Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Guido Girardi Lavin
- PERMISO
- DEBATE
- DEBATE
- IV.
ORDEN DEL DÍA
- REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN
- ANTECEDENTE
-
TIPIFICACIÓN DE ROBO O HURTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- DEBATE
- REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Isabel Allende Bussi
- PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Chahuan Chahuan
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO
- Ximena Rincon Gonzalez
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE IMPONE A LAS PERSONAS QUE ESPECIFICA EL DEBER DE RETIRO DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS CUYA PELIGROSIDAD PARA LA VIDA O LA SALUD HUMANAS SE DETERMINE POR AVISO DEL FABRICANTE O POR ESTUDIOS TÉCNICOS, Y SANCIONA CRIMINALMENTE LA OMISIÓN DE AQUÉL (8690-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA EN LO RELATIVO A MATERIAS NO SUSCEPTIBLES DE DELEGACIÓN LEGISLATIVA (8691-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE IMPONE A LAS PERSONAS QUE ESPECIFICA EL DEBER DE RETIRO DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS CUYA PELIGROSIDAD PARA LA VIDA O LA SALUD HUMANAS SE DETERMINE POR AVISO DEL FABRICANTE O POR ESTUDIOS TÉCNICOS, Y SANCIONA CRIMINALMENTE LA OMISIÓN DE AQUÉL (8690-03)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 68ª, en miércoles 21 de noviembre de 2012
Ordinaria
(De 16:17 a 19:42)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. CUENTA...............................................................................................................
IV. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones (8091-21) (queda pendiente la discusión particular)........................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código Penal, para tipificar los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y crear nuevas figuras delictivas, aumentando su penalidad (7481-07) (se aprueba en general y en particular)...................................................................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA
El señor ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio
De la señora Directora del Servicio de Salud Araucanía Sur:
Responde consulta, enviada en nombre del Honorable señor García, respecto de problemas planteados por integrantes de la comunidad Puaucho relativos a atención oftalmológica, servicio de ambulancia y acceso a medicamentos en el Hospital de Puerto Saavedra.
--Queda a disposición de Sus Señorías.
Mociones
Dos del Honorable señor Navarro, con las que da inicio a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que impone a las personas que especifica el deber de retiro del mercado en caso de productos cuya peligrosidad para la vida o salud humanas se determine por aviso del fabricante o por estudios técnicos, y sanciona criminalmente esa omisión (boletín N° 8.690-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 64 de la Carta Fundamental, en lo relativo a materias no susceptibles de delegación legislativa (boletín N° 8.691-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Solicitud de permiso constitucional
Del Honorable señor Girardi, para ausentarse del territorio nacional a contar del día 24 del mes en curso.
--Se accede.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
)----------------(
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma sobre un punto de Reglamento.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en la sesión de la mañana se acordó votar específicamente la constitución de las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y de Hacienda, unidas, para analizar nuevas indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Pesca, y solicité que se incluyera también una disposición relativa a los pueblos originarios.
Se quedó en un pronunciamiento separado. Ello no se hizo.
Al pedir a la Comisión la admisibilidad de una nueva indicación, se me respondió que la Sala aún no había votado el punto.
Solicito que se cumpla el acuerdo de la mañana.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá.
No hay unanimidad.
Es preciso votar lo relativo a incluir en la discusión en las Comisiones unidas la idea de que el artículo 1° comprenda la situación de los pueblos indígenas.
El señor TUMA.- Y que al mismo tiempo, señor Presidente , se abra un plazo de 10 a 15 minutos para ingresar la indicación, porque el término fijado para ese efecto, en relación con las Comisiones unidas, venció a las 16.
El señor ESCALONA ( Presidente ).- En votación la solicitud del Honorable señor Tuma para el ingreso de la indicación a que ha hecho referencia, tal como se hizo en relación con lo que se votó a las 14.
Se tocarán los timbres para llamar a los señores Senadores a pronunciarse.
El señor PROKURICA.- ¿Es una cuestión de admisibilidad?
El señor ESCALONA (Presidente).- No, Su Señoría.
Es exactamente lo mismo que se hizo al votar a las 14.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud (14 votos contra 8).
Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag y Tuma.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Kuschel, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
El señor QUINTANA.- Pido agregar mi voto a favor, señor Presidente .
El señor GIRARDI.- Y el mío.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto positivo de los Senadores señores Quintana y Girardi.
IV. ORDEN DEL DÍA
REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN
El señor ESCALONA ( Presidente ).- Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8091-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 54ª, en 10 de octubre de 2012.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo): sesión 62ª, en 20 de noviembre de 2012.
Certificado de la Comisión de Hacienda: sesión 62ª, en 20 de noviembre de 2012.
Discusión:
Sesiones 55ª, en 16 de octubre de 2012 (queda pendiente la discusión general); 56ª, en 17 de octubre de 2012 (se aprueba en general); 58ª, en 31 de octubre de 2012 (nuevo plazo para presentar indicaciones); 62ª, 64ª y 65ª, en 20 de noviembre de 2012; 66ª, en 21 de noviembre de 2012 (queda pendiente la discusión particular).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los artículos 26 A, 26 B y 27 fueron enviados a las Comisiones de Intereses Marítimos y de Hacienda, unidas.
Las indicaciones renovadas dicen relación justamente con la última de esas disposiciones.
Una de ellas es para agregar un artículo 27 bis, pero la Secretaría entiende que ello es parte de lo que se tiene que ver en dichos órganos técnicos -solo lo estoy comentando-, atendido que se trata de la misma materia. Mal se podría resolver aquí.
El señor BIANCHI.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA ( Presidente ).- ¿Para un asunto de Reglamento, Su Señoría?
El señor BIANCHI.- Puede ser así, señor Presidente , o por el hecho de haberme correspondido el uso de la palabra en la sesión de la mañana. Lo dejo a su criterio.
Para allanar el asunto, así como también para emplear de la mejor manera nuestro tiempo y avanzar al máximo en las votaciones, deseo consignar que no será ninguna sorpresa lo que vendrá de las Comisiones unidas, que están votando todo en forma unánime. Que no nos sorprenda la situación que tendrá lugar.
Por lo tanto, para sincerar las cosas, cabe recordar que media un acuerdo y que este se va a votar.
El señor Secretario está considerando los mismos puntos tenidos en cuenta para el efecto anterior.
Como quiero contribuir, vuelvo a hacer la sugerencia -no sé si debería dirigirse al Senador señor Navarro - de que quienes hemos pedido una votación por artículo nos abramos a la posibilidad de que esta no se verifique de esa manera.
Ya señalé a la Secretaría las normas que deseo que sean objeto de un pronunciamiento separado, las cuales son tres o cuatro. Mi Honorable colega Muñoz Aburto ha hecho una presentación similar. Y desconozco si el Senador señor Navarro tiene la misma disposición.
Esperamos lo que llegue de las Comisiones reunidas para ver las indicaciones -creo que ya perfectamente podemos saber qué va a venir- para abocarnos a votar los puntos más importantes y neurálgicos.
No sé si será necesario suspender la sesión por algunos minutos o simplemente avanzar en el tratamiento del proyecto, respecto de lo cual ofrezco el retiro de mi petición.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente , como en este momento están funcionando las Comisiones unidas, sugiero suspender la sesión hasta que llegue el informe. Porque, de otra forma, no sé cómo vamos...
El señor ORPIS .- Ello solo se refiere a los dos órganos técnicos especializados.
La señora VON BAER.- Sus integrantes vinieron a dar quórum, pero tienen que ausentarse nuevamente.
El señor WALKER (don Patricio).- No se resolvió la proposición del Honorable señor Bianchi.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si se accede a la solicitud de la Senadora señora Von Baer, quedaría pendiente.
Puede intervenir el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , deseo exponer una variación.
Sugiero suspender el tratamiento de la iniciativa en debate y ocuparnos en otros puntos del Orden del Día. Por ejemplo, se encuentra con urgencia calificada de "discusión inmediata" el proyecto signado con el número 2, presentado por varios Diputados, que reforma el Código Penal para tipificar los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados. La Comisión de Constitución lo aprobó por unanimidad. Podemos aprovechar el tiempo para despacharlo, mientras esperamos el resultado sobre el texto de pesca y retomamos su discusión. El que he señalado es un asunto sencillo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , entiendo el espíritu que anima al Senador señor Hernán Larraín , pero cabe recordar que dos Comisiones, unidas, representan diez integrantes menos en la Sala para una votación.
Con el objeto de poder avanzar en la iniciativa sobre pesca, manifiesto, por última vez, mi voluntad para que se lleve adelante un pronunciamiento que no sea por artículo. No tengo ningún problema en allanarme a esa posibilidad.
Mientras tanto, se puede suspender la sesión en espera del resultado en las Comisiones unidas. Eso va a demorar al menos media hora o 20 minutos, por lo que no se va a contar con los votos necesarios para despachar el proyecto que acaba de mencionar el Senador Hernán Larraín.
El señor ESCALONA ( Presidente ).- Hemos tomado nota de la disposición de Su Señoría. Pero tenemos que esperar a conocer la posición del Senador señor Navarro, quien también ha pedido votar por artículo.
El señor PROKURICA.- ¿Por qué, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Porque tiene el derecho constitucional de solicitarlo.
El señor PROKURICA.- ¿Y la unanimidad de la Sala?
El señor GÓMEZ.- Que se vote por artículo.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Senador señor Gómez requiere lo mismo y se encuentra presente.
