Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Claudia Nogueira Fernandez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Moreira Barros
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- EVENTUALES PRESIONES DE GRUPO INVERSIONISTA DE PROYECTO HIDROAYSÉN Y RESPUESTA DEL GOBIERNO EN ESTA MATERIA. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alfonso De Urresti Longton
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Carlos Montes Cisternas
- Patricio Vallespin Lopez
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Ojeda Uribe
- Lautaro Carmona Soto
- Adriana Munoz D'albora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EVENTUALES PRESIONES DE GRUPO INVERSIONISTA DE PROYECTO HIDROAYSÉN Y RESPUESTA DEL GOBIERNO EN ESTA MATERIA. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Pedro Araya Guerrero
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Alfonso De Urresti Longton
- Jose Manuel Edwards Silva
- Cristian Letelier Aguilar
- Sergio Ojeda Uribe
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 64ª, en miércoles 1 de agosto de 2012
(Especial, de 15.14 a 16.58 horas)
Presidencia del señor Monckeberg Díaz, don Nicolás.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Objeto de la Sesión.
- Eventuales presiones de grupo inversionista de proyecto Hidroaysén y respuesta del Gobierno en esta materia. Proyecto de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Modifica el Código Sanitario en materia de regulación a las farmacias.”. (boletín N° 6523-11) (S). (223-360)
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica ley N° 20.599, que regula la instalación de torres soporte de antenas emisoras.”. (boletín N° 8366-15). (224-360)
3. Primer informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Modifica el Código Penal con el objeto de establecer el ocultamiento como una circunstancia agravante.”. (boletín N° 7903-07)
4. Moción de los diputados señores Sabag, Araya, Cardemil, Chahín, De Urresti, Edwards, Letelier, Ojeda y Rincón, que “Modifica el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Tribunales, con el objeto de reforzar el rol de la Excma. Corte Suprema en la unificación de la jurisprudencia en materia civil”. (boletín N° 8465-07)
5. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia de la sentencia definitiva recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de “artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, del Ministerio de Obras Públicas.”. Rol 1863-10-INA. (7558). Rechazado
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 2 días, a contar del 31 de julio próximo pasado.
2. Oficios:
- De la Comisión de Régimen Interno por el que comunica la participación del diputado señor Jorge Burgos Varela, en la convocatoria del Parlamento Latinoamericano para la XVII Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias y de las Subcomisiones de Denuncias y Políticas Carcelarias, que se desarrollará en Brasilia, Brasil, entre el 28 y 30 de agosto próximo. (230)
- De la Comisión de Régimen Interno por el que comunica la participación del diputado señor Ignacio Urrutia Bonilla en la convocatoria del Parlamento Latinoamericano para la XVIII Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que se desarrollará en Brasilia, Brasil, entre el 29 y 30 de agosto próximo. (231)
- De la Comisión de Régimen Interno, por el que da cuenta que accedió a la petición del diputado señor Iván Moreira para integrarse oficialmente a la delegación que visitará China y Corea entre el 10 y 18 de agosto próximo por encontrase en dicho país en tales fechas (234).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, los ministros de la Secretaría General de la Presidencia , don Cristián Larroulet Vignau, y de Energía, don Jorge Bunster Betteley.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvo presente el diputado señor David Sandoval Plaza. -
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 15.14 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 58ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 59ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
EVENTUALES PRESIONES DE GRUPO INVERSIONISTA DE PROYECTO HIDROAYSÉN Y RESPUESTA DEL GOBIERNO EN ESTA MATERIA. Proyecto de acuerdo.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Esta sesión se motivó en una presentación suscrita por 52 honorables diputados y diputadas, “con el objeto de discutir sobre la grave situación ocurrida a partir del hecho público y notorio, en que la opinión pública pudo advertir una serie de presiones indebidas por parte de uno de los grupos integrantes del Proyecto HidroAysén, fundado en una supuesta ausencia de certezas para realizar su inversión, atendido el complejo escenario del proyecto de tendido eléctrico de más de 2.000 kilómetros que atravesaría parques nacionales y territorios indígenas, justificándolo a base de un supuesto ‘interés nacional’ en su concreción. Que en este contexto, tal como informó la empresa Colbún a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por ahora no desarrollará ni enviará proyecto de evaluación ambiental referido al trazado para HidroAysén, en circunstancias de que, coetáneamente, el Estado licita un estudio público para la línea de transmisión eléctrica a través de Chilecompras, vinculado al trazado de Cochrane a Calbuco, que la Subsecretaría de Energía pagará con recursos públicos. Lo anterior, sumado al mensaje del Ejecutivo con carácter de ‘urgencia’ para otorgar concesiones eléctricas, evidencia ante la opinión pública que el Gobierno está coadyuvando al trabajo inconcluso de Endesa y Colbún, en circunstancias de que lo que el país demanda es una gran reforma energética.”
A esta sesión han sido citados la ministra del Medio Ambiente , señora María Ignacia Benítez, y el ministro de Energía , señor Jorge Bunster.
Hago presente a la Sala que la señora ministra del Medio Ambiente ha excusado su asistencia por motivos de agenda.
En el tiempo previo de 15 minutos contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano, harán uso de la palabra los diputados señores Enrique Accorsi y Alfonso de Urresti.
Tiene la palabra, hasta por siete minutos y medio, el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , en primer lugar, saludo al ministro de Energía , Jorge Bunster .
Este tema es relevante en materia de energía para el país. El sector eléctrico, como uno de los subsectores más relevantes de la economía chilena, se estructuró sobre la base de una economía abierta de libre mercado, en la que básicamente el sistema se conforma y se define por los propios actores de dicho mercado -empresas eléctricas-, sin mayor intervención estatal. No hay proyectos del Estado en esta materia, por lo que reduce su función solo a la fijación tarifaria, sin consideraciones distintas a las del mercado, como podrían ser las de ordenación territorial, planificación energética, consideración del medio ambiente y variables sociales.
Este régimen está contenido, esencialmente, en el DFL Nº 1, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, que, por más de treinta años, ha permanecido vigente, con adecuaciones que no han alterado su esencia, complementado eficazmente por el Código de Aguas, de 1981, que mercantilizó el insumo básico para la hidroelectricidad: el agua. Antes, en cambio, las leyes de 1925, 1931 y 1959 establecían un sistema público de concesiones eléctricas, que fue reemplazado por uno en el que solo la distribución es un servicio público concesionado.
En este esquema, tenemos un sistema eléctrico que sigue dominado por las orientaciones definidas por el mercado, pero, paradójicamente, es monopólico y concentrado -hasta la ley Corta I, Endesa y Transelec se encontraban integradas verticalmente-. Hoy, solo tres empresas - Endesa , Colbún y Gener - generan y comercializan más del 84 por ciento de la energía en el SIC, y tienen más del 94 por ciento de la participación en el mercado eléctrico en el SING, a través de E-CL, Gener y Gas Atacama , con ausencia absoluta de planificación y políticas públicas sobre la materia -el Estado actúa subsidiariamente y ha abandonado paulatinamente su rol activo en el sector, donde antiguamente gestionaba muchas de las empresas eléctricas-, y sin control ambiental, como lo hemos visto en los últimos proyectos.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), implementado a fines de los 90 ha demostrado su rotundo fracaso, no solo para evaluar proyectos eléctricos, sino como instrumento idóneo de evaluación ambiental, dado su alto grado de politización y su escaso rol técnico. Se han aprobado muchas centrales más bien por una definición de inversión y por apoyo político.
El resultado de la regulación vigente, desde el punto de vista ambiental, es una matriz sucia, con preeminencia de fuentes energéticas a carbón e hidráulicas de gran impacto, como las megacentrales; desde el punto de vista económico, es un mercado monopólico, principalmente en materia de generación y transmisión, y desde el punto de vista social, un servicio caro e ineficiente. No hay uso eficiente de la energía. De toda la energía que producimos, alrededor de 40 por ciento se pierde. No hay incentivos al ahorro y se castiga el uso de fuentes renovables o eficientes. Todavía está absolutamente trancada en la Cámara la tramitación del proyecto de ley del 20/20, aprobado por unanimidad en el Senado, puesto que, prácticamente, no se ha movido una coma.
Hoy, el concepto más próximo a carretera eléctrica en la legislación es el de sistema troncal de transmisión. Este sistema sigue la lógica del libre mercado -competitividad y eficiencia económica de todo el sistema-, matizado con una definición indicativa que se hace cada cuatro años en cuanto a inversiones proyectadas por el propio sector.
Este enfoque implica, en la práctica, que la transmisión troncal se define y se hace en tanto las reglas del mercado lo indiquen, sin consideración alguna a las intervenciones que se requieran en los diferentes territorios del país.
Dada la envergadura de los proyectos y los problemas que atraviesan proyectos de transmisión de amplio alcance, como HidroAysén, hoy la ciudadanía se pregunta si se construirá una carretera especial para HidroAysén, con fondos estatales. El Ejecutivo ha propuesto el establecimiento de la llamada carretera pública eléctrica, porque así esa empresa privada se evitaría la construcción relativa al tendido eléctrico, que abarca un tramo de 2.500 kilómetros.
Este concepto no está claro ni definido en la legislación ni en política pública alguna en Chile. Al parecer, el Estado tendría un rol que cumplir en la carretera eléctrica, consistente en facilitar el desarrollo de los proyectos por la vía de establecer franjas de terreno o servidumbres para las instalaciones eléctricas de transmisión.
El Estado se haría cargo de obtener los permisos de acceso a esos terrenos o, eventualmente, de expropiarlos, para luego concesionar el diseño de construcción y operación de las redes de transmisión. Es decir, su injerencia se limitaría a facilitar los terrenos para la carretera y así reducir plazos y riesgos involucrados, siendo los privados los responsables de su ejecución y pago.
Así, las empresas transmisoras obtendrían los siguientes beneficios:
Primero, certeza sobre sus inversiones.
Segundo, baja conflictividad con particulares y comunidades de los territorios por intervenir.
Tercero, no harían las evaluaciones ambientales requeridas; al parecer, las haría el Estado, pero no se sabe cómo y bajo qué esquema, preevaluación, definición de línea de base, etcétera.
Cuarto, no requerirían o tendrían garantizada una más ágil concesión eléctrica.
Los problemas o dificultades que este esquema generaría a la ciudadanía serían:
Primero, la definición de una carretera implica un cambio de modelo que hoy no existe, amparado en la ley eléctrica: transmisión privada versus transmisión pública.
Segundo, se establecería un subsidio encubierto del Estado a las empresas eléctricas, a menos que estas paguen todos los beneficios asociados a la carretera.
Tercero, la variable ambiental no está clara ni definida. ¿Quién y cómo se evaluará ambientalmente una carretera de este tipo, ya que el Estado sería parte interesada en el tema?
Cuarto, implica y presupone un ordenamiento territorial que hoy tampoco existe. ¿Por dónde pasará? ¿Pasará a través de parques, ciudades, campos o comunidades?
Quinto, podría ser la forma disfrazada de preaprobar malos proyectos eléctricos que, de otro modo, no podrían haber existido, como la definición sobre HidroAysén.
Una carretera eléctrica debe cautelar y evitar ser una regulación para la industria eléctrica privada; debe ser la oportunidad para ordenar y planificar el desarrollo de este sector sobre bases seguras, que den garantía a la población sobre esta carretera pública.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, por su intermedio quiero saludar al señor ministro .
Quienes hemos solicitado esta sesión, queremos definir y discutir una nueva política energética, con la participación de todos los ciudadanos y actores. Creemos que Chile necesita una gran reforma energética y no un traje a la medida para las empresas.
Desde abril de 2011, luego de la aprobación del megaproyecto de HidroAysén, la ciudadanía se movilizó como nunca en este país, en cada plaza y ciudad, a fin de rechazar políticas energéticas que claramente agreden. La ciudadanía rechazó el proyecto y se realizaron marchas en todo Chile. En la diapositiva, vemos algunas imágenes de ellas.
En mayo de 2011, el Presidente Piñera anunció en su mensaje a la nación el proyecto de carretera eléctrica. A la fecha, transcurrido más de un año, desconocemos los contenidos de la iniciativa que, por su importancia, requiere incluir un alto grado de participación de la sociedad civil en su elaboración.
Un proyecto de alto impacto y estratégico debe proteger los intereses del Estado, de los chilenos y no de empresas que concentran el mercado eléctrico.
Un conjunto de parlamentarios de todos los colores políticos, senadores de la república, la ciudadanía, expertos, organizaciones no gubernamentales, académicos, llevamos adelante un documento de participación que se le entregó al Presidente de la República , pero todavía no tenemos respuesta.
En el actual modelo en Chile, solo tres empresas, Endesa , Colbún y Gener , generan y comercializan el 84 por ciento de la energía en el Sistema Interconectado Central, y tienen 94 por ciento de la generación en el Sistema Interconectado del Norte Grande, por medio de E-CL, Gener y Gas Atacama . Claramente, vemos la alta concentración existente.
¿Cuáles son las presiones? Con mucha preocupación, vimos que el 30 de mayo de este año Colbún, una de las principales gestoras de HidroAysén, desistió de ingresar el estudio de impacto ambiental por línea de transmisión HidroAysén. Se notificó por el diario a las autoridades públicas, especialmente a las gubernamentales, sobre la paralización de ese proyecto.
Lo paradójico es que, una semana después, el Presidente de la República recibió en La Moneda a los empresarios del sector eléctrico. Esto es inaudito. En el país han marchado miles y miles de personas; los más prestigiosos académicos y sectores políticos y sociales señalan los inconvenientes que está produciendo la política energética; sin embargo, a los empresarios les bastó una semana para ser recibidos en pleno en La Moneda y fotografiarse junto al Presidente de la República .
Tras esa cita, el Gobierno anunció que aceleraría el proyecto de carretera eléctrica, con lo cual entregó una señal de “tranquilidad el sector”. Nos gustaría saber cuál es esa tranquilidad que le entregó al sector, en qué consiste, en qué se traducirá.
HidroAysén. El 12 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó, de manera contundente, el informe de las irregularidades del proyecto HidroAysén. En mis manos tengo el documento que da cabal información sobre las decenas de irregularidades. Como es obvio, HidroAysén rechaza el informe. El 17 de abril de este año se entregó copia de este informe a la embajada de Italia, dado que el Estado italiano tiene participación en ENEL, una de las empresas controladoras del proyecto.
¿Qué imagen de país queremos? Si Chile compite internacionalmente, si tiene gran presencia internacional de inversores, la pregunta es qué imagen venderemos en materia de seguridad y certeza jurídica en los ámbitos medioambiental y energético. ¿Con qué imagen nos vamos a quedar?
¿Y la sociedad civil? En mayo de 2011 se creó la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria para la Política y la Matriz Eléctrica. Diferentes sectores, importantes senadores de Gobierno e importantes autoridades del mundo académico y social participaron en la elaboración de un documento. El objetivo era tener una propuesta independiente, transversal y participativa para el desarrollo eléctrico del país.
Propuestas. Las conclusiones se entregaron al Presidente Piñera . Sin embargo, hasta hoy no hay una invitación del Presidente . Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro que si pudiera facilitar esa reunión del Presidente con las organizaciones, se lo agradecería mucho.
La propuesta pretende generar mayor independencia energética, seguridad de suministro, fomento de energías limpias, eficiencia energética y un cambio a la ley eléctrica, para generar real competencia y dotar al Estado de un verdadero rol estratégico en una materia clave para el desarrollo del país. Estamos proponiendo una política de Estado, consensuada y de largo plazo, y no para un proyecto en particular.
Chile no tiene una política energética; no está desarrollada ni delineada. La Ley General de Servicios Eléctricos, de 1982, formó un modelo centralizador y vulnerable, que no responde a los actuales desafíos. El Gobierno prepara el proyecto de carretera eléctrica, que no aborda el problema y que arriesga -debido a presiones de quienes controlan el sector-, ser un traje a la medida. Digámoslo claro; eso es lo que se está construyendo. Se trata de un proyecto hecho a espaldas de la comunidad, pero financiado por la gente, que beneficiará a las grandes mineras, que son las que más usan energía.
