Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Jose Manuel Edwards Silva
- PERMISO
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Clemira Pacheco Rivas
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Diaz Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Tarud Daccarett
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Letelier Aguilar
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Eluchans Urenda
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REEMPLAZO DE VACANTES EN CUPOS PARLAMENTARIOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Browne Urrejola
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REAL DE CONSERVACIÓN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- DEBATE
- REGULACIÓN DE ALZAMIENTO DE HIPOTECAS CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REEMPLAZO DE VACANTES EN CUPOS PARLAMENTARIOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA PARA TRABAJADORES PORTUARIOS DE TOCOPILLA. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Felipe Ward Edwards
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Roberto Delmastro Naso
- Mario Bertolino Rendic
- Lautaro Carmona Soto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- BONIFICACIÓN EQUIVALENTE A SUELDO MÍNIMO MENSUAL PARA FAMILIAS DE MENORES RECURSOS CON FAMILIAR ENFERMO POSTRADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Mario Bertolino Rendic
- Andrea Molina Oliva
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Alejandro Santana Tirachini
- German Becker Alvear
- German Verdugo Soto
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA PARA TRABAJADORES PORTUARIOS DE TOCOPILLA. (Preferencia).
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE FALTA DE ILUMINACIÓN, BENEFICIOS A POBLADORES Y REMODELACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN POBLACIÓN PACÍFICO NORTE DE TOCOPILLA. Oficios.
- ADHESION
- Manuel Rojas Molina
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE LEGALIDAD DE PROCESO DE ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE EMPRESA NACIONAL DE AERONÁUTICA (ENAER) Y EMPRESA EUROPEA EADS AIRBUS MILITARY. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS ALEDAÑOS A CARRETERA EDUARDO FREI MONTALVA, SEXTA REGIÓN. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN SEXTA REGIÓN, EN FAVOR DE DETERMINADAS EMPRESAS. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE REINICIO DE OBRAS PARA EXTENSIÓN DE RIEGO A SECTORES DE COMUNAS DE LOLOL Y PUMANQUE. Oficio.
- EXPRESIONES DE CONDOLENCIAS Y DE SOLIDARIDAD POR TERREMOTOS EN REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN. Oficios.
- PREOCUPACIÓN POR DEFICIENTE CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN CONSULTORIOS Y HOSPITALES PÚBLICOS DE COMUNAS DE MACUL, SAN JOAQUÍN Y LA GRANJA. Oficio.
- PREOCUPACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MEDIOAMBIENTALES DE REFINERÍA DE ENAP EN COMUNA DE HUALPÉN. Oficios.
- ADHESION
- Andrea Molina Oliva
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Pedro Araya Guerrero
- ADHESION
- MEJORAMIENTO DE RETIRO PARA FUNCIONARIOS DE CEMENTERIOS TRASPASADOS A MUNICIPIOS. Oficios.
- ADHESION
- Andrea Molina Oliva
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE FALTA DE ILUMINACIÓN, BENEFICIOS A POBLADORES Y REMODELACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN POBLACIÓN PACÍFICO NORTE DE TOCOPILLA. Oficios.
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INQUIETUDES DE DIRIGENTES SOBRE FORTALECIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL DE COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Lautaro Carmona Soto
- ADHESION
-
PREOCUPACIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A CRIANCEROS DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DE VILLA LOS PRESIDENTES, COMUNA DE PANGUIPULLI. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE ALTO TONELAJE EN CAMINOS DE LOCALIDAD DE HUICHACO, COMUNA DE MÁFIL. Oficios.
- ADHESION
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE COBERTURA DE SEGUROS DE INCENDIO PAGADOS VÍA CUENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PAGO DE SUBVENCIÓN A AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA DE VICTORIA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE INCLUSIÓN DE PLAN CURACAUTÍN EN PRESUPUESTO DE 2013. Oficios.
- FALTA DE APOYO DEL INDAP Y DE LA CONADI A CAMPESINO DE COMUNIDAD INDÍGENA DE CURACAUTÍN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- INQUIETUDES DE DIRIGENTES SOBRE FORTALECIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL DE COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
- IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 10. Informe sobre participación de la diputada señora María Angélica Cristi en la reunión del comité sobre cuestiones del Medio Oriente de la Unión Interparlamentaria, realizada en Ginebra, Suiza los días 2 y 3 de julio de 2012.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Maria Angelica Cristi Marfil
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Araya Guerrero
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Cristian Monckeberg Bruner
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Becker Alvear
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Manuel Edwards Silva
- Joaquin Godoy Ibanez
- Leopoldo Perez Lahsen
- Alejandro Santana Tirachini
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- German Verdugo Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Karla Rubilar Barahona
- German Becker Alvear
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jose Manuel Edwards Silva
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rosauro Martinez Labbe
- Cristian Monckeberg Bruner
- Leopoldo Perez Lahsen
- German Verdugo Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Monckeberg Bruner
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Burgos Varela
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Edmundo Eluchans Urenda
- Joaquin Godoy Ibanez
- Arturo Squella Ovalle
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Monckeberg Bruner
- Jorge Burgos Varela
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Joaquin Godoy Ibanez
- Arturo Squella Ovalle
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Monckeberg Bruner
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Joaquin Godoy Ibanez
- Rosauro Martinez Labbe
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Leopoldo Perez Lahsen
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Monckeberg Bruner
- German Becker Alvear
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Joaquin Godoy Ibanez
- Rosauro Martinez Labbe
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 10. Informe sobre participación de la diputada señora María Angélica Cristi en la reunión del comité sobre cuestiones del Medio Oriente de la Unión Interparlamentaria, realizada en Ginebra, Suiza los días 2 y 3 de julio de 2012.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 70ª, en lunes 13 de agosto de 2012
(Ordinaria, de 16.07 a 18.57 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás Recondo Lavanderos, don Carlos
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 12
II. Apertura de la sesión 15
III. Actas 15
IV. Cuenta 15
- Acuerdos de los Comités 15
V. Orden del Día.
- Reforma constitucional sobre modificación del sistema de reemplazo de vacantes en cupos parlamentarios. Primer trámite constitucional. (Continuación) 16
- Establecimiento del derecho real de conservación. Primer trámite constitucional 36
- Regulación de alzamiento de hipotecas constituidas para garantizar créditos hipotecarios. Primer trámite constitucional 41
VI. Proyectos de acuerdo.
- Otorgamiento de pensiones de gracia para trabajadores portuarios de Tocopilla. (Preferencia) 44
- Suspensión de operaciones de landing para cruceros de bandera extranjera. (Votación) 45
- Bonificación equivalente a sueldo mínimo mensual para familias de menores recursos con familiar enfermo postrado 46
VII. Incidentes.
- Información sobre falta de iluminación, beneficios a pobladores y remodelación de cancha deportiva en población Pacífico Norte de Tocopilla. Oficios 48
- Antecedentes sobre legalidad de proceso de alianza estratégica entre Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer) y Empresa Europea Eads Airbus Military. Oficios 48
- Información sobre cambio de uso de suelo en terrenos aledaños a carretera Eduardo Frei Montalva, Sexta Región. Oficios 49
- Antecedentes sobre licitación de programa de desarrollo local en Sexta Región, en favor de determinadas empresas. Oficios 50
- Información sobre reinicio de obras para extensión de riego a sectores de comunas de Lolol y Pumanque. Oficio 50
- Expresiones de condolencias y de solidaridad por terremotos en República Islámica de Irán. Oficios 51
Pág.
- Preocupación por deficiente calidad de atención de salud en consultorios y hospitales públicos de comunas de Macul, San Joaquín y La Granja. Oficio 51
- Preocupación por incumplimiento de normas medioambientales de refinería de Enap en comuna de Hualpén. Oficios 52
- Mejoramiento de retiro para funcionarios de cementerios traspasados a municipios. Oficios 53
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 55
- Inquietudes de dirigentes sobre fortalecimiento y financiamiento de comités de agua potable rural de comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. Oficios 55
- Preocupación por irregularidades en la Dirección del Trabajo de la Región de Atacama. Oficios 56
- Información sobre aplicación de políticas públicas a crianceros de Región de Atacama. Oficios 57
- Información sobre calidad de construcción de viviendas sociales de villa Los Presidentes, comuna de Panguipulli. Oficios 58
- Información sobre circulación de camiones de alto tonelaje en caminos de localidad de Huichaco, comuna de Máfil. Oficios 59
- Información sobre cobertura de seguros de incendio pagados vía cuentas de energía eléctrica. Oficio 60
- Información sobre estado de pago de subvención a agrupación de familiares y amigos de pacientes con discapacidad psíquica de Victoria. Oficios 60
- Información sobre inclusión de plan Curacautín en presupuesto de 2013. Oficios 61
- Falta de apoyo del Indap y de la Conadi a campesino de comunidad indígena de Curacautín. Oficios 61
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Establece incentivos especiales para las zonas extremas del país.”. (boletín N° 8011-05). (248-360)
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado.”. (boletín N° 8105-11). (247-360)
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Fortalece el resguardo del orden público”. (boletín N° 7975-25). (246-360)
Pág.
4. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo.”. (boletín N° 7976-13). (245-360)
5. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular de Bangladesh sobre Exención del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, suscrito en Santiago, Chile, el 28 de julio de 2011.”. (boletín N° 8485-10)
6. Primer Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, del proyecto iniciado en moción que “Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de constituir la Comisión Permanente de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía”. (boletín N° 8218-16)
7. Primer informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica la Ley N° 20.256, que establece normas sobre pesca recreativa, respecto del valor de las licencias y otras materias.”. (boletín N° 7946-21)
8.- Primer informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.”. (boletín N° 8034-15.
9. Primer informe de la Comisión de Trabajo recaído en los proyectos de ley refundidos que modifican el Código del Trabajo otorgando permiso a trabajadoras y trabajadores para efectuarse exámenes de mamografía y de próstata. (boletines Nos 7990-13 y 8372-13)
10. Informe sobre la participación de la diputada señora María Angélica Cristi en la Reunión del Comité de Asuntos del Medio Oriente de la Unión Interparlamentaria (UIP), realizada los días 2 y 3 de julio de 2012, en Ginebra (Suiza)
11. Moción de los diputados señores Araya, Cardemil, Ceroni, Monckeberg, don Cristián; Rincón y Sabag y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica el artículo 83 del Código Procesal Penal, para fortalecer la situación procesal de la victima que actúa como querellante”. (boletín N° 8505-07)
12. Moción de los diputados señores García, don René Manuel; Becker, Cardemil, Delmastro, Edwards, Godoy, Pérez, don Leopoldo; Santana, Sauerbaum y Verdugo, que “Modifica la ley Nº 19.253, relativa a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, estableciendo la regularización de derechos de agua potable rural”. (boletín N° 8512-01)
13. Moción de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela y Rubilar doña Karla y de los diputados señores Becker, Cardemil, Edwards, García, don René Manuel; Martínez, Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo, y Verdugo, que “Modifica la ley Nº 18.314, sobre Conductas Terroristas y fija su penalidad”. (boletín N° 8513-25)
Pág.
14. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Araya, Burgos, Cardemil, Eluchans, Godoy y Squella y de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela y Turres, doña Marisol, que “Modifica la ley N° 7.421, que aprueba el Código Orgánico de Tribunales, facultando el establecimiento de registros computacionales en los Tribunales de Justicia”. (boletín N° 8514-07)
15. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Burgos, Calderón, Cardemil, Godoy y Squella y de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela y Turres, doña Marisol, que “Modifica la ley N° 7.421, que aprueba el Código Orgánico de Tribunales, disponiendo medidas de publicidad en la evaluación de funcionarios judiciales”. (boletín N° 8515-07)
16. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Browne, Cardemil, Godoy, Martínez, Monckeberg, don Nicolás; Pérez, don Leopoldo, y Sauerbaum y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Sabat, doña Marcela, que “Modifica la ley N°19.696, que establece Código Procesal Penal, en el sentido que indica”. (boletín N° 8516-07)
17. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Becker, García, don René Manuel; Godoy, Martínez, Monckeberg, don Nicolás, y Sauerbaum y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Sabat, doña Marcela y Turres, doña Marisol, que “Modifica la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, facultando a los municipios a constituir consejos comunales de seguridad pública”. (boletín N° 8517-25)
18. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia de la sentencia definitiva recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de “ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.”. Rol 1992-11-INA. (7563)
X. Otros documentos de la Cuenta.
1 Comunicación del diputado señor Edwards,
quién de conformidad con el Artículo 195 del Código del Trabajo, hará uso del permiso parental el día 9 de agosto próximo pasado.
2. Oficios:
Respuestas a Oficios Cuenta 70ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Vargas, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida tanto a la estrategia técnica como a la situación y estrategia económica, que posee la Oficina Municipal de Emergencia de Arica. (47854 al 7283).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado De Urresti, Solicita remitir los antecedentes sobre la eventual diferencia en el año de fabricación de los motores de la barcaza Hua Hum, que opera en el lago Pirehueico, los informes del año 2007, y las respuestas entregadas al concejo municipal de Panguipulli sobre la materia, y, además, enviar la información actualizada sobre la fecha efectiva de fabricación de los mencionados motores y las demás requeridas en la misma intervención. (2248 al 5625).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Chahín, Información sobre operatoria de seguro agrícola (08 al 7342).
- Diputado Sandoval, Medidas de apoyo en beneficio de pequeños agricultores y ganaderos de las comunas de O'Higgins y Cochrane (688 al 7395).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar sobre las razones de la autorización otorgada para la instalación de un zoológico en la comuna de Andacollo, asimismo, acerca de eventuales situaciones de maltrato animal ocurridas en ese recinto, y, además, respecto del destino final que tendrán los animales que aún quedan en el lugar. (9269 al 7053).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Marinovic, Solicita informar sobre la utilización de los mil subsidios de aislamiento térmico aprobados en la Ley de Presupuestos del Sector público correspondiente al año 2011, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, además, remita el listado de los beneficiados con los mencionados subsidios, y, finalmente, tenga a bien disponer no se exija, en el proceso de postulación a dichos beneficios del año 2012, el requisito de la recepción definitiva de la vivienda. (555 al 6083).
Ministerio de Desarrollo Social:
- Proyecto de Acuerdo 583, “Solicita a S.E. el Presidente de la República que instruya la instalación de un centro de rehabilitación integral para la discapacidad en la Provincia de Arauco.” (281).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Accorsi, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida la planta, construida en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago, que tiene por objeto impulsar y alimentar con cambios de presión el sistema operativo de la misma. (121451 al 6850).
- Diputado Silber, Información sobre proyecto de instalación de una segunda planta de tratamiento de aguas servidas en la localidad de Batuco, de la comuna de Lampa (1624 al 6970).
Intendencias:
- Diputado Marinovic, Estado de avance de construcción de centro de salud familiar en población Dieciocho de Septiembre, de Punta Arenas (1069 al 7457).
- Diputado Baltolu, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida al sistema de farmacias de turnos existentes en el país para el acceso de la población durante la noche, fines de semana y feriados y que se encuentra vigente desde el 6 de julio pasado. (1360 al 7428).
Servicios:
- Diputado Pérez don José, Ordenar una inspección a la brevedad del terreno de aproximadamente 15 hectáreas, ubicado en el sector “Cantarrana”, al sur del río Paillihue, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, que alberga un humedal de siete hectáreas, que estaría siendo rellenado con elementos ajenos a la naturaleza del mismo, afectando gravemente esa reserva del ecosistema, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (9270 al 7168).
Municipalidad de Cisnes:
- Diputado Sandoval, Evaluar la situación habitacional de don Samuel Colihuil Reyes, domiciliado, junto a su grupo familiar, en pasaje s/n de Puerto Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y ordene disponer las acciones que sean necesarias para la construcción a la brevedad de una vivienda, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (1162 al 7487).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputada Pacheco doña Clemira, Informe sobre la factibilidad de corregir la normativa legal y administrativa vinculada al Bono Mujer Trabajadora, en orden a que puedan acceder a ese beneficio las mujeres pertenecientes a los programas estatales de generación de empleo, con el propósito de mejorar sus ingresos. (7807 de 08/08/2012). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputado Silber, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre el funcionamiento de la planta o complejo industrial de Codelco Ventanas, Región de Valparaíso. (7808 de 08/08/2012). A intendencias.
- Diputado Silber, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida al estado de tramitación de las autorizaciones para la operación de nuevos servicios de transporte público en la provincia de Chacabuco, Región metropolitana de Santiago , tanto en su interior como aquellos que conectan la provincia de Santiago. (7809 de 08/08/2012). A intendencias.
- Diputado Díaz don Marcelo, Informe acerca de las eventuales irregularidades que existirán en la construcción del colector de aguas lluvias, denominado “Construcción de colector de aguas lluvias canal La Pampa La Serena”, que afectaría a vecinos de la villa “Valle del Sol”, ubicada entre las avenidas Los Lúcumos y Balmaceda, comuna La Serena, Región de Coquimbo. (7810 de 08/08/2012). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Ascencio, Se sirva mantener en 700 unidades de fomento el subsidio de vivienda del decreto supremo N° 1, del año 2011, del cual son beneficiarios un grupo de vecinos de la comuna de Quellón, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, como asimismo, informe las razones por las cuales no se considera, para los efectos de este subsidio, a Chiloé como zona extrema. (7811 de 08/08/2012). A director Serviu Región de Los Lagos.
- Diputado Ascencio, Se sirva mantener en 700 unidades de fomento el subsidio de vivienda del decreto supremo N° 1, del año 2011, del cual son beneficiarios un grupo de vecinos de la comuna de Quellón, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, como asimismo, informe las razones por las cuales no se considera, para los efectos de este subsidio, a Chiloé como zona extrema. (7812 de 08/08/2012). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputada Isasi doña Marta, Informe sobre las etapas que comprende la acreditación, que tiene por objeto que los médicos extranjeros puedan ejercer su profesión en Chile. (7813 de 08/08/2012). A Ministerio de Salud.
- Diputado Tarud, Informe sobre la situación social de la familia de la señora Olivia Aravena González. Se anexa documento relacionado con la materia objeto de este oficio. (7814 de 08/08/2012). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputado Jaramillo, Remita los antecedentes del proyecto de riego de Choroico, comuna de La Unión, Región de Los Ríos. (7815 de 08/08/2012). A Ministerio de Agricultura.
- Diputado Teillier, informe acerca de la factibilidad que las estaciones El Llano y Ciudad del Niño, de la línea 2, del Metro, sean de acceso común y se las equipe con escaleras y ascensores. (7816 de 08/08/2012). A empresas del Estado.
- Diputada Molina doña Andrea, Informe acerca del estado de tramitación en el hospital Dr. Gustavo Fricke, de Viña del Mar, de la atención médica referida al tratamiento de una hernia inguinal compleja que padece doña María Angélica Vera Andrade, de la comuna de Quintero, Región de Valparaíso, y, a su vez, disponga se agilice la referida atención, como igualmente, indique si el citado procedimiento está cubierto por el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas. (7817 de 08/08/2012). A directora del hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar.
- Diputada Molina doña Andrea, Informe acerca del estado de tramitación en el hospital Dr. Gustavo Fricke, de Viña del Mar, de la atención médica referida al tratamiento de una hernia inguinal compleja que padece doña María Angélica Vera Andrade, de la comuna de Quintero, Región de Valparaíso, y, a su vez, disponga se agilice la referida atención, como igualmente, indique si el citado procedimiento está cubierto por el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas. (7818 de 08/08/2012). A varios.
- Diputada Molina doña Andrea, Informe acerca del estado de tramitación en el hospital Dr. Gustavo Fricke, de Viña del Mar, de la atención médica referida al tratamiento de una hernia inguinal compleja que padece doña María Angélica Vera Andrade, de la comuna de Quintero, Región de Valparaíso, y, a su vez, disponga se agilice la referida atención, como igualmente, indique si el citado procedimiento está cubierto por el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas. (7819 de 08/08/2012). A Ministerio de Salud.
- Diputado Santana, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre la cantidad de vehículos que quedan detenidos en caminos rurales y urbanos de todo el territorio nacional, en especial por falta de combustible y aquellos que infringen el artículo 154 N° 6 de la Ley de Tránsito, (7820 de 09/08/2012). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Santana, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre la cantidad de vehículos que quedan detenidos en caminos rurales y urbanos de todo el territorio nacional, en especial por falta de combustible y aquellos que infringen el artículo 154 N° 6 de la Ley de Tránsito, (7821 de 09/08/2012). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Sandoval, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, acerca de la normativa legal que rige el sistema tarifario y de devolución y de cambio de pasajes de las aerolíneas en nuestro país. (7822 de 09/08/2012). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Sandoval, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, acerca de la normativa legal que rige el sistema tarifario y de devolución y de cambio de pasajes de las aerolíneas en nuestro país. (7823 de 09/08/2012). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Eluchans, informe acerca del avance del proyecto de reposición del pabellón del Liceo Guillermo Rivera, comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. (7824 de 09/08/2012). A Ministerio de Educación.
- Diputado Araya, Ordene instruir un sumario administrativo, con el propósito de determinar la veracidad de las supuestas irregularidades en la fiscalización y condonación de multas relativas a los contratos suscritos entre la Municipalidad de Antofagasta y la Empresa Demarco S.A. referido a la recolección de residuos sólidos en el sector norte y sur de la ciudad, remitiendo sus resultados a esta Corporación. (7854 de 10/08/2012). A Contraloría General de la República .
- Diputada Cristi doña María Angélica, Informe sobre los ingresos percibidos por concepto de las donaciones referidas en el artículo 13 de la ley N° 20.405 durante el año 2012, como asimismo, indique en qué consistieron los trabajos extraordinarios y comisiones de servicios, señalados en su ejecución presupuestaria 2012. (7856 de 10/08/2012). A directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
- Diputada Molina doña Andrea, Informe acerca de los límites que los canales de televisión pertenecientes a la Asociación Nacional de Televisión deben respetar, en relación con la difusión de los procedimientos policiales. (7857 de 10/08/2012). A presidente Asociación Nacional De Televisión .
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistió, además, el ministro de Economía , Fomento y Turismo, don Pablo Longueira Montes.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvieron presentes los diputados señores Fidel Espinoza Sandoval, Fernando Meza Moncada, Iván Moreira Barros, Alejandro Santana Tirachini y la diputada señora Marisol Turres Figueroa.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.07 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 64ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 65ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Nicolás Monckeberg, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Tomar conocimiento de las tablas de la semana.
2. Terminar en la sesión de hoy la discusión del proyecto de reforma constitucional que modifica el sistema de reemplazo de vacantes en cupos parlamentarios (boletín N° 7935-07) y enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que esa instancia evacue un informe complementario para el estudio de nuevas indicaciones.
3. Autorizar a la Comisión de Hacienda para sesionar antes de las cuatro horas exigidas por el Reglamento, para abocarse al estudio del proyecto que modifica la ley N° 20.256, que establece normas sobre pesca recreativa, respecto del valor de las licencias y otras materias (boletín N° 7946-21), con urgencia calificada de “suma”.
4. Rendir homenaje a la folclorista nacional señora Margot Loyola Palacios en la sesión del miércoles 12 de septiembre, al término del Orden Día, con la intervención de cuatro señoras diputadas o señores diputados, con la siguiente distribución: uno de Oposición, uno de la Alianza, uno del Comité Regionalista y uno del Partido Comunista.
5. Incluir en la sesión ordinaria de hoy el proyecto de acuerdo que solicita al Presidente de República el otorgamiento de pensiones de gracia a los trabajadores portuarios de Tocopilla.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , respecto del proyecto que establece normas sobre pesca recreativa, que tiene “suma” urgencia, consulto la razón por las que se rompe la norma en cuanto a que es la Sala la que autoriza el funcionamiento de una sesión cuando la citación no se ha efectuado con la anticipación que dispone el Reglamento.
Quiero entender de qué se trata el acuerdo respectivo
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , pido que el señor Secretario lea nuevamente el punto número 3 de los acuerdos de los Comités.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- 3. Autorizar a la Comisión de Hacienda para sesionar antes de las cuatro horas exigidas por el Reglamento, para abocarse al estudio del proyecto que modifica la ley N° 20.256, que establece normas sobre pesca recreativa, respecto del valor de las licencias y otras materias (boletín N° 7946-21), con urgencia calificada de “suma”.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señores diputados, los Comités acordaron proceder de esa manera por una razón muy simple. El proyecto en cuestión fue calificado con “suma” urgencia, la cual está por vencer. Como fue aprobado en forma unánime por la comisión técnica, el Presidente de la Comisión de Hacienda nos pidió convocar a sesión hoy, sin la antelación de cuatro horas exigidas por el Reglamento. No existe compromiso de despachar la iniciativa hoy mismo. Si hay dudas respecto del proyecto -hasta el momento no las ha habido-, la referida instancia es soberana para aprobarlo o rechazarlo, o, incluso, para dilatar su votación.
Repito, los Comités solo autorizaron dar curso a la petición del Presidente de la Comisión de Hacienda . Esa instancia estudiará el proyecto. Si surgen dudas durante su tramitación y la Comisión decide sesionar nuevamente, es un resorte de esa instancia.
Por último, insisto en un punto: el proyecto se encuentra aprobado por la unanimidad de la comisión técnica.
El señor MONTES.- Muy bien, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REEMPLAZO DE VACANTES EN CUPOS PARLAMENTARIOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el sistema de reemplazo de vacantes en cupos parlamentarios.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenida en el boletín N° 7935-07, se inició en la sesión 45ª, en 20 de junio de 2012.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne.
El señor BROWNE.- Señor Presidente , estamos frente a un proyecto que mejorará la forma en que se producirán los reemplazos de vacantes en cupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado. La situación actual no corresponde a la realidad de nuestro país, que exhibe una democracia moderna y que ha avanzado en otorgar mayor participación en la definición de cargos de elección popular.
Cada vez que un parlamentario elegido por la soberanía popular pasa a desempeñar un cargo distinto, por ejemplo, en el gobierno o, bien, es inhabilitado, debe dejar vacante su cupo. En tal caso, creemos que la mejor fórmula para avanzar en esta materia debe ser la elección complementaria. Distinto es el caso cuando esa vacante se genera por muerte o por enfermedad grave del parlamentario. En ese escenario -fortuito, no deseado, fruto del azar-, resulta lógico mantener la correlación de fuerzas al interior del Congreso. Por ello, consideramos un buen camino que el partido político al que pertenecía el diputado o senador al momento de ser electo presente una terna ante la rama del Congreso que corresponda, lo cual obligaría a que, de alguna manera, los partidos generen un proceso interno de participación. De esa manera se evita que unas pocas personas decidan quién reemplazará al parlamentario fallecido o al que ha generado la vacante por enfermedad grave debidamente calificada.