Entonces, hay dos alternativas: o suspendemos la sesión hasta las 17 y les damos media hora más a las Comisiones unidas o acogemos la sugerencia del Honorable señor Hernán Larraín en el sentido de tratar el proyecto signado con el N° 2 en el Orden del Día.
Si no hay objeciones, la Sala se ocupará en los asuntos en tabla.
--Así se acuerda.
TIPIFICACIÓN DE ROBO O HURTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
El señor ESCALONA ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código Penal, para tipificar los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y crear nuevas figuras delictivas, aumentando su penalidad, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7481-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 72ª, en 24 de noviembre de 2011.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 60ª, en 7 de noviembre de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El principal objetivo que se persigue es modificar el Código Penal para tipificar, como delitos autónomos, el robo y hurto de vehículos motorizados, y establecer sanciones especiales cuando se trate de la receptación de este tipo de especies o de partes de ellas.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento. La idea de legislar fue acogida por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Larraín (don Hernán), Prokurica y Walker (don Patricio).
En la discusión particular, el órgano técnico realizó una enmienda al texto despachado por la Cámara de Diputados, la cual fue aprobada en igual forma.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en el que se consignan, en la tercera columna, las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, y en la cuarta, como quedaría el texto final del proyecto de ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , voy a informar el asunto en mi calidad de Presidente de la Comisión .
Se trata de una iniciativa sencilla, pero muy relevante. Fue originada en una moción de varios señores Diputados, quienes la presentaron con el propósito de establecer la tipificación respectiva y fijar penas más elevadas para el delito de robo de vehículo motorizado o para los que actúan como reducidores de sus partes.
Se encuentra entre los autores el Diputado señor Matías Walker, quien nos acompaña.
El proyecto fue debatido en general y en particular en la Comisión por haber sido calificada la urgencia de "discusión inmediata" y ser de artículo único.
Se contó con la presencia, como representante del Ejecutivo , del Subsecretario de Prevención del Delito , señor Cristóbal Lira ; del Fiscal Nacional subrogante, señor Alberto Ayala , además de parlamentarios autores de la moción.
La Comisión le solicitó un informe al Profesor Jorge Bofill , destacado penalista, por tratarse de una materia que requería un antecedente adicional para mejor resolver.
El robo de vehículos se ha incrementado fuertemente en el último tiempo. Y este aumento, que ha sido progresivo, se ha dado a pesar de una campaña muy potente y bastante sistemática que ha venido realizando el Gobierno para contener dicho fenómeno. Frente a ello, el Ejecutivo avala y apoya la iniciativa, porque precisamente complementa los esfuerzos que se están desarrollando para lograr una mejor persecución penal de quienes profitan con este delito.
Ocurre que en muy pocos casos se condena por delito consumado al que roba un vehículo o hace negocio con la venta de las partes sustraídas. Cuando ello sucede, se dan penas muy bajas y, finalmente, los condenados terminan sin sanciones reales.
Adicionalmente, en lo que respecta a la compraventa de automóviles robados o de vehículos desmantelados, se ha desarrollado un mercado negro muy poderoso, bastante fuerte, incluso de carácter internacional. Y también se ha vinculado este negocio con transacciones de droga, porque los vehículos -sobre todo, los 4x4- son sustraídos, en parte, para efectuar operaciones de pago a cambio de droga, lo que hace que su robo tenga una utilidad incluso mayor de la que supone normalmente la comisión de este delito.
Ahora bien, en relación con el proyecto en debate, el informe que entregó Jorge Bofill indicó que la propuesta legislativa no era la más adecuada, por la falta de proporcionalidad en las penas que se estaban estableciendo y porque ello alteraba un poco la estructura de cómo funciona nuestro Código Penal. Este, si bien contiene errores y diferencias en distintos aspectos, al final guarda cierta racionalidad, la cual se veía afectada.
Con las sugerencias que formuló el Profesor, la Comisión de Constitución finalmente recogió el planteamiento de sancionar con una pena única (presidio menor en su grado máximo, es decir, de tres años y un día a cinco años) a quienes roben vehículos en bienes nacionales de uso público o en lugares no destinados a la habitación.
Tal modificación, en definitiva, respecto de la propuesta original, reduce el tipo penal en su grado menor. Precisamente, esa era la sanción que se aplicaba y la que, al final, hacía imposible que las personas condenadas pagaran realmente la culpa por sus hechos.
Al reducir la escala en la que se mueve el juez con una penalidad única, se presume que quienes roben vehículos no tendrán las mismas facilidades para evitar las consecuencias penales de sus actos.
Asimismo, se propone imponer similar castigo al que, conociendo el origen de la parte de vehículo...
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Le concedo un minuto para terminar su intervención.
El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente.
Decía que se propone también sancionar con la misma pena a quien, conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito del automóvil, tenga, transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma vehículos robados.
Con ello, tanto los autores de la iniciativa como el Ejecutivo , con el apoyo del Ministerio Público, estiman que se está ordenando esta materia. Considerando que se han agravado las consecuencias de este tipo de robo, que se incrementa, las normas propuestas permiten enfrentar con mayor fuerza la situación, que requiere de una política penal renovada.
Eso fue, señor Presidente, lo que la Comisión aprobó por unanimidad. Y sugiere hacer lo mismo a la Sala.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , este proyecto de ley, que nació en una moción presentada por los Diputados señores Matías Walker , Cristián Monckeberg y Felipe Harboe , entre otros, y que contó siempre con el apoyo del Ejecutivo en cuanto a la urgencia y a su contenido, se hace cargo de una realidad que afecta principalmente a la clase media de este país.
En Chile se registran cien robos de vehículos motorizados al día, y el año pasado hubo 36 mil.
¿Por qué digo que perjudica principalmente a la clase media? Porque los sectores más acomodados generalmente cuentan con seguros, que se hacen cargo de la compensación económica en caso de robo y, además, disponen de automóviles con tecnología, como alarmas. En cambio, las personas que no tienen recursos para comprar autos caros naturalmente se ven muy afectadas.
Es importante destacar, señor Presidente , que nadie en la práctica cumple pena privativa de libertad por sustraer un vehículo; o sea, el costo es cero. Y eso lo saben las bandas que se dedican a robar autos todos los días.
Además, tal como dijo el Senador Larraín, Presidente de la Comisión de Constitución , las penas que se aplican son de 40 días, 61 días, en fin. Y son remitidas. Vale decir, prácticamente no hay privación de libertad, puesto que tales ilícitos quedan, por lo general, en estado de tentativa o de delito frustrado.
En ese sentido, es importante que haya una condena, un costo por robar vehículos motorizados. Hoy día no la existe por delitos consumados, menos, como acabo de decir, por delitos que quedan en estado de tentativa o de frustrados.
Ahora bien, en la práctica, habrá penas de hasta cinco años por robo de vehículo -estoy hablando de presidio menor en su grado máximo- y de tres años por receptación.
A mi juicio, este es un avance sumamente importante para apoyar a los miles de chilenos que se ven afectados por tal delito.
En definitiva, para el robo de vehículos -un delito autónomo-, habrá una pena única y para la receptación, una sanción especial.
Como dijo el Presidente de la Comisión, este proyecto fue aprobado por unanimidad y es urgente respaldarlo. Por lo tanto, esperamos contar con el apoyo de todos los Senadores.
He dicho.
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El señor ESCALONA ( Presidente ).- El Honorable señor Chahuán ha solicitado a la Mesa que saludemos a los amigos de la Fundación Fedes, quienes nos visitan desde los Estados Unidos y se encuentran en las tribunas.
¡Bienvenidos!
Gracias por acompañarnos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , me correspondió reemplazar al Senador Larraín en la Comisión de Constitución.
En primer lugar, quiero felicitar a los parlamentarios autores de la moción que dio origen a este proyecto de ley.
Señor Presidente, no sé si usted podría pedirles a los colegas un poco de orden.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito a los señores Senadores guardar silencio.
Está haciendo uso de la palabra el Honorable señor Prokurica.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Como decía, señor Presidente , deseo felicitar a los Diputados Matías Walker , Patricio Vallespín , Cristián Monckeberg , Pedro Browne , Eduardo Cerda y Fuad Chahín , quienes, entre otros, son los autores de esta moción.
La delincuencia en nuestro país y en el mundo, producto del acceso a la información y del avance de la tecnología, va cambiando rápidamente.
Estamos ante cierta forma de delito que afecta a determinados vehículos, porque son más fáciles de robar y porque resultan más apetecidos sus repuestos. Y como si esto fuera poco, dado que las sanciones en la legislación vigente son bajas, el robo y la reducción de autos se han transformado en una verdadera industria.
Ante ello, lo que hace la iniciativa, a mi juicio, es ponerse al día frente a una realidad que existe en nuestro país.
De hecho, aparecen algunos ranking en los periódicos sobre los vehículos más robados. Por ejemplo, los Nissan V16, que usan taxistas y colectiveros, son la "vedette" de estos ilícitos. Los sustraen porque resulta fácil hacerlo y porque, además, como hay muchos autos de ese tipo en el mercado, es fácil su reducción vendiendo por repuestos las puertas, los motores, las ruedas, los discos de embrague, los parachoques, en fin.
Lamentablemente, como plantearon los dos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, la legislación vigente -más un par de argucias que usan los delincuentes- hace que tanto los que roban automóviles como quienes los reducen queden en la impunidad.
