posible el proyecto en primer lugar de la Tabla, compromiso que asumimos. Es muy posible que no se pueda hacer esta semana, porque tenemos la discusión del proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. Por eso nos preocuparemos de que en alguna de las sesiones a la vuelta de la semana distrital, el proyecto figure en primer lugar de la Tabla para que el debate sea extenso. La otra posibilidad, si tenemos problemas debido a las urgencias que fije el Ejecutivo , es que el proyecto se debata un día jueves y se vote en la sesión ordinaria del martes o miércoles siguiente.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , me parecen buenas las alternativas, pero mi planteamiento apunta más bien a que las modificaciones del Senado se debatan en forma acotada, de manera que se despache la iniciativa, que lleva tantos años en discusión.
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El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Informo a la Sala que se ha agregado a la Cuenta la urgencia que hace presente el Ejecutivo al proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, que es de discusión inmediata.
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , en la cuenta se dio a conocer el ingreso de dicho proyecto, pero ahora su señoría nos comunicó que se hizo presente la urgencia, lo que indica que se pretende que su despacho sea exprés. Lamentablemente, en este momento, no se encuentra presente el Presidente de la Comisión de Hacienda , instancia en la cual nos corresponde conocer el proyecto. Al respecto, señor Presidente , me gustaría saber si se remitió de inmediato a esa Comisión.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Fue despachado de inmediato a la Comisión de Hacienda, y según me informó durante la mañana su Presidente , se citaría a sesión en la tarde con el objeto de tratar el salario mínimo.
Tiene la palabra el diputado señor Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , considerando que el ingreso mínimo se vincula con la calidad del trabajo, creo que el proyecto también debiera ser visto por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de hacer un análisis mucho más integral, que no se limite solo a unos pesos más.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Como dije, el proyecto viene con discusión inmediata.
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , en otras oportunidades se ha dado la facilidad para que se estudie también en la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, no veo el problema.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , ¿cuándo vence el plazo de la urgencia?
Después de conocer esa información habría que ver si es posible, porque hay que ser realista. La otra opción es que funcionen como Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Considerando que el proyecto fue calificado con urgencia de discusión inmediata, contamos con un plazo de seis días. Sin embargo, el Ejecutivo quiere cumplir con la tradición de que el reajuste comience a regir el 1 de julio. Por lo tanto, la intención es despachar el proyecto esta semana.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , en relación con la propuesta del diputado Marcelo Schilling , quiero decir que, como se hizo presente en una sesión especial que tuvo lugar hace un par de semanas para tratar esta materia, oportunidad en la que contamos con la presencia del ministro de Hacienda , el debate sobre el ingreso mínimo trasciende con creces el guarismo; es decir, pretendemos debatir no solo el monto del reajuste. En consecuencia, desde mi punto de vista, el debate del proyecto, también debe hacerse en la Comisión de Trabajo. Creo que hay tiempo suficiente para ello.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, la discusión del proyecto nos interesa sobremanera.
Por lo tanto, propongo que adoptemos el acuerdo de que las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo lo traten hoy para despacharlo con prontitud.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , estoy de acuerdo con que la iniciativa se remita a la Comisión de Trabajo. ¿Por qué no lo envía hoy a la Comisión de Trabajo y mañana a la de Hacienda?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Eso implicaría convocar a una sesión especial mañana, en la tarde, para tratar el proyecto. La idea original era que mañana lo conociera el Senado.
En consecuencia, prefiero atenerme a lo que establece el Reglamento y que la Sala se pronuncie sobre la propuesta del diputado Marcelo Schilling.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En consecuencia, el proyecto se remitirá solo a la Comisión de Hacienda.
V. ORDEN DEL DÍA
DEFINICIÓN DE DESCARTE DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL Y SANCIONES. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Corresponde conocer, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en esta práctica en las faenas de pesca.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 3777-06 (S), se inició en la sesión 40ª, en 12 de junio de 2012, de la legislatura 360ª.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , como el proyecto se encuentra en segundo trámite reglamentario, nos corresponde pronunciarnos sobre las indicaciones que se aprobaron o se rechazaron en la Comisión de Pesca.
Como se recordará, hace algunos días el diputado señor Orlando Vargas rindió el segundo informe de esta iniciativa, que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece sanciones para quienes incurran en esta práctica en las faenas pesqueras.
Este es uno de varios proyectos que, de alguna manera, armonizan con el que modifica la ley general de Pesca, que se está tramitando en dicha Comisión.
Primero, abordaré algunas cuestiones generales y, luego, me referiré a tres indicaciones.
La mayoría de las especies principales de las pesquerías nacionales se encuentran reguladas por cuotas de capturas anuales. Estas, a su vez, están asignadas a zonas y flotas, como también bajo otras normas administrativas, entre las cuales se encuentra el régimen del límite máximo de captura en el caso de la flota industrial.
Sin embargo, el establecimiento de normativas inadecuadas, sumado a los objetivos de mayor beneficio económico por el sector productivo en recursos pesqueros que muestran deterioro en sus biomasas y abundancia, inciden y aumentan la práctica del descarte en las especies de interés comercial -en las de menor calibre-, sobre otras especies que son de interés comercial para el armador; además, cuando se conjuga una normativa y fiscalización inadecuadas sobre recursos normados por cuotas de capturas individuales con baja abundancia y la existencia de un mercado con precios atractivos en calibres de mayor tamaño, incentivan a una mayor práctica del descarte por parte de los armadores. Por otro lado, el desconocimiento de la cantidad de captura descartada genera alta incertidumbre en el conocimiento del estado de conservación de los recursos y la sustentabilidad de la actividad.
Cada vez, más científicos, pescadores y conservacionistas, reconocen que la pesca de descarte causa un número importante de víctimas en el medio ambiente marino. La pesca de descarte elimina muchos tipos diferentes de vida oceánica, incluyendo delfines, tortugas marinas, lobos marinos, tiburones, aves marinas, etcétera, debido a que este método se ejecuta sin una abierta intención. Normalmente, se devuelven muchas especies muertas al mar o por morir. La pesca de descarte produce el desecho innecesario de importantes recursos naturales. Pero, mucho más importante aún, contribuye a la destrucción de los ecosistemas marinos, a través del exceso de pesca y de la muerte de especies protegidas.
Por eso, nuestra legislación -y es el objetivo del proyecto- intenta avanzar en mejorar los impactos del descarte, minimizando sus efectos nocivos.
Entre las indicaciones presentadas, luego de que el proyecto se aprobara en general en la Sala, quisiera comentar tres.
En primer lugar, agradezco a mis colegas de la Comisión de Pesca haber aprobado una indicación que presenté y que tiene por objeto que la información proveniente de los datos recopilados por los observadores científicos sea pública, de acuerdo con la ley Nº 20.285. La norma que se modificó señalaba: “No obstante lo anterior, los datos desagregados recopilados por los observadores científicos, durante el plazo de tres años a que se refiere el inciso 3° del artículo 7° A, tendrán el carácter de reservados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.”.
Presenté otra indicación, que fue aprobada por los colegas de la Comisión de Pesca -ojalá la Sala proceda de igual forma-, que señala lo siguiente: “La información recopilada por los observadores científicos en el marco del programa de investigación previamente codificados en los nombres de naves y armadores será pública, pudiendo requerirla cualquiera institución de investigación académica u organización no gubernamental para los efectos de su evaluación y propuestas al plan de reducción de la pesca incidental y el descarte.”.
Enseguida, me referiré a dos indicaciones.
La primera se relaciona con el artículo 64 E, incorporado por el número 4.- del artículo 1° del proyecto, para el cual pediré votación separada, tal como lo haré con el artículo 111 B, agregado por el número 7.- del ar-tículo 1°. Ambos están relacionados.
El artículo 64-E fue incorporado como consecuencia de una indicación aprobada en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, mediante el cual se estableció que los armadores de naves pesqueras a que se refiere el artículo 64 B deberán instalar a bordo y mantener en funcionamiento, durante todo el viaje de pesca, un dispositivo de registro de imágenes que permita detectar y registrar toda acción de descarte que pueda ocurrir a bordo.
Originalmente, esa medida había sido aprobada solamente en relación con las embarcaciones pesqueras industriales, pero mediante indicación presentada por los colegas señores Melero y Recondo también se incorporó a los armadores artesanales.
Por su parte, el artículo 111 B -para el cual, tal como señalé, pediré votación separada-, prescribe que “El armador de una nave pesquera industrial o de una embarcación artesanal de eslora igual o superior a 15 metros que haya operado sin mantener en funcionamiento el dispositivo de registro de imágenes, o lo haya manipulado o interferido, será sancionado con multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales.”.
Repito, pediré la votación separada de ambos artículos para que, ojalá, sean rechazados y, de esa manera, se repongan tal como habían sido despachados por la Sala.
Me parece importante señalar que la instalación del dispositivo de registro de imágenes que se les está exigiendo a los armadores con una embarcación artesanal de eslora igual o superior a 15 metros será a su costa, con lo cual no se establece una diferencia con los armadores de naves pesqueras industriales, en circunstancias de que se sabe que el descarte es practicado, principalmente, por aquellas embarcaciones que desarrollan el arte de pesca de arrastre, el que está prohibido para la pesca artesanal.
Por lo tanto, me parece un error el establecimiento de esa norma, puesto que generará un gran gasto para los pescadores artesanales, los que no realizan descarte, y porque la información requerida deberá ser entregada por los observadores científicos -figura que se incorpora en el proyecto-, de manera que, al final, esa medida, repito, terminará por perjudicar a los pescadores artesanales.
Asimismo, en materia de multas, se dispone el mismo rango de sanciones pecuniarias tanto para el armador de una nave pesquera industrial como para el de una embarcación artesanal que no mantenga en funcionamiento el dispositivo de registro de imágenes, lo que no se condice con la realidad de cada sector pesquero, sobre todo si se los compara desde el punto de vista de los ingresos. Para el sector de la pesca artesanal ese dispositivo representará un gasto extra, lo que irá en desmedro de sus ingresos.
Por las razones señaladas, pido votación separada para esos artículos, porque, a través de ellos, se intenta colocar una serie de restricciones para los pescadores artesanales, en circunstancias de que todavía no hemos aprobado casi nada que los favorezca en términos concretos.
No entiendo que a los pescadores artesanales se les obligue a instalar posicionadores satelitales, dispositivos de registro de imágenes y pagar patentes, sin que antes se haya resuelto el problema de la pesca de arrastre, o se impida la penetración de embarcaciones industriales en las millas dispuestas exclusivamente para la pesca artesanal. Repito, se les imponen más obligaciones, pero no ha habido capacidad de modificar la actual situación que los afecta.
Se ha prometido el envío de un proyecto de ley para la creación del Instituto de Fomento para la Pesca Artesanal, pero hasta ahora eso ha quedado solamente en una promesa; no sabemos cuándo será enviado. Asimismo, tratamos de trabajar en el proyecto de ley larga de Pesca sobre la forma de establecer una plataforma social que beneficie a los pescadores artesanales; sin embargo, eso también comenzó a ser descartado por el Gobierno, pues se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. En tal sentido, necesitamos su apoyo para introducir ese mecanismo en la iniciativa de ley larga de Pesca, pero eso tampoco ocurrirá.
Entonces, mientras no se arregle en serio la situación de los pescadores artesanales, ni se lleven a cabo modificaciones concretas para cambiarles su vida, no estoy dispuesto a que se les sigan imponiendo obligaciones que solamente les significarán más gasto.
En consecuencia, si rechazamos los dos artículos para los que he pedido votación separada, con lo cual las disposiciones conservarán su redacción original, resolvemos el problema del descarte sin mayor discusión.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.-
Señor Presidente , en los últimos años nuestro país ha presentado un rápido y significativo crecimiento en materia de pesca y acuicultura. El largo perímetro de la costa y la extensa superficie de mar interior nos han entregado condiciones únicas para el desarrollo de esta actividad a nivel internacional.
También, sabemos que este rubro posee riesgos inherentes a su naturaleza, pues hay que lidiar con la presencia de enfermedades que en condiciones de concentración y sobreexplotación tienden a aumentar.
Las especies hidrobiológicas son sensibles al padecimiento de muchas enfermedades, y en el caso de salmones, truchas, moluscos y crustáceos a tipos específicos que las producen o facilitan, como parásitos, hongos, bacterias y virus.
Por todos es conocido que solo por el virus de la anemia infecciosa del salmón -ISA-, una sola empresa, en un corto período, tuvo pérdidas de 3.500 millones de pesos, lo que significó que alrededor de mil personas de la Región de Los Lagos perdieran su trabajo. Otro riesgo tiene que ver con la carga máxima de pesca.
Para que situaciones como la anterior no vuelvan a ocurrir, el proyecto busca evitar continuar con el sistema de descarte en la actividad pesquera, que la actual legislación permite. Ocurre que esta forma de escoger los productos capturados implica que las especies no seleccionadas son devueltas al mar, sin ninguna base científica que apoye ese actuar. Lo anterior provoca que las especies devueltas lo hagan en muy malas condiciones o, simplemente, muertas, lo que afecta la población de dichas especies y los recursos marinos en general.
Asimismo, esa práctica trae aparejada una serie de efectos no deseados, desde los bioecológicos, incluida la incertidumbre en las evaluaciones de stock si la mortalidad producida por el descarte no es considerada. Se suma a lo anterior una probable sobreexplotación, con mayores costos de pesca; un exceso de esfuerzo de pesca; incrementos en costos de manejo asociados con cumplimiento normativo y, principalmente, el desaprovechamiento de recursos alimentarios.
La normativa vigente de cuotas de pesca permite la ocurrencia de esas situaciones de descarte. Como señalé, esa perversa actividad consiste en examinar las especies capturadas, seleccionarlas por su tamaño y devolverlas al mar. Si bien esa práctica siempre ha existido en la pesca, la diferencia radica en que antaño las especies eran sacadas en redes y devueltas vivas; hoy, en cambio, se devuelven muertas o muy dañadas.
De acuerdo con estimaciones de la FAO, sobre la base de un estudio elaborado en 2005 sobre desembarque y porcentaje de descarte de pesca por país, a nivel mundial se descartan, aproximadamente, 7 millones de toneladas al año, lo que equivale al 8 por ciento de la pesca mundial.
En dicho estudio se señala para Chile valores del orden del 2 por ciento de nuestro desembarque, valor muy por debajo del valor promedio de 15 por ciento establecido para el total de 139 países considerados en el estudio.
Las principales pesquerías son las pelágicas, cuyas tasas de arrastre son bastante menores. De hecho, la FAO establece los índices de descarte en Chile, entre 1991 y 2001, en 0,8 por ciento, o sea, unas 40 mil toneladas en pelágicos, y 12,5 por ciento, o sea, unas 42 mil toneladas, en merluzas.
Sin embargo, la práctica del descarte no es homogénea, ya que los mayores niveles -sobre el 20 por ciento- se presentan en el hemisferio norte, tanto en los océanos Pacífico y Atlántico, y en la zona del Pacífico suroeste.
En nuestra área de pesca, según se detalló en ese estudio, los niveles de descarte registrados son del orden de 3,5 por ciento, porcentaje que se obtiene producto de la asignación de cuotas por armador vigente, con lo cual se crea el efecto aquí descrito, en el que las especies son seleccionadas y, luego de capturadas, se desechan.
En lo esencial, el proyecto en discusión aborda la necesidad urgente de proteger esas especies, disposición tendiente a asegurar la sustentabilidad de los recursos pesqueros y a establecer criterios que permitan asegurar la presencia en los mercados de los diversos productores, desde los pescadores artesanales a los industriales de gran escala. El punto está en que ello se hará protegiendo los recursos marinos y el ecosistema, para permitir la renovación de los mismos mediante, por ejemplo, observaciones científicas a bordo de las naves, con el objeto de que se haga una evaluación exacta de lo que sacan y de lo que tienen que desembarcar, así como el descuento de las cuotas que tengan.
Además, se plantea el establecimiento de un dispositivo de captura de imágenes que debe instalarse en las naves pesqueras industriales y artesanales de más de 15 metros de eslora, con el fin de monitorear toda la actividad. De esa manera, también se podrá avanzar en la investigación que facilite la determinación de artes de pesca selectivos, que son los que permiten capturar, preferentemente, las especies deseadas u objetivos.
Quiero dejar en claro que no se pretende prohibir el descarte, pues ello sería desconocer la realidad de la pesca, sino solo regularlo.
Este Gobierno ha querido dar un fuerte impulso al rediseño y a la reforma de la pesca y la acuicultura en nuestro país, lo que demuestra la mirada integral que tenemos sobre la materia. El proyecto en discusión es parte de ello. Sin embargo, lo anterior no puede llevarse a cabo sin un criterio científico de base sustentable. Cabe señalar que, hasta hoy, las pesquerías han sido administradas con una visión de corto plazo, lo que derivó en daños irreparables en los recursos, como es el caso del jurel, que actualmente se encuentra con una cuota que alcanza su mínimo histórico. Es más, la mayoría de los recursos marinos del país se encuentra sobreexplotado o en estado de colapso, dado al uso indebido de la pesca de investigación.
Lamentablemente, los gobiernos anteriores no tuvieron la fuerza suficiente para fijar la cuota solo utilizando una base científica, ya que siempre debían evaluar tomando en cuenta criterios sociales, económicos y hasta político-electorales, lo que, finalmente, fue en desmedro de la actividad y los recursos del país.
Desde la llegada de esta administración, se han presentado proyectos que han logrado aprobarse, como el que estableció normas para enfrentar la catástrofe, el que estableció la exención y condonación de patentes de concesiones de algas, y el que se convirtió en la Ley N° 20.560, que modificó la regulación de la pesca de investigación, regularizó las pesquerías artesanales, incorporó planes de manejo bentónicos y reguló la cuota global de captura.
Entre estos, tampoco puedo olvidar los proyectos de ley sobre la institucionalidad, la regulación de los ecosistemas marinos vulnerables y el que ahora estamos analizando.
Llamamos a todos los sectores a impulsar los proyectos aún pendientes, pues creemos que son de vital importancia para potenciar y proteger al sector artesanal.
Por todo lo anterior, como miembro de la Comisión encargada de analizar este proyecto de ley, anuncio mi apoyo y el de la bancada de Renovación Nacional a esta iniciativa, ya que ayudará a proteger nuestros recursos y potenciar la actividad.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto de ley que define el descarte de las especies hidrobiológicas -es decir, de los peces- en las faenas pesqueras.
Este es un problema muy serio en Chile y en el mundo, porque, como se ha dicho, se calculan en 2 por ciento las pérdidas que significan el descarte de peces en labores de pesca cuando el armador o el pescador considera que no reúnen las características adecuadas o porque no tienen el tamaño mínimo. En ese caso, simplemente los devuelve al mar. Sin embargo, la inmensa mayoría de esos peces muere. En el mundo, 7 millones de toneladas de peces son descartadas en esas inadecuadas faenas de pesca.
En Chile, la mayoría de las especies principales está regulada por cuotas de captura anuales, que son asignadas a distintas zonas y flotas, y también por otras normas administrativas, como el régimen del límite máximo de captura en la flota industrial. Sin embargo, algunas normas inadecuadas y los beneficios económicos buscados producen un deterioro en la biomasa y un aumento de la práctica del descarte en las especies de interés comercial. Las especies de menor calibre, las más chiquititas, están siendo eliminadas, al igual que otras especies que no son de interés comercial para el armador.
Entonces, el desconocimiento de la cantidad de captura descartada genera incertidumbre en el conocimiento del estado de conservación de los recursos. Hoy, en Chile, no sabemos con claridad qué cantidad de especies -por ejemplo, de jurel, corvina, sardina o anchoveta- queda en nuestros mares.
La única fórmula efectiva para minimizar el descarte -porque parece que es imposible eliminarlo en las diferentes pesquerías nacionales- es el establecimiento de observadores científicos a bordo de todas las embarcaciones, los que deben estar absolutamente reconocidos en la ley, con atribuciones y deberes que impidan estas malas prácticas.
Además, pido votación separada para los artículos 64 E, 106 y 111 B.
El artículo 64 E exige a los armadores artesanales con embarcaciones de eslora superior a 15 metros instalar cámaras de registro de imágenes, a su costo y -lo que es peor- sin hacer una diferencia entre las distintas pesquerías. Es de conocimiento mundial que las pesquerías con descarte corresponden, principalmente, a aquellas desarrolladas con el arte de la pesca de arrastre, que realizan fundamentalmente los pescadores industriales.
Los pescadores artesanales tienen prohibida esta práctica, por lo que es un soberano error establecer una norma que genera gasto a pescadores que no realizan descarte, más aun cuando la información requerida puede ser obtenida mediante los observadores científicos establecidos en el proyecto.
En cuanto al artículo 106, estimo que el sistema de observadores científicos debiera estar radicado y administrado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). En el proyecto de ley larga, el Ejecutivo plantea que el Instituto de Fomento Pesquero será la entidad asesora del Estado en materia pesquera, pero deja la administración abierta a ser desarrollada por una empresa, lo que realmente no entendemos.
El artículo 111 B establece el mismo rango de multas para armadores artesanales e industriales al momento de ser sancionados por no mantener el sistema de registro de imágenes, lo que no se condice con la realidad de cada sector en función de sus ingresos. Hay que recordar, además, que para la pesca artesanal este dispositivo corresponderá a un gasto extra que irá en desmedro de sus ingresos.
Todo parece indicar que hay desconocimiento o se quiere cerrar los ojos ante una realidad que afecta a los más de 90.000 pescadores artesanales de Chile, que es gente humilde, sencilla, que sale a buscar el sustento diario en sus deterioradas embarcaciones. Entonces, no se les puede exigir desembolsos económicos que, además de estar lejos del alcance de sus bolsillos, les impide salir a buscar el sustento diario.
Asimismo, esos sufridos pescadores artesanales son perseguidos permanentemente -ello nos consta y lo hemos denunciado en innumerables oportunidades en esta Cámara- por los pescadores industriales, que perforan e invaden sus cinco millas reservadas y se llevan lo que no les corresponde, desembarcan y, por lo tanto, tienen la posibilidad de demostrar a la autoridad que ellos sí están cumpliendo con las metas de pesca, pero a costa del robo de recursos pesqueros dentro de las cinco millas reservadas para los pescadores artesanales.
Insistimos en la imperiosa necesidad de que, en la futura Ley de Pesca, se les reconozcan esas cinco millas, desde Arica a Puerto Williams, que se deje en paz a los pescadores artesanales y, desde luego, que se termine con la pesca de arrastre, que deteriora peligrosamente la biomasa. A los pescadores industriales, Chile no les debe nada más que la desaparición de muchas especies que otrora fueron el alimento para muchos hogares del país.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , en primer lugar, como integrante de la Comisión de Pesca, quiero señalar que era absolutamente necesario legislar en esta materia.
En efecto, el descarte no es una práctica que se pueda suprimir completamente en forma voluntaria ni tampoco algo que se haga con premeditación con el objetivo de botar productos.
Hemos definido el descarte y, además, en este proyecto, se agrega un conjunto de otras definiciones que ayudan a precisar la participación del actor pesquero en esta actividad tan importante para el país.
Este proyecto de ley se transformó en necesario porque debíamos ir acotando las posibilidades de descarte, entendido como la eliminación y devolución al mar de determinados productos, incluso sin tener claro si están vivos, muertos o dañados.
Es necesario colaborar para que el Estado, en su condición de regulador, exija medidas encaminadas a disminuir la acción de devolver al mar, que sea cada vez más selectiva y que, con ayuda de la tecnología, se desechen cada vez menos especies dañadas o muertas. En este sentido, el proyecto avanza en forma notable.
Respecto de las sanciones, le pido al diputado que me antecedió en el uso de la palabra que me preste atención, porque me interesa precisar que estas no están establecidas para el pequeño pescador artesanal, para el que trabaja en un bote, porque, en términos prácticos, su pesca de descarte es ínfima, no es relevante. El problema se nos produce con las embarcaciones mayores, y las lanchas de más de 15 metros de eslora tienen capacidades de bodega y de captura muy importantes.
Por lo tanto, no es cierto que estemos aplicando la misma multa para una lancha de 15 metros de eslora que para una embarcación industrial con una capacidad de 1.600 toneladas. Sostener esa afirmación es, derechamente, faltar a la verdad o no entender el proyecto. Lo que estamos haciendo es darle al tribunal -en este caso, a quien aplica la multa- un rango que va entre las 20 y las 300 UTM, margen que está determinado por la capacidad de captura o por la falta cometida, pero siempre en relación con la cantidad.
Por eso, no corresponde hacer comparaciones respecto de las multas, ni afirmar que es injusto cursar una multa a una lancha de 18 metros de eslora, pero sí es justo hacerlo con una embarcación de 22 metros. Lo que la Comisión pretendió fue ajustar y reducir el proceso de descarte o de desecho.
Es necesario entender que cualquier fórmula que ayude a evitar el descarte resulta importante para nosotros, y uno de los instrumentos que ayudarán es el dispositivo de registro de imágenes. En la comisión discutimos el tema y concluimos que esta fórmula no debía aplicarse de inmediato. Por eso establecimos un plazo de dos años para que el registro de imágenes comience a correr y nos ayude a conocer cómo se desarrolla en la realidad el proceso de descarte. La razón para el plazo de la puesta en marcha radica en que ese dispositivo puede significar un tropiezo financiero, dado su costo. No olvidemos que ese mecanismo deberá instalarse en embarcaciones de 15 o más metros de eslora.
Otro tema interesante es que el proyecto establece la obligatoriedad de llevar observadores científicos. La misión de estos observadores es solo recopilar y entregar información para alimentar el registro científico que exista en el país. Tal es la importancia de esta medida que hemos sancionado en el proyecto que se denegará la autorización de zarpe a las naves o embarcaciones que, habiéndoles sido designado un observador, no lo lleven a bordo.
En definitiva, de manera natural, existe un proceso de multas y de exigencias para el descarte. Reitero que no es correcto afirmar que se trata de afectar a unos o a otros. Es necesario comprender que no se trata de multar al industrial o al artesanal per se; lo que se busca es aplicar una sanción a quienes, una vez establecida la norma, la rompen, y lo hacen conscientemente. Para ellos se establece una multa, que tendrá rangos de aplicación, lo que permitirá, a quien la aplique, determinar cuál es la justa dimensión de una sanción.
El proyecto es absolutamente necesario, toda vez que avanza derechamente en el control de las capturas, para contar con antecedentes cada vez más fidedignos que se irán recopilando, para entender cómo se va dando el proceso, lo que permitirá al Estado mantener en el tiempo las posibilidades de captura, en el entendido de que es su obligación garantizar la sustentabilidad de los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos para las generaciones venideras.
El proyecto constituye un aporte para que el Estado garantice la sustentabilidad de los recursos pesqueros y, por lo tanto, la bancada de la Unión Demócrata Independiente lo votará favorablemente.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente , quiero hacer una afirmación previa para fundamentar mi votación.
Es importante que los diputados -lo digo con todo respecto- lean el informe y analicen la discusión que se generó en torno al proyecto, porque en el debate en la Sala se están mezclando muchas cosas, algunas de las cuales son propias del proyecto de ley Larga de Pesca, que discutimos a diario y hasta altas horas de la noche en la Comisión, con el objeto de sacar una buena normativa para, entre otras cosas, proteger a los pescadores artesanales.
La pregunta que debemos formularnos es qué tanto nos importa la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y bentónicos. Y debemos ser consecuentes con nuestra respuesta a esa interrogante. Mucho se habla de sustentabilidad, de respeto por el medio ambiente, de la depredación de los recursos marinos por parte de la industria pesquera y de los grandes pescadores artesanales, pero hoy estamos discutiendo un instrumento preciso para regular el descarte, la pesca incidental, como es el observador científico.
Paso a referirme a los temas más controvertidos. Es importante centrarnos en las definiciones que contempla el proyecto. Muchos diputados se preguntan -tal vez, con razón- por qué estamos discutiendo esto en un proyecto de ley especial y no forma parte del proyecto de ley larga de pesca, que estamos discutiendo en la Comisión técnica. Recordemos que esta iniciativa viene desde el Senado y lleva mucho tiempo en tramitación y, naturalmente, surgió la necesidad de definir algunos conceptos antes de hacerlo en la ley larga de pesca.
El descarte se define como “la acción de devolver al mar especies hidrobiológicas capturadas”; la pesca incidental es “aquella conformada por especies que no son parte de la fauna acompañante y que está constituida por reptiles marinos, aves marinas y mamíferos marinos”; el observador científico es definido como la “persona natural, designada por la Subsecretaría de Pesca, encargada de la observación y recopilación de datos a bordo de naves pesqueras, puntos de desembarque o en plantas de proceso, exclusivamente para la investigación con fines de conservación y administración de los recursos hidrobiológicos”.
De manera que no se está prohibiendo el descarte ni la pesca incidental, sino que se está regulando, precisamente por un criterio de sustentabilidad.
El artículo 7° A establece lo siguiente: “La Subsecretaría, mediante resolución y previo informe técnico, -no es una acción discrecional- aprobará, para una o más especies objetivo y su fauna acompañante, un programa de investigación destinado a recopilar antecedentes técnicos que permitan elaborar un plan de reducción del descarte y de la captura de la fauna acompañante y de la pesca incidental.”.
Por su parte, respecto de un tema que ha sido muy sensible, el artículo 7° C establece la obligación de devolver al mar los mamíferos marinos, reptiles, pingüinos y otras aves marinas, salvo que se encuentren severamente dañados o heridos.
Otro punto importante de destacar, respecto de lo cual han surgido algunas dudas, es el artículo 64 E, norma en la que hicimos una distinción respecto de la pesca artesanal, porque, tal como dijo el diputado Jorge Ulloa , es necesario distinguir entre el botero, que tiene una embarcación de menos de 12 metros de eslora, y el lanchero, que tiene una embarcación de más de 15 metros de eslora, que son verdaderos microempresarios, porque cuentan con lanchas de gran poder de captura, a los que tenemos que regular e incluir en esta legislación.
Por eso, el artículo 64 E establece lo siguiente: “Los armadores de naves pesqueras a que se refiere el artículo 64 B y los armadores artesanales respecto de sus embarcaciones que tengan una eslora igual o superior a 15 metros deberán instalar a bordo y mantener en funcionamiento, durante todo el viaje de pesca, un dispositivo de registro de imágenes que permita detectar y registrar toda acción de descarte que pueda ocurrir a bordo.”.
Entonces, respondo al diputado Meza -quien, al parecer, no se encuentra en la Sala en estos momentos- que no se trata de que no se quiera dejar en paz a los pescadores artesanales, sino de regular una actividad mediante un instrumento que existe en todas partes del mundo, tema que discutimos en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
Al respecto, ante un requerimiento nuestro, el ministro se comprometió a entregar apoyo a los lancheros para adquirir el dispositivo a través de los distintos instrumentos del Estado, particularmente del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y -así lo esperamos en el futuro cercano- del Idepa, el nuevo Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, ya que tiene un costo importante en el mercado, porque es fundamental contar con esos registros.
Terminaré mi exposición antes de conceder la interrupción que me está solicitando el diputado Jaramillo .
El artículo 64 F establece: “Las imágenes que registre el dispositivo a que se refiere el artículo 64 E tendrán el carácter de reservado…”. No obstante, aprobamos la indicación del diputado Ascencio , que va en la línea correcta, que aclara que una cosa son las imágenes y otra la información que genera el dispositivo, que deberá certificar el Sernapesca. En consecuencia, la norma señala claramente que dicha información no podrá revestir el carácter de reservado y, por lo tanto, constituirá una presunción para acreditar infracciones a la normativa pesquera, porque tiene que servir como medio de prueba, pero una vez que esté certificada por el Sernapesca. Y después se definen las funciones del observador científico, que deberán “recopilar, registrar y dar cuenta de los datos e información biológico-pesquera de las operaciones de pesca industrial y artesanal, puntos de desembarque y/o procesamiento de recursos pesqueros.”.
El tema de la multa es absolutamente discutible. Efectivamente, estudiamos el tema, y se le está dando un rango al juez para que pueda apreciar los medios probatorios, la información que nace del observador científico, para determinar si se está en presencia de un lanchero o de una nave industrial propiamente tal, para los efectos de la graduación de la multa. Además, en la historia fidedigna de la ley queda establecido que estamos dando un rango al juez para que realice esa distinción, conforme a las características especiales de la fiscalización realizada.
Por eso, tal como lo hice en la comisión, aprobaré el proyecto de ley.
Finalmente, quiero decir al señor ministro que espero que este criterio de sustentabilidad lo podamos aplicar en todas las materias del proyecto de ley, porque -lo dije también cuando expliqué un concepto sobre los puntos biológicos de referencia- existe un punto biológico en la ley que no se puede sobrepasar, ya que es un punto de colapso. Lamentablemente, la Subsecretaría del ramo no compartió este análisis y optó por la teoría de los promedios. Es muy importante ser consecuente en todo con el tema de la sustentabilidad y también cuando se definan en la ley los puntos biológicos de referencia.
Finalmente, concedo una interrupción al diputado Enrique Jaramillo .
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
El diputado Walker ha concedido una interrupción al diputado Enrique Jaramillo, a quien ofrezco la palabra.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , he visto mucha claridad en la intervención del diputado Walker , lo que me anima a intervenir, a pesar de no haber estado presente en el debate de la comisión.
En su minuto, él nos llamó a leer el informe, lo que he hecho, y me he encontrado con una situación que me preocupa.
