Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII . Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Marco Antonio Nunez Lozano
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Ignacio Walker Prieto
- Jorge Pizarro Soto
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. TABLA
- MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA, REGULACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Marta Eliana Isasi Barbieri
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Ivan Norambuena Farias
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA, REGULACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 57ª, en martes 17 y miércoles 18 de julio de 2012
(Especial, de 17.13 horas a 01.19 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás, y Recondo Lavanderos, don Carlos.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Tabla.
- Modificación de Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera, regulaciones para la investigación y fiscalización. Primer trámite constitucional 10
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Modifica la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional.”. (boletín N° 4864-29). (202-360) 92
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Modifica ley N° 19.754, permitiendo la incorporación del personal de los establecimientos municipales de salud, a las prestaciones de bienestar y, autorizando la constitución de servicios de bienestar separados por entidad administradora.”. (boletín N° 8334-06). (200-360) 92
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.”. (boletín N° 8387-05). (202-360) 93
4. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.”. (boletín N° 8387-05. (168-360) 93
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que “Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.”. (boletín N° 8387-05). (765/SEC/12) 99
6. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665, en las materias que indica.”. (boletín N° 6244-07). En Tabla 99
Pág.
7. Primer informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Establece que los servicios de radiodifusión televisiva que trasmita la Onemi, deberán contener mecanismos de comunicación audiovisual.”. (boletín N° 8354-19). En estado de Tabla 117
8. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.”. (boletín N° 8091-21). En Tabla 121
9. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de artículos 299, 431 y 433, del Código de Justicia Militar. Rol 2187-12-INA. (7445). Se tomó conocimiento 156
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación
- Del diputado señor Núñez, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que debió permanecer en reposo por un plazo de 2 días, a contar del 11 de julio próximo pasado.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvo presente el diputado señor Fernando Meza Moncada.
-Asistieron los ministros de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes, y de Hacienda, y de la secretaría general de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau.
-Estuvo presente el subsecretario de pesca, señor Pablo Galilea Carrillo.
-También asistieron los senadores señores Ignacio Walker Prieto, Jorge Pizarro Soto y Juan Antonio Coloma Correa.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 17.13 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 51ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 52ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se suspende la sesión por treinta minutos, en espera del informe de la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente , ¿no sería mejor comenzar con la entrega del informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, en espera del informe de Hacienda?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado señor Godoy?
No hay acuerdo.
Se suspende la sesión por treinta minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio por un punto de Reglamento.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , esta sesión fue convocada, en última citación, a las 17.00 horas. A las 18.00 horas, su señoría solicitó suspenderla por treinta minutos. En este momento son las 18.50 horas, es decir, la hora convocada fue excedida con creces, circunstancia por la cual pido que esta sesión se declare fracasada, porque no se reinició a la hora acordada.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , solicito reunión de Comités.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Muy bien, señora diputada .
Para responder al diputado señor René Saffirio, aclaro que no existe en el Reglamento la causal que él menciona. La suspensión de la sesión se efectuó en espera del informe de la Comisión de Hacienda. Por ese motivo hemos reanudado la sesión.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , ante la consulta de un señor diputado , cuando se produjo la suspensión de las 18.00 horas, usted señaló, en forma expresa, que la
Secretaría le había requerido solo treinta minutos, y ese fue el tiempo por el cual la Sala otorgó el acuerdo para la suspensión.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , la opinión de la Mesa -aspecto que hemos corroborado- es que ese motivo no hace fracasar la sesión.
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
V. TABLA
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA, REGULACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Primer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de “suma”, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
Diputados informantes de las comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y de Hacienda, son la señora Marta Isasi y el señor Ernesto Silva, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8091-21, sesión 121ª de la legislatura 359ª, en 14 de diciembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Pesca y Acuicultura, sesión 56ª de la presente legislatura, en 17 de julio de 2012. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 8 de este Boletín de Sesiones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
La señora ISASI, doña Marta (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
El próximo 31 de diciembre de 2012 termina su vigencia la ley N° 19.713, normativa de carácter temporal que complementa la Ley General de Pesca y Acuicultura y que ordenó la actividad pesquera nacional al asignar límites máximos de captura por armador, junto a otras regulaciones.
Con el fin de suplir el vacío legal que se produce y mejorar la normativa pesquera vigente, el 14 de diciembre de 2011 ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Ejecutivo -contenido en el boletín N° 8091- que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
La iniciativa en cuestión fue analizada por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados en un largo proceso de audiencias públicas, en el que se recibieron más de 140 organizaciones y se escuchó la opinión de expertos en el área, de la asociación de pescadores artesanales e industriales, de representantes de las instituciones de investigación, de representantes del sector laboral, de miembros del Consejo Nacional de Pesca y de representantes del Ejecutivo. De esa forma, se recogió la visión de los distintos estamentos que conviven en la actividad pesquera nacional.
Pero, además, se escucharon las inquietudes de las distintas regiones, lo que impuso el gran desafío de conciliar una normativa que resguarde el interés nacional con una adecuada interpretación de las realidades locales.
Para los integrantes de la Comisión de Pesca ha sido un trabajo extenuante, pero necesario, dada la importancia de los temas tratados en este proyecto de ley, lo cual requiere de tiempo y de escuchar a los verdaderos afectados.
La Comisión aprobó la idea de legislar en la segunda semana de junio, por una mayoría de 10 por 3, iniciándose, en forma inmediata, la discusión del articulado, junto a los cientos de indicaciones presentadas, tanto por el Ejecutivo como por los parlamentarios. De esta forma, durante varias semanas, se vivieron extensas jornadas de trabajo, con el fin de que el proyecto fuera despachado por esta Sala durante la presente semana y de permitir al Senado suficiente tiempo de discusión, para así poder contar, a tiempo, con una nueva ley que supla el fin de la ley N° 19.713.
Fueron largas jornadas de trabajo, en las que hubo un alto consenso en aquellas materias que buscan resguardar la sustentabilidad de los recursos y también extensos debates respecto de temas como la forma de asignar los recursos pesqueros, la retribución al Estado por su acceso, la administración de las áreas de reserva artesanal y pesca en zonas contiguas, los nuevos requerimientos de fiscalización y tributos de los artesanales de mayor tamaño y la plataforma de resguardo a los trabajadores.
Se debe hacer especial mención a la presencia y participación durante esa instancia del ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira , del subsecretario de Pesca , señor Pablo Galilea , de los asesores señoras María Alicia Baltierra y Edith Saa y del señor Felipe Palacios , del director del Servicio Nacional de Pesca , señor Juan Luis Ansoleaga , y de la directora del Fondo de Administración Pesquera, señora María José Gutiérrez .
Finalmente, el pasado martes 10 de julio, luego de una maratónica sesión, que se extendió más allá de las 05.00 horas del miércoles, la Comisión despachó el proyecto que hoy se presenta a esta Sala, el cual, en algunas de las materias más controversiales, es la expresión de importantes y amplios acuerdos alcanzados por la Comisión junto con el Ejecutivo .
A continuación, paso a detallar los puntos más relevantes incluidos en el presente informe.
1. Objetivos de la ley y principios que la guían.
En primer lugar, la Comisión aprobó la indicación parlamentaria que consigna que el Estado posee el dominio de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos existentes en su jurisdicción y puede conceder su explotación de conformidad con las disposiciones de esta ley. En ese contexto, se establece que las autorizaciones o permisos que se entreguen no generan derecho alguno respecto de su continuidad o permanencia en el tiempo.
Esa indicación fue ampliamente discutida e inicialmente declarada inadmisible. Finalmente, la Comisión rechazó la inadmisibilidad y la votó favorablemente, manteniéndose la controversia respecto de su impacto y constitucionalidad.
En segundo lugar, se consigna que el objetivo de esta ley es propender a la conservación y al uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación de un enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existen esos recursos.
Asimismo, se establecen los lineamientos que se deben tener en consideración al momento de adoptar las medidas de administración y conservación, así como al interpretar y aplicar la ley, de forma de lograr el objetivo previamente señalado.
2. Incorporación de nuevas definiciones relevantes para la sustentabilidad de los recursos.
El proyecto actualiza algunas definiciones contenidas en el artículo 2° de la Ley General de Pesca y Acuicultura e incorpora nuevos conceptos relacionados con la sustentabilidad de las pesquerías. De esa forma, se definen los puntos biológicos de referencia, que son determinados por un comité científico-técnico y que tienen como fin evaluar el desempeño de un recurso desde la perspectiva de su conservación. Esos puntos biológicos permitirán clasificar las distintas pesquerías en uno de los siguientes estados de situación: pesquería subexplotada, pesquería en estado de plena explotación, pesquería sobreexplotada y pesquería colapsada o agotada, categorías que son consistentes con las definiciones empleadas por la FAO.
Asimismo, se introduce el concepto de Rendimiento Máximo Sostenible, correspondiente al mayor nivel promedio de remoción o captura que se puede obtener de un stock en forma sostenible en el tiempo y bajo las condiciones ecológicas y ambientales predominantes. Ese parámetro técnico es el objetivo que se debe tener en cuenta al momento de establecerse las cuotas.
3. Modificaciones en la determinación de medidas de administración y conservación.
Uno de los aspectos claves considerados en el proyecto de ley es lograr que las decisiones claves relativas a medidas de conservación se tomen con independencia de los actores a los cuales afectarán. Así, se busca que esas decisiones se tomen a partir de información científica y privilegiando el criterio técnico por sobre otro tipo de consideraciones.
En esa línea, se han eliminado las facultades resolutivas de los consejos nacionales y zonales y se ha dado un carácter vinculante a las recomendaciones de los comités científico-técnicos. Es así como el inicio y término de las vedas biológicas quedan sujetas a la verificación de determinados indicadores biológicos definidos por el respectivo comité científico-técnico, evitando la discrecionalidad y la demora en la implementación de tales medidas.
Para la determinación de vedas extractivas se deberá contar con un informe técnico del comité científico correspondiente y se estableció un período máximo inicial de 2 años revisables.
Además, se establece que la Subsecreta-ría deberá fijar la cuota global dentro del rango determinado por el comité científico-técnico. Es decir, las decisiones de los comités científico-técnicos son vinculantes y obligatorias para la autoridad administrativa.
Asimismo, se limitaron las cuotas para investigación y para imprevistos a un 2 por ciento de la cuota global en cada caso. Se estableció que para la cuota de investigación se deberán presentar los proyectos específicos, mientras que los criterios de asignación para imprevistos los debe fijar el Consejo Nacional de Pesca. Todo lo anterior regula la cuantía y forma de asignación de estas cuotas especiales, que fueron objeto de altas dosis de discrecionalidad política en el tiempo.
4. Planes de manejo y programas de recuperación.
Se dispone la obligación para la Subsecretaría de Pesca de establecer planes de manejo para la administración y manejo de aquellas pesquerías que tengan su acceso cerrado, así como las pesquerías declaradas en régimen de recuperación y desarrollo incipiente.
El proyecto contempla los aspectos que deben considerar tales planes de manejo y se indica que para la elaboración de la propuesta y su implementación, evaluación y eventual adecuación, la Subsecretaría deberá constituir un Comité de Manejo, con carácter asesor, en el cual tendrán participación los pescadores artesanales, el sector industrial, las plantas de proceso y el Servicio Nacional de Pesca.
Los planes de manejo deben evaluarse en un plazo que no podrá exceder de 5 años y la propuesta debe ser consultada al comité científico-técnico correspondiente.
En el caso de que una pesquería se encuentre en estado de sobreexplotación o agotada, se deberá considerar dentro del plan de manejo un programa de recuperación que contemplará una evaluación completa de la pesquería, tanto en sus aspectos biológicos como de administración e incorporando una mirada a los efectos económicos y sociales.
5. Licencias transables de pesca.
El texto que se expone introduce cambios en la forma en que se declara el régimen de plena explotación, en el cierre del acceso en estas pesquerías y en el procedimiento de determinación de cuotas.
A su vez, el artículo 26 bis introduce las licencias transables de pesca Clase A en aquellas pesquerías declaradas en plena explotación y con cuota global de captura. Estas licencias serán indefinidas y otorgarán el derecho a capturar un porcentaje de la fracción industrial de la cuota global, el que será definido según los desembarques históricos de los tres años anteriores.
Para aquellas pesquerías actualmente administradas bajo el sistema de Límite Máximo de Captura por armador, se entrega la opción de cambiar sus autorizaciones de pesca por licencias transables de pesca, modificándose la respectiva autorización de pesca en el sentido de eliminar el recurso sujeto a estas licencias.
El proyecto establece que las naves empleadas para pescar la cuota asociada a una licencia, deberán inscribirse en el registro que para tales efectos mantendrá el Servicio, permitiéndose operar a naves con o sin autorización de pesca.
Se establece, además, que las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico, señalándose los registros y formalidades que se deben seguir en la ejecución de tales actos.
Por otra parte, se describen la mecánica de asignación de las cuotas globales, los artes y aparejos permitidos en el ejercicio de las licencias de pesca, los requisitos que se deben cumplir respecto a la fauna acompañante y las exigencias en caso de operación en pesquerías reguladas por tratados internacionales.
Según lo expuesto por el Ejecutivo, las licencias de pesca indefinidas y plenamente transables recogen las sugerencias planteadas por el Tribunal de la Libre Competencia, facilitando la entrada de nuevos actores y un uso más eficiente de los recursos pesqueros.
Alternativamente, al interior de la Comisión se planteó una oposición al carácter indefinido de las licencias de pesca vinculada a la definición contenida en el primer artículo del proyecto de ley que define la propiedad de los recursos hidrobiológicos para el Estado.
6. Licitaciones.
El mensaje presidencial proponía una modificación del artículo 27 de la ley vigente, y contemplaba las licitaciones cuando las pesquerías se encontraran en buen estado y se acercaran o superaran su rendimiento máximo sostenible (RMS).
De esta forma se definía que cuando una pesquería superara el umbral de su RMS menos un 15 por ciento, se gatillarían las licitaciones que dan origen a las licencias tipo B indefinidas. Es decir, los actuales actores mantienen un 85 por ciento de la cuota hasta el RMS y el 15 por ciento restante se asigna a los actores que ganen las licitaciones tipo B.
Si la cuota industrial de un año excedía el RMS se licitaba por un año dicho excedente, originando las Licencias Tipo C.
Como alternativas a la propuesta del Ejecutivo se planteó un rechazo a las licitaciones en todas sus formas, una nueva mecánica de licitaciones C y B, y otras opciones prolicitaciones.
Al momento de votarse este artículo, la Comisión aprobó la eliminación total de las licitaciones, ajustándose el resto del articulado a esta elección. Así, se aprobó la derogación del artículo 27 de la actual Ley de Pesca.
7. Pesquerías en recuperación e incipientes.
El proyecto elimina el carácter resolutivo de los Consejos Nacional y Zonales en la determinación de pesquerías en recuperación e incipientes, asignándoles un rol consultivo y agregando consulta al Comité Científico Técnico respectivo.
Asimismo, se especifica la definición de ambos tipos de pesquerías y se norman los porcentajes asignados a los artesanales al momento de establecerse las subastas contenidas en los artículos N°s 39 y 40, vinculados a tales pesquerías.
Así, la participación artesanal en las subastas de pesquerías en recuperación considerará su proporción histórica, mientras que en pesquerías incipientes se les asigna un 50 por ciento sujeto a su real capacidad de captura.
8. Sanciones.
Se regulan, además, las sanciones que afectarán a los armadores industriales en caso de sobrepasar las toneladas autorizadas a pescar, no informar las capturas desembarcadas, capturar con una nave no inscrita, efectuar descartes en contravención de las normas, ingresar al área de reserva artesanal y pescar en una unidad de pesquería distinta a la inscrita.
Dependiendo de la falta, se consideran combinaciones de sanciones monetarias fijas, sanciones monetarias en función del tonelaje afecto a la falta y descuento de cuotas.
Se incorporaron, además, sanciones monetarias asociadas a condenas por prácticas desleales, antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador.
La reincidencia de más de dos infracciones en dos años, considera la suspensión del ejercicio de la licencia por un año y se establece el procedimiento con que se aplicarán las distintas sanciones.
9. Patentes pesqueras y royalty.
El proyecto de ley propone remplazar el actual pago de patente pesquera fija a todo evento por un pago combinado de patente fija pagada sobre los barcos operativos y un impuesto específico variable o royalty.
El pago fijo se determina en función del tonelaje de registro grueso de las naves y el impuesto específico tiene un piso del 3,3 por ciento del valor sanción aplicado a la cuota y ajustado por los cambios de valor de las especies en el tiempo y el efecto de las transacciones de cuota que se registren.
La propuesta considera un ajuste en el royalty cuando se pesca menos del 50 por ciento de la cuota e introduce un factor de gradualidad en la aplicación del nuevo sistema.
Según lo señalado por el Ejecutivo , a nivel país la recaudación se mantiene con los niveles de captura actuales y se incrementaría en caso de aumentar las cuotas o el esfuerzo pesquero.
10. Áreas de reserva artesanal.
El proyecto de ley mantiene la reserva de las 5 millas para las actividades de pesca artesanal. Sin embargo, se elimina la posibilidad de penetraciones por parte de la flota industrial consignada en la ley vigente, a excepción de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. En dichas regiones, la Subsecretaría, previo informe técnico del consejo zonal que corresponda, podrá autorizar un número limitado de especies en áreas que no podrán superar las actualmente vigentes.
Asimismo, se reserva la primera milla del área de reserva artesanal para las embarcaciones de una eslora total menor a 12 metros.
Solo se podrá autorizar transitoriamente el ejercicio de naves artesanales de mayor tamaño en áreas donde no haya actividad de naves menores a 12 metros o, si la hubiere, no exista interferencia entre ambos grupos de artesanales. Para lo anterior, se deberá contar con el acuerdo de los pescadores artesanales afectados, y en caso de no existir acuerdo, se requerirá de un informe de la Subsecretaría y el acuerdo del consejo zonal involucrado.
11. Regulaciones varias al sector artesanal.
El texto incorpora la facultad del subsecretario para establecer días de captura, limitar el número de viajes por día y establecer horarios y lugares de desembarque para la pesca artesanal.
Por otra parte, se regula la operación de los artesanales en regiones contiguas. Para establecer tal excepción, se deberá considerar el procedimiento contemplado en los planes de manejo, con el acuerdo de los pescadores artesanales involucrados y consulta al consejo zonal de pesca que corresponda. En caso de no existir tal acuerdo, se requerirá un informe técnico de la Subsecretaría y el acuerdo de los consejos zonales de pesca involucrados.
Se incorpora, además, la obligación para los pescadores artesanales y buzos de contar con un seguro de vida contra riesgo de muerte accidental e invalidez, como condición para desarrollar su actividad.
Por otra parte, se estable una patente de 0,2 UTM por tonelada de registro grueso, para las embarcaciones artesanales entre 12 y 15 metros, y de 0,4 UTM por tonelada de registro grueso, para las naves artesanales mayores a 15 metros. Se podrá descontar de este pago la inversión y parte de los costos de operación por posicionador y certificación de capturas.
Finalmente, se incorpora a la Ley General de Pesca y Acuicultura la posibilidad de traspasos de cuotas, desde el sector artesanal al industrial y desde el sector industrial al artesanal, con un sentido similar al que contemplaba de manera transitoria la ley N° 20.560.
12. Áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos.
El proyecto incorpora modificaciones que afectan las áreas de manejos, tales como el carácter indefinido de las áreas de manejo, el requerimiento de estudios de situación base, la regulación de los informes de seguimiento, el procedimiento en caso de renuncia a un plan de manejo y algunas precisiones respecto de restricciones asociadas a caducidades de estas áreas.
Se permite que una organización renuncie a un área a favor de otra.
El proyecto elimina el pago de patentes asociadas a las áreas de manejo.
Adicionalmente, se establece un endurecimiento de las penas y sanciones de quienes extraigan ilegalmente recursos hidrobiológicos de un área de manejo.
13. Régimen artesanal de extracción.
El texto en análisis incorpora dentro de la actual Ley General de Pesca un nuevo párrafo dentro del Título IV, referido al régimen artesanal de extracción, el cual actualmente regula la pesca artesanal de varias pesquerías importantes.
Es así como se incorporan en la ley los criterios por los cuales se puede efectuar la asignación de la cuota artesanal de una región entre sus distintos actores, permitiendo una aplicación flexible que recoja las distintas realidades regionales de la pesca artesanal.
A su vez, se introduce un procedimiento administrativo para validar la información empleada en la aplicación del criterio escogido y se establece un procedimiento para la determinación del régimen.
La norma establece también las sanciones que un armador de una asignación individual o los pescadores titulares de una asignación colectiva deberán enfrentar en caso de sobrepasar su cuota, no informar sus capturas o efectuar descartes.
Dependiendo de la falta, se consideran combinaciones de sanciones monetarias fijas, sanciones monetarias en función del tonelaje afecto a la falta y descuento de cuotas.
14. Procedimiento sancionatorio.
El presente proyecto establece un procedimiento administrativo sancionador, el cual ya no será substanciado a nivel central, sino por el director regional del Servicio Nacional de Pesca respectivo.
Este procedimiento busca garantizar un debido proceso y culmina con una resolución o condena del director regional del Servicio, la que podrá ser reclamada ante la corte de apelaciones que corresponda, cuya sentencia solo podrá ser apelada ante la Corte Suprema.
15. Fiscalización.
Respecto del requerimiento de informar las capturas, se establece que los armadores industriales deberán entregar dicha información, ya sea al momento del desembarque o durante la operación de pesca.
Además, se incorpora dentro de la norma permanente la obligación de entregar la información de captura desembarcada por viaje, certificada por el Servicio. Para lo anterior, el Servicio deberá habilitar y controlar los respectivos sistemas de pesaje.
El proyecto introduce nuevas exigencias a las embarcaciones artesanales de mayor tamaño. Por una parte, se incorpora el requerimiento de posicionador satelital a las naves artesanales de eslora mayor a 15 metros y a aquellas entre 12 y 15 metros que usen arte de cerco y, por otra, se amplía la exigencia de certificación de captura a las naves artesanales de una eslora igual o superior a 12 metros.
Se establece que la certificación de captura será obligatoria un año después de la entrada en vigencia de la ley, y el posicionador satelital, dos años después de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto también amplía las facultades del Servicio Nacional de Pesca en sus tareas de fiscalización y considera la creación de nuevas subdirecciones.
16. Caducidad de licencias transables de pesca y áreas de manejo.
Se incorporan algunas precisiones respecto de las causales de caducidad de los instrumentos jurídicos que regulan la pesca. En particular, se establecen las causales de caducidad de las licencias transables de pesca.
En la Comisión, se agregó como causal de caducidad la acumulación de tres sanciones, por prácticas desleales o antisindicales, en el plazo de dos años.
Se detallan, a su vez, las causales de caducidad que afectarán a los planes de manejo y explotación de las áreas de manejo.
17. Comités científicos.
El proyecto de ley instruye la creación de ocho comités científico-técnicos pesqueros, como organismos asesores y/o de consulta de la Subsecretaría, en las materias científicas relevantes para la administración y manejo de las pesquerías que tengan su acceso cerrado, así como en aspectos ambientales y de conservación y en otros que la Subsecretaría considere necesario.
Se describen las materias en que estos comités deberán participar, destacándose la determinación de los estados de situación de las pesquerías, de los puntos biológicos de referencia y del rango dentro del cual la Subsecretaría deberá definir las cuotas.
Por otra parte, se instruye la creación de tres comités científico-técnicos de acuicultura, como organismos asesores y de consulta en las materias científicas relevantes para la administración de la actividad acuícola
Se describe una serie de reglas bajo las cuales se deben regir estos comités, destacándose que sus integrantes deben ser nombrados por concurso público y que debe incorporarse el conocimiento regional junto a la participación de miembros de la Subsecretaría y del IFOP. Se presenta también una enumeración de incompatibilidades que aseguran una adecuada independencia de sus miembros.
18. IFOP. Se incorpora en el Párrafo 4 del Título XII al Instituto de Fomento Pesquero.
El objeto de esta adición es reconocer en la ley de pesca la función pública de dicho Instituto, como organismo asesor especializado en investigación científica en materia de pesquerías y acuicultura.
El proyecto encomienda al IFOP la tarea de efectuar la investigación de continuidad y administrar las bases de datos generadas en actividades de investigación y monitoreo de las pesquerías y de la acuicultura, determinándose a su vez la obligación de que el Instituto esté sometido a una revisión de la calidad a través de la permanente revisión de pares.
19. Modificación al Fondo de Administración Pesquero.
Se introducen cambios a los objetivos del Fondo a fin de establecer las bases de una Plataforma Social para los trabajadores de la Industria Pesquera.
Se consideran programas de reinserción laboral para los trabajadores que hayan perdido su fuente laboral como consecuencia de la aplicación de esta ley o de la disminución de capturas registradas desde el año 2010, y becas de estudio para los hijos de dichos trabajadores. Ambos beneficios tendrán una duración de 10 años a contar de la entrada en vigencia de la ley.
Asimismo, se consideran acciones de capacitación para trabajadores de la industria pesquera y para quienes hayan perdido su trabajo como consecuencia de esta ley y becas para estudios técnicos de nivel superior para estos trabajadores. El beneficio considera, además, becas para los hijos de los ex trabajadores, mientras duren las capacitaciones o estudios superiores.
20. Fraccionamiento.
En su artículo quinto transitorio, el proyecto de ley establece el fraccionamiento de la cuota global entre el sector pesquero artesanal e industrial que regirá entre los años 2013 y 2032.
Este fraccionamiento fue el acordado en el contexto de la Mesa Pesquera Nacional convocada por el Ministerio de Economía, instancia en que participaron las principales organizaciones de la pesca artesanal e industrial, y que considera el traspaso de cuotas valoradas en 34 millones de dólares desde el sector industrial al sector artesanal.
21. Vigencia.
El proyecto establece que la ley entrará en vigencia el 1 de enero del año 2013.
La Secretaría de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos ha puesto a su disposición el informe completo de la Comisión, que consigna los detalles jurídicos, el listado de las indicaciones rechazadas y el proyecto de ley aprobado por la Comisión.
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a las sesiones de 14, 19 y 21 de diciembre de 2011; 2, 4 y 9 de enero; 14 y 19 de marzo; 2, 4, 9 y 11 de abril; 2, 9 y 23 de mayo; 5, 12, 13, 18, 19 y 20 de junio, y 6, 9, 10 y 11 de julio de 2012, con la asistencia de los señores Ascencio, don Gabriel ; Bobadilla, don Sergio ( Presidente ); Campos, don Cristián ; Espinoza, don Fidel ; señora Isasi, doña Marta; señores Melero, don Patricio ; señora Pacheco , doña Clemira ; señores Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Sauerbaum, don Frank ; Ulloa, don Jorge ; Vargas, don Orlando , y Walker, don Matías .
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Informo a la Sala que los jefes de los Comités acordaron que el debate del proyecto fuera lo más amplio posible. En esa virtud, todos los diputados podrán hacer uso de la palabra, con la sola limitación de que la duración máxima de los discursos será de cinco minutos, consideradas la discusión general y particular. Además, se acordó concluir el debate solo cuando el último de los diputados inscritos haya intervenido.
Las votaciones general y particular del proyecto se realizarán durante la sesión ordinaria de mañana, como primer punto de la Tabla. En consecuencia, el plazo para reponer indicaciones vence hoy.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones (boletín Nº 8.091-21). La iniciativa fue tratada por la Comisión de Hacienda en sesiones de fechas 11, 12 y 17 de julio de 2012.
Asistieron a la Comisión el ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira ; el subsecretario de Pesca , señor Pablo Galilea , y un grupo de asesores.
Se hace presente que la Comisión de Pesca calificó de rango orgánico constitucional las siguientes disposiciones: artículo 1° número 53 (que contiene el artículo 55 Q) y 70 (que contiene los artículos 153 y 154). Por su parte, determinó que son de quorum calificado, las siguientes disposiciones: artículo 1°, números 1, 2 y 4, letra c; 14; 16 letras a, b y c; 18, 19, 21, 22, 26, 31, 32, 33, 39; 40, 42, 45, 52 y 53, en todos los artículos contenidos en este número, salvo el artículo 55 Q; y los artículos 2°, 5° y 14 transitorios.
La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos dispuso en su informe que debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda las siguientes disposiciones: artículo 1° números 1, 2, 7, 10, 16 letra c; 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34 (que contiene los artículos 40 B, 40 C y 40 D), 35, 37, 45 (que contiene el artículo 50 D), 46, 53 (que contiene el artículo 55 N), 57, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, artículos 2° y 4°; artículos 2°, 4°, 6° 8°, 12, 13, 14 y 16 transitorios. A su vez, la Comisión de Hacienda incorporó a su conocimiento los numerales 36, 49 y 56 del artículo 1º y todos los artículos que han sido objeto de indicaciones en este trámite.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente , la Comisión acordó votar en una sola votación, sin perjuicio del derecho de los diputados de pedir votación separada, los numerales 7), 10), con excepción de su letra f); 18), 19), 31), 32), 33), 34), 49), 53), 56), 57), 61), 62), 65), 67), en su letra d); 69) y 70) del artículo 1°; los artículos 2° y 4°, y los artículos cuarto, sexto, octavo y decimocuarto transitorios, los que fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión de Pesca.
Sin embargo, el diputado señor Robles solicitó votación separada de los numerales 18), 19), 31), letra b), y 53) del artículo 1° del proyecto.
Puestos en votación, todos estos artículos fueron aprobados con votación mayoritaria.
Sometido a votación el numeral 56) del artículo 1°, también fue aprobado.
El diputado señor Robles presentó una indicación al numeral 65) del artículo 1° del proyecto, la que fue perfeccionada por el Ejecutivo y suscrita por varios señores diputados, según consta en el certificado de la Comisión de Hacienda que se acompaña.
Puesto en votación el resto del articulado de competencia de la Comisión, aprobado por unanimidad en la Comisión de Pesca, esto es, los numerales 7), 10), con excepción de la letra f); 32), 33), 34), 49), 57), 61), 62), 67) en su letra d), 69) y 70) del artículo 1°; los artículos 2° y 4° y los artículos cuarto, sexto, octavo y decimocuarto transitorios, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.
Antes de entrar en la discusión particular, quiero referirme a una síntesis de los documentos del proyecto.
En primer lugar, el proyecto de ley incorpora nueve informes financieros, dos de los cuales fueron agregados en la etapa final de la discusión legislativa del proyecto; es decir, en las indicaciones que fueron presentadas por el Ejecutivo y votadas hoy en la Comisión de Hacienda.
En síntesis, sus contenidos son los siguientes:
En primer lugar, se modifica el numeral 10) que incorpora el artículo 26 bis, letras a) y b), con el objeto de reincorporar el texto original del proyecto de ley que permite disminuir la participación en la cuota de las licencias A cuando se realicen licitaciones.
En segundo lugar, se reemplaza el numeral 11), respecto a la facultad de licitar el 15 por ciento de la cuota industrial del proyecto de ley original, pero esta vez se gatilla cuando han transcurrido tres años continuos, o discontinuos en un periodo de cinco años, de que la pesquería esté sobre su máximo sustentable y se hayan licitado licencias C.
En tercer lugar, se incorpora un nuevo numeral 33), para agregar en el artículo 47 de la ley: a) que la exclusividad para la pesca artesanal en las cinco millas será también para la zona entre los paralelos 41° y 43°, y b) sustituye el inciso tercero del artículo 47, acotando en la ley la posibilidad para que los titulares de licencias transables o autorizaciones (industriales) puedan pescar en la zona delimitada será solo sobre los recursos de sardina y anchoveta en Arica y Parinacota, y Tarapacá y Antofagasta; y de camarón nailon, langostino amarillo y colorado, y gamba, además de las dos anteriores, para Coquimbo. La ley actual no acotaba pesquerías específicas.
En cuarto lugar, se modifica el artículo 64 E, para establecer que el Servicio Nacional de Pesca hará un concurso para seleccionar las entidades auditoras que hagan la certificación de los desembarques, como asimismo, mediante resolución fijará las tarifas máximas cobradas por las auditoras.
En quinto lugar, introduce un nuevo inciso al artículo segundo transitorio, estableciendo que aunque no se ejerza el traspaso de autorizaciones a licencias clase A, de todas formas se licitará según lo establecido en el artículo 27.
En sexto lugar, se incorporan tres nuevos artículos transitorios sobre:
-Reserva primera milla entrará en vigor un año después de vigencia de ley;
-Planes de manejo para pesquerías sobreexplotadas deberán estar aprobados dieciocho meses después de vigencia de la ley, y
-Los comités científicos comenzarán seis meses después de vigencia de la ley.
Las indicaciones que acabo de señalar no involucran mayor gasto fiscal, según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos.
Un segundo informe financiero acompañado a esta discusión en la Comisión de Hacienda señala que las indicaciones planteadas incluyen, en lo principal, las siguientes materias:
En primer lugar, se establece que la Subsecretaría de Pesca elaborará el programa de investigación necesaria para la regulación de la pesca y la acuicultura, el que deberá ser priorizado, aprobado por resolución y publicado en página web.
En segundo lugar, determina que la investigación para la regulación pesquera y acuícola deberá ser ejecutada por el Instituto de Fomento Pesquero, el que podrá subcontratar parte de su ejecución mediante licitación pública.
En tercer lugar, se incorpora una serie de normas al Fondo de Investigación Pesquera respecto a su administración, composición del Consejo y funciones de este último, como asimismo, la creación del cargo de director ejecutivo del FIP en la planta de la Subsecretaría de Pesca, jefe de departamento grado 4° de la Escala Única de Remuneraciones.
En cuarto lugar, se establece que dentro de los programas de investigación del IFOP y del FIP deberán contemplarse los fondos necesarios para la contratación de evaluaciones externas para cada uno de los proyectos de investigación.
La indicación genera un mayor gasto fiscal permanente de $ 131.768 miles al año, según lo señalado en el informe financiero que se acompaña y que los señores diputados tendrán a su disposición.
Dada la cantidad de indicaciones planteadas en la Comisión de Hacienda, paso a resumir los contenidos de los textos más relevantes señalados.
En primer lugar, en la Comisión de Hacienda se rechazaron las indicaciones que incorporaban un nuevo estatuto jurídico para los peces. Estas dos indicaciones aprobadas anteriormente en la Comisión de Pesca modificaban el régimen jurídico dado por el Código Civil y la Convención sobre el Derecho del Mar. Es decir, los recursos del mar vuelven a su estado de ser res nullius y no propiedad del Estado, como señaló la votación de la Comisión de Pesca.
En segundo lugar, se aprueba una indicación del Ejecutivo, que repone el artículo 27 de la ley de Pesca, que contempla las licitaciones de la fracción industrial de la cuota global de captura, con los siguientes elementos:
a) Si se licitan por tres años consecutivos licencias transables de pesca C o por tres años discontinuos en un período de cinco años de las mismas licencias transables de pesca C, se gatilla la licitación de las licencias transables de pesca clase B.
b) Las licencias transables de pesca B se licitan por un 15 por ciento que se descuentan de las licencias transables de pesca A.
c) En todo lo demás se mantiene la regulación de las licencias transables de pesca originales.
En tercer lugar, se aprueba la patente del artículo 43 y 43 bis, que son a las autorizaciones de pesca;
En cuarto lugar, con la misma votación se aprueba el artículo 43 ter, que contempla el impuesto específico para las licencias transables de pesca A y B;
En quinto lugar, se aprueba una indicación del Ejecutivo que cambia el procedimiento para la aprobación de las cinco millas de la siguiente forma:
a) Se aprueba con informe técnico del consejo zonal de pesca para las regiones I, II y XV.
b) Con aprobación del consejo zonal de pesca para la Región IV.
En sexto lugar, se aprueba la indicación del Ejecutivo que regula el programa de investigación pesquero y de acuicultura de la siguiente forma:
a) Se crea el programa de investigación con consulta a los consejos zonales y Nacional de Pesca, la Comisión Nacional de Acuicultura y especialmente a los comités científico-técnicos;
b) La investigación básica es efectuada por el Instituto de Fomento Pesquero, de acuerdo con la propia ley y la otra investigación debe ser efectuada por el Fondo de Investigación Pesquera;
c) En ambos casos se incorpora la revisión de pares a los procedimientos y a la investigación que se efectúa;
d) Se establece que el presupuesto del Instituto de Fomento Pesquero debe quedar radicado en el Ministerio de Economía, a fin de lograr la independencia de la Subsecretaría de Pesca, elemento esencial para la calidad de la investigación;
e) Se modifican los integrantes del Consejo del Fondo de Investigación Pesquera y se incorporan causales de inhabilidad, a fin de resguardar la independencia de los actores;
En séptimo lugar, se aprueba la propuesta del Ejecutivo del fraccionamiento entre sectores, tal como fuera acordado con los actores artesanales e industriales en la Mesa de Pesca.
En octavo lugar, se aprueban artículos transitorios que establecen plazos en los siguientes temas: para la creación de los comités científico-técnicos; para el establecimiento de planes de manejo en las pesquerías; para la entrada en vigor de la reserva de la primera milla a un año de entrada en vigencia de la presente ley.
Adicionalmente, hubo un sinnúmero de indicaciones parlamentarias analizadas y votadas por la Comisión, según consta en el certificado emitido por la Comisión de Hacienda.
Se adjunta al presente certificado el informe financiero N° 148, de 13 de diciembre de 2011, y los informes financieros complementarios números 73, de 5 junio; 78, de 19 de junio; 79, de 20 de junio; 90, de 9 de julio; 92, de 9 de julio; 99, de 10 julio; 104, de 11 de julio, y 105, de 11 julio, todos de 2012, elaborados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , mientras escuchaba el informe, revisaba el proyecto de acuerdo N° 615, aprobado por la Cámara de Diputados con el voto de distintas bancadas, a través del cual tuvimos la intención de preocuparnos en serio de la pesca artesanal. Porque la pesca industrial se protege sola: siete familias son dueñas del 90 por ciento de la pesca.
(Manifestaciones en las tribunas)
No hay problema con esas manifestaciones, señor Presidente; entiendo perfectamente que tienen que cumplir la tarea para la cual vinieron. No hay drama alguno.
Hemos estado trabajando con el diputado Lorenzini , en conjunto con la Mesa Nacional de la Pesca Artesanal, especialmente con la gente de la Región del Maule, donde nos dimos cuenta de que por algo este Gobierno cambió el proyecto de ley. El ministro Fontaine tenía otro proyecto, que, de una u otra manera, introducía mayor flexibilidad. Pero es curioso: la ley que rige en este momento había entregado, transitoriamente, por diez años, los derechos a siete familias. Ahora, para darles más seguridad, ese permiso transitorio se ha transformado en licencias transables de pesca clase A.
¿Qué significa esto? Que aquello que teóricamente era transitorio hoy es a perpetuidad.
¿Qué significa que sea a perpetuidad? Que, incluso, puede ser transable. O sea, los nietos de esas siete familias podrán incorporar a su patrimonio familiar y explotar los peces que nacerán dentro de diez o veinte años más. Esos peces ya tienen dueño. Obviamente, en esta situación los artesanales pasan de largo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de lo que ocurre con la licitación, que a mí, en verdad, no me interesa mayormente.
No sé qué se pretende con una ley que está vigente desde hace diez años y que le entregó la mayor cuota a los industriales, quienes han depredado el mar. Hoy las pesquerías prácticamente han desaparecido, y es lógico, por cuanto se ha avasallado nuestro mar. Pero ahora se dice que no, que los excedentes que resulten de la plena explotación se podrán licitar. ¿Alguien puede asegurar que, en el estado actual en que se encuentra el mar, será posible tener excedentes? Obviamente, no.
Fíjense que mediante el proyecto de acuerdo N° 615, como dije, aprobado por esta Corporación, pedíamos que el proyecto de ley reconociera las realidades de cada una de las regiones. Si revisamos la actual iniciativa, nada vemos de eso.
Quienes representamos a la Región del Maule pedimos, con razón, que, como es una zona donde se extrae mucha merluza, se cerrara su explotación por un determinado período, con el objeto de permitir la recuperación de la especie. Pero ¿qué se ofrece en su lugar? Se nos dice: “No al cierre; sí a la explotación de zonas contiguas”.
¿Qué significa la explotación de zonas contiguas? La legitimación de la piratería. Hasta este momento, en la fiscalía se han recibido dos denuncias por barcos que traspasaron el límite e ingresaron desde la Región del Biobío a la Región del Maule .
(Manifestaciones en las tribunas)
Señor Presidente, si los empleados de los pescadores industriales me pifian, es porque defiendo a los pescadores artesanales.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Pido a las personas presentes en las tribunas que eviten las manifestaciones, a favor o en contra, mientras los diputados hacen uso de la palabra. Las manifestaciones se hacen al término de cada discurso. No voy a aceptar más interrupciones.
Puede continuar, señor diputado .
El señor LEÓN.- Como dije, con las medidas propuestas se está legalizando la piratería y se está muy lejos de proteger la pesca artesanal.
En su minuto, también planteamos con fuerza, siguiendo las experiencias a nivel mundial, no solo el caso de Chile, que la pesca de arrastre es un arte que ha exterminado la pesquería. Quisimos que se avanzara algo en esta materia, pero nada de eso se dice en esta iniciativa.
Muchos estuvieron de acuerdo con la creación de un Indap pesquero. Pero algo pasó; parece que había temas más importantes, porque no divisamos en el proyecto nada relacionado con el Indap pesquero.
Entiendo que el ministro llegó a un acuerdo respecto del fraccionamiento de la cuota anual. Sin embargo, se le hizo presente que en la mesa en la que se llegó a dicho acuerdo no estaban presentes todos los actores que debían estar. El ministro no se movió ni un milímetro. Está bien, seguramente se había comprometido. Pero este proyecto de ley perjudica abiertamente a la pesca artesanal, razón por la cual voy a votar en contra de la idea de legislar.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , hace algunas semanas celebramos en esta Sala una sesión especial sobre el proyecto de ley de Pesca que hoy nos ocupa. En ella solicitamos encarecidamente que esta iniciativa no se tramitara, a fin de que hubiera más tiempo para su debate, porque se trataba de una materia de mucha complejidad que regiría la situación del sector y establecería un sistema de administración de los recursos pesqueros durante muchos años -entendemos que por más de veinte- o, incluso, indefinidamente, según se dispone en algunas normas propuestas.
Sin embargo, el Gobierno no quiso escucharnos y nos envió esta iniciativa. Nos ha hecho legislar al galope, con extenuantes sesiones; hoy nos hizo esperar por horas el informe de la Comisión de Hacienda. En consecuencia, hemos sido desafiados a tramitar de esa forma estas complejas materias.
Se insiste una vez más en perseverar en un mecanismo de administración que es un traje a la medida para muy pocas familias del país, en perjuicio de todos los chilenos.
Después del trabajo en la Comisión de Pesca hubo algunas enmiendas. En ese sentido, solicito a los colegas que permitan que mañana contemos con el quorum de 61 votos para aprobar la indicación, sin duda, más importante que se logró sancionar favorablemente en la Comisión, cual es la que establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos del mar.
Ello es muy importante, porque, dada la filosofía del sistema de cuotas, es fundamental que Chile no entregue la soberanía del mar.
Una de las mayores preocupaciones de la Región de Coquimbo -lamento que los dirigentes de las cuatro federaciones de la Región hayan expresado su malestar con su no asistencia a la presente sesión- es que con este proyecto de ley se generará un desmedro muy grande a la pesca artesanal, esencialmente porque permite la mantención de las perforaciones en las cinco millas y no garantiza el acceso exclusivo a los caladeros históricos más allá de las cinco millas.
Nosotros vamos a rechazar la respectiva disposición e insistiremos en reponer una indicación en esta Sala en orden a que no se permita perforar las cinco millas en todo nuestro mar.
Por otra parte, se insiste en la pesca de arrastre y en otras prácticas que afectan gravemente la conservación de los recursos del mar.
(Manifestaciones en las tribunas)
Señor Presidente, si a las personas que se encuentran en las tribunas no les gusta lo que estamos planteando, les pido que se retiren. Porque en este Hemiciclo se participa democráticamente.
Reitero, rechazaremos todo lo que signifique seguir insistiendo en la pesca de arrastre.
Por otro lado, la iniciativa también afecta a la pesca artesanal, pues no contiene normas de protección social. Hay un remedo malo en el proyecto que salió de la Comisión en relación con todos los mecanismos e instrumentos que puedan asegurar la continuidad de los ingresos a los pescadores artesanales cuando existan dificultades propias del trabajo en el mar.
Se avanza en forma bastante insuficiente en el acceso a las pesquerías, a la plena explotación y al desarrollo incipiente.
Por último, se plantea como un gran logro el fraccionamiento de la cuota global, lo que sigue siendo abusivo para el sector artesanal.
En relación con el sistema de administración industrial, la denominada “cuota por armador”, insisto en las críticas que aquí mismo expresé en la correspondiente sesión especial. Las cuotas han profundizado y acelerado el colapso en las pesquerías. En 2000 y 2002 se plantearon como la solución del problema. Se dijo que terminaría la “carrera olímpica”, porque cada armador velaría por la sustentabilidad y podría administrar su cuota. Así, además, el empleo sería estable. Nada de eso ocurrió, señor Presidente . Hoy, las capturas de las principales especies han caído a niveles históricos. Respecto del jurel, que fue el principal motivo para legislar el año 2002, los efectos del referido sistema de administración son simplemente desastrosos: se bajó de un 1.400.000 a casi 200.000 toneladas. Es un fracaso completo y rotundo. Pese a ello, se insiste en el mismo sistema.
Se nos ha amenazado con que, si no aprobamos esta iniciativa, la “carrera olímpica” volverá. No es así; esta volvió hace rato. Hay más peces en las películas que en el mar de Chile.
La solución que nos ofrece el Gobierno es sorprendente. Insiste en este sistema que ya fracasó. Peor aún, propone profundizarlo a través de cuotas indefinidas y transferibles. Es en verdad inaceptable. Se está proponiendo derechamente una privatización del mar por la vía de entregar a siete familias, como se ha publicado en la prensa durante todos estos días, los recursos que nos pertenecen a los chilenos. Con este sistema se está haciendo con el mar lo mismo que se hizo con el agua en el Código de Aguas el año 81 -la diferencia es que en esa época estábamos en dictadura- y lo que se está haciendo también con el litio.
Creo, estimados colegas, que hoy tenemos una responsabilidad histórica trascendental: no podemos entregar los recursos del mar a privados y concentrados en tan pocas manos. Por eso ha causado tanta molestia la indicación que mencioné y que ganamos en la Comisión de Pesca acerca de la soberanía de los chilenos sobre nuestros recursos del mar.
Ese sector ya ha sido muy beneficiado, señor Presidente . Por lo tanto, todos los artículos que se orienten a seguir con la concentración, haciendo transferibles las cuotas, no los vamos a aceptar. Por lo demás, honestamente, no los entendemos. Porque si el Estado me entrega una cuota porque reconoce mi actividad, mi historia y porque aporto al empleo -ese ha sido el fantasma: si hacemos no transferibles las cuotas o si introducimos modificaciones, habrá gran desempleo en la industria-, lo que no tiene explicación es que yo haga lo que quiera con esa cuota: si quiero la transfiero, si quiero la divido, si quiero la vendo. Lo mismo sucede en la actualidad con los derechos de aguas: existe un mercado especulativo del agua. Mañana habrá un mercado de especulación con las cuotas del mar.
Por eso, en general votaré en contra este proyecto de ley. Espero que los colegas puedan pensar y reflexionar lo que significa para la historia de nuestro país entregar nuestros recursos marinos a siete familias, que hoy día esperan recibir el 80 por ciento de las cuotas de pesca del mar.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- A quienes se encuentran en las tribunas les insisto que no está permitido interrumpir a los parlamentarios.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente , para encauzar de buena manera el debate de este proyecto de ley, que es extremadamente complejo, creo que necesariamente tenemos que partir asumiendo nuestra realidad pesquera. No tengo duda alguna de que eso lo compartimos todos. Y esa realidad es el colapso de la mayoría de las pesquerías del país. Más del 90 por ciento se encuentra en tal situación o en una franca disminución de la disponibilidad de recursos.
Por lo tanto, la preocupación central que esperaría de la Cámara -es el espíritu habido al menos en la Comisión de Pesca- es cómo recuperamos nuestras pesquerías. Ojalá en ello esté centrada la preocupación de la Cámara de Diputados y del Congreso durante la tramitación del proyecto.
Para responder la pregunta de cómo recuperamos las pesquerías, el proyecto pone el eje en la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Para ello, crea una institucionalidad apropiada, la cual tomará decisiones o adoptará medidas de administración basándose en información científica, biológica y técnica. Con ese objetivo, se crean los comités científico-técnicos, que deberán entregar dicha información a la autoridad.
En resumen, esta nueva institucionalidad encargada de la toma de decisiones en materia de administración pesquera constituye un cambio fundamental en el eje de la forma como se adoptaban las decisiones en el pasado. A partir de este proyecto, las decisiones estarán basadas en la ciencia, es decir, serán decisiones con más ciencia y menos política. Ese es el centro de lo que queremos conseguir hacia el futuro.
Por ejemplo, de acuerdo con la actual institucionalidad, quien debe tomar la decisión de declarar una pesquería en plena explotación o de fijar una cuota global de captura, es el Consejo Nacional de Pesca, en el que participan precisamente los actores interesados en las medidas y en las resoluciones que se adopten.
En cambio, con la nueva institucionalidad que se crea, en vez de que sean los propios interesados los que tomen las decisiones, con las cuales, por lo demás, se afectan directamente, se dejan dichas decisiones a los comités científico-técnicos.
Por lo tanto, no es de extrañar que hasta aquí las tomas de decisiones estuvieran cruzadas por intereses que buscaban, en el corto plazo, afectar a los propios actores que las adoptaban, lo cual tuvo el resultado que todos conocemos: la disminución dramática de los recursos pesqueros.
Esperamos que la nueva institucionalidad refleje este principio que hoy queremos resaltar: más ciencia y menos discrecionalidad y política en las decisiones.
Es importante que en este debate en la Cámara despejemos algunos mitos que muchas veces se instalan en el debate público.
El primer mito es que en virtud de este proyecto se van a entregar licencias indefinidas. Lo primero que debemos aclarar es que las licencias indefinidas han existido siempre en la actividad de la pesca en Chile, y no solo para la pesca industrial, sino que también para la artesanal. Es decir, todos los actores de la pesca en Chile han accedido a licencias indefinidas. No es algo en lo que se esté innovando hoy a través de esta iniciativa.
En lo que sí innova el proyecto -y de buena manera en mi opinión- es en lo siguiente. En relación con la licencia indefinida, se ha señalado que se quieren entregar los recursos pesqueros solo a aquellos que tienen alguna historia; en consecuencia, estarán reducidos a un grupo de actores. Pero este proyecto corrige esa situación al transformar las licencias en licencias transferibles, transmisibles, divisibles y sujetas a todo tipo de negocio jurídico. Ello permitirá que nuevos actores accedan a esta actividad por la vía de adquirir al menos una fracción de la licencia, o una parte, o toda, dependiendo de cuál sea el interés y la situación del mercado en ese momento.
También existen otros mitos que es importante despejar y que creo que el proyecto también resuelve de buena manera, gracias al ambiente positivo habido en la Comisión de Pesca, que generó acuerdos en materias importantes. Probablemente, en el debate público, esas materias se han transmitido como mitos o como puntos de conflicto. Probablemente ello ha ocurrido porque no hemos sabido transmitir la verdad de esos conflictos.
Se ha dicho que los pescadores artesanales se oponen absolutamente a la instalación de un posicionador satelital, porque es un instrumento caro. Pero la verdad es que esa no es la disyuntiva, no es la razón de fondo para dicho rechazo. Ellos se oponen -hay que decir la verdad y transparentar las razones- porque hace 10 años la propia ley estableció el régimen artesanal de extracción y regionalizó la pesca. En consecuencia, muchos pescadores artesanales quedaron reducidos a desarrollar su actividad al interior de la región, en circunstancias de que antes de este régimen podían pasar a pescar a las regiones del lado, como lo hacían históricamente. Como los pescadores artesanales están restringidos a la región y, por tanto, no tienen la posibilidad de pasar a la zona continua, no quieren que exista un posicionador que los fiscalice, porque quedarían al descubierto en una situación ilegal. Esa es la razón de fondo que debemos resolver.
