Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Francisco Chahuan Chahuan
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
SIMPLIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Maria Soledad Alvear Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
-
PROHIBICIÓN DE APORTES ESTATALES A ENTIDADES CON FINES DE LUCRO EN EDUCACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ena Von Baer Jahn
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
-
SIMPLIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- 5. PROYECTO DE ACUERDO DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD PARA LOS TÉCNICOS DE ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOS, Y SOLICITUD DE UN PROYECTO DE LEY DEL EJECUTIVO QUE ACTUALICE EL CÓDIGO SANITARIO EN MATERIA DE PROFESIONES AUXILIARES DE LA SALUD (S 1438-12)
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- 5. PROYECTO DE ACUERDO DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD PARA LOS TÉCNICOS DE ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOS, Y SOLICITUD DE UN PROYECTO DE LEY DEL EJECUTIVO QUE ACTUALICE EL CÓDIGO SANITARIO EN MATERIA DE PROFESIONES AUXILIARES DE LA SALUD (S 1438-12)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 85ª, en martes 3 de enero de 2012
Ordinaria
(De 16:23a 19:36)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE,
Y JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (7328-03) (se aprueba en general)...............................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación (7856-04) (queda pendiente su discusión en general).............................................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y el Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señor Tomás Flores Jaña.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Las actas de la sesiones 78ª, ordinaria, en 30 de noviembre de 2011; 79ª, especial, en 12 de diciembre del mismo año; 80ª y 81ª, ordinarias, en 13 y 14 de diciembre de 2011, respectivamente; 82ª, ordinaria y 83ª, especial, ambas de 20 de diciembre de 2011, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Nueve de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los cuatro primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", para el despacho de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto que modifica la ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol (boletín N° 7.652-15).
2.- Proyecto de ley que modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte (boletín N° 7.973-07).
3.- Proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (boletín N° 7.328-03).
4.- Proyecto de ley que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos (boletín N° 6.733-06).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato (boletín N° 7.411-01).
2.- Proyecto de ley que regula el contrato de seguro (boletín N° 5.185-03).
3.- Proyecto de ley sobre interés máximo convencional (boletines Nos. 7.786-03 y 7.932-03, refundidos).
4.- Proyecto que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes (boletín N° 7.862-03).
5.- Proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca (boletín N° 7.947-03).
6.- Proyecto de ley sobre reprogramación de créditos universitarios (boletín N° 7.874-04).
7.- Proyecto que modifica la ley N° 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo (boletín N° 7.503-19).
8.- Proyecto que modifica la ley N° 20.444 y la ley N° 19.885, con el objeto de fomentar las donaciones y simplificar sus procedimientos (boletín Nº 7.953-05).
9.- Proyecto de ley que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
10.- Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletines N°s 5.324-07 y 5.522-07, refundidos).
11.- Proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (boletín N° 5.838-07).
12.- Proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665, en las materias que indica (boletín N° 6.244-07).
13.- Proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández (boletín N° 6.756-07).
14.- Proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades (boletín N° 6.952-07).
15.- Proyecto de ley relativo a las facultades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones para practicar, sin orden previa, las primeras diligencias de investigación de un delito (boletín N° 7.050-07).
16.- Proyecto de ley que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías (boletín N° 7.217-07).
17.- Proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia (boletín Nº 7.408-07).
18.- Proyecto de ley sobre indulto general (boletín N° 7.533-07).
19.- Proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios (boletín N° 7.534-07).
20.- Proyecto de ley que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos (boletín Nº 7.689-07).
21.- Proyecto de ley sobre derecho a defensa de los imputados (boletín N° 7.854-07).
22.- Proyecto de ley que regula la certificación de los artefactos para combustibles de leña y otros productos dendroenergéticos (boletín Nº 7.141-08).
23.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Marco para la Implementación de Sistemas de Control Integrado y de Cooperación para la Facilitación del Tránsito en los Pasos de Frontera Habilitados entre la República de Chile y la República del Perú, suscrito en Santiago el 19 de enero de 2011 (boletín Nº 7.967-10).
24.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre Autorización para el Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Técnico y Administrativo de las Misiones Diplomáticas y Representaciones Consulares, suscrito en Managua, Nicaragua, el 22 de febrero de 2011 (boletín Nº 7.987-10).
25.- Proyecto de ley relativo a composición nutricional de los alimentos y su publicidad (boletín Nº 4.921-11).
26.- Proyecto de ley sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (boletín N° 6.499-11).
27.- Proyecto que modifica la ley N° 19.925, concerniente a Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo (boletín Nº 7.449-11).
28.- Proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental (boletín N° 6.747-12).
29.- Proyecto de ley sobre derechos de empaquetadores de supermercados u otros establecimientos comerciales (boletín N° 7.592-13).
30.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
31.- Proyecto de ley que extiende los plazos de los servicios de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones (boletín Nº 8.031-19).
Con el séptimo y el octavo hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto que establece la ley marco de los Bomberos de Chile (boletín Nº 7.897-22).
2.- Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación referente a farmacias (boletín N° 6.523-11).
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que declara inembargables los bienes destinados a la rehabilitación de personas con discapacidad (boletines Nºs. 7.720-31 y 7.877-31, refundidos).
2.- El que crea un Consejo Parlamentario de Futuro en Ciencia y Tecnología (boletín N° 7.906-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que prestó su aprobación a las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas del transporte de carga, establecido en la ley N° 19.764 (boletín N° 8.066-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
Dos de la Excelentísima Corte Suprema:
Con el primero comunica la elección del Ministro señor Rubén Ballesteros Cárcamo como su nuevo Presidente para el bienio comprendido entre el 6 de enero de 2012 y el 6 de enero de 2014.
Con el segundo da a conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95, letra a), de la Constitución Política de la República, procedió al sorteo para designar a los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones que lo integrarán a contar del 31 de enero de 2012; que resultaron elegidos los Ministros de esa Corte señor Patricio Valdés Aldunate, señora Sonia Araneda Briones y señores Haroldo Brito Cruz y Carlos Künsenmüller Loebenfelder, y que, atendida su antigüedad en la Primera Categoría del Escalafón Primario , le corresponde ser Presidente de dicho Tribunal al Ministro señor Valdés.
--Se toma conocimiento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en el requerimiento deducido por cinco señores Diputados y cinco señores Senadores con el propósito de que esa Magistratura declarase la inhabilidad de la Senadora señora Von Baer para desempeñar la función parlamentaria.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Envía copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en el ejercicio del control de constitucionalidad de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica (boletín N° 5.906-07).
2.- Proyecto de ley que regulariza la construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social (boletín N° 6.531-14).
3.- Proyecto que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares, y renueva su vigencia (boletín N° 6.830-14).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus respectivos antecedentes.
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en las acciones de inaplicabilidad de los artículos 21 del decreto ley N° 701, de 1974, cuyo texto definitivo fue fijado por el decreto ley N° 2.565, de 1979; y 8°, numeral 9°, de la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Envía copia autorizada de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 25 del Código del Trabajo; 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal, y 4° de la ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1° de la ley N°20.224.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Remite copia de los informes finales Nos. 35 y 40, de 2011, solicitados en nombre del Senador señor Tuma, sobre auditorías realizadas para establecer el destino dado a la subvención escolar preferencial por las Municipalidades de Temuco y de Padre Las Casas.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Responde solicitudes de información, cursadas en nombre del Senador señor Horvath, relativas a los siguientes asuntos:
1.- Iniciativa de la Corporación Nacional Forestal, autoridades y organizaciones no gubernamentales y comunitarias de la Región de Aysén, para enviar viviendas prefabricadas a la comuna de Curepto, en la Región del Maule.
2.- Consulta sobre visita de Su Excelencia el Presidente de la República a la Región de Aysén, en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario.
Adjunta antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las materias que se refieren a continuación:
1.- Estado de la reconstrucción de la Tercera Comisaría de Carabineros en la comuna de Bulnes.
2.- Factibilidad de extender el subsidio al pago de consumo de energía eléctrica de familias de bajos ingresos albergadas en campamentos de la Región del Biobío.
Contesta una petición, remitida en nombre de los Senadores señores Horvath, Orpis y Sabag, a fin de acelerar los trabajos comprometidos por el Ejecutivo para remediar la situación de aislamiento crónico de la provincia de Palena y de la Región de Aysén, agravada por el cierre del paso fronterizo Cardenal Samoré.
Atiende solicitud, cursada en nombre del Senador señor Orpis, para que se consideren los planteamientos de su exposición respecto de la Región de Arica y Parinacota, en su dimensión geopolítica.
Contesta una petición de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Kuschel, sobre el anuncio de Su Excelencia el Presidente de la República de que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se incrementará en un 50%.
Del señor Ministro de Planificación :
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), respecto de las razones por las que no se prosiguió con el trámite de adquisición del predio de una particular.
Del señor Ministro de Justicia :
Atiende petición, enviada en nombre de la Senadora señora Rincón, concerniente a la respuesta de esa Secretaría de Estado al señor Alcalde de Cauquenes , en relación con medidas institucionales para fortalecer la acción del Servicio Médico Legal en dicha comuna.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Da respuesta a un acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señor Letelier, señoras Allende y Rincón y señores Girardi, Gómez, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto y Zaldívar (don Andrés), sobre medidas de protección del embalse Rapel (boletín Nº S 1.396-12).
Responde petición de antecedentes, remitida en nombre de los Senadores señores Horvath, Orpis y Sabag, referente a la situación del Paso Cardenal Samoré, ante la erupción del volcán Puyehue y el aislamiento crónico de la provincia de Palena y de la Región de Aysén.
Atiende solicitud, cursada en nombre del Senador señor Horvath, respecto de medidas adoptadas ante la erupción del volcán Puyehue, en lo tocante al cierre del Paso Cardenal Samoré , a los servicios de transbordadores a Palena, Aysén y Magallanes y a la priorización del tramo faltante, en la Ruta 7, entre Puerto Montt y Chaitén.
Contesta petición de información, requerida en nombre del Senador señor Walker (don Ignacio), sobre la factibilidad de habilitar las estaciones de Valencia y Rumié, respectivamente, del Metro Regional de Valparaíso , en las comunas de Quilpué y Villa Alemana.
Remite ejemplar del Plan Regional de Infraestructuras y Gestión del Recurso Hídrico al 2018, para la Región de Los Ríos, con el objeto de actualizar antecedentes solicitados en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo).
Informa que hará uso de su feriado legal entre los días 2 y 13 de enero del mes en curso.
Del señor Ministro de Salud :
Contesta solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Bianchi, en materia de aportes destinados al Hogar de Cristo para prestaciones de salud.
Da respuesta a peticiones de información, cursadas en nombre de la Senadora señora Rincón, sobre las siguientes materias:
1.- Listado de medicamentos cuya venta se encuentra autorizada en Chile, contenida en CD-Rom que acompaña.
2.- Situación que afecta a la señora Marisol Hernández Muñoz, de la comuna de Cauquenes, quien requiere de una intervención quirúrgica urgente.
3.- Dolencia que aqueja a la señora María Eugenia Labra Martínez, de la comuna de Linares, quien necesita similar intervención.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Responde consulta, efectuada en nombre del Senador señor Escalona, relativa a la forma y modo de dar cumplimiento a la ley N° 20.468, que aumenta el subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, particularmente, en la Región de Los Lagos.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Informa, en atención a una solicitud formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre aspectos del accidente ocurrido en el Archipiélago Juan Fernández, en septiembre pasado.
Del señor Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño:
Contesta petición de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Cantero, relativos a la designación del encargado de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital .
De la señora Directora de Presupuestos:
Remite copia de respuesta a petición enviada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, sobre acuerdos alcanzados con gremios de la salud, reajustabilidad de la bonificación de zonas extremas y planes de incentivo a retiro de funcionarios públicos.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Contesta solicitud de antecedentes, realizada en nombre del Senador señor Horvath, referente a las medidas adoptadas para que la Empresa Eléctrica de Aysén entregue solución a la serie de interrupciones del servicio que presta en la ciudad de Cochrane.
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor:
Atiende petición, cursada en nombre de los Senadores señor Bianchi, señora Pérez (doña Lily) y señores Horvath, Prokurica y Ruiz-Esquide, para el estudio de un proyecto que modifique la ley de dicho Servicio con el objetivo de asignarles facultades revisoras a los Comités Regionales para el Adulto Mayor y crear la figura de inspectores civiles.
De la señora Superintendenta de Pensiones:
Responde solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, en lo que se refiere a las razones técnicas que explican la disminución de la densidad previsional durante los últimos años.
Del señor Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda:
Contesta las siguientes peticiones de antecedentes:
1.- La formulada en nombre del Senador señor Kuschel, referente al anuncio de Su Excelencia el Presidente de la República de un incremento del 50% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
2.- La requerida por el Senador señor Navarro, en materia de niveles de elusión y evasión tributarias, desde el año 2008 a la fecha.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial, en materia de rendición (boletín N° 7.248-04).
De la Comisión Mixta constituida para proponer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política de la República, la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 126 bis de la Carta Fundamental, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández (boletín N° 6.756-07) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica límites intercomunales entre Combarbalá y Punitaqui, en la Región de Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos (boletín N° 6.733-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señora Rincón y señores Lagos, Muñoz Aburto, Rossi y Walker (don Patricio), con la que dan inicio a un proyecto de ley que extiende el beneficio a sala cuna y crea el Fondo Nacional Solidario para el cuidado infantil.
--Se declara inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme lo disponen el inciso tercero y el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Proyecto de acuerdo
Del Senador señor Chahuán, sobre reconocimiento de la asignación especial de funcionarios de salud para los Técnicos de Enfermería de Nivel Superior, y solicitud de un proyecto de ley del Ejecutivo que actualice el Código Sanitario en materia de profesiones auxiliares de la salud (boletín N° S 1.483-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Permiso constitucional
Solicitud del Senador señor Chahuán para ausentarse del territorio nacional entre los días 6 y 12 del mes en curso.
--Se autoriza.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión de hoy, resolvieron lo siguiente:
1.- Enviar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía el oficio de la Directora del Instituto de Derechos Humanos , mediante el cual solicita que el Senado designe a un nuevo consejero en reemplazo de la señora Pamela Pereira, proponiendo para tal cargo a la señora Carolina Carrera Ferrer.
2.- Reducir hasta el lunes 9 de enero, a las 13, el plazo fijado para presentar indicaciones al proyecto que establece la ley marco de los Bomberos de Chile.
3.- Ampliar hasta el lunes 16 de enero, a las 13, el plazo establecido para formular indicaciones al proyecto de ley sobre interés máximo convencional.
4.- Colocar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana los proyectos de acuerdo que figuran en Tiempo de Votaciones, ubicando en primer lugar el signado con el número 18 en la tabla de hoy, esto es, el que propone la constitución de una Comisión Especial del Senado para el estudio de reformas al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
5.- Fijar las semanas regionales para el año 2012 y enero de 2013, de acuerdo al siguiente calendario:
-Marzo: desde el lunes 26 al viernes 30.
-Abril: desde el lunes 23 al viernes 27.
-Mayo: desde el lunes 28 al viernes 1 de junio.
-Junio: desde el lunes 25 al viernes 29.
-Julio: desde el lunes 23 al viernes 27.
-Agosto: desde el lunes 20 al viernes 24.
-Septiembre: desde el lunes 24 al viernes 28.
-Octubre: desde el lunes 22 al viernes 26.
-Diciembre: desde el lunes 3 al viernes 7, y desde el lunes 24 al viernes 28.
-Enero de 2013: desde el lunes 28 de enero al viernes 1 de febrero.
V. ORDEN DEL DÍA
SIMPLIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7328-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 70ª, en 30 de noviembre de 2010.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 82ª, en 20 de diciembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo principal del proyecto es establecer un régimen optativo y simplificado para constituir, modificar y disolver una sociedad -salvo sociedades anónimas abiertas y otras especiales- o una empresa individual de responsabilidad limitada, y disminuir así los tiempos y costos para constituir formalmente una empresa, especialmente aquellos microemprendimientos que no han formalizado su constitución.
Por acuerdo de los Comités, de fecha 15 de marzo de 2011, se autorizó a la Comisión de Economía para discutir en general y en particular este proyecto durante el primer informe. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2011 dicho órgano técnico acordó, por la unanimidad de sus integrantes, no hacer uso de la facultad otorgada y despacharlo solo en general.
La Comisión de Economía aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Espina, García, Pérez Varela, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Cabe hacer presente que la Comisión deja constancia de que en la discusión en particular la iniciativa también debe ser informada por la Comisión de Hacienda por contener normas sobre materias propias de su competencia.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del primer informe.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Muchas gracias, señor Presidente .
Ante todo, les deseo un feliz Año Nuevo a todos los presentes.
De otra parte, solicito que se autorice el ingreso del Subsecretario de Economía.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a ello.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido la palabra.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , estamos frente a un proyecto de ley que reviste bastante trascendencia, por lo que deseo hacer presente que no me parece bien que se le coloque urgencia de "discusión inmediata".
Si bien esta iniciativa fue presentada en noviembre del año antepasado (2010), ha tenido un trámite largo, dado que tiene por objeto (conforme al proyecto original) modificar sustancialmente la forma como se pueden constituir sociedades en nuestro país. Es decir, hay un cambio muy profundo al ordenamiento jurídico, no en cuanto a reemplazar el actual sistema de constitución de las sociedades, sino respecto a establecer un sistema paralelo a fin de constituirlas en forma más rápida, más eficiente y más moderna, de acuerdo con la tecnología existente.
Sin embargo, en el debate habido en la Comisión -y en forma transversal- se observó que la manera en que se planteaba el proyecto presentaba algunas dificultades y no parecía conveniente darle trámite, pues todo el sistema de constitución quedaba radicado en un registro que sería llevado y administrado por el Servicio de Impuestos Internos.
La Comisión escuchó a diversos actores: a la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile; a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile; a profesores de universidades, abogados expertos en materias comerciales, etcétera.
Después de mucho tiempo de discusión y no habiéndose subsanado tales observaciones, hubo cambio de Ministerio. Y el nuevo Ministro -hoy día no está presente por razones explicables, pues se encuentra en el extremo sur del país, según entiendo- ha presentado una indicación sustitutiva del proyecto original, que si bien no cambia su objetivo, cual es agilizar, según se dice, la constitución de este tipo de sociedades, establece un sistema diferente en cuanto a la forma como se va a llevar adelante el formulario electrónico, el modo de procesarlo, de registrarlo, etcétera.
Esa es la indicación que hoy tenemos presente aquí, pero que no ha sido discutida ni votada por la Comisión. Y para evitar suspicacias, dados ciertos comentarios, la Comisión determinó aprobar por unanimidad la idea de legislar, pues todos estamos de acuerdo en que hay que modificar los mecanismos vigentes, para agilizarlos, abaratarlos, y así hacer más accesible al público la constitución de una sociedad comercial.
Ahora, yo mantengo mis observaciones, no como crítico del proyecto o contrario a él, sino para hacerle presente al Senado que debemos asumir con mucha responsabilidad esta materia y estudiarla muy a fondo.