Me interesa que me expliquen un punto relacionado con un armador artesanal que tiene una embarcación igual o superior a 15 metros, especialmente en relación con las sanciones, las multas y la obligación de tener ese dispositivo de registro de imágenes, que permite registrar toda acción de descarte que ocurre a bordo. Me gustaría tener la tranquilidad de que no se va afectar a ese pescador artesanal que logró adquirir esa embarcación.
Me complica el costo del dispositivo de registro de imágines, pero me alegra de que sea discutible lo relativo a la sanción.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente , veo con horror y desesperación que, día a día, los verdaderos dueños del mar, los pescadores artesanales, pierden sus derechos. Veo que la iniciativa sobre la nueva Ley de Pesca avanza y avanza, y otra vez los inte-reses de los pescadores artesanales son atropellados.
Sin lugar a dudas, es necesario tener una ley que regule el descarte. Pero no se ataca el problema de fondo que provoca la pesca de arrastre, con el argumento de que puede producir una crisis social. Absolutamente nadie puede negar que el arte de pesca que produce mayor descarte es la pesca de arrastre.
El nuevo proyecto de ley de pesca y esta misma iniciativa se fundamentan en la preservación del recurso, en lo que todos estamos de acuerdo. Entonces, observo una contradicción, porque, si queremos proteger y preservar los recursos marinos, ¿por qué no regulamos en forma más rigurosa la pesca de arrastre, que es el arte más destructor?
Tal como sugirió el diputado señor Fernando Meza , quien me interpreta plenamente, pido votación separada de los artículos 64 E, 106, 111 A y 111 B, para votarlos en contra, pues perjudican al sector pesquero artesanal y la protección de los recursos marinos.
Lamento que los intereses y legítimos derechos de los pescadores artesanales no sean defendidos con fuerza y pasión. Considero que se les hacen exigencias que no corresponden.
El artículo 111 B establece el mismo rango de multa tanto a armadores artesanales como a industriales cuando son sancionados por no mantener en funcionamiento el sistema de registro de imágenes. Todos sabemos que eso significa un costo, pero no se puede comparar el gran poder económico que tiene la gran industria pesquera con el débil poder económico de los pescadores artesanales.
Por lo tanto, aunque es un proyecto importante y necesario para preservar nuestros recursos marinos, pido votación separada para los artículos que mencioné, para intentar proteger en algo los intereses de los pescadores artesanales, que día a día pierden sus derechos históricos.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).-
Señor Presidente , responderé algunas de las inquietudes manifestadas por los señores diputados, para luego explicar, en términos generales, en qué consiste esta iniciativa.
Este proyecto se discute en forma separada porque corresponde a una moción, y queremos conservar su naturaleza.
Tal como señalé en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, en el ministerio discutimos si incorporábamos las definiciones establecidas en esta iniciativa en el proyecto de nueva ley de pesca, y decidimos tramitarla en forma paralela porque, como fui parlamentario, tengo la convicción de que los proyectos originados en mociones deben tramitarse como tales, porque las considero fruto del esfuerzo de los diputados que las suscriben. Aclaro este punto para despejar las dudas de quienes preguntaban por qué tramitamos el proyecto de ley larga en forma simultánea con este proyecto, que, como dije, tuvo su origen en una moción, al igual que aquella que dice relación con el cuidado de los ecosistemas marinos del país, en trámite en el Senado, que será fusionada con otra iniciativa similar cuando llegue a esta Cámara.
Esas dos iniciativas que se están tramitando en forma paralela al proyecto de ley larga tienen su origen en mociones, y ambas se refieren a la sustentabilidad de nuestros recursos pesqueros, que es de la esencia de la Ley Larga. Cuando garantizamos la sustentabilidad de los recursos pesqueros del país hacemos lo que corresponde y, a su vez, defendemos los intereses de los pescadores artesanales.
Me parece que el colapso de las principales pesquerías del país y la conflictividad en el sector, conocida por todos, tienen su origen en la forma en que se han explotado los recursos marinos, lo que debemos cambiar, no solo mediante la futura ley larga, sino también en este proyecto que será sometido a votación hoy.
¿Qué establece la legislación vigente en relación con el descarte? Simplemente, que estaba prohibido. Pero sabemos que no porque esté prohibido por ley no se va a producir descarte. En la pesca, esa práctica es un hecho, y los países pesqueros han reconocido esta realidad, pues es inevitable, y da lo mismo si es industrial o artesanal. El descarte ocurre, lo importante es regularlo. Eso es, justamente, lo que estamos haciendo.
Esta idea nació de parlamentarios de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, quienes determinaron que debíamos seguir el ejemplo de los países avanzados, que reconocen un hecho propio de la actividad pesquera: el descarte. Por lo tanto, lo importante es regularlo, y eso pretende lograr este proyecto.
Y al regular esta práctica, debemos aplicar regulaciones -es obvio- a quienes han sido autorizados para pescar en Chile. Por eso se establecen exigencias y multas -a las que ya se han referido los señores diputados-, y existe un cierto rango, y el juez determinará las sanciones de acuerdo con el tamaño de la embarcación, su carácter industrial o artesanal, si el incumplimiento es mayor o menor, etcétera.
Con todo, es importante entender que, si vamos a regular, debemos hacerlo con todos los actores involucrados.
Quiero recordarles que el año pasado, por primera vez en Chile, la pesca artesanal superó el 52 por ciento de extracción de los recursos pesqueros. Por lo tanto, no sacamos nada con imponer regulaciones si no las aplicamos a todos los actores que están autorizados para pescar.
Por eso se estableció la exigencia del observador científico y el dispositivo de registro de imágenes para las embarcaciones más grandes de pescadores artesanales; estamos hablando de embarcaciones de 15 a 18 metros de eslora.
Para hacer estos cambios es muy importante entender que en la pesca artesanal chilena existe una diversidad enorme. Incluso, en el proyecto de ley larga estamos estableciendo la primera milla para los boteros, que no son precisamente a quienes vemos en las movilizaciones. Hay pescadores artesanales grandes que tienen 16 o 17 embarcaciones y, por lo tanto, también les debemos exigir que tengan esos dispositivos y observadores, porque obtienen una cuota muy importante de los recursos pesqueros del país; de lo contrario, no lograremos nada.
La legislación vigente establece que el descarte está prohibido, en circunstancias de que todos sabemos que se hace igual, pero no hay ninguna forma de hacer controles y estudios científicos sobre esa práctica. Los países desarrollados registran el descarte, tienen observadores científicos y saben aprovechar esa información relevante para calcular puntos biológicos y otros aspectos científicos que el país necesita procesar.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de todas las organizaciones que en Chile están preocupadas por la sustentabilidad de los recursos marinos.
Las exigencias que se establecen para el sector industrial, en forma integral, como corresponde, las aplicamos también para los pescadores artesanales de naves con eslora de entre 15 y 18 metros, que representan un segmento importante, ya que, en algunas pesquerías, tienen ingresos muy relevantes; no se trata de pescadores artesanales boteros, sino de pescadores semiindustriales.
Adicionalmente, aclaro a la Sala -fue planteado en la Comisión y por eso algunos parlamentarios votaron a favor- que si en alguna pesquería el costo de poner este video, que no es muy significativo para este nivel de embarcaciones, requiere un aporte del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, también implementaremos esos programas para aliviar el costo que signifique implementar ese registro visual.
No obstante, todos tenemos que ponernos de acuerdo en que, si queremos ordenar esta materia, lo hacemos para proteger a los pescadores artesanales. Sería mucho más fácil no ordenar el tema y no imponer estas exigencias, pero, justamente, como no se ha hecho durante muchas décadas, estamos lamentando lo que ocurre actualmente: que cada vez tenemos menos recursos pesqueros para quienes viven del trabajo en el mar, especialmente las 90 mil familias que en Chile se dedican a la pesca artesanal.
Por lo tanto, llamo a los señores parlamentarios a tener una mirada común, una mirada país, una mirada de Estado, para que, finalmente, podamos ordenar este sector. En reiteradas oportunidades he dicho que es mucho más popular no exigir la instalación del posicionador satelital o de estos sistemas de registro, pero eso significará, finalmente, pan para hoy -o quizás hambre, a estas alturas- y hambre para mañana.
Considero que llegó la hora de que juntos ordenemos este sector, por el bien de todos los chilenos y de las familias que viven de la pesca artesanal.
Si vamos a hacer este cambio tan importante, como es regular el descarte, tenemos que aplicar esta regulación y este ordenamiento a los que tienen autorización para pescar. Lo contrario implicará dejar un forado muy grande y, además, no tendremos esa necesaria información.
Se ha dicho claramente que los observadores científicos no tendrán facultades para sancionar, sino solo para registrar la información sobre el descarte que se realiza en la mar sin posibilidad de que sea fiscalizado por las autoridades. Es muy importante registrar esa información, para que los científicos de Chile puedan incorporar esos datos, sobre todo cuando estamos haciendo cambios tan importantes que se incorporarán en la futura Ley Larga de Pesca, en que estamos eliminando todas las facultades que tiene la autoridad política, para radicarlas en comités científico-técnicos y tener una mirada sustentada en la ciencia y en la biología y no en criterios políticos, lo que, a mi juicio, ha llevado a que muchas pesquerías estén prácticamente colapsadas.
En tal sentido, estimo que algunas solicitudes de votación separada no van en la línea general de lo que debiera ser el proyecto. Si es necesario, a los pescadores artesanales grandes les daremos las facilidades para adquirir los dispositivos. Además, existe un plazo de 18 meses para poner en práctica tales requisitos. Por lo tanto, dispondremos de los tiempos necesarios y los recursos para acompañar estas exigencias, que considero fundamentales.
Si queremos regular, tenemos que multar, porque si obligamos a instalar esos sistemas de registro y no existe una sanción para quienes no prendan el aparato, entonces no tiene ningún sentido establecer la obligación de poner el dispositivo.
Este proyecto tiene una mirada en su conjunto y por eso el Ejecutivo los convoca a aprobarlo, ya que es fruto de una moción y va en la línea de la sustentabilidad de los recursos marinos, porque es fundamental iniciar un cambio en la política pesquera del país.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , todos estamos de acuerdo en que hay que buscar elementos para mantener la sustentabilidad de los recursos. En ese sentido, no creo que haya ningún pescador, industrial o artesanal, que no esté de acuerdo con ese objetivo.
Pero si se mira con detención lo que ha ocurrido en nuestro país, se puede afirmar que la responsabilidad principal en la sobreexplotación de la pesca es del sector industrial, cuyas naves son capaces de capturar una cantidad muy grande de especies marinas.
Por ejemplo, en la pesquería del jurel, vemos que después de años de sobreexplotación por parte de los industriales hoy sufrimos un racionamiento exagerado, lo que ha ocasionado serios problemas a esta pesquería en el país. Ello no es responsabilidad de los pescadores artesanales. Si esa pesquería hubiese estado solo en manos de los pescadores artesanales, hoy estaría plena y vigente; sin embargo, el sector industrial pescó más allá de lo prudente y prácticamente exterminó la especie en gran parte del país; solo queda el recurso en algunos sectores. Afortunadamente, en la Región de Atacama todavía hay masa crítica para seguir abasteciendo a la región.
Comparto la opinión del ministro sobre la necesidad de controlar y tener claridad sobre el descarte: qué porcentaje involucra, quién lo ejecuta y cómo lo realiza. En tal sentido, estimo que tiene mucho sentido lo que plantea.
Lo que no logro entender es que en este proyecto se incorporen costos a los pescadores artesanales más allá de lo racional. En el artículo 64 E se exige a los armadores artesanales la instalación en sus embarcaciones de un dispositivo de registro de imágenes y su mantención, que serán de cargo del armador. Puedo entender que eso se exija al sector industrial, pero, en la pesca artesanal, el costo se traslada no solo al armador, sino también a toda la tripulación, lo que significa que todos los pescadores artesanales pagarán el costo de un dispositivo que la ley establecerá.
Me parece muy bien que el Estado mantenga control sobre el descarte, pero es el Estado el que debe financiar ese gasto en el caso de los pescadores artesanales. Si no es así, se les impondrá un costo bastante alto, a pesar de que el ministro acaba de decir que los costos no son tan relevantes en relación con el tipo de embarcaciones. Por cierto, para una embarcación industrial, el costo no es relevante y los industriales lo pueden cubrir sin mayor problema; pero el costo de mantención para los pescadores artesanales es realmente alto. De hecho, implica un endeudamiento permanente para los armadores cuyas embarcaciones artesanales desarrollan, por ejemplo, la pesca del jurel.
Por eso, me parece correcto que el artículo 64 E considere solo a las embarcaciones industriales. Ahora, si el ministro quiere incorporar también a las embarcaciones artesanales, entonces que el Estado se haga cargo de la compra de los dispositivos y de su correspondiente mantención. ¿Por qué vamos a cargar a los armadores artesanales y a su tripulación?
En otro orden de cosas, a todas las embarcaciones se les exige llevar observadores científicos; ahora, para que quede constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, me interesa puntualizar que el costo que implica mantener un observador científico, su alimentación y su remuneración y el hecho de que el armador deba dejar abajo de la embarcación a un tripulante para que su lugar sea ocupado por el observador, corresponderá al Estado.
El artículo 106 establece que la Subsecretaría de Pesca podrá encomendar a una o más instituciones la administración del sistema de observadores científicos. Por lo tanto, la Subsecretaría de Pesca deberá asumir los gastos de remuneraciones y para mantener a los observadores científicos, así como también el costo que significa dejar abajo de la embarcación artesanal a un tripulante para que pueda abordar un observador científico.
Por otro lado, quiero referirme al artículo 111 B, que establece que el armador deberá mantener en funcionamiento el dispositivo de registro de imágenes y que, de no hacerlo, será sancionado con multas muy altas. Repito que es un problema del Estado y, por lo tanto, debe ser financiado y mantenido por este, pero no por los pescadores artesanales, porque, a mi juicio, eso no corresponde, por una razón muy simple: porque el descarte lo realizan, fundamentalmente, las naves industriales. El diputado Ascencio dijo claramente que, en nuestro país, son las embarcaciones industriales -no las artesanales- las que efectúan el descarte. Los diputados que representamos a regiones con mucha costa y que tenemos relaciones con los pescadores artesanales tenemos muy claro que la capacidad de descarte de sus naves es muy menor.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con que se realicen las investigaciones que se necesiten y que se exija a los armadores artesanales instalar esos dispositivos de registro de imágenes, pero el Estado debe hacerse cargo del costo que ello implica.
Como entiendo que ya se solicitó votación separada para los artículo 111 B y 64 E, solo quiero aclarar, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que será la Subsecretaría de Pesca la que deberá financiar los gastos relacionados con el Título VIII, DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS, tanto en cuanto al pago de sus remuneraciones como a todos los demás costos indirectos que deriven de su contratación.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente , en cuanto a esta iniciativa, originada en una moción, que sanciona el descarte de especies hidrobiológicas, quiero precisar que en otros países, como Dinamarca, ya se está aplicando en dos sentidos: primero, en la conservación de los recursos, y segundo, en la asignación de cuotas.
Este proyecto constituye un primer avance, en el supuesto básico de que se trata de regular el descarte de especies hidrobiológicas, acción tremendamente perjudicial e innecesaria. Asimismo, será posible minimizar los costos, contribuyendo de este modo a preservar de mejor forma las pesquerías.
Durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, se consideró necesario incorporar a los observadores científicos, a fin de que obtuvieran información en terreno. Además, es una medida apoyada por diversas comunidades académicas y entidades ambientalistas.
Por lo tanto, considero que este proyecto es un paso adelante en esta materia porque permitirá, en un plazo de dos a tres años, contar con información suficiente para orientar y tomar medidas que permitan disminuir el descarte, la captura de la fauna acompañante y la pesca incidental. Si no llevamos a cabo estas medidas, tendremos mayores problemas con nuestros recursos marinos.
Pero, tal como estamos normando este problema que apunta a la conservación de los recursos hidrobiológicos, también debemos adoptar algunas decisiones en cuanto a regular las artes de pesca poco selectivas que se utilizan, especialmente en algunos caladeros históricos de la pesca artesanal.
El proyecto establece que deberán utilizarse dispositivos de registro de imágenes que almacenarán información, lo que permitirá a las instituciones fiscalizadoras el análisis detallado de tales antecedentes. La información será inviolable, puesto que se registrará en un dispositivo similar a las cajas negras que llevan los aviones. Asimismo, el dispositivo permitirá mejorar la vigilancia por parte de las entidades fiscalizadoras, salvaguardar la captura de los recursos, validar las cuotas asignadas y asegurar que la norma será respetada.
Pero tengo muchas dudas respecto de la utilización de la información de que se dispondrá. Creo que la institucionalidad fiscalizadora no está acorde con las exigencias que establece el proyecto.
Aunque el ministro no está presente en este momento, quiero formular dos preguntas. Primero, quiero saber si el presupuesto para este año y para el siguiente considerarán los recursos necesarios para la implementación del sistema de vigilancia. Segundo, si las instituciones están preparadas para implementarlo en el más breve plazo posible. ¿Por qué lo pregunto? Porque se requiere personal especializado para realizar el análisis de imágenes y contar con la tecnología apropiada para elaborar los informes pertinentes.
Me parece que no tenemos las plantas fiscalizadoras que se necesitan, que existe gran carencia de fiscalización adecuada para la conservación de los recursos y para toda la actividad pesquera.
En cuanto al reglamento de que se habla, relacionado con los dispositivos que se deberán instalar en las distintas embarcaciones, en particular en las que tengan entre 15 y 18 metros de eslora, durante la discusión del proyecto en la Comisión se le planteó al ministro que no todas las embarcaciones que tienen esta eslora desarrollan el mismo tipo de pesquería ni tienen la misma asignación de cuotas. Por lo tanto, el reglamento deberá establecer criterios apropiados para que, a través de este tipo de información sobre las pesquerías y las cuotas asignadas, se determine si corresponde o no ayudar a los pescadores artesanales. En el fondo, la asignación de cuotas genera determinados recursos económicos para la embarcación, el armador y los tripulantes. Entonces, los recursos necesarios se debieran proveer a través del Fondo de Administración Pesquero (FAP) o de otro mecanismo.
Considero que los observadores científicos y la instalación de dispositivos de registro de imágenes en las embarcaciones permitirán tener una mejor normativa de regulación del descarte. Sin embargo, debiera evaluarse la aplicación de esa norma al mundo artesanal con embarcaciones de entre 15 y 18 metros de eslora.
Me gustaría que el ministro pudiera contestarme, porque se trata de dudas razonables relacionadas con el presupuesto y con la institucionalidad de la fiscalización que se establecerá.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra al diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.-
Señor Presidente , gracias a nuestra extensa costa y a la biodiversidad existente, el mar nos entrega una infinidad de recursos. Sin embargo, debido a malas prácticas, como el descarte de especies hidrobiológicas, estamos dañando nuestro medio ambiente y exterminando nuestros recursos marinos.
Por lo anterior, como lo señala el proyecto, es urgente salvaguardar y recuperar las especies hidrobiológicas que son sometidas a diversos procedimientos de pesca, a fin de asegurar su sustentabilidad y la del ecosistema.
La iniciativa en debate es la respuesta a años de análisis y estudios orientados a definir y regular las condiciones en que se puede efectuar el descarte; esto es, cuando se disponga de los antecedentes técnicos, mientras se mantenga en ejecución el programa de investigación, cuando se haya fijado una cuota anual de captura en la cual se haya considerado el descarte, cuando la especie objetivo y su fauna acompañante se encuentren sometidas a un plan de reducción y siempre que el descarte no afecte a la conservación de la especie objetivo.
Para realizar el descarte, deben concurrir todos estos requisitos. Asimismo, regla todo aquello que se ve involucrado en el descarte de especies hidrobiológicas, considerando desde las naves hasta la pesca incidental.
Hace poco, el diputado Jaramillo preguntó quién financiaba los dispositivos de registro de imágenes. El ministro respondió que el Fondo de Administración Pesquero aportaría recursos a los pescadores artesanales que no lo pudieran comprar, a fin de que no incurrieran en un gasto tan oneroso.
Esto se discutió en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, pero no fue incluido en el proyecto. Por eso, le pido al ministro que se refiera a ello: que el FAP realizará ese aporte a los pescadores artesanales.
Todas las personas e instituciones que trabajarán en el control y sanción de esta práctica, lo harán con el objetivo de preservar, conservar y ser más amigables con esas especies, con los recursos y con el medio ambiente.
Es muy posible que todos los actores relacionados con la pesca no queden conformes con esta iniciativa. Tenemos 4.000 kilómetros de costa y muchas veces la realidad pesquera es muy distinta de una región a otra. Eso lo vemos en el norte de Chile. Desde Arica a Antofagasta hay una manera de preservar y de pescar muy diferente a la que se aplica en las regiones de Coquimbo, del Biobío o de Magallanes. Muchas veces, cuando se presentan y aprueban los proyectos, uno se preocupa por la realidad pesquera de su sector.
Este proyecto significa un avance en materia de pesca, pues ya es tiempo de cuidar nuestros recursos, la fauna y el mar, así como velar, controlar y sancionar el deficiente tratamiento de las especies hidrobiológicas existentes en nuestra costa.
Esto no se acaba aquí. Debemos seguir legislando en pro de todas las materias pendientes relacionadas con la pesca.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente , esta moción no es reciente, puesto que ingresó al Congreso Nacional en 2005, y el Ejecutivo , en 2007, mediante una indicación sustitutiva, asume la idea de legislar y le brinda su patrocinio.
Debo aclarar que la indicación sustitutiva no prohíbe el descarte, pues lo que pretende es su regulación. Porque, como muy bien lo dijo el señor ministro , no podemos prohibir el descarte por ley. Lo que sí podemos hacer es regular esa actividad.
En ese sentido, como no se prohíbe el descarte en un ciento por ciento, sí se establecen algunas condiciones para llevar adelante esta práctica.
Estamos claros que ningún pescador quiere sacar una especie distinta a la especie objetivo; esa es una situación accidental, que ocurre y que es difícil de evitar en un ciento por ciento. Sin embargo, el establecimiento de algunas medidas puede reducir sus efectos. A partir de la información que se recopile en la actividad pesquera, el proyecto busca implementar un plan para reducir el descarte.
En tal sentido, el proyecto apunta en la dirección correcta, porque, a partir de la investigación que se recoja mientras se desarrolla la actividad pesquera, se podrán tomar algunas medidas que permitan disminuir, si no eliminar, los efectos del descarte.
El proyecto contempla la implementación de un plan de reducción del descarte, que, entre otras cosas, contendrá las medidas de administración y conservación y los medios tecnológicos necesarios para reducir el descarte.
También debemos valorar lo manifestado por el señor ministro , en cuanto a que el Ejecutivo estaría en condiciones de facilitar la adquisición de los medios tecnológicos necesarios para implementar estas medidas, a través de fondos fiscales.
Además, debe contener un programa de monitoreo y seguimiento del plan, la evaluación de las medidas adoptadas para reducir el descarte, un programa de capacitación y difusión, un código de buenas prácticas en las operaciones de pesca, como medidas complementarias de mitigación. Asimismo, podrá considerar incentivos para la innovación en sistemas y artes de pesca, que tengan como objetivo la mitigación o disminución del descarte.
Esto será una contribución para reducir los efectos de esta pesca involuntaria, debido a que los pescadores no se proponen sacar algunas especies que no estén consideradas dentro de sus objetivos de pesca. Reitero: se trata de una cuestión involuntaria.
Por lo expuesto, llamo a los colegas a votar favorablemente la iniciativa, porque contribuirá a reducir, en el corto y mediano plazos, los efectos del descarte en la actividad pesquera del país.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , me habría gustado que estuviera presente el ministro de Economía , Fomento y Turismo, porque quería formularle una consulta, cuya respuesta puede ser determinante en la votación de muchos de los parlamentarios cuando se están imponiendo responsabilidades adicionales a la pesca artesanal.
Espero que le den el mensaje, porque, insisto, es una consulta determinante para la definición de la votación de muchos parlamentarios.
Conozco el proyecto, porque su discusión viene desde hace bastante tiempo, y sé que apunta a la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, lo que debe contar con el apoyo de esta Cámara. No abordar la regulación de este tipo de acciones sería poco responsable de nuestra parte, porque definir -como se hace en este cuerpo legal- el descarte, la pesca incidental, regular sus ámbitos de acción y cuándo se aplica y cuándo no, es bueno para el desarrollo sustentable de las pesquerías en Chile.
Lo relacionado con las multas también está bien encaminado. Sin embargo, los parlamentarios tendremos que estar especialmente atentos, por si no se aplican con el criterio pertinente los rangos que se ofrecen al juez para actuar, a fin de que la sanción tenga relación con el daño causado y la capacidad de pago del infractor. Los volúmenes involucrados en la pesca industrial versus la pesca artesanal de 15 o más metros de eslora son absolutamente diferenciados; por lo tanto, no se pueden aplicar idénticas sanciones. Esperemos que los jueces apliquen un buen criterio en esos casos. Tendremos que estar muy atentos; en caso contrario, estaríamos cometiendo un error, que tendríamos que revisar y corregir en su minuto. Pero estoy dispuesto a ceder en ese punto y avanzar en la legislación, por los beneficios que implica abordar el descarte de especies hidrobiológicas y la pesca incidental, porque tengo una genuina preocupación por la sustentabilidad del medio ambiente marino.
Por otro lado, deseo referirme al artículo 64 E, sobre el que quería formular una pregunta que -reitero- considero clave.
Soy uno de los que piensan que la obligación de instalar un dispositivo de registro de imágenes puede ser pertinente para embarcaciones con más de 15 metros de eslora, pero no para todos los que tengan esa dimensión.
Quienes conocen la realidad pesquera artesanal de la Región de Los Lagos, que represento, que incluye cerca del 45 por ciento de los pescadores artesanales del país, comprenden que el estatus y la forma de ser del pescador artesanal del sur se caracteriza por tener embarcaciones grandes.
Pero, ¿qué es lo importante? No es el tamaño de su embarcación, sino el tipo de recurso que persigue esa embarcación y el valor de la cuota específica que le corresponde a cada armador. Es muy distinto un armador que tiene una embarcación de 15 metros de eslora, con un recurso de alta rentabilidad y que le genera un gran ingreso, que uno con los mismos 15 metros de eslora -o quizá más-, pero con un recurso de mucho menor rentabilidad y con una cuota porcentualmente menor. Esa duda no está resuelta en el proyecto. Me encantaría que el ministro respondiera estas inquietudes, que son muy pertinentes para el tema en discusión.
¿Por qué no se incluyó esa diferenciación? Deberíamos saber qué recursos tienen tal o cual rentabilidad, cuál es la cantidad de pescadores y armadores artesanales que, si bien están en ese rango de eslora, no tienen un ingreso que les permita asumir el nuevo gravamen que significará esta futura ley.
Si tuviéramos las respuestas a esas dudas, podríamos votar a favor con propiedad y tranquilidad. Hoy ni siquiera sabemos cuántos serán apoyados por el aparato estatal para adquirir el dispositivo. Por eso, me gustaría escuchar una respuesta. Así, uno podría votar responsablemente y decir que está de acuerdo o no con el dispositivo de registro de imágenes, pero hacemos una diferencia, porque algunos tienen los ingresos suficientes y pueden pagarlo sin problema, pero otros no pueden hacerlo. De hecho, en nuestra zona son muchos los que tienen una embarcación grande por una cuestión de estatus, porque son pescadores artesanales con historia y que se sienten orgullosos de participar de la actividad, pero eso no significa que cuenten con muchos recursos. Eso no viene diferenciado en el proyecto.
Ya que ha vuelto el señor ministro a la Sala, le repetiré la pregunta, porque es muy importante para la discusión y votación responsable que debemos realizar.
Decía que no todos los pescadores artesanales con embarcaciones de más de 15 metros de eslora -he estado con ellos y conozco bien su realidad en la zona- cuentan con ingresos suficientes como para financiar autónomamente este dispositivo. Por eso digo que me habría gustado tener en esta ley esa diferenciación, porque sabemos cuáles son los recursos que manejan algunos armadores, que son altamente rentables. Incluso, los puedo enumerar y nombrar por zona, como, por ejemplo, los de Calbuco, que trabajan en la sardina; lo mismo ocurre con seis o siete más en Chiloé. Creo que la Subsecretaría de Pesca tiene todos esos antecedentes.
Habríamos tenido una regulación mucho más inteligente y pertinente si la norma hubiese diferenciado a los armadores artesanales por cantidad de recursos. Incluso, hay recursos que pueden ser rentables por el precio final del producto, pero no por la cantidad de cuota que le corresponde a cada armador. Me habría gustado contar con esa información diferenciada, porque siempre trato de opinar con una base fundada. ¿Existe disposición del Ejecutivo para incluir estos temas en el reglamento, para considerar esas diferencias? ¿Tenemos definida la cantidad de armadores que van a requerir apoyo estatal para instalar el dispositivo? Si lo supiéramos, podríamos dimensionar hasta los volúmenes de recursos del FAP que se podrían destinar a ese fin. Por ahora, esas preguntas no tienen respuestas.
Trataré -siempre lo hago- de votar responsablemente. Mi voto dependerá de la respuesta que se dé a estas interrogantes, al igual que muchos parlamentarios, porque estimamos que el criterio de definir un mínimo de 15 metros de eslora puede ser muy injusto. Estimo que debemos diferenciar a los pescadores artesanales, porque algunos son semiindustriales y cuentan con recursos suficientes. Incluso, ni siquiera debieran ser considerados pescadores artesanales, pero existen otros que con ese tipo de embarcación siguen siendo pescadores artesanales, y no son lancheros.
Tampoco corresponde pronunciar el discurso fácil de decir que estamos preocupados de la pequeña embarcación que debe salir al mar. En el sur de nuestro país no hay embarcaciones pequeñas, sino bastante grandes, pero por una razón de seguridad, y no por la rentabilidad del recurso que extraen o por la cuota de que disponen, que no les permite pagar el dispositivo del registro de imágenes que se exigirá.
Por eso, con respeto, pero también con fuerza, pido al señor ministro que nos aclare estas inquietudes, porque existe una diferencia en este tipo de embarcaciones. Si vamos a diferenciar derechos y deberes de los pescadores artesanales, hagámoslo en forma integral y completa, por recurso y por cuota de pesca. Eso sería lo más justo y equitativo. El establecer que todos los armadores artesanales que tengan una embarcación con una eslora igual o superior a 15 metros deberán instalar ese dispositivo, y que después se verá quiénes requieren apoyo, para entregarles recursos, no es integral, no es sistémico, ni coherente.
Espero las aclaraciones pertinentes sobre los puntos aludidos, respecto de los que se ha pedido votación separada, para votar a favor o en contra un artículo que puede ser clave, porque estamos imponiendo un nuevo gasto a la pesca artesanal, el que, si no se diferencia detalladamente, podría ser profundamente injusto.
He dicho.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , hace un momento manifesté interrogantes respecto del proyecto, pero el tema me comienza a quedar un poco más claro después de escuchar la intervención del diputado Vallespín .
Advierto que no soy representante de zonas pesqueras, ni tampoco he intervenido en las discusiones que se han llevado a cabo en la Comisión, pero empiezo a tener respuestas frente a esa inquietud, ya que me preocupo de los temas sobre los que legislamos.
Ahora bien, el proyecto no dice relación con cuotas de pesca, con áreas de manejo, con tipos de embarcaciones, sino con cómo protegemos la sustentabilidad de especies marítimas -peces, aves, mamíferos, etcétera- que están siendo afectadas por los efectos del descarte, al ser devueltas al mar todas aquellas especies capturadas que no tienen un valor económico o significativo para quienes trabajan en la pesca artesanal o industrial. El tema me preocupa, ya que el descarte de especies alcanza niveles de gran magnitud. Hay que reconocer que son importantes las matanzas en alta mar, donde simplemente se devuelven al mar todos los recursos hidrobiológicos que no alcanzan los tamaños permitidos y los que son capturados como efecto de la pesca incidental. Sin embargo, lo peor de todo es que son devueltos muertos o destrozados, ocasionando un grave peligro para la sustentabilidad de esas especies.
Por eso, considero importantes las modificaciones propuestas, con las que estoy de acuerdo, porque están destinadas a mejorar la regulación de la práctica del descarte, a fin de que esta labor se pueda realizar con mayor beneficio para las especies que se capturen y no sean de utilidad para el respectivo pescador.
El artículo 64 E hace referencia a las embarcaciones iguales o superiores a 15 metros de eslora, debemos comprender el empeño y sacrificio que significó a ese pescador artesanal llegar a adquirir una nave de esa eslora. Por eso, me preocupa que se le imponga este dispositivo para el registro de imágenes. Si con tanto sacrificio logró tener su embarcación, imagínense cuánto le costará esto otro. Como dijo el diputado Vallespín , en el sur, en el norte o en el centro es complicado llegar a las cinco millas si no se cuenta con una embarcación adecuada.
Se establece la instalación de un dispositivo que, según el ministro , para algunos pescadores artesanales será comprado por el Ejecutivo. ¿Por qué eso no se incluyó en el proyecto? Si se hubiera procedido de esa forma, quien habla habría quedado más tranquilo, al igual que miles de pescadores artesanales que están preocupados por la exigencia de dicho dispositivo. A mi juicio, el respectivo financiamiento debió incluirse en un artículo transitorio.
Pero vuelvo a lo anterior: es necesario establecer una diferenciación entre embarcaciones de eslora igual o superior a 15 metros y aquellas que tienen una eslora inferior.