En la actualidad, no se percibe que la opinión pública y la ciudadanía rechacen el reemplazo acordado por los respectivos partidos políticos en caso de muerte de uno de sus parlamentarios. Sin embargo, creemos que dar mayor participación al interior de los partidos será siempre positivo. Distinto es el caso cuando un parlamentario deja el Congreso para desempeñar, por ejemplo, un cargo en el Gobierno, o bien, cuando es inhabilitado por haberse configurado una incompatibilidad, o una inhabilidad, o cualquier otro ilícito constitucional establecido en la Carta Fundamental. En tales casos se produce una situación compleja no solo en la opinión pública, sino al interior del Congreso Nacional.
Muchos parlamentarios que han dejado su cargo no sólo han salido fortalecidos, sino que son muy bien evaluados como ministros, lo que, incluso, los lleva a perfilarse como posibles candidatos presidenciales. El problema queda radicado en el Congreso Nacional, por cuanto se cuestiona a los parlamentarios nominados en reemplazo de quienes dejaron la vacante. Incluso, su reelección se ve complicada, por cuanto esa forma de reemplazo no cae bien en la ciudadanía y no interpreta el sentir ciudadano. Por lo tanto, a todas luces, creemos que la elección complementaria es el camino más adecuado para solucionar esos casos.
Como Congreso Nacional, podemos discutir las diferentes fórmulas que se han presentado o se pueden presentar. Hay muchísimas que son bastante discutibles y razonables, pero lo que no podemos hacer es dejar a un lado el acuerdo en el que se está avanzando. Si buscamos la fórmula perfecta, lo más probable es que nunca lleguemos al sistema de reemplazo. Lo que está claro es que sobre la mesa tenemos un proyecto que es mucho mejor que el sistema de reemplazo de vacantes de cupos parlamentarios que rige en la actualidad, y que en gran medida resuelve una situación que no corresponde a una democracia como la que vive nuestro país.
Por lo tanto, debemos dejar a un lado las ideas propias, que muchas veces no se recogen en su totalidad en los proyectos, y avanzar hacia una fórmula consensuada, bastante transversal y que de alguna manera permite contar con un sistema de reemplazo más participativo, transparente y claro, que no solo va a dejar tranquila a la ciudadanía al elegir a sus reemplazantes en la eventualidad de que se necesite, sino que, también, va a dar mayor prestigio al Congreso Nacional.
Por eso, hago un llamado a aprobar el proyecto, con la indicación que hoy se ingresará -ha sido suscrita por varios diputados-, que busca acortar a un año el plazo en el que no se podrá reemplazar la vacante producida por un parlamentario. El texto -la materia se conversó en la sesión de 1 de agosto- propone dos años, lo que parece excesivo.
Por otra parte, el proyecto establece que, en caso de muerte, los independientes que van dentro de una lista y al alero de los partidos políticos, serán siempre reemplazados conforme a las reglas del inciso tercero letra a) del artículo 51 de la Carta Fundamental; es decir, por la misma vía que son reemplazados los militantes de partidos. De lo contrario, se puede producir una situación injusta, debido a que ese candidato, a pesar de ser independiente, resultó elegido con los votos, apoyo e infraestructura de los partidos políticos, no única y exclusivamente por sus capacidades o empatía con la ciudadanía como independiente.
Creemos que la indicación que presentaremos recoge las grandes dudas surgidas la semana pasada durante la discusión del proyecto. No veo mayor problema para que sea aprobada. No obstante, quiero insistir en algo que dije anteriormente: podemos buscar muchas fórmulas y discutir largas horas respecto de cuál podría ser el sistema perfecto, pero lo único claro es que si no apoyamos este acuerdo al que se arribó en el seno de la Comisión de Constitución para avanzar en este proyecto, quizás en un tiempo más, cuando algunos personeros de Gobierno dejen sus cargos para, legítimamente, postular al Congreso Nacional, nos deberemos ver enfrentados a una situación de reemplazo desde el Congreso, sin elecciones complementarias, lo que va a producir, nuevamente, una situación que no ha sido muy satisfactoria para la ciudadanía y que no le hace bien a nuestra democracia.
Por eso, creo que hay que apoyar este proyecto y avanzar en un sistema de reemplazo parlamentario más acorde a nuestros tiempos.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , estamos en presencia de un proyecto que no reforma sustancialmente la Constitución Política, pero modifica una materia que es relevante en el ámbito ciudadano: el principio de representatividad y de soberanía nacional; esto es, la facultad que tienen los ciudadanos para decidir respecto de todo lo que signifique participación al interior del Estado. Se trata de modificar la Constitución, en el sentido de sustraer de los partidos políticos la facultad de designar a diputados o senadores en caso de vacancia de cupos parlamentarios y entregarla a la ciudadanía a través del mecanismo de elecciones complementarias.
Usamos muchos conceptos, como “democrático”, “régimen republicano y representativo”, “democracia representativa”, o “soberanía popular”. Con todo, la Constitución Política, no obstante contener ciertos preceptos o contenidos filosóficos en materia constitucional y democrática, adolece de ciertas imperfecciones. Una de ellas es no entregar a la ciudadanía el poder de elegir a diputados y senadores en el caso de producirse una vacante, por las circunstancias y motivos señalados en la iniciativa.
¿Cuál es el fundamento de esto? Entregar a quien corresponde -al pueblo- el derecho soberano de elegir. ¿Y por qué lo hacemos? Porque existe una crisis de representatividad, de legitimidad de poder, que no está entronizada en la base correspondiente. Hay necesidad de participación ciudadana, de que el Estado actúe dentro del estado de derecho con todas sus áreas plenas de democracia y de legitimidad. La soberanía popular debe ser ejercida directamente por los ciudadanos, como una manera de legitimar y dar participación al pueblo.
Por ello, estoy de acuerdo con reemplazar el inciso tercero del artículo 51 de la Constitución Política, en el sentido de realizar elecciones complementarias en caso de que se produzca vacante por condena judicial; por haberse configurado una incompatibilidad, una inhabilidad o cualquier otro ilícito constitucional establecido en la Carta Fundamental, o por haber asumido el diputado o senador un cargo de aquellos a los que hace referencia la norma contenida en el inciso segundo del artículo 59 de la Constitución. Este último caso es cuestionable, porque la ciudadanía elige a una persona para que ejerza el cargo de diputado o senador, no para que sea ministro o se desempeñe en un cargo distinto para el que fue elegido. Hace un tiempo, presenté un proyecto de reforma constitucional en tal sentido -debe estar por ahí-, el que debió haberse considerado en esta instancia.
El proyecto señala que si restare menos de dos años para la siguiente elección parlamentaria en el distrito o circunscripción en donde se ha producido la vacante, el parlamentario no será reemplazado. A mi juicio, ese plazo debe ser de un año. El plazo estipulado en el proyecto es muy largo para dejar vacante un cargo de diputado o senador.
Ahora bien, si la vacante se ha debido a muerte del parlamentario o a su renuncia por enfermedad grave debidamente calificada, el partido político al que pertenecía el diputado o senador al momento de ser electo deberá presentar una terna ante la rama del Congreso que corresponda. A mi juicio, es necesario uniformar criterios y proceder, en este caso, a realizar elecciones complementarias, tal como ocurre cuando se produce una vacante por condena judicial, por haberse configurado una incompatibilidad, una inhabilidad o cualquier otro ilícito establecido en la Constitución. Hay que tratar de no enredar más el tema y de no insistir en lo mismo, porque nuevamente estamos dando poder a los partidos políticos para que presenten ternas, en circunstancias de que es la ciudadanía la que debe elegir. El proyecto lo considero muy oportuno y viene a llenar este vacío de representación que existe en nuestra Carta Fundamental.
Sin embargo, sigue produciéndose este desequilibrio y este vacío en materia de representación ciudadana, por cuanto uno de los grandes problemas constitucionales que deben ser resueltos para que en nuestro país exista una real democracia, es decir, una verdadera participación de la ciudadanía, es el término del sistema binominal, tema al cual todos le hacen el quite. Cada vez que hablamos de reformas constitucionales, todos se refieren a cualquier otro tema, por ejemplo, a la prórroga del mandato presidencial, que no es relevante, menos a este, con el objeto de distraer la atención pública respecto de un asunto tan importante como es la modificación del sistema binominal.
Todo esto es producto de la presión ciudadana, de las movilizaciones que hoy recorren el país, pidiendo mayor participación y respuesta del Estado a sus demandas.
El proyecto es positivo y oportuno, en el sentido de que se sigue eliminando vacíos constitucionales relacionados con la falta de participación ciudadana. Ya fueron eliminadas las figuras de los senadores vitalicios y designados, pero aún falta abordar algunas materias, como las primarias -el proyecto se encuentra en el Senado-, el derecho a voto de los chilenos en el extranjero y la limitación de los períodos parlamentarios. Tal vez, habría sido mucho más efectivo presentar un proyecto estructural, de mayor contenido y amplitud. Durante los últimos 22 años, solo hemos parchado nuestra Constitución. Es cierto que se han llenado vacíos, pero no se ha concretado una representación ciudadana legítima y completa al interior de nuestro sistema institucional, a fin de dar mayor legitimidad a las autoridades elegidas y mayor participación a quienes decidirán en las próximas elecciones.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , estimados amigos y colegas, la democracia surgió de la idea de que si los hombres y las mujeres son iguales respecto de ciertos derechos, deben serlo en todo sentido. Somos muy pocos -podemos ser contados con los dedos de una mano- los que, durante todos estos años en democracia podemos citar, con conocimiento de causa, a Aristóteles, no solo porque supimos vencer los obstáculos del sistema electoral vigente en nuestro país, sino porque hicimos carne aquello de que el ciudadano común y corriente puede y debe construir el país donde quiere que crezcan sus hijos y sus nietos.
No podría decir la cantidad de veces que he escuchado decir -me imagino que a los colegas les habrá ocurrido lo mismo- que es imposible modificar el sistema binominal, así como también que si uno no firma por un partido político, las posibilidades de salir electo o reelecto, prácticamente, son nulas.
Como digo, este proyecto no llena las expectativas de todos los chilenos. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, hacemos reparos al actual sistema y buscamos una fórmula lo más consensuada y equilibrada posible para el bienestar de nuestro país.
Lamentablemente, como el proyecto no cumple con estos objetivos, lo voy a votar nuevamente en contra, no por considerar que es malo o equivocado en su fondo, sino porque es aprensivo y retrógrado. ¿Hasta cuándo permitiremos que nuestra democracia sea protegida, contraviniendo la voluntad de los ciudadanos?
El sistema para reemplazar un congresista, sea diputado o senador, no debe ser otro que la consulta libre a los ciudadanos. Si se produce una vacante, sea cual fuere el motivo que la provoque, deben ser los electores del distrito o de la circunscripción, según corresponda, los llamados a llenarla. En una democracia sana, la decisión siempre debe recaer en las personas, nunca en un organismo sectorial, por legítimos que resulten sus argumentos. Si a alguno de los colegas se le ha olvidado, fueron los ciudadanos, de manera libre e informada, los que nos eligieron como sus representantes. Entonces, ¿quién mejor que ellos para decidir nuevamente? Todos debemos estar de acuerdo en esto, porque no podemos dejar que Chile se consolide como una democracia limitada y protegida, donde la opinión y el voto de las personas sean requeridos en algunas ocasiones y, en otras, desconocidos. Es decir, hablamos de democracia y de participación, pero somos nosotros mismos los que cerramos la puerta a una mayor participación de la gente.
Retomo las ideas de Aristóteles y cito textualmente el artículo 1° de nuestra Constitución -por cierto, hay que modificarlo-, que establece: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.”. Pues bien, todos debemos reafirmar el compromiso de avanzar hacia el perfeccionamiento de nuestra democracia, pero no para retroceder o para avalar un sistema que se ha alejado de las personas y de los ideales de quienes decidimos dedicarnos al servicio público.
Este proyecto no cumple con la expectativa de mejorar nuestra democracia, ni de lograr mayor participación ciudadana, porque les sigue dando más poder a los partidos políticos para designar y elegir. ¿Por qué el partido A -lo digo con mucho respeto- debe entrometerse en las elecciones del partido B? ¿Acaso esto no incentiva, por ejemplo, a que el Presidente de la República llame a ciertos parlamentarios a renunciar y a que se decida con antelación la terna que se presentará para su reemplazo? Consideramos que este no es un buen procedimiento. O somos democráticos a medias o somos completamente democráticos.
Reitero que este proyecto no cumple con los objetivos de mejorar nuestra democracia; por el contrario, restringe la libertad de participación de los chilenos. Por último -lo digo con mucho respeto-, vulnera los derechos de las personas que votaron por una lista determinada, porque ninguno de los integrantes de la misma, bien haya salido segundo o tercero, podrá llenar la vacante.
Por lo tanto, votaré en contra de la iniciativa, a fin de llegar a un consenso que permita mejorarla.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , honorable Sala, en realidad, es atendible el hecho de que la Cámara de Diputados se haya preocupado de tratar de solucionar un problema que hoy nos aqueja y que está pendiente, relacionado con el sistema de reemplazo de las vacantes de parlamentarios, cualesquiera que sean las circunstancias en que estas se produzcan. En mi opinión, el proyecto no soluciona en forma adecuada esta situación.
En primer lugar, cuando se produce la vacante, sea por condena judicial o por el hecho de que el Presidente de la República designa a un parlamentario, por ejemplo, en el cargo de ministro , razón por la cual se genera una incompatibilidad y esta debe ser llenada, no comparto la idea de que si quedan menos de dos años -podrían ser solo 20 meses- el parlamentario no sea reemplazado. Eso no corresponde, porque la palabra democracia significa que debe haber representación, pues en este país nuestra democracia es representativa.
En segundo lugar, tampoco corresponde realizar una elección complementaria si nuestro sistema electoral es binominal, porque las elecciones complementarias son totalmente incompatibles con tal sistema. De esa forma, se estaría torciendo la nariz a la decisión que la ciudadanía haya tomado en relación con la elección de un candidato. Puede suceder que quien cae en esa situación sea del sector A, pero realizada una elección complementaria, perfectamente puede ser electa una persona del sector B, C o D. No comparto esa alternativa. Menos comparto que ante la muerte o renuncia de un parlamentario por enfermedad grave, el nombre del reemplazante deba ser resuelto por la Cámara de Diputados o por el Senado. ¿Qué tiene que ver nuestra decisión, como parlamentarios ya elegidos, con la que tomó la ciudadanía en un determinado distrito o circunscripción? Si estamos tratando de respetar a la ciudadanía y de hacer valer su participación, el proyecto en esta materia apunta en el sentido contrario. Lo más lógico sería que si en una determinada circunscripción sucede uno de estos casos, el partido presente los nombres a los militantes de esa circunscripción y ellos decidan. Tal vez, sería el único caso en que una elección complementaria resulta útil.
¿Por qué otras personas, con otros inte-reses, tendrían que tomar una decisión por sobre los votantes que eligieron al parlamentario que en un determinado momento no puede continuar desempeñando su cargo? Es una pregunta sin respuesta.
También es importante considerar que cuando los partidos deciden los nombres, lo hacen en función de una institucionalidad interna sustentada en la ley de partidos políticos. Acá no se está respetando esa ley, pues se fija otro sistema, lo cual no me parece correcto y no comparto. No corresponde que se designe en un cargo diferente a quien ha sido elegido por votación popular para desempeñar el cargo de diputado o senador. Eso es faltarle el respeto a la ciudadanía. Se podrá dar muchas explicaciones, muchas veces atendibles, y tal vez el bien superior de la nación en alguna oportunidad así lo haya exigido, pero no lo comparto.
Por las razones señaladas, anuncio mi voto en contra del proyecto.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , después de escuchar algunas intervenciones me asisten dudas sobre este proyecto. Si bien hay un avance sobre la discusión acerca de cómo reemplazar a los parlamentarios que han producido la vacante por causal de muerte, enfermedad o incompatibilidad, es importante que la ciudadanía defina al reemplazante.
La iniciativa muestra algunos avances, pero, también, problemas, porque hace diferencia en cuanto a los mecanismos para llenar las vacantes. No estoy de acuerdo con ello, porque cualquiera sea la circunstancia por la que un parlamentario deje la Cámara, debería ser reemplazado por la vía de una elección complementaria.
Por otra parte, el período de dos años para no realizar elecciones complementarias para cubrir una vacante resulta muy largo. Debería establecerse un año.
Asimismo, no son los partidos políticos quienes deben elegir al reemplazante, sino los ciudadanos, a través de una elección complementaria. Siempre fue así en la vida democrática y republicana de nuestro país. Hoy, se busca cambiar esta norma y permitir que la partitocracia maneje un asunto que corresponde al soberano, al ciudadano. Es el pueblo el que debe reemplazar a los diputados que dejan su cargo.
Es muy relevante proveer las vacantes que se produzcan, porque estamos casi empatados. Si falta uno o dos diputados, los quorums se manejarían de distinta manera. Ello es vital para la permanencia de una democracia de verdad en esta Sala, ya que uno o dos votos son trascendentales.
Por eso, es menester que el proyecto vuelva a Comisión para su reformulación. Tal como está redactado, no estoy disponible para aprobarlo.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , debido al interés parlamentario y periodístico despertado por la iniciativa, quiero formular algunos comentarios que, en la medida de lo posible, fijen la posición de los diputados de Renovación Nacional, y la mía, como autor de la misma.
En primer lugar, hago presente que ya fue aprobada en general por la Cámara. Por lo tanto, ahora la estamos debatiendo en particular.
En segundo lugar, Renovación Nacional, como partido y como bancada, tiene un compromiso institucional, en el sentido de avanzar en el estudio de iniciativas para perfeccionar el sistema binominal, que conciten mayoría en la Cámara y en el Senado y que se traduzcan en leyes o normas válidas para las próximas elecciones parlamentarias. Ese es el esfuerzo que se ha estado realizando, institucionalmente, por el Presidente y la mesa del partido y, por el Presidente y la mesa de la Democracia Cristiana. Esperamos que coincidan y avancen, a fin de que luego se integre la Unión Demócrata Independiente, nuestros socios y amigos de la Alianza por Chile, en un esfuerzo común de perfeccionamiento electoral. Jamás nos hemos negado a eso y estamos avanzando.
En tercer lugar, del debate habido en esta Sala queda en evidencia que es fácil hablar sobre introducir reformas al sistema binominal y cambiarlo. Lo difícil es lograr un acuerdo en torno al sistema que lo reemplazará. En una norma, aparentemente tan sencilla como esta, que fija criterios de reemplazo en caso de que un parlamentario cese en el cargo, se advierte una serie de cuestiones y de planteamientos que hacen la solución mucho más difícil que la intención.
Dicho todo eso, quiero expresar que en esta materia concreta los diputados de Renovación Nacional no tienen una posición unánime. No es un tema que solo haya pasado por la comisión política del partido, sino una materia debatida desde mucho tiempo a esta parte. Nuestro compromiso es plantear avances, reformas que el país espera y que son de nuestro ánimo gatillar y motorizar.
Por lo tanto, es legítimo que existan diversas posiciones al respecto.
Patrociné y firmé el proyecto, posición que mantendré, después de observar un tema que resulta fundamental: el sistema de reemplazo de parlamentarios que existe es el peor que podamos imaginar y, por ende, debe ser cambiado. Por eso, voté a favor de la idea de legislar.
En segundo lugar, y de manera absolutamente clara, estuve dispuesto a avanzar para introducir en el sistema binominal una corrección en materia de reemplazo que incursiona en un sistema proporcional. Me pare-cía bien que si un Presidente de la República tomaba la decisión política de nombrar a un diputado o a un senador embajador o ministro , ello tuviera una consecuencia política. De igual manera, en el caso de diputados o senadores que cesaran en sus cargos por causal de inhabilidad, incompatibilidad, extinción de las condiciones jurídicas para ser electo en el cargo o por evidentes consecuencias políticas, ello debe producir como efecto la necesidad de reemplazarlo mediante elección complementaria. Es como una especie de sanción para el partido que llevó de candidato a alguien que incurrió en una causal de cesación en el cargo o por inhabilidad. Es una idea de saludable corrección que estoy dispuesto a mantener y a apoyar. Por eso, votaré favorablemente el proyecto.
Tengo algunas dudas respecto del sistema de reemplazo en caso de que un diputado o senador cese en el cargo debido a un motivo fortuito, por ejemplo, la muerte, causal muy sensible. Al respecto, se planteó que no será el partido el que proponga el reemplazo de ese diputado o senador, sino que este debe enviar una terna al Senado o a la Cámara de Diputados para que sean estas corporaciones las que finalmente decidan el nombre del reemplazante. Sin embargo, después de pensar el tema y escuchar distintos argumentos, no me queda claro que un diputado de Renovación Nacional que tenga que ser reemplazado deba requerir de los votos del resto de la Cámara, en este caso, de la Concertación, o viceversa, que en el caso de que un diputado o diputada que haya fallecido y que pertenezca a ese conglomerado deba requerir de los votos de Renovación Nacional o de la Alianza para ser electo. Me parece que es un tema que debemos revisar con mayor profundidad, al igual que el relativo a los candidatos independientes, que también debemos corregir.
Por lo tanto, de los tres elementos puntuales del proyecto, estoy a favor de la elección complementaria en el caso de cesación del cargo por razones jurídico-políticas. Respecto de las otras situaciones, tengo algunas dudas, especialmente en el caso de muerte de algún diputado o senador. Si se presenta alguna indicación, voy a pedir separación de la votación, a fin de pronunciarme a favor de la elección complementaria en caso de incompatibilidad, inhabilidad o cualquier otro ilícito constitucional, o por haber asumido el diputado o senador un cargo distinto para el que fue elegido. En el resto de los casos, me abstendré en espera de un mayor consenso.
Espero haber aclarado mi posición en esta materia. Es bueno subrayar que en esta última parte de mi intervención no he hablado como jefe de bancada, sino como simple diputado patrocinante del proyecto.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , valoro un debate que, para suerte de nuestro sistema democrático, se produce luego del repudio ciudadano, manifestado a través de las redes sociales, como consecuencia de la masiva presencia de parlamentarios designados en esta legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sin ir más lejos, en mi región tenemos un senador designado, el señor Uriarte . Una vez le molestó que lo haya dicho, pero es la verdad. En realidad, da lo mismo la opinión que tenga de él; lo importante es señalar que se trata de un senador designado, es decir, de una persona que no fue elegida por los ciudadanos.
La molestia generada por mis dichos da cuenta de la existencia de un problema. Repito, al señor Uriarte no le gusta que le digan que es un senador designado; sin embargo, esa es su naturaleza: como diputado fue designado senador y ratificado como tal por la Cámara Alta. En consecuencia, como ya mencioné, no es un senador electo por la ciudadanía. En su momento, tampoco lo fueron quienes en legislaturas anteriores renunciaron a sus cargos para asumir cupos parlamentarios. Es el caso del colega Marcelo Schilling , quien ocupó una vacante por fallecimiento del titular, y del diputado Felipe Harboe .
Ahora bien, cuando uso el calificativo de designado, no lo hago con el objeto de denigrar a quienes hoy ostentan esa calidad parlamentaria, sino para que nos demos cuenta de que tenemos un problema de legitimidad, de diferencia de génesis. En el Senado y en nuestra Corporación existe un grupo inmensamente mayoritario de parlamentarias y de parlamentarios elegidos por decisión popular y, otro, de designados. No cabe duda de que estos últimos fueron elegidos a través de un procedimiento constitucional, pero, a final de cuentas, se trata de personas designadas en sus cargos.
En este período gubernamental, el Presidente de la República se encontró sin grandes talentos al interior de los partidos y en el mundo independiente, razón por la cual tuvo que recurrir a la experiencia de personas que ocupaban cargos parlamentarios. Al hacerlo, debió designar a otras para ocupar los cargos vacantes, lo que generó un repudio, incluso, de los parlamentarios de la Alianza, que presentaron una moción, con el objeto de intentar resolver el problema. Ello, finalmente, permitió instalar este debate.
A mi juicio, lo que se aprobó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la que formo parte -mis votos fueron en esa dirección- no resuelve el problema de fondo, pues no se hace cargo del tema de la legitimidad de quienes deban reemplazar a un parlamentario o parlamentaria que por diversas razones no puede seguir desempeñando su cargo, ya sea por fallecimiento, por inhabilidad, por haber sido asignado a otro cargo o por la razón que sea. Esa legitimidad solo se resuelve por la vía de devolver la soberanía a quien corresponde, esto es al universo electoral del distrito o circunscripción que representa aquel que será reemplazado. Ello no está recogido en el proyecto en discusión, pues solo plantea el mecanismo de elección complementaria para un evento, cual es el caso de la inhabilidad sobreviniente como consecuencia de la designación de una persona en un cargo distinto del que desempeña. Es decir, resuelve solo el problema cuando el Jefe de Estado o de Gobierno llama a un parlamentario o parlamentaria a asumir un cargo ministerial, o lo designa embajador, que es el otro evento que podría ocurrir en tal hipótesis. En esos casos -repito- deberá convocarse a una elección complementaria. Ello me parece muy bien y constituye un avance. Es más de lo que hay, pero, insisto, no resuelve el problema de fondo.
