Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hernan Larrain Fernandez
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Gonzalo Uriarte Herrera
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE MANDATO A COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
- CONDECORACIÓN A PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE NUEVA ZELANDA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- REGULACIÓN DE CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS. Segundo trámite constitucional.
- VI. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA ZALDÍVAR, RECIENTEMENTE FALLECIDOS. Minuto de silencio.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Lautaro Carmona Soto
- HOMENAJE : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- HOMENAJE EN MEMORIA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA ZALDÍVAR, RECIENTEMENTE FALLECIDOS. Minuto de silencio.
- VII. INCIDENTES
- INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA VIOLACIÓN Y POSTERIOR EXPULSIÓN DE ASPIRANTE A SUBOPFICIAL DEL EJÉRCITO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS E INVERSIONES APORTADOS POR CHILE EN BENEFICIO DEL ESTADO BOLIVIANO. Oficios.
- ADHESION
- Mario Bertolino Rendic
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Manuel Monsalve Benavides
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- CONSTITUCIÓN DE MESA NEGOCIADORA POR HUELGA DE CONTRATISTAS DE EL TENIENTE. Oficios
- ADHESION
- Mario Bertolino Rendic
- Manuel Monsalve Benavides
- ADHESION
- PAGO DE BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A HIJOS DE EX TRABAJADORES DE MINA CARVILE. Oficio.
- ADHESION
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 36ª, en miércoles 1 de junio de 2011
(Ordinaria, de 10.41 a 14.52 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- HOMENAJE
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Prórroga de mandato a Comisión de Educación 13
- Condecoración a Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda 13
V. Orden del Día.
- Regulación de cierre de faenas e instalaciones mineras. Segundo trámite constitucional 17
VI. Homenaje.
- Homenaje en memoria de trabajadores de la Empresa Minera Zaldívar, recientemente fallecidos. Minuto de silencio 55
VII. Incidentes.
- Investigación de presunta violación y posterior expulsión de Escuela de Suboficiales del Ejército de Vivian Isabel Fernández Trunce. Oficios 58
- Información sobre recursos e inversiones aportados por Chile en beneficio del estado boliviano. Oficios 60
- Constitución de mesa negociadora por huelga de contratistas de El Teniente. Oficios 62
- Pago de Beca Presidente de la República a hijos de ex trabajadores de mina Carvile. Oficio 63
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en moción que “Modifica la ley N° 19.628, de datos de carácter personal para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz.”. (boletín N° 6800-03) 64
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, relativo al “procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores”. (boletín N° 7256-03) (S) 64
Pág.
3. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que “Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en el mismo registro”. (boletín N° 6242-21) 67
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
4. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1962-11-INA. (5931) 83
5. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1954-11-INA. (5945) 84
6. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1946-11-INA. (5974) 84
7. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1893-11-INA. (5977) 85
8. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1931-11-INA. (6013) 86
9. artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1922-11-INA. (6022) 86
IX. Otros documentos de la Cuenta.
- Oficio de la Comisión de Educación, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 15 días su mandato para investigar las actuaciones y procedimientos realizados por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación que concluyeron con el Acuerdo 113, de 11 de noviembre de 2010, según mandato de la Cámara de Diputados aprobado en sesión de fecha 19 de enero de 2011.
Respuestas a Oficios Cuenta 36ª
Contraloría General de la República:
- Diputada Turres doña Marisol, Compatibilidad de bonificación por retiro voluntario de los profesores con otros beneficios. (33238 al 8867).
- Diputado Sabag, Solicita pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre eventual incompatibilidad de dos indemnizaciones, establecidas en leyes diferentes, en beneficio de profesionales de la educación (33238 al 9529).
- ex Diputado Álvarez, Compatibilidad entre bonificación por retiro voluntario e indemnización por años de servicios (33238 al 11174).
Ministerio de Interior:
- Diputado Robles, Solicita informar acerca de los proyectos aprobados y financiados en 2010 para cada una de las comunas de la región de Atacama, con cargo al 2% del FNDR, con el fin de impulsar iniciativas en el ámbito deportivo, cultural y de la seguridad ciudadana; como asimismo, y desglosando los datos por comuna, respecto a los proyectos aprobados y financiados durante 2010 por concepto del Fondo Social Presidente de la República y del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL); y, finalmente, sobre los proyectos comprometidos para el año en curso en los distintos programas enunciados (12243 al 2586).
- Diputado Monsalve, Solicita se informe sobre el estado de avance de los proyectos presentados por la Municipalidad de Curanilahue, para la construcción de muros de contención en las calles Manuel Montt, Cruz Alta, Cruz Baja y Riquelme esquina Cruz Alta; y, además, respecto del presentado para la reposición del tránsito vehicular por las calles Manuel Montt y Cruz Baja, en particular, señale si los antedichos proyectos tienen prioridad, las fechas en que han sido o será presentados para la aprobación del Consejo Regional y, finalmente, los plazos para su ejecución. (12248 al 2376).
- Diputado Monsalve, Solicita se informe sobre el estado de avance del proyecto presentado por la Municipalidad de Cañete, para la construcción de un muro de contención en la calle Esmeralda; en particular, señale si este proyecto tiene prioridad, la fecha en que ha sido o será presentados para la aprobación del Consejo Regional y, finalmente, el plazo para su ejecución. (12248 al 2377).
- Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre desperfectos sufridos por barcaza Cullamó, que desde fecha reciente realiza servicios en la bahía de Corral, Región de Los Ríos (12249 al 2198).
- Diputado Montes, Solicita información sobre las donaciones materializadas antes de la entrada en vigor de la ley N° 20.444, destinadas a la reconstrucción por el terremoto del 27 de febrero (12250 al 1539).
- Diputado Harboe, Solicita remitir la nómina de los proyectos financiados en el año próximo pasado con los Fondos de Seguridad, señalando fecha de asignación, comuna a la cual pertenece, y los resultados esperados de cada uno de los proyectos. (12251 al 2470).
- Diputado Harboe, solicita informar respecto de los barrios incorporados al plan “Barrio en Paz”, señalando los criterios de selección, comunas a la que pertenecen y los recursos asignados, con señalamiento de las fechas de las resoluciones por las que se asignaron tales recursos (12251 al 2471).
- Diputado Harboe, Solicita informar sobre la evolución de las denuncias de delitos recibidos por la institución a su cargo, durante los últimos tres años, en la comuna de Santiago. (12252 al 2467).
- Diputado Ascencio, Solicita remitir la nómina de los proyectos financiados durante el año 2010 con cargo al Fondo Social Presidente de la República y, asimismo, señale los montos de los aportes y las organizaciones beneficiadas y la individualización de los solicitantes de los proyectos que postularon al fondo en el referido año. (12253 al 2604).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Sandoval, Solicita concordar con las autoridades trasandinas el cumplimiento irrestricto de las normas sobre tránsito de carga por los pasos fronterizos (616 al 2880).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Burgos, Solicita informe sobre el remate bursatil que se realizará respecto de acciones Lan de propiedad de Costa Verde Aeronautica (638 al 2215).
- Diputado Burgos, Solicita informar respecto de las acciones que, eventualmente, promoverá el Gobierno en relación con los juegos de azar que se practican públicamente al margen de la normativa que regula esta actividad; específicamente si se procurará su incorporación al sistema legalmente regulado o si, por el contrario, se aumentará su fiscalización y punición. (640 al 2840).
- Diputado Ascencio, Solicita se determine la eventual evasión de impuestos que han generado los contratos laborales de jugadores de fútbol profesional con el Club Deportivo Unión Española Sociedad Anónima Deportiva, aplicando, consecuentemente, las multas a que haya lugar. A la vez, requiere se informe oportunamente de los resultados de las diligencias solicitadas a esta Corporación. (641 al 1955).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informar acerca de la procedencia de implementar un sistema de descuento del aporte mensual al servicio de Bienestar del Congreso Nacional, directamente en las pensiones de sus asociados pensionados en el sistema del decreto ley N° 3.500 (642 al 2607).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se informe sobre la situación legal de los bienes inmuebles legados en beneficio de la comunidad de Andacollo por el empresario minero señor José Tomás Urmeneta. (643 al 2210).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Ward, Diputado Hernández, Diputado Morales , Diputado Melero, Diputado Recondo, Diputado Bauer, Diputado Barros, Diputado Bobadilla, Diputado Silva, Diputado Alvarez-Salamanca, Diputado Salaberry, Diputado Squella, Diputado Baltolu, Diputada Hoffmann doña María José, Diputado Van Rysselberghe, Diputada Molina doña Andrea, Diputado Letelier, Diputado Macaya, Diputado Vilches, Diputado Sandoval, Diputada Cristi doña María Angélica, Diputado Hasbún, Diputado Arenas, Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita excluir de la concesión de los beneficios previstos en el proyecto de ley relativo a la reforma carcelaria, a los condenados por infracción a la normativa relativa al derecho de alimentos. (3611 al 992).
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita la actualización de los modelos de escritura de constitución de corporaciones que se encuentran disponibles en la web del Ministerio de Justicia (3612 al 2594).
- Diputado Saffirio, Solicita se indiquen las razones por las cuales no se ha efectuado el pago de sus emolumentos, correspondientes al período enero-marzo de 2011, a 350 trabajadores a honorarios de Gendarmería (3616 al 2718).
- Diputado Jaramillo, Solicita informar sobre las razones por las que no se han cancelado, desde el mes de enero del año en curso, sus remuneraciones a cincuenta trabajadores a honorarios, administrativos y profesionales, de Gendarmería, y, además, la fecha u oportunidad en que ello se hará. (3643 al 2808).