También está pendiente la situación de la pesquería de la reineta -afecta a muchas regiones-, en el sentido de declararla un recurso altamente migratorio, transzonal, y de la pesquería del bacalao, la cual originalmente se licitó y a la que los pescadores artesanales no pudieron acceder en su momento. Hoy lo están haciendo; sin embargo, si les instalan un posicionador satelital, serán descubiertos ingresando a pesquerías a las cuales no pueden entrar.
Esos temas fueron resueltos de buena manera en la Comisión. El acuerdo final fue que si hemos sido capaces de resolver los verdaderos problemas que afectan a la pesca artesanal, es posible instalar posicionador satelital como medida de fiscalización. En mi opinión, en este proyecto de ley se han dado pasos muy importantes y se han alcanzado acuerdos transversales para resolver los problemas de la pesca artesanal.
Para terminar, respecto de los planes de manejo, aspecto muy importante para las regiones del sur y para la pesca artesanal, se han tomado dos medidas fundamentales:
Primero, se deja sin la obligación del pago de patente a las áreas de manejo. Ese es un requerimiento importante de la pesca artesanal de nuestra zona. No habrá más patente por las áreas de manejo que ocupan los pescadores artesanales. Y no solo eso; además, todos los parlamentarios de la Comisión de Pesca hemos contribuido a responder a una necesidad importante: tipificar el robo -es lo que afecta realmente a la pesca artesanal en las áreas de manejo- como delito y establecer severas sanciones, incluso, con penas de reclusión, para quienes incurran en él.
Por lo tanto, hemos avanzado en forma significativa en aspectos importantes para la pesca artesanal.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , primero, lamento que hoy no se haya permitido votar en general este proyecto. Ese fue el motivo que generó el retiro de gran parte de los dirigentes de la pesca artesanal que estaban presentes en las tribunas. Habría sido importante su presencia.
También habría sido importante que hubiera estado presente en esta sesión el subsecretario de Pesca , quien ha conducido este debate durante todos estos meses. Si se encuentra fuera de la Sala, sería importante que ingresara a ellas, porque creo que nadie podría oponerse, ha sido uno de los artífices de un proyecto de ley que no compartimos íntegramente.
Lo primero que quiero destacar es que, desde mi punto de vista, el proyecto de ley que estamos discutiendo hoy es absolutamente distinto del que ingresó como mensaje a la Comisión de Pesca para su discusión en particular. Y digo que es distinto -hay que dejarlo muy claro para la historia fidedigna del establecimiento de la ley-, gracias a que un conjunto de parlamentarios de Oposición nos unimos para presentar un sinnúmero de indicaciones, con el apoyo de organizaciones como la Conapach y otros organismos de la pesca artesanal, que redundaron en mejoras sustanciales al proyecto original, en beneficio de los pescadores artesanales del país.
No obstante reconocer algunos puntos importantes que espero poder detallar en mi intervención, quiero señalar algunos aspectos que nos preocupan, debido a lo cual nuestra bancada va a votar en contra la idea de legislar sobre este proyecto de ley.
En primer lugar, consideramos que sería impresentable, por ejemplo, que la honorable Cámara de Diputados rechazara una indicación aprobada por la Comisión de Pesca, que crea un estatuto jurídico que establece un concepto claro, básico y fundamental: los recursos hidrobiológicos son de todos los chilenos. En lo particular, no podría explicarme que algunos diputados presentes en la Sala votaran en contra esta indicación; no podría entender que fueran capaces de mirar a la cara a los pescadores artesanales de nuestro país después de haber rechazado esta indicación, como ya lo hicieron en la Comisión de Hacienda.
En segundo lugar, sería lamentable, entre otras cosas, que la Sala rechazara la indicación que apunta a establecer una temporalidad, estipulada en años, para la entrega de licencias a la industria pesquera. No podemos concebir que el proyecto disponga la entrega de licencias a perpetuidad a quienes, como es sabido por todos, por años, se han enriquecido con un patrimonio que pertenece a todos los chilenos.
Cabe hacer presente que todas estas materias que estoy señalando corresponden a indicaciones que entregamos a la Mesa, con la firma de los treinta parlamentarios que se requieren, a fin de reponer muchas de las que fueron rechazadas en la Comisión de Pesca.
En tercer lugar, tampoco podría justificar que se pretenda dejar fuera de la Ley de Pesca un mínimo reconocimiento a los pueblos originarios de nuestro país que se dedican a la pesca artesanal.
En cuarto lugar, consideramos fundamental y necesario que esta Sala apruebe la indicación que apunta a proteger los caladeros históricos de la pesca artesanal, materia fundamental para la subsistencia de la actividad. Aunque algunos pretendan omitirlo, todos sabemos que la pesca de arrastre hace estragos en los caladeros históricos ubicados más allá de las cinco millas. No podríamos explicar a los chilenos que estemos perpetuando en las mismas siete familias la concentración de la actividad industrial.
(Manifestaciones en las tribunas)
¿Por qué oponernos a que exista la posibilidad de licitar un ínfimo porcentaje de la cuota industrial, a fin de que también puedan participar nuevos actores, con limitaciones acotadas, como lo hemos hecho mediante indicaciones, a fin de evitar concentraciones superiores al 15 por ciento de dichas cuotas?
En este breve espacio de tiempo que tenemos para exponer nuestros puntos de vista y que esperamos que sean escuchados con el respeto que nos merecemos, independientemente de que algunos estén en contra de ellos, estamos poniendo sobre la mesa solo algunos temas que para nosotros es relevante defender, poniéndonos la camiseta de quienes, día a día, con sus botes y con las embarcaciones más diversas, hacen patria en el mar para llevar el sustento a sus hogares. No son los pescadores artesanales de nuestro país -lo digo con mucha convicción- los que han lucrado con los recursos hidrobiológicos de todos los chilenos, no son ellos los que han dilapidado...
(Manifestaciones en las tribunas)
Pido a los asistentes a las tribunas que respeten mi derecho a intervenir.
Reitero, no son ellos los que han dilapidado algunas pesquerías; no son los hombres de mar los que han visto cómo nuestros recursos hidrobiológicos se han ido disipando cada vez más, producto de ciertas prácticas que algunos parlamentarios pretenden perpetuar.
Aquí quiero hacer un paréntesis. Este proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y su difícil tramitación en el Congreso Nacional ha traído a la discusión un hecho grave, respecto del cual algunos no quieren dar cuenta: la poca transparencia que existe sobre el financiamiento de las campañas políticas. Chile aún es un país poco transparente en esta materia. Durante la discusión de proyectos de ley como este, podemos ver en los pasillos del Congreso Nacional el lobby descarado y éticamente reprochable de quienes, con su dinero, pretenden seguir enriqueciéndose a costa de todos los chilenos. Me refiero a aquellos que seguramente, el próximo año, cuando tengamos elecciones parlamentarias, estarán pagando los favores políticos por la aprobación de un proyecto de ley que les engrosará sustancialmente los bolsillos en forma descarada.
Este es el momento de denunciar ante el país que nadie sabe quiénes financian las campañas políticas, porque hay restricciones violentas que lo impiden. ¡Y pretendemos compararnos con países desarrollados! ¡Por favor! En muchos países basta con que cualquier ciudadano apriete una tecla del computador para saber qué empresa o industria contribuyen a financiar la campaña de un parlamentario o de un candidato a Presidente de la República . Esto no ocurre en Chile.
En la Comisión de Pesca fuimos testigos de que algunos parlamentarios han sido acérrimos defensores de la industria: se oponen a que los recursos hidrobiológicos sean considerados de propiedad del Estado y a que haya regulación laboral y una plataforma laboral en las industrias que permita sancionar las prácticas antisindicales, se oponen a que los pueblos originarios sean reconocidos por ley, se oponen al reconocimiento de los caladeros históricos de la pesca artesanal, son contrarios a que se caduquen las licencias a quienes violen los derechos laborales de sus trabajadores, y son detractores de quienes los defienden.
Quiero graficar responsablemente todo lo que he planteado en relación con esta materia y que considero importante.
¿Acaso alguien puede entender que el diputado Melero , presidente de la UDI, en la Comisión de Pesca, haya defendido por años a la gran industria pesquera? ¿Alguien puede entender aquello cuando representa a un distrito que no tiene ni una sola caleta de pescadores? A menos que me equivoque garrafalmente, en Pudahuel, Colina, Lampa , Quilicura y Tiltil no existe costa ni caletas y los únicos pescados que hay allí son los que el diputado compra en el supermercado. Tengo la convicción -lo digo con todo el respeto que me merece el colega- de que su caso es una clara demostración de que, en Chile, se debe legislar para que exista más transparencia y para que cualquier ciudadano sepa quién financia su campaña, cuando el próximo año llene su distrito con publicidad millonaria.
Su caso no es el único; pero, sin duda, representa uno de los peores males de la política chilena: el lobby y el financiamiento de las campañas políticas. Lo mismo ha sucedido con leyes emblemáticas, como las relacionadas con el alcohol, el tabaco y las antenas de telefonía celular. Hoy, ocurre con este proyecto que modifica la Ley de Pesca. Creo que es el momento de que la ciudadanía exija más transparencia.
Por otra parte, como lo dije al comienzo de mi intervención, no puedo desconocer que logramos algunos avances: las cinco millas para Chiloé, la primera milla de protección para la pesca artesanal, los posicionadores satelitales solo para embarcaciones con eslora superior a 15 metros. Asimismo, entre otras cosas, logramos que quedaran excluidas las embarcaciones de recursos bentónicos.
Un problema importante respecto del cual luchamos para que se solucionara -así nos lo pidieron los pescadores artesanales de Carelmapu, Estaquilla y Chiloé- es que se considere delito, como lo decía el diputado Recondo , el robo en las áreas concesionadas; quienes incurren en ello son capaces, en una sola noche, de destruir toda la producción. También es un logro que los pescadores artesanales no paguen patente en sus áreas concesionadas. El Ejecutivo acogió nuestra propuesta de que la toma de decisión respecto de las cuotas de captura estén radicadas en los comités científico-técnicos, por pesquería, y no en un panel de expertos definido políticamente. También es un avance para Chiloé y Quellón lo relacionado con las zonas contiguas.
Lamentablemente, muchos de los puntos centrales de nuestras propuestas fueron votados en contra en la Comisión de Pesca. De manera que lo que pretendemos es reponer las indicaciones relacionadas con los aspectos que mencioné al inicio de mi intervención.
Por eso, hago un llamado para que las indicaciones que he señalado en estos breves diez minutos sean aprobadas, porque son muy importantes para la pesca artesanal de nuestro país.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , esta iniciativa, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, tiene una importancia relevante para todos los chilenos.
Lo cierto es que no aprobar ahora la indicación presentada en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos -fue aprobada en esa instancia-, que entrega al Estado el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción, en definitiva, significa que se quiere privatizar el mar.
El mar es de todos, por lo tanto, debe haber consistencia respecto del domino del Estado de sus recursos hidrobiológicos. Entendemos que los recursos que están en el mar deben ser extraídos para beneficio de los chilenos y que debemos contar con un sistema para que los pescadores artesanales puedan capturar tales recursos. También entendemos que la industria debe tener su espacio de captura, en beneficio de los trabajadores y de quienes dependen de este sector económico.
Sin embargo, lo que no entendemos es que esto se quiera privatizar indefinidamente, a perpetuidad, con la entrega de licencias a destajo, sin posibilidad de caducarlas o de que se vuelvan transables en una legislación integral, que no sean heredables y que, a final de cuentas, solo un porcentaje pueda ser licitado y no el ciento por ciento de ellas. Es decir, estamos ante una iniciativa que apunta en un sentido distinto.
Esperamos que el artículo 1° sea aprobado en esta Sala, porque le da cierta visión de Estado a lo que queremos hacer con los recursos del país.
En la Comisión, el ministro planteó -lo ha expresado en varias oportunidades- que la dificultad de esta futura ley es que ha sido regionalizada. Pero yo diría que es al revés, porque cada región es distinta, sus pescas son distintas, los pescadores son distintos y pescan especies diferentes. Por eso, a mi juicio, esta norma debe ser mucho más regionalizada que lo que el ministro pretende. Las diferencias se producen porque habitamos regiones distintas.
A modo de ejemplo, en mi región solo el 0,016 por ciento de la cuota global de todo el país se pesca en la Región de Atacama. Entonces, si esos armadores capturan esta cuota tan baja respecto de la cuota nacional, ¿es lógico pedirles la incorporación del posicionador satelital?
Nuestros pescadores de la Región de Atacama no van ni pescan en las regiones contiguas. Ese no es nuestro problema. Efectivamente, sí están en la primera milla, pero por una razón territorial. La primera milla es abrupta, desciende rápidamente. Por lo tanto, antes de la primera milla, el fondo marino es muy profundo. En consecuencia, no hay peligro de que se afecte el fondo marino. De hecho, en la normativa actual, en el artículo 5°, la prohibición de pesca en la primera milla se establece en función de la protección del fondo marino.
Por eso, en la Región de Atacama no necesitamos posicionador satelital, pues encarece el costo de la actividad de los pescadores artesanales.
¿Es una diferencia regional? Claro que la es. No tenemos problemas con la Región de Antofagasta ni con la de Coquimbo. Por eso, pregunto nuevamente: ¿cuál es la razón de exigir posicionador satelital a los pescadores de nuestra región?
También me gustaría saber cuál es la razón de exigir fiscalización, con empresas externas, lo que, en definitiva, significa crear un nuevo negocio, el de la fiscalización, que pagarán los propios pescadores artesanales, en circunstancias de que ese rol le corresponde al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). No estamos en contra de la fiscalización ni de la certificación. Debe hacerse, pero ¿por quién? ¿Por empresas externas y crear un nuevo negocio? ¡No! ¡Ese trabajo debe realizarlo el Sernapesca!
Por ello, en este proyecto echo de menos un aumento de la planta de esa repartición y de los recursos para su modernización, a fin de contar con un servicio que fiscalice en forma adecuada a los pescadores.
Otro tema muy importante para los pescadores artesanales -lo han dicho en todos los tonos- es el respeto a los caladeros históricos de la pesca artesanal. Hay zonas del mar territorial más allá de las cinco millas, en las que los pescadores artesanales han pescado históricamente. Son los caladeros históricos de la pesca artesanal. ¿Por qué no respetamos esos caladeros para la pesca artesanal, si las naves industriales pueden pescar en todo el resto del mar, incluso más allá de las 200 millas? Hacia ese gran espacio debe estar orientado el esfuerzo de la pesca industrial, pero no hacia los caladeros históricos, que deben reservarse para la pesca artesanal.
Por otra parte, las cinco millas son un tema que los pescadores artesanales han planteado desde siempre. Hoy, es muy difícil defender esa distancia de acuerdo a la forma en que se miden. ¿Qué han planteado los pescadores artesanales? Medir las cinco millas desde los puntos más sobresalientes de la costa en líneas rectas, algo bastante razonable, desde el punto de vista de la pesca artesanal, para defender su zona y para mejorar la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, materia que tampoco se toca mayormente.
De una vez por todas, los algueros, recolectores de orilla, buzos de apnea y los pescadores propiamente tales deben tener igualdad de derechos en el Registro Artesanal para los efectos de los reemplazos y los derechos hereditarios.
Es necesario contar con una legislación que avance en dar igualdad a todos los actores que trabajan en la mar, y no solo a los pescadores.
Un aspecto importante es que la plataforma social debe ser para todos los tripulantes, tanto de la pesca industrial como de la pesca artesanal.
(Aplausos).
No debemos hacer diferencias. Ambas tripulaciones no son las responsables del agotamiento, por ejemplo, del jurel. Ese ejemplar fue agotado en forma expresa a nivel transnacional, fuera de las 200 millas, y también por algunas naves industriales. ¿Son los tripulantes de las naves los responsables? ¡No, señor! ¡Son los dueños de las empresas que mandaron a capturar cantidades industriales de jurel! ¿Son responsables los tripulantes de los pescadores artesanales? ¡Tampoco!
En consecuencia, la plataforma social necesariamente debe incluir a los trabajadores tripulantes de las naves industriales y artesanales.
(Aplausos).
Los pescadores artesanales de mi región me han dicho que están en contra de las licitaciones. ¿Por qué? Lo repito de manera textual: “Estamos en contra de las licitaciones, porque si los pescadores artesanales se han esmerado, se han organizado para recuperar las pesquerías, no corresponde que cuando estas efectivamente mejoren, se liciten a empresas industriales a perpetuidad…”.
Al respecto, presenté una indicación para que, en el caso de que mejoren las pesquerías, los excedentes de la cuota global de captura que se encuentren en un nivel superior o igual al valor del rendimiento máximo sostenible sean entregados a los pescadores artesanales. Es la única forma de mantener viables las pesquerías en el país, y no licitándolas a las nuevas industrias, porque eso significa que en lugar de ser siete las familias privilegiadas, después serán ocho o nueve. Pero no implicará más que eso.
El 15 por ciento que se quiere licitar, realmente, no se abre a nuevos actores. Simplemente, le da derecho a una o dos familias más, que ya deben estar esperando la posibilidad de acceder a las cuotas, a incorporarse a las licitaciones.
Por eso, los pescadores artesanales de mi región están en contra de las licitaciones. Afirman que si las licencias de pescas fueran temporales -por ejemplo, por veinte años-, no heredables, caducables en casos especiales y ciento por ciento licitables en el área industrial, sería perfectamente posible entrar en ese régimen.
El Estado tiene la necesidad real de no repetir los mismos errores que cometió con el agua y las minas, en que se entregaron derechos a perpetuidad para que se devasten nuestros recursos naturales, en circunstancias de que son de todos los chilenos.
El artículo 1° aprobado por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es básico para entender esto como un problema de Estado y para no privatizar el mar chileno ni un sector tan importante como es el de nuestra pesca.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MOCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI.- Señor Presidente , quiero hacer un reconocimiento a todos los miembros de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, ya que independientemente de nuestras posturas políticas, hemos desarrollado un trabajo acucioso y responsable. No puedo dejar de nombrar a su Presidente , don Sergio Bobadilla , y a los diputados señores Gabriel Ascencio , Cristián Campos , Fidel Espinoza , Patricio Melero , Carlos Recondo , Alejandro Santana , Frank Sauerbaum , Jorge Ulloa , Orlando Vargas , Matías Walker y a la diputada señora Clemira Pacheco y a quien les habla.
Quiero centrar mi discurso en la sustentabilidad, que es el eje de nuestra discusión, porque debe protegerse. Por eso, después de escuchar a las caletas de pescadores artesanales de las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, considero que toda embarcación por sobre los doce metros de eslora cuyo arte de pesca sea la red de cerco deberá contar con posicionador satelital para resguardar la primera milla. Esta es una solicitud ansiada por los pescadores artesanales del Norte Grande de Chile.
Después de escuchar a más de 140 organizaciones del mundo de la pesca artesanal, laboral, industrial y científica, hemos rechazado la indicación del Gobierno y decimos no a las licitaciones, porque producen inestabilidad laboral para nuestros trabajadores y sus familias. En esta misma área, en el entendido de que toda inversión debe sostenerse en el tiempo, es necesario que los derechos sean indefinidos.
Como una manera de resguardar a nuestros trabajadores, mediante la generación de una plataforma laboral social, quiero destacar que fueron acogidas dos indicaciones para su protección. Sin embargo, en esta línea y pensando en aquellos trabajadores que tienen más de 55 años y 20 años de trabajo en el mar, es importante insistir en los puentes de jubilación, porque esos trabajadores podrían quedar desplazados producto de la ley. Efectivamente, se trata de trabajadores que son jóvenes para jubilar, pero viejos para incorporarse en otras áreas de trabajo, si consideramos que han dedicado toda su vida al trabajo en el mar.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al ministro , quien insiste en que no habrá desplazados, que lo que abunda no daña y que es mejor una ley que contenga puentes de jubilación, en caso de que nuestros trabajadores llegaran a ser desplazados. Me preocupa que esto no quiera ser escuchado, ya que no sólo involucra a los más de 6.000 trabajadores del Norte Grande, que represento, y a sus familias, sino también a todos a los trabajadores a lo largo y ancho de nuestro país. Por lo tanto, pido al Ejecutivo que incorpore este sentido anhelo del mundo laboral.
Considerando los acuerdos a que han llegado los pescadores artesanales e industriales del norte del país, he defendido -y lo seguiré haciendo- las perforaciones en las cinco millas, en el entendido de que la pesca es fluctuante y que ha mantenido por años una estabilidad en nuestros trabajadores y familias. Desconocer este acuerdo sería perjudicial y nocivo para la mantención en el tiempo de la pesca en el norte grande.
Insisto en que la realidad de la pesca en el norte, centro y sur de nuestro país es diferente, por lo que siempre debemos hablar de macrozonas.
Los comités científicos técnicos serán los organismos que, con criterio científico e independiente, determinarán los rangos para fijar las cuotas anuales sin presiones políticas, ejercidas dentro del Consejo Nacional de Pesca. En este sentido, valoro, como iquiqueña y nortina, que dentro de la composición de estos comités científicos siempre haya un representante del norte y del sur del país cuando se discuta, por ejemplo, el tema del jurel.
En relación al fraccionamiento, es relevante señalar el traspaso de cuota del sector industrial al artesanal, considerando que este significa 34 millones de dólares, con el consecuente incremento de participación de la pesca artesanal a un 53 por ciento.
Por último, agradezco el respaldo popular de los miles de trabajadores, no solo del norte, sino de todo el país, que han dicho no a la licitación y que han pedido una plataforma laboral y social contundente, que incluya de verdad puentes de jubilación.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, por su intermedio, le pido a nuestros invitados que se encuentran en las tribunas que escuchen con respeto a todos y a cada uno de los diputados y diputadas que hagan uso de la palabra.
Seré muy claro. Efectivamente, si se revisa la votación que se llevó a cabo en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos podremos constatar que, en términos prácticos, da cuenta de grandes mayorías. Estamos hablando de una materia que, por cierto, no es nada de fácil; es una materia altamente técnica en que todos sabemos que hablamos de intereses -en todo caso, legítimos- de todos los sectores.
Quiero comenzar mi intervención con un reconocimiento al ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira , por cuanto tomó una difícil decisión, que es, precisamente, ordenar un tema que no es fácil. Desde luego, todos conocemos la materia y sabemos que finalmente vence no la Ley de Pesca, sino la forma en que se extrae la pesca.
En tal sentido, debemos hacer una clara distinción, porque hoy no se reconoce que se está creando una nueva institucionalidad basada y centrada en la sustentabilidad de los recursos, que todos buscamos, aunque con legítimas discrepancias. Una institucionalidad nueva que, desde luego, tiende a quitarle a la autoridad política la facultad de fijar las cuotas. ¿O acaso alguien podría decir que por arte de magia aparecían los peces para aumentar la cuota en tiempos electorales? ¿Acaso no se quiere ver el inmenso avance que significa establecer una fracción, pero no por la voluntad del Ejecutivo, sino por un acuerdo que se llevó a cabo en una mesa a la que, por cierto, no pudieron ir todos, porque es imposible, pero sí los más representativos del país? Tal fraccionamiento no es de cinco pesquerías, sino de doce.
Se cambia la institucionalidad y se fortalece la fiscalización, con el propósito de saber qué, cómo y dónde se pesca. Quienes conocemos esta materia sabemos que, efectivamente, existe una enorme falta de fiscalización, y quien diga lo contrario no sabe nada del tema o miente descaradamente.
También se fortalece la investigación a través del IFOP.
Además, se establece una mejoría del Fondo de Administración Pesquera.
Por lo tanto, pido a la autoridad que establezca una mesa tripartita en la que reúnan la industria, los trabajadores y el Gobierno, a través del Ministerio correspondiente, con el propósito de contemplar ayudas eventuales a trabajadores que pudieren perder su empleo. ¿No es ese el objetivo de este proyecto de ley: evitar la pérdida de empleos?
Sin embargo, tenemos que ponernos el parche antes de la herida y, necesariamente, debemos barajar alternativas si ello ocurriera. Y, si es necesario, el Fondo de Estabilización tendrá que salir a partir de esa mesa.
(Aplausos).
Se elabora una institucionalidad distinta en la Subsecretaría de Pesca y en el Servicio Nacional de Pesca. Se crean cuatro subdirecciones, con el propósito de atender, de mejor forma, esa realidad, lo cual es muy necesario.
Me quiero detener particularmente en un acuerdo que libremente consiguió la mesa que invito a instalar el ministro de Economía , Fomento y turismo, una instancia que busca transferir más de 30 millones de dólares del sector industrial al sector artesanal. ¿Y qué va a significar esto? Que el sector artesanal no va tener el 52 por ciento del desembarque, sino el 55 por ciento; el 45 por ciento restante quedará para la industria. Pregunto: ¿ese cambio no es ayudar al mundo artesanal?
¿Recuerdan cómo era la situación en 1991, cuando se dictó la actual Ley de Pesca? En esa época, el desembarque del sector artesanal no alcanzaba al 25 por ciento; hoy asciende al 52 por ciento. Pregunto nuevamente: ¿significa eso perjudicar al sector artesanal?
De igual manera, quiero responder a una injuriosa observación formulada por un señor diputado . Refiriéndose al diputado Patricio Melero , expresó: “Pero si no tiene ni un pescado en su distrito”. Quiero decir a ese colega que no tengo metralletas ni armas e integro la Comisión de Defensa Nacional y que hay colegas que no son científicos y participan en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Esa observación es de escasa altura intelectual y, además, raya en la mediocridad, porque ni siquiera revisó la historia de la Ley de Pesca, que estamos modificando. El primer presidente de las Comisiones unidas que la analizó fue, precisamente, el diputado Melero en su condición de Presidente de la Comisión de Agricultura y Pesca en aquel tiempo. Por lo tanto, la participación del diputado Patricio Melero está más que acreditada y más que justificada.
También quiero referirme a un tema que ha sido muy panfletario y mal usado, que, a todo esto, aquí también se está utilizando: el famoso eslogan de las siete familias. ¿Por qué no decimos que el mundo de la industria representa entre 50 y 60.000 familias en Chile? A eso nos estamos refiriendo.
(Aplausos).
Es cierto que el mundo artesanal representa entre 70 y 80 mil trabajadores. Y por esa misma razón se le están entregando mejores y mayores herramientas. ¿O acaso establecer, por ejemplo, que es un delito robar en las parcelas del mar no favorece al mundo de la pesca artesanal? Eso lo hemos hecho en conjunto con todos los diputados de la Comisión.
Por lo tanto, negar que el proyecto de ley constituye un avance real para el mundo artesanal es no querer ver; es vendarse los ojos.
También se ha preguntado por qué razón las licencias van a ser indefinidas. La respuesta es muy fácil: porque hoy los permisos de pesca son indefinidos y, por lo tanto, nadie va a pasarse al sistema de licencias si estos no constituyen la misma condición. Existen dos tipos de trabajadores del mar en esta materia, los artesanales y los industriales, y la licencia de pesca del pescador artesanal es indefinida y, además, heredable, lo que me parece correcto.
Por lo tanto, ¿por qué razón no podrían ser indefinidas en el otro caso, como lo establece la ley?
Siento profundo orgullo de que estemos discutiendo y elaborando una gran norma. Creo que este proyecto cumple los requisitos que se requieren para posibilitar la sustentabilidad de los recursos y la mantención de dos sectores imprescindibles. Es hora de dejar de enfrentarlos.
Quiero ser muy claro: no más del 10 por ciento de los pescadores artesanales tienen lanchas de más de 12 metros y de hasta 18 metros, y ellos capturan más del 85 por ciento de toda la extracción artesanal. ¡Por eso estamos cuidando a los pescadores más chicos! ¡Hay que poner atención a los más pequeños!
Por esas razones, me siento orgulloso de apoyar un proyecto de ley que va a cuidar a los sectores de la pesca en Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acoger la solicitud del diputado señor Fidel Espinoza en orden a que ingrese a la Sala el subsecretario de Pesca , señor Pablo Galilea?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , todos tenemos plena conciencia de que es mucho lo que está en juego, que tenemos una situación particular que da cuenta de una gestión inadecuada de los recursos marinos de Chile y que en torno a esto está asociado no solamente el desarrollo de nuestro medio ambiente en términos sustentables, sino también una actividad que entrega una enorme cantidad de empleos, desde Arica a Magallanes .
Por lo tanto, esta futura ley será de trascendencia estratégica para los intereses de Chile, país con más de 4.000 kilómetros de costa en el océano del futuro -el Pacífico-, en un ámbito en el que desafortunadamente no estamos a la altura de lo que pide el país. Este proyecto no solo ha implicado una intensa movilización de los más diversos actores a lo largo del país, sino también más de seis meses de trabajo de una Comisión de esta Cámara, y el Gobierno nos quiere forzar a resolver esto en cuestión de horas en la Sala de la Cámara de Diputados.
Hay proyectos de ley que requieren para su tramitación real y concreta mucho más tiempo que el que el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa. Esto da cuenta de una forma en que se quiere legislar.
No se quiere legislar después de escuchar y conversar con la sociedad civil -en este caso, con los actores de la pesca-, sino que se quiere legislar, a mi juicio, perpetuando un conjunto de privilegios que en nada ayudan a la sustentabilidad de los recursos y, sobre todo, a la mantención de los innumerables puestos de trabajo que están asociados a la pesca a lo largo de todo Chile.
Los socialistas vamos a votar en contra del proyecto de ley. Si bien la iniciativa implica algunos logros -como expresó el diputado Fidel Espinoza -, nos parece que no resuelve lo esencial, porque no se hace cargo del problema de fondo y no asegura la sustentabilidad de los recursos marinos de Chile. Por el contrario, primero, perpetúa el oligopolio asociado a la industria pesquera; segundo, tiene de rehén a un importante número de trabajadores asociados a esa industria, como muy bien lo señaló hoy el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros en el diario La Segunda, y tercero, porque no se hace cargo de los problemas profundos que existen en la pesca artesanal.
Probablemente, la Derecha, que está en el Gobierno, ya tomó conciencia de que cuando los pescadores artesanales -por ejemplo, en la Región de Coquimbo- no pueden salir al mar terminan por golpear las puertas de la asistencia social del Gobierno. Muchas veces han tenido que luchar en contra de la perforación de las cinco millas, porque no les deja recursos para trabajar. De eso no se hace cargo el proyecto en discusión, puesto que perpetúa la inequidad que afecta, entre otras, a la Región de Coquimbo.
Por otra parte, a diferencia de lo que expresó el diputado Ulloa -quien, al parecer, se contenta con muy poco-, la iniciativa en discusión no avanza en materia de institucionalidad. El proyecto no establece el fortalecimiento de la institucionalidad con el objeto de que los intereses mayoritarios de la pesca, particularmente de la artesanal, sean protegidos como corresponde.
Asimismo, la iniciativa perpetúa el carácter indefinido de determinadas concesiones que han expropiado a Chile y a los chilenos parte importante de sus riquezas, tal como también ha ocurrido -sin ir más lejos- en el caso de la minería. Ahora se quiere hacer lo mismo con los recursos marinos.
Digamos las cosas como son: lo que hacen las concesiones indefinidas es entregar a unos pocos los recursos que nos pertenecen a todos; perpetúan la distribución inequitativa de la riqueza social de los recursos marinos. De eso estamos hablando cuando queremos seguir en la lógica de las concesiones indefinidas.
Aquí no se resuelven los problemas de la concentración. El proyecto en discusión perpetúa la hiperconcentración, la cual se produce no solamente en la industria pesquera, sino en el conjunto de sectores económicos del país. A través de la iniciativa, el Gobierno no se hace cargo de resolver aquello que los chilenos están pidiendo: más equidad y mejor distribución de la riqueza; por el contrario, va en la dirección opuesta.
No son los trabajadores industriales los que se llevan la parte del león -no nos engañemos- de la industria pesquera. No son los pescadores artesanales los que se benefician con lo que aquí se está planteando como modelo de negocio de la pesca. Al contrario -aunque a algunos les duela-, aquí se les está haciendo el negocio a las siete familias que controlan buena parte de los recursos marinos de Chile.
(Manifestaciones en las tribunas)
La pequeña y mediana empresa pesquera ha desaparecido, porque no ha habido preocupación por su desarrollo, aspecto sobre el cual el proyecto de ley que estamos debatiendo tampoco se hace cargo.
Sin embargo, una de las cosas más graves es que la iniciativa perpetúa y convierte en regla general la perforación de las cinco millas en el norte de Chile. Llevamos años luchando con los pescadores artesanales de la Región de Coquimbo para poner término a esa práctica. Había una esperanza de que en el marco del debate de este proyecto pudiésemos establecer la protección íntegra de las cinco millas, sin excepciones, desde Arica a Magallanes . Sin embargo, eso no se establece en la iniciativa, en la cual se perpetúa una institucionalidad y un mecanismo que no resuelve el problema de la perforación, la cual ha significado la depredación de los recursos asociados a la pesca artesanal en todo el litoral de la Región de Coquimbo.
En consecuencia, votaremos en contra de la idea de legislar, porque el proyecto está hecho a la medida y al servicio de la industria, puesto que no defiende ni protege los derechos de la pesca artesanal. Lo que se ha querido hacer es gatopardismo: cambiar un poco para mantener las reglas del juego como están, para beneficiar a aquellos que se reparten 3.000 millones de dólares al año, en beneficio de unos pocos y en contra de la inmensa mayoría de los chilenos.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el ministro Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).- Señor Presidente , he solicitado el uso de la palabra a esta altura del debate porque gran parte de las intervenciones, de alguna forma, han hecho alusión a muchos de los aspectos esenciales del proyecto de ley. Sin embargo, en mi calidad de ministro de Economía , Fomento y Turismo, quiero referirme a este proyecto y a las razones que lo inspiran, para dar respuesta a una serie de planteamientos que no tienen sustento en la realidad ni en el proyecto de ley que hemos enviado al Congreso Nacional, el cual, como se ha señalado, ha cumplido con su tramitación en las Comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y de Hacienda, en las que ha habido un porcentaje de acuerdo que, tal vez, para muchas personas resulta incomprensible si se considera el clima que muchas veces se genera en las discusiones de este sector de nuestra economía.
Como ministro de Economía , Fomento y Turismo, tengo la tranquilidad de haber presentado a tramitación del Congreso Nacional el proyecto de ley que Chile necesita, iniciativa que se hace impostergable.
Tengo plena conciencia, después de haber sido parlamentario por 21 años, qué cosas del proyecto en debate son populares y cuáles no lo son. Sin embargo, tengo la tranquilidad de no haber eludido ninguna materia que hubiese sido más sencillo esquivar para contar con aplausos fáciles. He procedido de esa manera porque tengo la convicción más profunda de que si hay algo que tenemos que compartir todos es que este sector de la economía no resiste más la forma en que han sido abordados sus problemas durante las últimas décadas.
No quiero hacer ninguna crítica política. Por el contrario, observo la situación desde el punto de vista de la sociedad. En el estatuto jurídico, los recursos pesqueros se consideran como res nullius. Por lo tanto, lo que hace el Estado es regular el acceso a ellos, porque no son de nadie; de alguna forma, pertenecen a todos los chilenos. En ese sentido, lo que hace el proyecto es regular cómo se accede a esos recursos.
En relación con esa regulación, me quiero referir a la razón por la que estamos legislando.
Hoy existe el sistema que establece los límites máximos de captura por armador, el cual fue transitorio -aunque de transitorio tuvo poco, porque duró una década-, pero tenía fecha de término: el 31 de diciembre de este año.
Si no se aprueba el proyecto en debate, si no estuviesen los votos para legislar, sobre la base de la ley vigente, se volvería a la “carrera olímpica”. Eso es lo que estamos votando con la idea de legislar. Lo que se está decidiendo es si queremos volver a la “carrera olímpica” o no. Espero que en la Sala no haya nadie que quiera que el país vuelva a ese sistema de acceso a los recursos pesqueros, el cual fue modificado hace diez años porque era necesario hacerlo, puesto que, de lo contrario, seguirían desapareciendo los recursos pesqueros del país.
La conflictividad que hoy existe en ese sector de nuestra economía se debe a que existe una situación que todos podemos constatar en la totalidad de las pesquerías del país: que cada vez tenemos menos recursos pesqueros en Chile.
¿Qué hace este proyecto de ley? Ya he señalado por qué estamos legislando, pero algunos en la Sala han reclamado respecto de la urgencia con que lo estamos haciendo. En ese sentido, tal como lo señaló la diputada informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, quiero recordar que la iniciativa fue enviada al Congreso Nacional el 14 de diciembre pasado y que, por la complejidad de la materia, lo más probable es que no nos saltemos ninguno de los trámites legislativos que corresponde a una iniciativa legal, la cual debemos despachar antes del 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, dentro del plazo legislativo de este proyecto, la Cámara de Diputados tuvo bastante más que la mitad del plazo.
Por lo tanto, si hay algo que todos compartimos -dentro de la calma, la seriedad y la reflexión con la que corresponde discutir una materia como esta- es que los plazos no son infinitos, y los que hemos tenido son más que suficientes.
Quiero agregar que la Comisión tuvo más de ciento cuarenta audiencias públicas y expusieron todos aquellos que quisieron hacerlo. Hemos tenido muchas reuniones. Otra crítica que se nos formula es que no hemos escuchado a la gente. Me cuesta creer que haya otro ministro de Economía que haya tenido más audiencias con pescadores artesanales, tripulantes y trabajadores de planta del país. Habré tenido más de 150 reuniones -con algunos de ellos, en varias ocasiones-, porque estimo que, para legislar, es muy importante conocer bien esta realidad.
Dicho lo anterior, me referiré al articulado del proyecto de ley. El primer artículo dispone que la Ley de Pesca en Chile tendrá un objetivo: la sustentabilidad de los recursos. Eso fue aprobado en forma unánime. Y este cambio de mirada debe ser acompañado con coraje, para incorporar aquellos elementos que garanticen la sustentabilidad. No tiene sentido que el país esté en la situación en que está, con sus pesquerías más significativas prácticamente colapsadas, y hagamos un cambio institucional que no considere las medidas necesarias para que ese cambio sea coherente.
¿Qué significa un cambio coherente? Que sepamos qué pescan, cuánto pescan y dónde pescan los actores más relevantes, a los cuales el Estado les entrega el derecho a extraer los recursos, independientemente de su tamaño. Eso no lo sabemos hoy en Chile. Lo que sí sabemos es que declaran menos de lo que pescan; de hecho, muchos me lo han manifestado en las caletas. Les quiero decir que, en la tranquilidad, después de las innumerables reuniones y de la explosión de pasiones, todos reconocen que tenemos que cambiar. Es muy difícil para los dirigentes de este sector que reconozcan frente a sus bases lo que debemos hacer, pero los diputados, el Congreso Nacional y el Ejecutivo están llamados a legislar por el bien común.
Es evidente que si preguntamos si se debe poner posicionador satelital, ninguno de los que deben instalarlo va a reconocer que es necesario hacerlo. Si queremos saber lo que trae un pescador y la cantidad de pesca, para certificarlo, nadie nos va a decir voluntariamente: “ Ministro , pónganos la certificación”. Eso lo tienen que hacer las autoridades, por el bien común, porque para eso estamos llamados, y el Ejecutivo no ha eludido esa responsabilidad.
Este año, el 52 por ciento del recurso pesquero lo sacan los pescadores artesanales del país, y el 48 por ciento restante, el sector industrial.
También quiero informar a las señoras diputadas y señores diputados que no hay ningún país en el mundo donde exista el fraccionamiento que tenemos aquí: ser industrial o ser artesanal; es algo propio nuestro. En todas las legislaciones del mundo existen autorizaciones para pescar de acuerdo con el tamaño de las naves. En Chile se nos ocurrió que las naves con más de 18 metros de eslora son industriales y aquellas con menos de 18 metros de eslora son artesanales. La diferencia entre una nave de 17 o 18 metros de eslora con una de 19 metros de eslora solo está determinada por la definición de la ley.
Asimismo, quiero ilustrarlos para que sepan quiénes son los que tienen autorización para pescar en el país en la actualidad. En Chile existe un registro y nadie puede pescar si no está registrado. Por lo tanto, estas son las cifras que tiene el Estado, al día de hoy, sobre las embarcaciones en el país:
Hay 384 embarcaciones industriales y algo más de 13.000 naves artesanales, de las cuales 11.800 -prácticamente 12.000- tienen entre 0 y 12 metros de eslora. Me encantaría que esos casi 12.000 pescadores artesanales con naves menores a 12 metros de eslora estuvieran aquí, en las tribunas, pues representan el 90 por ciento del total de las embarcaciones de pescadores artesanales, quienes no tienen espacio para manifestarse.
Ahora, hay 1.200 embarcaciones de pesca artesanal sobre 12 metros y hasta 18 metros de eslora; es decir, el 10 por ciento. Ese 10 por ciento de las embarcaciones artesanales tiene el 90 por ciento de la pesca artesanal del país, y el otro 90 por ciento restante de embarcaciones tiene el 10 por ciento de la pesca artesanal.
Vamos a las cifras globales. En el fraccionamiento -al cual me referiré con más detalle más adelante- de esta ley se establece que ese 52 por ciento que hoy tienen los pescadores artesanales del país aumentará, a partir del 1 de enero -si se aprueba-, a 55 por ciento, y la industria del país tendrá 45 por ciento. Como autoridad, quiero ser muy claro al explicar que los países disponen de naves de acuerdo a las pesquerías que tienen. No se trata de que a alguien se le haya ocurrido hacer desaparecer a la industria. Hay recursos que son capturados en alta mar, a 1.000 o a 800 millas.
Por cierto, tenemos la zona económica exclusiva de 200 millas y, obviamente, algunas pesquerías no pueden ser explotadas por boteros. Por eso, los países tienen naves de diferentes tamaños y podemos reservar, como lo vamos a conversar más adelante, algunas millas para los boteros, de acuerdo a los tamaños, como se contempla en este proyecto de ley.
En Chile hay 1.268 naves de pesca artesanal que tienen el 90 por ciento de la cuota de dicha pesca en el país, el 90 por ciento del 55 por ciento que le corresponde al sector, lo que significa que hay 1.268 naves que tienen el 50 por ciento del desembarco de la pesca en el país. Y el 45 por ciento restante corresponde a aquellas embarcaciones que tienen más de 18 metros de eslora, que constituyen la pesca industrial.
El 5 por ciento de la pesca artesanal queda para 12.000 embarcaciones de pescadores artesanales con una eslora menor a 12 metros, a los cuales en este proyecto no solamente no les hacemos ninguna exigencia, sino que, además, por primera vez en la historia, les reservamos la primera milla.
(Aplausos en las tribunas)
Obviamente, esas 12.000 familias, del total de 13.000 de la pesca artesanal del país, no se pueden manifestar -en todo caso, igual hacen llegar sus correos en los que agradecen silenciosamente- a través de los medios de comunicación.
Adicionalmente, en relación con la primera milla, establecimos un mecanismo, que fue acordado en la Comisión -así venía en la propuesta original-, para que cada región establezca cómo pueden ingresar a la primera milla los pescadores artesanales de mayor tamaño. Se pondrán de acuerdo entre ellos, en su región, porque también respetamos las miradas regionales. Por lo tanto, la primera milla queda exclusivamente para embarcaciones menores a 12 metros de eslora y se permite la perforación para aquellas embarcaciones de pescadores artesanales de entre 12 y 18 metros de eslora si se ponen de acuerdo en los planes de manejo de cada pesquería, en cada región. De no haber acuerdo, eso lo resuelve el consejo zonal.
Exactamente lo mismo ocurre respecto de las cinco millas. Hoy, en el norte, está permitida -siempre se ha permitido- la perforación y se conserva. ¿Por qué? Porque ahí convive el mundo de la industria y el mundo artesanal. La mesa de diálogo conservó ese acuerdo, porque en el norte hay armonía entre ellos. Hemos realizado algunas modificaciones en las regiones Cuarta y Tercera, para no afectar a miles de trabajadores que viven de los crustáceos, de una industria que está dentro de las cinco millas. Se recogió esa mirada y eso se hizo en forma armónica.
Sin embargo, es importante entender algo. Los pescadores artesanales de naves de menos de 12 metros pueden salir a las cinco millas. Algunos entienden que solo pueden pescar en la primera milla. Igualmente, los pescadores artesanales que tienen reservadas las cinco millas pueden pescar más allá de esas cinco millas. Los industriales no pueden ingresar en las cinco millas, así como el armador artesanal de mayor tamaño no puede pescar en la primera milla.
Entonces, ¿cómo podemos explicarles a quienes opinan que este proyecto va a perjudicar a la pesca artesanal del país, en circunstancias de que, en el fraccionamiento que venimos proponiendo, traspasamos 34 millones de dólares en recursos pesqueros del sector industrial al artesanal, lo que les va a permitir pasar del 52 al 55 por ciento de la captura?
Es difícil entender que vaya a desaparecer un sector que, con esta norma, obtendrá más recursos pesqueros. Es bastante difícil explicar que va a desaparecer el sector de los boteros -es decir, los más chicos- si se le está reservando la primera milla. Y más difícil es sostener que un proyecto como este atenta contra la pesca artesanal, cuando hemos anunciado, para apoyarla, la incorporación del Idepa -el “Indap” pesquero-, que anunció el Presidente el 21 de Mayo.
Entonces, esto nos debe llamar a la reflexión. Queremos hacer un cambio institucional en Chile, en que la sustentabilidad de los recursos sea el objetivo del sector, porque lo único que está claro es que, así como estamos, la conflictividad y el hambre van a llegar a este sector si no garantizamos la sustentabilidad de los recursos.
¿Cuál es hoy el problema para garantizarla? Que los actores, los artesanales, los industriales y la autoridad política son los que toman la decisión en este sector. Si ustedes leen la literatura internacional, se darán cuenta de que los países pesqueros más avanzados del mundo están retirando -algunos ya lo hicieron- de la toma de decisiones a los actores y a la autoridad política, que hoy están en el Consejo Nacional de Pesca, donde se acabarán todas las decisiones resolutivas. Se crearán 11 comités científicos técnicos, donde se radicarán esas decisiones. ¡Esa es la idea matriz de este proyecto!
Sé que esto no es del agrado del sector. ¿Cómo va a ser de su agrado perder el poder que hoy tienen, y que han tenido siempre, para definir las cuotas? Nosotros, como autoridad, presentamos una cuota sobre la pesquería del jurel, pero fue rechazada y finalmente se aprobó la propuesta del Consejo Nacional de Pesca. Así hemos ido perdiendo nuestros recursos pesqueros.
Por lo tanto, ahora, esos 11 comités científicos técnicos que se crearán, que estarán integrados por científicos, serán un cambio institucional que, afortunadamente, fue aprobado unánimemente en la Comisión técnica. Es una mirada que todos compartimos, porque este sector no resiste más la toma de decisiones en la forma en que lo hemos venido haciendo.
Los grandes beneficiados van a ser, precisamente, los que viven de este sector: los que trabajan en el mundo de la industria, los que trabajan en las plantas procesadoras de productos del mar y, por cierto, los pescadores artesanales del país. Entonces, compartamos el criterio de que hay que hacer ese cambio.
Afortunadamente, ha existido consenso, que pensé que se iba a alcanzar. Lo hemos logrado con mucha polémica, discusión y descalificación, pero cuando llega la hora de votar, todos debemos estar conscientes de que tenemos que hacer ese cambio.
¿Qué implica este cambio? Significa que debemos tomar algunas medidas que no son populares, y eso deberán votar. Tenemos 1.268 embarcaciones de entre 12 y 18 metros de eslora y, de acuerdo con la ley, cada armador puede tener hasta dos embarcaciones, para que vayamos calculando cuántos armadores podemos tener en este segmento. Los conocedores del sector saben perfectamente que algunos, en forma indirecta, tienen más de dos naves.
Entonces, este segmento obtendrá derechos para el 50 por ciento del desembarco en Chile. Si no sabemos qué, cuánto y dónde extrae, no tiene sentido hacer el cambio que estamos proponiendo. Por cierto, todas las exigencias se harán a las naves de cierta eslora hacia arriba, es decir, a lo que en Chile llamamos sector industrial, que extrae el 45 por ciento de los recursos.
Esa es toda la conflictividad. La podríamos eludir si dejamos de pedir esto o lo otro y sacaremos un aplauso fácil, pero tengan claro que lo único que vamos a conseguir en este sector es seguir depredando los recursos en la forma en que lo hemos venido haciendo.
Por eso, se establecen exigencias para ordenar el sector. ¿Para quiénes? Para aquellos que tienen derecho en Chile a sacar el 95 por ciento de los recursos pesqueros.
El 45 por ciento lo extraen naves de sobre 18 metros de eslora, que corresponde a la pesca industrial. Después tenemos esas 1.268 embarcaciones que sacan el 50 por ciento, a quienes denominamos pescadores artesanales de mayor tamaño. A este conjunto de embarcaciones -las 384 industriales, más las 1.268 artesanales de mayor tamaño- les exigiremos la instalación de dos instrumentos, porque queremos saber qué y cuánto extraen, para garantizar la sustentabilidad.
He tenido cientos de reuniones, en algunas de las cuales me he reunido con los tripulantes de esas embarcaciones, en forma separada, sin los dirigentes o los dueños de dichas embarcaciones. A muchos de esos tripulantes, que van en “la parada” -como diría cualquier chileno- de lo que capturan, porque existe un contrato que establece la forma en que ellos se reparten lo que ganan, les preocupa que la embarcación venga con 60 toneladas, pero que solo se declaren 30, porque cuando se declara la mitad, los tripulantes ganan menos, aunque ellos sepan que la nave venía completa. ¡Situaciones como esas ocurren en nuestro país!
Entonces, no podemos seguir haciéndonos los lesos y tolerar esas conductas, en que se capturan 60 toneladas, pero solo se declaran 30 y, así se duplica la cuota que realmente corresponde para mantener la sustentabilidad. Por consiguiente, necesitamos certificaciones.
Obviamente, hay que exigírselas al mundo industrial. ¿Alguien en esta Sala se negaría a ello? Por cierto, las deben tener, pero también debemos exigírselas -sé que no es una medida popular- a los pescadores artesanales grandes. Estamos hablando del 10 por ciento del total. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué y cuánto capturan quienes tienen autorización para sacar el 50 por ciento del desembarque total.
Muchas veces se declara que capturan jibia, pero en realidad traen merluza. Esto es lo que tenemos que ordenar, y lo estamos haciendo, pero con tiempo. Entiendo el hecho de que muchos teman este ordenamiento. A ellos les digo que, como ministro de Economía , Fomento y Turismo, sería irresponsable si el ordenamiento lo hiciéramos a partir del 1 de enero. No es viable ni sensato hacerlo así; necesitamos tiempo. Por eso, hemos dado un año de plazo para las certificaciones y dos para el posicionador satelital. Veremos si se requiere más tiempo para concretar estas dos exigencias. ¿Para quienes son estas exigencias? Repito: solo para el 10 por ciento de las embarcaciones de la pesca artesanal -las más grandes-, que capturan el 50 por ciento del desembarco. Esto es, básicamente, lo que ha generado mucha conflictividad.
A este segmento -y solo a este- le hemos agregado una tercera exigencia, que es el pago de patente. En la Comisión llegamos al acuerdo de 0,2 UTM por TRG (tonelada de registro grueso) para las naves entre 12 y 15 metros, y 0,4 UTM por TRG para las naves de 15 a 18 metros.
Les aclaro que no buscamos recaudar entre los pescadores artesanales. La idea es que tengan como crédito el ciento por ciento de lo que gasten en el posicionador, el 50 por ciento de su mantención y el 50 por ciento de la certificación. Si observan el informe financiero, comprobarán que la recaudación del Estado es cero, porque las exigencias se convierten en créditos a esa patente. Por lo tanto, el Estado recauda cero peso. Los diputados de la Comisión de Pesca y también una dirigenta de una de las confederaciones más importantes de la pesca artesanal preguntaron por qué no hacíamos lo mismo con el gasto en vigilancia que tienen los pescadores artesanales de sus áreas de manejo. Ellos pagan patente por sus áreas de manejo, pero están gastando mucho en vigilancia, porque lamentablemente les roban sus recursos pesqueros. Esta seguridad les demanda gasto en bencina y en personas. En tal virtud, como Gobierno, eliminamos el pago de esa patente. De esa forma, preferimos que gasten en vigilancia y no le paguen al Estado. Por lo tanto, la recaudación por el lado de la pesca artesanal es cero.