Estamos de acuerdo con el desarrollo industrial, principalmente el minero; pero las empresas deberían asumir o coasumir la responsabilidad de producir energía más cerca de los lugares de producción y con energías renovables no convencionales. El precio del cobre y de otros minerales facilita la posibilidad de asumir algo de ese costo en los proyectos energéticos.
Mayor debate. Los países desarrollados han optado por un nuevo modelo; el mundo desarrollado se dirige hacia los sistemas inteligentes de producción de energía.
Chile requiere una política energética diversificada, amplia y descentralizada. No es posible que el sur de Chile produzca energía para alimentar las mineras del norte.
Diversificación de la matriz hacia energías renovables no convencionales. El compromiso del Presidente , su proyecto 20/20 sobre energía renovable, no se ve reflejado en las propuestas del Gobierno, a pesar de la señales ciudadanas.
Se requieren consensos y definiciones de largo plazo, en el marco de una política país. Se debe incluir a toda la ciudadanía, basándose en principios democráticos e igualdad de derechos.
El Gobierno debe dejar de elaborar alternativas a la medida de las empresas solicitantes. El 74 por ciento de la ciudadanía rechaza HidroAysén. Este dato debiera llamarle la atención. Se requieren consensos y definiciones absolutos para seguir avanzando.
Esta semana nos enteramos de que el proyecto de carretera eléctrica no define trazado exacto de la línea y lo deja en manos de los consultores. Por la prensa nos enteramos de las características del proyecto. Señor Presidente , por su intermedio le digo al ministro que esto tiene que ser informado al Congreso Nacional, que representa la voz de los ciudadanos.
El ministro Bunster anunció que el proyecto de carretera eléctrica se presentará al Congreso Nacional a fines de agosto. Sin embargo, los empresarios ya fueron informados, la prensa ha sido informada y los sectores que interesan a las empresas ya tienen conocimiento.
Chile necesita una gran reforma energética. La ciudadanía así lo exige. Ojalá que esta sesión sirva para debatir y escuchar los planteamientos de esos miles y miles de ciudadanos que esperan, para el país, una política energética equilibrada y sostenible, no orientada a favor de quienes están instalando pingües negocios.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , es necesario contextualizar la reflexión y la discusión sobre la carretera eléctrica pública en una mirada más amplia.
La bancada de la Democracia Cristiana siempre ha estado preocupada de la evidente necesidad que tiene Chile de energía, para el desarrollo del sector productivo y para la satisfacción de sus necesidades básicas. Nadie niega esta necesidad. Para hacer frente a este escenario, debemos partir reconociendo que Chile no tiene una política energética explícita, en la que el Estado juegue el rol de orientación estratégica que le corresponde. El Estado debe entregar los lineamientos necesarios y definir una política en materia energética, para que todos los actores del sistema, ciudadanos, productores y distribuidores, tengan la película clara.
Cada día estoy más convencido de que el paradigma de neutralidad tecnológica que ha guiado nuestra política energética en el último tiempo, tocó fondo y que debe ser modificado. Eso han hecho diferentes países. Los Estados están mirando el cambio climático, la sustentabilidad y el desarrollo, haciendo ajustes y, de acuerdo con eso, definiendo opciones. Me pregunto por qué tenemos que ir siempre a la cola, ministro . Chile debe optar y definir qué tipo de matriz energética quiere, aprovechando las potencialidades naturales que tiene.
Nadie duda que hay que utilizar el recurso hídrico; pero no es necesario seguir pensando en megacentrales, en circunstancias de que las minicentrales hidroeléctricas dan buenos resultados, toda vez que generan energía suficiente. Estudios de proveedores de servicios señalan que podrían llegar a 8.000 o 10.000 megavatios. Entonces, ¿por qué no priorizar esa opción, por qué no priorizar las energías solar y eólica? ¿Por qué mantener el paradigma de neutralidad tecnológica, que solo ha servido para carbonizar nuestra matriz energética y, por ende, hacer menos competitivo el sector productivo, amén de no estar cumpliendo con la reducción de emisiones, exigencia que están haciendo los mercados internacionales, con la cual, nos guste o no, deberemos comprometernos?
Por eso, me preocupa no ver una señal en esa línea. Los comités asesores no entregan señales claras y explícitas en esta materia, y el Gobierno tampoco asume posiciones claras. Sin embargo, nos sorprende con la iniciativa de la carretera pública eléctrica. Me pregunto de qué sirve ese proyecto si no tenemos claro un concepto tremendamente importante: el desarrollo de una política energética basada en el ahorro de energía y en la eficiencia energética. Desde que terminó el gobierno de la Presidenta Bachelet está en manos del actual Gobierno un plan de acción concreto para ahorrar energía y mejorar la eficiencia, pero aún no se aplica. Esta es la punta de lanza de los países desarrollados. Lo más importante son las políticas de ahorro energético y de eficiencia energética; pero en este caso no hay ninguna acción concreta en esta materia.
Por eso, me preocupa el anuncio del proyecto de la carretera eléctrica, habida consideración de que estamos muy atrasados en temas extremadamente más importantes.
Lo mencionó el diputado De Urresti . Nada dice el Gobierno y nada hace tampoco para avanzar en el despacho del proyecto 20/20, que se aprobó en el Senado en forma unánime. En la Cámara no le han dado urgencia. El Presidente de la Comisión de Minería no puede avanzar en esta iniciativa, porque tiene otras urgencias. El Gobierno debería darle prioridad a este tema. Parece que no le basta la señal unánime que entregó el Senado de avanzar en esa dirección. ¿Acaso el Gobierno tiene una bolita de cristal única que no le permite ver este asunto como prioritario, a pesar de que el Presidente Piñera lo comprometió durante su campaña? Molesta que todas estas preguntas no tengan respuestas.
Para avanzar hacia una matriz energética más sustentable, los países desarrollados han dado respuesta a esas interrogantes.
El Gobierno tampoco dice nada ni ha dado señal alguna respecto de la urgente necesidad de avanzar -como lo han hecho los países que toman en serio el desarrollo y el contar con una matriz energética sustentable- en lo que se denomina “instalación de redes inteligentes o de generación distribuida”, que redunda en ahorros significativos para el sistema en los momentos de mayor demanda de energía. Incluso, los consumidores, los usuarios, pueden hacerse parte del ahorro y beneficiarse en los momentos de máximo consumo, toda vez que les mejora la tarifa.
Nada de eso estamos emprendiendo. Sin embargo, nos concentramos en el proyecto de construcción de una carretera pública eléctrica, respecto de la cual -insisto- lo que se dice pareciera ser razonable. Por ejemplo, cuando se señala que se quiere contar con una línea de transmisión única que incorpore la energía que proviene de distintos proyectos eléctricos que se desarrollan en el país, uno se pregunta ¿para seguir haciendo más de lo mismo? ¿Para facilitar y consolidar el negocio de un oligopolio energético, que ha obtenido enormes beneficios? ¿O para resguardar gran cantidad de esos espacios, que se crearían con la plata de todos los chilenos y chilenas, a fin de que puedan hacer uso de ellos otros agentes, otros operadores u otros tipos de fuentes de energía? ¿En qué porcentaje se va a priorizar? Obviamente, si es solo para seguir haciendo más de lo mismo, no tiene sentido construir una carretera de esas características, que facilite las cosas o sea un traje a la medida de quienes ya han profitado demasiado de un sistema que no puede seguir usando la neutralidad tecnológica como punta de lanza de su política.
Se ha destacado que entre los beneficios del proyecto figura el fortalecimiento del tendido eléctrico para el segmento residencial del Norte Grande. Ojalá que tengan luz garantizada, no me niego a eso.
También se ha dicho que dará mayor espacio para el desarrollo de energías renovables. Depende. ¿Qué prioridad tendrá una fuente por sobre la otra? Si se mantiene el paradigma de neutralidad tecnológica, entrará a esa red lo de siempre, con lo cual no estaremos aportando al desarrollo ni al establecimiento de una matriz sustentable. Probablemente, otorgaría mayor seguridad. Pero también depende del tipo de fuente que se privilegie.
Por eso, cuando el señor ministro señala por los medios de prensa que se creará un sistema de transmisión que permitirá inyectar la energía que produzcan los proyectos que se realicen en el extremo sur hacia la zona centro-sur del país, parece que está validando lo que ha planteado el diputado De Urresti , cual es que este proyecto es un traje a la medida para que se desarrolle HidroAysén y no da las respuestas de fondo que se necesitan respecto de la matriz y las políticas energéticas de Chile.
Asimismo, se señala que es un mecanismo que resuelve la viabilidad de transmisión del país. Ojalá así sea. ¿Pero cuáles son los contenidos específicos de lo que se quiere hacer?
Señor Presidente , a uno le preocupa el tema, porque los que más han valorado el proyecto son los actuales operadores, distribuidores y grandes consumidores de energía del país: las mineras, las cementeras, las siderúrgicas. Se trata de no más de cincuenta grandes empresas de Chile que consumen el 69 por ciento de la energía generada en todo el país. Si el proyecto solo quiere responder a eso, es más de lo mismo.
Por lo tanto, señor ministro , por intermedio del señor Presidente , no forcemos conceptos que no son reales. Acá se ha dicho que la carretera pública eléctrica es algo innovador; la verdad es que no tiene nada de moderno ni de innovador. Incluso, se podría decir que el proyecto es retrógrado, porque la gracia que tienen las energías renovables no convencionales es que se generan cerca de los lugares en que se consumen, son más flexibles y más dúctiles, quizás no necesitan de esa red pública eléctrica de norte a sur, ya que se pueden armar redes por cuencas, como se ha hecho en muchos países.
Uno se pregunta ¿por qué solo existe una mirada restrictiva? ¿Por qué seguir pidiendo la construcción de una red de transmisión eléctrica de norte a sur, con todas las debilidades que eso tiene y que el ministro probablemente conoce, ya que se supone que es entendido en estas materias?
Entonces ¿cuál es el objetivo final de esta iniciativa? Si se dice que es para evacuar a través de ella la energía renovable, es un mal chiste, porque eso no se garantiza si no se precisa que se abandona la neutralidad tecnológica como política fundamental.
Además, debo formular algunas preguntas obvias al ministro . ¿Se asegurarán los proyectos históricos de siempre? En esta carretera pública eléctrica ¿existirán espacios garantizados para energías renovables no convencionales para nuevos operadores? ¿Cuáles serán las condiciones de entrada al negocio? ¿Qué se busca? ¿Cómo garantiza el Estado -no un gobierno, porque tiene que ser una política de Estado- que habrá espacios privilegiados resguardados para las energías renovables no convencionales? ¿Se avanzará en la construcción de redes inteligentes? ¿Se avanzará en la generación distribuida? ¿Tendremos una política de eficiencia energética real? Si la hubiésemos aplicado desde hace dos años, no se necesitaría de HidroAysén para satisfacer la demanda energética futura.
Hago estas preguntas con respeto al señor ministro , porque estimo que él debe sopesar que lo que quiere la bancada de la Democracia Cristiana es determinar cuál es la prioridad que se dará a las distintas fuentes energéticas, cómo se asegurará que entren otros operadores y cómo cuadra la carretera eléctrica pública con el nuevo desafío de una política y de una matriz energética sustentables. Las respuestas a estas preguntas son las que Chile necesita para su desarrollo. Esperamos que el Gobierno las plantee como políticas de Estado.
No obstante, tengo mis dudas respecto del objetivo final del proyecto. Por respeto, prefiero hacer las preguntas para que las contesten quienes correspondan. Si las respuestas van en contra de los planteamientos que he formulado, creo que la carretera pública eléctrica no será un aporte al desarrollo energético sustentable de Chile, sino un paso negativo que consolidará un oligopolio que lo único que ha hecho es subir los costos de la energía en Chile, transformarnos en un país menos competitivo y construir redes de transmisión inseguras desde el punto de vista técnico, económico y social.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señor Presidente , por su intermedio, saludo al ministro de Energía .
Fue un hecho conocido por todos cuando Colbún, la generadora del grupo Matte , informó que detendría los estudios de la línea de transmisión para el megaproyecto HidroAysén, controlado por Endesa.
Quienes prefieren oponerse al Gobierno interpretaron ese acontecimiento como una medida de presión; para otros no fue más que el reflejo de lo delicado que es el tema energético en el país.
Creemos que la decisión de Colbún refleja que tenemos una tarea pendiente muy grande como país y como sociedad para desarrollar los proyectos de energía, tanto en generación como en transmisión, que permitirán satisfacer la creciente demanda energética del país.
En los hechos, leemos esto como una “crisis” por la que atraviesa el país, pues en temas de transmisión no poseemos la capacidad de aportar al sistema eléctrico las líneas transmisoras necesarias.
Tal falta nos afecta de dos maneras: primero, en cuanto a una gestión segura y económica de la generación de energía, y, segundo, por el desarrollo de nuevas centrales generadoras de tecnología renovable o tradicional.
Así, el diagnóstico hecho hasta ahora es que requerimos de los medios que nos permitan incorporar mayor competencia al mercado de generación eléctrica y condiciones ambientales más ventajosas.
Por tal razón, la decisión de Colbún nos inquieta y preocupa muchísimo. El país necesita de este tipo de proyectos para alcanzar el desarrollo.
Esperamos que reconsideren seriamente tales planteamientos, pues creemos que el actual Gobierno ha estado construyendo las condiciones institucionales y reglamentarias que permiten la materialización de este tipo de inversiones.
Como bancada, creemos firmemente que el país cuenta con una institucionalidad del sector eléctrico que ha permitido a diversas empresas llevar adelante sus proyectos de inversión con total cumplimiento de las normativas eléctricas y medioambientales. En esta línea, también debemos tener en cuenta el documento sobre política energética de largo plazo para Chile, dado a conocer por el Presidente Sebastián Piñera en febrero de este año. En él se establecen con claridad y de forma acertada los grandes lineamientos de política pública que Chile debe desarrollar en el más corto plazo.
Por tales razones, pensamos que existe una política energética. Tanto es así, que tenemos una Ley Eléctrica desde 1982, que se ha ido perfeccionando en los últimos años y que es la más exitosa del mundo.
El parque generador del Sistema Interconectado Central (SIC) se ha multiplicado casi seis veces en estos últimos treinta años. Han llegado inversionistas extranjeros y se privatizó el sector, lo que ha permitido satisfacer de forma eficiente una demanda creciente.
Entonces, concretamente, existe una política energética. Otra cosa es que haya que profundizarla y modernizarla. En eso ha estado trabajando el actual Gobierno.
En este contexto se ha impulsado y promovido la generación de otro tipo de proyectos, tales como las hidroeléctricas y las energías renovables no convencionales (ERNC). Sabemos que las necesidades energéticas hasta 2014 están cubiertas, pues hoy más de 3.000 megawatts están en construcción. Por tanto, no tendremos problemas de suministro durante el actual Gobierno.
Sin embargo, esta Administración no ha querido dejar a un lado sus responsabilidades con el país para el largo plazo. Por eso, la cuestión energética debe abordarse con una visión que trascienda a un gobierno específico. En tal sentido, los esfuerzos han estado centrados en definir una mejor política de Estado en materia energética, una política de desarrollo eléctrico. El objetivo está en satisfacer tanto nuestra necesidad de crecimiento y de energía, como la justificada necesidad social de que exista un balance adecuado respecto del medio ambiente.
En este contexto, nació la iniciativa de estudiar la posibilidad de implementar una “carretera eléctrica” y un “multicarrier”, que, por lo demás, forma parte del mandato planteado por el Presidente de la República en su discurso del 21 de Mayo de 2011.
Estas dos propuestas se orientan a definir un sistema de transmisión más robusto, que tome en cuenta el crecimiento que se requiere y la demanda y oferta a largo plazo. Una gran carretera para la transmisión de energía nos permitiría tener flexibilidad para instalar proyectos que, de otra manera, no podrían implementarse. Habida consideración de lo que se ha señalado respecto de la interconexión entre los sistemas del Norte Grande y el sistema central, no podemos negar que se está pensando en una mirada más de largo plazo, de manera de definir desde ya lo que será el sistema de transmisión de los próximos 10 o 15 años, teniendo en cuenta cómo se debe expandir la generación.