Por eso, voy a insistir en algunas consultas. En su momento, formulé una al diputado señor Matías Walker , y me agradó mucho que él dijera que las sanciones o multas son discutibles. No podemos sancionar a quienes no tienen los medios para comprar dicho dispositivo, e, incluso más, muchas veces ni siquiera tienen recursos para contar con mayor seguridad. A mi juicio, estamos legislando de igual forma respecto del pequeño pescador artesanal que del armador industrial.
Por lo tanto, me sumo a las interrogantes formuladas por algunos colegas, respecto del artículo 64 E y de otras disposiciones.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro de Economía , señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).-
Señor Presidente , quiero dar respuesta a las inquietudes planteadas por el diputado señor Patricio Vallespín y otros sobre esta nueva exigencia al sector industrial.
Nadie ha cuestionado la instalación del dispositivo de registro de imágenes y la exigencia relacionada con observadores científicos.
Quiero volver a la idea original. Mediante esta iniciativa estamos corrigiendo la distorsión jurídica de contemplar que el descarte estaba prohibido, en circunstancias de que sabemos que, en la práctica, si se lleva a cabo.
Por lo tanto, estamos haciendo lo correcto, cual es regular el descarte.
¿Qué hacemos mediante esta regulación? A los únicos que se les exigirá la instalación de dicho dispositivo es a los armadores de naves pesqueras, a los pescadores artesanales que algunos llaman semiindustriales, respecto de sus embarcaciones que tengan una eslora igual o superior a 15 metros. Esto se discutió al interior de la Comisión. Tenemos que avanzar en esta materia. Estamos liberando del cumplimiento de esta exigencia a la inmensa mayoría de los pescadores artesanales; solo quedarán afectos a ella las naves de 15 a 18 metros de eslora. Por lo tanto, reitero, no vamos a exigir este requisito a la gran mayoría de los pescadores artesanales.
No tenemos otra forma de perfeccionar la institucionalidad, a fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos. Si vamos a autorizar y “legalizar” el descarte, tenemos que regular a un segmento de pescadores artesanales que tiene una cuota muy significativa de recursos pesqueros.
Respecto del costo del dispositivo de registro de imágenes, para algunos pescadores artesanales será muy marginal. Quizá para muy pocos, para que no digan que no conozco el sector. Lo conozco, al igual que muchos de los presentes.
Como todos sabemos, algunos pescadores artesanales manejan cuotas muy significativas, porque tienen varias naves. Por ley, no pueden tener más de dos; pero todos sabemos que algunos tienen mucho más, porque tienen parientes, etcétera. Me dirán que no son todos. Lo sé. Por eso, cuando se discutió en la Comisión, se señaló -me parece correcto- que si el Estado está ordenando el sector, es necesario darse los plazos y apoyar con recursos a los que, por sus rentabilidades, no lo puedan pagar con la misma facilidad que otros.
Debemos ponernos de acuerdo respecto de lo que tenemos que hacer; lo importante es que digamos cómo lo vamos a hacer. El Ejecutivo y el Congreso Nacional deben fijar los plazos. Se estableció uno de 18 meses -a mi juicio, suficiente- para implementar las medidas de descarte.
En segundo lugar, se consulto por el fondo de Administración Pesquero (FAP) y el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal (Idepa) -el Indap pesquero del mañana-, en relación con las pesquerías que no tienen la misma rentabilidad, como dijo el diputado Patricio Vallespín. Pongámonos en el caso del pescador más débil, es decir, uno que tenga una nave y se ubique en una pesquería poco rentable. Lo que debiéramos hacer en ese caso es entregar en forma gratuita el dispositivo. Eso hace un Estado que quiere garantizar la sostenibilidad de los recursos. Si su rentabilidad no le permite pagar el costo, -a mi juicio, son muy pocos, pero aun concediendo que puede haber muchos-, el rol del Estado es financiar esto.
Por lo tanto, no es problema; se puede financiar por la vía de los fondos para apoyar la pesca artesanal. Lo importante es establecer si queremos que se instale dicho dispositivo. Si estamos de acuerdo en que es importante, debemos estar dispuestos a entregárselos en forma gratuita a los pescadores de ese segmento e, incluso más, a los cuales les va bien y cuentan con recursos. Esa es la mirada país en la cual tenemos que avanzar.
Fui parlamentario y sé que la instalación de dicho dispositivo no es popular, pero es una materia en la que tenemos que avanzar. Si el problema es el costo, el Estado tiene el deber de asignar los recursos; así lo dijimos en la Comisión. ¿Por qué no van a poder contar con uno pescadores artesanales que tengan naves de 15 metros de eslora y se ubiquen en pesquerías poco rentables? Tenemos que ayudarlos, como lo planteé en la Comisión de Pesca en la discusión del proyecto de ley Larga de Pesca. A lo mejor, el gasto en que incurran para garantizar la sostenibilidad, puede descontarse de lo que pagan en patente, de manera que el Estado contribuya y no salga de los bolsillos de los pescadores artesanales la inversión que tenga que hacerse en el posicionador satelital o, eventualmente, en dispositivo de registro de imágenes.
Lo importante es responder la siguiente pregunta: ¿Debemos o no instalar dichos registros en este segmento de pescadores artesanales? Debemos hacerlo. Si el problema es el financiamiento, reitero, debe entregarlo el Estado, porque se busca el bien común, en este caso, la regulación del descarte y la posibilidad de contar con información científica gracias a esos registros y a los observadores. Al respecto, deseo aclarar que el observador científico no sancionará, no tendrá facultades para ello. Sí se sancionará al industrial o al pescador del referido segmento que no encienda el aparato. No tendría sentido que no se aplicara una multa a quien no conectara el dispositivo. Si no se estableciera una sanción, no sé quién conectaría el aparato. Es una mirada coherente.
¡Qué duda cabe que debemos tener los programas para financiar esto! ¿Por qué no lo vamos a hacer? Es la forma de acompañar este ordenamiento en beneficio de los pescadores artesanales, de los trabajadores de las plantas y de todos quienes laboran y dependen del sector pesquero del país. Es parte de lo que tenemos que ordenar en conjunto. Aunque esto fue discutido en la Comisión, entiendo que no viene en su informe. En mi intervención inicial dije, y ahora lo reitero con mucha claridad, que existe un compromiso en materia de programas para las pesquerías menos rentables, y también para ayudar a esos pescadores a financiar estas exigencias.
Lo correcto -nadie podría no compartir esta mirada- es resguardar los intereses de esos pescadores, conservar los recursos y contar con información científica, tal como ocurre en países que tienen regulado el descarte. No podemos eliminar por ley el descarte, que es algo propio de esta actividad. Lo importante es que aprovechemos científicamente esa información, más aún considerando que en la futura Ley Larga de Pesca se tomarán todas las decisiones como país, con criterios científicos fruto de procesos de investigación, lo que significará un cambio de mirada completamente distinto respecto de la sostenibilidad de los recursos.
He dicho.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente , solicito que el ministro de Economía responda las dos consultas que hice, en cuanto a si en el presupuesto de 2012 se contemplan recursos para implementar el sistema de vigilancia en el servicio encargado de la fiscalización, es decir, en Sernapesca, y si la institucionalidad está preparada para la adopción de las medidas que se proponen, en el sentido de si cuenta con personal especializado y con la tecnología apropiada para llevarlas a cabo. Al respecto, sabemos que hay un problema mayor en materia de fiscalización en Sernapesca, porque no cuenta con una planta encargada de dicha labor.
Quiero que el ministro responda esas consultas. Si no se adoptan medidas en el sentido indicado, la futura ley se transformará en letra muerta.
La iniciativa en discusión es muy importante, pues modifica la definición en materia de descarte de especies hidrobiológicas para la conservación del recurso pesquero. Sin embargo, si en este momento no hay fiscalización, menos podremos contar con ella si se establecen mayores exigencias a un personal restringido y que no posee la tecnolo-gía ni la planta de personal apropiada para efectuar esa labor.
He dicho.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , en la misma línea de lo planteado por la diputada señora Clemira Pacheco -aspecto que en su momento tratamos en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos-, quiero rescatar y valorar varios puntos mencionados por el ministro señor Longueira , que fueron motivo de una larga discusión en la Comisión. La iniciativa es muy importante, pues perfecciona nuestra legislación en materia de pesca, que en la actualidad no contempla un gran problema que ocurre en nuestra actividad pesquera: el descarte.
Como aquí se ha dicho en varias intervenciones, contamos con la colaboración y el apoyo que nos entregaron los respectivos organismos técnicos, lo cual facilitó la discusión de la iniciativa, más allá, por cierto, del rol que jugó el Ejecutivo como ente promotor del proyecto.
No obstante -reitero-, quiero referirme al mismo aspecto planteado por la diputada señora Clemira Pacheco . Nos preocupa lo que ocurre al interior del organismo fiscalizador, en cuanto a su planta de personal y los requerimientos que ella tiene. Al respecto, cabe señalar que, en muchos casos, la situación contractual de dicho personal genera dificultades.
No sé si en el presupuesto del próximo año se podrán considerar los recursos para solucionar ese problema. La gran mayoría de los fiscalizadores están contratados a honorarios, situación que, obviamente -discúlpeme que lo diga con tanta franqueza-, a lo mejor podría facilitar algunas prácticas, no de las mejores para el desarrollo de la actividad fiscalizadora.
Desde ese punto de vista, creemos que en el futuro sería importante introducir algunos perfeccionamientos a la institucionalidad de los servicios fiscalizadores, de manera que cuenten con personal que desarrolle a gusto sus funciones y que tenga modalidades contractuales diferentes de las actuales. Discúlpenme que lo diga de esta manera, pero es algo muy importante, a la luz de lo que me han planteado algunos pescadores y personas ligadas a las instituciones respectivas, en el sentido de que, para dicho personal, es más conveniente hacer la vista gorda que llevar a cabo las fiscalizaciones correspondientes.
Por lo tanto, concuerdo plenamente con lo planteado por la diputada señora Clemira Pacheco, en cuanto a que es fundamental que iniciativas como la que estamos debatiendo, que es muy importante y loable, vengan acompañadas del respectivo respaldo financiero, a fin de mejorar la institucionalidad de los servicios de que se traten.
Una situación muy similar ocurre en Conaf.
Repito que nos preocupa lo que ocurre en determinados servicios fiscalizadores, desde el punto de vista del desarrollo que han tenido por largos años, con modalidades que, a mi juicio, no son las más apropiadas.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Economía, Fomento y Turismo.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).-
Señor Presidente , voy a dar respuesta a las consultas formuladas por la diputada señora Clemira Pacheco y el diputado señor Fidel Espinoza.
El país está preparado en materia institucional para la implementación del proyecto que define el descarte de especies hidrobiológicas con las exigencias que estamos proponiendo. Se establece, por ejemplo, un plazo máximo de 18 meses, contado desde la publicación de la ley, para efectuar un programa de investigación. En todo caso, si en su momento se establece que ese plazo no es suficiente, se presentará una iniciativa para extenderlo. Lo importante es la señal que estamos entregando y el avance que estamos haciendo.
Respecto de la institucionalidad, creo que no resiste más la existencia de un sector con el nivel de debilidad en materia de fiscalización como el que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, esta es una mirada sobre la cual deberemos avanzar. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por incorporar la perspectiva de la sostenibilidad en esta iniciativa, en la de los ecosistemas marinos, en el proyecto de Ley Larga de Pesca y en todas las mociones de los señores diputados y senadores.
En la actualidad, la rotación de los fiscalizadores de Sernapesca alcanza al 40 por ciento, lo cual es inaceptable. Ningún país puede tener una buena fiscalización con ese nivel de rotación. Hemos hecho un estudio con una consultora sobre cómo modernizar Sernapesca. Ese es uno de los desafíos que tenemos pendiente, pero no es propio de esta iniciativa ni a lo mejor tampoco del proyecto de ley Larga de Pesca, el cual trata de otra materia. Pero en lo que podamos avanzar, debemos seguir haciéndolo, mediante todas las iniciativas que aborden el sector pesquero.
No podemos tener fiscalizadores a honorarios. Con ese grado de inestabilidad, algunos, por ejemplo, permanecen un año en Sernapesca y después se van al sector industrial pesquero. Tenemos que corregir eso. En esta materia debemos tener miradas comunes, creo que en la fiscalización hay que avanzar. Nosotros, en el proyecto de ley Larga de Pesca, estamos proponiendo la creación de cuatro subdivisiones más en Sernapesca, porque eso fue lo que nos sugirió la consultora.
Parte de lo que debemos efectuar se llevó a cabo en la discusión del proyecto de ley Larga de Pesca, pero no quiero reabrir aquí ese debate. Sin embargo, tenemos que sacar de Sernapesca el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal. Como vamos a crear el Indap pesquero, tenemos que llevar los dos fondos existentes al Idepa. No corresponde que Sernapesca, cuya labor es de fiscalización, esté dedicado al fomento. Por lo tanto, reitero que debemos llevar ese fondo al “Indap pesquero”, es decir, al Idepa, con el propósito de que las políticas de colaboración y de apoyo a la pesca artesanal estén en una institucionalidad cuyo objetivo sea apoyar a los pescadores artesanales del país.
Estamos avanzando en la línea correcta. Recojo y comparto la mirada de que debemos tener un Sernapesca vigoroso. No es fácil hacer eso con las costas que tiene Chile. Poco avanzaremos en esta materia si no tenemos los fiscalizadores necesarios y con las remuneraciones adecuadas para fiscalizar un sector que es difícil.
En cuanto a las consultas formuladas por los señores diputados, el plazo que tenemos contemplado para implementar lo que se establece en materia de descarte nadie lo discutió, de modo que parece razonable. Si en su momento el Estado considera que el plazo que se ha dispuesto es difícil de cumplir, lo extenderá.
Tal como lo señalé, en materia de apoyo para los pescadores artesanales con naves pesqueras que tengan una eslora igual o superior a 15 metros y que se ubiquen en pesquerías menos rentables -claramente hay algunas más rentables, que tienen otros niveles de cuotas y rentabilidades importantes-, es decir, para los más débiles de ese eslabón debemos poner a disposición los fondos del FAP y del Fondo de Desarrollo de la Pesca Artesanal. Una vez que se presenten, tendrán que postular. Por lo tanto, si asociaciones o pesquerías que quieren postular para que el Estado les financie los dispositivos de registro de imágenes, no hay inconveniente legal, como ocurre hoy, por ejemplo, con vehículos que estamos entregando, que cuentan con cadena de frío. Por lo tanto, basta que existan postulaciones.
Por la diversidad que hay en este segmento de la pesca artesanal, en materia de tamaño, cuotas y pesquerías, tampoco parece justo decir: “Mire, a todos les vamos a entregar este aparato”. Como sabemos, algunos pueden pagarlo. No estamos hablando de un aparato muy caro. Por consiguiente, en el caso de aquellos que no tengan mucha rentabilidad o estén en pesquerías que tienen rentabilidades menores, por cierto que el Estado concurrirá al financiamiento de dicho dispositivo; incluso más, se llegará a financiar el ciento por ciento a quienes no puedan enfrentar un costo adicional que el Estado está imponiendo.
Lo importante es que todos compartamos la mirada de que este proyecto le hace bien al país, al sector pesquero y, por cierto, a todos los que viven de esta actividad.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , para que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quiero decir que me parece interesante que el ministro haya planteado y precisado lo que viene con el “Indap pesquero”, con la posibilidad de Sernapesca de dividir las funciones de fomento y fiscalización.
Señor Presidente , por su intermedio quiero pedirle al ministro , ahora que vamos a aprobar este proyecto, que, por la diversificación de las distintas realidades del mundo pesquero artesanal en cada una de las regiones, el incremento y la mejora del personal de Sernapesca también tenga una adecuada proporcionalidad, con una mayor radicación en regiones, de acuerdo con el nivel de pesca artesanal existente en cada una de ellas. La fiscalización es distinta en el sur, donde tenemos gran cantidad de meses con mal tiempo y una gran cantidad de canales, islas y zonas aisladas, que en otros lugares, donde la costa es más pareja y los puntos de desembarque son más identificados. Me refiero a la diferencia existente entre zonas que se están constituyendo como consejos zonales de pesca, por ejemplo, las regiones de La Araucanía y de Los Ríos, que se están desarrollando con mayor fuerza e identificación, en comparación con otras que están más concentradas.
Creo que sería importante tener presente que, además de mejorar los recursos y la estabilidad de quienes trabajan en Sernapesca, con la clara división que el ministro señaló, también es necesario entender la diversidad en materia de cuotas, magnitudes y cantidades de pescadores artesanales en cada una de las zonas que representamos.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, originado en moción y con urgencia calificada de suma, que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en esta práctica en las faenas de pesca.
Por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe ni en las modificaciones en el segundo, se declaran aprobados el artículo 2° y el artículo transitorio.
Dejo constancia de que los artículos 7° C y 64 F, contenidos en los numerales 2 y 4 del artículo 1°, respectivamente, requieren para su aprobación el voto afirmativo de 61 diputados en ejercicio, por tratarse de normas de quorum calificado.
Se exceptúan de la votación el inciso primero del artículo 64 E, que figura en el numeral 4; el artículo 106, introducido por el numeral 5; el artículo 111 A y el inciso primero del artículo 111 B, contenidos en el numeral 7, respecto de los cuales se ha pedido votación separada.
En votación el artículo 1°, con las adiciones y cambios propuestos por la Comisión de Pesca.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa la diputada señora
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
En votación el inciso primero del artículo 64 E.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
En votación el artículo 106.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
En votación el inciso primero del artículo 111 A.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
En votación el inciso primero del artículo 111 B.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Despachado el proyecto.
-Aplausos.
FIJACIÓN DE PLAZO PARA OTORGAMIENTO DEL FINIQUITO AL TRABAJADOR. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, estableciendo un plazo para el otorgamiento del finiquito al trabajador.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en los boletines N°s 7467-13 y 7746-13, se inició en la sesión 43ª, en 14 de junio de 2012, de la legislatura 360ª.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Hay dos parlamentarios inscritos para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , este proyecto de ley, que aborda un tema que la Cámara discutió en otras ocasiones, radica en el hecho de que hoy no está establecido en la ley un plazo para el pago del finiquito a un trabajador despedido. Solo está la jurisprudencia de la inspección del trabajo, que plantea que el finiquito debe pagarse en el mismo momento en que termina la relación contractual.
Como ello no está en la ley, ha sido esgrimido por empleadores en los tribunales.
En efecto, no está claramente estipulado cuándo se le debe cancelar el finiquito al trabajador, es decir, cuándo este puede tener la certeza jurídica de que va a tener el finiquito en la mano. Por lo tanto, se requiere legislar sobre esta materia.
Al respecto, quiero recordar que la Cámara de Diputados legisló sobre este tema. Un proyecto muy similar fue presentado a tramitación y votado por la Cámara de Diputados en 2006. Me refiero al proyecto que presenté en noviembre de 2005, con los diputados Accorsi y Carlos Abel Jarpa , y el actual senador Pedro Muñoz , el cual, incluso, fue mejorado por medio de un proyecto de ley -no recuerdo si su autor es el diputado Melero -, que incorporó el tema de la herencia cuando el trabajador fallece en el intervalo tras ser despedido.
Reitero, se presentó dicho proyecto de ley (boletín 4045-13), que fue aprobado por la Cámara el 12 de septiembre de 2006, por 103 votos a favor. La única diferencia con el actual es que planteaba que el finiquito se pagara en treinta días, no de diez hábiles, como establece la iniciativa en discusión.
Por consiguiente, necesariamente debemos ordenar nuestro sistema legislativo. El proyecto que señalo fue aprobado por la Cámara y está desde hace seis años en el Senado, cuya Comisión de Trabajo no lo ha discutido ni despachado.
Como el proyecto que hoy estamos discutiendo seguramente será aprobado en su primer trámite constitucional, tendrá que continuar su tramitación en el Senado, donde, me imagino, tendrán que refundirse los dos proyectos, para discutirlos como uno solo.
Hago este planteamiento, porque, desde el punto de vista legislativo, tenemos un sistema administrativo que me parece que hay que abordar, de manera de solucionar problemas como el indicado. Para ello, las mesas de la Cámara y del Senado deberían ponerse de acuerdo. Creo que esta es una labor de los secretarios de las respectivas cámaras, porque, a fin de cuentas, son ellos los que deben ir evaluando los proyectos, de manera de saber sobre qué materia ya se ha legislado. Es un tema relevante, que preocupa a muchos parlamentarios.
Reitero que el proyecto que estamos tratando hoy es del mismo tenor que el que se votó y aprobó en septiembre de 2006.
Anuncio que la bancada Radical apoyará este proyecto. Sin embargo, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, pido que cuando se despache al Senado, la Mesa de nuestra Corporación plantee que deberá ser revisado y evaluado junto con el que está, desde 2006, en la Comisión de Trabajo del Senado.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .-
Señor Presidente , sin duda, tenemos que respaldar este proyecto, por la significación que, desde el punto de vista humano, tiene para un trabajador el hecho de ser notificado del término de su contrato.
El proyecto busca dos objetivos: por un lado, entregar certeza jurídica al acto por el cual se pone término al contrato de trabajo, evitando la espera de prolongados períodos de tiempo para el pago de la respectiva indemnización.
Por otro, permitir que el trabajador, cuando se encuentre en esa situación, cuente con los recursos suficientes para hacer frente a esa difícil etapa, lo que constituye un aspecto sustantivo y fundamental.
Me parece relevante que en el proyecto se fije un plazo para ese proceso. Por eso, no me cabe duda alguna de que será aprobado por todos los diputados presentes.
Quiero hacer una salvedad: este plazo será válido para el sector privado. Lo digo, porque en el ámbito público se presenta una situación peculiar. Cuento el caso de un funcionario de la municipalidad de Chile Chico, don Hernán Contreras , quien se acogió a jubilación, y su respectiva indemnización se pactó en cómodas cuotas por muchos meses. Eso atenta contra la necesidad del trabajador de tener en su patrimonio lo que le corresponde.
Estudiaremos ese caso para ver la posibilidad de introducir alguna modificación legal similar a la que se plantea, en esta oportunidad, en relación con el finiquito.
Nuestra bancada votará a favor este proyecto, porque resolverá un problema social bastante importante, que afecta a un significativo número de trabajadores de nuestro país.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece un plazo para otorgar el finiquito del contrato de trabajo.
Las normas del proyecto son propias de ley simple o común, y la Comisión propone aprobarlas en los mismos términos del primer informe, por haber sido rechazadas todas las indicaciones presentadas.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE INSTRUMENTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS O CON SELLO VERDE. (Votación).
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En el tiempo de los proyectos de acuerdo, corresponde votar por última vez el proyecto N° 576, que solicita la creación de un instrumento de apoyo económico para la adquisición de vehículos nuevos o con sello verde.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo la diputada señora
EXTENSIÓN DEL BIOTRÉN HASTA CORONEL.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 577, de la diputada señora Pacheco, doña Clemira, y de los diputados señores Teillier, Auth, Pérez, don José; De Urresti, Tuma, González, Ulloa, Norambuena y Bobadilla, en cuya parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República que instruya al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para impulsar el proyecto de extensión del Biotrén hasta Coronel, comprometido por la actual administración y por gobiernos anteriores, utilizando para ello los recursos que actualmente replican en regiones la inversión ejecutada en la capital para el sistema Transantiago y cualesquiera otros que en el futuro se aprueben con el mismo objeto.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , se trata de un anhelo de mucho tiempo de la gente de la zona del carbón, no solamente de Coronel, sino también de la comuna de Lota: extender el Biotrén hasta esas comunas, donde nos hemos visto muy afectados en este último tiempo por inmensos tacos, problema que desmejora la calidad de vida de nuestra gente.
A raíz del proyecto que se está debatiendo en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en el que se asignan recursos a Ferrocarriles del Estado, solicitamos la entrega de los fondos necesarios para que ese plan de inversión en la región se traduzca en la extensión del Biotrén hacia Coronel, que es muy esperado por los pobladores de esa comuna. Asimismo, a pedido del colega De Urresti, que se asignen recursos para obras que se construirán en otros lugares, como para el ramal de Valdivia a Antilhue, que es un anhelo muy sentido por la ciudadanía de esa zona.
Quiero recalcar que en la Comisión hemos solicitado que Ferrocarriles del Estado nos entregue el listado de las inversiones que se harán en regiones con los recursos que se entregarán a ellas por los gastos que se realizan en el Transantiago.
Por lo tanto, esperamos que el Gobierno cumpla con lo prometido y que eso se traduzca en la ejecución de esa obra, ya que ha sido un compromiso adquirido no solamente por los presidentes de los gobiernos anteriores, sino también por el actual Primer Mandatario con los pobladores de la Región del Biobío, especialmente con los de la zona minera.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, valoro la iniciativa de la colega Clemira Pacheco.
Este tema no es nuevo, en especial para los habitantes de Coronel. Como lo manifestó la colega y se señala en el proyecto de acuerdo, los gobiernos anteriores prometieron realizar esa obra para llevar el Biotrén a Coronel, cosa que no ha ocurrido. Ahora hemos logrado que nuestro Gobierno, particularmente el ministro de Transportes , comprometiera los recursos para realizar los estudios técnicos que permitan hacer realidad esa iniciativa. No obstante, espero que no solo nos quedemos en los estudios técnicos, sino que ejecutemos el proyecto durante la actual administración, para no seguir postergando esa antigua aspiración de los habitantes de la comuna de Coronel.
Por lo tanto, invito a los colegas a votarlo favorablemente.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para dar un minuto al diputado señor Juan Carlos Latorre para defender el proyecto de acuerdo.
Acordado
Tiene la palabra su señoría.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, solamente para respaldar las expresiones de los colegas Clemira Pacheco y Sergio Bobadilla.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
INCLUSIÓN DE DROGA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA EN LA CANASTA DE FÁRMACOS DEL PLAN AUGE.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 579, de los diputados señores Martínez, Monckeberg, don Cristián; Edwards, de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Santana, Jaramillo, Torres, Accorsi, Ojeda y Delmastro, en cuya parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor ministro de Salud que tenga a bien disponer que se incluya la droga denominada Herceptina o Herceptín en la canasta de fármacos del plan AUGE para el tratamiento del cáncer de mama.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
APROVECHAMIENTO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE PUNTA ARENAS.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 580, de los diputados señores Marinovic, Araya; de la diputada señora Isasi, doña Marta, y de los diputados señores Meza, Accorsi, Alinco, Gutiérrez, don Romilio; Andrade, Macaya y Díaz, en cuya parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República que instruya a los ministros de Salud y de Desarrollo Social a que en conjunto con el Gobierno Regional de Magallanes, permitan en las dependencias del ex hospital regional, la remodelación y construcción de un Centro Social y de la Salud de Magallanes que permita prestar un mejor servicio social y un gran ahorro al Estado.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, solicito a los colegas de las distintas bancadas apoyar el proyecto de acuerdo, que ya ha sido consensuado con algunas autoridades, especialmente con los ministros de Salud y de Desarrollo Social.
El año pasado comenzó a funcionar en Magallanes, específicamente en Punta Arenas, el nuevo hospital regional, que posee una gran infraestructura, pero quedaron abandonadas las antiguas dependencias en las que se ubicaban las oficinas administrativas, médicas y varios otros servicios. Hace un año que no se ocupan, por lo que se encuentran abandonadas.
En Punta Arenas los ministerios de Salud y de Desarrollo Social gastan más de 300 millones de pesos anuales en arriendos de oficinas, y los distintos servicios están disgregados y separados. Hemos planteado a las autoridades aprovechar ese inmueble que hoy se encuentra abandonado, remodelarlo, para que se convierta en un espacio que albergue tanto las dependencias del Ministerio de Salud como las del Ministerio de Desarrollo Social, de modo de prestar un mejor servicio a la comunidad, en particular a los usuarios de los servicios de asistencia social del Estado.
Además, hemos pedido un espacio físico para que funcionen las organizaciones sociales que trabajan permanentemente en nuestra región y que apoyan a los usuarios de las áreas de la salud y de desarrollo social, tales como la Cruz Roja, las Damas de Verde de la Corporación Nacional del Cáncer, las organizaciones comunales de adultos mayores, las uniones comunales de juntas de vecinos y muchas otras cuya actuación va en apoyo de la gente.
Aquí “matamos dos pájaros de un tiro”, pues le ahorramos plata al Estado, para destinarlo a proyectos sociales -no se paga arriendo-, y se avanza en el proyecto, de modo que la comunidad cuente con este gran centro social y de salud a la brevedad. Por esta vía, como dije, le generaremos un ahorro relevante al Estado de Chile.
Invito a todos los colegas a que nos apoyen. Sabemos que en otras regiones se están levantando hospitales. Por lo tanto, es importante pensar en darle un buen uso a las infraestructuras que quedan deshabitadas, abandonadas, y que podrían servir para cubrir necesidades de la comunidad.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , ese inmueble se encuentra muy bien ubicado. Sus dependencias, a las que se ha hecho referencia, se encuentran abandonadas y podría dársele muchos usos alternativos. En esto es importante poner celeridad. Ojalá este proyecto de acuerdo contribuya a eso, a hacer un análisis de la situación de algunas propiedades, de los compromisos que se adquirieron con el gobierno regional y, sobre todo, para avanzar en lo que implica en términos de costo y viabilidad.
Cada persona que pasa por esa esquina se pregunta hasta cuándo esa propiedad continuará desocupada, sin darle un uso alternativo. Uno entiende que como construcción hospitalaria no es funcional, pero de todos modos podría ser utilizada.
Por eso, respaldo las gestiones correspondientes, sobre todo a nivel regional, para que el proyecto sea asumido con prioridad. En la discusión sobre el destino del inmueble deben participar las dirigencias de las organizaciones vecinales, comunitarias y del voluntariado, de modo que el uso que se dé a la infraestructura sea decidido en conjunto. Si va a ser destinada a ellas, el diseño y los análisis deben considerar sus necesidades, de modo que la decisión final incorpore y responda a sus intereses.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de ley.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES.
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN EN COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS. Oficios.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el tiempo del Comité Regionalista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , una de las situaciones más complejas que viven las ciudades desde Chillán al sur se relaciona con los altos índices de contaminación por efecto de la concentración de material particulado MP10 y MP2.5, lo cual ha generado el incremento sostenido y permanente de enfermedades broncopulmonares, en general, de aquellas que afectan las vías respiratorias de menores y adultos mayores, particularmente en las ciudades de Temuco y Padre Las Casas, que represento.
Dentro del plan de descontaminación ambiental, dictado por la administración pasada, mal concebido y mal ejecutado por la actual administración, se encuentra el proceso de recambio de equipos de combustión, a fin de utilizar aquellos que emiten menor cantidad de partículas contaminantes.
Entre los anuncios hechos por las autoridades regionales, con gran parafernalia, está el de cambiar, durante este invierno, 2.000 equipos de combustión, cantidad miserable si se considera que entre las ciudades de Temuco y Padre Las Casas existen 60.000 equipos contaminantes. No obstante, y habida cuenta de la ínfima cantidad de estufas que se estimaba cambiar para el invierno que comienza, las autoridades ambientales han anunciado que tal recambio de equipos se postergará hasta octubre de este año, es decir, terminado el invierno y en las postrimerías del verano.
Estamos próximos a comenzar el invierno, y ya las ciudades de Temuco y Padre Las Casas han registrado más de cuarenta episodios en que los índices de material particulado se ubicaron sobre la norma. Los informes provienen tanto de la Organización Mundial de la Salud como de las propias autoridades nacionales de Salud. Esto ha generado molestia en la población de las comunas afectadas, porque además de haberse dictado un plan mal concebido, porque no contiene recursos ni medidas de fiscalización efectivas, el mismo se ha debilitado con el paso de los meses. Hoy, las autoridades se limitan a pararse en algunas esquinas del centro de la ciudad para repartir cartillas educativas sobre contaminación.
Necesitamos medidas urgentes para resolver el problema de contaminación en Temuco y Padre Las Casas, pero nadie toma la sartén por el mango.
Hace un año que el entonces ministro de Energía , señor Laurence Golborne , se comprometió a que, puesta en funciones la planta distribuidora de gas natural de la localidad de Pemuco, al sur de Chillán, se negociaría con las empresas distribuidoras de gas de la Región de La Araucanía para que hicieran uso de las redes subterráneas a las cuales ya están conectadas 10.000 viviendas, cifra que puede aumentar en otras 10 mil por año. Tal compromiso aún está pendiente y no se ha podido obtener una respuesta satisfactoria.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud , a los efectos de que nos informe sobre el incremento de consultas en la red de salud pública por enfermedades broncopulmonares durante 2012, y otro a la ministra del Medio Ambiente , para que nos informe por qué se postergó el recambio de 2.000 estufas anunciado para 2012.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carlos Abel Jarpa , Ortiz , Sabag , Ojeda, Chahín , Auth , Tuma y Jaramillo , y de la diputada señora Ximena Vidal .
FISCALIZACIÓN DE CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES. Oficio.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , he sabido, por información entregada a través de los medios de comunicación, pero también en las oficinas parlamentarias, sobre ciertas malas prácticas en las que incurren funcionarios de cajas de compensación para el otorgamiento de créditos sociales.
En la ciudad de Victoria hay un caso que ha llegado a un extremo casi inverosímil, el que no solo se ha ventilado en el juzgado de policía local, por incumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, sino también en la justicia criminal. En este caso, aparentemente, se ha utilizado falsificación de documentos y uso de instrumentos falsos como medios de prueba en juicio civil, lo que configura un conjunto de posibles ilícitos que son de extrema gravedad.