Nuestro sistema para la conformación de sociedades tiene decenas de años de vigencia. Por tanto, es susceptible de modificaciones y perfeccionamientos.
Para tal efecto había dos alternativas. Una (la plantearon notarios, conservadores y profesores), la de decir más bien "Por qué no corregimos el sistema actual y lo agilizamos".
Por ejemplo, sobre 60 por ciento de las sociedades que se constituyen en nuestro país son de responsabilidad limitada, de pequeño capital.
Se preguntaba, entonces, por qué primero, con respecto a la situación actual, no eliminamos la obligación de que la sociedad se constituya a base de una minuta firmada por un abogado, suprimiendo para ello la disposición pertinente del Código Orgánico de Tribunales.
Si se quiere evitar la intervención de un letrado porque representa el mayor costo en la formación de una sociedad, dejemos que el cliente dé curso a su constitución llenando los formularios disponibles para tal efecto en las notarías.
¿Por qué no eliminamos el llamado "extracto de sociedad", que en su tiempo se estableció con el objeto de abaratar la publicación en el Diario Oficial? No se podía incluir en este el texto completo de la escritura de constitución de la sociedad. Entonces, se dispuso la publicación del mencionado extracto, en la idea de poner en conocimiento de la opinión pública determinadas referencias de la escritura: individualización de los socios, objeto de la sociedad, capital, encargado de la administración, plazo de vigencia, etcétera.
La supresión en comento sería perfectamente factible. Porque, si modernizáramos el sistema notarial y el de conservadores de bienes raíces, podríamos tener un registro nacional y en línea, con publicaciones, no por la vía del Diario Oficial, sino mediante una página web, como obligación de los propios notarios y conservadores de bienes raíces.
Esa es una alternativa, señor Presidente.
Pero se nos plantea una segunda.
Se nos dice: "Mantengamos el actual sistema, pero diseñemos otro paralelo para crear sociedades que podríamos llamar express".
¿Cuál es mi inquietud? La certeza jurídica de los actos que puedan celebrarse en virtud de ese nuevo procedimiento.
En mi concepto, al estructurar la legislación en proyecto, debemos cuidar que no se ponga en riesgo la seguridad jurídica.
En la Comisión de Economía, el Fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, abogado señor José Manuel Montes , entre otras cuestiones, planteó precisamente que mientras el nuevo sistema no se consolide habrá falta de confianza en la seguridad jurídica.
Tiene razón dicho personero. Y yo estoy seguro de que, aun con el nuevo sistema de sociedades express, muchas veces la gente va a recurrir a los abogados, quienes están para eso: para darles a los documentos las redacciones correspondientes.
En la Comisión deberemos estudiar el nuevo procedimiento que se nos propone ahora mediante una indicación, pues a través de ella nos precisan el contenido del proyecto. Y habremos de tomar las medidas del caso para que no se ponga en riesgo la certeza jurídica.
Vamos a tener en Chile dos sistemas para la constitución de sociedades: el tradicional, que yo soy partidario de modificar, perfeccionar y modernizar en este proyecto por la vía de las indicaciones, y el nuevo, que funciona de la manera que explicitaré en seguida.
Toda persona podrá entrar a la página web de un sistema centralizado de registro que va a licitar el Ministerio de Economía, donde accederá a un formulario que le permitirá constituir 8 tipos de sociedades diferentes, respecto de lo cual también llamo la atención.
No sé por qué establecer un mecanismo para todas las sociedades que se puedan constituir, salvo las anónimas con acciones, y no dejarlo solo para las sociedades más recurridas, sobre todo por la pequeña empresa, y a lo mejor para las sociedades con capital determinado.
Pero bueno. Si se hace para todas las sociedades, la persona llenará el formulario y lo entregará al notario, quien lo pasará al registro, donde se insertará y se entenderá hecha la publicación. Así, la sociedad va a estar constituida -según se dice- en 24 horas y con costo cero. O sea, no se paga notario, ni conservador de bienes raíces, ni publicación en el Diario Oficial.
Todo eso es cierto.
Pero nuestro país va a tener dos sistemas: el tradicional, que conlleva la certeza jurídica, por la experiencia habida durante el último tiempo, y el nuevo, que -quiero llamar la atención al respecto- es demasiado inseguro, a mi modo de ver.
Actualmente, las causales de nulidad (falla en el extracto, error en el texto de la escritura de constitución de la sociedad, en fin) vencen por el término de los plazos normales, ordinarios, que son largos. Ahora se propone establecer que ellas queden sin efecto transcurridos dos años; o sea, a pesar de que el instrumento adolezca de causales de nulidad de por sí, no podrá reclamarse de esta luego de dos años: se entenderá que el vicio está saneado en su totalidad.
¡Cosa muy novedosa en nuestro ordenamiento legal...! Pero está así. Y yo creo que el objetivo es precisamente evitar nuestra eventual crítica a la falta de certeza jurídica de los sistemas en comento.
Con relación a este tipo de sociedades, señor Presidente , nos surgen otras interrogantes: ¿Van a darles mérito los bancos y las instituciones financieras que negociarán o tendrán relaciones comerciales con ellas? ¿Cuánto tiempo demorará en consolidarse el nuevo sistema?
Tales son parte de nuestras argumentaciones. Y se necesita sobre el particular un estudio a fondo.
Empero, se nos está pidiendo que tratemos esta iniciativa con "discusión inmediata".
¡Yo considero que es una exageración!
Tenemos que despachar un buen proyecto. Y si queremos lograrlo, debemos trabajar con seriedad. Por ejemplo, para ver cómo elaborar indicaciones que nos permitan darle seguridad jurídica al nuevo sistema.
No es admisible que, mientras en la iniciativa del propio Ejecutivo se establece que para implementar los reglamentos de la ley aquel precisa seis meses, a nosotros se nos pida que con "discusión inmediata" nos pronunciemos sobre la nueva indicación gubernativa, que establece un texto nuevo, distinto del original que conocimos en la Comisión.
Además, la ley en proyecto entrará en vigencia casi un año después de su publicación en el Diario Oficial.
Entonces, le pido al Gobierno que no nos fije urgencias más allá de lo indispensable. Los miembros de la Comisión queremos legislar sobre la materia, pero deseamos hacerlo de la mejor forma posible, diseñando un sistema que funcione y que no cree dificultades insubsanables.
Esa es la razón por la cual le solicito al Ejecutivo que no ponga "discusión inmediata"; que nos deje trabajar, y que nos permita formular las indicaciones encaminadas a construir un buen proyecto, para que el día de mañana las sociedades que se constituyan al amparo de la nueva legislación tengan valor y certeza jurídica.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Como el Senador señor Chahuán no intervendrá, tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , el titular de la Comisión de Economía acaba de hacer a este proyecto de ley las mismas observaciones que formuló durante el debate habido en dicho órgano, con las que estoy de acuerdo.
Esta iniciativa apunta a reducir el largo tiempo que demora la conformación de sociedades, lo que a veces no es tan cierto. Hoy es factible constituir algunas en 48 horas, porque el trámite lo hace el mismo notario, quien realiza también la publicación.
Sin embargo, existen problemas de costos. Y el proyecto en debate procura eliminar barreras que en algunas ocasiones resulta imposible superar tratándose de los emprendedores más pequeños, a quienes esta característica no les veda el derecho a constituir una sociedad, o una empresa de responsabilidad limitada, o una empresa individual de responsabilidad limitada.
A tal efecto, el Ministerio de Economía presentó una proposición de ley dirigida tanto a bajar los costos y reducir el tiempo para la constitución de sociedades como a simplificar los trámites para su liquidación.
Aquí, señor Presidente , hay algo que debemos conciliar: cómo hacer un proyecto que simplifique los trámites para el común y corriente de los ciudadanos que quieren emprender y, al mismo tiempo, de qué manera les damos seguridad jurídica a las instituciones que van a interactuar con el emprendedor para, por ejemplo, otorgarle un crédito. Porque no tendrá sentido facilitar los trámites si al final esa persona no va a obtener préstamos.
Es indispensable, pues, que el sistema esté legitimado respecto no solo a quienes van a constituir la empresa sino también a las instituciones que van a usar la credibilidad y la certeza jurídica emanadas de él.
En todo caso, debo puntualizar que este proyecto, siendo necesario, no es suficiente.
Yo no quisiera, señor Presidente , que quedara la sensación de que los problemas en comento son los únicos y principales que afectan a los emprendedores. Porque sus mayores dificultades derivan del hecho de que no los dejan entrar al mercado o los sacan de él; de su imposibilidad de competir, de la falta de competencia, del reemplazo de esta en virtud de acuerdos subrepticios o clandestinos que adoptan ciertos operadores en perjuicio de los demás emprendedores y, especialmente, de los consumidores.
Conocimos en 2011 casos relevantes que dejaron testimonio de la inexistencia de un mercado perfecto; de que no basta la autorregulación; de que no basta el mercado. El mercado no garantiza por sí solo la igualdad de oportunidades para competir.
Por eso, en mi opinión, sobre la materia falta más Estado, en la medida necesaria y suficiente para establecer libre competencia y garantizarles a los consumidores, especialmente, que van a tener una herramienta que les permitirá elegir y que no estarán obligados a adquirir en función de un sistema monopólico o de alta concentración.
La ley en proyecto, que es requerida con urgencia, no necesariamente será resuelta con "discusión inmediata" o con "suma" urgencia.
Esta iniciativa modifica la forma como nuestro país ha enfrentado la constitución de sociedades durante más de 100 años. Y su impacto en los emprendedores será tremendo, pues se simplificarán los trámites que deben efectuarse para tal efecto; pero también habrá un cambio sustantivo en el modo de modificar las empresas y ponerles término.
Para eso necesitamos dialogar, escuchar, elaborar indicaciones que apunten, por ejemplo, a lo que decía el Senador Zaldívar.
Va a haber dos sistemas. Sí. Pero creo que, manteniendo ambos, quizás con un esfuerzo podríamos tener un solo mecanismo de información que permitiera acceder a una página donde figuraran las empresas nuevas y las antiguas, para saber quiénes son los representantes legales, cuáles fueron las últimas modificaciones, cómo están constituidas.
Ahora, no hay impedimento en que, si así lo concordamos, las empresas más complejas no se acojan al sistema de formulario y registro en el Ministerio de Economía, que será licitado, y mantengan el procedimiento antiguo, que prevé la participación de abogado, notario, conservador de bienes raíces, en fin. Sin embargo, en este proyecto habrá que establecer una modalidad conforme a la cual notarios y conservadores estén en línea y exista nexo con la información contenida en la página web del Ministerio de Economía, para tener conocimiento sobre la situación de la totalidad de las empresas.
Porque hoy día nadie garantiza que, en el momento de firmar un contrato, quien dice ser el representante de una sociedad lo es, salvo que lleve un certificado relativo a la vigencia de esta, documento que dura 30 días. Pero, después de obtenerlo, esa persona podría hacer modificaciones, y nadie va a saberlo.
En cambio, cuando se puede saber en el acto, en línea, al mismo tiempo de suscribir un compromiso, quiénes son los representantes de la sociedad y cuáles son las últimas modificaciones de esta, la certeza jurídica es mayor.
En consecuencia, voy a presentar indicación en el sentido de tener dos sistemas, quizás, pero una sola planilla, donde sea factible mirar las antiguas y las nuevas empresas.
Por último, señor Presidente, convengo en que es necesario apurar este proyecto, pero de manera tal que tengamos la seguridad de elaborar una buena ley.
En esa línea, invito al Ejecutivo a no apurarnos con la "discusión inmediata". Esta iniciativa es necesaria, aunque no suficiente, para eliminar barreras que afectan particularmente a las pymes.
En todo caso, invito a que la modernización del sistema registral no sea solo para las nuevas empresas, sino también para las antiguas. Y, asimismo, llamo a establecer una tarificación respecto a conservadores y notarios, y a consignar un mecanismo de fiscalización por parte de consumidores y usuarios. Porque no hay fiscalización estrecha sobre lo que hacen especialmente los conservadores, ni acerca de los costos asociados y los tiempos que se demoran en entregar la información. La mayor parte sostiene que ya está en línea. Pero cuando uno va a pedir una inscripción dicen: "Pague anticipado". Y aplican un arancel que nadie explica.
Además, hay que revisar ese arancel. ¿Por qué no? Las economías de escala de conservadores que cubren importantes territorios y poblaciones por supuesto que permiten espacio para regular tarifas que son monopólicas y que se hallan reguladas en un decreto muy antiguo.
Señor Presidente , yo invitaría al Ejecutivo a analizar si el SERNAC puede ser fiscalizador. Ese Servicio debería disponer de facultades para fiscalizar a notarios y conservadores; porque, a decir verdad, las cortes de apelaciones no tienen ni tiempo, ni capacidad, ni dedicación para tal efecto.
Por tanto, aquí hay mucho paño que cortar; bastante que analizar, discutir, dialogar. La ciudadanía está a la espera. Pero, sin duda, aguarda un buen proyecto: un proyecto que le baje costos, le ahorre tiempo y, por sobre todo, le dé la certeza jurídica indispensable para operar en el mercado.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , no cabe sino celebrar el propósito del proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de sociedades comerciales.
Me parece haber recogido, de lo dicho por los distintos intervinientes, que se recibe con buen ánimo el propósito de disminuir las demoras, así como también, implícitamente, los costos involucrados en la formación, modificación, disolución y división de estos "vehículos" comerciales, es decir, asociaciones que permiten desarrollar otras actividades; que hacen posible, además, una mejor fiscalización para fines tributarios; que de algún modo cristalizan, en el sentido legal, lo que son iniciativas personales, muchas veces, porque alrededor de un 60 por ciento de los entes jurídicos que se crean hoy en día corresponden, en el fondo, a sociedades intuitu personae.
Ahora, suscribiendo esa noción general, que va en una dirección correcta, como muy bien ha dicho el Presidente de la Comisión que estudió el proyecto, tengo que declararme también un poco sorprendido, sin embargo, con la solicitud de "discusión inmediata". Existe un sistema registral y notarial que exhibe, si la memoria no me engaña, cerca de 140 años de operación. Naturalmente, esa metodología se encuentra muy arraigada en la mentalidad del ciudadano medio, aun cuando este no haya desarrollado actividades comerciales por la vía de la creación de una persona jurídica. Entonces, dicha calificación de la urgencia, que representa siete días para cada Cámara, contados desde que es solicitada, me parece un exceso de velocidad. Modificar en 14 días instituciones que llevan tanto tiempo de aplicación puede originar...
El señor PÉREZ VARELA .- No es así.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¿No? Hay opiniones discordantes.
Decía que pueden generarse efectos no deseados. Demasiada rapidez, a veces, acarrea despilfarro.
Se puede responder a la objeción -ella es de sensatez, de buen criterio, no más- que subsistirá una vida paralela de ambos sistemas: el electrónico y el tradicional, el registral físico. Y eso es efectivo. Pero tal circunstancia, en una de esas, puede acentuar la confusión.
Por mi parte, me permito hacer ver que el más importante argumento esgrimido es el relacionado con la certeza, el cual es central, con razón, porque estos entes entran a operar en actividades de todo tipo y es muy medular saber si se hallan bien constituidos; quiénes son los actores, los aportantes -sea de trabajo, sea de dinero-; si se encuentran vigentes; si han recibido objeciones.
No por nada se reduce a dos años, en la propuesta de ley que nos ocupa, el plazo para invocar la nulidad, a lo cual también se refirió otro Senador. En realidad, es una prescripción bastante breve. No es de los más cortos -el Código Civil contempla muchos términos de meses, en particular en el Título XLII-, mas considero que es un período muy reducido para subsanar causales de nulidad. Entiendo que ello refleja una preocupación por el mismo asunto: cómo lograr mayor seguridad jurídica en las transacciones de las personas, pero -nuevamente- estimo que media un afán de abreviar plazos que excede lo que la realidad recomienda.
Por ahí expresa el proyecto que se podrá utilizar la firma electrónica. Me atrevo a pensar que ese va a ser verdaderamente un intríngulis insoluble para más o menos nueve décimos de los ciudadanos normales, no conectados con Silicon Valley , en su mayoría...
En lo personal, enfrentaría serios problemas para conseguirla. Voy a tener que recurrir a alguien que me conduzca al lugar adecuado para poder beneficiarme de esa maravilla. No quiero ponerme en la situación de otros. Creo que en ese aspecto no soy una excepción.
Entonces, es cierto que ello puede abaratar el costo. Así está enunciado y propuesto. Pero pienso que, en los hechos, la diablura chilena va a crear entidades especiales, aunque no sea más que para facilitar la obtención de la firma electrónica, y vamos a encontrarnos con amplias oficinas de quienes se dediquen a ello. Es por dar un ejemplo, no más.
Si bien esta no es una discusión en detalle, también formularé un alcance genérico al que me mueve un poco mi desempeño en el ámbito jurídico. Ejercí como 40 años en las "mazmorras" del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y del Archivo Judicial, que son bastante impresionantes, donde personas de carne y hueso con quienes uno trataba cuestiones legales iban resolviendo muchos problemas. Los notarios, en muchos países, tienen una función cuasijudicial, casi de conciliación, que juzgo que en este caso se estaría perdiendo.
Llamo la atención nuevamente sobre algo existente, entonces, que podría profundizarse, perfeccionarse, pero que no creo que fuera bueno dar por muerto, aun cuando efectivamente se contemple un plazo de adaptación.
Se ha hecho referencia, asimismo, a los costos y los controles de los aranceles. Ese es un aspecto que atañe a los tribunales, en virtud de las facultades económicas y disciplinarias. No involucraría al SERNAC en la cuestión, organismo bastante ocupado, por lo demás, en los asuntos de La Polar, por lo que he leído en los diarios. Así que separaría las cosas. Es algo que depende -repito- de los tribunales, no de alguna entidad de control administrativo. Mientras menos se les mete mano a los organismos jurisdiccionales por la vía administrativa, más a salvo están los derechos de las personas.
En general, considero que se observa un poco de aceleración indebida en relación con el proyecto. Por mi parte, daría lugar a un poco más de meditación. Pienso que 14 días en total para despacharlo, aun cuando se invoquen muchas razones relacionadas con técnicas contemporáneas, es un lapso insuficiente.
En una reunión que sostuvimos para analizar la iniciativa se recordó lo ocurrido en algunos de los lugares siniestrados a raíz del terremoto y que se había puesto en evidencia la pérdida física de registros conservatorios. Me permití preguntar si acaso estos mecanismos electrónicos no estaban expuestos a las invasiones que, a veces, plantean los llamados "hackers". No sé exactamente cuál es el sinónimo de esa palabra en castellano, pero entiendo que significa algo así como la entrada de un tipo con un lanzallamas al Conservador de Bienes Raíces de Santiago: se puede convertir en humo toda la historia de la propiedad en la Capital. No vaya a ser que quedemos expuestos a una cosa similar.
