Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Javier Ignacio Macaya Danus
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Roberto Leon Ramirez
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Marisol Turres Figueroa
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Tucapel Jimenez Fuentes
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Felipe Salaberry Soto
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Enrique Accorsi Opazo
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- V. TABLA
- MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA, REGULACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA, REGULACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Tercer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe sobre participación de Diputado señor Pablo Lorenzini en su calidad de Co-Presidente de la Comisión Mixta Parlamento Europeo-Parlamento Chileno acompañando al señor Presidente de la República en su visita a Bruselas a diferentes reuniones con representantes de dicha institución europea entre los días 13 al 15 de noviembre.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Pablo Lorenzini Basso
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Moción de los señores diputados García, don René Manuel; Becker, Browne, Cardemil, Delmastro, Edwards, Meza; Monckeberg, don Cristián, y Sauerbaum. Otorga la posibilidad, a las comunidades indígenas, de arrendar sus tierras. (boletín N° 8717-01)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Becker Alvear
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Manuel Edwards Silva
- Fernando Meza Moncada
- Cristian Monckeberg Bruner
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Moción de los señores diputados Kort, Baltolu, Barros, Bauer, Calderón, Melero, Morales, Ulloa, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Zalaquett, doña Mónica. Modifica la ley N° 19.620, sobre adopción de menores eliminando un requisito para la declaración de susceptibilidad de adopción en caso que indica. (boletín N° 8718-18).
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Issa Farid Kort Garriga
- Nino Baltolu Rasera
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Patricio Melero Abaroa
- Celso Rene Morales Munoz
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe sobre participación de Diputado señor Pablo Lorenzini en su calidad de Co-Presidente de la Comisión Mixta Parlamento Europeo-Parlamento Chileno acompañando al señor Presidente de la República en su visita a Bruselas a diferentes reuniones con representantes de dicha institución europea entre los días 13 al 15 de noviembre.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 109ª, en lunes 10 de diciembre de 2012
(Especial, de 16.09 a 20.52 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás, y Recondo Lavanderos, don Carlos.
Presidencia accidental del señor Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Tabla.
- Modificación de Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera, regulaciones para la investigación y fiscalización. Tercer trámite constitucional 13
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Prorroga la vigencia de la ley N° 20.372, que establece un nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén.”. (boletín N° 8720-07). (372-360)
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2. el que “Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.”. (boletín N° 8091-21). (383-360)
3. el que “Prorroga la vigencia de la ley N° 20.372, que establece un nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén.”. (boletín N° 8720-07). (384-360)
4. el que “Otorga asignación asociada al mejoramiento de trato a los usuarios, para los funcionarios pertenecientes a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares de los establecimientos de los servicios de salud.”. (boletín N° 8660-11) (S). (387-360), y el que “Crea asignación asociada al mejoramiento de la calidad de trato al usuario, para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.”. (boletín N° 8661-11(S). (387-360)
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
a) el que “Suprime el actual Servicio Nacional del Menores, creando dos nuevos Servicios de atención a la infancia y adolescencia.”. (boletín N° 8487-07. (385-360);
b) el que “Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.”. (boletín N° 8034-15. (385-360), y
c) el que “Modifica el Código Sanitario en materia de regulación a las farmacias.”. (boletín N° 6523-11(S). (385-360)
Pág.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
a) el que “Regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público.”. (boletín N° 8335-24). (386-360);
b) el que “Modifica Ley del Deporte.”. (boletín N° 8316-29). (386-360);
c) el que “Establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal.”. (boletín N° 8189-04). (386-360);
d) el que “Modifica ley N° 18.290 y la ley Nº 20.084, para establecer nuevas edades mínimas para obtener licencia de conducir a quienes cometan delitos que indica.”. (boletín N° 7409-15);
e) el que “Modifica Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para fortalecer la protección de principios activos de medicamentos”. (boletín N° 8183-03). (386-360);
f) el que “Establece el nuevo Código Procesal Civil.”. (boletín N° 8197-07). (386-360), y
g) el que “Tipifica como delito conductas relacionadas con la comercialización de fuegos artificiales.”. (boletín N° 8612-02). (386-360)
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto sobre “Fomento Forestal que modifica y extiende el DL N° 701.”. (boletín N° 8603-01. (466-360)
8. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Otorga asignación asociada al mejoramiento de trato a los usuarios, para los funcionarios pertenecientes a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares de los establecimientos de los servicios de salud.”. (boletín N° 8660-11) (S). (1053/SEC/12)
9. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Crea asignación asociada al mejoramiento de la calidad de trato al usuario, para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.”. (boletín N° 8661-11) (S). (1054/SEC/12)
10. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.”. (boletín N° 8091-21. (1.061/SEC/12). En Tabla
Pág.
11. Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia calificada como “discusión inmediata”, que “Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.”. (boletín N° 8091-21). En Tabla
12. Primer informe de la Comisión de Familia recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Modifica expresiones en la ley de violencia intrafamiliar.”. (boletines N° 4106-18, 6057-18, 7314-18, 6001-18, 5293-18, 5093-18, 7566-18, 5569-18, 4936-18, 4106-18, 5235-18, refundidos). En Tabla
13. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.”. (boletín N° 7550-06). En Tabla
14. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que “Modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado.”. (boletín N° 8105-11). En estado de Tabla
15. Primer informe de la Comisión de Recursos Naturales recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Evita la contaminación por algas de las cuencas hidrográficas.”. (boletín N° 7192-12). En estado de Tabla
16. Primer informe de la Comisión Especial de Deportes recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Modifica el Código del Trabajo, incorporando en el estatuto del futbolista la imposibilidad legal de programar encuentros deportivos en determinados horarios.”. (boletín N° 8681-29). En estado de Tabla
17. Informe sobre la participación del diputado señor Pablo Lorenzini, en su calidad de Presidente de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo, como miembro de la comitiva que acompañó a S.E. el Presidente de la República en las reuniones en el Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica), los días 14 y 15 de noviembre de 2012
18. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados García, don René Manuel; Becker, Browne, Cardemil, Delmastro, Edwards, Meza; Monckeberg, don Cristián, y Sauerbaum, que “Otorga la posibilidad, a las comunidades indígenas, de arrendar sus tierras”. (boletín N° 8717-01)
19. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Kort, Baltolu, Barros, Bauer, Calderón, Melero, Morales, Ulloa, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Zalaquett, doña Mónica, que “Modifica la ley N° 19.620, sobre adopción de menores eliminando un requisito para la declaración de susceptibilidad de adopción en caso que indica”. (boletín N° 8718-18)
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficio:
- Oficio de la Comisión de Régimen Interno por el que comunica la designación de los diputados señores Fernando Meza e Iván Norambuena para realizar en conjunto con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, una visita tecnológica a Japón y China, entre el 29 de noviembre y 8 de diciembre próximo. (465).
3. Comunicaciones
- Comunicación de la Presidencia de la Cámara de Diputados por la que informa que los diputados señores Marcelo Schilling y Pablo Lorenzini participarán en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel de la OCDE que se desarrollará en Estocolmo, Suecia, entre el 17 y 18 de junio de 2013, en conformidad al Acuerdo Marco de Participación Internacional . (467)
- Comunicación de la Comisión de Régimen Interno por la que informa que el diputado señor Patricio Vallespín concurrirá al Tercer Encuentro de la Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transparencia , Acceso a la Información Pública y Probidad, que tendrá lugar en Buenos Aires, los días 6 y 7 de diciembre próximo (468).
- Comunicación de la Presidencia de la Cámara de Diputados por la que informa que a la 21ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), que tendrá lugar del 27 al 31 de enero de 2013, en Vladivostok, Rusia, asistirán la diputada señora María José Hoffmann, y los diputados señores Germán Verdugo y Carlos Montes.(410)
- Comunicación del diputado señor Browne, por el cual informa que ha retirado el patrocinio del proyecto sobre “Reforma el artículo 1° de la Constitución Política de la República, con el objeto de fortalecer la protección de la familia.”. (boletín N° 7198-07.
- Comunicación del diputado señor Macaya, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que debió permanecer en reposo por un plazo de 12 días, desde el 27 de noviembre próximo pasado.
4. Notas
- Nota del diputado señor Salaberry, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 10 de diciembre en curso para dirigirse a España.
- Nota de la diputada señora Turres, doña Marisol, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 10 de diciembre en curso para dirigirse a España.
- Nota del diputado señor Jiménez, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 10 de diciembre en curso para dirigirse a Italia.
- Nota del diputado señor Accorsi, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 10 de diciembre en curso para dirigirse a País Vasco, Irlanda del Norte y Francia.
- Nota de la diputada señora Isasi, doña Marta, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 10 de diciembre en curso, para dirigirse a Roma.
- Nota del diputado señor León, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 5 de diciembre próximo pasado, para dirigirse a New York.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Por contar con permiso constitucional, no asistieron las diputadas y diputados señoras Marisol Turres Figueroa y Marta Isasi Barbieri, y señores Enrique Accorsi Opazo, Felipe Salaberry Soto y Tucapel Jiménez Fuentes.
-Estuvieron presentes los ministros de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.09 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 103ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 104ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se autorizará a la diputada señora Marta Isasi para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 10 de diciembre en curso, para dirigirse a Roma.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se autorizará a la diputada señora Marisol Turres para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 10 de diciembre en curso, para dirigirse a España.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se autorizará al diputado señor Tucapel Jiménez para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 10 de diciembre en curso, para dirigirse a Italia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se autorizará al diputado señor Felipe Salaberry para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 10 de diciembre en curso, para dirigirse a España.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se autorizará al diputado señor Enrique Accorsi para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 10 de diciembre en curso, para dirigirse a País Vasco, Irlanda del Norte y Francia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Les recuerdo a los señores parlamentarios que, por acuerdo unánime de los Comités adoptado con anterioridad a la semana distrital recién pasada, debatiremos en esta sesión las modificaciones del Senado al proyecto de ley de Pesca. Por el momento no se han fijado límites de tiempo para las intervenciones, salvo el que establece el Reglamento, es decir, dos discursos de cinco minutos por cada diputado .
La hora límite de votación de las modificaciones del Senado es a las 12.00 horas de mañana. Obviamente, si el debate concluye antes, la Mesa está disponible para que efectuemos dicha votación una vez cerrado el debate, siempre y cuando así lo determine la Sala. De lo contrario -reitero-, la hora límite de votación será mañana a las 12.00 horas.
Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , en verdad, venía con otro ánimo a esta sesión especial; pero quiero manifestar mi más enérgico reclamo por la decisión -tengo entendido que fue adoptada en forma unilateral por parte suya, porque no hubo reunión de Comités- en cuanto al ingreso de los ciudadanos para escuchar el debate. Se están entregando entradas como si fuera un acto cultural o deportivo. Hay muchos dirigentes del sector pesquero artesanal que no podrán ingresar a las tribunas a escuchar este debate.
Entiendo la formación que usted tiene, señor Presidente . Para mí, democracia es participación real y efectiva, y derecho a la información. Pero en este debate, por lo que veo y veremos durante su desarrollo, van a faltar los protagonistas principales, que son los dirigentes de los miles y miles de pescadores artesanales desde Arica a Punta Arenas.
Hace pocos minutos invité a la cafetería a un grupo de seis o siete honorables dirigentes del sector pesquero artesanal y se les negó el café por instrucciones del Presidente de esta Cámara. Creo que eso es inaudito. Supuestamente, este espacio refleja la esencia y el corazón de la democracia chilena. Pero veo que usted está actuando en forma totalmente dictatorial; le falta el puro uniforme, señor Presidente .
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , quiero aclarar que todo lo que usted afirmó se aparta de la verdad.
El señor ALINCO.- Yo no estoy mintiendo, señor Presidente.
El Partido Radical no estuvo presente en esa decisión…
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , en primer lugar, la forma de distribuir equitativamente las invitaciones se acordó en Comités. Se entregaron veinte invitaciones a cada Comité. Todas fueron distribuidas. Según me informa el Edecán, las de su Comité fueron entregadas a usted mismo.
En segundo lugar, jamás he dado una instrucción de negar el café a algún dirigente y jamás lo haría, porque no soy dueño del café, ni mucho menos administro las cafeterías.
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , quiero saber si someterá a votación la solicitud de constitución de la Comisión Investigadora que figura en la Cuenta.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , los solicitantes retiraron esa petición de la Cuenta para presentarla mañana. Esa es la razón por la cual no se someterá a votación.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , si entendí bien, usted señaló que el acuerdo de los Comités fue que si la discusión finalizaba antes de la hora de término fijada para esta sesión, las modificaciones del Senado
se votarían hoy. Eso es lo que entendimos varios diputados.
Por tanto, quiero que fije un criterio claro en términos de que la votación se realizará mañana.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , el acuerdo de Comités es simple, en el sentido de que se votará mañana a las 12.00 horas. Lo que yo señalé es que, dado que los inscritos probablemente no son tantos como para terminar la discusión mañana antes de las 12.00 horas, solo por la unanimidad de la Sala podríamos acordar votar antes de las 12.00 horas, siempre que el debate haya concluido. De no haber esa unanimidad, la votación se efectuará mañana a las 12.00 horas.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , quiero saber por qué se va a entregar un informe de las modificaciones del Senado. Entiendo que no se requiere un informe, dado que el proyecto está en tercer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señora diputada , dada la cantidad de modificaciones que el Senado introdujo al proyecto, la Comisión de Pesca solicitó expresamente analizar dichas modificaciones antes de que lo haga la Sala. Según el Reglamento, deberíamos haber conocido esas enmiendas sin que pasaran por la Comisión. No obstante -reitero-esa instancia nos solicitó conocerlas antes.
La Comisión de Pesca sesionó la semana pasada en Santiago, analizó cada uno de los cambios introducidos por el Senado al proyecto y evacuó un informe. Esa es la razón por la cual se entregará un informe de la Comisión de Pesca.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , ¿no se requiere un acuerdo previo de la Sala para que se proceda de esa forma? Quiero que me aclare ese punto.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Efectivamente, la Sala acordó que las modificaciones del Senado fueran conocidas por la Comisión de Pesca, antes de ser presentadas a la Sala.
V. TABLA
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA, REGULACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Tercer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde considerar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Patricio Melero.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 8091-21. Documentos de la Cuenta N° 10 de este Boletín de Sesiones.
-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses marítimos sobre las modificaciones introducidas por el Senado. Documentos de la Cuenta N° 11 de este Boletín de Sesiones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MELERO (de pie).- Señor Presidente , honorable Cámara, por acuerdo de esta Sala y en virtud del artículo 119 del Reglamento, me corresponde informar, en tercer trámite constitucional, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
Por consiguiente, en representación de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, lo que voy a informar son los cambios que introdujo el Senado al proyecto y, tal como lo establece el artículo 119 del Reglamento, las recomendaciones que la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos le hace a esta honorable Corporación sobre el contenido de los mismos.
El proyecto de ley contiene como eje la sustentabilidad de los recursos, tal como ha sido declarado expresamente en el mensaje respectivo y como se ha advertido en todo el proceso de tramitación del mismo. Estos elementos, en su esencia, se mantienen en el proyecto.
El primer punto sobre el que recayeron las modificaciones del Senado figura en la página 1 del comparado y se refiere a la regulación del estatuto jurídico de los recursos hidrobiológicos.
En el primer trámite constitucional no se incorporó una regulación sobre el estatuto jurídico de los peces, debido a que fueron rechazadas las propuestas que se presentaron por indicaciones parlamentarias. Dichas indicaciones pretendían establecer el régimen de propiedad constitucional de las minas a los peces, lo cual, a juicio del diputado informante , era un error, tanto desde el punto de vista constitucional, debido a que colisiona con las normas de la Carta Fundamental, como en aspectos de fondo, puesto que desconoce la regulación que a dichos recursos otorga la Convención sobre el Derecho del Mar ( Convemar ).
Sin perjuicio de lo anterior, en segundo trámite constitucional, el honorable Senado incorporó, en una forma acordada con el Ejecutivo , con la asesoría de la Cancillería y con distintos parlamentarios que participaron en su redacción, un texto que recoge los principios internacionales y los aspectos de constitucionalidad que se debatieron durante el primer trámite.
Es así como se llega a un texto que establece que los recursos hidrobiológicos están sometidos a la soberanía del Estado de Chile, en las aguas terrestres, aguas interiores y mar territorial, así como a sus derechos de soberanía y jurisdicción en la Zona Económica Exclusiva y en la Plataforma Continental, de acuerdo a las normas del derecho internacional y a las normas de la presente ley. Esta diferenciación que propone el honorable Senado es absolutamente necesaria, debido a la calificación jurídica que tiene cada espacio marítimo, de acuerdo a la Convención del Mar.
El inciso segundo, de conformidad con lo antes señalado, establece que el Estado de Chile tiene el derecho de regular la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos en dichos espacios marítimos.
Finalmente, el artículo 1° dispone que el Estado de Chile podrá autorizar la exploración y explotación de los recursos sujetos a las disposiciones de esta ley.
De esta forma, con la incorporación de este nuevo texto, existe plena armonía y conciliación con las normas de la Convención Internacional del Mar, antes mencionada, y con las de nuestro Código Civil.
El segundo cambio que introdujo el honorable Senado y que los colegas pueden encontrar en la página 8 del comparado, se refiere a la regulación del contrato a la parte, nomenclatura muy propia de la actividad pesquera.
Durante el primer trámite constitucional del proyecto en la Cámara, se incorporó la definición del contrato a la parte, que pasó a formar parte del artículo 2° de la ley que contiene las definiciones.
En el segundo trámite constitucional del proyecto en el Senado, el Ejecutivo incorporó la regulación de este contrato, con el consecuente equilibrio, debido a que este es un contrato de sociedad en que cada parte pone algo en común, con miras a repartirse las utilidades de ello. Dado que esta es una Ley de Pesca, se incorporan, en consecuencia, aquellos elementos que se consideran sustantivos para dicho fin, es decir, para fines pesqueros.
Se incorpora un último elemento que es esencial para los tripulantes pesqueros que son parte del contrato a la parte, esto es, que los gastos que se descuenten antes de la repartición de utilidades solo puedan ser los referidos a aquello que siempre ha formado parte de este contrato y no gastos ajenos a la operación pesquera.
La tercera modificación introducida por el honorable Senado figura en las páginas 5 y 11 del boletín comparado y dice relación con la incorporación de una nueva definición de puntos biológicos, adicional a la definición de punto biológico de referencia.
Se incorpora así una nueva definición de punto biológico, que es de carácter general, y se mantiene la ya incorporada de punto biológico de referencia, a fin de diferenciar un punto biológico cualquiera de aquellos que marcan determinados hitos en el estado de situación de una pesquería, que serían estos últimos. En todo lo demás se mantiene lo aprobado en el primer trámite constitucional.
En cuarto lugar, el Senado incorpora una regulación nueva que diferencia -es algo que formó parte del debate y que figura en la página 10 del boletín comparado- entre captura y desembarque.
De manera que se incorporan dos nuevas definiciones: captura y desembarque, al artículo 2° del proyecto, en el cual, como ya lo expliqué, aparecen todas las definiciones.
En términos generales, captura es todo aquello que ha sido extraído vivo o muerto por un arte o aparejo de pesca, y desembarque es todo aquello que se saca de una nave, sea procesado o no.
Asimismo, se incorpora una nueva regulación en esta materia que pretende diferenciar entre ambos conceptos. Hasta la fecha, en la regulación pesquera ambos conceptos son tratados como sinónimos, sin hacer diferencia alguna entre ellos, lo que generaba muchas situaciones anómalas.
Sin embargo, ahora, de conformidad con el nuevo artículo 63 -figura en la página 91 del boletín comparado- que fue reemplazado, los armadores pesqueros deberán informar tanto sus capturas, para cuyo efecto deberá portar una bitácora de pesca, como sus desembarques.
En caso de que existan diferencias entre la captura y el desembarque, y estas no se justifiquen debidamente por las normas de la ley del descarte u otros factores, y el rango del porcentaje de error que también deberá considerarse, se deberá imputar a los armadores el valor de lo capturado.
La quinta modificación del honorable Senado se refiere a los ecosistemas marinos vulnerables, que figura en las páginas 18 y 19 del boletín comparado.
El Senado incorporó al proyecto de ley una regulación amplia de los ecosistemas marinos vulnerables. Los colegas recordarán que esta discusión surgió con motivo de un proyecto de ley, que suscribimos diversos diputados, que apunta a regular la pesca de arrastre y que se encuentra en la Comisión de Pesca, prohibiendo la utilización de esta arte de pesca en los ecosistemas vulnerables.
Este proyecto define por primera vez con exactitud lo que se entiende por un ecosistema vulnerable. El principio básico que se incorpora es que la actividad pesquera de fondo en los ecosistemas marinos vulnerables está prohibida, en tanto no se demuestre que no se les afectan. Para este efecto se incorporan las definiciones de ecosistemas marinos vulnerables, montes submarinos y pesca de fondo.
En la página 10 del boletín comparado se pueden encontrar las definiciones de captura y desembarque que he señalado, así como también la de ecosistema marino vulnerable. Para mejor comprensión, el proyecto define con precisión el concepto -lo voy a leer por la importancia que reviste para la historia fidedigna de la ley- de ecosistema marino vulnerable: “Unidad natural conformada por estructuras geológicas frágiles, poblaciones o comunidades de invertebrados de baja productividad biológica, que ante perturbaciones antrópicas son de lenta o escasa recuperación, tales como en montes submarinos, fuentes hidrotermales, formaciones coralinas de agua fría o cañones submarinos.”.
Asimismo, como ambas están interrelacionadas, define también lo que se entiende por pesca de fondo: “Actividad pesquera extractiva que en las operaciones de pesca emplea artes, aparejos o implementos de pesca, que hacen contacto con el fondo marino.”.
De igual forma, define, también por primera vez en nuestra legislación pesquera, lo que se entenderá por montes submarinos: “Elevaciones del piso oceánico que no emergen a la superficie y cuya altura sobrepasa los 1.000 metros, medidos desde el fondo marino circundante que constituye su base.”
También se incorpora una completa regulación en los artículos 6 A y siguientes, que tiene por objeto determinar el régimen por el cual se podrían efectuar actividades pesqueras extractivas en dichos ecosistemas marinos vulnerables, incorporándose nuevas medidas de conservación y protocolos de evidencias de la presencia de ecosistemas marinos vulnerables.
Finalmente, se incorpora la obligación de la presencia -esto también es algo nuevo- de observadores científicos en forma permanente, cuando se desarrollen actividades pesqueras en los ecosistemas vulnerables.
La sexta modificación introducida por el honorable Senado se refiere a las nuevas regulaciones en la cuota global de captura, que los colegas pueden encontrar en las páginas 12 y 68 del boletín comparado. A saber:
a) Se reduce la cuota de imprevistos de 2 a 1 por ciento. Esta materia fue muy debatida en los dos trámites constitucionales del proyecto de ley. Se pretendía disminuir esta cuota, a fin de resguardar los intereses de los actores pesqueros porque, obviamente, el porcentaje se resta de la cuota global y del fraccionamiento que después se distribuye entre los sectores artesanal e industrial. Como dije, el Senado redujo la cuota de imprevistos de 2 a 1 por ciento.
b) Se incorpora la cuota licitada para la pequeña y mediana empresa (pymes). Durante su tramitación parlamentaria, diversos representantes de las plantas pesqueras pymes señalaron que no tienen acceso a las pesquerías que son destinadas a la reducción fundamentalmente del jurel, la sardina y la anchoveta.
A raíz de lo anterior, se incorporó una norma que permite que se licite hasta el 1 por ciento de la cuota global solo entre los titulares de plantas de proceso que se encuentren registrados en el Registro que lleva el Servicio y que, además, califique como tal y sea una pyme.
Una vez licitada dicha cuota, esta puede ser extraída solo por armadores artesanales o industriales debidamente inscritos en la pesquería de que se trate. Esta norma se incorpora con el objeto de no vulnerar las reglas de acceso a las pesquerías, que solo pueden extraer los artesanales o industriales.
Finalmente, se establece que el destino de dichas cuotas solo puede ser el consumo humano directo, y queda prohibida su venta antes de efectuar el proceso de transformación de dicha captura.
La parte no licitada acrece a la cuota global de captura.
c) Se establece también -esto fue muy pedido por la dirigencia artesanal- la cuota para carnada.
Dentro de la cuota para la pequeña y mediana empresa, y en el caso de las pesquerías pelágicas pequeñas, se permite que entre los pescadores artesanales que tengan inscritas esas pesquerías se pueda licitar un porcentaje de la cuota para pymes solo con el fin de destinarla para carnada. Esta norma se incorpora por la frecuente dificultad de obtener cuota para carnada, especialmente en las regiones australes.
d) Proceso de determinación de la cuota global de captura.
En este aspecto, se mantienen todos los elementos incorporados por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, y solo se corrigen algunos aspectos que son relevantes de destacar.
En primer lugar, en el caso de los recursos bentónicos, el Comité Científico Técnico, además de poder establecer los rangos para la determinación de la cuota global, puede establecer otros criterios para la determinación de las cuotas.
En segundo lugar, se incorpora una nueva norma, que permite regular de mejor forma las pesquerías dependientes unas de otras.
El séptimo cambio del Senado -página 16 del comparado- se refiere a las nuevas facultades para regular las artes y los aparejos de pesca.
Como consecuencia de mantener el hilo conductor del proyecto de ley en la sustentabilidad de los recursos pesqueros, se incorporan nuevas facultades a la Subsecretaria de Pesca, en el artículo 4 de la ley, las cuales tienen por objeto minimizar la captura de fauna acompañante e incidental, el establecimiento de utensilios para liberar especies capturadas incidentalmente y el establecimiento de buenas prácticas pesqueras, a fin de evitar la captura de aves marinas.