Junto con el diputado Carlos Montes hemos presentado una indicación, en nombre del Partido Socialista, para hacer extensivo el mecanismo de las elecciones complementarias a cualquier causal que genere una vacante tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eso es lo único que resuelve el problema. Da lo mismo si la inhabilidad se genera por desafuero, o porque el parlamentario es sometido a proceso, o destituido de su cargo, o convocado a las filas del Ejecutivo para formar parte del gabinete ministerial, o ha fallecido -hecho lamentable-, o porque su salud es incompatible con el ejercicio del cargo. En caso de que un parlamentario que ha sido elegido por la soberanía popular no puede continuar ejerciendo su función, lo que corresponde es devolver esa soberanía y la facultad plena de decisión a quien corresponde, esto es a los ciudadanos y ciudadanas del distrito o circunscripción al que pertenecía el parlamentario que ha cesado en su cargo. ¡Eso es lo que corresponde! ¡Digamos las cosas como son! Si queremos impedir que el Presidente de la República nombre ministros a parlamentarios, presentemos un proyecto de ley en esa dirección. En la práctica, el proyecto de ley solo produce el efecto de inhibir que el Presidente de la República convoque a un parlamentario o parlamentaria a formar parte de su gabinete, porque la elección complementaria que deba realizarse para generar el reemplazo puede alterar las mayorías que, en un sistema binominal, son muy precarias. Por lo tanto, en la práctica, no va a haber más vacantes que se generen como consecuencia de que un parlamentario sea nombrado ministro de Estado . Ese es el efecto práctico del proyecto sometido a nuestra consideración. Con todo, esos casos no fueron usuales sino hasta el nombramiento de Carolina Tohá. Antes de ocurrido ese hecho, las vacantes en cupos parlamentarios se generaron, en la mayoría de los casos, por causales de muerte, inhabilidad, y solo ahora último, por el hecho de que el Gobierno toma senadores para nombrarlos ministros y se designa a diputados para cubrir esas plazas.
Esto, para los ciudadanos, es una verdadera burla, porque se les dice: “Sabe, elija, pero si por alguna razón la persona que eligió debe abandonar su cargo, no se preocupe, pues nosotros, los partidos, a través del mecanismo que sea, solucionaremos el problema.”. Nunca le decimos al dueño de la pelota que ella le pertenece. ¡Son los ciudadanos los que eligen a los diputados y senadores! ¡De eso se trata un Parlamento!
Luchamos denodadamente para eliminar la figura de los senadores designados y vitalicios; sin embargo, ahora, de contrabando, aparecen estos nuevos designados. Como dijo el diputado Pedro Browne , no es casual que los tres senadores designados -dos partieron desde la Cámara de Diputados-, según las encuestas y comentarios políticos, tengan dificultades para reelegirse. Respecto de ellos se ha instalado una sensación que se nutre, en parte, de la falta de legitimidad.
Sin duda, se produjo un malestar social como consecuencia de la designación de los últimos ministros del gabinete del Presidente Piñera y de las vacantes generadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, que dejaron, si mal no recuerdo, a más de medio millón de chilenos sin representantes. Me atrevo a decir más: creo que con medio millón me quedo corto, pues es necesario considerar las regiones Metropolitana, de Los Ríos y de Coquimbo.
Queremos decir bien claro que no importa la causal que genera la vacante: debemos, a todo evento, devolverle al soberano la facultad de designar al reemplazante de un parlamentario que no puede cumplir su mandato. Nuestra indicación va en ese sentido.
Según lo señalado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se alcanzó un acuerdo para acortar los plazos para convocar a elecciones complementarias. Respecto de esa materia, también presentamos una indicación. No nos parece razonable la versión original del proyecto, que establecía que si se generaba la vacante luego de transcurridos dos años, en el caso de la Cámara de Diputados, o seis años, en el caso del Senado, no había posibilidad de reemplazo. Nos parece que lo razonable es volver a lo que establecía la Constitución de 1925, es decir, salvo que reste menos de un año para la siguiente elección parlamentaria, el cargo debe ser provisto mediante elección complementaria. La idea es impedir que un distrito o una circunscripción permanezca sin representación parlamentaria por más de 365 días.
Entiendo que hay un acuerdo alcanzado sobre esa materia en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que debería tener mayoría en la Sala. Nuestra indicación apunta en esa misma dirección.
Reitero que el principio que queremos salvaguardar dice relación con que la gente pide no más representación, sino más participación. La gente quiere ser protagonista; hoy es más interactiva en los medios de comunicación y también en la política. En efecto, es más interactiva no solo en las redes sociales, sino también en la política y en los asuntos públicos.
Por eso, el Congreso Nacional no puede entregar señales en la dirección inversa y ser tibio en cuanto a establecer canales más efectivos de participación.
Después de los niveles de prestigio alcanzados por la Cámara y el Senado, resulta preocupante que cuando podemos entregar una señal en el sentido de que ningún parlamentario se incorporará a la Cámara de Diputados o al Senado de la República si no es por decisión popular, adoptemos una decisión que apunta en la dirección contraria.
Por lo tanto, los socialistas vamos a apoyar la elección complementaria como el único y legítimo mecanismo para el reemplazo de cualquier parlamentario o parlamentaria que no pueda cumplir con su mandato.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , el sistema de reemplazo de las vacantes parlamentarias no puede ser un traje a la medida del sistema electoral binominal, sino que debe ser una oportunidad para ejercer la soberanía popular y, conceptualmente, construir un camino hacia la profundización democrática, hacia una mayor participación ciudadana.
Sin duda, la posibilidad de realización de elecciones complementarias establecidas en el proyecto en estudio es un paso significativo y relevante, que pone el acento en los grandes desafíos que la democracia chilena tiene pendiente desde hace más de veinte años.
Queremos hacer tres alcances.
Primero, el artículo 5º de la Constitución Política se refiere a la soberanía; pero no señala que ella resida en el pueblo, sino en la nación. Es decir, la soberanía popular no es relevante para la Constitución de 1980. Agrega que su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas que, tratándose de las parlamentarias, se rigen por el sistema binominal.
En suma, el pueblo tiene una soberanía restringida; en nuestra Constitución ni siquiera existe la revocabilidad; es decir, la posibilidad revocar el mandato de aquellos que no cumplen con ese precioso encargo que les ha conferido el pueblo.
Reitero, la Constitución limita la soberanía popular y refuerza la soberanía nacional. Esto lo planteo a modo de constatación, para que nadie se moleste.
El proyecto de ley pretende mitigar esa carencia en materia de ejercicio de la soberanía por el pueblo, al establecer la posibilidad de realización de elecciones complementarias como medio para proveer el reemplazo de parlamentarios.
Sin embargo, mientras exista el sistema binominal, parece no tener sentido discutir un mecanismo de reemplazo, porque si existiera una elección complementaria, se llevaría a cabo dentro del contexto de este sistema electoral; o sea, mediante un tipo de elección mayoritario. Si existiera una elección proporcional o algo semejante, se podría idear un sistema de suplencia y/o reemplazo coherente con un diseño democrático plural, participativo y no discriminatorio. De lo contrario, es un sistema que fosiliza el sistema electoral binominal.
La crítica a los partidos políticos, tan frecuente en los discursos de carácter gremial, más que poner una sana inquietud sobre el estado de la política, expresa el milenario temor de la Derecha política a la profundización de la democracia. Cuando en Chile se avanzó en la construcción democrática, sin duda se fueron perdiendo los privilegios de unos pocos, que hasta el día de hoy tienen.
Segundo, el proyecto en estudio establece una distinción sobre las causas de reemplazo, con el objeto de justificar el traslado de parlamentarios al Gobierno. A lo dicho podemos agregar que pronto ministros de Estado saldrán del Gobierno para ser candidatos a parlamentarios.
Estas distinciones son relevantes, pero no importantes. Son relevantes por el tema de la renuncia. Reconozcamos que la renuncia es inviable en la legislación actual; pero es posible que un parlamentario sea requerido por el Gobierno, por ejemplo, para desempeñarse como ministro de Estado , en desmedro de la voluntad popular que lo hizo parlamentario. A mi juicio, lo correcto sería que renunciara a su cargo como diputado o senador antes de asumir como ministro . En estricto rigor, el parlamentario ejerce una función para la que fue elegido, no designado, y, por lo tanto, representa una voluntad distinta de la de él: la de los ciudadanos que lo eligieron.
He aquí el fiel reflejo del problema del mandato que encierra la representación parlamentaria. En efecto, si un parlamentario es llamado a ocupar un cargo en el gobierno, tiene la opción de renunciar a ese mandato y dejar de ser diputado o senador.
El principio que debe imperar es el de la representación popular, porque la ciudadanía tiene una especie de propiedad indivisible sobre el cupo del determinado distrito o circunscripción. En consecuencia, a nuestro entender la regla general es que cuando se produce una vacante, siempre deben llevarse a cabo elecciones complementarias.
Tercero, la excepción debe ser determinada por el factor tiempo; lo que se debe evaluar en ese caso es la proximidad de la siguiente elección. Por esa razón, nos parece un exceso el plazo fijado en la disposición que establece que “si restare menos de dos años para la siguiente elección parlamentaria en el distrito o circunscripción en donde se ha producido la vacante, el parlamentario no será reemplazado”, toda vez que eso constituye una limitación muy importante al ejercicio del voto y a la elección del representante. Ese asiento electoral queda sin representación solo porque algunos partidos -los que más critican al resto de las colectividades- se oponen al ejercicio de la democracia. Incluso más, ese tiempo debería ser el menor posible, más aún si se trata de elecciones primarias.
Por lo tanto, en aras de construir un acuerdo representativo, creemos que lo correcto y prudente sería que dicha norma estableciera que no existirá reemplazo si restare menos de un año para la siguiente elección parlamentaria en el distrito o circunscripción de que se trate.
Por último, la exigencia social es que exista soberanía popular, es decir, que el pueblo decida sobre el reemplazo de parlamentarios, pues estos son simples mandantes de un pueblo que aún espera ejercer sus derechos.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , entiendo que el proyecto en discusión, iniciado en moción, es una suerte de preacuerdo entre algunos miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para encontrar un punto en común entre posiciones distintas.
La iniciativa en debate es positiva, pues una vez que sea ley de la república, desincentivará la práctica que personas elegidas con los votos del pueblo, pasen a ocupar cargos de otra naturaleza, con lo cual se pierde por completo el compromiso que contrajeron con sus electores al momento de ser elegidos.
Sin embargo, el problema existente se podría resolver de una manera bastante más simple: mediante el establecimiento del carácter irrenunciable de la condición de parlamentario, de modo que diputados y senadores no pudieran ejercer cargos distintos luego de contraer el compromiso de representar al pueblo en el Congreso Nacional.
Me gusta, porque desincentivará esa conducta, sin perjuicio de que -reitero- hay maneras más eficaces de hacerlo. Sin embargo, no me agrada que se legisle desde el punto del vista de la preocupación por los parlamentarios en lugar de hacerlo sobre la base de la preocupación por la soberanía popular; es decir, de la gente que deja de tener en el Congreso Nacional un representante elegido con sus votos. Eso ocurrirá cuando se trate de proveer vacantes de parlamentarios que mueran durante el ejercicio de su cargo o que deban renunciar debido a una enfermedad grave debidamente calificada. En esos casos, según el proyecto en discusión, regirá otro mecanismo de reemplazo de la vacante, que dejará buena parte de la decisión en manos del partido político al cual pertenecía el parlamentario al momento de ser elegido.
No me gusta la idea de que los partidos propongan una terna ante la rama del Congreso Nacional que corresponda, y que nosotros, los parlamentarios, en virtud de no sé qué atribución, tengamos que decidir qué candidato de esa terna será el más apropiado para representar a los electores o, en ese caso, al partido en cuestión.
Tampoco me gusta que se limite la competencia. Eso ocurrirá al eliminar la posibilidad de que, por ejemplo, en una elección complementaria para reemplazar a un senador, pueda competir un diputado en ejercicio. ¿Quiénes pueden estar en mejores condiciones de competir en una elección complementaria para reemplazar a un senador que ha muerto o que ha sido nombrado ministro , que los diputados de los distritos que integran la circunscripción en la que se ha producido la vacante? Por lo tanto, esa disposición responde a la actitud autodefensiva de que, en lo posible, las cosas sigan siendo como son.
A mi juicio, en la intervención del diputado señor Bertolino quedó expresada la esencia del sistema binominal: la cultura del empate. Sobre la base de lo que él planteó, no debería haber elecciones complementarias, porque estas, por definición, dirimen. De acuerdo con lo que él señaló, ese tipo de elecciones dirimirían de manera artificial, porque serían uninominales -se elegiría un solo parlamentario-, con lo cual se rompería el empate. Cuando regía el sistema proporcional y se aplicaba el sistema de reemplazo que hoy se quiere reponer, si un sector elegía tres parlamentarios y otro elegía uno, pero este último -que representaba a la minoría- fallecía durante el ejercicio del cargo, se llevaban a cabo elecciones complementarias, tras las cuales el sector mayoritario pasaba a tener cuatro representantes y el minoritario se quedaba sin ninguno.
Las elecciones son para dirimir; su esencia es que sirven para construir y expresar mayorías. Por lo tanto, no hay ninguna razón lógica para lo que propone el proyecto, en el sentido de que si la vacante se ha debido a la muerte del parlamentario o a su renuncia por enfermedad grave debidamente calificada, no se entregue a la soberanía popular el poder para elegir su reemplazante.
Francamente, creo que en la discusión de la iniciativa hay que preservar dos valores. Primero, se debe terminar, por completo, con la posibilidad de que haya diputados y senadores designados, y segundo, se debe devolver la soberanía al pueblo, mediante el establecimiento de elecciones complementarias.
Por último, quiero señalar que me parece excesivo el plazo que se propone en la iniciativa, que establece que “si restare menos de dos años para la siguiente elección parlamentaria en el distrito o circunscripción en donde se ha producido la vacante, el parlamentario no será reemplazado.”. Creo que habría que efectuar elecciones complementarias en todos los casos, salvo cuando restare menos de un año para la próxima elección parlamentaria, caso en cual estimo que lo lógico y lo apegado a principios sería dejar ese cargo desierto.
En consecuencia, en las condiciones actuales, tal como está planteado el proyecto, anuncio mi voto en contra.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, luego de escuchar diferentes planteamientos en materia de reemplazo de parlamentarios, creo que podemos separar dos situaciones.
En primer lugar, cuando una persona es elegida como parlamentario -senador o diputado -, creo que no se debe permitir su traslado a cumplir función alguna en el gobierno de turno, cualquiera que sea su color político, porque al hacerlo se cambia la voluntad soberana del pueblo.
En algunas ocasiones, dicha voluntad soberana ha sido considerada de poco valor, situación que ha llevado a que en la actualidad, el Congreso Nacional sea calificado con una nota bajísima en materia de reconocimiento ciudadano.
Para proveer las vacantes de diputados y senadores se han buscado diversos caminos legales, lo cual, a mi juicio, es una forma de torcer la decisión de la voluntad popular, práctica que nos ha ido alejando del reconocimiento ciudadano.
La reforma constitucional de 2005 estableció con claridad que “Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán por el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.”. Creo que el establecimiento de esa disposición fue el primer gran error que cometimos, porque el pueblo debe elegir a sus representantes. Hoy, cuando se produce una vacante, el parlamentario es reemplazado por la persona que decida la cúpula de su partido.
La iniciativa en estudio propone que, en caso de que la vacante se deba a muerte o renuncia del parlamentario por enfermedad grave, su partido político presente una terna ante el Senado o la Cámara de Diputados, según corresponda, para que la respectiva rama del Congreso Nacional se pronuncie en el plazo que se establece y elija al reemplazante, luego de lo cual se debe comunicar al Tribunal Calificador de Elecciones para que este lo proclame como nuevo parlamentario. Eso se llama “dedocracia”, la democracia a dedo, y en este período es cuando más se ha practicado. Como se sabe, senadores dejaron sus cargos para ser ministros y fueron reemplazados por diputados. Estos, a su vez, fueron reemplazados por personas -muchas veces, ni siquiera conocidas en el distrito correspondiente- designadas por su partido político. Entonces, uno ve cómo la democracia se va alejando de la ciudadanía, lo que es nefasto para todos. La voluntad popular representa la posibilidad de elegir a través de una manifestación individual: el voto. Pero esa manifestación también es colectiva. Ella nos trae acá -a la Cámara o al Senado-, para trabajar en la elaboración de iniciativas legislativas que abordan temáticas desde el punto de vista del país, pero también de las zonas a las cuales representamos, cuyos ciudadanos nos eligieron. Eso es lo que hemos pasado a llevar; eso lo que hemos roto con el actual sistema de reemplazo de parlamentarios.
Este proyecto representa un avance: posibilitar el reemplazo por medio de elección complementaria. Sin embargo, no concuerdo con el plazo que se establece. A mi juicio, el parlamentario respectivo no debería ser reemplazado cuando restare menos de un año para la siguiente elección. Pero no puede ser que diferenciemos según si la vacante tiene su origen en renuncia por enfermedad o si ella se motivó por el nombramiento del parlamentario para cumplir otras funciones; eso no debe pasar. Cuando alguien deja de ser diputado o senador, por enfermedad, fallecimiento, debido a problemas con la justicia o porque pasa a cumplir otras funciones en el gobierno -lo cual no me parece-, tiene que ser reemplazado por medio del ejercicio de la soberanía popular en el distrito o la circunscripción de que se trate. De esa manera vamos a respetar la participación ciudadana. En varias oportunidades -no solamente con ocasión de los reemplazos de parlamentarios- hemos roto ese principio. Parte del bajo prestigio del Senado y de la Cámara de Diputados se debe a que se han ido desligando del ejercicio de la democracia, que se expresa mediante la voluntad popular, la voluntad del ciudadano para manifestarse en diferentes instancias. El camino que hemos adoptado, de reemplazo parlamentarios por la persona que designe el respectivo partido político, nos ha ido alejando del ejercicio de la democracia. Esa es una de las cosas que hoy reclama la ciudadanía: una participación mucho más directa y concreta.
Señor Presidente, si bien este proyecto, como otros que hemos tratado, da un barnicito, es malo porque no cumple con lo que correspondería: el establecimiento de la elección complementaria como mecanismo de reemplazo a todo evento, independientemente de la causa por la cual alguien, que fue elegido por el pueblo, deja de ser parlamentario.
Debemos legislar en el sentido de que quienes asuman como parlamentarios cumplan su período, es decir, que no puedan ser llevados a cumplir funciones de gobierno. Eso es reírse en la cara del pueblo, porque, al final, el gobierno o el respectivo partido político son los que mandan. Debemos entender que estamos acá por la voluntad del pueblo que nos eligió, y, por lo tanto, dentro de nuestras posibilidades, debemos cumplir con nuestro período como parlamentarios. A mi juicio, solo el fallecimiento o la enfermedad, son causales superiores que justifican su reemplazo.
Insisto en que estoy en contra de que el gobierno destine a parlamentarios a cumplir otras funciones, por ejemplo, como ministros, embajadores, etcétera. Además, como dije, cuando exista una vacante, siempre deben llevarse a cabo las elecciones complementarias, salvo cuando restare menos de un año para la siguiente elección. Por último, en ningún caso el reemplazo debe surgir de una troika o de nombres propuestos por los respectivos partidos políticos, por cuanto ello, repito, rompe la democracia y la voluntad del pueblo.
Vamos a ver cómo vamos a votar este proyecto. A veces, algo es mejor que nada. Pero, con algunas disposiciones del proyecto estamos alejándonos del verdadero sentido de la democracia, que se manifiesta mediante la expresión de la voluntad de nuestro pueblo.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene el uso de la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente , no creo que la impopularidad del Congreso Nacional se deba solamente a que no avanzamos en la profundización de la democracia. Es importante seguir avanzando en eso; pero hay muchos otros temas por los cuales la ciudadanía nos tiene con tan baja popularidad -por lo demás, en la mayoría de los parlamentos pasa lo mismo-, por ejemplo, porque no nos ponemos de acuerdo respecto de proyectos importantes o porque ella quiere vernos trabajar juntos por Chile y, a veces, los intereses partidistas son más transcendentes que el país. Además, si fuera por eso, deberíamos ir subiendo nuestra aprobación, porque en los últimos años, durante el gobierno del Presidente Piñera, es cuando más se han tramitado y promulgado legislaciones que profundizan la democracia. Así, por ejemplo, tenemos el proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario, muy deseado por la ciudadanía, que ya es ley de la república y se aplicará en las próximas elecciones; el proyecto de primarias voluntarias y vinculantes, próximo a aprobarse; el proyecto que establece la elección directa de consejeros regionales -lo votaremos mañana en la Sala-, que también es un avance en la profundización de la democracia, y el proyecto, aprobado en la Comisión de Gobierno Interior, referido a los plebiscitos comunales, para entregar más poder a los ciudadanos.
Reitero, hemos avanzado mucho al respecto, pero, la popularidad del Congreso Nacional no ha subido nada. Por lo tanto, no veo una relación tan directa como la que plantearon los señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra; no creo que ese sea el problema. Sin embargo, reitero, es importante seguir avanzando.
Señor Presidente, básicamente este proyecto presenta dos formas de reemplazo, dependiendo de la causal que origine la vacancia. En verdad, soy bastante crítico de ambas formas de reemplazo.
En primer lugar, si la causal es por muerte del parlamentario o por renuncia por enfermedad grave, el respectivo partido político deberá presentar una terna ante la rama del Congreso Nacional que corresponda, para que esta elija al reemplazante. Ese mecanismo me parece bastante extraño -en eso coincido con el diputado Auth -, porque es ilógico que diputados de otras bancadas decidan quien reemplazará a un diputado de un partido político diferente. No me parece una fórmula clara y correcta. Por lo tanto, creo que el lobby que se producirá será fantástico, toda vez que en los partidos existen diferentes tendencias. En este caso, reitero, habrá un lobby tremendo, justamente con parlamentarios de un color político diferente, lo cual no es lógico.
En segundo lugar, si la vacante se produce a raíz de una condena judicial o porque el gobierno nombra al parlamentario en algún cargo, por ejemplo, de embajador o de ministro , el proyecto establece que se procederá a realizar una elección complementaria. Se dice que lo más democrático es que el pueblo decida. Sin embargo, entiendo que los sistemas electorales transforman votos en escaños: a tal cantidad de votos, tal cantidad de escaños. Mientras más proporcional sea la cantidad de votos y la cantidad de escaños que obtenga tal o cual partido, mejor es. En este caso, estamos haciendo algo distinto, porque el sistema electoral binominal que tenemos, o cualquier sistema proporcional -el binominal es un sistema proporcional de dos-, por ejemplo, de cuatro o de cinco, en mi opinión no puede reemplazarse -lo hallo ilógico- por un sistema mayoritario, porque, de hacerlo, lo más probable es que distorsionemos la voluntad popular, en circunstancias de que es lo que queremos resguardar.
Los alcaldes son elegidos por un sistema mayoritario. En consecuencia, si uno fallece o renuncia por enfermedad, lo lógico es que su reemplazante sea elegido por medio de una elección complementaria, con el mismo sistema mayoritario; ahí no hay ninguna distorsión. Sin embargo, no me parece correcto hacer lo mismo en caso de necesidad de reemplazo de parlamentarios.
Si la idea de los autores del proyecto es inhibir a los gobiernos de nombrar ministros de entre diputados o senadores, creo que lo mejor sería, lisa y llanamente, no permitir esa situación; pero no estoy de acuerdo con hacer esta vuelta que me parece ilógica e innecesaria.
Voy a presentar una indicación -me parece importante, sobre todo pensando en la gente de regiones-, a fin de establecer la obligación de que los representantes de los diputados que murieren o renunciaren a su cargo por enfermedad grave, tengan residencia en la región a la que pertenece el distrito de quien deja la vacante. La indicación se referirá solo al reemplazo de diputados, pues a los senadores no se les exige residencia. La indicación dice lo siguiente: “Además, en caso de reemplazar a un diputado de la República , deberá acreditar su inscripción en los registros electorales de la región correspondiente al distrito electoral que representará al momento de originarse la renuncia del otro diputado .
Me parece importante para la gente de regiones, pues, a veces, vemos que se reemplaza a diputados con personas que no pertenecen a la respectiva región, que no saben de ella y que no tienen mucho interés en participar en su desarrollo. Por lo tanto, para el caso de los diputados, me parece importante que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia apruebe esta indicación que firmamos con el diputado Auth .
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , quiero señalar que yo creo en la resurrección de los muertos, pero no creo que sea bueno resucitar las elecciones complementarias.
Las elecciones complementarias cumplieron una función en nuestra historia política y, posteriormente, fueron derogadas de nuestro sistema, por todos los efectos de distorsión que produjeron, sobre todo en las elecciones presidenciales. Me refiero a la elección que tuvo lugar en el Tercer Distrito de Santiago, el 23 de marzo de 1958, en que fue elegido don Enrique Edwards Orrego , liberal, con lo que se evidenció la posibilidad cierta de que fuera elegido Presidente de la República el candidato Jorge Alessandri , lo que provocó la formación de un pacto parlamentario entre los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Comunista, Agrario Laborista y Radical, denominado Bloque de Saneamiento Democrático o “Tocoa” -todos contra Alessandri-, que, con el asentimiento del Presidente Carlos Ibáñez , modificó la ley de elecciones; y a la elección del 15 de marzo de 1964, para diputado por la agrupación departamental de Curicó y Mataquito , conocida como “el naranjazo” de Curicó, en que, al ser elegido Oscar Naranjo , socialista, apoyado por el candidato presidencial Salvador Allende, provocó el apoyo de los partidos de Derecha al candidato Eduardo Frei Montalva, el retiro del precandidato Jorge Prat y la postulación del candidato Julio Durán .
La historia política es muy interesante en este aspecto.
Creo que si queremos en realidad terminar con esta costumbre de que un Presidente de la República designe a un parlamentario en ejercicio como ministro de Estado -lo cual, a mi juicio, distorsiona el principio de la soberanía popular, que radica en el pueblo y se manifiesta en elecciones periódicas-, tenemos que modificar el artículo 59 de la Constitución, que establece lo siguiente: “Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior.”. En consecuencia, la referida modificación debería agregar que el Presidente de la República no podrá, en caso alguno, designar como ministro de Estado , intendente, gobernador o en cualquier otro cargo público a un parlamentario en ejercicio desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones.
En algunos días más, otros colegas vamos a presentar una iniciativa en ese sentido, porque creemos que, por muy importante que sea la primera autoridad de la nación, es decir, el Presidente de la República , el soberano, el pueblo, no puede ser pasado a llevar.
Esto ocurrió una vez durante el gobierno de la Presidenta Bachelet , cuando se designó ministra a la entonces diputada Carolina Tohá , y ha ocurrido cuatro veces en este Gobierno, cuando se designó como ministros de Estado a los entonces senadores Andrés Chadwick , Andrés Allamand , Pablo Longueira y Evelyn Matthei , lo cual provocó que se tuviera que designar correlativamente a los parlamentarios que los reemplazaron.