Francamente, pido un poco más de reposo para la intervención en instituciones de muy larga data, con un cierto carácter consuetudinario, además, y que pienso que puede terminar por dejar de lado a quienes vienen a constituir en muchos lugares unos intermediarios de la vía legal, en cierta manera, como son los notarios y los conservadores.
En conclusión, pienso que el proyecto necesita un poco más de meditación. Es cuanto puedo decir sobre la materia.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, aprovecho de desearles un feliz año nuevo a todos los Honorables integrantes del Senado y a los funcionarios.
Quisiera plantear brevemente, a propósito del debate en la Sala, que el proyecto de ley en estudio es, sin lugar a dudas, de suyo importante -diría, fundamental- para el progreso del país, porque, en esencia, nos estamos refiriendo a una de las barreras más importantes para crear empresas de todo tipo.
Muchas veces, cuando se hace referencia al emprendimiento, se le da una mirada limitada. En verdad, este tiene lugar en la actividad comercial, productiva, artística, educacional, de salud. Es muy importante en todos los aspectos de la vida humana. Y las grandes limitaciones en ese ámbito son, fundamentalmente, los obstáculos para originar nuevas instituciones, nuevas empresas.
Ello, además, acarrea consecuencias importantes desde el punto de vista de un objetivo central para Chile. En efecto, a todos nos une la preocupación por hacer de este un país con más oportunidades para todos, más equitativo. Ocurre que es el proceso de emprendimiento el que permite generar el mayor número de puestos de trabajo. Y, por lo tanto, estamos atacando un problema central de equidad cuando facilitamos la creación de empresas y la realización de iniciativas.
Pero no se trata solo de eso. Un segundo elemento fundamental es algo en lo que también registramos un acuerdo muy significativo: facilitar la competencia. ¿Cómo se consigue ese propósito? Precisamente al permitirse nuevos emprendimientos.
Tercero, Chile se encuentra hoy día también en otra etapa de desarrollo. Hacemos referencia a los países de ingreso medio. Necesitamos innovar más. ¿Cuál es la clave para ello en el mundo? Una sola: el emprendimiento.
Y, por eso, este es un proyecto de suyo sustantivo para el objetivo de progreso, justicia e innovación que nos une a todos.
Quiero ilustrar lo anterior con algunos antecedentes. Hoy día, por ejemplo, el costo estimado de la constitución de una microempresa asciende a 250 mil pesos; de una pequeña, 315 mil, y de una mediana, 410 mil. Les pido a los señores Senadores comparar la diferencia y observar el costo, lo que permite darse cuenta de la barrera gigantesca que para la innovación, la equidad, el progreso y el empleo representa la dificultad impuesta por la legislación para crear empresas.
Otro elemento que deseo mencionar es que en el mundo se está dando en la actualidad con una fuerza enorme el proceso de eliminar barreras al emprendimiento. Quisiera proporcionar un antecedente objetivo: 98 países han reducido el tiempo de creación de nuevas empresas a menos de 20 días. Hace solo cinco años eran 45, o sea, un poco menos de la mitad. Lo que deseo señalar es que nos encontramos en una competencia global, en la que tenemos que avanzar también con la rapidez que se requiere.
Por último, señor Presidente , es una preocupación del Gobierno hacer que el proceso cumpla efectivamente con todas las exigencias de rigurosidad y seriedad planteadas aquí por distintos señores Senadores. Tenemos que agilizar el proceso, pero sin perder las virtudes de la seguridad jurídica y la confianza, fundamentales para cualquier país.
Esa es la razón por la cual la materia se ha debatido durante un tiempo bastante prolongado en esta Corporación. Se conformó una comisión de expertos integrada por representantes de centros de estudio de distintas visiones: CIEPLAN, Libertad y Desarrollo, así como también por profesores de derecho comercial de la Universidad de Chile, todos ellos personas que laboraron en el perfeccionamiento del proyecto.
Y una indicación sustitutiva ingresó al Honorable Senado hace un mes y medio, la cual dará lugar al trabajo de detalle en la Comisión respectiva para someterse posteriormente a la discusión específica en la Sala.
En consecuencia, desde la perspectiva del Gobierno, creemos haber trabajado en un acuerdo necesario a nivel técnico para poder avanzar con miras a lograr un doble propósito: mantener la certeza jurídica, la confianza, y, a la vez, agilizar el proceso de emprendimiento, tan necesario para el país en el día de hoy.
Celebramos, por lo tanto, que se esté debatiendo en general una iniciativa que va a reportar, sin lugar a dudas, cuando sea aprobada y aplicada, un gran beneficio para toda la sociedad.
He dicho.
El señor TUMA.- ¿Se puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Hay acuerdo para ello?
El señor CANTERO.- Está bien.
El señor PÉREZ VARELA.- Pero manteniéndose los tiempos para intervenir.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la finalidad del proyecto que nos presenta el Gobierno y que con tanta pasión ha definido el Ministro Secretario General de la Presidencia es disminuir el tiempo y los costos para constituir empresas.
Quiero consignar que el texto no logra significativamente, en verdad, ninguna de las dos cosas. Es más, no ataca en forma real el problema de los plazos.
Aquí se ha querido insinuar que, a través de una página web, un sistema electrónico y un registro que van a manejar otros, se va a ahorrar tiempo. Lo cierto es que más del 90 por ciento de notarios y conservadores de Bienes Raíces cuentan hoy con la firma electrónica avanzada, que permite el registro de la sociedad en un plazo de 24 horas y, en menos de 30, la publicación en un registro informático, a través del conservador de Bienes Raíces, de la constitución de la empresa.
La cuestión de los plazos -y por eso deseo partir- no tiene que ver con el sistema registral existente. A lo que sí podríamos obligar -y ese es uno de los elementos contenidos en la indicación sustitutiva que algunos vamos a presentar- es a que todos los notarios y conservadores contaran con la firma electrónica avanzada y a que se les fijasen plazos perentorios para cumplir el proceso registral tendiente a facilitar y acelerar la creación de empresas.
Pero esa no es la mayor dificultad, señor Presidente.
Me gustó escuchar al señor Ministro hacer referencia a los costos. Quisiera que describiera a quién se le pagan. Porque expresó que cuesta 250 mil pesos la constitución de una microempresa y 410 mil una mediana, y deseo saber cuántos reduce el proyecto. En verdad, lo que se hace es traspasar al Estado el cobro, sin discriminar si se trata de una microempresa, de una pequeña o de una mediana.
Es más, la iniciativa propone subsidiar algunos costos marginales en la constitución de empresas, incluso de las grandes, para lo cual no existe ninguna razón. Es perfectamente posible fijar cuáles son los derechos que pueden cobrar un notario o un conservador en el caso de una microempresa, e incluso establecer -como lo hemos hecho en otras materias- gratuidad para tal efecto.
En verdad, los costos no son abordados necesariamente en el proyecto, como se quiere insinuar. Probablemente, parte de los que se contemplan dicen relación con si se deben pagar ciertos derechos a un abogado. Eso se puede obviar o no. Y es una facultad de cada uno el que existan formularios. No tenemos problemas con los formularios tipo. Pero sí los enfrentamos con el cambio del sistema registral. Y más aún ante el hecho de que se quiera insinuar la licitación de la administración del registro, lo que nos parece una aberración. Y más aún cuando, en un país como el nuestro, que se abre al comercio internacional, el mal uso de procedimientos por hackers o lo que sea puede prestarse para cualquier tipo de distorsión en la creación de empresas.
Señor Presidente , no tenemos ninguna objeción a disminuir el tiempo y los costos de la constitución de empresas. Pero respecto a la propuesta sobre la cual se dice que han hablado tantos expertos, debo manifestar que no la hemos discutido aquí, en el Senado, con el tiempo y la pausa que requiere una materia como esta.
Uno tendría que preguntarse: ¿Ha de haber facilidades para las microempresas? Por cierto que sí. Incluso deberíamos ir más allá y darles un año de plazo para no pagar las patentes municipales, a fin de que exista un incentivo efectivo para los microempresarios. Sin embargo, aquí se pone en la misma situación a una señora que vende mote con huesillos o papas fritas en la plaza y a un tipo que desea instalar una comercializadora agrícola de grandes proporciones. Es decir, no hay una diferenciación correcta, una precisión.
Y cuando se habla de cambiar el sistema registral y crear uno dual, creo que ello no se ha sopesado lo suficiente.
A mi juicio, aquí sostenemos la típica discusión frente a la mirada de dos profesiones muy distintas. Por un lado, la de los ingenieros comerciales, que se refieren al emprendimiento como si se tratara de la panacea, y por otro -me parece de tremenda importancia- la de las certezas jurídicas. Y en este proyecto se arriesga la certeza jurídica por algo más aparente que real.
En tal sentido, señor Presidente, no tengo objeción en realizar este debate si lo queremos hacer en serio, con responsabilidad y generando procedimientos que faciliten las cosas, pero no sobre la base de hechos irreales y falsos.
Se ha querido insinuar que el sistema de notarías y de conservadores de bienes raíces en nuestro país se encuentra igual que hace cincuenta años. Y no es cierto. ¡Es absolutamente falso! En menos de 24 horas, el 60 por ciento de las sociedades comerciales -no soy quién para defender al Conservador de Bienes Raíces de Santiago ; perdónenme, el señor Maldonado puede hacerlo solito- quedan constituidas, inscritas en el Conservador, y en 48 horas ello está en condiciones de ser publicado en extracto.
El problema no radica en los tiempos.
En Rancagua -ubicada en la Sexta Región, que represento junto con el Senador García-Huidobro- todas las notarías y conservadores han implementado la firma electrónica avanzada. Por ejemplo, si se va a una notaría en Graneros, dentro del día se efectúa la inscripción en el Conservador respectivo, porque se hace en línea. Esto se ha masificado en el país, porque estas instituciones se han modernizado en este tiempo por iniciativa propia. Y en buena hora, porque el país lo necesitaba.
Pero en este proyecto se parte de la presunción de que los notarios y los conservadores se demoran de seis a doce días en realizar estos trámites, lo cual no es real. Y lamento que el Ministerio de Economía le entregue al Senado información no precisa. Quien más se demora es el Servicio de Impuestos Internos. Se da un plazo de veintiún días para otorgar el RUT oficial de la empresa. ¡Y se le quiere entregar a ese Servicio la administración del registro...! ¡Qué absurdo! O licitarlo.
Si queremos acortar plazos, hagamos una discusión real.
La constitución de la empresa es una de las dimensiones. También podemos imponer que la firma electrónica avanzada sea implementada de acuerdo a ciertos plazos -como se propone en la indicación que vamos a entregar-, mantener un sistema registral que garantice la fe pública. No somos un país anglosajón, no nos guiamos por lo que ellos llaman el "common law". Nuestro ordenamiento se rige por otros principios jurídicos.
Tengo la impresión de que no hay que innovar en esta materia. Sí podemos hacerlo en acortar otros procedimientos: obligar a que los municipios no le cobren derechos a la microempresa durante un año, para que pueda funcionar; exigirles plazos distintos al Servicio de Impuestos Internos, lo cual no se aborda en este proyecto.
En cuanto a lo referido a los costos, habrá que ver a quién le queremos abaratar la constitución de empresas. En este punto la ley pareja parece ser un poquito dura. Porque el que pagará al final del día será el Estado, que terminará subsidiando a las medianas empresas que se vayan constituyendo. Y no sé si ello es correcto. De por sí, lo que se gasta en derechos en nuestro país por este concepto es harto poco. Probablemente, a quien más hay que pagarle es al abogado, y en buena hora.
De otro lado, lo concerniente a las publicaciones en el Diario Oficial hoy se puede obviar con las tecnologías existentes.
Entonces, ese no es el tema principal.
Señor Presidente , soy partidario de facilitar la creación de empresas, pero sin generar riesgo o falta de certeza jurídica, como sucede en este proyecto.
Y espero que el Gobierno se abra a retirarle la urgencia a la presente iniciativa para poder realizar el debate al que me referí. Queremos sacarla con prontitud, pero con racionalidad. Porque hacer las cosas con apuro en materias como esta puede generar consecuencias indeseables.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , intervendré en forma muy breve.
Primero, creo importante realizar una discusión sobre esta materia, porque imagino que como país deseamos volvernos menos burocráticos y, a lo mejor, facilitar la constitución de algunos emprendimientos, como se ha mencionado.
Sin embargo, creo que el debate realizado hasta ahora nos ha demostrado que este proyecto presenta todavía insuficiencias. Y pido, formalmente, segunda discusión.
Pienso que su texto no se encuentra en condiciones de ser votado ni siquiera en general, porque efectivamente deja dudas.
Creo que estamos de acuerdo con la idea de implementar un sistema electrónico, al cual se pueda acceder, que facilite la constitución de las sociedades.
Sin embargo, habría que establecer una diferenciación. No es lo mismo una pyme o una mediana empresa, que una gran empresa. Y el proyecto no aborda este tema.
Es importante, también, que tanto el notario como el conservador puedan revisar los formularios, siempre que lo hagan de manera electrónica. Me parece que el 80 por ciento de ellos lo pueden hacer y, por lo tanto, es fácil que el resto se sume.
Pero en cuanto a eliminar la obligatoriedad de la publicación en el Diario Oficial, que podría resultar -entre comillas- atractivo por implicar una reducción de costo, tengo mis dudas.
Lo digo por lo siguiente. La aparición en ese medio de comunicación ha permitido en muchos casos tener un indicio, una pista o, para ir más lejos, rastrear -como dirían algunos- ciertos negocios especulativos. Ello es importante incluso como información en el ejercicio de la libertad de prensa. Y no ha sido malo en ese sentido.
Por eso, tengo mis dudas acerca de eliminar lo relativo a la publicación en el Diario Oficial. Porque es interesante que se maneje como antecedente general, sobre todo cuando a veces se observan movimientos que, más que generar empresas tendientes a crear empleo, y por lo tanto, a aportar, presentan un carácter especulativo.
Entonces, señor Presidente , en términos muy generales este proyecto va bien encaminado en la idea de recortar plazos, costos y facilitar, disminuir las trabas que puedan significar el establecimiento de mayores exigencias para el Servicio de Impuestos Internos (estoy de acuerdo en que hoy día es uno de los factores que más produce lentitud). Pero me gustaría que lo revisáramos con más calma. Se han realizado buenas observaciones y creo que se van a presentar indicaciones.
En consecuencia, me gustaría saber si estamos en condiciones de realizar una segunda discusión.
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El señor ORPIS.- Ello no es posible.
El señor NAVARRO .- ¿Habrá segunda discusión?
El señor ORPIS.- No, porque estamos en votación.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , quiero informarle a la Sala que a comienzos del 2010 asistió a la Comisión de Economía la señora embajadora de Nueva Zelandia en Chile, junto con un equipo de profesionales del organismo equivalente al Ministerio de Economía chileno. Y bastante antes de que ingresara este proyecto, nos expusieron la forma de registro único existente en ese país para la creación, modificación y disolución de sociedades.
Y, en verdad, los integrantes de la Comisión de Economía, de todos los sectores políticos, quedamos francamente muy bien impresionados por la simpleza del modelo; por cómo se hace transparente de forma inmediata en todo el país la constitución de sociedades, el nombre de los socios, sus aportes de capital, al igual que las modificaciones o las disoluciones.
Poco después ingresó el proyecto de ley que nos ocupa.
Alguien mencionó recién que esta iniciativa lleva muy poco tiempo discutiéndose. Y quiero decir que por lo menos en la Comisión de Economía le hemos dedicado un largo período a su tramitación. Tanto es así que el Ejecutivo , haciéndose eco de diversas observaciones, diversas inquietudes, diversas dudas, formuló en estas últimas semanas una indicación sustitutiva en que, por ejemplo, se elimina lo relativo a que el registro de las sociedades sea llevado por el Servicio de Impuestos Internos, tal como se concebía en el proyecto original. Con ello, se abrió a la propuesta que le hicimos los cinco Senadores integrantes de la Comisión de Economía, en el sentido de que la responsabilidad de llevarlo recaiga en el Ministerio de Economía, probablemente, a través de una licitación, de tal manera que se den todas las garantías de seguridad con respecto a la información registrada.
En definitiva, creo que esta iniciativa es muy positiva y muy necesaria.
Debemos tener presente que todos nosotros realizamos a diario cada vez más operaciones complejas vía Internet. Por ejemplo, transferencias de recursos de una cuenta bancaria a otra; compras. Es decir, muchas operaciones respecto a las cuales uno podría preguntarse qué certeza hay de que realmente su registro permanezca en el tiempo, de que la orden dada solo mediante la presión de una tecla del computador sea cumplida como se dispone.
Pero ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo moderno. Y frente a ello, tenemos que ir modificando nuestra legislación, adaptando nuestra legislación, a fin de aceptar las nuevas tecnologías. Y esto se realiza con este proyecto sobre creación de un sistema de ventanilla y de registro único, que va a permitir que desde un computador podamos constituir, modificar, disolver sociedades.
Ello no significa de manera alguna dejar al margen a las notarías, que constituyen una importantísima institución colaboradora del Poder Judicial . ¡No! Porque, por ejemplo, cuando la firma digital no se halle debidamente registrada, garantizada, ¿ante quién vamos a realizar el trámite pertinente? Obviamente, ante el notario. Cuando se deba actuar mediante poderes para acreditar la representación, ¿quién los va a certificar? Por supuesto, un notario.
En consecuencia, aquí estamos facilitando la constitución de sociedades. Además, al crear un registro único, permitimos la transparencia, de tal manera que ya no sea necesario publicar un extracto en el Diario Oficial para recién a través de ello enterarnos de la constitución de una sociedad. No habrá que pagarle a este medio de comunicación cantidades de dinero muchas veces bastante altas, sobre todo para los pequeños emprendedores, sino que, simplemente, mediante este registro único, sencillo, de fácil acceso, quedará disponible la información pertinente.
Por lo tanto, señor Presidente, esta iniciativa apunta en el sentido correcto, y creo que la Sala debería aprobar la idea de legislar.
Sin duda, el problema al que se aboca no es el único que dificulta los emprendimientos. Existen problemas serios, por ejemplo, con las Direcciones de Obras Municipales cuando los planes reguladores no se encuentran debidamente actualizados. ¿Cuántas veces no se puede autorizar el funcionamiento de una empresa porque hay que esperar que se modifique el plan regulador, o que se realice un plan seccional?
¿Cuántas veces ocurre que los emprendedores, sobre todo los más pequeños, no pueden realizar su actividad porque no les ha sido factible regularizar su propiedad?
Esos problemas suceden con mucha frecuencia, y debemos abordarlos y resolverlos precisamente para facilitar el emprendimiento y el empleo.
Tenemos dificultades con las autorizaciones sanitarias. ¿Cuánto se demora este trámite? Alguien que desea instalar un pequeño restorán, un pequeño establecimiento de expendio de bebidas y de comida rápida tiene que cumplir con todos los requisitos sanitarios. Y eso sí que se demora: 20 a 30 días, o más si hay reparos.
Para qué decir las actividades agrícolas, que generalmente uno considera muy fácil de materializar y, sin embargo, en ellas las exigencias son cada vez mayores: la instalación de baños, de casinos para los funcionarios, en fin. Nosotros mismos vamos agregando requisitos en forma creciente. Y creo que debemos simplificar la tarea del emprendimiento.