- Diputado Araya, Solicita copia de los ingresos de detenidos desde 2000 a la fecha, en los penales de Calama, Tocopilla y Antofagasta, indicando el número de detenidos y el tipo de delito por el que se les privó de libertad, y la individualización de quienes han obtenido beneficios intrapenitenciarios, o medidas alternativas a la pena, en igual período de tiempo (3652 al 2528).
- Diputado Teillier, Solicita informar respecto de los proyectos denominados “Obra N° 1: Reparación y/o Reconstrucción Diversas Áreas Comunes C.C.P de Concepción” y “Obra N° 2: Reparación y/o Reconstrucción Sector Módulos C.C.P de Concepción”, que se realizan en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, “El Manzano”; en especial, señale la forma en que se realizó la contratación para estas obras, la empresa a que se asignó la ejecución de las mismas, con señalamiento de sus antecedentes societarios, y, finalmente, el modelo carcelario de construcción concebido para esta unidad penal. (3653 al 2575).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Squella, Solicita informar sobre los mecanismos de control utilizados por dicha institución para verificar la correcta asignación de beneficios de salud a pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. (230 al 2578).
Ministerio de Agricultura:
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe sobre la entrega de ayuda a las comunas, de la Región de Valparaíso, declaradas en estado de “emergencia agrícola” (346 al 2978).
- Diputado Jarpa, Remite copia de su intervención relativa a la situación en que se encuentra un gran número de agricultores que se encuentran fuera de la zona de influencia del Canal Laja Diguillín (347 al 1264).
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Monsalve, Solicita informe sobre la propiedad del terreno donde se encuentra instalada la sede de la Junta de Vecinos 21 A, Los Castaños, ubicada en calle Los Castaños N° 296, sector Chillancito, comuna de Curanilahue (361 al 2973).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Squella, Solicita informar sobre el estado de los fondos de pensiones del cotizante señor Nolberto Salinas González. (11928 al 2850).
- Diputado Jaramillo, Solicita informar sobre el estado en que se encuentran los casos de exonerados políticos cuyo conocimiento compete a su cartera; así como, acerca de los mecanismos utilizados en ese proceso. (845 al 2969).
- Diputado García don René Manuel, Solicita informar acerca de la situación en la Región de La Araucanía de las empresas consultoras, individualizadas en la solicitud respectiva, que administran cupos de trabajo asignados por la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo de la señalada región. (949 al 2815).
- Diputado Alinco, Solicita remitir información relacionada con el cumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas Buses Gran Santiago, Red Bus Urbano, Unión de Transportes Avenida Diego Portales, Servicios de Transportes de Personas de Santiago S.A. (STP), Comercial Nuevo Milenio y Transar Araucarias S.A.; sin perjuicio de disponer realizar una exhaustiva fiscalización con este mismo propósito, remitiendo sus resultados a esta Corporación. (990 al 2660).
Ministerio de Minería:
- Diputado Vilches, Remite copia de su intervención relativa a los problemas que aquejan a los pequeños mineros del país, particularmente en materia de su empadronamiento, de la necesidad de eliminar las cuotas máximas de extracción mensual, y de establecer tarifas para los minerales de cobre de baja ley (360 al 1006).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Sabag, Solicita medidas conducentes al aumento de la totalidad de los subsidios habitacionales, particularmente el correspondiente al Fondo Solidario (264 al 2584).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputada Vidal doña Ximena, Solicita se informe acerca de los problemas y riesgos generados por la falta de un semáforo en la intersección de Avenida Cardenal Silva Henríquez con Manuel Rodríguez, en la comuna de La Granja, Región Metropolitana; especificando qué acciones se han tomado a la fecha para mitigar el peligro que representa dicha situación (2104 al 2834).
- Diputado Ascencio, Solicita informar sobre las medidas adoptadas, o que se implementarán, para impedir el alza indiscriminada de los pasajes de la locomoción pública utilizada por los habitantes de la comuna de Calbuco. (706 al 2951).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado Marinovic, Solicita realizar una investigación, remitiendo sus conclusiones a esta Cámara, a las obras de remodelación de la sede social de la Asociación de Discapacitados de Puerto Natales. (1198 al 2855).
Ministerio Público:
- Diputada Isasi doña Marta, Diputado Gutiérrez don Hugo, Solicita una investigación respecto a la forma en que se dio cumplimiento del acuerdo reparatorio suscrito en el marco de la causa Ruc 1000593544-5, Rit 6088-2010, del Juzgado de Garantía de Iquique (286 al 1162).
Intendencias:
- Diputado Ascencio, Solicita inspeccionar la zona en que se ubica la comunidad de Cucao, actualmente aislada a consecuencias de los cortes de caminos ocasionados por las lluvias en días recientes, y, ulteriormente, gestionar lo necesario para resolver este grave problema de conectividad que le afecta. (355 al 1080).
Municipalidad de Maipú:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita una pronta solución al problema que aqueja a los vecinos del sector rural de Rinconada, comuna de Maipú, quienes carecen de paraderos en condiciones adecuadas de seguridad (1502 al 2735).
Municipalidad de Santiago:
- Diputado Harboe, Solicita informe sobre la existencia de acuerdo con la empresa administradora del Terminal de Buses San Alfonso, para los efectos de prorrogar el plazo de funcionamiento de dicho recinto (1079 al 3052).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistió, además, el ministro de Minería y Energía , don Laurence Golborne.
-Concurrieron, también, los senadores señores Hernán Larraín, Mariano Ruiz-Esquide y Gonzalo Uriarte.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvieron presentes los diputados señores Giovanni Calderón y Roberto Delmastro, y, por encontrarse con permiso constitucional, tampoco estuvo presente el diputado señor Patricio Hales.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 30ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 31ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
PRÓRROGA DE MANDATO A COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación para prorrogar en 15 días el mandato conferido, a fin de investigar las actuaciones y procedimientos realizados por el ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación que concluyeron con el Acuerdo 113, de 11 de noviembre de 2010.
Acordado.
CONDECORACIÓN A PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE NUEVA ZELANDA.
El señor MELERO (Presidente).- Damos la bienvenida al Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda, honorable doctor Lockwood Smith.
-Aplausos.
El señor MELERO, Presidente (de pie).- Excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda, señor Lockwood Smith; doctor Paul Hutchison, Presidente de la Comisión de Salud del Parlamento neozelandés; señora Maryan Street, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores; señor Stewart Nash, miembro de la Comisión de Finanzas, señores Rafael González, secretario de la delegación, y Beryl Wright:
Es motivo de gran satisfacción para la Cámara de Diputados de Chile recibir la visita de una delegación de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda, encabezada por su Presidente , acompañado por numerosos parlamentarios que presiden o dirigen comisiones legislativas de ese Parlamento.
Chile y Nueva Zelanda tienen relaciones diplomáticas desde 1945. Ambos países abrieron embajadas en 1972. Chile fue el primer país de América Latina que instaló una embajada en Nueva Zelanda y el primero de América Latina donde este país abrió una misión diplomática.
Desde esa fecha, las relaciones entre ambos países han sido excelentes y se han profundizado, particularmente en los últimos años, con la firma del Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica Estratégica P4, suscrito en Wellington, el 18 de julio de 2005, junto con Singapur y Brunei. Este Tratado tiene la particularidad de ser más que un instrumento para el libre comercio, pues amplía las posibilidades de una asociación estratégica que ha permitido alcanzar acuerdos de investigación en ciencia y tecnología, educación, innovación y cooperación, especialmente en los sectores de la agricultura, de las energías renovables y del turismo ecológico.
La creación del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico fue una decisión de gran importancia para la inserción positiva de nuestros países en el comercio globalizado. Sabemos que usted, honorable doctor Lockwood Smith, ha participado en este Acuerdo y ha estado a favor de ampliarlo a otros países, tales como Estados Unidos, Vietnam, Australia, Perú y Malasia, que han manifestado claramente su decisión de incorporarse a esta forma de globalización.
Nueva Zelanda y Chile no sólo han suscrito el mencionado Acuerdo, sino, adicionalmente, otros instrumentos internacionales, como el Convenio de Servicios Aéreos, el Acuerdo denominado Vacaciones de Trabajo, vigente desde 2001, que compromete a muchos jóvenes chilenos que visitan ese país, el Acuerdo del Sector Agrícola para la Cooperación Primaria, el Acuerdo Bilateral de Cooperación en Educación, el Memorando de Entendimiento entre la Corfo y el NZTE, es decir, el New Zealand Trade and Enterprise, y el Memorando de Entendimiento entre Conycit y el Centro de Investigación Industrial (IRL), de Nueva Zelanda.
Asimismo, ha sido positivo -fue tratado por la Cámara- el Acuerdo sobre Administración Pesquera del Pacífico Sur, ORP, copatrocinado por Nueva Zelanda, Chile y Australia, al que se han incorporado otros países, cuyo propósito ha sido y sigue siendo proteger en mejor forma los intereses pesqueros comunes, especialmente la pesquería del jurel, que tanta importancia tiene para Chile, así como también los ecosistemas marinos y sus recursos.
En resumen, la relación entre ambos países ha permitido que hayamos suscrito alrededor de veinte acuerdos bilaterales, muchos de los cuales fueron tratados y aprobados unánimemente por nuestro Congreso Nacional.