Por tanto, pido que se oficie a la superintendenta de Seguridad Social, para que fiscalice a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, fundamentalmente, en relación con los créditos otorgados a don Filidor del Carmen Marchant Carmona , cédula nacional de identidad 3.853.021-6, domiciliado en calle Nueva N° 963, Victoria. Como ha quedado dicho, él ha sido objeto de un engaño, sus documentos fueron falsificados y ha debido soportar diversos apremios en el cobro de créditos que, en un caso, no adquirió o no firmó, y en otro, pagó.
Por eso, es muy importante que la superintendenta de Seguridad Social, en uso de sus facultades legales, inicie una adecuada fiscalización a esa caja de compensación en virtud de los créditos que mantiene con el ciudadano que he individualizado.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PAGO DE BECA CHAITÉN A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , quiero llamar la atención acerca de una situación que ya ocurrió en 2011 pasado y que este año nuevamente está afectando a centenares de estudiantes, fundamentalmente pobres, de la Región de Los Lagos, en este caso, de la localidad de Chaitén.
Lamentablemente, una vez más, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas no ha cumplido con su obligación, no ha hecho bien sus tarea y no está pagando la Beca Chaitén a los estudiantes que asisten a centros de educación alejados de esa región. Se trata de gente de Chaitén que, producto de la grave situación que se produjo por la erupción del volcán, debió abandonar la ciudad, por lo que sus hijos han debido continuar sus estudios en otras ciudades, como Osorno, Puerto Montt, Valdivia , Concepción, Santiago . Para ello, requieren de la beca para vivir. Se trata de personas de escasos recursos que no tiene otra posibilidad para pagar sus estudios en un instituto o universidad que no sea mediante el apoyo del Estado a través de esa beca, obtenida como consecuencia de la capacidad e inteligencia de sus beneficiarios.
Por tanto, es importante que se regularice la situación. No es posible que en mitad del año lectivo los chicos no tengan cómo pagar la pensión, alimentarse, trasladarse, etcétera, sobre todo considerando que los padres no pueden hacer un esfuerzo mayor para ayudar a sus hijos. ¡Cómo es posible que la Junaeb no cumpla con estos chicos! Estoy seguro de que no solo no ha cumplido con la Beca Chaitén; probablemente, el resto de las becas que debe cubrir también están con problemas. Como la Junaeb no resuelve sus propios problemas, se los traspasa a los estudiantes, lo que no puede ser.
El señor VALLESPÍN .- En dos años, la Junaeb suma tres secretarios generales.
El señor ASCENCIO.- El colega Vallespín me acota que, en dos años, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas suma tres secretarios generales. ¿Qué quieren? ¿Terminar con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas?
Por tanto, pido que se oficie al ministro de Educación para que ponga atención a lo que sucede con las becas, sobre todo, con la Beca Chaitén; asimismo, solicito que se oficie al secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para que informe cuándo esa institución va a pagar las becas que los chicos de Chaitén están esperando durante tanto tiempo.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Saffirio , Ortiz , Ojeda, Vallespín , Sabag , Jarpa , Jaramillo , Hugo Gutiérrez y de la diputada señora Ximena Vidal .
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS A PROYECTO POSTULADO POR LA CÁMARA REGIONAL DE COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE VALPARAÍSO. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , el 2 por ciento del presupuesto anual del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que reparte el consejo regional, destinado a que las regiones promuevan iniciativas y proyectos vinculados con el arte, la cultura y el deporte entre la comunidad, está en entredicho a partir de un hecho ocurrido el 5 de abril de 2012, en la Región de Valparaíso. Es bueno que esta Cámara sepa qué ha sucedido.
Los últimos resultados oficiales sobre el destino de los recursos contemplados en el Fondo de Desarrollo Regional muestran que entre los proyectos seleccionados figura nada menos que el financiamiento del XVI Encuentro Empresarial 2012 “From The Region of Valparaíso to the World”, postulado por la Cámara Regional de Comercio y la Producción de Valparaíso. Según la nómina de proyectos elegidos, fue apoyado con 25 millones de pesos, la más cara de todas las iniciativas seleccionadas.
Si bien es cierto que a este concurso pueden postular todas las personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, es insólito que la asociación de empresarios de Valparaíso se adjudique una subvención otorgada por el consejo regional a partir de un fondo público exclusivo, según sus bases, para el mundo artístico y cultural de la región, sector que, como sabemos de sobra, cuenta con muy pocas opciones para financiar sus propuestas.
Este proyecto, financiado con los recursos públicos de ese fondo, se realizó los días 13, 14 y 15 de junio de 2012, en Valparaíso, y fue inaugurado por el ministro de Obras Públicas , Laurence Golborne , según informó el programa oficial del evento. Podemos estar frente a un evento netamente político-partidista y proselitista, que bien puede leerse en clave electoral por la posición política actual del ministro asistente y candidato. Nos parece que debemos conocer la verdad a fondo. Por eso, hoy estamos fiscalizando.
Los que pregonaron e hicieron campaña con la ética como arma y hoy siguen rasgando vestiduras, deben dar una respuesta razonable a esta adjudicación de fondos. La norma base de todo actuar de los órganos del Estado debe ser la probidad y el buen uso de los recursos, con mayor razón en este caso, pues lo que está en juego son los dineros regionales destinados a la cultura. No se pueden aceptar maniobras que intenten eludir los objetivos que la ley ha establecido para la entrega de esos fondos estatales, destinados a los creadores locales.
Por eso, pido que se oficie al Presidente de la República y al intendente de Valparaíso , con el objeto de que informen a la Cámara, y a mí en particular, acerca del procedimiento por el que se adjudicaron los fondos para el proyecto “XVI Encuentro Empresarial 2012: “From the Region of Valparaíso to World”, financiado con cargo a la glosa del 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, destinado a actividades culturales y deportivas.
Además, solicito que se oficie a las mismas autoridades de Gobierno, con el fin de que detallen las razones técnicas, basadas en la convocatoria y en las bases de dicho concurso, para adjudicar los fondos señalados para el financiamiento de esa actividad.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Saffirio , Ortiz , Jarpa y Jaramillo .
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CUARTEL PARA SUBPREFECTURA DE INVESTIGACIONES EN LA PROVINCIA DEL RANCO. Oficio.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , pido que oficie al director nacional de la Policía de Investigaciones , debido a una situación un tanto complicada ocurrida en la provincia del Ranco, relacionada con el hecho de que la dirección de la PDI decidió no construir un nuevo cuartel en esa ciudad para albergar a la subprefectura de Investigaciones.
Solicito que el director nacional de la PDI informe si su construcción ha quedado postergada o si el cuartel se levantará en La Unión, capital de la provincia del Ranco.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE COMUNA DE PANGUIPULLI. Oficio.
El señor JARAMILLO.- En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que informe si se encuentra en estudio la construcción del servicio de alcantarillado en la localidad turística de Puerto Fuy, ribereña del lago Pirihueico. Lo mismo ocurre en la localidad de Choshuenco, ubicada a orillas del lago Panguipulli, comuna del mismo nombre. Choshuenco es un pueblo muy hermoso, eminentemente turístico, pero carece de ese servicio.
Por eso, las juntas de vecinos de esas localidades me han solicitado que reitere esta petición que han formulado en diversas oportunidades, sin obtener respuesta alguna.
Por otra parte, en la localidad de Coñaripe, también netamente turística, hay dos juntas de vecinos, cuyos dirigentes están reclamando porque no han sido considerados en los proyectos de instalación de alcantarillado. También se trata de un pueblo absolutamente turístico que no tiene otros ingresos. En el verano son miles las personas que vacacionan allí, a pesar de lo cual, como digo, la localidad todavía no cuenta con alcantarillado, petición que sus autoridades han formulado en innumerables ocasiones.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada Ximena Vidal y de los diputados José Miguel Ortiz y Jorge Sabag .
SOLUCIÓN A RESTRICCIÓN DE ACCESO A PLAYA EN LOCALIDAD DE PISU PISUÉ, COMUNA DE RÍO BUENO. Oficios.
El señor JARAMILLO.- En tercer lugar, pido que se oficie al ministro de Defensa Nacional y a la ministra de Bienes Nacionales , con el objeto de que se constituyan en el lugar denominado Pisu Pisué , localidad ribereña del lago Puyehue, cercana a Mantilhue, comuna de Río Bueno.
Allí, un privado estaría angostando el camino vecinal que existe e instalando cercos eléctricos para impedir el paso de las personas a la playa. Como digo, esto ocurre a orillas del lago Puyehue, comuna de Río Bueno.
Por eso, solicito a los ministros señalados que se constituyan en el lugar, a fin de que den solución al problema planteado.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada Ximena Vidal y de los diputados José Miguel Ortiz y Jorge Sabag .
-
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.12 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.01 horas.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE RECAUDACIÓN DE FONDOS POR APLICACIÓN DE LEY DE CASINOS EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, pido oficiar al ministro de Hacienda , al intendente de Los Ríos , al subsecretario de Desarrollo Regional y al tesorero general de la República , para solicitar que se informe sobre los recursos que, mensualmente, se recaudan en la Región de Los Ríos por concepto de la aplicación de la Ley de Casinos. En especial, los montos que han ingresado desde 2009 a la fecha, tanto al gobierno regional como a la Municipalidad de Valdivia; que se indique cuántos recursos aún están sin decretar y por qué motivo esa acción no se ha realizado todavía.
En reuniones del Consejo de la Región de Los Ríos, diversos consejeros han manifestado esta preocupación, dado que son dineros que corresponden, por ley, al gobierno regional, por lo que no se han podido asignar a proyectos que la comunidad requiere con urgencia.
Ante esto, solicito que se agilice la dictación de los respectivos decretos, si correspondiere, que permitan contar a la brevedad con los recursos.
Remití esta misma solicitud al ministro de Hacienda con fecha 2 de septiembre de 2011, a través de oficio N° 4.549, de la Cámara de Diputados. Hasta la fecha, no recibo respuesta a este requerimiento que reitero en esta oportunidad. Es menester obtener una respuesta, en atención a la legislación que rige la Ley de Casinos.
Pido que copia de esta intervención se envíe a don Patricio Alarcón, vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil de Valdivia.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado Fuad Chahín y de quien habla.
RECUPERACIÓN DE ESTACIONES DE FERROCARRIL EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en la Región de Los Ríos existe preocupación por el estado en que se encuentran varias estaciones de ferrocarriles. Una está ubicada en la comuna de Los Lagos y, otra, en la localidad de Antilhue, donde surge un ramal a la ciudad de Valdivia. Esos recintos están destrozados, insalubres y, además, se han convertido en foco de inseguridad.
En reiteradas ocasiones, el municipio ha solicitado su traspaso, con la finalidad de procurar su recuperación como parte del patrimonio material y para beneficio de la comunidad.
Esos lugares son representativos y hay organizaciones interesadas en su rescate y en convertirlos en centros cívicos de la comuna. Lamentablemente, mientras permanezcan en total abandono, esos dos lugares solo representan postergación.
El concejal Miguel Moya, de la comuna de Los Lagos, ha manifestado su preocupación y ha invitado públicamente a los directivos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a viajar a la Región de Los Ríos, a fin de conocer en terreno el actual estado de las estaciones y comprobar que hay voluntad de asumir su recuperación y mantención. No solo se encuentran abandonadas, sino que son consideradas verdaderos puntos negros tanto en Los Lagos como en Antilhue.
Solicito oficiar al directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a fin de que informe si es factible transferir al municipio de Los Lagos ambas estaciones de trenes. Ese directorio debería acudir a la zona y visitar, en conjunto con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, esos dos lugares, a fin de comprobar el mal estado en que se encuentran.
También pido que se haga un inventario del estado de las estaciones en desuso, especialmente en la Región de Los Ríos, como las de Reumén, Pichirropulli, Paillaco , en la comuna del mismo nombre; la estación de Lanco y otras.
Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención al concejal de Los Lagos, señor Miguel Moya, al alcalde y al honorable concejo de dicha comuna y a don Carlos Alosilla, presidente de la junta de vecinos de Antilhue.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se procederá de la manera solicitada, con la adhesión del diputado Fuad Chahín y de este Presidente accidental .
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS. Oficio.
El señor DE URRESTI.- Por otra parte, pido enviar un oficio al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que nos informe, detalladamente, por regiones, en qué se traducirá el proyecto de construcción de más de 250 kilómetros de ciclovías para evitar la congestión vehicular en diversas regiones. Quiero saber las fechas, los montos y en qué ciudades se va a desarrollar.
Por la prensa y a través de distintas comunicaciones, nos hemos enterado de esta importante iniciativa. Pero es fundamental que exista participación de la ciudadanía, que se elaboren los planes maestros en cada una de las regiones para informar y saber en qué se va a traducir tal proyecto.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Fuad Chahín y de quien preside.
ESTADÍSTICAS ACERCA DE MALTRATO Y ABUSO A ADULTOS MAYORES. Oficios.
El señor DE URRRESTI.- Por último solicito, el envío de un oficio al Servicio Nacional del Adulto Mayor y al ministro de Desarrollo Social para que nos señalen las estadísticas de que disponen respecto de las denuncias por maltrato y abuso a adultos mayores.
Sobre la materia, recuerdo a la Sala que la semana pasada, se celebró el Día Mundial Contra el Maltrato al Adulto Mayor.
Es importante que esas estadísticas sean manejadas por la comunidad, por eso, quiero que se envíen, desagregado por regiones, en especial las denuncias más graves que se han recibido, a fin de estudiar las iniciativas que se puedan llevar a cabo.
Actualmente, existen más de 2,6 millones de adultos mayores. Son fundamentales todas las políticas que apunten en la dirección de favorecerlos.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Fuad Chahín y de quien habla.
INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS EFECTUADAS POR DIRIGENTES DE COMUNIDAD INDIGENA JUAN PAINEMIL, COMUNA DE VICTORIA. Oficio.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , solicito que se oficie al general director de Carabineros , a fin de que investigue un conjunto de hechos bastante graves, denunciados por dirigentes de la comunidad indígena Juan Painemil , de la comuna de Victoria, cercana a la localidad de Selva Oscura.
Ellos me enviaron una carta, de la cual dejaré una copia en secretaría para que sea remitida al general director de Carabineros , dando cuenta de un conjunto de denuncias sobre hechos gravísimos que involucrarían a funcionarios de esa institución en la localidad de Selva Oscura.
No quiero dar lectura a los hechos. Por eso, pido el envío de un oficio, a fin de que se investigue y se haga un sumario al interior de la institución. Ojalá, se nos envíe copia sobre las medidas que se adoptarán, en virtud de la denuncia hecha por los dirigentes de la comunidad Juan Painemil .
También, solicito que se envíe copia de este oficio al presidente de la comunidad Juan Painemil, don Cristóbal Paine.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE PRESUNTA INFRACCIÓN DE DECRETO N° 1.889, DE SALUD, POR MÉDICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE VICTORIA. Oficios.
El señor CHAHÍN.- El segundo tema que deseo abordar se relaciona con una práctica bastante común.
Muchos médicos pueden optar a cursos de formación y de especialización. Cuando los cursos son financiados por el sistema público, tienen que volver a ocupar el cargo de origen por el doble del tiempo. En este caso en particular, dos médicos de la comuna de Victoria, pertenecientes al departamento de salud municipal, se especializaron, una, en medicina familiar, y otra, en medicina interna. La primera de ellas, la señora Ruth Zapata Barrera , postuló al programa de formación de especialidades para la atención primaria de salud, cuando desempeñaba funciones en el Cesfam de Victoria, y consiguió especializarse en medicina interna. A nuestro juicio, el hecho de que no haya desempeñado su especialidad en el establecimiento de origen, sino que en el Hospital de Victoria, contradice los objetivos del propio Ministerio de Salud para formar especialistas que luego presten labores en los consultorios, en donde efectivamente existe mayor déficit de especialistas.
El segundo caso se relaciona con la señora Carolina Oyarce Iturra , quien postuló a la beca de medicina familiar cuando desempeñaba sus funciones en el Cecof, sector bajo Traiguén de la comuna de Victoria. Actualmente, tampoco desempeña sus funciones en ese establecimiento, sino que en el Cesfam de la misma comuna.
A nuestro juicio, esta situación constituye una mala práctica, porque, precisamente, lo que se busca potenciar es la atención primaria de salud, más aún dada la naturaleza de las especialidades de estas profesionales.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud y al contralor general de la República , a fin de que se pronuncien respecto de si esta situación se ajusta al artículo 37° del decreto N° 1.889, que fija el Reglamento de la Carrera Funcionaria del Personal Regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
Pido que se envíe copia del oficio a don Erwin Soto Arias, presidente de la Afusam de Victoria.
TRAMITACIÓN DE PENSIÓN DE VIUDEZ. Oficios.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro del Interior y al director del Instituto de Previsional Social , con el objeto de conocer el estado de tramitación y resolución de una pensión de viudez, en virtud de la ley de exonerados políticos. El causante del beneficio era don Víctor Ramón Navarrete Urrutia , quien falleció el 6 de enero de 2010.
La señora María Teresa Arias Ruiz , su viuda, aspira a obtener la pensión. De hecho, ha intentado en varias oportunidades agilizar el trámite, pues han pasado más de dos años desde la fecha del fallecimiento del causante. Sin embargo, el Ministerio del Interior aún no tramita la pensión de viudez, lo que nos parece bastante inaudito, por decir lo menos. Además de generar un perjuicio enorme en la vida de esta persona, ha ocasionado problemas en su familia.
Pido que se envíe copia del oficio a la Comisión Asesora Presidencial del Defensor Ciudadano.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que lo hacen presente.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE PERCEPCIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA Y EN RÉGIMEN. Oficios.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , he recibido copia de una solicitud emanada del señor Tomás Leiva Fuentes, quien representa a algunos exonerados políticos, en relación con la ley N° 19.234, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos. En esa misiva plantea -estamos hablando de beneficiados que superan los ochenta años de edad, algunos de escasos recursos- que el día que se da a conocer la ley N° 19.582 contaba con cincuenta y cuatro meses para reliquidar su pensión de régimen y optar por la mencionada pensión y la no contributiva. No obstante, señala que nunca recibió el beneficio de su pensión y que gracias a la pensión no contributiva esta subió a 320 mil pesos, y siguió percibiendo la pensión anterior.
La duda que plantea es qué ley, norma, decreto o acto administrativo prohíbe legalmente al pensionado en régimen tener derecho al beneficio de la pensión no contributiva o si existe algún inconveniente legal para percibir las dos pensiones. Según la visión de don Tomás Leiva , la pensión en régimen es un derecho adquirido y la no contributiva es una pensión en consideración a asuntos relacionados con los abusos a los derechos humanos.
Además de pedir que se revise su solicitud, envió una carta al superintendente de Pensiones , con fecha 16 de marzo de 2012, donde le da a conocer estos hechos; sin embargo, a la fecha aún no ha sido respondida.
Por ello, pido que se me informe de la respuesta a esta solicitud, a fin de darla a conocer al señor Tomas Leiva y, por cierto, a los exonerados que representa.
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
FISCALIZACIÓN DE EMPRESA ADECCO POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN MATERIA LABORAL. Oficios.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , después de recibir información respecto de actitudes inadecuadas que estaría realizando un empleador de la zona, pido que se oficie a la ministra del Trabajo y Previsión Social y a la directora del Trabajo , con el objeto de realizar una auditoría a Adecco, Consultor Integral en Recursos Humanos , RUT 96820179-0, que desarrolla una labor de call center en el edificio Nautilus, ubicado en calle Blanco, ciudad de Valparaíso.
Se me informa que dicho empleador tiene trabajando a sus operarios en malas condiciones. No los provee de cascos adecuados, audífonos y sillas para trabajar en condiciones normales. Muchas veces exige desarrollar las labores habituales sin dotar a los trabajadores de la indumentaria necesaria, a pesar de que estos deben usar teléfonos fijos. Asimismo, los operarios no cuentan con computadores adecuados para desarrollar mejor su labor; tampoco los supervisores los pueden usar. Por otra parte, se realizan cambios en los turnos en forma inadecuada, sin apego al contrato de trabajo; no se pagan horas extraordinarias por los cambios de turnos. Además, a las personas que realizan la labor de telefonistas se les hace ir en horarios que no corresponden según lo establecido en el Código del Trabajo; los pocos incentivos que tienen se les pagan en forma ocasional. En términos concretos, existe una cantidad importante de elementos que afectan diariamente la labor que realizan los trabajadores de esa empresa.
Por ello, repito, pido que se oficie a la ministra del Trabajo y Previsión Social y a la directora del Trabajo, con el objeto de que se realice una completa auditoría y fiscalización a la empresa Adecco.
Por supuesto, no puedo revelar el nombre de las personas que denunciaron estos hechos, porque podrían ser desvinculadas de la empresa.
He dicho
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.19 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Relaciones de Socios entre la República de Chile y la Federación de Rusia, suscrito en Yokohama, Japón , el 13 de noviembre de 2010. (boletín N° 8388-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, el Acuerdo de Relaciones de Socios entre la República de Chile y la Federación de Rusia, suscrito en Yokohama, Japón , el 13 de noviembre de 2010.
I. ANTECEDENTES DEL ACUERDO
El presente Acuerdo fue celebrado sobre la base de los tradicionales vínculos de amistad y cooperación existentes entre los pueblos de Chile y de la Federación de Rusia, con miras a ampliar las relaciones y sentar las bases para la suscripción de futuros acuerdos bilaterales.
Este proceso de acercamiento, profundización y enriquecimiento de las relaciones se verificará en un marco de asociación, confianza recíproca y de respeto de la libertad y justicia, de manera que este nuevo acercamiento responda a las realidades políticas, económicas y sociales actuales.
II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ACUERDO
El Acuerdo consta de un Preámbulo, que indica la finalidad y propósitos de éste, y doce artículos, en los cuales se contienen sus normas sustantivas.
1. Preámbulo
En él se reconocen los vínculos de amistad y cooperación que unen a Chile y la Federación de Rusia y la aspiración común de las Partes de ampliar el entendimiento y los vínculos de manera de elevar el nivel de los mismos.
2. Disposiciones Sustantivas
a. Relaciones de socios
El Artículo 1, dispone el establecimiento de relaciones de socios y cooperación entre las Partes, todo ello de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras normas universalmente reconocidas del derecho internacional en pro de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Asimismo, en él se comprometen a cooperar constructivamente en el escenario internacional, incluida las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, a fin de garantizar el fortalecimiento de la paz y seguridad internacionales, un orden mundial justo, pacífico y democrático, respetando los derechos del hombre, el derecho de cada Estado a la independencia política y económica, una política exterior independiente y la consolidación de los valores democráticos.
b. Diálogo político-diplomático
El Artículo 2, a su vez, señala que las Partes profundizarán y ampliarán el diálogo político-diplomático y la cooperación respecto de problemas de la agenda bilateral y multilateral a alto nivel y en el marco del mecanismo de consultas existentes entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. Para ello, promoverán las visitas de delegaciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y también la materialización de encuentros entre los representantes de diferentes organizaciones estatales y no gubernamentales.
c. Procesos de integración
Se prevé, por su parte, en el Artículo 3, que las Partes adopten medidas para el establecimiento y desarrollo de contactos y cooperación entre la Federación de Rusia y el “Grupo de Río” y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Del mismo modo, deberán contribuir a la vinculación recíproca de las estructuras económico-comerciales chilenas y rusas con los procesos de integración que se están configurando en América Latina y en los Estados de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
d. Cooperación científico técnico
El Artículo 4 establece que las Partes desarrollarán una cooperación mutuamente beneficiosa en el campo científico-técnico, sobre la base del interés recíproco a través de los organismos y organizaciones competentes de ambos Estados, la que se orientará a las investigaciones científicas y estudios tecnológicos en el ámbito de la agricultura, la salud, la energía limpia, la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, las tecnologías de información, la protección del medio ambiente, la utilización racional de los recursos naturales y la protección de los conocimientos tradicionales sobre recursos genéticos, biotecnología y otros asuntos de interés recíproco.
Igualmente, las Partes deberán tomar medidas para incentivar las relaciones económico-comerciales, su intensificación y diversificación y así perfeccionar la base jurídica de la cooperación y aumentar la eficacia de la Comisión Intergubernamental Chileno-Rusa de Comercio y Cooperación Económica.
e. Derechos humanos
El Artículo 5 regula la cooperación entre las Partes para garantizar el respeto de los derechos del hombre y libertades fundamentales de la persona, favoreciendo además la ampliación de los contactos directos entre sus respectivos nacionales. En el mismo sentido, aquellas deberán alentar permanentemente la cooperación directa entre instituciones y representantes particulares de la cultura y contribuir a la ampliación de los intercambios turísticos y deportivos, a los contactos de los partidos políticos, de asociaciones de profesionales y culturales, fundaciones, escuelas e instituciones de enseñanza superior, organizaciones de defensa de los derechos, religiosas, femeninas, juveniles, ecológicas y otras.
f. Cooperación bilateral
A su turno, el Artículo 6 regula el compromiso de las Partes de desarrollar la cooperación bilateral en las esferas económica, de protección del orden público, social, científico técnica, cultural y humanitaria, para lo cual deberán, en particular, coordinar sus acciones en las organizaciones internacionales de carácter económico-comercial y financiero, con el fin de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de ambos Estados.
g. Cooperación contra el terrorismo, tráfico ilegal de estupefacientes y delincuencia transfronteriza
El Artículo 7 se refiere a la cooperación que habrán de prestarse las Partes en la lucha contra el terrorismo internacional y su financiamiento, contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus precursores y la delincuencia transfronteriza organizada, sobre la base jurídica internacional creada a tales fines. Igualmente, habrán de colaborar para actuar coordinadamente a nivel internacional, intrarregional y bilateralmente en el ámbito mencionado a través del potencial que representa la sociedad civil, empresarial y los medios de comunicación masiva.
Del mismo modo, se contempla la posibilidad de arribar a acuerdos de cooperación y ayuda mutua para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia.
h. Desarme multilateral
El Artículo 8 estipula que las Partes contribuirán activamente al proceso de desarme multilateral, cooperarán en el fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear y de prohibición de armas químicas y biológicas, tomarán medidas para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva y de los medios de transporte de mercancías y tecnologías vinculadas a ellas. Se prevé también que actúen de común acuerdo en la lucha contra el tráfico ilícito de armas.
i. Medio ambiente
El Artículo 9 prescribe que las Partes coordinarán esfuerzos en la búsqueda de soluciones a los problemas ecológicos globales, contribuirán a la implementación de las resoluciones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y otros documentos de este ámbito, adoptados en el marco de la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, y organizarán la cooperación en este ámbito en los niveles bilateral, regional y global mediante el intercambio de información y consultas.
j. Acuerdos complementarios
El Artículo 10 dispone que las Partes podrán celebrar, si lo estiman necesario, instrumentos complementarios a fin de cumplir las disposiciones del presente Acuerdo.
k. Obligaciones de las Partes en otros acuerdos internacionales
El Artículo 11 indica que las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán las obligaciones de las Partes en otros Acuerdos internacionales en los que sean parte, ni a terceros Estados.
l. Entrada en vigor y duración
Finalmente el Artículo 12 establece que el acuerdo estará sujeto a ratificación y que entrará en vigor el día del intercambio de los instrumentos de ratificación. A su vez, que se celebra por un plazo de diez años y que se renovará automáticamente por períodos consecutivos de cinco años, si ninguna de las Partes comunica a la otra su decisión de ponerle término por escrito, por la vía diplomática, y con no menos de un año de antelación a la expiración del correspondiente período.
En mérito de lo expuesto y considerando que las disposiciones de este Acuerdo de Relaciones de Socios constituye una valiosa e importante herramienta de política exterior, solicito a Vuestras Señorías aprobar el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Acuerdo de Relaciones de Socios entre la República de Chile y la Federación de Rusia, suscrito en Yokohama, Japón , el 13 de noviembre de 2010.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; ALFREDO MORENO CHARME , Ministro de Relaciones Exteriores ”.
2. Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. (boletín N° 8387-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto reajustar el monto del ingreso mínimo mensual a contar del 1 de julio de 2012.
I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
1. Contexto económico internacional
En los últimos meses, los indicadores económicos de la Eurozona han mostrado el deterioro que experimenta la situación financiera y fiscal de la región.
El crecimiento (anualizado y desestacionalizado) para el primer trimestre del año 2012 ha sido nulo, mientras que la proyección de distintos analistas económicos para la Eurozona durante 2012 es de contracción.
La incertidumbre que plantea el frágil contexto económico mundial no ha golpeado aún de manera importante la actividad económica nacional. Sin embargo, algunos signos de desaceleración económica se han comenzado a observar. El crecimiento de la demanda interna del primer trimestre de 2012 (4.9%) fue más moderado que el del último trimestre del 2011 (5.5%), debido a la desaceleración del consumo y de la inversión en maquinarias y equipos. Asimismo, las ventas del comercio minorista registraron una nueva disminución en abril de este año, confirmando un patrón de menor crecimiento del consumo a nivel nacional. Con todo, a abril de 2012, la actividad económica acumula un crecimiento de 5.4%, cifra algo menor al crecimiento real de la economía durante el año 2011 (6.0%). Además, las proyecciones de crecimiento del producto de acuerdo al Banco Central están en el rango de 4.0 a 5.0% para el presente año.
Si bien el mercado laboral chileno continúa mostrando signos de dinamismo, una profundización de la crisis internacional podría tener importantes efectos negativos sobre el empleo de jóvenes y trabajadores menos calificados. En general, estos grupos presentan una mayor probabilidad de perder sus empleos en períodos de crisis económicas debido a su bajo nivel de capital humano.
En otro ámbito, el último reajuste del ingreso mínimo mensual alcanzó un incremento de 5.8% nominal y un 2.5% real, situándose en $ 182.000 pesos mensuales. De acuerdo a la información de la base de datos del Seguro de Cesantía para el segundo semestre de 2011, la relación entre el ingreso mínimo mensual y la mediana salarial es de 55%; revelando que nuestro ingreso mínimo es elevado en relación a nuestra realidad salarial y situando a Chile dentro de los países con mayor ratio ingreso mínimo mensual-mediana salarial dentro de un conjunto de países miembros de la OECD.
Considerando los antecedentes anteriormente descritos sobre la situación económica mundial y nacional, no queda más que confirmar el compromiso del Gobierno de velar por mejorar el bienestar de los trabajadores chilenos por medio de aumentar el salario mínimo pero actuando con prudencia y cautela al momento de establecer un nuevo reajuste del ingreso mínimo mensual, de forma de velar por que éste mejore su poder adquisitivo pero por sobretodo, protegiendo la empleabilidad de los trabajadores que lo perciben.
2. Principales consideraciones para el incremento del ingreso mínimo
Se debe tener presente que incrementos reales del ingreso mínimo superiores a los incrementos en la productividad pueden provocar algunos efectos adversos sobre los trabajadores. Por ejemplo, aumentos desalineados de las cifras de inflación y productividad pueden reducir las oportunidades de empleo de los trabajadores poco calificados (en su mayoría jóvenes y trabajadores con bajos niveles de instrucción formal).
Otros riesgos se relacionan con los aumentos del ingreso mínimo real más allá de la productividad incrementan significativamente el precio de bienes intensivos en mano de obra poco calificada, lo cuales representan un porcentaje importante dentro de la canasta de consumo de los hogares más vulnerables. Más aún, desincentiva a las empresas a efectuar programas de capacitación para sus trabajadores, reduciendo las oportunidades de inserción laboral de los trabajadores con bajos niveles de capital humano. Por último, promueve el crecimiento de la informalidad, aumentando la brecha salarial entre los trabajadores formales e informales.
Los efectos anteriormente descritos afectan especialmente a jóvenes, trabajadores con baja instrucción y a pequeñas y medianas empresas. De acuerdo a la Encuesta CASEN del año 2009, el 27.15% de las personas entre 18 y 21 años percibían el ingreso mínimo. Asimismo, el 31.31% de las personas con menores niveles de escolaridad (entre 0 y 7 años) estaban afectas al ingreso mínimo mensual. En relación a las pequeñas y medianas empresas, cifras de la base de datos del Seguro de Cesantía para el segundo semestre de 2011, indican que el 49.6% de los trabajadores que obtiene entre 1 y 1.05 ingreso mínimo mensual, se desempeñan en empresas de hasta 9 trabajadores.
Considerando los antecedentes anteriores, la fórmula de reajuste del ingreso mínimo mensual propuesta por el Gobierno incluye como variables el crecimiento de la productividad media del empleo durante el año 2011 y la variación porcentual del IPC de mayo de este año respecto de igual período del año anterior. Es importante recalcar que esta fórmula de reajuste está en concordancia con la propuesta de la Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo establecida en abril de 2011.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
1. Incremento del salario mínimo que se propone
Teniendo presente lo anteriormente planteado, la propuesta del Gobierno es incrementar el ingreso mínimo mensual de $ 182.000 a $ 191.000, lo que equivale a un incremento en torno a un 5%, porcentaje que será aplicable también al ingreso mínimo mensual de los trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años y al ingreso mínimo mensual con fines no remuneracionales.
2. Fijación asignación familiar, maternal y subsidio familiar
Con respecto a la fijación de la asignación familiar y subsidio familiar, se debe recordar que en el acuerdo alcanzado el año 2008 con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se convino que a partir de la fijación del ingreso mínimo del año 2009 las materias vinculadas a la asignación familiar y maternal serían materias de esta ley, retirándose de la ley de reajuste de los funcionarios públicos, donde se incluyó a partir del año 1999 hasta el año 2008.