Así, la “carretera pública eléctrica” busca que el Sistema Interconectado Central (SIC) cuente con una línea de transmisión única y que incorpore la energía de diversos proyectos con corriente alterna.
Pensar esto como un reforzamiento del actual sistema, es abordar el problema de manera cortoplacista, ya que el desarrollo del sector eléctrico en un horizonte de veinte a treinta años debe reconocer que las necesidades energéticas del país podrían ser el doble o el triple de las actuales.
De acuerdo con la industria, en diez años se requerirá una capacidad eléctrica de unos 20.000 megawatts, versus los 10.000 que se generan hoy.
Debemos tener en cuenta que los impactos de estas políticas van a beneficiar al país en uno, dos o tres gobiernos más. Lo que al Gobierno le interesa es mejorar las condiciones del país que permitan impulsar y concretar el tan anhelado desarrollo.
Por ejemplo, se ha señalado que la iniciativa de la “carretera eléctrica pública” no es más que una señal de apoyo al proyecto HidroAysén, como una manera de simplificarles la vida. Sin embargo, a quienes opinan así les decimos que la iniciativa, si bien podría beneficiar a HidroAysén, también lo hará con centrales de menor tamaño que hoy enfrentan problemas de judicialización con propietarios de terrenos.
Según lo anterior, aunque se realizara el proyecto de Endesa y Colbún, este no alcanzará a satisfacer toda la demanda energética a futuro, por lo que consideramos ventajoso que se facilite la conexión de distintos proyectos a la línea.
No obstante, quienes asumen estos argumentos no quieren ver que el objetivo de construir una sola carretera aporta innumerables beneficios, entre otros, principalmente, conjugar el menor impacto ambiental posible con la reducción de los plazos de transmisión, construcción y costos asociados. A ellos queremos aclararles que actualmente el SIC ya es una carretera pública eléctrica, y que en 2004, cuando se modificó la ley, se definió que cada cuatro años ella se expandiría. El problema que los gobiernos de entonces no quisieron o no fueron capaces de ver fue que, en la práctica, tal expansión ha resultado ser bastante tímida y ha producido serios “cuellos de botella”. Por esta razón, una mejora en el sistema permitirá acomodar, por ejemplo, la generación de las minihidro de la Región de Los Lagos y de las eólicas del Norte Chico.
El Gobierno está enfocado en planificar bien la expansión del sistema, ya que hoy la energía que generaría HidroAysén o Xstrata en la Región de Aysén simplemente no cabe en las líneas actuales.
De esta manera, otros proyectos también enfrentarán restricciones en el futuro. Por ello, será necesario buscar tecnologías que sean económicas y eviten pérdidas de energía para el trasporte hacia Santiago , la zona de mayor consumo del SIC.
El SIC requiere de transmisión adicional para trasladar los cerca de 6.000 megawatts en proyectos que ingresarían al sistema en diez años. Este corredor podría incorporar líneas adicionales para transportar los 3.750 megawatts que generarían las centrales de Energía Austral e HidroAysén.
No desconozcamos que si bien algunos países han tenido la suerte de contar con combustibles fósiles para basar en ellos su crecimiento, Chile tiene un tipo de combustible que provee la Cordillera de Los Andes: el agua, que debido a la fuerte pendiente del macizo andino llega hasta el mar después de recorrer miles de kilómetros a través de ríos, con la fuerza y el potencial energético necesarios para ser motor insustituible del desarrollo del país. Este es el petróleo de Chile, solo que, a diferencia de las naciones que lo producen o utilizan, el nuestro es limpio, puro y cristalino. No desaprovechemos el potencial que la naturaleza brinda a nuestro país. El agua es un elemento imprescindible en el desarrollo energético. Por eso, el Presidente Sebastián Piñera ha señalado que al menos el 45 por ciento de la matriz de generación debe estar representado por unidades en base a agua dentro de los próximos veinte años. Por tal motivo, para demostrar lo importante que es para el Gobierno que el país cuente con más energía, más barata y más diversificada, se creó la “Estrategia Nacional de Energía 2012-2050.”.
Por último, quiero decir que este desafío se concentra sobre todo en materias de generación, distribución y eficiencia energética, y en el desarrollo de energías no convencionales.
Es indispensable seguir realizando estos esfuerzos, para ampliar nuestra matriz energética y fortalecer nuestra capacidad de transmisión.
Además, hay una necesidad imperiosa de invertir en materia eléctrica para alcanzar un mayor crecimiento y una mayor eficacia energética, a fin de no lamentar futuras emergencias.
He dicho.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , la Democracia Cristiana pidió esta sesión, pero no hay ningún parlamentario de dicha bancada presente en la Sala. ¡Es una vergüenza! ¿Por qué no cierra el debate rápidamente?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Porque hay varios parlamentarios inscritos, señor diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , tengo varias dudas respecto del tema. Estoy convencido de que, de alguna manera, el país debe asegurar su desarrollo estratégico, pero la duda está en si la forma como debe hacerse es la que plantea el Gobierno.
Si uno mira lo que ha ocurrido, sobre todo la notoria presión ejercida sobre el Gobierno por grupos integrantes del proyecto HidroAysén, basándose en lo que han llamado “ausencia de certezas para realizar la inversión”, tiende a pensar en que lo que se quiere es “sacar las castañas con la mano del gato”. Porque es muy difícil sostener la idea de construir un tendido eléctrico de unos 2.000 kilómetros o pensar que la energía tiene que llevarse desde el extremo sur hasta el centro norte y el norte, para entregarla fundamentalmente a la producción minera.
Este tendido tiene que pasar la prueba en dos temas muy importantes: uno es el medioambiental.
Desde luego, el escenario es difícil y complejo. El tendido eléctrico pasará por parques nacionales, por lugares que seguramente se verán afectados y también por territorios indígenas, lo que todavía es más complejo, porque hay tratados internacionales y una legislación en materia indígena que obligan al Estado y a las empresas a acatar disposiciones y normativas. No es llegar y pasar por sobre ellas.
Así, quienes deseaban llevar adelante tales proyectos se percataron de que las dificultades eran demasiado grandes para enfrentarlas y resolverlas. Basados en un supuesto interés nacional, plantean al Gobierno la necesidad de resolver los problemas asociados a los ámbitos medioambiental y el relativo a los territorios indígenas por los cuales debe transitar la carretera eléctrica. De este modo, la empresa a cargo del proyecto concluyó que si el Estado estaba licitando, a través de ChileCompra, un estudio público para la línea de transmisión eléctrica vinculado al trazado Cochrane-Calbuco, que la Subsecretaría de Energía pagaría con recursos públicos, no era necesario hacer un esfuerzo en tal sentido, por cuanto el Estado, con plata de todos los chilenos, construiría la carretera eléctrica. A ello es necesario agregar que el Ejecutivo ingresó con urgencia el mensaje relacionado con el procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero preguntar al ministro cuál es la posición del Ejecutivo sobre esta materia. ¿Hacerle el trabajo a las empresas? ¿El Gobierno está de acuerdo con que la energía que produzca HidroAysén debe salir por una carretera hacia el norte para favorecer a toda la producción minero-industrial y a hacerse cargo del proyecto? ¿Cómo se va a resolver esa situación? Cuando uno examina las posibilidades energéticas de nuestro país y constata que existe una demanda nacional ciudadana para efectuar una gran reforma energética -en el futuro no podemos seguir produciendo energía basada, fundamentalmente, en centrales termoeléctricas y en megahidroeléctricas-, se pregunta por qué el Gobierno no escucha ese clamor ciudadano. ¿No hay tiempo para escucharlo? ¿Es tan caro, como se dice, implementar formas alternativas de producir energía?
De acuerdo con las últimas noticias, los países desarrollados ya están ideando posibilidades de usar energía alternativa, porque los costos de la energía solar y otras han bajado enormemente. ¿Por qué no licitar centrales hidroeléctricas de pasada -ellas son factibles de implementar-, habida consideración de los innumerables caudales de agua que pueden aprovecharse para producir energía eléctrica? Con ello evitaríamos construir una carretera eléctrica tan larga. ¿Por qué no buscar la forma de producir energía en el norte, donde esta se necesita para los grandes emprendimientos mineros? ¿Es que el Gobierno se niega a buscar la “solución rápida”?
Debo manifestar que las empresas involucradas en este asunto han utilizado una serie de argumentos, respecto de los cuales también tengo dudas. Señalan que si no se implementa esa energía, el pueblo, la ciudadanía, se verá desabastecida. Asimismo, quieren dar la sensación de que el Estado es el responsable de que en Chile no exista energía suficiente. Todos sabemos que el grueso de lo que se genere en la Patagonia no va a ir al consumo doméstico, ni siquiera al industrial ni al comercial, sino que a satisfacer la demanda directa de los proyectos mineros de la zona norte del país, respecto de los cuales existen millonarias sumas comprometidas. Se ha dicho, incluso, que se ponen en peligro futuros puestos de trabajo, por cuanto no se podrán llevar adelante esos proyectos mineros. ¿No existe otra manera de contribuir al desarrollo del país? ¿Debe ser solo de este modo? ¿Tenemos que construir esa inmensa y larga carretera eléctrica, en circunstancias de que se proyecta donde no se necesita?
Me parece que el Gobierno debería escuchar a todos quienes plantean la necesidad de una gran reforma energética. Debemos impulsarla en conjunto, sin pensar en que unos están por el desarrollo del país y otros en contra, torpedeándolo. No se trata de eso, sino de pensar, sencillamente, en qué es lo mejor para el país.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , independientemente del difícil problema que representa HidroAysén y otros proyectos, quiero manifestar, en presencia del ministro , mi profunda preocupación porque hasta el momento no hay claridad respecto de una política energética del Gobierno. El señor ministro nos ha dicho que durante agosto se hará pública tal política. Así lo esperamos; sin embargo, como ha quedado dicho, hasta el momento no se vislumbra.
No podemos quedar sin energía para el desarrollo futuro. La situación es grave, porque el consumo eléctrico ha aumentado entre un 6 y 7 por ciento. Además, el tipo de energía utilizada es carísima. En Chile, pagamos el doble por ella en comparación con países vecinos, especialmente Perú. Eso es lo grave.
Nuestra minería, por el alto precio del cobre, soporta ese mayor costo por el uso de energía, pero no olvidemos que Perú también tiene grandes reservas de mineral; sin embargo,-reitero- paga la mitad del valor que desembolsamos nosotros por la utilización de energía eléctrica. Ello es grave para el desarrollo de nuestra industria local, ya sea esta de exportación o de sustitución de productos importados. Asimismo, es gravísimo para la agricultura chilena, en particular para la fruticultura, que necesita riego especial -microaspersión, goteo, riego tecnificado-, todo lo cual consume mucha electricidad. Lo mismo sucede con la producción en faldeos.
Por eso, por su intermedio, señor Presidente , reitero al señor ministro aquí presente nuestra preocupación por la indecisión del Gobierno de adoptar una política energética a largo plazo. ¿Qué pasará en Chile de aquí a 2020? Ya estamos en 2012 y, prácticamente, cualquier proyecto energético, incluidos los de energía renovable, que no contaminan, necesita fuertes inversiones.
Por eso, dejo planteada mi preocupación. Pronto examinaremos en la Comisión de Minería el proyecto sobre anexión eléctrica. Reitero, la situación se está agravando día a día por la falta de decisiones reales y de fondo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , esta tarde, la Cámara de Diputados nos ha convocado para opinar sobre la matriz energética del país.
Por intermedio de la Mesa, quiero saludar al ministro de Energía , señor Jorge Bunster , y traer un poco de tranquilidad a las personas que nos escuchan.
El Gobierno de Chile tiene un programa de desarrollo para las necesidades que hoy se requieren en lo que respecta a la energía. Es falso lo que han señalado aquí algunos parlamentarios, aun cuando reconozco que están en todo su derecho de decir lo que piensen, cuando reclaman que no hay un plan claro. Como muy bien señaló un colega que me antecedió en el uso de la palabra, durante los últimos treinta años, Chile ha incrementado su matriz energética, en materia de transmisión, en más de seis veces.
Digamos las cosas por su nombre: la matriz energética, por necesidades de mercado, pasó de depender de la energía hidráulica a depender de la energía termoeléctrica. Cuando comenzamos a legislar en materia energética -de esto ya han pasado algunos años-, Chile dependía en un 76 por ciento de la energía hidráulica, que alimentaba el Sistema Interconectado Central. En la actualidad, ese porcentaje es mucho menor.
Sobre la materia que nos convoca no solo entregaré cifras, sino también argumentos, a fin de señalar lo que pienso que se debe hacer en este ámbito.
El país ha utilizado sus ríos para generar energía hidráulica, pero debido a las sequías, como la ocurrida en 1998, hubo necesidad, en carácter de urgente, de desarrollar otras formas de generación de energía. La más cara de todas es la que utiliza petróleo. Lógicamente, las centrales que se han construido en los últimos años ocupan carbón. Incluso, nos han acusado de carbonizar la matriz energética. Hoy, en todo el mundo existe la tendencia a utilizar carbón, porque es un combustible competitivo desde el punto de vista de los costos; sin embargo, la tendencia es a criticar esa medida.
Se ha hablado de una carretera eléctrica pública, propuesta por el Presidente Piñera y su ministro de Energía . Estas carreteras existen en el mundo. Es importante entender que se está en busca de las mejores soluciones aplicadas en otros países. En Quebec, Canadá , un país y una ciudad que no solo respetan las normas ambientales, sino que exhiben un desarrollo espectacular, existe una carretera eléctrica pública de alta tensión. Tiene una extensión de más de 1.200 kilómetros. Tuve la oportunidad de conocerla. Es la misma carretera que hay que construir en el sur de Chile. Los problemas que se invocan en Chile para no construirla son la existencia de servidumbres y el hecho de que la carretera pasará por parques y territorios indígenas. ¡En todo el mundo sucede exactamente lo mismo! ¿Cuál es la solución? Se paga la servidumbre y se autorizan sectores para ser ocupados para que transite la carretera. Eso no significa que se va a afectar esos sectores, o que se generará daños ambientales. En este momento, Chile cuenta con energía para responder a la demanda del sector, pero no va a suceder lo mismo en el futuro. Muchos de los proyectos energéticos están atrasados en tres, cuatro y cinco años.
Por ello, creo que es absolutamente necesario elaborar normas adecuadas para acelerar esos procesos, y no dejar esta materia solo en manos del mercado y de la oposición de ecologistas y ambientalistas que impiden el desarrollo energético en el país.
Aquí se ha acusado -es la palabra que corresponde usar- al grupo Colbún-Endesa, responsable del proyecto HidroAysén, de utilizar malas prácticas. Lo que ha hecho es levantar la voz para señalar todos los impedimentos con los que se han encontrado para desarrollarlo. Estos no han provenido de las autoridades, sino de recursos judiciales que buscan no autorizar la construcción de plantas de generación de energía.
Por ello, creo absolutamente necesario que el país revise sus normas ambientales. Aquí no se pretende contaminar, o atentar contra la vida humana, vegetal o animal, sino, lisa y llanamente, resolver los problemas de buena manera.
Muchos han señalado que con la implementación de energías eólicas y solares podría resolverse el problema energético, lo cual demuestra que quienes invocan esos argumentos desconocen absolutamente la realidad en esta materia. Esas ener-gías no superan el 10 por ciento o 12 por ciento del requerimiento energético del país; el otro 90 por ciento o 92 por ciento es necesario cubrirlo con energía a carbón, petróleo o energía hidráulica. Es cierto que en Chile se puede construir un mayor número de centrales de pasada, pero ese fenómeno se ha visto incrementado luego de la crítica situación vivida por el país en 1998; con todo, es cierto, también, que la energía que generan estas pequeñas centrales debe ser soportada por una instalación para aportar energía al Sistema Interconectado Central, lo que también tiene un costo altísimo. La centrales de pasada necesitan apoyo y ayuda. De esa manera, quienes liciten energía de la alta tensión podrán llegar con su energía al Sistema Interconectado Central.