Eso ha dado lugar a lo que he denominado "la industria de los robos de vehículos". Y hay distintas motivaciones: algunos hurtan para reducir; otros sustraen vehículos 4x4 para llevarlos a Bolivia y cambiarlos por drogas, ocupando las argucias que existen en ese país para regularizar automóviles que carecen de registro. Todo ello facilita muchísimo el delito y sus hechores quedan sin ninguna sanción.
Si a ello agregamos que la gente ve en el día a día cómo quedan en libertad los delincuentes que aparecen involucrados en robos, francamente la situación se transforma en un imposible, en una señal muy mala para Carabineros y para las víctimas.
Porque, como muy bien indicó el Senador Patricio Walker , los más afectados son los ciudadanos de clase media. Ellos poseen vehículos más fáciles de robar y de reducir. Además, no tienen recursos para pagar los seguros, que son caros. Por ello, son objeto de estos ilícitos, y nada pueden recuperar después de que sus automóviles han sido reducidos.
En ese contexto, el proyecto busca aumentar las penas para que estos delincuentes terminen en la cárcel, separados de la sociedad, a efectos de que no vuelvan a incurrir en estos delitos y no afecten seriamente a la sociedad, como ocurre hoy día con los robos de vehículos motorizados.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , me sumo a las felicitaciones que se han expresado a los autores de esta moción. Cuesta mucho lograr que el Gobierno patrocine una moción de un Senador o un Diputado .
Se lo decía al ex Senador Longueira: luego de 21 años de su permanencia en el Parlamento, consiguió, siendo Ministro, que una ley lleve su nombre: la Ley de Pesca, la "Ley Longueira".
Si bien coincido con el objetivo final de la iniciativa: disminuir el robo de vehículos, que ha experimentado una explosión enorme -y aquí están el Senador Espina, que es lego, experto en estos temas, y también el Senador Patricio Walker -, la pregunta es: ¿hemos tenido una correlación positiva entre el aumento de las penas y la disminución de los delitos? En otras palabras, ¿ha sido efectivo, como dice la Senadora Alvear en el informe, que al aumentar las cárceles -ya están en crisis- y meter más gente presa por más tiempo se redujo la cantidad de delitos?
Veo que allí no hay una correlación eficiente. Por tanto, es un autoengaño sostener que, por el hecho de incrementar las penas, van a disminuir los delitos.
Yo leí el informe de la Comisión de Constitución, y en él no figura la opinión de Carabineros de Chile ni la de la PDI.
A mi juicio, junto con las medidas planteadas para agravar las penas, se podría incorporar en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 -lo discutiremos próximamente- fondos para mayores recursos tecnológicos, a fin de que nuestras policías eviten lo que está ocurriendo en el norte, donde muchos vehículos robados traspasan la frontera clandestinamente hacia Bolivia. También podemos dotarlas de mejores mecanismos de detección y búsqueda.
Y aunque el porcentaje de recuperación de automóviles sustraídos supera el 85 por ciento, este tipo de delito va in crescendo.
Por ello, me habría gustado conocer la opinión de la PDI y de Carabineros, que son los encargados de buscar los vehículos robados. Porque Twitter no basta. Estos anuncios de robos podrían ser sistemáticos, pero no lo son, pues uno nunca sabe si son ciertos. Por tanto, necesitamos no solo aumentar las penas, sino también mejorar la tecnología.
Reitero: solo incrementar las sanciones no resolverá el problema de los robos. Aquí se precisa mayor autocuidado de los propios usuarios para no facilitar el ilícito. Pero también se necesita utilizar mecanismos disuasivos de parte de nuestras policías, ya sea durante la comisión del robo o, efectuado este, en la localización del automóvil.
Por ejemplo, se plantea en el informe de la Comisión que se ha acordado con las concesionarias de autopistas que "comparen los datos provenientes de las lecturas automáticas de las patentes de los autos que cruzan sus pórticos de pago con las bases de datos de las patentes de los vehículos robados". Yo me pregunto: ¿no será mejor tener esa información en línea con las policías?
Las concesionarias de vías licitadas ganan demasiado dinero, porque son muchos los autos que las ocupan, y cada día brindan un peor servicio. De hecho, hay que pagar lo mismo cualquiera que sea la velocidad de tránsito. Entonces, es un muy buen negocio.
Entre paréntesis, por algo los fondos de los jubilados canadienses y australianos están invertidos en las concesionarias de las autopistas chilenas. Mientras nosotros llevamos los ahorros de nuestros pensionados a Nueva York y perdemos plata cada día en la bolsa, los jubilados extranjeros invierten en estas empresas de Chile porque son negocio seguro.
Volviendo al ejemplo, me parece que las cámaras que captan las patentes en los pórticos de las concesionarias debieran estar en línea y generar un mecanismo mediante el cual, si pasa un auto robado, se prenda de inmediato una luz en alguna de las policías para iniciar, rápidamente, la búsqueda de ese automóvil.
Sin embargo, tal medida no puede descansar en un acuerdo entre la concesionaria de las vías y Cristóbal Lira , Subsecretario de Prevención del Delito . Esto debe obedecer a una planificación concordada, y requiere inversión. Así será un mecanismo eficaz y disuasivo: que el ladrón de vehículos sepa que, si pasa por un pórtico, despertará una alarma temprana para su localización y detención.
Entonces, comparto el espíritu de proteger a la clase media, que ha crecido enormemente en la tenencia de vehículos.
Cuando uno va a las poblaciones levantadas con subsidio fiscal del Ministerio del ramo, aprecia que ninguna vivienda fue diseñada con estacionamientos. Por ejemplo, el sector de La Huasca, en Penco, era una linda población cuando la vi por primera vez; pero, si uno la visita ahora, se percatará de que está llena de vehículos. No hay dónde caminar, no hay dónde transitar, porque carecen de estacionamientos. Jamás se pensó que las familias que habitan en viviendas sociales tendrían vehículos. Sin embargo, los están adquiriendo, y ocupan las vías públicas con grave riesgo para la seguridad.
En consecuencia, señor Presidente , creo que el proyecto puede ser mejorado con el aporte de mayores recursos tecnológicos y con una mejor coordinación, como el propio informe sugiere, con las concesionarias de autopistas, de manera de que, en este último caso, no se trate de un acuerdo voluntario.
No sé si a esas empresas les interesa perseguir autos robados. Siento que están más preocupadas en cobrarnos peaje lo más seguido posible que en buscar vehículos hurtados.
Recuerdo a mis colegas que el 1º de enero del presente año en la Ruta del Itata se desató un incendio forestal, que atrapó a más de doscientos vehículos. Con llamas a cien metros y la humareda al lado, la concesionaria no levantó los pórticos para el pase libre de los vehículos, lo que provocó situaciones de pánico.
Entonces, no creo que las concesionarias vayan a colaborar en esta materia ni gratuita ni voluntariamente.
En este proyecto -y nos acompaña en la Sala el Diputado Matías Walker -, podríamos incorporar elementos de esa naturaleza, a fin de dotar a las policías de los mecanismos necesarios e incluir la colaboración ciudadana, por ejemplo, en la detección de patentes de autos robados.
Ignoro si hay algún teléfono al cual uno pudiera reportar haber visto la patente de un auto robado, sin temor a represalias.
En consecuencia, se trata de un conjunto de medidas que pueden evitar el robo de automóviles.
Además, los delincuentes prefieren los modelos más caros. De hecho, al Diputado Aguiló le sustrajeron su vehículo nuevo en las puertas de su casa. No apareció jamás, pero él tenía seguro. El problema es que nuestra clase media nunca compra seguros. Quien está en condiciones de pagarlo lo contrata, pero el que no ahí muere. Por tanto, tal vez debiéramos considerar la obligatoriedad del seguro automotriz contra robos.
Ese tema es debatible.
Está claro que el proyecto constituye un avance, pero no resolverá el problema de fondo con la amenaza de más días de cárcel. A los delincuentes les importa un comino si son uno, dos o tres años. Así quedó demostrado cuando debatimos sobre el robo de cajeros automáticos. En realidad, aumentar las penas no disuade a quienes cometen este tipo de delitos.
Me gustaría más participación del sector privado en el caso de los cajeros automáticos de los bancos, y de nuestras policías en lo relativo al robo de autos. Y la ciudadanía también debe asumir una postura activa y colaborativa, en un tema como este.
Voy a votar a favor, señor Presidente , con las observaciones que he señalado, porque de todas maneras el proyecto avanza en combatir el robo que, lamentablemente, crece día a día en Chile.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
--(Aplausos en tribunas).
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El señor ESCALONA ( Presidente ).- Aprovecho de saludar al alcalde de Tirúa , don Adolfo Millabur, quien nos acompaña en las tribunas.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tenemos dos inscritos.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, respetando el tiempo.
--Así se acuerda.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación general y particular el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , este proyecto de ley tiene mucha urgencia, porque la realidad actual es que quienes roban vehículos, en la práctica, quedan en total impunidad debido a la penalidad establecida en el Código. Y no solo queda en la impunidad el que roba el vehículo, sino además aquel al que se sorprende en la receptación, que es el eslabón final de la cadena del delito. Nadie roba para coleccionar cosas, sino para hacer un negocio y, por lo tanto, para vender lo robado.