Sumado a esto, en 2001, se formó el Grupo Interparlamentario Chileno-Neo-zelandés, que ha permitido la consolidación de la diplomacia parlamentaria entre la Cámara de Diputados de Chile y la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda y el intercambio de experiencias legislativas entre ambas corporaciones. Así, hemos avanzado en una cooperación interinstitucional que nos permitirá concretar la firma de un acuerdo marco entre ambas corporaciones que se centre en el proceso de complementación de la actividad legislativa de nuestros parlamentos.
Nos satisface que Chile y Nueva Zelanda mantengan identidades fundamentales en varias instancias multilaterales sobre temas como los derechos humanos, el derecho al mar, la Antártica, la pesca y el comercio agrícola y el compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa de especies marinas como las ballenas. Es igualmente satisfactorio para nosotros coincidir con Nueva Zelanda en la Alianza Global para la investigación agrícola sobre gases de efecto invernadero, en acciones en favor de evitar tales emisiones, ayudando a enfrentar el cambio climático.
Como ya sabemos, nuestros países también forman parte de la OCDE, para cuya incorporación Chile contó con la ayuda de Nueva Zelanda, gesto que hoy volvemos a agradecer. En ese foro, Nueva Zelanda y Chile comparten convicciones económicas como la liberalización del comercio, el crecimiento, la promoción de la democracia, el combate a la pobreza y la búsqueda por mejorar en eficiencia y en integridad en la gestión pública. Vale recordar nuevamente la acción de nuestra ex Presidenta , diputada Alejandra Sepúlveda, que convirtió a nuestro Congreso Nacional en el primero de América Latina en firmar un acuerdo de cooperación con la OCDE.
Por otra parte, el comercio entre ambos países se ha mantenido constante, con una balanza comercial favorable a Nueva Zelanda. En cuanto a las inversiones de empresas neozelandesas en Chile y de empresas chilenas en Nueva Zelanda, estamos seguros de que aportan al crecimiento económico y al desarrollo de ambos países.
Nueva Zelanda tiene una democracia parlamentaria ejemplar, sólidas instituciones y una legislación avanzada. Cabe destacar que fue el primer país en el mundo que, en 1893, aprobó el voto femenino en las elecciones nacionales, derecho que nosotros consagramos recién en 1949.
Posee, asimismo, una economía desarrollada que ha alcanzado un elevado índice de desarrollo humano y un alto ingreso per cápita. Su concepto de desarrollo económico con sustentabilidad ambiental le ha permitido preservar el medio ambiente, no obstante disponer de una gran industria maderera cuya exportación supera los cuatro millones de metros cúbicos anuales. De hecho, Nueva Zelanda ha logrado esto manteniendo uno de los bosques más repoblados y grandes del mundo.
En esta ocasión y a propósito de tan importantes visitas, no puedo dejar de mencionar y agradecer la generosa ayuda que Nueva Zelanda otorgó a Chile, con motivo del terremoto y el tsunami que afectaron a una enorme extensión de nuestro país, en febrero de 2010. Fueron recursos que contribuyeron de manera importante a entregar ayuda inmediata a las víctimas y a reconstruir escuelas. De igual forma, los chilenos solidarizamos con el pueblo neozelandés y apoyamos a las víctimas del terremoto ocurrido en febrero de este año, en la ciudad de Christchurch, en vuestro país.
A pesar de lo anterior, nos enorgullece ver que nos une la historia. Hoy, dos naciones se recuperan de catástrofes naturales y trabajan por la reconstrucción, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y de reparar los daños que dichos eventos causaron en ambos países.
Asimismo, el derrumbe en una mina cercana a Greymouth, en noviembre pasado, permitió a Chile aportar su experiencia para el rescate de los mineros. Sentimos y compartimos el dolor de los neozelandeses por la muerte de los mineros que no pudieron ser rescatados.
Por las tantas coincidencias que tenemos con Nueva Zelanda, estamos convencidos de que Chile y su país, señor Smith, deben compartir sus experiencias legislativas para construir políticas públicas que nos permitan contar con una mejor preparación en situaciones futuras.
Honorable doctor Lockwood Smith, los diputados chilenos reconocemos en usted a un político de profunda vocación y grandes condiciones intelectuales, que durante su extensa trayectoria de servicio a su país, en una pluralidad de roles de alto nivel y complejidad, ha impulsado importantes innovaciones en beneficio de su nación. Entre otros, ha desempeñado los cargos de ministro de Educación , de Comercio, de Bosques, de Turismo, viceministro de Finanzas y, hoy, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda . Usted, doctor Smith, ha ejercido una positiva influencia en favor de un mejor entendimiento entre los países, en materias relativas al comercio, a la preservación del medio ambiente y a la colaboración con los países de menor desarrollo.
Doctor Smith, su visita ocurre, por feliz coincidencia, con la celebración de los 200 años de nuestro Congreso Nacional. Por lo anterior, quiero aprovechar esta ocasión para extenderle, a usted y a los miembros de su Parlamento, la más cordial invitación a participar en las distintas actividades que se realizarán los próximos 3 y 4 de julio, en Valparaíso y en Santiago, en conmemoración de Bicentenario de nuestro Congreso Nacional.
Hoy, usted preside la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda, cargo de alta responsabilidad, no sólo para la política interna, sino también para las relaciones exteriores de su país. Chile lo siente como un amigo cuyos elevados méritos es de justicia reconocer y premiar.
Por lo tanto, las diputadas y los diputados chilenos hemos tomado la decisión de concederle, en esta oportunidad, la Condecoración Cámara de Diputados de Chile. Acéptela como un merecido reconocimiento personal y como una muestra de los fuertes lazos de amistad que unen a Nueva Zelanda y Chile.
He dicho.
-Aplausos.
-El Presidente de la Cámara de Diputados, honorable diputado señor Patricio Melero Abaroa, condecora al Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda , señor Lockwood Smith.
El señor SMITH ( Presidente de la Cámara de Diputados de Nueva Zelanda).- Señor Presidente , tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa.
Saludos a todos ustedes desde Nueva Zelanda. Gracias por su cálida bienvenida y por honrar a mi país en esta ceremonia el día de hoy.
La amistad entre Nueva Zelanda y Chile ha sido muy duradera. Los consideramos nuestros más antiguos amigos en América Latina. Y, como todas las amistades sólidas, nuestra relación continúa fortaleciéndose a medida que nuestros países también crecen.
Los lazos principales que nos conectan son tres:
Lazos económicos, especialmente en la agricultura; colaboración en el desarrollo de energías renovables y conexiones a través de la educación.
Nuestros lazos económicos se basan en el trabajo conjunto para lograr beneficios mutuos.
El Acuerdo P4, Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica proporciona el marco para nuestra relación económica.
Actualmente hay negociaciones en marcha para ampliar el Acuerdo Transpacífico e incluir a Estados Unidos, Perú, Australia, Malasia y Vietnam.
Llegar a un acuerdo uniría a Asia, con Estados Unidos y América Latina, y ubicaría nuestros dos países como puentes entre esas regiones. Esto sólo puede ser bueno para nuestras economías.
La agricultura es fundamental para la economía de Nueva Zelanda, y representa alrededor de la mitad de nuestras exportaciones.
Valoramos los fuertes vínculos agrícolas que tenemos con Chile, incluyendo las inversiones neozelandesas en la industria láctea chilena.
Nos complace colaborar en la investigación y en la capacitación y esperamos con gusto continuar haciéndolo para el beneficio de ambos países.
También nos complace compartir la experiencia de Nueva Zelanda en el desarrollo de fuentes de energías renovables.
En Nueva Zelanda, casi tres cuartos -73 por ciento- de la electricidad es generada por fuentes de energías renovables, agua, viento y el calor de la tierra. La energía geotérmica, generada por el calor de la tierra, constituye el 13 por ciento de nuestra electricidad.
La empresa neozelandesa Mighty River Power está desarrollando las que podrían ser las primeras plantas de energía geotérmica, con proyectos tanto en el norte como en el sur de Chile. También tenemos contacto a través de investigaciones y capacitación en temas energéticos.
Para Nueva Zelanda es siempre un placer dar la bienvenida a estudiantes chilenos, y
más de 600 de ellos eligieron estudiar en nuestro país el año pasado. En Nueva Zelanda pueden estudiar en el entorno del idioma inglés y experimentar una educación de calidad que pocos países pueden igualar.
Un número de estudiantes llega a nuestro país por medio del Convenio de Becas Chile, y hay margen para que más estudiantes se beneficien de ese programa.
El Programa Vacaciones y Trabajo ha resultado ser extremadamente popular con los jóvenes chilenos, que van a Nueva Zelanda por un año a trabajar, estudiar y a disfrutar. Las conexiones que esos jóvenes chilenos hagan con jóvenes neozelandeses permitirán que las relaciones entre nuestros países crezcan en el futuro.
Trágicamente, Nueva Zelanda y Chile también comparten una vulnerabilidad a los terremotos. Compartimos vuestro dolor por los trágicos sucesos del 27 de febrero de 2010, cuando un fuerte terremoto golpeó a la zona central de Chile.
Casi un año más tarde, el 22 de febrero pasado, la ciudad de Christchurch en la Isla del Sur, fue sacudida por un devastador terremoto. Ése fue un día negro para Nueva Zelanda y todavía lamentamos las 181 vidas perdidas.
Apreciamos sinceramente la inmediata oferta de asistencia de Chile y los muchos mensajes de apoyo que recibimos.
Puede que haya margen para compartir nuestras experiencias cuando los dos países emprendan el largo proceso de la reconstrucción.