Tenemos problemas, por ejemplo, con situaciones tributarias pendientes. En numerosas ocasiones un emprendimiento fracasa. Y este, desde el punto de vista tributario, queda ahí: nunca se realiza el término de actividades, nunca se disuelve la sociedad, nunca se completa el proceso de quiebra. Entonces, partimos con un nuevo emprendimiento, llegamos a timbrar facturas y nos dicen: "No, porque usted presenta una situación tributaria pendiente".
Deberíamos hacernos cargo de esa situación.
Por supuesto, también tendríamos que abordar las dificultades graves que crea el DICOM, porque muchas veces constituye un obstáculo para nuevos emprendimientos.
Entonces, siento que estamos dando un paso en la dirección correcta. Pero -hay que decirlo- nos quedan muchos desafíos pendientes.
Voto que sí.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , estoy convencido de que hay que reformar las instituciones existentes en el país. Es necesario introducirles cambios que permitan agilizar sus procedimientos a fin de que vayan de acuerdo a los tiempos en que vivimos.
Sin embargo, ciertas cosas debieran hacerse con cierto análisis y tranquilidad. Porque cuando hablamos del registro notarial, lo hacemos respecto de algo esencial para el ciudadano, que tiene que ver con la certeza de que sus actuaciones ante él son lo suficientemente precisas y claras como para hacer valer y respetar sus derechos. Y no solo en esas actuaciones, sino también en los resultados derivados de ellas.
¿Por qué hago mención de esto? Porque el proyecto incluye algunas explicaciones relativas a que los plazos serán más cortos, a que los costos serán más bajos, a que el sistema brindará cierta seguridad. Pero, al revisar los antecedentes, se constata que hay errores conceptuales y de fondo.
Por ejemplo, cuando se habla de que los plazos van a ser más cortos, y se efectúa el análisis que el propio informe señala, ¿dónde están las trabas del sistema? No en los registros de los conservadores, sino, precisamente, en la continuación del proceso. Entre ellas, la que más tiempo demora es, sin duda, la del Servicio de Impuestos Internos: 21 días, según indica el citado documento. No ocurre lo mismo con las notarías ni con los otros trámites.
Por lo tanto, un sistema de registro de esta naturaleza representa una dificultad desde el punto de vista de la certeza jurídica, pues muchas situaciones no quedan bien resueltas.
Cuando hablamos de una sociedad, no se trata solo de su constitución, sino también de sus modificaciones, de sus socios, de las condiciones que debe reunir, todo lo cual requiere cierta experticia. La solución no es únicamente la rapidez, que, por lo demás, tampoco le va a dar certeza jurídica ni comercial.
El representante de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras dijo en la Comisión: "La coexistencia de estos dos mundos puede generar una serie de distorsiones en la economía".
Este es un segundo punto grave.
Si queremos que el sistema funcione con celeridad, debe tener certeza tanto desde el punto de vista jurídico como desde la óptica de la economía. Sin embargo, dicho personero "Resaltó que para los bancos la identificación tanto física como jurídica de sus clientes es fundamental, por dos razones: por el perjuicio que les puede ocasionar otorgar crédito a una sociedad que sea nula o cuyo representante no tenga facultades suficientes, lo que determine que el crédito resulte incobrable y, además," -ojo aquí, sobre todo los Senadores Orpis y Espina, que siempre están atentos a esto- "porque uno de los principios fundamentales en la prevención de lavado de activos es conocer al cliente".
Es decir, para ellos resulta crucial esta relación casi personal que existe cuando se constituyen este tipo de sociedades.
Señaló además "que si bien hoy el sistema tiene defectos, al menos otorga certeza jurídica y ello es muy relevante".
"Expresó que un sistema electrónico inicialmente desconocido sin duda generará temor y desconfianza, por lo que el avance en su implementación debiera ser gradual. Es probable, agregó, que mientras el sistema no otorgue, a los ojos de las entidades financieras, la necesaria certeza jurídica y no sea conocido en el mercado, en la práctica los bancos van a preferir que las sociedades se constituyan mediante el sistema tradicional o exigirán garantías adicionales".
Si uno analiza esto desde el punto de vista de la certeza jurídica, que es el elemento central -no la rapidez-, le encuentra un ripio grave: desde la perspectiva comercial, aquellos que prestan la plata advierten que tendrán mucho ojo y que exigirán, si lo estiman, garantías especiales.
El representante de la Asociación de Bancos terminó precisando que "preferiría un sistema registral para todas las sociedades radicado en un organismo que se acerque más a esa función, como es el Servicio de Registro Civil e Identificación o el Registro de Comercio , con las modificaciones del caso, e incorporando los medios tecnológicos disponibles, pues la gran ventaja del sistema actual que se debe resguardar es la certeza jurídica que proporciona".
Considero conveniente tener presentes estos aspectos, pues no porque queramos hacer las cosas más rápido, no porque el Ministro haya explicado el sistema -según entiendo- poco menos que como la panacea para los problemas de emprendimiento, se va a constituir un registro, paralelo a otro, que va a generar serias dificultades.
Por otro lado, si uno quisiera confeccionar un registro especial, debiera diferenciar entre las sociedades de más y menos recursos. Y el proyecto no hace diferenciación alguna entre el que pone 1.000 millones de pesos y el que pone un millón.
El sistema de posesiones efectivas, por ejemplo, fue trasladado al Registro Civil con una precisa finalidad: que quienes heredaran bienes de menor valor pudieran inscribirlos a través de una modalidad especial.
Pero aquí no hay diferenciación. Cualquiera puede constituir una sociedad siguiendo los mismos mecanismos, y a mí me parece que debiera haber cierta determinación de capital, que el Senador Zaldívar planteó en 500 o 1.000 UF, como máximo. Uno desea favorecer de verdad a las pequeñas empresas. Sin embargo, en el texto se las favorece a todas por igual.
Resolver el problema de los costos es muy simple, señor Presidente. Ya vimos que el tema de la rapidez no tiene nada que ver. Está claro que no es en el sistema registral donde se produce la detención.
Si uno quiere resolver ese problema, debe establecer la gratuidad de la publicación en el Diario Oficial para las empresas de hasta 1.000 UF. Con eso se rebajan inmediatamente los costos.
Segundo, a los conservadores de bienes raíces y a los notarios se les pueden imponer cargas en esta materia. Ya se zanjó el asunto respecto de ellos.
Este proyecto ha sido anunciado como de grandes cambios. El Ministro señaló que va a significar un desarrollo y un gran impulso para el emprendimiento. En mi opinión, ni siquiera se acerca a ese objetivo y, es más, va a producir mayores dificultades a los pequeños empresarios, que son quienes enfrentan las complicaciones más grandes.
Recién estaba leyendo el diario, donde aparece un tema que sí tendríamos que estar discutiendo hoy día y al cual el Gobierno debería ponerle la urgencia del caso: el aumento de 51,3 por ciento en la tasa máxima convencional para los créditos de consumo.
¡Eso sí que afecta fuertemente a la población!
Y, sin embargo, el proyecto respectivo permanece ahí, guardado. Le ponen "discusión inmediata" a una cuestión que es seria desde el punto de vista de la seguridad jurídica y económica respecto de quienes se dedican al emprendimiento, y el alza del interés máximo convencional les importa nada.
Y es ahí donde están los problemas y donde hay que poner las urgencias: en los abusos que se cometen en el país.
Yo, señor Presidente , creo que el proyecto, en la forma como se encuentra planteado, no produce cambios profundos. Sin duda, el Gobierno tiene facultad para establecer las urgencias. El Senado es un buzón, pues no posee ninguna capacidad para restringir nada. Y, como al Gobierno se le ocurrió sacar este proyecto, nosotros tenemos que discutirlo y votarlo. Alternativa: aprobarlo o rechazarlo. ¿Cuál es el lobby que se ha hecho -lobby público, por lo demás-? Quienes votan en contra están a favor de los notarios, lo cual es absurdo.
Yo no tengo ningún cariño por los notarios. De hecho, en el proyecto sobre plebiscitos comunales votamos para que el servicio fuera gratuito. Y aquí hay que ponerles las mayores cargas posibles para resolver el problema de los pequeños empresarios, no de los grandes.
Por eso, si algo hay que hacer es fijar un criterio: gratuidad hasta cierto monto, y los demás, que se las arreglen solos. Porque los de mayores recursos cuentan con buenos abogados y pueden establecer una relación horizontal con los bancos.
Lo que se está proponiendo es malo, en general, para las pymes, que son las que nosotros debemos apoyar.
Señor Presidente , como estamos en la votación de la idea de legislar, pienso que hay que llevar el tema a debate a través de indicaciones. Lo que me preocupa es que el Congreso Nacional no tiene facultades para nada. Y, finalmente, el Gobierno va a sacar un proyecto de mala calidad, de mala factura, que no ofrecerá seguridad jurídica y tampoco seguridad económica a quienes deseen constituir una sociedad mediante sus normas.
Gracias.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , a mi juicio, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos. Y el Honorable señor Gómez , que me antecedió en el uso de la palabra, expresó dos datos que no son reales ni efectivos.
En primer lugar, el proyecto de ley que fija la tasa máxima convencional ya se encuentra en el Parlamento y hoy existen conversaciones con el Senador Tuma, de las bancadas de la Concertación -que también presentó una iniciativa sobre el particular-, para acordar indicaciones que serán planteadas durante la próxima semana.
El señor GÓMEZ .- ¡Entonces pónganle "discusión inmediata"!
El señor PÉREZ VARELA.- Por lo tanto, hay un trabajo en que se ha tomado en cuenta a un Senador de la Oposición, para perfeccionarlo y manejarlo. Porque, sin duda, el Senado posee atribuciones y capacidad para mejorar sustantivamente los proyectos que marca el Ejecutivo.
Además, el Senador Gómez indicó que hay que bajar el precio que se cobra por la publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, mi Honorable colega olvida que tiempo atrás también votó a favor una iniciativa -hoy, ley de la República- que establece la gratuidad de ese trámite.
En consecuencia, uno puede tener sus propias opiniones -y está bien que así sea-, pero no puede tener sus propios datos.
Me parece fundamental aclararlo.
Destaco que el proyecto en debate va en la misma línea de la ley 20.494, despachada por este Senado con el trabajo importante de todos sus miembros, que tiene por objeto agilizar los trámites para la constitución de una sociedad.
Dicha normativa avanzó en tres aspectos cruciales: la publicación en el Diario Oficial, que acabo de mencionar; la obligación de las municipalidades de entregar inmediatamente una patente al contribuyente, y la obligación del Servicio de Impuestos Internos de autorizar el uso de factura electrónica y factura de inicio en forma simultánea al trámite de inicio de actividades.
O sea, el Senado ya estudió y debatió una ley que ha permitido mejorar las condiciones para la creación, innovación y competitividad de pequeñas y medianas empresas.
La que hoy se somete a nuestra consideración no es una iniciativa que se vaya a aprobar en dos o en catorce días. Para la información de Sus Señorías -y el informe respectivo está sobre nuestros escritorios-, ingresó a trámite legislativo el 30 de noviembre de 2010 y desde esa fecha y durante todo el año pasado la Comisión de Economía la trabajó intensamente.
Fueron invitadas diversas personalidades de las más distintas especialidades en esta materia. Escuchamos a profesores de los Departamentos de Derecho Comercial de las Universidades Católica y de Chile; a representantes de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile; a académicos de Derecho Comercial de otras universidades; a Sebastián Pavlovic y Macarena Lobos, abogados del Programa de Asesorías Legislativas de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), entre otros.
Por lo tanto, la Comisión realizó su labor oyendo a un sinnúmero de especialistas que dieron luces sobre el asunto. Cuando el Gobierno decidió iniciar esta iniciativa, todos estuvimos de acuerdo en que siempre es importante y conveniente agilizar los trámites y bajar los costos para que las personas puedan emprender con menores dificultades. Pero, sin duda, hay que reconocer los obstáculos técnicos que ello puede generar. Y por eso se invitó y se escuchó a especialistas y académicos universitarios: para caminar verdaderamente hacia soluciones técnicas que permitan agilizar los trámites y abaratar los costos.
Le quiero decir al Senador Gómez...
El señor GÓMEZ .- Estoy buscando la ley, colega.
El señor PÉREZ VARELA.- Es la 20.494, para que busque bien, señor Senador.
Lo que a mí me preocupa un poco es lo siguiente. Sin tener un juicio de valor negativo respecto de la acción de notarios y conservadores, considero que esta es una materia que debemos abordar con prontitud.
A mí me produjo gran satisfacción cuando un 21 de mayo la ex Presidenta de la República anunció una reforma fundamental y a fondo en relación con los notarios y conservadores de bienes raíces, reforma que, pese a ser anunciada en la segunda cuenta anual del Gobierno anterior, no alcanzamos a conocer.
Sin duda, ese es un ámbito donde hay mucho que avanzar, porque la gente, el ciudadano común y corriente que va a las notarías a vender un vehículo, a realizar cualquier trámite, nota la lentitud y el elevado costo de la atención.
Ese es un gran desafío que nosotros debemos asumir. Por ende, no me parece acertado criticar el proyecto afirmando que nuestros conservadores y notarios funcionan perfecto y con mucha rapidez, pues todos sabemos que eso no es así. De hecho, distintos gobiernos han planteado reformas profundas a sus funciones y actividades, cuestión que espero que podamos estar analizando en detalle al más breve plazo.
El debate en la Comisión fue largo e intenso, e incluso llevó al Ejecutivo a presentar una indicación sustitutiva. Y ello, porque se ha escuchado, porque ha habido un trabajo de convencimiento, porque ha existido la posibilidad real de mejorar sustantivamente, en el trámite parlamentario, un proyecto de esta naturaleza.
Y la primera gran discusión, la primera piedra de tope en este proyecto -aquí se trajo a colación lo expresado por el representante de la Asociación de Bancos-, se centró en si el registro de constitución, modificación, sustitución y disolución de sociedades de tipo comercial debía ser llevado por el Servicio de Impuestos Internos, dado que los especialistas y los Senadores miembros de la Comisión sostuvieron que ello no resultaba saludable, pese a existir el importante argumento de que dicho organismo ha dado muestras claras de su extraordinaria capacidad en materia de control y fiscalización.
Por lo tanto, se le pidió al Ministerio de Economía que fuera el responsable del registro, el cual será público, transparente, instantáneo, al contrario de lo que ocurre con el actual sistema, donde solo los interesados pueden tener conocimiento de la constitución, modificación y disolución de las distintas sociedades. En el que se plantea, cualquier institución, organización o persona podrá conseguir antecedentes de una sociedad, tanto de sus miembros como de sus acuerdos, pues todo estará contenido en un formulario amplio.
¿Que podemos perfeccionar y mejorar el proyecto? Por cierto. Y para eso está la discusión particular. Pero, a nuestro juicio, es fundamental dar este primer paso, que es la aprobación en general, para poder ir avanzando a través de modificaciones técnicas.
Creo que podemos concluir el debate con una legislación que permita agilizar y abaratar los costos de la constitución de una sociedad, incorporando al sistema a miles de emprendedores que hoy solo manejan empresas familiares o personales y que, por ende, someten al riesgo de sus negocios el conjunto de su patrimonio al estar impedidos de formar una sociedad comercial, por las numerosas dificultades que ello implica.
Estamos ante un buen proyecto, que, sin duda, será perfeccionado durante su discusión particular, garantizando al país transparencia y la certeza jurídica de que los datos registrados, que estarán a disposición de toda la ciudadanía, son verdaderamente efectivos, así como las condiciones para que mucha gente se incorpore al mundo del emprendimiento y, en particular, a la pequeña y la mediana empresa.
Voto que sí, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, me adhiero a las palabras del Ministro Larroulet deseándoles un feliz año nuevo tanto a mis distinguidas y distinguidos colegas como a los funcionarios de la Corporación.
A mí me pasa que cuando escucho las intervenciones de algunos connotados Senadores de la Concertación me da la idea de que estuviéramos votando el proyecto en particular y no en general. Y lo que estamos haciendo ahora es pronunciarnos sobre la idea de legislar respecto de una iniciativa que apunta en una dirección absolutamente razonable, lógica y propia de la evolución que están teniendo las sociedades en todas partes del mundo: simplificar el régimen de constitución, modificación, división, fusión, terminación y disolución de empresas y sociedades comerciales.
¿Cómo? Esencialmente, mediante la utilización de los avances de la tecnología.
Hace unos 15 años era inimaginable pensar que una persona, desde su cuenta corriente, podía hacer una transferencia electrónica a un tercero. Entonces había que ir al banco; llevar un cheque, al que se le ponía un timbre; presentar el carné de identidad, etcétera. Al implementar el cambio de sistema, alguien podría haber dicho: "Aquí se está alterando la certeza jurídica de esta operación". ¡Y no resultó así! Porque se creó la firma digital, procedimiento mediante el cual se garantizó dicha certeza.
Está presente el Senador señor Patricio Walker , con quien en esa época, siendo Diputados, impulsamos la iniciativa legal pertinente. No lo digo tanto por mí, sino por él.
El señor WALKER (don Patricio) .- Gracias.
El señor ESPINA.- Y se llevó a cabo esa reforma.
En ese momento se dio un debate parecido al que nos ocupa: "¿Cómo vamos a hacerlo?". "¿Se podrá falsificar, adulterar o hackear el sistema?".
Bueno, siempre habrá tramposos que intenten vulnerar la ley. En el ámbito notarial, algunos querrán engañar a los notarios; así como otros seguramente buscarán intervenir ilegalmente en las transferencias electrónicas o en los pagos automáticos (PAC) que se realizan hoy de modo habitual desde las cuentas corrientes. A un alto porcentaje de personas el banco le paga sus deudas directamente, descontando de sus cuentas los montos respectivos.
Por lo tanto, el proyecto apunta en una dirección correcta. Yo lo valoro. En mi opinión, es uno de los muy buenos que el Gobierno ha presentado. Con ello se busca hacerle la vida más fácil a la gente, bajar los costos a cero y permitir que la constitución de sociedades comerciales sea mucho más expedita que la que se efectúa hoy día.
Y desde luego, los recursos involucrados no son menores, señor Presidente . "Los costos estimados de constitución de empresas" -según la información aportada por el Ejecutivo en el informe- "ascienden aproximadamente a $250.000 para el caso de las microempresas, $315.000 para las pequeñas empresas, $410.000 para las empresas medianas y $520.000 para las empresas grandes.".
Para una microempresa, impulsada por una persona con un modesto emprendimiento, ¡250 mil pesos es mucha plata!
Cabe destacar que, para el año 2009, en Chile había 915.416 empresas registradas en el Servicio de Impuestos Internos. De ellas, el 68 por ciento correspondía a personas naturales constituidas como empresarios individuales. ¡Y eso sí me parece peligroso! Porque estos responden con el patrimonio propio y el de sus familias si el negocio no da para cubrir los endeudamientos que contraigan. Por consiguiente, procurarán generar empresas separadas del patrimonio familiar, lo que implica constituir una persona jurídica distinta, a fin de tener un emprendimiento más seguro en el evento de que fracasen, situación que no es pecado -a cualquiera le puede ocurrir-, porque a los empresarios, por regla general, más de alguna vez les va mal.