Para que el país y los diputados que no son miembros de la Comisión técnica tengan una idea -porque hay mucha gente que ve estos debates y no conoce la realidad de este sector- de lo que ocurre, les aclaro que el pago de patente para este segmento de naves no es popular. Sin embargo, ustedes saben que todo feriante paga patente por tres metros cuadrados en una feria. Lo mismo hace la persona que tiene un quiosco. Ahora, estamos hablando del pago de 0,4 UTM por TRG, pero no olvidemos que se trata de naves que tienen un costo de entre 40 y 300 millones de pesos que hoy no pagan patente. Por lo demás, no le van a pagar al fisco, porque lo descontarán, ya que -reitero- no buscamos recaudar. La recaudación viene por el lado de la industria, o sea, de las naves de más de 18 metros de eslora, a través del royalty y del pago de patente que estamos incorporando.
Para la sociedad chilena, lo importante es el ordenamiento que estamos haciendo, pensando en la sustentabilidad de los recursos, y este es el eje del proyecto en debate.
También me referiré a las materias que están generando debate y que sirven de argumentos para votar en contra de la idea de legislar. La idea matriz del proyecto ya la señalé. En la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos se discutieron muchas materias, que pulimos, mejoramos y respecto de las cuales acogimos muchas miradas, en la medida en que los técnicos del Estado las respaldaran.
Pero hay un tema particular que me inte-resa aclarar, puesto que algunos diputados han expresado que con este proyecto se está privatizando.
Pregunto: ¿cuál es la norma que privatiza? ¿Qué tenemos actualmente en Chile? Las naves menores de 18 metros de eslora, las artesanales, tienen autorizaciones indefinidas. Si alguien tiene una nave de 18 metros, su porcentaje de la cuota artesanal es indefinido, porque no tiene límite en el tiempo. Y es muy importante que sea indefinida, porque esa conducta es económica y socialmente mejor; incluso, desde el punto de vista de la sustentabilidad de los recursos, también es mejor.
Si el pescador artesanal fallece, el porcentaje en la pesquería es heredable, porque el heredero tiene derecho, tal como lo tiene hoy la pesca industrial. Los permisos y las autorizaciones que hoy tienen los que ejercen la actividad pesquera con naves sobre 18 metros son indefinidos. Es decir, no innovamos, sino que buscamos lo que propone el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Por qué no han ingresado en el mundo industrial? ¿Por qué ha sido difícil o imposible entrar en ese sector? Simplemente, porque hace diez años establecimos una transitoriedad, que es el límite máximo de captura por armador, que está vinculado a la nave. Por lo tanto, para ejercer ese derecho, se tiene que poseer una nave. Actualmente, dos tercios de las embarcaciones no están operando. La industria está haciendo el esfuerzo con un tercio de las TRG de hace diez años, para que se den cuenta cómo ha evolucionado el sector en estos años.
¿Qué nos dijo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el órgano que está a cargo de la libre competencia en Chile? Que era importante que entraran nuevos actores y que, para eso, era menester que las licencias de pesca fueran transables, ojalá indefinidas, transables, transmisibles y divisibles. Todo eso lo recogimos en este proyecto de ley. No dejamos de recoger ninguna recomendación de ese tribunal. ¡Ninguna! Algunas serán discutibles, y cada uno podrá opinar sobre ellas, pero recogimos todas las sugerencias. ¿Para qué? Para que ingresen nuevos actores. La licencia será divisible hasta el séptimo decimal del porcentaje, de manera que también puedan entrar los pequeños. Por eso, esa transferencia o esa divisibilidad tiene que ser lo más pequeña posible, para que se cree un mercado y puedan entrar actores, y no como ocurre en la actualidad, en que, para acceder al sector industrial, se requiere un límite máximo de captura, que está vinculado a una nave.
Reitero: no dejamos de incorporar ninguna de las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para las licencias transables de pesca, para que ingresen nuevos actores, para que haya más inversión, más valor agregado y más innovación. En la medida en que bajemos las barreras de entrada -como lo recomienda ese órgano-, podrán entrar nuevos actores, y eso lo recogimos integralmente en este proyecto.
Adicionalmente, establecimos la licitación. Puedo afirmar, de manera responsable, que las licitaciones, en la forma como vienen propuestas -en esto recogimos una indicación del diputado Walker-, se gatillan en un momento en que las pesquerías estaban sanas. Todos los órganos internacionales y los países pesqueros más avanzados advierten que, si una pesquería está colapsada o sobreexplotada, entonces no se deben incluir más actores, porque ese esfuerzo atenta contra la sustentabilidad. Por eso, en las pesquerías las licitaciones se gatillan de acuerdo con el rendimiento máximo sostenible, que es un concepto muy importante que hemos incorporado en el proyecto, porque el rendimiento máximo sostenible por pesquería es el óptimo, donde se encuentran el óptimo biológico y el económico, porque en muchas pesquerías estamos consumiendo la biomasa. Esta situación es similar a tener un gallinero con mil gallinas que producen mil huevos, pero si nos comemos doscientas gallinas, será bastante difícil seguir produciendo esos mil huevos, ya que solo llegaremos a 800. Lo mismo nos está ocurriendo en casi todas las pesquerías del país.
Creo haber aclarado los aspectos que han sido objeto de intervenciones muy apasionadas.
El fraccionamiento representa el esfuerzo de una mesa que se convocó con todos los actores del sector y podría ser una de las causas que podrían generar desempleo. Algunos señores diputados ya señalaron que entre 80.000 y 83.000 personas viven de la pesca artesanal y entre 50.000 y 60.000 viven del sector industrial y de las plantas procesadoras de esos productos.
En Chile se dice mucho que no hay diálogo, pero nosotros hicimos esfuerzos en tal sentido e instalamos una mesa de diálogo para estudiar el fraccionamiento, en la que participaron las dos confederaciones más importantes del país, los tripulantes de la industria y los sindicatos de trabajadores en plantas, en la industria; es decir, estuvieron todos los actores del sector, quienes llegaron a acuerdo en relación con el fraccionamiento. También debo valorar que la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos respaldó unánimemente el acuerdo que se logró en esas conversaciones, solución que es responsable y que nos permite decir que el fraccionamiento, que permitirá traspasar recursos de la industria al mundo artesanal, no debería generar ni un cesante.
Ahora bien, hay cuatro elementos del proyecto que pueden generar desempleo. El primero, al que ya me referí, es el fraccionamiento.
El segundo es el establecimiento de plazos para las licencias, ya que si otorgamos una licencia por diez años en el sector de la industria, pero la empresa pesquera la pierde a los diez años, se genera incertidumbre y cesantía. En consecuencia, no proponemos licencias con plazos en la iniciativa, pues queremos que sean indefinidas, porque creemos que es mejor desde el punto de vista económico, social y de la sustentabilidad.
El tercero son las licitaciones. La indicación del diputado Walker está vinculada a que se gatillen cuando las pesquerías estén sanas, cuando estén en un momento muy diferente al que se observa hoy. En consecuencia, las licitaciones no van a generar desempleo.
(Manifestaciones en las tribunas)
Por último, un cuarto factor que podría generar desempleo en la industria son las artes de pesca…
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, dirija el debate, porque el ministro ha utilizado cuarenta minutos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Diputado De Urresti, está interviniendo el ministro.
Puede continuar con el uso de la palabra, señor ministro.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).- Señor Presidente , he destinado muchos días y horas a este proyecto, y por eso quiero explicarlo con detalle.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señores diputados, está interviniendo el señor ministro , que tiene derecho a usar de la palabra sin límite de tiempo, como lo señala el Reglamento. Además, puede intervenir en cualquier momento del debate.
Tiene la palabra el ministro Longueira.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).- Señor Presidente , si no me hubiesen interrumpido, ya habría terminado mi exposición.
Ya mencioné las materias que podrían generar desempleo y que en el proyecto Ejecutivo no están contempladas, cuales son el fraccionamiento, el plazo de las licencias, las licitaciones y artes de pesca.
Algunos diputados han hecho alusión a la pesca de arrastre, un arte de pesca que tenemos en Chile. En este momento se están tramitando dos proyectos de ley -es importante que lo sepan los señores diputados-, originadas en mociones, en el Senado y en esta Cámara, tramitación que, como ministro , he respetado, y por eso no fueron incluidos en el proyecto en discusión. Dichas iniciativas regulan la conservación de los ecosistemas marinos y el descarte.
Debo hacer presente que la eliminación de la pesca de arrastre significaría mucha cesantía en la industria, porque hay pesquerías que se capturan con red de cerco y otras con redes de arrastre. Además, si no pescamos un determinado recurso, se puede ir al mar peruano o a otras zonas. Entonces, Chile estaría renunciando al uso de un arte de pesca que se puede perfeccionar, fiscalizar y mejorar, que es lo que se ha estado haciendo. Por lo tanto, debemos tener claro que la eliminación de ese arte de pesca -reitero- generará desempleo. Lo digo a quienes apoyarán o patrocinarán una indicación para eliminar ese arte de pesca.
La última dice relación con las cinco millas. Si se cierran las cinco millas en el norte del país, desaparece la industria pesquera del norte, lo que generaría mucho desempleo. En consecuencia, en el proyecto seguimos permitiendo la perforación de las cinco millas en el norte, con el objeto de que la pesca artesanal y la pesca industrial convivan en la forma en que lo han hecho anteriormente. Esa es la razón de que se respete esa práctica en el norte del país.
Por lo tanto, puedo afirmar, en forma muy seria, que el proyecto de ley en trámite, que aprobaron las comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y de Hacienda, no debiera generar desempleo.
(Manifestaciones en las tribunas)
Lo único que podría generar desempleo es no hacer los cambios institucionales que este sector requiere, porque habrá más desempleo y más conflictividad si no logramos que el proyecto genere la sustentabilidad de los recursos pesqueros y establezca, a través de los comités científicos técnicos, la forma en que el Estado debe recuperar todas sus pesquerías, que hoy están absolutamente colapsadas.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, no cabe duda de que en el proyecto que modifica la Ley General de Pesca existen intereses, derechos y aspiraciones contradictorias entre sí.
Un buen legislador es aquel que no deja completamente contentos a todos los sectores, porque si lo hace, quiere decir que ha legislado mal y sin sentido de país, pues las leyes tienen que ser abstractas, generales y permanentes.
Por lo tanto, lo que nos corresponde hacer como legisladores -lo que no es fácil, como ha quedado demostrado en esta sesión- es velar por el bien común.
Como dijo muy bien el diputado Fidel Espinoza, el proyecto ha sido enriquecido con el aporte de los parlamentarios de la Oposición. ¡Qué duda cabe de ello!
Hemos señalado como un principio fundamental -en algún momento tendrá que establecerse en nuestra legislación- que los recursos hidrobiológicos son de todos los chilenos, y que en los espacios marítimos sometidos a la jurisdicción del Estado chileno, este tiene que entregar permisos y autorizaciones de pesca que no dan derecho de propiedad sobre los mismos.
Consecuentes con esto, un grupo de parlamentarios presentamos una indicación -que se perdió en la Comisión- que limita las nuevas licencias de pesca a veinte años. Sé que este tema no ha sido bien entendido ni compartido por muchos sectores, pero creemos que hay muchos ejemplos en nuestra legislación, particularmente en materia de régimen de concesiones, en que se establece claramente que los concesionarios tienen un derecho limitado en el tiempo. No estamos tocando los permisos de pesca que hoy tienen las industrias, sino que estamos reivindicando un derecho soberano y legislando respecto de las nuevas licencias de pesca, que pueden ser limitadas en el tiempo. En la Comisión perdimos tal indicación, pero, consecuentes con nuestra postura, la repusimos en la Sala con el apoyo de 35 señores diputados.
Respecto del problema de la sustentabilidad, no cabe duda de que tiene que ser la piedra angular de esta legislación. Por eso, si no logramos recuperar las pesquerías y darles sustento, sea cual fuere la vía por la cual se asignen los recursos, la actividad pesquera decaerá fuertemente. Por lo tanto, la primera tarea es recuperar las pesquerías y administrarlas de manera sustentable en el tiempo; de ahí la importancia de definir lo que es el rendimiento máximo sostenible y también el punto biológico de referencia, estableciendo, como lo hicimos en una indicación, que el rendimiento máximo sostenible corresponde a un punto biológico límite sobre el cual se produce la sobrepesca, que no podemos traspasar, por un principio de responsabilidad. Esperamos que esto sea corregido en la posterior tramitación del proyecto.
En materia de institucionalidad, se lograron importantes avances, como la creación de los comités científicos técnicos. Se recorrigió el mecanismo de adopción de decisiones en la administración pesquera, la determinación de cuotas y de planes de manejo, establecimiento de vedas y tallas mínimas, cuestiones que deben basarse en un criterio científico, ajeno a variables o factores políticos.
En cuanto a investigación, pusimos sobre la mesa que la investigación científica pura y simple, ajena a factores externos que pudieran alterar el objetivo de la investigación, cual es la entrega de información científica para la toma de decisiones, era un pilar fundamental.
Respecto de los pescadores artesanales, logramos establecer el término de la patente para las áreas de manejo.
Junto con otros parlamentarios, soy autor de una indicación -y me enorgullezco de ello- que establece el delito de usurpación y de extracción ilegal en las áreas de manejo, para proteger a los pescadores artesanales.
En relación con la regulación de las zonas contiguas, establecimos que siempre deben ser aprobadas por los propios pescadores artesanales y por los consejos zonales de pesca.
También establecimos la limitación a las perforaciones dentro de las cinco millas en el norte. Es muy importante aclarar esta cuestión, porque allá tienen que convivir la industria, sobre todo crustacera, con el sector artesanal.
Mediante una indicación que presenté junto con otros parlamentarios, se dispone que los consejos zonales de pesca tengan una suerte de veto y que no pueda haber perforación sin el acuerdo de tales consejos zonales, en que los pescadores artesanales tienen representación, y la incorporación de la primera milla reservada a la pesca artesanal. Estas son algunas de las ventajas incorporadas en favor de los pescadores artesanales.
En cuanto a este sector, logramos poner sobre la mesa el tema de la plataforma social. Gracias a nuestras indicaciones, el Ejecutivo accedió a incorporar parte de la plataforma social y se estableció la capacitación para los trabajadores y para sus hijos. Pero queda pendiente -y la hemos repuesto en una indicación, con la firma de más de cuarenta diputados- la incorporación del fondo de estabilización para los trabajadores de la industria, con los puentes de jubilación.
También presentamos una indicación, que se aprobó, con la que se establece la causal de caducidad de las licencias por prácticas antisindicales.
(Aplausos).
Respecto de las licitaciones, hemos propuesto que el mecanismo se active cuando se recuperen las pesquerías. No sacamos nada con entregar cuotas de pesca a perpetuidad si primero no se recuperan las pesquerías. Tiene que licitarse una fracción de las cuotas, en carácter de divisibles hasta el séptimo decimal, para permitir el acceso a las pymes, pero ello debe ocurrir cuando se recuperen las pesquerías.
En materia de patentes y de royalty, tenemos una diferencia con el Ejecutivo. Creemos que la justa compensación al país por la administración de los recursos pesqueros exige un esfuerzo mayor en materia de royalty y de patentes pesqueras.
También tenemos una discrepancia con el Ejecutivo en materia de un estatuto que acoja las aspiraciones y derechos de los pueblos originarios, porque pensamos que se debe elaborar.
¿Por qué un grupo de diputados -espero que sea mayoritario- de la Democracia Cristiana y de la Concertación vamos a aprobar la idea de legislar? Porque esa es nuestra pega: legislar. Por eso hemos trabajado por más de seis meses en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, en la que hemos escuchado a más de 150 organizaciones y hemos acogido muchas de sus propuestas en indicaciones concretas. Muchas las hemos ganado, otras las hemos perdido; pero lo peor que puede pasar es retrotraernos a la situación de 2001, cuando no existía límite máximo de captura por armador. Eso significaba, simplemente, volver a la “carrera olímpica”. ¡Ese sería el efecto actual de no legislar! Eso es -lo digo con todas sus letras- una irresponsabilidad, y nosotros no vamos a caer en ella.
Vamos a aprobar la idea de legislar, pero el proyecto debe perfeccionarse en las instancias posteriores de su tramitación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , primero, quiero entregar un saludo al compañero José Ascencio , quien está en huelga de hambre en mi región desde hace más de una semana. Es un pescador artesanal de Puerto Gaviota que está protestando por el derecho legítimo que tienen, y deben seguir teniendo, los pescadores artesanales de Chile. Vaya un saludo para él.
Así como se privatizaron las empresas sanitarias y eléctricas, así como el cobre ya no es de los chilenos, hoy se pretende consolidar la privatización de nuestro mar. Digo esto porque, sin lugar a dudas, cuando se entregan patentes, permisos o derechos de pesca en forma perpetua, estamos hablando de privatización.
Hoy, el principal eslogan del Gobierno de la Derecha y de los empresarios es la sustentabilidad de los recursos. Pero no dice nada y sigue permitiendo la pesca de arrastre, que, como todos saben, es el arte de pesca más destructivo que existe en la pesquería mundial.
El ministro Longueira dijo que el término de la pesca de arrastre va a producir cesantía, pero eso no es así. Si se pone fin a la pesca de arrastre, se posibilitará el desarrollo y el aumento de los recursos, y al industrial, al empresario, tal vez le va a salir un poquito más caro su costo operativo. Pero hay otras artes -como, por ejemplo, el espinel- que generan toda una cadena de trabajo.
Por lo tanto, es absolutamente falso afirmar que si se termina la pesca de arrastre se va a producir cesantía en Chile. ¡Eso no es así! ¡De ninguna manera! La cesantía se va a producir cuando no tengamos peces en Chile, cuando a nuestro mar no le queden riquezas naturales, como ha sucedido en el norte.
Es cierto que Chile es un país largo y que hay diferencias entre el norte, el centro y el sur; sin embargo, no se puede permitir la privatización del mar, ni en Arica ni en la zona central ni en Magallanes. Por eso nosotros estamos en contra de la idea de legislar este proyecto, y llamo a rechazarlo.
(Manifestaciones en las tribunas)
La pelea -que escuchen bien los compañeros que están en las tribunas- no es entre los artesanales, no es entre los trabajadores del mar; la pelea es contra la gran industria.
Hace un momento se señaló que siete familias eran las dueñas del mar chileno, pero yo digo que eso no es verdad: son solamente cuatro las familias dueñas de nuestro mar, y se van a consolidar en forma perpetua con este proyecto de ley. Y se las voy a nombrar a los que están en las tribunas:
(Manifestaciones en las tribunas)
Las familias Angelini , Santa Cruz , Sarquis y Stengel .
Pregunto a los compañeros que están de acuerdo con esta iniciativa qué va a pasar con ellos y si en un par de años más les seguirán dando trabajo. Nuestra obligación como legisladores es proteger nuestras riquezas naturales, es proteger a los trabajadores chilenos, es proteger a los pescadores artesanales.
(Manifestaciones en las tribunas)
Por eso, esta futura ley…
(Manifestaciones en las tribunas)
Señor Presidente, le pido que ponga orden.
Las personas de las tribunas están en su legítimo derecho a manifestarse. Pero la actitud que usted ha tenido respecto de estos dirigentes, que son representantes de un sector artesanal, no ha sido la misma que tuvo con los trabajadores que se fueron recién.
En la discusión de este proyecto en la Comisión participaron más de 160 asociaciones, pero esas organizaciones no corresponden al total existente en el país. Personalmente, hice ingresar a un par de dirigentes a la Comisión, pero fueron sacados de la instancia.
Por lo tanto, este proyecto no ha tenido toda la participación de las organizaciones ni se han escuchado todas las opiniones de los pescadores artesanales de Chile.
Existen organizaciones históricas muy respetables por su trayectoria, pero también la correlación de fuerzas ha cambiado y hoy hay una organización que no ha tenido participación en esta iniciativa legal; ni siquiera ha sido escuchada. Se trata de los compañeros que representan y se encuentran organizados en la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal. Actualmente, esa es la organización más representativa del sector pesquero artesanal. Lo digo sin desmerecer al resto de las organizaciones.
(Manifestaciones en las tribunas)
¿Cómo es posible permitir el traspaso de cuotas? ¿Cómo es posible que los artesanales tengan que entregar su cuota, como está sucediendo hoy en la Región de Aysén?
Creo que esta es una ley maldita. Tal vez algunos dirigentes que le están fallando a su clase y a sus bases, en breve tiempo se darán cuenta del error que hoy están cometiendo. El Gobierno y los empresarios han hecho pelear y enfrentarse a los propios trabajadores. ¡No, compañeros! ¡La pelea no es entre los pescadores artesanales! ¡Es entre los pescadores artesanales y la gran industria! ¡Esas cuatro familias que mencioné se los van a comer igual como el tiburón blanco se come a los peces más pequeños!
Este proyecto no merece un solo trato. Llamo a la Sala, con responsabilidad, a rechazar la idea de legislar, para que de esta manera el Gobierno entienda que no tiene parlamentarios que harán lo que él quiera. Démonos más plazo, porque tenemos el tiempo suficiente.
Aquí se ha dicho que hay que legislar, porque, de lo contrario, nuevamente empezará la “carrera olímpica”. ¡Esta será la muerte para nuestros compañeros!
Por lo tanto, a pesar de que este proyecto se ha discutido entre gallos y medianoche, y de que en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos los pescadores artesanales no han tenido la defensa que requerían -ha sido así-, debemos hacer el último esfuerzo para que se rechace.
Estoy convencido de que esta iniciativa va a financiar más de alguna campaña para diputado , más de alguna campaña senatorial y -por qué no decirlo-, si se aprueba el proyecto tal como está, seguramente servirá para financiar más de alguna campaña presidencial.
Por tal razón, en nombre de la mayoría, de los trabajadores de mi tierra que hoy no se encuentran presentes, porque se manipuló hasta la asistencia a las tribunas, manifiesto que nuestra obligación como chilenos, como patriotas, como defensores de nuestras riquezas naturales es rechazar este proyecto, para no seguir enriqueciendo a estas familias, que ya son dueñas del mar y que con la aprobación de esta iniciativa lo serán en forma perpetua.
La privatización del mar viene desde hace mucho tiempo. Se entregaron concesiones al sector salmonero por 25 años, prorrogables. Hoy se nos dice que se va a fiscalizar. ¿Qué capacidad de fiscalización tenemos? Incluso, se habla del “Indap pesquero”. ¡Pero si hoy cuesta demostrar cualquier actitud antisindical de parte de los empresarios! Seamos realistas. ¿Podemos probar las actitudes antisindicales de un empresario? ¿Saben lo que cuesta probar las actividades antisindicales de una empresa? ¡Es prácticamente imposible!
Respeto a los compañeros que se encuentran en las tribunas, pero creo que están equivocados. El tiempo nos va a dar la razón.
(Manifestaciones en las tribunas)
Espero que, más temprano que tarde, se den cuenta del error que están cometiendo.
Insisto: la pelea no es entre los pescadores artesanales. La pelea es entre los pescadores artesanales y la gran industria, los que representan el poder, esas cuatro familias que seguramente van a financiar más de alguna campaña.
Llamo a rechazar la idea de legislar, porque eso significa ser consecuente con los trabajadores chilenos, con los pescadores artesanales. Es lo que nos queda hoy. Es cierto que mi discurso puede ser impopular, pero la conciencia me obliga a decir la verdad.
(Manifestaciones en las tribunas)
Llamo a las compañeras y compañeros diputados a rechazar este proyecto, porque eso significa dignidad, hacer patria, hacer soberanía y defender las riquezas de nuestro país.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Quiero ser claro con las personas que se encuentran en las tribunas en cuanto a que esta es la última advertencia que hago, porque no aceptaré insultos ni interrupciones en las próximas intervenciones.
El señor ALINCO.- Ya se los dijo, señor Presidente.
Actúe.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, expreso formalmente una crítica a quien presidía la sesión antes que usted. No es posible que un ministro exponga por 45 minutos durante el debate de un proyecto de ley. Es una cuestión de forma. Aquí debe haber respeto hacia el debate parlamentario. El ministro tiene que intervenir para aportar y no para plantear una tesis completa del proyecto. Me parece un exceso que el ministro haya intervenido por 45 minutos y que el Presidente no se lo haya representado. Ni siquiera los diputados de la UDI, que no estaban presentes, escucharon al ministro .
En sus 45 minutos, el ministro Pablo Longueira hizo una importante exposición de lo que significa este proyecto, pero hay un aspecto importante que pasó por alto y al cual no se refirió, que es el meollo de la iniciativa que estamos discutiendo.
No cabe duda de que el proyecto significa un avance en algunos aspectos, que son positivos, especialmente en el ordenamiento jurídico. Pero el ministro no se atrevió a discutir ni a plantear cuál va a ser la posición del Gobierno respecto de la indicación presentada y votada en la Comisión, cuyo artículo 1° establece: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción. Podrá conceder su explotación conforme a las disposiciones de esta ley y demás normas legales y reglamentarias. El establecimiento de tales permisos o autorizaciones otorgará a sus titulares la facultad de extraerlos solo mientras se encuentren vigentes y no generará derecho alguno respecto de su continuidad o permanencia en el tiempo. La extinción de los mismos no ocasiona responsabilidad alguna para el Estado.”.
La discusión de fondo es definir cuál es la naturaleza jurídica que el legislador y el Ejecutivo dará a los recursos. ¿Nos vamos a quedar simplemente con el principio de res nullius que explicó el señor ministro ? ¿O vamos a entender que estos son recursos de todos los chilenos y que de manera alguna pueden entregarse a perpetuidad a cuatro o siete familias dueñas de las empresas en las cuales laboran muchos de los trabajadores que están en las tribunas? Estos trabajadores no tienen por qué ser rehenes de esos empresarios. Son trabajadores y trabajadoras y, sobre esa base, se deben establecer los derechos que les corresponden; además, deben entender el respeto que, como diputados del Partido Socialista, tenemos hacia los pescadores artesanales.
En esto queremos ser claros y precisos. Se lo dijimos a los trabajadores: queremos resguardar el trabajo, queremos resguardar una plataforma social, queremos resguardar sus derechos laborales, pero no otorgando a perpetuidad el derecho a estos empresarios. Eso no lo vamos a permitir. Seamos claros: los representantes de los intereses corporativos industriales y amplios sectores de la Derecha, han postulado que los recursos pesqueros son res nullius, es decir, cosa de nadie, y por ende, sujetos a apropiación por el primer ocupante. O sea, se hace valer la ocupación como modo de adquirir el dominio.
Esta interpretación se fundaría en las normas del Código Civil, que el ministro no explicó, que en sus artículos 606 y 607 señala:
“Artículo 606.- Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas, o por el Derecho Internacional.”.
“Artículo 607.- La caza y la pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos.”.
A su vez, sostienen que no sería necesario una definición legal de la propiedad estatal de los peces, puesto que en el mismo Código Civil se habría resuelto el problema a través de la reforma que se hizo en 1986, fruto de la ratificación por Chile de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
De esta manera, se habrían modificado los artículos 593 y 596 del Código Civil, estableciendo que el Estado ejerce derechos de soberanía para explotar, explorar, conservar y administrar los recursos naturales y vivos presentes en el mar.
En relación con estas dos líneas argumentales para impedir una declaración expresa en el articulado de nuestra futura Ley General de Pesca y Acuicultura sobre la propiedad estatal de los recursos hidrobiológicos, podemos señalar lo siguiente:
Primero, el Código Civil es una ley más de la república y no tiene ninguna primacía o mayor jerarquía que otra ley, menos aún cuando aquella es una ley especial.
Segundo, el propio Código Civil, en su artículo 611, reconoce el aserto anterior al establecer expresamente que “La caza marítima y, la pesca se regularán por las disposiciones de este Código y, preferentemente, por la legislación especial que rija al efecto.”.
Lo que aquí estamos haciendo es, precisamente, establecer en una norma fundamental, el artículo 1°de la Ley General de Pesca y Acuicultura el carácter jurídico que le vamos a asignar a la pesca. Esa es la discusión jurídica, esa es la discusión de fondo, esa es la discusión sobre la sustentabilidad para los pescadores artesanales y para la industria, pero especialmente en relación con el reconocimiento que el Estado hace sobre sus recursos, sin adjudicarlos a perpetuidad a esas familias. ¿Con qué derecho, con qué argumento, desde los puntos de vista jurídico y constitucional, los vamos a entregar? ¿Por qué derecho histórico, divino o de presión, pretenden hacerlo estas empresas? Creo que ese es el debate de fondo.
El referido artículo 611 del Código Civil se encuentra en el Título IV, De a la Ocupación, entendida esta como modo de adquirir el dominio.
Por ello, la remisión a una legislación especial en materia de pesca no hace más que legitimar que en la Ley General de Pesca y Acuicultura se establezca la norma base desde donde se construya la regulación pesquera.
Me hubiera gustado que el ministro -no se encuentra en la Sala-, que intervino durante 45 minutos, se pronunciara sobre este aspecto. Esto le dará sustentabilidad a un recurso fundamental para todas las familias y toda la gente que vive de la pesca, desde el pescador artesanal hasta el obrero, quienes hoy están representados en las tribunas. Esa es la definición que debemos tener; solo sobre esa base tendremos un país que cuide y proteja sus recursos naturales.
(Aplausos)
Quienes sostienen que por la vía de esta indicación se estarían estatizarían los recursos hidrobiológicos, no alcanzan a comprender que ella establece expresamente que el Estado “Podrá conceder su explotación conforme a las disposiciones de esta ley y demás normas legales y reglamentarias.”, cuestión que la ley en estudio hace a continuación en todo su articulado, es decir, regula la sustentabilidad, conservación y explotación de los recursos por los particulares.
Las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar son insuficientes, dado que regulan solo el régimen internacional de los recursos y están referidas a cuestiones de soberanía externa, es decir, al poder de un Estado sobre su territorio en relación con otros Estados.
Muchas legislaciones -entre otras, las leyes de pesca argentina y peruana- se manifiestan expresamente sobre este punto. Incluso más, la Corte Suprema noruega se pronunció recientemente sobre la necesidad de que la constitución política de ese reino contuviera una disposición al respecto, y este es el marco de aplicación de un régimen de cuotas individuales de captura.
No podemos establecer por ley, a perpetuidad, el reconocimiento a estos señores, a estas cuatro familias. No lo vamos a hacer; no podemos hacerlo, por la existencia de disposiciones legales y constitucionales, pero, especialmente, para salvaguardar la soberanía del Estado de Chile. Que no nos digan los empresarios que hay derechos históricos, que aquí hay reconocimiento a lo que han hecho, porque han ganado bastante dinero.
Lo que queremos es el reconocimiento de la referida norma en la futura ley. La pregunta que habría que hacerse es si el Ejecutivo respaldará el texto del numeral 1) del artículo 1° del proyecto. Sobre esa base se podrá discutir y defender los intereses y los recursos de todos los chilenos; de lo contrario, vamos a votar en contra la idea de legislar. En suma, vamos a proteger la pesca en Chile para que sea sustentable y no para siete familias, no para los de siempre.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto de ley es muy complejo; basta con haber escuchado las distintas intervenciones para darnos cuenta de ello.
Obviamente, nos causa preocupación que el ministro no haya podido convencer a los principales actores a los cuales afecta esta iniciativa. Hoy, hemos visto que un sector muy potente, el de la pesca artesanal, no está presente en las tribunas, porque quedó marginado de la sesión. Eso no es bueno, porque, para que una ley se sostenga en el tiempo, debe armonizar adecuadamente los distintos intereses.
En mi opinión, este proyecto de ley no acoge en forma adecuada las demandas históricas del sector pesquero artesanal, objetivo que hay que tratar de lograr para que tengamos una ley que se sostenga por sí misma.
Sin duda, uno de los temas que causa mayor discusión es el relativo a las licencias de pesca transables que se entregan a quienes tienen permiso de pesca; pero lo más grave de esto es que son por un tiempo indefinido, situación que uno cuestiona mucho y que no debería ser así. Esto es, prácticamente, una clara privatización del mar, muy similar a lo que ocurre con los derechos de agua, que, no obstante ser un bien que pertenece a todos los chilenos, están en manos de unos pocos, simplemente por haber declarado tales derechos. De manera que estos temas deben ser más discutidos para llegar a una solución adecuada.
El Gobierno ha dicho que es fundamental que las licencias sean indefinidas, apelando a argumentos tales como un posible desempleo y la incertidumbre que causaría a los industriales el hecho de que las licencias se otorgaran por un determinado número de años. En mi opinión, otorgar a un industrial una licencia por veinte años no debería causar tal incertidumbre. El diputado Walker , junto con otros colegas, presentó una indicación sobre esta materia, la cual fue rechazada en la Comisión de Pesca. A mi juicio, las licencias de pesca deberían otorgarse por un tiempo acotado, resguardando la facultad del Estado de caducarlas o de hacerse de ellas en determinadas circunstancias. La declaración de que las licencias son indefinidas significa que, a futuro, al Estado no le cabría otra cosa que expropiarlas, en caso de que quisiera hacer ajustes a la política pública que regula el sector pesquero.
Aquí se produce una inconsistencia en relación con el artículo 1°, que mencionó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, disposición que establece que los recursos hidrobiológicos pertenecen al Estado chileno. En efecto, existe una inconsistencia entre el otorgamiento de licencias de pesca por tiempo indefinido y la declaración de dicho artículo.
Por eso, la pregunta que se le formuló al ministro es correcta. ¿Qué quiere en relación con lo que establece el artículo 1°? ¿Quiere lograr que se deje sin efecto la tramitación del proyecto de ley? Lo pregunto porque es fácil apreciar que existe absoluta inconsistencia entre esos dos aspectos. Aunque debería decirlo, no lo ha hecho; es una lástima que en su extensa intervención ni siquiera se haya referido a este tema; no dijo si está de acuerdo con ello o si no lo comparte.
Sin duda, falta una institucionalidad más fuerte. Uno ve con preocupación que el IFOP tiene una naturaleza jurídica ambigua y que está subordinado financieramente a la Subsecretaría de Pesca, sin atribuciones ni decisiones vinculantes. Esto debería ser mejorado.
Otro tema que debería ser mejorado es la capacidad fiscalizadora del Sernapesca. Actualmente, vemos que es deficiente, por lo que se requieren más recursos públicos para que pueda fiscalizar en mejor forma.
Asimismo, uno ve con preocupación que la pesca de arrastre no es eliminada o que no se limita en forma adecuada. Al respecto, todos porque sabemos que este tipo de pesca es uno de los principales culpables del estado de sobreexplotación en que se encuentra la mayor parte de las pesquerías.
Por otro lado, el proyecto no acoge para nada la demanda de los pescadores artesanales sobre la posibilidad de establecer el cierre definitivo de las cinco millas marinas de reserva a favor de la actividad pesquera artesanal en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la conservación y la sustentabilidad de las especies en el tiempo.
En fin, son muchos los problemas que este proyecto de ley no resuelve y que afectan a un sector tan importante como el de la pesca artesanal. Los pescadores artesanales solicitaron declarar pesquerías ciento por ciento artesanales las de distintas especies tales como la sardina, la anchoa, la merluza, el congrio, la reineta, la raya y la jibia. Sin embargo, no se les entrega una respuesta al respecto.
Este proyecto de ley debería ser mejorado, pero dialogando más con un sector que hoy veo que ha sido marginado. Si no lo hacemos, no lograremos nada en beneficio de todo el sector.
Tal como está redactado el proyecto, voy a votar en contra de la idea de legislar, precisamente para que legislemos bien. Es lo mismo que ocurrió con el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, que lo rechazamos para legislar en mejor forma en favor de la gente.
Por eso, reitero que voy a rechazar este proyecto de ley para que, en definitiva, tengamos una ley que responda adecuadamente a todo el sector involucrado en la pesca, pero de una manera realmente justa.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Informo a los señores diputados que se han incorporado a la cuenta dinámica tres oficios. El primero es del Senado, mediante el cual informa que ha aprobado el proyecto de ley que aumenta el salario mínimo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara; es decir, solo el artículo 4°. El segundo, del Presidente de la República , por el cual envía el veto a dicho proyecto de ley. Finalmente, del mismo Presidente de la República , en virtud del cual hace presente la urgencia de discusión inmediata para el despacho del mismo.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente , hemos escuchado decir a un grupo de diputados que van a rechazar la idea de legislar; la misma idea de legislar que aprobaron en 1991, durante el gobierno del Presidente Aylwin, y la misma que aprobaron en 2002. Hoy, hacen cálculos políticos y dicen que no les conviene, sin siquiera permitirnos avanzar en los cambios que dicen que es necesario efectuar.
Rechazan la idea de legislar, sabiendo que hay una mayoría que la va a aprobar. Estoy seguro de que no lo harían si supieran que su voto es dirimente y que permitiría terminar con la “carrera olímpica”, que es a lo que se volverá si rechazan la idea de legislar. En realidad, la Concertación nos tiene acostumbrados a sus incoherencias y a borrar hoy con el codo lo que en el pasado escribieron con la mano.
Hoy, podemos legislar mucho mejor que como lo hicimos hace veinte años, porque hemos conocido y aprendido la lección, tras las experiencias positivas y negativas que la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura ha tenido en nuestro país. Hemos aprendido que es importante contar con información científica y que la investigación contribuye a tomar decisiones certeras y no a ciegas, como ocurre cuando no existe información relevante. Hemos aprendido lo negativa que fue para Chile la “carrera olímpica”, que produjo incertidumbre a los trabajadores de las plantas en tierra y que generó un verdadero desastre en la administración de los recursos pesqueros del país. Hemos aprendido a reconocer las bondades de un sistema que otorga licencias y cuotas individuales por armador. Hemos aprendido que hay que ayudar a los trabajadores que son víctimas de una ley y que pierden su trabajo, como ocurrió en 2002 con su aplicación y que se volverá a repetir este año. Hemos aprendido a aquilatar la importancia de las cinco millas para la pesca artesanal, y la necesidad de fiscalizar bien las perforaciones ilegales que se hacen en ellas.
Hemos visto que cada vez que había elecciones en el país se aumentaba la cuota de pesca para dejar contentos a unos pocos, pero en forma irresponsable, y de esa manera se privó de recursos a otros.
Hemos aprendido que debemos legislar no solo sobre nuestra Zona Económica Exclusiva, sobre las cinco millas o sobre la primera milla, sino también respecto de lo que está más allá de las doscientas millas. Por eso, hizo bien la Cámara en aprobar hace poco menos de un mes la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, a fin de impedir la depredación de nuestros recursos y la pesca indiscriminada del jurel más allá de la milla doscientos, porque sabemos que tiene un ciclo de vida que llega hasta Nueva Zelanda.
Con esa experiencia, hoy podemos legislar con responsabilidad. Estoy seguro de que esta iniciativa ofrece una excelente oportunidad para subsanar las deficiencias de los proyectos anteriores, además de crear una nueva institucionalidad que asegure y proteja la sustentabilidad de nuestros recursos pesqueros.
Por eso, resulta tan incomprensible que haya diputados de la Concertación, específicamente de los partidos Socialista y por la Democracia, que se nieguen a aprobar la idea de legislar. Pero, en fin, así están las cosas. Lo importante es abordar algunas materias, aparte de las que ya se han tratado, que han sido muchas.
¿Por qué es importante que las licencias que se entregan sean transmisibles e indefinidas? ¿Qué razón existe para darle carácter indefinido al 55 por ciento de la pesca artesanal con su registro y permiso para pescar y no dárselo al sector industrial? ¿Qué razón existe para que sea indefinido en el sector artesanal y transitorio o acotado en el sector industrial?
Ninguna, porque los recursos son los mismos, y también el esfuerzo sobre ellos. Además, existe un beneficio muy interesante: incentiva las inversiones que se requieren para dar trabajo a esos más de 50.000 trabajadores que dependen de la pesca extractiva o de las plantas en tierra.
Si no hay certidumbre en el tiempo, no hay inversión. Esto lo hemos comprobado en estos diez años, porque hace prácticamente tres que no se ha invertido en nada nuevo. Creo, asimismo, que esto se acota plenamente al fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que tiene un sentido práctico.
Ningún empresario se pasará al nuevo sistema si se le pone un período de tiempo. ¿Qué razón tendría alguien para pasar a un sistema de licencia de pesca a diez o veinte años, como algunos proponen, si hoy tiene una licencia de pesca permanente? Ninguna. Una propuesta de esa naturaleza tendría efecto nulo, porque la ley les permite quedarse en el anterior sistema o entrar al nuevo.
Me alegro de que el fraccionamiento haya permitido un aumento progresivo de la pesca artesanal en este país. En 2000, el 78 por ciento de la pesca era industrial y el 22 por ciento, artesanal. Hoy, después de la aprobación de esta iniciativa, el 55 por ciento será artesanal y el 45 por ciento, industrial. ¡Bien, por los miles de pescadores artesanales que sobreviven de esta actividad!
No quiero resaltar más lo bien protegida que queda la primera milla o los derechos que se generan sobre las cinco millas y cómo se extienden más allá.
Me gustaría ir derechamente al tema planteado en el numeral 1) del artículo 1°, del proyecto aprobado por la Comisión técnica, que establece que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción.”, y en el inciso segundo del artículo 1° A, introducido mediante el número 2) del artículo 1° del proyecto, que establece que “Pertenecen al Estado chileno los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción.”.
Ruego poner atención sobre los efectos que disposiciones de esa naturaleza generarían en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que Chile suscribió el 18 de noviembre de 1997. Esas normas, aprobadas en la Comisión de Pesca, pero rechazadas en la de Hacienda, exponen al país a un delicado escenario: la reclamación del Estado Plurinacional de Bolivia de relación con derechos derivados de la referida Convención.
En efecto, las indicaciones parlamentarias que dieron lugar a las disposiciones que señalé, que, en lo medular, estatizan los peces que habitan en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción, son abiertamente infractoras de la Convención del Mar, firmada por Chile, toda vez que, por medio de una ley, se atribuye dominio patrimonial en forma total y absoluta sobre los recursos hidrobiológicos que habitan las aguas jurisdiccionales chilenas, en particular en la Zona Económica Exclusiva. Al respecto, cabe tener presente que la Convención del Mar establece solo una soberanía económica, no patrimonial, sobre dichas áreas en favor de los países ribereños.
El derecho que la Convemar asigna a los Estados ribereños sobre la Zona Económica Exclusiva no es de dominio patrimonial, asimilable al que se pueda tener sobre el territorio continental o insular, sino que es un derecho funcional, que no tiene el carácter de absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, como se quiere incorporar a través de indicaciones parlamentarias.
Por lo tanto, pretender que el Estado tenga la propiedad sobre los peces en dicha zona marítima es un grave error, que vulnera y choca frontalmente con la normativa de la Convención del Mar, que es ley de la República, firmada por el Estado de Chile, y, lo más lamentable, puede llevar al país a graves y serias controversias con los países vecinos, en especial con el Estado Plurinacional de Bolivia.
Al leer los artículos de la Convención del Mar, resulta claro que entrega al Estado ribereño una soberanía que no es absoluta e irrestricta, ni menos tiene que ver con la facultad de hacerse dueño de los peces. Se trata de una soberanía limitada a funciones específicas, como son la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos del mar.
La Zona Económica Exclusiva es de carácter funcional, no territorial. Chile no es dueño de las aguas que corresponden a la Zona Económica Exclusiva, sino que, en virtud de un tratado internacional, como es la Convemar, puede ejercer soberanía, respetando las limitaciones que la misma norma internacional le aplica en abono absoluto sobre dicha área marítima.
Así las cosas, resulta que los excedentes de captura son un derecho reconocido por la propia Convemar y otras terceras naciones sobre el litoral del Estado ribereño para explotar los recursos en las aguas de la Zona Económica Exclusiva del país ribereño.
Esta sola limitación internacional impide que un Estado ribereño se arrogue el derecho de dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible que se pretende.
Por consiguiente, aquí, por la vía del derecho al excedente, podría haber un beneficio a Bolivia, lo que podría generar una reclamación y, por ende, un serio problema para Chile.
Ya se advierten los efectos que podrían provocar tales indicaciones. Por eso, además de reiterar la inconstitucionalidad de la norma propuesta, me hago el deber de prevenir a esta honorable Cámara que su aprobación podría exponer a Chile a una delicada reclamación de Bolivia. Por último, resulta inconsecuente con la naturaleza jurídica misma de la Zona Económica Exclusiva y con el articulado de la Convemar.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , quiero formular la siguiente proposición a la honorable Cámara: que todos los diputados de distritos pesqueros hablen diez minutos, y los demás, cinco minutos.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?
No hay acuerdo.
El señor ACCORSI.- Entonces, que todos hablen por un máximo de cinco minutos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo?
Tampoco hay acuerdo para ello.
Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , me habría gustado que el ministro hubiese estado presente en el ciento por ciento del debate de este proyecto. Con los cuarenta minutos de su intervención, utilizó la vieja técnica del cansancio.
En primer lugar, voy a saludar a un dirigente de la pesca artesanal de la comuna de Los Vilos, Fernando Tirado, quien, lamentablemente, fue detenido en las afueras del Congreso Nacional, mientras se manifestaba en contra de esta iniciativa. Desde acá, le hago llegar mis saludos, porque es un hombre que ha dado una gran lucha en defensa de los pescadores artesanales.
Según cifras oficiales, la pesca extractiva da empleo a 128.000 trabajadores, de los cuales 86.132 son pescadores artesanales. De ellos, aproximadamente 5.000 trabajan en forma indirecta en la pesca artesanal.
La pesca industrial entrega empleo a 32.000 personas que trabajan en las plantas, más las 5.000 que pertenecen a las flotas pesqueras.
Me gustaría que estuviera presente el señor ministro , por cuanto hizo un análisis muy profundo de la definición de los pescadores artesanales e industriales, aspecto en torno al cual se ha concentrado el debate. La diferencia radica fundamentalmente en el trabajo que se realiza en las cinco millas, donde trabajan los semiindustriales. Se trata de un tema no menor. Quienes debieran estar más protegidos son los pescadores artesanales, que trabajan en botes de hasta nueve metros de eslora y, en el sur, de hasta 12 metros de eslora, quienes obtienen algunos cientos de kilos de carga, cuando hay. Como sabemos, eso no siempre ocurre.
También existe un sector semiindustrial, -hay que decirlo con todas sus letras- que extrae miles de kilos desde las cinco millas, gracias a la pesca de arrastre, lo cual representa un problema bastante serio. Sin embargo, el ministro dijo que no había mucha diferencia, porque prácticamente se trataría de una línea imaginaria entre los 17, 18 o 19 metros de eslora. Si uno considera el largo, el ancho y la profundidad de las naves, por supuesto que no existe mucha diferencia entre 18 o 19 metros de eslora; pero la diferencia sí es bastante notable cuando hablamos de embarcaciones de 9 o de 18 metros de eslora.
Por eso, en nuestra bancada consideramos que debería existir una redefinición -lamentablemente no figura entre las indicaciones- de pescador artesanal, semiindustrial e industrial.
Definitivamente, las cinco millas debieran quedar reservadas para la pesca artesanal. Al respecto, en un documento elaborado por pescadores del norte, de Coquimbo, se acuerda definir un área de protección de tres millas para la pesca artesanal. Si eso hubiese ocurrido, tal vez tendríamos un mejoramiento sustantivo en las cinco, seis o siete millas.
Es necesario reconsiderar desde dónde se contabilizan las cinco millas contempladas en el proyecto y proteger efectivamente la pesca artesanal.
Muchos pescadores artesanales no tienen cuota, y ven con preocupación y casi con indignación cuando en el norte se perforan las cinco millas. En efecto, muchas veces, al lado en una embarcación artesanal se instala un tremendo barco industrial, con grandes redes, para llevarse todo lo que hay.
Por lo tanto, lo único que hay en el sector artesanal son frustraciones. En nuestra región, la pesca artesanal vive una verdadera crisis, porque, como sabemos, en las cinco millas no hay recursos. Por ejemplo, en Coquimbo, y fundamentalmente en los Vilos , Canela y Pichidangui, zona que representamos con la diputada Adriana Muñoz , entre las tres y las cinco millas existen crustáceos, pero los métodos empleados por la pesca artesanal no permiten su extracción.
El ministro dijo que los pescadores artesanales pueden llegar hasta las cinco millas, pero, al respecto, es importante tener en consideración el método de pescar que usan. Desde ese punto de vista, el proyecto no garantiza la actividad. Es cierto que representa un porcentaje muy bajo en comparación con la producción nacional, no más allá de 3, 4 o 5 por ciento. El ministro dijo que en nuestro país existen más de 11.000 naves de una eslora menor de 12 metros. Por lo tanto, son miles de familias las que están involucradas en esto. Por eso, es importante que aprobemos un proyecto equilibrado para la pesca artesanal y la industrial y también para la semiindustrial.
El ministro nos informó que la pesca industrial aparecería con menor volumen, -45 por ciento-, y pareciera que fuera así. Incluso más, muchas naves están paradas por falta de recursos. Por eso, es importante evaluar la ley de cuotas en su estricto significado e impacto. ¿Se controlaron o no las pesquerías? ¿Se redujeron o no las pesquerías? Es evidente que hubo una reducción de pesquerías, lo que llevó a una tremenda crisis, y esto se repetirá si se continúan explotando los recursos de esta manera. La ley en proyecto no garantiza la preservación de los recursos, la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, como dice su título.
Por las razones expuestas, como bancada hemos tomado una decisión que, por cierto, nos duele: votar en contra el proyecto. Tenemos motivos y argumentos para ello.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , la intervención del diputado Matías Walker me ahorró mucho de lo que quería comentar.
Para la zona que represento, resulta fundamental clarificar el carácter exclusivo de las cinco millas para los pescadores artesanales que tienen barcos de menos de 12 metros de eslora.
En nuestro país hay alrededor de 12.000 pescadores artesanales con embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, lo que representa que alrededor de 90.000 personas trabajan en este rubro, y si se cuentan sus familias, se concluye que 300.000 o 400.000 chilenos dependen de esta actividad, a quienes tenemos que proteger.
En ese sentido, para mejorar las condiciones de los pescadores artesanales, junto con la diputada señora Clemira Pacheco presentamos una indicación para que las cinco millas se cuenten desde las puntas más salientes de la costa. Esta es una aspiración de los pescadores artesanales, como me lo han hecho saber en forma reiterada los de la zona que represento, que abarca más de cien kilómetros, desde Quintero hasta Los Molles , en la Quinta Región.
Ojalá que se apruebe esa indicación, que beneficiará a los pescadores artesanales.
Me alegra ver la nueva institucionalidad que se crea, aporte fundamental del proyecto en estudio. Sin duda, es un aspecto positivo, porque permitirá que primen criterios científicos y técnicos, mediante los respectivos comités, sobre intereses de grupo, como es lo que ha sucedido hasta ahora.
Anuncio que voy a votar a favor la idea de legislar, porque, de lo contrario -como se ha dicho-, volveríamos a la situación existente en 2001, lo que sería más perjudicial para todos los pescadores en Chile. Sin perjuicio de ello, en la votación particular insistiremos en la eliminación de las concesiones indefinidas, porque eso significaría enajenar el derecho del Estado de Chile y de los chilenos a tener acceso a la riqueza de nuestros mares. Por eso, presentamos varias indicaciones que apuntan a evitar que unas pocas personas se aprovechen de toda la riqueza del mar de Chile.
Por último, también queremos beneficiar a los pueblos originarios.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , hoy nos vemos enfrentados a discutir este proyecto de ley sin ninguna evaluación seria de la actual ley y sin conocer a cabalidad, con antecedentes científicos, sus aciertos y deficiencias. Ello condicionó la discusión que realizamos, que fue apresurada, a ciegas, con ideas preconcebidas y con intereses creados de muchos sectores.
El proyecto que ingresó a tramitación legislativa es malo. En algunos aspectos mejoró en la Comisión, pero sigue siendo deficiente, malo y perjudicial.
De las 150 organizaciones que escuchamos en la Comisión, hubo algunas miradas comunes que quiero rescatar.
Primero, la necesidad de una explotación racional de los recursos pesqueros y de la aplicación de un enfoque precautorio y ecosistémico.
Presentamos muchas indicaciones, algunas apoyadas por la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) y la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), y otras que trabajamos con representantes de quienes laboran en la industria pesquera en relación con su plataforma social.
En relación con la pesca artesanal, planteamos algunas indicaciones, por ejemplo, sobre las áreas de reserva para la pesca artesanal como un derecho colectivo, con arte de pesca selectivo y de bajo impacto; protección de los caladeros exclusivos e históricos ubicados fuera de las cinco millas, y medición de las cinco millas a partir de las puntas más salientes de la costa.