Es importante que construyamos relaciones a nivel político para fortalecer nuestros amplios vínculos económicos.
Espero con gusto recibir una delegación de este Congreso en Nueva Zelanda cuando sea el momento adecuado.
Gracias nuevamente por su generosa hospitalidad y cálida bienvenida.
¡Sigamos avanzando juntos!
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- De esta forma, hemos recibido y condecorado al Presidente de la Cámara de Diputados de Nueva Zelanda.
V. ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS. Segundo trámite constitucional.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
Diputados informantes de las Comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda son los señores Alejandro García-Huidobro y Ernesto Silva, respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 6415-08, sesión 8ª, en 24 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer Informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 22ª, en 3 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Primer informe de la Comisión de Hacienda, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 21.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el subsecretario de Minería, señor Pablo Wagner.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Minería y Energía.
El señor GARCÍA-GUIDOBRO (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Minería y Energía paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
Debo aclarar que recoge las ideas matrices de una iniciativa presentada en el gobierno anterior y que ha sido consensuada por los equipos técnicos de los parlamentarios tanto de Gobierno como de Oposición. Eso se ha traducido en un apoyo prácticamente unánime a su articulado en las Comisiones de Minería y Energía del Senado y de la Cámara de Diputados, así como en ambas Comisiones de Hacienda.
Se trata de un proyecto que tendrá un alto impacto en el desarrollo de la minería y la sustentabilidad medioambiental. Se estima una inversión de más de 5 mil millones de dólares en los próximos años. En consecuencia, es la inversión medioambiental más importante en el área minera.
La iniciativa establece que una empresa minera no podrá iniciar construcciones que se encuentren comprendidas dentro de los proyectos de faenas o instalaciones mineras, sin la aprobación previa del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), respecto del correspondiente plan de cierre, el que no afectará en caso alguno el cumplimiento de las medidas y condiciones contenidas en la Resolución de Calificación Ambiental que rijan para los titulares de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se considera como sujeto pasivo de las obligaciones que se establecen a quien realiza la actividad minera, a quien efectivamente desarrolla un proyecto minero, a quien construye una faena minera y sus instalaciones y a quien explota, se beneficia y vende minerales. Tal sujeto pasivo es la “empresa minera”, calidad jurídica que puede o no recaer en el titular de la concesión minera.
El plan de cierre se define como el documento que especifica el conjunto de medidas que la empresa minera adoptará, con el fin de lograr el cierre de su faena e instalaciones en forma ordenada, eficiente, progresiva y oportuna, dentro del marco jurídico vigente, y considerando objetivos propios y adecuados a las características de la faena minera y su entorno, así como una programación global y de detalle de las actividades y sus costos.
El proyecto de ley prevé dos tipos de procedimientos para la aprobación del plan de cierre, según sea la capacidad de extracción de mineral de la faena o instalaciones. Si supera las diez mil toneladas mensuales, el procedimiento se denomina “de aplicación general”. Y si la mencionada capacidad es igual o inferior a diez mil toneladas mensuales, se prevé un procedimiento “simplificado”, asimilándose de esta forma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental .
También establece que todo plan de cierre deberá ser cumplido de manera íntegra, cabal, eficiente, efectiva y oportuna por la empresa minera, sin perjuicio de que podrá contratar a un tercero para que lo ejecute por cuenta de ella, ya sea respecto de la totalidad o de cualquiera de las obligaciones que nacen del mismo.
Respecto de las infracciones y sanciones, se indica que el director del Sernageomin será la persona competente para la aplicación administrativa de este aspecto, dispuesto por la futura ley y su respectivo reglamento.
Asimismo, el proyecto prevé que los planes autorizados a través del procedimiento de aplicación general sean auditados cada cinco años por una empresa auditora inscrita en un registro especial que al efecto lleve el Sernageomin, con el fin de verificar e informar a éste sobre el cumplimiento del plan y su garantía.
Por lo tanto, una vez finalizado el ciclo de vida de una faena o instalación minera, e implementada la totalidad de las acciones comprometidas en el plan de cierre, la empresa minera sometida al procedimiento de aplicación general deberá presentar al Servicio un informe final de auditoría, que contendrá una descripción de las obras que permanecerán en el sitio, así como los demás antecedentes que estime conveniente, debiendo el Servicio pronunciarse sobre dicho informe.
Cumplidas las obligaciones legales y reglamentarias, el Servicio deberá emitir un certificado que acredite el cumplimiento del plan de cierre de la faena o instalación minera.
Se indica que todo plan de cierre de faenas o instalaciones, sometido al procedimiento de aplicación general, deberá incluir una garantía que asegure al Estado, en todo momento, la disponibilidad de fondos para cubrir, en forma exclusiva, los costos de las acciones, medidas y obras contempladas en los planes de cierre, cuando la empresa minera incumpla, total o parcialmente, las obligaciones que se contemplan.
Además, la garantía deberá ser aprobada previamente por el Servicio y otorgada nominativamente a favor del director, quien será su titular exclusivo y excluyente, con poder legal para girar contra o a cuenta de ella, disponer su liquidación y ejecución, o su devolución, total o parcial, a la empresa minera.
Las garantías serán inembargables, no podrán ser objeto de gravamen alguno y no formarán parte del derecho de prenda general de los acreedores de la empresa minera.
El monto de la garantía será determinado a partir del cálculo de los costos de la implementación total y definitiva del cierre de la faena o instalación minera, en un sistema de cierre anticipado, evaluado periódicamente. Este monto deberá incluir los costos de administración de contratos con un tercero, ya sea por parte de la empresa minera o del Servicio.
Además, el monto de la garantía deberá ser ajustado en caso de alguna modificación mayor de la faena o instalación minera, cambios en los costos de implementación del plan de cierre u otra circunstancia debidamente calificada y fundamentada por el director, según los criterios que se establecerán en el reglamento de la ley.
Se plantea que le corresponderá a la empresa minera determinar la o las formas en que se constituirá la garantía, pudiendo elegir entre los siguientes: efectivo, boleta bancaria de garantía, instrumentos financieros, tales como aquellos emitidos por instituciones financieras -ya sean letras de crédito, títulos garantizados, depósitos a plazo, bonos, etcétera-, los emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; bonos de empresas públicas o privadas o contratos de seguros, cumpliendo determinadas exigencias.
En cuanto a las empresas mineras sometidas al procedimiento simplificado, ellas no estarán obligadas a constituir garantía de cumplimiento de planes de cierre. Respecto de ellas, el Servicio velará por el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de cierre y por las que el mismo disponga durante la operación de la faena minera, a través de un estricto programa de fiscalización y monitoreo.
Se señala que para controlar la situación posterior de las faenas cerradas, se crea un fondo especial, cuya finalidad es el financiamiento de las medidas de seguimiento y control de riesgos o efectos negativos sobre las variables ambientales relevantes de las faenas mineras que han cumplido a cabalidad con sus respectivos planes de cierre.
Dicho fondo será administrado por el Servicio, sin perjuicio de las delegaciones que al efecto la futura ley autoriza, y estará formado: por los recursos que las empresas mineras deben entregar al Servicio para financiar las medidas de seguimiento y control respectivas, entrega que opera como condición necesaria para recibir el correspondiente certificado de cierre final; por el producto de las multas que el Servicio curse como consecuencia del ejercicio de las facultades que la presente ley le confiere, por las donaciones o asignaciones que le hicieren y por las erogaciones y subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas, de las municipalidades o del Estado.
Además, se establece un sistema de aplicación progresiva para los proyectos mineros actualmente en operación, distinguiendo entre los que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental y los que no cuentan con ella, por encontrarse en operaciones antes de la entrada en vigencia de la ley N°19.300 y del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por último, se plantea que al cierre de una faena o instalación minera, los gastos totales deducidos por causa del cumplimiento de su plan de cierre no podrán superar la suma de las cantidades efectivamente pagadas o adeudadas por tal causa o la suma de las cantidades garantizadas con dinero o instrumentos financieros por tal concepto.
Además, se prevé que aquello dará derecho a crédito fiscal por la adquisición de bienes o contratación de servicios necesarios para la ejecución del plan de cierre de faenas e instalaciones mineras.
Las idea matriz del proyecto es regular el cierre de faenas o instalaciones mineras para prevenir, minimizar o controlar los riesgos o efectos negativos que se generen sobre la salud y seguridad de las personas o del medio ambiente, con ocasión del cese de sus operaciones o que continúen presentándose con posterioridad a éste y a consecuencia suya.
Los artículos que deben ser calificados como normas orgánicas constitucionales, de acuerdo a lo aprobado por el Senado y ratificado por la Comisión, son: 4°, 6°, 7°, 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 y los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios del proyecto, en conformidad con lo prescrito en el párrafo séptimo del N° 24 del artículo 19, en relación con el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, por cuanto imponen nuevas obligaciones a las empresas mineras, algunas de las cuales podrían ser titulares de concesiones mineras.
Asimismo, los artículos 44, 45 y 46 son normas que deben ser aprobadas con el quórum de ley orgánica constitucional, de conformidad a los artículos 66, inciso segundo, y 77 de la Carta Fundamental, ya que establecen una nueva atribución a los tribunales de justicia.
El proyecto no contempla normas de quórum calificado.
Los disposiciones que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación son: las letras b), c), e), f) h) e i) del artículo 5°, los artículos 20, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 47, 48, inciso segundo; 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58 y 59.
No hubo artículos rechazados ni indicaciones declaradas inadmisibles.
Se rechazaron cuatro indicaciones.