Como gobierno, reconocemos dicho acuerdo, y proponemos un reajuste para esos beneficios, a contar del 1° de julio de 2012, con mayor énfasis en los grupos más vulnerables. En primer lugar, proponemos una variación de igual nivel que la propuesta para el ingreso mínimo mensual, tanto para el subsidio familiar destinado a personas de escasos recursos establecido en el artículo 1° de la ley N°18.020, como para el tramo más focalizado de las asignaciones familiares y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas en el decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Por su parte, para el segundo y tercer tramo de asignación familiar y maternal, proponemos un reajuste que contempla la variación del costo de vida desde el último reajuste.
Con todo, se fija en $ 7.525 mensuales por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 196.788; en $ 5.221 mensuales por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 196.788 y no exceda de $ 317.407; y en $ 1.650 mensuales por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 317.407 y no exceda de $ 495.0473.
Por su parte, el subsidio familiar, se fija en $ 7.525 a partir del 1 de julio de 2012.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Elévase, a contar del 1 de julio de 2012, de $ 182.000 a $ 191.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2012, de $ 135.867 a $ 142.586 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2012, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 117.401 a $ 123.207.
Artículo 2°.-Reemplazase, a contar del 1° de julio del año 2012, el artículo 1° de la ley N° 18.987, por el siguiente:
“Artículo 1°.- A contar del 1 de julio del año 2012, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas por el decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario:
a) De $ 7.525 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 196.788.
b) De $ 5.221 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 196.788 y no exceda los $ 317.407.
c) De $ 1.650 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 317.407 y no exceda los $ 495.047.
d) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 495.047 no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo.
Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán su plena vigencia los contratos, convenios u otros instrumentos que establezcan beneficios para estos trabajadores.
Dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspondan.
Los beneficiarios contemplados en la letra f) del artículo 2° del citado decreto con fuerza de ley N° 150, y los que se encuentren en goce de subsidio de cesantía se entenderán comprendidos en el grupo de beneficiarios indicados en la letra a) precedente.”.
Artículo 3°.- Fíjase en $ 7.525 a contar del 1 de julio del año 2012, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020.
Artículo 4°.- El mayor gasto fiscal que represente durante el año 2012 la aplicación de los artículos 1°, 2° y 3° de la presente ley, se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Vicepresidente de la República ; JULIO DITTBORN CORDUA , Ministro de Hacienda (S); EVELYN MATTHEI FORNET , Ministra del Trabajo y Previsión Social ”.
Informe Financiero
Proyecto de Ley que reajusta Monto del Ingreso Mínimo Mensual
Mensaje N° 126-360
I. Antecedentes.
1. A contar del 1 de julio de 2012, se fija el monto de ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años de edad, en $ 191.000.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 1. Como consecuencia de lo anterior:
a. Se modifican los niveles de ingresos inferiores y superiores correspondientes al grupo C, a que se refiere el artículo 160 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469, de $182.000 a $ 191.000 y de $ 265.720 a $ 278.860, respectivamente.
Estas modificaciones generan una disminución en la recaudación de copagos en la modalidad institucional en los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud . Los menores ingresos fiscales anuales ascienden a $ 1.757 millones, lo que implica que la menor recaudación para el segundo semestre del año 2012 será de $ 878 millones.
b. Se modifica el valor del subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 20.255, lo que significa un costo fiscal durante el segundo semestre de 2012 de $ 53 millones.
A contar del 1 de julio de 2012 se fija el monto del ingreso mínimo mensual que se utiliza para fines no remuneracionales en $ 123.207.
La aplicación de este incremento origina un mayor costo fiscal durante 2012 de aproximadamente $ 479 millones por el aumento en el valor de la asignación por muerte de activos y pensionados del antiguo sistema.
d. A contar del 1 de julio de 2012 se modifican los tramos para la asignación familiar y maternal y los montos correspondientes a cada tramo, con un costo de aproximadamente $ 1.492 millones para el presente ejercicio fiscal.
A partir de la misma fecha, se fija en $ 7.525 el valor del Subsidio Familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020, con un costo de aproximadamente $ 4.774 millones para 2012.
2. El costo total del proyecto de ley durante el segundo semestre del presente año asciende a $ 7.676 millones.
A partir del año 2013, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8289-15
Modifica la Ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR).
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8091-21
Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8292-13
Modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores en casa particular.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8316-29
Modifica Ley del Deporte.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8387-05
Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
8. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios. (boletín Nº 7484-01)
Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma” urgencia.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
Ninguna.
4.- Se designó diputado informante al señor Jaramillo, don Enrique.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Luis Mayol , Ministro de Agricultura ; Andrés Meneses , Asesor Legislativo del Ministerio , y Jaime Ibieta , profesional del SAG.
El propósito de la iniciativa consiste en regular las transacciones comerciales de productos agropecuarios.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 11 de noviembre de 2011, señala que, en lo sustantivo, el proyecto establece en forma obligatoria un procedimiento de análisis de muestras y contra muestras de los productos agropecuarios que se transan en el mercado nacional y que no están regulados por una ley especial. En el caso de productos importados, se contempla la obligatoriedad al importador de obtener, conservar y presentar una muestra de dichos productos para su análisis en laboratorio.
A su vez, el proyecto obliga a los agroindustriales o intermediarios a mantener visible un listado de precios de referencia y emitir una guía de entrega, documento que da cuenta de la cantidad de producto recibido y precios de referencia, la cual también suscribe el productor agrícola (que aporta con las materias primas para que el agroindustrial las procese).
La responsabilidad operativa del proyecto recae en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo encargado de crear y mantener un registro de laboratorios de Ensayo, Ensayo y Arbitrador y de Calibración, los cuales serán administrados por el servicio.
Respecto al procedimiento de análisis de muestras y contra muestras, se establece que en la primera transacción comercial de un producto agropecuario nacional será responsabilidad de un agroindustrial o intermediario obtener y conservar una muestra y contra muestra del producto, enviándose la muestra al laboratorio de ensayo y la contra muestra al laboratorio de ensayo arbitrador. Tratándose de productos importados, el importador debe hacer llegar una muestra de los productos a un laboratorio de ensayo o ensayo arbitrador antes de su comercialización en Chile.
La fiscalización del cumplimiento de las normas que dispone el presente cuerpo legal recae en el SAG. Al respecto, las denuncias podrán ser realizadas por cualquier interesado o funcionarios del servicio antes señalado.
Finalmente, se incorporan dos disposiciones transitorias. La primera otorga un plazo de hasta dos años a los laboratorios de ensayo, ensayo y arbitrador y calibración para operar mientras se encuentran en proceso de obtener su registro (no obstante en dicho periodo deben ser autorizados por el SAG). La segunda, establece un plazo de 120 días desde la fecha de publicación de la ley para la dictación del reglamento que regula en forma específica la aplicación de esta ley.
Por su parte, la indicación de Mensaje N° 080 - 359 introduce las siguientes modificaciones al proyecto de ley:
Reemplaza el artículo 11 por el actual artículo 13, en el cual se establece que en el caso de las primeras transacciones comerciales el resultado definitivo de los análisis de calidad y la información consignada en la Guía de Entrega tendrá carácter de plena prueba.
Introduce un nuevo artículo 12, en el cual se obliga a obtener, conservar y enviar una muestra de los productos agropecuarios importados a los laboratorios de ensayo o de ensayo arbitrador. Asimismo, se establece que por medio de un reglamento se establecerán los procedimientos y parámetros de los análisis de las características de los productos importados y la forma en que el Servicio Agrícola y Ganadero supervisará la obtención, conservación y envío de las muestras al laboratorio.
Finalmente, encarga a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias dar a conocer al público los resultados de estos análisis.
El proyecto de ley significará un mayor gasto estimado de $ 170.802 miles cuando se encuentre en régimen, recursos que serán provistos desde la Partida Tesoro Público.
El gasto señalado precedentemente permitirá fortalecer las funciones del Servicio Agrícola y Ganadero en cinco ámbitos:
1. Administración de registros de laboratorios de Ensayo, Ensayo y Arbítrador y de Calibración.
2. Fiscalización de las tres categorías de laboratorios antes señalados.
3. Fiscalización de establecimientos agroindustriales que comercializan productos nacionales e importados.
4. Gestión de causas por infracción a la normativa.
5. Elaboración y perfeccionamiento de reglamentos.
Como supuesto base para el cálculo de los costos de implementación de esta ley, se considera que ésta se implementará en una primera etapa en tres categorías de productos: granos, ganado de pie y productos lácteos. Asimismo, se asume solo a partir del segundo año labores de fiscalización a empresas agroindustriales y de gestión de causas por infracción a la normativa.
En base a lo anterior los costos por cada uno de los ámbitos antes señalados son los siguientes:
1. Administración de registros de laboratorios
Para estos efectos se considera la contratación de un profesional en calidad de contrata, grado 11, con el siguiente costo:
Descripción
Año 1
Año 2
Año 3
^@#@^N°
Monto (miles $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
Mes
Año
Mes
Año
Mes
Año
Profesional G°11
1
1.339
16.068
1
1.339
16.068
1
1.339
16.068
Total
1
1.339
16.068
1
1.339
16.068
1
1.339
16.068
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
2. Fiscalización de laboratorios
2.1 Laboratorios de Ensayo
-Contratación de personal: Se contempla la incorporación de un profesional a contrata en grado 11. Este profesional deberá realizar 102 visitas a los laboratorios del rubro granos y 29 visitas al rubro lácteos, lo que equivale a una visita al año a cada uno de los laboratorios existentes en el país en cada uno de estos rubros. Por cada visita, el profesional utiliza 1,5 jornadas.
-Viáticos: Dadas las visitas a los laboratorios (1,5 jornadas), se consideran viáticos para un profesional grado 11, estimándose la primera jornada al 100% (valor: $ 41,2 miles) y la siguiente al 40% ($16,48 miles).
-Arriendo de vehículos: Se considera el equivalente a 11 meses de arriendo de vehículos (costo mensual: $ 632 miles).
Año 1
Año 2
Año 3
Descripción
^@#@^N°
Monto (miles $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
Mes
Año
Mes
Año
Mes
Año
Profesional G°11
1
1.339
16.068
1
1.339
16.068
1
1.339
16.068
Viáticos nacionales
131
7.556
131
-
7.556
131
-
7.556
Arriendo vehículos
11
632
6.952
11
632
6.952
11
632
6.952
Total
1.971
30.576
1.978
30.576
1.978
30.576
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero.
2.2 Laboratorios de Ensayo y Arbitrador
-Remuneraciones por inspección: Se considera el gasto equivalente al sueldo de un profesional a contrata en grado 11 (lo que equivale un costo por jornada de $44,6 miles), para un total de 6 visitas a los laboratorios (tres al rubro granos y tres al rubro lácteos).
-Viáticos: Se considera el costo unitario señalado en el punto anterior, para 6 visitas.
-Arriendo de vehículos: Se considera el costo unitario señalado en el punto anterior, para el equivalente a medio mes.
De acuerdo con lo señalado precedentemente, el costo de fiscalización de este tipo de laboratorios es el siguiente:
Descripción
Año 1
Año 2
Año 3
^@#@^N°
Monto {miles $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
Mes
Año
Mes
Ano
Mes
Año
Remuneraciones (profesional equivalente a contrata G°11)
6 visitas
-
402
6 visitas
-
402
6 visitas
-
402
Viáticos nacionales
6 visitas
-
346
6 visitas
-
346
6 visitas
-
346
Arriendo vehículos
0,5 meses
632
316
0,5 meses
632
316
0,5 meses
632
316
Total
-
1.064
-
1.064
-
1.064
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. 2.3
2.3 Laboratorios de Calibración
Los supuestos sobre nivel de actividad y costos son los mismos que los señalados para el caso de los laboratorios de ensayo y arbitrador. Por tanto, el costo total es el mismo en cada periodo.
3. Fiscalización de agroindustriales
-Se considera la fiscalización de establecimientos de la agroindustria en que se transan tanto productos nacionales como importados.
-Contratación de personal: Se contempla la incorporación de 4 profesionales grado 11 (tres para fiscalización de productos nacionales y uno para productos importados) a partir del segundo año de aplicación de la ley. Implica un total de 126 visitas a los productores de granos, 276 visitas para ganado de pie y 678 visitas de lácteos.
-Viáticos: Se calcula el pago de éste para un profesional grado 11, considerándose una jornada por visita at 40% (valor: $ 16,48 miles).
-Arriendo de vehículos: Se estima el equivalente a 35 meses de arriendo de vehículos (costo mensual: $ 632 miles).
Descripción
Año 1
Año 2
Año 3
^@#@^N°
Monto (miles $)
n°
Monto (miles $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
Mes
Año
Mes
Año
Mes
Año
Profesional G°11
-
-
4
1.339
64.272
4
1.339
64.272
Viáticos nacionales
-
-
700
-
11.536
700
-
11.536
Arriendo vehículos
-
-
35
632
22.120
35
632
22.120
Total
-
-
1.971
97.928
1.971
97.928
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
4. Gestión de Causas por Infracción a la Normativa.
Contratación de personal: Se contempla la incorporación de un profesional a contrata en grado 11, a partir del segundo año:
Descripción
Año 1
Año 2
Año 3
^@#@^N°
Monto (miles $)
^@#@^N°
Monto (mués $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
Mes
Año
Mes
Año
Mes
Año
Profesional G°11
-
-
1
1.339
16.068
1
1,339
16.068
Total
-
-
1
1.339
16.068
1
1.339
16.068
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero.
5. Elaboración y perfeccionamiento de reglamentos.
Contratación de personal: Se considera gasto equivalente a 6 meses de un profesional a contrata en grado 11, cada año:
Descripción
Año 1
Año 2
Año 3
^@#@^N°
Monto (miles $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
^@#@^N°
Monto (miles $)
Mes
Año
Mes
Año
Mes
Año
Profesional G°11
1
1.339
8.034
1
1.339
8.034
1
1.339
8.034
Total
1
1.339
8.034
1
1.339
8.034
1
1.339
8.034
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero.
De acuerdo con lo señalado en los puntos anteriores, el mayor gasto que implica la aplicación de la presente Ley en el SAG se resume en lo siguiente:
Monto en miles de $
Descripción
Año 1
Año 2 y siguientes
Profesionales
40.974
121.314
Viáticos nacionales
8.248
19.784
Arriendo vehículos
7.584
29.704
Total
56.806
170.802
Por su parte, la Indicación de Mensaje N° 080 - 359 no implica un mayor gasto fiscal adicional, a aquel que se estableció previamente.
En el debate de la Comisión el señor Andrés Meneses explicó que el propósito del proyecto es establecer mecanismos e instrumentos que tiendan a asistir la libre determinación de los precios en las transacciones de productos agropecuarios, en cuanto ellos dependen de ciertas características que los compradores esperan que esos productos reúnan. Al efecto, la iniciativa establece mecanismos de muestreo y análisis que permitan tener un mayor y mejor grado de información respecto de las características del producto importado en función de las cuales el comprador determina su precio.
Así, el proyecto se estructura como una normativa de rango legal, de carácter general, que a su vez dará lugar a la dictación de distintos reglamentos por productos o tipos de productos que establecerán las metodologías de análisis, las formas de tomar las muestras, de notificar los resultados, etcétera. En él se regulan con carácter obligatorio aspectos fundamentales del proceso de transacción comercial de los productos agropecuarios, en cuanto a la medición de sus características y cantidades, conjuntamente con la certificación de los equipos que van a ser utilizados para analizar las respectivas muestras y contra muestras. De esta manera, lo que se hace en definitiva es establecer un marco legal para mejorar la transparencia del mercado específico, el pago de los productos y sus costos, y los mecanismos de solución de las controversias que se susciten a partir de las divergencias que puedan surgir con motivo de los análisis de las muestras que se hagan por los laboratorios de ensayo.
Tratándose de productos importados, se establece también un mecanismo de obtención de información que facilite la comparación de tales productos con los nacionales, antes de su internación en Chile, la que será publicada a través de los medios informáticos de que dispone la Oficina de Estudios y Políticas Agropecuarias, ODEPA .
Respecto del contenido específico del proyecto, destacó el expositor los siguientes aspectos:
1º. La creación de una nueva figura como es la del Inspector Delegado, que será un representante de las asociaciones gremiales, cooperativas o sociedades comerciales del sector productivo agropecuario, encargado de supervigilar el cumplimiento de los procedimientos que contempla el sistema, sin que las partes puedan impedir el cumplimiento de su función.
2º. Se establece para agroindustriales o intermediarios la obligación de mantener en sus establecimientos, a la vista del público, un listado de precios de referencia.
3º. Se establece la obligación para el agroindustrial o intermediario, al momento de la entrega del producto transado, de emitir una guía de entrega, documento autocopiativo que da cuenta de la cantidad, masa o volumen del producto recibido y del listado de precios de referencia, que será suscrita por las partes.
En lo que atañe a las normas que corresponde analizar a la Comisión de Hacienda, puntualizó que el proyecto le asigna al Servicio Agrícola y Ganadero ciertas facultades.
La primera de ellas consiste en llevar los registros de los laboratorios de ensayo, de ensayo arbitrador y de calibración, disponiéndose que solo éstos podrán participar del sistema que se crea, realizando los ensayos para el análisis de las muestras y contra muestras, o llevando a cabo las calibraciones de equipos e instrumental utilizados por los mismos.
En segundo lugar, se faculta al SAG para fiscalizar el cumplimiento de la ley en proyecto y sus respectivos reglamentos, estableciéndose ciertas categorías de infracciones y sanciones que serán conocidas y resueltas, en algunos casos por el propio servicio, a través del procedimiento previsto en la ley Nº 18.755, y en otros casos por los juzgados de policía local.
Por último, se establece que, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley, los procedimientos de análisis de muestras y contra muestras, o de medición, podrán realizarse por laboratorios que se encuentren en proceso de empadronamiento, pero debidamente autorizados por el SAG.
Intervinieron a continuación los Diputados señores Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Recondo , Godoy , Robles y Montes, quienes manifestaron dudas e inquietudes relacionadas, entre otras materias, con el tiempo adicional que demorará la internación al país de un producto agropecuario a raíz de la aplicación de la ley en proyecto; la posibilidad de que la certificación de los productos importados sirva también de base para el desarrollo de instrumentos de comercialización como los contratos de futuro o la bolsa de productos agrícolas; la exclusión de las transacciones realizadas al amparo de leyes especiales y su relación con los tratados internacionales vigentes; el número de casos en que los países con que Chile comercia no han velado por la calidad de los productos que exportan, como para justificar la dictación de la ley en trámite; la conveniencia de incluir en este sistema los productos forestales, atendida la necesidad de controlar las plagas que han ingresado al país con motivo de su internación, como es el caso de las termitas, y la factibilidad de comercializar un producto adquirido en el extranjero que luego no cumpla con las características requeridas.
El señor Ministro de Agricultura hizo hincapié en que a través de los reglamentos que se deberán dictar se establecerán los plazos y condiciones que permitan hacer expedito el sistema. Agregó que la ley en proyecto tiende a proteger al mediano y pequeño productor agrícola, pues durante años se ha alegado que los pesos y características de los productos transados en el extranjero y que se internan en el país no son los que corresponden. Ello ocurre con el maíz, el trigo y, especialmente, con la carne, que en Chile se tipifica muy adecuadamente, pero no existen medios técnicos para hacer lo mismo cuando viene del extranjero porque para eso el SAG tendría que instalarse en todas las plantas faenadoras de los países de origen. A partir de esta iniciativa, que no tiene efecto retroactivo, los importadores sabrán con la debida anticipación que deben enviar las muestras para asegurar que el trigo o cualquier otro producto agropecuario que pretendan internar al país reúna las condiciones que permitan homologarlo con el que se comercializa en Chile. Precisó que, en el caso del trigo, por ejemplo, el soft y el hard red winter tienen diferentes precios debido a la distinta calidad que ellos tienen, y lo que el país necesita es que se haga un examen anticipado del producto que se pretende importar para saber de qué se trata. Aclaró que este procedimiento no constituye una barrera arancelaria ni para arancelaria, por lo que no afecta a los tratados internacionales.
Por otra parte, el proyecto también tiene por objeto establecer un mecanismo para que los instrumentos que se transen en la bolsa de productos agrícolas tengan un valor cierto y para que cuando se den en garantía su calidad corresponda a lo que se está avalando.
Puntualizó que el sistema que se crea no tiene relación alguna con los países que originan los productos, sino con los importadores, que muchas veces traen a Chile mercancías de cierta calidad y las comercializan como de categoría superior. Tampoco tiene que ver con el control fitosanitario de los productos silvoagropecuarios que se importan y que está radicado legalmente en el SAG. Esto es algo netamente comercial, que se relaciona con los miles de pequeños productores que entregan maíz, trigo, etcétera, y tiene por objeto únicamente que si un importador declara que va a traer cierta clase de trigo, por ejemplo, incluya una muestra para que se analice y se determine si realmente corresponde al producto que está declarando. Esto se da mucho con las mezclas de maíz que están llegando desde Argentina y que están causando serios problemas, por lo que se les ha debido poner salvaguardias.
La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 7°, 14 y 15 del texto aprobado por ella. Por su parte, la Comisión de Hacienda incorporó a su consideración los artículos 17 y 19 por ser de su competencia, conforme al inciso segundo del número 2° del artículo 220 del Reglamento.
Puestos en votación los artículos mencionados, fueron aprobados en los mismos términos por unanimidad. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro , y Silva, don Ernesto .
Tratado y acordado en sesión de fecha 12 de junio de 2012, con la asistencia de los Diputados señores Silva, don Ernesto ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Santana, don Alejandro , según consta en el acta respectiva.
Sala de la Comisión, a 15 de junio de 2012.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
9. Informe de la Comisión Especial de Deportes, recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley del Deporte. (boletin N° 8316-29-1)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Especial de Deportes pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República , que modifica la Ley del Deporte.
A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor Gabriel Ruiz-Tagle Correa , Subsecretario de Deportes , y el asesor de dicha Subsecretaría, don Juan Andrés Dezulovic Díaz .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- Origen y urgencia.
La iniciativa tuvo su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , quien hizo presente la urgencia calificada de “suma” para el despacho de este proyecto en todos sus trámites constitucionales.
2.- Discusión general y particular.
El proyecto fue aprobado, en general y particular, por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
(Votaron a favor los señores Accorsi, don Enrique ; Browne, don Pedro ; Jiménez, don Tucapel ; Morales, don Celso ; Norambuena, don Iván ; Rosales, don Joel ; Sandoval, don David ; Verdugo, don Germán , y Walker, don Matías .).
3.- Disposiciones calificadas como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni que requieran ser aprobadas con quórum calificado.
4.- Diputado Informante .
La Comisión designó al señor Morales, don Celso , en tal calidad.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
1.- Consideraciones preliminares.-
Hace presente el Mensaje de S.E. el Presidente de la República , que en el mes de febrero del año 2001 entró en vigencia la ley N° 19.712, conocida como la Ley del Deporte. Con ella se creó una nueva institucionalidad para el Deporte en Chile y se puso en marcha la implementación de una nueva política nacional orientada a fomentar el desarrollo del sistema deportivo nacional.
Indica, a continuación, que en la implementación de esta institucionalidad se ha constatado la existencia de ciertas deficiencias para responder de manera efectiva a los desafíos y metas que impone nuestra realidad deportiva actual. Se trata de una tarea compleja, que exige reorientar los esfuerzos hacia una coordinación público-privada en su realización y un eficiente uso de los recursos en el fomento y promoción de la actividad deportiva.
En efecto, añade, que dado este diagnóstico resulta necesario efectuar ciertas modificaciones a la normativa vigente que tienen consenso tanto a nivel parlamentario y gubernamental, como en las instituciones deportivas del país.
2.- Objetivo del proyecto.-
El proyecto de ley que la Comisión Especial de Deportes somete a vuestro conocimiento tiene por objeto introducir modificaciones puntuales a la Ley del Deporte, tendientes a flexibilizar la operación de los proyectos deportivos, la mecánica de asignación de recursos y la gestión institucional en materia deportiva.
3.- Contenido del proyecto.-
En atención a lo expuesto, la presente iniciativa está constituida por un artículo único que introduce modificaciones a seis artículos permanentes de la Ley N° 19.712, cuyo contenido se expone a continuación:
a) Establecer un nuevo objetivo específico a las corporaciones que puede integrar y constituir el Instituto Nacional de Deportes de Chile.
Se agrega a la finalidad existente, respecto de Centros de iniciación y entrenamiento para el Alto Rendimiento Deportivo, la de organización e implementación de competencias deportivas de relevancia internacional. Lo anterior, para permitir una estructura funcional que integre recursos públicos y que a su vez pueda ejecutar los actos de comercio necesarios para organizar e implementar grandes competencias internacionales poli disciplinarias, como son, a vía ejemplar, los Juegos Suramericanos o Panamericanos .
b) Elimina el concurso público anual, como requisito adicional, para realizar donaciones con fines deportivos.
La ley del deporte permite que se efectúen donaciones con fines deportivos conformen los requisitos que establecen artículo 62 y siguiente de la ley.
Por otra parte, la ley dispone en su artículo 44, que anualmente deberá efectuarse un concurso público para seleccionar los proyectos susceptibles de ser financiados con cargo al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y los proyectos susceptibles de ser financiados mediante donaciones con fines deportivos. En consecuencia, para que un proyecto pueda ser financiado a través de donaciones privadas se requiere que el proyecto haya participado en el concurso público y que haya sido incorporado en el registro de proyectos deportivos de acuerdo a los requisitos que se establecen en el artículo 64 de la Ley.
Este tratamiento ha significado que en la práctica las organizaciones deportivas deban prever con mucha anticipación y con el carácter de eventual, las actividades que desarrollarán en el año siguiente, existiendo, muchas veces, importante proyectos que cuentan con el compromiso de un donante, pero que no pueden ser financiadas por no haber participado en el concurso anual.
A través del presente proyecto se elimina la mención al concurso público para que un proyecto pueda ser financiado a través de donaciones con fines deportivos manteniendo todos los otros requisitos que la ley actualmente establece.
c) Permitir la evaluación de los proyectos deportivos de organización de competencias internacionales en el año en que se realizarán.
El artículo 48 de la Ley del Deporte impone la obligación de evaluar este tipo de actividades con seis meses de anterioridad al ejercicio presupuestario en que se realizará. En la práctica, y por aplicación de la Ley de Administración Financiera del Estado, no se cuenta con la certeza de que se dispondrá de los recursos necesarios para financiar las postulaciones en el ejercicio presupuestario siguiente. Más aún, muchas veces tampoco es posible confirmar la factibilidad de que se realice efectivamente la competencia, con hasta 18 meses de anticipación.
El proyecto permite la evaluación y aprobación, en su caso, de la organización de estas competencias en el mismo año en que se realizarán. No obstante, se dispone que estas actividades estén sujetas a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
d) Flexibilizar la obligación de constituir la prohibición de gravar y enajenar los inmuebles por 40 años, en caso de financiarse proyectos de infraestructura deportiva.
En la actualidad, toda construcción o habilitación de infraestructura deportiva que se financie en todo o parte, con los recursos que establece la Ley del Deporte, debe cumplir con la constitución de una prohibición de gravar, prometer gravar o enajenar el inmueble respectivo. Dicha prohibición expira por el solo ministerio de la ley a los 40 años desde su inscripción.
La disposición tiene por finalidad asegurar el uso y destino de la inversión pública, pero al no distinguir respecto de la naturaleza privada, pública o fiscal del dueño del inmueble, así como respecto del monto de la inversión, se desnaturaliza y se convierte en un serio escollo para la debida ejecución de las políticas en materia de infraestructura deportiva.
El proyecto de ley elimina la obligación de constituir tal prohibición en las obras ejecutadas en bienes fiscales, es decir, inmuebles pertenecientes a la Administración Centralizada. En los demás casos, especialmente los de obra menor, flexibiliza el requisito, estableciendo una gradualidad de años en función a la depreciación de la inversión, de acuerdo a las normas del Servicio de Impuestos Internos.
e) Flexibilizar el monto límite de las donaciones para financiar proyectos deportivos con beneficio tributario.
Con la finalidad de que existan proyectos deportivos de mayor envergadura y calidad, la iniciativa elimina las limitaciones al monto de las donaciones para un solo proyecto deportivo, actualmente establecidas en 1.000 Unidades Tributarias Mensuales para la generalidad de los proyectos y en 8.000 de dichas unidades para el caso de los proyectos de infraestructura deportiva.
III. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en introducir modificaciones puntuales a la Ley N° 19.712, del Deporte, tendientes a flexibilizar la operación de los proyectos deportivos, la mecánica de asignación de recursos y la gestión institucional en materia deportiva.
IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.
En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales, ni que requieran ser aprobadas con quórum calificado.
V. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión recibió al señor Gabriel Ruiz-Tagle Correa , Subsecretario de Deportes , y el asesor de dicha Subsecretaría, don Juan Andrés Dezulovic Díaz .
VI. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
A juicio de la Comisión, el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda por no tener sus disposiciones incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado. En efecto, tal como lo señala el informe financiero respectivo, el financiamiento requerido para llevar a cabo las modificaciones está sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Instituto Nacional de Deportes. Asimismo, la Ley del Deporte establece una limitación general para el crédito por el total de las donaciones de un mismo contribuyente, no variando esto con la eliminación de la limitación de las donaciones propuesto por el numeral 6) del artículo único del proyecto.
VII. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR.
El proyecto en informe fue aprobado, en general y particular, por vuestra Comisión, en su sesión ordinaria de fecha 13 de junio del año en curso, con el voto favorable (9) de los señores Accorsi, don Enrique ; Browne, don Pedro ; Jiménez, don Tucapel ; Morales, don Celso ; Norambuena, don Iván ; Rosales, don Joel ; Sandoval, don David ; Verdugo, don Germán ; y, Walker, don Matías .
En el transcurso de su discusión, el señor Subsecretario de Deportes , además de refrendar los fundamentos que se contienen en el Mensaje que lo acompaña, hizo presente que la iniciativa contiene un conjunto de reformas a la ley N° 19.712 que recogen la experiencia práctica del Instituto Nacional del Deporte en la aplicación de la misma, y que tienden a resolver problemas, no necesariamente relacionados entre sí, que se han ido identificando a lo largo de los años. Agregó que se trata de modificaciones que no tienen realmente un contenido ideológico, sino que más bien se refieren a aspectos prácticos que tienen una enorme relevancia en el desarrollo de actividades y proyectos deportivos.
En particular, el señor Ruiz-Tagle señaló que se trata de 5 modificaciones: La primera de ellas, implica una reforma al objetivo específico de las corporaciones que pueda integrar o constituir el Instituto Nacional de Deportes. En efecto, si bien la ley del deporte faculta al referido Instituto a organizar corporaciones a fin de desarrollar actividades de alto rendimiento, se han apreciado serias dificultades para conseguir la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, en la medida en que la ley actual no especifica de una manera concluyente la facultad de dichas corporaciones para organizar torneos o competencias deportivas de relevancia internacional. De tal forma, afirmó que una primera modificación a la ley del deporte radica en consagrar ese objetivo.
Una segunda modificación, indicó, dice relación con el concurso público anual como requisito para realizar donaciones con fines deportivos. En efecto, explicó que en la actualidad la ley solo permite realizar donaciones con fines deportivos a través del referido concurso para seleccionar los proyectos susceptibles de ser financiados, lo cual, en la práctica, ha producido un problema serio a las donaciones, en la medida en que deben circunscribirse a dicha oportunidad. En consecuencia, la propuesta propone la eliminación de la mención al concurso público para que un proyecto pueda ser financiado a través de donaciones con fines deportivos.
En tercer término, el señor Subsecretario señaló que el artículo 48 de la ley impone la obligación de evaluar los proyectos deportivos de organización de competencias internacionales con 6 meses de anterioridad al ejercicio presupuestario; sin embargo, afirmó que, en la práctica, ocurre que normalmente el año anterior a la realización de la actividad no existe ninguna certeza de la existencia de los recursos ni tampoco de las autorizaciones internacionales para llevarla a efecto. Por tanto, se propone modificar la ley a fin de permitir que la evaluación y aprobación de la organización de este tipo de competencias se ejecute en el mismo año en que se realicen.
En cuarto lugar, el señor Ruiz-Tagle indicó que el proyecto tiende a flexibilizar la obligación de constituir la prohibición de enajenar y gravar los inmuebles durante 40 años en el caso de financiamiento de infraestructura deportiva. En efecto, aseveró que esta situación ha producido que los financiamientos de infraestructura a través del “Fondeportes” sean inexistentes, debido a que a nadie le conviene constituir un gravamen a 40 años, por ejemplo, para reparar el techo de un camarín. En este contexto, se propone eliminar la exigencia de gravámenes en bienes pertenecientes a la Administración Centralizada; y, en los demás casos, establecer una gradualidad de años en función a la depreciación de las inversiones, de acuerdo a las tablas que al efecto determina el Servicio de Impuestos Internos.
La quinta y última modificación, afirmó el Subsecretario, radica en flexibilizar el monto límite de las donaciones para financiar proyectos deportivos con beneficios tributarios. El señor Ruiz-Tagle expresó que en la actualidad, existe una limitación de 1000 UTM para la generalidad de los proyectos y 8000 UTM para el caso de proyectos de infraestructura deportiva, lo cual, calificó de una discriminación al deporte, en la medida en que el límite general para donaciones con beneficio tributario alcanza las 14000 Unidades Tributarias Mensuales al año. En definitiva, el proyecto propone que las donaciones con fines deportivos con beneficio tributario se acojan a la norma general existentes, ya que en opinión del expositor, no habría una razón lógica para establecer límites diferenciados para el caso de donaciones con fines deportivos.