Creo que debe terminarse con esta costumbre, que no está expresamente establecida en la Constitución. Uno de los pilares de nuestra democracia es la separación de los poderes del Estado, por lo tanto, la intervención de un poder en otro debe ser mínima y, cuando existe, debe ser de derecho estricto. No hay texto expreso que faculte a hacer lo que se ha hecho, sino que se ha utilizado un subterfugio constitucional. Por consiguiente, más que establecer la elección complementaria, debemos terminar con una costumbre que violenta la soberanía popular.
En relación con el proyecto que nos ocupa, el sistema de elecciones que tenemos como muy bien dijo el diputado Auth , no es democrático, y la idea es preservar su espíritu democrático. En estricto rigor, él tiene toda la razón, en el sentido de que cada vez que se produzca una vacante, debe haber una elección y pronunciarse nuevamente el soberano. ¡Esa es la regla! Pero creo que, pese a ser excepcional la vacancia de parlamentarios -lo será aún más cuando cerremos la posibilidad de que el Presidente de la República pueda nombrar a ministros de Estado de entre los parlamentarios-, debe buscarse una solución mucho más económica -en el más amplio sentido de la palabra- para su reemplazo. ¿Por qué digo económica? Primero, porque una elección complementaria significa un costo económico, y a nuestro país no le sobra la plata; por eso estamos haciendo una reforma tributaria. Por lo tanto, creo que el Estado no debe incurrir en nuevos gastos.
Segundo, la historia política -es interesante recordarla solo mencioné dos casos- es pródiga en casos que indican que las elecciones complementarias producen una alteración, una distorsión al normal desarrollo de la actividad de gobierno. De hecho, en la Octava Región tuvimos la posibilidad de contar con una pequeña muestra, antes de que falleciera el entonces alcalde de Talcahuano, don Leocán Portus . En un hecho inédito, el Tribunal Electoral declaró nula la elección. No voy a recordar las circunstancias de esa declaración de nulidad; pero, reitero, en un hecho inédito en nuestra historia política, obligó a repetir una elección municipal, y todos fuimos testigos del desfile de ministros y parlamentarios que fueron a Talcahuano; es decir, se produjo una enorme alteración. Por lo tanto, si pensamos en una elección senatorial o de diputado , evidentemente el gobierno de turno tendrá la posibilidad de intervenir, los parlamentarios se distraerán de su normal labor legislativa y, por cierto, los ministros de Estado también se centrarán en el respectivo distrito o circunscripción. Creo que es necesario evitar esa situación.
También creo que hay que molestar lo menos posible al soberano. Los electores deben pronunciarse para elegir Presidente de la República y parlamentarios en un solo acto. Eso es lo normal, esa es la regla general. Hacer una elección cada vez que se produzca una vacante incomodará al elector. Si hiciéramos un encuesta y preguntáramos a los electores si es necesario hacer elecciones complementarias, no me cabe duda alguna de que preferirían seguir con su vida de la forma más normal posible y pronunciarse, en los hechos, cada cuatro años para elegir diputados, y cada ocho años para elegir senadores, y no llegar a una situación que alterará su vida normal.
Hay que buscar un sistema -en esto coincido nuevamente con el diputado Auth - que, aunque no democrático, ante una situación excepcional, por lo menos, sí podamos tolerar. Así, por ejemplo, si la vacante se ha debido a fallecimiento o cesación en el cargo, el partido político al cual pertenecía el parlamentario al momento de ser elegido, podría presentar una terna ante la cámara que corresponda, de manera que este elija al reemplazante.
En las actas oficiales de la Comisión de Estudio de la nueva Constitución Política de la República, cuyo trabajo sirvió de base para la redacción de la Carta Fundamental del 80, se lee lo siguiente: “El señor Guzmán dice que la Subcomisión estimó que no deben existir elecciones extraordinarias… y que la propia Cámara debe designar al reemplazante,…”. “A su juicio, esto tiende a robustecer el criterio de “Cámaras de mayoría” sugerido por el señor Carmona y que la Comisión hizo suyo. Reitera que, en todo caso, deben evitarse las elecciones parlamentarias extraordinarias”. Agrega que “el hecho de que la Cámara pueda llenar directamente una vacante tiene la ventaja de que permitiría el acceso de personas que nunca podrían hacerlo por medio del sufragio universal, y tendería, además, al fortalecimiento del sistema mayoritario”. Lo mismo pensaban los señores Ortúzar , presidente de la Comisión ; Carmona , Alejandro Silva Bascuñán y otros, porque ellos vivieron en carne propia lo que ocurría con las elecciones complementarias. Nosotros somos de otra época, por lo cual no nos ha tocado presenciar una; pero, reitero, alteraban de tal manera la normalidad, que participaron en la redacción que los comisionados de esa Constitución -no democrática, pero que sirve para analizar el fondo del debate- consideraron que, tras la experiencia vivida en el pasado, había que evitar las elecciones complementarias.
Me pregunto para qué hacer las cosas difíciles, cuando las podemos hacer fáciles. Si bien estamos hablando de un sistema no democrático, de una excepción al sistema democrático, a mi juicio lo que procede es que, el partido político al cual pertenecía el parlamentario causante de la vacancia, presente una terna a la cámara respectiva, para que esta se pronuncie sobre la elección del reemplazante.
Para el caso de los independientes, hay que promover que se arrimen a buen árbol y que postulen integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, de manera que, producida la vacante, también puedan ser reemplazados con el mismo procedimiento. La idea es no discriminar a los independientes.
No es un tema pacífico, pero sí muy interesante, que requiere debate. Todas las opiniones son respetables para perfeccionar nuestro sistema; pero, a mi juicio, antes que todo, tenemos que terminar con una mala costumbre que se instauró, consistente en que los presidentes de la República actúen como monarcas, en el sentido de que saquen peones del Congreso Nacional para ponerlos en su gabinete.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , no hace muchos años debatimos en esta Sala la modalidad de reemplazo de los parlamentarios. En esa oportunidad, entre otras modificaciones a la Constitución, introdujimos una para permitir que el partido político en que milita el parlamentario elegido por el pueblo, pero que deja el cargo, por ejemplo, para asumir responsabilidades en el gobierno, designe directamente al reemplazante. Dicha práctica ocurrió en el gobierno pasado con la entonces diputada Carolina Tohá , y continuó en este Gobierno, con cuatro senadores que ahora son ministros.
La forma de reemplazo que elegimos en esa oportunidad -la designación directa del reemplazante por el partido político al que pertenecía, al momento de ser elegido, el diputado o senador que produce la vacante- parecía razonable, en el entendido -como ocurre en otros países- de que se reforzaba a los partidos políticos, de que se elegía a una persona que representaba una idea, una visión de sociedad en el Congreso Nacional, y no su visión personal. Ello, por cuanto el reemplazante es elegido en su momento, por las visiones políticas que representa.
Sin embargo, tras los últimos cambios experimentados en esta materia, la ciudadanía expresó que este sistema de reemplazo de parlamentarios no es bueno. Todas las opiniones coinciden en que, al reemplazar a un parlamentario elegido por alguien designado por el respectivo partido, al final se termina con un diputado o senador designado. Lo peor es que, a veces, el elegido por el partido es visto con otra mirada en la región o distrito que representará. Esto ocurrió, por ejemplo, con el actual presidente de Renovación Nacional , toda vez que en la región a la cual pasó a representar, militantes de ese partido de gobierno no estaban de acuerdo con su nominación. Incluso más, dicha designación originó la renuncia de un diputado al partido.
Por eso, me llama la atención la forma como viene el proyecto de la Comisión. Si queremos reformar el sistema, hagámoslo -presentamos indicaciones, pero fueron rechazadas en la Comisión-; tengamos un sistema democrático, con elecciones complementarias, de manera que el pueblo, la gente, los ciudadanos elijan al reemplazante. En ese sentido, la elección complementaria es el procedimiento más democrático, y el Estado debe entregar las facilidades necesarias para su realización.
Me pregunto a título de qué en algunas circunstancias el reemplazante será elegido por la ciudadanía y, en otras, no; a título de qué, cuando resten menos de dos años para la siguiente elección parlamentaria, dejaremos a una región o a un distrito sin representación popular, simplemente porque el parlamentario incurrió en alguna de las causales que generan vacancia. No me parece.
Si somos democráticos, démosle a la gente la posibilidad de votar y de decidir. De lo contrario, mantengamos lo que hoy tenemos, dado que, al parecer, no hemos logrado concordar visiones políticas.
No me parece un buen proyecto, toda vez que, en lugar de facilitar el desarrollo democrático, enreda más lo que tenemos.
Lamento que en la Comisión no se hayan incorporado las indicaciones que presentamos varios diputados, para que el reemplazo de parlamentarios se haga siempre por medio del voto popular en elecciones complementarias, que es lo que corresponde cuando alguien es elegido para ejercer un cargo de representación popular.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , si de problemas hablamos, llevar este proyecto nuevamente a Comisión sí que sería un problema, y grave, porque sería indicativo de que no estamos legislando bien o de que algo nos falta.
La ciudadanía critica la práctica de sacar del Congreso Nacional a parlamentarios elegidos por votación popular para llevarlos al gobierno, y que lleguen a la Cámara o al Senado personas con escasa representatividad y apego al respectivo territorio. ¡Cuidado! No me malinterpreten, pero la forma como se opera en este Hemiciclo no es conveniente.
Los colegas de la Comisión de Constitución intentaron desarrollar un buen trabajo para mejorar el proyecto, pero, con el respeto que merecen, no lograron modificarlo en lo sustancial. Para mí, independientemente de la razón que origina la vacante, el mecanismo de reemplazo debiera ser la elección complementaria, aunque esto implique introducir una elección uninominal al interior del binominal, y correr el riesgo de alterar el empate que establece este sistema, que siempre beneficia a las segundas mayorías.
Por eso, más que modificar el sistema de reemplazo, la discusión de este proyecto nos lleva nuevamente a plantear la necesidad de modificar definitivamente el sistema electoral chileno y la composición del Parlamento, pues la fórmula actual ya se está agotando, lo que provoca que la ciudadanía se manifieste cada vez más duramente en contra de esta institución republicana. Esto nos duele y nos lleva a pensar en lo ideal como sistema de gobierno democrático. Claro que nos duele; por eso debemos cuidar esta institución y legislar bien.
Hace un tiempo, discutimos acerca de la posibilidad de modificar la Constitución -el diputado Alberto Robles se refirió a eso- y permitir el cambio del sistema electoral. Sin embargo, los mismos que siempre se han opuesto a los cambios que el país requiere en su institucionalidad para avanzar hacia un Parlamento más integrado e incluyente, se negaron y frustraron la ocasión de hacerlo. No estoy agrediendo a nadie, pero fue así, y lo será nuevamente si volvemos a intentarlo.
Considero que las modificaciones que introduce el proyecto son menores y no cumplen verdaderamente con el cometido de perfeccionar nuestra institucionalidad parlamentaria. El proyecto no logra mejorar, a pesar de que existía una segunda oportunidad para hacerlo cuando se aprobó solicitar a la comisión técnica un segundo informe.
Alcancé a escuchar someramente al diputado Germán Becker referirse a unas indicaciones, que también suscribió el diputado Pepe Auth , sobre la obligación de residir en la respectiva región, en el caso de quien reemplace a un diputado ; pero me pareció que no dijo cuál es el tiempo prudente de residencia que debe tener quien postule a ese cupo. Al respecto, considero que el lapso adecuado de residencia debe ser de un poquito más de un año.
Felizmente, el proyecto vuelve a la comisión técnica para otro informe, por lo que tendrá una oportunidad más para mejorar y para que este humilde servidor parlamentario pueda aprobarlo, lo que no es posible con su actual redacción.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- De conformidad con los acuerdos suscritos por los Comités parlamentarios, el proyecto en discusión será enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que emita un informe complementario y se pronuncie sobre las indicaciones presentadas.
ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REAL DE CONSERVACIÓN. Primer trámite constitucional.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que establece el derecho real de conservación.
Diputada informante de la Comisión de Recursos Naturales , Bienes Nacionales y Medio Ambiente es la señora Andrea Molina.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, boletín N° 5823-07, sesión 66ª, en 7 de agosto de 2012. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora MOLINA , doña Andrea (de pie).-
Señor Presidente , en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Recursos Naturales , Bienes Nacionales y Medio Ambiente, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sin urgencia, originado en moción de los diputados señores Eugenio Bauer , Jorge Burgos , Edmundo Eluchans , Carlos Montes, Alberto Robles y Patricio Vallespín , de la exdiputada señora Carolina Tohá y de los exdiputados señores Juan Lobos y Roberto Sepúlveda .
El proyecto de ley en informe tiene por objeto establecer el derecho real de conservación, el que surgiría de un acuerdo de voluntades entre el propietario de un inmueble sobre el que recae el derecho y una persona jurídica sin fines de lucro, llamada titular, destinado a preservar el medio ambiente por medio de la imposición de gravámenes o limitaciones al dominio del bien raíz afectado.
Se hace constar que por acuerdo de la Sala de la Corporación, que accedió a una solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el proyecto de ley, que se encontraba radicado en esa comisión, fue remitido a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para su tramitación, pero fue informado a su turno por la de Constitución, Legislación y Justicia, la que le introdujo diversas modificaciones.
La Sala de la Corporación lo aprobó en general y lo remitió a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para que se pronunciara sobre dichas modificaciones. Consecuentemente, este informe se refiere a la discusión y votación de las modificaciones efectuadas al texto aprobado por esta Comisión.
La Comisión, antes de proceder al análisis de las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, escuchó al señor Francisco Solís , representante en Chile de The Nature Conservancy y Southern Andes Conservation Program, quien sucintamente expresó que, en términos generales, las indicaciones formuladas por esa comisión mejoran técnicamente el proyecto, evitan redundancias y facilitan la aplicación práctica de sus normas.
Análisis de las indicaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
I. Esa comisión propuso diversas modificaciones adecuatorias, eliminó disposiciones que repetían las normas generales y consideró otras de carácter formal, las que fueron aprobadas sin mayor debate.
II. Propuso las siguientes modificaciones de fondo:
1. Sustitución del inciso primero del artículo 2°.
Se consideró la conveniencia de buscar una denominación específica para designar al titular del derecho real de conservación, a fin de evitar posibles confusiones, especialmente en el campo doctrinario.
2. Modificaciones al artículo 5°.
Las indicaciones propuestas para este artículo tuvieron en consideración lo siguiente:
A) Las expresiones que se agregan en el encabezamiento tienen por objeto exigir a las personas jurídicas que optarán por ser titulares del derecho real de conservación, encontrarse inscritas en un registro que deberá llevar el Ministerio del Medio Ambiente, como una medida de mejor control de tales entidades.
B) La supresión del número 1 es una medida de orden práctico, por cuanto la situación de las distintas municipalidades suele ser muy diferente en lo que se refiere a organización, patrimonio, capacidad técnica y profesional, lo que incide en los requisitos necesarios para asumir la titularidad de este derecho. En todo caso, aquellas que tengan interés y estén en condiciones de hacerlo, podrán concretarlo por la vía de constituir las corporaciones y fundaciones a que hace referencia el actual número 2.
C) Las modificaciones que se introducen en el número 2 obedecen a que en el artículo 2° aprobado por la Comisión se señalaba que los objetivos del derecho real de conservación cedían en beneficio de la conservación del patrimonio ambiental ya definido en la ley N° 19.300, por lo que lo lógico era remitirse a ese concepto, en lugar de la enumeración de acciones que efectuaba.
Los representantes del Ejecutivo concordaron con las modificaciones, sin perjuicio de hacer presente que las personas jurídicas que se excluían de ese listado podrían ser titulares del derecho por la vía de constituir las corporaciones y fundaciones a que ya se ha hecho referencia.
3. Intercala un nuevo artículo 5° mediante indicación del Ejecutivo. Sus representantes explicaron esta propuesta señalando que, con el objeto de facilitar la aplicación de esta ley, se establecía un registro público en el que deberán inscribirse las personas jurídicas interesadas en ser titulares del derecho real de conservación, registro que estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente.
4. Modificación al artículo 6°. Se elimina la distinción entre contrato a título gratuito u oneroso, pues la definición es comprensiva de ambos; exige a los titulares estar inscritos en el registro que llevará el Ministerio del Medio Ambiente; establece la obligación de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Finalmente, se suprime, en el inciso final, la referencia que hacía a “las acciones, procedimientos judiciales y el tribunal competente”, pues resultaba innecesaria, por cuanto los derechos que enumera corresponden a las menciones propias de un contrato y son su consecuencia. Además, carece de sentido la referencia al arbitraje, ya que, de acuerdo con las reglas generales, nada impide a las partes pactar el compromiso en el contrato constitutivo.
5. Sustitución del artículo 7°. Sobre el sentido y alcance de esta indicación, se concluyó que la enumeración de giros que efectúa el número 1 del inciso primero, no podía entenderse en forma copulativa, siendo suficiente para cumplir con la obligación que establece este artículo extender la restricción solo a uno de ellos. Lo contrario debilitaría el empleo de este instrumento, colocando trabas a los propietarios que destinan sus predios a distintos usos en forma simultánea.
6. Reemplazo del artículo 8°. La indicación tiene por objeto precisar las menciones que debe contener el contrato:
A) Agrega: la individualización completa del propietario del inmueble y del titular; los requisitos que debe cumplir el plano del bien raíz grabado; la declaración de si la constitución es a título gratuito u oneroso; modificación del plazo de duración del derecho real de conservación estableciendo como mínimo 15 años y como máximo 40 años.
B) Suprime: la designación de sustitutos de las personas jurídicas en el caso de que se extinguieren o fuere reemplazado el titular original; la posibilidad de que si no se contiene designación de cuota sobre el derecho, se entenderá que todos los titulares tienen cuotas idénticas, y a falta de uno de ellos, su cuota aumentará las de los demás en igual proporción para cada uno.
7. Modificaciones al artículo 9°:
Requisitos de la inscripción.
Se indica que la inscripción del contrato en que se establece el derecho real de conservación debe efectuarse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces.
Además, establece que el plazo para requerir la inscripción es de 60 días corridos.
Se agrega un inciso final, estableciendo que los titulares deberán informar al Ministerio del Medio Ambiente la constitución, modificación o terminación de un derecho real de conservación, remitiendo, para estos efectos, una copia de la inscripción en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
8. Sustitución del artículo 10 sobre transferencia del derecho real de conservación.
La indicación aprobada establece que la transferencia, a cualquier título, del derecho real de conservación, requerirá autorización previa del propietario del inmueble.
Los representantes del ejecutivo explicaron la modificación y señalaron que al dueño del predio, quien ha constituido voluntariamente este derecho, podría no serle indiferente la persona del titular. Señalaron, además, que un elemento esencial en la constitución de este derecho es la confianza que el propietario depositaba en el titular, circunstancia que, junto al hecho de que solamente podían ser titulares del derecho las personas inscritas en el registro que lleva el Ministerio del Medio Ambiente, daba a estos contratos el carácter de intuito personae.
9. Modificaciones del artículo 14, que pasa a ser 12.
Conflicto de intereses:
Se agrega como causa de conflicto la relación del dueño del bien raíz y el titular en los términos del artículo 100 de la ley N° 18.045, sobre mercado de valores, con el objeto de relacionar las causales de conflicto con las que contempla la ley sobre mercado de valores, las que son claras y taxativas.
En el inciso final, se adiciona a la indemnización de perjuicios el derecho para demandar en reemplazo del titular, tratándose del propietario del bien gravado, y a poner término al derecho real de conservación, cualquiera sea la persona afectada.
El alcance de esta nueva propuesta tiene por objeto permitir, en caso de que se contravenga la prohibición de constituir el derecho real de conservación entre personas relacionadas, que el afectado pueda solicitar una de las siguientes medidas: el reemplazo del titular del derecho, cuando se trate del dueño del bien raíz, o el término de este derecho real, cuando se trate de cualquiera de las partes.
Lo anterior, en los términos que establece el artículo siguiente que regla la ejecución forzada de la obligación.
10. Modificaciones al artículo 15, que pasa a ser 13. Demanda de reemplazo del titular o terminación del derecho.
Al derecho para solicitar el reemplazo del titular o que se ponga término al derecho real de conservación, se agrega la ejecución forzada del contrato.
Se elimina la competencia entregada al juez de letras y la referencia al procedimiento por repetir una regla general.
Se suprime la referencia al sustituto por haberse eliminado en las menciones del contrato.
Modificaciones al artículo 17, que pasa a ser 15.
Se estimó que el inciso segundo de este artículo, como no hacía distingo alguno en lo que se refiere a la prelación de los derechos reales de que trata, atendiendo solamente a la precedencia de la respectiva inscripción en el conservador de bienes raíces, colisionaba con el inciso tercero del artículo 7°, que establece que el derecho real de conservación “no podrá afectar la constitución ni el legítimo ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas, de las concesiones mineras, eléctricas u otros que se otorguen de acuerdo a la ley, ni de las servidumbres, permisos, cargas o gravámenes que se puedan imponer, conferir o autorizar en conformidad a la normativa aplicable.”.
Lo anterior daba lugar a que este inciso fuera contrario a la Constitución por contravenir el inciso sexto del N° 24° del artículo 19, que reconoce al Estado el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, circunstancia que hacía necesario modificar el citado inciso segundo para establecer la correspondiente salvedad.
Modificaciones al artículo 20, que pasa a ser 16.
Se agregan a las causales de terminación del derecho real de conservación, las siguientes: disolución de la persona jurídica titular del derecho, mutuo acuerdo de las partes y renuncia del titular.
Votación particular de las indicaciones.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por las indicaciones, procedió a darles su aprobación a todas, por la unanimidad de los diputados presentes, señora Marisol Turres y señores Accorsi , De Urresti , Hernández , Meza, Morales , Pérez, don Leopoldo ; Teillier , Vallespín , y quien informa.
En razón de lo expuesto, solicito a esta honorable Sala la aprobación de este proyecto de ley, que ha sido esperado por muchos años. Esperamos que sea una herramienta concreta para hacer efectivo el derecho real de conservación del patrimonio de nuestra naturaleza.
En Latinoamérica, seríamos el primer país en tener una herramienta jurídica como esta.
Por eso, los invito a votar a favor esta iniciativa, cuyo trabajo ha logrado unir a todos los diputados de manera transversal.
Finalmente, agradezco a los diputados que participaron en la Comisión, a los de la Concertación, como el señor Patricio Vallespín -que encabezó el proyecto- y el señor Alfonso de Urresti ; también al diputado Edmundo Eluchans y a todos aquellos que incidieron en que hoy presentemos esta iniciativa tan importante.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, pedí la palabra para debatir el proyecto de ley.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , hubo un acuerdo previo para votar esta iniciativa sin debate.
El señor DE URRESTI.-
Si es así, respetaré el acuerdo, señor Presidente .
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que establece el derecho real de conservación, de acuerdo con el texto que figura en el informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Hago presente a los señores diputados que todos los artículos del proyecto son propios de ley simple o común, y que la Comisión de Recursos Naturales aprobó por unanimidad la totalidad de las modificaciones propuestas por su par de Constitución, Legislación y Justicia.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Despachado el proyecto.
REGULACIÓN DE ALZAMIENTO DE HIPOTECAS CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS. Primer trámite constitucional.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Felipe Harboe.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 8069-14, sesión 118ª, en 30 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 66ª, en 7 de agosto de 2012. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor HARBOE (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios, originado en una moción de los diputados señores Burgos , Cornejo , Godoy , Jaramillo, Cristián Monckeberg, Ortiz, Robles, Tarud, Walker y de quien habla.
La idea matriz de esta iniciativa tiene por objeto colocar de cargo de la entidad acreedora el alzamiento de los gravámenes que, para seguridad de su crédito, afectan a un bien raíz, una vez extinguida la obligación caucionada.
La consideración fundamental tenida en cuenta para la presentación de esta moción reside en el hecho de que la decisión de compra de una vivienda no solo es una de las más importantes adoptadas por las familias chilenas, sino también una de sus más caras aspiraciones, por lo que la forma de su financiamiento cobra especial relevancia.
Sobre el particular, el sistema bancario ofrece créditos con garantía hipotecaria que se traducen en préstamos a mediano o largo plazo, quedando la propiedad gravada en beneficio del banco para garantizar el pago de su acreencia. Las opciones que se ofrecen al respecto consisten en créditos hipotecarios con letras de cambio, mutuos hipotecarios endosables y mutuos hipotecarios no endosables, los que fundamentalmente se diferencian por la forma de financiar el crédito, ya sea con recursos propios o externos mediante la cesión del crédito o su endoso.
En este tipo de negocios, el deudor hipotecario se encuentra en una situación de evidente desventaja, circunstancia que no le permite disponer de las herramientas para definir por cuál mecanismo de financiamiento optar, correspondiéndole normalmente a la entidad bancaria definirlo, cosa que hace sin indicar las consecuencias que se derivarán de una u otra forma de adquisición del crédito.
Las dificultades que tal sistema presenta y que este proyecto busca enfrentar se presentan una vez pagado totalmente el crédito, por cuanto los bancos carecen de motivación para efectuar el alzamiento de la hipoteca que grava el inmueble, obligando muchas veces al interesado a requerirlo, quien debe someterse a la disponibilidad de tiempo de la entidad acreedora e, incluso, en el caso de que esta última haya cedido el crédito, a la eventualidad de tener que dirigir el requerimiento a un tercero y a solventar los gastos que todo lo señalado significa.
En consecuencia, a raíz de una deficiencia del sistema, el deudor cumplidor de sus obligaciones, a pesar de no tener deudas pendientes, ve su propiedad afecta a un gravamen que persiste en el tiempo, incluso más allá del pago del crédito otorgado.
Para dar una solución a este problema, a todas luces injusto, el proyecto que presentamos pretende entregar una herramienta a los deudores hipotecarios que les permita, una vez cancelada la deuda, liberar sus inmuebles sin necesidad de la realización de trámites adicionales. Se propone, entonces, colocar de cargo de la entidad bancaria el alzamiento de la hipoteca, sin costo para el deudor y sin necesidad de requerimiento por parte de este, cuestión que no podrá ser susceptible de modificación en virtud de una cláusula contractual en contrario.