Datos importantes para tener en cuenta: en el ranking llamado "Doing Business", del Banco Mundial, Chile está en el lugar Nº 39 y -¡atención!- Perú se encuentra en el 41. Hace unos años esta brecha era enorme. Por eso muchas de nuestras inversiones se van a Perú: porque ahí hay más facilidades para iniciar emprendimientos.
Gracias a estos, las sociedades progresan en un alto porcentaje. De hecho, el 75 por ciento de los empleos, aproximadamente, es generado por el sector privado. Por ende, hay que estimularlo y alentarlo, sobre todo, a la pequeña empresa. Y a esta beneficia la iniciativa en análisis, fundamentalmente.
Entonces, señor Presidente, creo que estamos frente a una muy buena iniciativa legal.
Además, acorta trámites respecto de los cuales no hay mayor razón para realizarlos de acuerdo a la usanza tradicional, sin afectar su seguridad jurídica.
Es el caso de la escritura pública de constitución, cuya certeza radica en su fecha y en quienes la firmaron.
Luego está la inscripción del extracto para las sociedades comerciales.
Y también cabe mencionar el trámite de la publicación en el Diario Oficial, incluidas la protocolización y la inscripción respectiva, actos que hoy pueden hacerse perfectamente en un día.
Es factible realizar tales procedimientos de forma más ágil, más rápida y adecuada. Ello permite no solo ahorrar plata, sino también simplificar miles de tareas, gracias al mundo de la tecnología.
Hoy día, por ejemplo, los libros pueden leerse en un iPad.
Por lo tanto, ¡no le tengamos miedo al avance tecnológico!
Los países se están adaptando en esa dirección.
Nueva Zelandia, que es una nación parecida a la nuestra en cuanto a características económicas -país chiquitito, gran productor agrícola-, se encuentra en el tercer lugar del mundo, según el ranking Doing Business , sobre facilidades para hacer negocios, en especial, apuntando a la pequeña empresa. El orden es el siguiente: primero Singapur, luego Hong Kong , Nueva Zelandia, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Corea , Islandia e Irlanda. Ahí están los primero diez del ranking.
¿Y qué hacen esos países? Facilitan la constitución de sociedades.
Ahora bien, se ha hecho una prevención respecto de la certeza jurídica. Comparto tal preocupación absolutamente. Pero cabe destacar que los miembros de la Comisión de Economía no son ciegos, sordos ni mudos. Los cinco entienden del tema. El Senador José García tiene una gran experiencia como contador auditor y los otros integrantes son abogados y empresarios.
Vamos a estudiar la legislación con el fin de otorgar la certeza jurídica necesaria. Para ello, se ha presentado un conjunto de indicaciones.
Entonces, pido que aprobemos la idea de legislar. Se lo digo, particularmente, a la Senadora Isabel Allende, quien solicitó segunda discusión.
Les recuerdo que llevamos un año analizando este proyecto.
Y efectivamente se presentó una indicación sustitutiva, la que nosotros en la Comisión -para ser francos- no estudiamos en detalle. Ello porque, para no demorar el trámite -pueden preguntarle al Presidente del órgano técnico, don Andrés Zaldívar -, debimos optar por uno de dos caminos: o pedir autorización a la Sala para discutir la iniciativa en general y particular a la vez y traer al Hemiciclo el proyecto como un paquete, o abordar dicha indicación -consignada en el informe- solo en general, evitando hacer ambos debates juntos. Se siguió esta última opción. Se votó la idea de legislar en la Comisión y en la Sala se ha informado a los Senadores y las Senadoras sobre el contenido de la indicación sustitutiva. Luego de votar la iniciativa en general, se abrirá un plazo para que los parlamentarios puedan formular indicaciones.
De ese modo, se hará la discusión con la seriedad necesaria para garantizar un capital que en Chile vale oro: la certeza jurídica. Los actos jurídicos en cuestión deben contar con los resguardos mínimos para hacer confiable no solo el movimiento económico, sino también las relaciones de las personas con sus obligaciones, sus contratos, la sucesión por causa de muerte, en fin, en el cumplimiento de todos los trámites que les corresponda hacer.
Por lo tanto, señor Presidente , creo que este es un gran proyecto. Por supuesto, habrá que estudiar como es debido las indicaciones que los señores Senadores presenten en su momento. Entonces, los miembros de la Comisión tomaremos todos los resguardos para otorgar la seguridad jurídica que se requiere.
En consecuencia, solicito que se apruebe la idea de legislar.
Y si el Gobierno puso "discusión inmediata" urgencia a la iniciativa, fue para hacer que esta sea discutida y votada en general en la Sala, y no se postergue. Pero sin duda, en el debate en particular, se formulará un conjunto de indicaciones, que será preciso analizar a fin de garantizar los factores que señalé anteriormente.
Por esas consideraciones, señor Presidente, voto a favor del proyecto en general.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , cuando se hace una discusión como esta, sin duda nacen muchas ideas. Aquí diversos señores Senadores han propuesto varios temas que no aborda esta iniciativa. Otros colegas, como el Honorable señor Espina, plantearon formas de resguardar la certeza jurídica de nuestro sistema registral, que hoy día llevan a cabo las notarías y los conservadores de bienes raíces.
Ahora bien, el proyecto no contiene -ni podría contener- la solución a todos los problemas existentes. Por tanto, hay que avanzar de a poco en cada uno de los asuntos involucrados.
Con todo, indudablemente nadie podrá estar en contra de la idea de legislar en esta materia.
Señor Presidente, la burocracia es el peor cáncer para el emprendimiento.
En nuestro trabajo parlamentario, en las reuniones y los seminarios en que participamos, los pequeños empresarios reiteradamente nos plantean que resulta difícil no solo subsistir en el sistema económico chileno, sino también partir en él. Es tanta la burocracia en el sector público que, para la gente con capacidad intelectual, con interés por formar una nueva empresa, por generar desarrollo y empleo, por pagar impuesto, se hace muy complejo llevar a cabo un emprendimiento. Ello, producto de la demora que implican los diferentes trámites en las distintas áreas. Aquí podríamos revisar todos los trámites que hay que hacer en salud, en materia laboral y, también, la engorrosa maraña que hoy afecta a quienes quieren emprender e instalar una empresa.
Desde ese punto de vista, el proyecto de ley en estudio constituye un esfuerzo en la línea correcta: eliminar en parte, hacer más pequeña esa burocracia, ese entorpecimiento, esos "lomos de toro" para emprender, para iniciar una actividad económica.
Señor Presidente , quiero plantear un aspecto que está ausente del proyecto, aunque, como han dicho otros colegas, sin duda es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Igual presentaré la indicación pertinente para remover de la legislación algo que por largos años he representado en este Senado a las distintas autoridades de Gobierno. Veo en la Sala algunos Senadores que fueron Ministros y que entonces no adoptaron medidas al respecto, pero ahora podrían apoyar la idea.
Me refiero al hecho de que hoy día el Servicio de Impuestos Internos timbra dos facturas a los empresarios que ya están trabajando, incluso a los pequeños. Usted comprenderá, señor Presidente , que esto no genera problema en las grandes tiendas como Falabella o Ripley. Ellos tienen facturas electrónicas, abogados, funcionarios para ir a hacer la fila donde se timbra lo que corresponda.
Pero ¿qué pasa con un pequeño agricultor que tiene su parcela a 100 kilómetros de la capital regional, que es donde está la oficina del Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué pasa con un pequeño minero, con una persona que da servicios? En primer lugar, debe brindar el servicio respectivo, atender a sus clientes y, en el tiempo que le resta, ir a hacer la fila para que le timbren ¡dos facturas!
Yo pensaba que tal situación iba a quedar en el pasado, pero no la hemos abordado todavía. Y constituye una deuda con los emprendedores y con quienes deseen funcionar correctamente.
En esta oportunidad quiero plantear una idea a los representantes del Ejecutivo. No dejo de lado la preocupación del Servicio de Impuestos Internos, uno de los más eficientes del Estado, en cuanto a que muchas personas utilizan las facturas para descontar crédito tributario del IVA y otros montos, prácticas que son fraudulentas. Por lo tanto, hay que estar con el radar muy alerta para evitar esos tremendos fraudes, como los que ha habido en la historia de Chile a través de ese sistema.
Ante ese planteamiento, las limitaciones que se establecen actualmente debieran aplicarse a los contribuyentes que hayan mostrado mal comportamiento con el Servicio de Impuestos Internos y con la tributación chilena. Pero no cabe exigir lo mismo a un contribuyente que lleva cinco, diez, veinte, cuarenta años trabajando, y que nunca ha tenido un problema con dicho Servicio. Habría que crear una especie de DICOM al revés: de buen comportamiento, con certificado de carta blanca.
Sinceramente, creo que tales limitaciones afectan de forma grave el emprendimiento y el trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Y algunas de esas normas, en mi opinión, son incluso inconstitucionales. Porque tener un talonario de facturas constituye un medio indispensable para desarrollar una actividad económica.
A mi juicio, se deben incorporar modificaciones en ese sentido, además de las que plantea el proyecto de ley, que el Gobierno ha enviado con la muy buena finalidad de alivianar la carga que soportan las pequeñas y medianas empresas. Y así lo haré, aunque tal materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Yo espero que el Ejecutivo patrocine ese tipo de indicaciones ya que varios Senadores han anunciado que las presentarán en la tramitación en particular.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , recuerdo que hace más de una década hice un estudio sobre lo difícil que resulta crear un negocio. Y a ese trabajo no le había puesto título. Al final no me quedó otra alternativa que colocarle El difícil camino de emprender, por la cantidad de trámites burocráticos de distinta naturaleza que deben enfrentar quienes desean iniciar una actividad comercial.
El planeta está cambiando demasiado rápido. Estamos en un mundo global donde se necesita premura para tomar las decisiones, para emprender, para poder desarrollar una actividad.
Es evidente que en nuestro sistema existe -con los cuellos de botella que se han presentado- una gran cantidad de trámites, de los cuales buena parte guardan relación con el ámbito registral. Y ello, además, eleva los costos.
Una empresa grande puede darse el lujo de tener a una persona para hacer los trámites. En cambio, en una microempresa o en una pequeña, normalmente el propietario es el propio trabajador. En ese esquema, lo que corresponde es facilitarle la vida a este último.
Tal como se ha señalado en el curso del debate y así se consigna en el informe de la Comisión, es determinante la clasificación que elabora año a año la Corporación Doing Business, que estudia las regulaciones para hacer negocios de los países miembros del Banco Mundial.
Y aquella entidad saca tres conclusiones:
"a) El número de trámites para constituir una empresa en Chile asciende a 9, versus un promedio de 5,7 para los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".
"b) El tiempo para constituir una empresa en Chile alcanza a 27 días. En la OCDE alcanza a 13 días en promedio.".
"c) El costo de los trámites, como porcentaje del ingreso per cápita, en Chile es de 6,9% (...), mientras que en la OCDE dicho valor es de 4,7%.".
Y más adelante el informe señala cuál es el costo de los trámites y el tiempo que tarda constituir una empresa en nuestro sistema registral. La gestión del abogado, del notario, del conservador y la publicación en el Diario Oficial demora en total 16 días por lo menos. Los costos son los siguientes: abogado, 150 dólares; notario, 250 dólares; conservador, un monto en función del capital, y publicación en Diario Oficial, 150 dólares.
Tales antecedentes se consignan en el informe de la Comisión.
Mi planteamiento, señor Presidente -algún señor Senador también hizo referencia a ello-, es dar definitivamente el paso hacia el ámbito tecnológico para mejorar el sistema registral.
Por supuesto, hay que resguardar la certeza jurídica de tales actos.
Planteo a la Sala la siguiente reflexión.
¿Qué aspecto es más delicado que el de los impuestos? Hoy día cualquier ciudadano en el país, a través de un sistema electrónico (la página web del Servicio de Impuestos Internos), puede hacer su declaración de impuestos sin ningún tipo de inconvenientes.
Yendo más lejos, señor Presidente , hoy día las compras se hacen cada vez más por medios electrónicos. Los traspasos de dinero desde cuentas corrientes se realizan de igual modo. En ambos casos se precisa asegurar la certeza jurídica del acto. Porque nadie me va a decir que no se requiere certeza jurídica para hacer la declaración de impuestos; nadie me va a decir que no se requiere certeza jurídica para hacer transferencias bancarias, y nadie me va a decir que no se requiere certeza jurídica para efectuar compras del supermercado por vía electrónica.
En consecuencia, en temas tan sensibles e importantes como los señalados, puede operar sin ningún tipo de dificultad el sistema electrónico una vez garantizada la seguridad jurídica.
Por otra parte, señor Presidente , el Senador Gómez hizo mención a lo expresado por la Asociación de Bancos respecto del lavado de dinero. Efectivamente, ello puede constituir un riesgo. Pero dicho organismo argumentó que, para detectar eventuales prácticas de lavado de dinero, era fundamental la relación personal entre el cliente y el banco.
Sin embargo, la Asociación olvidó que el Parlamento aprobó la Unidad de Análisis Financiero. El registro correspondiente va a ser público. Lo importante es que en la discusión particular se pueda dar facultades a aquella, que ni siquiera las va a necesitar, porque se trata de un registro público.
Por lo tanto, señor Presidente , es preciso señalar que, haciendo presente ese riesgo, hoy día Chile tiene una institucionalidad para acceder a los registros, cruzar la información, dado que existe la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera.
Yo soy un convencido de que Chile debe avanzar en cuanto al uso electrónico en el sistema registral. Hay muchos trámites en los que este se emplea. Ello beneficiará especialmente a los más pequeños; se eliminará la burocracia, y estaremos al día respecto a la velocidad con que hoy se adoptan las decisiones.
Asimismo, en la discusión en particular habrá que tomar los resguardos acerca de la certeza jurídica. Pero ya existen, tal como lo señalaba en mi intervención, trámites lo suficientemente complejos que requieren certeza jurídica y que, no obstante exigirse esta, hoy día se realizan vía electrónica.
Me parece muy oportuno este proyecto de ley. Y, por ende, voy a concurrir a su aprobación.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente , nunca está de más recordar que nos hallamos en presencia de una discusión en general. A ratos, veo con gran interés la forma en que se afanan aquellos parlamentarios contrarios al proyecto, como si fuera este un debate en particular.
Además, este proyecto cumple su primer trámite constitucional. Es decir, queda mucho paño que cortar todavía.
Por lo mismo, deseo partir esta discusión en general trayendo a la vista de los señores Senadores un informe del Banco Mundial que relata pormenorizadamente cuánto empeño le ponen los países para mejorar los trámites más habituales. Y estas actuaciones de común ocurrencia son ni más ni menos que la obtención de un crédito, el pago de impuestos, el cierre de una empresa, el registro de propiedades -referente a los actos del conservador de bienes raíces-, el comercio transfronterizo, el manejo de permisos de construcción, la protección de los inversores, el cumplimiento de contratos y la obtención de electricidad.
De toda esta lista, por lejos, la gestión más importante es la que se refiere a la apertura de un negocio. Al respecto, los países que integran este estudio, que no son pocos, señalan que existe la mayor preocupación por la lentitud con que se realiza. Y, por lo mismo, constituye, de por sí, el trámite que mayor cantidad de reformas ha experimentado al menos entre los años 2010 y 2011 en todas las naciones encuestadas. ¿Por qué? Porque abrir un negocio, iniciar un emprendimiento, es lo que más cuesta. Ahí se hallan las principales barreras de entrada para cualquier persona que quiera desarrollar una actividad económica.
Obviamente, hay otros desafíos pendientes, y muchos. Pero es preciso partir por crear las condiciones para que quienes se atrevan a emprender un negocio puedan hacerlo en breve tiempo y con un menor costo.
Quiero agregar además otro dato, que considero importante darlo a conocer en este debate: el que se propone crear no es un sistema que sustituya de manera absoluta el que rige actualmente. Tampoco es algo que existirá de la noche a la mañana y que tendrá una implementación como la utilizada en el Transantiago, el fatídico Transantiago.
Este es un sistema que entrará gradualmente en vigor, que va a tener un período de marcha blanca, pero que además permitirá la subsistencia de dos sistemas que, en paralelo, podrán convivir. Incluso, habrá una migración entre uno y otro.
Ahora, a modo de crítica, acá se ha dicho: "Mire: este sistema no va a generar una disminución ni en los tiempos ni en los costos". En condiciones normales -lo señaló el Senador Orpis-, el tiempo que demora una persona en constituir una sociedad nunca va a ser menos de siete días, y probablemente estará en torno a los 16 días hábiles. En cambio, con este nuevo sistema, todo se reduce a un día.
Y en cuanto al costo que se origina por concepto de abogados, conservadores, notarios y Diario Oficial -ya vamos a hablar de ello-, este fluctúa entre los 250 mil pesos y los 500 mil pesos. Ello se va a sustituir por un sistema gratuito, que no generará ningún costo para aquella persona que quiera iniciar alguna actividad económica bajo la modalidad que estamos discutiendo.
Deseo agregar a lo que ya aclaró el Senador Pérez Varela , en el sentido de que acá había cosas no resueltas, lo siguiente.
Una de las críticas formuladas por el Honorable señor Gómez hacía mención a la opinión del Fiscal de la Asociación de Bancos.
Esa opinión, por desgracia, fue manifestada extemporáneamente, por no decir "se halla pasada de moda", porque, entre que esta fue emitida por la Asociación de Bancos y la vista de este proyecto en la Sala, media una indicación sustitutiva que se hace cargo de estas aprensiones, por ejemplo, del poder y los resguardos que este, ahora autorizado por un notario, debe tener.
Por lo tanto, la indicación sustitutiva, que forma parte de la iniciativa en discusión, aborda de manera completa y satisfactoria aquella crítica que hizo el Fiscal de la Asociación de Bancos.
Debo señalar, además, que el Ministerio de Justicia se encuentra estudiando una reforma muy importante en materia registral y notarial, que remediará muchas de las imperfecciones que exhibe nuestro actual sistema. Este, a mi juicio, merece un mejoramiento, una modernización sustantiva en los procedimientos, plazos, montos, tarifas y derechos que finalmente se les cobran a los usuarios.
Por todo lo dicho, señor Presidente , creo que no hay motivo alguno para temer un cambio tan esencial como este. Sin embargo, existen muchas razones para ponerse al día en esta materia, conforme a la economía real, que ciertamente avanza a velocidades bastante más vertiginosas de lo que el sistema actual diseñó hace más de un par de siglos.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , en primer lugar, tal como lo han planteado los Senadores que me antecedieron, es preciso valorar el trabajo que ha realizado nuestro Gobierno en orden a dar mayor agilidad a los trámites que requieren los emprendedores para estar formalizados.