Por su parte, los señores Diputados hicieron presente que comparten con el Ejecutivo el hecho de que resulta relevante dar respuesta a aquellas circunstancias que el Instituto Nacional del Deporte ha detectado como dificultosas en la aplicación de la Ley del Deporte y en el fomento de la actividad deportiva en general, especialmente respecto a la modificación del régimen de gravámenes en el caso de proyectos deportivos de infraestructura y en materia de fomento a las donaciones con fines deportivos.
Por ello manifestaron su complacencia con el Mensaje de S.E. el Presidente de la República en los términos ya expresados.
VIII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL.
No se hicieron presente en vuestra Comisión opiniones en tal sentido.
IX. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.
No existen disposiciones en tal situación.
-o-
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , vuestra Comisión Especial de Deportes os recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.712:
1) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13, la oración “cuya finalidad sea la creación, administración y desarrollo de Centros de iniciación y entrenamiento para el Alto Rendimiento Deportivo y para la formación de entrenadores”, por la siguiente: “cuya finalidad exclusiva sea la organización e implementación de competencias deportivas de relevancia internacional, o bien, la creación, administración y desarrollo de Centros de iniciación y entrenamiento para el Alto Rendimiento Deportivo y para la formación de entrenadores.”.
2) Suprímese, en el inciso segundo de su artículo 43 la expresión “concursables”.
3) En su artículo 44:
a) Suprímese, en su inciso primero, la siguiente frase precedida de una coma que pasa a ser punto seguido: “así como la selección de aquellos proyectos susceptibles de ser financiados mediante donaciones que tengan derecho al crédito tributario establecido en el artículo 62”.
b) Suprímese su inciso final.
4) En su artículo 48:
a) Suprímese la siguiente oración: “a lo menos seis meses antes del ejercicio presupuestario que corresponda a la fecha de su realización,”.
b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:
“En todo caso, los proyectos de qué trata este artículo estarán siempre sujetos a la disponibilidad presupuestaria del Instituto en el ejercicio correspondiente a la fecha de su realización.”.
5) Agrégase, en su artículo 50, el siguiente inciso final nuevo:
“La exigencia establecida en este artículo no regirá para la inversión en equipamiento e infraestructura deportiva efectuada en inmuebles de propiedad fiscal. En los demás casos, el Instituto establecerá el plazo de vigencia de la prohibición que se ordena inscribir en el inciso anterior, conforme a una tabla de depreciación de la inversión que determinará el Servicio de Impuestos Internos.”.
6) Suprímense, en su artículo 62, los cuatro primeros incisos, reemplazándolos por el siguiente primer inciso nuevo:
“Art.62. Los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta que declaren su renta efectiva sobre la base de contabilidad completa, así como los contribuyentes del impuesto Global Complementario que declaren sobre la base de renta efectiva, y que efectúen donaciones en dinero al Instituto, para ser destinadas a la Cuota Nacional o a una o más de las Cuotas Regionales establecidas en el Título IV, o para financiar proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos indicados en el artículo 43 que se encuentren incorporados en el registro a que se refiere el artículo 68, tendrán derecho a un crédito equivalente a un 50% de tales donaciones contra los impuestos indicados.”.
-o-
Se designó diputado informante , a don Celso Morales Muñoz .
Sala de la Comisión, a 14 de junio de 2012.
Tratado y acordado en sesión de fecha 13 de junio del presente año, con asistencia de los Diputados señores Accorsi, don Enrique ; Browne, don Pedro ; Jiménez, don Tucapel ; Morales, don Celso ; Norambuena, don Iván ; Rojas, don Manuel ; Rosales, don Joel ; Sandoval, don David ; Verdugo, don Germán ; y, Walker, don Matías .
(Fdo.): DÁMASO MONTEBRUNO ARRIAGADA , Abogado Secretario Accidental de la Comisión ”.
10. Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el proyecto de ley que modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el artículo 23 del decreto ley N° 3551, de 1980. (boletín Nº 8333-06)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, de origen en Mensaje.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Antes de entrar a analizar el proyecto en informe y de consignar la tramitación dada a éste por la Comisión, cabe señalar lo siguiente:
a) Que la idea matriz de la iniciativa es modificar la escala de sueldos base del personal de las municipalidades.
b) Que la iniciativa, en todo su articulado, es de rango legal común.
c) Que el proyecto, en su integridad, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
d) Que fue aprobado, en general, en forma unánime, con los votos de los diputados señores Becker, don Germán ( Presidente ); Campos, don Cristian ; Cerda, don Eduardo ; Farías, don Ramón ; Hoffmann , doña María José ; Lemus, don Luis ; Morales, don Celso ; Ojeda, don Sergio ; y Rosales, don Joel (9X0).
e) Que se designó Diputado Informante al señor Becker, don Germán .
II. ANTECEDENTES GENERALES
a) El Mensaje
Al decir de éste el objetivo principal de la iniciativa es establecer un aumento progresivo de las remuneraciones de los funcionarios municipales, en un plazo de cuatro años, al término del cual se igualen los sueldos base de estos funcionarios con los del sector público, del mismo grado, regidos por la Escala Única de Sueldos, que se desempeñan en el gobierno central.
Destaca la existencia de una brecha considerable entre ambas Escalas de Remuneraciones que se presenta en todos los escalafones, en especial desde el grado 8° e inferiores, lo que ha sido objeto de una permanente demanda de los funcionarios municipales.
El Ejecutivo hace presente que la ley N° 20.198, publicada con fecha 09 de julio de 2007, aumentó el sueldo base de la escala de este personal lo que posibilitó que, en dos años, dicha brecha pasara de un promedio de cuarenta por ciento a un máximo de veintidós por ciento; agregando que, dicha ley se financió con un aporte fiscal, de carácter parcial, y el resto fue asumido por los correspondientes presupuestos municipales.
La estimación que se efectúa del costo de eliminar la actual brecha asciende aproximadamente a veinticuatro mil millones de pesos.
Dado que el legislar materias de la naturaleza indicada, requiere aunar criterios, tanto del gobierno central, como también de las municipalidades y asociaciones de funcionarios municipales, se encomendó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo la generación de una mesa de trabajo con las organizaciones que representan a los funcionarios municipales y a las municipalidades, donde se han abordado diversas materias relacionadas con el desarrollo y perfeccionamiento del sistema municipal y, entre ellas, la necesidad de acortar la brecha en referencia.
Como fruto del trabajo de la señalada mesa de trabajo, y que contó con el acuerdo de todos sus integrantes, se adoptó el criterio que el aumento de remuneraciones se haga de manera progresiva, en un plazo de cuatro años, a cuyo fin el sistema funcione en régimen, igualando las escalas de remuneraciones, en cuanto al sueldo base, de los sectores municipal y público.
Por otra parte, señala como otro punto esencial de los acuerdos, aquél que dice relación con su financiamiento. Así los alcaldes, representados por la Asociación Chilena de Municipalidades, han considerado un cofinanciamiento, en partes iguales, entre el Fisco y las trescientas cuarenta y cinco municipalidades del país, según la dotación de planta y contrata que cada una de ellas considere, en el período de implementación de esta iniciativa legal. Para tales efectos, resalta el hecho que actualmente los recursos que disponen las municipalidades del país han observado un importante aumento; destacando que el Fondo Común Municipal pasó, de seiscientos veintiocho mil millones de pesos, el año 2010, a setecientos once mil millones de pesos, el año 2011, a lo que cabría adicionar los más de veinte mil millones de pesos que se transfirieron a los municipios, por concepto de compensación de exenciones del Impuesto Territorial en el año 2011, monto que el presente año superará los treinta y cinco mil millones de pesos; lo que lo lleva a concluir que los municipios se encontrarán en condiciones de hacer frente a este aumento de remuneraciones, sin ver afectadas sus finanzas.
b) Normativa relacionada
El artículo 65, inciso segundo N°4, de la Constitución otorga al Presidente de la República la iniciativa legal exclusiva para fijar, modificar conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepíos, de la administración pública y demás organismos y entidades a que hace referencia procedentemente el mismo artículo- entre los que alude a las municipalidades-, como, asimismo, fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirven para determinarlos.
El Decreto Ley N° 3551, de 1980, fijó normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público, exceptuando, en su artículo 21, al personal de las municipalidades del sistema de remuneraciones establecido en el Decreto Ley N° 249, de 1974, esto es, de la aplicación de la Escala Única de Sueldos para la Administración Pública, consultando para éste, en su artículo 23, una escala de sueldos base mensuales, que comprende veinte grados.
El artículo 3° de la ley N° 19.180, de 1992, aumentó el sueldo base vigente para los últimos tres grados de esta última escala.
A su vez, el artículo 4° de la ley N° 20.198, de 2007, aumentó, a contar de las fechas que indica, el mencionado sueldo base mensual, respecto de todos los grados de la misma escala y en los montos que en cada uno de ellos precisa, a ser cancelados durante los año 2007 y 2008. En su artículo 7°, figura el Fisco como cofinanciador, junto a los municipios, del mayor gasto que irrogue la aplicación de las disposiciones que señala -entre ellas las del artículo 4°- en las cantidades que indica para ambos años precitados.
III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO
a) En general
Durante la discusión en general de la iniciativa legal en informe, la Comisión escuchó a las siguientes autoridades y representante de organizaciones:
1. El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , señor Miguel Flores, señaló que el proyecto de ley, contenido en Mensaje del Ejecutivo , tiene por propósito homologar gradualmente los sueldos base de los funcionarios de planta y a contrata del sector municipal, en relación a los del sector público. Ello responde a dar solución a la situación actual, en que se presenta una “brecha” entre las escalas de remuneraciones de los funcionarios municipales, respecto a aquellas de los funcionarios del mismo grado, o equivalente, regidos por la Escala Única de Sueldos (contenida en el D.L. N°249, de 1974) que se desempeñan en el gobierno central, lo que es muy notorio, en especial desde el grado 8 e inferiores. Recordó que este proceso se viene desarrollando hace un tiempo, y en él se comprende la dictación de la ley N°20.198 (D. Of. de 09 de julio de 2007), que aumentó el sueldo base de la escala de sueldos del personal municipal, con lo que se logró, en dos años, que la brecha entre estos y los funcionarios del nivel central pasara de 40%, a un máximo de 22%. En su aplicación, el Fisco aportó parte del financiamiento inicial y, pasados los dos primeros años, este fue asumido por las municipalidades.
Agregó que el costo de eliminar la actual diferencia y que el proyecto de ley que aquí se presenta busca resolver, asciende aproximadamente a MM $ 24.000.- (veinticuatro mil millones de pesos), gasto que se abordará de forma progresiva, para, en un plazo de cuatro años, cerrar definitivamente dicha brecha. Al efecto, los contenidos fundamentales del proyecto apuntan, por una parte, a disponer tal aumento progresivo para lograr, en el plazo indicado, igualar los sueldos base de este personal con el que corresponde a los funcionarios públicos del mismo grado, regidos por la Escala Única de Sueldos, que se desempeñan en el gobierno central; y, por la otra, contemplar el cofinanciamiento del gasto necesario, entre el Fisco y las municipalidades, según la dotación de planta y contrata que cada una de ellas considere, en el período de implementación de la iniciativa.
Describió, a continuación, el procedimiento con que se desarrollará el proceso de homologación, detallando que, a contar del día primero del mes subsiguiente al de publicación de la ley, se adicionará al sueldo base (municipal) vigente, un monto en dinero, para cada grado y aclaró que dicho aumento no afectará la determinación del monto de las asignaciones, otros emolumentos o incrementos, que no se calculen en relación al sueldo base de la “escala de sueldos del personal municipal”, contenida en el artículo 23 del D.L. Nº 3551, de 1980
A partir del año 2013 (bajo el supuesto de que la ley sea publicada durante 2012), los montos en la tabla serán reajustados, anualmente, en el mismo porcentaje que se reajusten las remuneraciones de los trabajadores del sector público. La suma resultante se adicionará al sueldo base vigente, a contar del mes de enero del año respectivo. El resultado del proceso será que, para el año 2015, se igualarán los sueldos base de los funcionarios municipales, al de la EUS.
En forma complementaria, el proyecto de ley otorga un bono, no imponible ni tributable, equivalente a la suma de las diferencias mensuales que represente la aplicación del aumento de los sueldos base para el año 2012, en las remuneraciones brutas de carácter permanente del funcionario municipal y el monto efectivamente percibido por los mismos conceptos, en los meses en que hubiere prestado servicios entre el 1° de enero de 2012 y el mes siguiente a la publicación de la presente ley.
Agregó que, para evitar que el aumento gradual de sueldos base lleve a un estancamiento de la carrera profesional, los funcionarios municipales de las plantas de directivos, profesionales o jefaturas que se acojan a un incentivo al retiro, calcularán éste en base a la remuneración que resulte de incluir los aumentos en los sueldos base que le correspondería percibir a enero de 2015.
Finalmente, agregó que para los efectos de contribuir al financiamiento de esta solución, el Fisco aportará a las municipalidades, durante los años 2012 y 2013, la cantidad de MM $ 6.000, en cada uno de dichos años. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dictará, en cada caso, una resolución que determinará los montos que a cada municipalidad le correspondan, y advirtió que los recursos recibidos por los municipios solo podrán destinarse al pago de aumentos remuneracionales.
2. El alcalde de la I. Municipalidad de Cabildo y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), señor Eduardo Cerda , señaló que la agrupación que representa se encuentra plenamente de acuerdo con los propósitos y el contenido del proyecto de ley en debate, el que, recordó, es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno (representado por el Ministro de Hacienda y el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo), la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), y la ACHM, quienes suscribieron un Protocolo de Acuerdo en términos de impulsar esta legislación, a partir de una iniciativa de la Asemuch denominada “El Vencimiento de las Desigualdades” entre el sector municipal y el público centralizado.
Agregó que la necesidad de legislar en la materia obedece a que los municipales son, y seguirán siendo por un tiempo más, los sueldos más bajos de todo el sistema público, y razón por la cual la ACHM espera la más pronta aprobación y publicación de esta nueva ley.
3. El Presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), señor Oscar Yañez , señaló que en el Protocolo de Acuerdo suscrito entre el Gobierno, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asemuch se diseñó una agenda para la superación de las desigualdades entre los empleados municipales y los de la administración del Estado, no solo en el orden remuneracional sino en muchos aspectos en que los municipales son desfavorecidos. Ejemplificó lo anterior con lo que sucede con el pago a propósito de los PMG, o “Planes de Mejoramiento de la Gestión”, en los que los funcionarios de la Contraloría General de la República perciben un 200% más que lo que reciben los municipales; o con el hecho de que ellos no perciben “asignación profesional”, a diferencia de quienes trabajan en la administración del Estado.
Afirmó que, en consecuencia, los trabajadores de las municipalidades están plenamente de acuerdo con el proyecto de ley presentado por el Gobierno ante la Comisión, y abogó por su más pronta aprobación, pues se trata de un proyecto plenamente consensuado entre los funcionarios, sus empleadores y el Gobierno.
Sin perjuicio de lo dicho, advirtió que, en muchas ocasiones, una vez publicada una ley, la Contraloría General de la República suele hacer de ella interpretaciones reñidas con el espíritu que inspiró la legislación, como ya sucedió con el Dictamen N°8466 respecto de la ley que con igual propósito que la que aquí se discute, se publicó en el año 2007. Para evitar que se repita lo anterior, es que la ASEMUCH preparó un análisis del proyecto que se contiene en un documento, del que hace entrega en este acto, y que se anexará al acta respectiva.
b) En particular
Como se señalara, el proyecto consta de cuatro artículos permanentes y tres transitorios, los que fueron objeto del siguiente tratamiento por parte de esta Comisión:
Artículo 1°
Éste, que dispone que los municipios deberán aumentar la escala de sueldos base mensuales, fijados en el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980, para cada uno de los años -entre el 2012 y el 2015, ambos inclusive-y en los montos que respecto de cada grado, comprendido entre el 3 y el 20, determina; para, luego, establecer que dichos sueldos base se incrementarán según el procedimiento que en él se contempla, para cada año del período indicado.
La Comisión lo aprobó, sin variaciones, por unanimidad (9x0), con los votos de los señores Becker (Pdte); Campos; Cerda ; Farías ; Hoffmann , doña María José ; Lemus ; Morales ; Ojeda y Rosales .
Artículo 2°
Esta disposición consulta un bono, a ser pagado de una vez, calculado según el método que indica y en los meses en que hubieren prestado servicios entre el 1 de enero de 2012 y el mes siguiente a la publicación de la presente ley, solo a quienes se encuentren en funciones a dicha fecha.
La Comisión aprobó este artículo por igual votación (9x0) y con la participación de los mismos señores Diputados individualizados precedentemente.
Artículo 3°
Éste preceptúa que el aumento señalado en el artículo 1°, no tendrá incidencia en la determinación del monto de las asignaciones, otros emolumentos o incrementos que no se calculen en relación al sueldo base.
La Comisión le prestó su aprobación, en los mismos términos propuestos, también por unanimidad (9x0), con los votos de los señores Diputados ya indicados.
Artículo 4°
Esta norma, que prescribe que el mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley será de cargo exclusivo de los municipios.
La Comisión lo aprobó por igual votación (9x0), sin variación, y con los votos de los mismos señores Diputados.
Disposiciones transitorias.
Artículo primero
Éste dispone una contribución del Fisco a las municipalidades, durante los dos primeros años de aplicación de la ley en proyecto, de seis mil millones de pesos, en cada uno de ellos.
Agrega que la Subdere, mediante resolución, que será visada por Dipres, determinará las sumas que a cada municipio le corresponda por la aplicación de los artículos 1° y 2°, debiendo éstos acreditar la dotación efectiva de personal, considerando los funcionarios de planta y a contrata y el costo involucrado.
Fija un plazo de treinta días, contados desde la fecha que sea publicada esta ley, para que las municipalidades soliciten el aporte fiscal correspondiente al año 2012, y que para el año 2013 aquella solicitud habrán de efectuarla dentro del primer trimestre de dicho año.
Finalmente, dispone que los municipios solo podrán destinar los fondos que les sean transferidos en virtud del presente artículo al pago de los aumentos establecidos en los artículos 1° y 2°.
La Comisión lo aprobó igualmente por asentimiento unánime (9x0), con los votos de los mismos señores Diputados.
Artículo segundo
Esta disposición se ocupa de establecer que para el retiro voluntario que se otorgare durante la aplicación de la presente ley y a que pudiere tener derecho un funcionario perteneciente o asimilado a las plantas de Directivos, Profesionales o Jefaturas, con motivo de haber cesado en sus funciones por haber cumplido determinadas edades y en relación a los años de servicio prestados, se habrá de considerar la remuneración que resulte de incluir los aumentos en los sueldos bases que le corresponderían a enero de 2015.
La Comisión le prestó su aprobación por mayoría de votos (6+3), con los votos de los señores Becker ( Presidente ); Brown ; Cerda ; Hoffmann , doña María José ; Morales ; Ojeda; Rosales y Ward. Se abstuvieron los señores Campos; Farías y Lemus .
Artículo tercero
Esta norma regula la situación de aquellos funcionarios que se encuentren en la situación prevista en el artículo anterior y, además, tengan, a lo menos, 10 años de servicio continuos o no en la administración municipal, otorgándoles el derecho adicional a un bono especial, no imponible, equivalente a 100 UF, que no constituirá renta para ningún efecto legal, siempre que cumplan, copulativamente, con los requisitos que taxativamente señala.
Finalmente, prescribe que la Subdere, para facilitar que todos los municipios cumplan con la normativa de este artículo, habrá de publicar en su página web un formato destinado a tales propósitos.
La Comisión manifestó un comportamiento similar que respecto de los demás artículos de esta iniciativa, aprobándolo por unanimidad (9x0).
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS
No hay normas en esta condición.
V. ARTÍCULOS E INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES
No hay normas en esta condición.
-o-
Concluida la discusión y votación del proyecto, la Comisión somete a consideración de la H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Las municipalidades aumentarán, de conformidad con lo establecido en esta ley, la escala de sueldos bases mensuales, establecida en el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980 y sus modificaciones posteriores, para cada uno de los años y en los montos que para cada grado se indican:
Grados
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
3
5.483
4.154
3.656
3.323
4
4.466
3.383
2.977
2.706
5
3.960
3.000
2.640
2.400
6
14.207
10.763
9.471
8.610
7
12.494
9.465
8.329
7.572
8
19.060
14.439
12.707
11.551
9
19.674
14.905
13.116
11.924
10
17.538
13.286
11.692
10.629
11
16.260
12.319
10.840
9.855
12
15.037
11.392
10.025
9.113
13
13.919
10.545
9.280
8.436
14
12.869
9.749
8.579
7.799
15
11.882
9.002
7.922
7.201
16
11.215
8.496
7.476
6.797
17
10.301
7.804
6.868
6.243
18
9.545
7.231
6.364
5.785
19
9.050
6.856
6.033
5.485
20
8.478
6.423
5.652
5.138
Los montos antes señalados se adicionarán a los sueldos bases mensuales según el siguiente procedimiento:
i) A contar del día primero del mes subsiguiente al de publicación de la ley, se adicionará al sueldo base vigente el monto indicado en la columna “año 2012”, para cada grado.
ii) A contar del 1° de enero de 2013, los montos de la columna “año 2013” serán reajustados en el mismo porcentaje que se reajusten las remuneraciones de los trabajadores del sector público a contar del 1°de diciembre de 2012. El monto resultante se adicionará al sueldo base vigente a contar del mes de enero de 2013.
iii) A contar del 1° de enero de 2014, los montos de la columna “año 2014” serán reajustados acumulativamente en los porcentajes de los reajustes de remuneraciones que se hayan otorgado a los trabajadores del sector público a contar del 1° de diciembre de 2012 y 2013. El monto resultante se adicionará al sueldo base vigente, a contar del mes de enero de 2014.
iv) A contar del 1° de enero de 2015, los montos de la columna “año 2015” serán reajustados acumulativamente en los porcentajes de los reajustes generales de remuneraciones del sector público que hubiere correspondido a contar del 1° de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014. El monto resultante se adicionará al sueldo base vigente a contar del mes de enero de 2015.
Artículo 2°.- Otórgase un bono no imponible ni tributable, equivalente a la suma de las diferencias mensuales que represente la aplicación del aumento de los sueldos bases para el año 2012 dispuesto en el artículo 1°, en las remuneraciones brutas de carácter permanente del funcionario y el monto efectivamente percibido por los mismos conceptos, en los meses en que hubiere prestado servicios entre el 1° de enero de 2012 y el mes siguiente a la publicación de la presente ley. Este bono se pagará en una sola cuota, en la misma oportunidad dispuesta en la letra i) del artículo anterior, solo a quienes se encuentren en funciones a dicha fecha.
Artículo 3°.- El aumento dispuesto por el artículo 1° de esta ley, no afectará la determinación del monto de las asignaciones, otros emolumentos o incrementos que no se calculen en relación al sueldo base de la escala de sueldos del personal municipal, contenida en el artículo 23 del DL 3551/80.
Artículo 4º.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley será de cargo exclusivo de los municipios.
Disposiciones transitorias.
Artículo primero.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para los efectos de contribuir a su financiamiento, el Fisco aportará a las municipalidades, durante los años 2012 y 2013, la cantidad de $6.000.000.000.- (seis mil millones de pesos), en cada uno de dichos años.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, mediante resolución, que será visada además por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, determinará los montos que a cada municipio le corresponda por la aplicación de los artículos 1° y 2° de esta ley. Para estos efectos, dichos municipios deberán acreditar, mediante certificación de los respectivos secretarios municipales, la dotación efectiva de personal, considerando los funcionarios de planta y a contrata y el costo involucrado.
Las municipalidades tendrán que solicitar el aporte fiscal correspondiente al año 2012 dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley. Respecto al aporte fiscal para el año 2013, éste deberá solicitarse dentro del primer trimestre de dicho año.
Las municipalidades solo podrán destinar los fondos transferidos en virtud del presente artículo al pago de los aumentos establecidos en los artículos 1° y 2° de la presente ley.
Artículo segundo.- Para el cálculo de la bonificación por retiro voluntario que se otorgare durante la aplicación de la presente ley y a que pudiere tener derecho un funcionario municipal perteneciente o asimilado a las plantas de Directivos, Profesionales o Jefaturas, en razón de haber cesado en sus funciones por tener cumplidas determinadas edades y en relación a los años de servicio prestados, se considerará la remuneración que resulte de incluir los aumentos en los sueldos bases que le correspondiere a enero de 2015, de conformidad con la tabla contenida en el artículo 1° de esta ley.
Artículo tercero.- Los funcionarios municipales que se encuentren en la situación prevista en el artículo anterior y que tengan, a lo menos, 10 años de servicio continuos o discontinuos en la administración municipal, tendrán derecho, además, a un bono especial no imponible equivalente a 100 UF, que no constituirá renta para ningún efecto legal, sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos copulativos:
1. Que los funcionarios respectivos estén calificados en lista 1 ó 2, en el momento de la cesación de sus funciones
2. Que, además, hayan preparado un informe que contenga la relación de las principales actividades realizadas en el desempeño de sus funciones durante los 12 meses previos a la entrega del informe, indicando el estado en que se encuentren y los principales problemas detectados.
3. Que, en el mismo documento señalado en el número anterior o en otro específico, elaboren un manual que explique el rol desempeñado, sus relaciones con las diferentes jefaturas y unidades correspondientes, dando cuenta de su experiencia. Dicho documento deberá servir como texto para facilitar la capacitación, formación y orientación de los nuevos funcionarios que pasen a ocupar las vacantes, como antecedente para la realización de reformas o cambios que sea conveniente efectuar para el mejoramiento de la gestión institucional. Especial relevancia deberá darse a los aspectos vinculados a la probidad y transparencia.
4. El o los informes con los contenidos señalados en los números 2 y 3 anteriores deberá entregarse, a lo menos, dos meses antes de la cesación de funciones y ser aprobado por el jefe superior respectivo o quien lo subrogue, dentro de los 30 días siguientes a su recepción. En caso de existir reparos al informe, éstos deberán ser notificados al funcionario dentro del mismo plazo. El funcionario contará con los siguientes 30 días para proceder a su corrección y, en caso de no efectuarla oportunamente, perderá el derecho al bono.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional elaborará un formato para el cumplimiento de lo establecido en este artículo, que deberá estar disponible en la página web de esa Subsecretaría, para todas las municipalidades.
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión de 12 de junio de 2012 con la asistencia de los señores Becker, don Germán ( Presidente ); Browne, don Pedro ; Campos, don Cristián ; Cerda, don Sergio ; Farías, don Ramón ; Hoffmann , doña María José ; Morales, don Celso ; Ojeda, don Sergio ; Rosales, don Joel y Ward, don Felipe .
Sala de la Comisión, a 15 de junio de 2012.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión ”.
11. Informe de la participación del diputado señor Urrutia , en la instancia de Parlamentarios por las Américas, con motivo de la 28a. Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, celebrada en la ciudad de Valparaíso, Chile, entre los días 11 y 12 de mayo.
Introducción
ParlAmericas celebró la 28.° reunión del Consejo de Administración (anteriormente denominado Comité Ejecutivo ) en la ciudad de Valparaíso, Chile, inmediatamente después de la reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias que tuvo lugar en esa ciudad. Varios de los miembros del Consejo de Administración participaron de dicha reunión, en tanto los demás estuvieron complacidos de visitar la histórica ciudad portuaria. Los participantes agradecieron al anfitrión, Ignacio Urrutia Bonilla , miembro de la Cámara de Diputados. por la hospitalidad que recibieron en Valparaíso.
Los objetivos principales de la reunión fueron conocer el progreso de los preparativos para la 9° Asamblea Plenaria de ParlAmericas que se celebrará en Panamá, recibir las distintas novedades del Consejo de Administración y del personal de la Secretaría y considerar nuevas reglamentaciones preliminares que se están preparando para ParlAmericas, que comprenden varios aspectos relativos a la gobernanza de la organización.
1. Apertura de la reunión
El Sr. Randy Hoback , presidente de la reunión, inauguró la sesión y dio la bienvenida a los asistentes. además de agradecer a la Cámara de Diputados de Chile por apoyar a ParlAmericas y por ser sede de la reunión.
Ignacio Urrutia , miembro de la Cámara de Diputados, pronunció unas palabras de bienvenida ante los asistentes. Explicó que la reunión se estaba llevando a cabo en la biblioteca del Congreso Nacional, edificio que comparten el Senado y la Cámara de Diputados, compuesto por dos torres idénticas comunicadas por un solo piso. A continuación, les deseó a los miembros del Consejo de Administración una reunión exitosa y expresó su anhelo de que todo los participantes tengan una buena experiencia en ese maravilloso país.
El presidente Hoback presentó luego a todos los presentes y se lamentó por la ausencia de los que no pudieron concurrir, entre ellos la senadora Edmonde Beauzile , cuyo mandato como senadora de Haití habia finalizado y por lo tanto no pudo participar. (Para ver la lista completa de asistentes, remítase al Apéndice A).
2. Aprobación del orden del día
El presidente Hoback puso a consideración de los miembros el orden del día preliminar de la reunión Los miembros del Consejo de Administración se manifestaron de acuerdo con la propuesta y aprobaron el orden del día. (Moción de Víctor Juliao III (Panamá), secundada por Adriana González (México )).
3. Aprobación del Informe de la 27.' Reunión del Consejo de Administración
Luego se sometió a consideración de la reunión el informe de la 27.a reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, celebrada en Manzanillo, México , el 24 y 25 de febrero de 2012, Se observó un solo cambio, a saber, la eliminación del nombre de Víctor Juliao de la lista de miembros del comité permanente de recaudación de fondos, conforme a la sección 12 del informe El informe se aprobó con un cambio. (Moción de Alberto Grillón (Paraguay), secundada por Víctor Juliao (Panamá)).
4. Informe del Presidente
El presidente Hoback hizo referencia a su informe escrito al brindar a los miembros del Consejo de Administración una actualización sobre sus actividades desde la última reunión, en febrero de 2012. Enumeró las reuniones que celebró con una delegación de Cuba y otra de México. Asimismo. comentó que se reunió con miembros de la comunidad diplomática, incluyendo al Embajador de Ecuador y al Embajador de Guatemala .
Comentó también que se reunió con Stephen Harper , el Primer Ministro de Canadá , para informarle sobre las actividades de ParlAmericas, y que dio una conferencia en una Reunión Especial del Consejo Permanente de la OEA , a pedido de este último, en la que habló sobre la importancia del diálogo regional y de la función que podría desempeñar ParlAmericas en dicha iniciativa.
Asimismo, el Sr. Hoback encabezó una delegación de ParlAmericas en reuniones parlamentarias previas a la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia. y luego se unió al Primer Ministro de Canadá para la Cumbre en sí y para una reunión bilateral en Chile.
Por último, el presidente Hoback habló sobre una reunión con una delegación de Uruguay, en la que participó el Sr. Jaime Trabo , presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes , y en la que se debatieron la cooperación regional y un acuerdo sobre principios políticos y económicos
5. Informe sobre la Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias
El presidente Hoback le cedió la palabra a la representante Linda Machuca Moscoso , que habló sobre la Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias (GdMP), que se extendió a lo largo de dos jornadas y que habla finalizado el dia anterior. La Sra. Machuca reconoció el buen desempeño de todos los que participaron: el asesor del GdMP, los miembros de la Secretaria Técnica y el personal del Congreso de Chile.
Asistieron 44 parlamentarias de 22 paises, varias de ellas de paises que tradicionalmente no participan en ParlAmericas, incluyendo el Caribe, por lo que se manifestó muy complacida con el alto grado de participación. Linda Machuca afirmó que si bien fue un desafio administrar los tiempos y finalizar las recomendaciones resultantes de la reunión, existe el compromiso de divulgar las conclusiones y recomendaciones finales dentro de un breve lapso.
Además habló sobre otros asuntos que enfrenta el GdMP, entre ellos la necesidad de contar con métodos más claros para la toma de decisiones y con procesos para temas tales como el financiamiento de la participación de las parlamentarias, las prácticas relacionadas con los observadores, definir el anfitrión de las reuniones y decidir el tema central sobre el que versarán.
En los debates se elogió el desempeño de Linda Machuca como presidenta del GdMP y el gran esfuerzo de todo el equipo para organizar un evento tan exitoso; se hicieron sugerencias para definir el enfoque de la próxima reunión: se formularon preguntas sobre la participación de parlamentarios; se valoró el hecho de haber logrado comprender en mayor profundidad las realidades que enfrentan las mujeres en la región; se reconoció que la diversidad es una de las principales fortalezas de la organización y también la necesidad de equilibrar la cantidad y calidad de la participación y las intervenciones, y se destacó la necesidad de volver a focalizar la metodología para las reuniones de modo de obtener una conclusión concreta y focalizada.
La diputada María Jeannette Ruiz Delgado felicitó y agradeció a todos aquellos que intervinieron en la organización de la reunión y sugirió que la próxima reunión del GdMP esté centrada en la realidad económica y social de las mujeres. Asimismo, propuso que Costa Rica sea el anfitrión de la reunión de 2013, ya que tiene una presidenta, y el hecho de que celebrar la reunión alli constituiría un importante respaldo para ParlAmericas y a su renombre en la región.