La Comisión compartió en general la propuesta y aprobó la idea de legislar al respecto por unanimidad. No obstante ello, durante el debate la diputada señora Turres y los diputados señores Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg y quien habla estimamos más adecuado incorporar las ideas contenidas en nuestra moción, no como una legislación separada, sino como parte de las recientemente aprobadas modificaciones a la ley N° 19.496, que trata sobre la Protección de los Derechos de los Consumidores, la que luego de las enmiendas que le introdujera la ley N° 20.555, conocida como “ley del Sernac Financiero”, agregó el artículo 17 D, que obliga a los proveedores de créditos hipotecarios a otorgar la correspondiente escritura de cancelación del gravamen una vez extinguidas totalmente las obligaciones caucionadas.
Si bien la indicación que presentamos los diputados mencionados suscitó algunas dudas acerca de sus alcances por cuanto el citado artículo 17 D se refiere específicamente a los contratos de adhesión, lo que dejaría fuera a los acuerdos de voluntades que no tuvieran tal carácter, se hizo presente que el artículo 55 de la ley N° 19.496, sobre la Protección de los Derechos de los Consumidores, incluía dentro de los contratos de adhesión a los créditos hipotecarios que ofrecieran los proveedores de productos y servicios financieros. Y más aún, el artículo 17 K de la ley citada reforzaba la obligación que se quería imponer al sancionar con multa de hasta 750 unidades tributarias mensuales las infracciones a las disposiciones establecidas en los artículos 17 B a 17 J. Es decir, al incorporar esta obligación dentro de este artículo, el Sernac Financiero tendrá las facultades, las competencias y la capacidad para multar a las entidades bancarias o financieras que incumplan esta nueva obligación, que esperamos la honorable Sala tenga a bien aprobar.
Todo lo anterior, sin perjuicio de dejar establecido que esta legislación no se oponía al establecimiento en los contratos de cláusulas de garantía general hipotecaria, como asimismo, a sugerencia del diputado señor Rincón, que la obligación de efectuar el alzamiento de la hipoteca comprendía también los demás gravámenes que pudieren haberse pactado, llevó a aprobar por unanimidad el siguiente texto para el artículo único, que sustituyó el párrafo segundo del inciso quinto del artículo 17 D de la ley N° 19.496:
“Extinguidas totalmente las obligaciones caucionadas con hipoteca, el proveedor del crédito procederá a otorgar la escritura de cancelación de la hipoteca y demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido y a efectuar a su costo, el alzamiento correspondiente ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo, en el plazo de treinta días. Lo dispuesto en este inciso se aplicará a los cesionarios de los créditos hipotecarios cuando proceda.”.
La Comisión acordó, del mismo modo, modificar el artículo transitorio para darle un alcance aún más amplio, haciendo aplicables las disposiciones del artículo único a los créditos que ya se encontraren pagados al momento de entrar en vigor esta ley como también a aquellos que terminaren de serlo después de dicha vigencia.
Por último, la Comisión acogió una sugerencia del diputado señor Edmundo Eluchans plasmada en una indicación de su autoría, y de la diputada Turres y de los diputados señores Ceroni , Cristián Monckeberg , Rincón y quien habla para fijar un período de vacancia a la nueva ley, de manera de permitir a las instituciones financieras adaptar sus mecanismos internos a la exigencia de automaticidad para el levantamiento de los gravámenes que establece.
La indicación se agregó como inciso primero del artículo transitorio, que fue aprobado por unanimidad.
Honorable Sala, la aprobación de esta moción legislativa permitirá que todos aquellos deudores hipotecarios que hayan cancelado sus obligaciones debidamente tengan el privilegio del alzamiento de las hipotecas y demás gravámenes que caucionen sus créditos sin necesidad de requerimiento y a costo de las entidades bancarias y financieras, en un plazo máximo de treinta días. El banco o institución financiera que vulnere tal obligación será sancionado por el Sernac Financiero, quien podrá multar hasta por 750 unidades tributarias mensuales.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
El debate de este proyecto queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA PARA TRABAJADORES PORTUARIOS DE TOCOPILLA. (Preferencia).
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Corresponde considerar con preferencia el proyecto de acuerdo N° 721, por el cual se solicita el otorgamiento de pensiones de gracia para los trabajadores portuarios de Tocopilla, a cuya parte dispositiva va a dar lectura el señor Prosecretario.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 721, de los diputados señores Marcos Espinosa, Núñez, Ward, Lemus, Delmastro, Bertolino, Carmona y Rojas, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda lo siguiente:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que, en virtud de la facultad contenida en el N° 11 del artículo 32 de la Constitución Política de la República y lo que preceptúa la Ley N° 18.056 sobre Normas Generales de Otorgamiento de Pensiones de Gracia, pueda instruir al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Hacienda el estudio de la posibilidad de otorgamiento de pensión de gracia a los trabajadores portuarios del puerto de Tocopilla.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo, que hemos presentado en conjunto con el colega Felipe Ward , solicita entregar a los trabajadores portuarios de Tocopilla el beneficio otorgado en los puertos de Arica y de Punta Arenas: pensiones de gracia a los trabajadores afectados por enfermedades crónicas o que han cumplido su edad de jubilación. Apelamos al principio básico consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, en el sentido de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Por tal razón, creemos de justicia que los trabajadores del puerto de Tocopilla, quienes actualmente se desempeñan en la empresa portuaria a cargo de servicios integrales de tránsito y transferencia del puerto, dependiente de SQM, también sean incorporados al régimen de pensiones de gracia, de modo que puedan disfrutar de esta bonificación que, sin lugar a dudas, les permitirá enfrentar las enfermedades a las cuales estuvieron expuestos producto de la situación forzada a que se vieron enfrentados durante su vida laboral.
Por lo tanto, quienes suscribimos el proyecto de acuerdo solicitamos al Presidente de la República que, en virtud de la facultad contenida en el N° 11 del artículo 32 de la Constitución Política de la República y lo que preceptúa la ley N° 18.056, sobre normas generales de otorgamiento de pensiones de gracia, instruya a los ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda que estudien la posibilidad de otorgar una pensión de gracia a los trabajadores portuarios del puerto de Tocopilla.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente , en la misma línea de lo expresado por mi compañero de distrito, quiero señalar que lo que solicita el proyecto de acuerdo es un tema de justicia que aborda una situación muy antigua que afecta a muchas familias del puerto de Tocopilla. Lo que estamos pidiendo es igualar el trato de estos trabajadores en relación con los de otras ciudades.
El Gobierno ha hecho un esfuerzo importante, ya que, desde hace algún tiempo, principalmente desde el Ministerio del Trabajo, se está elaborando un estudio sobre la realidad de esas familias con el objeto de darles una solución, cuando ello corresponda, situación que se está evaluando caso a caso.
Por eso, junto al diputado Marcos Espinosa , pedimos que se apruebe el proyecto de acuerdo para enviar esta solicitud al Ejecutivo y así apoyar el esfuerzo que está haciendo nuestro actual Gobierno.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
SUSPENSIÓN DE OPERACIONES DE LANDING PARA CRUCEROS DE BANDERA EXTRANJERA. (Votación).
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 605, por el cual se solicita al Presidente de la República que suspenda las operaciones de landing para cruceros de bandera extranjera.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
BONIFICACIÓN EQUIVALENTE A SUELDO MÍNIMO MENSUAL PARA FAMILIAS DE MENORES RECURSOS CON FAMILIAR ENFERMO POSTRADO.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 607.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 607, del diputado señor Bertolino, la diputada señora Andrea Molina, el diputado señor Vilches; la diputada señorita Marcela Sabat; y los diputados señores Ortiz, Santana, Becker, Verdugo, Cardemil y José Pérez, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que instruya a los organismos correspondientes, con el objeto de otorgar a todas las familias de nuestro país que pertenezcan al 60 por ciento de menores recursos, que tengan un familiar enfermo postrado y cuyo cuidado personal sea prestado directamente por su cónyuge, hijo(a) o familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad y que con este objeto haya dejado de trabajar, una bonificación equivalente a un sueldo mínimo mensual, el que también podrá ser utilizado para contratar a una persona que preste este cuidado cuando no lo pueda hacer un familiar.”.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , en nuestro país existen unas 50.000 personas que no pueden valerse por sí mismas y que se encuentran en estado de pos-tración.
Existe un programa que depende del Ministerio de Salud, denominado Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa, que se ejecuta a través de los convenios que se realizan con las municipalidades, que establece el pago a cuidadores de personas con discapacidad severa. Este programa favorece a personas que requieren de apoyo, guía y supervisión total en las actividades diarias y que se encuentran en el rango de pobreza e indigencia, con una cantidad mensual, durante el 2011, que ascendía a 21.532 pesos.
Pero no tan solo las personas que están en condición de indigencia viven en forma de postración por enfermedades que las aquejan. Es habitual encontrarse con familias que tienen un enfermo postrado, en las que uno de sus integrantes, generalmente la esposa, la compañera, o alguno de los hijos o hijas, tiene que abandonar sus oportunidades laborales para cuidar en forma permanente a dicho familiar enfermo. Ello provoca que disminuya el ingreso familiar, lo que les impide hacer frente a la situación en que se encuentra el enfermo.
Por eso, mediante el proyecto de acuerdo pedimos a su excelencia el Presidente de la República que, dentro de las condiciones económicas del país, considere la posibilidad de crear una asignación que sea equivalente a un salario mínimo para que esa persona que no puede trabajar porque tiene que atender a su familiar enfermo postrado, tenga un ingreso y se dedique al cuidado de la persona enferma o, en su defecto, si puede trabajar para allegar ingresos a su hogar, con esta ayuda pueda contratar a una tercera persona para el cuidado del enfermo postrado.
Por lo expuesto, entendiendo que es facultad exclusiva del Ejecutivo y reconociendo que es una realidad que viven alrededor de 50.000 enfermos y sus respectivas familias, pido que se apruebe este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , felicito al diputado Mario Bertolino por esta iniciativa -de la cual soy coautor-, porque se trata de un tema muy profundo. En nuestro país, en estos últimos 22 años, el promedio de vida de las personas ha subido en 10 años y la proyección para los próximos 15 a 20 años es que el promedio de vida subirá en 10 años más.
Formo parte de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, a la cual le corresponde analizar la Partida del Ministerio de Salud, que contiene una glosa que establece el pago a los cuidadores de personas con discapacidad severa, cuyo monto asciende a 21.532 pesos, suma que, lógicamente, es insuficiente.
En los considerandos del proyecto de acuerdo se dice que, normalmente, es la cónyuge la que se hace cargo del marido postrado, y viceversa. Muchas veces, las personas que realizan esta labor deben dejar su trabajo habitual, por lo que es de primerísima necesidad que esta suma se aumente al monto del salario mínimo que acabamos de aprobar: 193.000 pesos.
Quiero decirle al colega Mario Bertolino que este oficio debería dirigirse no solo al Presidente de la República , sino también al ministro de Salud . Como en estos instantes se está elaborando el proyecto de Ley de Presupuestos para 2013, sería oportuno que entre las peticiones que el ministro de Salud le hará al ministro de Hacienda -naturalmente, con el visto bueno del Presidente de la República - incluya la posibilidad de que en la glosa señalada se establezca que los cuidadores de personas con discapacidad severa reciban una bonificación equivalente a un ingreso mínimo mensual. De esa forma, además de ser una petición justa, se lograría un gran milagro: que los proyectos de acuerdo sean tomados en cuenta, cosa que normalmente no ocurre.
Por lo expuesto, llamo a mis colegas a aprobar por unanimidad este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , ¿es posible que también se oficie al ministro de Salud , para que tenga presente esta petición en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 2013?
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Así se hará, señor diputado .
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE FALTA DE ILUMINACIÓN, BENEFICIOS A POBLADORES Y REMODELACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN POBLACIÓN PACÍFICO NORTE DE TOCOPILLA. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el turno del Comité Regionalista, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , la semana pasada viajé a Tocopilla, con el objeto de apoyar al candidato a alcalde Fernando San Román , con quien visitamos varios sectores de la comuna.
Principalmente, nos causó preocupación lo que está ocurriendo en la población Pacífico Norte, de Tocopilla, construida después del terremoto y a la cual fue trasladado un número importante de vecinos que tienen algunos problemas.
En primer lugar, el acceso a la población, que está justo al frente de la nueva cárcel de Tocopilla, tiene un trayecto aproximado de cinco a seis kilómetros que carecen de todo tipo de iluminación, lo que lo hace altamente peligroso, en particular, para las mujeres y
niños que deben transitar por allí a pie, debido a que no existe locomoción colectiva permanente en ese sector.
Por eso, pido que se oficie al alcalde de Tocopilla y al director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta , con el objeto de que me informen por qué el acceso a la población Pacífico Norte de la comuna de Tocopilla aún se encuentra sin iluminación.
En segundo lugar, que me informen sobre la situación de los residentes de esa población, en relación con los beneficios que recibieron en virtud del programa de reconstrucción. A muchos de ellos se les asignaron viviendas muy básicas. En su oportunidad, nos manifestaron que no han podido postular a nuevos proyectos del Gobierno, a través del Fosis o del propio Serviu, con el objeto de poder ampliarlas, debido a que el Serviu no les ha aclarado en qué calidad jurídica recibieron sus viviendas.
En razón de ello, es necesario que el Serviu les informe si están en condiciones de postular a otros programas de este servicio para el mejoramiento de viviendas, y si pueden postular a los recursos del Fosis o del municipio.
En tercer lugar, que el alcalde de Tocopilla nos informe en detalle sobre la remodelación de la cancha deportiva que existe en la población. Los vecinos me comentaron que el alcalde de la comuna, señor Luis Moyano , les manifestó que la cancha sería reparada con fondos municipales, pero hasta la fecha no tienen ningún antecedente concreto sobre el proyecto, financiamiento y tiempo de ejecución del mismo.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Manuel Rojas .
ANTECEDENTES SOBRE LEGALIDAD DE PROCESO DE ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE EMPRESA NACIONAL DE AERONÁUTICA (ENAER) Y EMPRESA EUROPEA EADS AIRBUS MILITARY. Oficios.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por cuatro minutos y medio, el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Defensa Nacional , petición que ya formulé por escrito y que reitero a fin de que la Mesa lo remita formalmente, con copia a los dirigentes de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (Enaer), en particular, a los señores Luis Pedreros y Bernardo Tapia , que se encuentran en las tribunas.
El objeto del oficio es que, de conformidad con los antecedentes que adjunté en el oficio anterior y que, nuevamente, voy a dejar en la Secretaría, el ministro de Defensa Nacional informe a nuestra Corporación respecto de la legalidad del proceso de privatización de Enaer, como consecuencia de la alianza estratégica que se estaría concretando entre la referida empresa estatal y la empresa europea EADS Airbus Military , según la cual Enaer quedaría como socio no controlador y minoritario.
Asimismo, por las razones que entregaré por escrito, que el ministro nos informe sobre la conveniencia política, estratégica y comercial de tal proceso de privatización y/o alianza estratégica. Esto, a la luz de los intereses fiscales, representados, en este caso, por la Fuerza Aérea de Chile.
Por último, que el ministro nos informe sobre los efectos que tendría este proceso de privatización y/o de alianza estratégica para los trabajadores de Enaer, en particular, para los que se desempeñan en el área de fabricación de aeroestructuras.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS ALEDAÑOS A CARRETERA EDUARDO FREI MONTALVA, SEXTA REGIÓN. Oficios.
El señor RINCÓN.- En segundo lugar, pido que se oficie al intendente de la Sexta Región y al seremi de Agricultura respectivo, con el objeto de que nos informen sobre el cambio de uso de suelo en los terrenos aledaños a la Carretera del Cobre, actual Carretera Presidente Eduardo Frei Montalva , en el tramo que va desde la Fundación de Salud El Teniente (Fusat), y la intersección Escrivá de Balaguer, en los lados norte y sur; es decir, qué criterios se utilizaron para otorgar el cambio de uso de suelo señalado y el detalle del mismo.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN SEXTA REGIÓN, EN FAVOR DE DETERMINADAS EMPRESAS. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Agricultura , al contralor general de la República y al presidente del Consejo para la Transparencia , con el objeto de que envíen a la Cámara de Diputados toda la información sobre los términos en que el Indap de la Sexta Región llevó a cabo una licitación que significó que los contratos de Prodesal de las comunas de Litueche, Navidad y Pichilemu se resolvieran en favor de determinadas empresas, sin que se haya informado a la contraparte, que son las comunas respectivas.
Hago presente que, hasta hace un tiempo, esas comunas participaban activamente como unidades técnicas en el desarrollo de esos programas y, a raíz de algunas opiniones entregadas por el director regional del Indap , sostuvimos una reunión con el director nacional, oportunidad en que se nos señaló que, efectivamente, esos programas se relicitarían. Sin embargo, hemos observado que ese procedimiento no ha sido debidamente transparentado e informado.
En consecuencia, pido que se hagan llegar esos oficios al ministro de Agricultura , al contralor general de la República y al Consejo para la Transparencia, a fin de recabar toda esa información.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE REINICIO DE OBRAS PARA EXTENSIÓN DE RIEGO A SECTORES DE COMUNAS DE LOLOL Y PUMANQUE. Oficio.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , en segundo término, pido oficiar al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que informe a la Cámara de Diputados respecto de los avances de un anuncio realizado recientemente por esa autoridad.
Públicamente, dio a conocer que se habrían resuelto las dificultades que afectaban al proyecto Convento Viejo, embalse básicamente destinado a mejorar la seguridad de riego y a extender las posibilidades de riego en la zona del secano costero. Ahora se podrán reiniciar las obras para que el agua de esa represa llegue a zonas de las comunas de Lolol y de Pumanque.
Como hasta la fecha no se ha concretado esa posibilidad, transmitida y dada a conocer con gran publicidad por el ministro , pido que me informe en detalle sobre los acuerdos que permitirán que ese proyecto cumpla su objetivo.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
EXPRESIONES DE CONDOLENCIAS Y DE SOLIDARIDAD POR TERREMOTOS EN REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido que se oficie a la Embajada de la República Islámica de Irán en Chile, para manifestar nuestras condolencias por los dos fuertes terremotos ocurridos el sábado recién pasado en el noroeste de ese país, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en los que, en un balance preliminar, perdieron la vida 227 personas y hubo 1.380 heridos.
El director de Media Luna Roja de Irán dio por finalizadas las labores de búsqueda de víctimas y señaló que se habían instalado 5.625 tiendas de campaña, con alrededor de 10.000 mantas, para las personas que han quedado sin hogar.
Como Chile es un país sísmico, sentimos especial sensibilidad ante estos fenómenos naturales. Por eso, solidarizamos con ese lejano país, de 75 millones de habitantes.
Además, pido que la Cancillería manifieste la solidaridad de los chilenos, a través del conducto regular y de una carta enviada al señor embajador de Irán en Chile, para que la derive al Parlamento de ese país.
Formulo estas peticiones como Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Iraní. Incluso, el año pasado, en el Congreso Nacional recibimos a un grupo de parlamentarios de ese país.
En virtud de los lazos de amistad que nos unen, queremos manifestarles nuestra solidaridad ante este tremendo dolor que sufre la República Islámica de Irán.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Ximena Vidal y Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Hugo Gutiérrez , Rincón , Latorre , Araya y Farías.
PREOCUPACIÓN POR DEFICIENTE CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN CONSULTORIOS Y HOSPITALES PÚBLICOS DE COMUNAS DE MACUL, SAN JOAQUÍN Y LA GRANJA. Oficio.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , cuando ya entramos en tierra derecha de la última parte del gobierno del Presidente Piñera, vemos que las promesas que se hicieron en la campaña presidencial en temas tan sensibles como salud, educación y seguridad ciudadana, entre otros, solo han quedado en eso: en simples promesas. En muchos casos, más bien se ha visto un retroceso en la adopción de políticas públicas enfocadas especialmente a la población más vulnerable de nuestra sociedad.
En esta oportunidad, quiero llamar la atención sobre la deficiente calidad de atención de la salud primaria, tanto en lo que respecta a los consultorios como a los hospitales públicos de las comunas que represento y, en general, de la Región Metropolitana. La calidad de la atención está muy lejos de lo que se espera.
A través de mi contacto permanente con la gente de las comunas del distrito 25, sobre todo con los adultos mayores, he tomado conocimiento de que, con mucho esfuerzo, atendidas su avanzada edad y su compleja condición de salud, deben asistir con frecuencia a diversos centros de la red pública de salud, como los consultorios y el hospital Barros Luco , especialmente en los meses de invierno, ocasiones en que, lejos de que se les otorgue una atención de calidad, se ven enfrentados al hecho de tener que concurrir una y otra vez a realizarse algún tipo de atención menor, como la oftalmológica, en circunstancias de que es perfectamente posible realizarles varios exámenes en cada oportunidad, como sucede regularmente con la otra clase de pacientes que tenemos en el país.
Esa situación trae como consecuencia frustración, descontento y desconsuelo a nuestros adultos mayores. No es justo que deban concurrir con tanta frecuencia a los consultorios y hospitales por esta mala práctica que, al final, deteriora aún más su salud. Cada vez que vamos a conversar con los adultos mayores de las diferentes comunas, ellos se quejan de lo mismo.
Es necesario duplicar los esfuerzos y recursos en aras de mejorar la calidad de la atención hacia toda la población. Se debe poner énfasis en las personas más vulnerables por su condición social, de manera que las promesas presidenciales no queden en el aire y se plasmen en medidas concretas.
En atención a esos hechos denunciados y en mi rol fiscalizador, pido oficiar al ministro de Salud para que me informe sobre los problemas que se evidencian en la atención de salud general y de especialistas, tanto en los consultorios como en los hospitales de las comunas de Macul, San Joaquín y La Granja.
Asimismo, le solicito que informe sobre las medidas concretas que se adoptarán para resolver el problema de la mala gestión en la calidad de atención de salud y para concentrar el máximo de atenciones y de exámenes médicos que se deben realizar a los pacientes, especialmente los adultos mayores, con la calidad prometida y que las personas esperan.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PREOCUPACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MEDIOAMBIENTALES DE REFINERÍA DE ENAP EN COMUNA DE HUALPÉN. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , utilizaré esta tribuna para denunciar nuevamente a una empresa del Estado que no juega un positivo rol medioambiental en el país, en particular en el distrito N° 43, que represento. Me refiero a Enap Refinerías, ubicada en la comuna de Hualpén.
En los últimos meses, en particular en los últimos 60 días, ENAP ha tenido cerca de cuatro incidentes medioambientales que dejan mucho que desear.
Los vecinos, encabezados por doña Marta Cárdenas , destacada dirigenta del sector El Triángulo, han comenzado a poner banderas negras en sus casas, porque desde que ENAP se instaló en la comuna de Hualpén nunca ha mostrado una actitud seria y responsable de respeto a la ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente. Por el contario, se ríe de la comunidad y de las autoridades al firmar convenios que después no cumple.
Por lo tanto, es necesario hacer nuevamente un llamado al Presidente de la República , al intendente de la Región del Biobío y a todas aquellas autoridades que, de una u otra manera, han visto cómo esta refinería estatal perjudica la salud de los vecinos de la comuna de Hualpén.
La última multa que debió pagar esta empresa del Estado ascendió a 50 millones de pesos, una cifra irrisoria, debido a que no cumple la labor y el rol que le corresponde.
Espero que ahora se hable en serio y que realmente se cumpla la última promesa efectuada a los vecinos -que siento falsa, porque es la actitud que históricamente ha mostrado-, hace solo cinco o seis días.
Por eso, los llamo a coordinarse con las autoridades comunales y parlamentarias del distrito, con las cuales ENAP no quiere conversar.
Además, hago un llamado para que la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, a quien visitaré el próximo 29 de agosto, cite a esta Cámara de Diputados a los representantes de la Empresa Nacional del Petróleo, por cuanto, repito, incumplió la promesa que hizo hace algunos meses en esa Comisión, precisamente producto de los problemas medioambientales que ha generado. Queremos que den la cara, que nos digan cuáles serán sus compromisos con la comunidad y que sepan que no les vamos a sacar los ojos de encima en relación con sus prácticas medioambientales en la comuna de Hualpén.
Finalmente, pido que se haga llegar copia de mi intervención al gerente general de ENAP , señor Óscar González , con quien aún no he tenido el gusto de conversar; a la nueva seremi de Medio Ambiente, que asumirá su cargo el próximo 20 de agosto; al intendente de la Región del Biobío y a la Corema, con el objeto de solicitarles que adopten las acciones, que debemos apoyar juntos, indistintamente del color político que tengamos, para que los habitantes de Hualpén y de los tres sectores que rodean a la Empresa Nacional del Petróleo recuperen la dignidad que ENAP les ha quitado al no cumplir con sus compromisos.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Andrea Molina y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Ulloa , Sabag y Araya .
MEJORAMIENTO DE RETIRO PARA FUNCIONARIOS DE CEMENTERIOS TRASPASADOS A MUNICIPIOS. Oficios.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- El Comité de Renovación Nacional ha cedido dos minutos de su tiempo al diputado señor Jorge Ulloa.
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , en primer lugar, la Presidenta de la Comisión de Recursos Naturales , Bienes Nacionales y Medio Ambiente, diputada Andrea Molina , me ha pedido que exprese al diputado Cristián Campos que con el mayor gusto recibirá los antecedentes relacionados con el problema medioambiental generado por la ENAP en la comuna de Hualpén.
Por otra parte, quiero expresar que, de los servicios traspasados a los municipios, en esta Corporación y en otras instancias normalmente solo hablamos de dos: los relacionados con educación y con salud. Sin embargo, está lejos del interés del Congreso Nacional la situación de otros trabajadores que también fueron traspasados, como, por ejemplo, el personal que pertenecía al Servicio Nacional de Salud y que hoy trabaja en cementerios.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior y de Seguridad Pública , con copia al ministro de Salud , con el objeto de solicitarle que evalúe la factibilidad de enviar a tramitación un proyecto de ley que permita que ese personal tenga algún tipo de mejoramiento al momento de producirse su alejamiento del servicio.
Hay personas que tienen muchos años de servicio y que hoy son funcionarios municipales que provienen, precisamente, del sector salud. Sin embargo, después de jubilar, sacan pensiones que son verdaderamente insuficientes, con ínfimos montos.
Así como hemos hecho esfuerzos, como país, para mejorar al personal traspasado de salud y de educación, también podríamos hacer un gesto similar con los funcionarios traspasados a los municipios que trabajan en los cementerios. Son pocos trabajadores, pero merecen el mismo trato que se ha tenido con otros sectores.