Sin duda, la fuente del Banco Mundial, el Doing Business, a que hizo alusión el Senador señor Uriarte, está entregando información bastante relevante. Por ejemplo, hoy día Chile destaca en la mejor posición de América Latina para iniciar todo el proceso de emprendimiento.
En cuanto a la ley Nº 20.494, sobre la agilización de trámites, deseo destacar la labor del señor Subsecretario en esta materia, porque este fue un proyecto nuestro que se materializó justamente cuando se inició el actual Gobierno.
Dicha normativa, promulgada en enero del año 2011, permitió dar un gran salto a este indicador. Es decir, Chile pasó del lugar 62 al 27 en el ranking. Y eso justamente ¿qué significó? Realizar la publicación de la constitución, modificación y disolución de sociedades en la página web del Diario Oficial.
Y, en ese sentido, hay que entender que bajo 5 mil unidades de fomento esa publicación hoy día es gratis gracias a una ley de nuestro Gobierno.
En segundo término, en el proyecto se instaura la obligación de la municipalidad de entregar inmediatamente una patente al contribuyente. Este constituye uno de los cuellos de botella principales que existen para el emprendimiento.
Y en tercer lugar, se establece la obligación de Impuestos Internos de autorizar el uso de la facturación electrónica, lo que ha significado que muchos contribuyentes puedan disponer de este instrumento y, fundamentalmente, de la factura de inicio, en forma inmediata, para el desarrollo de su giro o actividad.
Eso constituyó un avance muy importante.
Por lo tanto, yo quiero decir que esta no es la primera iniciativa, ni la única, respecto a la agilización de los trámites, sino que estamos solamente -como bien lo han señalado otros Senadores- analizando la idea de legislar.
Yo tengo bastantes aprensiones -deseo ser superfranco- acerca de este proyecto. Porque considero que se requiere agilizar el trabajo en las notarías, en los conservadores. No obstante, creo que ello es la punta del iceberg o parte de él.
Me parece que los mayores problemas que tenemos hoy día no se hallan justamente en las notarías, ni en los conservadores. Estos -tal como lo dijo el Senador Letelier, con quien comparto la circunscripción- trabajan en línea en nuestra Región. En esta existe la preocupación permanente -históricamente ha sido así- de contar con toda la tecnología a su alcance.
Sin duda, hay otros notarios que no se han puesto a la altura de lo que el país necesita.
Sin embargo, qué ocurre, por ejemplo, cuando ya se ha constituido legalmente la sociedad. ¡Cuánto se demoran -como bien lo señaló el Senador Prokurica- para obtener, ni siquiera la factura, la guía de despacho! Les timbran pocas; después, dos o tres facturas. Pero antes de eso viene otra cosa: la comprobación de domicilio.
¡Cuánto tardan muchas veces en la comprobación de domicilio! No quiero dar cifras. Sería interesante que nos pudieran entregar ese dato.
En seguida, corresponde la verificación del RUT. Posteriormente, el otorgamiento de la patente municipal.
Y para qué decir cuando se requiere otro tipo de trámites. Por ejemplo, la autorización sanitaria. ¡Cuánto demora una autorización sanitaria! Mucho más tiempo que los asuntos a que nos hemos referido aquí.
Por lo tanto, se precisa hacer un análisis mucho más profundo de la situación que estamos analizando.
No creo que el mayor problema radique en los notarios, ni en los conservadores, sino fundamentalmente en la burocracia que viene después. ¡Ahí se presentan las dificultades!
En ese sentido, tenemos que seguir progresando y trabajando.
La indicación sustitutiva constituye un avance. No obstante, es preciso mejorar mucho este proyecto. Y, tal como lo han manifestado prácticamente todos los Senadores, hay que tener certeza jurídica. Eso es fundamental: la credibilidad de nuestro sistema. Nuestro sistema notarial y de conservadores es, en general, un ejemplo a nivel mundial en cuanto a responsabilidad y a la tranquilidad que se les entrega a los usuarios.
A mi juicio, debemos valorar y perfeccionar el sistema, pero no cambiarlo por otro que en definitiva nos puede dejar de dar certeza jurídica.
Asimismo, en esta materia es indispensable subsidiar a las pymes en todo lo que sea necesario. No estamos disponibles para subsidiar a las grandes empresas, al igual como lo hemos planteado respecto de los jóvenes que tienen recursos y quieren acceder a la educación superior. Del mismo modo, no estamos disponibles para entregarles dinero de todos los chilenos a las grandes o medianas empresas, que cuentan con recursos suficientes para solventar dichos gastos.
Por lo tanto, señor Presidente , yo creo que aquí se inicia un debate que debiera ser mucho más profundo respecto del procedimiento para emprender en nuestro país y de toda la burocracia existente, una por una, tal como lo hizo nuestro Gobierno al inicio.
Por último, debo valorar el trabajo que han realizado los señores Senadores en la Comisión, pero también es preciso entender que en esta materia se requiere un nuevo estudio y dar certeza jurídica. Del mismo modo, es necesario avanzar donde se encuentran los grandes problemas, pues la punta del iceberg muchas veces no dice mucho.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , no cabe duda de que una de las responsabilidades fundamentales de los gobiernos es procurar que las personas tengan trabajo y les sea factible desarrollar actividades. Porque no hay peor flagelo para una nación que la cesantía, que la gente no pueda emprender.
Hemos visto que naciones importantes hoy día exhiben un 23 por ciento de cesantía. Ello las golpea tan fuertemente que las tiene agobiadas, pues en vez de ir avanzando, van retrocediendo.
Por eso, si el día de mañana alguien pretende colocar más inflexibilidades a la parte laboral, más se restringirá la posibilidad de contratar y dar empleo. Si existen muchas dificultades para crear empresas, menos emprendimientos se generarán.
Hace poco rato una Honorable colega me señalaba que una serie de ingenieros, tres o cuatro, trataron de emprender. Hombres jóvenes, con iniciativa, con conocimientos. No obstante, pasaron siete u ocho meses y no pudieron conseguir absolutamente nada. Viene la desilusión, el desencanto y empiezan a buscar otros derroteros.
El proyecto tiene por objetivo fundamental establecer un régimen optativo y simplificado para constituir, modificar y disolver una sociedad o una empresa individual de responsabilidad limitada (la normativa pertinente la sacamos justamente aquí, en este Parlamento).
La finalidad es disminuir los tiempos y costos para constituir formalmente una empresa. El modelo se dirige principalmente a facilitar la constitución de sociedades en sectores que actualmente no las utilizan, por ejemplo, microemprendimientos que se mantienen en el mercado informal.
En síntesis, se pretende que con pocos trámites -que habrá que perfeccionar y darle mayor formalidad, por supuesto, porque algunos hablaban solamente de llenar un simple formulario- los contribuyentes puedan inscribirse en el registro y quedar formalizados como nuevos empresarios en nuestro país.
Es muy importante otorgar estas facilidades, para que la gente se atreva a desarrollar sus emprendimientos. Cuántas personas con muy pocos recursos, pero con sus ideas y su trabajo familiar a veces al poco tiempo proporcionan empleo.
¡Eso es lo que la gente quiere!
Sin embargo, las personas no encuentran ocupación y tampoco se les permite desarrollar sus iniciativas. ¡Cómo mantienen a sus familias! En la desesperación, tienden a buscar otros caminos, que a muchos los llevan a delinquir y a penas de cárcel.
Por eso, hay que abrirles los espacios, con el objeto de que tengan todas las facilidades para emprender. Y así nuestro país va desarrollándose y va creciendo. La gente que tiene trabajo, que emprende y recibe un ingreso, lo gasta, lo consume. Y eso va dándole más actividades a nuestro país.
Muchos reclaman y ven que la distribución de la riqueza es inequitativa.
Según como se mida, pues.
Nuestro país distribuye el 70 por ciento de sus ingresos en subsidios, en apoyo a la gente más pobre. El Estado le proporciona una vivienda de 12 a 15 millones, y una gran cantidad de subsidios. ¡Ah, pero ninguno de esos se toma en cuenta en la distribución de la riqueza! Porque, por el Sistema Chile Solidario, solo se ve el ingreso del producto del trabajo de la persona, no los subsidios que esta obtiene.
Pero nosotros hemos ido avanzando ostensiblemente. Y en los más de 20 años de Gobierno, se ha entregado una nación en franco desarrollo y crecimiento. Y por eso hoy día, cuando la economía del mundo ha progresado, el crecimiento de nuestro país también ha empezado a mejorar.
Por ello es importante esta ley en proyecto. Y es necesario, por supuesto, estudiarla. Yo sé que la Comisión de Economía -y lo reconozco- ha hecho un trabajo serio, profundo. Y cada uno de sus miembros que han intervenido aquí, en la Sala, han dado a conocer su punto de vista sobre el particular, especialmente el Senador señor Andrés Zaldívar , Presidente de dicho órgano técnico, quien efectuó una larga y muy clara exposición acerca de la materia en discusión. Sin embargo, dada la distribución existente aquí, en el Congreso, los parlamentarios no podemos estar informados de lo que pasa en todas las Comisiones.
Yo estoy conociendo por primera vez esta iniciativa.
Los miembros de la Comisión dominan latamente el asunto que nos ocupa.
A mí me parece un buen proyecto. Que habrá que perfeccionarlo, no me cabe duda que sí. Por ello hay una indicación sustitutiva, que ingresó hace un mes y medio. Pero la Comisión no ha podido desarrollarla; entonces, no puede informarnos acabadamente qué señala.
Por eso, considero improcedente que a un proyecto de esta magnitud se le ponga "discusión inmediata", pues ello deja un reducido lapso para despacharlo.
Así lo han hecho ver otros colegas, como el Senador Carlos Larraín, quien también expuso su queja ante la imposibilidad de que en tan poco tiempo saquemos la iniciativa en debate.
Entonces, le pedimos al Ejecutivo que cambie la urgencia.
Por cierto, mediante esta proposición de ley se pretende dar las facilidades a que se ha aludido. Pero no por ello vamos a descuidar la certeza jurídica. Chile es un país serio, responsable, que no puede abrir espacio para que delincuentes u otras personas hagan trampas en el ámbito que nos preocupa.
Por eso, la certeza jurídica de que tanto han hablado mis Honorables colegas -institución cuyo resguardo a nosotros también nos interesa- es lo que debemos procurar.
Ahora, debo puntualizar que solo estamos discutiendo la idea de legislar, que, a mi entender, se aprobará por inmensa mayoría. Y esperamos presentar las indicaciones conducentes a mejorar el articulado.
Creo que nos hallamos ante una buena iniciativa. Y queremos sacar un muy buen texto, para que la legislación pertinente le sirva de verdad a la ciudadanía y no quede como letra muerta al igual que muchas otras leyes que hemos aprobado.
¡Cuánto peleamos aquí por la microempresa familiar! Y después hubo dificultades en la Contraloría y en otras partes. Mejoramos el articulado, pero no se dieron los resultados que esperábamos. La burocracia es enorme en las municipalidades, en Salud. Yo diría que Salud es uno de los sectores más estrictos y burócratas de nuestro país.
¡Cuántas dificultades deben sortear las personas que quieren emprender!
Señor Presidente, valoro todas las facilidades que se intenta dar mediante el proyecto en discusión. Por eso, voy a votar favorablemente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , este proyecto me parece de gran importancia -y no repetiré los argumentos expuestos aquí por otros colegas-, dado que todos queremos que en nuestro país existan emprendimientos y se generen las condiciones más favorables para que ellos se lleven adelante en forma rápida y expedita.
Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos responsablemente es si esta iniciativa cumple a cabalidad el objetivo descrito e incorpora un elemento a mi juicio fundamental y que otros colegas han destacado en esta Sala: la indispensable existencia de certeza jurídica en un Estado de Derecho.
En esa línea, estimo del todo necesario hacer modificaciones a nuestro sistema de conservadores y notarios. Pero para este efecto, en mi opinión, debe mediar una ley especial.
Esta iniciativa, a través de la cual se pretende fortalecer el emprendimiento, especialmente el de las empresas pequeñas y medianas, debe compatibilizarse con la certeza jurídica.
Por ende, considero esencial que el Ejecutivo retire la "discusión inmediata", pues solo así podremos recoger las buenas ideas expuestas y, en el trabajo de la Comisión de Economía -su Presidente efectuó en la Sala una excelente presentación-, trasuntarlas en indicaciones que conduzcan a mejorar el proyecto y elaborar una legislación buena y que permita alcanzar el objetivo que todos procuramos.
Aquí se ha dicho, y con razón, que no son necesariamente las demoras que puedan existir en los conservadores y en las notarías lo que impide avanzar con la celeridad requerida en la constitución de sociedades comerciales.
Lo señalaron los Senadores Sabag y García-Huidobro : los organismos sanitarios, los propios municipios, en fin, demoran en demasía la tramitación pertinente.
Por consiguiente, no solo debemos preocuparnos de la certeza jurídica para la constitución de las sociedades en comento, sino además del conjunto de otros elementos que impiden el emprendimiento efectivo en nuestro país.
La superación de esa burocracia es, entonces, un objetivo que deberíamos plantearnos con prioridad. Y estoy segura de que el Gobierno también quiere tenerlo presente.
Por ello, señor Presidente, permítame señalar en esta Sala -y lo hago con todo respeto- que es muy importante racionalizar bien el uso de las urgencias.
Se le puso "discusión inmediata" a esta iniciativa. Sin embargo, la gran mayoría de los Senadores, de distintas bancadas, han hecho presente esta tarde que es menester mejorar el proyecto en discusión; que deben presentarse indicaciones; que necesitamos tiempo para efectuar un buen trabajo. Porque nada podría ser más frustrante que el Senado aprobara un proyecto para lograr mayores emprendimientos y que su articulado no permitiera cumplir ese objetivo. Por cierto, la responsabilidad recaería en el Ejecutivo ; pero fundamentalmente -porque, lamentablemente, es así-, en el Parlamento, por no haber hecho bien su trabajo.
¡Pero necesitamos tiempo para hacer bien nuestro trabajo!
En dicho contexto -en este momento se halla únicamente el Subsecretario de Economía; el Ministro Larroulet ya no está-, como Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, debo connotar que en la Cuenta de hoy se dice que el Ejecutivo puso "discusión inmediata" y "suma" urgencia, respectivamente, a dos y quince proyectos de competencia de dicho órgano de trabajo.
Señor Presidente , ¡cuando hay diecisiete prioridades, no hay ninguna!
Entonces, es fundamental -y lo planteo con todo respeto- racionalizar el uso de las urgencias, porque con tanta premura nos resulta absolutamente imposible legislar bien sobre tribunales ambientales, penas alternativas a las privativas de libertad, en fin.
Solo en el caso de las penas alternativas (hoy día trabajamos toda la mañana en la materia) llevamos catorce sesiones. Ello, para elaborar un buen texto. Porque si sobre el particular se despacha un mal proyecto, la sociedad generará un enorme reproche en torno a un sistema que todos consideramos esencial para el uso racional de la cárcel.
Entonces, no se trata de legislar para sacar rápidamente los proyectos: la idea es colegislar bien con el Ejecutivo para dar vida a buenas leyes.
El proyecto que nos ocupa esta tarde se halla en la misma situación: no podemos sacar una buena legislación si media la "discusión inmediata" y hay tantas dudas o reparos, como ha quedado de manifiesto en esta Sala.
No solo por lo concerniente a la Comisión de Constitución sino también por la larga lista de urgencias hechas presentes por el Ejecutivo , pido que exista racionalización sobre la materia.
El Gobierno -reitero- les puso urgencia a diecisiete proyectos radicados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; y ello se ha publicitado. Entonces, créanme que para mí, como su Presidenta , y para los demás miembros resultará muy difícil ser objeto de reproche por no haberlos despachado en lo que resta de enero.
Insisto en la necesidad de racionalizar el uso de las urgencias. Y lo pido con relación a la Comisión de Constitución. Pero creo que igual problema deben de tener otras Comisiones.
En el caso particular del proyecto que nos ocupa esta tarde, apruebo con gusto la idea de legislar. Empero, solicito fijar un plazo adecuado para presentar indicaciones, de modo que nos sintamos orgullosos de aprobar una legislación apropiada y que otorgue certeza jurídica.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , a estas alturas del debate se ha dicho lo sustantivo que corresponde señalar ante una materia tan compleja.
En lo primero, una mirada positiva al proyecto en cuanto no cabe la menor duda de que la eficiencia en el desarrollo de las empresas en los distintos niveles, en la capacidad de crear rápidamente nuevas entidades, le inyecta a la economía un dinamismo muy significativo.
En Chile existen cerca de un millón de empresas. Según el Servicio de Impuestos Internos, al año 2009 había registradas 915 mil 416 (estamos hablando, pues, de una cifra muy relevante); de ellas, 68 por ciento correspondía a personas naturales constituidas como empresarios individuales; y de estas, 79 por ciento eran microempresas.
Ahí está el grueso de una actividad -como lo han expresado ya varios Senadores- muy importante. Y en la medida en que pueda potenciarse, es estabilidad económica, empleo, mejor ingreso para la gente.
En consecuencia, no cabe la menor duda de que una política económica que busca el desarrollo debe estabilizarse en ese nivel.
Por lo demás, es el que necesita algún tipo de apoyo: en la gestión, en la comercialización, en la capacitación.
Entonces, facilitar que aquello vaya desarrollándose dentro de un conjunto de medidas resulta absolutamente necesario.
Creo que el Gobierno tiene razón. Y los datos aquí entregados, provenientes de distintas estadísticas y encuestas internacionales, dejan en evidencia que tenemos mucho que recorrer en este camino si queremos potenciar nuestra economía y alcanzar niveles comparables a los de las sociedades más desarrolladas. Eso pasa por tener resuelto este tipo de situaciones.
Aquello lleva a que se pueda facilitar el emprendimiento, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, que son claves para lograr la sustentabilidad del país.
Las grandes empresas -por así decirlo- no requieren el mismo respaldo; precisan reglas claras, estables, seguras. Las que necesitan una facilitación para su actividad son las pequeñas.
Entonces, surge este proyecto, que, por lo que se ha dicho y por lo visto en otros países, provoca una efectividad muy grande en la generación de nuevas empresas y, consiguientemente, de nuevas actividades.
Por eso, hay que respaldarlo. De hecho, nosotros vamos a aprobarlo en general.
Sin embargo, no puedo dejar de hacerme cargo de la inquietud (también se ha reflejado en el informe y en el debate) derivada de la forma como vamos a proceder. Porque un cambio como el que se plantea, hecho a una velocidad exagerada, en poco plazo, en forma tan vertiginosa, puede generar consecuencias indeseadas.
En el fondo, aquí estamos frente -dicho en simple- a dos culturas sobre la manera de hacer las cosas: una más tradicional -la de los abogados, quienes van haciendo las sociedades; estas se constituyen, se registran, se publican; con un sistema notarial que da fe y certeza jurídica, pensado probablemente en función de una sociedad con menos movimiento, con menos actividades-, versus una cultura dinámica, tecnologizada, con mentalidad de ingeniero, que hace que las posiciones se vayan dando de manera distinta y que los pasos parezcan más fáciles, sobre todo en los flujos, en los diagramas, en el modo como operan los computadores y las redes tecnológicas.