El proyecto se aprobó en general por la unanimidad de los diputados presentes señores Espinosa, don Marcos ; García-Huidobro, don Alejandro; Lemus, don Luis ; Marinovic, don Miodrag ; Rojas, don Manuel ; Ward, don Felipe , y de la diputada señora Goic, doña Carolina .
Adiciones y enmiendas aprobadas por la Comisión.
Las indicaciones más significativas introducidas en el seno de la Comisión fueron las siguientes:
En el artículo 2° se aseguró que la ejecución de las medidas del plan de cierre otorgue el debido resguardo a la vida, salud y seguridad de las personas, de acuerdo a la ley. Indicación presentada por los diputados señores Espinosa , Lemus y la señora Goic .
En el artículo 3°, en la definición de “faenas mineras” de la letra i), se incorporó la siguiente frase: “baterías, equipamiento, ductos, oleoductos y gasoductos de hidrocarburos.”.
En la letra o), en la definición de “post cierre”, se aprobó una indicación para agregar la siguiente frase: “así como el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas, de acuerdo a la ley.”.
En el artículo 4° se intercaló, entre las palabras “permiso” y “sectorial”, el vocablo “ambiental”.
En el artículo 10 se agregó que la extracción de 10 mil toneladas mensuales, para sujetarse al procedimiento de aplicación general, fuese por “faena minera”.
El artículo 13, que establece los requisitos del plan de cierre, fue objeto de las siguientes indicaciones:
A la individualización de la empresa minera, establecida en la letra a), se agregó la frase: “o el RUT del empresario minero, cuando sea una persona natural quien realice la explotación.”.
A la letra e), dentro de las medidas que la empresa proponga para su respectivo plan de cierre, se incluyó que éstas contemplen el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas, de acuerdo a la ley.
Además, a este artículo se le introdujo una letra j), nueva, que establece que el plan debe contener” la información técnica que pueda ser considerada de utilidad pública, tales como información sobre infraestructura, monumentos nacionales, según definición de la Ley N° 17.288, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio arquitectónico y natural.
En el artículo 33 se agregó, a continuación de la frase: “La empresa minera”, “o el empresario minero”, y reemplazar la frase “es responsable” por “serán responsables”.
En el artículo 37, sobre las facultades fiscalizadoras, la Comisión incorporó una letra f), nueva, que permite al Sernageomin indagar o hacer preguntas a cualquier persona, oralmente o por escrito.
En el artículo 40, que establece las infracciones, sustituyó la expresión inicial “Entregar”, por la frase: “No entregar la información requerida o entregar”.
En el inciso segundo del artículo 43 se incorporó una precisión: las multas “deberán ser pagadas por el infractor dentro del plazo de diez días contado desde que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.
El artículo 45 se modificó con el fin de facultar a la empresa o al empresario minero para reclamar ante la autoridad cuando consideren que la resolución del servicio que declara el incumplimiento del cierre de una faena minera no se ajusta a la ley o al reglamento.
En el artículo 49, que sólo consideraba a la empresa minera para la constitución de garantías, se incluyó al empresario minero.
Al artículo 50 se le agregaron dos incisos, sexto y séptimo nuevos. El primero es para efectos de establecer el monto de la garantía y, el segundo, para la valorización del plan de cierre respecto de las obras garantizadas conforme a lo establecido en el artículo 297 del Código de Aguas.
En el artículo 55, sobre la creación, administración y formación del fondo para la etapa de post cierre, se incluyó, dentro de sus fines, que debe propender al resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas, de acuerdo a la ley.
Finalmente, al artículo cuarto transitorio, se le incorporó un inciso segundo, nuevo, que establece: “Para efectos de la constitución de garantía de los proyectos mineros y de hidrocarburos que a la época de entrada en vigencia de esta ley se encontraren en operación, éstos se regirán por lo dispuesto en el artículo 49 y siguientes.”.
En nombre de la Comisión, agradezco la colaboración y asistencia del ministro de Minería , señor Laurence Golborne , del subsecretario, señor Pablo Wagner , de su jefe de gabinete, señor Juan Antonio Coloma , y del asesor legal, señor Franco Devillaine . También al Presidente de la Sonami , señor Alberto Salas , y a los representantes de la mediana minería, señores Alfredo Ovalle , ex presidente de ese organismo, y Raimundo Langlois .
Por último, informo a los señores diputados que el texto aprobado por la Comisión de Minería y Energía, conjuntamente con el texto comparado que contiene la legislación vigente, el texto aprobado por el Senado y el texto aprobado por la Comisión, se encuentran en sus respectivos pupitres.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente , después del completo informe de la Comisión técnica, paso a rendir cuenta del informe de la Comisión de Hacienda.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 11 de enero de 2011, señala que el proyecto establece dos incentivos tributarios. En primer lugar, permite deducir de la renta bruta, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, las garantías que se hayan constituido para asegurar al Estado la disponibilidad de fondos para cubrir los costos del cierre de faenas.
Para el caso de los proyectos mineros actualmente en operación, las disposiciones transitorias establecen un procedimiento para presentar un proyecto de plan de cierre de faenas y enterar la garantía en un plazo aproximado de dos años, a contar de la entrada en vigencia de la ley. El costo fiscal de esta medida corresponde exclusivamente al anticipo en el reconocimiento del gasto que ahora podrá hacerse de manera proporcional entre la fecha que se entere la garantía y el momento efectivo del cierre de faenas y provendrá principalmente de los proyectos en operación, estimándose en 6 mil millones de pesos anuales, a partir del tercer año de vigencia de la ley.
En segundo lugar, el proyecto otorga derecho a la devolución de los remanentes de IVA originados en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del plan de cierre de faenas e instalaciones. Se estima que esta medida tendrá un costo fiscal cercano a cero, por cuanto la legislación vigente prevé mecanismos de imputación de tales remanentes.
Adicionalmente, se crea un Fondo para la Gestión de Faenas Mineras Cerradas, para financiar las actividades tendientes a asegurar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar en que se ha efectuado un plan de cierre. Su financiamiento provendrá de los aportes de las empresas mineras, de donaciones y de erogaciones y subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas, municipalidades o del Estado.
Por último, el proyecto otorga al Servicio Nacional de Geología y Minería las facultades de supervigilancia y fiscalización, le asigna una serie de funciones y atribuciones para su implementación. Para ello, este servicio requerirá contar con recursos adicionales estimados en 363 millones de pesos durante el primer año de aplicación de la ley y en 262 millones de pesos anuales desde el segundo año en adelante. Este mayor gasto será financiado con los recursos contemplados en el presupuesto del Servicio Nacional de Geología y Minería.
En el debate de la Comisión, el señor Laurence Golborne hizo presente que el proyecto tiene por objeto la integración y ejecución de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera, en los lugares en que se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mismos, en conformidad con la normativa ambiental aplicable, así como el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas de acuerdo con la ley.
Por lo tanto, entre los objetivos específicos, en primer lugar, el señor ministro mencionó:
1. Conseguir las condiciones de estabilidad física y química de los lugares una vez finalizado el proceso de explotación minera.
2. Permitir los cierres parciales y finales de toda explotación minera.
3. Evitar el abandono.
4. Determinar una garantía y los elementos que permitan resguardar su cumplimiento, evitando el desembolso por parte del Estado, definiendo de manera objetiva las características y formas de constitución de la misma, y
5. Desarrollar un fondo post cierre que permita garantizar la mantención del lugar una vez concluido el plan de cierre de las faenas.
Agregó que los dos pilares claves del proyecto y que constituyen la columna vertebral del cierre de faenas mineras son: el plan de cierre de faenas mineras que debe presentar todo proyecto actual -con un período de transición- o futuro y la garantía de cumplimiento en función de plazo, monto y forma de constitución de los instrumentos.
Planteó que su ámbito de aplicación se ha restringido a faenas mineras de más de 10 mil toneladas mensuales de mineral; hidrocarburos, cualquiera sea su magnitud, exploración, prospección y explotación de cualquiera de estas faenas.
Precisó que las faenas mineras de más de 10 mil toneladas mensuales de mineral deben constituir una garantía según el proyecto, sin perjuicio de que todas las faenas mineras deben presentar un plan de cierre. La diferencia está en la garantía.
En el procedimiento de aplicación general existe la obligación de constituir garantía cuando se supere la producción de 10 mil toneladas mensuales. En el procedimiento simplificado no existe la obligatoriedad de la garantía cuando la capacidad de producción es inferior a 10 mil toneladas mensuales.
En cuanto a la garantía -una de las materias centrales de Hacienda- del cumplimiento que establece el proyecto, es obligatoria para toda empresa, actual o futura, y tiene por objeto asegurar al Estado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de cierre. Se constituye a partir del inicio de las operaciones de explotación minera. Su monto es determinado a partir de la estimación periódica del valor presente de los costos del plan de cierre. El plazo de esta garantía son dos tercios de la vida útil de la faena, cuando el plazo es menor a 20 años y cuando la vida útil excediere de 20 años, el plazo máximo será de 15 años. La tasa de descuento será de BCU de al menos 10 años (tasa real expresada en UF).
Respecto de las garantías de cumplimiento, la iniciativa contempla tres categorías:
A 1, constituido por depósitos a la vista, boletas bancarias de garantía a la vista y carta de crédito stand by con riesgo al menos A.
A 2, constituido por instrumentos de captación o deuda comprendidos en el artículo 45 del decreto ley Nº 3.500.
A 3, compuesto por cesión de créditos de venta, prenda sobre retornos de exportación y fianza solidaria con riesgo al menos A.