Todas estas indicaciones fueron rechazadas, con lo cual se borra de raíz todo el discurso que el Gobierno ha hecho sobre la sustentabilidad y la conservación de los recursos.
En la Comisión logramos incorporar la sociedad a la parte, mecanismo tradicional de cooperación de la pesca artesanal. Creemos que tenerlo en la ley es un avance, que debe ser complementado con una regulación específica y una tarea a realizar.
Además, en la pesca artesanal es necesario permitir que todas las categorías sean consideradas para la administración de la fracción de la cuota artesanal en el Régimen Artesanal de Extracción (RAE), eximir de la patente de áreas de manejo, reconocer accesos a las pesquerías declaradas en plena explotación y en desarrollo incipiente, y mantener el sistema de vacantes para la pesca artesanal.
En cuanto a las licitaciones, es un mecanismo que pone en peligro los empleos del sector industrial y no favorece en nada al sector artesanal, pues castiga a quienes han hecho el esfuerzo por cuidar los recursos.
La pesca artesanal tampoco gana, pues en lugar de favorecerse un mejor reparto de los eventuales excedentes, estos irán a parar a manos de quienes tienen los recursos para subastarlos.
En materia de administración, el Gobierno propuso un panel de expertos. Es una mala fórmula, muy condicionada y ligada al gobierno de turno.
La figura de los Comités Científicos Técnicos y los planes de manejo se acercan mucho más a una gestión autónoma, independiente y de tipo objetivo.
En materia de programas de recuperación de un recurso, es importante haber logrado que se consideraran medidas de mitigación y compensación para los pescadores artesanales, tripulantes de naves especiales y trabajadores de planta. Se trata de una indicación que fue aprobada en la Comisión de Pesca, pero tengo entendido que fue rechazada en la Comisión de Hacienda.
En cuanto a otros aspectos en los que todavía falta por avanzar, puedo mencionar la falta de regulación sobre caladeros históricos de la pesca artesanal, las normas sobre la primera milla y las perforaciones. Los pescadores han solicitado el reconocimiento de sus caladeros históricos ubicados fuera de las cinco millas, y el fin de las perforaciones. El Gobierno ha propuesto, en su lugar, el cierre del acceso a la primera milla, aspecto que los pescadores artesanales ya tenían reconocido en el artículo 47 bis.
Hay un desconocimiento total de la actividad pesquera artesanal. Se entrega una caluga, creyendo que con ello se beneficia a los boteros, en circunstancias de que estos necesitan un reconocimiento mucho mayor.
Es una lástima que no esté presente el señor ministro , porque quería decirle que, entre las regiones Cuarta y Décima los boteros a los cuales él pretende proteger en la primera milla, pescan merluza común fuera de las cinco millas, incluso hasta en la milla quince, y que los botes que pescan reineta lo hacen a la altura de la milla treinta.
Por otra parte, la flota cerquera artesanal opera en la primera milla, con las restricciones que impone actualmente el artículo 5º de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Su exclusión significará paralizar la flota, lo que afectará sus capturas. En mi región, dicha flota está compuesta por más de cuatro cientos embarcaciones.
Presentamos una indicación para crear la facultad de cerrar estos espacios cuando existiere interferencia negativa en relación con otras flotas costeras de menor tamaño. Sin embargo, el Gobierno impuso el cierre como regla general, y dejó una excepción, sujeta a la voluntad de los actores.
Hay un trato desigual: manga ancha permanente para las perforaciones industriales en el norte y encierro en las cinco millas para los pescadores artesanales. Eso no es justo.
La autorización respecto de la región contigua es un tema controvertido. Las áreas de operación de las flotas cerqueras de la Octava Región se extienden hasta Punta Manuel, en la Novena Región, y Punta Carranza, en la Séptima Región.
Los caladeros que se han ocupado desde siempre son parte del ciclo de la flota y dan cuenta de más de un tercio de sus capturas. La pesca artesanal ha operado siempre a base de especies y no de zonas geográficas. Da lo mismo dónde capturan las sardinas o anchovetas si se regula por unidad de pesquería. Antes, como dicen los pescadores, pescaban desde Arica a Magallanes . Con sabiduría y algo de ironía, se preguntan: ¿Qué ocurre? Que los peces no tienen la costumbre de leer los mapas, y circulan entre regiones porque son migratorios. Por eso, tiene poco sentido que los pescadores sigan limitados en la región.
En el caso de la Octava Región, tenemos más de 750 lanchas que desarrollan actividades -viven de ellas más de 12.000 personas-, a los que se agregan unos 1.500 botes. No tiene sentido persistir en una limitación con la que se beneficiarán pocos pescadores de las regiones contiguas, decisión que significará disminuir el desembarque de la Octava Región en aproximadamente 30 por ciento.
Hay 150 lanchas en las que operan 2.000 pescadores artesanales.
El mecanismo que se propone en materia de autorizaciones es malo; esto se hará con dificultad y obligará a compensaciones innecesarias de pescadores de una región a los de la otra.
Hemos solicitado al Gobierno que se extienda a los pescadores artesanales de nuestra región el trato favorable con que cuentan los industriales que disponen de macrozonas, al igual como se reconoce la operación de la flota rastrera al interior de las cinco millas en la Cuarta Región o de la flota cerquera industrial en las regiones Decimoquinta, Primera y Segunda. En suma, debe reconocerse la operación en la región contigua para esta flota artesanal de la Octava Región.
Lo dicho corre también en relación al posicionador satelital que el Gobierno está exigiendo con el objeto de controlar la aplicación de esta normativa.
¿Por qué digo esto? Porque la regionalización es la responsable. Este es un problema político, y es hora de que el Gobierno entregue una solución.
En cuanto a la duración de la licencia de pesca del sector industrial, mediante indicación propusimos que fuera por un periodo de diez años, renovable. Los recursos pesqueros pertenecen a todos los chilenos. Se trata de una definición básica, sobre la que no tenemos duda. Por eso, propusimos establecerla en el proyecto de ley. A partir de eso, la conclusión es lógica: los recursos se pueden entregar a particulares, pero por un plazo limitado. Se habla de derechos históricos, pero nadie puede tener derechos sobre bienes comunes, menos si la ley así lo expresa.
La protección social de los trabajadores es absolutamente insuficiente. Se trata de una medida puntual, destinada a los afectados por esta crisis, en circunstancias de que en esta actividad las crisis y las contingencias son permanentes. Por lo tanto, pedimos un fondo de contingencia permanente para la protección social.
El proyecto solo considera becas y capacitación, lo cual es muy básico, más de lo mismo. Nuestra región tiene negativas experiencias similares en el carbón y también en la actual Ley de Pesca, a través del Fondo de Administración Pesquero (FAP). Necesitamos que se entreguen beneficios adicionales, como cubrir las enfermedades laborales propias del sector, calificar con rapidez el trabajo pesado y de alto riesgo, y establecer un puente de jubilación, como lo propuse en una indicación que fue rechazada.
(Aplausos)
Me gustaría que el ministro estuviera presente en la Sala en estos momentos. Espero que tome en cuenta lo que presentaron los trabajadores de la industria en la mesa de trabajo, la cual tuvo una duración de largos ocho meses y con la que no se consiguió absolutamente nada.
Respecto de otros aspectos deficientes que tiene la ley en tramitación, cabe señalar que las artes de pesca poco selectivas son una práctica que hemos pedido regular. Para eso ya tenemos una legislación aprobada; pero es fundamental que la Subsecretaría de Pesca haga su pega y defina los caladeros y áreas protegidas, porque existe un retraso de dos años, ya que aún no dicta el reglamento sobre los caladeros de la pesca artesanal.
En relación con las patentes, la iniciativa es cuestionable, de manera que se requiere establecer una asignación directa. El cambio de régimen propuesto en el proyecto no implica, necesariamente, una mejor recaudación. Creemos que los ingresos provenientes de las patentes clase A y especialmente del royalty, deben ir a un fondo de estabilización o contingencia que permita entregar apoyo social a pescadores y a trabajadores de la industria que se ven afectados por diversas contingencias de la actividad.
(Aplausos)
Los recursos recaudados a través del royalty y las patentes deben tener un destino.
En cuanto a la institucionalidad, requerimos que se lleve a cabo investigación pesquera pública, con financiamiento suficiente y estable, con recursos humanos y materiales. En suma, es necesario desarrollar una investigación estatal autónoma y estratégica.
La fiscalización sigue siendo el pariente pobre. Sernapesca tiene esa misión, pero, en la práctica, no cumple con ella, porque no dispone de los recursos humanos y materiales suficientes. En el proyecto de ley en discusión, el Gobierno ha planteado la creación de cuatro subdirecciones, pero eso es un parche. Faltan recursos para contar con más personal, pero no externalizado. Se necesitan plantas fiscalizadoras con personal permanente, profesional y bien remunerado.
Se debe abordar de verdad lo que dice relación con los recursos pesqueros, pero en lugar de ello se nos presenta un proyecto de ley bastante improvisado, que busca cautelar los beneficios de algunos pocos y que no ofrece soluciones ni mejoramientos reales para la pesca artesanal y para los trabajadores de la industria.
En 1971, en el Congreso Nacional se presentó un proyecto de ley que proponía la creación del Ministerio del Mar, el que mucha falta nos hace. En ese entonces, el ministro de Tierras y Colonización del Presidente Salvador Allende , señor Humberto Martones , planteó: “Si protegemos los recursos con una adecuada administración del Estado, como único dueño, nuestro mar será pan y otro sueldo para Chile”. Esa visión es la que falta. Ojalá que el ministro de Economía , Fomento y Turismo pudiera escuchar estas palabras.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , han pasado varios meses desde que el proyecto de ley en discusión ingresó a tramitación a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. No me arrepiento de haber votado en contra de la idea de legislar en dicha instancia, porque lo hice con la disposición de mejorar la iniciativa.
El ministro de Economía , Fomento y Turismo no se encuentra en la Sala en estos momentos. Él, más que escucharnos a nosotros, debería haber empezado por escuchar a los trabajadores.
Uno de los puntos esenciales que hoy reivindicamos, en particular los diputados de la Región del Biobío, tiene que ver con que en este proyecto se consagra algo que hoy ya existe en materia de plataforma social, es decir, no se incorpora nada nuevo.
Por eso, espero que en la tramitación que deberá tener la iniciativa en el Senado, el ministro reponga el puente de jubilación que los trabajadores de la industria pesquera están esperando, con el objeto de que quienes quieran salir de la actividad pesquera, tengan la posibilidad de recibir bonos para optar no solamente a un proceso de reconversión, sino a una segunda oportunidad para seguir viviendo.
Lo digo porque, en esta materia, el Gobierno hoy no quiere avanzar. Instaló una mesa social, tal como lo hizo en lo referido a las licitaciones, pero no respetó lo que señaló. Además, no se hizo cargo de las aspiraciones de los trabajadores de planta y embarcados, en el sentido de tener la garantía de que ante la pérdida de puestos de trabajo, el Estado concurrirá con los recursos necesarios para que las familias de esos trabajadores -que son más de siete- puedan tener una segunda oportunidad.
(Aplausos en las tribunas)
Señor Presidente , solicito que mañana le cuente al ministro de Economía que muchos diputados han señalado que están completamente en desacuerdo con el arte de pesca de arrastre. En el Senado hay un proyecto de ley en materia de fondo marino sustentable -estamos aguardando para conocerlo en su siguiente trámite, en la Cámara-, a fin de sacar adelante esta actividad, en concordancia con los trabajadores del sector. Si hoy alguien quiere eliminar la pesca de arrastre, debe proponer una plataforma social para la reconversión de esos trabadores.
(Aplausos en las tribunas)
¿Qué estamos diciendo hoy? Que nos estamos haciendo cargo de esa situación, porque, a diferencia de lo que piensa el ministro , yo creo que esta futura ley sí dejará trabajadores cesantes. Al respecto, le quiero decir que el principio de sustentabilidad sobre el cual se basa el proyecto tiene un diagnóstico claro: tenemos menos recursos en el mar. Por eso, estamos completamente de acuerdo con la creación de los Comités Científicos Técnicos, porque así, cuando la futura ley entre en vigencia un comité de científicos regulará las cuotas de pesca, es decir, ya no lo harán unos pocos, entre cuatro paredes.
Creo que hay que proyectar la actividad pesquera, en mi caso, la de Talcahuano, comuna que represento, en la cual se encuentra el primer y principal puerto del país. Al respecto, deseo recordar que estamos legislando no solo para esta generación, sino para muchas otras que verán en la actividad pesquera la principal fuente de sus ingresos.
Hemos hecho un esfuerzo importante, y en materia artesanal, seguiremos peleando por que se abran las zonas contiguas. Hay algunos que no quieren reconocer la importante actividad que en algunas pesquerías se lleva a cabo en las regiones del Maule y del Biobío, que genera empleo en la principal región pesquera. En esta materia, en nuestra región estamos de acuerdo de manera transversal, a diferencia de lo que ocurre en la Región de La Araucanía.
Por eso, creo completamente insuficiente el artículo del proyecto que dispone que las organizaciones se deben poner de acuerdo. ¿Cómo se pondrán de acuerdo si hace algunos días se estaban baleando y si los respectivos consejos zonales abogarán por su propia región?
Por eso, señor Presidente , por su intermedio, pido al ministro de Economía que busque un mecanismo en el sentido de que alguna autoridad del Ministerio de Economía pueda determinar cuándo, en relación con una determinada pesquería, los pescadores artesanales de la Región del Biobío podrán actuar en zonas contiguas, de manera que puedan seguir pescando y, así, lleven ingresos a sus familias. En eso no nos vamos a mover ni una coma. Hoy, tratamos de abordarlo en la Comisión de Hacienda, pero nuevamente fue rechazado por una tozudez que este Gobierno no puede seguir practicando.
Queremos decirles a los pescadores artesanales de la región lo siguiente: si no se establece la posibilidad de pescar en zonas contiguas, espero que la mayoría de los diputados vote en contra la norma sobre el posicionador satelital.
Recién escuché a un diputado decir que lo único que quería era separar a los artesanales de los semiindustriales por la eslora de las respectivas embarcaciones. Eso significa aplicarles impuestos que hoy no pagan. De qué estamos hablando, si la actividad actual en materia de recursos pesqueros no está viviendo su mejor momento.
Quiero destacar un punto esencial, respecto del cual sí llegamos a un acuerdo en la Comisión, cual es el seguro de vida para todos los tripulantes de las embarcaciones artesanales. Es un derecho. A mi juicio, en ese aspecto la Comisión actuó con visión de país.
El Gobierno tiene una tremenda responsabilidad en la posterior tramitación de la iniciativa en el Senado. No será fácil.
Mayoritariamente, estamos en contra de la licitación, no porque no ingresen nuevos actores -con el carácter divisible de las licencias, cualquiera que quiera participar en este negocio podrá hacerlo-, sino porque al licitar -punto que se planteó y que fue repuesto por la Comisión de Hacienda-, seguirán ingresando actores desconocidos. Alguien me decía que en las licitaciones se establecerán algunos prerrequisitos. Eso significaría dirigir la licitación. En mi opinión, ese argumento es muy débil. Yo no quiero que vengan algunos, liciten la pesca en nuestra región y procesen en otro lado. De ocurrir eso, ¿quién se hará cargo de cientos de familias que quedarán sin su fuente de sustento? ¿Hay diputados que hoy estén promoviendo eso? Creo que no.
Espero que actuemos con sentido de responsabilidad. Hoy, más que nunca, debemos proyectar en el largo plazo esta importante actividad, que en la actualidad está en una etapa compleja, difícil. Con ese fin, queremos puestos de trabajo estables con rentas estables, con los mismos montos garantizados que algunos han ganado, y sueldos decentes en las plantas. Para eso, debemos tener una actitud armónica y pensar en la región. Creo que este proyecto contempla gran parte de estos aspectos.
Anuncio mi voto de abstención respecto de la plataforma social. No voy a contribuir con mi voto a una plataforma tan precaria. La apoyaremos cuando llegue mejorada del Senado. Lo hacemos pensando en los trabajadores que, a diferencia de muchos, salen a pescar durante 14 o 15 horas y están menos tiempo con sus familias, y sus mujeres, que, por las noches, filetean los pescados para dar valor agregado a los productos. Quiero que este Gobierno y el Congreso Nacional legislen para ellos, para garantizar su sustento a quienes -esperamos que no ocurra- pierdan su empleo.
(Aplausos)
Por último, comparto plenamente dos aspectos que hoy son dejados de lado: En primer lugar, lo propuesto por los diputados Monsalve y Chahín , y en segundo término, que hay que hacerse cargo de los pueblos originarios. Hay que cumplir convenios como el N° 169, que firmó el Estado, y hay que buscar un mecanismo -obviamente, no el de la licitación- para que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al producto y sigan generando mano de obra, como lo hacen a lo largo y ancho del país.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , los lafkenches, en su afán de resguardar la identidad y los derechos de los pueblos originarios sobre los respectivos territorios y los recursos que en ellos se encuentren -en este caso, recursos pesqueros-, concurrieron, hace una semana, a lo menos, a la Comisión de Derechos Humanos y plantearon una reflexión que, sin duda, tiene mucho sentido. Señalaron que la ley N° 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, en su artículo 3° establece: “Espacio costero marino de los pueblos originarios. Créase el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero.”.
Los lafkenches manifestaban algo muy sencillo, cual es que la referida ley les reconoce derechos sobre el citado espacio costero marino; pero, como no fueron tomados en consideración durante la tramitación del proyecto de ley en estudio, mantienen el derecho al espacio costero marino, pero no a la pesca, porque no tienen cuotas ni tampoco les han permitido acceder a concesiones, a licitaciones, a nada. Es decir, una ley les otorga un reconocimiento sobre el espacio marino costero, pero la ley en tramitación les impide tener acceso a una cuota para pescar en ese mismo espacio marino. Esto, sin duda, es decirles: “Miren, ahí tienen un espacio marino, es de ustedes; pero no pueden sacar ni un pez del mar, porque las cuotas ya están asignadas”. Eso es una burla contra los pueblos originarios, que, por supuesto, uno no está dispuesto a consagrar.
Ellos también expresaron que, en virtud del Convenio N° 169 de la OIT, debieron haber sido consultados. Si se dictó la ley N° 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, fue porque se reconoció que efectivamente ellos tienen dicho espacio para ejercer labores de pesquería. Si se reconoció ese derecho, con mayor razón, aparte de otorgarles una cuota de captura, debieron preguntarles su opinión sobre el proyecto de ley en estudio. Sin embargo, nunca fueron consultados.
Por eso, concuerdo con lo que nos plantearon en la Comisión de Derechos Humanos, en cuanto a que tenían, al menos, el derecho a ser consultados, y el Estado, el deber de consultarles. Ellos quisieron hacer presente sus reflexiones en la Comisión de Pesca, pero no fueron escuchados. También las hicieron ver a través de una serie de cartas que enviaron a parlamentarios, las que, aparentemente, no fueron recibidas.
En definitiva, hoy tenemos a los pueblos originarios y, en especial, a la comunidad lafkenche, totalmente marginados de un debate que les es relevante. Insisto, se trata de una materia respecto de la cual debieron ser consultados.
No quería dejar pasar esta oportunidad para decir que ellos también son parte de nuestro territorio y tienen el derecho a ser consultados, más aún si dictamos una legislación que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios.
Creo que el Estado se hubiera evitado complicaciones mayores si se hubiese tomado la molestia de consultarles, en virtud de lo establecido en el Convenio N° 169 de la OIT.
Al margen de lo indicado, me pregunto de quién es la responsabilidad de que se agoten los peces. Lo digo porque las autoridades reconocen que hay un verdadero colapso de las pesquerías y una crisis de sus stocks, criterios con el cual estamos todos de acuerdo. La pregunta es, ¿se solucionará este problema de la crisis de stocks -como llaman ellos- entregando licencias indefinidas a los mismos que han ocasionado los problemas que hoy nos tienen convocados?
Todos reconocemos que hay un problema de sustentabilidad: lo dice el ministro y lo decimos todos. Vengo de una región donde había, por lo menos, veinte empresas pesqueras. ¿Cuántas quedan? Hoy, en las costas de Iquique ni siquiera hay huiro. ¡Hasta el huiro se lo han llevado! No hay peces.
Si todos estamos de acuerdo en que existe una crisis, ¿por qué la solución debe ser entregar licencias por un período indefinido, a perpetuidad, a los mismos que ocasionaron el problema? Creo que necesitamos una explicación razonable. Insisto, ¿por qué vamos a entregar licencias por plazo indefinido a los mismos que ocasionaron el problema? Más aún, esas licencias podrán ser transables, transmisibles y objeto de cualquier negocio jurídico.
Este proyecto de ley asegura mantener esa posición privilegiada. Por eso, por dignidad nacional, no lo podemos apoyar.
Sin perjuicio de lo anterior, constituye un avance lo que se plantea en el artículo 1°, nuevo. El texto original no era lo que se esperaba, porque “propender a” es propender a nada. ¿Qué significa “propender a la conservación” si acá estamos diciendo que el problema es de sustentabilidad?
Entonces, el proyecto señala de manera acertada que hay una crisis en los stocks de las pesquerías, y queremos avanzar en una noción sustentable de desarrollo. Sin embargo, no se plantea la recuperación de la biomasa. Esto implica regular el esfuerzo pesquero y fiscalizar adecuadamente. Esa política de fiscalización, que estaría a cargo de Sernapesca, es un tema que, lamentablemente, está ausente en el proyecto. Si decimos que este proyecto de ley tiene como propósito propender a la conservación, y no nos preocupamos justamente de la institución que fiscalizará que esa conservación se mantenga, ¿de qué estamos hablando? Para qué hacemos una legislación si, en definitiva, no nos estamos preocupando del órgano más relevante, que es el fiscalizador.
En segundo lugar, las cuotas determinadas de manera científica, habitualmente son desoídas por el Consejo Nacional de Pesca y la Subsecretaría de Pesca.
En tercer lugar, si esto no se resuelve así, decenas de miles de trabajadores que nada tuvieron que ver con la aprobación del actual régimen de pesca, serán condenados a asumir dichos costos. ¡Que paguen y asuman quienes crearon la crisis, no los trabajadores, no los pescadores artesanales!
Por ello, estamos de acuerdo con un fondo de estabilización para los trabajadores, para que efectivamente se los proteja y no se les deje en esta orfandad e indefensión, como lo hace este proyecto de ley.
Por otro lado, compartimos el rechazo de los pescadores artesanales al uso del posicionador satelital, como lo exigen los artículos 47 bis, 50 D y otros. Considero que esta medida no tiene justificación, y la que entrega el proyecto, que es la fiscalización pesquera, es realmente absurda.
Por otra parte, este proyecto no se hace cargo del rol del Estado en la pesca. Podría bastar con la Subsecretaría de Pesca, pero, lamentablemente, no es así. El problema aquí es que el que debe resguardar el interés nacional es el Estado, el cual, sin duda, está ausente. En suma, no solo está ausente en la consulta a las comunidades lafkenches, sino también en la protección de los trabajadores y del interés nacional, que hoy se ve perjudicado por unos cuantos depredadores, a los cuales lo único que les interesa son sus utilidades, excedentes y riquezas, y que están despreocupados totalmente del interés nacional y de los trabajadores chilenos.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , todos estamos conscientes de que este proyecto trata materias de la mayor importancia para la actividad pesquera nacional. En efecto, se trata de una iniciativa que incide en uno de los sectores de mayor trascendencia económica y social para el país, en especial para las regiones en que se efectúan las respetivas operaciones y se procesan las capturas. En ellas, miles de trabajadores de flota y de planta viven de esta actividad, que, sin duda, constituye la única oportunidad de trabajo permanente para miles de familias.
Como sabemos, el 31 de diciembre de 2012 vence el régimen de administración denominado Límite Máximo de Captura por Armador, establecido por la ley N° 19.713, de enero de 2000, con una vigencia de dos años, el cual fue prorrogado por diez años mediante la ley N° 19.849, de diciembre de 2002.
Este régimen, que puso término a la “carrera olímpica” y, en buena parte, al régimen de control del esfuerzo que estableció la Ley General de Pesca, de 1991, vino a agregarse a los cuatro regímenes existentes en dicha ley, con una duración limitada. Al momento de establecerlo, existían dudas sobre sus bondades. Con el plazo establecido, se pretendía comprobar si traería los beneficios que de él se esperaban: fin de la “carrera olímpica” o gestión de las empresas centrada en capturar el máximo de pesca en el menor tiempo posible, lo que acarreaba como consecuencia, entre otros efectos, obtención de materia prima de mala calidad, empleo de temporada, adversos efectos ambientales y producción centrada en la harina y el aceite de pescado.
El tiempo demostró que la decisión fue acertada en la zona centro-sur, particularmente en la Región del Biobío, uno de cuyos distritos me honro en representar. Al no existir la presión para la captura competitiva frente a los demás actores, la materia prima obtenida pasó a ser de una calidad muy superior a la anterior. La existencia de una cuota propia dio tranquilidad a cada empresa para traer a puerto sus capturas en forma ordenada y en la mejor condición posible de refrigeración y manipulación. Además, la inversión para construir o aumentar el tamaño de plantas de productos para consumo humano fue constante entre los años 2000 y 2008. Se llegó a destinar cerca del 90 por ciento del jurel a consumo humano. Se creó un gran número de puestos de trabajo en plantas de conservas y congelados, lo que recuperó el empleo que se perdió tras la disminución del número de naves que operaban hasta el 2011.
Esos son los positivos efectos de las cuotas individuales, comprobados en los 22 países de más avanzada legislación pesquera que han introducido esa modalidad.
Por otra parte, el término de la vigencia de la ley N° 19.849 concluye con el fraccionamiento que se estableció en ella, entre los sectores industrial y artesanal, en las especies compartidas.
Esta es otra de las materias centrales para el mundo pesquero, que debe analizarse con motivo del término del Límite Máximo de Captura por Armador, de mucho interés para el sector artesanal.
El Ejecutivo , antes de enviar el proyecto de ley, convocó a las partes a una mesa pesquera, en la que se acordaron diversas materias, incluido el fraccionamiento de las especies compartidas entre artesanales e industriales. Este fue negociado con amplia participación, en mesas regionales desde el sur hasta el norte del país. Se despejó, así, un tema de conflicto, ya que la integración de la mesa -en la que participaron las dos confederaciones artesanales a nivel nacional, los representantes de los sindicatos y federaciones de trabajadores y de los gremios empresariales de cada región pesquera- garantiza el respeto a la palabra empeñada y a la firma puesta al pie de los acuerdos que en cada región se alcanzaron.
La discusión del proyecto, enviado a tramitación legislativa a fines de 2011, motivó a la Comisión que presido a efectuar audiencias, que se iniciaron el 2 de enero de 2012, las cuales permitieron escuchar, con la mayor amplitud de tiempo, a cerca de 140 organizaciones de la industria, de sus trabajadores y del sector artesanal. Se recibieron innumerables documentos y presentaciones, que fueron debidamente ponderados por los miembros de la Comisión. La abrumadora mayoría de los expositores se manifestó de acuerdo con legislar. La principal objeción de todos los sectores, por distintas razones, dice relación con la reticencia ante las licitaciones que el proyecto plantea.
No me detendré a describir el proyecto de ley ni su tramitación, materia que correspondió a la honorable diputada informante. Solo voy a decir que, para el sector industrial, propone una legislación definitiva, con las llamadas licencias transables de pesca; que entrega un marco jurídico sólido para esta actividad económica, que permitirá nuevas inversiones que agregarán valor a la materia prima y estabilidad a sus trabajadores, que es lo que los pescadores vienen pidiendo en forma reiterada. A lo anterior, se acompaña la mantención de las patentes pesqueras y se agrega un impuesto especial, similar a un royalty, por concepto del uso que las empresas hacen de los recursos, cuya administración y conservación corresponde al Estado, en representación de la nación toda, en el entendido de que se trata de recursos que deben tener un trato adecuado para preservarlos para las futuras generaciones.
Por otra parte, aunque valoramos la plataforma laboral, creemos que es insuficiente. Por eso, llamo a mi Gobierno a constituir, en el más breve plazo, una mesa tripartita, en la que participen trabajadores, empresarios y Gobierno, que tenga como primera prioridad establecer un puente de jubilación para los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo.
(Aplausos)
El proyecto plantea diversas materias para ordenar el sector artesanal, distinguiendo entre los armadores de mayor tamaño y entregando a la generalidad de ellos el fraccionamiento acordado entre las partes, por veinte años, lo que permitirá significativos incrementos en su participación en la captura de diversas especies, con importantes beneficios económicos. Recordemos que el sector artesanal representa 52 por ciento de las capturas nacionales y que el fraccionamiento le permitirá alcanzar cerca de 55 por ciento. En la Región del Biobío, de gran importancia pesquera, una vez que este proyecto sea ley los artesanales superarán 60 por ciento de las capturas, gracias al fraccionamiento. Aunque hubo resistencia de algunos, se extiende al sector de lanchas de mayor tamaño el pago de patente, en una proporción mínima, por el uso de estos recursos.
Se establece la certificación de sus capturas, imprescindible para asegurar la conservación de las especies, y el posicionador satelital, para el resguardo de la primera milla, que se entrega a los artesanales con embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, esto es, para los de embarcaciones más pequeñas.
Está claro que el proyecto no dejará contentos a todos, pero, sin duda, es una contribución en el gran objetivo que nos hemos propuesto, cual es conservar nuestros recursos.
Ahora, me voy a referir a mi rechazo a las licitaciones. Como soy consecuente, mantendré en esta Sala el voto negativo que manifesté en la Comisión de Pesca. Sin duda, la licitación acarreará inestabilidad y desempleo, toda vez que permitirá mayor concentración. Para eso, el voto del diputado Bobadilla no está disponible.
(Aplausos)
Entre las materias pendientes, están los caladeros históricos de la pesca artesanal. Por eso, llamo a mi Gobierno a dedicar tiempo para resolver este problema. De lo contrario, miles de trabajadores de la pesca artesanal verán afectada la fuente laboral que han tenido por años. Repito la invitación a mi Gobierno a regular, en el menor plazo posible, el uso de los caladeros históricos, para que los pescadores que los han ocupado hasta ahora, lo sigan haciendo, por el bien de sus familias y del país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, hace unos meses nos reunimos con distintos gremios de la pesca, con hombres y mujeres del mundo de la pesca, especialmente del mundo de los pescadores artesanales, oportunidad en la que comprometimos nuestro trabajo y nuestro voto por ellos.
Mirando a los ojos a cada uno de esos pescadores de mi tierra, les digo que para defenderlos no se necesita la voz locuaz, la voz “efe eme” de algún senador independiente, el mismo que durante los últimos meses se ha opuesto a toda modificación y a toda forma de mejorar la condición de los pescadores artesanales de nuestra tierra. Señor Presidente , su señoría sabe a quién me refiero.
No tenemos la locuacidad ni la voz “efe eme” de ese personaje, pero sí tenemos la capacidad trabajo y la honestidad de decirle a la gente, de frente, que cuando asumimos compromisos, los cumplimos. Hoy, en esta Sala y con el trabajo que hicimos en la Comisión de Hacienda, les estamos cumpliendo a los pescadores artesanales de la Región de Magallanes, tal como nos comprometimos. Hemos trabajado con honestidad este proyecto; un proyecto que avanza -no es la ley, como dijo el diputado Espinoza -. Son muchos los cambios que ha tenido; desde que inició su tramitación, ha recibido propuestas e indicaciones de distintos sectores políticos, de algunas de las cuales quiero hacerme cargo.
Primero, Comités Científicos Técnicos, para dar una mirada de sustentabilidad a los recursos, para regionalizar las pesquerías. Lo dijo la diputada Isasi , y en esto la vamos a apoyar. Se refirió, por ejemplo, a las particularidades de la pesca del norte y a la jubilación que están pidiendo los trabajadores.
Otro tema es el del Fondo de Reinserción Laboral. También lo apoyaremos, porque entendemos que las pesquerías del jurel o de la anchoveta, son distintas a la existente en mi Región de Magallanes o a la de Aysén, y requieren tratamientos distintos.
Señor Presidente , fuimos elegidos para defender los intereses de nuestros representados, de la gente que depositó su voto en la urna, y jamás para traicionarlos ante los intereses de otros. A través de los Comités Científicos Técnicos nos hacemos cargo de las distintas características geográficas de nuestro país.
El colega Campos nos relataba que los pescadores artesanales de su región permanecen navegando hasta 14 horas. En Magallanes, están semanas y, a veces, meses sin volver a sus casas. Son realidades distintas. Por eso, tenemos que hacernos cargo, a través de esos Comités, de la sensibilidad de cada región.
Fiscalización e incremento de las sanciones para las operaciones de pesca en lugares distintos de los asignados. No queremos que se abra la puerta para que naves operen en regiones en que no les corresponde; no queremos que ingresen a áreas de reserva artesanal de otras regiones. De esto se hace cargo el artículo 40 C.
Incorporación del seguro de vida. Este avance es reconocido, más que por los mismos pescadores, por sus mujeres y sus familias. En Magallanes, lamentablemente, todos los años tenemos situaciones complejas, algunas de las cuales terminan en desgracia, lo que hace necesario este seguro.
Otro tema es el del posicionador satelital. A los amigos de Puerto Natales y de Punta Arenas les dijimos que íbamos a luchar para excluir el posicionador satelital. ¡Bueno, logramos la exclusión de los posicionadores satelitales para todas las embarcaciones dedicadas a la explotación de recursos bentónicos! ¿Qué quiere decir? Que no se exigirá posicionador satelital a las embarcaciones que capturan centollas, centollones, erizos, moluscos y otros recursos bentónicos de nuestra región. En el caso de las naves que pescan merluza con espinel, solamente será obligatorio para las de más de 15 metros de eslora.
Por lo tanto, hay un avance claro respecto de lo que existía en el proyecto original; lo hemos logrado con trabajo, con convencimiento y con negociación con la autoridad.
También se establece un tema anhelado por nuestros pescadores, cual es que las naves cerqueras que vengan de regiones del norte del país, tendrán la obligación de contar con posicionador satelital.
Para mí, el derecho de propiedad de los pescadores artesanales es importante. Por eso, es fundamental que ese derecho no se otorgue por cinco o diez años, sino de manera indefinida, para que, si alguno lo estima pertinente, lo pueda transferir, y que sus hijos tengan el legítimo derecho de heredarlo y, eventualmente, de venderlo.
Las modificaciones que se han ido incorporando al proyecto consagran con mayor fuerza la libertad de trabajo del pescador artesanal.
Se acogió una indicación importante, que aumenta las penas por el mal uso del posicionador satelital de las naves industriales que hayan ingresado a las áreas reservadas para la pesca artesanal, especialmente en nuestras zonas australes. Este tema no es menor, ya que entrega tranquilidad a los pescadores artesanales de la región.
También hay que señalar con mucha claridad que, junto con la diputada Goic y con el voto dirimente de este diputado , logramos que la Comisión de Hacienda aprobase una norma que satisface un importante anhelo de nuestros pescadores artesanales de las regiones Undécima y Duodécima, cual es el establecimiento de las cinco millas de exclusión y de reserva para los pescadores artesanales, al igual como sucede desde Puerto Montt al norte. Los colegas Ascencio y Santana ya lo habían conseguido para Chiloé. Nosotros logramos avanzar para que ese reconocimiento se establezca a favor de las regiones señaladas.
Señor Presidente , a pesar de estos cambios, hay tareas pendientes. ¡Qué bueno que esté el señor Longueira en la Sala! Señor ministro , por intermedio del señor Presidente , así como hay grandes pesquerías, como la de la merluza austral, respecto de la cual se ha fijado una cuota de 60 por ciento para los artesanales y 40 por ciento para los industriales; la del congrio, respecto de la cual se han fijado cuotas del 50 por ciento para cada sector, hay tareas pendientes en relación con los peces que surcan nuestras aguas australes, como la merluza de cola, la merluza de tres aletas y el bacalao. Resulta que esas pesquerías están reservadas en el ciento por ciento para la pesca industrial. En ese sentido, existe el anhelo de nuestros pescadores artesanales de la Región de Magallanes de que se establezca un sistema justo, tema que, como saben las autoridades, quedó fuera del acuerdo, porque nadie lo puso en el tapete. Al respecto, es importante que las pesquerías de la merluza de cola, la merluza de tres aletas y el bacalao den trabajo y sustento a esos pescadores artesanales, igual como sucede con la merluza austral y el congrio.
Por lo tanto, mi voto estará condicionado a la entrega de cuotas de merluza de cola, de merluza de tres aletas y de bacalao para dichos pescadores artesanales. En ese caso, votaré a favor; de lo contrario, votaré en contra.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , el ministro Longueira dijo que tenía la tranquilidad de haber presentado el mejor proyecto que Chile necesita. Quiero decirle que tengo la tranquilidad de estar en contra de un proyecto que le hace mal a Chile. Sé que tenemos opiniones distintas, pero hay que hacerlas presente.
Me habría gustado que en esta discusión hubiésemos arribado a algún tipo de acuerdo político, y no que se nos presente una imposición como esta, respecto de la cual no hemos tenido tiempo para conversarla entre nosotros. Incluso más, muchos señores diputados todavía nos andan preguntando qué tenemos que votar, cómo vamos a votar, cuáles son las materias más importantes. Ese es un problema y una debilidad del proyecto.
Los chilenos están cansados de muchas cosas, entre otras, de las colusiones, de los negociados y de los carteles de las farmacias, del retail, de las empresas que procesan pollos y cerdos, de los bancos, de las isapres.
Lo que está haciendo el Estado aquí es instalar o legitimar un nuevo cartel, peligrosísimo, conformado por un grupo de familias que reciben estas licencias de manera indefinida.
Un colega de la UDI nos dijo en forma muy simpática que la argumentación sobre las siete familias era medio panfletaria, ya que lo verdadero es que existen 40.000 familias que viven de la pesca industrial. Después, igualaba a esas 40.000 familias con las otras siete familias y las mezclaba, como si estuvieran en la misma condición, como si esas siete familias, que ganan millones de dólares, se pudieran comparar con las 40.000 familias, muchas de las cuales viven con el ingreso mínimo o con un poco más que eso y laboran en deplorables condiciones de trabajo. Eso es un poco simpático y lo acepto de esa manera, pero también es un poquito ridículo, porque, en realidad, es imposible comparar a los 40.000 trabajadores de la industria con esas siete familias que se llevan todo con el proyecto de ley en debate.
¿Quiénes son esas siete familias privilegiadas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros de Chile? Angelini , Sarkis , Stengel , Cifuentes , Jiménez , Izquierdo y Cruz, las cuales se han fusionado en el último tiempo en tres grandes conglomerados que controlan el 76 por ciento de la capacidad pesquera industrial del país y que se reparten utilidades calculadas en a lo menos 3.000 millones de dólares anuales, gracias a la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.
Es cierto que dan trabajo, nadie lo puede negar; también es cierto que hay que cuidar a quienes dan trabajo. Pero no podemos hacer la comparación que escuché hace poco rato de un colega de la UDI. Eso es absolutamente imposible.
El proyecto de ley en debate es bueno para esos industriales, pero es muy malo para muchas cosas: para la sustentabilidad, para los pescadores artesanales, para los trabajadores de la industria, para las pymes, para establecer condiciones de igualdad para el ingreso de nuevos actores; en definitiva, es mala para el Estado y es mala para Chile.
Es cierto, un elemento extraordinariamente importante son los Comités Científicos Técnicos, que tomarán decisiones, en lugar de los actores políticos, como ocurre hasta ahora. Pero los once Comités no tienen financiamiento; en el proyecto no está el financiamiento. Esos Comités podrían ser cooptados por más de alguno que ande a la pesca de alguien que debe tomar decisiones. También faltan los temas de fiscalización y de investigación científica.
La iniciativa es mala para los pescadores artesanales, no solo por la tremenda cantidad de exigencias nuevas que les aplica, sino especialmente por el fraccionamiento, aspecto que todavía es posible mejorar respecto de los artesanales. El 30 por ciento de mejoría significa algo importante para ellos.
También es mala, porque autoriza transferir las cuotas de los pescadores artesanales a los industriales. Este es un tremendo problema; muchos artesanales desaparecerán, pues vivirán de lo que el industrial les pague, y este terminará concentrando una gran cantidad de cuotas, lo que le permitirá poner los precios que quiera.
El ministro dice -muchos diputados lo repiten- que el desembarque del sector industrial corresponde al 47 por ciento, y el del sector artesanal, al 53 por ciento. Esa cifra es bastante engañosa; podría ser cierta respecto del tema de los desembarques, pero si alguien pretende decir que el 53 por ciento de la torta de los 3.000 millones de dólares se lo llevan los artesanales y que el 47 por ciento de ella se lo llevan los industriales, se está riendo de nosotros, porque eso es absolutamente imposible. Probablemente, los desembarques tengan esos porcentajes, pero la torta no se reparte en esos porcentajes, porque, de lo contrario, estaríamos todos felices. Además, la mayor parte de la cuota es del sector industrial, no de los artesanales. Los primeros capturan lo que desean, porque van manejando esto; pero, además, depredan. Todos sabemos que el sector industrial tiene el 95 por ciento de la cuota del jurel, y el sector artesanal solo el 5 por ciento. Depredaron el recurso, lo hicieron pedazos. Hace dos o tres años capturaban 1.250.000 toneladas; hoy capturan 200.000. ¿Quién es el responsable: el sector artesanal o el industrial? El sector industrial es el responsable de la depredación. Es allí donde debemos poner el acento, donde debemos resolver el problema. Entonces, claro, se habla de cifras, pero no se dice lo que en realidad pasa.
El proyecto es malo para los trabajadores de la industria. Se dice que desde marzo de 2010 hasta esta fecha, se han perdido por lo menos 20.000 puestos de empleo en la industria, directo e indirecto. ¿Por qué? Por las fusiones de las empresas, que han dejado a la gente sin “pega”.
¿Saben qué puede pasar si hoy estos industriales, dueños de una cuota, de una autorización de pesca, la venden, la transfieren, la dan en prenda a un banco o hacen cualquier negocio con ella? Va a haber menos empleo y tendrán que despedir trabajadores. ¿Por qué no dicen eso también? ¿Por qué, con claridad, no dicen que cuando la industria empiece a deshacerse de las acciones, más de algún industrial va a vivir tranquilo en su casa, gozando de la renta que le produzca la cuota que hoy, gratis, les daremos si se aprueba este proyecto? Repito, los industriales van a vivir a costa de eso, pero, además, van a despedir trabajadores.
Es malo para los trabajadores.
Nosotros proponemos una plataforma social. Con la diputada señora Adriana Muñoz y los diputados señores Fernando Meza y Guillermo Teillier , presentamos indicaciones que proponían una plataforma social, reconocimiento a la antigüedad de los trabajadores, con la entrega de determinadas unidades de fomento por años de servicio en el sector, además de beneficios adicionales a los trabajadores mayores de cincuenta años; sanciones al empleador que realice prácticas antisindicales y desleales, simule contrataciones, etcétera. Lamentablemente, todas esas indicaciones fueron declaradas inadmisibles. Solo se recogieron algunas que, para nosotros, no son sustanciales. Tendremos que ver cómo las reponemos en el Senado, porque la plataforma social para los trabajadores, en especial para los de la industria, es esencial. No podemos quedarnos sin plataforma para ellos, porque, digan lo que digan, se generará desempleo,.
Es malo para las pymes, porque no les asegura la materia prima. 3.000 toneladas de jurel dan trabajo a 30 trabajadores pyme en un año; sin embargo, la industria es capaz de convertir 3.000 toneladas de jurel en harina de pescado en 24 horas, con un turno de cuatro personas. Ese es el punto. Hemos suscrito una indicación para ver la manera de reservar algo de cuota para ellos.
Es malo para el Estado.
El Estado recauda menos con este proyecto. Si ya estaba recaudando 28 y tantos millones de dólares, ahora, por el acceso al recurso, no recaudará nada. A los industriales se les cobra un poquito de patente y se les rebajan los coeficientes relacionados con el royalty. Así las cosas, es posible que el Estado reciba menos recursos de los que hoy percibe.
Es malo para la competencia. Hoy, permanecen los mismos actores, pero entregamos a los industriales un derecho indefinido, divisible, transferible y transmisible; o sea, pueden hacer el negocio que quieran. Lo que estamos haciendo es establecer una especie de cartel que no tiene sentido ni justificación.
Es malo para la institucionalidad.
El diputado Melero dijo que había incoherencia entre los parlamentarios de la Concertación, porque de repente cambiamos de opinión en relación a lo que ocurrió en 1991 o en 2000 y tanto. Le quiero decir al diputado Melero , que lamentablemente no está aquí, que 1991 suscribieron el acuerdo de pesca los señores Patricio Melero , Federico Ringeling , Jaime Gazmuri , Jaime Guzmán -que en paz descanse-, Sebastián Piñera , Sergio Páez , etcétera.
Ese acuerdo, que firmó Patricio Melero , quien denante acuso a los parlamentarios de la Concertación de incoherencia, decía: “A iniciativa de la Subsecretaría de Pesca y con acuerdo de los consejos zonales y el consejo nacional, se podrá licitar anualmente el 5 por ciento de la cuota global con un tope de 50 por ciento, cerrándose en los años en que se decida licitar el acceso de nuevos armadores a la cuota global permanente.”.
O sea, en 1991, los señores señor Melero , Guzmán y Piñera hablaban de licitación. Hoy, tienen una opinión distinta. Eso no quiere decir que sean incoherentes. Entonces, no nos acusen a nosotros de esa falta por creer que es posible un proyecto distinto, por querer rechazar, por justicia y dignidad, un proyecto que solo favorece a las siete familias que nombré.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente , respecto del proyecto en discusión debo decirle que hoy la explotación de los recursos pesqueros no genera derechos permanentes para las partes, sino que su propiedad corresponde a todos los chilenos. Esta es la principal directriz de la iniciativa.
Partiendo de esta premisa, es prioritario resguardar la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos. El principio precautorio contenido en el nuevo artículo 1° A se presenta como la idea matriz del proyecto.
Ahora bien, me referiré a ciertos puntos del proyecto que es importante resaltar.
Se define por primera vez el informe técnico como un instrumento importante para la toma de decisiones, de modo de propender a la conservación de los recursos, destacando su carácter de público.
Se fijan cuotas anuales de captura por especie en un área determinada, o cuotas globales de captura. Su fijación pretende lograr un mejor rendimiento de la pesquería. Dentro de estas, encontramos la cuota para investigación, que equivale al 2 por ciento de la cuota global de captura. Al restringirla, se previene su mal uso. Estoy conforme con esta idea, no así con la cuota para imprevistos, según la cual se podrá deducir hasta un 2 por ciento de la cuota global de captura al momento de establecer la cuota o durante el año calendario. Esta será definida por un panel de expertos y no por comités científicos técnicos, como se propuso, ya que se presta para abusos o malas prácticas, legalizando una incorrecta distribución de las cuotas.
En cuanto al fraccionamiento de la cuota entre el sector artesanal y el sector industrial, se asegura que el sector artesanal contará con el 55 por ciento de los desembarques, mientras que el industrial disminuirá a 45 por ciento. Es un avance, pero no es suficiente.
En lo concerniente al sector artesanal, es necesario establecer un procedimiento de asignación de cuotas que considere el número de embarcaciones que operan en la pesquería, sobre todo en el sector artesanal semiindustrial, cuya flota ha crecido por la apertura de registros donde las embarcaciones autorizadas para la extracción del recurso anchoveta excede las consideradas para el cálculo de asignación de cuota global desde 2001.
Las sanciones establecidas en el proyecto responden a la clara necesidad de proteger los recursos hidrobiológicos de la sobreexplotación o de las malas prácticas, por lo que toda sanción aporta al fin del proyecto, cual es la sustentabilidad de los recursos del mar.
Ahora bien, no estamos de acuerdo con quitar la licencia, debido a que ello despoja a los infractores de su fuente laboral por el plazo de un año. A nuestro juicio, se trata de una medida excesiva.
El uso del sistema de posicionamiento satelital, que se podrá descontar del gasto de la patente, representa una manera efectiva de control.
En cuanto a las licencias de pesca indefinidas, es necesario que al cabo de veinte años sean revisadas, para verificar su cumplimiento. De lo contrario, deberemos legislar nuevamente de acuerdo a la realidad que se presente. Hoy, estas representan estabilidad y certeza para la inversión.
En lo que respecta al régimen artesanal de extracción, este consistirá en la distribución de la fracción artesanal de la cuota global de captura en una determinada región, sea por área o flota, tamaño de las embarcaciones, caleta, organizaciones de pescadores artesanales o individualmente. Su importancia radica en que aporta una organización al sistema artesanal.
Sobre la primera milla para embarcaciones más pequeñas, de eslora total inferior a 12 metros, estimo que beneficia a los pescadores artesanales, asegurando una zona exclusiva para ellos. Sin embargo, ello no es suficiente.
En cuanto a la protección a los trabajadores y a la plataforma social, estimo que este punto es el más débil del proyecto, ya que no otorga los suficientes beneficios de apoyo al trabajador. Se debería crear un fondo solidario que sirva como una real plataforma social, así como capacitaciones y cursos que propendan al desarrollo de los pescadores, tanto en su vida laboral activa como en su quehacer posterior al retiro. Si el trabajador se va de la industria, debe hacerlo en forma digna. Ello no está contemplado en el proyecto.
Sobre la institucionalidad, existe falta en lo que dice relación con investigación y fiscalización. El proyecto no aborda de manera integral esta materia. Además de la propiedad de los recursos históricos, no se han tomado en cuenta a los pescadores de los pueblos originarios. Eso se llama discriminación.
Aprovecho la oportunidad de mencionar situaciones pendientes que involucran a los pescadores de Arica y Parinacota, región a la que pertenece el distrito que represento.
El Gobierno debería emitir un pronunciamiento en cuanto al problema existente con las pesqueras peruanas, que realizan su actividad cerca de nuestras fronteras durante todo el año, pues no tienen vedas. Sus vedas comienzan a 120 millas náuticas desde el hito 0 hacia el norte, y las nuestras, desde el hito 0 al sur.
Necesitamos un sector liberado de veda hasta caleta Camarones para competir en iguales condiciones con las embarcaciones peruanas, ya que en estos momentos ellos capturan todos los recursos existentes.
Cabe mencionar que con la Agenda Corta de 2001, los barcos artesanales semiindustriales eran 10; ahora son más de 20, pero poseen la misma cuota, lo cual, a simple vista, representa una desigualdad. Por lo tanto, se necesita una ampliación de cuota.
Si bien hoy no estamos frente a una solución completa, definitiva y satisfactoria para todos los chilenos, el proyecto importa un avance, el que se ha logrado mediante largas e importantes reuniones sostenidas desde hace seis meses. En ellas que se ha escuchado a pescadores artesanales, acuicultores, artesanales semiindustriales, como también a la industria. Creemos que con su apoyo la iniciativa que nos ocupa debería contener soluciones para la mayoría de las problemáticas existentes en el sector pesquero. Esa ha sido la intención. No obstante estar conscientes de que aún falta camino por recorrer, ya hemos avanzado gran parte de él.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista acordó votar en contra la idea de legislar este proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo.
¿Por qué tendría que votar a favor una iniciativa respecto de la cual, después de la exposición del ministro , ha quedado claro, primero, que no tiene una plataforma social ni para los trabajadores de la industria ni para los de la pesca artesanal? No hay una plataforma social que garantice seguridad social básica a los trabajadores del sector pesquero.
¿Por qué tendría que votar a favor un proyecto que amenaza la pesca artesanal, en particular a los pescadores artesanales de las localidades y comunas que represento - Lota , Tubul, Llico , Punta Lavapié, Lebu , Tirúa -, y los ha obligado a salir a la calle a defender su derecho a mantener una actividad que por generaciones les ha permitido entregar el sustento a sus familias y que ha generado actividad económica y empleo en la zona?
¿Por qué tendría que votar favorablemente una iniciativa que excluye a los pueblos originarios, en especial al pueblo mapuche lafkenche, que ha estado ancestralmente presente en las costas, desde el Golfo de Arauco al sur? ¿Por qué habría de votarlo a favor si vulnera sus derechos culturales y económicos y lo contenido en el Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por este mismo Poder Legislativo?
¿Por qué tendría que votar a favor un proyecto que consagra la renuncia del Estado y la nación chilena a la propiedad de una de sus principales riquezas: los recursos hidrobiológicos?