Se produjo luego un debate acerca de los méritos de esta propuesta y del hecho de que otro pais también se había ofrecido a ser el anfitrión de la reunión del GdMP de 2013, a la sazón Surinam, el año anterior.
Se acordó que la Secretaría coordinará un proceso formal para determinar qué país será el anfitrión, incluyendo la distribución de la lista de verificación de planificación y aplicación utilizada por la Secretaría, el desarrollo de criterios específicos para tomar la decisión y la solicitud de propuestas de cada país interesado.
Se acordó, también, que la decisión definitiva la tomará el Consejo de Administración (posiblemente por correo electrónico) antes de la reunión de agosto en Panamá.
6. Reconsideración de la Declaración sobre Migración Internacional
El presidente Hoback les recordó a los miembros que esta iniciativa se presentó en la reunión anterior del Consejo de Administración celebrada en Manzanillo, México , y que los miembros del Consejo propusieron reconsiderar el tema y volver a tratarlo más adelante. Le cedió entonces la palabra a Linda Machuca , quien afirmó que se habían realizado algunos cambios y se había enviado la versión revisada a los miembros del Consejo de Administración poco después de la reunión en Manzanillo. La Sra Machuca destacó que nuestros países tienen grandes cantidades de migrantes que viven en Estados Unidos y que en vista de las próximas elecciones, quería hacer este comunicado para intentar mejorar su situación.
Se debatió sobre la resolución, respecto de la cual algunos miembros se pronunciaron a favor de tomar una postura política fuerte, mientras que otros demostraron inquietud por el hecho de que el texto está dirigido solamente a un estado miembro, en lugar de dirigirse a la situación de los derechos humanos en todos los paises con una importante población de inmigrantes latinoamericanos.
Se acordó que se modificará el texto del documento para que en lugar de estar dirigido solamente a Estados Unidos su aplicación sea más amplia, y que el documento revisado se enviará al Consejo de Administración para su aprobación vía correo electrónico con instrucciones claras y un plazo para responder.
7. Actualización sobre las actividades recientes de los miembros del Consejo de Administración No hubo actualizaciones por parte de los miembros del Consejo de Administración.
8. Informe de la Secretaría Técnica
8.1 Informe de la Directora General
El presidente Hoback le cedió la palabra a Gina Hill , Directora General de ParlAmericas . Esta última hizo referencia al informe escrito que se distribuyó entre los miembros y destacó el alto nivel de presentación de informes a la ACDI con el que se cumple en este momento del ciclo; los debates en curso sobre el interés de Perú de establecer un capitulo de ParlAmericas; los desafíos y éxitos de las reuniones celebradas junto con el Parlamento Andino inmediatamente antes de la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia y el posible interés del Banco Mundial en asociarse con ParlAmericas. Asimismo, le informó al Consejo de Administración que los trabajos de construcción afectarán el entorno de trabajo de la Secretaria y que el personal probablemente se tenga que reubicar durante un tiempo.
8.2 Informe del programa desde la última Reunión del Consejo de Administración y presentación financiera
Se le cedió la palabra a Viviane Rossini , la Gerente de Programa, para que tratara las notas del programa y expusiera la situación financiera de la organización. En su intervención, revisó el presupuesto previsto y las cifras reales, e informó que los gastos estarán muy cerca de las cifras meta del presupuesto para el presente trimestre. Además. hizo mención a la tabla con las contribuciones de los miembros, que muestra los pagos realizados hasta fines de abril de 2012.
Los debates posteriores incluyeron comentarios sobre la lógica de un sistema de cuotas de membresia que no brinda una indicación precisa de los ingresos confiables y deliberaciones sobre los procesos utilizados para determinar qué países pagan los viajes de los participantes a determinados eventos, cómo se toma la decisión en los casos en que hay dos cámaras y si es decisión del Consejo de Administración o si es una decisión operativa. La Secretaría explicó cómo se toman dichas decisiones en la actualidad, y el Presidente afirmó que es importante que la Secretaria aplique un proceso justo supervisado por el Consejo de Administración. El Presidente también advirtió sobre la microgestión.
9. Consideración de la Declaración de Cartagena
El presidente Hoback presentó la Declaración resultante de las reuniones celebradas en Cartagena, Colombia, inmediatamente antes de la Cumbre de las Américas. Explicó que los organizadores del diálogo parlamentario habían volcado previamente por escrito la declaración, que no se tradujo hasta el dia del evento, lo cual hizo imposible preparar y llevar a cabo las consultas pertinentes. Después de debatirlo con otros miembros de la delegación de ParlAmericas, el presidente Hoback decidió no adoptar ninguna posición sin conocer la opinión del Consejo de Administración. A continuación, solicitó la orientación del Consejo sobre el desarrollo de un proceso para las oportunidades en las que se trabaje con otros grupos.
Se produjo luego un debate acerca del contenido y del proceso, que incluyó comentarios sobre la valoración de la postura neutral que tomó el diputado Hoback en aquel momento; si el principio de que el jefe de la delegación puede tomar decisiones en el momento es el enfoque adecuado para ParlAmericas; la observación de que la Declaración final no expresa con precisión los debates que se llevaron a cabo y el desafío político que representan algunos asuntos, por ejemplo con respecto a Cuba y a las islas Malvinas ( Falkland Islands ) Se sugirió que, a menos que haya una resolución del Consejo de Administración que apruebe una declaración específica, los presentes en cualquier reunión dada pueden participar como observadores y ser reconocidos como tales, pero no tendrán permitido suscribir nada en nombre de la organización.
Se decidió que ParlAmericas no suscribirá la Declaración de Cartagena y que se informará de ello al Parlamento Andino.
10. Comité Permanente - Asamblea Plenaria 10.1 Logística
El presidente Hoback le cedió la palabra a Víctor Juliao , representante de Panamá , el país anfitrión de la 9ª Asamblea Plenaria. El diputado Juliao revisó la agenda y observó que podría sufrir algunos cambios. Comentó que se esperan hasta 150 asistentes y que todo número superior a 100 será satisfactorio. Además informó sobre su visita al Hotel Trump y explicó que también se está considerando el Hotel Hard Rock, ya que ofrece mejores tarifas, Las oficinas de Protocolo y Cancillería se encargarán del evento bajo la supervisión de Victor Juliao .
Los miembros deliberaron acerca de la necesidad de mantener coherencia en el uso del logo de la organización y destacaron la decisión previa de no permitir que se modifique el logo para los eventos.
10.2. Oradores y otros asuntos
El presidente Hoback les solicitó a los miembros que envíen a la Secretaría sus sugerencias para los oradores principales a la mayor brevedad posible.
Los miembros debatieron sobre la lista de especialistas propuestos para los Grupos de Trabajo y sugirieron que se centre principalmente en expertos del continente americano y que haya una representación equilibrada de las distintas perspectivas respecto de los ternas más controvertidos. Se señaló que es necesario un método para controlar la duración de las intervenciones de los participantes que pueda utilizarse en todas las sesiones.
El Consejo de Administración también revisó los puestos en el Consejo que se someterán a elección en la 9.a Asamblea Plenaria.
11. Comité permanente - Gobemanza del Consejo de Administración y gobemanza de la organización
11.1. Confirmación del cargo de secretario/tesorero
El presidente Hoback le cedió la palabra a Adriana González Carrillo , quien les recordó a los miembros que en Paraguay se había designado a Germán Blanco, de Colombia, como secretario/tesorero provisional. Sugirió que el Consejo de Administración confirme a Germán Blanco en el cargo. (Moción de Adriana González (México) , secundada por Linda Machuca (Ecuador)).
11.2. Herramientas de gobernanza y reglamentaciones propuestas
El presidente Hoback planteó el tema de las reglamentaciones propuestas, recordándoles a los miembros que Michel Rathier está trabajando junto con ParlAmericas como consultor en temas clave relacionados con el Plan Estratégico aprobado por la Asamblea Plenaria en 2011, incluyendo la versión preliminar de las nuevas reglamentaciones de la organización.
El señor Rathier afirmó que las reglamentaciones anteriores del FIPA ya no son representativas de lo que es ParlAmericas hoy y que es necesario un documento de gobernanza renovado y más exhaustivo. Aclaró que este es un documento preliminar, en el cual hace falta elaborar algunas secciones, y que se considera que las reglamentaciones organizacionales constituyen un documento dinámico, que se debe actualizar y mejorar constantemente. Respecto de la elaboración de la versión preliminar. el señor Rathier analizó las reglamentaciones anteriores del FIPA para mantener aquello que sea pertinente e incorporó las mejores prácticas de la industria con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales.
Luego explicó el proceso para la presente reunión y aclaró que la versión preliminar se modificará tomando en consideración los comentarios del Consejo de Administración. El objetivo es que para fines de junio, los miembros del Consejo de Administración reciban una propuesta preliminar completa, luego de lo cual tendrán un mes para enviar sus cometarios y recomendaciones, que se incorporarán posteriormente a la versión definitiva Finalmente, se convertirá en una resolución que el Consejo deberá considerar y aprobar en la reunión del Consejo de Administración que se llevará a cabo en Panamá en el mes de agosto.
El Consejo de Administración pasó luego a considerar el documento que se había distribuido previamente por correo electrónico. El señor Rathier los guió a través de los capítulos, destacando los cambios o agregados significativos y enfocándose en las áreas de mayor importancia. Se tomó nota de todos los debates, comentarios y solicitudes de cambios, que se incorporarán en la próxima versión preliminar.
Se acordó que Michel Rathier trabajará junto con la Secretaría para preparar y distribuir la próxima versión preliminar de las reglamentaciones, la cual se enviará a los miembros del Consejo hacia fines de junio. Luego, el Consejo de Administración tendrá algunas semanas para enviar los comentarios y, transcurrido el plazo, se preparará la versión definitiva para la reunión del Consejo que se celebrará en agosto.
12. Otros Informes de los Comités Permanentes
-Recaudación de fondos
-Miembros de la organización
-Candidaturas para el Consejo de Administración
-Proyectos y programas
El presente punto de la agenda se postergó para la próxima reunión.
Se le solicitó a la Secretaria que continúe trabajando con los presidentes para que los Comités Permanentes estén listos y operativos.
13. Otros asuntos y cierre de la reunión
13.1. Lugar y fecha de las 29.a y 30.a Reuniones del Consejo de Administración
La 29ª Reunión del Consejo de Administración se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 29 de agosto, un día antes de la Asamblea Plenaria. Será una reunión de jornada completa y se recomienda a los miembros del Consejo viajar el día anterior.
El presidente Hoback observó que es posible que no pueda viajar a Panamá a tiempo para asistir a la reunión del Consejo, en cuyo caso será el vicepresidente quien presida la reunión.
El diputado Germán Blanco propuso la ciudad de Medellín, Colombia, como sede de la 30 a reunión del Consejo de Administración, programada para febrero de 2013. Aclaró que el anfitrión de la reunión no será el Congreso, sino él mismo, en calidad de miembro del Consejo. El Consejo recibió con beneplácito su sugerencia.
El presidente Hoback dio por finalizada la reunión después de comentar que fue un encuentro satisfactorio y productivo. Agradeció al señor Rathier por compartir sus conocimientos y orientar a los asistentes sobre las reglamentaciones, y manifestó su especial agradecimiento a Chile por ser anfitrión tanto de la reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias como de la reunión del Consejo de Administración. También agradeció al personal del Congreso, a los intérpretes y a los miembros de la Secretaría, destacando su aprecio por su ardua labor.
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente Hoback declaró finalizada la reunión.
Apéndice A: Lista de participantes
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente
- Randy Hoback , diputado (Canadá) Primer Vicepresidente
- Diputado Víctor Juliao III (Panamá) Segunda Vicepresidenta y Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias
-Linda Machuca Moscoso miembro de la Asamblea Nacional (Ecuador) América del Norte
- Senador Michael L. MacDonald (Canadá)
-Senadora Adriana González Carrillo (México)
América Central
- María Jeannette Ruiz Delgado (Costa Rica)
- Claudio Roberto Perdomo Interiano (Honduras)
América del Sur
- Diputado Ignacio Urrutia Bonilla (Chile)
- Diputado Germán Alcides Blanco Álvarez (Colombia)
-Senador Alberto Grillón Conigliaro (Paraguay)
SECRETARÍA TÉCNICA DE PARLAMERICAS
-Gina Hill ( Directora General )
- Viviane Rossini ( Gerente de Programa )
- Thais Martin Navas (Responsable de Proyectos y Comunicaciones)
- Marcelo Virkel (Asistente de logística y administración)
OTROS INVITADOS y PARTICIPANTES
- Michel Rathier (Asesor)
-Leif-Erik Aune (Parlamento de Canadá)
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUSENTES
-Por designar (Haití)
-Armando Torres Aguirre (Cuba)
-Por designar (El Salvador )
Moción de los diputados señores Tarud , Aguiló , Bobadilla , González , Monsalve y Venegas, don Mario y de la diputada señora Girardi , doña Cristina . Reforma Constitucional que modifica el artículo 19 N°11, que establece el deber del Estado de fijar aranceles máximo de carreras de educación superior. (boletín N°8375-07)
“Honorable Cámara:
La educación en general, y la superior en particular, constituyen para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas uno de los bienes más preciados.
Aún pervive, con fuerza, la idea, que hasta hace no mucho fue una realidad incuestionable, del acceso a la educación como factor determinante de la anhelada movilidad social, que le permitió a cientos y miles de personas de escasos recursos, alterar su probable destino, convirtiéndose en profesionales -precisamente- gracias al acceso a la educación.
Pablo Neruda y Gabriela Mistral, son claro ejemplo de una época en que los hijos de obreros podían acceder a la educación, con el corolario que todos conocemos.
Hoy, sin embargo, la realidad es muy distinta.
Pero no lo es porque las personas hayan dejado de valorar la educación; muy por el contrario. La educación sigue siendo tan preciada como antes, si se considera que gran parte de los presupuestos familiares, y particularmente en personas de ingresos medios, son destinados a la educación, lo que devela la importancia que las personas le siguen asignando a éste preciado bien, pues tienen la arraigada idea, de que gracias a la educación, sus hijos tendrán un mejor futuro.
Hoy la realidad es muy distinta, porque la educación se ha diversificado de un modo tal, que existen tantos tipos, y particularmente, tantas calidades de educación, como estratos socioeconómicos hay en el país.
En efecto, si observamos lo que ocurre en la educación superior, y particularmente en la universitaria, nos encontraremos con que un mismo grupo económico es dueño de tres universidades distintas, y la pregunta que de inmediato surge, es por qué un mismo dueño opta por tener tres universidades y no solo una, que sería lo lógico. La respuesta es muy sencilla, porque de esta manera se busca satisfacer las necesidades de tres distintos grupos socioeconómicos; de clase alta, media y baja.
Así las cosas, en la universidad que busca satisfacer las necesidades educativas de los sectores más acomodados, se ingresa con puntajes relativamente altos y se pagan aranceles también elevados, en una suerte de armonía con la ubicación geográfica, pues éste tipo de universidades suelen estar emplazadas en sectores altos, donde incluso el acceso está reservado para quienes tienen medios propios de movilización, lo que les ha dado la denominación de universidades cota mil.
Por su parte, en la universidad cuya finalidad es satisfacer las necesidades de los sectores medios, se ingresa con puntajes razonablemente más bajos, en comparación a las primeras y desde luego con las tradicionales; se pagan aranceles que si bien son más bajos que en las primeras, resultan muy altos cuando se agrega el costo financiero, cuestión muy similar a lo que ocurre con las universidades orientadas a los sectores de menores recursos, donde la gran diferencia está dada por los requisitos de ingreso, que permiten el acceso a estudiantes que, difícilmente logran terminar una carrera profesional, y si lo hacen, cuentan con tan precarias herramientas, que su futuro profesional está determinado, de antemano, a un mercado donde difícilmente su anhelado futuro cambiará.
Y vemos entonces que, muy lejano a lo que ocurrió durante buena parte del siglo XX, la actual educación universitaria ha dejado de ser un factor de movilidad social, para convertirse en una etapa más de la vida de las personas, que solo replica y refuerza la estratificación social.
Corregir esta grave distorsión, es un imperativo que no podemos desatender. Aun cuando se encuentran en discusión importantes proyectos de ley que buscan superar estos problemas, pensamos que parte importante de la solución pasa por que el Estado, que paulatinamente se ha desatendido del rol histórico educativo, asuma cuando menos un rol de garante, que vele tanto porque se cobren aranceles justos, cuanto porque el costo financiero de la educación también sea el justo, cuestión ésta última que por estos días avanza, esperamos por buen camino, en la Comisión de Educación del Senado.
Entonces, en nuestra opinión, queda pendiente el importante tema de los aranceles, que a su tiempo se relaciona muy estrechamente con los sistemas de becas y créditos, que pasamos a explicar.
Las becas y créditos que ofrece el Estado chileno para seguir estudios superiores, establecen que cubren hasta el 100% del arancel de referencia de la carrera, un término que pocos entienden y que se suele confundir con el arancel real que paga un estudiante.
El arancel de referencia es el valor que le asigna el Estado a cada una de las profesiones tomando diferentes pautas para definirlo. En otras palabras, este es el monto que se les entrega a los beneficiados por becas o créditos.
Así, por ejemplo, si la carrera a la que se postula un estudiante tiene un valor real de 2 millones de pesos y el arancel de referencia designado es de 1,5 millones, al estudiante le corresponderá costear la diferencia, en el caso de haber accedido al 100% del beneficio.
Por su parte, las carreras que cuentan con aranceles de referencia fijados por el Ministerio de Educación, son las que pertenecen a instituciones acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado. Además, este valor referencial debe tener relación con el costo efectivo del programa que ofrece cada universidad, instituto o centro de formación técnica.
Ahora bien, la metodología con que se definen las cifras de referencia es compleja. En primer lugar las universidades son separadas en cuatro grupos teniendo en cuenta factores académicos y de eficiencia docente. Para establecer el primer ítem se considera la cantidad de horas que tienen los alumnos con docentes altamente calificados y la productividad científica de los académicos (número de publicaciones y número de proyectos).
A su vez, la eficacia docente se mide a través de la tasa de titulación oportuna, es decir el porcentaje de alumnos que ingresan por año y de los que logran titularse dentro de la duración teórica de la carrera.
Posteriormente se agrupa por carreras similares y se establece como arancel de referencia el que haya fijado la universidad que tenga más años acreditada. De haber igualdad en el tiempo entre dos o más universidades regirá el valor menor, el que no puede ser inferior al promedio del grupo de cada carrera.
Con estos antecedentes, el monto máximo que el Estado puede entregar a un estudiante de nivel superior estará supeditado a la calidad de la institución a la que se postula. Es por eso que el arancel de referencia de una universidad que haya sido calificada en un grupo inferior, nunca podrá ser mayor a una de un grupo superior.
La existencia de este arancel de referencia busca evitar que las instituciones de educación superior eleven el precio de sus programas académicos por sobre su valor efectivo, aprovechando la existencia de ayudas a los estudiantes.
Pensamos que este arancel de referencia, además de constituir un limite para la entrega de becas y créditos, debiera transformarse en arancel máximo, de manera que ninguna universidad se permita, por una parte, establecer aranceles que, por su cuantía, favorecen la discriminación, y al mismo tiempo, considerando que la entrega de educación, constituye un bien muy preciado e importante, que el Estado debe salvaguardar, si se considera que, por expreso mandato constitucional, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible.
En este contexto, propiciamos la idea de imponer al Estado, al máximo nivel normativo, la obligación de fijar los aranceles máximos de carreras de educación superior.
Por tanto,
El diputado que suscribe, y demás adherentes, vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Agregase el siguiente inciso al final del número 11 del artículo 19: “El Estado fijará, periódicamente, los aranceles máximos que podrán cobrar las instituciones de educación superior por las carreras que impartan”.
Moción de la diputada señora Molina , doña Andrea y de los diputados señores Burgos , De Urresti , Eluchans , Hasbún , Lorenzini , Ulloa y Ward . Modifica la ley N°18.290, Ley de Tránsito, en lo referido a la licencia de conducir. (boletín N° 8376-15)
“Considerandos:
La necesidad de impulsar y concientizar respecto de la importancia de una conducción responsable y el respeto de las normas del tránsito es de conocimiento general. Los riesgos y eventuales consecuencias negativas que acarrean las inobservancias a las reglas establecidas, son en muchos casos, perjudiciales para quienes incurren en ellas, o bien, para terceros.
En la actualidad, ya se han impulsado reformas tendientes a endurecer las sanciones a posibles infracciones. La nueva reforma a la ley del tránsito, más conocida como ley de tolerancia cero, busca impedir que un conductor que en estado de ebriedad provoca la muerte de una persona, vuelva a conducir.
Por su parte, el presente proyecto busca armonizar y dotar de las herramientas necesarias para que la autoridad fiscalizadora, así como la actividad jurisdiccional, puedan desincentivar y sancionar correctamente.
En primer lugar, la determinación y limitación de la duración de la licencia de conducir, tiene por objeto precaver y analizar la aptitud y capacidad de aquellos conductores que llegada cierta edad, puedan manifestar algún impedimento físico o de otra índole. Lo anterior, se aplica tanto a conductores profesionales como no profesionales.
Asimismo, entendemos que para efectos de crear una conciencia de respeto a las normas del tránsito, es esencial exigir a quienes adquieran por primera vez su licencia de conducir, que cumplan no solo con los requisitos establecidos y genéricos para todo conductor, sino que además, demostrar que ha entendido y practicado la importancia de la observancia de las disposiciones que rigen la conducción.
Finalmente, y con el propósito de crear una coherencia sustancial a fin que las penas sean lo suficientemente elevadas para presentar una sanción proporcional a la magnitud de la falta, se elevan los días de suspensión de licencia de conducir, atendida su gravedad, con un efecto retributivo y consecuente.
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 18 por el siguiente:
“La licencia de conductor será de duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que señale la ley.
El titular de una licencia no profesional Clase B o C, o de una licencia especial, deberá acreditar cada 6 años que cumple con los requisitos de idoneidad moral, física y síquica, en la forma establecida en los artículos 14 y 21. Sin embargo, aquel titular que obtenga resultados negativos del Examen de Medicina Preventiva (EMP), que deberá realizarse en un establecimiento de salud público o privado, dentro de un periodo no superior a 180 días antes de la solicitud de la licencia, deberá acreditar que cumple con los requisitos de idoneidad antes mencionados, cada 3 años.
El titular de una licencia profesional deberá acreditar, cada 4 años, que cumple con los requisitos exigidos en los números 1 y 4 del inciso primero del artículo 13.
El titular de una licencia Clase A-1 o A-2, obtenidas antes del 8 de marzo de 1997 deberá acreditar, cada 4 años, que cumple con los requisitos exigidos en los números 1, 2 y 4 del inciso primero del artículo 13, con excepción de los conocimientos prácticos.
No obstante lo dispuesto en los incisos 3 y 4, el titular que obtenga resultados negativos en los siguientes exámenes médicos: Perfil Lipídico, Perfil Bioquímico, Gama Glutamil Transferasa (GGT), Hemograma y Electrocardiograma, que deberá realizarse en un establecimiento de salud público o privado, dentro de un periodo no superior a 90 días antes de la solicitud de la licencia, deberá acreditar, cada 2 años, que cumple con los requisitos exigidos en los mencionados incisos.
Finalmente, el titular que recién haya obtenido su licencia de conducir, cualquiera sea su clase, con el objeto de que su vigencia se mantenga, deberá acreditar, al cabo de un año contado desde la fecha de su otorgamiento, el hecho de no haber sido sancionado por haber incurrido en alguna infracción o contravención grave o gravísima establecida en esta ley; además, de cumplir con los requisitos exigidos para la clase de licencia de que se trate.
Artículo 2°.- Modifíquese el artículo 208 en el siguiente tenor:
“Sin perjuicio de las multas que sean procedentes, el juez decretará la suspensión de la licencia de conducir del infractor, en los casos y por los plazos que se indica a continuación:
a) Infracción o contravención gravísima, de 15 a 60 días de suspensión;
Tratándose de procesos por acumulación de infracciones, al responsable de dos infracciones o contravenciones gravísimas cometidas dentro de los últimos doce meses, la licencia se suspenderá de 60 a 120 días y al responsable de dos infracciones o contravenciones graves cometidas dentro de los últimos doce meses, de 15 a 60 días.”
Moción de los señores diputados Meza , Auth , De Urresti , Espinosa, don Marcos ; Pérez, don José , y Venegas, don Mario . Autoriza a las municipalidades para otorgar certificados de residencia. (boletín N° 8377-06)
“Considerando:
Que a contar del 01 de Junio de 2012 Carabineros de Chile ha dejado de expedir los certificados de residencia, conforme a lo establecido por el dictamen N° 25.254 de fecha de 02 de mayo del 2012 de la Controlaría General de la República de Chile.
De acuerdo a la normativa vigente, la Junta de Vecinos tiene la facultad para emitir certificados de residencia, siempre y cuando hayan sido autorizadas por Carabineros de Chile con anterioridad al Dictamen 25.254 de la Contraloría General de La República. Por lo tanto, una Junta de Vecinos nueva que no haya sido autorizada por Carabineros (antes de la derogación de la norma) no podrá otorgar certificados de residencias.
En términos prácticos, este dictamen emitido por Contraloría General de la República viene en presentar diversas problemáticas que dificultarían la agilidad en la gestión de este trámite que regularmente los vecinos de cada comuna deben realizar.
Parece poco práctico delegar esta facultad en las Juntas de Vecinos solamente por cuanto estas son instituciones voluntarias y en razón de esto mismo, es que finalmente la factibilidad de entrega de este documento quedará sometida a la voluntad de los dirigentes.
El objetivo de este proyecto de Ley es que no solo las Juntas de Vecinos tengan esta responsabilidad, transfiriendo también la posibilidad de emitir Certificados de Residencia a las Direcciones de Obras de las Municipalidades de Chile a fin de lograr una cobertura plena en todo el país y además contar con la agilidad propia que requieren este tipo de trámites.
Por todo lo anterior los diputados abajo firmantes presentan el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTICULO ÚNICO:
“Facúltese a la Dirección de Desarrollo Comunal de la Municipalidad que corresponda, expedir los certificados de residencia en los casos en que la Junta de Vecinos del sector del solicitante no pueda extenderlo ya sea por no encontrarse autorizada por Carabineros de Chile, o esta misma no exista.”
Moción de las diputadas señoras Sepúlveda , doña Alejandra ; Isasi , doña Marta , y Muñoz , doña Adriana y los diputados señores Andrade , De Urresti , Delmastro , Jiménez , Saffirio , Venegas, don Mario y Vilches . Agrega un nuevo arículo 25 ter al Código del Trabajo, estableciendo jornada de trabajo de personal de ferrocarriles. (boletín N° 8381-13)
“1° Que actualmente el Código del Trabajo contempla una jornada ordinaria y jornadas extraordinarias de trabajo, tanto en razón de su extensión como de su distribución. La primera de ellas consiste en una carga laboral de 45 horas semanales que no pueden distribuirse en más de 6 ni en menos de 5 días, ni pueden exceder de 10 horas diarias (Art 28 Código del Trabajo).
2° Que las jornadas extraordinarias de trabajo en razón de la distribución permiten a trabajadores y empleadores acomodar la carga laboral de modo de adaptarse de mejor manera a las especiales circunstancias de cada rubro. Así, existen jornadas de este tipo para trabajadores de transporte interurbano, sea de carga o de personas, para los trabajadores de transporte urbano, para los trabajadores agrícolas y la jornada bisemanal de trabajo.
3° Que en el caso de los trabajadores ferroviarios, pese a las especiales circunstancias en que se desarrolla su labor, la ley solo los contempla en el Art 25 del Código del Trabajo. En este artículo, se les establece una jornada de 180 horas mensuales, debiendo tener un descanso mínimo ininterrumpido de 8 horas dentro de cada 24 horas. No se contempla la limitación a la cantidad de horas conducidas ni la obligación de contar con una litera para descanso.
4° Que ante la escueta normativa que regula la jornada laboral de los trabajadores ferroviarios, los empleadores y las Inspecciones del Trabajo han interpretado que deben trabajar hasta 12 horas continuas sin derecho a descanso ni alimentación y en condiciones infrahumanas, ya que en muchos casos, el trabajo ferroviario ha sido y puede ser considerado un trabajo pesado. Además, la antigüedad de las máquinas y la falta de infraestructura adecuada y tan básica como baños, hace que las condiciones en que se desempeñan no sean las óptimas.
5° Que lo descrito anteriormente crea situaciones de discriminación para los trabajadores ferroviarios, dejándolos en situaciones de desprotección que los afectan tanto física como emocionalmente, lo que hace necesario establecer una norma clara en materia de jornada laboral que permita mejorar, al menos parcialmente, la situación en que actualmente se encuentran.
6° Que los autores del presente instrumento reconocemos que este proyecto es insuficiente para poder darle una mejoría completa a las condiciones la laborales de los trabajadores ferroviarios, pero que contribuye en una avance concreto que tiende a una mayor protección laboral de ellos.
Por tanto:
Los diputados que suscribimos, venimos en presentar el
PROYECTO DE LEY
Art. 1°.- Agréguese en el D.F.L N° 1 de 2002, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, un artículo del siguiente tenor:
Art 25 ter: “La jornada ordinaria de trabajo del personal que se desempeñará a bordo de ferrocarriles tanto de carga como de pasajeros, no podrá distribuirse en menos de 21 días. Dicha jornada diaria será de 7 horas 30 minutos. En ningún caso el personal de trenes de pasajeros podrá manejar más de 5 horas continuas”
Moción de los señores diputados Sabag , Alinco , Andrade , Arenas, Ceroni , Edwards , Jiménez , Rincón, Verdugo y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra . Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°4/20018, de 20017, de Economía, estableciendo la obligación de empresas que prestan servicios básicos, de contar con servicio de atención telefónica gratuita. (boletín N° 8382-03)
I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY.
Nadie podría desconocer que, en las últimas décadas, se ha avanzado de manera importante en crear y fortalecer, mediante distintos instrumentos, diversos resguardos para las personas que padecen grados de vulneración de sus derechos como consumidores de productos o usuarios de servicios, por parte de empresas que ejercen actividades económicas de diversa índole, sean éstas comerciales, financieras, de servicios, entre otras.
Nuestro país y sus ciudadanos, sin embargo, de tanto en tanto, son objeto de continuos eventos de vulneración de sus derechos, por parte de empresas que, con mayor, menor o ninguna responsabilidad, incurren en diversos grados de afectación de los mismos, incidiendo negativamente en el resguardo de la condición de consumidores de productos o usuarios de servicios, en mayor o menor intensidad. Ante ello, la tarea nuestra, como Parlamentarios, y del Ejecutivo, por cierto, es perseverar en la detección de aquellos problemas y afectaciones, generando cada día, la necesaria y consecuente normativa encaminada a conseguir que todos y cada uno de nuestros compatriotas, sea beneficiado con mejoras en cuanto a la calidad de los servicios que reciben por parte de empresas de servicios, favoreciendo con ello, la plena integración e identificación de la ciudadanía, con un Estado que vela por el debido respeto de la condición de usuario o consumidor de las personas, que no es más que respetar y cuidar a la persona misma, como miembro integrante de nuestra Nación, procurando avanzar hacia niveles de mayor desarrollo social y cultural, y de protección del Estado a sus ciudadanos.
Es un imperativo permanente del Estado, ante lo dicho, el fijar reglas que aumenten la satisfacción del usuario en el uso de determinadas prestaciones que entregan personas jurídicas que realizan sus actividades económicas con un legítimo interés de lucro, las que, en razón de ello, y por desarrollarlas de un modo muchas veces monopólico, han adquirido un rol preponderante en la satisfacción de estas necesidades, que la hace merecedora de responder de un modo óptimo, en el cumplimiento de sus obligaciones, como es la entrega de un servicio sobre la base del cumplimiento de principios como la oportuna y veraz información, con calidad en su ejecución y seguridad en la prestación del servicio en particular que otorga.
Sin duda, y adentrándonos hacia el objetivo de este proyecto de ley, cuando estos servicios se prestan por empresas en áreas que son de especial sensibilidad para los usuarios, como son aquellas que satisfacen necesidades indispensables para el desarrollo de una mínima calidad de vida, como son la obtención de servicios sanitarios, de luz eléctrica, de gas, de comunicación, de recolección de basura, de libre y segura circulación a través de nuestras carreteras, entre otras, la necesidad de que estos servicios se presten de manera continua e ininterrumpida, es una responsabilidad que debe ser asumida por el Estado en un mayor grado, en el sentido siguiente: al entregarle el Estado a particulares, la prestación de una actividad que satisface una necesidad pública, será el aparato estatal el que deberá velar porque estos servicios se brinden, cada día, de un modo más satisfactorio, debiendo establecer mecanismos idóneos para los usuarios, para reclamar, al menos, cuando estos servicios y ante una emergencia, no satisfagan la necesidad pública delegada, sea de modo imputable o no, al actuar de la empresa prestadora o concesionaria del servicio.