A mi juicio, están dadas las condiciones para construir nuevas centrales térmicas y para el desarrollo energético; sin embargo, en este momento el país está de rodillas como consecuencia de las controversias medioambientales, las que le han impedido avanzar. Si seguimos actuando con manga ancha en relación con los que se oponen a los proyectos, no podremos cumplir con los requerimientos energéticos. Si contamos con el apoyo necesario para llevarlos a cabo, los más de 100.000 millones de dólares que se van a invertir en los próximos años van a tener una respuesta efectiva; de lo contrario, el país va a seguir entrampado en lugares de pobreza.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (presidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero decirles a las personas que están observando el Canal de la Cámara de Diputados que en la Sala hay tres diputados de la UDI, dos de la Democracia Cristiana, un diputado del Partido Socialista , uno del PPD, uno de Renovación Nacional, que preside la sesión, y quien habla. Es decir, en este momento solo hay nueve parlamentarios para tratar un tema de tanta relevancia como el que nos convoca. Es cierto que están funcionando las comisiones, pero no todos los diputados están allí.
Si se llegan a construir los megaproyectos de que se ha hablado -esa es mi preocupación-, estos se van a concentrar en la Región de Aysén. Muchos rasgan vestiduras diciendo: “¡Protejamos la Patagonia!” o “¡Patagonia sin represas!” Pero, a veces -reconozco que no en todos los casos-, se trata solo de un eslogan publicitario para obtener dividendos políticos. Lo digo como patagón: me preocupa que haya gente importante, con poder político y con posibilidades de hablar a través de la prensa, que supuestamente defiende a la Patagonia y a su gente, cuando la realidad nos demuestra lo contrario.
Para nosotros, los aiseninos -ya lo he planteado en esta misma Sala-, no existe contradicción entre desarrollo y protección del medio ambiente. Quien pretenda frenar el desarrollo, no lo va a lograr. No creo que se pueda hacer lo mismo que en la época de la Revolución Industrial, porque Chile necesita más energía para lograr su desarrollo. Sin embargo, ese desarrollo debe ir aparejado con beneficios sociales, debe redundar en un avance integral donde todos los chilenos obtengamos beneficios, sin que la ejecución de esos megaproyectos energéticos signifique hacer más ricos a los ricos y mucho más ricas a las empresas transnacionales dueñas de nuestras aguas.
La convocatoria a esta sesión, que también firmé, señala: “Discutir sobre la grave situación ocurrida a partir del hecho público y notorio, en que la opinión pública pudo advertir una serie de presiones indebidas por parte de uno de los grupos integrantes del Proyecto HidroAysén,”. Es una acusación seria. Tal vez, debería demostrarse -a lo mejor, esa materia está incluida en el trabajo de la comisión investigadora respectiva- la existencia de tales presiones indebidas. Si existieron, independientemente de a quién haya afectado, sean particulares o entidades públicas, deben ser denunciadas ante los tribunales de justicia. Si hay alguna diputada o algún diputado que tenga antecedentes sobre la materia, tiene la obligación de entregarlos a quien corresponda.
Los aiseninos pretendemos lograr algunas cosas mínimas. Primero, nos gustaría participar en las decisiones que se tomen, tanto respecto de la ejecución del proyecto, como de la carretera eléctrica que se pretende construir y que corresponde a una propuesta del Ejecutivo. Quiero decirle al ministro de Energía que a los patagones se nos debería dar la posibilidad de tomar decisiones. Por eso, hemos solicitado, mediante diversos conductos, la realización de un plebiscito vinculante. Nos gustaría decidir sobre el proyecto, porque se trata de nuestras tierras y de nuestras aguas, aunque hay una gran cantidad de kilómetros cuadrados que pertenecen al señor Tompkins, un extranjero con visa de turista, y el sector sur de nuestra región es de propiedad de un empresario de apellido Luksic . Las aguas están en Aysén, pero no pertenecen a los aiseninos.
En síntesis, lo que le solicito al Ejecutivo , a través del ministro de Energía , es que se realice un plebiscito vinculante en nuestra región. Tal vez, los que se oponen a este megaproyecto se llevarían una sorpresa. Lo único que pido es que estos proyectos sean ejecutados aplicando toda la normativa medioambiental vigente y tecnología de punta, porque -insisto- no veo que exista contradicción entre desarrollo y protección del medio ambiente. Además, este megaproyecto debe significar, sin lugar a dudas, beneficios para los habitantes de la Región de Aysén.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , en realidad, me habría gustado que hubieran participado más diputados en la discusión de temas tan relevantes como son la energía y el desarrollo energético en nuestro país.
Quiero pedir disculpas en nombre de los parlamentarios ausentes de la Comisión de Minería y Energía, sin distinción de bancadas. En este momento se encuentran en esa instancia votando un proyecto sobre seguridad minera. Algunos decidimos acudir a la Sala, a fin de intervenir sobre este tema que, sin duda, es muy relevante.
¿Por qué digo que es relevante? Porque nadie podría negar que el país debe apostar por la diversificación de nuestra matriz energética, para lo cual tenemos que buscar todos los caminos viables, siempre que sean sustentables, reconociendo socialmente a los pueblos que se podrían ver afectados y teniendo una visión de futuro.
Sin duda, el gran desafío de nuestro país se relaciona con el desarrollo energético. Cuando se produjo el corte de gas que afectó a nuestro país, la región más perjudicada fue la de Antofagasta, donde hoy existen dos gasoductos. En realidad, hemos visto que existe una acción social avasalladora, pero sin una visión clara sobre un asunto relevante que se relaciona con la seguridad nacional. Por lo tanto, todo nuestro desarrollo energético debe tener un aditivo, cual es la seguridad nacional. Ya vivimos este problema, hace algún tiempo, cuando se produjo el blackout, con los consiguientes problemas energéticos, debido al corte que, lamentablemente, dejó en evidencia que nuestra matriz energética no se ha fortalecido suficientemente.
Pues bien, cuando existe una iniciativa del Gobierno y una estrategia para lograr el desarrollo, aparecen algunos señores que, lamentablemente, de una forma u otra, hacen que se acreciente el problema relacionado con nuestro desarrollo energético. Hoy, debemos apostar para que la matriz energética genérica no exista solo en el norte o en el sur, en forma separada. Aquí estamos ante un problema de conectividad que, hace algunos años, en los gobiernos de la Concertación, calculábamos que podría tener un costo de 400, 500 o 600 millones de dólares. Pues bien, ahora requerimos tener esa conectividad, pero para lograrla, debemos tener nuevas fuentes generadoras de energía. Por lo tanto, el proyecto HidroAysén es una alternativa para el desarrollo futuro del país. Si no fuera por el empeño que puso el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle en el proyecto Colbún-Machicura, también habríamos tenido problemas energéticos en el pasado.
Desde luego, existen problemas sociales que hay que soslayar, porque no se trata de intereses más o de intereses menos, sino del interés nacional. Por eso, le hemos pedido al Gobierno que se involucre con más fuerza en el desarrollo energético y, por lo mismo, surgió el concepto de la carretera eléctrica, no porque hayan existido más o menos presiones, como se dijo en un momento determinado respecto del proyecto HidroAysén, sino porque, hace algún tiempo, el Presidente ya se había referido a la materia.
Por otra parte, cuando hemos mencionado la geotermia como otra fuente energética, algunos pueblos indígenas han planteado sus inquietudes. Como se ha dicho durante el debate, existe conciencia de que esos pueblos requieren desarrollo y también beneficios, porque las nuevas fuentes energéticas están ubicadas en sus tierras. No hay que pensar que esta fuente energética entregará energía solo a los grandes centros urbanos, sino a todo el país, que necesita desarrollo, lo cual está íntimamente ligado a la energía.
En el norte -lo conversé con el ministro de Energía - el problema ya no es la falta de agua para el desarrollo de la gran minería. Es posible que las fuentes acuíferas estén agotadas porque se han sobreexplotado; pero, actualmente, el problema principal no es ese. Para realizar sus proyectos mineros, las empresas deberán mirar al mar y extraer agua desde allí para poder llevar a cabo sus faenas. Pero, ¿dónde radica el problema? En el costo de la energía.
Por lo tanto, en esta materia, dejando de lado los estigmas políticos, deberíamos estudiar la forma de fortalecer y diversificar nuestra matriz eléctrica. Para eso existen iniciativas y concesiones eléctricas que estamos analizando en la Comisión de Minería y Energía. También veremos uno sobre carretera eléctrica y el proyecto 20/20, sobre el que hay acuerdo para que sea discutido, algo que ya se realizó en el Senado. Por lo tanto, estamos comprometidos con el tema.
Sin embargo, debido a que se trata de un tema país, quiero que saquemos de esta discusión el estigma político, el aprovechamiento mezquino, muchas veces de grupos, que manipulan la información respecto de lo que realmente deseamos.
Aquí hay un tema muy relevante que dice relación con la diversificación de la matriz energética. Por otro lado, hablamos de desarrollo en todas las variables de la producción energética, pero, por sobre todo, deberíamos apostar por la seguridad energética. Todas las variables que se deben conjugar están asociadas a esa seguridad energética, fundamentalmente, en lo relativo a la eficiencia energética.
En una reciente reunión en Curazao de la Comisión de Minería y Energía del Parlatino, que integro en representación de la Cámara de Diputados de Chile, estudiamos la producción energética a partir de la basura. Las comunidades han apostado a diversificar su matriz energética, no solo para la iluminación y el consumo domiciliario, sino también para proveerse de insumos, como el agua, elemento tan necesario en esa isla tan apartada del continente.
Reitero, este es un tema país; no es patrimonio de un sector u otro. Por eso, queremos que el Gobierno se involucre más, porque hemos mostrado algunas debilidades, puesto que ha sido el mundo privado, el sector empresarial, el que ha marcado la línea de desarrollo energético. En mi opinión, eso no es conveniente, porque nos ha afectado, como ocurrió con la postergación del proyecto de HidroAysén.
Este tema no debiera terminar aquí, en esta sesión, porque es fundamental para el desarrollo. El país debe debatir de cara a su gente para proveer, como corresponde, una energía para el desarrollo, limpia y barata.
El país está en condiciones de llevar a cabo ese tarea, en un trabajo conjunto entre el sector empresarial y el estatal, sin perder de vista algo que me gustaría subrayar: el desarrollo energético está íntimamente ligado a la seguridad nacional.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , este debate se va encaminando hacia lo que deseamos: escuchar la opinión del Ejecutivo sobre la construcción de la carretera eléctrica y sobre lo que se pretende desarrollar.
Por la prensa nos hemos enterado que el ministro de Energía afina borrador y detalles del proyecto de carretera eléctrica.
De acuerdo con la información que hemos recogido, sabemos que los empresarios están bien informados sobre esta situación, porque el Presidente de la República , con mucha cortesía, los invitó a una reunión, y me imagino que fueron bien atendidos, que se sintieron cómodos en el palacio de La Moneda, la sede del gobierno de todos los chilenos. Vimos una foto en que lucían muy contentos.
Luego, formularon una declaración a la prensa en que anunciaban que suspenderían momentáneamente la ejecución del proyecto HidroAysén.
No sé si el ministro de Energía estaba presente -no lo distinguí en la foto-, pero lo concreto es que estaban dándoles garantías para sus proyectos.
Entonces, cabe preguntarse: ¿cuáles son las garantías para el resto de los ciudadanos, para ese 74 por ciento que rechaza el proyecto HidroAysén y que quiere la implementación de una política energética consensuada?
A nosotros ni siquiera nos ha llamado el Presidente de la República , no obstante entregarle formalmente este proyecto que tengo en mis manos, contenido en el libro “Chile necesita una gran reforma energética”. Se trata de un estudio serio, acucioso, elaborado por decenas de organizaciones sociales y parlamentarios -entre los cuales también hay algunos de Gobierno-, como los senadores Antonio Horvath, Isabel Allende , Ximena Rincón, José Antonio Gómez , Carlos Cantero , y los diputados Patricio Vallespín , Enrique Accorsi y Alfonso de Urresti. Aún no tenemos respuesta.
Nos preocupa el debate que se debe desarrollar en la sociedad y la información que podemos entregar a los ciudadanos que representamos en nuestros distritos, principalmente a los del sur.
Por ello, pregunto al señor ministro qué ocurrirá con las comunidades indígenas. ¿Se considera el Convenio 169 de la OIT? El proyecto presentado señala que el nuevo modelo considera que, en caso de que la Comisión Nacional de Energía estime que ciertos tendidos son de alta importancia para la seguridad y crecimiento del sistema eléctrico, se utilizará la figura de la “línea de utilidad pública”. Un consultor externo, escogido a través de licitación, definirá cuál será el trazado.
Luego, año a año, se evaluará el estudio de expansión troncal y se determinará el trazado prioritario por donde pasará el tendido a levantar y se notificará a los afectados por dichas líneas de utilidad pública.
Habrá un consultor privado, se definirá la línea de base ambiental, todo lo cual estará sujeto a la evaluación interministerial, en la que participan los ministros de Energía , del Medio Ambiente y del Interior y Seguridad Pública.
Se quiere hacer algo con el dinero de todos los chilenos: una línea de transmisión para que los grandes productores que se pretenden instalar en la Patagonia traigan su energía barata, de corriente continua, al centro de Chile, para las grandes mineras. Eso lo vamos a pagar todos. Además, se vulnerará el Convenio 169 de la OIT, que exige consultar a las comunidades indígenas de las zonas por las que pasará el trazado. Por lo tanto, se vulnerarán los derechos legítimos de los propietarios cuando se inicie el proceso de concesión de las servidumbres. Es decir, se hará una especie de fast track para avanzar en la ejecución del proyecto.
¿Este sistema de líneas de utilidad pública vulnerará los parques nacionales y modificará la Convención de Washington? ¿Se dará carta blanca a la línea de transmisión? Eso es lo que queremos saber.
Ninguno de los que han solicitado esta sesión está en contra de generar una política energética seria y sustentable en el país, pero exigimos que no se haga a costa del medio ambiente, de las comunidades indígenas y de pequeños productores. No queremos que este proyecto sea un traje a la medida para las grandes empresas.
En cuanto a las irregularidades de HidroAysén, le pido al ministro que lea el Informe de la Comisión de Derechos Humanos, mandatada por la Sala para investigar las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén, que fue votado y aprobado por esta Sala. En ese documento se puede constatar que son evidentes.
¿Qué pasará con otras grandes centrales que pretendan instalarse? ¿Construiremos la carretera para que después se instalen las centrales, en circunstancias de que, de acuerdo con la legislación, con una evaluación ambiental estratégica se debiera considerar la central hidroeléctrica y la línea de transmisión?
Por ello, pedimos al Ejecutivo información, transparencia y resguardo del medio ambiente.
Chile somos todos, y no solo los poderosos, no solo las empresas eléctricas que han presionado y extorsionado al Presidente de la República.
Espero que la acción de Enersis, en especial la acción impresentable de Endesa, que en estos últimos días está amenazando a decenas de cotizantes chilenos de las AFP, no aplique el mismo criterio que se quiere utilizar para facilitar la transmisión a través de las líneas de la carretera eléctrica.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el ministro de Energía.
El señor BUNSTER ( ministro de Energía ).- Señor Presidente , vengo en cumplimiento de vuestra citación para exponer acerca de una supuesta coadyuva del Gobierno a las empresas Endesa y Colbún en materias relacionadas con el desarrollo del proyecto HidroAysén, en particular a su línea de transmisión.
Según se entiende del texto de la citación, la ayuda del Gobierno consistiría en la realización de un estudio para el trazado de la línea de transmisión eléctrica entre Cochrane y Calbuco, a cargo de la Subsecretaría de Energía y financiado con recursos públicos, y en la calificación de la urgencia al proyecto de ley de concesiones eléctricas, que actualmente se tramita en el Congreso Nacional, todo lo cual sería en respuesta a la presión indebida ejercida por la empresa Colbún, al recomendar a HidroAysén no seguir adelante con el estudio de impacto ambiental de su línea de transmisión.