En consecuencia, pido a los colegas presentes que apoyen mi petición, con el propósito de que el oficio cuente con el apoyo de más diputados.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Andrea Molina y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Araya y Sabag .
-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta de la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.57 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 18.35 horas.
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INQUIETUDES DE DIRIGENTES SOBRE FORTALECIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL DE COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
El señor LORENZINI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , solicito que se oficie a los ministros de Agricultura , de Obras Públicas y del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de transmitirles algunas inquietudes surgidas en un taller que realizamos en la comuna de Vicuña con dirigentes de distintos Comités de Agua Potable Rural en julio del presente año. En dicha ocasión, se llegó a varias conclusiones que me parecen relevantes.
Las inquietudes planteadas se refieren a esta suerte de “empresas sociales”, porque los Comités de Agua Potable, en la práctica, son sustitutos de una función pública que no alcanza a llegar a las zonas más apartadas de nuestro país. En consecuencia, se utiliza la capacidad de organización de los vecinos de los sectores rurales, muchas veces con enormes precariedades, para satisfacer un derecho humano fundamental, como es el acceso al agua potable.
Nos parece importante que las autoridades correspondientes reciban estos elementos de análisis, que fueron objeto de una reflexión colectiva a nivel de dirigentes de Comités de Agua Potable Rural de la comuna de Vicuña, a la cual también concurrieron dirigentes de otras localidades.
En primer lugar, se hace necesario plantear el fortalecimiento de la institucionalidad de los Comités de Agua Potable Rural a través del aumento de la fiscalización y el seguimiento de la operación del sistema. Queremos conocer la opinión de esas autoridades públicas respecto de las políticas que se pueden implementar.
En segundo lugar, en relación con el autofinanciamiento, los Comités nos señalaron que, toda vez que estos prestan servicios de agua potable, y además deben prestar servicios de alcantarillado, tienen la obligación de financiar ambos, lo que, por un lado, constituye una sobrecarga de trabajo al Comité de Agua Potable Rural y, por otro, un desequilibrio en la relación costo-beneficio. Por lo tanto, debería haber un aporte directo del Estado para atender esa necesidad.
La falta de conocimiento técnico es uno de los principales problemas. Falta un organismo que se dedique a prestar asesoría técnica a los comités para cumplir con las exigencias legales, tanto emanadas de la prestación del servicio de agua potable como también en relación al servicio de plantas de tratamiento de aguas servidas.
Durante su mandato, la entonces Presidenta Bachelet envió un proyecto de ley que creaba, dentro del Ministerio de Obras Públicas, una unidad destinada a preocuparse del sistema de agua potable rural.
Me interesa saber cuál es la voluntad del Gobierno para sacar adelante ese proyecto, si hay disposición para impulsarlo o si el proyecto será archivado. Si se va a impulsar, queremos saber si será calificado con alguna urgencia.
Además, queremos que se informe a la comunidad sobre la base de qué requisitos y antecedentes se otorgan los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, para asegurar la pertenencia del agua en cada comunidad.
En mi región, en la del diputado Carmona y en la de cualquiera, el tema del agua es fundamental y crucial.
Soy coautor de un proyecto de reforma constitucional que tiene por objeto que en las regiones XV a IV se pueda restituir al Estado la titularidad de los derechos de agua. A estas alturas, ese es un reclamo ciudadano muy sentido por las comunidades de la Región de Coquimbo, particularmente en los sectores rurales, donde hoy, en medio de la sequía más grave que hemos vivido en los últimos diez años, los pocos derechos de agua están concentrados en unas pocas manos, en particular en grandes empresarios agrícolas y, por cierto, en la gran minería.
Por lo tanto, este tema es de esencial preocupación, no solo para los dirigentes del mundo del agua potable rural, sino también para toda la Región de Coquimbo.
Vamos a esperar atentamente la respuesta del Gobierno sobre la materia.
Otro punto dice relación con aumentar la capacitación a los dirigentes de los comités, tanto en cuanto al tratamiento y utilización de lodos provenientes de las plantas de tratamiento. Al respecto, existe un vacío legal, ya que no se autoriza a los Comités a tener manejo y aprovechamiento de los lodos, por ejemplo, lo que sí pueden hacer las empresas sanitarias, que antes eran públicas, pero que hoy son concesionadas o privadas.
Además, quiero hacer presente la falta de un sistema de subsidios por parte del Estado dirigidos a los distintos Comités de Agua Potable Rural.
Reitero que si estos son instrumentos que permiten atender una necesidad social y entregar un bien público que el Estado debiera proveer de primera fuente, entonces la comunidad debiese contar con más apoyo que el que hoy recibe de parte del Estado.
Finalmente, pido que se envíe copia de mi intervención a todos los Comités de Agua Potable Rural de la Región de Coquimbo , en especial a los de la comuna de Vicuña, cuyos antecedentes entregaré a la Secretaría de la Comisión.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado Lautaro Carmona y de quien habla.
PREOCUPACIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , recibí una carta del sindicato nacional N° 2 de trabajadores de la Sociedad Punta del Cobre S.A. ( Pucobre ), a través del presidente de ese sindicato, señor Efraín Véliz Contreras , y del secretario vocero del mismo organismo, señor Ramón Lillo Jorquera , quienes me han puesto al tanto de hechos anómalos ocurridos en la Dirección del Trabajo de la Región de Atacama y en su oficina dependiente, la Inspección Provincial del Trabajo de Copiapó.
Hasta la fecha, ese sindicato ha presentado seis denuncias por vulneración de sus derechos y por hostigamiento, malos tratos y oposición a la formación y funcionamiento del sindicato por parte de la empresa Pucobre S.A.
Las expresiones de ese sindicato son de abierta molestia por las actitudes asumidas por el director regional del Trabajo , señor Darío Silva Marchant , quien ha hecho caso omiso de las disposiciones legales que regulan sus funciones, debido a lo cual se siguen vulnerando los derechos de los trabajadores.
Esos dirigentes sindicales hacen alusión expresa a la Constitución Política de la República, que en el número 19° del artículo 19 establece el derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.
A la vez, señalan que ese director regional ha reconocido no haber llevado a cabo acciones de fiscalización por jornadas conocidas como “4 x 4”, porque la multa que correspondería cursar sería muy cara para esa empresa.
Por otra parte, la representación que le hicieran sobre la renovación de la jornada excepcional se encuentra en trámite desde hace más de tres meses.
Además de las irregularidades señaladas, el abogado de la empresa tiene relación de parentesco con la coordinadora jurídica de la inspección del trabajo. La Dirección Regional del Trabajo de Atacama no considera relevantes situaciones de ese tipo, pues estima que esa funcionaria está inhabilitada de hecho.
A la fecha, los dirigentes de ese sindicato han realizado dieciséis declaraciones para informar a sus asociados y a la opinión pública de Copiapó sobre esas irregularidades. En ese sentido, creo que un hecho tan serio como el planteado, que afecta la organización de los trabajadores, debe ser tomado muy en cuenta.
Por lo tanto, en virtud de la información que he recibido, pido que se oficie a la ministra del Trabajo y Previsión Social , señora Evelyn Matthei , y al seremi del Trabajo de la Región de Atacama , con el objeto de que recaben información sobre la situación que he planteado y respecto de ese tipo de irregularidades.
Además, solicito que se envíe copia de mi intervención al intendente de la Región de Atacama , a los respectivos consejeros regionales, a la directiva del sindicato N° 2 de Pucobre y a las CUT provinciales de Atacama: Copiapó , Huasco y Chañaral .
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A CRIANCEROS DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , una de las situaciones que ocurre en el país, que me llama poderosamente la atención, tiene relación con el criterio de considerar, al parecer, que entre una región y otra existe una diferencia abismante, como si hubiese una montaña, un precipicio u algún obstáculo que determina que los programas de gobierno solamente alcancen hasta el límite que separa a dos regiones, sin considerar la relación real con el territorio.
¿A qué me refiero? El país, en particular el norte, presenta una situación de sequía muy grave. Hace poco, la Cámara de Diputados celebró una sesión especial para tratar las políticas públicas en relación con la sequía que hoy afecta a la Región de Coquimbo. Sin embargo, ese problema no solo afecta a esa región, pues la sequía también hace estragos en la Región de Atacama. En ese sentido, me llama poderosamente la atención que los programas de apoyo para enfrentar el problema de escasez hídrica no lleguen a todos los habitantes, pues pareciera que este se extinguiera en el límite entre las regiones de Atacama y Coquimbo.
Señalo lo anterior porque en el sector sur de la Región de Atacama, cerca de las localidades de Incahuasi, Cachiyuyo, Domeyko y Carrizalillo, hay una cantidad de crianceros -que no son muchos- que se dedican a la crianza de cabras y otros animales, los cuales están sufriendo los rigores de la sequía en forma muy importante. No solamente a la gente de Coquimbo se le están enflaqueciendo y muriendo los animales, sino también a la de mi región, sobre todo a los crianceros del límite sur de la región.
Por eso, es muy importante que en la Región de Atacama el seremi de Agricultura y el director regional del Indap se preocupen de evaluar y comprobar lo que está sucediendo en la región.
Una situación similar afecta a gran cantidad de personas que crían burros en la zona sur de mi región. Es una tradición que en la región haya una cantidad importante de burros, los que también están sufriendo a causa de la sequía, porque no encuentran pasto y, por lo tanto, no consiguen alimento.
Por eso, me parece que las políticas públicas deben ser racionales. Por lo tanto, si hay apoyo para los crianceros de la Región de Coquimbo, es evidente que también debe haberlo para los del área sur de la Región de Atacama. Si hay apoyo para los animales de la Región de Coquimbo, también debe haberlo para los del área sur de la Región de Atacama, en particular en las localidades de las comunas del distrito que represento.
Pido que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap , con el objeto de que dispongan que me informen, en un plazo breve -no en treinta días más-, cuáles son las políticas públicas que se aplicarán en la Región de Atacama. En tal sentido, solicito que no se discrimine, porque se acaba de aprobar una ley antidiscriminación, y la discriminación territorial también es odiosa e inconcebible en materia de políticas públicas, las cuales deben incorporar a todos los que padecen el mismo problema, a los que se debe favorecer con la misma solución, con el propósito de apoyar a esos crianceros.
Finalmente, pido que se envíe copia de mi intervención a los concejos de Vallenar y Freirina, para que se informen de la solicitud que estoy haciendo, pues se trata de dos comunas que están incorporadas en el sector sur de la Región de Atacama, así como a los presidentes de las juntas de vecinos de Domeyko, Carrizalillo, Chañaral de Aceituno , Incahuasi y Cachiyuyo, para que también estén en conocimiento de lo que estoy pidiendo y puedan plantear esas exigencias a las respectivas autoridades, sobre la base de la información que me dieron a conocer crianceros de la localidad de Domeyko hace un par de semanas, antecedentes que creo importante que sean conocidos por quienes corresponda, a fin de que solucionen en forma rápida el problema que afecta también a la Región de Atacama, y no solo a la de Coquimbo.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DE VILLA LOS PRESIDENTES, COMUNA DE PANGUIPULLI. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , las directivas de moradores de innumerables conjuntos habitacionales de viviendas sociales, particularmente de la villa Los Presidentes, de la comuna de Panguipulli, han manifestado su preocupación por la calidad de sus viviendas, especialmente por la presencia de hongos al interior de las casas, lo cual se debe, principalmente, a la transpiración que producen las murallas por contener en su interior, debido a una especificación técnica, un plástico que genera la humedad.
Por ello, pido que se oficie al director del Serviu de la Región de Los Ríos, con el objeto de que me informe sobre el estado actual de esas viviendas, si se ha investigado la situación y si se han adoptado medidas fiscalizadoras.
En segundo lugar, me interesa conocer las normas de construcción que se tuvieron a la vista para llevar a cabo esas construcciones. Ese tipo de situaciones demuestra, muchas veces, el centralismo con que se actúa a nivel regional. Se adoptan medidas desde el nivel central, en Santiago, para regiones en las cuales el sistema de calefacción, las normas técnicas, la cantidad de lluvia y la humedad son completamente distintos, lo cual genera consecuencias no deseadas.
Entonces, pido un detallado informe acerca de lo que ha ocurrido en la región en esta materia y, especialmente, que se fiscalicen y revisen las 300 casas de la villa Los Presidentes, en la comuna de Panguipulli.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención a las señoras Loreto Rivas , Ester Oliva Ojeda y Marlene Ríos Canales, presidenta, secretaria y tesorera, respectivamente, de la Junta de Vecinos de la villa Los Presidentes, de la comuna de Panguipulli, cuyos datos dejaré a disposición de la Secretaría de la Comisión.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE ALTO TONELAJE EN CAMINOS DE LOCALIDAD DE HUICHACO, COMUNA DE MÁFIL. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , el viernes pasado, en la localidad de Huichaco, en la comuna de Máfil, me reuní con numerosos vecinos, entre los cuales se encontraba el señor Nibaldo Bastías , presidente de la Junta de Vecinos , quienes me plantearon una serie de inquietudes, especialmente respecto de la gran circulación de camiones madereros con acoplados que bajan por caminos interiores, debido a obras de extracción de madera. Me precisaron que se trataba de obras de la Forestal Valdivia, que retira su producción desde los predios Covadonga, Entre Ríos, Vista Alegre, Duero , Las Quinientas, Huichaco Sur y Pumillahue Sur.
Cuando se interviene una zona con esta magnitud de obras, cuando los caminos son estrechos, cuando se utilizan caminos en los cuales transitan, generalmente, medios de transporte a tracción animal o pequeños vehículos de los vecinos del sector, se genera un impacto considerable.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de que me informe acerca del tonelaje de tránsito autorizado para esos caminos. Me refiero, especialmente, al camino secundario que va desde el sector Huichaco hacia el interior de los predios señalados, desde donde se está extrayendo gran cantidad de madera. Son treinta a cuarenta camiones diarios que se desplazan por el frente de la posta y de la escuela de Huichaco, por lo que se produce un enorme impacto en el sector.
Además, me interesa que el ministro me informe si los puentes están en condiciones de resistir el peso de esos camiones y si existe una adecuada mantención del camino.
Igualmente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que me precise si se ha autorizado la circulación de camiones con ese tonelaje; si existen vías estructurantes y el adecuado trazado para que se realice ese tipo de transporte.
Finalmente, pido que se envíe copia de mi intervención al señor Nibaldo Bastías , presidente de la Junta de Vecinos de Huichaco , y a un conjunto de vecinos cuyas direcciones entregaré en la Secretaría de la Comisión, con quienes me comprometí a enviarles esta información.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Fuad Chahín .
INFORMACIÓN SOBRE COBERTURA DE SEGUROS DE INCENDIO PAGADOS VÍA CUENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Oficio.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en primer lugar, pido el envío de un oficio a la Superintendencia de Valores y Seguros para que me informe en relación con el seguro de incendio que se contrata por intermedio de Frontel, empresa del grupo Saesa , que tiene cobertura en la Región de La Araucanía.
Los vecinos me preguntan lo siguiente: ¿cuando no se ha pagado la cuenta por el suministro de energía eléctrica, y por lo tanto tampoco se ha pagado la cuota correspondiente del seguro, se pierde la cobertura del seguro de incendio? En algunos casos, una empresa aseguradora ha utilizado el hecho de tener deudas pendientes por concepto de energía eléctrica para no dar cobertura a un siniestro de incendio.
Por lo tanto, pido que esa Superintendencia me informe detalladamente sobre este tipo de pólizas que son masivamente ofrecidas y contratadas a través de la empresa Frontel . Entiendo que dicha empresa actúa solo como recaudadora, como intermediaria.
Me gustaría saber cómo operan esas pólizas, cuáles son las condiciones contractuales, para que se pueda dar mayor claridad a los vecinos asegurados por esa vía.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PAGO DE SUBVENCIÓN A AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA DE VICTORIA. Oficios.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en la comuna de Victoria existe la Agrupación de Familiares y Amigos de Pacientes con Discapacidad Psíquica, que tiene una casa-club, ubicada en Riquelme 435, que se financia, como todas las instituciones de este tipo, con bingos, rifas y otro tipo de actividades; además, mediante un convenio, recibe una subvención del Servicio de Salud Araucanía Norte, a través del Hospital de Victoria.
En 2011, se demoraron en pagar dicha subvención, que asciende a 840.000 pesos, que sirve para pagar una parte, al menos, del arriendo de la casa que utilizan, en la que se desarrollan talleres y otras actividades con las personas con discapacidad psíquica.
Sin embargo, estamos en agosto del 2012 y todavía no se le paga la cuota correspondiente a este año. La situación se está tornando insostenible y está generando una gran angustia en las personas involucradas en la organización, puesto que no pueden asegurar la adecuada mantención de ese inmueble, que presta una gran utilidad.
Por lo anteriormente expuesto, pido que se oficie al Servicio de Salud Araucanía Norte, a objeto de que se me informe sobre el estado de ese pago, se me explique por qué se ha retrasado y cuál sería la fecha tentativa en que se podría hacer efectivo.
Además, pido que copia del oficio se envíe a la señora Lucila Cerón Pereira , presidenta de la Agrupación de Familiares y Amigos de Pacientes con Discapacidad Psíquica, Casa-Club de Victoria; al concejo de Victoria , al Consejo de la Sociedad Civil de Victoria y al director del Hospital de Victoria .
Dejaré en la Secretaría de la Comisión los datos para el expedito envío de los oficios.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE INCLUSIÓN DE PLAN CURACAUTÍN EN PRESUPUESTO DE 2013. Oficios.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en tercer lugar, pido que se oficie al Instituto de Desarrollo Agropecuario , a fin de solicitarle antecedentes sobre el denominado Plan Curacautín que presentó el alcalde de esa comuna al director nacional del Indap . Se trata de un documento que busca planificar la inversión del referido instituto en esa comuna. Hay muchas expectativas al respecto; sin embargo, hasta ahora, no ha habido una respuesta formal sobre cómo se va a incluir dicho plan en el presupuesto para el 2013.
Existe una experiencia exitosa en relación con el Plan Lonquimay, razón por la cual queremos implementar también un Plan Curacautín, que se ha trabajado con los distintos sectores campesinos y con los diferentes servicios. Me interesa que el Indap me dé una respuesta, en consideración a que estamos en el proceso de elaboración del presupuesto para el 2013.
Además, pido que copia de este oficio se remita al alcalde de Curacautín.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención.
FALTA DE APOYO DEL INDAP Y DE LA CONADI A CAMPESINO DE COMUNIDAD INDÍGENA DE CURACAUTÍN. Oficios.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , finalmente, pido que se envíe un oficio al director nacional del Indap , al director nacional de la Conadi y al interesado, el señor Segundo Mariluán Avendaño , campesino mapuche de la comuna de Curacautín, quien vive en la comunidad Ignacio Huaiquilao , en un predio adquirido por la Conadi.
Este campesino se acercó a mí porque estaba muy decepcionado. Ha golpeado las puertas del Indap, de la Conadi a fin de adquirir un tractor para trabajar; sin embargo, durante tres años se le negó. Él compró un tractor nuevo, un New Holland TD-80, de 20 millones de pesos, con su esfuerzo y con sus ahorros, y una rastra de discos usada. No obstante, hasta ahora, no le ha sido posible conseguir recursos, ni en el Indap ni de la Conadi, para mejorar su rastra de discos, cuya reparación tiene un valor aproximado de un millón de pesos, ni para comprar una enfardadora.
Ese campesino es parte del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), pero, no obstante, no tiene el apoyo de las instituciones públicas. Pudo comprar un tractor de 20 millones de pesos con su propio esfuerzo, pero ni el Indap ni la Conadi le prestan el apoyo necesario que necesita.
Por lo tanto, solicito que las dos instituciones me informen cómo se le puede brindar el apoyo que requiere don Segundo Mariluán Avendaño , cédula de identidad N° 7.865.971-8, domiciliado en el sector La Tabla, comunidad Ignacio Huaiquilao , de la comuna de Curacautín.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención.
-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19.01 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
10. Informe sobre participación de la diputada señora María Angélica Cristi en la reunión del comité sobre cuestiones del Medio Oriente de la Unión Interparlamentaria, realizada en Ginebra, Suiza los días 2 y 3 de julio de 2012.
“Honorable Cámara
Tengo a honra informar sobre la participación que me correspondió en el Comité sobre Cuestiones del Medio Oriente de la Unión Interparlamentaria, efectuada en Ginebra, los días 2 y 3 de julio de 2012.
I. PARTICIPANTES.
Durante las reuniones del Comité de Cuestiones del Medio Oriente participaron las siguientes personas:
Miembros titulares del Comité de Cuestiones del Medio Oriente: Francois de Donnea (Bélgica)
Maria Angélica Cnsti (Chile)
Mónica Green (Suecia)
Alongkom Ponlaboot (Tailandia)
Lord Judd ( Reino Unido)
Delegación de Israel:
Meir Sheetrit, MK
Daniel Ben Simon, MK
Aharon Leshno Yaar Ambassador, Permanent Representafive of Israel Delegación de Palestina:
Azzarn Alahmad. MP
Bassam Al-Salhi, MP
II. MODALIDADES DE TRABAJO Y PROGRAMA DEL COMITÉ A FUTURO
En términos generales el Comité reafirmó que su principal propósito es promover la diplomacia parlamentaria a través del diálogo y específicamente en cuanto a facilitarlo con los miembros de los parlamentos de todos los partidos políticos envueltos en el conflicto.
Como en otras ocasiones, el Comité subrayó la importancia de ser capaces de reunirse para analizar y discutir con todas las facciones políticas tanto de Israel como Palestina y de los países vecinos.
Se enfatizó en que no habría solución a menos que exista la voluntad política entre ellos para encontrar un camino a futuro. Y que por tanto, deberían existir las mínimas pre-condiciones posibles. El rol del Comité sería colaborar en reunir a las partes para sostener conversaciones, pero en ningún caso imponer soluciones.
El Comité fue creado hace veinticinco años, motivo por el cual se surgió realizar algún acto conmemorativo con ocasión de la 127 Asamblea de la U1P a realizarse en Quebec el próximo año, donde se discutiría sobre las consecuencias de la Primavera Árabe y la situación en Siria.
El Comité acordó continuar con las sesiones de diálogo fuera de las Asambleas de la U1P. Asimismo, tomó nota de la sugerencia de la delegación israelí para que los debates se centren más en el futuro que en el pasado y de esta manera alcanzar formas reales de resolver el conflicto.
MISIÓN DE LA REGIÓN
El Comité informó que no había sido posible avanzar con la misión a Israel, Cisjordania y Gaza planificada para mayo.
Dio a conocer las dificultades encontradas en la inclusión de Gaza en el itinerario y expresó su firme convicción de que no estaría cumpliendo su mandato si no entablaba diálogo con todas las partes involucradas.
Reiteró que la misión debía incluir una visita a Gaza y solicitó al Secretario General estudiar la posibilidad de entrar a Gaza a través de Egipto, de ser necesario, y proponer tres fechas alternativas para llevar a cabo la misión, preferentemente antes de la 127a Asamblea de Quebec.
SESIONES DE DIALOGO CON LAS DELEGACIONES
DE ISRAEL Y PALESTINA.
A continuación se desarrollan algunas ideas y puntos de vista planteados durante el diálogo efectuado entre las delegaciones israelita y palestina, en los términos que se consignan a continuación.
1.- Razones de la postergación indefinida de la reunión programada entre el Presidente de Palestina Mahamoud Abbas y el Viceprimer Ministro de Israel Shaul Mofaz.
2.- Perspectiva de avance en el proceso de paz.
3.- ¿Podría el Partido Kadima, que ahora es parte de la coalición de gobierno de Israel, ayudaren las negociaciones de paz?
4.- Estado de preparación de las elecciones en Palestina y posible apoyo de la UIP.
5.- Impacto de la Primavera Árabe
6.- Reconciliación entre las facciones palestinas.
7.- ¿Cómo podría ayudar la cooperación interparlamentaria?
Con respecto a la primera interrogante, se sostuvo por parte de los delegados de Palestina, que:
La reunión entre el Presidente Mahmoud Abbas y el Viceprimer Ministro de Israel Shaul Mofaz (programada para el 3 de julio) había sido pospuesta porque se creía que el Gobierno de Israel no había mandatado al señor Mofaz para asistir a la reunión y también porque se estimaba que la reunión no produciría ningún resultado importante.
A su vez, la delegación de Israel, señaló que.
El Viceprimer Ministro Shaul Mofaz estaba entusiasmado en relanzar las conversaciones de paz, pero los palestinos habían cancelado la reunión ya que creían que el señor Mofaz no tenía un mandato que le permitiera hacer avances de relevancia.
Lo que lamentaban puesto que cualquier reunión entre los representantes israelíes y palestinos era un paso positivo en la dirección correcta.
Acotaron que el Presidente Mahmoud Abbas no debería perder la oportunidad para reunirse con el señor Mofaz y tratar de llevar adelante las conversaciones de paz.
En cuanto al numeral 2, sobre perspectiva de avance en el proceso de paz, la delegación palestina adujo que:
Israel nunca había querido perseguir realmente la implementación de un proceso de paz, pues continuó construyendo nuevos asentamientos y no estaba interesado en hacer concesiones.
Que Israel estaba evadiendo el asunto territorial y continuaba violando las resoluciones de Naciones Unidas. Que se encontraba enfrentando problemas internos difíciles y continuaba gastando grandes cantidades de dinero en armas.
Reiteraron que la comunidad internacional tenía un papel que cumplir para poner fin al conflicto y que la solución era crear dos Estados.
Finalmente, constataron que durante los últimos meses se ha visto una disminución de los desacuerdos con Hamas, que generalmente apoyaba a la Autoridad Palestina e insistieron en la solución mediante la creación de dos Estados.
Por su parte Israel, aclaró que la única solución era tener dos Estados.
Señalaron que en la actualidad, los palestinos se estaban negando a iniciar las negociaciones de paz y que querían un congelamiento de los asentamientos.
Destacaron que las fronteras y la seguridad eran de crucial importancia. Sostuvieron que debería haber un Estado Palestino con 67 fronteras.
Subrayaron que el promedio de los israelíes deseaba una solución para crear dos Estados.
Manifestaron su interés en tener un Estado Palestino fuertemente democrático.
Asimismo, señalaron que el conflicto no era la principal preocupación, pues tenían asuntos internos prioritarios, como por ejemplo en materias sociales, que requerían una pronta solución.