Estas nuevas normas no hacen sino poner a altura a la actividad pesquera nacional que debe ejercerse con responsabilidad. Los armadores pesqueros industriales y artesanales deben incorporar en su actividad el concepto de pesca responsable y evitar prácticas indeseadas.
La octava enmienda que introdujo el honorable Senado dice relación con la implementación de los tratados y procedimientos para la adopción de medidas de conservación y manejo de carácter internacional.
Como esta honorable Corporación recordará, hace algunos meses esta Cámara aprobó la incorporación de nuestro país a la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS). En ese sentido, este artículo es muy necesario porque establece la implementación de estos tratados. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder conciliar las normas legales nacionales con las que, producto de estos tratados y acuerdos, se establecen en el marco del derecho internacional.
Con estas normas se podrá poner en práctica, a través de un procedimiento reglado, las medidas de conservación y manejo adoptadas en el marco de un tratado internacional.
Asimismo, se incorpora un procedimiento en aquellos casos que deba efectuarse una objeción de las medidas adoptadas en el marco de un tratado internacional, así como en aquellos casos en que el Estado de Chile pueda aplicar esas medidas tanto dentro como fuera de la Zona Económica Exclusiva. Se debe expresar el consentimiento expresamente.
La novena enmienda del honorable Senado, que figura en la página 30 del comparado, se refiere a los planes de manejo.
Se efectúa una modificación en la integración de los Comités de Manejo con el objeto de ampliar la representación artesanal. De esta forma podrán integrarlo no menos de dos ni más de siete representantes artesanales. El objeto de esta modificación es permitir una representatividad de todas las regiones que integran una unidad de pesquería.
También se incorpora una modificación para el plan de recuperación de las pesquerías. Se incorpora a dicha norma una nueva letra -página 32 del comparado- que regula, en aquellos casos en que una pesquería se encuentre colapsada, que se pueda llegar a acuerdos entre los actores para considerar el uso alternado de algunos caladeros de pesca, a fin de no generar conflictos entre las flotas.
La décima enmienda del honorable Senado se refiere a la regulación de las licencias transables de pesca, la que se puede encontrar en la página 35 y siguientes del comparado.
Se incorporó en el trámite en el Senado la regulación de la pesca industrial a través de cuotas individuales transferibles. Se crean las licencias transables de pesca clase A para aquellos titulares de autorizaciones de pesca.
Estas licencias están sometidas durante su vigencia a causales de caducidades tanto parciales como totales y, en caso de que ello ocurra, la parte caducada deberá licitarse y se regula como licencias transables de pesca clase B.
Por lo tanto, tenemos dos tipos de licencias: las de clase A que se originan en el desempeño histórico, y las de clase B que se generan por el mecanismo de licitación.
Las licencias transables de pesca clase A tienen una vigencia de 20 años, al cabo de los cuales se renuevan si no se cumplen las causales de no renovación que incorporan elementos ambientales de sustentabilidad y laborales.
La modificación número 11 del Senado dice relación con la incorporación de las licitaciones. Ello figura en la página 39 del comparado.
Se incorporó en el Senado la licitación de la fracción industrial de la cuota en los siguientes casos:
Se licita el 15 por ciento de los coeficientes de participación de las licencias transables de pesca clase A, las que decrecen en dicho porcentaje si se da el supuesto de la letra siguiente, que señala:
En aquellos casos que la pesquería se encuentre en un 90 por ciento de su rendimiento máximo sostenible, se licita el equivalente en toneladas al 5 por ciento de la fracción industrial de la cuota global.
En aquellos casos en que la pesquería alcance el 95 por ciento de rendimiento máximo sostenido se licita otro 5 por ciento.
En aquellos casos en que la pesquería alcance el rendimiento máximo sostenible, se licita el 5 por ciento faltante.
Estas licitaciones dan origen a las licencias transables de pesca clase B que tienen una vigencia de 20 años al cabo de los cuales se vuelven a licitar.
El reglamento de las licitaciones -esto es muy importante- debe considerar cortes que permitan la participación de empresas medianas y de menor escala en ella.
El duodécimo cambio del Senado -página 57 y siguientes del comparado- se refiere a la patente e impuesto específico.
El proyecto de ley propone reemplazar la patente a todas las naves inscritas por una combinación de patente a las naves en operación y un impuesto especifico que se aplica a las cuotas asignadas al sector industrial, lo que permitirá que la recaudación refleje de forma más cercana la mayor o menor actividad económica en el sector de pesca industrial, siempre manteniendo una base de recaudación a todo evento.
La patente pesquera del artículo 43 bis solo fue modificada para agregarle las licencias transables de pesca clase B. De esta forma, es aplicable a todas aquellas naves que operen en un determinado año. Los tramos de la patente son los vigentes hoy en el artículo 43, pero incrementados en un 10 por ciento. Dicha patente se aplica a titulares de licencias transables de pesca clases A y B, y se paga durante el mes de marzo.
El impuesto específico consignado en el artículo 43 ter se mantiene sin modificaciones. Es el que se aplica sobre las toneladas de cuotas asignadas a los titulares de licencias transables de pesca clase A. Dicha tasa impositiva corresponde al mayor valor entre el 3,3 del valor de sanción de la pesquería reajustado según el índice de la FAO y el valor resultante de un polinomio que pondera las transferencias, subastas y otras transacciones con licencias transables de pesca. En el caso en que en una determinada pesquería los desembarques sean menores al 50 por ciento de la cuota global, los titulares tendrán derecho a un crédito por el 50 por ciento del impuesto que hayan pagado.
Finalmente, se elimina el primer inciso del artículo décimo sexto transitorio, que ha pasado a ser décimo séptimo -página 178 del comparado-, relativo a la gradualidad en la aplicación de la patente a las naves en operación, y se mantiene el inciso referido a la gradualidad en la aplicación del impuesto específico. La tasa impositiva varía entre 0 y 3,3 por ciento del valor sanción en un período de 10 años. El objeto de este artículo transitorio es que la recaudación por concepto de impuesto específico aumente gradualmente y, por ende, la recaudación por concepto de patente se reduzca.
La decimotercera modificación del Senado figura en la página 99 del comparado, y dice relación con algunas normas sobre acuicultura. Se incorporan normas con el objeto de facilitar y agilizar la transferencia de concesiones y dar transparencia a la información sobre titularidad de las concesiones. Para ello -esto es un cambio importante-, se saca el registro de concesiones desde la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y se traslada a la Subsecretaría de Pesca. El registro será público, en línea, y señalará la titularidad de la concesión y los contratos que habilitan su operación. Por ejemplo, si se hace una maquila, que es muy común en esta actividad. De este modo, siempre se sabrá quién está operando, porque no podrá mover peces si no está inscrito su contrato. Por ende, se inscriben los titulares de las concesiones y quienes ejercen la operación en ella en virtud de otro tipo de contratos, como arriendo, maquila, etcétera. Además, se eliminan los regímenes de los artículos 80 bis y 80 ter, actuales regímenes de transferencia. En consecuencia, ya no se tendrá que acreditar operación previa para poder transferir la concesión.
También se establece infracción a la falta de información, información falsa y subreportes. En la página 124 del comparado figuran las nuevas multas que se proponen.
A los señores diputados y señoras diputadas de la zona sur, de la Región de Los Lagos y otras, les interesará la siguiente modificación. Se establece un ordenamiento respecto de los mitílidos, es decir, de los choritos, que aparece en la página 162 del comparado.
Dada la gran cantidad de solicitudes de extracción de choritos que impiden un ordenamiento, se cierra el acceso y se denegarán las solicitudes pendientes, de modo de evitar situaciones como las vividas en la industria del salmón por un crecimiento exacerbado sin control.
Finalmente, se establece como facultad del Sernapesca designar certificadores oficiales para labores de muestreo, análisis y certificación de la condición sanitaria, los que serán de costo del acuicultor.
La modificación número 14 se refiere a la reserva de las cinco millas de la pesca artesanal y a las aguas interiores, y la pueden encontrar en la página 65 del comparado.
En el Senado se volvió a la forma de medir las 5 millas desde las líneas de base normales, que es la medida más adecuada en esta materia, tanto por consideraciones de tratados internacionales respecto de cómo estas deben medirse, como por aspectos de seguridad jurídica para todos los actores debido a que la forma de medirlas debe ser precisa, clara y definitiva.
Recordemos que en esta Corporación se introdujo una modificación para medir las 5 millas. En vez de las líneas de base normales, lo hacía desde las puntas más salientes de la costa. Ello trajo una serie de trastornos. Por eso, el Senado recomienda volver a lo original, que es desde las líneas de base en su proyección de 5 millas.
Además, en el Senado se incorporó una extensión de las 5 millas al borde exterior de la Isla Grande de Chiloé. Esto es muy importante para los habitantes de esa localidad.
Recordemos que antes, la reserva llegaba hasta el Canal de Chacao. De ahí hacia el sur no existía la reserva de las 5 millas. Ahora, se extiende frente a la Isla Grande de Chiloé, lo que es una ganancia importante para la pesca artesanal de ese sector en forma exclusiva para ellos.
Asimismo, se introduce una modificación sustantiva en dicho artículo. Se reemplazan sus incisos tercero y cuarto por unos nuevos, que establecen en la norma permanente cuáles son las regiones y los recursos sobre los cuales pueden existir perforaciones de las naves industriales.
Mediante la modificación número 15, el honorable Senado aborda la reserva de la primera milla.
En relación a la primera milla no hay cambios sustantivos, salvo su extensión a la parte externa de la Isla Grande de Chiloé -que es coherente con la extensión de las 5 millas que acabo de explicar- y la incorporación del artículo décimo noveno transitorio -anterior décimo octavo; figura en la página 179 del comparado-, que recoge un acuerdo entre los pescadores de la Octava Región, mediante el cual se establece la regulación sobre esta materia por cinco años, dejando algunas áreas cerradas solo para los pescadores de eslora igual o inferior a 12 metros. Recordemos que las embarcaciones artesanales califican de 0 a 18 metros. Entonces, se consigna esta subcategoría inferior a 12 metros. También preceptúa que luego del período de vedas los pescadores de esas embarcaciones, así como también los de eslora de más de 12 metros e igual a 15 metros sin tecnificación, puedan operar los primeros 10 días en forma exclusiva. Esto es exclusivo y excluyente para la Región del Biobío.
La modificación número 16 se refiere a las nuevas facultades para regular la fracción artesanal de la cuota global de captura, y figuran en las páginas 68 y siguientes.
Se incorpora en la regulación que cuando la fracción artesanal de la cuota se establezca más de un período dentro del año calendario, los saldos no capturados de un período se puedan traspasar durante ese mismo año, ya sea a una misma región o, incluso, a otra.
Asimismo, se incorpora el artículo 48 B que regula que al momento de determinar la distribución por regiones de la fracción artesanal de la cuota global, se debe determinar si se ha capturado en forma completa o no en cada región. En el caso de que existan regiones que hayan capturado menos del 80 por ciento de la cuota, se les puede deducir lo no capturado y traspasarlo a otra región que haya capturado por sobre el 80 por ciento de su cuota. Para este propósito, se deben considerar los tres años anteriores a la determinación de la cuota y el mejor año en capturas de cada región, a fin de tomar en cuenta los efectos por fuerza mayor, que siempre pueden ocurrir.
Por último, se incorpora un artículo transitorio para traspasar la cuota de imprevistos para algunas regiones en tanto la norma del artículo 48 B no sea aplicable. Figura en la página 184 del comparado.
La modificación número 17 introducida por el honorable Senado aborda enmiendas a los Títulos IX y X de la Ley General de Pesca, y aparece en las páginas 115 y siguientes del comparado.
Los pilares fundamentales de la propuesta abarcan los siguientes temas: autoría, ordenamiento tipos legales infraccionales, agilización del procedimiento judicial -notificaciones y tribunal competente- e incautación.
a) En materia de autoría. Su tratamiento en la ley vigente contiene contradicciones per se y con otros artículos que establecen tipos infraccionales.
La propuesta de modificación pretende determinar claramente quiénes son los responsables de las infracciones en cada una de las conductas que la ley sanciona. Establece en forma explícita la responsabilidad de las personas jurídicas.
b) Ordenamiento de tipos legales infraccionales. Se reúnen en un solo artículo conductas de similar naturaleza: capturas -con resultado de pesca-; operaciones de pesca -sin resultado de pesca-, y se incorporan nuevos tipos. Por ejemplo: transgresiones en área de reserva de la pesca artesanal, la captura en alta mar con naves que enarbolen el pabellón chileno, infringiendo las normas de los tratados o convenciones internacionales ratificados; la captura de especies hidrobiológicas con una nave sin mantener en funcionamiento el sistema de posicionamiento automático en el mar, la captura de especies protegidas por convenios internacionales de los cuales Chile es parte, y se amplía la calidad de ministro de fe respecto de las infracciones a la actividad de acuicultura.
c) Agilización del procedimiento judicial -notificaciones y tribunal competente-. Se determina oportunamente el tribunal al cual debe comparecer el infractor y al cual deben ponerse a disposición los objetos incautados.
Se propone cambiar la forma de notificación de carta certificada a la regla general del Código de Procedimiento Civil, esto es, notificación por el estado diario, pudiendo las partes elegir, como forma de notificación, el correo electrónico.
Lo anterior resulta útil, en la práctica, para resolver los problemas que se generan cuando los infractores entregan domicilios incorrectos, imprecisos o inexistentes que impiden concretar la notificación con la consecuente dilación del juicio, como muchas veces ocurre.
d) Incautación. Se trata de resolver un problema práctico para el Servicio, que no cuenta con los medios humanos ni materiales para hacer efectiva la incautación, dejando en poder de los denunciados los bienes objeto de la infracción hasta que el juez competente determine su destino.
La modificación número 18 dice relación con regulaciones a los Comités Científicos Técnicos.
Recordemos que en el primer trámite reemplazamos al Consejo Nacional en los parámetros para determinar la cuota global y les traspasamos esas atribuciones a los Comités Científicos Técnicos.
En la página 145 y siguientes del comparado podrán apreciar que se mantienen prácticamente todas las normas aprobadas en la Cámara, y solo se modifican algunos aspectos, como permitir una integración más amplia en el Comité Bentónico; así también se permite la participación de científicos de centros de investigación que sean actores que puedan participar con derecho a voto.
La modificación número 19 se refiere a las normas del Instituto de Fomento Pesquero. Figura en la página 152 del texto comparado.
Al respecto, se consolidan las normas que permitirán una mayor independencia del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). El presupuesto del IFOP queda en manos del Ministerio de Economía y no de la Subpesca, como hoy.
Por otra parte, se incorpora una serie de normas a fin de garantizar la calidad de la investigación del IFOP, quedando el Ministerio a cargo de supervisar que dicha calidad se cumpla tanto en su procedimiento como en la calidad de la información científica que provea.
La modificación número 20 se refiere al Fondo de Investigación Pesquera (FIP), página 108 del comparado.
Se incorporan algunas normas para el Consejo del FIP, a fin de adecuar sus funciones y establecer un plazo para los integrantes de su Consejo Directivo.
La modificación número 21 dice relación con el Fondo de Administración Pesquero (FAP), página 155 del texto comparado.
Tal como lo expresó el Ejecutivo , con la regulación que se busca implementar, se pretende la recuperación de las pesquerías nacionales y no su deterioro. Esa es la mejor garantía del empleo asociado al sector pesquero nacional.
Sin peces, no hay actividad posible; esa es la primera responsabilidad que hemos asumido todos al hacer los cambios que sean necesarios a fin de resguardar los recursos, de modo que las generaciones futuras puedan contar con normas de conservación que permitan la renovación de las pesquerías y el incremento de esta importante actividad económica.
Se incorpora además una nueva norma al FAP, que permitirá otorgar apoyo social a los trabajadores de la industria que sean mayores de 55 años, que tengan una antigüedad de 15 años en el sector y que no hayan recibido los beneficios de las letras anteriores, a fin de proveerles la ayuda que corresponda, como en el caso de la pérdida de su trabajo.
La modificación número 22 -página 175 del comparado- establece una norma respecto de la licitación del bacalao. Como recordarán, por un problema de vigencia en la fecha de esta modificación, introdujimos esta materia en la tramitación del proyecto de ley de reajuste del sector público. Ahora, esta norma, que viene en este proyecto de ley, establece que se permitirá la participación del sector pesquero artesanal en la pesquería del bacalao de profundidad al sur del paralelo 47°, latitud sur.
El mecanismo que se contempla permitirá que, por cinco años, la mitad de lo que se licita anualmente de esta pesquería, se licite entre los pescadores artesanales inscritos en esa pesquería. No hay que olvidar que en las licitaciones actuales puede participar cualquier persona, incluidos los pescadores artesanales.
Como consecuencia de lo anterior, en esta norma uno de los aspectos sustantivos es contar con las debidas precauciones para que se efectúe una actividad sustentable, incluyéndose en este concepto que quienes participen en ella cumplan con las normas pesqueras. La idea es garantizar que las disposiciones se cumplan. No podemos ni debemos permitir la actividad ilegal en esta pesquería.
Honorable Cámara, he reseñado así la totalidad de las modificaciones del honorable Senado al proyecto en el segundo trámite constitucional.
La Comisión de Pesca, el miércoles recién pasado, al tomar conocimiento de las propuestas, acordó por unanimidad rechazar las enmiendas que se indicarán a continuación, sin perjuicio de dejar constancia en el respectivo informe de los votos de minoría.
Asimismo, acordó proponer la aprobación de aquellas enmiendas que no fueron objeto de observaciones por parte de la Comisión.
¿Qué modificaciones recomienda rechazar la Comisión de Pesca, a fin de que vayan a Comisión Mixta?
En el artículo 1°:
Las recaídas en la letra c) del numeral 3), fundamentalmente en lo relativo a la cuota de reserva para consumo humano, en cuanto a que este 1 por ciento de la cuota global de captura -me refiero al 1 por ciento que expliqué de la cuota de las pymes; el sector artesanal ha sido claro en señalarlo- debería solo ir en beneficio de los pescadores artesanales en cuanto a su extracción. Figura en la página 12 del texto comparado.
También la Comisión propone rechazar y mandar a Comisión Mixta la modificación consistente en la incorporación de la letra f) nueva, en el numeral 3), en cuanto permite modificar los porcentajes de fauna acompañante autorizados. Página 15 del texto comparado.
Esto pretende resolver uno de los principales problemas pesqueros actuales: cómo se extraen pesquerías que son dependientes una de la otra, como es el caso de la sardina común y de la anchoveta, especialmente cuando una de aquellas pesquerías tiene una cuota de captura muy baja o cuando la diferencia entre ambas cuotas es muy alta.
Para ello, se incorporó una norma, que se considera insuficiente, pues en estos casos se debe avanzar en que cuando la situación descrita ocurra, la cuota de la pesquería más baja debe quedar para ser extraída en calidad de fauna acompañante de la otra. En el caso de que esas cuotas se encuentren asignadas, se debe poder asignar en dicha calidad a cada titular.
También, se propone rechazar los artículos 43, 43 bis, 43 ter y décimo séptimo transitorio referidos a la patente pesquera. En este caso, se debe prevenir que el artículo 43 ter no fue objeto de modificaciones en segundo trámite. Por lo tanto, se requiere la unanimidad de la Sala. Los demás, es decir, los artículos 43, 43 bis y 17 transitorio, sí pueden ser rechazados, pues fueron objeto de modificaciones por el honorable Senado. De manera que antes de someter a votación los referidos artículos, la Mesa de la Corporación debe pedir la unanimidad en relación con el artículo 43 ter.
La premisa que primó para la objeción en la Comisión de Pesca fue que en esta patente e impuesto específico la recaudación fiscal debe ser equivalente a la actual. Para estos efectos, la Comisión consideró que esas normas deben ser revisadas en la Comisión Mixta con el fin que he señalado.
También se propone rechazar la incorporación de la letra c), del artículo 26 B), del nuevo numeral 19. En dicha letra se incorporan causales laborales para la no renovación de las licencias transables de pesca. En este caso, se debe tener en consideración que el artículo 143 de la ley de Pesca, que considera causales de caducidad totales y parciales, ya contemplaba las causales laborales por prácticas antisindicales que incorporó esta Corporación, quedando, en consecuencia, reiteradas en ambos artículos. Asimismo, se requiere una revisión de correcciones a dicha norma, a fin de lograr un adecuado equilibrio entre la protección laboral como también para que ello no implique un problema muy serio a quienes ejercen en calidad de titulares de la actividad pesquera.
La Comisión de Pesca también propone rechazar el artículo 173 letra g), referida al Fondo de Administración Pesquera.
En materia de protección laboral para los trabajadores, la principal apuesta del proyecto va en la dirección de la recuperación de las pesquerías. Mientras tengamos pesquerías sanas y productivas contaremos con trabajo estable y bien remunerado, como el que todos queremos para nuestros trabajadores. Sin perjuicio de lo anterior, en ese artículo el Ejecutivo ha tomado precauciones que cubren la etapa de la recuperación de las pesquerías y que forman parte del contenido de las letras d), e) y f) del artículo 173, las cuales creemos que van en la dirección correcta.
Sin embargo, en la Comisión hubo consenso en que en lo referido a la letra g) de la plataforma social, que se agregó en segundo trámite, se requieren algunas perfecciones o adiciones que la hagan aplicable a todo evento. Por consiguiente, se propone rechazarla para ser revisada en la Comisión Mixta.
Se propone rechazar el artículo décimo quinto transitorio, referido a la pesquería del bacalao, puesto que, a juicio de la Comisión, requiere dos perfeccionamientos que fueron considerados por la Comisión: por una parte, se requiere la incorporación en la licitación de los pescadores artesanales de las regiones Undécima y Duodécima, y, por otra, incorporar elementos de control a esa pesquería. No podemos ni debemos permitirnos no contar con ellos a la brevedad. Por eso, creemos que se puede mejorar en la Comisión Mixta.
La Comisión también propone rechazar el artículo décimo sexto transitorio, referido a la autorización para que industriales pesqueros exploten los recursos que allí se indican en la Cuarta Región. Es un artículo especial para esta región, que requiere perfeccionamiento, tal como se expresó en la Comisión de Pesca, y en lo cual existe el acuerdo de todos los actores de esa región del país.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Solicito el acuerdo unánime para que ingrese a la Sala el subsecretario de Pesca.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , quiero comenzar mi intervención señalando lo que hemos hecho los miembros de la Comisión de Pesca y que consta en el informe que tienen a su disposición los honorables señores diputados. Además, quiero saludar a todos los pescadores artesanales y también a los trabajadores de planta y tripulantes de la Región de Coquimbo, algunos de los cuales nos acompañan en esta Sala; otros están siguiendo atentamente el debate a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados y de Internet.
Siete fueron los principios que planteamos al comienzo de la discusión y que debían inspirar la tramitación de este proyecto de pesca, de acuerdo con lo señalado por los diputados de la Democracia Cristiana.
En primer lugar, la sustentabilidad de los recursos pesqueros.
En segundo lugar, que dichos recursos son de todos los chilenos y que corresponde al Estado su administración y otorgar permisos de pesca.
En tercer lugar, la necesidad de establecer una plataforma social que proteja a los trabajadores de planta y a los tripulantes en caso de quedar desvinculados, a consecuencia de la aplicación de esta ley, tal como debió aplicarse con motivo de la ley de 2001, que fijó el límite máximo de captura por armador.
En cuarto lugar, la opción preferente por la pesca artesanal.
En quinto lugar, la justa compensación al país por la administración de recursos pesqueros que pertenecen a todos los chilenos. Eso se llama royalty, patente o rentas al Estado por administrar y explotar recursos de todos los chilenos.
En sexto lugar, la necesidad de incorporar el acceso de nuevos actores a un mercado que, sobre todo en el caso de la industria, se encuentra absolutamente cerrado a la incorporación de nuevos partícipes.
Y, en séptimo lugar, y no por ello menos importante, favorecer el consumo humano de un producto muy importante para la salud de todos los chilenos.
Cabe señalar que salió un muy mal proyecto de la Cámara de Diputados, porque la situación en que estamos se debe mayoritariamente a que se aprobó una iniciativa sin licitación, con licencias perpetuas, sin ningún tipo de limitación y sin la posibilidad de que se pudieran transferir las cuotas. Es decir, consideraba un acceso absolutamente cerrado para la entrada de nuevos actores.
Sin embargo, se avanzó en algunos temas importantes, gracias a los aportes de la Oposición, como, por ejemplo, la incorporación de comités científicos técnicos. Todos los miembros de la Comisión concordamos en que ellos pudieran determinar la cuota global y no como ocurre hoy, puesto que los mismos incumbentes, los industriales con mayoría en los consejos zonales y en el Consejo Nacional de Pesca, determinan la cuota. Sin duda, eso provocó la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Ciertamente se lograron avances en el Senado, pero este sigue siendo un proyecto insatisfactorio.
Por eso, los cuatro diputados de Oposición, quienes hemos tenido un planteamiento común y unitario en la Comisión de Pesca, que estuvimos presentes en esa oportunidad, acompañados por la diputada Clemira Pacheco y los diputados Cristián Campos y Gabriel Silber , tuvimos una sola posición como diputados de la Concertación. Por eso logramos mejorar el proyecto en numerosos aspectos.
No obstante, hay dos temas que, sin duda, son los más controvertidos.
Primero, la renovación o no de veinte años de las licencias clase A una vez que son conferidas en la nueva ley, de acuerdo con las asignaciones históricas.
Señor Presidente , quiero recordar que soy autor de una indicación, junto con el diputado Patricio Vallespín , para limitar las licencias de pesca a 20 años en forma no renovable.