Con respecto al estudio de la Subsecretaría, que se denomina “Transmisión de Energía y Protección de la Patagonia-Evaluación de Trazados de Líneas”, su licitación fue publicada en el portal ChileCompra el 15 de mayo del presente año, en tanto que el proyecto de ley de concesiones eléctricas ingresó a tramitación a la Cámara de Diputados el 3 de mayo recién pasado, con urgencia calificada de simple.
Por su parte, la declaración de la empresa Colbún -a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros- acerca de la recomendación de no continuar con el Estudio de Impacto Ambiental de HidroAysén fue hecha el 30 de mayo, es decir, con posterioridad a la fecha de ocurrencia de las iniciativas del Gobierno.
Como puede apreciarse, la sola secuencia de los hechos deja en evidencia que la determinación de la empresa Colbún no pudo haber sido la causal de las acciones del Gobierno, por cuanto estas ocurrieron con anterioridad.
Hecha esta aclaración, que me parece importante, paso a referirme al fondo de estas dos iniciativas del Ministerio de Energía.
Como es de público conocimiento, en mayo de 2011, el Presidente de la República anunció importantes desafíos en materia eléctrica, que buscaban responder a las crecientes demandas eléctricas de la economía nacional. Entendiendo que desarrollar el sector eléctrico requería una mirada de largo plazo, constituyó una Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE), integrada por expertos en distintas áreas, incluido medio ambiente, y cuya experiencia de varios de sus integrantes respondía a haber formado parte de los gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei y Lagos, y de la Presidenta Michelle Bachelet.
En forma paralela, en el Senado de la República, también se constituyó la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria, a la que aludió anteriormente un señor diputado . Ambos trabajos fueron un significativo aporte a la elaboración de la Estrategia Nacional de Energía, que fue dada a conocer por el Presidente Piñera en febrero pasado.
La Estrategia Nacional de Energía contempla seis ejes, uno de de los cuales es el fortalecimiento de los sistemas de transmisión de energía, labor fundamental para garantizar la seguridad en el suministro de energía, la incorporación de las energías renovables no convencionales y la operación económica de todas las instalaciones de generación de electricidad, elemento clave en la determinación de un precio competitivo de energía para nuestro país.
En la línea planteada anteriormente ha estado la presentación de un proyecto de concesiones eléctricas y servidumbres en mayo pasado, que es una preocupación que ha tenido el Gobierno desde su origen, manifestada ya en 2010, en un proyecto de ley presentado, perfeccionado en esta ocasión, como también en la elaboración de un proyecto de carretera eléctrica que será presentado próximamente en este Congreso Nacional.
En relación con el estudio de transmisión de Aysén, la iniciativa del Ministerio de Energía se origina en el compromiso asumido en la Estrategia Nacional de Energía de que la utilización potencial de los recursos hidroeléctricos de la zona de Aysén se lleven a cabo procurando preservar el medioambiente, la biodiversidad y las economías regionales de la Patagonia.
Ante la inminencia de la presentación de proyectos de desarrollo de líneas de transmisión en Aysén, el Ministerio de Energía estimó necesario formarse una opinión fundada, respondiendo al planteamiento establecido en la Estrategia Nacional de Energía.
Sin embargo, la licitación del estudio debió ser declarada desierta. De las dos propuestas que se recibieron, una no cumplió con los requisitos administrativos, lo que hizo imposible su consideración, y la otra presentó antecedentes técnicos que fueron calificados como insatisfactorios por la Comisión Evaluadora.
Para finalizar mi exposición, quiero señalar que el Ministerio de Energía está abocado íntegramente a materializar la Estrategia Nacional de Energía que anunció el Presidente Piñera a principios del presente año, cuya concreción requiere el apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado y cuyos resultados influirán decisivamente en la seguridad de suministro y competitividad del precio de la energía de los futuros gobiernos.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Se ha presentado un proyecto de acuerdo.
El señor Secretario dará lectura a su parte dispositiva.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo N° 708, de los diputados señores De Urresti, Torres, Teillier, Montes, Vallespín, Accorsi, Ojeda y Carmona, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que en su parte resolutiva señala lo siguiente:
“La Honorable Cámara de Diputados acuerda:
1° Oficiar a los Ministerios de Medio Ambiente, Bienes Nacionales y de Energía con el fin de:
a) Tomar todas las medidas inmediatas, efectivas y pertinentes con el fin de que el Estado no asuma la construcción o financiamiento de la línea de tendido eléctrico necesaria para la concreción de esos proyectos privados.
b) Iniciar un proceso nacional de confección de una nueva política energética, sustentable, viable económicamente, protectora del medio ambiente, segura e independiente, precedida de un debate ciudadano en las diversas regiones del país, involucrando a todas las agrupaciones interesadas.
c) Hacer partícipe en la discusión de la ubicación de un posible futuro proyecto de línea de transmisión eléctrica, si es que este se llega a concretar, a las comunidades indígenas que habitan la zona, conforme al mandato del artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas, con las características y requisitos particulares que dicha consulta debe cumplir de conformidad al mencionado convenio. Del mismo modo, integrar a las organizaciones sociales y a la comunidad en la discusión del proyecto, ya que afecta directamente la forma de vida de las personas que viven en el lugar.
d) Dar cumplimiento a toda la legislación pertinente que protege la flora y fauna nativa del país y los lugares de interés arqueológicos presentes en la zona en la cual se pretende hacer pasar el proyecto de línea de transmisión eléctrica, adoptando las medidas necesarias para cumplir estos fines.
e) Que se adopten medidas legislativas tendientes a corregir el enfoque energético que asume el mensaje del Gobierno, que busca consagrar un subsidio del Estado a particulares, en circunstancias de que existen instrumentos jurídicos que permiten que sea el propio Estado el que asuma un rol energético por medio de las empresas del Estado, a fin de estimular una redefinición de la estrategia energética a nivel nacional.”.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-El texto íntegro del proyecto de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 16.58 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
6523-11
Modifica el Código Sanitario en materia de regulación a las farmacias.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8366-15
Modifica ley N° 20.599, que regula la instalación de torres soporte de antenas emisoras.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas recaído en el proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de establecer el ocultamiento como una circunstancia agravante. (boletín N° 7903-07)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en moción de las Diputadas señora Cristi Marfil, doña María Angélica ; señorita Sabat Fernández, doña Marcela ; señora Zalaquett Said , doña Mónica y de los Diputados señores Harboe Bascuñán, don Felipe ; Letelier Aguilar, don Cristián ; Monckeberg Bruner, don Cristián ; Silber Romo, don Gabriel ; Squella Ovalle, don Arturo ; Walker Prieto, don Matías y Ward Edwards, don Felipe .
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión recibió la opinión del Ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg ; del asesor de dicho ministerio, señor Juan Francisco Galli Basili ; del Director Nacional de Orden y Seguridad Pública de Carabineros de Chile, señor Aquiles Blu Rodríguez ; del Capitán de Justicia de Carabineros de Chile, señor Gonzalo Barra Faúndez y del abogado y profesor de la Universidad Diego Portales y miembro del Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios, señor Jorge Contesse Singh .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.
Establecer agravantes de responsabilidad en determinadas conductas tipificadas en el Código Penal cuando el autor del respectivo delito actúe cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos.
2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No existen normas que reúnan tal carácter.
3.- NORMAS QUE REQUIERAN TRÁMITE DE HACIENDA.
No tiene normas que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
4.- APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.
El proyecto fue aprobado, en general, por seis votos a favor y un voto en contra.
Votaron a favor la Diputada señorita Marcela Sabat y los Diputados señores Giovanni Calderón , Cristián Letelier , Gabriel Silber , Arturo Squella y Matías Walker . Votó en contra el Diputado señor Carlos Montes .
5.- DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó Diputada informante a la señorita Marcela Sabat Fernández .
II. ANTECEDENTES.
a) Descripción de la Moción y sus fundamentos.
Los autores de la moción sostienen que, en los últimos años, se ha observado una creciente inquietud por parte de la población, en orden a manifestarse públicamente para dar a conocer a la autoridad y al país entero sus opiniones y necesidades. Esto hace que tanto en Chile como en el resto del mundo hayan aumentado considerablemente las marchas y protestas públicas. Este fenómeno se ha atribuido a diversas causales, dentro de las cuales la más recurrente parece ser el sentimiento generalizado de la población de una falta de representatividad por parte de los diversos poderes del Estado, principalmente, los Poderes Ejecutivo y Legislativo y que se extiende a la clase política en general, incluidos los partidos políticos.
Agregan que si bien el Estado respeta y acepta las manifestaciones públicas y marchas, como legítimo ejercicio del derecho de reunión, se ha podido observar que existe una gran complicación para que dichas manifestaciones ciudadanas se lleven a cabo en forma pacífica. Esta dificultad está dada, principalmente, por personas que concurren a las manifestaciones públicas con el único propósito de cometer delitos y desmanes y que lo hacen con el rostro cubierto para impedir su identificación posterior, tanto a través de medios visuales como audiovisuales, lo que se traduce en que no sea posible sancionarlos por los delitos que cometen.
Afirman que estas personas que concurren a las marchas producen un daño a todo país. En primer lugar, afectan a quienes legítimamente quieren manifestarse públicamente, ejerciendo el derecho de reunión, puesto que empañan manifestaciones pacíficas en las que los convocantes no pueden hacerse responsables de los daños que se producen. En segundo lugar, se perjudica a los residentes y comerciantes cuyos hogares o fuentes de ingreso se encuentran en el recorrido de los manifestantes, por los daños gravísimos que se les producen. En tercer lugar, a las Fuerzas de Orden y Seguridad, especialmente a Carabineros de Chile, quienes cumplen con su deber de garantizar el orden público y, por último, a todos los chilenos que ven como perdidos los valores del orden y la convivencia pacífica.
Dado que las manifestaciones públicas son un fenómeno creciente, añaden, es necesario poner un atajo a la intervención ilícita de aquellas personas que concurren a ellas con el fin de provocar desórdenes y daños a la propiedad y a las personas u otros delitos, procurando no ser identificadas mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos que cubren su rostro.
Posteriormente, al referirse específicamente al derecho de reunión, recuerdan que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, número 13, dispone que “La Constitución asegura a todas las personas:
13°. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía”.
Conforme a la disposición recién descrita, indican, se deben distinguir los requisitos que impone la Carta Fundamental para ejercer el derecho de reunión en la esfera pública, de aquellos que permitan ejercerlo en la esfera privada.
Los requisitos para ejercer el derecho de reunión en la esfera privada, conforme a nuestra Constitución, son: (i) Que la reunión sea pacífica, es decir, tranquila, sin provocar luchas sin causar discordias en su origen, desarrollo o término, y (ir) Que la reunión se realice sin armas.
Por su parte, añaden, los requisitos para ejercer el derecho de reunión en la esfera pública, esto es en calles, plazas u otros lugares destinados al tránsito común, se consagran en el inciso segundo del artículo 19, N° 13 de la Constitución Política, que señala que deberá ejercerse en la forma establecida por las normas generales de policía.
Manifiestan que en Chile, para dar cumplimiento al mandato constitucional de que sean las normas generales de policía las que regulen cómo debe ejercerse el derecho de reunión en espacios públicos, se ha dictado el Decreto Supremo N° 1.086 del Ministerio del Interior, de fecha 16 de septiembre de 1983, que en su artículo 2°, letra f), establece lo siguiente: “Se considera que las reuniones se verifican con armas cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y en general cualquier elemento de naturaleza semejante. En tal caso las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas ordenarán a los portadores entregar esos utensilios, y si se niegan o se producen situaciones de hecho la manifestación se disolverá”.
Como se ha podido observar, agregan, estas personas que concurren a las marchas con su rostro oculto, generalmente están portando armas, ya sea porque las llevan a las manifestaciones o porque las recogen en el camino, como es el caso de las piedras. Lo anterior sin perjuicio de haberse observado que, en algunos casos, llegan incluso a portar bombas molotov que han sido utilizadas directamente contra los carabineros que arriesgan su vida y su integridad física para cumplir con su mandato constitucional.
Expresan que la violencia de estos sujetos, que se niegan a entregar las armas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y que, por el contrario, las utilizan contra ellos, obliga a que Carabineros de Chile deba disolver las manifestaciones o al menos intentarlo, afectándose así el derecho de reunión de todos aquellos que marchan en forma pacífica por sus causas.
Advierten que, a la fecha del ingreso de este proyecto, han sido diversas las iniciativas que se han presentado a tramitación en nuestro Congreso Nacional, destinadas a sancionar a las personas que concurren a marchas u otros actos públicos procurando no ser identificadas mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos que cubren su rostro y que causan daño a la propiedad o personas o que cometen otros delitos.
En concreto, dicen, la primera iniciativa consistió en una moción de la Diputada señora María Angélica Cristi , (Boletín N° 4232-07), la cual contemplaba la modificación del Código Penal con el objeto de tipificar el delito de participación en manifestaciones o actos públicos, ocultando la identidad mediante capucha, embozo, pasamontañas u otro medio semejante, sancionando esta conducta con una pena igual a la establecida para el delito de Desórdenes Públicos. Este proyecto actualmente se encuentra archivado.
Con posterioridad, recuerdan, en el mes de noviembre del año 2006, se presentó un mensaje presidencial, (Boletín N°4832-07), que buscaba modificar diversos cuerpos penales en materia de orden público, dentro de las cuales, se contempla la modificación del artículo 269 del Código Penal, para efectos de establecer una agravante al delito de Desórdenes Públicos en el caso que éste se cometiera con el rostro cubierto o utilizando cualquier medio destinado a ocultar la identidad. Asimismo, y bajo ciertos requisitos, contempla la conmutación de la pena asignada a este delito por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Por último, también busca modificar el artículo 485 del Código Penal, relativo al delito de Daños , con el objeto de establecer una agravante en caso que los perjuicios, descritos en dicho artículo, sean producidos en una reunión o manifestación pública y el autor hubiese actuado a rostro cubierto. Actualmente este proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado.
A continuación, indican que con fecha 31 de agosto de 2010, los Diputados Enrique Estay Peñaloza , Gustavo Habón Selume , Javier Hernandez Hernández , María Jose Hoffman Opazo, Juan Lobos Krause (Q.E.P.D.), Javier Macaya Danús , Iván Norambuena Farías , David Sandoval Plaza , Gonzalo Uriarte Herrera y Carlos Vilches Guzmán presentaron una nueva moción que busca sancionar a quienes participen en desórdenes públicos con el rostro cubierto (Boletín N° 7155-25). Esta moción pretende modificar la ley N° 12.927 de manera de incorporar como delito contra el orden público a aquellos que intervengan en un acto público, autorizado o no, ocultando su rostro de forma tal que se impida que la autoridad o los tribunales puedan identificarlos mediante registros fotográficos, cinematográficos o videos. Esta moción se encuentra en la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional, para informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas.
Finalmente, los autores del proyecto explican su contenido concreto, señalando que se propone establecer una agravante especial al delito de Desórdenes Públicos , tipificado en el Código Penal, consistente en el aumento de un grado en la pena establecida para el caso en que algún sujeto turbare gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, cuando dicha conducta se cometa embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad.
Asimismo, añaden, con el fin de ser consistentes en la solución, proponen aumentar en un grado la pena establecida para el delito de Lesiones Corporales, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 395 y siguientes del Código Penal y para el delito de Daños en sus diversas circunstancias contemplado en los artículos 484 y siguientes del Código Penal.
Por último, se establece la posibilidad de aumentar las penas para ciertas faltas cuando ellas se cometan en reuniones en lugares de uso público, por personas que actúen ocultando su rostro con el fin de no poder ser identificadas.
b) Penalización del uso de elementos para ocultar el rostro en desórdenes públicos, en la legislación extranjera.
1) Como circunstancia agravante: Chile, España y Panamá
La única norma que en Chile penaliza, en un contexto general , el uso de disfraz, es el artículo 12, N° 5, del Código Penal, que establece las circunstancias agravantes de responsabilidad penal, y que dispone:
“Artículo 12. Son circunstancias agravantes: (…)
5. En los delitos contra las personas, obrar con premeditación conocida, o emplear astucia, fraude o disfraz.”.
Esta norma fue tomada del artículo 10 del Código Penal español de 1.850 , que disponía:
“Artículo 10. Son circunstancias agravantes (…)
7° Emplear fraude, astucia o disfraz.”.