Sobre la tercera interrogante ¿Podría el Partido Kadima ayudar en las negociaciones de paz?, la delegación israelita señaló que:
El Partido Kadima está ansioso de recomenzar las negociaciones de paz. Al unirse al Gobierno, formularon tres demandas, una de las cuales fue que el Primer Ministro Netanyahu avanzara en el proceso de paz. Precisaron que las oportunidades de alcanzar una solución pacífica eran mayores con una derecha mayoritaria en el poder.
En cuarto lugar, respecto del estado de preparación de las elecciones en Palestina y posible apoyo de la U1P.
Palestina sostuvo que habría elecciones presidenciales y elecciones del Consejo Legislativo y del Consejo Nacional.
Aclararon que una Comisión Electoral Central supervisaría la elección del Consejo Nacional en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y la elección presidencial. Estas últimas se realizarían en las tres áreas. Las elecciones del Consejo Nacional se realizarían dentro y fuera de Palestina. La relación entre el Consejo Legislativo y el Consejo Nacional ya fue claramente definida.
Argumentaron que una vez que la comisión finalice su trabajo, en principio a mediados de julio, se establecería un gobierno de reconciliación con Mahmoud Abbas y la Autoridad Palestina, quien tendría dos tareas principales: realizar elecciones presidenciales y legislativas dentro de seis meses. Una vez que el gobierno esté formado, se anunciarían las fechas de las elecciones libres —presidenciales, legislativas y de Consejo Nacional.
Concluyeron en que el establecimiento de un gobierno de reconciliación bajo el control de Mahmoud Abbas pondría fin a la situación fragmentada y tendría un impacto directo en el proceso de paz.
La más alta autoridad palestina había reafirmado su intención de realizar elecciones generales. Sin embargo, esto no se efectuaría de no ser posible realizarlas también en Jerusalén.
Sobre el particular la delegación de Israel, resaltó la importancia de que las elecciones se realizaran a través de todos los territorios palestinos. Señalaron que era muy probable que tuvieran resultados distintos a los de las últimas elecciones legislativas.
Finalmente acotaron que Israel no debería interferir en el proceso y debería aceptar el resultado.
En lo que concierne al impacto de la primavera arabe.
La delegación de Palestina, recordó que la Primavera Árabe y la búsqueda de la democracia por parte del pueblo estuvieron en el interés de los palestinos. Es así, como en todos los Estados Árabes los manifestantes abrazaron la causa palestina.
Recalcaron que las últimas elecciones en Egipto presentaron una situación más estable y que esta estabilidad beneficiaría a los palestinos.
Hicieron presente que Egipto tuvo una influencia considerable en muchos niveles y apoyó la creación de Estado de Palestina.
Señalaron que el Presidente Morsi había declarado que Egipto jugaría un rol en el proceso de reconciliación.
Precisaron que se esperó más pluralismo en Egipto y Tunisia y en base a ello, esperaron mayor apoyo de aquellos países porque sus líderes escucharían más a su pueblo.
Así, también, recordaron algunos movimientos populares en Palestina, como por ejemplo, las dos protestas en Gaza y en Ramala que buscaban el fin de la Palestina dividida y otra por la situación económica en el Cisjordania.
Una molestia importante dijo relación con la división entre Cisjordania y Gaza, la falta de libertad y aislamiento, puesto que Gaza estaba técnicamente bloqueada. La gente culpó a las fuerzas de ocupación por sus problemas.
A su vez, la delegación de Israel manifestó que Egipto y Tunisia no pudieron hacer mucho para avanzar en la causa palestina. Afirmaron que tomó largo tiempo lograr la democracia; fue una lucha constante pero, una vez firmemente enraizada en aquellos países, la democracia pudo contribuir a la paz general en el Medio Oriente. Mientras tanto, Israel y Palestina deberían trabajar juntos por una solución de dos Estados, sobre la base de la Iniciativa Árabe para la Paz.
EN LO QUE DICE RELACIÓN CON LA RECONCILIACIÓN
ENTRE LAS FACCIONES PALESTINAS
La delegación Palestina, sostuvo que la reconciliación estaba llevándose a cabo de manera positiva. Acotaron que el acuerdo del día previo había sido alcanzado considerando la implementación del pacto de reconciliación, suscrito en mayo de 2011, y la Declaración de Doha sobre reconciliación nacional, suscrita en febrero de 2012.
Precisaron que si Cisjordania tenía un parlamento separado del de Gaza, esto acarrearía un problema mayor y Palestina no podría ser un Estado.
Culparon a Israel por las dificultares en lograr la reconciliación, porque mantenía a Gaza y a Cisjordania separadas.
A su vez, la delegación de Israel, objetó tener responsabilidad en la división de Palestina y sostuvieron que la reconciliación era necesaria para la creación de un Estado.
Finalmente en cuanto se refiere a la interrogante de ¿Cómo podría ayudar la cooperación interparlamentaria?
Sobre el particular, la delegación de Palestina, precisó que esperaban que la misión del Comité a la región fuera solamente pospuesta, no cancelada. Puesto que una misión mostraría que la comunidad internacional se preocupa por el sufrimiento del pueblo palestino. Esta misión debería tener lugar antes de que comiencen las conversaciones de cooperación interparlamentaria.
Asimismo, consideraron útil continuar con las sesiones de diálogo, para llegar a resultados concretos.
Precisaron que el Comité debería pronunciarse más claramente sobre el asunto de la detención continua de miembros del parlamento palestino y subrayaron que incluso muchos niños estaban bajo custodia israelí.
Por último, la delegación de Israel, precisó que el Comité debería tratar de conducir los debates hacia el futuro y abocarse a temas más tangibles en Quebec, Por ejemplo, sugirieron llevar a cabo un intercambio de ideas sobre las mejores formas de promover la paz.
Concluyeron señalando que el tiempo se estaba acabando. “Si queremos avanzar, debemos aprender a hablar del futuro, no del pasado”.
(Fdo.): MARÍA ANGÉLICA CRISTI, Diputada”.
11. Moción de los diputados señores Araya, Cardemil, Ceroni, Monckeberg, don Cristián; Rincón y Sabag y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra.
Modifica el artículo 83 del Código Procesal Penal, para fortalecer la situación procesal de la victima que actúa como querellante”. (boletín N° 8505-07)
“Conforme se ha venido desarrollando el funcionamiento del sistema procesal penal y las evidentes necesidades de adecuación permanente a la realidad concreta donde este despliega su acción, uno de las situaciones que merecen especial atención por parte del legislador es la referida a la participación que le cabe a la víctima que asume conjuntamente el rol de querellante en la investigación penal.
En este contexto, y en la lógica original del sistema diseñado, donde la exclusividad de la participación le cabía al Ministerio Publico, en su calidad de ente persecutor de la responsabilidad criminal, se concedieron a las víctimas la posibilidad de deducir querella y consecuencialmente tomar parte activa en la marcha de la investigación, la que naturalmente debía entenderse como un complemento de la labor del fiscal. Por tal razón se puede explicar, que el artículo 183 del Código Procesal Penal, concede o los intervinientes la facultad de solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. La indicada norma habilita al fiscal para decretar que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. También contiene este artículo la posibilidad de reclamar ante las autoridades del Ministerio Publico, el rechazo del fiscal a las diligencias solicitadas, con el objeto de obtener un pronunciamiento definitivo al respecto.
Así las cosas, en la práctica hay dos temas que requieren uno solución de corte legal. La primera es plantear una fórmula que permita resolver que ocurre con aquellas diligencias sobre las cuales el fiscal no se pronuncia o bien dilata el pronunciamiento que habilita la reclamación ante la autoridad regional del Ministerio Publico, al punto de volver inútil la diligencia, por un elemental criterio de oportunidad.
La segunda situación está relacionada con quien resuelve el reclamo en caso de negativa por parte del fiscal a decretar la diligencia.
En este orden de ideas es indispensable plantear la necesidad de contar con plazos acotados amparados en norma legal para que el fiscal emita pronunciamiento, toda vez que por diversas razones ocurre que la falta de pronunciamiento acarreo indefensión al solicitante, sea cual fuere la posición que este ocupe en el proceso penal. Entendiendo que es el fiscal quien dirige la investigación, y que para tales efectos requiere ciertos grados de independencia, incluso de discrecionalidad, es indispensable un límite que permita el ejercicio adecuado de los derechos que la ley franquea par el resto de los intervinientes
Y por otro lado, que dada la compleja ecuación que permite mantener equilibrio entre autonomía, independencia y jerarquía del funcionamiento del Ministerio Publico, aparece como más ajustada a la función de velar por el respeto de las garantías de lo todos intervinientes que sea el Juez de Garantía quien deba pronunciarse sobre la procedencia de la diligencia planteada, toda vez que de la concreción de la misma pueden aportarse datos de investigación relevantes para la defensa, querellantes o víctimas, y entendiendo que se trata de un derecho de los mismos, corresponde que sea el juez quien determine la práctica de la misma.
En este orden de ideas se requiere conceder al querellante la facultad de recurrir al Juzgado de Garantía paro que se pronuncie sobre dos cosas a) La falta de pronunciamiento dentro del plazo de 10 días respecto de decretarse o negarse lugar a la diligencia propuesta por alguno de los intervinientes. En este aspecto la norma que se propone persigue que sea el Juez de Garantía quien aperciba al fiscal a pronunciarse sobre la diligencia solicitada por algún interviniente, concediéndole un plazo breve para dicha actuación. b) La decisión del fiscal de negarse a decretar las diligencias solicitadas por los intervinientes. El plazo para recurrir será de cinco días desde notificada que sea la decisión a quien la solicitó. En esta materia la proposición de reforma considera que sea el Juez de Garantía quien en definitiva resuelva la procedencia de la diligencia propuesta por algún interviniente y en razón de ello pueda decretarse judicialmente la diligencia que la parte estimo útil para la investigación de los hechos.
El juez de garantía podrá resolver de plano en ambos casos o bien citar a audiencia para debatir la solicitud de los intervinientes. La resolución dictada respecto de estas materias no es susceptible de ningún recurso, atendidas la naturaleza de la etapa investigativa. Incluso el juez de garantía puede en este ámbito fijar un plazo para que la diligencia sea decretada por el fiscal. Se entiende que decretada la diligencia por el juez de garantía el fiscal” deberá tomar todas las medidas que sean pertinentes para la más pronta concreción de la misma.
Siendo tarea fundamental del Juez de Garantía velar por el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, y en otros cuerpos normativos del ordenamiento jurídico, de cada uno de los intervinientes en el proceso penal, en particular víctimas, querellantes e imputados, nos parece fundamental entregar herramientas adecuados para el ejercicio de tales derechos, creando un contrapeso efectivo frente a las facultades de dirigir la investigación que inviste el fiscal, por cuanto sometemos a la aprobación de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo Primero.- Agréguese a continuación del inciso primero del artículo 183 del Código Procesal Penal la siguiente expresión: “El fiscal deberá pronunciarse sobre esta solicitud dentro del plazo de diez días. En caso de omitirse pronunciamiento en el plazo indicado, el solicitante podrá recurrir ante el Juez de Garantía, quien podrá ordenar al fiscal la práctica de la diligencia solicitada o bien apercibir al fiscal para resolver la solicitud.
Artículo Segundo.- Agréguese un nuevo inciso al artículo 183 del Código Procesal Penal: “Ante la decisión del fiscal de negarse a decretar las diligencias solicitadas por los intervinientes, se podrá recurrir dentro del plazo de cinco días desde notificada que sea la decisión a quien la solicitó, al Juez de Garantía para que en definitiva resuelva la práctica de la diligencia solicitada por estimarse útil y pertinente para la investigación de los hechos.”
12. Moción de los diputados señores García, don René Manuel; Becker, Cardemil, Delmastro, Edwards, Godoy, Pérez, don Leopoldo; Santana, Sauerbaum y Verdugo.
Modifica la ley Nº 19.253, relativa a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, estableciendo la regularización de derechos de agua potable rural”. (boletín N° 8512-01)
Antecedentes
1) El problema del agua ha tenido mucho revuelo internacional, y Chile no está ajeno a dicho problema. Podemos ver que en el norte no hay agua potable durante el transcurso del año, ya sea porque se consume por diversos procesos en las empresas mineras o simplemente porque en las ciudades el nivel de caudal es bajísimo. En el sur, por su parte, la falta de agua se ha vuelto un problema sin solución durante los meses de calor.
2) Uno de los puntos de mayor énfasis para el Ministerio del Obras Públicas a través de su Dirección de Obras Hidráulicas, ha sido solucionar el problema de agua potable rural en los sectores más alejados de los centros urbanos, donde no existe ningún tipo agua potable para consumo habitacional, quedando constantemente sin agua para beber o cocinar.
3) Este esfuerzo se ha visto reflejado en varios sectores rurales, como por ejemplo en La Higuera, Región de Coquimbo, donde se puso en funcionamiento un complejo sistema de agua potable rural, la que se extrae del mar y por un proceso de osmosis inversa se desaliniza en agua y queda lista para el consumo humano. Lo mismo se puede apreciar en el sector de Ciruello-Dollinco, en la comuna de San José de la Mariquina, Región de los Ríos, en donde con 141 nuevas conexiones beneficiarán a 425 familias.
4) Dentro de las agrupaciones más afectadas en nuestro país podemos contar a las comunidades mapuches, por diversas razones. Primero, porque la gran mayoría de ellas está emplazada en sectores rurales de difícil acceso y con escasa cantidad de agua potable, y segundo porque ellas se rigen por la Ley N° 19.253, que en su articulado no señala nada respecto de la postulación para que puedan adquirir al programa de agua potable rural. En efecto, las aguas potables rurales no están incluidas dentro de la lista de posibles proyectos u obras del “Fondo de tierras y Aguas indígenas” que establece la presente ley, en su artículo 20, que reza así:
Artículo 2.0.- Créase un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas administrado por la Corporación. A través de este Fondo la Corporación podrá cumplir con los siguientes objetivos:
a) Otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, Comunidades Indígenas o una parte de éstas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente, con aprobación de la Corporación.
Para obtener este subsidio se distinguirá entre postulaciones individuales y de comunidades.
Para las postulaciones individuales el puntaje estará dado por el ahorro previo, situación socio-económica y grupo familiar.
Para las postulaciones de comunidades el puntaje estará determinado, además de los requisitos de la postulación individual, por su antigüedad y número de asociados.
Un Reglamento establecerá la forma, condiciones y requisitos de su operatoria;
b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas.
c) Financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso.
El Presidente de la República, en un reglamento, establecerá el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.
5)Como se puede apreciar, la letra c) del mencionado artículo permite la utilización de este fondo para emprender obras relacionadas con los “derechos de aguas”, pero la jurisprudencia ha entendido que dicha norma sólo alcanza las aguas para regadío, y no a obras de agua potable que beneficien a las miles de familias que habitan en sectores rurales.
6) Por esto, proponemos agregar una nueva letra en el artículo 20 de la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de dejar por sentado que los proyectos u obras del “Fondo de tierras y Aguas indígenas” puedan referirse a proyectos de agua potable rural.
En virtud de lo anterior, los Diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcese al artículo 20 de la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la siguiente letra d), nueva:
“d) Financiar la constitución, regularización y compra de derechos de agua potable rural, o financiar obras destinadas a obtener este recurso.”
13. Moción de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela y Rubilar doña Karla y de los diputados señores Becker, Cardemil, Edwards, García, don René Manuel; Martínez, Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo, y Verdugo.
Modifica la ley Nº 18.314, sobre Conductas Terroristas y fija su penalidad (boletín N° 8513-25)
ANTECEDENTES
1. El pasado jueves 28 de junio de 2012, el Presidente de la República, S.E. Sebastián Piñera Echenique presentó la primera Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, que tiene como propósito orientar y coordinar la acción de distintos organismos e instituciones nacionales para enfrentar desafíos de seguridad, calificando como amenaza al terrorismo, entre otros. Con esto, el actual Gobierno ha demostrado que el control de estas conductas que sólo buscan desestabilizar a la población está dentro de sus prioridades.
2. Con todo, este interés no es algo nuevo. Desde 1984., nuestro país cuenta con legislación antiterrorista, concretamente con la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad. El artículo 12 de esta ley señala que ciertas conductas enumeradas por el artículo 22 [1], serán consideras como delito terrorista cuando “el hecho se corneta con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se corneta para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.
3. El numeral 4.- del artículo 22 dispone que “Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño”, constituirá delito terrorista cuando se configuren las características fijadas por el artículo 1°, y que han sido mencionadas en el numeral anterior.
4. Según esto, se puede concluir que preparar o transportar artefactos explosivos no constituye, a la postre, un delito en sí, y a lo más, se trata de un hecho que podría ser considerado como un delito terrorista en condición de tentativa, o de delito frustrado.
5. El Código Penal señala en su artículo 7° que son punibles, no sólo el crimen o simple delito consumado, sino el frustrado y la tentativa, y en sus incisos segundo y tercero establece lo siguiente:
“Hay crimen o simple delito frustrado cuando el delincuente pone de su parte todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consume y esto no se verifica por causas independientes de su voluntad.
Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento.”
6. Esta aclaración no es en vano, pues los artículos 51 y 52 le otorgan distinta sanción a los delitos, según si son frustrados o en tentativa, a saber:
Art. 51. A los autores de crimen o simple delito frustrado y a los cómplices de crimen o simple delito consumado, se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el crimen o simple delito.
Art. 52. A los autores de tentativa de crimen o simple delito, a los cómplices de crimen o simple delito frustrado y a los encubridores de crimen o simple delito consumado, se impondrá la pena inferior en dos grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito.
Exceptúanse de esta regla los encubridores comprendidos en el número 3° del artículo 17, en quienes concurra la circunstancia la del mismo número, a los cuales se impondrá la pena de inhabilitación especial perpetua, si el delincuente encubierto fuere condenado por crimen y la de inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados, si lo fuere por simple delito.
También se exceptúan los encubridores comprendidos en el número 4° del mismo artículo 17, a quienes se aplicará la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.
7. Según todo lo anterior, si Carabineros, la PDI o algún otra institución logra desbaratar alguna banda dedicada a diseñar o construir artefactos explosivos, o si logra capturar a algún sujeto transportando alguno de estos aparatos, no podrá configurar un delito terrorista, sino sólo podrá juzgar a los involucrados como autores de un delito frustrado o en tentativa, lo que no parece lógico, considerando el mal por causar y el bien jurídico protegido.
8. Puede apreciarse que los atentados consistentes en la colocación de bombas y otros artefactos explosivos, no han cesado con el tiempo. En efecto, a partir del año 2004, hemos presenciado la explosión de una serie de bombas hechizas, teniendo muchas de ellas el carácter de terroristas. El día 3 de junio del año 2012, un medio de comunicación publicó que Santiago ha sufrido 100 atentados del bombas en los últimos ocho años y agregó que las comunas más afectadas serían: Santiago con 25; Providencia con 19; Las Condes con 18; Nuñoa y Vitacura con 7, principalmente [2].
9. Consideramos que, por la peligrosidad que revisten estos delitos y su posible atentado contra los bienes jurídicos de la vida e integridad fisica de otras personas, la colocación de mi artefacto explosivo debe sancionarse como un delito propio, en carácter de consumado. Por ende, se considera necesario contemplar en dicho tipo penal, la fabricación y transporte de estos artefactos como conductas terroristas, si concurren las circunstancias descritas por el artículo 1° de la Ley vigente y que por su especificidad, deben radicarse en el cuerpo legal que se pretende modificar.
En virtud de lo anterior, los Diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agrégase, al comienzo del numeral 4.- del artículo 2° de la Ley
N° 18.314, y antes de la voz “Colocar”, lo siguiente: “Diseñar, fabricar, transportar,”.
14. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Araya, Burgos, Cardemil, Eluchans, Godoy y Squella y de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela y Turres, doña Marisol.
Modifica la ley N° 7.421, que aprueba el Código Orgánico de Tribunales, facultando el establecimiento de registros computacionales en los Tribunales de Justicia. (boletín N° 8514-07)
Fundamentos:
-El Código Orgánico de Tribunales obliga a llevar en los tribunales diversos registros y libros para el buen orden interno y para la información a los usuarios, destacando entre tales libros el Registro de Sentencias, el cual debe ser llevado, en los tribunales no reformados, de manera escrita y mediante el empaste de copias o fotocopias autorizadas de las sentencias.
-Dicha labor, por su naturaleza, en la práctica resulta de último rango frente a la propiamente jurisdiccional -que es la más importante- y a las administrativas que sustentan la buena marcha de los tribunales.
Por ello, generalmente no se encuentra al día, en especial en los tribunales de mayor tamaño; y requiere de la utilización de recursos adicionales cada vez que se intenta colocarla al día, tanto en términos de personal como en cuanto a materiales.
-Por otra parte, la ampliación cada vez mayor en la cobertura de la página web del Poder Judicial, a la que se sube la mayoría de las sentencias -al menos de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones-, hace innecesario que el público -letrado o no letrado- concurra hasta los tribunales superiores y consulte allí las sentencias y solicite copia de ellas, pues tales datos los obtiene de dicha página. Tanto es así, que la jurisprudencia que se acompaña a los procesos aparece generalmente obtenida por este medio.
-La situación referida se dimensiona con mayor realismo al constatar, por ejemplo, que la Corte de Apelaciones de Santiago, la de mayor tamaño en el país, emitió en el año 2011 sobre 25.000 sentencias, considerando los distintos ámbitos de su actividad, en algunos de los cuales puede estimarse que no rige la obligación de llevar los indicados registros, pero que por razones de ordenamiento tradicional se mantienen vigentes.
Lo anterior explica claramente la existencia de atraso. El esfuerzo por poner al día tal labor, et recargo de trabajo y el gasto de material; para una labor que no es aprovechada por los usuarios, hace que esta pierda sentido.
-La solución que se plantea no es, ciertamente, eliminar los registros de sentencias, sino permitir que se aproveche los adelantos de la tecnología —en parte ya utilizados, como se ha dicho- para elaborar dichos registros, dejando esto a criterio de las respectivas Cortes, para que actúen de acuerdo a sus realidades, necesidades y urgencias, pero siempre estableciendo mecanismos o formas de resguardo de la seguridad, transparencia y publicidad de los registros; modificando al efecto el Código Orgánico de Tribunales.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Modificase la Ley 7.421, que Aprueba el Código Orgánico de Tribunales, incorporando un artículo 387 del siguiente tenor:
“Articulo 387: Los registros y libros señalados en los artículos 384 y 386 precedentes, podrán ser sustituidos por registros computacionales o virtuales, previo acuerdo fundado de la Corte respectiva, en el que se establecerán los mecanismos de seguridad, transparencia y publicidad de tales registros.”
15. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Burgos, Calderón, Cardemil, Godoy y Squella y de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela y Turres, doña Marisol.
Modifica la ley N° 7.421, que aprueba el Código Orgánico de Tribunales, disponiendo medidas de publicidad en la evaluación de funcionarios judiciales”. (boletín N° 8515-07
Fundamentos:
Los últimos lustros han mostrado que una mejora en los indicadores relativos a la administración de justicia no pasa sólo por mejorar las leyes procesales. Es cierto que un buen código procesal puede ser el inicio de un paulatino progreso en los indicadores de satisfacción de los usuarios del sistema judicial, pero claramente no es el único mecanismo.
La experiencia de los últimos años muestra que la mejora en la administración de justicia requiere contar con importantes indicadores de gestión, y con la implementación de modelos diversos a los que han sido aplicados en materia judicial.
Cualquier modificación que busque mejorar la administración de justicia y hacer más eficiente el trabajo en tribunales, dice relación con la manera de calificar el trabajo de los jueces y demás funcionarios del llamado Poder Judicial, y con los incentivos que los jueces y funcionarios tienen para desarrollar mejor o peor su trabajo. A estas altura del avance doctrinal y legal en materia judicial en Chile, está fuera de toda duda que el trabajo de los servidores que integran la judicatura nacional debe ser objeto de una evaluación, que nos permita determinar quiénes hacen -bien su trabajo y quienes, por el contrario, lo hacen mal, con los consiguientes estímulos y castigos que, respectivamente, deberían aplicarse. Ningún sector del país que recibe y administra recursos públicos puede ser ajeno a esta evaluación y seguimiento.
-Con respecto a la eficiencia de la justicia, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (Cepej) recomienda incluir los siguientes indicadores en el esquema de calificación judicial:
-duración promedio del procedimiento jurisdiccional;
-presupuesto anual asignado a los tribunales y juzgados;
-% del monto del presupuesto nacional público e ingreso nacional bruto dedicado al Poder Judicial;
-cifra anual de casos recibidos y casos resueltos;
-número de jueces, jueces substitutos, y personal del tribunal no dedicado a la tarea jurisdiccional.
-Dentro del esquema de evaluación al que deben ser sometidos los jueces, debe incluirse la opinión y experiencia de los ciudadanos, como un mecanismo importante para establecer el nivel de satisfacción de dichos usuarios.
El Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) recomienda que medir la calidad del ejercicio judicial, haciendo referencias a la eficiencia social y económica, a través de criterios que pueden ser similares a aquellos utilizados por otros órganos de servicio público. En este sentido, diecinueve países han logrado definir estándares mínimos de calidad.
-Se ha mantenido el criterio de una calificación anual pese a la opinión de algunas voces autorizadas que pedían su semestralización. Por el momento se ha preferido, en este punto, mantener el criterio actual, que ha sido el tradicional en el país.