En el caso del robo que se comete en lugar no habitado, y específicamente el que se lleva a cabo en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, advertiremos que la penalidad va de 541 días a 5 años. Eso significa que, si la persona configura dos circunstancias atenuantes, señalando que intenta reparar con celo el mal causado -por ejemplo, depositando algún tipo de dinero para compensar el daño- y, además, tiene irreprochable conducta anterior y no obstante haber sido formalizada muchas veces por el mismo delito, pero sin sufrir sentencia condenatoria, lo probable es que se le rebaje la pena en un grado. La regla general es que se aplica una pena de 61 días y se le remita condicionalmente. Por tanto, mientras no se implementen las normas sobre cumplimiento alternativo de las penas privativas de libertad en forma libre -ya lo está haciendo el actual Gobierno-, en los hechos, se traduce en que la persona que roba un automóvil en Chile -salvo que se trate de una asociación ilícita organizada y que esto se pueda probar-, aunque tenga reiteradas condenas, queda impune.
Eso se ha transformado en un gran mercado.
En los países en que robar es gratis, el estímulo y el incentivo al robo es mayor.
Y quienes sufren esto, por regla general, son las familias humildes o de clase media, que muchas veces no tienen recursos para asegurar su vehículo. La gente que dispone de dinero puede comprar un seguro, que es caro. Pero la familia de clase media, en un alto porcentaje, o la que con esfuerzo compra un vehículo, no puede pagarlo. De manera que, si le roban el auto, lo pierde todo.
Entonces, lo primero que debe resaltarse es que la urgencia en despachar este proyecto tiene una razón de ser muy de fondo: no es admisible que a una persona que roba un vehículo motorizado o a alguien que es sorprendido vendiéndolo o comprándolo a sabiendas de que era robado, no le pase nada.
Por lo tanto, lo que hace el articulado es elevar el piso de la pena, la cual será de 541 días a 5 años, en vez de 3 años y 1 día, para el robo y la receptación.
Señor Presidente, esta es una cuestión urgente, que ha sido pedida por los propios fiscales y conversada con muchos jueces, que consideran absurda la actual penalidad.
Entonces, si el Parlamento quiere colaborar con el sistema judicial el que señala que requiere contar con penas acordes con la gravedad de un delito que se ha masificado, lo que debe hacer, luego de un estudio rápido de la materia, es aprobar el proyecto, para que la ley empiece a regir. Desde ya, quiero decir que va a regir solo respecto de quienes cometan delito luego de que se promulgue la legislación en estudio, porque la ley penal no se aplica con efecto retroactivo.
Hay dos medidas adicionales que está implementando el actual Gobierno, las que, a mi juicio, son los cambios más de fondo que se van a hacer en la legislación chilena en materia delictual y que -no tengo dudas- van a permitir disminuir los delitos en general. La primera, denominada el "Sistema Táctico de Análisis Delictual" (STAD), está operando en más de 200 comunas -la idea es extenderlo a todo el país- y ha resultado un éxito, al punto de que en los informes y análisis de Carabineros publicados recientemente el número de casos, no de denuncias, ha disminuido prácticamente en 14 por ciento en menos de 6 meses de aplicación.
¿Y en qué consiste el STAD? En realizar reuniones periódicas entre el jefe de la unidad policial, las autoridades de los gobiernos regionales o nacionales vinculadas al Ministerio del Interior; los alcaldes, que son quienes mejor conocen la realidad de sus comunas, y los fiscales. Se hace un análisis de la realidad del delito que se está cometiendo en tal o cual comuna; cuál es el modus operandi de los delincuentes; qué tipo de ilícitos delitos se cometen, dónde, por qué y por quiénes; cuál es la movilidad del delito; si los ilícitos se llevan a cabo en la mañana, en la tarde; si hay sitios eriazos; si hay factores sociales que enfrentar.
Muchas veces puede haber lugares donde los factores sociales son relevantes: zonas de extrema pobreza y de desamparo en materia educacional o con problemas de distinta índole, vinculados a la locación donde se perpetran los delitos, como a la realidad social que ahí emerge.
Todos esos factores se toman en consideración y se adopta una estrategia definida para los efectos de enfrentar el problema.
Esto fue aplicado con tremendo éxito en Estados Unidos y en muchos países europeos. Barrios atrapados por la delincuencia, donde nadie se atrevía a entrar al caer la tarde o la noche, hoy día incluso se han transformado en lugares turísticos, donde la gente puede ir con su familia y en los que se puede convivir. Se han recuperado espacios públicos.
Por lo tanto, la aplicación del STAD por parte del Gobierno ha sido un éxito rotundo hasta ahora. Y me atrevo a señalar que, en la próxima encuesta de victimización, la disminución de los delitos, particularmente los que más ocurren en el país que son lesiones graves y robos violentos con mano armada, va a ser considerable. Porque el trabajo que se hace periódicamente así lo está demostrando. Además, los resultados se publican en las páginas web de las distintas unidades policiales.
Entonces, se empieza a conocer información respecto de lo que está ocurriendo.
La segunda medida que el Gobierno está aplicando, junto con los tribunales y con el Ministerio Público, es el Sistema Único de Información .
Resulta difícil comprender por qué en nuestro país no hay un sistema unificado de información respecto de quienes tienen orden de detención pendiente o que se han fugado de la justicia, de los que fueron formalizados y no cumplieron una medida cautelar decretada por un tribunal, simplemente están hoy día en total impunidad y continúan cometiendo delitos en perjuicio de la comunidad.
No hay información unificada en Chile. Y eso es una tremenda falencia. Cada una de las policías tiene su información. La fiscalía tiene la suya al igual que los jueces. Entonces, resulta absurdo no contar con un sistema unificado que cuente con todos los antecedentes para saber si una persona está, en un momento determinado, prófuga de la justicia, o bien no se ha presentado a las etapas de un juicio en que se debe dictar sentencia condenatoria, o ha dejado de cumplir una medida cautelar o una medida alternativa al cumplimiento de pena en la cárcel, como puede ser la libertad vigilada.
No tengo duda de que estos dos motores que se están impulsando nos permitirán revertir la situación delictual en el país. Y ellos han sido impulsados -nobleza obliga- por el ex Ministro del Interior , don Rodrigo Hinzpeter , y por el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Cristóbal Lira .
Por cierto, no van a rendir frutos en uno, dos, o tres meses, pero sin duda lo harán mucho más rápido de lo que la gente se imagina.
Por estas consideraciones, vamos a votar a favor del proyecto de ley, porque nos parece que protege a las víctimas de delitos, en este caso de robo de vehículos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en mi opinión, es un acierto de los autores de la iniciativa proponer que se legisle sobre un tema que preocupa a los ciudadanos, especialmente a quienes tanto les cuesta ganar sus recursos e invertir sus pocos ahorros en la compra de un vehículo que de la noche a la mañana pueden perder, porque alguien se los roba, desmantela, desarma, liquida o vende.
Son muchas las familias afectadas que no aparecen en los medios de comunicación, como también varias las que han perdido el único ahorro de su vida.
Por eso, de verdad creo que debemos felicitar a los parlamentarios que tuvieron la iniciativa de preocuparse de esta materia.
No obstante, a mi modo de ver, no es la manera para abordar el problema, pues el aumento de penas no va a afectar al que incurre en un delito. No creo que estas personas se vayan a imponer, leer o informarse de que ahora hay una pena mayor. Y si lo hacen, tampoco les va a importar.
Estimo que somos poco eficaces a la hora de buscar formas creativas para proteger el patrimonio de los chilenos más vulnerables, a quienes les cuesta tanto generar y atesorar un ahorro con el fin de adquirir un vehículo motorizado. Actualmente este no es un lujo, sino un artículo de primera necesidad. Ya lo dijo el Senador señor Navarro : así sucede en poblaciones muy modestas, donde jamás se pensó siquiera construir pasajes por donde pudieran transitar dos automóviles y en los que no se puede estacionar por no haber lugares en los que hacerlo. Por supuesto, tampoco se diseñaron viviendas con estacionamientos.
Eso da pie a toda una forma de repensar cómo creamos los barrios y cómo construir viviendas. Y qué bueno que estemos avanzando, pero el progreso debe ir acompañado de seguridad para las personas.
Por lo mismo, no tengo mucha fe en este proyecto, en cuanto a los resultados. Porque, en verdad, las penalidades que hemos aumentado para otros delitos no garantizan que ellos desaparezcan o disminuyan.
Debemos buscar otra forma de asegurar a las víctimas. Desde ese punto de vista, a los afectados no les va a interesar mucho si la estadística sube o baja con relación a los actos delictivos, pero sí que le devuelvan el auto robado o el dinero que perdieron. Y la única manera de lograr eso es mediante el seguro. Pero esos sectores no tienen capacidad para pagarlo y mucho menos en los niveles en que se encuentra en la actualidad.
El debate lo tuvimos en el Parlamento al crearse el seguro obligatorio para accidentes contra terceros. Y logramos instaurar que bajaran tanto los costos, que ahora la gente ni siquiera se acuerda de usarlo cuando ocurre un siniestro.
En mi opinión, deberíamos explorar un seguro obligatorio que no resulte oneroso, dadas la economía de escala y la cantidad de vehículos existente. Además, se podría crear un subsidio del Estado para los sectores más modestos, con el objeto de que, cuando alguien se vea afectado por el robo de su vehículo o envuelto en un accidente, en treinta días se lo repongan o le devuelvan la plata.
Aumentar las penas no va a resolver el problema. Porque si dejan detenido más tiempo a quien robó el vehículo y si este fue destrozado, lo vendieron o el afectado no consigue recuperarlo, le va a dar lo mismo que al hechor le impongan una reclusión mayor o cadena perpetua, porque eso no soluciona el inconveniente en los sectores que queremos proteger.