¿Por qué lo planteamos en forma no renovable? Porque nos parece que carece de la adecuada simetría jurídica que debe existir, que licencias clase A tengan la posibilidad de renovarse automáticamente, y no tengan la misma posibilidad las licencias clase B, que se generan a partir de las licitaciones. Nos parece complejo hipotecar en 20 años más la autonomía que debe tener el Congreso Nacional del año 2032 para decidir estas materias.
Yo no voy a estar en el Parlamento el 2032, y espero que ninguno de nosotros, porque se va a aprobar nuestro proyecto para limitar la reelección de los parlamentarios.
Sé que se producen mayores incentivos, y lo han planteado algunos trabajadores, a la inversión y al cumplimiento de la normativa ambiental, sanitaria y laboral, si hay renovación de licencias y no se produce la aplicación de las causales de caducidad. Pero también es cierto, y este es el tema de fondo, que hoy no están las condiciones para ello sin una adecuada plataforma social para los trabajadores; sin un “Indap” del mar, para que los trabajadores de la pesca artesanal puedan percibir beneficios concretos, y donde no existe una justa retribución al Estado, a todos los chilenos, por la explotación de los recursos.
Por eso, hemos planteado en estos puntos una plataforma social de acuerdo con lo que están pidiendo los trabajadores. Es absolutamente insuficiente un bono de 37.000 pesos mensuales para los trabajadores que queden desempleados por la aplicación de esta futura ley.
Apoyamos a los trabajadores de la industria, a los tripulantes, para obtener un bono de 80 UTM y un capital semilla de 400 unidades de fomento, y por eso vamos a rechazar el artículo 173.
Queremos un justo y verdadero royalty, que compense al Estado y a todos los chilenos por la explotación de los recursos.
También queremos un verdadero “Indap” del mar y necesitamos saber cómo será esa institución. No nos basta con que el gobierno nos diga que en seis meses más va a presentar un proyecto de ley sobre la materia.
Estamos de acuerdo con que exista una cuota de 1 por ciento para las pymes, pero con una condición: que la cuota sea capturada por los pescadores artesanales y que sea destinada al consumo humano.
También vamos a rechazar la modificación del Senado al artículo décimo sexto transitorio, que da 20 años de perforación a la industria en las cinco millas reservada a la pesca artesanal en la Región de Coquimbo, sin autorización de los pescadores artesanales, y pido a todos mis colegas rechazar dicha norma.
Son los pescadores artesanales quienes deben autorizar, en casos específicos, concretos y excepcionales, dicha perforación.
Este proyecto de ley es diferente al que analizamos en el primer trámite. Sin duda, ha sido mejorado con los aportes de la Oposición, pero nosotros esperamos avanzar todavía más en este trámite y en la Comisión Mixta.
Además, por un principio de responsabilidad, quiero agregar un punto importante. Tenemos que pensar en una ley para los próximos veinte años. Lo peor es no legislar. No podemos estar dos años más, como han propuesto algunos, como el senador Navarro -me atrevo a individualizarlo-, con un 5 por ciento de la cuota del jurel para los pescadores artesanales, puesto que son los industriales, en el Consejo Zonal de Pesca, quienes deciden la cuota, y no el Comité Científico Técnico.
Por lo anterior, vamos a legislar, pero lo haremos por el bien común. Hemos hecho propuestas y esperamos que el Gobierno se atreva a incorporarlas, por el bien de una buena ley de pesca que deberá regir en nuestro país por los próximos veinte años.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Como en las tribunas se ha ubicado una cantidad importante de invitados, que representan a distintos sectores relacionados con la pesca, les pido que escuchen el debate y la exposición de cada diputado con el mayor respeto posible, independientemente de que estén de acuerdo o no con sus planteamientos.
Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , en mi condición de integrante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Corporación, me ha correspondido participar en la discusión del proyecto de ley que modifica la ley general de pesca y acuicultura.
Tengo plena conciencia de la importancia de esta norma, sobre todo para la zona sur y para la región que represento, la del Biobío, particularmente para comunas como Talcahuano y Coronel, en que la actividad pesquera es esencial y donde la pesca no es un negocio sino, más bien, una forma de vida.
Por lo anterior, no efectuaré una descripción del proyecto de ley, parque ya se ha hecho. Sólo indicaré que el proyecto tiene la virtud de buscar conciliar la conservación con la estabilidad, tanto para el sector artesanal como para los trabajadores de la industria pesquera.
La discusión en la Cámara de Diputados fue extensa. Se escuchó a más de 180 organizaciones de todas las actividades del país, desde el norte al sur austral; se legisló con toda la información disponible y, por lo tanto, creemos haber despachado un proyecto aceptable.
La iniciativa recibió varias modificaciones en el Senado, algunas de las cuales implican mejoras, pero hay otras con las que no podemos estar de acuerdo.
Uno de los aspectos destacables es la mantención del fraccionamiento entre los sectores artesanales e industrial, negociación en la que participaron las organizaciones y dirigentes más representativos de los trabajadores industriales, artesanales y gremios de las empresas industriales.
Esta iniciativa permitió evitar una discusión mucho más extensa, que habría desgastado al Congreso Nacional.
El proyecto llega a su etapa final con un sector artesanal fortalecido, que tiene más porcentaje de pesca en diversas especies, con sus inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal y con la mantención de su carácter indefinido y transmisible.
Después de que esta futura ley entre en vigencia, pasarán a pescar sobre el 56 por ciento de las capturas a nivel del país.
El sector industrial, por su parte, podrá optar por entregar sus permisos de pesca indefinidos para recibir una licencia transable de pesca que tendrá una duración de veinte años, renovable si se solicita y no se ha caído en alguna de las causales de inhabilidad para tal renovación.
Habrá entregado también un porcentaje de diversas pesquerías a los artesanales, pero sus permisos quedarán separados de las naves y podrán actuar con mayor flexibilidad en la transferibilidad de estos, como lo recomendó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en enero de 2011.
Sin embargo, desde mi punto de vista, el proyecto viene con algunos problemas desde el Senado, porque se estableció licitación a todo evento sin sujeción a ningún parámetro científico.
Cuando la Cámara de Diputados despachó el proyecto, no consideró la licitación, lo que no fue producto de un capricho, sino de la opinión que se formaron sus integrantes luego de escuchar a los más representativos dirigentes laborales, artesanales e industriales, que por distintas y fundadas razones -que no viene al caso repetir- fueron unánimemente contrarios a ella.
El establecimiento de licitaciones es, en sí, cuestionable; el hacerlo a todo evento, y más aun en pesquerías colapsadas, sobreexplotadas e, incluso, en plena explotación es un error técnico que esta Cámara debe corregir.
También debe corregirse que las patentes pesqueras no financien el monto que se ofreció en su momento, el que debe solventar las acciones de fiscalización y administración del sector. Eso debe hacerse con el establecimiento de patentes pesqueras justas, esto es, que los actores paguen en proporción a lo que capturan: el que pesca más, que pague más. Esta es una norma que debe respetarse en la formulación que la ley contemple respecto del pago de patentes y del impuesto específico o royalty.
Finalmente, quiero referirme a un aspecto de la mayor importancia: los trabajadores de la industria, que han sido actores de este proyecto, quienes han defendido lealmente la actividad en que laboran. Y no podía ser de otra forma, ya que la menor disponibilidad de materia prima los afecta directamente. Cada tonelada de pesca que se traspasa a otros actores es menos trabajo para los tripulantes de barcos, que se paralizan, o trabajadores de plantas en que se procesa la pesca.
La plataforma social debe ser mejorada, y eso es resorte del Ejecutivo , y no del Congreso. Pero tienen razón los dirigentes de la industria cuando piden solución para la posible pérdida de trabajo de tripulantes y de otros trabajadores embarcados, así como de plantas procesadoras en que han laborado una vida en la actividad industrial y tienen una especialidad que es difícil de aplicar en otro trabajo.
Entonces, solicito al Gobierno que ponga especial atención a lo que pide el sector laboral y que conceda lo que han planteado los trabajadores, ya que me parece absolutamente insuficiente lo aprobado por el Senado.
Por ejemplo, al desagregar las 20 UF establecidas en la letra g) del artículo 173, en beneficio de los ex trabajadores de la industria pesquera, promedia 37.000 pesos mensuales, lo cual no permite cubrir las necesidades básicas de un extrabajador. A ello hay que sumar que el desgaste propio de la industria pesquera hace que un trabajador de dicho sector, a los 55 años, tenga una salud considerablemente más deteriorada que trabajadores de otros rubros.
Al plantearse la necesidad de incluir una plataforma social, se debe considerar que, en los hechos, sea efectiva en cubrir las necesidades de los trabajadores que, eventualmente, quedarán sin empleo. En ese sentido, es factible proponer elevar el monto del beneficio y el plazo por el cual será cubierto, puesto que se trata de un sector de la industria en que, eventualmente, algunos trabajadores podrían quedar sin trabajo por la aplicación de la ley y no por una decisión propia o un hecho imputable a ellos.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
-Manifestaciones en las tribunas.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- A quienes no les guste mi pensamiento les pido que, al menos, lo respeten.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Pido nuevamente a quienes asisten a las tribunas que, por favor, mantengan silencio.
Continúe con el uso de la palabra, señora diputada.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Gracias, señor Presidente .
En agosto recién pasado, cuando debatimos este proyecto en la Cámara de Diputados, voté en contra de la idea de legislar, porque considero que es un mal proyecto de ley de pesca, porque apunta especialmente a proteger los intereses y ganancias de unos pocos empresarios del sector. Lamentablemente, en el Senado, un grupo de senadores de la Democracia Cristiana llegó a acuerdo con el Gobierno en dos puntos que me parecen fundamentales.
El primero tiene relación con la duración y carácter de las cuotas. En este sentido, se trata de un proyecto que, en mi opinión, perjudica al país y a quienes desarrollan esta actividad en pequeña escala. Los únicos ganadores son las grandes empresas del sector que aseguran mantener sus cuotas por cuarenta años. Son veinte años, más otros veinte años renovables. Este es el punto fundamental del proyecto. Todo el resto es importante, pero esto es lo sustantivo. Este es el tema sobre el cual hago objeción y creo que, de cara a esta Sala y a la ciudadanía, debemos votar en conciencia. Por eso, desde ya, pido votación separada para el numeral 19 que contiene los artículos 26 A y 26 B.
En dichos artículos, la ley reconoce a la industria pesquera, concentrada en siete u ocho familias, un derecho casi exclusivo para extraer recursos del mar -como ya dije- por veinte años prorrogables. Es decir, se les permite seguir obteniendo jugosas ganancias a través de la explotación de una riqueza que pertenece a todas las chilenas y chilenos. Además, son los mismos que han depredado nuestro mar durante los últimos diez años.
No puedo entender -por eso estimo que este es el elemento central del proyecto- que se premie al mismo sector que hizo posible, por ejemplo, que en la última década disminuyera casi seis veces la captura del jurel. La entrega de cuotas por cuarenta años se sustenta en pretendidos derechos históricos que, en mi opinión, sólo existen en la imaginación de esos empresarios y en la del Gobierno.
No creo en los derechos históricos. Creo en recursos estatales que se asignan por períodos cortos, bajo ciertos criterios y que culminan o caducan cuando lo disponga el bien común y el interés del país, y no los negocios.
El segundo tema que fue parte del acuerdo en el Senado, que me parece complejo, se refiere al fraccionamiento.
El reparto para la pesca artesanal, contenido en el fraccionamiento propuesto, sigue siendo insuficiente. A modo de ejemplo, si se distribuye el mejoramiento obtenido a nivel de caletas, el aumento alcanza a un par de kilos por pescador artesanal. Esta propuesta es una vergüenza para un sector productivo que representa para la economía nacional más de 1.200 millones de dólares al año. Es una verdadera mezquindad con el sector artesanal.
Incrementar el porcentaje cuando la actividad está deprimida no es un avance. Subir de 50 a 60 por ciento la participación en algunas pesquerías en que las capturas se han reducido a la mitad o menos, en mi opinión, es un retroceso y no un logro.
Por cierto, este proyecto de ley contiene algunos avances, que votaré a favor. Me quedo con los mejoramientos y avances en materia de administración, donde se perfila muy tímidamente -por lo menos, se perfila- una institucionalidad más técnica, con comités especializados, lo que permitirá priorizar los criterios científicos.
Sin embargo, la propuesta se relativiza -esta es mi preocupación- cuando vemos la presencia de una mesa sectorial que reproduce la injerencia de los consejos y cuando observamos la escasa decisión para mejorar la investigación y la fiscalización, que son claves para que los logros no se transformen en letra muerta.
Una real decisión a favor de la sustentabilidad, valor que está en el centro de los considerandos y de las ideas matrices del proyecto, debió ser complementada con una fuerte inversión en investigación y fiscalización, que no existe en esta iniciativa.
Hay propuestas interesantes, como el “Indap” pesquero, que son bienvenidas.
No obstante, rechazaré un conjunto de artículos, ya individualizados por el diputado Walker , que la Comisión, por unanimidad, propone resolver en la Comisión Mixta, sobre todo aquel que afecta a los pescadores artesanales de la Región de Coquimbo, puesto que, a causa de una indicación que se presentó en el Senado, se propuso la perforación de las cinco millas. Esa ha sido una lucha histórica de los pescadores artesanales de nuestra región. Por lo tanto, solicito a los colegas que solidaricen con los pescadores artesanales de la región, para que no se lleve a cabo la referida perforación.
También hago mía la propuesta de las pymes pesqueras. En esta Cámara logramos, mayoritariamente, aumentar a 5 por ciento la reserva de la cuota global industrial, para asegurar el abastecimiento de las pymes pesqueras de consumo humano. No se logró aprobar, porque era de quorum especial. Pero el acuerdo político en el Senado baja esa reserva a 1 por ciento.
Estimo que hay que dirimir el tema en esta Sala y votar a favor ese 1 por ciento, porque la propuesta para llevarlo a la Comisión Mixta es que podamos eliminar la posibilidad de que sean todas las pesquerías. De hecho, se propone tratarlo en Comisión Mixta para que dicha reserva sea acotada solo a pelágicos menores, lo que considero preocupante. Por eso, concuerdo con la proposición de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
Insisto en que votemos en forma separada el numeral 19, que contiene los artículos 26 A y 26 B, porque, como ya señalé, ahí se establece un sistema de cuotas por veinte años prorrogables. Es lamentable que en el Senado -donde, supuestamente, la Oposición tiene mayoría- no se haya rechazado esta norma, de manera de impedir que un pequeño grupo de empresarios pesqueros, que actualmente tienen las cuotas, que reclaman como históricas, las sigan manteniendo para siempre.
Pedí votación separada sobre ese punto, para que, en forma transparente, precisemos ante el país, en una decisión histórica, si estamos por plasmar en la ley que existen estos derechos históricos en la pesca de nuestro país y dejar a esas familias -tal como ocurre actualmente respecto del Código de Aguas- derechos y cuotas de nuestros recursos pesqueros ad aeternum, que pueden vender, transar y, después de veinte años, si cumplen con algunos requisitos, puedan mantenerlos por otros veinte años más.
A mi juicio, eso significa expropiar un derecho del Estado -y, por ende, de todos los chilenos- en relación con nuestras riquezas del mar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , cuando se discutió este proyecto de ley, en su primer trámite constitucional, nosotros nos opusimos a la idea de legislar. Dijimos que, a nuestro entender, estaba claro que existía desconfianza hacia la actual institucionalidad pesquera como garante de la sustentabilidad. Esa idea la mantenemos, porque el problema sigue siendo el mismo.
Las preguntas que nos interesa responder son las siguientes: ¿Quién se beneficia de las riquezas del país? ¿Quién se beneficia de la biomasa marina? ¿Son los ciudadanos, los usuarios, los trabajadores de la pesca, artesanales o industriales? ¿O son los dueños de las grandes flotas, que no necesitan organizar protestas ni tomarse las calles, porque sus intereses están debidamente protegidos, garantizados y asegurados en un proyecto de ley que hoy se nos convoca a discutir? ¿Por qué se llega a la movilización? Porque a la ciudadanía no le gusta este proyecto de ley de pesca.
Tal como dijimos en aquella ocasión, la cuota que votaron Sonapesca y Anipes en el Consejo Nacional de Pesca fue, en promedio -que se escuche bien-, casi 80 por ciento por sobre lo recomendado por el Instituto de Fomento Pesquero.
Según Naciones Unidas, sobran barcos y faltan peces, y en unas cuantas décadas todo estará colapsado, en Chile y en el mundo entero. Dará lo mismo desarrollar o no esta discusión sobre renovaciones de licencias y otras variantes, por la simple razón de que no habrá peces.
Lo que se agotó -la buena nueva es que se agotó antes de que se agotara la biomasa marina- es este modelo de mercado para explotar los recursos pesqueros, que se extraen a una velocidad voraz e incontenible. Lo que discutimos es un proyecto que regula esa voracidad incontrolable de unos pocos.
Entonces, resulta contradictorio discutir sobre unas cuantas migajas. Por ejemplo, valoro mucho la licitación del 15 por ciento de las cuotas pesqueras, que fue acordado en el Senado. Pero esto me lleva a una pregunta de fondo: ¿Cuál es el compromiso del sector industrial con el país? ¿Acaso no se sabe que son responsables del colapso y del sometimiento de la institucionalidad pública a sus intereses, a sus requerimientos? ¡Por cierto que se sabe! ¡Todos los que estamos discutiendo aquí lo sabemos! Entonces, pese a lo anterior, ¿por qué se insiste en quedarse con todo: los derechos de propiedad, renovaciones automáticas, cuotas, perforación de la primera milla, perforación de las cinco millas; además, se disminuye la participación de las pymes, se mantiene la pesca de arrastre, etcétera? Repito: la voracidad es tremenda; lo quieren todo, hasta la cola del pescado. Es una codicia sin límite.
Sin embargo, debemos votar afirmativamente, para lograr algo, un 15 por ciento. ¡Pero hemos dicho -se ha escuchado insistentemente- que los recursos hidrobiológicos son de todos los chilenos, pero aun así estamos discutiendo sobre esas migajas que corresponden a los chilenos! A mi entender, debe-ríamos estar legislando sobre los intereses nacionales y el beneficio popular.
El proyecto busca regular la cuota de pesca e intenta disminuir la explotación para que, en el tiempo, el recurso sea menos susceptible de desaparecer y, por ende, generar una competencia ilimitada entre los privados más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado, al que le hemos entregado la pesca, no pudo hacerse cargo de regular la relación entre los privados, y esta intervención que hacemos ahora en el Congreso Nacional es la respuesta al llamado de auxilio que se le hace al Estado para regular la relación entre las ya muy famosas 4, 5 o 7 familias -a estas alturas del partido, no queda claro cuántas son; lo que está claro es que son muy pocas-, que nada tienen que ver con los intereses nacionales y el beneficio popular.
Es una pena que empresas nacionales y extranjeras, con el apoyo de sus amigos instalados en esta institucionalidad, se aprovechen de la necesidad de trabajo de los más pobres para que se movilicen en defensa de sus intereses.
Se ha formado tal enredo de intereses y de conspiraciones que hace rato que no se sabe a quienes tenemos como interlocutores. Aquí se aplica el antiguo refrán que expresa: “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Claro que esos pescadores no son los más sencillos ni los más humildes; son los industriales. Es decir, en este río revuelto, son los industriales pesqueros los que han ganado; las grandes empresas nacionales y transnacionales.
El régimen de explotación pesquera dominante en Chile es justamente el que estamos cuestionando: el régimen de mercado, el régimen neoliberal. Pese a las palabras del ministro , este no es un país rico. Chile es un país de la periferia, es un mercado periférico, en que no se toman las decisiones sobre el modelo de desarrollo, porque esas decisiones las toman quienes realmente mandan, que no son los que tienen que protestar para asegurar el alimento y el bienestar de sus familias. Este modelo es la causa de esta crisis en los stocks pesqueros, del entrampamiento político y de las continuas protestas de personas cansadas de ver que una y otra vez los favorecidos son los mismos de siempre, los pocos de siempre.
Ojalá pudiéramos rechazar este proyecto, para contar con una verdadera estrategia de Estado y no de expertos; una estrategia nacional y pública, y no de grupos privados y pequeños, en el sentido de que son pocos los que terminan aprovechándose de recursos que pertenecen a todos los chilenos. Aun cuando no es esa la situación, votaremos cada artículo según lo que estimemos adecuado, pero no apoyaremos las licencias renovables automáticamente, por veinte años, ad aeternum, ni la disminución de la cuota pyme, como tampoco los intentos de perforación de las cinco millas, porque en Chile debieran asegurarse el trabajo y las oportunidades para todos los chilenos y chilenas.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , nuevamente estamos discutiendo un proyecto de ley que, en su primer trámite constitucional, significó largas horas de debate en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Y en esa discusión, los dirigentes de la pesca artesanal se dieron cuenta de cómo funciona el sistema en el Congreso Nacional, no solamente respecto de este proyecto, sino con la ley de pesca que debatimos hace diez años.
Para mí, este es uno de esos proyectos -lo digo con mucho pesar- en que impera con mucha fuerza el lobby empresarial en el Congreso Nacional. Lo digo con sinceridad y responsabilidad. Hemos visto los pasillos del Senado y de esta Cámara llenos de connotados empresarios de la industria, que han venido a defender sus bolsillos y sus intereses.
Desde mi punto de vista, este proyecto implica migajas para los pescadores artesanales y millones de dólares para los industriales.
Lo expreso en esos términos porque hemos sido testigos de la forma en que se dio la discusión. Esta discusión partió mal hoy -lo digo con mucho respeto-, porque aparece como informante del proyecto el diputado Patricio Melero , el representante de los industriales en el Congreso Nacional durante muchos años, porque ha defendido sus intereses y sus bolsillos. Lo he dicho siempre, pero con respeto.
Al país tiene que quedarle claro que este proyecto de ley no le entrega licencia por veinte años, renovables, a la industria. ¡Le entrega los recursos de todos los chilenos a perpetuidad!
En la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados aprobamos una indicación que establecía que los recursos hidrobiológicos son de todos los chilenos, pero se negaron a aprobar esa modificación en los siguientes trámites. Finalmente, se aprobó un artículo ambiguo, que deja en tierra de nadie los recursos pesqueros de todos los chilenos, lo que, en los hechos, significa que se entregan a las mismas manos de siempre.
Quieren mostrar varios temas que se discutieron en el Senado como grandes logros, como grandes aciertos.
Pero quiero destacar una gran contradicción. El Presidente del Senado , el senador Camilo Escalona , hace algunos días señaló públicamente que esta nueva ley de pesca es inconstitucional y un error político y económico garrafal. Hacía muchos años que no estaba de acuerdo con él, pero debo reconocer que ahora coincido plenamente con su posición, porque también considero que es inconstitucional. Él señaló, como Presidente del Senado , que esta era una expropiación de los derechos de los chilenos y de las chilenas, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Agregó que la propiedad colectiva de todos los chilenos se está entregando, a través de un acto legal, a un puñado de controladores económicos. Y coincido plenamente con su afirmación.
También afirmó que la cesión de derechos por veinte años, renovables, defrauda las aspiraciones de la pesca artesanal y de los sectores ambientalistas.
Para el senador Camilo Escalona, Presidente del Senado, con esta ley se está consagrando un monopolio por ley en un sector productivo del país.
Los pueblos originarios -he aquí la contradicción- hicieron presente las violaciones flagrantes del proyecto al Convenio N° 169 de la OIT. No nos hagamos los tontos: la ley de pesca afecta también a las comunidades indígenas en miles de millas de las costas de nuestro país. El senador que ha hecho estas declaraciones se ha molestado porque se han presentado acciones en los tribunales de justicia que han sido acogidas en sus primeros trámites por algunas cortes de apelaciones, como, por ejemplo, la de Valparaíso.
No nos quedemos sólo en el discurso; vamos a las acciones.
Nosotros presentamos una serie de indicaciones que buscaban proteger y defender los intereses de la pesca artesanal, pero nos encontramos con una fuerte oposición a esas modificaciones, de parte del oficialismo. Pero también -¿por qué no decirlo?- diputados nuestros, de la Concertación, votan a favor de los industriales.
Es necesario decir -es un tema que tenemos pendiente como país- que, con esta futura ley de pesca, algunos están asegurando su reelección el próximo año, porque el financiamiento de las campañas políticas se relacionará con esta temática.
El diputado Hugo Gutiérrez mencionó el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores”, pero, al igual que las tribunas, yo diría que, en este caso, el refrán debiera decir: “a río revuelto, ganancia de los industriales”, porque se estipula que la concesión de la licitación por 20 años, renovables, va a significar 48.000 millones de dólares en 40 años, a los que, seguramente, se les podrán agregar 20 años más, o quizá será en forma perpetua.
Es decir, cuando esta norma entre en vigencia, el 1 de enero del próximo año, los conglomerados económicos aumentarán sus valores en varios millones de dólares al otro día. Eso será un hecho.
No obstante ello, en cuanto al detalle de las modificaciones, vamos a rechazar algunas que nos parecen impresentables. Pero vamos a aprobar algunos cambios que nos parecen importantes, como, por ejemplo, la que establece una causal para la no renovación de la licencia, asociada al reiterado incumplimiento grave de las normas laborales. Creemos que esto es un avance, aunque estamos conscientes de que puede haber “letra chica”, porque sabemos cómo funcionan los temas laborales en nuestro país. Existen muchos empresarios que mantienen millonarias deudas en las direcciones del trabajo, que nunca pagan. Por lo tanto, creemos positivo que quede establecido en la ley.
No voy a alcanzar a hacer un análisis detallado de cada uno de los puntos, pero hay un tema que constituye el corazón del proyecto, al que me voy a referir en el breve tiempo de que dispongo: las licencias transables, los plazos y causales de caducidad de las licencias.