A modo de ejemplo, señaló que respecto de un proyecto con 15 años de vida útil, la garantía de cumplimiento debe constituirse en un plazo máximo de 10 años. El primer año debería constituirse el 20 por ciento de la garantía y del segundo al décimo año, el 8,9 por ciento anual.
La composición de la garantía puede cambiar en el tiempo. En el primer tercio del plazo podrá estar constituida por un mínimo de 40 por ciento de instrumentos A1, un máximo de 40 por ciento de instrumentos A2 y un máximo de 40 por ciento A3.
Al final del segundo tercio del plazo la garantía deberá tener un mínimo de 60 por ciento de instrumentos A1, un máximo de 40 por ciento de instrumentos A 2 y un máximo de 40 por ciento de instrumentos A3. Por lo tanto, va cambiando la liquidez.
Por último, al cumplirse el plazo, el 100 por ciento de la garantía deberá estar constituida por instrumentos A1, que son los más líquidos.
En materia tributaria, afirmó el señor ministro , esta garantía se entenderá como gasto necesario para producir renta y como crédito fiscal del IVA en la adquisición de bienes.
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece distintos rangos.
El proyecto también contempla un título relativo al incumplimiento de la obligación de cierre y del procedimiento de reclamación.
También estuvo presente en la discusión don Gerardo Montes , del Servicio de Impuestos Internos, quien se refirió al aspecto tributario del proyecto en estudio, y que está básicamente regulado en dos disposiciones: en el artículo 58, que se hace cargo de la deducción del gasto de los desembolsos en materia de cierre de faenas, y en el artículo 59, que se refiere a la situación del crédito fiscal por IVA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del proyecto de ley, sólo podrá deducirse como gasto necesario para producir renta el monto de la garantía efectivamente constituida. Esta situación importa establecer un límite al gasto deducible, esto es, el monto de la garantía efectivamente constituida.
Agregó el señor Montes que el concepto de gasto amortizable no es nuevo en la ley sobre Impuesto a la Renta, ya que, entre otras normas, está establecido en el artículo 31, números 9°, 10° y 11°, que consideran gastos amortizables los de organización y puesta en marcha; los gastos incurridos en la promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos o producidos por el contribuyente, y los gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en interés de la empresa aun cuando no sean necesarios para producir la renta bruta del ejercicio.
En cuanto al crédito fiscal por IVA -el segundo componente tributario-, el artículo 59 del proyecto señala que el IVA recargado en la adquisición de bienes o contratación de servicios necesarios para la ejecución del plan de cierre de faenas mineras dará derecho a crédito fiscal.
Sin embargo, en el caso de las empresas mineras que por cesar en su actividad no puedan recuperar el IVA mediante los mecanismos establecidos en la ley del IVA, podrán obtener su reembolso dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del término de giro de la empresa por parte del Servicio de Impuestos Internos.
Con esta medida, agregó el señor Montes , se obliga a las empresas que han cesado en su actividad a realizar el término de giro para acceder a la devolución del IVA, así se evita tener en la nómina de contribuyentes activos una gran cantidad de sociedades que han terminado sus operaciones, pero que no han realizado el término de giro.
Finalizó el señor Montes señalando que estas normas no presentarán para el Servicio ninguna complejidad desde el punto tributario y de su administración.
Los invitados a la Comisión a exponer su opinión sobre el proyecto fueron los señores Francisco Javier Veloso , vicepresidente de la Sonami ; Juan Manuel Baraona , asesor jurídico de la misma institución; Eduardo Riesco , fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura; Fernando Dougnac , abogado ambientalista, y Rodolfo Concha , representante de la Asociación de Ganaderos de Magallanes.
Discusión en particular.
La Comisión de Minería y Energía dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de las letras b), c), e), f), h) e i) del artículo 5º. Adicionalmente, de los artículos 20, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 47, 48, inciso segundo; 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del proyecto. La Comisión estimó restar el artículo 42 del proyecto por no ser materia de su competencia, y agregar los artículos 36, 39, 50, primero transitorio; y tercero transitorio; además de las disposiciones de la letra i) del artículo 3°, y los artículos 4°, 10, 26, incisos quinto y sexto del artículo 48 y cuarto transitorio, por ser objeto de indicaciones que fueron debatidas en la Comisión.
Se acordó votar en bloque los siguientes artículos que no fueron objeto de indicaciones: artículo 5°, letras b), c), e), f), h) e i); artículos 20, 25, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 47 y 48, inciso segundo; artículos 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, primero transitorio y tercero transitorio del proyecto, siendo aprobados por la unanimidad de los diputados presentes, señores Auth , Godoy , Jaramillo , Montes , Ortiz , Robles , Santana , Von Mühlenbrock y quien habla.
A continuación, se procedió a la discusión y votación de las indicaciones y sus artículos relacionados, cuando correspondía. Fueron rechazadas las del diputado señor Robles a los artículos 1°, 2° y 6°, y las del señor Marinovic a los artículos 3° y 26.
Por su parte, las indicaciones a los artículos 3°, letra i); 4°, 10, 26 y 48, fueron aprobadas por unanimidad con sus artículos relacionados, y el artículo cuarto transitorio con la indicación a su inciso segundo fue aprobado por diez votos a favor y una abstención.
Este proyecto fue tratado y acordado en las sesiones de 4, 10 y 17 de mayo de 2011, con la asistencia de los diputados señores Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Marinovic , Montes , Ortiz , Recondo , Robles , Santana , Von Mühlenbrock y quien habla, según consta en las actas respectivas.
Es cuando puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , ayer se solicitó en esta Sala que el proyecto en discusión, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, pasara a la Comisión de Recursos Naturales. Yo me opuse, aunque tengo la mejor disposición y voluntad -acaba de hablar conmigo mi colega experto en medio ambiente, Patricio Vallespín - para que, si es necesario, se trate en una sesión de esa Comisión. Pero quiero fundamentar mi oposición.
Respecto de esta iniciativa -cuya tramitación legislativa comenzó en el Senado-, me preocupó profundamente lo relacionado con los hidrocarburos que, en el fondo, al igual que en cualquier faena minera, se contempla la refinería. Considero que el proyecto, en la forma planteada, es un camino más para la privatización de la ENAP.
Si bien es cierto la normativa ambiental y de seguridad vigente en Chile entrega herramientas para determinar y perseguir las responsabilidades derivadas del daño ambiental y de las personas, ocasionado como consecuencia del incumplimiento de la obligación de ejecutar las labores de cierre de faenas, no lo es menos que dichas herramientas se vuelven inútiles cuando no pueden hacerse efectivas en la persona natural o jurídica responsable. En este contexto, no podemos sino adherir a la inclusión de una fórmula de garantía que asegure que nuestro Estado cuente, en caso de incumplimiento del operador minero, con los recursos económicos necesarios para implementar un plan de cierre y con ello precaver la generación de pasivos ambientales.
Sin embargo, deseo recalcar -tal como lo señalé en la Comisión de Hacienda, y les consta a mis colegas- las dudas que merece la forma en que se incluyó a la industria de los hidrocarburos. Quiero recordar que existen problemas de fondo o de políticas públicas que responden al tratamiento distinto que la Constitución Política otorga a las substancias no concesibles, como son los hidrocarburos líquidos o gaseosos, y, además, una serie de problemas formales o de técnica legislativa derivados del intento por normar, en un mismo cuerpo legal, faenas tan distintas como las correspondientes a la minería tradicional metálica y a la industria de los hidrocarburos.
En lo concerniente al primer tipo de problema -es decir, a aquellos referidos a la política pública que está detrás de este proyecto- y particularmente a la inclusión de una fórmula de garantía -como señalé al comienzo de mi intervención-, la existencia de dicha garantía se justifica cuando existe el riesgo de que la responsabilidad legal que emana de la normativa ambiental o de seguridad no puede hacerse efectiva en la empresa minera, porque, por ejemplo, los capitales de ésta se trasladaron a otro país. En ese sentido, no se entiende claramente por qué la obligación de garantía se aplicaría a la ENAP en aquellos casos en que esa empresa ejecute directamente las operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos, en circunstancias de que el riesgo de que esa empresa del Estado se desvanezca es absolutamente nulo.
No obstante, coincido plenamente y desde un comienzo con el Ejecutivo en que tanto la ENAP como Codelco deben cumplir con las obligaciones de carácter técnico, como, por ejemplo, la de presentar un plan de cierre de faenas al Sernageomin. Durante el estudio de este proyecto no pude sino preocuparme por el impacto que la obligación de garantía tendría en las economías de la ENAP y de Codelco, a pesar de los extraordinarios números -de los cuales nos alegramos todos y esperamos que sigan por muchísimos años más-, y consiguientemente en su dueño, que es el Estado de Chile; es decir, todos nosotros. Por eso soy partidario de defender las pocas empresas estatales.
Si bien puede ser razonable que a Codelco y a la ENAP les apliquen la obligación de otorgar garantías por encontrarse en un plano de igualdad con la empresa privada, cuando participen en un contrato especial de operación, no queda claro por qué la ENAP tendría que otorgar dicha garantía en aquellos casos en los cuales se ejecutan directamente las operaciones de explotación de hidrocarburos, en virtud del mandato que la Constitución le otorga.
En definitiva, el efecto que se produce en este caso particular es que el Estado, en la práctica, se está garantizando a sí mismo una obligación derivada de un riesgo inexistente. Y quiero clarificar algo muy especial: el único beneficiado es el intermediario financiero encargado de emitir las respectivas garantías, con grandes utilidades para estas empresas. Seamos claros. ¿Estamos o no por defender a nuestro Estado?