Quiero hacer una reflexión motivado por el relato del Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Sostuvo que el robo de vehículos se sanciona con una pena que va de 61 días a 5 años de presidio. Pero el inculpado no va a recibir cinco años de cárcel, porque le van a aplicar atenuantes. Y si la atenuante es una irreprochable conducta anterior, o repara con celo el mal causado, entonces le darán solo 500 o 541 días. Si después presenta otro antecedente que constituye una nueva atenuante y le rebajan otra vez la pena, esta puede llegar a 61 días y, finalmente, se los conmutan por la firma regular. Por último no pasará un día preso ni tendrá sanción. Pero esto ocurre con todos los delitos y no solamente con los robos de vehículos.
Entonces, tenemos que revisar cuáles son las facultades entregadas a los tribunales, para que hagan buen o mal uso de las atenuantes. Porque, en definitiva, las penas son de mentira.
Luego de escuchar al Senador señor Espina, me parece que las penas para todos los delitos son irreales. Y todos los que cometen ilícitos sancionados con elevadas penas (tres, cinco, diez, quince o de veinte años) resulta que jamás cumplen un día presos, porque cuentan con atenuantes.
Tenemos que revisar cuándo, cómo y dónde se aplican las atenuantes y no legislar colocando parches cada vez que nos parece que la comisión de un delito va en aumento: "Mire, aumentemos la pena aquí, aumentemos allá, porque resulta que los jueces están aplicando las atenuantes".
Revisemos bien, entonces, a fin de no exagerar las rebajas de penas mediante las atenuantes que favorecen a los delincuentes.
Esta es una queja generalizada de la ciudadanía respecto de la delincuencia. Se dice: "Cometen delitos, no los sancionan y andan libres", al referirse a aquellos ilícitos castigados con penas elevadas o a delitos graves en relación con la seguridad de las personas. Ese es el reclamo que hay.
El Presidente Piñera dijo: "Vamos a perseguir a los delincuentes y se va a terminar la puerta giratoria". Pero parece que la sacaron, porque, en definitiva, ahora todos salen libres. Y eso ocurre debido a la aplicación de atenuantes y más atenuantes que, en definitiva, no responden a lo que en un momento determinado el legislador estableció para graduar las penalidades.
Desproporcionar la pena para un solo delito y aplicar una atenuante generalizada, me parece que no es el camino correcto. Desde ese punto de vista, creo que el proyecto, si bien está bien inspirado, no cumple el objetivo.
Por tanto, voy a votar negativamente. Con mi voto en contra, quiero llamar la atención para que el Ejecutivo y los parlamentarios nos motivemos a revisar toda la legislación penal, que en verdad distorsiona las sanciones establecidas.
En definitiva, entregamos a los jueces una facultad para dejar sin castigo y sin aplicar la penalidad establecida por la ley, porque hay atenuantes de todo tipo.
No puede ser que alguien que comete un delito grave no cumpla un solo día preso.
Voto en contra, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , leyendo el informe, uno aprecia que se han hecho varias modificaciones, particularmente al proyecto original y se termina enmendando el artículo 443, el cual señala que, si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Esa es la modificación que se hace.
El Senador señor Tuma señaló la importancia que representa para la gente el hecho de que este tipo de normas pueda favorecer al delincuente cuando roba, desarma o vende el vehículo. Pero lo que se está haciendo aquí no va a tener nunca una relación directa con el problema, porque se trata de sancionar con una pena mayor a quien comete el delito.
A mi juicio, sería interesante hacer un análisis para precisar cómo se puede colaborar con la prevención y evitar que se cometa este tipo de delitos.
El Subsecretario de Prevención del Delito , don Cristóbal Lira , durante la discusión general, señaló que el robo de autos es una preocupación permanente del Gobierno, razón por la cual se han puesto en práctica un conjunto significativo de medidas para disminuir la incidencia de este ilícito. Y agregó que esta política ha permitido disminuir de 110 a solo 88 los casos diarios en la actualidad.
Claro, a lo mejor porcentualmente es un avance importante, pero quizás lo lógico sería contar con un análisis de lo que implica, desde el punto de vista económico estatal, la perpetración de tales delitos. Porque suponen movimiento del aparato judicial, de las policías; un montón de procesos económicos. Si se mirara la situación desde la perspectiva de la prevención o desde la de favorecer a los afectados, el Estado tal vez podría colaborar, de alguna manera, en términos de lo que son los seguros o de buscar incentivos para el establecimiento de mecanismos de prevención mecánicos, técnicos, que eviten la comisión de estos ilícitos.
Porque, al final del cuento, aumentar la pena es un costo más para el que comete el delito. El que se dedica a robar autos, va a seguir robando autos. Va a hacer el cálculo: "Me sale un poco más". Pero no va a dejar de robar.
Voy a votar a favor del proyecto, pues no estoy en contra de que se apliquen mayores penas y se trate con más dureza a aquel que comete este tipo de ilícitos. Sin embargo, creo que el enfoque está errado, desde el punto de vista de lo que uno debería perseguir en esta clase de situaciones, que tienen que ver con lo que ya señalé antes.
La Subsecretaría de Prevención del Delito es una institución que creamos precisamente para eso: para buscar fórmulas de prevención del delito. Ese es el camino correcto. Ello evitaría el daño que se le produce a una persona de clase media que con mucho esfuerzo compra un vehículo y luego sufre su robo, y no cuenta con recursos para contratar un seguro o para realizar otros actos que de alguna manera impidan estas situaciones.
Por eso, señor Presidente , sería interesante pedirle al Ejecutivo la realización de un análisis de costo. ¡Capaz que salga más barato establecer un incentivo, una fórmula para evitar el robo de automóviles, de radios, de diferentes especies! Ahí se podría determinar lo que significan los daños personales, morales y familiares a raíz de la perpetración de estos actos, que son graves. Probablemente, una inversión estatal en estas materias resultaría mucho más eficiente que subir las penas.
Los delincuentes que cometen estos ilícitos van a seguir cometiéndolos; van a seguir robando autos, y a lo mejor van a recibir unos días más de cárcel, si es que los tienen. Porque yo estuve revisando lo que plantearon algunos de los abogados que propusieron los cambios, y no estoy seguro de que el autor del robo de un vehículo vaya a ir a la cárcel. ¡Capaz que con las atenuantes, etcétera, igual termine libre!
Por consiguiente, creo que el camino pasa no solo por este tipo de acciones, sino también por que el Estado, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, busque formas creativas y de mejor calidad para prevenir estos ilícitos y evitar el daño que ellos les ocasionan a las personas que los sufren.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, pienso que los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra tienen toda la razón. Y quiero reforzar sus argumentos.
Dentro de la Región Metropolitana, las comunas de Santiago, Puente Alto , Providencia y Maipú son las que registran mayor cantidad de robos de vehículos. Incluso, un medio de comunicación publicó que están identificados los lugares donde más se cometen tales delitos en esas comunas. Puedo decirlo con conocimiento de causa, porque a mí me robaron el mío en Puente Alto. Además, se encuentran identificados las marcas y los modelos de los vehículos más robados. A mí me sustrajeron un Hyundai Santa Fe, que figura en la lista de los preferidos por los ladrones.
Entonces, señor Presidente , uno dice: si están identificadas las comunas de la Región Metropolitana donde más se perpetran dichos ilícitos-y seguramente se puede elaborar un mapa similar en el resto de las Regiones del país-; si también están identificados los lugares más riesgosos dentro de ellas, y si están identificados los vehículos que se roban con mayor frecuencia, ¡cómo no se efectúa una labor de prevención, de investigación, y se busca una forma para poder detener a las bandas de delincuentes que los roban! Porque, claro, la denuncia de que se ha vuelto a registrar otro robo de vehículo en Maipú, en un lugar ya conocido, se puede realizar inmediatamente, pero ¿qué tipo de medidas de prevención se toman para evitar que este delito siga ocurriendo?
Normalmente, cada vez que un delito se hace más notorio, la primera reacción es presentar un proyecto de ley para aumentar las penas. Y no digo que no se aumenten -de hecho, voy a aprobar esta iniciativa, tal como lo hice en la Comisión, sin perjuicio de presentar indicaciones durante la discusión particular-. Sin embargo, considero tremendamente importante fortalecer las tareas de prevención, a fin de que, en el caso de las policías y de la Fiscalía, se realice una investigación inteligente, que permita determinar en qué lugares de las comunas se cometen más robos de vehículos.
Fíjese, señor Presidente , que al 31 de octubre de 2012 se habían robado 19 mil 217 vehículos en la Región Metropolitana, y se sabía qué comunas, qué lugares de ellas y qué tipos de vehículos eran los más afectados.
¡Cómo no puede haber una investigación más inteligente por parte de nuestras policías, así como los recursos necesarios para que la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Fiscalía (el Ministerio Público) realicen una adecuada labor de prevención! Porque, si se roban un auto, la verdad es que es difícil encontrar al ladrón. Pero si los robos son reiterados a la salida de un supermercado, por ejemplo, ¡hay una banda, pues, señor Presidente ! ¡Cómo no existe una investigación inteligente ahí, que permita detener a esa banda y evitar que los ilícitos continúen! Ello es mucho más importante que hacer un tremendo gasto para investigar cada caso y meter a la cárcel al responsable -si es pillado, por cierto, lo que resulta extraordinariamente difícil-.