Desde nuestro punto de vista, como bancada del Partido Socialista, creemos que en dos artículos se concentra el corazón del proyecto, que pretende entregar, de manera perpetua -seamos honestos en reconocer que eso es lo que quieren hacer; lo de los veinte años renovables es una mentira-, los recursos pesqueros a las grandes empresas industriales incumbentes, bajo el subterfugio de las licencias temporales, por veinte años, pero con renovación automática. Debemos rechazar ese artículo, porque es lo que nos han pedido los representantes de la pesca artesanal.
Pretendemos votar favorablemente el artículo relacionado con las licitaciones de las pesquerías en plena explotación, sujetas a RMS, porque posibilita la licitación del 15 por ciento de la fracción industrial. Al respecto, hay visiones diferentes dentro de nuestra bancada, que son legítimas, pero, desde nuestro punto de vista, el artículo tercero transitorio permitirá horadar el oligopolio de las grandes empresas industriales que hoy tienen esto en sus manos. Se intentará llevar a la Comisión Mixta, con el argumento de que hace mención a las licencias renovables por veinte años; sin embargo, ello no es necesario, porque basta con arreglar el artículo 26 B del proyecto.
Para terminar, repito que al inicio de esta discusión teníamos muchas más expectativas respecto de los avances que íbamos a lograr. Es cierto que se lograron objetivos que tienen relación con la pesca artesanal, pero son una minucia en comparación con los millonarios ingresos que esta futura ley generará a los grandes grupos industriales del país.
Cuando el Estado dijo que no iba a cobrar más patentes a las zonas concesionadas, en su momento, lo consideramos un avance, pero al revisar las cifras nos damos cuenta de que esta norma hará más millonarios a quienes ya se han hecho millonarios con los recursos de todos los chilenos, lo que resulta bastante doloroso.
La mejor muestra de que lo que estoy planteando guarda una estricta relación con la realidad es, justamente, lo que señalé al principio. El primer artículo que aprobamos -esto lo tiene que saber no sólo la gente que se encuentra en tribunas, sino la totalidad de la pesca artesanal del país- en la Comisión técnica de la Cámara de Diputados, el artículo 1°, establecía algo que para nosotros era fundamental: que el Estado es el propietario de todos los recursos hidrobiológicos del país. Ese artículo, que desde nuestro punto de vista iba a sustentar una mejor ley de pesca, en armonía con los artículos siguientes, fue simplemente desechado, primero en la Cámara de Diputados y, posteriormente, pulverizado en el Senado.
Eso demuestra que los grandes ganadores con esta nueva ley de pesca serán los mismos grupos económicos que se han enriquecido por largos años.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , en primer lugar, saludo a todas las agrupaciones que han venido a escuchar el debate de este proyecto de ley tan importante, en particular para la Región del Biobío.
He escuchado muchas intervenciones y creo que se ha quedado en el tintero el principal recurso que debemos cuidar los parlamentarios: los trabajadores.
Parto con esa afirmación porque algunos, en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, primero, y en la Sala, después, rechazamos la idea de legislar este mal proyecto. Pero ahora debemos legislar sobre la base de lo que tenemos, y tenemos que poner el acento en lo importante.
Durante todos estos meses, en que las diferentes organizaciones han conversado con el Gobierno, me he convencido de que la plataforma social es completamente insuficiente. Se ha hablado de incorporar otras materias, pero sobre lo sustantivo, lo que implicará que algunas personas queden desempleadas, no se ha mencionado, como, por ejemplo, los puentes de jubilación. Muchas personas van a quedar sin empleo, que no desean recurrir a los municipios. Por eso, en esta materia, Talcahuano tiene una posición única como ciudad.
Hablamos de una plataforma social para la pesca artesanal; sin embargo, se eliminó completamente lo que había aprobado la Cámara de Diputados. Esperamos mejores condiciones para la actividad pesquera, pero también para nuestra gente, como quienes se quieren retirar, a quienes no se les reconoce su actividad como trabajo pesado. Pero sobre eso no hay nada. Por eso el artículo 173, letra g), debe ir a Comisión Mixta, porque así quedó establecido transversalmente en la Comisión. La semana pasada concordamos conversar con el Gobierno para generar mejores condiciones. Es más, hoy, 10 de diciembre, seguimos recibiendo cartas de los trabajadores embarcados y de planta, porque ven que son los grandes perdedores con este proyecto.
Asimismo, quiero referirme al artículo 3°, letra c), que se relaciona con el 1 por ciento para las pymes. Las pequeñas y medianas empresas de la Región del Biobío vinieron mayoritariamente a tratar esta materia, y luego de un arduo camino, finalmente recibieron la comprensión del Gobierno y se les concedió ese porcentaje. Por eso, como estimo que no deben ser los parlamentarios quienes se lo quiten, pido a esta Cámara que apruebe, mañana u hoy en la noche, la concesión de ese 1 por ciento, porque generará trabajo. Lo digo porque leí completamente el estudio de la Universidad de Concepción del 2008, que señala que, cuando se entregaron las cuotas, efectivamente se generaron puestos de trabajo.
Hay que respetar los acuerdos, y por eso aplaudimos que los pescadores artesanales de la Región del Biobío con embarcaciones menores de 12 metros de eslora llegaran a un acuerdo, de manera excepcional, respecto de la primera milla. Por lo tanto, lo acordado en el Senado tiene que quedar estipulado como corresponde y debe ser ratificado por esta Cámara. Por lo mismo, debemos poner el acento en lo que, a mi juicio, es el gran problema de la pesca artesanal de la Región del Biobío. Por eso no me gusta la redacción del artículo 50, en lo relacionado con las zonas contiguas. Con todo, voy a respetar el acuerdo al que se llegó con los pescadores artesanales de nuestra región, particularmente porque se van a prorrogar algunas medidas importantes para su actividad, como la entrada en vigencia del posicionador satelital y la cámara, instrumentos que, sin duda, aumentan los costos operativos.
En muchas ocasiones he escuchado a personas que se manifiestan en contra de la pesca de arrastre. Hoy se les presenta una gran oportunidad, pues se incorporó el proyecto de ley completo de ecosistemas marinos vulnerables, que estaba en el Senado. Por lo tanto, se avanza en la línea correcta. No obstante, también quiero expresar a quienes quieren atentar contra el tema laboral, que si pretenden proponer el término de la pesca de arrastre debe contemplarse una plataforma social para los afectados que se tengan que retirar. Es fácil legislar y dejar a trabajadores sin empleo, pero eso no es correcto. No se trata de hacerlo porque esto no está permitido en otros países; a mí me interesa mi región y mi país.
Como dijo el diputado Fidel Espinoza , esta ley se fue sin un artículo 1° y ahora vuelve con un artículo 1°; se fue con licencias indefinidas y ahora vuelve con un plazo de veinte años y con condiciones establecidas en el Código Laboral para poder renovarlas, cuestión que deja conformes a los trabajadores, lo que entrega una razón más para aprobar esa norma.
En definitiva, este proyecto ha sido mejorado, y mejorará aún más en la Comisión Mixta.
Quiero hacer un emplazamiento al Gobierno, que habló de sustentabilidad de los recursos durante toda la tramitación, pero, finalmente, estableció una licitación del 15 por ciento, que vamos a apoyar, pero cuando haya abundancia y no crisis. Es decir, los rendimientos máximos sostenibles tienen que estar presentes en el proyecto de ley; de otra forma, ¿para qué hablar de Comité Científico Técnico y de incorporar el manejo científico en la actividad pesquera?
Por lo tanto, tenemos muy claro lo que hicimos en la Comisión el miércoles pasado.
Finalmente, los invito a que consideremos dos cuestiones fundamentales: la plataforma social, para que no quede abandonada en el camino, y el compromiso con las pequeñas y medianas empresas de la Región del Biobío, que se ganaron el 1 por ciento al que me referí, que se debe respetar. Cabe preguntarse qué ocurrirá con ese porcentaje, que quedará a criterio del subsecretario, por lo que los insto a fiscalizar la materia, particularmente a partir del 2013.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , en primer lugar, deseo señalar que estamos frente a un proyecto que, desde el punto de vista técnico, no es fácil; tampoco lo es desde el punto de vista político, por cuanto, necesariamente, deben enfrentarse visiones legítimas, pero distintas, no solo del mundo artesanal respecto del industrial, sino también al interior del sector industrial y también al interior del sector artesanal, lo que, lamentablemente, termina por generar una complicación mayor. Por cierto, nos gustaría aprobar algo que dejara a todos completamente contentos, pero, objetivamente, eso no es posible, porque, o enfrentamos esta nueva ley con un criterio de sustentabilidad o solo anteponemos los legítimos intereses de cada uno de los sectores.
Por lo tanto, aunque respetemos las distintas visiones, necesariamente, debemos considerar que en Chile hay una gran cantidad de familias que viven de la pesca artesanal, pero que también hay una gran cantidad de familias cuyo sustento proviene de la pesca industrial. Por eso, resulta ilegítimo, contraproducente y hasta chocante ver en esto malas intenciones.
Un señor diputado señaló que otro parlamentario representa exclusivamente a un sector, en circunstancias de que quien emitió esas expresiones normalmente no asiste a la Comisión y, además, en la condición que imputa se encuentran parlamentarios de su propio partido, como los senadores Rossi y Letelier . Entonces, creo que no es bueno hacer ese tipo de imputaciones. Por cierto, es legítimo asumir una posición; lo que no es legítimo es suponer intenciones cuando existen posiciones distintas.
En ese sentido, en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos hemos coincidido, de manera unánime respecto de llevar a Comisión Mixta los aspectos mencionados por el diputado informante , particularmente en algunas materias que quiero destacar.
El proyecto pasó al Senado con graves carencias, con ausencias, precisamente, por el profundo desacuerdo que existía. Naturalmente, en la Cámara Alta se hicieron propuestas, que se podrán compartir o no, y en la Comisión hemos resuelto rechazar algunas de ellas, para llevarlas a Comisión Mixta.
Es necesario destacar un punto, porque nos preocupa lo que pueda pasar con la llamada “plataforma social”. Durante el primer trámite constitucional, destaqué la importancia de establecer una mesa negociadora integrada por los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y del Trabajo y Previsión Social y por los dirigentes, con el propósito de anticiparse. Vuelvo a insistir en la necesidad de que se establezca dicha instancia, porque esta es una materia importante, que el Gobierno debe considerar. Es más, no tengo duda de que tendremos consensos sobre algunos temas. Por ejemplo, nadie puede dudar de que la labor de un pescador -no quiero hacer la diferencia entre artesanal e industrial- con más de 50 años de edad puede ser calificada como trabajo pesado. No hay dudas al respecto. Sin embargo, todavía estamos en pañales en este tipo de materias.
Tampoco puedo estar de acuerdo con la propuesta del Senado, en el sentido de enviar a subasta a todo evento un determinado porcentaje de la cuota. Creo que, a todas luces, esa disposición atenta contra el concepto mismo en el que se funda este proyecto: la sustentabilidad. ¿Cómo se va a hacer una subasta a todo evento sin considerar la sustentabilidad? Esa materia, necesariamente, debe ir a Comisión Mixta.
Además, curiosamente, el Senado nos envía disposiciones como el artículo 173, letra g). Pero sucede que esa disposición hace incompatibles determinados beneficios respecto de otros, lo que es completamente absurdo. No puede haber incompatibilidad en los beneficios, porque al final no se otorgarán. Por lo tanto, creo indispensable cambiar también esa propuesta en la Comisión Mixta.
También me interesa destacar otro tema muy importante. El diputado Campos se refirió a un acuerdo especial para la Octava Región. Eso es cierto, y no lo quiero desconocer. Sin embargo, quiero confesar que tengo una duda tremenda, por lo que quiero que este punto se trate en la Comisión Mixta, ya que sólo habla del plazo de cinco años. ¿Y qué va a pasar después?
O dejamos el plazo que contempla el proyecto o dibujamos de otra manera, pero lo que no podemos hacer es intentar un esbozo de solución por un breve plazo, ya que nadie sabe lo que va a pasar después. Por lo tanto, estimo que la norma debe tener coherencia respecto de los tiempos, y la propuesta de cinco años -ya lo manifesté el miércoles pasado- me parece inapropiada.
Pero también quiero señalar que en este acuerdo, que valoro, también es perfectamente posible incorporar, solo para el caso de la bahía de Talcahuano, que naves no tecnificadas -es decir, sin sonar y de madera- y con escasa capacidad de metros cúbicos de bodega, de más de doce metros, también puedan operar en las condiciones que se establecen para las naves menores. Puedo estar equivocado, pero creo que es importante analizarlo sólo para esa bahía. Señalo esto porque no quiero que en el resto de las bahías donde se ha alcanzado un acuerdo -y hasta aquí nadie ha dicho lo contrario- el tema genere inconvenientes. Se trata de la bahía de Talcahuano, y me parece que es un tema que, por lo menos, debiera ser conversado.
En innumerables oportunidades, se nos ha planteado el tema de la pesca de arrastre. Creo que hay un avance sustantivo, pues el proyecto recoge algunas iniciativas que están en el Senado y otras que presentamos en esta Cámara; de hecho, quien habla presentó una que se refiere a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, que son los que más debemos cuidar.
En consecuencia, junto con coincidir con la propuesta de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, me interesaba agregar este último dato.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , no soy experto en materia de recursos hidrobiológicos ni formo parte de los diputados que representan territorios del país en los que se desarrolla una importante actividad pesquera.
Sin embargo, quiero hacer tres observaciones respecto de este proyecto, que más bien dicen relación con temas de carácter jurídico.
La primera se refiere a una expresión que se ha utilizado con mucha frecuencia en el transcurso del debate, que es el concepto que emana del artículo 1° de la ley: la soberanía.
Efectivamente, la propuesta del Senado establece que los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado de Chile. En su inciso segundo, hace una suerte de desarrollo del concepto. La verdad es que, a estas alturas del desarrollo de la globalización en el mundo, el concepto de soberanía es tremendamente discutido. De hecho, en la literatura política y jurídica podríamos encontrar, tal vez, miles de definiciones, alcances, apreciaciones o conceptos distintos respecto de la soberanía.
Me gustaría mencionar sólo dos ejemplos: primero, lo que han hecho los países de Europa, los que, al constituir la Unión Europea, han dado origen a un Parlamento Europeo y han creado una moneda común. Es decir, han renunciado a parte de su soberanía y conceden o cede esa parte a un órgano superior como es la Unión Europea. Otro ejemplo es el del Reino Unido, que forma parte de la Unión Europea, que también cede parte de su soberanía, pero que no comparte su política monetaria.
Cuando se dice que los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado de Chile, en verdad no se dice nada. Lo que no se quiso decir, y que estuvo presente en el debate en el Senado, es que lo que debió establecerse en el Artículo 1° era que los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos al dominio del Estado de Chile.
Quiero ilustrar la diferencia con un ejemplo muy simple. El Estado de Chile tiene soberanía sobre el territorio sobre el cual está construida mi vivienda en la ciudad de Temuco, pero, como soy su propietario, puedo cederla, donarla, venderla, permutarla; es decir, tengo las facultades propias del dominio, que es el uso, el goce y la disposición de esos bienes. Si no se quiso decir que el Estado de Chile tenía el dominio sobre los recursos hidrobiológicos, ello constituye una señal para perfilar, con mayor nitidez aun, la circunstancia de que las concesiones que se están otorgando están pensadas para que sean a perpetuidad.
La segunda observación tiene que ver con el incumplimiento de un acuerdo suscrito por Chile, que es el Convenio 169 de la OIT. Hacemos grandes discursos respecto de la dignidad, del mejoramiento de la calidad de vida y del reconocimiento de nuestra condición de sociedad y de país pluricultural, multicultural y con grandes despliegues discursivos hacemos un reconocimiento al valor de nuestros pueblos originarios; sin embargo, en la primera ocasión que tenemos, legislamos negándoles ese reconocimiento. En otras palabras, decimos una cosa y hacemos precisamente lo contrario, porque no ha habido un proceso que reconozca previamente, antes del inicio de la legislación en torno a la Ley de Pesca, un reconocimiento o una consulta, establecida en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a los pueblos originarios y, particularmente, al pueblo lafquenche.
Se ha establecido una diferencia entre lo que se denomina la “ley lafquenche” y el Convenio 169 de la OIT. Al respecto, quiero señalar que esas diferencias de carácter jurídico no han sido abordadas ni por el Senado ni por esta Cámara y lo más probable es que esta ley termine en el Tribunal Constitucional, con todas las consecuencias que ello conlleva.
En tercer lugar, me llama profundamente la atención una técnica jurídica aplicada en este proyecto que no me parece aceptable. Se ha establecido como causal de caducidad de las concesiones el incumplimiento de las normas laborales. A primera vista, se podría pensar que es bueno que se protejan los derechos de los trabajadores, porque, en caso contrario, esa concesión va a caducar. Pero la verdad es que, a contrario sensu, generalmente resulta ser, al menos, un ejercicio intelectual importante.
Estoy más dado a pensar que lo que se está diciendo a los empresarios de la pesca es que, si cumplen con la ley laboral, serán premiados y, en consecuencia, mantendrán y conservarán esa concesión. Si estamos hablando de materia laboral, que, esencialmente, implica normas de carácter proteccionista con el más débil en el vínculo laboral, que son, precisamente, los trabajadores, ¿por qué no se aplica el mismo criterio para los trabajadores, y se les dice: “si yo gano más, tu sueldo va a aumentar”? No se aplica la lógica del premio para el trabajador, sino solo para el empresario. Es decir, no estamos enfocando los temas con la rigurosidad y con la profundidad que el caso amerita.
Desconozco muchísimos de los temas a los que se refiere la Ley de Pesca, pero resulta mucho más fácil pronunciarse respecto de estas materias cuando no se está comprometido personalmente con sectores individualizados, muchas veces con intereses contrapuestos, relacionados con la actividad pesquera.
Para concluir, quiero expresar que en La Haya se está haciendo un tremendo caudal con la defensa de nuestro mar territorial, pero el país tiene una inquietud: ¿Se está defendiendo nuestra soberanía marítima o se está defendiendo el negocio de estas empresas, a las que se les entregarán las concesiones por veinte o cuarenta años?
Razonablemente, reafirmo la decisión que tomé cuando se vio este proyecto de ley en su primer trámite constitucional, cuando lo voté en contra, y reitero que no estoy disponible para ser cómplice de un despojo al Estado de Chile, a los trabajadores, a los pescadores artesanales y, en general, al patrimonio de nuestro país.
Por ello, anuncio que votaré en contra las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , planteo mi intervención en la perspectiva de lo que expresó el diputado Saffirio , porque no se puede escabullir un debate que tiene relación con la esencia de una ley que pretende regular la explotación de determinado sector. Particularmente, en este caso, me refiero a la titularidad de los recursos naturales de los que se trata.
En el primer trámite constitucional, en esta Cámara, se intentó resolver aquello que planteaban importantes sectores de la industria, los intereses corporativos de la industria pesquera y también sectores de la Derecha, en cuanto a que los recursos pesqueros son res nullius, es decir, son cosa de nadie, como señala la ley, y, por lo tanto, son susceptibles de apropiación por cualquiera.
Lo que intentamos hacer mediante una indicación, que establecía un nuevo artículo 1° -solo cito las primeras dos líneas de esa proposición-, era lo siguiente: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción…”. Es decir, quisimos dejar en claro que los recursos pesqueros pertenecen a la nación toda. Dicha disposición contó con el apoyo de la mayoría de la Sala de la Cámara de Diputados cuando fue votada en el primer trámite constitucional; sin embargo, la Mesa declaró que se trataba de una norma de quorum calificado, por lo que, no obstante tener mayoría de votos favorables, al no reunir el quórum requerido, esa indicación no prosperó.
En el Senado no se resolvió esta cuestión de fondo: a quién le pertenecen los recursos pesqueros. ¿A quienes hoy disponen de la capacidad de explotarlos? ¿A quienes tienen derechos constituidos mediante un acto administrativo? ¿O al conjunto de los chilenos que entregan al Estado la facultad de regular su explotación para asegurar su sustentabilidad? Ese debate no se resolvió en el Senado. En el Senado se llegó a un acuerdo político que, más bien, tal como lo señaló la senadora Alvear , recoge una vieja expresión del Código Civil: la regla del artículo 596, que establece que el Estado ejerce derechos de soberanía para explotar, conservar y administrar los recursos naturales. Y, tal como quedó registrado en las actas de ese martes 20 de noviembre, se planteó, más bien, por fines de política exterior y no para hacerse cargo de la titularidad de los recursos naturales, en este caso de los recursos pesqueros.
Considero que este debate debe ser resuelto por el Congreso Nacional. No podemos saltar por sobre esa consideración, que nos parece esencial, porque tiene relación con lo que le estamos diciendo a los chilenos. ¿Qué estamos regulando? ¿Bienes que le pertenecen a quienes son capaces de explotarlos o bienes que nos pertenecen a todos los chilenos y, en consecuencia, el Estado tiene facultad amplia, en nombre del bien común, para regular cómo se hace esa explotación?
Nosotros no tenemos dudas sobre esta materia: los recursos pesqueros son propiedad de la nación en su conjunto y no pueden sino ser precisamente eso, porque son bienes que están ahí para disposición de todos los chilenos.
Este proyecto no solamente no se hace cargo de ello, sino que apunta en la dirección contraria, puesto que -lo digo con todas sus letras- perpetúa y prolonga el régimen de privatización de los recursos naturales de Chile, en desmedro de la inmensa mayoría de los trabajadores del mar, que son los de la pesca artesanal.
Nos queremos hacer cargo de este debate jurídico. Decimos que la Constitución diseñó una clasificación de los bienes que sitúa tres posiciones, y pedimos que esta Cámara, en particular, y el Congreso Nacional, en general, se pronuncie sobre esta materia: aquellos que son comunes a todos los hombres, los que pertenecen a la nación en su conjunto -los bienes públicos- y aquellos que son susceptibles de ser apropiados por personas naturales o jurídicas de derecho público o privado.
Los bienes comunes a todos los hombres son aquellos que no admiten ningún tipo de regulación, salvo excepciones, como el aire.
Los bienes nacionales o bienes públicos son aquellos que pertenecen a toda la nación y el Estado, en representación del soberano, permite su explotación bajo su regulación.
Y finalmente, están los que pueden ser parte del comercio privado, susceptibles de apropiación por parte de particulares.
¡Este es el punto de fondo!
Si estimamos que es necesario regular un sector en el que ha primado la depredación y la apropiación de recursos pesqueros de todos los chilenos por parte de unas pocas manos, entonces llegó la hora de corregir esa realidad. Desde esa perspectiva, buena parte de las adecuaciones del Senado simplemente tendrán que ser rechazadas por esta Cámara, porque no se hacen cargo del problema y porque, como ya señalé, perpetúan la privatización de los recursos pesqueros.
Este no es un debate menor, sino uno de fondo. Respecto de los recursos, se ha querido hacer lo que se ha hecho en la minería, en que, por la vía de las concesiones, hemos terminado desestatizando los recursos que, en su momento, hicimos patrimonio de todos los chilenos. En resumen, lo que se está haciendo es privatizar recursos que, insisto, pertenecen a todos los chilenos.
El diputado Saffirio expresó -comparto su planteamiento- que hoy estamos en una corte internacional de justicia, el máximo órgano de las Naciones Unidas para dirimir contiendas entre los Estados, representados por una costosísima, pero necesaria, defensa, pues se han contratado abogados a los que se les pagarán millones de dólares, en un esfuerzo de Chile para defender no sólo los límites marítimos con Perú -aquí voy al tema de fondo-, sino también los recursos que se encuentran en los límites de ese mar jurisdiccional de Chile.
La factura de la defensa de ese límite marítimo y de esos recursos la pagará el Estado de Chile, y no las siete familias dueñas de los recursos marítimos del país. Y si la defensa de tales recursos y límites marítimos los pagará el Estado de Chile, quiere decir que esos recursos pertenecen a todos los chilenos.
Desde esa perspectiva, no aceptaremos normas propuestas por el Senado que permiten la perforación de las cinco millas marinas en las costas de la Región de Coquimbo.
(Aplausos)
No vamos a aceptar que, por la vía de las patentes, los grandes industriales, sus hijos y los hijos de sus hijos se hagan dueños de esos recursos hasta el fin de los tiempos, como si fuera un derecho heredable adquirido sobre el cual no hay ninguna posibilidad de discutir, porque no les pertenecen a ellos, sino a todos los chilenos.
Tampoco vamos a permitir que se exploten hasta el hartazgo los recursos naturales, porque nos parece que el principio de sustentabilidad no está garantizado en este proyecto, ya que solo se busca perpetuar un régimen inequitativo de distribución de esos recursos.
El la inmensa mayoría de la costa de Chile, el mayor esfuerzo de la pesca lo realizan los pescadores artesanales, que con esa actividad no obtienen grandes fortunas, sino que alimentan a sus familias; sin embargo, el proyecto no reparte equitativamente esos recursos.
Por eso, desde ya, expresamos que esta iniciativa no resuelve la cuestión de fondo, por lo que dejamos planteado que, si es necesario, recurriremos al Tribunal Constitucional, porque nos parece que el punto esencial es que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde y debe establecer que esos bienes pertenecen a todos los chilenos, por lo que se requiere de una legislación que distribuya de manera equitativa dichos recursos y sus beneficios, lo que hoy no ocurre.
Los socialistas no tenemos dos opiniones sobre esta materia.