Momentos atrás, un diputado señaló que cuando se legisla bien no se puede dejar contentos a todos. Pero ¿quién queda contento con esta iniciativa de ley? Parece que queda contento solo un sector pequeño de la sociedad: los dueños de la industria, que tienen integración vertical y son propietarios de las embarcaciones, las plantas procesadoras y la comercialización.
Por lo tanto, cuando uno discute respecto de cómo se hará uso de una las principales riquezas de la nación debe preocuparse de que la legislación garantice que esa riqueza, que es de todos los chilenos, llegue a los trabajadores, a los pescadores artesanales, a los pueblos originarios y no se quede solo en unas pocas manos.
La iniciativa en debate garantiza derechos únicamente a un sector pequeño, primero, con el otorgamiento de licencias indefinidas, que son más que eso: son el derecho de propiedad sobre un recurso que es de todos los chilenos. Tenemos la convicción de que el carácter de indefinido de ese derecho de propiedad consolida un oligopolio. Y permítame decirlo, señor Presidente : los chilenos ya conocen las consecuencias de ese tipo de concentración económica en las farmacias, donde ha habido colusión para subir precios; en el mercado de las isapres, donde existen alzas unilaterales de los precios de los planes de salud; en las AFP, donde también hay un oligopolio. En efecto, cuando en ese mercado se genera crecimiento económico, ganan las administradoras, pero cuando se producen crisis, pierden los trabajadores.
En definitiva, en la materia que nos convoca no podemos afianzar un modelo que permita la concentración económica, porque, además, esto determinará poder de mercado, permitirá fijar tarifas y, finalmente, obligará a que los pescadores artesanales se transformen en verdaderos subcontratistas de la industria.
Por eso, repondremos en la Sala las indicaciones que buscan limitar la duración de las licencias y la concentración económica.
Los activos que el Estado ha entregado al sector industrial en los últimos 12 años alcanzan a 8.900 millones de dólares. Me pregunto, cuánto de esos activos ha ido a los bolsillos de los trabajadores; cuánto ha ido a la renta de la nación. ¡Migajas, señor Presidente ! ¡Migajas han ido a los trabajadores y a la nación! La mayoría de esos recursos se han quedado en pocas manos.
Académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuyo pensamiento no podría catalogarse de Izquierda, sino más bien mucho más cercano al del ministro Longueira , establecen que la entrega de estos derechos en forma gratuita, sin competencia, sin licitación, implicará que el Estado deje de recaudar aproximadamente 900 millones de dólares en diez años, dinero que podrían servir para afianzar la plataforma social y los puentes de jubilación para los trabajadores. ¿Y ustedes nos están pidiendo aprobar un proyecto para que el Estado deje de percibir estos recursos? Si estos recursos no van a la plataforma social de los trabajadores, ni se recauda para renta de la nación, estaremos legislando para que vayan al bolsillo de los dueños de la industria. Resulta obvio que no podemos votar a favor una propuesta de esa naturaleza.
Desde el punto de vista de la pesca artesanal, lamentablemente, el Gobierno se ha negado a acoger indicaciones que permitan proteger la pesca artesanal; se ha negado a limitar la pesca de arrastre en los caladeros históricos, materia que es muy importante, por ejemplo, en la provincia de Arauco, donde se buscaba proteger el caladero del golfo mediante el establecimiento de una línea de protección entre la isla Mocha y la isla Santa María . Asimismo, se ha negado, por ejemplo, a acoger indicaciones que permitan que especies como la reineta sean declaradas especies migratorias, en circunstancias de que, prácticamente, la totalidad de las embarcaciones presentes en la provincia de Arauco, particularmente en la comuna de Lebu, la capital provincial, son naves reineteras que no podrán realizar labores extractivas, lo que traerá como consecuencia que sus dueños no podrán obtener ingresos para sostener a sus familias. Cabe recordar que el 60 por ciento de la actividad económica de la comuna de Lebu depende de la captura de la reineta.
Por consiguiente, como señalé, insistiremos en las indicaciones que permitan limitar la pesca de arrastre, declarar la reineta como especie migratoria y que determinados recursos se consideren exclusivamente artesanales. Asimismo, seguiremos insistiendo en rechazar el posicionador satelital.
El Ejecutivo también se ha negado a acoger las indicaciones que posibilitan incluir a los pueblos originarios. A pesar de existir la ley que crea un espacio costero que los beneficia, estos se quedarán sin el derecho a ser reconocidos como actores de la ley de pesca e imposibilitados del derecho a extraer los recursos. Nos parece que esto vulnera gravemente el Convenio 169 de la OIT. A pesar de eso, el Ejecutivo ha insistido en que esto no los afecta directamente. Si un proyecto de esta naturaleza no afecta los derechos culturales y económicos de las comunidades lafkenches, que viven en el borde costero, ¿qué habría de afectarlos?
Vamos a insistir en reponer en Sala las indicaciones que permitan reconocer el derecho cultural y económico de los pueblos originarios. Además, vamos a insistir en que el Estado no puede renunciar al derecho de ser propietario de sus principales riquezas. Aquí no se trata de estatizar los peces, sino de que el Estado sea garante de las riquezas de la nación.
Por intermedio de su señoría, señalo al ministro -él ha visitado la Región del Biobío- que mientras no sean satisfechas, aunque sea en parte, las necesidades de los pescadores artesanales de Lota y de la provincia de Arauco; mientras los derechos de los pueblos originarios no sean respetados; mientras no se deje de insistir en que nuestra nación debe renunciar al derecho de propiedad sobre una de sus principales riquezas, esta bancada y este diputado van a seguir votando en contra de la idea de legislar el proyecto de ley.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Hago presente a la Sala que el plazo para reponer las indicaciones vence al momento de concluir esta sesión.
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas .
El señor ROJAS.- Señor Presidente, escuchar a todos nuestros colegas a esta hora de la noche permite darnos cuenta de que estamos frente a un proyecto muy complejo de entender.
Quiero hacer un reconocimiento a todos los miembros de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y a todos quienes hicieron posible contar con un proyecto de ley que, como acá se ha dicho, quizás no es perfecto, pero es una posibilidad cierta de caminar en búsqueda de lo que todos hemos querido para el futuro de Chile: la sustentabilidad de los recursos que, muchas veces, ni siquiera valoramos.
Repito, escuchar las intervenciones de mis colegas a esta hora de la noche da cuenta de la complejidad del proyecto. Hemos sido testigos de los intereses que están en juego: hay colegas que defienden la pesca artesanal; otros, la pesca industrial; algunos no quieren el posicionador satelital; otros, lo consideran indispensable.
Hay que tener claro que la pesca no es igual en todas las regiones. En el norte, donde si bien es cierto que la gran industria está enclavada en la Primera Región, en la Segunda Región la fortaleza pertenece a los artesanales.
El problema radica en que los intereses de la Novena Región no son los mismos que, por ejemplo, los de la Octava o Séptima regiones. Por otra parte, en el norte tenemos que lidiar con un país hermano -Perú-, con el cual tenemos un problema, lo que agrega un elemento adicional al complejo proyecto en discusión.
Nadie puede negar que nos gustaría dar lo mejor a todos los sectores, pero debemos entender que buscar lo justo, lo mejor, a pesar de las debilidades, constituye un avance. Eso lo han dicho los parlamentarios de Oposición.
La protección que se da a materias relacionadas con la pesca artesanal también constituye un avance. Los diputados señores Cristián Campos , Orlando Vargas y Luis Lemus , pidieron que por lo menos se aseguren tres millas exclusivas para los pescadores artesanales, lo que podría ser una alternativa viable; asimismo, respecto de la continuidad de pesca en regiones, el proyecto establece que podrá extenderse el área de operaciones de los pescadores artesanales a la región contigua. La excepción deberá seguir el procedimiento contemplado en los planes de manejo, con el acuerdo de los pescadores artesanales involucrados en la pesquería respectiva. En esta materia -quienes somos parlamentarios por un largo período podemos dar cuenta de ello-, pudimos observar cómo en otro tiempo prevalecían los intereses políticos por sobre los que hoy busca proteger el proyecto, establecidos sobre una realidad científica.
En el norte, se perforó el espacio de las cinco millas y el proyecto mantiene ese criterio. Por ello, con legítimo derecho, reclamo que ello no debe seguir sucediendo; sin embargo, debo ser responsable y hacer ver que en el norte existe entendimiento entre los distintos sectores pesqueros, por lo que, quizás, el interés que tengo en salvaguardar las cinco millas puede ser equivocado.
En cuanto a la plataforma social, quiero señalar lo siguiente.
Más allá de la pesca, es necesario enfocarnos en los pescadores. ¿Por qué no pensar en que ellos también tienen derecho a jubilar, para lo cual habría que reconocer, por ejemplo, que la pesca es un trabajo pesado? Eso se lo planteé al ministro . De hecho, se trata de un beneficio que tienen ciertos trabajadores de la industria minera. Es una alternativa viable que podemos discutir. Por eso, es clave mantener y desarrollar la plataforma social como corresponde.
Un diputado de la zona austral señaló que hay pescadores que no vuelven a sus casas durante semanas; también es cierto que la pesca en esa zona es diferente a la del norte.
Repito, el proyecto da un paso adelante en materia de pesca, pero reconozco que no es el gran paso que todos queremos. Es un paso para ordenar y mirar el futuro en beneficio de la sustentabilidad de los recursos.
Reitero, la discusión no ha sido fácil. Por eso, quiero hacer un reconocimiento a los colegas que trabajaron en la Comisión técnica hasta altas horas de la noche para presentar este proyecto a la Sala. Espero que mañana se apruebe la idea de legislar.
Reconozco que tengo algunas aprensiones respecto de esta materia, fundamentalmente, en lo referido a la licitación de las cuotas pesca. No estoy convencido de que eso sea una alternativa viable. El proyecto busca equilibrar los intereses de la pesca artesanal y de la pesca industrial. Sin embargo, hay que dejar en claro que, en Chile, la pesca es muy heterogénea. Como dije hace unos momentos, no es lo mismo pescar en el sur que en el norte. Por lo tanto, no podemos dar el gusto a todos; alguien va a tener que perder algo en beneficio de que podamos avanzar en la aprobación del proyecto que, como dije, es muy complejo.
Es importante -el tema me interesa en forma especial- que se siga trabajando en pos de solucionar los problemas en materia de plataforma social. En ese sentido, creo que el Gobierno debe buscar una respuesta -más allá de que los actores se sienten o no a dialogar- a la problemática que se generará cuando los pescadores dejen de trabajar.
Anunciamos nuestro voto favorable a la idea de legislar. Estaremos atentos a votar como corresponde el articulado del proyecto en la sesión de mañana.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , quiero partir señalando que, a pesar de la hora, hemos permanecido en la Sala varios diputados, y que a pesar de nuestros temores, hemos realizado un buen debate.
He conversado con pescadores artesanales, con dirigentes y con diversas personas de Magallanes que han estado siguiendo el debate. Lo resalto porque creo que estamos frente a uno de los proyectos más complejos que nos ha tocado debatir en la actual legislatura.
Digo que es una iniciativa compleja, no solo porque hay muchos intereses involucrados, sino porque los intereses de unos se contraponen con los de otros y, como lo han señalado algunos colegas, no todos van a quedar contentos con las decisiones que tomemos.
Asimismo, digo que es un proyecto complejo porque toca temas de principios y de definiciones de fondo. Si tuviera que iniciar mi intervención haciendo una aclaración, diría que en estas materias, que tienen que ver con principios, con lo que una cree y por lo que una se la juega, como diputada, mi voto no se condiciona ni se transa.
Felicito a los diputados, en particular, a los de la Democracia Cristiana y a otros diputados de la Concertación, incluso, a los independientes, porque han logrado avances importantes. Eso hay que destacarlo. Aquí se ha hecho una extensa enumeración de los aspectos que contiene el proyecto, tales como la creación de los comités científico-técnicos; la eliminación del requisito de que las embarcaciones con una eslora inferior a 12 metros cuenten con un posicionador satelital; la exclusión de naves de otras regiones que pescan donde no les corresponde, en nuestro caso, en la Región de Magallanes; el reconocimiento de los derechos de los pescadores artesanales, etcétera. Todo esto lo logramos en la Comisión de Hacienda y espero que también se apruebe en la Sala lo relacionado con las cinco millas exclusivas para los pescadores artesanales, la protección laboral, la plataforma social, el financiamiento en materia de educación, tanto para los pescadores como para sus familias; la regulación de los contratos; en fin, podría hacer un largo listado de aspectos valiosos. Sin embargo, todavía faltan algunas cosas. Pero, como este proyecto de ley está en su primer trámite constitucional, queda mucho camino por recorrer.
Aquí hay una definición más de fondo, que en la Comisión de Hacienda se rechazó, y que se relaciona con el artículo 1°. Cabe preguntarse, ¿cómo podemos avanzar en un estatuto jurídico sobre recursos hidrobiológicos y en el reconocimiento expreso de que el Estado chileno tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescindible de ellos?
También estamos discutiendo el rol del Estado y del mercado. Sabemos que cuando funciona el mercado no estamos frente a un sistema protector, porque este termina siendo un depredador, pues lo que finalmente prima es el negocio. Es posible perfeccionar el modelo que está detrás de todo esto, aunque sabemos que de todos modos va a tender a la concentración. Si se otorgan licencias indefinidas a quienes están operando, vamos a tener más de lo mismo. Y esto no se relaciona con lo que hicimos o no hicimos antes, sino con los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Cuando se discute la situación de la pesca artesanal, debemos velar por que esta tenga sus reservas, frente a un sector industrial que hemos visto que depreda las pesquerías, porque siempre privilegia el negocio.
Me gustaría que el texto del proyecto tuviera otra lógica, aspecto que está incorporado en las indicaciones que presentamos en la Comisión de Hacienda y que vamos a reponer en la Sala. Esto lo hemos compartido con los pescadores artesanales. Hemos sido capaces de superar diferencias políticas, porque entendemos que es allí donde debemos poner el énfasis, porque a ellos debemos responder. Este es el debate de fondo que subyace en este proyecto de ley y que se mantendrá en el futuro.
Mi posición es clara respecto de esta materia; también espero que se discutan otros asuntos que el ministro se ha negado a tocar, señalando que están fuera de las ideas matrices del proyecto. Por ejemplo, está el tema relacionado con el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, en particular, de las comunidades yagán y kawésqar, y el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos con la Organización Internacional del Trabajo. En la medida en que nuestro país asume compromisos internacionales y ratifica tratados, estos también deben ser considerados al momento de discutir nuestras leyes.
Quiero ser portavoz de diversos dirigentes de los pescadores artesanales de Magallanes, que nos decían que, en esta materia, sobre todo cuando en la discusión se plantea la forma de lograr mejoras para los pescadores -lo digo aprovechando la presencia del subsecretario de Pesca-, es importante que se cumplan los compromisos asumidos. Siempre he destacado que en Magallanes hemos dado muestras de que hemos sido capaces de generar acuerdos respecto de leyes específicas y de generar recursos regionales. Ellos piden que se asuma el compromiso respecto de quienes trabajaban recolectando erizos y que no pudieron continuar haciéndolo. Señalan que hoy deben utilizarse recursos del presupuesto regional para financiar proyectos de apoyo a la pesca artesanal. Es la respuesta que esperan recibir del subsecretario de Pesca .
Es importante cumplir los compromisos que se contraen, porque ello contribuye a avanzar. Insisto en que en este debate hay temas de fondo que están pendientes y que se relacionan con la forma en que podemos defender los recursos que son de todos los chilenos y con la manera en que el Estado fortalece la institucionalidad. El proyecto avanza en esta materia, pero en forma muy tímida. Tenemos que reforzar todo lo vinculado con financiamiento, con investigación científica y con recursos, en particular, para la Región de Magallanes, a fin de tener datos fidedignos, control, fiscalización y los recursos que se requieren para ello.
Finalmente, aquí se ha planteado que hay recursos que se mantienen. Todavía hay espacio para discutir al respecto, de manera que el impuesto específico que se establece sea mayor, pues ello permitirá fortalecer la institucionalidad vigente, tener mejor información científica y reforzar las instancias de control y, por qué no, fortalecer el sector pesquero artesanal.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente , sin duda, estamos frente a un proyecto de ley muy necesario para ordenar y dar sustentabilidad a la pesca en nuestro país.
Hay consenso en las opiniones en cuanto a que es una actividad que entrega una variada gama de intereses a quienes son reconocidos como pescadores artesanales y armadores industriales. Quiero hacer especial mención de los pescadores artesanales de mi zona, es decir, de Lota, Lebu, Arauco, Tirúa, Quidico, Isla Mocha y las caletas de la provincia de Arauco.
Hemos tenido una larga discusión en la cual se han hecho distintos planteamientos, reconociendo que lo que nos motiva es dar respuesta a la gente que representamos. Reconocemos el esfuerzo realizado por las familias que trabajan en la actividad pesquera y, por eso, tenemos la responsabilidad de velar por la sustentabilidad de la pesca, a fin de protegerlas.
Se han mencionado los acuerdos y las votaciones verificados en cada comisión; sin embargo, es conveniente pedir especial preocupación por las necesidades de Lota y la provincia de Arauco. Es necesario que tengamos una mirada diferente, por ejemplo, respecto de los pescadores artesanales de Lota y de toda la provincia de Arauco. Agradecemos a la Comisión de Pesca que se haya dado el tiempo suficiente para atender a muchas instituciones, incluyendo, las de la provincia de Arauco y de Lota, que represento.
¿Qué se quiere? Entre otras cosas, se pide que la reineta sea declarada especie migratoria; mayor fiscalización, sobre todo, de naves extranjeras que pescan en nuestras propias narices; una franja de protección desde Isla Mocha hasta Isla Santa María ; la devolución de los permisos de pesca que les fueron quitados, de un día para otro, a muchos pescadores artesanales.
Se pide una plataforma social, si como consecuencia de la futura ley se ven afectadas familias que trabajan en la actividad pesquera.
Se requiere protección de la primera milla para los pescadores más pequeños. Asimismo, se requiere protección de las primeras cinco millas para embarcaciones de hasta 18 metros. En resumen, se piden reglas claras para asegurar el sustento de familias y el desarrollo de la pesca artesanal e industrial.
¿Qué ofrece la iniciativa? Protección de la primera milla en beneficio de las embarcaciones de una eslora inferior a los 12 metros, sin restricción del arte de pesca, sin la obligación de portar posicionador satelital y pagar patente. Este último punto es fundamental, sobre todo para la zona que represento, donde una de las dificultades era el pago de la patente y el riesgo y la amenaza de quitar el área de manejo por el hecho de no hacerlo.
Además, debemos recordar que era un problema la falta de recursos cuando el área demoraba mucho en ser productiva.
Se endurecen las penas a quienes roban en áreas de manejo. Hemos tenido experiencias lamentables al respecto. Los pescadores artesanales realizan un gran esfuerzo en su área de manejo y, lamentablemente las penas a quienes han sido sorprendidos robando, no han sido elevadas.
Mucho se habla de la perforación de la primera milla. Solo se autoriza si no hay actividad y con acuerdo de los pequeños pescadores artesanales.
En nuestra zona, ha habido una inquietud muy especial por la pesca de la reineta, gran sustento en la provincia de Arauco. Por ejemplo, los pescadores de la comuna de Lebu, en una determinada temporada del año, deben salir de la región a buscar ese sustento para preservar su actividad. Por eso, el proyecto considera las zonas continuas y discontinuas, con acuerdo de las organizaciones pesqueras y de los consejos zonales de pesca, en el caso de no existir acuerdo de desplazamiento. No es la fórmula ideal, lo que quisiéramos, pero por lo menos se abre una puerta para que los pescadores tengan continuidad su actividad.
En conclusión, según mi criterio, la iniciativa permite un ordenamiento de la captura que, sin duda, ayudará a tener mejor funcionamiento de la actividad en el futuro. También asegura no solo la pesca artesanal, sino también la actividad de los recolectores de orilla, encarnadoras, fletes y otras.
Por último, quiero decir que presentamos indicación para otorgar mejor trato a los pueblos originarios. Entendemos que fue declarada inadmisible. Esperamos que exista una mirada especial en un futuro cercano para reforzar esta actividad en las comunidades y asociaciones de pescadores indígenas.
En la provincia de Arauco necesitamos integrar la actividad pesquera en el Nuevo Plan de Desarrollo para la provincia. Esta puede ser una gran oportunidad para dar un mejor bienestar a tantas familias que dependen de la pesca artesanal en la provincia de Arauco.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señor Presidente , esta iniciativa lleva un buen tiempo de discusión, con muchas organizaciones y representantes que han concurrido a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos a dar a conocer sus puntos de vista.
Es natural que existan diferencias entre los actores políticos y quienes se dedican a la actividad de la pesca, porque los esfuerzos, las regiones y los recursos son distintos. Lo que a una región le puede parecer bien, a otra no. Sin embargo, es importante destacar que aquí ha habido un esfuerzo de todos los parlamentarios, indistintamente de su color político, por buscar lo mejor para los pescadores. Desde ese punto de vista, se ha socializado con gran parte de ellos para que aporten a su estudio.
Estoy plenamente de acuerdo en que hay temas por mejorar. Ojalá que en el Senado se siga avanzando para lograr una buena normativa. Es relevante reconocer que hay cosas que permiten afirmar que en comparación a como ingresó, ha sido mejorado. Es de esperar que sea un buen puntapié inicial para el Senado.
Como hay diversas apreciaciones sobre este proyecto, no nos podemos abstraer de eso. Debemos resguardar los intereses de los pescadores artesanales que representamos. Deseamos evaluar positivamente un anhelo muy esperado por ellos: me refiero al acceso exclusivo a las cinco millas patrocinadas por el Gobierno, cuyo límite es la parte sur de la isla de Chiloé.
Otro elemento relevante son las zonas contiguas. Tenemos un mundo muy importante de pescadores de recursos bentónicos de la Décima Región que van a la zona de Aysén, específicamente a Melinka. Hoy, tendrán la posibilidad de ahorrarse todo el trámite que cada cierto tiempo genera grandes complicaciones entre las dos regiones, en el entendido de que los pescadores que hacen ese esfuerzo llegarán a acuerdo y podrán posibilitar que se mantenga la sustentabilidad, sobre todo el reconocimiento de sus derechos históricos.
Se ha hablado mucho sobre el posicionador satelital. Entendemos que era trascendente eximir de esa obligación a las embarcaciones que hacen el esfuerzo por el recurso bentónico. Valoramos que el Ejecutivo haya suscrito una indicación al respecto.
Desde el inicio de la discusión se ha dicho que se debe garantizar a toda prueba la seguridad de los pescadores artesanales. Es ahí donde el seguro de vida contra riesgo de muerte accidental e invalidez se hace presente en el proyecto. No obstante, queda pendiente un punto relacionado con las personas que tienen 65 años de edad o más. Hoy, las compañías de seguro no las cubren. Por eso, es necesario que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de un subsidio, o garantizar que las compañías de seguro generen un plan colectivo en el que sean incluidos.
Otro punto destacable que ha valorado la pesca artesanal no solo de Chiloé y Palena, sino la de todo el país, es el referido a las patentes que se pagan a beneficio fiscal por las áreas vinculadas a los planes de manejo, cuyo costo es de 0,18 UTM por hectárea o fracción. Después de aprobada esta iniciativa, no habrá pago de patente por ese concepto.
También, logramos acordar con el Ejecutivo que la tarificación inicial de 0,4 UTM por el pago de patente, considerada para todas las embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal, se tramificara hasta las de 12 metros de eslora. Quedaron excluidas del pago las embarcaciones entre 12 y 15 metros de eslora, que representa el 90 por ciento del total de embarcaciones; pagarán 0,2 unidades tributarias mensuales las embarcaciones de eslora igual o superior a 12 metros e inferiores a 15 metros de eslora, y 0,4 unidades tributarias mensuales las embarcaciones de eslora igual o superior a 15 metros y hasta 18 metros de eslora.
En términos generales, es una iniciativa que debe seguir avanzando y mejorando. Con todo, los acuerdos suscritos con el Ejecutivo han sido importantes, por lo menos para los pescadores de nuestra provincia, por cuanto les ha generado un nivel relativo de tranquilidad. Estamos hablando de anhelos a los que han aspirado durante años. Se trata de medidas que les permitirán enfrentar de mejor forma el futuro, sobre todo en lo que respecta a opciones laborales.
Ahora bien, el proyecto no resuelve en absoluto las posibilidades de mejorar las condiciones de trabajo, por lo que resulta necesario complementarlo con el Indap pesquero, a fin de que el emprendimiento agregue valor a la actividad.
Espero que el Ejecutivo considere algunas de las observaciones expuestas, a fin de que sean examinadas en la sesión de mañana.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , el proyecto tiene una trascendental importancia para el país, porque las pesquerías representan una riqueza económica, social, cultural y alimentaria fundamentales para nuestro desarrollo. Sin embargo, aun cuando la iniciativa despertó enormes expectativas, el Gobierno no aprovecha la oportunidad histórica que tiene, tal como sucedió, por ejemplo, con la educación, a fin de brindar al país una legislación que cumpla con los requisitos que demanda la inmensa mayoría de los pescadores, tanto del sector industrial como artesanal.
Si se hubiese tenido el coraje de tocar y afectar los intereses de los sectores económicos que controlan la casi totalidad de la riqueza pesquera en Chile, el proyecto pudo haber resuelto sistemática y profundamente los problemas tanto de los pescadores artesanales como industriales. No obstante, ello requería tener la voluntad de redistribuir la riqueza pesquera, dar sustentabilidad y proteger los recursos; contar con la voluntad del Gobierno y de las instancias parlamentarias para recuperar los recursos que pertenecen a todos los chilenos y no mantenerlos privatizados, como han permanecido hasta ahora, ni menos privatizarlos aún más. Se pudo haber recogido las demandas históricas de los trabajadores artesanales, pero también el anhelo de mejores remuneraciones y de un empleo más permanente y seguro para los pescadores industriales. Al mismo tiempo, se podrían haber recuperado los ingresos a los que tiene derecho la nación cuando se trata, repito, de la explotación de recursos que pertenecen a todos los chilenos.
Sin embargo, esos principios y orientaciones que debió haber tenido la ley no se cumplen en absoluto en el proyecto. Por ello, me parece que es una iniciativa mentirosa, como muchas otras que hemos conocido, porque mientras se afirma que se está buscando la sustentabilidad de las pesquerías, basada en criterios que se dicen “científicos”, no garantiza la conservación ni tampoco la sustentabilidad de las especies; al contrario, viene a reemplazar la ley pesquera de 2001, que más bien favoreció a los poseedores temporales de cuotas individuales mediante el régimen de administración pesquera, llamado “Límites Máximos de Captura por Armador”.
Esa ley, que quiso ser transformada y que buscaba asegurar la conservación de los recursos pesqueros, terminando con la “carrera olímpica”, solo produjo mayor depredación, desgaste de nuestros recursos y enriquecimiento -con cuotas individuales desorbitadas e hiperconcentradas- de algunos sectores de la industria. Al mismo tiempo, tampoco resolvió los problemas que se planteaban en aquella época. Hoy, esa ley se quiere reemplazar por una que, tal vez, es peor que la anterior.
Hubiese sido mejor haber usado el precioso tiempo con que contamos en las instancias parlamentarias para debatir con más tiempo y profundidad, sin la precipitación que hoy existe, una propuesta enfocada más en los intereses nacionales, la sustentabilidad, la protección de los recursos pesqueros y la cautela de los intereses de los pescadores artesanales y de los trabajadores de la industria. Pero no es así: se quiere asegurar licencias de pesca indefinidas para aquellos que tienen cuotas que hasta ahora se habían establecido como temporales. Por lo tanto, pasamos de un mal menor a un mal mayor, porque estas licencias indefinidas de pesca, que son permanentes y transferibles, concentrarían aún más la propiedad de la riqueza pesquera, que hoy se encuentra en manos de solo cuatro empresas, a saber, Blumar S.A, que concentra el 9,2 por ciento; Orizon S.A., el 59,1 por ciento; Camanchaca Bio Bío, el 19 por ciento, y Alimar Foodcorp , el 6,1 por ciento. Entre todas, concentran el 93,4 por ciento del total de la fracción industrial de las principales pesquerías. Estas licencias indefinidas y transferibles harán, prácticamente, perpetuas las cuotas de pesca que antes eran temporales. Además, estas se están agotando, porque termina el plazo de vigencia de la ley actual.
El proyecto significa una verdadera camisa de fuerza para los pescadores artesanales, porque no protege sus caladeros históricos y pierden las cinco millas de reserva que garantizaban la conservación y la sustentabilidad, así como la actividad pesquera artesanal en todo el territorio nacional, sin excepciones. Se trata de la zona donde se produce el desove de las pesquerías, lo que constituye el hábitat de la mayor parte de estas. Recordemos que cuando se pescan especies en estado juvenil se corre el riesgo de extinguirlas.
Por otra parte, el proyecto no elimina la pesca de arrastre, el descarte y continúa con la sobreexplotación del recurso. Tampoco asegura, como aparentemente creen pensarlo los pescadores industriales, la garantía de permanencia y estabilidad de sus trabajos. Los dueños de las licencias permanentes en cualquier momento pueden fusionar estas empresas, terminar con la estabilidad laboral, generar mayor desocupación y, por lo tanto, despido de trabajadores.
No se asegura a los trabajadores industriales una plataforma social que proteja sus derechos; tampoco se asegura la investigación científica, a pesar de que los comités científicos podrían llegar a realizar un avance. Sin embargo, a los comités científicos no se les entregan los recursos necesarios para realizar su labor y tampoco se respetan los derechos de los pueblos originarios.
En resumen, el proyecto genera mayor concentración de la riqueza y no respeta el hecho de que los recursos pesqueros pertenecen a todos los chilenos. Con todo, existe un artículo -logró una alta votación en la Comisión técnica, acto que esperamos que la Sala ratifique- que consigna el único aspecto rescatable de la iniciativa: consagra el derecho de todos los chilenos de acceder al recurso pesquero.
Tomando en cuenta los antecedentes señalados, resulta imposible, si somos consecuentes, aprobar el proyecto en debate.
Por lo tanto, anuncio que votaré en contra la iniciativa, ya que queremos mantener los recursos pesqueros en poder de todos los chilenos, impedir su hiperconcentración y proteger los derechos del sector pesquero artesanal.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , represento a un distrito que no cuenta con un borde costero. Por lo tanto, no voy a analizar las especificidades técnicas del proyecto, porque mis colegas las han abordado de mejor manera. Quizás por el hecho de no tener que responder a una clientela electoral particular, cuento con mayor libertad para opinar y puedo aportar una mirada más amplia y global sobre el proyecto.
Quiero centrarme en dos aspectos que, a mi juicio, desde el punto de vista conceptual y político, son tremendamente relevantes.
El primero se relaciona con la propiedad de los recursos hidrobiológicos, es decir, de los peces. El proyecto del Gobierno, impulsado con fuerza por el ministro de Economía , señor Pablo Longueira , y cuyo mejor abogado en esta Sala ha sido el diputado señor Patricio Melero , establece que los recursos hidrobiológicos no son de todos los chilenos y que no pertenecen al Estado, sino que es un bien susceptible de apropiación mediante la ocupación, modo de adquisición regulado por el Código Civil a través de la figura del res nullius, es decir, la propiedad del bien se define por el primero que lo atrape. Sin embargo, al mismo tiempo se regula la extracción y se otorgan licencias gratuitas e indefinidas -lo que es muy parecido a la perpetuidad- a los privados. Se trata de licencias transferibles, transmisibles y susceptibles de cualquier negocio jurídico. En otras palabras, estamos frente a un derecho de propiedad prácticamente absoluto respecto de nuestros peces. Se trata de la consagración de la privatización de nuestros recursos hidrobiológicos. En el pasado, esa visión se ha aplicado sobre los recursos minerales o el agua. Y ya sabemos lo que ha sucedido. Y lo lamentamos.
Por ello, es la oportunidad de defender una indicación que se aprobó en la Comisión de Pesca, pero que, lamentablemente, se rechazó en la Comisión de Hacienda. La indicación es al artículo 1º del proyecto y consagra la propiedad absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos hidrobiológicos. Repito, no estoy interpretando el sentir de alguno de mis electores, ni tampoco pensando en la próxima elección, sino centrando la discusión en el rol que debe cumplir el Estado respecto de los recursos sobre los que tiene jurisdicción.
Así las cosas, algunos pensamos que el Estado tiene derecho de propiedad sobre los recursos hidrobiológicos, por lo que no pueden ser privatizados, posición esta última defendida por el Gobierno de la Derecha a través del proyecto en debate. Se trata de un punto central que es necesario clarificar, a fin de lograr mayor coherencia en relación con el contenido de la iniciativa.
El Gobierno -la materia se encuentra contenida en el proyecto, pero de manera pobre, por lo que es necesario avanzar sobre ella- ha señalado que debe fijarse un royalty. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, para concretar un royalty en favor del Estado, es necesario, primero, establecer que los recursos pertenecen a este. De lo contrario, ¿de dónde nace el derecho del Estado a reclamar un royalty? Por ello, es muy importante lo que debemos aprobar respecto del artículo 1º, porque será la matriz que nos permitirá informar e iluminar el resto del proyecto, y, también, realizar una interpretación en el futuro sobre la posibilidad de establecer un royalty.
Un segundo aspecto se relaciona con la flagrante vulneración del Convenio N° 169, de la OIT, suscrito y ratificado por Chile, en particular el artículo 2, letra b); el artículo 4, numerales 1 y 2; los artículos 7 y 8, pero muy especialmente el artículo 6, numeral 1, letra a), que señala textualmente: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán -es decir, se trata de una norma imperativa para los gobiernos-: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.
Este Congreso, en 2008, aprobó un proyecto de ley en favor del pueblo lafkenche. ¿Se les ha consultado a ellos o a otros pueblos originarios su opinión respecto de esta iniciativa? No, no se ha consultado su opinión. Es decir, el Estado, a través del proyecto en debate, reconoce a los industriales derechos históricos relacionados con los recursos hidrobiológicos, pero niega ese mismo reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Si vamos a hablar de derechos históricos o ancestrales, ¿me van a decir que tienen más derechos los primeros que los segundos? Si es así, me parece que, desde un punto de vista conceptual, estamos errados, porque resulta obvio que nuestros pueblos originarios tienen más derechos en este ámbito. Sin embargo, el proyecto no se los reconoce, ni tampoco se les consultó sobre el particular, tal como lo señala, en forma imperativa, el artículo 6º del Convenio Nº 169 de la OIT. Es decir, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones como Estado, ni tampoco respetando los derechos de nuestros pueblos originarios.
Por lo tanto, quiero hacer expresa reserva de constitucionalidad de forma en relación con el proyecto, porque, a nuestro juicio, su tramitación adolece de vicio, ya que se ha omitido un trámite obligatorio, cual es el establecido en la letra a) del artículo 6º del Convenio Nº 169 de la OIT.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , quiero preguntar a la audiencia y a nuestros colegas por qué estamos legislando. ¿Quién tiene problemas en esta materia? ¿Los pescadores industriales o los artesanales? A mi juicio, el problema lo tienen los primeros. Por lo tanto, se está legislando para un sector privilegiado.
La FAO ha señalado, con claridad, que debido a la depredación que ha habido de los recursos hidrobiológicos, en los próximos treinta años no quedará ningún recurso marino. ¿Quiénes son los responsables de la sobreexplotación que ha habido de esos recursos? Es cierto que el Estado debe hacer la autocrítica que corresponde, pero, ¿quiénes son los que han practicado la gran depredación a nivel mundial? Las grandes flotas pesqueras, no los pescadores artesanales. Creo que eso debemos señalarlo con mucha claridad.
¿Cuánto nos demoramos en debatir otras iniciativas legales importantes, por ejemplo, el proyecto de ley en materia de salud? Dos años. Pregunto esto porque el proyecto en discusión se está legislando de manera absolutamente irracional. Las comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y de Hacienda han tenido mucho tiempo para debatir la materia, pero hoy la Sala deberá discutirlo hasta aproximadamente la una de la madrugada, porque no tenemos más tiempo, puesto que se vence el plazo de urgencia, lo que no es justificable. Creemos que las cosas se están haciendo mal.
Asimismo, quiero referirme a lo planteado por el diputado señor Chahín , en el sentido de que no puede seguir ocurriendo que no se respete a los pueblos originarios en cada proyecto que ingresa a tramitación al Congreso Nacional y que involucra el medio ambiente o los recursos naturales, a sabiendas de lo que establece el Convenio 169 de la OIT. Aquí, borramos con el codo lo que escribimos con la mano.
No votaré absolutamente ningún artículo del proyecto en debate si no se reconoce a los pueblos originarios. Se está transgrediendo algo que es esencial. Cuando hablamos de que se deben generar nuevas mayorías, de buscar apoyos de muchos que nos creen, ¿qué debemos hacer? Para generar esas nuevas mayorías debemos dar señales claras de por dónde vamos a transitar. Si seguimos con las componendas de aprobar proyectos de ley en consenso o con mayorías espurias, la gente no nos creerá absolutamente nada y no podremos crear ninguna nueva mayoría. Repito, hay que dar señales claras. Si yo estoy a favor del proyecto, debo señalarlo de esa manera; si estoy en contra, debo manifestarlo de ese modo. Así es la democracia.
Creo que en este debate se ha marcado el sello de quiénes están a favor y en contra de algo que es de sentido común. Se les debería preguntar a todos los que están presenciando el debate a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados si es legítimo que se entreguen, a perpetuidad, cuotas de pesca a un grupo de industriales y si es legítimo que estemos aplicando el mismo criterio utilizado en otros proyectos, como los relacionados con el cobre, el agua, el litio, la telefonía y el retail. Eso debe finalizar. La ciudadanía, a través nuestro, está diciendo no a ese tipo de políticas.
El día de mañana -a lo mejor ya no seremos diputados- se nos preguntará si estuvimos a favor o en contra de entregar los recursos hidrobiológicos del país en forma indefinida a un grupo de industriales. Cuando eso ocurra, no podremos decir, por ejemplo, que el artículo 1° lo votamos en contra y el artículo 2° a favor. En esta materia hay que tener claridad absoluta y señalar no a la entrega de los recursos hidrobiológicos a un grupo de industriales que no representa a todos los chilenos y chilenas.
En consecuencia, quiero expresar, con claridad, que el proyecto en debate marca un antes y un después, porque conforme a nuestro pronunciamiento nos juzgarán las grandes mayorías del país. No hay excusa: los que voten a favor de la iniciativa, tendrán que responder a su postura; los que votemos en contra, lo haremos para defender los recursos del país.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , les doy las gracias a mis camaradas de partido por su presencia hasta esta hora en la Sala: me refiero a los diputados señores René Saffirio , Jorge Sabag , a la diputada señora Carolina Goic , y a los diputados señores Víctor Torres , Fuad Chahín y Ricardo Rincón , así como al diputado señor Enrique Accorsi , quien planteó un desafío que vamos a contestar, para lo cual voy enfocar el debate desde otra perspectiva, con las cifras respectivas.
Asimismo, quiero saludar a los pocos dirigentes de los pescadores artesanales que se encuentran en las tribunas.
(Aplausos en las tribunas)
Los años le dan a uno una visión de lo que es la historia en determinadas actividades. ¡Gracias a Dios y a mis padres, soy nacido y criado en Concepción! Lo señalo porque alguien me podría decir que el distrito que represento no es pesquero. ¡Mentira! En San Pedro de la Paz hay una caleta pesquera. Además, la mitad de la gente que trabaja en actividades pesqueras en Talcahuano, Tomé y Coronel viven en mi distrito, la que expresa, a través de la esencia de la democracia -el voto- cuáles son sus representantes.
¿Qué pasó en 1990? Cuando recuperamos la democracia y asumimos como diputados, en la primera sesión de Sala, después de que juramos, se tramitó el proyecto de ley que prorrogaba la Ley de Pesca. En esa oportunidad, me referí al fundamento de esa prórroga; señalé que su plazo terminaba el último día de abril y que había distinguidos parlamentarios que querían un proyecto de ley abierto, para que las industrias pesqueras transnacionales tomaran el dominio del mar de Chile. Logramos ganar. Los discursos están consignados en la historia fidedigna del establecimiento de esa ley. Me honro de haber intervenido en nombre de los cuarenta diputados democratacristianos y de haber rechazado una indicación que abría posibilidades de dominio a grupos extranjeros.
Después de eso, se tramitó la actual Ley de Pesca, que fue consecuencia de una modificación extensa introducida a ese cuerpo legal. Se presentaron mil indicaciones. El término de esa prórroga significó el comienzo inmediato de la “carrera olímpica”. Sin embargo, en esos momentos hubo capacidad política, total y absoluta, para sentarnos a negociar, con el objeto de desglosar lo que era importante. El resultado fue la promulgación de la ley N° 19.713, que expira el 31 de diciembre de este año.
¿Cuál es la realidad? Creo en los pescadores artesanales y en todos los trabajadores relacionados con la pesca industrial. Muchos han señalado que este sector se ha llevado la parte del león. ¡Mentira! Para que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, en 2000, la participación del sector artesanal en los desembarcos fue de 22 por ciento; por su parte, la industria anotó un 78 por ciento. Luego, el porcentaje de participación de la pesca artesanal se incrementó a 32, 36 y 47 por ciento. En 2010, la pesca artesanal alcanzó el 52 por ciento de participación y la industria el 48 por ciento. Es decir, es una falacia lo que aquí se ha dicho, en el sentido de que se ha perjudicado a los pescadores artesanales.
El problema es otro. Hay 13.073 embarcaciones artesanales y resulta que 1.000, que tienen más de 12 metros de eslora, capturan el 50 por ciento de la pesca de todo el país. Nadie puede desconocer que, al menos, en la Región del Biobío -se trata de cifras oficiales-, la pesca extractiva representa el 1 por ciento del PIB regional. Es un porcentaje importante.
Aquí se han dado muchas cifras, pero a mí me gusta ir a las fuentes. Por ejemplo, según el Banco Central, en 2011 Chile exportó 81.411 millones de dólares; en cuanto a acuicultura y pesca extractiva, exportó 4.889 millones de dólares, y en pesca extractiva relacionada con el proyecto que nos ocupa, solo 1.400 millones de dólares. ¡Hablemos de cifras oficiales, no lancemos cifras aire!
¿Cuál es mi conclusión respecto del proyecto, que estamos tramitando contra el tiempo, porque desde diciembre lo estuvo analizando la Comisión de Pesca? Su objetivo central es la sustentabilidad del mar chileno. Hace tres viernes, todos los parlamentarios de la Región del Biobío y alrededor de cuatro mil trabajadores nos reunimos en La Tortuga de Talcahuano. Los trabajadores nos pidieron decir no a la licitación. Soy hombre de palabra. En esta oportunidad represento, también, la posición de mi estimado amigo y colega Jorge Sabag , quien no se inscribió. Debo recordar que ya son más de la una de la madrugada y que desde las 9 de la mañana de ayer estuvimos debatiendo el proyecto en la Comisión de Hacienda.
¿Por qué me opongo a las licitaciones? La Comisión de Pesca celebró casi ciento cincuenta audiencias. A ellas asistieron confederaciones artesanales, sindicatos y federaciones laborales. Todos se manifestaron en contra de las licitaciones. ¿Adoptaron esa posición simplemente porque se les ocurrió? No. La explicación es que las licitaciones traerían concentración de las cuotas de pesca en pocas empresas y pérdida de puestos de trabajo de flota y de planta.
También, hay una inevitable internacionalización de la pesca. ¿Se han puesto a pensar que chinos y peruanos podrían ingresar a nuestras aguas a través de un tercero que se adjudicó una licitación? Es cierto que existe un artículo que señala que las que pueden licitar son empresas constituidas por, al menos, un 50 por ciento de capital chileno; sin embargo, todos sabemos que eso es fácil de cambiar. No quiero que en Chile vuelva a ocurrir lo que me tocó presenciar en la década del sesenta, cuando llegaron los primeros buques factorías japoneses a Talcahuano y San Vicente , los que depredaron y se fueron. La historia sirve bastante.
Los pescadores artesanales expresaron en la Comisión de Pesca que la concentración iba a redundar en un menor poder comprador de materia prima y baja en los precios. Pusieron el siguiente ejemplo. En la Región del Biobío, ocho empresas se disputan, comercialmente, en forma artesanal, las sardinas y las anchovetas. Si quedan dos, es evidente que habrá oportunidad de acuerdo entre los poderes compradores en contra de los pescadores artesanales.
¿Por qué digo no a la licitación? Porque más de 50.000 puestos de trabajo dependen de la actividad industrial. Cualquier sistema transitorio hará que las inversiones se efectúen en el período inicial, pero luego se paralizarán, lo que afectará el empleo, especialmente en mi Región del Biobío. Todas las actividades económicas de importancia -la pesca es la cuarta actividad económica de importancia- requieren de un marco regulatorio indefinido. Este es el momento de avanzar en ese tema.
El proyecto plantea financiar, a través del Fondo de Administración Pesquera, programas de reinserción laboral, becas de estudio por tres años, acciones de capacitación y programas de estudios técnicos superiores. Este concepto debe cambiarse y establecerse una plataforma social, porque si llega a haber desempleo, el Estado debe hacerse cargo del problema.
Anuncio que votaré favorablemente la idea de legislar, así como la mayoría del articulado en particular, porque están en juego 10.000 empleos en la región del Biobío y 60.000 en el país, todos los cuales se relacionan con la pesquería industrial.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , es ya la 1.06 horas de la madrugada del miércoles 18 de julio. Seguramente, a estas horas, la mayor parte de las familias de los colegas se encuentra durmiendo, descansando, al igual que la mayoría de los chilenos que no cumplen turnos de noche. Por cierto, espero que todos, incluidas las familias de los parlamentarios presentes, tengan un justo y reponedor sueño durante esta noche y madrugada.
En tanto eso acontece, en la Cámara de Diputados, como si se tratara de la tradicional discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, que año tras año, casi por historia y tradición, nos convoca hasta altas horas de la madrugada, muchos nos encontramos debatiendo el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y las regulaciones en materia de investigación y fiscalización.
No soy de aquellos que tiene peces en su distrito. De hecho, no creo en los distritos pesqueros, toda vez que somos diputados de la república y, por lo tanto, estamos convocados a pronunciarnos sobre todos los temas del país. En mi distrito abundan las frutas, las verduras, los buenos mostos; pero no por ello la gente no demanda tener acceso al pescado, de buena calidad y a buen precio, lo que parece que en Chile no es tan sencillo de conseguir.
El proyecto que nos convoca es la típica iniciativa que, para hacer todo más complejo, desarrolla enarbolados e intrincados articulados que a solo muy pocos les va a ser fácil descifrar. Para alejar las leyes del pueblo, nada más fácil que hacerlas complejas, difíciles, tediosas y técnicamente incomprensibles. Aquellos que procuran defender grandes intereses económicos, en cualquier parte del planeta, generalmente lo hacen a través de normas intrincadas, complejas y difíciles de comprender por el común de la gente. ¡Que sean los buenos bufetes de abogados los que defiendan los intereses de aquellos que tienen plata!
Este tipo de legislación, nuevamente, se está imponiendo en Chile con este proyecto. Basta con ver el número de indicaciones, examinar la redacción de los artículos, atender las discusiones en la Comisión, constatar las noches y trasnoches en la Comisión de Pesca, echar un vistazo a los informes que llegan a la Sala, a destiempo, a última hora, a fin de que los parlamentarios ni siquiera podamos leerlos, para darse cuenta de que esta no es la forma adecuada de legislar. ¡Y esa responsabilidad recae exclusivamente en el Gobierno! ¡Qué no vengan a decirnos, ni el ministro Longueira , ni el subsecretario aquí presente, que desde diciembre del año pasado el proyecto está en la Sala y que la Corporación ha tenido largo tiempo para discutirlo! ¡Falacia! ¡Mentira! Las urgencias las maneja el Ejecutivo . Por su intermedio, señor Presidente , le digo al subsecretario que son ustedes, no nosotros, quienes manejan las urgencias. Ahora, la responsabilidad recae en ustedes; cuando éramos gobierno, recaía en nosotros. ¡Para eso quisieron gobernar! ¡No vengan a decirnos que el proyecto ha estado a disposición de la Sala durante ocho o nueve meses!
El proyecto llegó a la Sala a destiempo. Hemos debido trasnochar para intervenir. La sesión fue citada en horarios alternativos, a saber, de 15.00 a 21.00 horas; de 15.15 a 21.15 horas; de 15.30 a 21.30 horas; de 15.45 a 21:45 horas, etcétera. Debimos esperar en nuestras oficinas o lugares de trabajo para saber a qué hora conocíamos el informe respectivo y poder legislar. Repito, ni siquiera hemos podido leer el informe. Esta no es forma de legislar, y la responsabilidad de ello recae en el ministro Longueira y su Gobierno.
Señalada la razón por la cual muchos vamos a rechazar la idea de legislar el proyecto, quiero pronunciarme sobre los temas de fondo, por ejemplo, quién tendrá acceso al recurso y qué sustentabilidad le daremos. Porque digan lo que digan los comités de expertos, los paneles científicos técnicos, en cuanto a que esta ley en tramitación mejoraría el estado de cosas, lo concreto es que ley tras ley, gobierno tras gobierno, Estado tras Estado, el recurso ha sido depredado y cada vez es de más difícil acceso. Somos un país de larga costa que se está quedando sin recursos pesqueros.
Antes se hablaba de que tal pesquería extraía cuatro millones de toneladas; otra, tres millones y medio de toneladas. ¿De cuánto estamos hablando en la actualidad? ¿Qué pesquería llega a un millón de toneladas? ¿Cuántas de ellas extraen 300.000, 400.000 o 500.000 toneladas? ¿Es responsabilidad del Estado? Por cierto que sí, y de los gobiernos de turno que representaron a ese Estado, incluido los anteriores a este. ¡Que nadie se venga a lavar las manos! Pero, también es responsabilidad de los grupos de interés que presionan al Estado y a los gobiernos de turno para sacar la mejor tajada de algo que pertenece a todos los chilenos. ¡No hablemos a medias! ¡No escondamos la verdad! ¡Lo que nos conviene lo decimos y lo que no lo escondemos!
Entonces, ¿se ha depredado el recurso? ¡Sí! ¿Garantiza esta ley que ese recurso no se siga depredando? ¡No! ¿Se ha limitado el acceso al recurso a algunos que defienden sus fuentes e intereses con buenos abogados? ¡Sí! ¿Se siguen enredando las leyes para que esos mismos buenos abogados defiendan los intereses de los mismos? ¡Sí! Pero, ¿qué nos dice el Presidente de la Comisión a aquellos que tratamos de proponer ideas distintas para que se debatan? Que son muy buenas, pero que no es el momento de plantearlas.
A aquellos que propusimos que sería interesante explorar el remate de la pesca o subasta de primera venta, que es un tema que se debate hace siglos en Europa, se nos dijo que no es el momento, que no es oportuno, que esta no es la ocasión de hacerlo. ¡El Ejecutivo dijo eso! Pero, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es oportuno y adecuado discutir sobre estos temas? Y el Presidente de la Comisión se valió de su mayoría para declarar inadmisibles nuestras indicaciones. Hemos sido responsables y no nos hemos limitado solo a escribir en algún periódico, o a opinar sobre la materia, sino que hemos hecho la pega que corresponde a un legislador, esto es hacerse cargo de sus ideas y presentar indicaciones que las respalden. En la Comisión lo hemos hecho. Allí están nuestras firmas en las indicaciones respectivas. Pero, repito, nos dicen que las indicaciones no son admisibles, pero que son buenas las ideas que las sustentan. Nos dijeron: “Preséntelas en otro el momento, porque ahora no lo es. En otra época debemos conversar esos temas, pero no ahora. Hoy, debemos ver otras cosas, señores diputados.”.
El remate de la pesca o subasta de primera venta es lo que permite obtener un justo precio, por ejemplo, a los artesanales, que no son tan artesanales, y a los artesanales que sí lo son, porque aún no definimos quiénes son artesanales. Está claro que los chicos -lo ha dicho el propio ministro Longueira -, que son miles, no se están haciendo ricos con millones de dólares, ni ahora ni en las últimas dos o tres décadas. Pero, cuando se les permite hacer remate de su venta, la venta en subasta, se posibilita que se les pague el justo precio por el trabajo realizado en el mar y por los peces que llevan hasta la costa de nuestros mares.