Y, ¡ojo!, así estaríamos evitando también la comisión de otros delitos. Porque los vehículos son robados, primero para desarmarlos y venderlos, pero también para utilizarlos en la perpetración de otros ilícitos, como los "alunizajes". Los "4x4" se los roban para eso.
El señor BIANCHI .- ¡El suyo, por ejemplo...!
La señora ALVEAR.- Efectivamente, el Hyundai que me robaron fue utilizado en un "alunizaje".
Me refiero, fundamentalmente, a los robos de cajeros automáticos.
En conclusión, señor Presidente , este proyecto de ley es importante -y tenemos que abordarlo y mejorarlo a través de las indicaciones-, pero tanto o más relevante que él es apuntar a la prevención en todos los ámbitos que he mencionado, con el objeto de evitar, en lo posible, que se siga cometiendo la gran cantidad de robos de vehículos que lamentablemente vemos hoy en el país.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , esta iniciativa, que reforma el Código Penal y que se halla en su segundo trámite constitucional, da cuenta de una realidad que efectivamente ocurre más en Santiago. Por eso, los que vivimos en provincias valoramos el hecho de tener que lamentar menos robos que los que se registran en la Capital, como el que le tocó sufrir a la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.
¡Son 36 mil los vehículos que se roban al año! ¡Cien vehículos por día! Es lo que nos decía recién el Diputado señor Matías Walker , uno de los autores de este proyecto de ley.
Sin embargo, yo quiero hablar de quienes roban con cuello y corbata, respecto de lo cual no se dice nada en esta iniciativa, pero que aparece en el párrafo 5 bis del Código Penal, "De la receptación". Porque somos testigos de lo sucedido en varias compraventas, donde ha habido robos que han dañado a muchas personas que con enorme esfuerzo han adquirido un vehículo, lo han dejado en prenda o lo han dado en parte de pago. Estos ladrones de cuello y corbata, que han aparecido en el último tiempo encubiertos en estas compraventas, realizan un enorme negocio a costa del sacrificio de muchas personas de clase media, que con bastante esfuerzo logran adquirir sus vehículos.
Le consulté al Diputado Walker si este proyecto trataba esa materia. Afortunadamente, lo hace en el artículo 456 bis A, que dispone:
"El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales".
Aquí se aumentan las penas, señor Presidente.
Diversos Senadores y Senadoras señalaron, con mucha razón desde mi perspectiva, que la solución no radicaba solo en el aumento de penas, sino también en que el Estado de Chile aplicara respecto de esta materia algunas medidas para avanzar en otras áreas a fin de resguardar mucho más la propiedad de los vehículos.
Voto que sí.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín (Hernán), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Uriarte, Walker (Ignacio), Walker (Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Tuma.
Se abstuvieron los señores Muñoz Aburto y Quintana.
El señor ESCALONA (Presidente).- Me dirijo a los Senadores señora Alvear y señor Patricio Walker, como representantes de la bancada de la Democracia Cristina en este momento, para plantearles lo siguiente.
Su Partido solicitó la urgencia con respecto a este proyecto. Para presentar indicaciones su bancada tendría que retirar esa petición. Así podríamos fijar el lunes como plazo para tales fines.
Es un proyecto iniciado en moción, pero el Ejecutivo le puso urgencia de "discusión inmediata", la que vence este domingo 25.
Además, debemos tener presente que estamos discutiendo la iniciativa que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y que luego ingresará el proyecto de Ley de Presupuestos.
Si no, tendríamos que colocar la iniciativa en la tabla de mañana.
La señora ALVEAR.- Muy bien, señor Presidente.
El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , este proyecto lo aprobamos en la Comisión de Constitución -según entiendo- por unanimidad.
Se hicieron las modificaciones pertinentes.
Sé que Sus Señorías pueden dilatar su trámite o no, por cuanto les asiste el derecho a presentar indicaciones.
La iniciativa fue corregida, la analizaron los penalistas especialistas. De manera que, por lo menos desde el punto de vista de quienes lo discutimos en la Comisión, puede votarse en general y particular en esta sesión.
Por lo tanto, solicito que se despache también en particular, con el objeto de que vuelva luego del tercer trámite en la Cámara de Diputados, porque el Senado le introdujo modificaciones a lo obrado en la otra Rama, y así pueda ser ley de la república a la brevedad.
Esta es una materia que tanto los fiscales como la autoridad solicitaron que se despachara en forma urgente.
El señor BIANCHI.- Con la misma votación.
El señor ESCALONA ( Presidente ).- Señor Senador , hubo dos intervenciones en las que explícitamente se señaló que se esperaba mejorar el texto, dadas las carencias que exhibía.
Eso significa abrir un plazo para presentar indicaciones y discutirlas luego en la Sala.
Si no es así, naturalmente lo podemos votar también en particular.
La iniciativa está aprobada en general, y si no se solicita plazo para formular indicaciones, se despachará igualmente en particular, independientemente de si tenemos que suspender algunos minutos la sesión para los efectos de contar con el quórum necesario para esos efectos.
De no solicitarse plazo para formular indicaciones, el artículo 126 del Reglamento nos faculta para aprobarlo en general y particular.
--Por no haberse presentado indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se suspende la sesión por 15 minutos.
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--Se suspendió a las 17:30.
--Se reanudó a las 18:3.
)----------(
El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.
Señores Senadores, tomando en cuenta que aún no tenemos el informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, la Mesa se ve en la obligación de suspender nuevamente la sesión, por 20 minutos.
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--Se suspendió a las 18:3.
--Se reanudó a las 18:31.
)------------(
El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.
Como aún no contamos con el informe de las Comisiones unidas, se suspende nuevamente la sesión, por 15 minutos.
)------------(
--Se suspendió a las 18:31.
--Se reanudó a las 18:59.
)----------(
El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.
Lamentablemente, seguimos sin el informe.
Por lo tanto, se suspende la sesión por otros 15 minutos.
)----------(
--Se suspendió a las 18:59.
--Se reanudó a las 19:18.
)----------(
El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.
Lamentablemente, seguimos en la misma situación.
Las Comisiones unidas de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y de Hacienda no han concluido su trabajo.
Por lo tanto, se suspende la sesión por otros 20 minutos.
)----------(
--Se suspendió a las 19:18.
--Se reanudó a las 19:39.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la sesión.
Consultada la Secretaría de las Comisiones de Intereses Marítimos y de Hacienda, unidas, ha informado que el certificado, por el conjunto de materias tratadas, no puede estar listo antes de una hora.
Por lo tanto, procederé a levantar la sesión, tomando en cuenta que solo faltan 20 minutos para su término.
Una nueva sesión se halla citada a partir de las 21:30 para proseguir el tratamiento del proyecto de ley de pesca, en remplazo de la que se iba a destinar a la discusión sobre el Presupuesto.
¿Por qué razón?
Quiero ser sumamente preciso, para que no haya interpretaciones políticas en relación con situaciones enteramente administrativas o reglamentarias. Un funcionario de la Cámara de Diputados vino a informar que no había ninguna posibilidad de despachar a las 21, hora a la cual estábamos convocados, el proyecto de Ley de Presupuestos, por las vicisitudes que este había registrado en su tramitación. Se había exigido el recálculo de una serie de Partidas y un conjunto de materias se rechazaron.
Esa persona realizó la diligencia a las 17:30. En consecuencia, el Presidente que habla disponía, reglamentariamente, de cuatro horas para citar a sesión. Por eso, lo hice para las 21:30, no para las 21, a fin de continuar con el tratamiento de la iniciativa sobre pesca.
El señor Ministro Secretario General de la Presidencia me ha asegurado, luego de consultar con los equipos técnicos que se encuentran trabajando, que tendremos el proyecto de Ley de Presupuestos mañana, a las 9.
Se confía en la labor que están realizando, a marcha forzada, los funcionarios de la Cámara y los asesores de la Dirección de Presupuestos con el objeto de poder hacer la entrega al Senado mañana, antes de la 10, hora a la que estamos citados en la Sala.
Entonces, voy a levantar la sesión y a citar de inmediato a reunión de Comités con el propósito de rehacer el calendario de trabajo -no es que quiera postergarlo-, lo que resulta indispensable, porque fue producto de un acuerdo adoptado en esa instancia. No puedo modificarlo, entonces, de manera arbitraria o personal.
Es necesario fijar plazo para presentar indicaciones, etcétera.
La labor a que he hecho referencia se llevará a cabo pensando, de todas maneras, en comenzar el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos mañana en la mañana.
Se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la señora Directora Nacional del Trabajo, para que se informe sobre EVOLUCIÓN DE INFRACCIONES LABORALES EN SECTOR AGRÍCOLA DE ATACAMA Y FISCALIZACIÓN.
Del señor CHAHUÁN:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y a la señora Contralora Regional de Valparaíso, a fin de que proporcionen antecedentes de CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 8º TRANSITORIO DE LEY Nº 20.378.