En seguida, la regulación de industrias extractivas tan distintas en un mismo cuerpo legal derivó en algunos problemas formales, toda vez que los conceptos “faena minera” e “industria extractiva minera” resultaban demasiado extensivos y equívocos para la industria de los hidrocarburos. Por ejemplo, el proyecto incluía a las refinerías de petróleo en el ámbito de aplicación de la ley. Afortunadamente, en la Comisión de Hacienda, con un grupo de colegas diputados consensuamos la exclusión de dicho ámbito de aplicación, en el entendido de que el proyecto en comento sólo debe aplicarse en las labores extractivas, lo que no ocurre en la realidad.
Es de todos sabido que sólo producimos 2 por ciento de petróleo; el 98 por ciento restante lo importamos. Y lo digo con mucha fuerza, porque soy de la Región del Biobío y porque al lado de mi ciudad de Concepción se ubica la refinería Biobío , y una de las preocupaciones que me plantearon los dirigentes sindicales se refería a este proyecto de ley.
Hago presente que la refinería Biobío es uno de los planteles productivos más importantes de la ENAP. Lo destacó pensando en la historia de este proyecto de ley, toda vez que me preocupa que no dimensionemos, ni siquiera a través de las diferentes iniciativas que hemos visto en el Congreso Nacional, el daño que le ocasionamos a la empresa de todos los chilenos. Y un ejemplo de ello es la redacción original de este proyecto.
Quiero destacar -nobleza obliga- que el subsecretario de Minería , que ejercía como ministro subrogante en ese entonces, reconoció que yo tenía razón, por lo que presentamos indicciones que mejoraron y perfeccionaron la iniciativa.
Espero que esta Sala no sólo apoye a ENAP, sino también a Codelco, a la que se ha dado el mismo tratamiento que se da a las grandes empresas privadas del cobre, tomando como base Chuquicamata, que está a punto de cerrar, puesto que colocaban una boleta de garantía desde el comienzo, desde que empezaba a explotar el mineral.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente , quienes estuvimos atentos a la rendición de los informes de las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda que hicieron los diputados señores García-Huidobro y Silva , respectivamente, tenemos muy claro el contenido del proyecto y el impacto positivo que generará. Esto marcará un antes y un después en el tema.
Quienes participamos en los debates de las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, que este año me toca presidir, comprendemos que el proyecto es un aporte técnico que hace el Ejecutivo , que valoró ampliamente la Cámara de origen. Recordemos que la Sala del Senado aprobó por unanimidad, gracias a un acuerdo político, con un sustento técnico, este mensaje presidencial.
Quiero destacar el trabajo serio que desarrollaron los miembros de la Comisión de Minería, de todos los sectores políticos, muchos de los cuales presentaron indicaciones para perfeccionar el proyecto. Recuerdo las indicaciones que presentaron los diputados Marcos Espinosa , Harboe , Lemus y otros, que comprendieron que el proyecto representa un avance en medidas y acciones para mitigar los efectos que se derivan de la producción en las faenas mineras, toda vez que antes no existía regulación, obligaciones ni plan de cierre de faenas que permitiera mitigar las consecuencias medioambientales y los efectos en la salud de las personas que genera, en general, el desarrollo de la industria extractiva minera.
Esa forma de trabajar nos permitió despachar rápidamente en general y en particular el proyecto, en tres o cuatro sesiones, replicando el debate que se desarrolló en el Senado.
Reitero que la unanimidad no se logró por un simple acuerdo político, sino que se basó en un sustento de carácter técnico, que hizo comprender que lo que se generaba era muy positivo para la industria minera. Tuvimos oportunidad de escuchar a los gremios y a los representantes de los empresarios, quienes nos entregaron sus planteamientos al respecto, los cuales fueron recogidos y muchos se plasmaron en indicaciones, las que aprobamos en la Comisión de Minería y Energía. Entiendo que también se realizaron otras modificaciones en la Comisión de Hacienda.
Espero que hoy aprobemos el proyecto -ojalá- por unanimidad, tal como lo hizo el Senado, para que sea ley de la república lo antes posible, por los efectos que se derivan del desarrollo de la industria minera, tan importante para el país.
Aprovecho de destacar la aprobación de este proyecto de ley con el trabajo que realizó en paralelo la Comisión Investigadora de los depósitos de relaves mineros, instancia fiscalizadora que surgió por iniciativa de algunos parlamentarios de la Concertación, que también me tocó presidir. La semana anterior a la distrital votamos las conclusiones y esperamos que la Mesa las someta pronto al conocimiento de la Sala. Ojalá que también se aprueben por unanimidad, porque plantean algunas modificaciones legales que van en la misma línea de este proyecto, es decir, proteger el medio ambiente y la salud de las personas, a través de la mitigación de los efectos de la producción minera que, antes de esta legislación -que seguramente pronto va a aprobar- contaba con muy pocos mecanismos protectores, fuera de la voluntad de las empresas mineras, que se autoimponían planes de mitigación, porque no había legislación que las obligara.
Destaco nuevamente el trabajo de la Comisión y agradezco la seriedad con que se trabajó. Espero que el proyecto se apruebe por unanimidad, para dar la misma señal que entregó el Senado, en el sentido que éste es un aporte técnico que marcará un antes y un después. En esta futura ley se incorporaron las indicaciones que nos propusieron los empresarios y los representantes de los trabajadores. Este consenso nos permitió trabajar el proyecto con bastante tranquilidad en el Senado y en las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda, cuyo resultado refleja el parecer de todos los parlamentarios que representamos distritos mineros.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , el proyecto de ley en debate pasará a formar parte de un conjunto de disposiciones legales, pero no para obstruir ni para poner más barreras de entrada al desarrollo de la actividad minera, sino para a corregir la falta de regulación de nuestra legislación en esta materia.
En Chile, como en pocos países del mundo, la explotación del recurso minero es una de las actividades económicas esenciales que más aportan al producto interno bruto, pero, sin embargo, a diferencia de otras legislaciones, no contaba con un plan de cierre de faenas mineras.
Eso se constató durante la administración de la entonces Presidenta Michelle Bachelet , quien encargó al ministro de Minería de la época un estudio de legislación comparada sobre esa realidad, de manera de diseñar una arquitectura jurídica que permitiera elaborar un plan de cierre de faenas mineras.
Cuando tuvimos conocimiento de esta realidad en la Comisión de Minería y Energía, nos alegramos y fuimos muy cuidadosos en verificar que este proyecto de ley no significara un costo adicional para los pequeños y microempresarios mineros, y menos aún para los pirquineros. Por eso, se establece que la obligación para presentar el plan de cierre de faenas mineras sólo es exigible a aquellos productores mineros que están por sobre las 10 mil toneladas mensuales. Ésta precisión es muy importante, porque no se hace obligatorio ese requisito para los micro, pequeños y medianos productores mineros.
Sabemos que la actividad minera, por antonomasia, genera externalidades negativas. Lo sé vivencialmente, porque represento al distrito minero más importante de Chile y -¡por qué no decirlo!- del mundo, como es Calama y la provincia de El Loa, que por años han sufrido las externalidades negativas de una actividad minera intensiva: agotamiento de recursos hídricos, contaminación ambiental, con las consiguientes declaraciones de zona de contaminación ambiental por material particulado PM 10, y la prevalencia de graves enfermedades oncológicas derivadas de esa contaminación.
Este proyecto de ley viene a corregir situaciones que antes no estaban eficientemente reguladas. Hoy, además de cumplir con todas las exigencias medioambientales, se establece, como obligación para proceder a la puesta en marcha de una actividad minera, la presentación de un plan de cierre de faenas mineras.
Vamos a apoyar este proyecto de ley, porque creemos que va en la dirección correcta de corregir algunas situaciones que no estaban reguladas respecto de un recurso natural que no es renovable y por el cual el Estado de Chile tiene muy poca retribución.
Quiero decirle al ministro que nos hubiera gustado que este proyecto contuviera también algunas disposiciones y compensaciones relacionadas con los distritos donde se están efectuando las faenas mineras. Históricamente ha ocurrido que los distritos mineros quedan con altos niveles de polución, a consecuencia de las faenas productivas, los relaves mineros, además del casi evidente agotamiento de recursos hídricos, pero el Estado no se hace cargo de remediar o morigerar ese tipo de situaciones.
Nos hubiese gustado que el proyecto fuese un poco más audaz, en el sentido de verificar algún tipo de financiamiento y de indemnización para aquellos distritos en que la actividad económica casi exclusiva y predominante es la minera.
Como bancada radical entendemos que este proyecto de ley es necesario para el país, porque viene a corregir una situación que distorsiona la compatibilización de la actividad económica con la sustentabilidad del medio ambiente.
Por esa razón, anuncio nuestro voto positivo a este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , ¿quién podría no estar interesado en este proyecto? Hoy, la minería constituye el principal sector de nuestra economía, por la cantidad de recursos que aporta.
Los comentarios de apoyo al proyecto que aquí se han vertido concuerdan con lo que todos queremos: que esta actividad continúe, así como también el buen ánimo del ministro , que ha sido un gestor importante durante su período, lo que agradezco en nombre de los representantes de la ciudadanía.
El diputado Felipe Ward , Presidente de la Comisión de Minería y Energía, expresó que los informes fueron muy claros, y concuerdo con él. Por ello, corresponde enfatizar a los diputados señores Alejando García-Huidobro y Ernesto Silva que los informes que han rendido nos han llevado a meditar sobre ellos y que los hemos entendido perfectamente.