Cuando se posibilita el justo precio, se permite la competencia por ese recurso, para que ese justo precio se vea expresado. Con ello se posibilita el acceso al recurso no solo a los grandes, que muchas veces mantienen coartados a los pequeños pescadores artesanales, a los que han proveído hasta de botes y han comprado, durante cincuenta años, su producción. Señor Presidente , la idea es aplicar los principios básicos del mercado en relación con el acceso a los recursos, a fin de que exista verdadera libertad de competencia, de modo que los pescadores artesanales y sus familias reciban una justa retribución por el trabajo realizado.
Seguirá siendo un mal tiempo para conversar de estos temas. Parece que no es oportuno y no corresponde hacerlo. ¿Cuándo podrán plantearse? ¿Cuándo podrán examinarse? No lo sabemos; sin embargo, nos hemos hecho cargo de esta idea, presentando responsablemente las indicaciones como corresponde. El Ejecutivo y sus mayorías relativas serán los responsables de haber rechazado la idea de legislar esta materia, sosteniendo que las indicaciones son inadmisibles, pretendiendo hacernos creer que no existen recursos para financiar estos temas. Sin embargo, sí hay recursos para salvar a las grandes tiendas, pero no a los reales pescadores artesanales, ni a la gente de este país que quiere tener acceso a un recurso de calidad y a buen precio.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , usted bien sabe que nuestro país es muy extenso y que las realidades de nuestras regiones son distintas.
Hoy, a las 9 horas o 9.30 horas, los pescadores de la Región de Coquimbo se van a reunir con el subsecretario, para ver de qué forma los parlamentarios de la región podemos entregarles, definitivamente, lo que ellos consideran, en justicia, sus derechos, en especial a los pescadores artesanales.
Hemos venido conversando el tema desde hace varios meses. Finalmente, el proyecto está aquí, pero muchas de sus propuestas no fueron recibidas. Por lo tanto, la posición de quien habla, más tres diputados de la región, en primera instancia, será rechazar la idea de legislar si no prospera lo anterior; sin embargo -y disculpe la expresión, pues no es la más correcta-, la materia está condicionada a que hoy, o sea, pronto, podamos lograr un acuerdo, de tal forma que las regiones, de alguna u otra manera, puedan sentirse consideradas, aceptando que cada una vive una realidad diferente.
Quien les habla se debe a los pescadores artesanales de la Región de Coquimbo, desde Los Vilos hasta el sector de Los Choros. En ese ámbito, respondo a su mandato, de modo de votar de la mejor forma posible. No se trata de un capricho personal, ni tam-
poco de una condición a cambio de cualquier prebenda, sino de las aspiraciones legítimas de los pescadores artesanales de mi región.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a la 1.19 horas del miércoles 18 de julio de 2012.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
4864-29
Modifica la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8334-06
Modifica ley N° 19.754, permitiendo la incorporación del personal de los establecimientos municipales de salud, a las prestaciones de bienestar y, autorizando la constitución de servicios de bienestar separados por entidad administradora.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8387-05
Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República que formula observaciones al proyecto de ley que reajusta monto del ingreso mínimo mensual. (boletín N° 8387-05).
“Honorable Cámara de Diputados:
Mediante oficio de 17 de julio de 2012, V.E. comunicó que el H. Congreso Nacional rechazó parcialmente el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.
I. LA INICIATIVA
El proyecto originado en mensaje tiene por objeto reajustar el monto del ingreso mínimo mensual a contar del 1 de julio de 2012.
El reajuste propuesto tuvo en consideración el contexto económico actual y esperado tanto nacional, como internacionalmente, los incrementos de productividad, los aumentos de la inflación y las características del mercado laboral; además se tuvo en particular consideración, una previsible profundización de la crisis internacional que podría tener importantes efectos negativos sobre el empleo de jóvenes y trabajadores menos calificados. En general, estos grupos presentan una mayor probabilidad de perder sus empleos en períodos de crisis económicas debido a su bajo nivel de capital humano. También se ha tenido en cuenta la situación de las pequeñas y medianas empresas que se ven afectados por este reajuste y las recomendaciones de la Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo, establecida en abril de 2011.
El reajuste propuesto representa un incremento en el ingreso mínimo mensual de $ 182.000 a $ 193.000, lo que equivale a un incremento en torno a un 6%.
Consideramos importante velar porque el salario mínimo mejore su poder adquisitivo lo máximo posible, de acuerdo a las posibilidades del país, y refleje los aumentos en productividad que ha presentado el mercado laboral, pero también es importante velar por la empleabilidad de los trabajadores a los que justamente se pretende beneficiar.
II. EL PROYECTO APROBADO POR EL CONGRESO
La iniciativa fue rechazada en particular tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado.
De este modo, el proyecto aprobado por ambas cámaras solo contempla el artículo 4° original del proyecto del Ejecutivo, que establece el financiamiento de la iniciativa legal, pero los preceptos con la cifra de reajuste y otros montos como las asignaciones familiares actualizadas, fueron nuevamente rechazados por la Sala del Senado.
III. FUNDAMENTO DE LAS OBSERVACIONES
Conforme a lo expuesto anteriormente, el proyecto aprobado por el Congreso Nacional carece actualmente de normas de reajuste del salario mínimo y de reajuste del monto de la Asignación Familiar y del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020.
Por esta razón, el Ejecutivo considera esencial la reposición de dichas normas a fin de dar coherencia y eficacia a la normativa que el proyecto propone.
IV. EL VETO
Por las consideraciones anteriormente señaladas, las modificaciones introducidas al proyecto son las siguientes:
1) Se incorpora un artículo 1º que establece el monto del reajuste del ingreso mínimo mensual, elevando a $ 193.000 la cifra para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, de $ 135.867 a $ 144.079 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad, y el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 117.401 a $ 124.497. Asimismo, se incorpora una norma que establece el reajuste de las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares .
2) Se incorpora una norma que establece el reajuste por el solo ministerio de la ley del ingreso mínimo mensual, de las demás asignaciones y del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020, si de dan los supuestos que el mismo artículo establece para el año 2013.
Por las consideraciones anteriores, y en uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República y de conformidad con lo establecido en el Título III de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, vengo en formular las siguientes observaciones al referido proyecto de ley:
1) Para agregar antes del actual artículo único del proyecto de ley, los siguientes artículos 1°, 2° y 3°:
“Artículo 1°.- Elévase, a contar del 1 de julio del año 2012, de $ 182.000 a $ 193.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio del año 2012, de $ 135.867 a $ 144.079 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio del año 2012, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 117.401 a $ 124.497.
Artículo 2º.- Reemplázase a partir de la vigencia del artículo 1° de esta ley, el artículo 1º de la ley Nº 18.987, por el siguiente:
“Artículo 1º.- A contar del 1 de julio del año 2012, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre sistema único de prestaciones familiares y sistema de subsidios de cesantía para los trabajadores de los sectores privado y público, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario:
a) De $ 7.744 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 202.516.
b) De $ 5.221 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 202.516 y no exceda los $ 317.407.
c) De $ 1.650 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 317.407 y no exceda los $ 495.047.
d) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 495.047, no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo.
Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán su plena vigencia los contratos, convenios u otros instrumentos que establezcan beneficios para estos trabaja-dores.
Dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspondan.
Los beneficiarios contemplados en la letra f) del artículo 2º del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, y los que se encuentren en goce de subsidio de cesantía, se entenderán comprendidos en el grupo de beneficiarios indicados en la letra a) precedente.”.
Artículo 3°.- Fíjase a contar de la vigencia de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 1º de la presente ley, en $ 7.744 el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020.
2) Para incorporar los siguientes artículos 4°, 5°, 6° y 7° nuevos:
“Artículo 4º.- Reajústense a contar del día 1 de julio del año 2013, por una sola vez y por el sólo ministerio de la ley, el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores indicados en los incisos primero y segundo del artículo 1° de la presente ley y el monto del ingreso mínimo mensual para efectos de lo indicado en el inciso tercero del mismo artículo, de acuerdo a una de las siguientes alternativas, dependiendo del porcentaje del crecimiento promedio que experimente el Producto Interno Bruto, en adelante PIB:
a) Si el crecimiento promedio del PIB es mayor o igual a 5%, considerando para esto el promedio de las tasas de crecimiento del tercer y cuarto trimestre del año 2012 y del primer trimestre del año 2013, con respecto a mismos trimestres del año anterior, utilizando la medición del PIB a precios del año anterior encadenado según lo informado por el Banco Central de Chile, los montos indicados anteriormente se reajustarán de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios del Consumidor, según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los meses de mayo del año 2012 y mayo del año 2013, más 3 puntos porcentuales adicionales.
b) Si el crecimiento promedio del PIB es mayor o igual a 4% y menor a 5%, considerando para esto el promedio de las tasas de crecimiento del tercer y cuarto trimestre del año 2012 y del primer trimestre del año 2013, con respecto a mismos trimestres del año anterior, utilizando la medición del PIB a precios del año anterior encadenado según lo informado por el Banco Central de Chile, los montos indicados anteriormente se reajustarán de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios del Consumidor, según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los meses de mayo del año 2012 y mayo del año 2013, más 2 puntos porcentuales adicionales.
Artículo 5°.- Reajústense a contar del día 1 de julio del año 2013, por una sola vez y por el sólo ministerio de la ley, los valores señalados en la letra a) del artículo 1º de la ley Nº 18.987, de acuerdo al procedimiento consignado en las letras a) y b) del artículo 4° de la presente ley.
Asimismo, reajústense a contar del día 1 de julio del año 2013, por una sola vez y por el sólo ministerio de la ley, y sólo en el caso de haberse efectuado el reajuste del ingreso mínimo mensual de acuerdo a alguna de las alternativas señaladas en el artículo 4° de la presente ley, los valores señalados en las letras b), c) y d) del artículo 1° de la ley N° 18.987, de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios del Consumidor, según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los meses de mayo del año 2012 y mayo del año 2013. Todos los valores indicados en las letras b), c) y d) del artículo 1° de la ley N° 18.987 serán reajustados de esta manera, salvo el valor del ingreso indicado como tope máximo para la letra a) del artículo 1° de la ley N° 18.987 antes señalada, el cual se reajustará de acuerdo a lo establecido en el inciso primero de este artículo.
Artículo 6°.- Reajústese a contar del día 1 de julio del año 2013, por una sola vez y por el sólo ministerio de la ley, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020, de acuerdo al procedimiento consignado en las letras a) y b) del artículo 4° de la presente ley.
Artículo 7°.- El mayor gasto fiscal que represente durante el año 2013 la aplicación de los artículos 4°, 5° y 6° de la presente ley, se financiará con cargo a los recursos contemplados en los presupuestos respectivos.”.
3) Para suprimir en el artículo único aprobado por el Congreso Nacional las palabras “y el año 2013”.
En consecuencia, devuelvo a V.E. el referido oficio.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; EVELYN MATTHEI FORNET , Ministra del Trabajo y Previsión Social .”
Informe Financiero Sustitutivo
Proyecto de Ley que Reajusta Monto del Ingreso Mínimo Mensual
Boletín N° 8387-05
I. ANTECEDENTES.
1. A contar del 1 de julio de 2012, se fija el monto de ingresos mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años de edad, en $ 193.000. Del mismo modo, se establece el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años y menores de 18 años y el monto del ingreso mínimo mensual que se utiliza para fines no remuneracionales.
En el mismo proyecto de ley también se fijan los montos y tramos para la asignación familiar y maternal y el valor del subsidio familiar, maternal y del Subsidio Familiar.
2. Para efectos del reajuste a realizarse a partir del 1° de julio del año 2013, el monto del ingreso mínimo mensual, se reajustará por una sola vez y por el solo ministerio de la ley, dependiendo del porcentaje del crecimiento promedio del Producto Interno Bruto, en adelante PIB, de acuerdo a una de las siguientes alternativas:
a) Si el crecimiento promedio del PIB es mayor o igual a 5%, considerando para esto el promedio de las tasas de crecimiento del tercer y cuarto trimestre del año 2012 y del primer trimestre del año 2013, con respecto a mismos trimestres del año anterior, utilizando la medición del PIB a precios del año anterior encadenado según lo informado por el Banco Central de Chile, los montos indicados anteriormente se reajustarán de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios del Consumidor, según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los meses de mayo del año 2012 y mayo del año 2013, más 3 puntos porcentuales adicionales.
b) Si el crecimiento promedio del PIB es mayor o igual a 4% y menor a 5%, considerando para esto el promedio de las tasas de crecimiento del tercer y cuarto trimestre del año 2012 y del primero trimestre del año 2013, con respecto a mismos trimestres del año anterior, utilizando la medición del PIB a precios del año anterior encadenado según lo informado por el Banco Central de Chile, los montos indicados anteriormente se reajustarán de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios de Consumidor, según los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los meses de mayo del año 2012 y mayo del año 2013, más 2 puntos porcentuales adicionales.
Por su parte, también se reajustarán a partir del 1° de julio del año 2013 los tramos y valores de la Asignación Familiar, Asignación Maternal y Subsidio Familiar, de acuerdo al mecanismo señalado en el presente proyecto de ley.
II. EFECTO DEL PROEYCTO SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL.
A continuación se presenta el efecto fiscal que tendrá el proyecto de ley en los dos escenarios de crecimiento del PIB señalados precedentemente:
Cuadro N°1
Escenario de Crecimiento PIB mayor o igual a 5%
(Millones de $ 2012)
2012 (*)
2012 (**)
Menores Ingresos por Copago Fonasa Recaudación
1.074
3.278
^@#@^Mayor Gasto Subsidio al Trabajador Joven Ley N° 20.255
64
204
Mayor Gasto Asignación por Muerte
586
1.740
Mayor Gasto Asignación Familiar
1.891
5.959
Mayor Gasto Subsidio Familiar
7.719
21.693
Total
11.334
32.874
(*) En el año 2012 se considera el mayor gasto del segundo semestre de dicho año.
(**) En el año 2013 se considera el efecto año de las modificaciones 2012 y el efecto que tendrá el 2° semestre del año 2013 la aplicación del mecanismo de reajustabilidad a partir del 1° de julio de 2013.
Cuadro N° 2
Escenario de Crecimiento PIB mayor o igual a 4% y menor a 5%
(Millones de $ 2012)
2012 (*)
2012 (**)
Menores Ingresos por Copago Fonasa Recaudación
1.074
3.089
^@#@^Mayor Gasto Subsidio al Trabajador Joven Ley N° 20.255
64
192
Mayor Gasto Asignación por Muerte
586
1.640
Mayor Gasto Asignación Familiar
1.891
5.809
Mayor Gasto Subsidio Familiar
7.719
20.644
Total
11.334
31.374
(*) En el año 2012 se considera el mayor gasto del segundo semestre de dicho año.
(**) En el año 2013 se considera el efecto año de las modificaciones 2012 y el efecto que tendrá el 2° semestre del año 2013 la aplicación del mecanismo de reajustabilidad a partir del 1° de julio de 2013.
El mayor gasto que represente durante el año 2012 la aplicación del proyecto de ley, se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público y a partir del año 2013 con los respectivos presupuestos.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos .?
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que “Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.
“Valparaíso, 17 de julio de 2012.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, correspondiente al Boletín N° 8.387-05.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.265, de 10 de julio de 2012.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”
6. Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.965, en las materias que indica. (boletín Nº 6.244-07).
“Honorable Cámara de Diputados:
Honorable Senado:
La Comisión Mixta constituida en conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de la República tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, durante la tramitación del proyecto de ley indicado en el epígrafe, con urgencia calificada de “simple”.
El origen de esta Comisión Mixta se encuentra en el rechazo de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de determinadas enmiendas que en su oportunidad había acordado el Senado. A raíz de lo anterior, la mencionada Cámara procedió a designar como integrantes de esta instancia a los Honorables Diputados señora Marisol Turres Figueroa y señores Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Edmundo Eluchans Urenda y René Saffirio Espinoza , según se consignó en el oficio Nº 9.975, de 13 de marzo de 2012.
El Senado, por su parte, en sesión del día 14 de marzo de 2012, nombró para este efecto a los miembros de su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Alberto Espina Otero , Calos Larraín Peña , Hernán Larraín Fernández y Patricio Walker Prieto .
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 9 de mayo de 2012, con asistencia de la mayoría de sus integrantes. En dicha sesión, por la unanimidad de sus miembros presentes, se eligió como Presidente al Honorable Senador señor Hernán Larraín Fernández .
En algunas de las sesiones en que se consideró este asunto estuvieron presentes, además de sus integrantes, S.E el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , señor Rubén Ballesteros Cárcamo ; el Ministro de Justicia , señor Teodoro Ribera Neumann , la Subsecretaria de Justicia señora Patricia Pérez Goldberg y los abogados asesores de esa Secretaría de Estado señora Paulina González y señor Alejandro Soto .
Asimismo, concurrieron el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial , señor Antonio Larraín , y los Jefe de Finanzas y de Desarrollo Institucional de este Servicio, señores Gustavo Poblete y Rodrigo Herrera , respectivamente.
Participaron igualmente, el asesor del Honorable Senador Walker, don Patricio , señor Fernando Dazarola ; el asesor de la Honorable Senadora señora Alvear , señor Jorge Cash ; la asesora del Honorable Diputado señor Eluchans , señora Carolina Salas y el abogado asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada .
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Cabe dejar constancia que las normas contenidas en la propuesta que formula esta Comisión Mixta tienen rango orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
DISCREPANCIAS SOMETIDAS A LA CONSIDERACIÓN DE LA
COMISIÓN MIXTA
Las divergencias suscitadas entre ambas Corporaciones derivan del rechazo por parte de la Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de algunas de las enmiendas aprobadas por el Senado, en el segundo trámite constitucional.
A continuación, se consignan las disposiciones que originaron las mencionadas discrepancias, se deja constancia de una síntesis del debate que ellas generaron en el seno de la Comisión Mixta y se informa de los acuerdos adoptados en cada caso. Asimismo, se propone aprobar otras enmiendas que, si bien no encuentra su origen en una discrepancia surgida entre ambas Corporaciones, tiene directa relación con las ideas matrices contenidas en el Mensaje que dio origen a este proyecto y resulta necesario incorporar con el fin de alcanzar un acuerdo que haga posible aprobar esta iniciativa.
Se formula, finalmente, la proposición mediante la cual esta Comisión Mixta estima que pueden solucionarse las divergencias en estudio.
“ARTÍCULO 1°
(Incorpora un artículo 101, nuevo, al Código Orgánico de Tribunales)
INCISO PRIMERO
De la Cámara de Diputados y del Senado
El artículo 1° aprobado por la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, incorpora un artículo 101, nuevo, al Código Orgánico de Tribunales . Esta norma faculta a la Corte Suprema, previo cumplimiento de determinados requisitos, para destinar transitoriamente y de manera rotativa a uno o más jueces integrantes de los tribunales que indica, para desempeñar sus funciones preferentemente en otro tribunal de su misma especialidad.
En su inciso primero dicho precepto establece lo siguiente:
“Artículo 101.- Cuando el mejor servicio judicial lo exigiere y a solicitud de la Corte de Apelaciones respectiva, la Corte Suprema, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial , podrá destinar transitoriamente y de manera rotativa a uno o más jueces integrantes de los Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Tribunales de Familia, Tribunales Laborales y Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional, a desempeñar sus funciones preferentemente en otro tribunal de su misma especialidad.”.
En segundo trámite, el Senado reemplazó dicho precepto por otro que dispone lo siguiente:
“Artículo 101.- Cuando existieren desequilibrios entre las dotaciones de los jueces y la carga de trabajo entre tribunales de una misma jurisdicción, la Corte Suprema, a solicitud de la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en que consten los datos objetivos para su procedencia y siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial , podrá destinar transitoriamente y de manera rotativa a uno o más jueces integrantes de los Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Tribunales de Familia, Tribunales Laborales, Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional y juzgados con competencia común a que hace referencia el artículo 27 bis, a desempeñar sus funciones preferentemente en otro tribunal de su misma especialidad.”.
En tercer trámite, la Cámara de Diputados rechazó esta enmienda.
Al iniciarse el debate de esta discrepancia, el señor Presidente de la Comisión , Honorable Senador Larraín, don Hernán , ofreció la palabra al señor Ministro de Justicia .
El Ministro de Justicia , señor Teodoro Ribera Neumann , agradeció la oportunidad de participar en esta discusión, connotando que el rechazo de la Cámara de Diputados no se debió a que esa Corporación se negase a legislar sobre la materia, sino a observaciones puntuales planteadas respecto de ambas propuestas.
Explicó que la idea de la Cámara de Diputados fue traer este tema a la Comisión Mixta para construir un acuerdo que impida el menoscabo laboral y personal de los jueces que sean objeto de traslados temporales, y evitar, además, que este mecanismo sea utilizado reiteradamente respecto de uno o más funcionarios.
Explicó que para solucionar estas observaciones, el Gobierno había elaborado una proposición para enmendar el inciso octavo de este artículo, según explicará más adelante. En todo caso, precisó que dicha enmienda procura impedir que el referido traslado genere un menoscabo manifiesto en contra de los jueces destinados, o que sea utilizado en forma reiteradamente respecto de un mismo juez.
El Honorable Diputado señor Saffirio manifestó que las diferencias expresadas en la Cámara de Diputados, durante el tercer trámite constitucional, comprendía también otros aspectos distintos a los que se ha referido el señor Ministro de Justicia . Señaló que la Cámara de Diputados planteó un cuestionamiento de fondo al sistema diseñado para estos traslados, para abarcar, entre otros elementos, el irrestricto respecto a los derechos laborales de los jueces, en tanto funcionarios y trabajadores. En este sentido, sugirió que sería conveniente también escuchar, en esta instancia, los planteamientos de la Asociación Nacional de Magistrados.
El Honorable Senador señor Espina manifestó que examinadas las discrepancias surgidas entre ambas Corporaciones, en relación con el inciso primero del nuevo artículo 101, le parecía más adecuada la redacción acordada por el Senado, ya que a su juicio clarificaba y subsanaba las dudas que se plantearon en torno al texto aprobado por la Cámara de Diputados.
El Honorable Diputado señor Ceroni hizo presente que uno de los temores expresados por la Asociación Nacional de Magistrados se funda en la amplitud con que las Cortes y la Corporación Administrativa del Poder Judicial podrían interpretar la facultad que la Corte Suprema tendría para trasladar jueces. Agregó que, en particular, les preocupaba el alcance que se le podía dar a la frase que encabeza el inciso primero del artículo 101 aprobado por la Cámara de Diputados, el cual dispone que dicho traslado se puede hacer “cuando las exigencias de un mejor servicio judicial lo exigiere”. En relación con este punto, acotó, la redacción propuesta por el Senado corrige, en lo fundamental, la inquietud planteada.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio , coincidió en que la redacción acordada por el Senado era más precisa, ya que describe circunstancias objetivas a las que deberá atenerse la Corte Suprema para adoptar sus decisiones.
El Honorable Diputado señor Eluchans expresó que la redacción acordada por el Senado le parecía más precisa y exigente, y por ello, afirmó, que él estaba de acuerdo en aprobar ese texto. Seguidamente, hizo presente que en esta norma se incluía, entre los tribunales cuyos magistrados pueden ser trasladados, a los juzgados de competencia común que establece el artículo 27 bis del Código Orgánico de Tribunales. En relación con este punto solicitó al Ministerio de Justicia los antecedentes que justificarían la inclusión de estos tribunales en el proyecto.
Por otra parte, indicó que había tenido la posibilidad de reunirse con representantes de la Asociación Nacional de Magistrados, quienes le hicieron notar que las posturas de ambas Cámaras relativas al inciso primero establecen que la destinación de jueces se hará, preferentemente, entre tribunales de la misma especialidad. Observó que esta disposición, da pie para que un juez con competencia en una materia determinada -por ejemplo un juez de garantía- sea asignado a un tribunal con una competencia totalmente distinta -como por ejemplo un tribunal de familia-. Frente a lo anterior, manifestó que la citada organización gremial le planteó que la destinación sólo debiera hacerse entre tribunales que tengan una misma especialidad.
El señor Presidente de la Comisión Mixta , Honorable Senador señor Larraín, don Hernán puntualizó que le parecía que había un consenso en la Comisión en torno a la idea de que la fórmula del Senado precisaba mejor las condiciones que justifican un traslado transitorio de un juez a otro tribunal.
En razón de lo anterior, y con el propósito de avanzar en el estudio de las otras discrepancias, solicitó aclarar la inquietud formulada por el Honorable Diputado señor Eluchans en relación a los juzgados con competencia común establecidos en el artículo 27 bis del Código Orgánico de Tribunales.
En relación con este punto, se tuvo presente que el referido precepto señala que los juzgados de letras con competencia común están integrados por dos jueces y tienen una planta de personal conformada por un administrador, un jefe de unidad, dos administrativos jefe, cinco administrativos 1º, dos administrativos 2º, un administrativo 3º, tres ayudantes de servicios y un auxiliar. Agrega que cuando su competencia abarque también asuntos de familia, contarán, adicionalmente, con un consejero técnico.
Adicionalmente precisa los grados y remuneraciones que percibirán quienes se desempeñan en estos tribunales.
Seguidamente, el señor Presidente de la Comisión Mixta , Honorable Senador Larraín, don Hernán , puntualizó que, en todo caso, la referencia a estos tribunales incide única y exclusivamente a aquellos con competencia común integrados por dos jueces, según lo dispone el artículo 27 bis del Código Orgánico de Tribunales, y no en los tribunales integrados por un jueces de letras con competencia común.
La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señora Paulina González , confirmó que esta disposición se aplicará a los tribunales integrados por dos jueces.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán , estimó que la explicación entregada se resuelve la duda planteada sobre los tribunales con competencia común.
A continuación el Presidente de la Comisión , Honorable Senador Larraín, don Hernán , sometió a la consideración de la Comisión la regulación relativa a que el juez redestinado deba ser enviado de manera obligatoria o sólo preferentemente a un tribunal de su misma especialidad.
El señor Ministro de Justicia explicó que este asunto ya fue planteado en el debate que se produjo en la Cámara de Diputados. Recordó que todos los abogados que entran al escalafón primario del Poder Judicial deben hacer un curso de habilitación, y que durante su preparación deben aprobar cursos de perfeccionamiento que inciden en diversas materias.
En este marco, puntualizó, limitar la destinación de jueces al ámbito de una misma especialidad restringiría de manera excesiva el ejercicio de esta facultad.
El Honorable Senador señor Espina se mostró de acuerdo con lo planteado, ya que a su juicio basta con que la asignación sea hecha preferentemente entre tribunales de la misma especialidad. Recordó que las Salas de las Cortes de Apelaciones del país no tienen especialidades, y los jueces de primera instancia que son promovidos a esos tribunales vienen de las más diversas judicaturas, y una vez que son nombrados deben conocer asuntos de índoles diversas a la de su competencia original.
El Honorable Diputado señor Saffirio recordó que esta era una de las disposiciones que más complicaciones había producido en la Asociación Nacional de Magistrados. Indicó que la distinción entre los diversos tipos de judicatura no es un asunto sin importancia para los jueces, los que optan por una u otra especialidad por motivos de inclinación vocacional.
Expresó, a manera de ejemplo, que un juez de familia, que es trasladado a un tribunal de garantía, no tiene ningún estímulo para profundizar sus conocimientos procesales penales, pues sabe que en un breve plazo volverá a su judicatura original.
El señor Ministro de Justicia puntualizó que en este ámbito hay que distinguir los problemas estructurales de aquellos que tienen un carácter transitorio. Indicó que algunos de esos problemas estructurales son abordados a través del mecanismo de nominación de nuevos jueces que establece el artículo 2º del proyecto.
Hay otros problemas de carencias de tribunales - como son los que se han producido en la zona de Alto Hospicio- que han surgido posteriormente y que no se pudieron prever cuando se acordó la Reforma Procesal Penal. Esos problemas requieren una discusión mayor que abarque una reorganización de tribunales a nivel nacional, según las cargas de trabajo objetivas observadas.
Puntualizó que el mecanismo que se plantea en el artículo 1º del proyecto tiene por finalidad, en cambio, enfrentar situaciones transitorias.
Señaló que entiende la postura de la Asociación de Magistrados, que por motivos muy justificados ha presentado observaciones a esta iniciativa, pero expresó que, por otro lado, se debe tener en consideración que la sociedad chilena confía en su Corte Suprema para resolver en última instancia asuntos de la mayor trascendencia.
Explicó que en estos proyectos siempre puede haber márgenes de discrecionalidad pero que, con la redacción acordada por el Senado, ellos han quedado debidamente acotados.
El Honorable Diputado señor Eluchans expresó que la explicación del Ejecutivo había aclarado en gran parte las inquietudes que a este respecto se han levantado, por lo que propuso aprobar la redacción propuesta por el Senado para el inciso primero del artículo 101.
El señor Presidente de la Comisión Mixta , Honorable Senador Larraín, don Hernán , declaró cerrado y procedió a someter a votación el texto aprobado por el Senado, con excepción de la mención de la palabra “preferentemente” que figura en ella.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina , Larraín, don Carlos , Larraín, don Hernán y Walker, don Patricio y los Honorables Diputados señores Ceroni , Eluchans y Saffirio , acordó aprobar el texto acordado por el Senado.
Seguidamente, el señor Presidente de la Comisión Mixta puso en votación el planteamiento formulado por el Honorable Diputado señor Saffirio en orden a no incorporar la expresión “preferentemente” al texto ya aprobado. Votaron a favor de esta proposición los Honorables Diputados señores Ceroni y Saffirio . Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina , Larraín, don Carlos ; Larraín don Hernán y Walker, don Patricio .
-o-
“INCISO SEGUNDO
de la Cámara de Diputados y del Senado
En el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó un inciso segundo del artículo 101 que regula la forma en que la Excelentísima Corte Suprema ejercerá la atribución para trasladar jueces. Su texto es el siguiente:
“Dicha facultad podrá ejercerse sólo entre tribunales de territorios jurisdiccionales pertenecientes a una misma Corte de Apelaciones, por un plazo máximo de un año por cada juez, sin renovación inmediata y entre tribunales que en todo o en parte compartan el mismo territorio jurisdiccional o que sean de territorios jurisdiccionales contiguos.”
En el segundo trámite constitucional, el Senado reemplazó la expresión “un año” por “seis meses” y contempló entre comas (,) la frase “en todo en parte”.
En el tercer trámite constitucional la Cámara de Diputados rechazó estas enmiendas.
Al iniciarse el estudio de esta discrepancia, el señor Presidente de la Comisión , Honorable Senador Larraín, don Hernán , ofreció la palabra al Honorable Diputado señor Ceroni .
El Honorable Diputado señor Ceroni inició su intervención señalando que consecuente con lo acordado anteriormente, era partidario de acoger las enmiendas acordadas por el Senado ya que ellas resguardaban de mejor manera los derechos de los jueces, teniendo en cuenta, además, que esta norma se plantea como solución a una situación que tiene un carácter transitorio o excepcional.
El Honorable Diputado señor Eluchans coincidió con lo anteriormente señalado.
En otro orden de cosas, connotó que aunque no es materia de diferencia entre ambas Cámaras, algunos representantes gremiales de la judicatura le han hecho saber que la disposición que requiere el consentimiento del juez afectado sólo se aplica cuando se trata de traslados entre territorios jurisdiccionales dependientes de distintas Cortes de Apelaciones, lo que no da cuenta de situaciones que se presentan en Cortes de Apelaciones cuyos territorios jurisdiccionales son muy extensos. En esos casos, explicó, un traslado entre dos localidades puede significar recorrer diariamente muchos kilómetros.
El señor Ministro de Justicia precisó que este punto se abordará en la redacción sustitutiva que el Gobierno ha propuesto para el nuevo inciso octavo acordado por el Senado, en el sentido de limitar la facultad de traslado cuando ella provoca menoscabo manifiesto al juez trasladado. Señaló que si esa disposición se aprueba, el ejemplo indicado por el Honorable señor Diputado no debería producirse, a menos que se provean todos los medios para aminorar dicho perjuicio.
La Honorable Senadora señora Alvear propuso aprobar las enmiendas acordadas por el Senado, porque ella acota el ejercicio de esta facultad de traslado. Asimismo, esta norma obligará a revaluar, a través de una solución permanente, los desequilibrios que actualmente existen en la carga de trabajo de los tribunales y que han surgido como consecuencia, por ejemplo, de cambios demográficos que se han producido en los últimos años.
Expresó que un traslado por un tiempo mayor a seis meses podría crear problemas familiares a los jueces redestinados.
El Honorable Diputado señor Saffirio observó que muchos de los temas de fondo que se han planteado podrían quedar acotados si el Ejecutivo se muestra disponible a establecer, en este proyecto de ley, que la facultad que se confiere en el artículo 1º tendrá un plazo de vigencia acotado -por ejemplo de tres años- para incentivar el estudio y la presentación de futuros proyectos de ley que solucionen de manera definitiva los desequilibrios estructurales de cargas de trabajo judicial que se producen en ciertas comunas del país.
El Honorable Diputado señor Eluchans recordó que más del cincuenta por ciento de los jueces son mujeres, por tanto, estas medidas de traslado podrían crear problemas familiares en la implementación de este mecanismo.
El Honorable Senador señor Larraín , don Carlos, sostuvo que debería aprobarse el texto acordado por la Cámara de Diputados, pues en la labor ordinaria de los jueces un plazo de seis meses puede ser insuficiente para lograr interiorizarse de las causas que tendrá a su cargo. Agregó que también compartía la idea de limitar el plazo de vigencia de esta norma para incentivar la presentación de proyectos que resuelvan los problemas de fondo que afectan a la organización de los tribunales de justicia.
En relación con el problema del menoscabo, expresó que parte de la base que ello se solucionará a través de asignaciones monetarias que serán de cargo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El Honorable Diputado señor Ceroni planteó que coincide con la idea de poner un plazo acotado de vigencia a esta ley, para que el mecanismo de traslado no se transforme en una facultad administrativa ordinaria de los tribunales superiores de justicia.
Añadió que también debería tenerse en vista que el concepto de menoscabo no debe quedar limitado únicamente a las remuneraciones del magistrado trasladado, sino al resarcimiento de todo perjuicio provocado a causa de su reasignación.
El Honorable Senador señor Espina manifestó que no estaba de acuerdo con establecer que esta norma tenga una duración limitada en el tiempo, pues, a su juicio, los problemas de desequilibrio de cargas de trabajo de los tribunales son de naturaleza eminentemente dinámica, y pueden aparecer y desaparecer, de forma intempestiva, en diversos lugares del país.
En relación con el periodo de duración del traslado, se mostró partidario, en principio, de la opción de la Cámara de Diputados, puesto que con ello se evita el problema de la rotación permanente de jueces y el abandono de las causas, que en su momento se dio por efecto de la forma como ascienden los jueces de las judicaturas establecidas en las últimas reformas.
Respecto del asunto presupuestario, precisó que debe quedar claramente establecido, más allá de toda duda, que hay un compromiso del Ejecutivo en orden a que se dispondrá de los recursos para afrontar todos los gastos que implica esta iniciativa.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán , observó que no hay una norma específica en este proyecto que asegure el financiamiento de los gastos personales que deberán afrontar los jueces trasladados.
El señor Ministro de Justicia recordó que el plazo de seis meses, que propone el Senado, fue acordado a petición de la Asociación Nacional de Magistrados. Subrayó que, por su parte, el Ministerio que dirige ha adoptado, como política permanente, que los nombramientos de los nuevos magistrados se hacen siempre por periodos iguales o superiores a un año.
Respecto al tema presupuestario, indicó que este tema está tratado en el inciso quinto del artículo 101 aprobado por la Cámara de Diputados, que pasó a ser sexto en el Senado, que establece que el ejercicio de esta facultad no modificará el sistema de remuneración de los jueces trasladados. Agregó que si el juez es destinado a un tribunal en que se percibe una mayor remuneración, esa diferencia deberá ser cancelada.
Añadió que desde el punto de vista administrativo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial le ha informado que estas medidas se pueden asimilar al concepto de comisión de servicio, razón por la cual el juez involucrado tiene derecho a viático.
El señor Presidente de la Comisión Mixta , Honorable Senador Larraín, don Hernán , propuso a la Comisión aprobar las enmiendas acordadas por el Senado al texto de la Cámara de Diputados, para consagrar que el traslado se hará por un plazo máximo de seis meses, más la enmienda formal que también se propone.
Los miembros presentes de la Comisión Mixta acogieron este planteamiento, por lo que se aprobó unánimemente. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Espina , Larraín, don Hernán y Walker don Patricio , y los Honorables Diputados señores Ceroni , Eluchans y Saffirio .
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En una sesión posterior, la Comisión Mixta tomó conocimiento del Oficio N° 4.143, de 15 de mayo de 2012, de S.E. el señor Presidente de la Corte Suprema , que, en síntesis, hizo presente que el Poder Judicial ha estado gestionando ante el Ministerio de Justicia dos iniciativas legales que aspiran a resolver los problemas de carencia de dotaciones de jueces a lo largo del país, para el Sistema Procesal Penal y Justicia.
Agregó que la primera de estas iniciativas, de carácter permanente corresponde a la creación de cargos de jueces en las competencias ya señaladas, los que serán financiados por la disponibilidad de recursos no utilizados producto de la gradualidad de nombramientos de los jueces de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal de la Región Metropolitana. Seguidamente, puntualizó, que la segunda iniciativa, de carácter transitorio, correspondía a la creación de la figura del “juez destinado”, diseñada principalmente para resolver las dificultades legales y operativas que presenta el sistema de subrogación legal entre jueces y por otra parte, salvar el aumento de causas estacionales que pueden presentar estos juzgados. Indicó que esta segunda iniciativa legal era solo un complemento de la primera y en ningún caso resolvía los problemas de carencia de jueces.
Más adelante precisó, que sin perjuicio de la aplicación de las normas correspondientes al pago de viáticos correspondientes al Poder Judicial , establecidas en el Decreto Ley N° 262 de 1977 y el Decreto N° 115/1992, ambos del Ministerio de Hacienda, resultaba complejo determinar el costo que la implementación de esta modalidad de traslado podía implicar.
Seguidamente indicó que el gasto que irrogaba la implementación del proyecto durante el presente año no estaba contemplado en el presupuesto del Poder Judicial . Concluyó señalando que el proyecto no hacía mención al apoyo administrativo requerido por el tribunal para el adecuado desempeño de la dotación adicional de jueces que implicará la destinación transitoria.
A la luz de estos antecedentes, la Comisión Mixta solicitó al Ministerio de Justicia aclarar las inquietudes planteadas y convenir una adecuada solución a este asunto.
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En una sesión posterior, el Ministro de Justicia , señor Teodoro Ribera , expresó que la Secretaría de Estado a su cargo había tomado debida cuenta de las inquietudes planteadas por S.E el señor Presidente de la Corte Suprema y, en razón de ello, había celebrado diversas reuniones con la Dirección de Presupuestos referidas a la puesta en marcha de esta iniciativa, habiéndose alcanzado acuerdos que consideran los diagnósticos y estudios hechos al respecto por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en relación a la cancelación de viáticos y otros gastos necesarios para la implementación de esta iniciativa. Manifestó que despejadas esas inquietudes las objeciones financieras que se habían presentado estaban resueltas.
Seguidamente, el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , Ministro señor Rubén Ballesteros , ratificó lo señalado por el señor Ministro de Justicia . Explicó que se había aclarado las inquietudes planteadas y se había llegado a un buen entendimiento con el Ministerio de Hacienda, el cual sería implementado en el proyecto de presupuestos para el año 2013.
Agregó que el Poder Judicial estaba, además, trabajando en otras materias que son de interés para el Máximo Tribunal, como la segunda Corte de Apelaciones de Santiago , la autonomía presupuestaria del Poder Judicial , y el nuevo estatuto de los fiscales judiciales y abogados integrantes en los tribunales de alzada.
Expresó que solucionadas dudas, resultaba indispensable destrabar las otras diferencias que habían surgido en esta iniciativa.
El señor Presidente de la Comisión Mixta , Honorable Senador Larraín, don Hernán , expresó que la Comisión entendía que había un acuerdo sobre los aspectos financieros que involucraba este proyecto y que ello implica que los mayores gastos que esta iniciativa imponga para este año serán financiados con fondos propios del Poder Judicial , y que en el presupuesto correspondiente a la Partida del Poder Judicial para el próximo año se harían los ajustes necesarios. Por lo anterior, declaró superado el asunto y propuso a la Comisión tratar las otras diferencias surgidas en el tratamiento de este asunto:
INCISO TERCERO
De la Cámara de Diputados y del Senado
La Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aprobó un inciso tercero del artículo 101, el cual dispone lo siguiente:
“No obstante, podrá destinarse a un juez a un tribunal de un determinado territorio jurisdiccional no contiguo, con acuerdo de dicho juez y previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el cual deberá señalar fundadamente las razones que hacen necesario o conveniente para el servicio judicial proceder de la manera indicada. También podrá renovarse inmediatamente una destinación cuando se cuente para ello con el acuerdo del juez respectivo.”.
En el segundo trámite constitucional, el Senado sustituyó la frase “con acuerdo de dicho juez” por “contando con su acuerdo expreso”.
En el tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó esta enmienda.
Al iniciarse el estudio de esta discrepancia, el Honorable Senador señor Espina indicó que la enmienda acordada por el Senado le parecía que rigidizaba el ejercicio de la atribución que se le entrega a la Corte Suprema, porque al precisar que el acuerdo debe ser expreso deja entrever cierta desconfianza sobre el actuar de los tribunales superiores de justicia.
El señor Presidente de la Comisión Mixta , Honorable Senador Larraín, don Hernán , sostuvo que en la redacción aprobada por el Senado no hay una nota de desconfianza respecto del actuar de la Corte Suprema, sino sólo una precisión para regular una situación excepcional. Recordó que la condición general que establece esta iniciativa es que la destinación transitoria procederá sólo entre tribunales de territorios jurisdiccionales contiguos, y excepcionalmente podría solicitarse respecto de localidades no aledañas, caso en que es muy relevante contar con el acuerdo expreso del juez que va a ser trasladado.
Los miembros presentes de la Comisión Mixta estimaron atendible la modificación propuesta por el Senado y, unánimemente, resolvieron acogerla. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Espina , Larraín don Hernán y Walker don Patricio , y los Honorables Diputados señores Ceroni , Eluchans y Saffirio .
INCISO QUINTO
De la Cámara de Diputados
INCISO SEXTO
Del Senado
Seguidamente, la Comisión acordó examinar el inciso quinto del texto aprobado por la Cámara de Diputados y que ha pasado a ser sexto del texto aprobado por el Senado.
Esta disposición establece lo siguiente:
“El ejercicio de esta facultad no modificará el sistema de remuneración, calificación, ni régimen estatutario de los jueces destinados. Sin embargo, en caso que el juez sea destinado a un tribunal que, por su ubicación, le corresponda una mayor remuneración, será aplicable, mientras dure su destinación, la escala de remuneraciones correspondiente a dicho tribunal.”.
Si bien esta disposición no se encontraba entre las que habían generado discrepancias entre ambas Corporaciones, la Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Espina , Larraín, don Hernán y Walker, don Patricio y los Honorables Diputados señores Ceroni , Eluchans y Saffirio , estimaron conveniente revisar su redacción para introducir algunas precisiones.
Para adoptar este acuerdo se tuvo presente que si bien el ámbito de competencia de las Comisiones Mixtas, como norma general, debe entenderse circunscrito a los puntos específicos en que inciden las discrepancias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados, el ejercicio de la facultad de proponer “la forma y modo de resolver las diferencias”, permite a las mencionadas comisiones plantear enmiendas a otras disposiciones que no fueron objeto de discrepancias, si ello fuere necesario para alcanzar un acuerdo que, enmarcándose en las ideas matrices de este proyecto, haga posible aprobar esta iniciativa.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión acordó considerar una propuesta formulada de S.E. el señor Presidente de la Corte Suprema para enmendar esta norma por otra que resguarde de mejor manera los derechos de los jueces que se trasladarán.
“El ejercicio de esta facultad no modificará el sistema de calificación o el régimen estatutario de los jueces destinados, ni tampoco podrá importar deterioro en su condición funcionaria, personal o familiar. Sin embargo, en caso que el juez sea destinado a un tribunal que por su ubicación le corresponda una mayor remuneración, será aplicable, mientras dure su destinación, la escala de remuneraciones correspondientes a dicho tribunal. El juez que estime que su destinación le significa un menoscabo en aquellas condiciones, podrá solicitar fundadamente la revocación de la medida a la Corte Suprema dentro de los cinco días siguientes a su notificación.”.
Al iniciarse el debate de esta proposición, el Ministro de Justicia , señor Teodoro Ribera , hizo que esta proposición si bien consideraba los principales elementos concordados por ambas Corporaciones no contemplaba la referencia al sistema de remuneraciones. Explicó que la norma ya aprobada no solo establece que se complementará la remuneración del magistrado que es traslado a un tribunal de mayor jerarquía, sino también que dicho juez mantiene su remuneración si es trasladado a un juzgado de menor jerarquía.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán , precisó que la proposición antes transcrita sólo soluciona el caso de que el juez redestinado complemente la dotación de un tribunal de mayor rango, pero no uno de menor categoría. Por ello, aconsejó precisar que en el último caso indicado el trasladado mantendrá su remuneración.
El Honorable Diputado señor Eluchans explicó que en sesiones anteriores ha manifestado su preocupación por el hecho de que en nuestro país hay territorios jurisdiccionales de Corte de Apelaciones que son muy extensos, y que una redestinación en esos casos pueden significar detrimentos económicos y personales muy importantes para el juez afectado. En razón de ello, preguntó si esa situación estaba contemplada en la redacción propuesta.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán , propuso analizar este punto con ocasión de la discusión relativa al nuevo inciso octavo del artículo 101 que propone introducir el artículo 1º del proyecto.
El Honorable Diputado señor Eluchans indicó que esa disposición no se refiere al tema de los gastos y tiempos de traslado.
El Honorable Diputado señor Ceroni compartió la preocupación manifestada por Su Señoría y expresó que ello debería ser resuelto a través del mecanismo de asignación de viáticos.
El señor Presidente de la Comisión Mixta , Honorable Senador Larraín, don Hernán , sostuvo que a raíz de este tipo de consideraciones surgió la duda sobre el financiamiento de esta iniciativa, que en está resuelta con la conversación habida entre el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la Dirección de Presupuesto a la que se hizo mención precedentemente.
En relación al texto sugerido, propuso aprobarlo haciendo mención que el régimen de inalterabilidad que plantea incluye también el sistema de remuneraciones.
-La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Espina , Larraín don Hernán y Walker don Patricio , y los Honorables Diputados señores Ceroni , Eluchans y Saffirio , aprobó la sustitución del inciso quinto, nuevo sexto, con la enmienda sugerida por el señor Presidente de la Comisión .
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INCISO OCTAVO
Del texto del Senado
Cabe recordar que en el segundo trámite constitucional de esta iniciativa, el Senado aprobó la inclusión en el nuevo artículo 101 de un nuevo inciso octavo. El texto de esta norma es el siguiente:
“En ningún caso la facultad establecida en este artículo podrá ser empleada como mecanismo de sanción en contra de los jueces destinados.”.
Respecto de esta disposición, el Ministro de Justicia , señor Teodoro Ribera , planteó sustituir la redacción de esta norma por otra que dé solución a otras inquietudes que surgieron durante el debate de esta iniciativa y así salvar algunas de las inquietudes que han surgido en el debate de este proyecto.
“En ningún caso la facultad establecida en este artículo podrá ser empleada como mecanismo de sanción o menoscabo manifiesto en contra de los jueces destinados, ni tampoco ser utilizada reiteradamente respecto de un mismo juez.”.
De igual manera como se procedió respecto de la enmienda al inciso sexto del artículo 101, la Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Espina , Larraín, don Hernán y Walker, don Patricio y los Honorables Diputados señores Ceroni , Eluchans y Saffirio , acordaron, a pesar de no existir una controversia entre ambas Cámaras en este punto, revisar su redacción con el fin de concordar una solución que subsane las diferencias que surgieron entre ambas Corporaciones.
El señor Presidente de la Comisión Mixta Honorable Senador Larraín, don Hernán , señaló que la proposición de S.E. el señor Presidente de la República era adecuada, siempre que no considere el adjetivo “manifiesto”, para describir el menoscabo al que no debieran estar sujeto los jueces trasladados.
El Honorable Senador señor Espina contrargumento indicando que siempre que un juez es redestinado sufrirá algún nivel de menoscabo, y por ello se explican todas las normas anteriormente aprobadas que establecen compensaciones económicas y limitaciones para el ejercicio de esta facultad. Señaló que eliminar la palabra “manifiesto” tornaría en prácticamente imposible el ejercicio de esta nueva atribución.
El señor Presidente de la Comisión Mixta Honorable Senador Larraín, don Hernán , puntualizó que según la vigésima segunda edición del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, el concepto de menoscabo implica, por sí mismo “…disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo, reducirlo. Deteriorar y deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que antes tenía. Causar mengua o descrédito en la honra o en la fama.”, por lo que su sola presencia debería impedir el uso de esta facultad.
El Honorable Diputado señor Saffirio puntualizó que en la norma anteriormente aprobada por la Comisión se habilitó al funcionario trasladado para oponerse a esta medida recurriendo a la Corte Suprema cuando considere que tal situación le impone un deterioro en su condición funcionaria, personal o familiar y, en sentido, debería leerse en la disposición que ahora se analiza.
El Honorable Senador señor Espina secundó la interpretación esgrimida por Su Señoría.
El Honorable Diputado señor Eluchans expresó que no toda redestinación puede ser leída como una situación perjudicial para el juez involucrado, porque en virtud de ella puede terminar desempeñándose en un tribunal de más jerarquía.
El señor Ministro de Justicia expresó que en este caso se busca que la situación de menoscabo que impida la redestinación sea palmaria o evidente.
El Honorable Senador señor Walker, don Patricio , expresó que si en este caso no se exige que el menoscabo sea manifiesto se abre la puerta a que prácticamente todos los traslados sean impugnados por los jueces involucrados, lo que tornaría en ilusoria la facultad que se le otorga a la Corte Suprema.
El Presidente de la Comisión , Honorable Senador Larraín, don Hernán , propuso aprobar la disposición propuesta por el ejecutivo sin el adjetivo “manifiesto”.
El Honorable Senador señor Espina solicitó votación separada para la inclusión del término “manifiesto”.
-sometida a votación la proposición del Ejecutivo sin el término “manifiesto”, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Espina , Larraín don Hernán y Walker don Patricio , y los Honorables Diputados señores Ceroni , Eluchans y Saffirio .
-a continuación, sometida a votación la inclusión de la palabra “manifiesto”, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán , y los Honorables Diputados señores Ceroni , Eluchans y Saffirio . Votaron a favor de su inclusión los Honorables Senadores señores Espina y Walker, don Patricio .
El señor Ministro de Justicia manifestó que con esta aprobación y con la discusión anteriormente habida queda claro que aunque exista algún nivel de menoscabo para el juez involucrado, igual procederá la facultad para trasladarlo transitoriamente a otro tribunal.
El Honorable Diputado señor Eluchans expresó que en este caso hay que leer la frase completa, que impide el traslado cuando sea ocupado como mecanismo para sancionar o menoscabar al juez involucrado.
La Subsecretaria de Justicia, señora Patricia Pérez, explicó que la idea de menoscabo fue introducida en el Senado como una medida para evitar la arbitrariedad en el uso de esta nueva facultad.
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ARTÍCULO 2°
Letra c)
de la Cámara de Diputados y del Senado
En el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó un literal c) para el artículo 2º de esta iniciativa cuyo texto es el siguiente:
“c) Intercálase el siguiente numeral 4 ter), a continuación del numeral 4 bis B):
“4 ter) Excepcionalmente, se diferirá el nombramiento de 133 cargos de jueces de garantía y de jueces de tribunal de juicio oral en lo penal en los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Sus nombramientos serán realizados de acuerdo a las necesidades derivadas de las cargas de trabajo de los tribunales de estas jurisdicciones, conforme a las siguientes reglas generales: hasta 9 cargos serán nombrados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre del mismo año; hasta 15 cargos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre del mismo año; y hasta 9 cargos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre del mismo año; los restantes cargos serán nombrados a partir del 1 de enero de 2012.
La Corte Suprema, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinará, de entre los jueces señalados en este numeral, las cantidades que correspondan a jueces de garantía y a jueces de tribunal oral en lo penal en cada período.”.”.