Del señor FREI, de la señora RINCÓN y del señor ZALDÍVAR:
Al señor Ministro de Agricultura, para solicitarle REPOSICIÓN DE MONTO DE SUBSIDIO AGRÍCOLA EN PRESUPUESTO DE 2013.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, con el propósito de solicitar PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE REINGRESO A CAPREDENA POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Del señor MUÑOZ ABURTO:
Al señor Ministro de Educación, para pedir envío de PROYECTO DE LEY SOBRE INTERVENCIÓN DE ESTADO EN ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUIEBRA O SITUACIÓN ACADÉMICA DEFICIENTE; al señor Ministro de Justicia y a la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, a fin de que informen sobre RÉGIMEN DE MEDIACIÓN OBLIGATORIA EN JUZGADOS DE FAMILIA, y a la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud de Magallanes, solicitándole FISCALIZACIÓN EN EMPRESA AQUAPROTEIN POR MALOS OLORES, COMUNA DE PORVENIR.
Del señor PROKURICA:
Al señor Director Ejecutivo de TVN, requiriéndole NÓMINA DE TRABAJADORES DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE Y REMUNERACIONES.
--Se levantó a las 19:42.
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE IMPONE A LAS PERSONAS QUE ESPECIFICA EL DEBER DE RETIRO DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS CUYA PELIGROSIDAD PARA LA VIDA O LA SALUD HUMANAS SE DETERMINE POR AVISO DEL FABRICANTE O POR ESTUDIOS TÉCNICOS, Y SANCIONA CRIMINALMENTE LA OMISIÓN DE AQUÉL (8690-03)
La presente propuesta se fundamenta en un caso reciente, pero que ha sido precedido de otros casos similares. Erik Tarp-Hansen, sufrió un grave accidente automovilístico en la Ruta N° 55, Km. 43, sector El Chacay, en una camioneta NISSAN NAVARA, modelo sometido a graves acusaciones de peligrosidad y desperfectos mortales no notificados a consumidores chilenos.
Erik Tarp-Hansen adquirió la camioneta mencionada el año 2010, el cual presentó tres desperfectos, ruido fuerte, falta de velocidad en subidas, excesivo consumo de combustible, entre otros, los que resultaron en tres reparaciones que realizó la empresa pues, según ellos, "fallaba el sistema turbo y la válvula de seleniodes". El 17 de febrero de 2012, conduciendo su camioneta, Erik fue víctima de un accidente por la mala maniobra de un camión, lo que lo obligó a cambiar de pista, chocando con otro auto, quedando con fractura expuesta. El Air Bag no funcionó, a pesar del grave impacto frontal. Erik, en virtud de las fallas del vehículo, hoy tiene su brazo lívido, absolutamente inmóvil, deforme, y con riesgo actual de amputación.
Tarp-Hansen, después de su grave accidente, descubrió que la empresa sabía que su modelo estaba defectuoso, pero que ello no fue informado en Chile, sino que, al revés, la concesionaria comenzó a repararlos uno a uno, sin notificar a los consumidores del grave peligro que corrían. Para peor, descubrió que la empresa reparó su vehículo con repuestos usados, sin ser informado de ello.
Este hecho es ilegal, viola el derecho a la información y a la seguridad en el consumo que establece la ley 19.496.
El Artículo 46 de la Ley 19.496, Ley sobre derechos y deberes de los consumidores, dispone:
"Todo fabricante, importador o distribuidor de bienes o prestador de servicios que, con posterioridad a la introducción de ellos en el mercado, se percate de la existencia de peligros o riesgos no previstos oportunamente, deberá ponerlos, sin demora, en conocimiento de la autoridad competente para que se adopten las medidas preventivas o correctivas que el caso amerite, sin perjuicio de cumplir con las obligaciones de advertencia a los consumidores señaladas en el artículo precedente".
Por su parte, el Artículo 47 de la misma ley dispone:
"Declarada judicialmente o determinada por la autoridad competente de acuerdo a las normas especiales a que se refiere el artículo 44, la peligrosidad de un producto o servicio, o su toxicidad en niveles considerados como nocivos para la salud o seguridad de las personas, los daños o perjuicios que de su consumo provengan serán de cargo, solidariamente, del productor, importador y primer distribuidor o del prestador del servicio, en su caso.
Con todo, se eximirá de la responsabilidad contemplada en el inciso anterior quien provea los bienes o preste los servicios cumpliendo con las medidas de prevención legal o reglamentariamente establecidas y los demos cuidados y diligencias que exija la naturaleza de aquéllos”.
Los artículos siguientes regulan la responsabilidad pecunaria y criminal subsecuente.
El artículo 49 dispone que: "El incumplimiento de las obligaciones contempladas en este párrafo sujetará al responsable a las sanciones contravencionales correspondientes y lo obligará al pago de las indemnizaciones por los daños y perjuicios que se ocasionen, no obstante la pena aplicable en caso de que los hechos sean constitutivos de delito.
El juez podrá, en todo caso, disponer el retiro del mercado de los bienes respectivos, siempre que conste en el proceso, por informes técnicos, que se trata de productos peligrosos para la salud o seguridad de las personas, u ordenar el decomiso de los mismos si sus características riesgosas o peligrosas no son subsanables”.
Creemos que no basta con advertir a los consumidores y avisar a la autoridad competente sobre la existencia de productos peligrosos, pues la decisión de decomiso o retiro del mercado, particularmente proveniente de la autoridad judicial, en caso que autoridad administrativa alguna tenga facultades oficiosas, puede demorar lo suficiente para provocar la muerte o serios daños a la salud y bienestar de los consumidores.
Imaginemos que la empresa Nissan avisara oportunamente a la autoridad judicial o administrativa, sin retirar del mercado los vehículos con graves y eventualmente mortales desperfectos, y que en el lapso en que la autoridad judicial decida su retiro, se producen accidentes fatales. lmaginemos que asimismo, avisa a los consumidores masivamente, o uno a uno. Con la norma actual, en caso de accidentes, no habría sanción civil alguna contra el fabricante, importador o distribuidor de bienes o prestador de servicios, pues el estándar de su deber es débil.
Por ende, tenemos la firme convicción, por las razones señaladas, que el fabricante, importador o distribuidor de bienes o prestador de servicios también debe ser expresamente obligado retirar del mercado los productos peligrosos, cuando existen antecedentes serios de que ellos provocarán daños.
Por tanto, proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Agrégase al artículo 46 de la Ley 19.496, el siguiente nuevo inciso segundo: "Con todo, el proveedor, distribuidor, prestador o importador que tome conocimiento por el aviso del fabricante, o mediante estudios o antecedentes serios, relativos a defectos de fabricación, graves desperfectos o mal funcionamiento, que puedan poner en serio peligro la salud o vida de las personas, tendrá también el deber de retirar el producto o servicio del mercado de inmediato, so pena que se aplique en su contra las sanciones criminales aplicables a los delitos de homicidio o lesiones, así como las sanciones civiles y contravencionales que correspondan".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA EN LO RELATIVO A MATERIAS NO SUSCEPTIBLES DE DELEGACIÓN LEGISLATIVA (8691-07)
Con motivo de la creación de nuevos organismos públicos, hemos podido observar la activación de conflictos laborales derivados de la delegación al Poder Ejecutivo de las facultades legales de modificar plantas, realizar traspasos, encasillamientos, y otros actos que modifican el estatuto jurídico de los funcionarios de planta, contrata u honorarios de diversos ministerios o reparticiones públicas ya existentes.
Uno de los casos más polémicos es el que afectó al Ministerio de Educación, con motivo de la Ley que crea la Superintendencia de Educación.
En efecto, la LEY NÚM. 20.529 sobre el SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA Y SU FISCALIZACIÓN, crea tal superintendencia la que define como un "servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación".
En sus artículos transitorios, tal ley dispone que se faculta "al Presidente de la República para que, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones y Oficinas Regionales de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación, definiendo sus potestades, funciones y el ámbito geográfico que abarcará cada una de ellas.
Por la misma vía del decreto con fuerza de ley, el Presidente puede además fijar "las plantas de personal de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación", teniendo potestad para "dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas de personal que fije, el número de cargos por cada planta, así como los requisitos específicos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y niveles jerárquicos (...) Del mismo modo, el Presidente de la República fijará las normas necesarias para la fijación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria y establecerá las normas de encasillamiento del personal de las plantas que fije y de los traspasos que practique. En los procesos de encasillamiento que se originen por la aplicación de esta ley podrán participar los funcionarios de planta y a contrata que estando calificados en lista 1, de distinción, se hayan desempeñado en esta última calidad durante, a lo menos, dos años anteriores al encasillamiento".
La ANDIME (Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación), precavida de los decretos con fuerza de ley y los decretos que les dan aplicación, durante el mes de septiembre de este año, se vieron obligados a movilizarse para enfrentar lo que ellos vieron como una amenaza contra los derechos de sus trabajadores.
Una de las declaraciones de la ANDIME, de ese mes, señaló que:
“En Septiembre iniciará sus funciones la Superintendencia de Educación (SIE), con un Paro Indefinido de sus trabajador@s, debido a las gruesas faltas a los derechos fundamentales, laborales y funcionarios de nuestr@s compañer@s de labores traspasad@s desde el Mineduc.
La situación que les afecta recién fue conocida por cada funcionario en su último día en el Ministerio, agregando al daño recibido la falta de consideración y respeto a la dignidad personal.
El nuevo Directorio de ANDIME se reunió antes con el Ministro y Subsecretario (17/08) que con el Superintendente (30/08), no obstante su menor jerarquía y que ambas reuniones se solicitaron en forma simultánea para demandar información y derechos funcionarios. La cita se efectuó solo después que los funcionarios del área metropolitana concurrieran masivamente a su oficina.