Según Mario Verdugo , esta norma se adoptó en Chile sin discusión, y sólo procede en los delitos contra las personas . La circunstancia de usar disfraz se entiende como parte de la premeditación, la que, sin embargo, no se define .
Según Verdugo, no se incluyó en otros casos, distintos de los delitos contra las personas, bajo el argumento de que si concurría, era porque la circunstancia del disfraz entonces era condición necesaria para la perpetración del delito, y si se consideraran como agravantes, habría que aumentar siempre la pena, castigándose como extraordinario lo que es inherente a la naturaleza misma del hecho criminal .
Actualmente el Código Penal español contiene esta materia en el artículo 22, que dispone:
“Artículo 22.
Son circunstancias agravantes: (…)
2. Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.”.
Puede advertirse que en la norma vigente en España, el uso de disfraz no se entiende formar parte de la alevosía (tratada en el N° 1 del artículo 22), y no se restringe a los delitos contra las personas. Además, la norma parece explicitar que el disfraz debe tener por objeto facilitar la impunidad del delincuente.
Por su parte, el Código Penal panameño lo contempla como agravante, consistente en “Emplear astucia, fraude o disfraz.” .
2) Como delito particular.
Alemania
El parágrafo 17 de la ley sobre las reuniones públicas (Versammlungsgesetz) prohíbe, en reuniones públicas al aire libre, participar, o ponerse en camino para ello, con vestimenta u otros objetos, según las circunstancias, destinados a encubrir la identidad de una persona.
Esta conducta se sanciona con prisión de hasta un año o multa de valor variable.
Austria
El parágrafo 9 de la Ley sobre reuniones públicas (Versammlungsgesetz) dispone que no pueden participar en reuniones públicas personas con su rostro oculto con ropa u otros objetos, para impedir que sean reconocidas como participantes de la reunión.
Esta conducta se sanciona con seis semanas de prisión o multa. Si el delito se comete con un arma, la sanción es prisión de seis meses (en caso de reincidencia hasta un año) o multa.
Estados Unidos de Norteamérica (Estado de Nueva York)
El Código Penal estatal, en su artículo 240.35 establece el delito de “merodeo” dentro de aquellos destinados a alterar el orden público, tipificando en su N° 4, el uso de máscaras o disfraces que cubran el rostro para merodear, permanecer o congregarse en algún lugar público junto a otra u otras personas que tengan su rostro cubierto o para asistir, a sabiendas, a otra persona enmascarada o disfrazada a congregarse en un lugar público.
Se exceptúa de la conducta típica el uso de máscaras o disfraces lícitos durante fiestas de disfraces o carnavales, siempre que exista permiso para ello.
Esta conducta por sí sola, sin concurso con otros delitos, es considerada un simple delito, con pena de presidio de menos de un año.
Este delito, creado en el siglo XIX, ha sido cuestionado por su rigurosidad ya que atentaría contra la libertad de expresión y por su falta de justificación en esta época . Sin embargo, en una sentencia de una Corte de Apelaciones Federal del año 2002, confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos, se estableció la constitucionalidad de la norma.
Francia
El Decreto N° 2009 - 724, de 2009 multa con 1.500 euros el hecho de que una persona, en el seno o en las inmediaciones de una manifestación en la vía pública, disimule voluntariamente su rostro para no ser identificado en circunstancias que hagan temer atentados al orden público.
En caso de reincidencia en un año, la multa pueda elevarse a 3.000 euros.
Se prevén excepciones para las manifestaciones conforme a los usos locales o cuando la disimulación del rostro esté justificada por un motivo legítimo.
Italia
El artículo 5 de la Ley del 22 de Mayo de 1975, N° 152, prohíbe el uso de cascos de protección o cualquier otro medio que haga difícil reconocer a una persona en un lugar público o abierto al público, sin una justa razón. El uso de estos elementos está siempre prohibido en caso de manifestaciones en lugares públicos o abiertos al público, salvo si se trata de una actividad deportiva, para la cual determinada vestimenta se exige por razones de seguridad.
La infracción a esta norma se sanciona con uno a dos años de prisión y multa de 1.000 a 2.000 euros.
Suiza
En 12, de los 26 cantones suizos, se dispone de leyes sobre esta materia.
Por ejemplo, el Cantón de St. Gallen sanciona con multa, en el artículo 12 bis de su ley de delitos menores (Uebertretungsstrafgesetz), a las personas que encubran su identidad en reuniones públicas (sujetas a autorización), manifestaciones y eventos de todo tipo, pero en particular eventos deportivos.
IV. DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
Durante la discusión general de esta iniciativa, la Comisión escuchó la exposición de algunos especialistas en la materia, cuya exposición se sintetiza a continuación:
1) El señor Aquiles Blu Rodríguez (Director Nacional de Orden y Seguridad Pública de Carabineros de Chile) explicó que la iniciativa legal innova en las siguientes materias:
1° Agrega un nuevo inciso segundo al artículo 269 del Código Penal estableciendo que cuando este delito sea cometido en el marco de un acto público por individuos encapuchados o que oculten su rostro, la pena se aumentará en un grado, esto es, presidio menor en su grado medio.
Destacó la importancia de incorporar, en el actual inciso segundo, a Carabineros de Chile como sujeto pasivo del ilícito, dado que el personal institucional no es considerado como servicio de utilidad pública y, por tanto, no se encuentra amparado por la norma, en circunstancias que la experiencia demuestra que ellos son los primeros en concurrir a este tipo de eventos o calamidades.
Del mismo modo, afirmó la necesidad de establecer que en todos aquellos casos, en que habiendo sido formalizado un imputado por el delito de desórdenes públicos graves (art. 269 C. Penal) y el Ministerio Público determine ejercer la facultad de solicitar la suspensión condicional del procedimiento, se imponga la prohibición de participar o intervenir en manifestaciones masivas en la vía pública por determinado tiempo. Ello sin perjuicio de las demás condiciones que se puedan imponer.
El establecimiento de esta prohibición y su eventual incumplimiento permitiría aplicar las penas establecidas para el desacato.
2° Incorpora un nuevo inciso segundo al artículo 400 del Código Penal, estableciendo que cuando este delito sea cometido por individuos embozados, encapuchados o que oculten expresamente su identidad, el Tribunal podrá aplicar la pena asignada al delito aumentada en un grado.
Destacó que esta segunda innovación del proyecto de ley le merecía las siguientes consideraciones:
En primer lugar, que la aplicación de la agravación de la pena, por la circunstancia de que el sujeto activo se encuentre en las condiciones expuestas, sea de carácter obligatorio para el órgano jurisdiccional y no solamente facultativa como propone el texto legal en estudio, visto que, en consideración a los principios en que se sustenta el sistema procesal penal, el Tribunal siempre deberá optar por aquellas disposiciones que favorezcan al imputado, quedando de este modo, el proyecto de norma analizado en letra muerta.
En segundo lugar, la disposición en estudio sólo operará respecto a civiles lesionados, no siendo aplicable esta agravante para aquellos casos en que la víctima sea un Carabinero en el ejercicio de sus funciones, en circunstancias, que éste último suele ser el objetivo principal a lesionar por parte de los subversores del orden. Por tal motivo, expresó, la proposición normativa analizada debe ser reproducida en las normas que regulan el delito de “Maltrato de Obra a Carabinero de Servicio”, contemplado en el Código de Justicia Militar.
Agregó que en el año 2011 ha habido 5.631 eventos de orden público de los cuales han resultado 764 Carabineros lesionados.
3° Incorpora un nuevo inciso segundo al artículo 488 del Código Penal, estableciendo que cuando este delito sea cometido con ocasión de reuniones en lugares de uso público por individuos embozados, encapuchados o que oculten expresamente su identidad, el Tribunal podrá aplicar la pena asignada al delito aumentada en un grado.
Señaló que aquí son aplicables las mismas recomendaciones expresadas en el punto anterior.
2) El señor Gonzalo Barra Faúndez , (Capitán de Justicia de Carabineros de Chile).
Señalo que se referiría a las modificaciones propuestas por el proyecto de ley en materia de agravantes de determinadas faltas penales.
Destacó que la iniciativa legal incorpora un nuevo artículo 496 bis al Código Penal, estableciendo que cuando las faltas contempladas en el artículo 494 N° 2 y 496 N° 26 del citado texto sean cometidas, con ocasión de reuniones en lugares de uso público, por individuos embozados, encapuchados o que oculten expresamente su identidad, el Tribunal podrá aumentar la pena de multa hasta 10 UTM, sanción que hoy es de hasta 4 UTM.
Asimismo, estimó que la alusión a los artículos 494 N° 2 y 496 N° 26, no resulta acertada en atención a que ambas contravenciones se refieren a conductas que no se encuentran enmarcadas en un escenario de alteración al orden público.
El artículo 494 N° 2 sanciona con pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales al que excitare o dirigiere cencerradas u otras reuniones tumultuosas en ofensa de alguna persona o del sosiego de las poblaciones, mientras que el artículo 496 N° 26 sanciona con igual pena de multa al que tirare piedras u otros objetos arrojadizos en parajes públicos, con riesgo de los transeúntes, o lo hiciere a las casas o edificios, en perjuicio de los mismos o con peligro de las personas.
Ninguna de estas dos conductas se enmarca dentro de una protesta o manifestación masiva, porque la primera se refiere a provocar ruidos con “cencerro” que, de acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia , corresponde a una “Campana pequeña y cilíndrica, tosca por lo común, hecha con chapa de hierro o de cobre, que se usa para el ganado y suele atarse al pescuezo de las reses”; esta falta es de carácter histórico.
La segunda conducta está referida al lanzamiento de piedras. Explicó que si una persona tira una piedra durante una movilización social debe ser sancionado por desorden público grave; si en el mismo contexto tira una piedra a un vehículo debe ser sancionado como atentado a vehículo en movimiento.
Por lo anterior, considera que en el espíritu que tiene este proyecto de ley, las normas pertinentes en las cuales corresponde incorporar la agravante especial de ocultamiento de identidad, son los siguientes artículos del Código Penal: 494 N° 1, que sanciona al que asistiendo a un espectáculo público provocare algún desorden o tomare parte en él; 495 número 1, que castiga al que contraviniere a las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito y 495 N° 2, que pena al que por quebrantar los reglamentos sobre espectáculos públicos ocasionare algún desorden.
Se estima, además, que en las faltas en que se incorpore la agravante en comento, se debe aumentar el piso de la pena asignada, la cual debería comenzar con multa de 4 UTM, con un máximo de 10 UTM.
A continuación se refirió a la necesidad de modificar normas procesales para que las reformas al derecho sustantivo que se proponen surtan el efecto deseado.
En primer lugar, respecto al control de identidad, consagrado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, explicó que esta norma fue tomada del modelo francés con la diferencia que sólo consideró tres de las cuatro hipótesis que permiten efectuar un control de identidad. Por lo tanto, al no existir la hipótesis: “cuando la policía haya de temer que vaya a existir un riesgo a la propiedad pública o privada o a la seguridad de las personas.”, es necesario consagrar la facultad para establecer un control de identidad preventivo, que habilite a la policía para requerir la identificación en las siguientes tres circunstancias:
a) Para prevenir o alejar un peligro inminente para la seguridad pública o el orden público.
b) Cuando determinadas personas se encuentren en un lugar público cercano a instalaciones de servicios básicos de carácter estratégico o de utilidad pública o con ocasión de espectáculos o reuniones masivas.
c) Ante la presencia de desconocidos que merodean en las inmediaciones de domicilios, establecimientos educacionales o entidades financieras.
Un segundo aspecto a mejorar, se refiere a la necesidad de permitir la apelación de la resolución del Tribunal de Garantía que declara ilegal una detención respecto de cualquier delito sancionado con penas privativas o restrictivas de libertad; hoy la apelación está circunscrita sólo a delitos graves (Artículo 132 bis.). El problema que se plantea es que al anularse la detención, se pierden los medios de prueba obtenidos y, en definitiva, no habrá persecución penal para el delincuente. Señaló que en la mayoría de las apelaciones interpuestas en contra de las sentencias que declararon ilegales detenciones por maltrato de obra con resultado de lesiones graves, las Cortes de Apelaciones han revertido la declaración de la ilegalidad fallada por los Juzgados de Garantía. Cabe señalar que además, la detención es efectuada por personal de Carabineros o Policía de Investigaciones, quienes no tienen ninguna participación en la audiencia en que se resuelve la legalidad de la detención, sino que sólo consta el respectivo parte policial. Esta circunstancia tiene efectos bastante adversos, ya que al declararse ilegal una detención, inmediatamente el tribunal ordena al Ministerio Público que investigue si se ha configurado el delito de detención ilegal o arbitraria y, además, se inicia una investigación administrativa al interior del cuerpo policial que corresponda.
En tercer lugar, se estima necesario incorporar como una figura penal especial (falta calificada) el porte en una reunión pública, de palos, bastones, fierros, herramientas, cadenas, pinturas, ácidos o cualquier elemento o sustancia de similar naturaleza, destinado conocidamente a causar daños o lesiones. Hoy lo que existe es el delito de porte de arma blanca, que se configura en muy pocas ocasiones. Al efecto, señaló que corresponde incorporar el tipo penal en el Código Penal y a su vez, en el artículo 134 del Código Procesal Penal, considerándolo como falta calificada, de manera de poder sacar de circulación a la persona que porte los elementos señalados.
Un cuarto aspecto que se propone es incorporar la actual figura de desórdenes simples contemplada en el artículo 495 N° 1 del Código Penal, como una de aquellas faltas calificadas previstas en el artículo 134 inciso cuarto del Código Procesal Penal. Esto permitiría la detención del delincuente, ya que dicha medida hoy se puede aplicar solamente en el caso de espectáculos públicos y no respecto de quienes participen en una manifestación, los cuales sólo pueden ser trasladados a una unidad policial para verificar su identidad y ser posteriormente citados.
Finalmente, se propone incorporar una norma que sancione el homicidio y las lesiones en riña, provocadas al personal policial por parte de grupos de personas, cuando no se logra determinar con precisión su autor, pero sí los que han acometido contra la integridad física del carabinero. En este sentido, hizo saber que la legislación penal ordinaria en sus artículos 392, 402 y 403 del Código Penal, contemplan figuras penales relativas a esta materia.
3) El señor Jorge Contesse Singh (Profesor y Abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales).
Comenzó su exposición, señalando que el fundamento de esta moción es, según sus autores, “poner un atajo a la intervención ilícita de aquellas personas que concurren a ellas -las movilizaciones- con el fin de provocar desórdenes y daños a la propiedad y a las personas u otros delitos, procurando no ser identificadas mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos que cubren su rostro”.
Señaló que este objetivo, desde el punto de vista de política criminal de un Estado, es absolutamente legítimo, pero el Estado chileno cuenta con herramientas penales que ya son suficientes para realizar esa persecución penal. Por lo tanto, resultaría innecesario modificar el Código Penal para penalizar a los delincuentes a rostro cubierto, también denominados “encapuchados” por cuanto, en dicho cuerpo normativo, existen figuras y tipos penales suficientes para alcanzar dichos fines.
Recordó que las decisiones de política criminal están limitadas por los derechos fundamentales que se encuentran establecidos, no sólo en la Constitución Política sino que también en los Tratados Internacionales suscritos por Chile, según lo prescribe el artículo 5° de la Carta Fundamental. Recalcó que este mandato es para el Estado, y, por ende, también se aplica al Congreso Nacional.
Dicho lo anterior, añadió, si Chile vulnera el compromiso de tener un derecho penal mínimo, propio de un país con un sistema político democrático, no sólo se vulnerarían los derechos fundamentales garantizados, sino que también podría comprometerse la responsabilidad internacional del Estado.
En cuanto a la conducta que se quiere evitar, esto es, que el delincuente evada la acción de la justicia, esto es propio de la comisión de todo delito, por lo tanto, técnicamente no corresponde que se sancione esa conducta en forma específica para la comisión de ciertos delitos. Lo que cabe preguntarse es cuál es el bien jurídico que se está tutelando con este proyecto, que, a su entender, sería el “orden público” en cuanto el artículo 269 se encuentra en el Epígrafe del Código Penal relativo a los “Delitos contra la seguridad pública”.