-El proyecto que ahora se presente, busca en lo sustancial mejorar tres aspectos del actual sistema de calificaciones de los jueces chilenos:
a) en primer lugar dar mayor transparencia al proceso de calificación, haciendo público la calificación que obtengan los funcionarios judiciales. Una de las críticas que ha recibido el actual sistema de calificaciones es su hermetismo, que dificulta la comprensión y objetividad del mismo;
b) En segundo lugar y como otro propósito de este proyecto es objetivizar la evaluación, ya que los criterios de evaluación de la actual ley no permiten medir el desempeño de los jueces nacionales. En ese sentido, la enumeración de los aspectos a medir que se indican en el proyecto no es exhaustiva ya que siempre pueden surgir otros que se incorporen en dicha medición. Cada dos años el Ministerio de Justicia deberá dictar el respectivo reglamento con los nuevos criterios de evaluación, de tal forma que cada funcionario tenga noticia oportuna de lo que debe cuidar en su labor. Se considera que en una sociedad democrática el órgano Ejecutivo, debidamente autorizado por ley, es quien mejor se encuentra capacitado para revisar los parámetros conforme a los cuales se mide el trabajo de los funcionarios judiciales
c) Un punto de enorme importancia y que tal vez por una mal entendida separación de poderes no se ha podido avanzar más, es el de la calificación de los ministros y del fiscal judicial de la Corte Suprema. Como se sabe, en la actualidad, estos miembros no son calificados por organismo alguno. Lo anterior no es satisfactorio en un sistema democrático como el de Chile en el cual todas sus autoridades rinden cuenta se su trabajo. El proyecto avanza en este aspecto y somete a calificación la labor del fiscal de la Corte Suprema
Por los fundamentos antes expuestos, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modificase la ley 7.421, Aprueba el Código Orgánico de Tribunales, en el siguiente sentido:
1) Agrégase en el inciso 4° del artículo 273, entre las expresiones “calificar a” y “los Ministros de Corte”, la expresión “su fiscal judicial, a”
2) Incorpórase en el articulo 274 una letra c) nueva, pasando la actual letra c) a ser d); y así sucesivamente:
“c) Recabar del órgano calificador, el resumen de la evaluación efectuada a cada funcionario judicial según los criterios objetivos definidos cada dos años por el Ministerio de Justicia, dentro del mes de enero de cada año, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 bis.
3) Remplázase en la letra d) del artículo 274, que en virtud de este proyecto pasa a ser e), lo dispuesto a continuación de la expresión “órgano calificador y”, y antes del punto y coma (;), por la expresión “se publicarán en un lugar destacado de la sala de espera del tribunal u oficina en que sirve el respectivo funcionario judicial”
4) Sustitúyase el artículo 275 por el siguiente:
“Articulo 275.- Dentro de los diez primeros días del mes de noviembre de cada año, cualquier persona podrá hacer llegar al respectivo órgano calificador sus opiniones respecto de la conducta funcionaria y desempeño observados, durante el período que comprende la calificación, por cualquier funcionario o empleado de los tribunales de justicia sujeto a calificación. Para este efecto el órgano calificador, deberá publicar un aviso destacado en un diario de circulación nacional, que no sea el Diario Oficial, en que se informe al público la existencia del proceso calificador, su oportunidad, los funcionarios a los que comprende y la forma en que se recibirán sus opiniones.
Dichas opiniones deberán formularse por escrito y contener los fundamentos y antecedentes en que se basen.
Copia de las mismas deberá remitirse de inmediato por el órgano calificador a los afectados, con omisión de cualquier dato que pueda llevar a éste a conocer la identidad de quienes las han emitido, para que efectúen los descargos que estimen pertinentes, antes de iniciarse el proceso de calificación_ El órgano calificador, en caso de acoger alguna de las opiniones formuladas, deberá dejar constancia de ello antes de hacer la evaluación anual.”
5) Remplázase en el inciso 1° del artículo 276, la expresión “un procedimiento reservado”, por “audiencia pública”.
6) Intercálase en el inciso final del artículo 276, entre las palabras “serán” y “comunicadas”, la frase “publicadas en la página web del Poder Judicial, sin perjuicio de ser”.
Sustitúyase el artículo 277 bis por el siguiente:
“Artículo 277 bis.- En general, toda calificación debe propender a evaluar la responsabilidad, capacidad, conocimientos, iniciativa, eficiencia, afán de superación, relaciones humanas y atención al público del funcionario calificado, teniendo en consideración la función o labor que corresponda realizar y magnitud de la misma.
La calificación deberá fundarse en antecedentes objetivos y considerar, además de las anotaciones practicadas en la respectiva hoja de vida y el informe de calificación, los resultados del informe anual preparado por el órgano calificador, sobre la base de los criterios fijados por el Ministerio de Justicia en un reglamento que cada dos años elaborará dicha dependencia. Dicho informe será uniformemente aplicado a todos los funcionarios que desempeñen igual función y considerará la información objetiva que permita medir el grado de cumplimiento de los objetivos a que aluden los criterios fijados al comienzo del año por el órgano calificador. Sin que la siguiente enumeración sea exhaustiva, el informe deberá comprender, según sea aplicable a cada caso, la carga de trabajo asignada y despachada por el funcionario, en el caso de los jueces y ministros, el número de causas recibidas, el número de causas terminadas, la forma de término, el número de audiencias efectuadas, el horario y asistencia observados por el funcionario, las licencias y permisos, el número de sentencias confirmadas o revocadas por los tribunales superiores, entre otros factores objetivos.”
8) Agréguese en el inciso 1° del artículo 278, a continuación de la palabra “evaluadas”, y antes del punto (.), la expresión “a quienes, para los efectos de esta audiencia, se les habrá asignado previamente un código numérico de modo tal que sólo el secretario conozca a quién se refieren los antecedentes relatados. Se prohíbe exhibir fotos de los funcionarios evaluados durante fa calificación”.
9) Intercalase en el inciso 2° del artículo 278, a continuación de la expresión “277 bis”, y antes del punto (.), la expresión “, y del informe preparado por el órgano calificador”.
16. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Browne, Cardemil, Godoy, Martínez, Monckeberg, don Nicolás; Pérez, don Leopoldo, y Sauerbaum y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Sabat, doña Marcela.
Modifica la ley N°19.696, que establece Código Procesal Penal, en el sentido que indica. (boletín N° 8516-07)
Fundamentos:
El hito mas importante en los últimos años en materia de persecución penal, tiene lugar sin mediar duda con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que gira hacia un sistema de índole acusatorio, y que consagra como principios fundamentales la inmediación, la publicidad, la oralidad y el contradictorio.
Esto vino a solucionar la aberración que significaba desde el punto de vista del resguardo de las garantías constitucionales el sistema inquisitorio, donde el mismo juez buscaba pruebas, acusaba, y condenaba. De hecho, era tan evidente lo injusto del sistema, que el legislador se escusa en el mensaje, aludiendo la incapacidad de implementar otra formulo.
El sistema inquisitivo redundo en una costumbre judicial, inmune a las modificaciones legislativas que acentuó la falta de inmediación, propició la delegación de funciones judiciales y hasta transformó el sistema escrito, de registros, 'en una justicia de recetas en donde la falta de fundamentación, era sinónimo de una correcta resolución.
La implementación de la Reforma Procesal Penal y el sistema acusatorio vino en auxilio de las garantías procesales, dadas sus características de contradicción, publicidad, oralidad y, sobre todo, la fragmentación del ius puniendi, con el fin de no subordinar ninguna función esencial, equilibrando así las fuerzas internas para un correcto y eficaz juicio penal, en igualdad de condiciones.
Sin embargo, y a pesar del innegable avance que trajo consigo la entrada en vigencia del nuevo sistema, creemos que ya con más de una década de funcionamiento, estamos en condiciones de revisar algunos aspectos que a nuestro parecer deberían redundar en una reducción de la inseguridad subjetiva y en una mejora en la función persecutoria. Para ello proponemos:
-Modificar los artículos 77 y 180, entregando el control y la dirección de la investigación al Ministerio Publico, y asignando la investigación propiamente tal a la policía.
La Constitución es clara en cuanto al Ministerio Público la corresponde dirigir en forma exclusiva la investigación y ejercer la acción penal. En las actas de las Comisiones Técnicas del Senado y de la Cámara de Diputados, como también en las actas de las sesiones de Sala, se dejó claramente establecido que la investigación la debe hacer la policía y que el fiscal sólo le corresponde controlar y dirigir la investigación. En la actualidad los fiscales hacen directamente la investigación, por lo cual no pueden controlarla ni dirigirla. Asimismo, al hacer directamente la investigación, el fiscal no tiene tiempo para cumplir su propia función de hacer investigar los delitos que se le denuncian. Basta revisar las fiscalías para comprobar el sin número de diligencias sin investigar o esperando un pronunciamiento del fiscal. A ello se agrega que el fiscal y sus familias pasan a correr un riesgo personal, por cuanto el delincuente tiene perfectamente individualizado a quien lleva la investigación, lo que no sucede con la policía por cuanto el delincuente no sabe qué agente de policía o carabinero está a o se hará cargo de la investigación. Ello ha traído como consecuencia la existencia de amenazas personales y el hecho que carabineros debe brindarle protección a toda su familia con la consiguiente distracción del personal de las funciones preventivas e investigativas.
-Incorporar un artículo 78 ter denominado “Plazo para resolver solicitudes”.
Actualmente las solicitudes que se presentan al Ministerio Publico, cualquiera sea su carácter, carecen de un plazo de respuesta. Es decir, una respuesta a cuestiones relacionadas con la investigación por ejemplo, podría demorar meses.
Lo anterior resulta impresentable tratándose de una actividad de tal importancia, y más aun cuando los escritos acompañados a veces pueden ofrecer datos de extrema relevancia. Resulta evidente que con la obligación de responder en plazo, se mejorara la actividad persecutoria y se dará cumplimiento a un imperativo que a nuestro entender se colige de lo dispuesto en la Constitución y en los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país.
-Incorporar un artículo 80 bis nuevo, definiendo las facultades de la policía en las “primeras diligencias”.
Ante un hecho que reviste caracteres de delito, y que se acaba de cometer, se deben realizar las denominadas “primeras diligencias”, que tienen por objeto establecer el orden de los acontecimientos y comenzar a proponer las responsabilidades penales que correspondan, lo que en definitiva deberá sentenciar el juez.
En estas primeras diligencias, el rol protagonista lo asume el Fiscal a cargo de la investigación, de modo que las policías se vuelven meros “coadyudantes”. Ante esto, vemos con buenos ojos considerar el estudio de otorgar mayores facultades a las policías, para que puedan desarrollar gestiones de manera autónoma durante las primeras diligencias, con el objeto de hacer más eficiente la justicia, en momentos en que el atraso de una diligencia puede cambiar totalmente el rumbo y afectar el éxito de la investigación. Este inciso tiene por objeto establecer el rol de investigador de la policía, bajo la dirección del fiscal encargado del caso, de manera que su actuación se inicie desde el momento mismo de que se tiene conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, sin perjuicio de la obligación de dar información inmediata al fiscal de todo lo obrado y continuar la investigación bajo la dirección y control de éste.
“Sustituir el artículo 91 estableciendo la posibilidad de tomar declaración autónomamente por parte de la policía.
La declaración prestada voluntariamente por el imputado, en la medida que se cuente con su consentimiento libre y espontaneo, puede ser de gran utilidad en el esclarecimiento de los hechos y para actuar con celeridad en la detención de quienes participan en el delito. En efecto, muchas veces el propio imputado quiere declarar para cooperar con la investigación, lo que resulta aun más lógico en el entendido que no todo imputado resulta culpable en definitiva. Por ello, nos atrevemos a proponer esta modificación en la medida que se cumpla con los requisitos propuestos, esto es, la utilización de medios que permitan una reproducción fiel posterior y la constancia del consentimiento tanto escrito como en el material audiovisual. De dicha actuación deberá levantarse un acta rubricada por el oficial policial de mas alto rango presente en la declaración; y se dejara constancia que le asiste al imputado el derecho de retractarse.
-Modificar el artículo 1311imitando la facultad del fiscal de dejar sin efecto la detención en caso de flagrancia.
Solo en virtud de una resolución judicial se puede dejar sin efecto una detención. En el sistema inquisitorio en vigencia con anterioridad en nuestro país, se autorizaba dejar en libertad cuando se trataba de faltas o delitos que no merecen pena privativa o restrictiva de libertad. Similar regla tiene hoy el artículo 124.
Sin embargo, hoy los fiscales están dejando detenciones sin efecto tratándose de delitos que merecen pena privativa o restrictiva de libertad.
Por ello proponemos permitir que se dejen sin efecto detenciones, previa comprobación del domicilio del imputado y siempre que se trate de delitos cuya pena máxima asignada no exceda los 3 años de presidio o reclusión.
-Modificar el artículo 132 bis, concediendo recurso de apelación en contra de la resolución que declara la ilegalidad de la detención tratándose de delitos de abusos sexuales, micro tráfico, porte de arma de fuego y municiones, u homicidio de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en ejercicio de sus funciones.
El código permite la apelación de la resolución que declara ilegal una detención, tratándose de ciertos delitos atendida su entidad y peligrosidad del punto de la criminalidad. Creemos pertinente agregar a dicho catalogo de delitos, otros que son igualmente graves, y cuya persecución nos parece fundamentales.
Asimismo, y para ser coherente con la solución, se modifican los artículos 149 y 150 del Código, incorporando también los delitos de abusos sexuales, micro tráfico, porte de arma de fuego y municiones, u homicidio de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en ejercicio de sus funciones.
Esto se traducirá, con la modificación del 149, en que el imputado por estos delitos no podrá ser puesto en libertad mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negare o revocare la prisión preventiva, salvo el caso en que el imputado no haya sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido.
Por otra parte, los cambios introducidos al 150 suponen restringir al tribunal sus competencias para conceder salidas a quienes se les impute un delito de los antes mencionados.
-Agregar un inciso final al artículo 174, ampliando la forma de denuncia a medios digitales y telefónicos.
Hoy en día, a partir de la gran sensación de impunidad que existe con ocasión de denuncias que no tienen resolución, y en ocasiones ni siquiera respuesta, se ha producido un fenómeno negativo que redunda en la falta de denuncia por parte de victimas.
En efecto, muchas personas prefieren evitar el papeleo o la pérdida de tiempo y omiten la denuncia, acrecentando la sensación de inseguridad. Asimismo, hay una gran cantidad de personas que se ven imposibilitadas de denunciar por diversas causas.
Por ello, la idea es permitir que se formule la denuncia por medios tecnológicos, má precisamente por el portal institucional tanto de las policías como del Ministerio Público, o telefónicamente. Se trata de la posibilidad de denunciar delitos de acción pública vía telemática, atendido el interés público que hay detrás de su persecución. Esto ampliaría el acceso a la denuncia, y se condice con la penetración de internet y de telefonía celular en nuestro país.
-Modifica el artículo 234 estableciendo la procedencia del recurso de apelación.
En ocasiones, el plazo fijado por el juez no se condice con las demandas de la investigación. En efecto, muchas veces los problemas de dotación y recursos, sumados a plazos de investigación insuficientes, redundan en una ventaja para los imputados y su defensa.
Por lo mismo, en el evento que el tribunal imponga un plazo, este podrá ser recurrido.
-Modificar el artículo 247, eliminando la sanción procesal de sobreseimiento definitivo en caso de no presentarse acusación por parte del fiscal.
Esta modificación resulta de vital importancia para el éxito de la actividad persecutoria del Estado, ya que el artículo 247 establece una drástica sanción, no para el fiscal que incurre en la omisión de acusar que dicho artículo prevé, sino a la persecución penal misma y con ello a la sociedad.
En efecto, a nivel comparado, las sanciones se refieren principalmente a sanciones disciplinarias al fiscal que incurre en la omisión, y no importan el sobreseimiento de la causa.
-Modificar el artículo 277, permitiendo la procedencia del recurso de apelación en términos amplios.
La idea es que no solo se pueda apelar el auto de apertura por exclusión de prueba obtenida con infracción de garantías u obtenida en diligencias nulas, como lo dispone el artículo 277 en referencia al 276, sino que también se aplique a otras hipótesis de exclusión de prueba. De esta manera, por ejemplo, la exclusión de prueba por impertinencia podrá ser apelada en cualquier caso. Esto parece fundamental a partir de la importancia de la prueba que se rinde en juicio, que puede hacer perder un caso a la fiscalía. En estos términos, resulta apropiada una revisión de lo resuelto por el juez de garantía.
-Modificar el artículo 372, ampliando el plazo de interposición del recurso de nulidad.
Tratándose de juicios cuya duración exceda los 5 días, se aplicara una formula idéntica de la cual gozan los magistrados en virtud del artículo 344 para la redacción de la sentencia. En efecto, con juicios de alta complejidad, que constan de multiplicidad de audios y registros escritos, no parece sensato un plazo de 10 días para preparar y redactar el recurso. Un recurso que no se puede preparar aun con un comportamiento diligente, supone un derecho que no se puede ejercer en términos prácticos. Esto incluso vendría a afectar las garantías del debido proceso.
Ahora, a diferencia de la norma del 344, se establece un límite de 20 días que brinde certezas.
-Modificar el artículo 406 ampliando la procedencia del procedimiento abreviado.
El requerimiento de un procedimiento abreviado es una herramienta de mucha utilidad para los fiscales tratándose de delitos donde no hay controversia en cuanto a su existencia, ni de quienes han participado en el.
De esta manera, se podrá hacer uso de este mecanismo cuando se trate de penas solicitadas que no sobrepasen los 15 años.
Esto debería ahorrar una serie de recursos fiscales, y tanto o mas importante, permitirá a los fiscales disponer de mas tiempo para dedicarlo a causas donde si hay controversia y la actividad persecutoria adquiere relevancia.
Por los fundamentos antes expuestos, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifícase la ley 19.696, Establece Código Procesal Penal, en el siguiente sentido:
1) Intercálase en el artículo 77, a continuación de la palabra “practicaran”, y antes de la coma (,), la expresión “por si o por intermedio de la policía, todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación, dirigiendo y controlando el actuar de la misma”.
2) Incorpórase un artículo 78 ter del siguiente tenor:
“Articulo 78 ter.- Plazo para resolver solicitudes. Las solicitudes de los intervinientes, cualquiera sea su naturaleza, podrán .presentarse en cualquier momento de la investigación al fiscal a cargo, y deberán ser resueltas dentro del plazo de 8 días.
Tratándose de aquellas solicitudes a las que se refiere el artículo 183, el plazo será de 5 días, y en caso de rechazo del fiscal a cargo, se podrá solicitar su reconsideración al fiscal regional respectivo, quien resolverá dentro del plazo de 3 días de recibidos los antecedentes.”
3) Incorpórase un articulo 80 bis del siguiente tenor:
“Artículo 80 bis.- Primeras diligencias. Ante un hecho que revista los caracteres de delito, y con el objeto de evitar dilaciones que arriesguen el éxito de la persecución penal, la policía podrá desarrollar gestiones de manera autónoma durante las primeras diligencias, sin perjuicio de la obligación de dar información inmediata al fiscal de todo lo obrado. “
4) Reemplázase el inciso final del artículo 91 por el siguiente:
“Sin embargo, si el imputado se encontrare en una unidad policial y manifestare voluntariamente su deseo de declarar, podrá hacerlo luego de habérsele leído lo dispuesto en los artículos 93, 94, y 135 en su caso. Dicha declaración será registrada por cualquier método que permita su reproducción posterior. Finalizada la declaración, se procederá a levantar un acta firmada por el imputado y el oficial de mayor rango presente en ella, donde quede constancia del carácter voluntario de la misma, y de haberse cumplido los requisitos señalados anteriormente. El imputado podrá desistirse en cualquier momento de seguir prestando declaración, o exigir su continuación solo en presencia de su abogado defensor. Informado el fiscal de esta diligencia, podrá interrumpirla con el objeto de apersonarse en ella para los efectos del artículo 332.”
5) Intercálase en el inciso segundo del artículo 131 a continuación de la expresión “sin efecto la detención”, y antes de “u ordenar”, la expresión “tratándose de faltas o simples delitos cuya pena máxima asignada no supere los 3 años de presidio o reclusión, y siempre que previamente se verifique el domicilio del detenido;”.
6) Sustitúyase el artículo 132 bis, por el siguiente:
“Artículo 132 bis.- Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 366, 366 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, y los de la leyes N° 20.000 y N° 17.798 que tengan pena de crimen o simple delito, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal, en el sólo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”
7) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 149, la expresión “ 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, y los de la ley N° 20.000, que tengan pena de crimen”, por “366, 366 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, el delito de homicidio en contra de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en ejercicio de sus funciones, y los de la leyes N° 20.000 y N° 17.798 que tengan pena de crimen o simple delito”.
8) Reemplázase en el inciso sexto del artículo 150, la expresión “390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, y de los sancionados con pena de crimen en la ley N° 20.000”, por “366, 366 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, el delito de homicidio en contra de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en ejercicio de sus funciones, y los de la leyes N° 20.000 y N° 17.798 que tengan pena de crimen o simple delito”.
9) Agrégase al artículo 174 un inciso final del siguiente tenor:
“Asimismo, tratándose de delitos de acción publica, se permitirá la formulación de denuncia vía telefónica o a través del portal institucional del Ministerio Publico o de las Policías.”
10) Intercálase en el inciso primero del artículo 180, a continuación de la palabra “dirigirán”, y antes de “y podrán realizar”, la expresión “y controlaran la investigación,”.
11) Agrégase al artículo 234 un inciso final del siguiente tenor:
“Será apelable la resolución que se dictare en conformidad al inciso precedente.”
12) Reemplázase en el inciso quinto del artículo 247, la expresión “citará a la audiencia prevista en el artículo 249 y dictará sobreseimiento definitivo en la causa.”, por “pondrá este hecho en conocimiento del Fiscal Regional respectivo, quien dispondrá que se deduzca la acusación dentro de los diez días siguientes a la recepción de los antecedentes. Transcurrido este nuevo plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, citará a la audiencia prevista en el artículo 249 y dictará sobreseimiento definitivo en la causa.”
13) Suprímase, en el inciso segundo del artículo 277, la expresión “de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente”.
14) Agrégase un inciso final al 372 del siguiente tenor: “No obstante lo anterior, si el juicio hubiese durado más de cinco días, el plazo de interposición del recurso aumentara en un día por cada dos de exceso de duración de juicio, con un límite de 20 días.”
15) Intercálase en el inciso primero del artículo 406, a continuación de la expresión “no superior a”, y antes de “en su grado máximo”, la expresión “quince años de presidio o reclusión mayores”.
17. Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Becker, García, don René Manuel; Godoy, Martínez, Monckeberg, don Nicolás, y Sauerbaum y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Sabat, doña Marcela y Turres, doña Marisol.
Modifica la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, facultando a los municipios a constituir consejos comunales de seguridad pública.
(boletín N° 8517-25)
Fundamentos:
-La tendencia actual en materia de política de seguridad ciudadana, señala que éstas ya no son un asunto exclusivo del nivel central, y por el contrario, se ha generado una suerte de cooperación y transferencia a las unidades locales. Esto ha derivado en múltiples acuerdos entre los gobiernos nacionales; y otros organismos públicos y privados, donde destacan y adquieren especial preponderancia los municipios.
-De esta manera, podemos observar en los últimos años una sostenida transferencia de competencias a los municipios, asignándoles nuevas tareas y funciones. A este fenómeno se lo ha llamado por la doctrina como “ampliación de la agenda local”; y tiene su justificación en la firme convicción por parte de los gobiernos, que el fortalecimiento de las estructuras locales es fundamental para robustecer la democracia y el estado de derecho. Así, dentro de las nuevas funciones asumidas por los municipios, se encuentra la seguridad ciudadana y la prevención del delito.
-El Plan de Seguridad Pública 2010-2014, “Chile Seguro”, creado por el actual gobierno en remplazo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010, acentúa entre otras cosas el carácter descentralizado de las políticas de seguridad y dispone de medidas para premunir a los gobiernos locales de herramientas efectivas en la lucha contra el delito.
-En sintonía con lo anterior, tenemos la convicción que políticas de seguridad diseñadas a nivel local, son la clave para un combate más efectivo de la delincuencia. Estas tienen la ventaja de ser confeccionadas a partir de la experiencia local, tomando en consideración los problemas de cada comunidad, y la cantidad de recursos disponibles para tal efecto. Para exponerlo en términos gráficos, creo que sería impropio aplicar políticas idénticas en comunas con realidades tan diversas como Vitacura o Colchane. La primera con un ingreso promedio superior a un millón de pesos y ubicada en el corazón de la región metropolitana, y la segunda fronteriza con niveles de pobreza situados entre los más altos del país. Ciertamente, se trata de comunas con patrones delictivos distintos, y premunidas de presupuestos bastante disimiles.
-Por otro lado, y no menos importante, cada día adquiere mayor importancia la participación ciudadana en el combate a la delincuencia, lo que se facilita y se hace realidad principalmente a través de planes locales. En efecto, los beneficios que podrían reportar el conocimiento mutuo entre vecinos y el dialogo fluido entre los mismos y las policías, parecen solo capitalizables a través de planes de seguridad confeccionados por las respectivas unidades locales.
-En atención a lo expuesto anteriormente, la presente moción pretende facultar a los alcaldes para constituir consejos comunales de seguridad pública, con miras principalmente a tres objetivos:
-Necesidad de coordinación entre los distintos agentes y niveles territoriales para un trabajo complementario y multidisciplinario. Esto adquiere especial importancia en las áreas de prevención, protección y apoyo;
-Asegurar e incentivar la participación ciudadana, creando lazos entre los individuos y las diversas organizaciones comunitarias, con las autoridades locales y los órganos de policía. Esto debe tener como límite cualquier tipo de justicia popular o formula que signifique la resolución de conflictos por vías ilegitimas:
-Mayor participación de los municipios en la confección de los diagnósticos acerca de la situación local, atendida la importancia que tiene en el trabajo de intervención, manejar la realidad específica de cada comuna o barrio.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modificase el artículo 15 de la Ley 20.502, Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención Y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y Modifica Diversos Cuerpos Legales; en el siguiente sentido:
1) Intercalase en el inciso final a continuación de “seguridad ciudadana,”, y antes de “de manera”, la expresión “y confeccionar diagnósticos acerca de la situación local, atendido su conocimiento de la realidad especifica de la comuna,”.
2) Agréguese un inciso cuarto y final nuevos, del siguiente tenor:
“En ejercicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los municipios podrán constituir consejos comunales de seguridad pública, los que serán presididos por el alcalde, e integrados por un oficial de Carabineros de Chile designado por el Jefe de Zona Respectivo, un oficial policial de la Policía de Investigaciones de Chile designado por el Jefe de Región Policial respectivo, un fiscal del Ministerio Publico designado por el fiscal Regional respectivo, y por el Coordinador Regional de Seguridad Publica respectivo o su representante. Las organizaciones comunitarias podrán participar de estos consejos, previo acuerdo de los mismos, y sin perjuicio del derecho que les asiste de realizar presentaciones escritas.
Se levantara acta escrita de lo tratado y acordado en el consejo, la que junto con la documentación acompañada por sus integrantes y terceros, será almacenada en un registro creado al efecto en el municipio, y remitida al Intendente Regional.”.