(Manifestaciones en las tribunas)
Nosotros estamos por una ley que disponga que los recursos pesqueros son un patrimonio del conjunto del país; no estamos por una ley que, insisto, perpetúe el dominio de buena parte de los recursos pesqueros, que hoy se defienden en los tribunales internacionales, en siete familias que han ganado demasiado, por lo que llegó la hora de cambiar esa situación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , ¡qué importante la discusión que tenemos en la Sala en este momento! Ojalá que podamos arribar a buen puerto.
Señor Presidente , la naturaleza dotó al planeta Tierra con recursos inimaginables, como minerales, hidrocarburos, superficies enormes cubiertas con bosques y llenas en su interior con aves y animales que vivían en perfecta armonía; con ríos cristalinos de diversas dimensiones, vertientes que brotaban en distintos lugares y eran aprovechadas por el ser humano, y con mares con una notable presencia de peces, crustáceos, moluscos y cetáceos. Lamentablemente, no hemos tratado de manera adecuada los recursos que he mencionado y tantos otros que se podrían agregar.
Por eso, en la actualidad se habla del calentamiento global del planeta, de la contaminación ambiental, de la extinción de grandes masas boscosas, del avance sin tregua del desierto, de la contaminación de las aguas y de la explotación indiscriminada de los recursos del mar. Lo anterior ha provocado huracanes, derretimiento de glaciares y tantas otras manifestaciones con que la naturaleza nos está diciendo: ¡Basta ya!
Los escasos recursos marinos, que nadie ha sembrado ni cultivado y que están allí por obra de la naturaleza, en nuestro son de propiedad del Estado de Chile, por lo que pertenecen, sin duda, a todos los chilenos. En consecuencia, debemos evitar la sobreexplotación de esos recursos del mar, porque, de lo contrario, el destino que nos espera es la extinción de muchas especies marinas.
La pesca industrial ha causado grave daño a los recursos del mar, que pertenecen a todos los chilenos.
La situación que hoy se vive en el territorio marítimo de Chile debe preocuparnos a todas las autoridades del país, quienes debemos entender que vamos por un mal camino y que estamos frente a un callejón sin salida, lo que se agravará con esta legislación, ya que nos llevará a la extinción de una parte importante del recurso pesquero nacional.
No es presentable que el proyecto de ley reserve la captura del 95 por ciento de algunas especies en vías de extinción a las grandes industrias pesqueras y que disponga que los pescadores artesanales capturen solo el 5 por ciento de dichos recursos.
Si legislamos responsablemente y con una mirada de país, si legislamos en conciencia, no se puede seguir barriendo con los escasos recursos que quedan en los mares chilenos.
Para recuperar esos recursos en vías de extinción hay que prohibir la pesca industrial por veinte años y permitir solo la pesca artesanal destinada al consumo humano.
(Aplausos)
No me hablen de royalty ni de cosa que se le parezca, porque eso significa pagar una cantidad insignificante de dinero para que miles de millones de dólares vayan al bolsillo de quienes siempre se han beneficiado; es decir, los dueños de tres o de cuatro grandes empresas pesqueras.
Los radicales votaremos en contra las modificaciones del Senado al proyecto de ley, porque este no defiende los recursos de Chile y de su gente. Solo estamos dispuestos a defender los intereses de la pesca artesanal en el territorio nacional.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , el diputado don José Pérez dijo que el proyecto en discusión debiera ser preocupación de todas las autoridades. Yo agregaría que debiera ser preocupación de todos los chilenos.
Señor Presidente , esperaba sinceramente que el proyecto realizaría un cambio fundamental a la forma en se está llevando a cabo la explotación de nuestros recursos pesqueros, los cuales hasta el día de hoy están siendo objeto de una gran sustracción por empresas que pertenecen a grupos empresariales de familias que se han enriquecido a costa de productos que son de todos los chilenos.
Se dice que son de “todos los chilenos”, pero ni en la Cámara ni en el Senado hemos logrado incorporar una norma que declare derechamente que todos los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que se encuentran en el mar de Chile son de los chilenos y no del primero que se apropie de ellos.
Por eso, Chile debiera, de una vez por todas, compartir lo que es de todos; pero hoy nos estamos alejando de ello y legislando a lo mejor en forma inadecuada, porque favorecemos a algunos y les restamos a otros. En el Senado se logró la aprobación de una norma que no es clara al respecto y que se prestará para confusión -no me queda duda-, ya que habla del derecho a ejercer la soberanía. Desde que tengo uso de razón, tengo claro que Chile ejerce su soberanía sobre todo el territorio nacional, llámese espacio aéreo, marítimo o terrestre, por el solo hecho de ser un Estado soberano, sin necesidad de que ello se esté recordando permanentemente en la ley, como sucede en la disposición que introdujo el Senado al proyecto. Es lo que allí está sucediendo.
En lo marítimo, veamos por ejemplo el caso peruano. Hoy, ellos quieren expandirse. Su pesca industrial indiscriminada los ha llevado a tener un juicio contra nuestro país. Nosotros hemos sido cautelosos al respecto. Ojalá pudiéramos mantenernos así.
Otra materia que, desde mi punto de vista, no ha tenido una solución satisfactoria es la relacionada con las llamadas “licencias industriales”, las cuales considero que deben ser concedidas por un tiempo prudente, a fin de no eternizar estos permisos de pesca en manos de unos pocos. El Senado incorporó una norma que aparentemente no lo hace, pero que en definitiva sí entrega a perpetuidad tales permisos, pues ella contempla la posibilidad de otorgar las referidas licencias por veinte años, las que serán renovables automáticamente, transferibles y transables. Con ello queda claro que el espíritu del Gobierno no fue otro sino el de eternizar la explotación de nuestros mares en manos de unos pocos grupos económicos.
A lo anterior debe agregarse el hecho de que solo se aprobó el 1 por ciento de la cuota global para las pymes pesqueras, para destinarla a consumo humano, lo cual representa una cifra miserable ante el 99 por ciento restante que podrá ser empleado para fines distintos.
Seguramente, deberemos reflexionar antes de votar los artículos 26 A y 26 B.
Tampoco me parece adecuado que no se estableciera una norma que reconociera el derecho de los pueblos originarios y que no se dijera ni una palabra para poner freno a la destrucción masiva del ecosistema marino provocada por la pesca de arrastre.
En síntesis, considero que este es un mal proyecto, pues no resguarda como es debido los intereses nacionales y, en definitiva, solo permitirá perpetuar la situación que hoy existe en la materia, pero con alguna mayor regulación.
Por ello, rechazaré algunas enmiendas del Senado a la espera de que en comisión mixta pueda regularse de mejor manera lo que hoy existe en el área que nos convoca. ¡Qué pena que legislemos tan mal! Hoy, enfrentamos a chilenos y chilenas, trabajadores todos, con proyectos que no conducen a la realidad que queremos: justicia para todos. Por lo tanto, se debe hacer una reflexión sobre este punto.
He dicho.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra, diputado señor Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , quiero hacer una pregunta.
El año 2008, el Estado de Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, norma internacional que obliga al trámite de consulta a los pueblos originarios en materias que les afectan. En el caso de este proyecto de ley, no han sido consultados. En efecto, los pueblos originarios no han sido escuchados durante la tramitación legislativa de la presente iniciativa, lo que vulnera el Convenio 169 de la OIT. Para este proyecto de ley de pesca, los pueblos originarios no existen, a pesar de vivir en las costas chilenas. Me refiero específicamente a los pueblos mapuche, pascuense, lafkenche, que tiene -este último- una tradición fundamentalmente recolectora.
Por eso, señor Presidente , pido que el señor Secretario de la Corporación nos oriente al respecto y que nos clarifique la responsabilidad que tiene nuestra Corporación ante la falta de la referida consulta durante la tramitación de este proyecto y, por ende, la posible violación del Convenio 169.
Si nosotros, parlamentarios, no respetamos los acuerdos internacionales, obviamente estaremos cometiendo una grave infracción.
Reitero mi petición de que el señor Secretario -creo que es a quien le corresponde-, me explique si estamos actuando conforme a derecho y respetando lo que el año 2008 ratificamos: el Convenio 169 de la OIT.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Diputado Alinco, no obstante que su planteamiento puede ser muy loable, a la Secretaría no le corresponde pronunciarse al respecto.
El señor ALINCO.- ¿A quién le corresponde, entonces, señor Presidente?
El señor MONSALVE .- ¡A la Mesa!
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , esta materia es trascendental para el futuro de los recursos pesqueros nacionales y de suma importancia para los distritos costeros. Pero, de alguna manera, aquí también se están jugando concepciones muy profundas, como país, desde el punto de vista de nuestros sistemas jurídico, económico y social.
Por eso, desde nuestra perspectiva, con una mirada probablemente un poquito más descontaminada del interés electoral, queremos abordar algunas reflexiones sobre los aspectos más políticos y jurídicos que involucra este debate, porque los más técnicos han sido suficientemente debatidos tanto en las comisiones respectivas como en la Sala, por los diputados que integran tales comisiones.
El primer punto que quiero plantear es uno al cual se refirieron los diputados Alinco , Saffirio y Espinoza , entre otros.
A nuestro juicio, el presente proyecto de ley adolece de un vicio de constitucionalidad de forma. Por ello, hicimos reserva de constitucionalidad durante el primer trámite constitucional en esta Sala. En nuestra opinión, el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT establece una norma imperativa, no facultativa; dispone que los gobiernos tienen la obligación de consultar a los pueblos originarios respecto de las medidas legislativas que pudiesen afectarles. Esa obligación, ese mandato imperativo del Convenio 169, suscrito y ratificado por Chile, ha sido transgredido, pues no ha existido ningún proceso de consulta.
Por lo tanto, aquí se vulnera de manera flagrante el artículo 6° del Convenio 169, y también, a nuestro juicio, su artículo 8°, entre otros. Por ello, en su oportunidad recurriremos al Tribunal Constitucional, porque -insisto- aquí hay un vicio de constitucionalidad de forma.
Consideramos indispensable no solo consultar, sino también considerar los derechos de nuestros pueblos originarios. Resulta paradójico que este proyecto de ley, que reconoce derechos históricos para explotar nuestros recursos pesqueros a los grandes industriales, no reconozca sus derechos históricos a nuestros pueblos originarios, que han vivido de lo que han obtenido de nuestras costas, de nuestro mar y de nuestros peces desde tiempos inmemoriales.
Por eso, consideramos fundamental el proceso de consulta que se ha evitado en este proyecto de ley.
Pero también queremos señalar que aquí había una oportunidad preciosa para avanzar hacia un modelo de aprovechamiento de nuestros recursos naturales de manera sustentable, que vele también por la eficiencia y la equidad en la distribución de los recursos. Sin embargo, lo que hace el proyecto de ley del Gobierno es seguir consagrando un oligopolio perpetuo en materia de pesca industrial en nuestro país. Con ello, lo que ocurre es la enajenación de nuestros recursos hidrobiológicos y la profundización de una mirada privatizadora.
Nosotros creemos -lo señalamos oportunamente en el debate llevado a cabo durante el primer trámite constitucional en esta Sala- que tenemos que dar una señal clara y categórica de que nuestros recursos pesqueros e hidrobiológicos deben pertenecer a todos los chilenos, para lo cual es necesario garantizar y establecer la propiedad y el dominio del Estado respecto de ellos y no solo la soberanía, que, indudablemente, está muy lejos de constituir dominio para ejercer, entonces, los atributos del mismo.
Queremos decir con mucha claridad que hoy, trece diputados de la bancada de la Democracia Cristiana hemos suscrito una declaración para rechazar estas licencias para la pesca industrial, que, en la práctica, son perpetuas; porque hablar de licencias a veinte años y con una renovación prácticamente automática no es sino el disfraz de la concesión perpetua e indefinida para un pequeño grupo de pescadores industriales.
Nosotros nos oponemos tajantemente a eso, porque consideramos que va en contra no solo del modelo de desarrollo económico y social que debemos tener como país, sino de principios éticos sobre la forma como se distribuyen nuestros recursos naturales.
Por eso, queremos señalar con fuerza que vamos a rechazar los artículos 26 A y 26 B que propone el Senado para la Ley General de Pesca y Acuicultura, porque queremos entregar una señal clara de que aquí vamos a defender los intereses de todos los chilenos, la sustentabilidad, la eficiencia y, sobre todo, la equidad, de manera que nuestros recursos naturales favorezcan a la inmensa mayoría de los chilenos y no solo a un puñado de grandes industriales.
He dicho.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, pido la palabra para un asunto de Reglamento.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , ¿cuál es el artículo del Reglamento al cual se va a referir? Se lo planteo, porque su señoría ya tuvo la palabra para referirse a asuntos de Reglamento.
El señor ALINCO.- El Reglamento de la duda, señor Presidente.
Como el señor Secretario no respondió mi pregunta, creo que usted tiene la obligación de hacerlo. ¿Estamos cumpliendo el Convenio 169 de la OIT? Su señoría es el Presidente .
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , en todas las instancias en las cuales se ha tramitado el proyecto se ha considerado que se ha cumplido el Convenio 169 de la OIT. Eso es lo que resolvió la Cámara de Diputados en su momento y, posteriormente, el Senado. De manera que esa es la respuesta que le puedo entregar.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , quiero saber de qué manera se ha certificado por esta Corporación el cumplimiento del artículo 6° del Convenio 169 de la OIT.
Su señoría señaló que en todas las instancias en las cuales se ha tramitado el proyecto se ha acreditado su cumplimiento. Por tanto, me gustaría saber cuáles son respectivos documentos, dónde consta dicha certificación y cuáles son los antecedentes que sirven de base para la misma. Solo quiero pedir que fundamente la respuesta que entregó al diputado Alinco .
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Señor diputado, eso aparece en cada uno de los informes que han llegado a la Sala desde las comisiones en las cuales se ha tramitado el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , creo que este proyecto expresa con mucha claridad y nitidez la vieja teoría del embudo: la parte ancha para unos pocos y la estrecha para la mayoría. Se trata de un proyecto de ley que consagra los privilegios. Aquí hay importantes sectores de la sociedad chilena y de los actores vinculados con la pesca que están siendo excluidos de un trato justo y de una distribución equitativa de una de las riquezas de la nación chilena, como son los recursos hidrobiológicos. Me refiero a los pescadores artesanales, a los trabajadores de los sectores pesqueros y a los pueblos originarios.
Quiero partir haciendo alusión a lo que han dicho los diputados que me precedieron en el uso de la palabra. Al respecto, desde ya anuncio que la bancada del Partido Socialista hace reserva de constitucionalidad respecto de la aprobación de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Durante el primer trámite constitucional, nosotros presentamos indicaciones para que, en el marco de la ley en proyecto, se reconociera la existencia de los pueblos originarios y, además, se les permitiera el acceso a los recursos. Esto fue rechazado en la Cámara; se insistió en el Senado, pero nuevamente fue rechazado. Permítanme detallar y fundamentar este punto.
Nosotros tenemos la convicción respecto de la reserva de constitucionalidad, porque desde nuestro punto de vista se han vulnerado principios y normas del derecho internacional y también del derecho nacional, que el Congreso Nacional aprobó. Voy a detallar algunas.
En primer lugar, la Ley Indígena y la ley N° 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios y reconoce el uso consuetudinario como fuente de derecho.
En segundo lugar, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el año 2008, respecto del cual especialmente quiero mencionar de manera especial algunos artículos: Su artículo 2°, punto 2, letras a), b) y c), referidos a asegurar la igualdad de derechos y oportunidades; su artículo 6°, que establece el derecho de los pueblos originarios a ser consultados respecto de todas aquellas materias legislativas o administrativas que pueden afectarles directamente; su artículo 7°, que consagra la participación de los pueblos originarios en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente; su artículo 8°, que establece que es necesario considerar la costumbre y el derecho consuetudinario al aplicar la legislación nacional; sus artículos 13, 14 y 15, sobre la protección y el resguardo del acceso a los recursos.
Desde nuestra perspectiva, también se vulneran los artículos 25 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada el 13 de septiembre del año 2007; el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, del año 1992, y el compromiso del Presidente de la República , Sebastián Piñera , en su discurso el 21 de Mayo de 2012, oportunidad en la cual señaló categóricamente: “Estamos dando un nuevo trato a nuestros pueblos originarios para integrarlos a nuestro desarrollo económico y social, y respetando al mismo tiempo su identidad, cultura, lengua y tradiciones.”. ¿Dónde está ese respeto en el proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca? Se excluyeron por completo los derechos que los pueblos originarios ganaron en tratados internacionales firmados por la nación y ratificados por el Congreso Nacional.
Por eso, reitero nuestra reserva de constitucionalidad respecto de las modificaciones introducidas a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Cuando hablamos de privilegios, nos referimos particularmente a un aspecto que consagra la ley en tramitación: las licencias transables o licencias clase A. La iniciativa establece, en sus artículo 26 A) y 26 B), la posibilidad de que el sector industrial pueda contar con licencias que permitirán la extracción del 85 por ciento de la cuota industrial durante veinte años. Se trata de licencias renovables en forma automática -salvo vulneración grave de la ley-, lo que, en la práctica, implica entregar un derecho perpetuo sobre recursos que son de toda la nación chilena.
Estamos hablando de recursos de todos los chilenos, que se entregan a perpetuidad, y de la vulneración del concepto de soberanía nacional y, por lo tanto, de la falta de posibilidad del Estado y de la nación chilena de ejercer poder y propiedad sobre sus riquezas. Al respecto, me pregunto sobre los beneficios que se entregan a los industriales. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores? Lo planteo, a propósito de que aquí, en las tribunas, hay representantes de ellos. Respecto de los que serán desvinculados, ¿cuál es la plataforma social que se les entrega? Veinte unidades de fomento al año, por tres años. ¿Es este el trato justo que la ley en tramitación establece para los distintos actores del sector pesquero?
Señor Presidente , permítame decirle que no estamos de acuerdo con esto. Por eso, vamos a rechazar los artículos 26 A y 26 B, que agregó el Senado, a fin de que en la comisión mixta podamos dar un paso adelante en la protección de la soberanía nacional y en la posibilidad de que el Estado ejerza sus derechos sobre nuestras riquezas.
Respecto de la pesca artesanal, podríamos decir que algo se avanzó. Se buscaba limitar la pesca de arrastre, lo que se logró en el caso de los ecosistemas marinos vulnerables; pero se avanzó poco.
Hubo un artículo que generó mucho debate. Me refiero al que establecía la forma de medir las cinco millas, que fue aprobado por la Cámara y suprimido por el Senado. Nosotros vamos a insistir en él y, por eso, vamos a rechazar el número 38) del artículo 1°, que pasó a ser número 42).
Asimismo, vamos a rechazar las modificaciones a los artículos relacionados con las rentas de la nación, es decir, los relativos a patentes y royalty. Cuando el Estado entrega una riqueza para que sea explotada, lo que se busca fundamentalmente es que toda la nación y, por ende, todos los chilenos, dueños de esa riqueza, reciban una justa compensación. Me parece que lo que establece el número 34) del artículo 1°, en particular los artículos 43, 43 bis y 43 ter, no garantiza una justa compensación al país por la explotación de sus recursos.
En general, las estimaciones indican que la recaudación por concepto de patentes y royalty no aumentará, sino que, por el contrario, en los próximos años tenderá a disminuir. De manera que también vamos a rechazar las modificaciones del Senado a estos artículos.
Respecto de las licitaciones, algunos sostienen que es necesario aprobar el artículo 27 del Artículo 1° y rechazar el artículo tercero transitorio, nuevo, introducido por el Senado, que incorpora el concepto de licitación a todo evento. El argumento que se esgrime respecto de este último es que afectaría a las pesquerías que están en etapa de sobreexplotación y que, por lo tanto, estaría atentando contra el sentido de sustentabilidad de los recursos considerado en la ley en tramitación. Pero ocurre que la licitación no afecta la cuota, porque se hace sobre la base de la cuota global de la industria. De manera que al licitarse no se está permitiendo extraer más recursos, sino definiendo quiénes pueden extraerlos. En este caso, lo que busca el artículo tercero transitorio es que también puedan participar otros actores en la extracción de la cuota, que, por lo demás, es fijada por el Comité Científico Técnico.
Desde esta perspectiva, vamos a tratar de proteger el avance logrado en el Senado, en particular en el artículo tercero transitorio.
No estamos conformes con los contenidos de la plataforma social y, por lo tanto, vamos a rechazar la modificación del Senado al número 75) del artículo 1°, con el objeto de lograr mejoras que han sido planteadas por los propios pescadores, en cuanto a aumentar la compensación social a quienes, eventualmente, sean desvinculados como consecuencia de la aplicación de la futura ley. Si uno mira esto desde la perspectiva de las líneas sobre las cuales hay que actuar como ejes orientadores del debate, me parece que hay que hacer un esfuerzo efectivo por limitar la concentración y evitar que se formen oligopolios, en particular sobre riquezas que pertenecen a todo el país.
Creo que hay que proteger la soberanía y, por lo mismo, insistimos tanto en la necesidad de que las licencias tengan una duración finita y que no sean renovables en forma automática. Asimismo, frente al debate sobre la regulación de una riqueza tan importante para el país, es necesario que la ley asegure un trato justo a todos los actores del sector pesquero y a todos los actores interesados en los recursos hidrobiológicos, que pertenecen a todos los chilenos.
Por lo tanto, mi bancada tratará de proteger estos principios durante este debate y en las votaciones que se realizarán mañana.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , honorable Cámara, en lo medular este proyecto es inaceptable, porque la riqueza del mar, que debe pertenecer al Estado de Chile, es decir, a todos los chilenos, en la práctica es entregada a las grandes empresas industriales, que son pocas, en una modalidad que puede llegar a ser perpetua.
Digo esto porque se les otorgan licencias sobre cuotas de pesca por un plazo de veinte años, al cabo de los cuales, si han cumplido con ciertos requisitos establecidos por la ley, se les renovarán por otros veinte años, y así sucesivamente en forma indefinida. Además, estas licencias son transables, es decir, susceptibles de cualquier negocio jurídico, con lo cual los favorecidos podrán alegar, en los hechos, un verdadero derecho de propiedad, cosa que no podemos permitir.
En la práctica, estas disposiciones convierten en letra muerta lo que establece el artículo 1° A, en cuanto a que “Los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado de Chile…“. Lo real es que las disposiciones aprobadas privatizan el mar, hecho que no podemos permitir. Estas disposiciones obligan al Estado a indemnizar a las empresas si el día de mañana, por un interés superior, se termina con este sistema.
Se dice que esto es necesario para que las empresas recuperen su inversión y para que inviertan. Pero me pregunto, ¿acaso ya no han recuperado con creces sus inversiones, toda vez que son las mismas empresas que llevan años explotando los recursos marinos? Si los recursos son de todos los chilenos, ¿acaso no es más lógico otorgar licencias por no más de quince años, no renovables y que no constituyan propiedad alguna, y que, al cabo de dicho tiempo, el Estado tome nuevamente la decisión que más le convenga al país en ese momento?
Si uno analiza el proyecto, puede comprobar que no entrega un trato similar a los pescadores artesanales, ya que a ellos les otorga licencia para pescar sobre la base de una cuota, por veinte años, pero no es renovable.
Por otro lado, este proyecto de ley no termina con el flagelo que significa la pesca de arrastre, que ha destruido -así está demostrado- nuestros ecosistemas marinos. En otros países se ha terminado con esta pesca, pero aquí, a pesar del daño que produce, no existe voluntad de hacerlo, no obstante ser necesario. Sin duda, en esta materia hay influencias y mucho lobby. Por eso, no se ha podido detener.
Es lamentable que el Senado haya eliminado una importante conquista lograda por los pescadores artesanales. En efecto, en la Cámara aprobamos que la medición de las cinco millas para la pesca artesanal se hiciera desde las puntas más salientes; sin embargo, pudo más el lobby que realizaron algunos.
Sin duda, el futuro “Indap” pesquero será muy importante para apoyar la pesca artesanal; pero debe ser implementado con recursos, porque, de lo contrario, su creación no tendrá sentido alguno. Espero que el proyecto de ley sobre esta materia, que ha sido anunciado, sea realmente efectivo y apoye verdaderamente a los pescadores artesanales.
El hecho de que se contemple la posibilidad de licitar el 15 por ciento de la cuota industrial, cumpliendo las condiciones que establece el proyecto, es algo que abre una pequeña ventana, por lo que debemos apoyarlo. Hay quienes se oponen a esto, porque consideran que atenta contra la sustentabilidad. Pero esa no es la idea, ya que no implica pescar más, sino incorporar más actores. Es decir, se trata de licitar para que no pesquen los mismos, sino para que otros actores puedan acceder por lo menos al 15 por ciento de la cuota industrial. Claro está que lo señalado teóricamente en el proyecto, difícilmente ocurrirá en la práctica.
A mi juicio, no es un buen proyecto, porque respalda la depredación que ha ocurrido en nuestros mares en los últimos diez años; no es un buen proyecto, porque perpetúa los privilegios de un puñado de industriales; no es un buen proyecto, porque no es capaz de afirmar la propiedad estatal sobre las pesquerías y los recursos del mar; no es un buen proyecto, porque en lugar de incrementar las patentes y derechos de acuerdo con las utilidades de esta industria, se inventó una intrincada ecuación que le permite pagar menos; no es un buen proyecto, porque no avanza decididamente en terminar con la brutal diferencia que existe entre los miles de pescadores artesanales, que apenas subsisten, y la flota industrial.
No hay ninguna duda de que hay que rechazar todas las disposiciones que sean necesarias para que sean mejoradas en la comisión mixta, y así lograr un proyecto más justo para todos: para el país, para los pescadores artesanales y para los trabajadores. En suma, un proyecto que sea conveniente para Chile entero.