En el segundo trámite constitucional el Senado sustituyó el párrafo primero de la disposición por lo siguiente:
“4 ter) Excepcionalmente, se diferirá el nombramiento de 131 cargos de jueces de garantía y de jueces de tribunal de juicio oral en lo penal en los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Sus nombramientos serán realizados de acuerdo a las necesidades derivadas de las cargas de trabajo de los tribunales de estas jurisdicciones, conforme a las siguientes reglas generales: hasta 24 cargos serán nombrados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre del mismo año; hasta 30 cargos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre del mismo año; y hasta 30 cargos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre del mismo año. Los restantes cargos serán provistos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del mismo año.”.
En el tercer trámite constitucional la Cámara de Diputados rechazó la modificación propuesta por la Revisora.
El señor Ministro de Justicia explicó que esta disposición establece el calendario de nombramiento de los 131 cargos aún vacantes de jueces de garantía y del tribunal de juicio oral en lo penal en los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel.
Agregó que esta norma quedó desfasada en el tiempo pues partía del supuesto que sería aprobada con anterioridad. En virtud de lo anterior, señaló que S.E el señor Presidente de la República ha formulado una proposición para sustituir el referido párrafo por el siguiente:
“4 ter) Excepcionalmente, se diferirá el nombramiento de 131 cargos de jueces de garantía y jueces de tribunal de juicio oral en lo penal en los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Sus nombramientos serán realizados de acuerdo a las necesidades derivadas de las cargas de trabajo de los tribunales de estas jurisdicciones, conforme a las siguientes reglas generales: hasta 24 cargos serán nombrados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre del mismo año; hasta 30 cargos en el periodo comprendido entre 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre del mismo año. Los restantes cargos serán provistos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año.”.”.
Explicó que con esta disposición se actualiza el calendario de nombramientos, habida cuenta del largo tiempo de tramitación que ha tenido este proyecto.
- La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Espina , Larraín don Hernán y Walker don Patricio , y los Honorables Diputados señores Ceroni , Eluchans y Saffirio , aprobó la proposición de S.E. el Presidente de la República .
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Finalmente, la Comisión Mixta discutió la inquietud del Honorable Diputado señor Eluchans , relativa a los gastos, viáticos e incomodidades a que se verán sujetos los jueces que sean trasladados.
Al respecto, el Honorable Diputado señor Eluchans reiteró que hay Cortes con territorios jurisdiccionales muy extensos, que en la práctica podrían imponer a los jueces redestinados importantes sacrificios personales y familiares. En dicha situación, señaló, debería también requerirse la anuencia del juez involucrado.
El señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema recordó que las normas antes aprobadas permitirán que el juez trasladado reciba los viáticos correspondientes y el reembolso de otros gastos en que incurra. Asimismo, si es designado en un tribunal de mayor jerarquía recibirá un suplemento en su remuneración.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán , consultó si hay alguna disposición que garantice ello.
El Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial , señor Antonio Larraín , señaló que las normas internas de su institución aseguran que todo funcionario judicial, y no sólo los jueces, tendrán derecho a una asignación de viaje y viáticos cuando deban desplazarse de su lugar habitual de trabajo por razones de servicio.
El señor Presidente de la Corte Suprema recordó que para el caso que presenta el Honorable Diputado señor Eluchans queda abierta la posibilidad de que el magistrado involucrado reclame sobre la decisión adoptada, aduciendo que ella le causa un grave perjuicio personal o familiar.
El Honorable Diputado señor Eluchans manifestó que con dicha declaración quedaba aclarada su duda.
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PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA
En mérito del debate y acuerdos expuestos precedentemente y con el fin de salvar las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional, esta Comisión Mixta sugiere aprobar la siguiente proposición:
Artículo 1°
Artículo 101
Inciso primero
De la Cámara de Diputados y del Senado
Aprobarlo en los términos en que lo acordó el Senado (Unanimidad 8 x 0) con excepción del término “preferentemente” (Mayoría de votos 6 x 2 en contra).
Inciso segundo
De la Cámara de Diputados y del Senado
Aprobarlo en los términos en que lo acordó el Senado. (Unanimidad 6 x 0).
Inciso tercero
Del Senado y de la Cámara de Diputados
Aprobarlo en los términos en que lo acordó el Senado (Unanimidad 6 x 0).
Inciso quinto
De la Cámara de Diputados
Inciso sexto
del Senado
Sustituirlo por el siguiente:
“El ejercicio de esta facultad no modificará el sistema de remuneración, de calificación o el régimen estatutario de los jueces destinados, ni tampoco podrá importar deterioro en su condición funcionaria, personal o familiar. Sin embargo, en caso que el juez sea destinado a un tribunal que por su ubicación, le corresponda una mayor remuneración, será aplicable, mientras dure su destinación, la escala de remuneraciones correspondiente a dicho tribunal. El juez que estime que su destinación le significa un menoscabo en aquellas condiciones, podrá solicitar fundadamente la revocación de la medida a la Corte Suprema dentro de los cinco días siguientes a su notificación. (Unanimidad 6 x 0).
Inciso octavo
del Senado
Sustituirlo por el siguiente:
“En ningún caso, la facultad establecida en este artículo podrá ser empleada como mecanismo de sanción o menoscabo en contra de los jueces destinados, ni tampoco ser utilizada reiteradamente respecto de un mismo juez.” (Unanimidad 6 x 0).
Artículo 2°
Letra c)
de la Cámara de Diputados
del Senado
Número 4 ter)
Párrafo primero
Remplazarlo por el siguiente:
“4 ter) Excepcionalmente, se diferirá el nombramiento de 131 cargos de jueces de garantía y de jueces de tribunal de juicio oral en lo penal en los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Sus nombramientos serán realizados de acuerdo a las necesidades derivadas de las cargas de trabajo de los tribunales de estas jurisdicciones, conforme a las siguientes reglas generales: hasta 24 cargos serán nombrados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre del mismo año; hasta 30 cargos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre del mismo año; y hasta 30 cargos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del mismo año. Los restantes cargos serán provistos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año.”. (Unanimidad 6 x 0).
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En consecuencia, de aprobarse la proposición de vuestra Comisión Mixta, el proyecto de ley quedaría como sigue:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcese el siguiente artículo 101 en el Código Orgánico de Tribunales:
“Artículo 101.- Cuando existieren desequilibrios entre las dotaciones de los jueces y la carga de trabajo entre tribunales de una misma jurisdicción, la Corte Suprema, a solicitud de la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en que consten los datos objetivos para su procedencia y siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial , podrá destinar transitoriamente y de manera rotativa a uno o más jueces integrantes de los Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Tribunales de Familia, Tribunales Laborales, Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional y juzgados con competencia común a que hace referencia el artículo 27 bis, a desempeñar sus funciones preferentemente en otro tribunal de su misma especialidad.
Dicha facultad podrá ejercerse sólo entre tribunales de territorios jurisdiccionales pertenecientes a una misma Corte de Apelaciones, por un plazo máximo de seis meses por cada juez, sin renovación inmediata y entre tribunales que, en todo o en parte, compartan el mismo territorio jurisdiccional o que sean de territorios jurisdiccionales contiguos.
No obstante, podrá destinarse a un juez a un tribunal de un territorio jurisdiccional no contiguo, contando con su acuerdo expreso y previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el que deberá señalar fundadamente las razones que hacen necesario o conveniente para el servicio judicial proceder de la manera indicada. También podrá renovarse inmediatamente una destinación, cuando se cuente para ello con el acuerdo del juez respectivo.
La Corte Suprema designará al juez destinado dando preferencia a aquellos que manifiesten su interés en ser destinados transitoriamente.
Esta facultad no podrá ejercerse con respecto al juez presidente del tribunal ni afectar en forma simultánea a un porcentaje superior al cincuenta por ciento de los jueces integrantes de cada tribunal.
El ejercicio de esta facultad no modificará el sistema de remuneración, de calificación o el régimen estatutario de los jueces destinados, ni tampoco podrá importar deterioro en su condición funcionaria, personal o familiar. Sin embargo, en caso que el juez sea destinado a un tribunal que por su ubicación, le corresponda una mayor remuneración, será aplicable, mientras dure su destinación, la escala de remuneraciones correspondiente a dicho tribunal. El juez que estime que su destinación le significa un menoscabo en aquellas condiciones, podrá solicitar fundadamente la revocación de la medida a la Corte Suprema dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
La obligación señalada en el artículo 311 se entenderá cumplida por el juez transitoriamente destinado, para todos los efectos legales, por el hecho de verificarse respecto de su tribunal de origen.
En ningún caso, la facultad establecida en este artículo podrá ser empleada como mecanismo de sanción o menoscabo en contra de los jueces destinados, ni tampoco ser utilizada reiteradamente respecto de un mismo juez.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la Corte Suprema podrá ejercer la facultad de destinación entre tribunales ubicados dentro de la Región Metropolitana, aun cuando dependan de distintas Cortes de Apelaciones.”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.665:
a) En el párrafo cuarto del numeral 3), intercálase a continuación de las expresiones “Juzgados de garantía correspondientes a las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel: junio de 2008” y el punto aparte que las sigue, los términos “, sin perjuicio de lo que se señala en el N° 4 ter)”.
b) En el párrafo cuarto del numeral 4), intercálase a continuación de los términos “Tribunales de juicio oral en lo penal correspondientes a las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel: junio de 2008” y el punto aparte que los sigue, las expresiones “, sin perjuicio de lo que se señala en el N° 4 ter).
c) Intercálase el siguiente numeral 4 ter), a continuación del numeral 4 bis B):
“4 ter) Excepcionalmente, se diferirá el nombramiento de 131 cargos de jueces de garantía y de jueces de tribunal de juicio oral en lo penal en los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Sus nombramientos serán realizados de acuerdo a las necesidades derivadas de las cargas de trabajo de los tribunales de estas jurisdicciones, conforme a las siguientes reglas generales: hasta 24 cargos serán nombrados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre del mismo año; hasta 30 cargos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre del mismo año; y hasta 30 cargos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del mismo año. Los restantes cargos serán provistos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año.
La Corte Suprema, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinará, de entre los jueces señalados en este numeral, las cantidades que correspondan a jueces de garantía y a jueces de tribunal oral en lo penal en cada período.”.”.
Acordado en sesiones celebradas los días 9 de mayo de 2012 con asistencia de los Honorables Senadores señor Hernán Larraín Fernández ( Presidente ), señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Alberto Espina Otero , Carlos Larraín Peña y Patricio Walker Prieto y de los Honorables Diputados señora Marisol Turres Figueroa y señores Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes ; Edmundo Eluchans Urenda y René Saffirio Espinoza ; 16 de mayo de 2012 con asistencia de los Honorables Senadores señor Hernán Larraín Fernández ( Presidente ), señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Alberto Espina Otero , y Patricio Walker Prieto y de los Honorables Diputados señores Alberto Cardemil Herrera ; Guillermo Ceroni Fuentes ; Edmundo Eluchans Urenda y René Saffirio Espinoza , y 11 de julio de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señor Hernán Larraín Fernández ( Presidente ) y señores Alberto Espina Otero , y Patricio Walker Prieto y de los Honorables Diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes ; Edmundo Eluchans Urenda y René Saffirio Espinoza .
Sala de la Comisión Mixta, a 13 de julio de 2012.
(Fdo.): RODRIGO PINEDA GARFIAS , Secretario de la Comisión .”
7. Informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley que establece que los servicios de radiodifusión televisiva que trasmita la Onemi deberán contener mecanismos de comunicación audiovisual. (boletín 8354-19).
“Honorable Cámara:
La Comisión de Ciencia y Tecnología pasa a informar respecto del proyecto de ley individualizado en el rubro, en primer trámite reglamentario y constitucional, iniciado en Moción de los Diputados señoras Alejandra Sepúlveda Órbenes y Mónica Zalaquett Said y señores Pedro Browne Urrejola , Gustavo Hasbún Selume, Juan Carlos Latorre Carmona , Carlos Montes Cisternas, Iván Moreira Barros , Alberto Robles Pantoja , Manuel Rojas Molina y David Sandoval Plaza .
A la sesión que la Comisión destinó al estudio de esta iniciativa asistieron para exponer sus puntos de vista las siguientes entidades especialistas en la materia, representados de la manera que se indica: el asesor legislativo del Ministerio del Interior, señor Juan Francisco Galli ; el jefe de Gabinete del Director de la ONEMI , señor Andrés Salgado ; el Jefe de Protección Civil de Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Onemi , señor Camilo Grez ; el Fiscal del Servicio Nacional de la Discapacidad , Senadis , señora Elia Puente , y el abogado de la misma, señor David Pellizari .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos reglamentarios correspondientes se hace constar lo siguiente:
1.- Que, en conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la idea matriz o fundamental de este proyecto es elevar a rango de ley la obligación de garantizar el acceso a la información relativa a catástrofes naturales a la población con discapacidad auditiva, particularmente aquella que proviene de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública.
2.- Que este proyecto de ley no contiene normas que requieran quórum especial para su aprobación.
3.- Que, a juicio de la Comisión, el proyecto en informe no tiene efectos financieros para el Estado y, por lo tanto, no requiere ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda de esta Corporación.
4.- Que la Comisión aprobó el proyecto de ley por la unanimidad de los Diputados presentes señores Ignacio Urrutia Bonilla ( Presidente accidental ), Roberto Delmastro Naso , Ramón Farías Ponce e Iván Moreira Barros .
5.- Que Diputado Informante fue designado el H. Diputado Iván Moreira Barros.
6.- Que no existen artículos e indicaciones rechazadas por la Comisión.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
Según el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (2004) realizado por el Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis) y el Instituto Nacional de Estadísticas, se entiende por discapacidad “un término genérico, que incluye deficiencias de las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”.
Por su parte, la N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, establece en su artículo 5° que :”Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.”
En el mundo existen 600 millones de personas con discapacidad, 90 millones en América Latina y El Caribe, y en Chile, 2.068.072 tienen algún tipo de discapacidad.
En nuestro país existen 1.204.576 mujeres discapacitadas, en tanto que los hombres alcanzan a 863.96. De ellos, 1 de cada 2 personas están entre los 30 y 64 años, con un total de 725.311 adultos mayores con discapacidad. Según la condición socio-económica, el 57% declara que la discapacidad ha afectado económicamente a la familia mucho o en extremo.
IV. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Como lo señala la moción, Chile se ubica entre los países con mayor presencia de sismos de gran intensidad, los que por su envergadura afectan directamente a un número importante de habitantes del territorio nacional. Entre éstos, la población que presenta discapacidad auditiva se encuentra en una situación desmejorada en el acceso a la información oficial del Estado frente a estas catástrofes.
Esta materia ha sido abordada en diversas normas de orden reglamentaria, como lo es la resolución exenta N° 2050, del 7 de agosto de 2009, del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, que aprueba una norma general de participación ciudadana, pero ello no ha importado un acceso pleno a la información a la población con discapacidad auditiva.
V. DISCUSIÓN GENERAL.
Durante su discusión, el Diputado señor Moreira explicó que en su calidad de coautor de esta moción, asegura que lo que se pretende con esta iniciativa legal es entregar una señal pública a la sociedad, elevando a rango legal la obligación de dar acceso a información de emergencia a la población con discapacidad auditiva, lo que significa ir más allá de la simple obligación reglamentaria que hoy existe sobre la materia.
Agregó que este proyecto de ley es, a su juicio, una de aquellas iniciativas que tiene un importante impacto social, porque la discapacidad afecta a un segmento significativo de la población de nuestro país, y que contando con la voluntad política de todos los sectores podrá convertirse en ley en un plazo relativamente breve.
El jefe de Gabinete del Director de la Onemi , señor Andrés Salgado , manifestó su pleno acuerdo con la iniciativa, porque constituye uno de los varios esfuerzos que se están realizando en conjunto con Senadis, para abordar la problemática y dar una solución más integral a los discapacitados. Recordó que en el ensayo de tsunami realizado recientemente en Valparaíso se incluyó los mensajes de señas para la población discapacitada y ello fue muy valorado. Próximamente se realizará otro en el norte del país en los mismos términos.
La Fiscal de Senadis señora Elia Puente, informó que Chile ratificó en el año 2008 la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, que en su artículo 11 trata sobre situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, en cuya virtud los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluyendo los conflictos armados, emergencias humanitarias y desastres naturales.
A lo anterior se suma la dictación de la ley N° 20.422, que entró en vigencia el 10 de febrero de 2010, que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Esta ley, recoge dos principios aplicables en esta situación: el derecho a la vida independiente y la accesibilidad universal, que debe ser cumplida en el entorno, procesos, bienes y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas con discapacidad, en condiciones de seguridad y comodidad. Además, el artículo 25 de esta ley establece que los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deben aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva, el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determina el reglamento que dicte Ministerio de Planificación y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Señaló, además, que el 4 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial el decreto N° 32, que aprueba el reglamento que establece normas para la aplicación del mecanismo de comunicación audiovisual que posibiliten el acceso a la programación televisiva de personas con discapacidad auditiva.
Explicó que en la referida norma reglamentaria se establece que los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, podrán utilizar los mecanismos de comunicación audiovisual que, con arreglo a las disponibilidades que permite el progreso técnico, la accesibilidad, el diseño universal y los ajustes necesarios a que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 20.422, posibilitan atender y reconocer las singularidades funcionales y culturales que presentan las personas con discapacidad, tales como el subtitulado oculto o el lenguaje de señas.
Añadió que al efecto se establecen y desarrollan las obligaciones de transmitir mediante los referidos mecanismos, en los noticieros centrales transmitidos en horarios punta o prime. Sin perjuicio de lo cual en el artículo 2°, inciso tercero, se dispone “En situaciones de riesgo o emergencia nacional, tales como situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias, desastres naturales, o hechos que causen conmoción o alarma pública, la información ordinaria o extraordinaria que los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable emitan o transmitan en relación o con ocasión de dichas situaciones o hechos, debe ser provista en formato subtitulado oculto o lengua de señas, a efecto de mantener informada a las personas con discapacidad.”
Finalmente, indicó que atendido el desarrollo normativo descrito, el derecho a la información de las personas con discapacidad auditiva está abordado en la normativa nacional vigente, y en definitiva, no solo para los Informativos de la Oficina Nacional de Emergencia, sino que en toda la programación en situación de emergencia debe contemplar mecanismos subtitulados o lengua de señas.
- Puesto en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Alvarez-Salamanca, Delmastro, Moreira, Urrutia y Farías.
INDICACIÓN
Los Diputados señores Alvarez-Salamanca , Delmastro , Moreira , Urrutia y Farías , formularon indicación para sustituir el artículo único por el siguiente:
Artículo Único: Introdúcese el siguiente inciso 2° al artículo N° 25 de la ley N° 20.422 que Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:
“Los concesionarios de radiodifusión televisiva que transmitan informativos de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con ocasión de emergencias que produzcan o puedan producir daños colectivos en las personas, bienes o medio ambiente, deberá establecer mecanismos de comunicación audiovisual para que puedan acceder a ellos las personas con discapacidad auditiva.”
Artículo Transitorio:
Agrégase como nuevo artículo sexto transitorio, el siguiente:
Las disposiciones del inciso segundo del artículo 25 que por esta ley se agrega, deberán ser cumplidas por los concesionarios de radiodifusión televisiva dentro del término de seis meses, contados desde la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.”
-Puesta en votación la indicación sustitutiva, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes señores Alvarez-Salamanca , Delmastro , Moreira , Urrutia y Farías .
VI. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL.
No hubo en vuestra Comisión opiniones disidentes al acuerdo adoptado en la votación en general.
VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.
No hubo artículos ni indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles.
-o-
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Ciencia y Tecnología recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único: Introdúcese el siguiente inciso 2° al artículo N° 25 de la ley N° 20.422 que Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:
Los concesionarios de radiodifusión televisiva que transmitan informativos de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con ocasión de emergencias que produzcan o puedan producir daños colectivos en las personas, bienes o medio ambiente, deberá establecer mecanismos de comunicación audiovisual para que puedan acceder a ellos las personas con discapacidad auditiva.
Artículo Transitorio:
Las disposiciones del inciso segundo del artículo 25 que por esta ley se agrega, deberán ser cumplidas por los concesionarios de radiodifusión televisiva dentro del término de seis meses, contados desde la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.
-o-
Se designó diputado informante a Iván Moreira Barros .
Discutido y despachado en sesión del 11 de julio de 2012, celebrada bajo la presidencia accidental del H. Diputado Urrutia Bonilla, don Ignacio , Ramón , y con la asistencia de los HH. Diputados señores Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo , Farías Ponce, don Ramón y Moreira Barros, don Iván .
Sala de la Comisión, a 11 de julio de 2012.
(Fdo.): HERNÁN ALMENDRAS CARRASCO, Abogado, Secretario de la Comisión .”
8. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.”. (boletín N° 8091-21)
“Valparaíso, 17 de julio de 2012.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones (Boletín Nº 8.091-21), con urgencia calificada de “suma”, fue tratado por la Comisión de Hacienda en sesiones de fechas 11, 12 y 17 de julio de 2012, con la asistencia de los Diputados señores Silva, don Ernesto ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín (Bertolino, don Mario , Pérez, don Leopoldo y Sauerbaum, don Frank) ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier (Melero, don Patricio) ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos (Boltolu, don Nino) ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro (Browne, don Pedro , García, don René Manuel y Cardemil, don Alberto) , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Concurrieron, además, los Diputados señores Alinco, don René ; Ascencio, don Gabriel ; Bobadilla, don Sergio ; Campos, don Cristián ; De Urresti, don Alfonso ; García, don René Manuel ; Monckeberg, don Nicolás ; Moreira, don Iván ; Norambuena, don Iván ; Pérez, don Leopoldo ; Sandoval, don David ; Walker, don Matías y las Diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Isasi , doña Marta , y Pacheco , doña Clemira .
Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el Ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira ; el Subsecretario de Pesca , señor Pablo Galilea ; el Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca , señor Felipe Palacio ; la Jefa de División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca , señora Edith Saa ; la Asesora Jurídica de dicha Subsecretaría , señora María Alicia Baltierra ; los Asesores del Ministerio de Economía, señoras Pamela Arellano y Mónica Ríos y señores Julio Alonso y Carlos Feres ; el Abogado de la Dirección de Presupuestos , señor Rodrigo Quinteros ; el Asesor de dicha Dirección, señor José A. Tanhuz ; el Abogado del Servicio Nacional de Pesca , señor David Rodríguez y la Jefa del Departamento Jurídico de dicho Servicio, señora Ana María Ramírez .
El objetivo del proyecto y su articulado fue explicado por el Ministro señor Longueira y sus asesores, dando respuesta a diversas consultas de los señores Diputados. El detalle de sus intervenciones se puede consultar en las actas respectivas.
Se hace presente que la Comisión de Pesca calificó de rango Orgánico Constitucional, las siguientes disposiciones: Artículo 1° número 53 (Artículo 55Q) y 70 (Artículos 153 y 154). Por su parte, determinó que son de Quórum Calificado, las siguientes disposiciones: Artículo 1° números 1; 2; 4 letra c; 14; 16 letras a, b y c; 18; 19; 21; 22; 26; 31; 32; 33; 39; 40; 42; 45; 52; 53 en todos los artículos contenidos en este número, salvo el artículo 55Q; artículo 2° transitorio; artículo 5° transitorio y artículo 14° transitorio.
La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos dispuso en su informe que debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda las siguientes disposiciones: artículo 1°, números 1; 2; 7; 10; 16 letra c; 17; 18; 19; 31; 32; 33; 34 (artículos 40B, 40C y 40D); 35; 37; 45 (artículo 50D); 46; 53 (artículo 55N); 57; 60; 61; 62; 65; 67; 69; 70; 71; artículos 2° y 4°; artículos 2°, 4°, 6° 8°, 12°, 13°, 14° y 16° transitorios. A su vez, la Comisión de Hacienda incorporó a su conocimiento el numeral 36, 49 y 56 del artículo 1º y todos los artículos que han sido objeto de indicaciones en este trámite.
La Comisión acordó votar en una sola votación, sin perjuicio del derecho de los Diputados de pedir votación separada, los numerales 7), 10), con excepción de su letra f), 18), 19), 31), 32), 33), 34), 49), 53), 56), 57), 61), 62), 65), 67) en su letra d), 69) y 70) del artículo 1°; los artículos 2° y 4°, y los artículos 4°, 6°, 8° y 14 transitorios, los que fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión de Pesca.
El Diputado señor Robles solicitó votación separada de los numerales 18), 19), 31 letra b) y 53) del artículo 1°, relacionados con las licencias transables y del numeral 56) del artículo 1° del proyecto.
Puestos en votación los numerales 18), 19), 31 letra b) y 53) del artículo 1° del proyecto, fueron aprobados por 10 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Browne, don Pedro ; Jaramillo, don Enrique ; Marinovic, don Miodrag ; Melero, don Patricio ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don Leopoldo ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto .
Sometido a votación el numeral 56) del artículo 1°, se aprobó por 10 votos a favor y 2 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Browne, don Pedro ; Jaramillo, don Enrique ; Marinovic, don Miodrag ; Melero, don Patricio ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don Leopoldo ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto .
El Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación al numeral 65) del artículo 1° del proyecto: para reemplazar la frase “y con la pena de presidio menor en su grado mínimo” por “y será sancionado con la pena del delito de hurto según el Código Penal”.
El Diputado señor Robles expresó la necesidad que este nuevo tipo penal tenga asignada una gradualidad en la pena.
El Ejecutivo compartió el objetivo de la propuesta del Diputado señor Robles, proponiendo el siguiente texto alternativo que recoge el planteamiento sostenido por el parlamentario:
Para reemplazar en el artículo 139 bis incorporado en la Ley de Pesca por el numeral 65) del artículo 1° del proyecto, la frase “será sancionado con una multa de 50 a 300 unidades tributarias mensuales, y con la pena de presidio menor en su grado mínimo” por la expresión “será sancionado con las multas y penas establecidas para el delito de hurto, de conformidad con el artículo 446 del Código Penal, según el valor de los recursos extraídos”.
Esta indicación se suscribió por los Diputados señores Auth , Jaramillo , Monsalve , Ortiz , Pérez , Recondo , Robles, Santana , Silva y Von Mühlenbrock , retirando el Diputado señor Robles su indicación.
Puesta en votación el numeral 65) del artículo 1° con la indicación parlamentaria, fueron aprobadas por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Browne, don Pedro ; Jaramillo, don Enrique ; Marinovic, don Miodrag ; Melero, don Patricio ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don Leopoldo ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Puesto en votación el resto del articulado de competencia de esta Comisión, aprobado por unanimidad en la Comisión de Pesca, esto es, los numerales los numerales 7), 10), con excepción de la letra f); 32), 33), 34), 49), 57), 61), 62), 67) en su letra d), 69) y 70) del artículo 1°; los artículos 2° y 4° y los artículos 4°, 6°, 8° y 14 transitorios fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Browne, don Pedro ; Jaramillo, don Enrique ; Marinovic, don Miodrag ; Melero, don Patricio ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don Leopoldo ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Con respecto al debate del articulado, cabe consignar lo siguiente:
Artículo1°:
Sometidos a votación el número 1) y el inciso segundo del número 2) de este artículo se rechazaron por 5 votos a favor y 8 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Puesto en votación el inciso primero del artículo 1° A que incorpora número 2) del artículo 1° se aprobó por 11 votos a favor y un voto en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votó en contra el Diputado señor Lorenzini, don Pablo .
En el número 3) del artículo 1° los Diputados señores Auth , Monsalve y Robles presentaron la siguiente indicación: para incorporar el siguiente numeral 66) al artículo 2° de la Ley General de Pesca y Acuicultura:
“Pueblos originarios: se reconoce la existencia de los pueblos originarios pertenecientes a Asociaciones de Comunidades Indígenas, Comunidades Indígenas y Asociaciones de Pescadores Indígenas constituidas de conformidad a la ley y vinculados al borde costero, a los cuales se les otorgarán los mismos derechos que (a) las otras categorías mencionadas en esta ley.”
El Diputado señor Silva ( Presidente ) declaró inadmisible esta indicación por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
El Diputado señor Monsalve solicitó votación de la inadmisibilidad.
Puesta en votación la inadmisibilidad de la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 5 votos en contra. Votaron a favor de la inadmisibilidad los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra de la inadmisibilidad los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto .
En el número 4) del artículo 1° el Diputado señor René Manuel García presentó la siguiente indicación: para reemplazar en la letra c), en el acápite referido a la “cuota para imprevistos”, el guarismo “2%” por “1%”.
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por 3 votos a favor, 9 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores García, don René Manuel ; Lorenzini, don Pablo y Monsalve, don Manuel . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Godoy, don Joaquín .
En el número 4) del artículo 1° el Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación: para agregar un nuevo inciso final en el artículo 3º letra c), del siguiente tenor:
“La Subsecretaría de Pesca, tratándose de especies objetivo asociadas o que tengan la calidad de fauna acompañante, y se encuentren sujetas a cuotas globales de captura, podrá redistribuir los porcentajes inicialmente estimados cuando el desembarque de estas especies no se realice en las abundancias inicialmente consideradas. En ningún caso, se podrán aumentar las cuotas globales, consideradas como una totalidad.”
El Diputado señor Silva ( Presidente ) declaró inadmisible esta indicación por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
El Diputado señor Robles solicitó votación de la inadmisibilidad.
Puesta en votación la inadmisibilidad de la indicación se aprobó por 9 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención. Votaron a favor de la inadmisibilidad los Diputados señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra de la inadmisibilidad los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Se abstuvo el Diputado señor Lorenzini, don Pablo .
En el número 5) del artículo 1° los Diputados señores Ascencio y Monsalve presentaron la siguiente indicación: para agregar en el inciso primero del actual artículo 4° de la Ley General de Pesca y Acuicultura, una letra c) nueva del siguiente tenor:
“c) Prohibir el uso de artes de pesca no selectivos en caladeros ubicados fuera de las cinco millas de uso consuetudinario de la pesca artesanal.”.
El Diputado señor Silva ( Presidente ) declaró inadmisible esta indicación por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
El Diputado señor Monsalve solicitó votación de la inadmisibilidad.
Puesta en votación la inadmisibilidad de la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 6 votos en contra. Votaron a favor de la inadmisibilidad los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra de la inadmisibilidad los Diputados señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto .
Puesta en votación la letra f) del artículo 9° A incorporado por el número 10) del artículo 1° del proyecto fue aprobada por 8 votos a favor y 5 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
En el número 14) del artículo 1° el Diputado señor Ascencio presentó la siguiente indicación: para eliminarlo.
Sometido a votación la indicación precedente se rechazó por un voto a favor y 12 votos en contra. Votó por la afirmativa el Diputado señor Lorenzini, don Pablo . Votan en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
En el número 16) del artículo 1° se presentaron las siguientes indicaciones:
Del Diputado señor Ascencio : para suprimir el literal c).
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 4 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Auth, don Pepe y Marinovic, don Miodrag .
Del Diputado señor Jaramillo , para eliminar en el inciso primero del artículo 26 bis, contenido en el artículo 1º, numeral 10) letra c), la expresión “serán indefinidas y”
Sometida a votación la indicación precedente se registraron 6 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención, dándose por rechazada por falta de quórum. Votaron por la afirmativa los Diputados señores
Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Marinovic, don Miodrag .
De los Diputados señores Ascencio y Monsalve , para reemplazar en el nuevo artículo 26 bis la expresión “serán indefinidas y” por “tendrán un plazo de 10 años”.
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 5 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores García, don René Manuel y Marinovic, don Miodrag .
Del Diputado señor Robles, para eliminar, en todos los artículos en que aparezcan, las palabras “transable” o “transables”.
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por 4 votos a favor, 8 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Auth, don Pepe .
Del Diputado señor Jaramillo , para agregar la siguiente letra d) al numeral 16) del artículo 1º:
“d) Agrégase el siguiente artículo 26 ter:
“Artículo 26 ter.- Ninguna persona natural o jurídica, ni personas vinculadas a ellas en los términos del inciso undécimo del artículo 81 bis, podrá disponer, en aquellas pesquerías declaradas en plena explotación, de derechos de extracción o licencias representativas de éstos que signifiquen más del 15% del total de la fracción industrial de la cuota global de cada pesquería.”.
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por 5 votos a favor, 7 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique : Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor García, don René Manuel .
De los Diputados señores Edwards , García , Meza , Rivas , señora Rubilar , Sauerbaum y Velásquez , para introducir un artículo nuevo del siguiente tenor:
“Artículo.- Del total de la cuota global industrial de las pesquerías en plena explotación a que se refiere la ley general de pesca y acuicultura, deberá reservarse anualmente un 5% de manera exclusiva para empresas de menor tamaño definidas en la ley N° 20.416, que acrediten a lo menos tres años de operación en el procesamiento de recursos pesqueros. Dicha cuota será asignada a través de un proceso de licitación.
La captura de los recursos señalados en el inciso precedente, deberá ser efectuada a través de embarcaciones pesqueras artesanales, a excepción de aquellas pesquerías que por sus condiciones naturales requieran la utilización de embarcaciones de mayor tamaño para su captura, caso en el cual podrá recurrirse a naves de la flota industrial.”
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por 4 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Jaramillo, don Enrique y Monsalve, don Manuel . Votaron en contra los Diputados señores Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Godoy, don Joaquín y Lorenzini, don Pablo .
Puesta en votación la letra c) del número 16 del artículo 1° del proyecto fue aprobada por 8 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Se abstuvieron los Diputados señores Auth, don Pepe y Jaramillo, don Enrique .
En el número 17) del artículo 1° se presentaron las siguientes indicaciones:
Del Diputado señor Jaramillo , para sustituir en el artículo 1º numeral 11), el artículo 27 propuesto por el siguiente:
“Artículo 27.- En unidades de pesquería sujetas al régimen de plena explotación, por decreto supremo, el Ministerio podrá adjudicar anualmente, mediante subasta pública, el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al 5% de la fracción industrial de la cuota global anual de captura. En este caso, la cuota global anual de captura será fijada en el mismo decreto supremo antes señalado.
El Ministerio podrá adjudicar la fracción subastada por un plazo fijo de 10 años, al cabo de los cuales dicha fracción pasará nuevamente a formar parte de la fracción industrial de la cuota global. No pudiendo subastarse más allá del equivalente a capturar el 50% de la fracción industrial de la cuota anual de captura que se fije para cada unidad de pesquería declarada en régimen de plena explotación.
El reglamento determinará los procedimientos de la subasta y el establecimiento de cortes en los derechos por subastar que permitan un adecuado acceso a los armadores medianos y pequeños.
En las unidades de pesquería en que se subasten porcentajes de las cuotas globales anuales de captura, podrá suspenderse, durante el año calendario respectivo, la recepción de solicitudes y el otorgamiento de nuevas autorizaciones de pesca.”.
El Diputado señor Silva ( Presidente ) declaró inadmisible esta indicación por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Del Diputado señor Ascencio, para reemplazar el artículo 27 por el siguiente:
“Artículo 27.- En unidades de pesquería sujetas al régimen de plena explotación, se adjudicará anualmente, mediante pública subasta, el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al cinco por ciento de la cuota global anual de captura.
La fracción subastada se adjudicará por un plazo fijo de diez años, al cabo de los cuales dicha fracción pasará nuevamente a formar parte de la cuota global. No podrá subastarse más allá del equivalente a capturar el cincuenta por ciento de la cuota de captura que se fije para cada unidad de pesquería declarada en régimen de plena explotación.
En las unidades de pesquería en que se subasten porcentajes de las cuotas globales anuales de captura, se suspenderá, durante el año calendario respectivo, la recepción de solicitudes y el otorgamiento de nuevas autorizaciones de pesca.”
El Diputado señor Silva ( Presidente ) declaró inadmisible esta indicación por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Del Diputado señor Robles, para reemplazar el artículo 27 por el siguiente:
“Artículo 27.- En los casos que una determinada pesquería, sujeta a régimen de plena explotación y administrada con cuota global de captura, se encuentre en un nivel igual o superior al valor del rendimiento máximo sostenible, se deberán traspasar los excedentes que se produzcan por sobre dicho umbral, a la cuota asignada a los pescadores artesanales anualmente.”
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 3 votos a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Lorenzini, don Pablo y Marinovic, don Miodrag .
Del Ejecutivo, para reemplazar el numeral 11) por el siguiente: reemplázase el artículo 27 por el siguiente:
“Artículo 27.- En los casos que una determinada pesquería, sujeta a régimen de plena explotación y administrada con cuota global de captura, se encuentre en un nivel igual o superior al rendimiento máximo sostenible, se iniciará un proceso de pública subasta de los excedentes de la fracción industrial de la cuota global que se produzcan por sobre dicho umbral. Las licitaciones que se produzcan darán origen a las licencias clase C.
En aquellas pesquerías que hayan tenido a lo menos tres años continuos, o tres años discontinuos dentro de los últimos cinco años, de licencias transables de pesca clase C, se deberá licitar el 15% de la fracción industrial de la cuota correspondiente al punto biológico de referencia del rendimiento máximo sostenido.
Las licitaciones que se produzcan darán origen a la licencias transables de pesca clase B.
Las licencias transables de pesca clase A decrecerán en el mismo coeficiente de participación que se licite de las licencias transables de pesca clase B, hasta un límite de 15% de su coeficiente de participación.
Las licencias transables de pesca clase B serán indefinidas y con un coeficiente fijo.
Las licencias transables clase C tienen una duración de un año y estarán expresadas en toneladas. Para determinar las toneladas a licitar se deberá restar, de la fracción industrial de la cuota del año en que se aplicará la licitación, la fracción industrial de la cuota correspondiente al punto biológico de referencia del rendimiento máximo sostenible. Estas licitaciones deberán efectuarse en el año calendario anterior al de su aplicación.
El reglamento determinará los procedimientos de la subasta y el establecimiento de los cortes de los derechos a subastar que permita un adecuado acceso a la actividad pesquera extractiva de que se trate, incluyendo a las empresas pequeñas y medianas de conformidad con la definición de la ley Nº 20.416. Las subastas tendrán un precio mínimo anual de 3,3% del valor de sanción. En el caso que una subasta se declare desierta, se podrá hacer un segundo llamado. Si también se declara desierta, las toneladas correspondientes no serán asignadas a ningún actor.
Los dineros a pagar como consecuencia de las subastas de este artículo se expresará en unidades tributarias mensuales por toneladas y la primera anualidad se pagará dentro de los quince meses siguientes a la fecha de la adjudicación y, las siguientes, durante el mes de marzo de cada año.
Durante los diez primeros años los pagos anuales por licencias transables clase B corresponderán al valor de la adjudicación multiplicado por las toneladas que le corresponda a ese año de acuerdo al coeficiente de su licencia transable de pesca. A partir del año once, en lugar del valor de adjudicación, cada titular estará afecto al impuesto específico que establece en el artículo 43 ter.”.
Puesta en votación la indicación del Ejecutivo se aprobó por 8 votos a favor y 5 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel y Robles, don Alberto .
Se entiende rechazado el número 17) del artículo 1° del proyecto que derogaba el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El Ejecutivo presentó la siguiente indicación al número 16) del artículo 1°: para modificar el numeral 10) que incorpora el artículo 26 bis de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso primero a continuación de la palabra “decimales” la siguiente oración “el cual podrá decrecer si se realiza una o más subastas de conformidad con el artículo 27 de esta ley”,
b) Agrégase la siguiente oración final pasando el punto aparte a ser una coma (,) “sin perjuicio de las subastas de licencias transables de pesca Clase C.”.
Sometida a votación la indicación del Ejecutivo fue aprobada por 7 votos a favor y 6 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel , y Robles, don Alberto .
En el número 21) del artículo 1° el Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación: para eliminar el primer inciso del artículo 30.
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 2 votos a favor y 11 votos en contra. Votaron a favor los Diputados señores Lorenzini, don Pablo y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Puesta en votación la letra a) del número 35 del artículo 1° del proyecto fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Sometida a votación la letra b) del número 35 del artículo 1° del proyecto fue aprobada por 9 votos a favor y 4 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Lorenzini, don Pablo ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto .
Puestos en votación los números 36 y 37 del artículo 1° del proyecto fueron aprobados por 11 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto .
El Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación: para incorporar un numeral nuevo al artículo 1° del proyecto con el objeto de remplazar en el inciso primero del artículo 47 de la Ley General de Pesca y Acuicultura la frase “desde las líneas de bases normales”, por la siguiente frase: “desde las líneas de base rectas”.
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 4 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Auth, don Pepe y García, don René Manuel .
Los Diputados señores Goic y Marinovic presentaron la siguiente indicación: para incorporar un numeral nuevo al artículo 1° del proyecto con el objeto de remplazar el inciso primero del artículo 47 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, por el siguiente:
“Reservase a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales, a partir del límite norte de la República y hasta el límite sur, y alrededor de las islas oceánicas”.
Puesta en votación la indicación precedente se aprobó por 7 votos a favor, 5 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Marinovic, don Manuel ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Macaya, don Javier ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Godoy, don Joaquín .
La indicación del Diputado señor Ascencio , para agregar a continuación del inciso primero del artículo 47, lo siguiente: “Extiéndase las cinco millas de reserva artesanal al sur del paralelo 41º28'6 de latitud sur, y hasta el límite sur de la Isla de Chiloé, esto es, al (hasta el paralelo) 43º25'42 de latitud sur, por fuera de las líneas de base recta.”, se entiende rechazada por estar contenida en la indicación del Ejecutivo.
Los Diputados señores Ascencio y Monsalve presentaron la siguiente indicación: para eliminar el artículo 47 bis nuevo y reemplazar el artículo 47 de la Ley General de Pesca y Acuicultura por el siguiente:
“Artículo 47.- Reservase a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales, a partir del límite norte y hasta el límite sur de la República, y alrededor de las islas oceánicas.
Asimismo, resérvase a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en la playa de mar y en las aguas interiores del país.”
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 4 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Auth, don Pepe y García, don René Manuel .
El Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación: para incorporar un numeral nuevo al artículo 1° del proyecto con el objeto de eliminar en el inciso segundo del artículo 47 de la Ley General de Pesca y Acuicultura , la palabra “transitoriamente”.
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por 1 voto a favor, 10 votos en contra y 2 abstenciones. Votó por la afirmativa el Diputado señor Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Jaramillo, don Enrique y Lorenzini, don Pablo .
En el número 39) del artículo 1° del proyecto se presentaron las siguientes indicaciones:
Del Ejecutivo: para modificar el artículo 47 en el siguiente sentido:
a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “41° 28,6'“, por 43° 25' 42”.
b) Sustitúyese el inciso 3° por los siguientes incisos tercero y cuarto, cambiando los demás su orden correlativo:
“No obstante lo anterior, mediante resolución de la Subsecretaría, previo informe técnico del Consejo Zonal de Pesca que corresponda, se podrán efectuar operaciones pesqueras extractivas por naves de titulares de licencia transable de pesca o de autorizaciones de pesca en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sobre los recursos sardina y anchoveta.
Asimismo, mediante el mismo procedimiento del párrafo anterior, pero con aprobación del Consejo Zonal de Pesca, se podrán efectuar operaciones pesqueras extractivas por naves de titulares de licencia transable de pesca o de autorizaciones de pesca en la región de Coquimbo sobre los recursos camarón naylón; langostino amarillo; langostino colorado y gamba; y sobre anchoveta y sardina.”.
Se pidió votación separada de la letra a) de la indicación del Ejecutivo.
Puesta en votación la letra a) se aprobó por 7 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Se abstuvieron los Diputados señores Auth, don Pepe y Jaramillo, don Enrique .
Sometida a votación la letra b) se aprobó por a 9 votos a favor, un voto en contra y 3 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votó en contra el Diputado señor Monsalve, don Manuel . Se abstuvieron los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique y Robles, don Alberto .
Del Diputado señor Lorenzini : para agregar al inciso segundo del artículo 47 a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Con excepción de reserva en las Regiones de Valparaíso y Maule entre los límites norte y sur, una franja de doce millas.”.
Puesta en votación la indicación se rechazó por 3 votos a favor, 6 votos en contra y 4 abstenciones. Votaron a favor los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Lorenzini, don Pablo y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Marinovic, don Miodrag y Monsalve, don Manuel .
En el número 40) del artículo 1° se presentaron las siguientes indicaciones:
Del Diputado señor Robles para eliminar en el inciso cuarto del artículo 47 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la palabra “satelital”.
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por voto 2 votos a favor, 9 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Jaramillo, don Enrique .
Del Diputado señor Robles para eliminar en el inciso cuarto del artículo 47 bis nuevo, la frase “Además se podrán establecer restricciones de áreas de operación, número o tamaño de las embarcaciones.”
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 1 voto a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones. Votó por la afirmativa el Diputado señor Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los Diputados señores Jaramillo, don Enrique y Monsalve, don Manuel .
El Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación: para incorporar un numeral nuevo al artículo 1° del proyecto con el objeto de incorporar un artículo 47 ter a la Ley General de Pesca y Acuicultura, del siguiente tenor:
“Artículo 47 ter.- Resérvase, asimismo, a la pesca artesanal, el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en los caladeros de uso habitual, que se establecerán conforme al reglamento, definido en el inciso quinto del artículo 67.”
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por voto 3 votos a favor y 8 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
En el número 45) del artículo 1° del proyecto, el Diputado señor Robles presentó las siguientes indicaciones:
Para agregar un nuevo artículo 50 C bis, del siguiente tenor:
“Artículo 50 C bis.- Se entenderá expresamente que los pescadores artesanales están sujetos obligatoriamente a la ley Nº 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El financiamiento correspondiente, en el caso de las naves de pesca artesanal, será de cargo del armador y, en el resto de las actividades pesqueras artesanales, será de cargo del Instituto de Seguridad Laboral (ISL)”.
Para agregar el siguiente artículo 50 C ter, nuevo:
“Artículo 50 C ter.- Para todos los efectos, los pescadores artesanales se considerarán inscritos en el Fondo Nacional de Salud Letra B.”
El Diputado señor Silva (Presidente) declaró inadmisibles ambas indicaciones por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Puesto en votación el número 45 del artículo 1° fue aprobado por 9 votos a favor, un voto en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votó en contra el Diputado señor Robles, don Alberto . Se abstuvo el Diputado señor Monsalve, don Manuel .
Sometido a votación el número 46) del artículo 1° fue aprobado por 10 votos a favor y 2 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto .
En el número 52) del artículo 1° los Diputados señores Ascencio y Robles presentaron la siguiente indicación: para suprimir la letra c) del numeral 52).
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 2 votos a favor y 8 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
El Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación: para incorporar un nuevo numeral al artículo 1° con el objeto de remplazar en el artículo 64 A la frase “posicionamiento automático” por “un sistema de posicionamiento”.
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 2 votos a favor y 8 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
En el número 56) del artículo 1° el Diputado señor Robles presentó las siguientes indicaciones:
Para remplazar el artículo 64 B, por el siguiente:
“Artículo 64 B.- Los armadores de naves pesqueras industriales matriculadas en Chile, que desarrollen actividades pesqueras extractivas en aguas de jurisdicción nacional, deberán instalar a bordo y mantener en funcionamiento un dispositivo de posicionamiento en el mar.
La misma obligación deberán cumplir los armadores de naves matriculadas en Chile que operen en aguas no jurisdiccionales; los armadores de naves que, estando o no estando matriculadas en Chile, realicen pesca de investigación dentro o fuera de las aguas jurisdiccionales; los armadores de buques fábricas que operen en aguas jurisdiccionales o en la alta mar. Asimismo, esta obligación será aplicada a los armadores de naves pesqueras o buques fábricas de pabellón extranjero que sean autorizados a recalar en los puertos de la República.
El sistema deberá garantizar, a lo menos, la transmisión de la posición geográfica actualizada de la nave. El dispositivo de posicionamiento deberá siempre mantenerse en funcionamiento a bordo de la nave, desde el zarpe hasta la recalada en puerto habilitado.
La forma, requisitos y condiciones de aplicación de la exigencia establecida en este artículo serán determinados en el reglamento, previa consulta al Consejo Nacional de Pesca.
Asimismo, se deberá instalar un posicionador geográfico en los casos en que el juez competente sancione como reincidente a alguna nave pesquera mayor por actuar ilegalmente en un área reservada a los pescadores artesanales o cayese en las infracciones que señala el Título IX de esta ley.
La instalación y mantención del dispositivo de posicionamiento y transmisión, así como la transmisión de la señal hasta la primera estación receptora, serán de cargo del armador. En ningún caso estos costos podrán ser traspasados a la dotación embarcada, la transmisión desde dicha estación a las estaciones de fiscalización será de cargo del Estado.”
El Diputado señor Silva ( Presidente ) declaró inadmisible la indicación por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Para agregar en el sexto inciso del Artículo 64 B, entre las frases “será de costo del armador” y “la transmisión”, la siguiente frase: “En ningún caso estos costos podrán ser traspasados a la dotación embarcada,”
Puesta en votación la indicación precedente se rechazó por 4 votos a favor y 8 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
El Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación: para incorporar un numeral nuevo al artículo 1° con el objeto de eliminar en el tercer inciso del artículo 64 D de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la palabra “automático”.
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por voto 2 votos a favor, 9 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Jaramillo, don Enrique .
En el número 57) del artículo 1° se presentaron las siguientes indicaciones:
Del Ejecutivo, para modificar el artículo 64 E que introduce el numeral 41), de la siguiente forma:
a) Agrégase en el inciso tercero, la siguiente frase final a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido:
“El Servicio deberá hacer llamados a licitación pública con el objeto de elegir a la empresa autorizada para operar en cada zona, en base a criterios públicos y objetivos. La empresa que resulte ganadora de este proceso en cada zona será la que, cumpliendo con los requerimientos exigidos en la(s) bases de licitación, ofrezca las mejores condiciones para el ejercicio de sus labores.”
b) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos, cambiando los demás su numeración:
“Las tarifas máximas por los servicios de certificación que deberán ser pagadas por los armadores o, en su caso, por los titulares de las embarcaciones transportadoras a las entidades auditoras, serán establecidas en pesos por tonelada de recurso o materia prima desembarcada, pudiendo contemplarse aranceles diferenciados en consideración a la especie, cantidad, horario y ubicación geográfica del desembarque, y serán fijadas en la resolución del Servicio que resuelva la contratación de la certificación.
En caso de no pago, la entidad auditora podrá suspender la certificación, previa autorización del Servicio.”
Sometida a votación la indicación del Ejecutivo se aprobó por 10 votos a favor y 2 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto .
Del Diputado señor Robles para eliminar el inciso tercero y el inciso quinto del artículo 64 E.
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por voto 2 votos a favor, 9 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Jaramillo, don Enrique .
Puesto en votación el artículo 64 F incorporado por el numeral 57) del artículo 1° se aprobó por 12 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Lorenzini, don Pablo .
Puesto en votación el artículo 64 G incorporado por el numeral 57) del artículo 1° se aprobó por 11 votos a favor y 2 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron en contra los Diputados señores Lorenzini, don Pablo y Robles, don Alberto .
El Ejecutivo presentó la siguiente indicación: para intercalar un nuevo numeral 59) al artículo 1°, cambiando correlativamente el orden de los siguientes numerales: reemplázanse los artículo 91 y 92 por los siguientes artículos 91, 92 y 92 A:
“Artículo 91.- La Subsecretaría elaborará el programa de investigación necesaria(o) para la regulación de la pesca y la acuicultura.
El programa generará un conjunto de observaciones sistemáticas en el tiempo y áreas geográficas determinadas, de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, cuyo análisis permita conocer su estado de situación, patrones y tendencias. Asimismo, tal programa comprenderá la investigación y el monitoreo y análisis de las condiciones oceanográficas, ambientales y sanitarias apropiadas para el ejercicio sustentable de la acuicultura. Los resultados de la ejecución del programa de investigación servirán de base para la fundamentación de las medidas de administración y conservación, así como, en general, del proceso de toma de decisiones para la actividad pesquera extractiva y de acuicultura.
El programa de investigación tendrá proyectos de carácter permanente y otros de carácter ocasional. Sin perjuicio de lo anterior, los permanentes podrán ser revisados en el tiempo, conforme al incremento de la demanda de conocimiento de las variables relevantes para la regulación de la actividad pesquera y de acuicultura.
Para la elaboración del programa, la Subsecretaría podrá requerir propuestas de proyectos de investigación a los Consejos Nacional y Zonales de Pesca y a la Comisión Nacional de Acuicultura, así como al Instituto de Fomento Pesquero. Asimismo, deberá requerir propuestas a los Comités Científicos Técnicos, los que la(s) enviarán con su respectiva priorización. La Subsecretaría efectuará el requerimiento en el mes de enero del año anterior en que deba regir el programa y los organismos requeridos tendrán hasta el 31 de marzo para enviar sus propuestas.