Por lo tanto, añadió, debe establecerse si la comisión del delito se ve agravada por el hecho de ser ejecutada a rostro cubierto y, en ese sentido, no aprecia que en esta hipótesis se den los mismos argumentos que justifican la existencia de las otras agravantes contempladas en el Código Penal. En efecto, explicó, las agravantes apuntan a que las hipótesis en ellas contempladas generan, necesariamente, un mayor disvalor hacia la víctima. Ninguna de ellas alude a la forma de comisión del delito o al hecho de estar o no a rostro cubierto o descubierto.
Por otra parte, indicó que el delito de desórdenes públicos tipificado en el artículo 269, vulneraría el principio de legalidad, por cuanto según lo ha señalado la Corte Interamericana de Justicia, la conducta debe estar completamente descrita, y esta disposición es vaga, imprecisa e induce a confusiones. Por ello, considera que esta instancia legislativa debiera aprovecharse para perfeccionar el citado artículo 269, en su inciso primero.
Reflexionó sobre los alcances del proyecto de ley, preguntando qué pasaría con los que están disfrazados en las protestas o movilizaciones tales como las de diversidad sexual ¿También se les aplicará la agravante de rostro cubierto? Más complejo aún, es la situación respecto de los que se protegen con sus ropas para evitar el efecto del gas lacrimógeno en una protesta, aún cuando estén participando pacíficamente, ¿también serán sancionados más severamente?
Estimó que el problema de fondo radica en la eficacia de las policías respecto a la detención de los que causan daños de cualquier especie, en las protestas o movilizaciones. En la práctica, sostuvo, tales detenciones han sido declaradas ilegales por los Tribunales de Garantía. Sin embargo, este problema de eficacia, no se resuelve criminalizando o penalizando más severamente a los encapuchados. Esto sólo da pie para arbitrariedades y para desproporcionalidades.
Definitivamente, enfatizó, este problema no se resuelve aplicando la agravante que propone la iniciativa legal en estudio. Por el contrario, podría abrir la posibilidad a arbitrariedades por parte de las policías y, por ello, manifiesta no estar de acuerdo con el proyecto.
El Diputado señor Calderón aclaró al invitado que el objetivo del proyecto de ley es agravar la acción de una persona que comete un delito y, posteriormente, se sustrae de la acción de la justicia mediante el encapuchamiento o cubrimiento de su rostro para evitar ser identificado. Agregó, que el obrar encubierto sí deja en mayor indefensión a la víctima de los daños o lesiones causados en protestas o movimientos populares.
V. DISCUSIÓN PARTICULAR.
El proyecto de ley en análisis consta de un artículo único, compuesto de cuatro numerales, los cuales modifican diversas disposiciones del Código Penal.
Los tres primeros agregan un inciso segundo a los artículos 269, 400 y 488.
El cuarto numeral, por su parte, incorpora un artículo 496 bis, nuevo.
Terminada la votación en general se procedió a discutir y votar en particular el artículo único del proyecto que introduce las siguientes modificaciones en el Código Penal:
^@#@^N° 1
El número 1) propuesto en la moción es el siguiente:
1) Agrégase al artículo 269, el siguiente inciso segundo nuevo:
“Quienes incurrieren en las conductas descritas en el inciso anterior, sea en actos públicos autorizados o no por la autoridad correspondiente, ocultando o cubriendo su rostro mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos, serán sancionados con la pena establecida en el mencionado inciso, aumentada en un grado.”.
El Diputado señor Calderón señaló que la agravante especial que se intenta introducir en el artículo 269 del Código Penal, tiene una redacción diferente de la agravante que se propone incorporar en los artículos 400, 488 y 496 bis. Por ello, propuso unificar los textos modificatorios de las cuatro normas aludidas. En ese contexto, le parece más adecuada la redacción propuesta para el nuevo inciso segundo del artículo 269, con algunas correcciones formales. Entre ellas, abogó por agregar después de la frase “otros elementos” la palabra “análogos”, de manera que la figura no quede abierta.
El Diputado señor Ceroni consultó por qué los autores del proyecto no habían establecido la agravante que proponen en el artículo 12 del Código Penal, de manera que sea aplicable a todo tipo de delitos.
Explicó que la agravante permite al juez aumentar la pena cuando se comete un delito. Sin embargo, como está planteada en el proyecto, podría ocurrir que la policía detenga en base a la agravante y no al ilícito propiamente tal.
Insistió en que era preferible incorporar la agravante de estar encapuchado en el artículo 12, de una manera general, ya que si bien su número 5 habla de disfraz, dicha norma sólo es aplicable a los delitos en contra las personas, razón por la cual podría suprimirse dicha mención que acota su aplicación.
En cuanto al proyecto en discusión, planteó la necesidad de perfeccionar la redacción porque no quedaría suficientemente claro que el estar encapuchado tiene como finalidad ocultar la identidad para no ser identificado al momento de cometer un delito.
El Diputado señor Letelier indicó que lo planteado por el Diputado señor Ceroni sería objeto de debate en la discusión del proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, boletín 7975-25, en el cual se presentaron indicaciones en la línea señalada.
El Diputado señor Montes manifestó su desacuerdo con esta idea de modificar el artículo 269 del Código Penal ya que se desvirtúa el contexto social que se está dando en el país y en el mundo, a través de la criminalización de los fenómenos de protesta.
El debate, dijo, debe centrarse en el perfeccionamiento de las herramientas con que cuentan el Ministerio Público y las policías para la persecución del vandalismo, especialmente en lo que dice relación con los medios de prueba.
Respecto del tema de los encapuchados, señaló que debe especificarse qué se entiende por tales, porque, por ejemplo, una persona que se protege con una bufanda de gases lacrimógenos podría caer en esa definición. Coincide con la necesidad de defender a la sociedad de actos vandálicos, pero también debe garantizarse el derecho a la libre expresión.
La Diputada señora Girardi señaló que frente a un problema político no se puede dar una respuesta penal, sino que se deben buscar las causas de la crisis social por la vía política. De lo contrario, los problemas se acentuarán y no existirán figuras penales que le puedan dar solución.
La Diputada señorita Sabat señaló que, si bien existen causas que explicarían la protesta social y la violencia, no le correspondía a una Comisión de Seguridad Ciudadana realizar los estudios para determinar las razones de ese fenómeno.
Agregó que los encapuchados son delincuentes que no dejan que las policías realicen su trabajo y, por tanto, esa circunstancia debe penalizarse.
Manifestó su acuerdo con la iniciativa legal, destacando la transversalidad política de sus autores.
El Diputado señor Calderón dijo que no es efectivo que los autores de esta iniciativa deseen criminalizar la protesta ciudadana.
Precisó que “criminalizar” es sancionar una conducta que no estaba penalizada previamente, hipótesis que este proyecto no realiza. Por el contrario, el proyecto aumenta el disvalor de una conducta ya sancionada, a través de la creación de una agravante. Lo que justifica esta agravante es que se obstruye la acción de la justicia, porque al actuar de manera encapuchada se dificulta la persecución de los delincuentes.
Agregó que todo delito supone un problema social detrás y, por lo tanto, un problema social no puede limitar la facultad de los legisladores de adoptar medidas para proteger a los ciudadanos.
El Diputado señor Squella recordó que ya se había producido un debate suficiente sobre la creación de esta agravante especial, a propósito del análisis del proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, boletín 7975-25.
Agregó que en esta materia habría que ir más lejos aún, tal como lo regulan las legislaciones austriaca, alemana, francesa e italiana, según las cuales, estar encapuchado en una manifestación pública es un delito en sí mismo.
Explicó que su postura se basa en la dificultad que existe para probar la participación de un delincuente encapuchado en manifestaciones masivas. Por ello, se requiere utilizar el carácter preventivo que tienen las penas.
El Diputado señor Silber , como autor del proyecto de ley en estudio, destacó que las mociones deben ser analizadas en un contexto político. Este proyecto, enfatizó, fue presentado como una opción que permitiera mejorar la propuesta del Ejecutivo en el proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, boletín 7975-25, específicamente en lo relativo a las modificaciones que se pretenden introducir al artículo 269 del Código Penal, las que dejan figuras típicas abiertas.
Añadió que esta iniciativa, en cambio, se limita a aumentar la penalidad de delitos existentes cuando son cometidos bajo determinadas circunstancias, las que, en este caso, implican actuar encapuchado.
Finalmente, coincidió con el Diputado señor Ceroni , en orden a la posibilidad de establecer la agravante como general en el artículo 12 N° 5 del Código Penal.
El Diputado señor Monckeberg , don Cristián , señaló que el objetivo no es criminalizar la protesta social ni tampoco ensalzar a quienes cometen delitos, sino que se trata de dictar una normativa penal que sancione a quienes delinquen durante manifestaciones públicas.
Siguiendo la línea del Ministro del Interior y Seguridad Pública, manifestó que no se pretende sancionar con pena de cárcel a quienes legítimamente se manifiesten en reuniones de carácter público.
Agregó que si bien coincide con la necesidad de dar una solución a las causas de los fenómenos sociales que llevan a manifestaciones de protesta masivas, considera que una manera de hacerlo es sancionando a quienes aprovechando estas instancias cometen actos delictivos.
En cuanto al concepto de “encapuchado” enfatizó que no se trata de cualquier persona que cubre su rostro, sino que de un delincuente que, con el fin de cometer un ilícito, esconde su identidad. Es decir, debe existir voluntad de encubrirse y de cometer un ilícito.
El Diputado señor Hasbún destacó que el aumentar en un grado la pena asignada a los delitos de desórdenes públicos y de daños, tiene la virtud de disuadir o prevenir la comisión de estos hechos punibles. No se pretende, en caso alguno, relacionar a los movimientos sociales con actos delictuales.
El Diputado señor Walker recordó el contexto en que se analiza esta iniciativa legal. Recordó que al discutir la prioridad del proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, boletín 7975-25, argumentó que en distritos como el que representa, de carácter semi rural, no constituye una prioridad ni desde el punto de vista de seguridad ciudadana ni desde el punto de vista legislativo, sino que es un problema que está centrado en las grandes urbes como Santiago centro, Concepción y Valparaíso. Por el contrario, las manifestaciones que se produjeron en ciudades como Ovalle, Coquimbo y La Serena se caracterizaron por un ambiente de alegría y tranquilidad.
Sin embargo, consciente del problema de las grandes ciudades, considera que este proyecto de ley constituye una oportunidad de debatir una alternativa a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, lo cual explica la transversalidad de los autores de la moción en discusión.
Aclaró que no se está tipificando el ocultamiento de la identidad en sí misma sino que cuando dicha conducta sea para cometer un ilícito se crea la agravante en comento.
El Diputado señor Monsalve manifestó su desacuerdo con esta iniciativa porque, por una parte, entiende que los proyectos de ley pretenden reparar la falta de herramientas del poder político para mantener el orden público y, en su opinión, esas herramientas ya existen. Por otra parte, esta moción no responde a las protestas y procesos de movimiento social de todo el territorio de Chile sino que sólo a las grandes ciudades.
EL señor Hinzpeter ( Ministro del Interior y Seguridad Pública) recordó que el contenido de este proyecto de ley es mucho menos duro que legislaciones como la de Alemania, donde se sanciona el sólo hecho de dirigirse a una manifestación ocultando el rostro, es decir, encapuchado.
En el mismo sentido, añadió, la legislación austriaca prohíbe participar en reuniones públicas a quienes escondan su identidad. En Francia, por su parte, se sanciona a quien en el seno o en las inmediaciones de una reunión en la vía pública disimule voluntariamente su rostro para no ser identificado. Además, se castiga penalmente el uso de casco u otro elemento que haga difícil la identificación de una persona durante una manifestación pública. Finalmente, en Suiza se sanciona con multa a las personas que encubran su identidad en reuniones públicas y particularmente en eventos deportivos.
Recalcó que toda la normativa señalada ha sido aceptada internacionalmente por los organismos competentes de derechos humanos, lo que lleva a concluir que este proyecto no vulneraría aspectos de ese tipo al ser mucho más blando.
Respecto a las causas que generan la rabia y el descontrol que llevan al vandalismo, indicó que cabe preguntarse porque miles de chilenos que viven en condiciones socioeconómicas muy difíciles no utilizan la violencia para expresarse.
Concluida la discusión en particular de este numeral, se presentaron las siguientes indicaciones:
1) De los Diputados señores Calderón , Eluchans , Letelier , Squella , Hasbún , Monckeberg , don Cristián y de la Diputada señorita Sabat , para reemplazar el numeral 1 del artículo único del proyecto, por el siguiente.
Agrégase al artículo 269, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero:
“Quienes incurrieren en las conductas descritas en el inciso anterior en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad correspondiente, ocultando o cubriendo su rostro mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena establecida en el mencionado inciso, aumentada en un grado.”.
2) De los Diputados señores Eluchans , Hasbún , Monckeberg , don Cristián y Squella para agregar a continuación de la expresión “rostro” la palabra “intencionalmente”.
El Diputado señor Ceroni insistió en la necesidad de dejar expresamente establecido que cubrir el rostro es para ocultar la identidad, lo cual fue compartido por la Comisión
La Comisión acordó aprobar el número 1 del proyecto, acogiendo las dos indicaciones descritas precedentemente y la propuesta del Diputado señor Ceroni por 11 votos a favor y 2 en contra.
Votaron a favor los Diputados señores Calderón ; Ceroni ; Eluchans ; Hasbún ; Jiménez ; Letelier ; Monckeberg , don Cristián ; Silber ; Squella ; Walker y señorita Sabat .
Votaron en contra los Diputados señores Monsalve y Montes.
En consecuencia, el texto aprobado para el número 1 es el siguiente:
1) Agrégase al artículo 269, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero.
“Quienes incurrieren en las conductas descritas en el inciso anterior, en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad correspondiente, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena establecida en el mencionado inciso, aumentada en un grado.”.
^@#@^N° 2
El número 2) propuesto en la moción es el siguiente:
2) Agregase al artículo 400 un nuevo inciso segundo:
“Se podrá asimismo, aumentar la pena en un grado, cuando los delitos a que se refiere este párrafo, se cometan embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad, con ocasión de reuniones en lugares de uso público.”
Los Diputados señores Eluchans , Hasbún , Monckeberg , don Cristián y Squella presentaron una indicación al numeral 2) del artículo único para sustituir la palabra “expresamente” por el término “intencionalmente”.
El Diputado señor Ceroni solicitó que se uniformara la redacción de las restantes normas del proyecto, de manera que coincidieran con el inciso segundo incorporado al artículo 269 del Código Penal, de manera que quedara expresamente establecido que el cubrir el rostro tiene el propósito de ocultar la identidad del delincuente.
Por otra parte, solicitó que se eliminara del texto propuesto para este artículo y para los demás contemplados en la moción, el vocablo “embozado”.
-La Comisión acordó aprobar el numeral 2 del proyecto de ley, acogiendo la indicación de los Diputados señores Eluchans , Hasbún , Monckeberg , don Cristián y Squella , más las ideas contempladas en la exposición del Diputado señor Ceroni por 11 votos a favor y dos en contra.
Votaron a favor los Diputados señores Calderón ; Ceroni ; Eluchans ; Hasbún ; Jiménez ; Letelier ; Monckeberg , don Cristián ; Silber , Squella , Walker y Diputada señorita Sabat .
Votaron en contra los Diputados señores Monsalve y Montes.
En consecuencia, el texto aprobado para el número 2° es el siguiente:
2) Agrégase al artículo 400 un nuevo inciso segundo:
“Quienes incurrieren en las conductas descritas en este párrafo, con ocasión de reuniones en lugares de uso público, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena asignada al respectivo delito, aumentada en un grado.”.
^@#@^N° 3
El número 3° propuesto en la moción es del siguiente tenor:
3) Agrégase al artículo 488, el siguiente inciso segundo nuevo:
“Se podrá aumentar en un grado la pena asignada a los delitos comprendidos en el presente párrafo, cuando el delito se cometa embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad, con ocasión de reuniones en lugares de uso público.”.