Como Congreso Nacional, necesitamos entregar señales claras de que estamos por favorecer a la ciudadanía toda más que a los grupos económicos. Está bien que los grupos económicos obtengan ganancias, y es lógico que así sea; pero lo que no está bien es lo que está ocurriendo en todas las áreas: el abuso y el enriquecimiento exagerado a costa del país, de la gran mayoría de los chilenos. Este proyecto es una expresión de esa situación, por lo que hay que rechazar todas las disposiciones que sean necesarias para mejorarlo.
Si no somos capaces de aprobar un proyecto de ley de pesca más conveniente para los intereses del país, ¿qué puede esperar la gente de nosotros el día de mañana respecto de legislar sobre una real reforma tributaria? ¿Qué puede esperar la ciudadanía de nosotros en relación con legislar verdaderamente sobre la propiedad de las aguas, con terminar con el lucro en la educación, con mejorar en verdad el sistema de las isapres y de las AFP? ¿Qué pensará la gente si no demostramos en los hechos que nuestras legislaciones son realmente beneficiosas para la ciudadanía entera?
Anuncio mi voto en contra de todos los artículos que sea necesario rechazar para que esta futura ley sea beneficiosa para todo el país.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, se ha hablado mucho sobre el fondo del proyecto de ley de pesca y se han reiterado muchos conceptos.
No he querido dejar de intervenir en esta sesión especial. Creo que me asiste el deber de hacerlo, por cuanto hay consideraciones y aspectos que deben ser resaltados y acentuados para su posterior corrección.
En general, este proyecto crea un verdadero latifundio marítimo. Como se sabe, en la actualidad cuatro empresas concentran el 93 por ciento de los recursos pesqueros del país. Como ya se ha dicho, en Chile existe un verdadero oligopolio perpetuo en materia de pesca industrial, con lo cual se produce la enajenación del patrimonio pesquero que pertenece a todos los chilenos, el cual queda en manos de unas pocas empresas.
El mar y sus productos son de todos los chilenos, no de unos pocos. No podemos aceptar que esto ocurra en Chile, porque estamos hablando de derechos naturales y de derechos que le pertenecen al individuo en sí mismo. A nuestro juicio, en el país debe existir un modelo de aprovechamiento de los recursos naturales que cumpla con los principios básicos de sustentabilidad, de eficiencia y de equidad.
Desde ya, anuncio que vamos a rechazar modificaciones del Senado, en especial los artículos 26 A y 26 B, porque están en oposición a los principios que he señalado, respecto de que el mar sea para los chilenos y no para unos pocos.
Quiero reiterar lo planteado por otros colegas, en el sentido de que en la tramitación de esta iniciativa de ley se ha incurrido en una discriminación en contra de los pueblos indígenas. Por eso, organismos internacionales nos acusan en esta materia. En efecto, aquí sencillamente se ha obviado e ignorado el derecho que los pueblos indígenas tienen sobre el mar. Al respecto, lamento que en la Cámara y en el Senado se rechazaran indicaciones que tenían por objeto el respeto de los derechos históricos y ancestrales de las comunidades indígenas, que se rigen por el derecho consuetudinario. Ni siquiera se hizo una mención expresa a la ley N° 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios.
A mi juicio, era necesario enfatizar el derecho que les corresponde a los pueblos originarios.
Por otro lado, ¿cuántas veces tendremos que pedir que se respete y se aplique el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes? ¿Cuánto tiempo demoramos en aprobar el Convenio 169? ¿Cuántas instancias tuvimos que pasar para finalmente aprobarlo?
En los hechos, poco hemos ganado, porque ese Convenio no se aplica, pese a que debiera ser así. Según su artículo 6, “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”
b) Aquí, sin duda, hay aspectos que afectan directamente a las comunidades indígenas, pese a lo cual no se llevó a cabo dicha consulta.
Por otro lado, la ley N° 19.253, Ley Indígena, también obliga a las instituciones o servicios públicos y administrativos a hacer las consultas respectivas.
Por lo tanto, la ley en proyecto, aparte de ser abiertamente injusta, es mala porque ha obviado y omitido ciertas normas, ciertos estatutos jurídicos, como el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar de manera previa a los pueblos originarios.
A mi juicio, este proyecto adolece de un vicio de constitucionalidad, debido a que no se realizó la señalada consulta y no garantiza un acceso real y equitativo de nuestros pueblos originarios a recursos pesqueros que, de manera ancestral, han sido aprovechados por ellos de manera sustentable.
Por último, quiero dejar testimonio de lo ocurrido con este proyecto de ley para dejar en evidencia cómo el Estado chileno no cumple tratados internacionales y sigue discriminando a los pueblos originarios, como ha ocurrido en esta oportunidad.
He dicho.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , su señoría respondió que la constancia de la forma como se cumplió con el Convenio 169 de la OIT está en los informes.
Al respecto, deseo expresar que leí los dos informes de la Comisión de Pesca. Por eso, quiero decirle que lo que usted señaló no es efectivo, porque en ninguno de ellos consta la manera como se dio cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.
Por lo tanto, pido que cuando el señor Presidente nos responda en esta Corporación, sea fiel a los hechos; no nos responda tratando de evadir la pregunta, sino sobre la base de cosas ciertas.
Reitero, en ninguno de los informes de la Comisión de Pesca consta la manera como se ha dado cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.
Por eso, le reitero mi pregunta: ¿Dónde consta la certificación que su señoría señaló a la Sala que existía respecto del cumplimiento de ese convenio internacional?
Repito, leí los informes de manera íntegra, y la certificación a la que alude su señoría no está.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Diputado Chahín, el informe del Senado hace alusión al tratamiento que se dio al Convenio 169.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero decir que concuerdo con las críticas relacionadas con el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, como dispongo de pocos minutos, me ceñiré a mi intervención.
Quien habla, por formación y convicción, cree en la capacidad de emprendimiento humano, de generar bienestar para la sociedad, y, por tanto, en el deber del Estado de amparar y fomentar la labor de sus emprendedores.
El vocablo “emprender”, originado en una locución latina que significa tomar o coger, con el tiempo fue llenándose de significados. Así, los franceses del siglo XVI trataron de describir con ella al aventurero que viajaba al nuevo mundo en búsqueda de oportunidades, sin tener certeza sobre los resultados de su empresa.
En este sentido económico, fue definida por primera vez por el francés Richard Cantillon, en 1755, como el proceso de enfrentar la incertidumbre.
Valoro, respeto y apoyo al emprendedor, porque asume riesgos reales. Pero no puedo valorar, respetar ni apoyar al hombre de negocios que busca su ganancia tratando de obtenerla con riesgo cero.
Cuando un Estado regula el acceso a los recursos pesqueros, lo que hace es regular el acceso directo a la riqueza y, en consecuencia, distribuye riqueza. Hoy, con esta ley de pesca en tramitación, estamos dejando en manos de los mismos de siempre una riqueza que es de todos los chilenos. Un sistema de licencias de pesca con veinte años de duración, las que se pueden transar en el mercado y con las cuales se pueden realizar operaciones bancarias para generar recursos frescos, es la antítesis de la noción de riesgo y emprendimiento económico; es, simplemente, un acto de apropiación de los privados, que cede solo a favor del titular del permiso o licencia de pesca, y perjudica el interés nacional.
Esta es mi objeción radical a esta iniciativa, por cuanto ella no promueve ni la competencia ni la asunción de riesgo, porque permite a los mismos de siempre seguir disfrutando de un régimen rentista y prebendario en relación con el acceso privilegiado a una renta nacional.
Hoy, cuando la sociedad chilena debate y demanda una nueva forma de distribución de los recursos públicos en el país -los recursos pesqueros lo son-, se comete este error que tendrá consecuencias económicas, medioambientales, políticas y sociales de muy largo plazo.
Es un hecho indiscutible que en Chile los grandes recursos pesqueros están en manos de un grupo oligopólico, conformado por unos cuantos grupos económicos que son los más interesados en avanzar a generar un modelo estable en el tiempo, que les asegure la actual preeminencia en la apropiación de los recursos marinos.
Ni este Gobierno ni los anteriores han querido generar una política pública integral que garantice la explotación racional de los recursos, ni la implementación de la pesca extractiva como una actividad al servicio del desarrollo del territorio costero en el cual ella se lleva cabo. Las caletas pesqueras del país, que, en muchos casos, han constituido asentamientos humanos casi milenarios, no son centros de riqueza y desarrollo, sino de pobreza y marginalidad.
No puedo dejar de insistir en mi reclamo por la forma en que, primero, la Cámara y, luego, el Senado, desecharon sin más ni más la legítima demanda de los pueblos indígenas costeros, especialmente de los lafkenches, de ser considerados en la Ley General de Pesca como actores validados y asegurarles derechos preeminentes por sobre los otros actores, de manera de permitirles un acceso seguro y suficiente a los recursos del mar, indispensables para su subsistencia, pese a tratarse de una exigencia impuesta por el derecho internacional de los pueblos indígenas.
Al no existir una ley general de consulta indígena en los términos previstos por el Convenio 169 de la OIT y al haber claras señales de que se avanza en el desarrollo de la legislación que podrá establecer al fin una consulta como un mecanismo de interlocución entre el Estado y los pueblos indígenas, se debió haber paralizado la discusión de este proyecto de ley, a la espera de contar con el entramado jurídico institucional. ¿Con qué objetivo? Para generar una discusión integral, de manera de respetar los compromisos internacionales del país, y alcanzar los consensos políticos suficientes para establecer quiénes, en qué cuantía y de qué forma accederán a una riqueza natural amenazada, indispensable para el desarrollo social y económico armónico de los distintos territorios y asentamientos humanos costeros.
No haberlo hecho deja expuesta a esta ley a un juicio de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, y a Chile, a sanciones internacionales por violar el Convenio 169 de la OIT.
Por las razones expuestas, anuncio que votaré en contra las modificaciones del Senado, por cuanto ellas son el reflejo de un acuerdo político que no sirve a Chile, sino solo a los grandes intereses de la pesca.
He dicho.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en ninguno de los dos informes de la Comisión de Pesca del Senado, ni en el original ni en el complementario, constan las certificaciones por usted aludidas.
Por eso, solicito formalmente que responda la pregunta de manera honesta.
Reitero, en ninguno de los informes de la Comisión de Pesca del Senado figuran las certificaciones. Entonces, ¿por qué no dice que esa materia no fue certificada y que no es posible acreditarla por la Corporación? Eso es lo que corresponde.
No se debe responder solo por cumplir cosas que no son efectivas. No creo que se pueda faltar a la verdad desde el rol de Vicepresidente que su señoría está cumpliendo.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , no corresponde entrar en el debate que plantea su señoría. Eso es parte de la discusión que cada diputado puede formular en el uso de su tiempo. Si su señoría tiene una discrepancia sobre el tema, tiene el derecho a recurrir al Tribunal Constitucional.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , ¡que quede claro que no es efectivo lo que usted respondió! ¡No es efectivo! ¡Eso no se ha certificado!
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , antes de comenzar mi intervención, voy a reiterar la solicitud formulada por el diputado Chahín .
Creo que su señoría, como Vicepresidente de la Cámara , debe entregar la explicación efectiva respecto de dónde, en la información que nos han entregado, consta la consulta a los pueblos originarios.
Por eso, en el tiempo que me corresponde le pido que entregue una respuesta formal y que el Secretario de la Cámara así lo certifique.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Señor diputado, el Presidente de la Cámara puede responder en el momento que estime conveniente.
Tiene la palabra el diputado De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pero usted no se manda solo. Precisamente, está en ese cargo por mandato de los diputados. A usted le corresponde responder.
Por su intermedio, le pido al Secretario de la Corporación que informe. Es una obligación. Esta no es una atribución autoritaria de usted o algo que quede a su antojo. El Secretario de la Cámara tiene que informar. Como diputado , tengo el derecho a exigirlo antes de intervenir.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Diputado De Urresti, a usted le corresponde el uso de la palabra. Le ruego que haga uso de ella.
El señor ARENAS.- Reglamento, señor Presidente.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , si los diputados que participaron en la discusión hubiesen leído el Convenio 169 de la OIT, sabrían que no establece ninguna exigencia concreta para los parlamentos en cuanto a la consulta, ya que esta debe dejarse a la implementación de la normativa interna, y en Chile no existe normativa interna que regule la consulta a nivel legislativo.
Por lo tanto, no es obligación de ninguna comisión de la Cámara o del Senado, tampoco de la Mesa, establecer si se cumplieron los requisitos de la consulta. Además, las buenas prácticas de la OIT han señalado que no corresponde a los poderes legislativos realizar la consulta, sino que es obligación de los ejecutivos, en el caso de que se hubiese consagrado el procedimiento establecido para la consulta.
El Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado sobre esta materia, tampoco ha señalado la obligatoriedad de dictar una norma o establecer un procedimiento por las cámaras para concretar la consulta.
Entonces, cuando algunos colegas deseen hablar del Convenio Nº 169 de la OIT, pido que antes lo lean y lo estudien; así se darán cuenta de que lo que piden no existe, que es inaplicable hasta ahora. Incluso más, no hay ningún gobierno que lo haya implementado todavía.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , sin perjuicio de valorar la interpretación del diputado señor Gonzalo Arenas , reitero la situación. Por eso, solicito a la Mesa y al Secretario de la Corporación que certifiquen en qué lugar del informe del Senado está consignada esta materia.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al diputado señor Arenas que hemos leído y estudiado el Convenio Nº 169, que a él no le gustaba ni quería que se implementara; nosotros, en cambio, lo impulsamos y lo respaldamos.
Repito mi petición de una constancia reglamentaria. Al señor Presidente y al Secretario de la Cámara , sentado a su derecha, les corresponde indicar dónde y de qué manera el Senado ha dado cuenta de esta situación. Estamos hablando de una obligación de la Mesa, no de algo que pueda quedar a su arbitrio o de una prerrogativa de quien preside; tiene que indicarlo.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , el informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, desde la página 3 en adelante, aborda el tema que señala su señoría. Incluso más, menciona la asistencia de representantes de comunidades Lafkenches y de otras. Reitero, se abordó ese tema. Su seño-ría puede tener una posición sobre la forma como se trató, pero lo que corresponde ahora es que haga uso de la palabra.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Perdón, señor diputado , pero su señoría ha hecho uso de la palabra en reiteradas oportunidades por la vía del Reglamento.
Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti .
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , como el diputado señor De Urresti me ha cedido una interrupción, su señoría está obligado a concederme el uso de la palabra.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , lo que se le consultó a su señoría no es si el tema se discutió o no -es evidente que se debatió en Comisiones y en la Sala-, sino si en alguna parte se certifica o se acredita que se da cumplimiento al Convenio Nº 169. Su señoría señaló que sí, pero eso no es efectivo. Por lo tanto, lo que respondió, no dice relación con la consulta.
En parte, el diputado señor Arenas tiene razón: la obligación es de los ejecutivos, de los gobiernos. Al respecto, lo que le preguntamos a su señoría es cómo esta Corporación puede acreditar que el Gobierno dio cumplimiento al Convenio Nº 169.
Existe un procedimiento -está reglado de una manera que no satisface a los pueblos originarios, tampoco a nosotros- establecido en el decreto Nº 124. Por lo tanto, se cumple con una exigencia formal del Convenio Nº 169.
El diputado señor Gonzalo Arenas sabe perfectamente bien que, aun sin reglamentación interna, se puede aplicar directamente el texto del Convenio. Así lo han señalado la OIT y el relator de los pueblos indígenas.
En consecuencia, no hay ninguna excusa para eludir la obligación que señala el artículo 6º del Convenio Nº 169.
Por eso, pedimos a esta Corporación que señale si se encuentra certificado el cumplimiento de esa norma. Señor Presidente , si no es así, basta que nos lo diga, pero no siga respondiendo cosas que no le hemos preguntado o, peor aún, como lo hizo anteriormente, respondiendo cosas que no son efectivas.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, a mayor abundamiento -es importante que quede consignado-, el Convenio Nº 169 tiene la naturaleza de tratado internacional.
A propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país, no sería correcto no hacer una referencia a él, de la misma manera como no habría sido prudente no señalar el Tratado de 1952 en relación con una situación que hoy nos preocupa a nivel internacional.
Pido una vez más que el señor Secretario nos indique textualmente dónde está consignado lo relativo al Convenio N° 169 de la OIT. Las omisiones en materia de tratados le han costado a nuestro país litigios internacionales, materia respecto de la cual no es necesario ahondar en comentarios.
Seño Presidente , solicito que cumpla con su función y que el señor Secretario dé lectura al texto respectivo, para salvar cualquier interpretación de la norma respecto de la cual pedimos aclaración.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- En la página 3 del informe de la Comisión de Inte-reses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, se expresa lo siguiente: “Asimismo, asistieron invitados por la Comisión: De la Comunidad Identidad Lafkenche, el representante, señor Adolfo Millabur; los dirigentes señores Miguel Cheuqueman y Rolando Huenchunao. De la Asociación de Profesionales Indígenas y Coordinadora del Encuentro de Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Auto Convocados, la Presidenta , señora Sandra Huentemilla. Del Comité de Defensa del Patrimonio Pesquero y miembro de las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Auto Convocados, los representantes señores Boris Hualme y Juan Valeria Quilapán”.
“En la visita efectuada a las regiones, la Comisión escuchó a las siguientes personas, en representación de las entidades que se indican:
En la ciudad de Punta Arenas: señor Oscar Muñoz Vera, miembro del Consejo Zonal de Pesca de la Duodécima Región de Magallanes y Antártica Chilena; señor Víctor Aguilar, … señor Humberto Camelio Contreras”, etcétera.
Se trata de seis páginas, en las cuales aparecen los nombres de muchos representantes de los pescadores de los pueblos originarios.
Más adelante, el informe señala: “El 26 de septiembre del 2012, la Comisión efectúa una primera reunión en caleta Mehuín, comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, a la que asistieron … el señor Luis Llanquiman, Presidente de la Asociación de Comunidades de Mehuín (Rehue-Lafken, Villa Nahuel, Lenfumapu, Huinculmapu, Piutril, Puringue, Nogal, Puringue Pobre y Mehuín Alto); el señor Boris Hualme, representante pueblos originarios, sector Mehuín Alto; el señor Jaime Nahuelpan, representante de pueblos originarios, sector Rehue-Lafken; el señor Gino Bavestrello, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral , …”. Y, así, una serie de personas invitadas.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Queda claro, entonces que al menos en la Comisión de Pesca del Senado, el tema planteado fue abordado in extenso. Una cosa distinta es que la exigencia de certificación sea una facultad que se pueda ejercer en las distintas instancias de la tramitación del proyecto. Fue un tema bastante abordado durante la tramitación del proyecto en el Senado.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, lo que ocurre es que estamos legislando sobre una materia que tiene que ver con los pueblos indígenas.
Nuestro país suscribió el Convenio Nº 169 de la OIT, que es una ley de la República. En consecuencia, tenemos que anticiparnos y no cometer ningún error desde el punto de vista legislativo.
La Mesa incurre en una notaria equivocación cuando asimila las audiencias concedidas por el Senado para escuchar a determinadas organizaciones y representantes de algunas organizaciones, con la obligación del artículo 6º del Convenio Nº 169, de la OIT, que establece expresamente lo siguiente: “Los gobiernos deberán consultar” -el Gobierno es el Ejecutivo y la norma es imperativa- “a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”. Entonces, desde el punto de vista de nuestras obligaciones con la OIT, está claro que la consulta debe ser previa. No tiene ningún sentido consultar a los pueblos originarios después de haber aprobado la ley. Además, como lo establece el Convenio 169 de dicha organización, debe ser de buena fe. No se trata de cumplir con un simple trámite administrativo o de consultar a algunos amigos para saber lo que opinan. Entonces, como el procedimiento de consulta debe ser ejecutado por el Ejecutivo , debe quedar establecido en una norma. Hace dos años, el Presidente de Estados Unidos dictó un decreto que estableció las normas mediante las cuales debía regirse la consulta; sin embargo, nuestro país no ha cumplido con esa obligación.
En consecuencia, estamos frente a un procedimiento legislativo que, desde mi perspectiva, está viciado o eventualmente puede ser susceptible de una modificación por parte del Tribunal Constitucional. Esa es la razón por la cual estamos poniendo énfasis en el tema. Por eso, nos gustaría que se aclarara lo que ha ocurrido particularmente con el punto referido al Convenio 169, de la OIT.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , el diputado Saffirio tiene razón cuando señala que la OIT ha dicho que las audiencias parlamentarias no cumplen con los requisitos de la consulta. Eso es verdad. O sea, citando a alguien a una Comisión, no se dan todos los requisitos del artículo 6°. El tema es que como la actual regulación del funcionamiento de la Cámara no contempla ningún procedimiento que permita cumplir con el Convenio 169, es imposible que esta Corporación resuelva cómo se va a dar curso a la obligación de dicho Convenio.
Por lo tanto, lo que corresponde es una objeción de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional verá si es un trámite que se ha saltado y, en consecuencia, se produce un vicio en su tramitación. Esta Cámara no tiene ninguna atribución ni capacidad para hacer cumplir lo establecido en dicho Convenio, que claramente hoy no se cumple con la técnica de las comisiones legislativas.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero aclarar que la obligación le corresponde al Gobierno, es decir, al Ejecutivo y no al Congreso Nacional.
Por eso, por intermedio de su señoría, deseo reiterar al señor Secretario de la Corporación que certifique por escrito el cumplimiento constitucional respecto de la consulta de los pueblos originarios, porque no sólo debe ser previa y de buena fe, sino que tiene carácter imperativo. Entiendo que debemos discutir el proyecto que nos convoca y que cada uno expresará legítimamente sus opiniones, pero aquí estamos ante el Convenio 169 de la OIT, que tiene carácter de tratado. Sobre esa base, se trata de una ley interna que obliga al Estado de Chile.
Por eso, previo a hacer mi intervención de fondo, pido formalmente a su señoría que el Secretario de la Cámara certifique por escrito el cumplimiento de este proyecto respecto del procedimiento de consulta del Convenio 169, en cuanto a que se ha ajustado a lo establecido por esa norma. Eso es importante para salvar cualquiera responsabilidad constitucional y, además, la presentación que legítimamente haremos ante el Tribunal Constitucional.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , nadie lo puede certificar. Ese es el punto. No corresponde la certificación por parte de la Secretaría y usted lo sabe. Por lo tanto, no le corresponde a la Mesa ni a la Secretaría certificar lo que usted está solicitando.
Los diputados que han manifestado discrepancias respecto del tratamiento de ese tema durante la tramitación del proyecto están en todo su derecho a hacer presente al Tribunal Constitucional la reserva de constitucionalidad que corresponde o la discrepancia que usted ha señalado.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , solicito que indique la norma que está invocando. Ya que usted está presidiendo la sesión en este momento, entiendo que está calificando la constitucionalidad de la norma. ¿Quedamos claro en eso, para dejar constancia de ello en la historia fidedigna de la ley? ¿Usted está calificando como constitucional la norma que se somete a discusión?
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Señor diputado, no he calificado nada. Sólo le di una respuesta. Le ruego que haga uso de la palabra.
El señor DE URRESTI.- Le estoy preguntando si usted la califica de ese modo. Eso le corresponde como Presidente. Es la Mesa y su Presidente quienes deben calificar la constitucionalidad o no de un proyecto ingresado a la Cámara de Diputados. Eso sí que le corresponde. No le busque el cuesco a la breva.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Diputado De Urresti, eso se hizo cuando se dio cuenta del proyecto.
El señor DE URRESTI.- Entonces, usted lo declara constitucional. Me gustaría que así quedara consignado para la historia fidedigna de la ley.
Ya que entendemos que usted, como Presidente de la Cámara, ha declarado constitucional esa norma que tiene el carácter de tratado, ojalá no seamos requeridos internacionalmente por incumplir un tratado de esta naturaleza.
Como bancada del Partido Socialista señalo que en su momento votamos, mayoritariamente, en contra de la idea de legislar el proyecto. Creemos que se trata de una iniciativa que no se ha discutido lo suficiente. Su artículo 1° no consagra los principios básicos para identificar el carácter y la naturaleza jurídica de los recursos hidrobiológicos. Lo que estamos haciendo es hipotecar el desarrollo de los recursos marinos por largas décadas.
Es importante que quienes siguen esta discusión sepan que el proyecto original no establecía ninguna norma ni hacía ninguna referencia al Estado en relación con el carácter y propiedad de los recursos hidrobiológicos. Simplemente, buscaba establecer una norma de derecho histórico para asignar y mantener licencias y cuotas a siete familias. Lo paradójico es que se reconoce la existencia de derechos históricos sobre la pesca a un número limitado de empresas y con ese
mismo criterio y razonamiento no se reconoce el derecho histórico de los pueblos originarios. Es contradictorio que a los pueblos originarios, asentados desde hace bastante más tiempo en los territorios relacionados con el proyecto, especialmente en el mundo lafkenche, y para los que la pesca tiene carácter ancestral, no se les reconozcan sus derechos históricos, pero sí a siete familias.
Repito, mediante un proyecto patrocinado por el Ejecutivo , se solicitaban licencias perpetuas para que esas familias siguieran ejerciendo derechos de pesca sobre nuestro mar. Sin embargo, luego de muchas presiones -en ese sentido, quiero valorar el aporte del mundo científico y académico, de las organizaciones sociales y de los pescadores, que han estado bregando durante meses-, se ha abierto la discusión. Las licencias se han limitado a veinte años, renovables por otros veinte más. Con todo, me pregunto cuántos de los presentes estaremos vivos en cuarenta años más. Seguramente, muy pocos. En cuarenta años de explotación difícilmente vamos a disponer de esos recursos.