Alguien decía "¡Quién habría imaginado que una transferencia de fondos se iba a hacer hoy día con tanta facilidad: simplemente, desde un teléfono celular!". Bueno: efectivamente, es así. Y hay seguridad de que, respecto a lo que se realiza por tal vía, se está procediendo bien y no va a haber robo o fraude.
Sin embargo, cuando la economía empieza a desarrollarse de la manera expuesta, hay que dar los pasos con mucha delicadeza, para evitar que la convergencia de culturas produzca un resultado desastroso.
Si hiciéramos todo muy rápidamente y los pasos no estuvieran cautelados en debida forma, se correría el riesgo de que los incumplimientos se convirtieran en nulidades y se judicializara todo el proceso.
Por lo tanto, creo que hay que ir desarrollando estas actividades con especial cautela y cuidado.
He estado viendo algunas de las opiniones recogidas en el informe de la Comisión de Economía. Por ejemplo, la del Fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, quien dijo que le preocupaba "la coexistencia de dos formas de operar sociedades", porque algunas se constituirán conforme a la nueva normativa y otras seguirán haciéndolo en la forma antigua, lo que podrá abrir espacio para incertidumbres y distorsiones en la economía.
Por otra parte, según dicho informe, "Resaltó que para los bancos la identificación tanto física como jurídica de sus clientes es fundamental, por dos razones: por el perjuicio que les puede causar otorgar crédito a una sociedad que sea nula o cuyo representante no tenga facultades suficientes" (...) "y, además, porque uno de los principios fundamentales para actuar en la prevención de lavado de activos es conocer al cliente.".
En consecuencia, hay opiniones que vale la pena recoger.
Libertad y Desarrollo señala que llama la atención que el Gobierno pretenda crear un sistema registral paralelo al que existe desde hace más de 150 años, que funciona eficientemente en todo el país, cuyos funcionarios son profesionales expertos en cada área requerida y cuyas funciones y responsabilidades están estrictamente reguladas.
Lo dice un organismo donde algunas de las autoridades aquí presentes que nos han hablado sobre este proyecto tuvieron participación relevante.
Hay también inquietudes en torno a Impuestos Internos. Porque, en efecto, este Servicio por un lado otorgará validez al acto jurídico, actuará como notario, como ministro de fe, y por el otro va a cobrar de inmediato el impuesto respectivo. Entonces, aparte atribuirse el carácter de ministro de fe a personas que no tienen las calificaciones necesarias para ello, puede darse origen a conflictos de intereses; por ejemplo, cuando los funcionarios de Impuestos Internos reciban un premio por los resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones.
También -es lo que ocurre hoy día, como dice la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales-, el propio informe Doing Business , que se ha citado, señala que para la constitución de una sociedad en Chile los notarios demoran un día y el conservador dos, y que quien provoca la demora es el Servicio de Impuestos Internos: dos a tres semanas.
Por lo tanto, estamos planteando una modificación que no sabemos si podrá llevarse a la práctica, pues lo que debemos cambiar es el Servicio de Impuestos Internos.
En todo caso, quiero señalar que esta es una cuestión a la cual hay que atreverse, porque quizá revolucione y dinamice nuestra economía. Pero no podemos equivocarnos; no podemos hacer las cosas de mala manera. No digo que el Gobierno lo esté planteando de ese modo. Creo, sí, que para tener éxito es necesario hacer un ejercicio responsable acerca del desarrollo de esta iniciativa.
Yo, por lo menos, voy a votar con entusiasmo que sí. Empero, pediré la mayor cautela para la revisión del articulado, al objeto de asegurar que haya un nuevo sistema adecuado. Probablemente, va a coexistir durante mucho tiempo con el antiguo. No se aplicará a todas las empresas. Porque de las 900 y tantas mil -casi un millón-, 100 mil (entiendo) no tienen actividad; otras tantas mueren todos los años, y algunas van a seguir funcionando conforme a lo que tienen hoy. De manera que la transición se dará anualmente con pocas empresas. Por lo tanto, el cambio no va a ser tan catastrófico, porque afectará a un margen pequeño.
Pero eso hay que hacerlo bien, para que, si funciona adecuadamente, el crecimiento sea explosivo, efectuemos una traslación de sistemas más rápida y alcancemos la máxima agilidad en la realización de desarrollos económicos en el ámbito de que se trata.
Podríamos pensar también -se dijo aquí, en esta Sala; se lo escuché al Senador Zaldívar- en la existencia de un registro notarial único; en la posibilidad de incorporar elementos complementarios que permitan asegurar la debida interacción de los sistemas y pensar que en Chile hay expedición para hacer emprendimientos y que, por ende, son posibles la creación de empleo, la generación de riqueza, el mejoramiento del bienestar ciudadano.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo deseaba plantear una cuestión reglamentaria. Pero, como me dio la palabra, voy a intervenir brevemente para decir algo sobre el proyecto que nos ocupa en este momento.
Desde luego, aprobaré la idea de legislar. Se trata de una iniciativa que va en la línea, tal como lo expresó mi Honorable colega Hernán Larraín , de dar facilidades a las empresas para constituir nuevas unidades productivas. A mi juicio, es algo que el país necesita en forma clara.
Ahora, me surgen dudas respecto de cuántas nuevas empresas van a poder constituirse finalmente, porque estimo que las dificultades de las pequeñas, en especial, como se decía en el ranking, tienen que ver más bien con el endeudamiento, con el acceso al crédito, con aspectos de otro tipo. No sé si la tramitación sea realmente el problema que enfrenten ellas o quienes estén intentando conformarlas.
También he observado la confrontación sobre la materia entre los puntos de vista de abogados y de economistas o de ingenieros comerciales, y me parece que, en la disyuntiva, nos perdemos, a ratos, en cuanto a lo que está esperando o pensando la ciudadanía frente a estos temas.
Cuando se hace referencia a la certeza jurídica, se me plantean numerosas interrogantes respecto de si solo pueden brindarla hoy en día los registros anquilosados -arcaicos, en muchos ámbitos- de notarios y conservadores. Al revés. Hemos visto muchos abusos de parte de estas instituciones, y me parece que en la discusión hemos puesto el foco hoy día en lo relevante que pueden ser o no unos y otros.
Recién conversábamos con el Senador señor Espina acerca de lo que pudimos advertir hace poco tiempo en la Región de La Araucanía, cuando se creó un conservador de Bienes Raíces para comunas como Vilcún, Melipeuco y otras, lo cual significó que fuera preciso pagar dos veces: para retirar los antecedentes y para llevarlos a la nueva entidad. Se dictó una ley, y, sin embargo, ella se está "perforando" en la actualidad, por no respetarse en la práctica.
Entonces, juzgo que tenemos que incluir también en el debate, si vamos a considerar lo que pasa con notarios y conservadores, los excesos en que muchas veces se está incurriendo.
Bajo ninguna circunstancia voy a defender aquí, por lo tanto, a una institución, por importante que sea, y creo que debemos ponernos claramente del lado de los ciudadanos, de las personas, que están esperando de nosotros leyes efectivamente mucho más amigables y que permitan la conformación de nuevas empresas. Reitero que no sé cuántas van a ser estas.
Concuerdo con mi Honorable colega Alvear en que el plazo para formular indicaciones va a ser relevante.
Voy a concurrir con mi voto a aprobar el proyecto, señor Presidente, no obstante todas las dudas que mantengo respecto de si se va a cumplir o no el propósito que se persigue.
Con relación a lo reglamentario, simplemente le pido a la Mesa recabar la autorización para que la Comisión de Educación pueda sesionar en forma simultánea con la Sala, dado que viene hoy el nuevo Ministro , señor Bayer , para...
El señor COLOMA .- ¡Beyer! ¡Bayer es para otra cosa...!
El señor QUINTANA.- Perdón. ¡Bayer es la aspirina...! ¡No creo que se las vayan a dar a los estudiantes...!
Dicho órgano técnico se ocupará en la iniciativa sobre la Superintendencia de Educación Superior.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Solo debo recordar que proseguirá en seguida el tratamiento del proyecto que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación.
Si le parece a la Sala se accederá a la solicitud.
Acordado.
No hay más inscritos respecto de la iniciativa en votación y el Honorable señor Chahuán no se encuentra presente.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor, uno en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Larraín (don Carlos).
Se abstuvo el señor Frei (don Eduardo).
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Hago presente que en la sesión anterior, cuando se acordó tratar hoy esta iniciativa en el primer lugar del Orden del Día y ocuparse en su aprobación en general, se determinó también que el plazo de indicaciones fuera hasta el 9 de enero, a las 13.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , estimo que lo que se acaba de exponer resulta completamente contradictorio con lo que hemos planteado. Si queremos contar con un término razonable, no se pueden fijar seis días para tal efecto. El proyecto requiere por lo menos, como lo hemos resuelto en otros casos, dos o tres semanas. En lo personal, solicito tres semanas para poder trabajar sobre su contenido. Todos hemos hecho referencia a que es necesario revisarlo a fondo, a que tenemos que formular indicaciones, a que es preciso analizar temas relacionados. En consecuencia, le pido someter a la consideración de la Sala mi proposición de que el plazo sea por lo menos hasta el 23 de enero.
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , comprendo que se pueda discutir el punto, pero este es un acuerdo de la Sala que se tomó precisamente la semana anterior para levantar la urgencia de "discusión inmediata"...
El señor PROKURICA.- Así es.
El señor COLOMA.- ...y no atrasar el debate. Entonces, entiendo que una decisión de la naturaleza de la planteada requiere unanimidad, porque ya se fijó un término hasta el 9 de enero para presentar indicaciones.
Además, la cuestión de fondo no radica en estas últimas, sino mucho más en el tiempo de la discusión. Así que me parece que dicho plazo, con relación a un proyecto que se ha visto varias veces, es prudente.
Y corresponde -repito- a lo acordado, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No es efectivo que se precise unanimidad, señor Presidente . El acuerdo puede modificarse también por la mayoría de la Corporación.
Por lo tanto, pido fijar -reitero-...
El señor COLOMA.- Es algo ya resuelto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ...un término razonable. Es lo que solicitamos todos los Senadores que hemos intervenido, con buena voluntad, para tratar de despachar la iniciativa. Y un término razonable no son seis días, lo que resulta irrisorio. Si queremos algo bien hecho, necesitamos por lo menos tres semanas, porque el asunto es muy trascendente.
El señor COLOMA.- Eso significa llegar a marzo.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Si se tomó un acuerdo, no participé en ello en ese momento. Y creo que tengo el derecho de pedir que lo revisemos y fijemos un nuevo plazo de indicaciones.
El señor COLOMA.- Insisto en que ello ya se determinó.
El señor GIRARDI (Presidente).- Consulto a la Sala si existe disposición para fijar tres semanas de plazo, que es lo que normalmente se hace respecto de las indicaciones.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- El proyecto es muy delicado.
El señor COLOMA.- Llevamos tiempo en su estudio.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Como Presidente de la Comisión, le expreso a la Sala que no voy a participar en el debate si no se aprueba un plazo razonable. De otro modo, lo considero poco serio.
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Sí, Su Señoría.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Como se observa buena voluntad y en el mes en curso se cierra el año legislativo, creo que el que se ha señalado es un buen plazo para las indicaciones.
El señor COLOMA.- Se llegaría a marzo.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Son tres semanas.
El señor COLOMA.- Pero el Senado ya no trabajará.
La señora PÉREZ (doña Lily).- El lapso alcanza.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , coincido con mi Honorable colega Zaldívar, Presidente de la Comisión que estudió la iniciativa.
El tono general de las intervenciones, con contadísimas salvedades, fue más bien de recelo, de reserva. Ha mediado un deseo amplio de simplificar efectivamente los trámites relacionados con estos "vehículos" comerciales, pero, al mismo tiempo, un sentimiento generalizado de que es preciso ir un poco más despacio en la generación de mecanismos tan revolucionarios, conectados con la electrónica. En el fondo, lo que han dicho ese señor Senador y varios otros es, a mi juicio, que un mes de demora no significa matar el propósito de la ley en proyecto.
Francamente, me parece que dos o tres días hábiles son insuficientes para la pretensión de corregir por la vía de las indicaciones los defectos que se avizoran. Hacer avanzar la iniciativa en el curso del mes de marzo es perfectamente razonable. Cabe recordar que llevamos 150 años de aplicación del derecho registral y notarial. Sé que el texto ha pasado por filtros anteriores. Si no lo negamos. Aquí no hay ninguna imposición arbitraria. Lo que sí puede haber es un exceso de velocidad en el tramo final y que me atrevo a afirmar que pasa a llevar, en cierto modo, el predicamento del 90 por ciento de los que han intervenido en la Sala, de ambos lados de la "divisoria". Por eso, pido que se dé un plazo serio para que puedan hacer indicaciones útiles quienes han mostrado más conocimiento sobre el asunto.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Voy a darle la palabra al Senador señor Orpis y luego al Honorable señor Coloma, y si no hay acuerdo con relación al día 23 de enero, se someterá el punto a votación.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , con el ánimo de avanzar, propongo el 16 de enero como plazo para presentar indicaciones, con lo cual se alcanzará a ver el proyecto en el mes en curso.
El señor GIRARDI (Presidente).- No va cambiar gran cosa si es el 16 o el 23 de enero. Fijemos esta última fecha.
El señor COLOMA.- Lo que me sorprende es que se modifique un acuerdo adoptado.
El señor GIRARDI (Presidente).- Voy a recabar el pronunciamiento de la Sala para poder concordar en el 23 de enero.
El señor COLOMA.- Me gustaría que el señor Subsecretario pudiera dar alguna opinión al respecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Si no hay objeciones, se fijará el 23 del mes en curso, a las 13, como plazo para presentar indicaciones.
--Así se acuerda.
PROHIBICIÓN DE APORTES ESTATALES A ENTIDADES CON FINES DE LUCRO EN EDUCACIÓN
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Continúa el tratamiento del proyecto, iniciado en moción de los Honorables señores Letelier, Bianchi, Cantero, Escalona y Quintana, en primer trámite constitucional, que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7856-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier, Bianchi, Cantero, Escalona y Quintana):
En primer trámite, sesión 42ª, en 10 de agosto de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.
Discusión:
Sesión 84ª, en 21 de diciembre de 2011 (queda pendiente su discusión en general).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra al señor Secretario General.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Informo que en la sesión anterior quedaron inscritos para intervenir la Senadora señora Von Baer y los Honorables señores Carlos Larraín, Sabag, Kuschel, Cantero, Letelier y Lagos, a quienes se acaba de agregar el Senador señor Gómez. Y lo pueden seguir haciendo otros, naturalmente.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Nos pronunciaremos hoy, señor Presidente?
El señor LETELIER.- Que se abra la votación.
El señor COLOMA.- No.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ello requiere unanimidad.
El señor ESPINA.- No hay acuerdo.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- No hay acuerdo.
A las 19:30 termina el Orden del Día, de modo que mañana continuará el debate sobre el proyecto.
Prosigue la discusión general.
Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente , en la sesión pasada escuchamos a varios Honorables colegas apoyar el proyecto de ley. Como miembro de la Comisión de Educación, deseo invitar a que legislemos pensando en las familias, en las personas que van a sufrir finalmente el efecto de las decisiones que aquí tomemos. Pensemos en aquellos sobre cuya vida y futuro la moción causará un efecto directo, real, inmediato y profundo.
Actualmente, los padres tienen la libertad de elegir el colegio de sus hijos, según sus propias creencias, valores y convicciones. Algunos -solo el 7 por ciento- pueden enviarlos a establecimientos particulares pagados, pero la mayoría necesita el apoyo del Estado para financiar la mensualidad de aquel que determinaron.
Y creo, señor Presidente , que se trata de un buen sistema. ¿Por qué se va a poder escoger únicamente si es posible pagar la mensualidad? ¿Por qué la capacidad de optar va a depender de lo abultado de la billetera? No estoy de acuerdo con eso. Creo profundamente que todos los chilenos, con independencia de si pueden solventarlo o no, deben tener la posibilidad de decidir el establecimiento en el cual quieren educar a sus hijos. Y si no pueden cancelarlo, tienen que ser apoyados por el Estado.
La mayoría de las familias han optado por un colegio particular subvencionado. De hecho, un 33,3 por ciento de la matrícula corresponde hoy a establecimientos de ese tipo con fines de lucro.
Llama la atención que en el último tiempo se haya "demonizado", realmente, el emprendimiento privado en la enseñanza, no solo porque son los propios padres los que han elegido esa clase de colegios, sino también, sobre todo, porque en Chile ha existido la educación escolar con fines de lucro desde el siglo XIX. Recogiendo tal realidad, la Ley de Instrucción Primaria dispuso expresamente, desde esos años, una subvención anual por alumno y asistencia para todos los establecimientos de educación primaria o vocacional sostenidos por sociedades de cualquier clase o particulares. ¿Por qué, entonces, la "demonización"?
Por desgracia, el debate sobre la educación ha sido, como pocos, víctima de prejuicios ideológicos. Y no lo dice la Senadora que habla, sino el profesor Carlos Peña, Rector de la Universidad Diego Portales, en una columna: "Si la educación nos importa de veras, hay que evitar que el debate sobre el lucro nos ahogue. Si no lo hacemos, se salvarán los prejuicios, la identidad de dos o tres grupos partidarios y cosas así. Pero de educación nada".
La moción en examen, señor Presidente , parte de un prejuicio ideológico, como lo plantea el señor Peña , y adhiere a un eslogan, siguiendo el cántico que emerge de la calle, pero sin medir las consecuencias.
De hecho, quiero valorar el que la Comisión de Educación variara su posición inicial de votar la iniciativa sin escuchar a nadie, porque, a medida que sus integrantes escuchamos a los distintos expertos y a miembros de las comunidades educacionales, comenzó a aparecer la realidad detrás de la frase.
¿A qué estamos haciendo referencia? Lo que hace la iniciativa -y creo que en eso, señor Presidente , debemos ser transparentes, claros y sinceros- es prohibir que la subvención escolar vaya a colegios particulares subvencionados y con fines de lucro. Por lo tanto, afecta directamente a 4 mil 500 establecimientos y a un millón 200 mil alumnos que estudian en ellos.
Se ha construido la imagen de que con el proyecto se quiere atacar el abuso de personas que, en forma inescrupulosa, se han hecho ricas con la educación. Pero resulta que la realidad es otra, porque un 70 por ciento de estos colegios dicen relación con emprendimientos pequeños, en su gran mayoría de profesores.
Algunos señores Senadores que hicieron uso de la palabra anteriormente expusieron que no se quiere afectar a esos docentes que tienen la calidad de dueños. Pero si nos estamos refiriendo a dicho porcentaje, ¿entonces adónde apunta la iniciativa?