Desde otra perspectiva, somos testigos cada cierto tiempo, de los embates de la naturaleza que afectan a nuestro país, siendo aquellos episodios de mayor o menor magnitud, provenientes de temporales, sismos, o eventos de diverso tipo, que arrojan, dentro de otras consecuencias, la caída de servicios básicos o la interrupción de carreteras. Más allá que aquellas consecuencias se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor, y puedan provenir de la naturaleza o de la mano del hombre, estos episodios afectan técnicamente la normal y continua prestación de aquellos servicios, debiendo asumir la responsabilidad las empresas prestadoras, en cuanto a la pronta reposición del funcionamiento de estas prestaciones, correspondiendo exigir que los restablecimientos sean eficientes y expeditos, sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar. El objetivo de este proyecto, apunta en dirección a resguardar el debido respeto que como usuario, tienen las personas ante eventos de este tipo, sean por causa fortuita o de responsabilidad de la empresa de que se trate. A mayor abundamiento, no es menos cierto, que muchos de estos servicios, cuando se suspenden, inciden en daños de mayor o menor envergadura, y hasta en la vida de las personas, como podría ser un llamado telefónico ante una emergencia grave, o el bloqueo de una carretera, con el consecuente riesgo de un accidente fatal.
El propósito de este proyecto de ley, en consecuencia, apunta en la dirección de establecer la obligación que las empresas que prestan servicios públicos básicos y relevantes para la ciudadanía, tengan como obligación legal, el disponer para sus usuarios, en eventos de emergencia o ante la suspensión de suministro o prestación del servicio, la existencia de un línea telefónica de atención pública gratuita, para dar aviso de aquellos eventos y para efectuar reclamos por parte de los usuarios que resultan afectados por alguna interrupción en su prestación.
II. EMPRESAS OBLIGADAS A SATISFACER SERVICIOS PÚBLICOS CONTÍNUOS.
Por decisión del Estado, se ha estructurado, en las últimas décadas, un cambio en la política de satisfacción de las necesidades públicas en las áreas mencionadas: distribución de energía eléctrica, servicios sanitarios, gas, interconexión telefónica, desarrollo de carreteras, recolección de basura, entre otras, habiéndose dictado una serie de normativas, en momentos distintos, donde se entrega a los privados, a través de concesiones, el rol que tenía asumido el Estado, quien ejercía de manera preponderante la satisfacción de estas prestaciones de primera necesidad, habiendo administrado y desarrollado cada uno de estos sectores, en años pasados. El cambio se ha debido, a la necesidad de fortalecer la inversión privada en estos rubros tan relevantes, extrayendo la burocracia y el control excesivo que el aparato estatal mantenía en el sistema, pero no desconectándose el Estado de modo alguno, de su rol normativo o regulador, como así, del control o supervigilancia del funcionamiento del sistema en su conjunto.
Nos encontramos, por ejemplo, con el Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20018, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, que establece subsectores, como son la generación, la transmisión y la distribución de energía, siendo este último, desarrollado por empresas que, de un modo esencialmente monopólico, han asumido la tarea de satisfacer a los usuarios, del elemento energético necesario para cubrir las necesidades esenciales que le son propias, observando muy claramente, que en cuanto distribución de energía eléctrica, la ley ha identificado a este subsector, de un modo único y distinguible de los otros subsectores, empleando la expresión normativa de “servicio público de distribución”. Así, el artículo 2° de la normativa citada, señala: “Artículo 2°: Están comprendidas en las disposiciones de la presente ley: 2.- Las concesiones para establecer, operar y explotar las instalaciones de servicio público de distribución.”. Esta mención, es diversa de la que se emplea en el número 1 del artículo citado, donde para referirse a las centrales hidráulicas productoras de energía, como a las subestaciones eléctricas y las líneas de transmisión, no incluye el término “servicio público”.
Respecto de la exigencia que se vincula con el objetivo de este proyecto, que dice relación con la continuidad del servicio público de distribución de energía eléctrica, y con la calidad de su prestación, el artículo 143 del mismo cuerpo legal mencionado, prescribe en su inciso final, lo siguiente: “Además, fas empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán llevar un índice representativo de la continuidad de servicio a sus clientes, medido en los términos que la Superintendencia especifique, oyendo previamente a aquéllas.”.
En materia de servicios sanitarios y de alcantarillado, es el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 382 de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto de la Ley General de Servicios Eléctricos, el que establece: “Artículo 1°.- Están comprendidas en las disposiciones de la presente ley: 1. Las disposiciones relativas al régimen de explotación de servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable y a recolectar y disponer aguas servidas, servicios denominados en adelante, servicios sanitarios.”. Se establece, nítidamente, el rol de servicio público que se cumple en la tarea de estas concesionarias de servicios sanitarios, y, asimismo, aquellas están obligadas a prestar un servicio de calidad y de manera ininterrumpida, como lo prescribe el artículo 35 de la ley citada: “El prestador deberá garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que solo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor.”, estableciendo situaciones especiales, a continuación, donde se establecen determinadas excepciones,
En cuanto a servicios de telecomunicaciones, como es la telefonía, observamos que el artículo 3° de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en su letra b), señala: “Artículo 3°.-Para los efectos de esta ley los servicios de telecomunicaciones se clasificarán en la siguiente forma: b) Servicios públicos de telecomunicaciones, destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad en general. Estos deberán estar diseñados para interconectarse con otros servicios públicos de telecomunicaciones.”. Por su parte, el artículo 28 de la ley citada, en su inciso primero, prescribe: “La interrupción de la explotación de un servicio público de telecomunicaciones por más de 3 días, sin permiso previo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y siempre que no se deba a fuerza mayor, facultará a dicha Subsecretaría para adoptar, a expensas del concesionario, todas las medidas que estime necesarias para asegurar la continuidad de su funcionamiento.”.
En materia de gas, el artículo 1° del Decreto N° 323 de 1931, del Ministerio de Minería, Ley de Servicios de Gas, dispone: “El transporte, la distribución, el régimen de concesiones y tarifas de gas de red, y las funciones del Estado relacionadas con estas materias se regirán por la presente ley, y en lo que ésta no prevé, por las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes: Específicamente están comprendidas en las disposiciones de la presente ley. 1.- Las concesiones para establecer, operar, y explotar el servicio público de distribución de gas de red, y las redes de transporte de gas de red;”. El artículo que le sigue, establece, en cuanto a la calidad y continuidad del servicio, lo siguiente: “Artículo 29.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 12.- Calidad del servicio de gas: corresponde al grado en que se mantienen las condiciones del servicio de gas en cuanto a: a) La seguridad y continuidad del suministro así como el cumplimiento de las especificaciones del gas; (...) c) Adecuados sistemas de atención e información para los consumidores.”.
Finalmente, en materia de carreteras, la Ley de Concesiones de Obras Públicas, dispuesta en el Decreto 900 del Ministerio de Obras Públicas de 1996, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, establece en su artículo 39, que las carreteras son obras públicas fiscales, y éstas se desarrollan sobre bienes nacionales de uso público, como son los caminos que existen o se crean. El artículo 23 de la ley citada, establece, a su respecto, en materia de seguridad y continuidad del servicio, el deber de las concesionarias de resguardar la prestación de esta concesión, del siguiente modo: “Artículo 23°.- El régimen jurídico durante la fase de explotación, será el siguiente: 1.- El concesionario deberá conservar las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales de utilización, y 2.- La continuidad de la prestación del servicio le obligará, especialmente, a: a) Facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente reparación, y b) Prestarlo ininterrumpidamente, salvo situaciones excepcionales,...”.
En consecuencia, frente a este traspaso estatal de funciones públicas a privados, todas ellas consistentes en la satisfacción de necesidades ciudadanas esenciales, las que, en cada ámbito o sector, son objeto, vía normativa, de exigencias diversas, como es el asegurar el continuo y permanente servicio de que se trate, y por el cual se cobra una tarifa, determina de un modo correlativo y consecuencial, el derecho del ciudadano, usuario de estos servicios, de poder contar con los medios o instrumentos suficientes para dar cuenta de la insatisfacción del servicio contratado, de manera generalizada y con libre acceso a éstos, más aún cuando, son las personas las que son parte de un contrato de adhesión que las vincula de un modo desventajoso o, si se quiere, sujeto a un estado de inferioridad frente al prestador del servicio, teniendo el Estado el deber de velar porque esta condición de desventaja como sujeto contractual, sea amortiguada por diversos instrumentos, como es el que se propone establecer mediante este proyecto de ley, que someto a esta Honorable Cámara de Diputados.
La Ley N° 19.496, de Protección al Consumidor, se ha consagrado como un vehículo que tiende, aun insuficientemente, a dar garantías de protección a consumidores y usuarios, frente a las distintas relaciones que se generan entre las empresas prestadoras de servicios y los beneficiados de aquellos. Es esta ley la que recoge el concepto de contrato de adhesión, definiéndolo en su artículo 1° número 6, como: “...aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido.”. En virtud de la naturaleza especial de estos tipos de contratos, que aprecia una posición disminuida de la parte que recibe el servicio y cancela por su uso, solo se ha establecido el derecho a un servicio de atención gratuita de clientes, en materia de contratos de adhesión con bancos y proveedores de servicios financieros, que cuenten con el “Sello Sernac”, según reciente modificación establecida en el artículo 56 de la ley mencionada, sin señalar que este servicio gratuito, deba entregarse vía telefónica, como se propone en este proyecto, en favor de usuarios de servicios básicos como los señalados, y ante emergencias o interrupción de suministro o prestación,
Las compañías o empresas que desarrollan este negocio, pero que satisfacen a través de él, una necesidad pública, como ya ha sido expresado a partir de las normativas reguladoras de dichas actividades, tienen el deber de optimizar en favor de los usuarios, cada día, su gestión y la calidad del servicio que les ha sido entregado en concesión y en cuanto ejercen una actividad más o menos monopólica que, implica importantes beneficios o rentabilidades importantes. Los usuarios, sin tener que cancelar por ello, deben tener acceso a vías de solución de emergencias, ante la interrupción de estos servicios que el Estado ha entregado a manos privadas.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
Mediante el presente proyecto de ley que someto a consideración de esta Honorable Cámara, se ha propuesto el establecer la exigencia de que las empresas prestadoras de servicios como los descritos, dispongan obligatoriamente de líneas de atención telefónica gratuita, en favor de los usuarios de cada servicio, para que se mantengan operativos las 24 horas del día, ante casos de emergencia o interrupción del servicio en particular, recibiendo los avisos y reclamos de los usuarios, ante eventos de esta naturaleza. La opción de modificación legislativa se concreta con la incorporación en cada una de las leyes reguladoras de las distintas actividades sectoriales específicas, de la obligación de establecer esta línea gratuita de atención de usuarios, o línea 800, junto con establecer de un modo general, aunque específico a la materia que justifica la creación de este servicio, cual es la existencia de una emergencia o interrupción del servicio, la consagración de este derecho, en la Ley de Protección al Consumidor, de forma de permitir un eficiente control del cumplimiento de este derecho, que se establece en favor de los usuarios.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórese en el Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20018, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, las siguientes modificaciones:
1.- En su artículo 143, el siguiente inciso cuarto, nuevo:
“Las empresas señaladas en este artículo, deberán habilitar y mantener en funcionamiento, las veinticuatro horas del día, un servicio de atención telefónico gratuito, para recibir de los usuarios, los avisos o reclamos por corte o suspensión del servicio, como asimismo, la notificación de las emergencias vinculadas con su prestación.”.
2.- El siguiente artículo 30 transitorio, nuevo:
“La entrada en vigencia del inciso cuarto del artículo 143 de la presente ley, será de 90 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial.”.
ARTÍCULO SEGUNDO: incorpórese en el Decreto con Fuerza de Ley N' 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto de la Ley General de Servicios Sanitarios, las siguientes modificaciones:
1.- En su artículo 35, el siguiente inciso séptimo, nuevo:
“Las empresas concesionarias, deberán habilitar y mantener en funcionamiento, las veinticuatro horas del día, un servicio de atención telefónico gratuito, para recibir de los usuarios, los avisos o reclamos por corte o suspensión del servicio, como asimismo, la notificación de las emergencias vinculadas con su prestación.”.
2.- El siguiente artículo 7° transitorio, nuevo:
“La entrada en vigencia del inciso séptimo del artículo 35 de la presente ley, será de 90 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial.”.
ARTÍCULO TERCERO: Incorpórese en la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, las siguientes modificaciones:
1.- En su artículo 28, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando a ser tercero, cuarto, quinto y sexto, los que le siguen, respectivamente:
“Los concesionarios, deberán habilitar y mantener en funcionamiento, las veinticuatro horas del día, un servicio de atención telefónico gratuito, para recibir de los usuarios, los avisos o reclamos por corte o suspensión del servicio, como asimismo, la notificación de las emergencias vinculadas con su prestación.”.
2.- El siguiente artículo 6° transitorio, nuevo:
“La entrada en vigencia del inciso segundo del artículo 28 de la presente ley, será de 90 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial.”.
ARTÍCULO CUARTO: Incorpórese al Decreto 323 de 1931, del Ministerio de Minería, Ley de Servicios de Gas, las siguientes modificaciones:
1.- En su artículo 36, el siguiente inciso final, nuevo:
“Las empresas concesionarias, deberán habilitar y mantener en funcionamiento, las veinticuatro horas del día, un servicio de atención telefónico gratuito, para recibir de los usuarios, los avisos o reclamos por corte o suspensión del servicio, como asimismo, la notificación de las emergencias vinculadas con su prestación.”.
2.- El siguiente artículo 61 bis, nuevo:
“La entrada en vigencia del inciso final del artículo 36 de la presente ley, será de 90 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial.”.
ARTÍCULO QUINTO: Incorpórese al Decreto 900 del Ministerio de Obras Públicas de 1996, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, las siguientes modificaciones:
1.- En su artículo 23, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Los concesionarios, deberán habilitar y mantener en funcionamiento, las veinticuatro horas del día, un servicio de atención telefónico gratuito, para recibir de los usuarios, los avisos o reclamos por corte o suspensión del servicio, como asimismo, la notificación de las emergencias vinculadas con su prestación.”.
2.- El siguiente artículo 4° transitorio, nuevo:
“La entrada en vigencia del inciso segundo del artículo 23 de la presente ley, será de 90 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial.”.
ARTÍCULO SEXTO: Incorpórese a la Ley N° 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, las siguientes modificaciones:
1.- En el artículo 25, el siguiente inciso cuarto, nuevo:
“Los proveedores de servicios establecidos en el inciso segundo del presente artículo, incluidos en éstos los concesionarios de carreteras, deberán habilitar y mantener en funcionamiento, las veinticuatro horas del día, un servicio de atención telefónico gratuito, para recibir de los usuarios, los avisos o reclamos por corte o suspensión del servicio, como asimismo, la notificación de las emergencias vinculadas con su prestación.”.
2.- El siguiente artículo 6° transitorio, nuevo:
“La entrada en vigencia del inciso cuarto del artículo 25 de la presente ley, será de 90 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial.”.
Moción de los señores diputados Estay , Arenas , Barros , Bauer , Calderón , Hasbún , Kort, Melero , Ulloa , y la diputada señora Hoffmann , doña María José . Modifica el artículo 75 de la ley N°18.290, de tránsito, introduciendo al obligación de incluir en los automóviles en un sistema de protección frente a los rayos ultravioleta. (boletín N° 8384-05)
“La salud constituye uno de los valores más representativos de una saciedad. En efecto este tema se desdobla en los más variados aspectos de la vida individual y social, tales como el educacional, el deportivo, el alimentario, o el vinculado a la salud desde un punto de vista estricto.
Bajo este punto de vista, los legisladores debemos promover la inclusión de normativas destinadas a preservar la salud de las personas que forman parte de una comunidad, procurando el desarrollo de una cultura del respeto a la salud de las personas desde una perspectiva integral o global.
Específicamente uno de los elementos más atentatorios contra la salud de las personas son los rayos ultravioleta, que dentro de los efectos que puede provocar se incluyen el cáncer de piel, envejecimiento de ésta, irritación, arrugas, manchas o pérdida de elasticidad. También pueden desencadenar lupus eritematoso sistémico.
A mayor abundamiento, la sobreexposición causa efectos adversos sobre la salud, constituyendo el principal factor ambiental de riesgo de sufrir trastornos, tales como enfermedades de la vista, supresión del sistema inmunológico y cáncer de piel.
El cáncer de piel es una enfermedad generalmente prevenible, siendo la exposición a la radiación ultravioleta la causa evitable principal. Por otra parte, el color de la piel constituye el primer factor de riesgo.
Las radiaciones ultravioleta forman parte de los rayos solares y su intensidad se ve influida por muchos factores tales como:
a) La elevación del sol: cuanto más alto está el sol en el cielo, mayor es la intensidad de las radiaciones ultravioleta.
b) Latitud: cuanto más cerca se está del ecuador, más intensas son las radiaciones ultravioleta.
c) Protección de las nubes: las radiaciones ultravioleta son más intensas cuando el cielo está despejado, pero pueden ser intensas aun cuando el cielo esté nublado.
d) Altitud: la intensidad de las radiaciones ultravioleta aumenta 5% por cada 1000 metros de altitud.
e) Capa de ozono: este gas absorbe una parte de las radiaciones ultravioleta del sol. A medida que la capa de ozono se adelgaza, aumenta la cantidad de radiaciones ultravioleta que llegan a la superficie terrestre.
f) Reflexión por el suelo: muchas superficies reflejan los rayos del sol y aumentan la exposición general a las radiaciones ultravioleta (por ej., el césped, la tierra y el agua reflejan menos de 10%: la nieve recién caída, hasta 80%; la arena seca de las playas, 15%; y la espuma del mar, 25%).
En cantidades pequeñas, las radiaciones ultravioleta son beneficiosas para la salud y desempeñan una función esencial en la producción de vitamina D. Sin embargo, la exposición excesiva a ellas se relaciona con diferentes tipos de cáncer cutáneo, quemaduras de sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas y otras enfermedades oculares. También se ha comprobado que estas radiaciones aminoran la eficacia del sistema inmunitario.
Que dentro de las personas con mayor riesgo tenemos sin lugar a dudas aquellas que con ocasión de su trabajo o actividad cotidiana se exponen a esta luz, como es el caso de los choferes de locomoción colectiva, o de camiones y otro medio de Locomoción, razón por la cual nos parece razonable la inclusión de una serie de medidas de seguridad destinadas a mitigar los efectos nocivos de tales rayo en la salud de los conductores.
Proyecto de Ley
Artículo Único: Introdúzcase nuevo inciso 2° en el artículo 75 en la ley del tránsito 18.290, norma que a continuación se individualiza:
“Todo vehículo perteneciente a la locomoción colectiva y los destinados al transporte de carga, deberán contar con medidas de seguridad en sus vidrios tendientes a la protección de los rayos ultravioleta para sus ocupantes”.
Moción de los diputados señores Morales, Baltolu , Bauer , Bobadilla , Melero , Norambuena , Rojas , Urrutia y Vilches y de la diputada señora Hoffmann , doña María José . Modifica el artículo 1433, de la Ley General de Urbanismo, obligando a las empresas constructoras a compensar a los propietarios economicamente por al pérdida de las plusvalía a consecuencia de contrucción de sus edificaciones. (boletín N° 8385-14)
“A menudo consideramos a la construcción y su desarrollo como un aspecto que implica una manifestación de prosperidad para un país, constituyendo un verdadero barómetro de la economía a partir de ser uno de los sectores más dinámicos de ésta.
Sin embargo, esta circunstancia muchas veces puede tornarse en un perjuicio irreparable para las viviendas colindantes de estas edificaciones a partir del hecho que con ocasión de su construcción sufre una notable pérdida del valor de la propiedad.
Se trata de un situación que sufren vastos sectores de nuestra población, personas que han vivido largo tiempo en sus propiedades y que han visto variado su entorno, a partir de las edificaciones de grandes edificios de departamentos que ha alterado el ambiente de estos habitantes.
Lo anterior evidentemente, no solo genera un cambio en la perspectiva económica, sino que en todo aquello que dice relación a elementos de orden afectivo o de tradición familiar o vecinal, factores que no tienen una apreciación económica directa o inmediata.
Por ejemplo, al abrir las cortinas, al cambiarse de ropa, se descubre que no es solo una, sino que son varias las ventanas que se enfrentan a la habitación. Llegar a la casa, tratar de estacionarse y notar que el espacio por décadas que ha albergado el auto familiar, está siendo ocupado por otros vehículos. Soportar durante meses la construcción de un edificio de varios pisos de alto y hacerse la idea de que lo que antes era una casa vecina, en el futuro próximo será un centenar de departamentos.
Que a partir de tales acontecimientos se generan las llamadas casas, es decir, inmuebles rodeados de torres y cuyo terreno es tan pequeño que no sirve para levantar otro edificio.
Lo anterior evidentemente genera importantes consecuencias perniciosas para los dueños de las denominadas propiedades en el siguiente sentido:
1.- Provoca un detrimento económico o patrimonial de la propiedad, disminuyendo su valor significativamente, situación que claramente va en directo perjuicio del propietario en su vida económica y financiera.
2.- Propende a inmovilizar los bienes, en efecto a partir de la circunstancia referida y la pérdida de un adecuado entorno, son menos las personas dispuestas a desembolsar dinero para comprar una propiedad de esas características, no permitiendo la libre circulación de la propiedad.
Es así corno consideramos justo la existencia de mecanismos compensatorios a favor de estas personas, a partir del hecho que se éstas se ven sujetas a un notable detrimento económico y que de acuerdo a nuestro orden jurídico toda persona que se vea envuelta a un detrimento económico a partir de un hecho de otro debe ser compensada.
Sin embargo, nuestra legislación no contempla de un modo claro y preciso este tipo de soluciones, razón por la cual se hace necesaria su consagración beneficiando a miles de personas que se encuentran en tal situación.
Proyecto de Ley
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso 2° en el artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, pasando el actual inciso 2° a ser 3°
“Las empresas constructores deberán generar mecanismos de compensación económica a aquellos propietarios que vean disminuidos el valor de sus casas con ocasión de la construcción de sus obras”.
19. Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia recaída en la presentación efectuada por el diputado señor Pablo Lorenzini Basso sobre la inhabilidad para votar el proyecto sobre reforma: tributaria (acuerdo N° 56-2012).
“Valparaíso; 24 de mayo de 2012.
Vistos:
1. Que el diputado señor Pablo Lorenzini Basso ha pedido un pronunciamiento de la Comisión de Ética y Transparencia respecto a si, desde el plano ético y constitucional, los diputados pueden participar en la discusión y votación del proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria, Boletín N° 8269-05.
2. Que, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 5°A, inciso final, de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 10 del Código de Conductas Parlamentarias, corresponde a esta entidad velar por el respeto del principio de probidad y responder al pronunciamiento solicitado por un diputado , que diga relación a su inquietud o quehacer, respectivamente.
3. Que la Comisión, en el ejercicio de sus facultades y solicitada su intervención, ha realizado un exhaustivo estudio de las normas pertinentes, contenidas en la Constitución Política de la República, en la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el Reglamento de la Cámara de Diputados y en los preceptos del Código de Conductas Parlamentarias, a fin de dar una cabal respuesta a la inquietud planteada.
Considerando:
Que, como ha indicado la Comisión en un sinnúmero de sus resoluciones, una de sus tareas más relevantes dice relación con dar respuesta a las diferentes consultas que los diputados hagan respecto de actos o intervenciones en que pudieren aparecer vulnerando una no'. la o parámetro ético al que están obligados a adecuar sus cometidos.
Que, desde la modificación de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional por la ley N° 20.447, a la Comisión de Ética y Transparencia se le han encomendado diversas competencias más allá de la meza sanción por infracción a deberes consagrados en el plano ético, como velar por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública, por lo cual en muchos casos le es imprescindible incursionar en otros planos del quehacer parlamentario, como el de efectuar una calificación jurídica de los hechos sometidos a su arbitrio.
3. Que la consulta formulada en este caso, una vez más, tiene por objeto determinar en qué casos será aplicable la prohibición que pesa sobre los diputados en el artículo 5° B de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en orden a que no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges y demás parientes que señala la ley.
4. Que, respecto de este asunto, resulta evidente que la Constitución Política de la República, en su artículo exige a los titulares en el ejercido de sus funciones públicas dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
5. Que, por su parte, la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el inciso primero de su artículo 5°A, señala que los diputados ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad, en Ios términos que señalen la Constitución Política de la República, la referida ley Orgánica y el Reglamento de esta Corporación. Dispone la citada nakina legal que el principio de probidad consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general por sobre eI particular.
6. Que el citado artículo 5°B de la ley N° 18.918, también dispone que el impedimento para votar los asuntos que favorezcan a los diputados no regirá cuando se trate de asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan los parlamentarios, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercido de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara.
7. Que resulta claro que el proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria para financiar la refolana educacional es una iniciativa legal que afecta a todos los ciudadanos, según su capacidad de ingresos, y, por lo mismo, se trata de un asunto de interés general de aquellos a los que se refiere la ley.
8. Que, como se indicó en la Resolución N° 49, de fecha 10 de noviembre de 2011, no cabe duda de que nuestro ordenamiento constitucional reconoce el derecho a votar que tienen los diputados, con las limitaciones y prerrogativas que se indican en los considerandos de la referida resolución.
9. Que, como se dijo profusamente en la citada resolución, es opinión de la Comisión que, a priori, la ley no puede impedir el ejercido del derecho a voto de que están investidos los diputados por mandato constitucional, pues lo cierto es que el mandato legal impone un deber de omisión en el artículo 5°B de la ley N° 18.918, en cuanto a que los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a las demás personas relacionadas que señala, y la infracción de dicha flotilla acarrea las sanciones que determine el órgano encargado de velar por el cumplimiento de tal mandato en proceso legalmente tramitado, pero sin que en caso alguno pueda impedirse a los diputados ejercer su derecho constitucional de votar un proyecto de ley. Lo anterior es sin perjuicio de que quien se sienta inhabilitado, voluntariamente no vote.
10. Que resulta oportuno insistir en que, a juicio de la Comisión, para resolver este tipo de asuntos es necesario aclarar en qué casos optar por el interés particular vulnera el principio de probidad, de manera concreta y no en abstracto. Es decir, la Comisión estima que deberá considerarse el problema en todas sus aristas al conocer un caso práctico en vez que fijar una regla de general aplicación. Lo anterior, porque se trata de un juicio de valor en que deben aquilatarse los hechos y la forma de actuar de cada parlamentario, ya que no solo es necesario que la cuestión le beneficie por su pertenencia a un grupo de ciudadanos afectos a la resolución a la que está llamado a participar, sino que lo haga porque se trata de un interés directo o indirecto que reportará un efecto especialmente favorable para él o sus parientes.
11. Que, conforme a las disposiciones del proyecto de ley que genera la consulta, existen varias modificaciones al régimen tributario que pueden afectar directa o indirectamente a los diputados, pero entiende esta Comisión que la de mayor incidencia se refiere a la rebaja que se propone efectuar en la tabla impositiva que grava el impuesto único al trabajo en relación con la dieta parlamentaria.
12. Que como es conocido de todos, desde la vigencia de la Constitución de 1925, los diputados gozan de una dieta como única retribución por el ejercido de la función pública que desempeñan. Además, como se recordará, hasta 1973 el monto de dicho estipendio era fijado por ley que se aprobaba en un período legislativo para que tuviera vigencia en el siguiente.
13. Que, a partir de la Constitución de 1980, el constituyente estimó oportuno excluir del ámbito legal la determinación del monto de la dieta y señaló que los diputados percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado , incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan.
14. Que en materia impositiva, previsional y de salud, desde 1990 a la fecha ha existido una discusión respecto del alcance de la norma constitucional, de su naturaleza jurídica y de las obligaciones que el Estado tiene respecto a los parlamentarios. A mayor abundamiento, durante la discusión de la ley N° 18.863, sobre remuneraciones de autoridades de gobierno, resultó de manifiesto la situación anómala que se producía con la dieta parlamentaria, pues si bien en cuanto a su monto era equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado , no se trataba de un salario o remuneración, sino de una renta establecida a nivel constitucional que no podía ser objeto de descuentos provisionales ni de salud, pasando a entenderse, en consecuencia, que, para esos efectos, los diputados son trabajadores independientes.
15. Que en lo tocante a su naturaleza impositiva, la dieta es declarada por la Constitución como una renta y, por lo mismo, se encuentra afecta al impuesto a dicho tipos de ingresos, esto es, a las disposiciones del decreto ley N° 824, de 1974. Al respecto, al interior de esta Cámara ha existido una discusión no resuelta respecto a cuál de los tributos establecidos en la referida ley es el aplicable a la dieta. Las Comisiones de Régimen Interno han asimilados estos ingresos al impuesto al trabajo consagrado en el artículo 42, número 1, del citado decreto ley, en atención a que entre las rentas que en esa norma se señalan se encuentran las dietas de directores y similares. No obstante, hay quienes sostienen, con justa razón, que ello constituye una mala aplicación del concepto de dieta que establece la Constitución. Primero, porque la Ley Matriz define la dieta como una renta y no como una remuneración; segundo, porque, para otros fines, como los previsionales y los de salud, a los parlamentarios no se los considera trabajadores dependientes, sino independientes que pagan con cargo a sus rentas esas cotizaciones, y, por último, porque el concepto de dieta al que alude la Ley de la Renta es un concepto legal que la asimila a sueldos, salarios, gratificaciones y cualquiera otra denominación que aumenten la remuneración pagada por servicios personales, incluidos los gastos de representación, conceptos que no tienen relación alguna con la naturaleza más bien indemnizatoria de la dieta parlamentaria. Sin embargo, desde 1990, por una resolución administrativa interna, se ha establecido que la dieta parlamentaria se encuentra afecta al impuesto único al trabajo y ha tributado sobre la base de dicho impuesto.
16. Que, sentado que la dieta es una renta afecta al impuesto único al trabajo, debe determinarse qué atribuciones tienen los parlamentarios para legislar sobre el régimen impositivo chileno. En esa línea, es útil recordar que nuestro ordenamiento dispone en el artículo 65, N° 1°, de la Carta Fundamental, que corresponde al Presidente de la República la iniciativa legislativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. Por lo tanto el Congreso Nacional solo puede aceptar, disminuir o rechazar las iniciativas que el Primer Mandatario proponga en esta materia.
17. Que, conforme a lo anterior, solo toca al Jefe de Estado establecer los tributos y determinar su forma, proporcionalidad o progresión, por lo que, en esta materia, la acción de los parlamentarios se ve extremadamente reducida. Es más, si, por ejemplo, se quisiera excluir a los parlamentarios de cualquier beneficio que el proyecto otorgue a otros contribuyentes del impuesto único al trabajo, se requeriría una indicación que no podría ser formulada por los diputados, ni siquiera presentarse con el mero propósito de ponerla en conocimiento del Primer Mandatario, pues dicha acción está expresamente prohibida en el inciso tercero del artículo 24 de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
18. Que lo anterior no empece la posibilidad que tiene el diputado Lorenzini de plantear al Ejecutivo que formule una indicación en el sentido de mantener la actual tasa impositiva para los parlamentarios, como una excepción a la regla general, pero ha de tenerse presente que tal propuesta tiene el inconveniente de que podría vulnerar el derecho constitucional en orden a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que establezca la ley, principio consagrado en el número 20° del artículo 19 de la Carta Fundamental.
19. Que, en suma, asiste a la Comisión el convencimiento más absoluto de que en el caso en consulta, referido a las rentas que perciben como parlamentarios, los diputados se encuentran habilitados para discutir y votar las propuestas que, sobre la materia, realice el Presidente de la República , sin que las opiniones y votos que emitan les inhabilite en caso alguno, por tratarse de una cuestión de carácter general que afecta o favorece no solo a los parlamentarios, sino al conjunto de chilenos que se encuentran en los tramos de ingresos gravados por el impuesto único. Suponer lo contrario importaría una prohibición tal que ni siquiera cabría la posibilidad de aprobar, por ejemplo, la rebaja de otros tributos como el impuesto a los timbres y estampillas que beneficia a la gran mayoría de los compatriotas sin distinción.
20. Que en la especie y en abstracto, la Comisión reitera su convicción de que en este proyecto de ley sobre perfeccionamiento de la legislación tributaria se está frente a una regulación de carácter general que, naturalmente, afecta a los diputados, pero que es aplicable a toda la población. Lo anterior es sin perjuicio de otras situaciones particulares que una reforma tributaria pueda significar para los diputados por sus actividades económicas ajenas a su función parlamentaria.
Se resuelve:
1. Que la Comisión no ve inconveniente ético o legal para que los diputados o diputadas puedan participar en la discusión y votación del proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria, Boletín N° 8269-05.
2. Que lo anterior es sin perjuicio de las infracciones que los diputados o diputadas pueden cometer a los deberes de probidad que establecen los artículos 8° de la Constitución Política de la República, 5°B de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 145 y 281, inciso quinto, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por otras situaciones no consideradas en esta resolución, asunto que deberá resolverse en la oportunidad en que se formule.
Resolución acordada con el voto unánime de los diputados integrantes, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 11 del Código de Conductas Parlamentarias.
Resolución adoptada en sesiones de fechas 3, 10, 17 y 24 de mayo 2012, con la asistencia del diputado señor Patricio Vallespín López ( Presidente ), de la diputada señora Andrea Molina Oliva y de los diputados señores Juan Luis Castro González , Aldo Cornejo González , Roberto Delmastro Naso, Iván Moreira Barros, Marco Antonio Núñez Lozano y Felipe Ward Edwards .
Notifíquese al requirente por el señor Secretario de la Comisión y dése cuenta.
(Fdo.): PATRICIO VALLESPÍN LÓPEZ , Presidente de la Comisión ; MIGUEL LANDEROS PERKIC , Secretario de la Comisión ”.