Los Diputados señores Eluchans , Hasbún , Monckeberg , don Cristián y Squella presentaron una indicación al numeral 3) del artículo único, para sustituir la palabra “expresamente” por el término “intencionalmente”.
Sometido a votación el numeral 3°, con la indicación de los Diputados señores Eluchans , Hasbún , Monckeberg , don Cristián y Squella , fue aprobado por 11 votos a favor y dos en contra.
Votaron a favor los Diputados señores, Calderón ; Ceroni ; Eluchans ; Hasbún ; Jiménez ; Letelier ; Monckeberg , don Cristián ; Silber ; Squella ; Walker y Diputada señorita Sabat
Votaron en contra los Diputados señores Monsalve y Montes y ninguna abstención.
En consecuencia, sobre la base de la indicación aprobada y los acuerdos referidos a la necesidad uniformar la redacción de los distintos preceptos, el texto final aprobado para este numeral es el siguiente:
3) Agrégase al artículo 488, el siguiente inciso segundo nuevo:
“Quienes incurrieren en las conductas descritas en este párrafo, con ocasión de reuniones en lugares de uso público, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena asignada al respectivo delito, aumentada en un grado.”.
^@#@^N° 4
El texto propuesto en la moción para el numeral 4° es el siguiente:
4) Incorpórase un artículo 496 bis nuevo:
“Se podrá aumentar la pena de multa hasta diez unidades tributarias mensuales, cuando las faltas referidas en los artículos 494 N° 2 y 496 N° 26 , se cometan embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad, con ocasión de reuniones en lugares de uso público.”.
Se presentaron las siguientes indicaciones a este numeral 4°:
1) De los Diputados señores Eluchans ; Hasbún ; Monckeberg , don Cristián y Squella para sustituir la palabra “expresamente” por el término “intencionalmente”.
2) De los Diputados señores Calderón y Squella para sustituir en el nuevo artículo 496 bis del Código Penal la frase “podrá aumentar” por la palabra “aplicará”.
El Diputado señor Calderón indicó que era necesario modificar el numeral 4), de manera de establecer que el tribunal estará obligado a aplicar la pena de multa, agravada en la forma que se indica.
Sometido a votación el numeral 4°, con las propuestas contenidas en las indicaciones descritas anteriormente, con algunas modificaciones en su redacción, fue aprobado por 11 votos a favor y dos en contra.
Votaron a favor los Diputados señores, Calderón ; Ceroni ; Eluchans ; Hasbún ; Jiménez ; Letelier ; Monckeberg , don Cristián ; Silber ; Squella ; Walker y la Diputada señorita Sabat
Votaron en contra los Diputados señores Monsalve y Montes.
Como consecuencia de los acuerdos adoptados el texto final para el número 4° es el siguiente:
4) Incorpórase un artículo 496 bis nuevo:
“Se aumentará la pena de multa hasta diez unidades tributarias mensuales a quienes, con ocasión de reuniones en lugares de uso público, cometan las faltas referidas en los artículos 494 N° 2 y 496 N° 26, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos.”.
VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
Artículos rechazados.
No hay.
Indicaciones rechazadas.
No hay.
Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente la Diputada Informante , esta Comisión recomienda la aprobación del siguiente:
“PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:
1) Agrégase al artículo 269, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero:
2) “Quienes incurrieren en las conductas descritas en el inciso anterior, en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad correspondiente, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena establecida en el mencionado inciso, aumentada en un grado.”.
2) Agrégase al artículo 400 un nuevo inciso segundo:
“Quienes incurrieren en las conductas descritas en este párrafo, con ocasión de reuniones en lugares de uso público, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena asignada al respectivo delito, aumentada en un grado.”.
3) Agrégase al artículo 488, el siguiente inciso segundo nuevo:
“Quienes incurrieren en las conductas descritas en este párrafo, con ocasión de reuniones en lugares de uso público, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena asignada al respectivo delito, aumentada en un grado.”.
4) Incorpórase un artículo 496 bis nuevo:
“Se aumentará la pena de multa hasta diez unidades tributarias mensuales a quienes, con ocasión de reuniones en lugares de uso público, cometan las faltas referidas en los artículos 494 N° 2 y 496 N° 26, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos.”.
-o-
Se designó Diputada informante a la señorita Marcela Sabat Fernández .
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de fechas 5 y 12 de octubre de 2011 y 18 de julio de 2012, con la asistencia de los Diputados integrantes de la Comisión, señorita Marcela Sabat Fernández y señores Giovanni Calderón Bassi , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Letelier Aguilar , Cristián Monckeberg Bruner , Manuel Monsalve Benavides , Carlos Montes Cisternas, Gabriel Silber Romo , Arturo Squella Ovalle y Matías Walker Prieto .
Concurrieron, además, la Diputada señora Cristina Girardi Lavín y los Diputados señores Pedro Browne Urrejola , Guillermo Ceroni Fuentes , Romilio Gutiérrez Pino , Gustavo Hasbún Selume , Tucapel Jiménez Fuentes y Leopoldo Pérez Lahsen .
Sala de la Comisión, 18 de julio de 2012
(Fdo.): LUIS ROJAS GALLARDO, Abogado Secretario de la Comisión .”
4. Moción de los diputados señores Sabag , Araya , Cardemil , Chahín , De Urresti , Edwards , Letelier , Ojeda y Rincón.
Modifica el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Tribunales, con el objeto de reforzar el rol de la Excma. Corte Suprema en la unificación de la jurisprudencia en materia civil. (boletín N°8465-07).
“I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY.
En nuestra historia patria se han ensayado distintos mecanismos para que la Corte Suprema proceda a unificar la jurisprudencia, con el objeto de disminuir el déficit de seguridad jurídica que provoca la existencia de decisiones contradictorias sobre un mismo tema. A partir de la reforma introducida al funcionamiento de la Corte Suprema, por la Ley N° 19.374, de 18 de febrero de 1995, se dio comienzo a una nueva etapa para unificar los criterios de decisión. A este cambio se sumarían luego los aportes del recurso de nulidad del proceso penal y laboral.
Este conjunto de reformas ha llevado a incorporar un singular error decisorio litis, cuyo agravio se vincula directamente con la unificación de la jurisprudencia y el derecho a la igualdad de trato jurídico que garantiza el artículo 19 N° 2 de la Constitución, evitando que en la decisión de casos análogos se discrimine a las personas que se encuentran en igual situación.
Constituye un ejemplo en esta materia la actividad que viene realizando la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que a través del recurso de unificación de jurisprudencia ha podido ir sentando doctrina que ayude a evitar pronunciamientos contradictorios por los jueces del fondo, fortaleciendo el rol que se ha asignado a la Corte Suprema desde el comienzo de la codificación procesal civil y penal.
Es pertinente recordar que ya en la etapa anterior a la codificación decimonónica, don Andrés Bello estimaba que el problema de las decisiones contradictorias se superaría una vez que el derecho patrio incorporara la garantía de fundamentar las sentencias. Sobre el particular este jurista exponía: “la práctica de fundar las sentencias, que bajo este respecto está íntimamente ligada con la naturaleza de las instituciones republicanas, proporciona otras ventajas colaterales de grande importancia. Ella reviste de una sanción solemne la interpretación de las leyes, y dándole fuerza de costumbre, la convierten en una ley supletoria, que llena los vacíos y dilucida las oscuridades de los códigos. La marcha de los tribunales se hace de esta manera más regular y consecuente. Las decisiones divergentes de casos análogos, oprobio de la administración de justicia, son cada día más raras. Y no habiendo nada que fije tanto las ideas, como el orden que las encadenan, esa misma regularidad y consecuencia facilitan, y por consiguiente propagan y generalizan, el conocimiento de las leyes. La jurisprudencia toma por este medio un carácter verdaderamente filosófico; se hace una ciencia del raciocinio; depone la mugre escolástica; se hermana, con la alta legislación y la política, con amenidad y con elegancia...” (Bello, Andrés , “Necesidad de fundar las sentencias”)
Que la propuesta original perdió su orientación original, siendo retomada en la década de los noventa del siglo pasado, cuando se modificó el funcionamiento de Corte Suprema, introduciendo instrumentos para que proceda a unificar jurisprudencia mediante la dictación de la Ley N° 19.374, de febrero de 1995.
Sin embargo, el efecto unificador que ya comienza a apreciarse en materia laboral no ha podido ser incorporado en la aplicación del Código de Procedimiento Civil, ello sin perjuicio de la propuesta que sobre el particular contiene el Código Procesal Civil, pero que demorará varios años en su implementación, según lo ha reconocido expresa y públicamente el Ministro de Justicia .
Con este proyecto se busca corregir y perfeccionar el Código de Procedimiento Civil, que lo dejen a la par del Código Procesal Penal y del Código del Trabajo en materia de unificación de jurisprudencia. Lo anterior pasa por subsanar la antinomia que se aprecia actualmente entre los artículos 767 y 772 del Código de Procedimiento Civil. En la reforma de 1995 se dispuso como requisito del recurso de casación en el fondo el señalamiento del o los errores de derecho que influyen en lo dispositivo del fallo. Sin embargo, el art. 767 sigue señalando como causal del recurso de casación “la infracción de Ley que influya en lo dispositivo del fallo”.
Dicha diferencia está siendo un obstáculo para que la Corte Suprema pueda proceder en materia civil a unificar criterios de decisión, restringiendo el ámbito de competencia a un control de la juridicidad que supera el campo legal. No es una afirmación temeraria sostener que el Derecho no se agota en la ley, y por ende, no hay coincidencia entre el requisito previsto en el art. 772 y la actual redacción del art. 767, que deben ser equivalentes.
Desde el punto de vista de la profundización en la protección de los derechos, el cambio anterior ampliaría la potestad de la Corte Suprema, permitiendo que pueda entrar a controlar la aplicación de otras normas jurídicas, que actualmente no son examinadas en sede de casación simplemente por no tener el rango de ley.
El caso más evidente se da con los Decretos Supremos, que no obstante regular derechos de diversa índole, su aplicación en la decisión de los litigios no logra ser controlado por la Corte Suprema, tal como consta en las sentencias de 25 de marzo de 2008, Rol N° 6.337-2007, 24 de noviembre de 2008, Rol N° 3.389-2008; CS, 23 de agosto de 2006, Rol N° 3619-2005. Allí se ha sostenido que “solo la infracción de leyes —entendida según el concepto que entrega en artículo 1° del Código Civil-permite la interposición de este medio de impugnación jurídico procesal, calidad que no tiene un Decreto Supremo, el que constituye una norma jurídica de inferior rango dictada por el Presidente de la República , motivo por el cual el recurso no puede prosperar.
La misma restricción se ha dado con la denuncia de la vulneración de la aplicación de un Dictamen de la Contraloría General de la República o con la infracción de circulares administrativas, tal como consta en los fallos de 10 noviembre de 1948, RDJ, t 46, sec la, p. 851; CS, 1° julio de 1954, RDJ, t. 51, sec. la , p. 361; CS, 7 de julio de 1954, RDJ, t. 51, sec, la, p. 351; CS, 14 agosto de 1956, RDJ, t. 53, sec. la, p. 169; CS, 4 noviembre de 1980, RDJ, t. 77, sec. la p. 114); en relación a un dictamen de la Contraloría General de la República, CS, 7 de junio de 1978, RDJ, t75, sec. la, p. 185); en la infracción de circulares administrativas (CS, 5 mayo 1983, RDJ, t. 80, sec. 1ª, p. 27).
Esta ampliación que se busca, mediante la corrección de la antinomia indicada está lejos de ser un planteamiento académico, tal como se refleja actualmente con la discusión que ha surgido en relación al cobro de las patentes municipales de sociedades de inversión. Sobre el particular la Contraloría General de la República sostiene un criterio diverso al de la Corte Suprema, generando una situación de incertidumbre, y lo que es peor aún, la posibilidad cierta de respuestas contradictorias, según se siga el criterio de la Corte Suprema o el de la Contraloría, fomentando la proliferación de juicios que se evitarían fortaleciendo el rol de unificación de nuestra máxima autoridad judicial.
Tal como se propone, una situación de incertidumbre debería ser resuelta mejorando el mecanismo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil.
El potenciamiento de la actividad de unificación de jurisprudencia civil por la Excma. Corte Suprema se hace necesario para que ella evite o corrija las distintas interpretaciones que sobre una misma materia de derecho objeto del recurso se siguen produciendo hasta el día de hoy, por el hecho de que la integración de las salas no sea la misma.
Aunque la especialización de las salas de la Corte Suprema ha sido un logro en términos de evitar decisiones contradictorias, la modificación orgánica no ha logrado los frutos esperados, y por lo mismo es perfectible. Todavía siguen surgiendo decisiones contradictorias que, a nuestro entender, merecen ser abordadas con estos cambios legales.
En tal sentido, este perfeccionamiento del derecho vigente lo que busca es retomar el camino consignado en el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia y modificaciones a los recursos de queja y de casación, p. 79 (Boletín N° 858-07), que permita equiparar el sistema de unificación del proceso civil a lo que actualmente existe en el Código Procesal Penal y en el Código del Trabajo.
En el plano doctrinal, la necesidad de una apertura a la revisión de la aplicación de otras fuentes del Derecho por la Corte Suprema ha sido reconocida por el Ministro Sergio Muñoz Gajardo , en su trabajo “Presente y futuro de la casación civil en Chile”, publicado con ocasión en Derecho Procesal Contemporáneo, VV.AA., Santiago : Punto Lex, 2010 (coordinador R. Tavolari), pp. 131-144, sin perjuicio de otros aportes doctrinales que vienen insistiendo en este cambio legal.
Por último, sin perjuicio de retomar el tema en la discusión de la reforma procesal civil, es oportuno y necesario anticiparse a corregir los obstáculos que hoy no están permitiendo la unificación de jurisprudencia en el proceso civil. Con estos cambios se potenciará el rol de la Corte Suprema, para que pueda seguir avanzando en el desarrollo y profundización de una de sus competencias fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, para el proceso civil, eliminando las asimetrías que actualmente se aprecian entre el funcionamiento de las mismas salas, por el atraso que presenta para este fin la actual regulación del recurso de casación civil.
En suma, la antinomia entre los arts. 772 N° 1 y el 767 del CPC se debe resolver, a nuestro entender, considerando que la voz Derecho es más amplia que la ley. Esta corrección se ve reforzada por el contenido de la garantía constitucional prevista en el art. 19 N° 2 de la Constitución, que proscribe la discriminación en el trato jurídico, mandato que no excepciona a los jueces como garantes finales de la solución de los conflictos conforme a derecho.
“PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales:
1. Sustitúyase en art. 767 la expresión “ley” por derecho.
2. Incorpórese en el art_ 780 los siguientes incisos segundo y tercero:
“Durante el estudio de admisibilidad previsto en el artículo 782, al dictar el decreto de autos en relación, la sala respectiva podrá decretar que el recurso sea conocido por el Pleno de la Corte Suprema para que se pronuncie sobre la unificación en los criterios de interpretación indicados en el inciso anterior.
La sentencia dictada por una sala o el Pleno de la Corte Suprema, unificando criterios de decisión jurisprudencial deberá ser publicada en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su pronunciamiento.
3. Sustitúyase el actual numeral 1) del art. 96 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente: Conocer del recurso de casación en el fondo para unificar doctrina jurisprudencial, conforme a lo dispuesto en el art. 780 del Código de procedimiento Civil.
4. Sustitúyase el actual inciso final del art. 96 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente: Todas las sentencias de unificación de doctrina jurisprudencial y los autos acordados de carácter y aplicación general que dicte a Corte Suprema deberán ser publicadas en el Diario Oficial.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 25 de julio de 2012.
Oficio N° 7558
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 24 de julio de 2012 en los autos Rol N° 1.863-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa sobre cobro de pesos en juicio de hacienda, caratulada “Fisco de Chile con Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica”, de la que conoce actualmente el Tercer Juzgado de Letras de la Serena bajo el Rol N° 4617-2009.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
VALPARAÍSO.”