Lo que resulta claro es que el texto, si se aprueba, va a afectar la diversidad de nuestro sistema educacional. ¿Porque quiénes son los que pueden sustentar en la realidad colegios sin fines de lucro? Grandes empresarios filantrópicos, cuya iniciativa creo que tenemos que aplaudir, y también las iglesias. De hecho, un 85 por ciento de los establecimientos sin fines de lucro hoy corresponden a proyectos religiosos. ¿A quién le quitamos o le prohibimos recibir la subvención, en consecuencia? A ese 70 por ciento de colegios pequeños cuyos dueños tienen que acudir a un banco para poder buscar financiamiento y que presentan una tremenda diversidad de proyectos educativos. Esta última se refleja en posiciones políticas, ideológicas, culturales, que van desde los colegios Waldorf hasta establecimientos que buscan rendimientos académicos altísimos.
Si aprobamos la moción, estaremos ahogando una de las riquezas profundas de nuestro sistema educativo, que viene desde hace siglos: la diversidad.
Creo que debemos defender fuertemente la diversidad de proyectos educativos de nuestro sistema educacional.
Se ha sostenido que con esta iniciativa se quiere proteger de los abusos a los más vulnerables. Pero resulta que los datos muestran que son justamente esos colegios los que atienden, en proporción, junto con los colegios municipales, a las familias más vulnerables. Y, de hecho, cobran 14 por ciento menos financiamiento compartido que los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro.
¿Apunta este proyecto, entonces, a mejorar la calidad de la educación?
Nuevamente, señor Presidente , la realidad muestra que no. Porque, según los datos presentados en la Comisión de Educación, no hay diferencias significativas en la calidad de la educación entre colegios municipales y particulares subvencionados con fines de lucro o sin estos. De hecho, hay escuelas con fines de lucro; establecimientos educacionales de emprendimientos privados, que tienen proyectos educativos de excelencia que significan un aporte para nuestro sistema educativo, a los cuales se ha satanizado y atacado injustamente, porque con la contribución que realizan merecen no solo nuestro respeto, sino además nuestro apoyo.
También se ha sostenido que, de acuerdo a la penúltima encuesta CEP, 80 por ciento de los chilenos están contra el lucro en la educación. Pero, ¡cuidado!, porque la realidad es más compleja, ya que 70 por ciento prefiere enviar a sus hijos a colegios particulares subvencionados. De hecho, el año 2006 la misma encuesta indicó que al 66 por ciento de los chilenos les parecía bien que los colegios particulares subvencionados pudieran organizarse -así se formulaba la pregunta- como empresas privadas, y que por lo mismo les fuera posible producir beneficios económicos para sus dueños, siempre y cuando entregaran educación de calidad.
Y ahí, señor Presidente, radica la clave: en la calidad.
Lo que debemos prohibir no es el emprendimiento privado en la educación; no es la libertad de elección de los padres, independientemente de su ingreso. Lo que debemos prohibir y fiscalizar con dureza es que los colegios de mala calidad reciban subvención del Estado...
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Puede terminar la idea.
La señora VON BAER.- Porque, seamos justos y obviemos nuestros prejuicios ideológicos: educación de mala calidad existe hoy en Chile tanto en el sistema público como en el privado.
Señor Presidente , las presentaciones en la Comisión de Educación mostraron que pese a los prejuicios ideológicos, la realidad se impone. Tan verdadero es esto que los propios autores del proyecto han señalado que es necesario presentar una indicación sustitutiva. Lo que no entiendo es por qué, si es claro que dados los efectos de esta moción resulta necesario modificarla, no lo discutimos en la Comisión.
A mi juicio, se insiste en esto basándose en un cálculo político que busca responder a un clamor de la calle, sin pensar en las consecuencias.
Termino diciendo que quiero representar acá, en el Senado, una voz poco escuchada: la de los estudiantes, padres y apoderados, profesores y directores de los colegios particulares subvencionados de mi circunscripción. Los padres y apoderados de colegios de Peñalolén, Puente Alto , La Florida , Pedro Aguirre Cerda , Lo Espejo, me han pedido que los consideremos; que pensemos en ellos; que sepamos que desean seguir en sus colegios.
Esos son las chilenas y los chilenos que aparecen cuando se aparta el eslogan y se baja a la realidad.
Señor Presidente, pensando en ese millón 200 mil familias, voto en contra de este proyecto.
-
--(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , me voy a referir al alcance de esta iniciativa, de artículo único, que modifica la ley N° 20.370, a pesar de que soy Presidente de una entidad que da educación a alrededor de 1.200 niños y he tenido también que ver con la organización de alguna universidad creada después de 1981. Me asilo en que este asunto es de carácter general y no meramente pecuniario.
Este proyecto tiene un alcance sumamente amplio; abarca todos los niveles de la educación que se imparten en Chile: preescolar, escolar, universitario, de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales. Es decir, la gama completa de la educación que hoy día se otorga en Chile.
Ahora bien, en el nuevo inciso tercero del artículo 64, que se agrega, se establece: "Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, que reciban aportes del Estado, en forma directa o indirecta -lo cual ya plantea un problema grave de interpretación práctica- no podrán, de forma alguna, tener o perseguir fines de lucro".
Ocurre que por la vía estatutaria es posible declarar que no se persiguen fines de lucro, pero en los hechos se pueden tener.
Por lo tanto, el alcance de esta ley en proyecto -esto puede parecer reiterativo- va mucho más allá de lo que simplemente se enuncia en su justificación: de acuerdo con ella será posible montar un sistema de vigilancia rigurosísimo de una de las actividades, al fin y al cabo, más nobles y más establecidas en la existencia humana, como lo es la enseñanza.
Su alcance será así de amplio, y sus efectos serán igualmente dañinos, profundos y perdurables. La presente iniciativa legal no va a aliviar ninguno de los problemas que manifiesta la educación chilena. Estos son reales. No estamos en el paraíso.
De otro lado, la medición efectuada recientemente por el sistema PISA en Europa, para todos los países miembros de la OCDE, le otorgó el lugar número 25 o 26 a la educación francesa. Por lo tanto, en otros lugares también existen dificultades en este ámbito. El sistema francés es un caso interesante en particular porque es sumamente centralizado, y basa su acción en la intervención estatal en casi todas las esferas, con una tradición potentísima en torno a la fuerza del liceo. Y empieza con la famosa escuela maternal. Bueno, este sistema recibe una mala valoración.
Pero, como decía, ninguno de los males señalados en el sistema educativo chileno serán aliviados con el presente proyecto. Este solamente va a agravar los defectos de la educación chilena, y a generar que lo que hoy día se deplora dentro de muy poco tiempo lo sea en voz más alta y aguda.
Ahora, ¿qué ocurrirá si se aprueba esta iniciativa, lo cual espero que no suceda? Que las personas que trabajan en la esfera de la educación dejarán de ser reconocidas como lo que de veras son: actores centrales en la generación de muchos bienes privados.
¡Eso es cierto! Generan muchos bienes privados, el principal de los cuales es la educación que adquieren los educandos. También se ganan la vida en el proceso. Pero ¿acaso eso es malo? ¿Está prohibido hacerlo impartiendo la enseñanza? ¿Qué hacen los profesores en las escuelas públicas, municipalizadas o no? Precisamente, ganarse la vida. Y también los auxiliares. En fin, todos quienes se conectan con la educación sustentan su propia existencia.
Como mencionaba, la educación, ejercida por los actores de que se trate, produce grandes bienes públicos. El primero es que los sostenedores de escuelas, de universidades, de centros de formación técnica, etcétera, alivian al Estado de la obligación de impulsarla. Son colaboradores de la función educativa estatal. Y esto ha sido comprendido siempre así, desde el comienzo de los tiempos, cuando se empezó a pagar subvenciones a la educación. De esto hace casi 100 años.
Y ello ha producido un bien público muy tangible y sencillo: la altísima cobertura que existe en Chile en educación escolar (cien por ciento); la muy alta cobertura de todas las cohortes que pueden acceder a la enseñanza universitaria (54, 55, 57 por ciento; he oído distintas versiones), lo cual nos lleva a un nivel casi idéntico al de España o al de Francia, curiosamente.
Todos quienes sustentan colegios realizan una contribución muy señalada para la educación de nuestra gente, de nuestros jóvenes, y merecen apoyo y estímulo. En cambio, esta iniciativa de ley ¿qué hace? Sembrar dudas sobre la actividad de los sostenedores de escuelas.
No es para nada liberal esa idea. No es tampoco socialista. Porque va a provocar una concentración de los perjuicios en los grupos más vulnerables de la sociedad chilena. Producirá una polarización -si se me excusa la palabra-: muchos van a arrancar a la enseñanza particular pagada y otros irán a dar a la municipalizada.
El sistema de financiamiento compartido, establecido en el Gobierno de don Ricardo Lagos, fue un gran acierto para el impulso de la educación. Ciertamente, el empeño educativo no se invalida por que algunos entes reciban ese apoyo adicional. Y este proyecto es "iliberal" también en ese sentido, porque pretende impedir que los padres, apoderados, en fin, quienes sustentan la educación de los jóvenes, puedan gastar su dinero en lo que les parezca mejor para el futuro de estos.
Eso es una cosa elemental. ¡Cómo las personas -esto llama la atención particularmente entre quienes hoy exaltan una libertad universal ilimitada- no van a poder decidir si gastan 20, 40, 50 o 70 mil pesos en ayudar a la educación de quienes dependen de ellos! ¡Es una consideración básica!
Ahora, no solo se pone en tela de juicio a los que colaboran en el proceso educativo con su trabajo, sino que además se estrechan los horizontes de los estudiantes y de quienes desean ayudar en la enseñanza de sus hijos. Estoy seguro de que don Ricardo Lagos Escobar consideró ese motivo cuando impulsó la noción del financiamiento compartido. Tuvo razón en hacerlo. Y en parte eso explica la tremenda expansión de la educación.
Esta iniciativa, si llega a aprobarse -e insisto en que ojalá no lo sea-, afectará a alrededor de un millón 700 mil escolares. Y la cifra de universitarios que puede abarcar va de 600 mil a 700 mil. Ello va a causar un daño gravísimo, porque la educación es la gran palanca para el desarrollo personal.
De otro lado, en lo inmediato, ocasionará -esto debiera ser tenido en cuenta por quienes promueven el proyecto en debate, la mayor parte de los cuales se hallan ausentes; pensé que estarían más orgullosos de su creatura...
El señor NAVARRO .- ¡Estamos en la Comisión de Educación, Senador!
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Ah, se encuentran en ella. ¡Y a usted lo tenemos aquí por un accidente...!
El señor NAVARRO .- ¡Solo para escucharlo a usted...!
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Si me permite, Senador Navarro , cuando yo lo oigo reclamar cosas inverosímiles, lo dejo...
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Senador señor Navarro , le pido no interrumpir al Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Le ruego que respete mi derecho a explicarme.
El señor NAVARRO .- ¡Llámele a él también la atención, Presidente!
El señor GIRARDI (Presidente).- Después puede pedir la palabra y responderle...
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¡Usted puede usar el tiempo de todos los Comités para contestarme...!
El señor LAGOS.- ¡Al menos el Senador Navarro fue elegido...!
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Muy bien, pero usted es usufructuario de posiciones anteriores, señor Lagos Weber .
Bueno, quiero abundar en lo que estaba señalando, si me lo permiten los ultrademócratas del frente...
El señor GIRARDI (Presidente).- No hagamos debate, por favor.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Solo quería decir que en este proceso se registra un efecto inmediato muy violento: las escuelas particulares subvencionadas están recibiendo un enorme aumento de solicitudes de ingreso, provocado, precisamente, por quienes desean ampliar la educación.
Pero ¿cómo van a financiar el desarrollo de sus escuelas? Han pasado a representar un riesgo de mala calidad para los posibles financistas, porque una fracción importantísima de los sostenedores de colegios, cerca de 80 por ciento -como se dijo recién- son profesores que han elegido seguir su vocación por un camino distinto del de la Administración Pública.
En conclusión, aquí se está estrangulando a la educación particular subvencionada. Ello va a afectar a los educandos y a sus padres. En definitiva, el proceso educativo completo sufrirá grandemente.
Esta iniciativa debiera ser rechazada, porque daña la libertad de emprender, la libertad de enseñanza, la libertad de los padres para elegir la escuela, la libertad de personas naturales o jurídicas para operar, mantener y administrar establecimientos educacionales. Es decir, atenta contra algunas de las concreciones más reales de la libertad personal, resguardada por la Constitución.
-
--(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ha llegado la hora fijada para el término de la sesión, por lo que procede que este debate continúe el día de mañana, siguiendo el orden de los Senadores inscritos para intervenir.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Conforme a lo resuelto por los Comités, los proyectos de acuerdo que figuran en el Tiempo de Votaciones serán colocados en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana.
Corresponde levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Agricultura, solicitándoles MAYOR CONTINGENTE ESPECIALIZADO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO EN PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE (Duodécima Región).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros Secretario General de la Presidencia, de Obras Públicas, y Director Nacional de Vialidad, requiriéndoles MEJORAMIENTO DE CAMINO AUSTRAL MEDIANTE PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPECIALMENTE ENTRE VILLA CERRO CASTILLO Y PUENTE EL MANSO (Undécima Región).
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole indicar resultados de FISCALIZACIÓN EN COMUNA DE PENCO SOBRE OPERACIÓN LEGAL DE TAXIS Y TAXIS COLECTIVOS EN DOS ÚLTIMOS AÑOS y de FISCALIZACIÓN POR SUBTEL ANTE DENUNCIAS DE INTERRUPCIONES EN SERVICIO TELEFÓNICO EN COMUNA DE LEBU,
y a la señora Ministra del Medio Ambiente, requiriéndole información acerca de SEGUNDA COMUNICACIÓN DE CHILE ANTE CONVENCIÓN MARCO DE ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.
Del señor MUÑOZ ABURTO:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de que informe sobre ACCIONES PARA COMBATIR INCENDIO EN TORRES DEL PAINE;
a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social y al señor Ministro de Economía, para requerir antecedentes acerca de POSIBILIDAD DE APOYO A OPERADORES TURÍSTICOS DE PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA Y TRABAJADORES ANTE INCENDIO EN TORRES DEL PAINE;
a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de pedir ESTUDIO DE ELIMINACIÓN DE COMISIÓN POR DEPÓSITO DE COTIZACIONES EN ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES;
al señor Ministro de Agricultura, solicitándole información sobre ACCIONES ANTE SINIESTRO EN PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE,
y a la señora Subsecretaria de Turismo, requiriéndole antecedentes respecto de FACTIBILIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA Y PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que imparta instrucciones a quien corresponda para informar sobre POSIBILIDAD DE PAVIMENTACIÓN O REPARACIÓN DE CAMINO A EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES, y acerca de DESPLOME Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CURANIPE;
y al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, haciéndole presente SITUACIÓN DE FAMILIA DE SEÑORA MÓNICA SOTOMAYOR CASTRO, CON RESPECTO A DEMOLICIÓN DE SU VIVIENDA SINIESTRADA TRAS TERREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010 (todos de la Región del Maule).
El señor GIRARDI (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:36
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
5. PROYECTO DE ACUERDO DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD PARA LOS TÉCNICOS DE ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOS, Y SOLICITUD DE UN PROYECTO DE LEY DEL EJECUTIVO QUE ACTUALICE EL CÓDIGO SANITARIO EN MATERIA DE PROFESIONES AUXILIARES DE LA SALUD (S 1438-12)
1°.- Que el 16 de noviembre de 2000, se publicó la ley N° 19.699, en virtud de la cual se otorgaron compensaciones y otros beneficios a los funcionarios públicos que estudiaran carreras técnicas de nivel superior.
2°.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley, tendrán derecho a los beneficios establecidos en el mismo cuerpo legal, los funcionarios de los servicios públicos y los organismos a los que se les aplique la escala única de sueldos mensual.es del artículo 1° del decreto ley N° 249 de 1974 -a cuya escala de remuneraciones corresponda la asignación profesional establecida por el artículo 3° del decreto ley N° 479 de 1974- que hubieren iniciado estudios en una universidad estatal o que gozara de reconocimiento oficial, entre el primer semestre académico del año 1994 y el primer semestre académico de 1998, en carreras técnicas de nivel superior, con una extensión curricular mínima de cuatro semestres académicos, con el fin de acceder a un título técnico de nivel superior que la Contraloría General de la República hubiere considerado como habilitante para obtener el pago de la asignación profesional.
3°,- Que el inciso segundo del mismo artículo 1° establece que también serán beneficiarios de la citada ley, los funcionarios que, cumpliendo los requisitos señalados precedentemente y existiendo o no un dictamen a su respecto, hubiesen iniciado estudios -en el marco de un convenio suscrito entre el jefe del servicio público donde cumplían funciones y una universidad- en una carrera técnica de nivel superior, respecto de la cual la Contraloría General de la República, con posterioridad a la suscripción del respectivo convenio, se hubiese pronunciado negativamente respecto de la procedencia de la asignación profesional, por no tratarse de un título técnico de nivel superior.
4°.- Que por su parte, el artículo 2° de la misma ley preceptúa que los funcionarios que, al 31 de julio del año 2000, se encontraren en posesión de un título de técnico de nivel superior, tendrán derecho, por el solo ministerio de la ley, desde su vigencia, al pago de una asignación especial de carácter mensual, equivalente al último monto de lo que, por concepto de asignación profesional estuvieren percibiendo hasta la fecha de vigencia de la ley.
5°.- Que es del caso señalar que no obstante que muchos funcionarios dependientes de los diversos servicios de salud, cursaron la carrera de Técnico de Enfermería de Nivel Superior, considerada habilitante por la Contraloría General de la República para percibir los beneficios establecidos en la ley N° 19.699, aún no han accedido al otorgamiento de la mencionada asignación especial.
6°.- Que tal situación resulta discriminatoria, máxime si se tiene presente que fue el propio Gobierno de la época el que instó a los funcionarios de la administración estatal a cursar carreras universitarias de técnico de nivel superior, en el contexto de un proceso de tecnificación de los servidores públicos, con el fin de lograr una mejor gestión en sus funciones y brindar una óptima atención a los usuarios.
7°.- Que por otra parte, se hace necesario actualizar el texto del artículo 112 del Código Sanitario, que autoriza a ejercer profesiones auxiliares de las universitarias de salud, a quienes cuenten con una autorización del Director General de Salud y cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento pertinente, ya que en la actualidad todas las personas que desempeñan tales funciones, son técnicos de enfermería de nivel superior.
En mérito a lo expuesto precedentemente,
EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA:
Solicitar a S. E., el Presidente de la República que disponga otorgar la asignación especial contemplada en la ley N° 19.699, a todos los Técnicos en Enfermería de Nivel Superior, que hayan efectuado los cursos contemplados en dicho cuerpo legal, en Centros de Formación Técnica o realizado el plan Especial según el Convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, en cursos que tengan como mínimo 1600 horas, y que sean acreditadas con Certificados emitidos por los Centros oferentes, y que asimismo, envíe al Congreso Nacional, un proyecto de ley que tenga por objeto actualizar el artículo 112 del Código Sanitario, que regula el ejercicio de las profesiones auxiliares de la Salud, considerándolos como Técnicos de Nivel Superior.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.