El contenido de la tardía información difundida por la intranet el viernes reciente (Decreto Supremo N° 338), colmó la paciencia de los funcionarios traspasados, motivando la decisión de votar y acordar un Paro Indefinido, que se inició de inmediato, adoptado en una masiva asamblea".
La medida de paro indefinido, fue motivada por el perjuicio que la nueva normativa causó a los derechos de los trabajadores pertenecientes al Ministerio. Señala la misma declaración que:
“El traspaso del personal se efectuó en las últimas posiciones de los escalafones de la SIE, haciendo perder los grados alcanzados tras muchos años de desempeño por nuestros colegas, por lo que la remuneración también es más baja, ocasionando el pago de la diferencia mediante planilla suplementaria, la que absorberá todo beneficio posterior, con un efecto de congelamiento salarial que se mantendrá hasta cuando la planilla suplementaria desaparezca.
Lo que hace más inaceptable lo sucedido es el contraste del trato establecido con los funcionarios y el que se otorgó a las jefaturas, quienes casi triplican sus ingresos alcanzando sumas de entre $3.500.000.- y $7.000.000.-. Ellos decidieron el abusivo encasillamiento y las remuneraciones de los funcionarios y quienes por un medio distinto se otorgaron grados y salarios de privilegio.
Se consagra así la desigualdad entre los trabajadores permanentes, con aquellos de carácter transitorio dejando en desmedro y en peores condiciones a los funcionarios de terreno".
En otro comunicado del mismo mes, en la cual el Ministerio ofreció soluciones parciales a la problemática de los trabajadores, señalan:
"En la última propuesta recibida, sólo a 168 colegas se les elimina la planilla suplementaria, dejando a casi un centenar y medio de colegas (142) con significativos montos en planilla suplementaria.
Esto es inaceptable, más cuando esta situación se contrasta con los grados y las remuneraciones que percibirán los nuevos ejecutivos de la Superintendencia -los mismos que dieron forma a los traspasos funcionarios y los suyos propios (en grados topes y sueldos gigantescos de 4, 5, 6 y hasta 7 millones de pesos).
“El despojo que pretende imponerse en virtud de traspasos y encasillamientos desde el Ministerio de Educación hacia la Superintendencia de Educación, es intolerable, y revela la pulsión de este gobierno por aplicar “letra chica” a destajo. Trabar la carrera funcionaria de los empleados públicos vía decretos con fuerza de ley y decretos supremos, creando sobresueldos vía planillas suplementarias, es un atentado contra los derechos de los trabajadores”.
El problema y el conflicto político laboral que demuestra este caso es recurrente, como prueba el Proyecto de ley que Crea el Ministerio del Deporte, boletín 8.085-29, de fecha 14 de diciembre de 2011, el cual recurre al mismo expediente de los Decretos con fuerza de ley para reglamentar las siguientes materias:
"a) Fijar la planta de personal del Ministerio del Deporte. El encasillamiento en esta planta considerará solo personal titular de la correspondiente al Instituto Nacional de Deportes de Chile.
2)Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios titulares de planta y a contrata al Ministerio del Deporte, desde el Instituto Nacional de Deportes de Chile (...).
3)Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta que fije y, en especial, podrá determinar las normas necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N°19.553, en su aplicación transitoria. Asimismo, determinará el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza y de carrera y los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8° de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por e/ decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. (...)
4)Fijar la dotación máxima de personal del Ministerio del Deporte, a cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
5)Determinar una fecha única para la entrada en vigencia de la ley, de la planta que fije, el traspaso y encasillamiento que se practique y la iniciación de actividades del Ministerio del Deporte.
6)El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:
a.No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b.No podrá significar pérdida del empleo, cesación de funciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.
c.Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento".
Si bien este proyecto contiene limitaciones a la facultad presidencial, nuevamente los trabajadores, asesorados por abogados laboralistas y administrativistas, han manifestado su oposición a la medida tomada, y han solicitado expresamente que todas las normas relativas a los trabajadores y funcionarios sean decididas por el Parlamento, no por decreto, aunque este tenga fuerza de ley.
La ANFUCHID (Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes), y la ASOFIND (Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes de Chile), han señalado mediante comunicado de julio de este año que mediante las normas transitorias del proyecto en comento. “Se propone establecer dotaciones como si fueran trajes a la medida para privilegiar a determinadas personas. Que la planta se fije según DFL significará la pérdida real de la fuente laboral de un importante número de compañeros de trabajo, por otro lado significará que podrá existir una dotación mayoritariamente constituida por cargos de exclusiva confianza, en desmedro de los de carrera, más de la mitad de los funcionarios corresponderá a jefaturas y los mejores cargos pertenecerán a la planta, dejando a los profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares en la nefasta modalidad de la contrata. Especialmente gravosa es la situación de los funcionarios contratados bajo el Código del Trabajo, ya que no se contempla posibilidad alguna de que éstos puedan integrar el Ministerio.
En resumen, este proyecto no hace otra cosa que rebajar funciones y dotación del personal de Chiledeportes, afectando la carrera funcionaria y dejando a muchos de nuestros compañeros en la más completa precariedad en sus empleos y a un número importante sin su fuente laboral, lo que no solo los afecta a ellos sino que también sus familias".
Lo que es claro es que la mencionada facultad ha ocasionado conflicto laboral, y tensiones que han derivado este año, incluso, en el primer caso mencionado, en la toma de las oficinas del Ministro de Educación.
El artículo 60 de la Carta Fundamental indica que "solo son materias de ley 14). Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República". A su vez, el inciso 4, número 2 del artículo 62 de la misma Constitución dispone que "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 2° Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones y atribuciones".
Mientras que, el inciso tercero del citado artículo 62 dispone:
"Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado".
En conclusión, la estructura interna de un servicio público o Ministerio, como también las atribuciones de sus cargos o empleo, solo pueden crearse por ley, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Ello ha quedado meridianamente claro en virtud de la sentencia rol 319-2001 del Tribunal Constitucional:
"10.- Que el artículo 20 del Proyecto establece las atribuciones propias del Director del Instituto Nacional de Deportes de Chile. En su letra b) dispone que le corresponde "Establecer la organización interna del servicio", y en su letra c) que debe "nombrar y contratar personal, asignarle funciones, poner término a sus servicios y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan (...)
14.- Cabe destacar que es la propia Constitución la que indica las materias que son de reserva legal, de modo que las normas de una ley que pretendan alterar esa competencia (…) son contrarias a la Constitución.
15.- Que, en consecuencia, el artículo 20, letra b), y la letra c)- en cuanto autoriza al Director del Instituto para "asignarle funciones" al personal de dicho servicio-, del proyecto remitido, es inconstitucional, y así debe declararse".
Ahora, la técnica utilizada por el ejecutivo para legislar rápidamente sobre derechos funcionarios en los órganos que conforman tal poder del Estado son los Decretos con Fuerza de ley, es decir, decretos que se refieren a materias de ley, y que tienen valor normativo de ley, en virtud de la delegación de facultades que realiza el parlamento.
Los Decretos con Fuerza de ley Tal y como señala nuestra Carta Fundamental, en su artículo 64:
"El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.
Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República. La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes".
En los casos narrados de la Superintendencia de Educación y el futuro Ministerio del Deporte, el Presidente tiene la iniciativa exclusiva de presentar los proyectos de ley para crear tales instituciones. En esos proyectos de ley, el Presidente pide al Congreso que se le cedan facultades para legislar materias laborales mediante decretos que tendrán "fuerza de ley", con las limitaciones que las fuerzas representadas en el Congreso puedan imponer de acuerdo a sus mayorías y fuerzas relativas.
En caso de tener éxito (una alta probabilidad ante la monarquía presidencial que caracteriza nuestro sistema constitucional), el Presidente es juez y parte, presenta el proyecto, pues es el único que lo puede hacer, y después legisla por decreto. Y luego, el conflicto por la ausencia de discusión parlamentaria sobre estos temas, genera conflicto y no consenso ni paz social.
Tenemos la convicción de que el Congreso Nacional no es un buzón, de que tenemos los fueros y capacidades necesarias para entrar en la discusión de las plantas de funcionarios, de votar sobre el financiamiento y sobre las funciones de los Ministerios y servicios públicos.
Siendo esta una facultad que naturalmente le compete al Congreso Nacional por mandato general de la Constitución, creemos que es necesario que la conversemos, como una forma de relevar al Poder Legislativo como poder autónomo del Estado, y por cierto, para escuchar a los trabajadores, legislar como paciencia debida, y evitar los conflictos laborales que surgen cada vez que se utiliza la mala técnica legislativa de la delegación para que el ejecutivo determine estas materias a través de decretos con fuerza de ley.
Sabemos que hay casos especiales, como graves urgencias y catástrofes, que obligan en circunstancias especialísimas a reacciones rápidas, pero creemos que esas urgencias deben ser calificadas por el mismo legislador. Ante una grave urgencia o catástrofe, ninguna fuerza política negará la sal y el agua al Presidente, sea del sector político que fuere. Eso es parte de nuestra cultura política, del ADN político de nuestro país.
Por tanto, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Modificase el artículo 64 de la Constitución Política de la República de la siguiente manera:
a)Remplazase del inciso tercero la voz "ni" por una coma.
b)Agregase en el inciso tercero, entre la voz "República" y el punto final (.) la fórmula siguiente, precedida de una coma (,): "ni la de ningún Ministerio ni de los órganos que dependan de ellos de acuerdo a la ley, salvo en caso de grave urgencia o catástrofe, calificada por el mismo Congreso Nacional".
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.