Con la información obtenida, la Subsecretaría elaborará el programa de investigación priorizado, aprobándolo mediante Resolución y será publicado en su página de dominio electrónico.
Artículo 92.- El programa de investigación básica para la regulación pesquera y de acuicultura, será efectuado por el Instituto de Fomento Pesquero y en él se deberán considerar al menos:
Los proyectos de evaluación directa de biomasa y abundancia de los recursos pesqueros:
Los programas o proyectos de evaluación de stock mediante modelamientos, con el objeto de determinar el estado de situación y posibilidades de explotación biológicamente sustentable o captura total permisible;
Los programas de monitoreo y seguimiento sistemático de las pesquerías;
Los programas o proyectos de monitoreo o seguimiento de las actividades de acuicultura, de las especies hidrobiológicas que constituyan plagas y la obtención de la información oceanográfica requerida para asegurar el ejercicio sustentable de esta última;
Los programas o proyectos referidos al estado sanitario y ambiental de las áreas en que se realiza acuicultura.
Dentro del programa de investigación básica que será ejecutado por el Instituto de Fomento Pesquero, se podrá contemplar una reserva de emergencia para financiar proyectos o actividades fundadas en cambios en las condiciones oceanográficas y ambientales que causen, a su vez, alteraciones o cambios en el comportamiento de los recursos surgidos en forma imprevista. El monto de dichos proyectos deberá imputarse al presupuesto anual de la investigación básica y no podrá exceder del 3% del mismo.
El Instituto de Fomento Pesquero podrá subcontratar la ejecución de los proyectos que constituyan el programa de investigación básica, lo que deberá efectuar mediante licitación pública.
La investigación contenida en el programa de investigación que no esté asignada al Instituto de Fomento Pesquero será efectuada a través del Fondo de Investigación Pesquera.
Artículo 92 A.- El presupuesto del Ministerio de Economía deberá consultar anualmente recursos para financiar el programa de investigación básica pesquera y de acuicultura que realice el Instituto de Fomento Pesquero, de conformidad con los artículos anteriores.
La Subsecretaría elaborará los términos técnicos de referencia de los proyectos, informando de ello al Ministerio en la oportunidad que éste determine.
Para la aplicación de estos recursos se deberá firmar un convenio entre el organismo receptor y(,) la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, que incluya un programa de trabajo que defina específicamente, según sea el caso: cada uno de los conceptos a los que serán aplicados los recursos traspasados; cada uno de los estudios de investigación para determinar la situación de las distintas pesquerías, y cada uno de los estudios de investigación destinados a evaluar los efectos sanitarios y medioambientales de la acuicultura, que sean financiados con estos recursos.
Dentro del programa de investigación deberán contemplarse fondos para la contratación de evaluación externa para cada proyecto, mediante la cual se verifique el cumplimiento de los Términos Técnicos de Referencia, y la calidad técnica de los resultados obtenidos. El reglamento determinará el procedimiento de selección de los evaluadores externos y de acreditación de su experiencia, especialización e idoneidad para llevar a cabo dicha labor. Deberá contemplarse un sistema transparente y público de selección de los evaluadores externos.
Asimismo, el Ejecutivo formuló indicaciones para modificar el epígrafe del Párrafo 2° del Título VII, de la Ley General de Pesca, en el sentido de incorporar las palabras “Y DE ACUICULTURA”; para modificar el artículo 93 en el sentido de intercalar las palabras “y de Acuicultura” después de la palabra “Pesquera”, la primera vez que aparece; y para reemplazar los artículos 94, 95 y 96 por los siguientes:
“Artículo 94.- El Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura será administrado por un Consejo, integrado por las siguientes personas:
a) el Subsecretario, quien lo presidirá;
b) un representante del Comité Oceanográfico Nacional;
c) un representante de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar;
d) un representante nominado por los presidentes de los Comités Científicos Técnicos de Pesquerías;
e) un representante nominado por los presidentes de los Comités Científicos Técnicos de Acuicultura;
f) dos científicos provenientes del ámbito pesquero, debiendo acreditar contar con título profesional de al menos 10 semestres y especialidad en ciencias del mar, elegidos por el Ministerio de una terna presentada por el Consejo Nacional de Pesca;
g) dos científicos provenientes del ámbito de la acuicultura, debiendo acreditar contar con título profesional de al menos 10 semestres y especialidad en ciencias relacionadas a (con) la salud animal u otras carreras de ciencias con especialización en materias ambientales o recursos naturales, elegidos por el Ministerio de una terna presentada por la Comisión Nacional de Acuicultura.
Artículo 95.- Las normas de funcionamiento del Consejo y toma de decisiones se determinarán por reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, se seguirán las siguientes reglas:
a) Los miembros del Consejo serán nombrados por decreto del Ministerio bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ” y durarán cuatro años en sus cargos, renovándose por parcialidades cada dos años y pudiendo ser reelegidos conforme al mismo procedimiento.
b) El quórum para sesionar será la mayoría de los miembros en ejercicio del Consejo.
Los acuerdos del Consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Los miembros del Consejo individualizados en las letras e) y g) no tendrán derecho a voto en las materias relacionadas con la actividad pesquera, así como los miembros individualizados en las letras d) y f) no tendrán derecho a voto en las materia relacionadas con las actividades de acuicultura, y en ambos casos no se considerarán en el quórum para sesionar y adoptar acuerdos.
c) Es incompatible la función de los integrantes de las letras d), e), f) y g) del Consejo con la condición de funcionario público dependiente o asesor independiente del Ministerio de Economía o de las reparticiones públicas dependientes de éste; trabajador dependiente o asesor independiente del Instituto de Fomento Pesquero o de empresas pesqueras o de acuicultura, asociaciones gremiales de la actividad pesquera artesanal, industrial o de acuicultura o de plantas de transformación o de sus matrices, filiales o coligadas. Las personas que al momento del nombramiento detenten cualquiera de dichas condiciones deberán renunciar a ellas.
En todo caso, el desempeño como integrante del Consejo es compatible con funciones o cargos docentes.
d) Serán causales de cesación en el cargo del miembro del Consejo las siguientes:
a. Expiración del plazo por el cual fue designado;
b. Renuncia;
c. No asistir a dos sesiones sin causa justificada en un año calendario;
d. Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad.
En el caso de las letras c) y d), la cesación será declarada por el Ministro. En el caso de la letra b), la renuncia será aceptada por el Ministro.
Si un miembro del Consejo cesare en su cargo, podrá ser reemplazado por el mismo procedimiento contemplado en la letra a) de este artículo.
Artículo 96.- El Consejo de Investigación Pesquera y de Acuicultura tendrá las siguientes funciones:
a) Priorizar el programa anual;
b) Asignar, conforme (a) los mecanismos establecidos en la ley 19.886 y sus reglamentos, los proyectos de investigación y los fondos para su ejecución;
c) Asignar, conforme, al reglamento, recursos para financiar tesis de pre grado o postgrado relacionadas con las materias de su competencia;
d) Sancionar la calificación técnica de los proyectos de investigación, la que deberá efectuarse por evaluadores externos que sean de igual o superior calificación o experiencia profesional de (que) aquéllos que efectúen la investigación;
e) Preparar y divulgar la memoria anual de actividades.
Antes de iniciar el procedimiento de contratación, los términos técnicos de referencia de cada proyecto serán remitidos a la Subsecretaría para que ésta pueda formular sus observaciones y sugerencias en el plazo de quince días contado desde su remisión. Si la Subsecretaría no se pronuncia en el plazo señalado, se procederá sin más trámite. En el caso de formularse observaciones o sugerencias, ellas deberán ser consideradas y sólo podrán ser rechazadas por decisión fundada del Consejo.
El reglamento establecerá las normas de inhabilidad aplicables a quienes participen en los proyectos de investigación, las debidas garantías y demás disposiciones que aseguren la calidad en la ejecución de los proyectos, así como la idoneidad e independencia de quienes se los adjudiquen. Deberá contemplarse, asimismo, el procedimiento de registro y selección de los evaluadores externos y de acreditación de su experiencia, especialización e idoneidad para llevar a cabo dicha labor. Deberá contemplarse un sistema transparente y público de selección de los evaluadores externos.
Los recursos asignados al Fondo podrán contemplar un monto destinado a financiar tesis de pregrado o postgrado en materias propias de sus actividades. El reglamento determinará los requisitos y condiciones conforme (a) los cuales se asignará este tipo de financiamiento.
El mecanismo de asignación de proyectos deberá considerar una mayor ponderación a (de) aquellas instituciones regionales que participen en los concursos de investigaciones que se realicen en su zona.
El estado de avance e informes finales de cada una de las investigaciones realizadas serán entregados a la Subsecretaría y servirán de base para la adopción de las medidas de administración y conservación y, en general, al proceso de toma de decisiones.
Artículo 96 A.- El Fondo contará con un Director Ejecutivo , que será designado por el Subsecretario de Pesca.
Corresponderá al Director Ejecutivo :
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Consejo, y realizar los actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;
b) Proponer al Consejo la priorización del programa de investigación del Fondo, ejecutar el programa de investigación una vez aprobado, y proponer las modificaciones en la priorización que se requieren (requieran) durante su ejecución;
c) Administrar el Fondo, sujetándose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte el Consejo;
d) Asistir, con derecho a voz, a las sesiones del Consejo y adoptar las providencias y medidas que requiera su funcionamiento;
e) Informar periódicamente al Consejo acerca de la ejecución técnica y presupuestaria del programa de investigación y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones;
f) Ofertar, licitar, adjudicar, adquirir y contratar bienes y servicios para la adecuada marcha y funcionamiento del Fondo de Investigación Pesquera con cargo del presupuesto del Fondo asignado mediante la Ley de Presupuestos de cada año, cualquiera sea su monto. Para estos efectos, el Director Ejecutivo deberá recurrir a los mecanismos contemplados en la Ley N° 19.886 y su Reglamento; y
g) Otras que determinen las leyes.”.
Puestas en votación las indicaciones precedentes fueron todas aprobadas por unanimidad, con el voto favorable de los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
En el número 59) del artículo 1° el Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación: para eliminar en el artículo 110 letra i de la ley vigente, la palabra “automático”.
Sometida a votación la indicación precedente se rechazó por voto 2 votos a favor, 9 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Monsalve, don Manuel y Robles, don Alberto . Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Jaramillo, don Enrique .
Puesto en votación el número 60) del artículo 1° se aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Puesto en votación el número 67, letras e) y h) del artículo 1°, fue aprobado por 12 votos a favor y una abstención. Votaron a favor los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el Diputado señor Lorenzini, don Pablo .
Puesto en votación el número 71) del artículo 1° se aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
En el numeral 72) del artículo 1°, el Diputado señor Robles formuló indicación para eliminar en el artículo 173 las siguientes letras:
“a) proyectos de investigación pesquera y de acuicultura.”, y
“b) programas de vigilancia, fiscalización y administración de las actividades pesqueras.”
Puesta en votación la indicación, fue rechazada por 2 votos a favor, 8 votos en contra y tres abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Lorenzini, don Pablo , y Robles, don Alberto . Votaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los señores Jaramillo, don Enrique ; Marinovic, don Miodrag , y Monsalve, don Manuel .
El Ejecutivo formuló indicación para incorporar el siguiente artículo 5°, nuevo.
“Artículo 5º.- Modifícase la planta de directivos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en el sentido de crear un cargo de Jefe de Departamento , grado 4° EUS, correspondiente al Director Ejecutivo del Fondo de Investigación Pesquera .”.
Fue aprobada por asentimiento unánime, de los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo , Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
El Diputado señor Ascencio formuló indicación para incorporar un artículo 5°, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 5°.- Modifícase el artículo 24 de la ley 19.713 de la siguiente forma:
a. En su letra a), reemplázase el guarismo “5” por “13”, el guarismo “95” por “87” y la expresión “I Región” por “XV Región”;
b. En su letra b), reemplázase el guarismo “35” por “52”, y el guarismo “65” por “48”;
c. En su letra c), incorpórase, a continuación de la expresión “XII región”, la expresión “el 78%”, y reemplázase la frase que va entre la expresión “entre” y “50 %”, la segunda vez que aparecen en el texto, por la siguiente: “el 22%”.
d. Reemplázanse los párrafos primero y segundo de su letra d) por el siguiente:
“d) Sardina española (Sardinops sagax) y Anchoveta (Engraulis ringens), en el área marítima entre el límite norte de la XV Región y el límite sur de la II Región, el 21% para el sector pesquero artesanal y el 79% para el sector pesquero industrial.”
e. En su letra e), reemplázase el guarismo “600”, por “1.000”, las tres veces que aparece en el texto; el guarismo “20” por “26”, y el guarismo “80” por “74”.
f. En su letra f), reemplázase el guarismo “700”, por “1.000”, las dos veces que aparece en el texto, el guarismo “701” por “1.001” y la expresión “I Región” por “XV Región”.
g. En su letra g), reemplázase el guarismo “350” por “500”, las tres veces que aparece en el texto; el guarismo “33” por “43”, y el guarismo “67” por “57”.
h. Incorpórense las siguientes letras h) a la m), nuevas:
“h) Sardina española (Sardinops sagax) y anchoveta (Engraulis ringens), en el área marítima correspondiente a la III y IV Regiones, 65% para el sector pesquero artesanal y 35% para el sector pesquero industrial.
i) Sardina común (Clupea bentincki) y anchoveta (Engraulis ringens), en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V Región y el límite sur de la X Región, 90% para el sector pesquero artesanal y 10% para el sector pesquero industrial.
j) Merluza de cola (Macruronus magellanicus), en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V Región y el límite sur de la XII Región, 50% para el sector pesquero artesanal y 50% para el sector pesquero industrial.
k) Congrio dorado (Genypterus blacodes), entre los paralelos 41°28,6 L.S. y 57° L.S., 65% para el sector artesanal y 35% para el sector pesquero industrial.
l) Merluza de tres aletas (Micromesistius australis), en el área marítima comprendida entre el paralelo 41º28,6 L.S. y el límite sur de la XII Región, 50% para el sector artesanal y 50% para el sector pesquero industrial.
m) Bacalao de profundidad, en al área marítima desde el paralelo 47 L.S., 50% para el sector artesanal y 50% para el sector pesquero industrial.”
Fue rechazada la indicación por 4 votos a favor y 9 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel , y Robles, don Alberto . Votaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
El Ejecutivo formuló indicación para intercalar en el artículo segundo transitorio el siguiente inciso octavo, nuevo, cambiando los demás su orden correlativo:
“En el evento de que uno o más titulares de autorizaciones de pesca no ejerzan la opción regulada en los incisos anteriores, igualmente se deberán efectuar las licitaciones contempladas en el artículo 27 de la ley, si se da cumplimiento a los supuestos contemplados en dicho artículo.”.
Puesto en votación el artículo segundo transitorio, con la indicación precedente, fue aprobado por 8 votos a favor y 5 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel , y Robles, don Alberto .
Puestos en votación los artículos duodécimo y décimo tercero transitorios fueron aprobados por 11 votos a favor y 2 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron por la negativa los Diputados señores Lorenzini, don Pablo , y Robles, don Alberto .
Puesto en votación el artículo décimo sexto transitorio fue aprobado por 9 votos a favor, 2 votos en contra y dos abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron por la negativa los Diputados señores Lorenzini, don Pablo , y Monsalve, don Manuel . Se abstuvieron los señores Marinovic, don Miodrag , y Robles, don Alberto .
El Ejecutivo formuló indicación para incorporar los siguientes artículos transitorios, nuevos:
“Artículo décimo octavo transitorio.- La regulación de la reserva de la primera milla contenida en el artículo 47 bis, entrará en vigor un año después de la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo décimo noveno transitorio.- Los planes de manejo respecto de las pesquerías que se encuentren en estado de sobreexplotación o colapso deberán estar aprobados 18 meses después de entrada en vigencia la presente ley.
Artículo vigésimo transitorio.- Los Comités Científicos Técnicos deberán comenzar su funcionamiento en el plazo de seis meses a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.”.
Puesta en votación la indicación fue aprobada por 9 votos a favor, 1 voto en contra y tres abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votó por la negativa el Diputado señor Lorenzini, don Pablo . Se abstuvieron los señores Jaramillo, don Enrique ; Monsalve, don Manuel , y Robles, don Alberto .
El Diputado señor Jaramillo formuló indicación para agregar el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio.- Las personas naturales o jurídicas que a la fecha de publicación de la presente ley tuvieren derechos de extracción derivados del régimen de límite máximo de captura por armador que superen el porcentaje establecido en el artículo 26 ter, tendrán un plazo de cinco años para ajustarse al nivel máximo de concentración permitido.
La venta del exceso deberá realizarse en porciones no superiores al 20% de éste, a través de ofertas y subastas públicas que serán informadas en medios de comunicación de alcance nacional.
La infracción a lo anterior y la subdivisión fraudulenta de entidades con el propósito de burlar el límite de concentración señalado será sancionada como un acto que restringe o entorpece la libre competencia, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del artículo 3º y en el artículo 26º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973.
En caso de vencer el plazo sin que el armador respectivo se haya desprendido del exceso, se ajustará su participación al porcentaje respectivo y se licitará el sobrante en forma pública, en porciones que se ajusten a lo señalado en el inciso segundo precedente.”.
Puesta en votación la indicación fue rechazada por 5 votos a favor, 7 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Monsalve, don Manuel , y Robles, don Alberto . Votaron por la negativa los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el señor Santana, don Alejandro .
Se declararon inadmisibles, además, las siguientes indicaciones:
- Del Diputado señor Robles, para agregar en el numeral 72) del Artículo 173 nuevo, la siguiente nueva letra i):
“i) Programas de recuperación de las pesquerías para pescadores artesanales, tripulantes de naves especiales y trabajadores de planta.”
-De los Diputados señores Auth , Monsalve y Robles, para incorporar el siguiente artículo 2° nuevo:
“Artículo 2º-.- Agrégase el siguiente Título nuevo a la Ley General de Pesca y Acuicultura:
TÍTULO NUEVO: DEL ACCESO A LA ACTIVIDAD
PESQUERA POR PARTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS
Artículo 1.- Los pueblos originarios tendrán derecho a recibir un porcentaje de los recursos pesqueros sometidos a cuotas de pesca.
Artículo 2.- Serán sujetos de derecho a pesca las Asociaciones de Comunidades Indígenas, Comunidades Indígenas y las Asociaciones de Pescadores Indígenas constituidas de conformidad a las leyes 20.249 y 19,253, respectivamente.
Artículo 3.- Para administrar la cuota global de pesca, se garantizará la presencia de las organizaciones de pueblos originarios de conformidad a los mecanismos que ellos establezcan para dicha representación.
Artículo 4.- Créase un Consejo Nacional de Pesca de los Pueblos Originarios, el que deberá contar con el apoyo financiero necesario para su funcionamiento y para el fomento a la pesca de los pueblos originarios.”
-De los Diputados señores Auth, Monsalve y Robles, para incorporar el siguiente artículo 2°:
“Artículo 2º.- Resérvese, a partir del primer día del tercer año siguiente a la publicación de esta ley, exclusivamente a la pesca artesanal, el ejercicio de actividades pesqueras extractivas sobre la especie reineta. Los permisos de pesca industriales caducarán a partir de la misma fecha.
Lo anterior no tendrá lugar respecto de la fracción de dicha pesquería que se sujetare a los mecanismos de licitación establecidos en los artículos 39 y 40 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.”
-Del Diputado señor Ascencio y del Diputado señor Monsalve , para incorporar, en la Ley General de Pesca y Acuicultura, el siguiente artículo nuevo:
“Artículo nuevo: En el plazo de tres años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la Subsecretaría de pesca prohibirá el empleo del arte de pesca de arrastre en todo el territorio nacional.”
-Del Diputado señor Ascencio y del Diputado señor Monsalve , para modificar el Artículo Séptimo Transitorio, insertando un nuevo inciso primero, con el siguiente texto:
“Se reservará exclusivamente para la pesca artesanal, entre los años 2013 y 2032, ambos años inclusive, que podrá ser renovable, (el ejercicio de actividades extractivas en las pesquerías) de las especies sardina común, anchoveta, merluza común, merluza austral, congrio dorado, congrio colorado, congrio negro, reineta, raya y jibia.”.
-Del Diputado señor Ascencio , para reemplazar el artículo 7° transitorio por el siguiente:
“Artículo 7° transitorio. Lo dispuesto en el artículo 5° de la presente ley regirá hasta el 31 de diciembre de 2017.”
-De los Diputados señores Auth , Monsalve y Robles, para agregar un artículo transitorio nuevo, del siguiente tenor:
“En el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la Subsecretaría de pesca declarará la reineta (Brama austratis) como especie altamente migratoria.”
-De los diputados Edwards , García , Meza , Rivas , señora Rubilar , Sauerbaum y Velásquez , para agregar el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo.... de la presente ley regirá a partir del primer año calendario siguiente al de su publicación. Con todo el primer año de vigencia sólo se reservará para las empresas de menor tamaño un 1% de la cuota global industrial. Dicho porcentaje aumentará anualmente de conformidad al siguiente calendario hasta alcanzar el 5% de reserva establecido en dicha norma:
a) Segundo año de vigencia: 2% de reserva.
b) Tercer año de vigencia: 3% de reserva.
c) Cuarto año de vigencia: 4% de reserva.
d) Quinto año de vigencia: 5% de reserva.”
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor SILVA, don ERNESTO .
Se adjunta al presente certificado el informe financiero N° 148, de 13 de diciembre del 2011 y los informes financieros complementarios N° 73, de 5 de junio; 78, de 19 de junio; 79, de 20 de junio; 90, de 9 de julio; 92 de 9 de julio; 99, de 10 de julio; 104, de 11 de julio y 105, de 11 de julio, todos de 2012, elaborados por la Dirección de Presupuestos.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión de Hacienda .”
Informe Financiero
Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura
en Materia de la Sustentabilidad del Recurso, Acceso a la Actividad
Pesquera y Regulaciones para la Investigación y Fiscalización.
Mensaje N° 407-359
I. Antecedentes.
Existe consenso al afirmar que el estado de las principales pesquerías nacionales es preocupante, encontrándose en su mayoría sobreexplotas e incluso algunas en estado de colapso, lo que obliga a relevar la sustentabilidad de los recursos como uno de los criterios rectores de la regulación que debe regir la actividad a futuro. Lo anterior no sólo es necesario para la conservación del medio ambiente, sino que además permite proyectar a un sector que depende de la sustentabilidad de los recursos, permitiendo que futuras generaciones puedan aprovechar también las riquezas que ofrece nuestro extenso mar.
Los principales contenidos del proyecto de ley se enumeran a continuación:
1) Se plantea como objetivo principal garantizar el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. Para lograrlo, se propone incorporar dos nuevos artículos 1°A y 1°B, al Título 1, que contienen una serie de consideraciones a tener en cuenta al momento de aplicar e interpretar la ley, y se incorporan nuevas definiciones tales como, rendimiento máximo sostenible (RMS), estado de las pesquerías (pesquería sub-explotada; pesquería en estado de plena explotación; pesquería sobreexplotada y pesquería colapsada o agotada), y puntos biológicos de referencia (PBR).
2) Se modifica el proceso de toma de decisiones de administración de recursos, al eliminar las facultades resolutivas de los Consejos Nacional y Zonales de Pesca. Junto con ello se crea un Panel de Expertos, asesor en el proceso de torna de decisiones, y se incorporan modificaciones para limitar la potestad de la Autoridad, previniendo que por los efectos sociales que implica la reducción o mantención de cuotas globales, la decisión se aleje de los fundamentos científicos, y ponga en riesgo la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, debiendo siempre mantener o llevar la pesquería al RMS.
3) Se incorpora un artículo 9° A que establece que cuando una pesquería se encuentre, de conformidad con los PBR determinados, en estado de sobreexplotación o colapso se debe establecer un programa de recuperación dentro del plan de manejo de la pesquería.
4) Respecto de la asignación de recursos, se incorpora un nuevo artículo 26 bis que introduce las cuotas individuales transferibles en aquellas pesquerías que están plenamente explotadas y administradas con cuota global de captura, definiendo licencias transables de pesca (LTP) tipo A, y el artículo 27 las tipo B y C.
Las LTP clase A, son indefinidas y aplican a todas aquellas pesquerías que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley cumplan con los requisitos (declaración en plena explotación y cuota global de captura) y para aquéllas que cumplan dichos requerimientos en el futuro, de acuerdo a un coeficiente de participación. Dicha licencia podrá decrecer hasta en un 15% de su asignación inicial si concurren ciertos eventos.
Por su parte las LTP clase B se originan mediante subasta pública, y provienen del excedente de la fracción industrial de la cuota desde el 15% bajo el rendimiento máximo sostenible hasta dicho umbral (RMS). Estas licencias son indefinidas y con un coeficiente de participación fijo.
Por su parte, las licencias transables de pesca clase C, originadas mediante subasta pública, provienen del exceso de cuota industrial por sobre el RMS. Tienen una duración de un año y estarán expresadas en toneladas.
En cuanto al diseño de la subasta, queda entregado a un Reglamento.
Los valores a pagar como consecuencia de las subastas se expresarán en unidades tributarias mensuales por toneladas y la primera anualidad se pagará dentro de los quince días siguientes a la fecha de la adjudicación y las siguientes durante el mes de marzo de cada año.
Durante los diez primeros años los pagos anuales por las licencias transables clase B, corresponderán al valor de adjudicación multiplicado por las toneladas que le corresponda a ese año de acuerdo al coeficiente de su licencia transable de pesca. A partir del año once en lugar del valor de adjudicación, cada titular de licencia clase B estará afecto al impuesto específico que se establece en el artículo 43 ter.
Se incorpora la obligación de inscribir en un Registro Público del Sernapesca las naves con que se harán efectivos las licencias y permisos, dado que la nueva normativa establece que las licencias transables de pesca no tienen una nave asociada directamente.
Por su parte, la Subsecretaría de Pesca deberá llevar un Registro de las licencias así como de los actos jurídicos que se celebren sobre ellas.
5) En materia de patentes pesqueras e impuesto específico, se establece el pago en una cuota, en el mes de marzo de cada año, y se incorpora una patente pesquera a los armadores artesanales de embarcaciones de una eslora Igual o superior a 12 metros. Dicha patente será equivalente a 0,4 unidades tributarias mensuales por cada tonelada de registro grueso de la embarcación que haya efectuado operaciones pesqueras. Solo se pagará por las naves que se inscriban en el Registro que llevará el Servido.
El artículo 43 ter, establece que los titulares de licencias clase A (y B al año 11 de subastada) deberán cancelar, además de la patente, un impuesto específico que corresponderá al número de toneladas que tengan derecho a extraer de conformidad con el coeficiente de participación que representen sus licencias, multiplicado por el mayor valor entre los resultados obtenidos en las letras a) y b) de dicho artículo.
6) Respecto de la pesca artesanal, se incorporan diversas regulaciones tales como la exclusividad de un área de reserva de una milla para embarcaciones de una eslora igual o inferior a 12 metros, y obligación de contar con un seguro de vida contra muerte accidental e invalidez a los pescadores embarcados. Respecto del Régimen Artesanal de Extracción, se incorpora un párrafo en el Título IV que contienen la regulación de dicho régimen en forma íntegra.
7) Respecto de infracciones y sanciones, se tipifica y establecen sanciones para conductas atentatorias con la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. El proyecto de ley innova respecto de las sanciones, estableciéndose multas proporcionales y el descuento de lo capturado en exceso, eliminándose como sanción el descuento del porcentaje asignado.
Asimismo, se establece un procedimiento administrativo sancionador, el cual ya no será substanciado a nivel central sino que por el Director Regional del Servicio Nacional de Pesca que tenga competencia en el lugar donde tuvieren el principio de ejecución los hechos que configuran la infracción.
8) Se amplía la obligación del uso de un dispositivo de posicionamiento satelital a los armadores artesanales de embarcaciones de una eslora igual o superior a 12 metros y a las embarcaciones de transporte.
9) Se incorpora en una norma de carácter permanente la obligación de entregar la información de captura desembarcada por viaje de pesca certificada por una entidad auditora externa acreditada por el Servicio Nacional de Pesca.
10) Se reemplaza el Párrafo 3° del Título XII de la ley de pesca y se crea un organismo asesor de la administración pesquera denominado Panel de Expertos Pesqueros. Este Panel estará integrado por cinco miembros, tres de los cuales deben provenir de carreras relacionadas con las ciencias del mar, uno de las ciencias económicas y uno del área ambiental. Los miembros del Panel serán nombrados por el Presidente de la República , tres de ellos a propuesta del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, uno a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y uno por el Consejo Nacional de Pesca.
Los miembros del Panel recibirán una dieta por cada sesión que asciende a 30 Unidades Tributarias Mensuales la que no puede exceder de 90 UTM al mes.
11) Se incorpora un Párrafo 4° en el Título XII, con el objeto de regular la facultad de la Subsecretaría de crear Comités Científicos Técnicos. Estos Comités serán asesoría a la Administración y de consulta en las medidas de administración. Se podrán crear uno por pesquería o por grupo de ellas.
12) Se incorpora en el Párrafo 5 del Titulo XII, al Instituto de Fomento Pesquero, señalándole una función pública, y encomendándole la tarea de administrar las bases de datos generadas en actividades de investigación y monitoreo de las pesquerías y de la acuicultura.
13) Se introducen cambios al artículo 173, ampliando los objetivos del Fondo de Administración Pesquero.
14) El Artículo 1° transitorio establece la entrada en vigencia de esta ley para el día 1 de enero del año 2013.
15) El Artículo 7° transitorio incorpora una norma que establece el fraccionamiento entre el sector artesanal e industrial de la cuota global de captura de las principales pesquerías nacionales. Esta norma rige entre los años 2013 y 2032.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
De acuerdo a lo expuesto precedentemente las acciones que originan un mayor gasto fiscal, y la Institución comprometida, se muestran en el cuadro siguiente:
MM$ 2011
1
Mantención y actualización del nuevo Registro de Licencias Transables de Pesca
16,8
16,8
2
Funcionamiento del Panel de Expertos Pesqueros
193,2
193,2
3
Funcionamiento de Comités Científicos Técnicos
28,3
28,3
4
Fiscalización administrativa a artesanales e industriales
49,8
48,2
5
^@#@^Vigilancia Satelital
80,9
46,6
6
Certificación de Desembarques Artesanales
434,0
Fuente: Subsecretaría de economía.
La diferencia de $41.7 millones entre los años 2013 y siguientes corresponde a gastos por una vez, asociados a equipos e instalaciones de nuevo personal como se detalla en las notas siguientes.
Notas
1. Corresponde a la contratación de un profesional G°8 de la EUS.
2. Corresponde al gasto de UTM 30 por cada una de las 3 sesiones mensuales que por 11 meses deberá cancelarse a los 5 expertos definidos en la ley.
3. Corresponde al mayor gasto de 11 Comité Científicos, para las reuniones anuales que debieran desarrollarse cada año.
4. Corresponde a la contratación de 3 profesionales G°9 de la EUS y sus gastos indirectos permanentes (consumos) y por una vez (inversiones), asociados.
5. Corresponde a la contratación de 4 profesionales G°15 de la EUS y sus gastos indirectos permanentes (consumos) y por una vez (inversiones), asociados.
6. Corresponde a la contratación de 19 profesionales G°15 de la EUS y sus gastos indirectos permanentes (consumos y arriendo vehículos) y por una vez (inversiones), asociados.
Respecto de ingresos, un cuadro comparado con la situación actual y proyectada se muestra a continuación:
MM$ 2011
Vigente1
16.770
16.938
17.107
17.278
17.451
17.625
17.802
17.980
Ingresos esperados2
15.391
17.162
17.657
18.238
18.677
19.193
19.649
20.120
Diferencia
-1.379
224
550
960
1.226
1.568
1.847
2.140
Ingresos Esperados
i. Los cálculos comparados reflejan el impacto del término de la sobretasa de 110% establecida en el artículo 43 bis de la ley vigente, y la propuesta de que a diferencia de la ley vigente, el pago de patentes se efectúa solo por las naves que operan.
ii. En relación a recaudación por subastas públicas e impuesto especifico, la proyección incorpora el hecho de que el año 2013 no se producen subastas, lo que si ocurre paulatinamente en distintas pesquerías, a partir del año 2014 originando licencias Tipo B y C, y por tanto solo incluye ingresos por impuesto específico en 2013.
iii. Una segunda consideración es que lo señalado en el número anterior, afecta al monto del impuesto específico a pagar en los años 2014 y siguientes, dado que los valores obtenidos en la subasta modifican dicho valor, según señala la letra b) del ad 43 ter, lo que se refleja, en ausencia de mayor información, en una estimación de 5% y 10% para las LTP B y C sobre el valor de sanción.
(Fdo.): GUILLERMO PATTILLO ÁLVAREZ , Director de Presupuestos (S)”.
Informe Financiero
Indicaciones Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura en materia de la sustentabilidad del recurso, acceso a
la actividad pesquera y regulaciones para la investigación y
fiscalización.
Mensaje N° 108-360
I. Antecedentes.
En lo principal, se incluyen las siguientes indicaciones:
1) Numerales 6), 7) y 8) - Elaboración e implementación de Planes de Manejo de pesque-rías. Se agrega la obligación de elaborar e implementar planes de manejo en 12 pesquerías, los que serán revisados cada 5 años, instrumento que ha demostrado ser muy exitosa en otros países, en particular en pesquerías sobre explotadas o colapsadas, y que permite establecer objetivos, plazos y metas para una pesquería, incorporando a todos los actores afectados por los contenidos del plan.
La Subsecretaria de Pesca es responsable por la elaboración e implementación del plan de manejo, los que son de naturaleza regional.
2) Numeral 26) - Reemplazo de sanciones judiciales por administrativas, nueva responsabilidad del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Se agregan sanciones administrativas a aplicar por el Servicio para incumplimientos asociados con el Régimen Artesanal de Extracción (RAE), que es una forma de administración mediante propiedad colectiva sobre los recursos pesqueros. De esta forma el Servicio contará con herramientas más disuasivas que las sanciones a través de tribunales que se aplican años después de cometida la infracción. Dichas sanciones serán aplicadas por los Directores Regionales respectivos, con el objeto de una mayor oportunidad en la aplicación de sanciones y de descentralización. La instrucción y sustanciación del procedimiento estará a cargo de un funcionario que designe el Director Nacional del Servicio .
3) Numeral 29) - Nuevas facultades legales para Sernapesca
Esta indicación le da nuevas facultades al Servicio para resolver vados de la legislación vigente en cuanto a solicitar información relevante para una mejor fiscalización a distintos órganos de la administración del Estado, ordenar al capitán de una embarcación a recalar en el puerto que se designe cuando exista sospecha de incumplimiento de la normativa sobre cuota y talla mínima, y en caso de emergencia sanitaria en la acuicultura poder determinar donde se depositaran las mortalidades para evitar el contagio de los demás peces.
4) Numerales 31) y 32) - Creación obligatoria de Comités Científicos Técnicos. Se le da mayor relevancia al rol de los Comités Científicos Técnicos por pesquería en el proceso de toma de decisiones al establecer que serán dichos Comités los que definen el rango dentro del cual debe fijarse la cuota, buscando restringir la discrecionalidad de la Autoridad mediante criterios científicos que permitirán el desarrollo de un sector pesquero sustentable. Dichos comités deben constituirse en forma obligatoria, no voluntaria como señalaba el proyecto de ley. Asimismo, se elimina el Panel de Expertos debido a la dificultada para contar con un grupo reducido de personas expertas en pesquerías y realidades regionales muy diferentes.
5) Numeral 36) - Creación de 4 Subdirecciones en Sernapesca
La Ley 20.560 creó la Subdirección de Acuicultura en el Servicio. Esta indicación busca completar la estructura básica de la Institución creando las Subdirecciones a cargo de las otras dos áreas que constituyen el foco de la institución que son Pesquerías y Comercio Exterior. Asimismo crea las Subdirecciones de Administración y Jurídica que prestan apoyo transversal al resto del Servicio.
Por otra parte, el Servicio presenta una alta rotación de funcionarios, en particular de los fiscalizadores, lo que hace complejo lograr una fiscalización efectiva y oportuna, por lo que se agregan recursos para enfrentar los desafíos de esta iniciativa.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
Las acciones que originan un mayor gasto fiscal, y que modifican lo informado en IF N° 148, se muestran en el cuadro siguiente:
MM$ 2012
Indicación
Subsecretaría de Pesca
2013
2014
2015 a 2017
6, 7 y 8
Establecimiento de planes de manejo para pesquerías de acceso cerrado.1
298,7
242,4
72,1
31
Creación de Comités científicos Técnicos.2
98,9
98,9
98.9
Menos
Incrementos.3
176,1
119,8
-50,5
Nota: A partir del año 2018 repite el mismo ciclo mostrado desde 2013 a 2017.
MM$ 2012
Indicación
Servicio Nacional de Pesca
2013
2014 y siguientes
26 y 29
Nuevas responsabilidades y facilidades legales para el servicio.4
588,0
588,0
28
Certificación de desembarques industriales y artesanales de más de 12 metros.5
490,6
490,6
36 (Art. 2°)
Creación 4 nuevas Subdirecciones en Sernapesca6
264,9
264,9
Menos
Informe Financiero N° 1487
-434,0
-428,3
Incremento Neto
909,5
915,2
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
Informe Financiero
Indicaciones Proyecto de Ley que Modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura en Materia de Sustentabilidad del Recurso , Acceso a
la Actividad Pesquera y Regulaciones para la Investigación y
Fiscalización.
Mensaje N° 112-360
I. Antecedentes.
En lo principal, se incluyen las siguientes indicaciones:
1) Se incorpora un inciso segundo al artículo 47 bis, en orden a establecer que, si bien, la primera milla marina del área de reserva artesanal quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras de embarcaciones de una eslora inferior a 12 metros, se permitirá en casos calificados, la operación de embarcaciones superiores.
2) Se modifica el numeral 37), en el sentido de fijar como máximo en 65 años de edad la obligación de poseer seguros de vida para los embarcados.
3) Se agrega en el numeral 38), que modifica el artículo 55, un nuevo inciso final, que establece un plazo de dos meses para que la Subsecretaría se pronuncie estableciendo el número de vacantes en las pesquerías, considerando el estado de la pesquería de que se trate.
4) Se agrega un numeral 39) nuevo, donde se intercalan dos incisos nuevos al artículo 55 1. Se permite a los titulares de asignación artesanal ceder las toneladas asignadas para un año calendario a un armador industrial o titular de licencia transable de pesca, quienes deberán extraerlas de acuerdo a la normativa vigente y dentro de la unidad de pesquería autorizada.
En los casos de régimen artesanal de extracción por área, flota u organizaciones de pescadores, en la solicitud de cesión deberá contar con el acuerdo de todos los pescadores artesanales que formen parte de dichas unidades de extracción.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
Las indicaciones señaladas no involucran mayor gasto fiscal.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
Informe Financiero
Indicaciones Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura en materia de sustentabilidad del recurso, acceso a la
actividad pesquera y regulaciones para la investigación y
fiscalización.
Mensaje N° 129-360
I. Antecedentes.
En lo principal, se incluyen las siguientes indicaciones:
1) En el Numeral 1) - Se incorporan las definiciones de Política Pesquera Nacional e Informe Técnico, Para el caso de la Política se requiere establecer directrices de cómo aplicar, y en qué contexto, las normas legales que facultan para la administración de las pesquerías. Respecto del Informe Técnico, se incorpora a la norma su definición, dado que prácticamente todas las medidas de conservación y administración de la ley de pesca se basan en un informe técnico sin embargo no se señala cual es su contenido mínimo.
2) En el Numeral 2) - Se reemplaza la letra b) del numeral 3), cuyo objetivo es incorporar la visión científica en la determinación de indicadores, Dada la consecuencia que tiene la veda extractiva (quedan sin efecto las autorizaciones de pesca otorgadas por el sólo ministerio de la ley), se requiere que al momento de establecerla tenga un sólido fundamento técnico.
3) En el Numeral 3) - Tiene por objeto resolver un error de redacción en la indicación, la que se podía interpretar como una excepción a) procedimiento que se incorpora en el artículo 3 letra c).
4) En el Numeral 4) - Se aumenta en dos el número de participantes de los Comité Científicos por la complejidad de administrar una pesquería como el jurel que su distribución abarca prácticamente todo el territorio nacional y se requiere contar con la visión de las regiones del norte y de la centro sur.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
En el número 4) se permite la incorporación de dos cupos para integrar el Comité Científico de las pesquerías pelágicas, que incrementan el mayor gasto fiscal informado en IF, N° 73, permanentemente, según lo siguiente:
Indicación
Subsecretaria de Pesca
$/año
Al artículo 1°
Incorporación de 2 nuevos miembros al Comité Científico Técnico Pelágico.1
1.440.000
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
Informe Financiero
Indicaciones Proyecto de Ley que Modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura en Materia de Sustentabilidad del Recurso , Acceso a
la Actividad Pesquera y Regulaciones para la Investigación y
Fiscalización.
Mensaje N° 141-360
I. Antecedentes.
En lo principal, se incluyen las siguientes indicaciones:
1) En el Numeral 1) - Se modifica el artículo 4° de la ley de pesca en el sentido de reemplazar el Panel de Expertos por el Comité Técnico Científico, dada la eliminación del Panel del proyecto de ley.
2) En el Numeral 2) - Se modifica íntegramente el artículo 8° de la ley de pesca para establecer los Planes de Manejo, cambiando la nomenclatura de la Mesa Pública Privada por Comité de Manejo y estableciendo el número máximo de participantes, además del objetivo y las medidas que pueden adoptarse.
3) En el Numeral 3) - Son cambios formales de la numeración contenidos en el artículo 8° por la derogación artículo 9°.
4) En el Numeral 4) - Se traspasa el artículo 55 1 al 55 5 para un mejor orden en los artículos que contendrán el régimen artesanal de extracción (RAE). En el cuerpo del artículo se contienen el traspaso de la cuota asignada.
5) En el Numeral 5) - Se integra el artículo 55 S que permite el traspaso de un titular de Licencia Transable de Pesca (LPT) a un armador artesanal estableciéndose las limitaciones y regulaciones para operar en dicho traspaso.
6) En los numerales 6) y 7) - Se Incorporan dos artículos transitorios nuevos, uno que establece una graduación en la obligación del uso de un sistema de posicionamiento satelital, y otro artículo transitorio que gradúa la entrada en vigencia de la obligación de certificación de desembarques artesanales.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
Las indicaciones señaladas no involucran mayor gasto fiscal.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
Informe Financiero
Indicaciones Proyecto de Ley que Modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura en Materia de Sustentabilidad del Recurso , Acceso a
la Actividad Pesquera y Regulaciones para la Investigación y
Fiscalización.
Mensaje N° 145-360
I. Antecedentes.
Se incluye principalmente lo siguiente:
1) Se modifica el numeral 25) que modifica el artículo 39, para hacer una corrección a la ley vigente y compatibilizar la licitación en pesquerías en recuperación, con el nuevo régimen de licitación propuesto que se basa en la fracción industrial en lugar de la cuota global anual de captura (industrial más artesanal). Adicionalmente se agrega una nueva letra al numeral 25), incorporando el procedimiento necesario para implementar el cambio establecido.
2) Se modifica el numeral 26) que modifica el artículo 40, para hacer una corrección a la ley vigente y compatibilizar la licitación en pesquerías en desarrollo incipiente que se contemplaba en ella, con el nuevo régimen de licitación propuesto que se basa en la fracción industrial en lugar de la cuota global anual de captura (industrial más artesanal). Además se incorporan dos nuevas letras al numeral 26), incorporando a la ley el procedimiento necesario para implementar el cambio establecido.
3) Se incorpora un nuevo numeral, el cual sustituye el inciso 30 del Art.47, acotando la posibilidad para que los titulares de licencias transables o autorizaciones (industriales) puedan pescar en la zona delimitada, será sólo sobre los recursos de sardina y anchoveta en Arica y Parinacota, y Tarapacá y Antofagasta; y de Camarón Nayión, langostino amarillo y colorado, y gamba, además de las dos anteriores, para Coquimbo.
4) Se modifica el numeral 37), el cual incorpora el artículo 50 C nuevo, desagregando el pago de la patente artesanal que será de UTM 0,2 por Toneladas de Registro Grueso (TRG) para las embarcaciones de entre 12 y 15 metros, y de UTM 0,4 por TRG para las embarcaciones de entre 15 y 18 metros. El proyecto original contemplaba UTM 0,4 para todos.
5) Se establece un descuento a la patente artesanal del 100% del gasto de inversión en instalación del sistema de posicionamiento satelital por una sola vez, con arrastre a años siguientes; y hasta el 50% del gasto operacional anual del sistema de posicionamiento satelital. Igualmente, los armadores que paguen por la certificación de desembarque, podrán descontar del pago de la patente hasta el 50% del gasto de dicha certificación.
6) Se agregan dos nuevos artículos transitorios, uno que especifica que los cambios a los Art.39 y 40 (numerales 1 y 2 de esta indicación), serán para las pesquerías que se declaren en régimen de recuperación y desarrollo incipiente, con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. El otro transitorio, acota que la operación de los industriales en la franja de cinco millas, no podrán contemplar un área mayor a la autorizada en las Resoluciones de autorización vigente a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
7) Se modifica el numeral 30 remplazando el nuevo Art.43 bis, para incorporar los nuevos valores de la patente de titulares de licencia clase A, aumentando cada tramo en 10% respecto a los anteriores.
8) Se modifica el numeral 31 cambiando el nuevo Art.43 ter, para disminuir el impuesto específico sobre los titulares de licencia clase A, desde 4,2% a 3,3%
9) Se agrega un nuevo artículo transitorio al proyecto de ley para establecer un período de gradualidad de 10 años respecto a /a metodología desde la patente vigente a la nueva.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
Respecto de lo informado en el 1F N° 148, los ingresos por patentes para el lapso 2013-2020 se modifican por año como se indica en el cuadro que sigue; no obstante, en el acumulado de ese período se mantienen prácticamente constantes (aumentan en M$ 548).
Cifras en miles de $
Fuente
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
^@#@^IF N° 148
15.391
17.162
17.657
18.238
18.677
19.193
19.649
20.120
Indicación
13.658
16.228
16.549
18.650
19.299
20.130
20.761
21.360
Variación
-1.733
-934
-1.108
412
622
937
1.112
1.240
(Fdo.). ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
Informe Financiero
Indicaciones Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura en materia de sustentabilidad del recurso, acceso a la
actividad pesquera y regulaciones para la investigación y
fiscalización.
Mensaje N° 156-360
I. Antecedentes.
Se incorpora un nuevo numeral 38) que deroga el Art.55 F, sobre patente única que pagan los pescadores artesanales titulares de un área de manejo.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
La menor recaudación fiscal neta estimada por concepto de patente es $ 523 millones en régimen (calculados sobre 73.181 hectáreas).
Se deja constancia que el Informe Financiero N° 98 de 10/07/2012 ha sido anulado.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
Informe Financiero
Indicaciones Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura en materia de sustentabilidad del recurso, acceso a la
actividad pesquera y regulaciones para la investigación y
fiscalización.
Mensaje N° 161-360
I. Antecedentes.
1) Se modifica el numeral 10) que incorpora el Art.26 bis, letras a) y b), con el objeto de reincorporar texto original del proyecto de ley que permite disminuir la participación en la cuota de las licencias A cuando se realicen licitaciones.
2) Se reemplaza el numeral 11) respecto a la facultad de licitar 15% de cuota industrial del proyecto de ley original, pero esta vez se gatilla cuando ha transcurrido 3 años continuos, o discontinuos en un período de 5 años, de que la pesquería esté sobre su máximo sustentable y se haya licitado licencias C.
3) Se incorpora un nuevo numeral 33), para agregar en el Art.47 de la ley: a) que la exclusividad para la pesca artesanal en las cinco millas será también para la zona entre los paralelos 41° y 430; y b) sustituye el inciso 30 del Art.47, acotando en la ley la posibilidad para que los titulares de licencias transables o autorizaciones (industriales) puedan pescar en la zona delimitada será sólo sobre los recursos de sardina y anchoveta en Arica y Parinacota, y Tarapacá y Antofagasta; y de Camarón Naylón, langostino amarillo y colorado, y gamba, además de las dos anteriores, para Coquimbo. La ley actual no acotaba pesquerías específicas.
4) Se modifica el Art. 64 E para establecer que el Servicio Nacional de Pesca hará un concurso para seleccionar las entidades auditoras que hagan la certificación de los desembarques, como así mismo, mediante resolución fijará las tarifas máximas cobradas por las auditoras.
5) Introduce un nuevo inciso al Art. Segundo transitorio estableciendo que aunque no se ejerza el traspaso de autorizaciones a licencias clase A, de todas formas se licitará según lo establecido en el Art.27.
6) Se incorporan tres nuevos artículos transitorios sobre:
-Reserva primera milla entrará en vigor un año después de vigencia de ley;
-Planes de manejo para pesquerías sobreexplotadas deberán estar aprobados 18 meses después de vigencia de ley; y
-Los comités científicos comenzarán 6 meses después de vigencia de la ley.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
Las indicaciones señaladas no involucran mayor gasto fiscal.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
Informe Financiero
Indicaciones Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura en materia de sustentabilidad del recurso, acceso a la
actividad pesquera y regulaciones para la investigación y
fiscalización.
Mensaje N° 165-360
I. Antecedentes.
Se incluye en lo principal las siguientes materias:
1) Se establece que la Subsecretaría de Pesca elaborará el programa de investigación necesaria para la regulación de la pesca y la acuicultura, el que deberá ser priorizado, aprobado por Resolución y publicado en página web. Para su elaboración podrá requerir propuestas de investigación a los Consejos Nacionales y Zonales de Pesca y a la Comisión Nacional de Acuicultura, así como al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y los Comités Científicos Técnicos, con plazo definido.
2) Determina que la investigación para la regulación pesquera y acuícola deberá ser ejecutada por IFOP, el que podrá subcontratar parte de su ejecución, mediante licitación pública. Define además que la investigación contenida en el programa que no esté asignada al IFOP será efectuada a través del Fondo de Investigación Pesquera (FIP).
3) Se incorporan una serie de normas al FIP, respecto a su administración, composición del Consejo y funciones de este último, como asimismo, la creación del cargo de Director Ejecutivo del FIP (cargo que se creará en la planta de la Subsecretaría de Pesca, Jefe de Departamento grado 4° E.U.R).
4) Se establece que dentro de los programas de investigación del IFOP y el FIP, deberán contemplarse los fondos necesarios para la contratación de evaluaciones externas para cada uno de los proyectos de investigación, que verifiquen el cumplimiento de los Términos Técnicos de Referencia y la calidad técnica de los resultados.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
La indicación genera un mayor gasto fiscal permanente anuales, según lo señalado en la página siguiente:
Notas
Subsecretaría de Pesca
2013 en adelante
1
Revisiones por pares (evaluadores expertos) en proyectos de cartera de investigación IFOP
44.341
2
Revisiones por pares (evaluadores expertos) en proyectos de cartera de investigación FIP
52.485
3
Creación del cargo de Director Ejecutivo del Fondo de Investigación Pesquero, en la Planta de fa Subsecretaría de Pesca.
34.942
Total miles de $ 2012
131.768
Notas:
1.- Se estiman 49 proyectos de investigación realizada por IFOP en el año; y el número de evaluaciones por proyecto es de 4 (considerando 2 informes de avance, un tercer informe de avance y un informe final). El valor unitario de cada informe es de UF 10.
2.- Se estiman 58 proyectos de cartera licitados por FIP en el año; y el número de evaluaciones por proyecto es de 4 (considerando 2 informes de avance, un tercer informe de avance y un informe final). El valor unitario de cada informe es de UF 10.
3.- Sueldo bruto Jefe de Departamento grado 4° EUS ($ 32.942 miles al año) más viáticos ($ 2.000 miles al año).
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 14 de junio de 2012.
Oficio N° 7.445
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por eta Magistratura con fecha 14 de junio de 2012 en el proceso Rol N° 2187-12-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 299 N°3, 431 y 433 del Código de Justicia Militar, en los autos Rol
^@#@^N° 90-2009, de que conoce el Sexto Juzgado Militar de Iquique, a los fines que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
VALPARAÍSO.”