Los artículos fundamentales del proyecto pretenden entregar para siempre, de manera perpetua, los recursos pesqueros a las grandes empresas industriales incumbentes, bajo el subterfugio de otorgar licencias temporales por veinte años y con renovación automática. ¿Alguien cree que no se va a renovar la licencia a alguna de esas empresas? ¿Por qué debemos limitarlas simplemente a esas siete empresas? ¿Cuáles son los poderosos intereses detrás de ellas para mantenerlas?
Entiendo y valoro la lucha que hacen los trabajadores de tales empresas. El Partido Socialista va a estar siempre al lado de los trabajadores, pero entendamos que esas empresas no tienen por qué escudarse detrás de estos cuando son ellas las que ganan grandes cantidades de dinero y no siempre lo comparten con sus trabajadores. Si los trabajadores han conseguido mejoras ha sido gracias a su organización sindical, a la lucha que han dado. No tenemos por qué asegurar en este Parlamento el acceso perpetuo a los recursos hidrobiológicos a empresarios que hoy no solo no dan la cara, sino que mandan a sus lobbistas al Parlamento para mantener su negocio por 20 o 40 años más. Eso no corresponde.
¿Plataforma social? ¡Absolutamente! ¿Protección a los trabajadores? Sí, pero principalmente protección a los pescadores artesanales, que son los que van a ver afectados sus derechos. Son ellos quienes van a ver limitada la posibilidad de sus capturas; son ellos los arrinconados; son ellos los que se ganan la vida en los territorios relacionados con el proyecto. En eso no nos equivoquemos respecto de dónde tenemos que poner el acento.
Sustentabilidad del recurso; mayor protección y más competencia; protección a los pueblos originarios; defensa del mar para los chilenos y no para siete familias que a lo largo de muchos años han ejercido sus derechos de manera ilimitada, depredatoria y sin control. Hoy nos solicitan que a esas grandes empresas, asentadas territorialmente en distintas partes del país, les otorguemos una licencia por veinte años, con posibilidad de renovación automática e indefinida. ¡Disculpen, pero no podemos estar disponibles para eso!
Dentro de veinte o cuarenta años quiero caminar tranquilo por mi país sabiendo que votamos a favor de las grandes mayorías de la nación, en defensa de los recursos de todos los chilenos, no de mejorar a perpetuidad el negocio de siete empresas. Tarde o temprano, si el recurso se acaba, los únicos que van a perder son los pescadores artesanales y los propios trabajadores. No quiero que eso ocurra. Por eso, votaremos en contra los artículos que apunten en esa dirección.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en el tema pesquero hemos planteado, no solamente en esta oportunidad, sino que en varias ocasiones, el carácter diverso de la pesca a nivel país. En efecto, la pesca que se practica en el norte no tiene nada que ver con la que se ejerce en el extremo sur del país. Las realidades regionales son extraordinariamente distintas, disímiles, lo que habla de que Chile -repito- es un país diverso.
En el norte, las áreas desérticas y la falta de agua es una constante; en el sur, no sólo la vegetación es abundante, sino que también las aguas. Por lo tanto, los elementos que confluyen para determinar el tipo de pesquería son distintos.
En mi región, Atacama , durante los últimos años, la pesquería del jurel ha sido importante, y el mundo artesanal y el mundo industrial se han puesto de acuerdo. En la actualidad, en la Región de Atacama hay consenso sobre la pesca artesanal, que incluye a pequeños pesqueros artesanales y a quienes se dedican a otras labores extractivas, como los algueros o los buzos mariscadores y algunos de sus productos. Por eso, me parece muy relevante que sobre la pesca artesanal haya una mirada regional diferente.
Me llama la atención que algunos elementos analizados por el Senado se apliquen a algunas zonas del país y no a otras. Me quiero referir, por ejemplo, a la letra c) del numeral 3) del artículo 1° -desde ya pido que se vote en forma separada-, que considera una cuota de reserva para consumo humano de las empresas de menor tamaño.
Señor Presidente , las empresas de menor tamaño, por ejemplo, de las Regiones del Biobío y de La Araucanía son distintas de las empresas de menor tamaño que se encuentran en mi región. Por lo tanto, entregar esa opción de reserva a empresas de menor tamaño con nombre y apellido es una condición que a mis pescadores artesanales, a la gente de mi región, le perturba. Hoy, los pescadores artesanales extraen una cuota importante para el consumo humano regional y desarrollan su actividad pesquera con la cuota que les provee la ley. Por lo tanto, afectar la cuota de los pescadores artesanales para entregársela a empresas de menor tamaño, que en la Región de Atacama hoy no desarrollan su actividad, irá en desmedro de los primeros. Me parece poco razonable que esto sea así y considero que la materia debería ser analizada región por región, a través de acuerdos zonales, donde sean los representantes de la pesca artesanal quienes determinen qué porcentaje le entregan a las empresas de menor tamaño.
Por ello -repito- solicito votación separada a la letra c) del numeral 3) del artículo 1°, introducida por el Senado.
Por otro lado, el senado sustituyó el artículo 48 A por otro de igual denominación, a través del cual faculta al subsecretario del ramo a redistribuir el 50 por ciento de los saldos no capturados al término de cada período, asignando dichos saldos a otra región o unidad de pesquería que se encuentre comprendida en la respectiva cuota global de captura. Se trata de una norma racional. Dado que los peces migran, el artículo permite distribuir la pesca de acuerdo con las distintas realidades regionales. Estamos absolutamente de acuerdo con ese artículo y, a mi juicio, el planteamiento hecho por el Senado contiene una mirada regionalista.
Por su parte, el artículo 48 B entrega la posibilidad de redistribuir recursos entre las regiones, de acuerdo con la pesquería. Con todo, el artículo décimo noveno transitorio regula en forma especial la primera milla en el caso de la Región del Biobío, lo cual me parece prudente y razonable. Ese artículo señala que por el plazo de cinco años, a contar de la entrada en vigencia de la ley, en el caso de la Octava Región, la primera milla contemplada en el artículo 47 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura quedará abierta a la operación de las naves de una eslora igual o superior a 12 metros y, con el acuerdo del Comité de Manejo, se cerrará en todas aquellas áreas en que se afecte la operación de la flota de inferior eslora.
Pido que se vote separadamente ese artículo, a fin de que en la Comisión mixta se incorpore, también, a la Región de Atacama.
La racionalidad planteada en relación con la pesca de la Octava Región resulta prudente y positiva. Así lo piensan los pescadores de mi región; sin embargo, ellos me consultaron por qué no pueden acceder a las prerrogativas establecidas en el señalado artículo transitorio, toda vez que presentan las mismas dificultades en algunas áreas y en consideración a las particularidades de la costa de Atacama. Como se sabe, esta es distinta a la del resto del país, ya que a pocos metros de la costa caen profundamente los niveles oceanográficos, por lo que puede apreciarse una distancia considerable entre la superficie y el fondo marino. Por lo tanto, en esa zona, la pesca de arrastre no llega a tocar el fondo y no se autoriza la operación de actividades pesqueras que afecten a este.
Por otro lado, me parece prudente plantear un tema que para la región que represento resulta fundamental: me refiero a la creación de una nueva zona pesquera. En la actualidad, compartimos la zona pesquera con la Cuarta Región y tenemos visiones distintas respecto del trabajo industrial y artesanal. Por otro lado, la forma en que los pescadores de las regiones de Atacama y de Coquimbo trabajan en las cinco primeras millas es diferente. Por ello, hemos planteado la incorporación de una zona especial de pesca para Atacama, a fin de que pueda diferenciarse desde el punto de vista regional.
Señor Presidente, en general, compartimos la postura de que la pesca y, particularmente, los pescados, no son propiedad de las personas, sino del Estado de Chile. Por lo tanto, la concesión que entrega el Estado a los distintos actores debe ser cuidada, principalmente para mantener los recursos hidrobiológicos.
Termino mi intervención con un tema que es muy importante para la región de Atacama.
Creemos que en la zona es necesario respetar que las cinco primeras millas sean para los pescadores artesanales y la primera milla para los pescadores más pequeños, siempre que haya acuerdos regionales que incorporen el trabajo de las naves mayores. A final de cuentas, las regiones son distintas, la actividad pesquera en cada una de ellas es diferente y cada región tiene su particularidad. En ese plano, los pescadores artesanales de la Región de Atacama han trabajado en forma muy eficiente para conservar el recurso pesquero y mantener la fuente de ingresos de sus familias. Por ello, es absolutamente necesario que se respete la historia pesquera artesanal de la región y el trabajo que han venido desarrollando los distintos actores de la pesca: me refiero a armadores, tripulantes, pescadores artesanales de embarcaciones pequeñas, buzos mariscadores y recolectores de orilla. La pesca es una actividad muy localizada y territorial, por lo que requiere de una visión local para actuar desde el punto de vista legal.
Señor Presidente , pido que consigne la votación separada que he solicitado respecto de los artículos que he señalado, con el objeto de apoyar el planteamiento de los pescadores de Atacama en relación con este proyecto de ley de pesca.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente , el proyecto en debate comenzó a estudiarse en octubre del año pasado. En la Comisión de Pesca -puedo afirmarlo-, recibimos a representantes de instituciones, industrias y a artesanos, quienes vinieron a contarnos sus experiencias, de manera de que tomáramos en consideración sus demandas y legislar de la mejor forma. Claramente, no ha sido fácil dar en el gusto a todos; no ha sido fácil legislar, porque Chile es demasiado largo y la diferencia que tenemos en las costas dificulta, muchas veces, ponerse de acuerdo.
En el norte tenemos muy claro los acuerdos tomados por los industriales, los semindustriales y los artesanales; por consiguiente, se nos ha hecho más o menos fácil tomar algunas decisiones respecto de las votaciones. Sin embargo, sabemos que desde la Cuarta Región hacia el sur, en particular en la Séptima, Octava y Novena Regiones, las cosas se complican. El proyecto que discutimos, producto de largas horas de debate, no tiene por finalidad sino dar solución a los problemas y necesidades que engloba al sector pesquero del país.
Señor Presidente , el Senado ha incorporado un artículo 1 A, nuevo, referido a la soberanía, derechos y regulaciones del Estado en esta materia, aportando, de esta manera, una visión y un eje claros al proyecto. Dichas materias podrían haber sido mejor reguladas. Con esto quiero decir que podría haberse establecido expresamente la pertenencia del mar y sus recursos a todos los chilenos y chilenas. El mar y los recursos marinos, que hoy intentamos proteger pertenecen -insisto- a todos los chilenos, y es a ellos a quienes también debemos proteger.
En cuanto a la protección de los trabajadores y el establecimiento de una plataforma social, este diputado estima -quiero ser enfático en ello- que es la parte más débil del proyecto. Creemos que quienes han estado veinte o treinta años sobre un barco en altamar, entregando sus pulmones y haciendo ricos a los patrones de grandes empresas, hoy no se les otorgan beneficios suficientes de apoyo. Ellos, en algún momento, deben bajarse del barco y jubilar. Esta plataforma social ni siquiera cuenta con financiamiento. Por tal razón, se debe crear un fondo solidario para que los trabajadores pesqueros cuenten con una plataforma social que considere capacitaciones y cursos que propendan al desarrollo de estos, de manera de obtener una verdadera reconversión laboral, ya sea durante la vida laboral o luego de que los trabajadores jubilen. En tal sentido, lo establecido en el artículo 173 no es suficiente.
Tampoco comparto que el proyecto no haya regulado a los pueblos originarios. Se hace alusión a que estos se encuentran regulados por otra norma, pero ello no basta. Es indispensable reconocer y plasmar en esta iniciativa los derechos de los pueblos originarios sobre los recursos hidrobiológicos de los espacios costeros marinos que les pertenecen por tradición. En mi región de Arica y Parinacota, hace ocho mil años, existía la cultura Chinchorro, y, hasta hoy, en esa región hay gente que pesca con la misma práctica de los chinchorreros.
Por lo tanto, en ese sentido, debemos cumplir la obligación que el país contrajo al adherir al Convenio N° 169, de la OIT, esto es oír y consultar a nuestros pueblos originarios.
En materia de veda, debería haber un pronunciamiento en cuanto al problema que existe con las pesqueras peruanas en la frontera marítima con ese país. Cuando nuestro país dispone una veda desde el hito 0 hacia el sur, hasta caleta Camarones, Perú no la impone desde el mencionado hito 0, sino a 120 millas náuticas hacia el norte. Por lo tanto, quedan 120 millas libres para que las pesqueras peruanas pesquen todo lo que se devuelve desde Chile hacia Perú. El proyecto no se refiere a ese punto. Necesitamos un sector, por lo menos hasta caleta Camarones, liberado de veda, a fin de competir con las embarcaciones peruanas, ya que en estos momentos ellas capturan todos los recursos existentes, por cuanto éste se moviliza.
En cuanto a las Pymes que extraen para el consumo humano, vemos un gran avance, una gran conquista, ya que a través de este proyecto se les asegura un porcentaje de la cuota global, la cual antes no poseían.
Si bien el proyecto ha motivado una larga discusión -para los integrantes de la Comisión técnica ha significado un largo trabajo-, quisiéramos que la iniciativa tuviera el encanto de satisfacer las necesidades tanto de los trabajadores industriales como artesanales.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , quiero recordar que este proyecto de ley ingresó a la Oficina de Partes de la Cámara el 14 de diciembre del 2011. En cuatro días más se cumplirá un año.
Primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados: 600 indicaciones; segundo trámite constitucional en el Senado: 1.000 indicaciones. Aquí tengo el texto comparado del primer trámite constitucional y del segundo trámite constitucional. Hay modificaciones profundas del Senado.
Para mi Región del Biobío están en juego 10 mil empleos, amén de la posibilidad real y efectiva de establecer una plataforma social justa. Por eso, el Gobierno debe acceder a negociar y, según he sabido, lo está haciendo, lo que me alegra muchísimo.
Uno de los primeros proyectos que examinó este Congreso en 1990 -en este momento se encuentran presentes en la Sala dos diputados que fueron elegidos en 1990: Jorge Ulloa y quien habla- fue el que prorrogaba la ley de Pesca. Su aprobación fue absolutamente transversal, porque estaban en juego miles y miles de empleos. Lo terrible era que firmas extranjeras -tal como ocurre hoy con ciertas compañías que desean participar en licitaciones- querían venir a tomar el control de la explotación de nuestra pesquería. Varios tuvimos la valentía de decir que íbamos a defender todo lo que era chileno. Después, hubo otra modificación.
No tengo complejo para decir las cosas. Por eso digo que defenderé hasta el final los empleos. Hace seis semanas hubo una asamblea en el estadio La Tortuga de Talcahuano, a la que asistieron más de 3 mil trabajadores y trabajadoras de todas las organizaciones sociales: Festrach, integrada por los sindicatos de trabajadores de las empresas Orizón y Congelados Pacífico; por el Sindicato N° 1 El Golfo Blumar; por el Sindicato N° 1 Grimar, y por el Sindicato de Trabajadores N° 2 Food Corp; Fetrapec, integrada por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Pesquera Grimar; por el Sindicato de Trabajadores Geomar; el Sindicato Alimex; el Sindicato Tubul, y el Sindicato Camanchaca y Tamarugal, además de Fesipa, Agopesi, la Federación Nacional de Sindicatos Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile, los consejeros nacionales de Pesca, y muchos más. ¿Qué me plantearon? Lo tengo aquí, por escrito: ellos no están haciendo una defensa especial, sino que están defendiendo a los trabajadores con contratos indefinidos y con contrato a plazo fijo. No se trata de quién es más popular o más importante, o de quien figura más en los medios de comunicación.
Defenderé este punto hasta las últimas consecuencias por una razón muy simple: las plantas industriales se ubican en Talcahuano, en Tomé y Coronel, y la mitad de sus trabajadores vive en mi distrito: Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz. Son familias que pueden proyectarse en el tiempo y desarrollarse porque tienen empleo.
Nadie ha destacado los avances que hubo en el Senado. En primer lugar, se incorporó el artículo que establece que el Estado de Chile tendrá soberanía sobre los recursos del mar. Un artículo similar no fue aprobado en esta Cámara. En segundo lugar, nada se ha dicho sobre el nuevo proceso de toma de decisiones dentro de la institucionalidad pesquera para avanzar hacia una mayor sustentabilidad del recurso pesquero. Para ese efecto, se crean los comités científicos, cuya participación estará concentrada en la conservación de los recursos marinos, en la determinación de rangos de cuota y en los puntos biológicos de referencia. Otra cosa muy importante es que los científicos que provengan de institutos o centros científicos que dependan de empresas pesqueras industriales o artesanales podrán participar en los comités solo como invitados, no pudiendo votar ni decidir, como es natural.
Se traspasa el presupuesto del Instituto de Fomento Pesquero desde la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Economía. Hay una mejoría del presupuesto no sólo a través de convenios específicos, sino también a través de presupuestos base para investigación estratégica. Además, se establece un sistema de evaluación externa de calidad de la investigación que realiza el Instituto de Fomento Pesquero. Fiscalización; certificación de embarque; aumento del presupuesto del Sernapesca para traspasar personal de honorarios a contrata; creación de nuevos cargos directivos; creación de cargos profesionales. Se otorgan facultades para regulación de artes y aparejos de pesca, con el objeto de aumentar su selectividad. Además, se deja el 55 por ciento de la licitación para la pesca artesanal.
Por otro lado, se mejora la participación de los pescadores artesanales en los comités de manejo por pesquería; se ampliaron las cinco millas de uso exclusivo para la pesca artesanal hasta la Isla Grande de Chiloé; se entregan facultades para regular y alternar el uso de caladeros históricos, toda vez que es bastante preocupante que se compartan con la pesca industrial; se eximen del pago de patentes las concesiones de acuicultura de alga; se entrega una cuota global para la cuota de carnada; se bonifica el repoblamiento de algas; se dará 6 meses de plazo para que ingrese el proyecto que crea el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal; se establecen planes de recuperación para pesquerías colapsadas; se otorga a los pescadores artesanales acceso a la cuota de bacalao al sur del paralelo 47°, llegando a 30 por ciento en seis años. Es decir, ¡Ave María que ha mejorado el proyecto!
Por otra parte, se otorgan licencias a la pesca industrial. En esta Cámara se aprobaron licencias indefinidas, divisibles y transferibles, con causales de caducidad. En el Senado, se aprobaron licencias por 20 años, divisibles y transferibles, con causales de caducidad más estrictas. Estas se podrán renovar siempre que no se incurra en un conjunto de hechos. Los requisitos se endurecieron bastante, a fin de que la renovación no apareciera como simple trámite.
Ahora bien, ¿qué me preocupa? ¿Por qué no crear una plataforma social para los trabajadores de la industria pesquera? ¿Acaso ellos no son tan trabajadores como los pescadores artesanales? Recibí por escrito las propuestas de los dirigentes de los gremios de la Región del Biobío. Ellos proponen incorporar algunas modificaciones al artículo 173. Por ejemplo, en la letra c), a continuación de la frase “a la pesca artesanal” incorporar la siguiente: “y de los trabajadores de la industria pesquera”. Otra, a la letra d), para reemplazar entre la frase “Ambos programas tendrán una vigencia de” y “a contar de la entrada en vigencia de esta ley” la expresión “3 años” por “5 años”.
Otra propuesta es para agregar, en el artículo 173, una letra g), nueva, que señale que durante la vigencia de esta ley se implementará un programa extraordinario, denominado puente de jubilación, para el personal embarcado de la flota industrial acreditado ante la autoridad marítima, el cual beneficiará a quienes hayan perdido su trabajo a partir de enero de 2010.
Son tan honestos nuestros trabajadores que reconocen dos requisitos para impetrar ese beneficio: haber cumplido 50 años de edad y desempeñarse a lo menos durante 15 años en la actividad pesquera. ¿Por qué no? ¿Por qué discriminar a los trabajadores de los barcos pesqueros? El tema es preocupante y la propuesta que nos ofrecen constituye la solución.
No tengo complejos. Aprobaré el tema relativo a las licitaciones, porque va en defensa del empleo de 10 mil personas; pero, también le pido al Gobierno, dado que el proyecto se votará mañana, que tenga la capacidad de ingresar una indicación que mejore la plataforma social.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente , saludo a los dirigentes que nos acompañan esta tarde en las tribunas, tanto del sector industrial como artesanal.
Me voy a referir a la modificación del Senado que incide en el artículo 26 A), que entrega licencias transables de pesca por 20 años renovables. Me parece que, finalmente, serán 40 años. Establecer un período de 20 años prorrogable por otros tantos nos parece excesivo. La teoría del tejo pasado con la que el gobierno inició el trámite, con cuotas indefinidas, hace que, aparentemente, 20 años sea un avance, pero no lo es.
Para bien o para mal esta puede ser la última ley de pesca. En 40 años el sector se recupera o colapsa definitivamente. Creíamos que 10 años, renovables -así lo propusimos- era un plazo suficiente para amortizar inversiones y evaluar el funcionamiento del sistema. Por ello, lo aprobado en el Senado resulta tremendamente negativo.
Quiero señalar mi discrepancia con el artículo 27, sobre licitaciones, por lo que votaré en contra de lo aprobado por el Senado. No me parece un mecanismo razonable, menos aún a todo evento, como está planteado.
La administración sobre la base de cuotas individuales sólo la comparto en períodos cortos, que se fundan en que los actores cumplen sus límites establecidos para beneficiarse del mejoramiento de las pesquerías. Si ello se reparte entre nuevos operadores, se genera un incentivo contrario.
Vinculada con esta disposición se encuentra el artículo tercero transitorio, que establece la licitación a todo evento, incluidas las pesquerías colapsadas. En esas pesquerías el objetivo principal debe ser recuperar y no discutir el ingreso teórico de nuevos actores. Sin embargo, si se resuelve licitar, ello debe hacerse en pesquerías sanas con el objeto de centrarse en recuperar. Al licitar se incorporarán nuevas unidades de esfuerzo, nuevos barcos, lo que resulta incoherente con el objetivo expresado por el Gobierno, esto es salvaguardar la sustentabilidad de los recursos.
Los artículos 43, 43 bis y 43 ter, sobre patentes e impuesto específico, plantean un punto complejo. El nivel de patentes y permisos sigue siendo bajo. Se ha establecido una fórmula, que no comparto, que posterga el incremento de los montos que percibe el Estado hasta la recuperación de las pesquerías. Ello no es razonable. Este es un sector que cuenta con utilidades suficientes para hacer un aporte mayor. Por esa razón, hemos propuesto votar en contra de lo aprobado por el Senado.
El artículo 3°, letra c), establece otro punto de discrepancia: me refiero a la reserva del 1 por ciento de la cuota global como cuota Pyme. Se trata de una medida que apunta hacia un objetivo que me parece va en el sentido correcto: el consumo humano y la ayuda al empleo. Sin embargo, si se analiza en general, me asaltan algunas aprensiones, porque altera los términos de negociación e intercambio entre los compradores y la pesca artesanal. Disminuir los precios que la pesca artesanal conseguirá, a la larga, deprimirá el mercado.
El artículo 173 establece la llamada plataforma social para los trabajadores de la industria. Resulta totalmente insuficiente lo que el Senado trabajó, en acuerdo con el Gobierno, en relación con esta materia. Se trata de un grupo de trabajadores que merece apoyo para superar la situación de cesantía, ocurrida en 2010 por las fusiones, o a fin de mejorar su calificación laboral. La plataforma social debe tener una magnitud suficiente para asegurar los recursos en pos de ese objetivo. Esperamos que ello se concrete en la Comisión Mixta. Por lo tanto, solicito a los colegas rechazar el artículo para profundizar sus beneficios.
Además, solicito rechazar el artículo décimo sexto transitorio, que pasa a ser décimo séptimo, por cuanto la recaudación debe permitir el financiamiento de la investigación y la plataforma social para los trabajadores artesanales como industriales, en particular los puentes de jubilación y los subsidios a la reconversión.
Asimismo, solicito a los colegas votar en contra los artículos 26 A y 26 B. Al plantear licencias por 20 años renovables, estamos hablando de que las mismas tendrán una vigencia de 40 años. Por eso dije que, tal vez, esta sería la última ley de pesca. Mi petición es elevar el impuesto específico para todas las empresas, de manera pareja a nivel nacional, a fin de destinar esos recursos a la plataforma social, con el propósito de proteger a los trabajadores del sector industrial y artesanal.
Por otra parte, el Senado ha propuesto modificaciones a la distribución de las cuotas artesanales regionales, para hacerse cargo de la circunstancia de que una región tenga cuota, pero no peces, permitiendo redistribuciones, dentro de un año, del 50 por ciento del saldo, o cada tres años a quienes no logren capturar, en promedio, el 80 por ciento de la cuota en dos años. Ello me parece bastante curioso.
Se estableció, también, la cuota de carnada, para todos los que trabajan las flotas espineleras del país, pero bajo un sistema de acceso vía licitación que nosotros no compartimos.
En la misma línea de licitación, se acordó la incorporación de la flota bacaladera artesanal a los caladeros al sur del paralelo 47°, para rectificar una deuda histórica con el sector artesanal y asegurar un fraccionamiento del 30 por ciento de la cuota global de captura.
Por otro lado, propongo rechazar el artículo décimo cuarto transitorio. No nos parece adecuada la licitación que se propone. La pesquería del bacalao posee registro artesanal de acceso suspendido, por lo que no existe inconveniente en administrar con cuota global y certificación de capturas.
Respecto del cierre de la primera milla, valoro que el Senado se hiciera cargo del acuerdo con los pescadores artesanales de mi región, expresado en el artículo décimo noveno transitorio, que reserva, en lugares específicos, la primera milla a las flotas de menor tamaño, dando sostenibilidad a la operación de toda la flota.
Señor Presidente , es lamentable que no se haya logrado avanzar en la definición de un estatuto público de los recursos pesqueros, indispensable para asegurar la posibilidad de reformular las medidas de administración en función de los intereses del país.
Además de los artículos ya mencionados -26 A, sobre licencias transables de pesca; 26 B, sobre causales de caducidad; 43, 43 bis y 43 ter, sobre las patentes e impuestos específicos-, pido que se voten, separadamente, a fin de que se traten en la comisión mixta, los artículos 173, relacionado con la plataforma social; décimo séptimo transitorio; 1°, numeral 3), letra c), para eliminar la licitación de la cuota de carnada y el uno por ciento de las cuotas Pymes; 27, que establece la fórmula de licitación; tercero transitorio; 48 A, letra d), que establece la fórmula de distribución del 50 por ciento del saldo no capturado; 48 B, que establece que en caso que una región capture menos del 80 por ciento de la cuota de captura artesanal que le corresponde, durante los dos años de mayor porcentaje de cumplimiento de la cuota en el período de los tres años anteriores al año de fijación de la cuota, el porcentaje que resulte de la resta del 80 por ciento y el porcentaje promedio capturado, será distribuido entre las regiones que tengan desembarque promedios por sobre el 80 por ciento a prorrata, considerando los porcentajes regionales de participación del año anterior; 50, que regula el acceso a la región contigua, en el que se eliminó la llamada segunda instancia del Consejo Zonal en caso de desacuerdo entre los pescadores; además, existe un vacío respecto del hecho de que es la Subsecretaría de Pesca la que debe elaborar un informe técnico y validar a los representantes de cada región, a fin de contribuir a los acuerdos entre los pescadores de las regiones contiguas; 156 bis, que eliminó la exclusividad del IFOP para realizar los estudios base de las pesquerías, acuerdo esencial para asegurar la independencia y autonomía de la investigación y que no se condice con el financiamiento que se está entregando en la Ley de Presupuestos para el próximo año. Además, se plantea la externalización de cada una de esas funciones, lo mismo que ocurre con Sernapesca.
En consecuencia, solicito votación separada para todos esos artículos. Además, quiero insistir en el aumento del impuesto específico, a fin de que esos recursos se focalicen en la plataforma social.
Esperamos que el proyecto vaya a Comisión Mixta para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector pesquero.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señora diputada , ruego que haga llegar a la Mesa, por escrito, el listado de artículos respecto de los cuales ha pedido votación separada.
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , el diputado Hugo Gutiérrez ya explicó la posición de nuestra bancada, pero quisiera reflexionar sobre algunas materias planteadas en este debate.
Se supone que el proyecto busca resguardar la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos de nuestros mares. La verdad es que al tenor del debate, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y de la discusión sostenida hoy, uno se pregunta si serán los grandes industriales, en tanto empresarios que obtienen la máxima utilidad con el mínimo costo, a quienes les cabe la responsabilidad de resguardar la sustentabilidad.
De no resguardarse esta, ¿qué intereses se afectan? ¿Quiénes son los perjudicados? Entiendo -y quiero mirarlo desde esa perspectiva- que una cosa es resguardar el empleo, su estabilidad y luego los buenos salarios -ojalá fueran parte de una sola unidad-, y otra imaginar que se resguardan solos, siempre y cuando la actividad de explotación de los recursos del mar estén sometidos a una política de los sectores privados, que buscan, también, máxima concentración en este plano de la actividad económica.
Por eso, aparece como prescindible el tema de la protección de los derechos de los pueblos originarios; aparece como optativo aplicar el Convenio 169 de la OIT, que estipula que si los espacios, patrimonio de la cultura y de desarrollo de la actividad económica de los pueblos originarios, serán sometidos a alguna alteración, tal acción debe ser llevada a consulta, implementada por los mismos afectados, no por quienes imaginan que deberán subsidiarlos en la creencia de que los primeros no sabrán organizarla. Esto no es optativo. De ahí la existencia de la ley N° 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios.
La consulta aplicada por los lafkenches, por ejemplo, es análoga a la realizada por los pehuenches, relacionada con los tendidos de alta tensión en sus territorios. Los pueblos originarios deben ser consultados si algo va a afectar su economía o su cosmovisión. Aquí hay un vacío que afecta la aplicación de la ley, por cuanto esta existe y se reconoce una porción de la costa a favor de los pueblos originarios.
En consecuencia, haciendo hincapié en este punto, al mismo tiempo de reivindicar el derecho legítimo de los pueblos originarios vinculados a la actividad costera, que debe ser respetada rigurosamente, pregunto por qué el único camino para prever políticas sobre sustentabilidad del recurso hidrobiológico debe partir de la propiedad de un núcleo de empresarios de la pesca industrial.
Soy de los que cree que el modelo de mercado neoliberal ha colapsado y que no es capaz de dar cuenta de los desafíos de nuestras sociedades, en particular de nuestro país. En consecuencia, si desde el punto de vista del mercado privado neoliberal no es capaz de resguardar el recurso hídrico, ni el recurso energético, ni nuestros recursos naturales mineros, menos podrá proteger nuestros recursos naturales marinos. Sin afectar los intereses legítimos de los trabajadores, el Estado debiera ser más proactivo respecto de la soberanía sobre este recurso y ejercer acciones tendientes a protegerlo, por cuanto pertenece a todos los chilenos y chilenas que constituyen la sociedad de nuestro país.
Por eso, señor Presidente, vamos a votar en conciencia cada uno de los artículos del proyecto, de modo de amparar siempre los intereses que he manifestado.
Al respecto, no estamos en absoluto de acuerdo con la renovación casi indefinida de las licencias. Significa que si el empresario no es capaz de lograr la renovación automática es porque quebró en la mitad del camino, le faltó experiencia o lo afectó alguna circunstancia neuronal, pero no porque de motu proprio entre en una competencia donde de verdad haya licencias que le permitan la renovación con sentido crítico. Entregar per se los recursos sobre los cuales el Estado chileno tiene soberanía, afectando a quienes de verdad son los dueños, es decir, todos los habitantes del país, compromete nuestras riquezas en beneficio de un sector absolutamente minoritario del país, que, sin mediar prevenciones, lo explotará ilimitadamente. Anteponer esto a los intereses de los trabajadores me parece una manipulación que no tendrá lugar, porque significará estar condenados, eternamente, a que el país sobreviva solo si hay explotación del capital privado, sin ningún reglamento y ningún papel activo del Estado de Chile.
Esa es mi reflexión. Como señalé al principio de mi intervención, nuestra posición ya la expuso el diputado Hugo Gutiérrez .
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , quiero referirme, brevemente, al proyecto en discusión y señalar, con mucha claridad, las pautas principales de los diputados de la Democracia Cristiana.
Lo fundamental es que los recursos pesqueros son de todos los chilenos y no de algún grupo privilegiado que los quiera en forma indefinida. Queremos que esto quede bien claro, porque esta idea la vamos a reiterar a lo largo de la discusión del proyecto, apoyada con distintas indicaciones, a fin de que la iniciativa vaya a Comisión Mixta.
Además, estimo que entregar licencias por 20 años resulta excesivo. Nos interesa la sustentabilidad de la pesca en Chile, de manera que no se agoten los recursos. Sin embargo, lo más importante son los pescadores artesanales y los trabajadores, sean tripulantes u operarios de las diferentes empresas, muchos de los cuales podrían quedar cesantes y recibir una mísera pensión de 33 mil pesos. Creo que esta debe aumentarse en forma considerable, por lo menos a 80 mil pesos.
También consideramos como base fundamental los derechos de los pescadores artesanales, sobre todo de los miles de pescadores que, con su bote, salen casi todas las noches a pescar y traer alimento para los chilenos.
Represento un distrito que tiene una extensa franja de costa, con nueve caletas de pescadores: Quintero , Ventanas, Horcón , Maitencillo, Cachagua , Zapallar , Papudo , Pichicuy y Los Molles .
En una reunión sostenida el jueves de la semana pasada, los pescadores artesanales de la zona me manifestaron que están contentos con la forma en que estamos defendiéndolos, a fin de que tengan la exclusividad absoluta sobre la primera milla y se exija a los otros pescadores artesanales tener GPS, para controlar que nadie se meta en su zona exclusiva.
Rechazaremos los acuerdos logrados en el Senado relacionados con los artículos 26 y 27, de modo que en la Comisión Mixta se alcance mayor justicia.
Repito, para los democratacristianos lo fundamental son los chilenos que viven de la pesca, de la riqueza de nuestro territorio, pues gracias a ese trabajo pueden llevar el sustento a su casas. Por eso, resulta importante el 1 por ciento de la cuota global de captura de las especies, para licitarla entre los titulares de las plantas de proceso inscritas en el Registro que lleva el Servicio Nacional de Pesca y que califiquen como empresas de menor tamaño, para realizar actividades de transformación sobre éstas y destinarlas exclusivamente a la elaboración de productos para el consumo humano directo.
Como dije, examinaremos cada artículo del proyecto, a fin de que despachar un proyecto beneficioso para los trabajadores, que son los que engalanan nuestro país.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , soy diputado por la Región de Coquimbo, que es, prácticamente, la única zona donde alrededor del 80 por ciento de los pescadores artesanales llevaron a cabo una votación en cada una de sus caletas para pronunciarse sobre este proyecto de ley.
Ellos rechazan categóricamente la perforación a las 5 millas. La votación a que he hecho referencia nunca antes se había llevado a cabo, por lo que vengo mandatado por los pescadores y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas pesqueras y conserveras de las caletas Coquimbo, Guayacán, Peñuelas , Puerto Aldea , Tongoy , Totoralillo Norte , Los Hornos, Chungungo, Talquilla , Las Conchas, San Pedro de Los Vilos , de Puerto Manso, Punta Talca, Mantos de Hornillos, entre otras.
El pasado miércoles el Senado aprobó este proyecto, que la gran mayoría de los chilenos rechaza, porque es más de lo mismo, ya que sólo entrega privilegios a unos pocos. Se trata de una iniciativa discriminatoria, injusta y que afecta, principalmente, a los pescadores artesanales y a la pequeña y mediana industria conservera. Por lo demás, privilegia en forma vergonzosa a un grupo no superior a siete familias que hoy controlan más del 80 por ciento de la pesca industrial.
El proyecto será votado mañana en esta Cámara. Es la oportunidad para que la ley de pesca sea rechazada. Votar en contra significa dar dignidad a los pescadores de nuestro país, en particular a los de la Región de Coquimbo, desde Los Vilos hasta La Higuera , donde nuestra gente de mar ha luchado por años por que se despache una ley mejor. Sin embargo, esta iniciativa no entrega nada de lo que esperaban. Solo tendrán que conformarse con ser pescadores artesanales, puesto que el proyecto los limita al punto de que nunca podrán aspirar a ser pequeños o medianos empresarios.
Señor Presidente, respecto de la cuota de pesca del jurel, la propuesta mantiene los privilegios de unos pocos, pues otorga el 90 por ciento de la cuota global a los pescadores industriales, mientras que los pescadores artesanales deben repartirse sólo el 10 por ciento restante en todo el país.
Lo relacionado con las 5 millas suena muy bonito para los pescadores artesanales, pero estas pueden ser perforadas por las grandes empresas industriales que cuentan con barcos para llevar a cabo la explotación.
Un colega señaló que se había llegado a un acuerdo respecto de las licencias: mientras el proyecto original planteaba la entrega de licencias en forma indefinida, por obra y gracia del Senado se determinó que estas se entregarán por un plazo de 20 años, con renovación. Pero resulta que las causales para poner término al permiso son irrisorias. Es decir, los senadores pretenden “embolinar la perdiz” a miles de pescadores artesanales y privilegiar una norma claramente definida desde antes para que los industriales sean los favorecidos.
Finalmente, la pesca de arrastre es la que más daño produce a los pescadores artesanales. Votaré en contra el proyecto, ya que -como señalé- estoy mandatado por los pescadores artesanales y no por un grupo de privilegiados, no por siete familias que hoy manejan todo. En este país no pueden continuar las desigualdades.
Se pensó que con esta ley venía el gran cambio para mejorar lo que siempre se le criticó a la Concertación, pero sucede que es más de lo mismo y peor.
Por eso, señor Presidente , en representación de los pescadores de la Región de Coquimbo, votaré en contra todos aquellos artículos que atenten contra el desarrollo de la pesca artesanal y, por sobre todo, que generen privilegios a unos pocos en el país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , sin duda este proyecto tiene una trascendental importancia para el país, porque la pesquería representa una riqueza económica, social, cultural y alimentaria fundamental para nuestro desarrollo.
Sin embargo, aun cuando la iniciativa despertó enormes expectativas y tuvo reformas significativas en el Senado, el Gobierno, a mi juicio, no ha aprovechado la oportunidad histórica para hacer un cambio fundamental en el sistema de la pesquería, con el fin de brindar al país una legislación que cumpla con todos los requisitos que demanda la inmensa mayoría de los pescadores, tanto del sector industrial como artesanal.
Esta oportunidad no aprovechada se parece mucho a la que el Gobierno tampoco ha querido explotar en Educación, pues podría hacer cambios fundamentales y estructurales al régimen de propiedad y distribución de los recursos de pesca. Si se hubiese tenido el coraje de tocar, alterar y afectar los intereses económicos que controlan la casi totalidad de la riqueza pesquera en Chile, el proyecto podría haber resuelto sistemática y profundamente los problemas tanto de los pescadores artesanales como industriales que, a mi juicio, no son necesariamente antagónicos y que pueden armonizarse al dictar una legislación con voluntad política de lograrlo.
No existe voluntad política para redistribuir la riqueza pesquera, para dar verdadera sustentabilidad, proteger los recursos y recuperar lo que pertenece a todos los chilenos. La idea es no mantenerlos privatizados, como han permanecido hasta ahora, y menos privatizarlos aún más.
Al mismo tiempo, se podría haber recuperado ingresos a los que tiene derecho la Nación, al tratarse de la explotación de recursos que pertenecen a todos los chilenos.
En los primeros artículos del proyecto se hace gala del derecho de todos los chilenos a acceder al recurso pesquero, que sería propio de la soberanía nacional. Sin embargo, al dictarse los artículos más importante de la iniciativa -el 26 A y el 26 B- e incorporarse las licencias transables de pesca por 20 años, renovables casi automáticamente, el país pierde el acceso y soberanía sobre esos recursos y los vuelve a entregar a aquellos que los han controlado durante tanto tiempo de forma casi monopólica.
Los principios y orientaciones que debió haber tenido la ley no se cumplen en absoluto con este proyecto, como tampoco los principios de sustentabilidad, distribución y protección con criterio científico de las especies.
La modificación de la ley de pesca de 2001, que favoreció a los poseedores temporales de cuotas individuales mediante el régimen de administración pesquera llamada “límite máximo de captura por armador”, que quiso enfrentar la gran depredación como consecuencia de la carrera olímpica, no sólo produjo mayor depredación y desgaste del recurso y enriquecimiento con cuotas individuales desorbitadas e hiperconcentradas para algunos sectores de la industria, sino que no resolvió los problemas de fondo del sector. Sin embargo, el nuevo proyecto tampoco lo hace. Tal vez esta iniciativa es
peor que la anterior, porque entrega más vilmente los recursos al dominio de cuatro empresas industriales que controlan el 85 por ciento de las riquezas.
Si se quieren asegurar licencias de pesca indefinidas para aquellos que tienen cuotas que hasta ahora se habían establecido como temporales y se les entrega el recurso pesquero que pertenece a todos los chilenos, se perpetuará un derecho absolutamente inaceptable en tiempos modernos.
El proyecto podría haber redistribuido la riqueza pesquera, pero no lo hizo. La iniciativa es una camisa de fuerza para los pescadores artesanales, ya que no protege sus verdaderos intereses, ni tampoco los de los trabajadores industriales. Los dueños de las licencias permanentes en cualquier momento pueden fusionar estas empresas, terminar con la estabilidad laboral, generar mayor desocupación y, por lo tanto, despido de trabajadores. Por ende, no se asegura a los trabajadores industriales una plataforma social que proteja sus derechos, ni se propicia un mejoramiento en la investigación científica, ya que no se dispone de los recursos necesarios para que se realice dicha labor. Por otra parte, tampoco se respetan los derechos de los pueblos originarios.
En suma, se trata de un proyecto que genera mayor concentración de la riqueza y que no respeta el hecho fundamental de que los recursos pesqueros pertenecen a todos los chilenos. Es una iniciativa que no podemos aprobar en la forma en que viene presentada y, por lo tanto, vamos a votar en contra todas aquellas normas que atentan contra ese derecho fundamental.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señores diputados, en la sesión de mañana continuará el debate con quienes están inscritos para hacer uso de la palabra y no se encuentran presentes en la Sala.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20.52 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe sobre participación de Diputado señor Pablo Lorenzini en su calidad de Co-Presidente de la Comisión Mixta Parlamento Europeo-Parlamento Chileno acompañando al señor Presidente de la República en su visita a Bruselas a diferentes reuniones con representantes de dicha institución europea entre los días 13 al 15 de noviembre.
“Honorable Cámara.
En mi calidad de Co-Presidente de la Comisión Mixta Parlamento Europeo-Parlamento Chileno, he acompañado al Señor Presidente de la República en su visita a Bruselas a diversas reuniones con representantes de dicha Institución Europea.
En Anexo 1 se acompaña la comitiva oficial.
El martes 13 de Noviembre se sostuvo una cena de la Delegación con el Presidente de la República a efectos de coordinar el trabajo para los días siguientes, entre otros aspectos.
El miércoles 14 acompañé al Presidente a una reunión con el Presidente del Parlamento Europeo, señor Martin Schulz donde se repasó la relación Chile - Europa y también en detalle de ambos Parlamentos, así como la necesidad de estrechar dichas relaciones e intensificar los temas pendientes como son la “Clausura Evolutiva”. Posteriormente durante un almuerzo de trabajo hicieron uso de la palabra ambos Presidentes y luego participamos los Parlamentarios chilenos señor Enrique Accorsi y señor Felipe Salaberry con nuestras opiniones respecto a varios tópicos.
El jueves 15 de Noviembre, acudimos a una reunión con la Comisión de Asuntos Exteriores y Delegaciones para Chile y para EUROLAT del Parlamento Europeo. En dicha actividad que presidimos conjuntamente con el Co - Presidente Antonio Correia de Campos y las autoridades antes mencionadas y también el Presidente de EUROLAT señor José Ignacio Salafranca.
En un intenso debate con los Parlamentarios Europeos miembros de la Comisión Mixta Chile - Europa, se trataron varios temas como caso Clarín, demandas estudiantiles, tema mapuche, relaciones comerciales, sistema de Becas, y con mucho detalle la próxima cumbre Chile - EU.
Simultáneamente aproveché conjuntamente con el Co-Presidente Antonio Correia de Campos y Parlamentarios miembros de dicha Comisión, de avanzar en los detalles de la visita del Parlamento Europeo a Chile los próximos 21 y 22 de Enero en Santiago y Valparaíso, los posibles temas a tratar y otras actividades, como el compromiso del Señor Presidente Pinera de recibirnos en La Moneda.
Para finalizar se tuvo una reunión con el Presidente de la Comisión Europea señor José Manuel Barroso.
(Fdo.): PABLO LORENZINI BASO, Diputado Co-Presidente Comisión Parlamentaria Congreso Nacional de Chile Parlamento Europeo.”
Moción de los señores diputados García, don René Manuel; Becker, Browne, Cardemil, Delmastro, Edwards, Meza; Monckeberg, don Cristián, y Sauerbaum. Otorga la posibilidad, a las comunidades indígenas, de arrendar sus tierras. (boletín N° 8717-01)
“Antecedentes
1) El 5 de octubre del año 1993 se publicó la Ley N° 19.253, que estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Mediante esta Ley se le otorgó beneficios y protección a las personas provenientes de nuestros pueblos originarios, lo que significó un decisivo avance en el desarrollo social de estos pueblos, aunque estableció ciertas restricciones que han impedido dicho desarrollo a cabalidad.
2) En efecto, una limitación establecida en esta Ley aparece en el artículo 13. Esta norma, en su inciso segundo, señala expresamente que “las tierras cuyos titulares sean comunidades indígenas no podrán ser arrendadas,-dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración”.
3) En este escenario, llama mucho la atención que la ley impida a las comunidades precolombinas arrendar sus predios, considerando que las personas naturales de origen indígena sí pueden, de acuerdo con la normativa legal, arrendar las tierras que posean.
4) Es decir, estamos ante una limitación de la ley, que resulta arbitraria y perjudicial para los distintos pueblos originarios. Esto, desde nuestro punto de vista, coarta el desarrollo de las diversas etnias que habitan en nuestro país, tanto en lo económico como en lo laboral, pues las comunidades ven continuamente limitada la generación de una actividad comercial, a partir del arriendo de un predio, lo que les podría generar importantes recursos para desenvolverse en el día a día, por concepto de renta.
5) En los últimos 20 años la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por intermedio del “Fondo de Tierras y Aguas indígenas” ha entregado miles de hectáreas, traspasándolas de las manos de grandes productores agrícolas, forestales o lecheros a personas naturales indígenas o Comunidades Indígenas. Lo preocupante de todo esto es que la producción de las tierras entregadas bajado considerablemente su producción, llegando incluso a ser nula en algunos sectores. Muchas veces, por desconocimiento o incapacidad de gestión las comunidades se han visto impedidas de cultivar un predio, pero bien podrían arrendarlo y conseguir dos beneficios: un beneficio pecuniario para los propietarios de la tierra, y un beneficio comercial para el arrendatario, que podrá llevar a cabo un negocio.
6) Otro punto a tomar en consideración es que hoy, en la Región de la Araucanía la reivindicación de las tierras indígenas sigue siendo un tema preocupante y alarmante, ya que las políticas gubernamentales no han sido suficientes, y para dar alguna solución parche han seguido aumentando el llamado “Fondo de Tierras y Aguas indígenas”, alcanzando en la actual Ley de presupuesto un monto aproximando de 44 mil millones de pesos.
7) Si queremos que nuestro país y los pueblos indígenas sigan creciendo y produciendo, no podemos seguir limitando sus actividades productivas, ya que es la única forma de poder hacer que las regiones se desarrollen y sus tierras se aprovechen al máximo.
8) Por esto, proponemos eliminar en el inciso segundo la palabra “arrendar”, en el artículo 13 de la Ley N° 19.253, con el fin de permitir que las Comunidades Indígenas puedan arrendar sus tierras por un plazo no superior a 5 años, para así llevar a cabo una actividad económica, lo que sería percibir los frutos civiles del arrendamiento de un bien inmueble.
En virtud de lo anterior, los Diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
“PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Eliminase, en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la voz “arrendadas” .
(FDO.): García, don René Manuel; Becker, Browne, Cardemil, Delmastro, Edwards, Meza; Monckeberg, don Cristián, y Sauerbaum.
Moción de los señores diputados Kort, Baltolu, Barros, Bauer, Calderón, Melero, Morales, Ulloa, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Zalaquett, doña Mónica. Modifica la ley N° 19.620, sobre adopción de menores eliminando un requisito para la declaración de susceptibilidad de adopción en caso que indica. (boletín N° 8718-18).
“La adopción constituye una institución arraigada dentro de la conciencia jurídica y social de nuestro país, desde siempre ella se ha constituido como la alternativa idónea para suplir la imposibilidad de concebir hijos, otorgándoles a los adoptados el cariño y el establecimiento que ellos necesitan y al mismo tiempo erigiéndose dicha situación para los padres en una vía de felicidad y realización personal y familiar.
La adopción en nuestro país ha sufrido una evolución durante nuestra historia jurídica e institucional, así ésta nació como una forma de contrato que ligaba al adoptante y al adoptado jurídicamente surgiendo de tal lazo derechos y obligaciones para ambas partes, posteriormente se extendió esta institución consagrando derechos hereditarios al adoptado, aunque sólo como hijo natural. Finalmente con la dictación de la ley 19.620 se consagró lo que la doctrina civilista llama adopción plena asimilándose de un modo completo a la situación de un hijo plenamente establecido jurídicamente.
Pues bien de acuerdo a la propia normativa de la ley 19.620 sobre adopción de menores uno de los requisitos para ser considerado susceptible de adopción el hecho que el menor cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante el juez competente. Es así como para concurrir este requisito, y consecuencialmente, ser susceptible de adopción el menor, se requiere contar con la autorización de sus padres para proseguir con el procedimiento.
En este orden de cosas la presente moción establece la idea de eliminar esta autorización de aquel padre que haya sido condenado por delitos de abuso sexual contra su hijo y que se pretende adoptar.
El abuso sexual ha sido objeto de un repudio generalizado de la sociedad chilena a partir de lo cruento de sus características y de sus víctimas, principalmente menores de edad. Es por lo anterior que la presente iniciativa consagra, a partir de las implicaciones fundamentalmente psicológicas, no contar con esta autorización, es decir eliminar de la exigencia legislativa al padre o madre hechor de estos delitos, hecho que en este caso puede revestir innecesarias dilaciones en el proceso de adopción.
De tal manera lo que busca esta iniciativa no es otra cosa que eliminar la facultad de dar el consentimiento de parte de los padres biológicos en este caso y consecuencialmente también perdiendo la posibilidad de retracto a la que alude la misma ley, sencillamente porque perdieron su derecho de otorgar dicha aquiescencia.
“PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórese una nueva parte final en el numeral 1° del artículo 9° de la ley 19.620 sobre adopción de menores, luego de un punto seguido, norma que a continuación se reproduce:
“En caso que uno de los padres o ambos hayan sido condenados por delitos sexuales y cuya víctima fuere el menor que se pretende adoptar, no se requerirá el consentimiento de el o los condenados”
(FDO.): Kort, Baltolu, Barros, Bauer, Calderón, Melero, Morales, Ulloa, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Zalaquett, doña Mónica.