Chile tiene un vacío en su legislación, de lo cual no cabe duda. Por eso hoy estamos legislando en esta materia. Estamos pasando por un muy buen momento con los precios del cobre, hierro, molibdeno, oro, etcétera, y, por lo mismo, se ha producido un gran despliegue de la actividad minera en todas aquellas partes del territorio en que puede desarrollarse.
Sin embargo, diputados que no somos de regiones mineras hemos podido conocer en incontables oportunidades, en visitas esporádicas, el flagelo del abandono de la actividad. Los lugares que no continúan sus faenas, quedan abandonados sin que se haya desarrollado previamente una programación de su cierre, para mitigar los efectos que se hacen sentir en la población, en el medio ambiente, en otras actividades, como muy bien señaló el diputado José Miguel Ortiz , y -por qué no decirlo- en el paisaje de nuestro territorio. Con la debida dispensa de los señores parlamentarios que representan a
zonas mineras, quienes no conocemos mucho de la minería tenemos la impresión de cierto abandono, lo que no concuerda con los paisajes que tenemos en el sur de Chile. En todo caso, no es una crítica.
Pruebas de lo he dicho las encontrarán, en abundancia, en el trabajo que está desarrollando la Comisión encargada de investigar la situación de los depósitos de relaves mineros existentes en el país -acabo de saber que ya va a entregar sus conclusiones-, que se formó precisamente para buscar soluciones a los problemas originados por el cierre de las actividades mineras de antaño y el mal manejo de sus derivados negativos que realizan las empresas que hoy se encuentran en actividad.
Don Rodolfo Concha , representante de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, que asistió como invitado a la Comisión de Hacienda, nos dio a conocer su preocupación por el desarrollo de actividades mineras en Magallanes, particularmente la explotación minera del carbón, ya que se ha descubierto que una gran zona de Magallanes tiene potencial en ese mineral. Así, la actividad ganadera tendrá un problema serio debido a que sus territorios son fundamentalmente ganaderos.
Si bien este proyecto es de consenso, durante su discusión, especialmente en la Comisión de Hacienda, en que participo, se formularon varias indicaciones, las cuales fueron aprobadas en su mayoría, lo que demuestra el interés que hubo en la iniciativa.
El proyecto plantea la necesidad de que las empresas mineras que tienen una extracción mensual de más de 10 mil toneladas, o de hidrocarburos, vayan desarrollando, conjuntamente con la explotación minera, trabajos que faciliten posteriormente el cierre, mitigando así los efectos negativos que aquellas puedan generar en las poblaciones o en su entorno.
Con ese objetivo, se pide que las empresas presenten un plan de cierre que será auditado periódicamente por empresas especializadas en el rubro. Como estamos en el siglo XXI, seguramente habrá comparaciones con faenas mineras de otros países. En ese sentido, Chile está considerado como uno de los primeros países en el ámbito minero del mundo, pero, sin embargo, estábamos un tanto atrasados respecto de la situación que plantea el proyecto, lo cual, por decir lo menos, es grave.
Mediante el proyecto se obliga a las empresas a otorgar garantías al Estado para asegurar a éste la disponibilidad de fondos para cubrir los costos si debido al cierre de faenas se producen efectos negativos o riesgos que es necesario paliar o detener, como consecuencia de los pasivos que la empresa ha dejado en el territorio donde desarrolló su actividad.
Como señaló el diputado Silva , el fundamento del proyecto es el pago de garantías. Además, establece la existencia de incentivos tributarios. Según comenté al diputado Lemus , no tengo claro si se trata de un beneficio o de un incentivo. En cuanto a si es un beneficio, consiste en la posibilidad de deducir de la renta bruta, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley de rentas las garantías que se hayan constituido y, además, otorgar el derecho a la devolución de los remanentes del IVA originado en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del plan de cierre de faenas mineras o de sus instalaciones. Con ello, el Estado está anticipando el gasto posterior en que podría incurrir por efectos negativos de un mal cierre de faenas, lo que hoy ocurre.
Adicionalmente, se crea un Fondo para la Gestión de Faenas Mineras Cerradas -tenía algunas dudas al respecto, pero el tema me quedó sumamente claro después de la exposición del diputado informante de la Comisión de Hacienda -, para financiar las actividades tendientes a asegurar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar en que se ha efectuado un plan de cierre.
Finalmente, esta iniciativa otorga al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) las facultades de supervigilancia y fiscalización, asignándole una serie de funciones y atribuciones para su implementación. Para ello, este servicio requerirá contar con recursos adicionales estimados en 363 millones de pesos, durante el primer año de aplicación de la ley, y en 262 millones de pesos anuales, desde el segundo año en adelante. Además, el proyecto mejora mucho el estado actual de las faenas mineras que cerrarán en algún momento y protege a la población y al entorno, porque una preocupación fundamental es hoy la protección del medio ambiente.
Por lo tanto, no me cabe duda de que habrá consenso para aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , participaré en la discusión en general del proyecto sobre el cierre de faenas mineras porque creo que es muy bueno para la minería del país. Sin embargo, en vista de los intereses personales que tengo en esta materia, me someteré al artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que impide votar a los miembros de cada Cámara que tengan intereses en esta materia. En consecuencia, anuncio públicamente que no votaré.
¿Por qué es bueno el proyecto? Porque la historia minera del país ha tenido etapas de gran actividad, pero también el cierre de faenas ha generado períodos de pobreza, postergación y abandono de localidades mineras. Por eso, este proyecto recoge y capitaliza el conocimiento que hemos acumulado durante tantos años en la pequeña, mediana y gran minería del país, incluyendo ahora a la minería artesanal, que mantiene una gran actividad.
Los proyectos mineros de la gran minería se realizan en base a extensos estudios, prospecciones, exploraciones y evaluaciones que permiten realizar un proyecto que puede durar quince, veinte o veinticinco años. Dichos proyectos se van a ajustar perfectamente a la ley, porque se contempla todo el plan de cierre de faenas una vez terminada la explotación del yacimiento.
Hoy existe un gran desarrollo en materia de evaluación de impacto ambiental en las faenas de la mediana minería del país, porque la explotación de yacimientos mineros de cobre, oro, plata y de otras pastas debe respetar el medio ambiente, los ingresos, los caminos y el entorno de las localidades en que se desarrollan. Es necesario decir que la minería permite que pequeños y grandes proyectos hagan soberanía en el país, ya que por esa vía se crean localidades en las que por años viven los trabajadores y sus familias.
Debemos agradecer a quienes nos dieron su apoyo desde el Ejecutivo , como el ministro Laurence Golborne , quien ha mostrado gran interés por aprobar un proyecto de esta envergadura en el país, así como a sus colaboradores, como el subsecretario de Minería , señor Pablo Wagner , y el director nacional del Sernageomin , señor Enrique Valdivieso , que han sido fundamentales para esclarecer las dudas que muchos parlamentarios plantearon en las Comisiones.
El tema en discusión es muy técnico; no es fácil de entender, porque explotar un yacimiento tiene variables que ni el pequeño empresario sospecha cuando inicia un proyecto. Por ejemplo, al inicio, en un socavón o un pique se puede encontrar agua subterránea que impide realizar una explotación expedita en una faena. El costo de sacar el agua de las minas a veces es tan alto que hace imposible hacerlo. La realidad es que más del 80 por ciento de las minas en Chile contiene agua en el fondo y en los pisos. ¡Para qué hablar de la minería del carbón, en que la preocupación por el agua es mucho mayor!
Entonces, para dejar constancia en la historia fidedigna de la ley, es importante establecer varios parámetros. Por ejemplo, es un avance que los yacimientos calificados de menos de 10 mil toneladas de producción mensual sean calificados como pequeña minería, porque permite presentar un proyecto de cierre de faena minera simplificado. Eso concuerda con los informes sobre impacto ambiental, también simplificados, que permiten la autorización, porque los elementos básicos quedan establecidos en dicho informe y en la autorización.
Es importante reflejar la realidad en la ley, porque, de lo contrario, puede constituir una traba de tal magnitud que podría paralizar al sector. Lo digo abiertamente, porque los pequeños mineros no trabajan con reservas probadas por meses o por años. El pequeño minero es un permanente explorador y descubridor de minas. Ésa es la manera en que lo hace habitualmente, de modo que esto no es una sorpresa.
Entonces, para iniciar una faena, tendrá que obtener la autorización del cierre de faena minera y del proyecto de explotación. Pero muchas veces ocurre que el pequeño minero abandona esas instalaciones a las pocas semanas y después vienen otros mineros, que pueden tener más recursos y conocimientos, a explotar esos yacimientos abandonados. Lo habitual es que el pequeño minero se cambie periódicamente de proyectos, ya que debe hacerlo para mantener una producción mensual.
En este contexto, la iniciativa refleja la realidad que viven los pequeños mineros, razón por la cual recomiendo aprobarla, pues viene a poner orden en un país de gran envergadura minera. Además, los grandes proyectos mineros se han basado en los conocimientos que han entregado los pequeños mineros, ya que ellos son los que descubren la gran mayoría de los yacimientos.
Es muy importante que el reglamento que se debe elaborar para cumplir con la normativa que establece esta futura ley sea analizado y revisado por todos los sectores involucrados, como la Sociedad Nacional de Minería y los sindicatos de pirquineros y mineros que existen en el país. Una vez que ellos lo conozcan y aprueben, podría ser aprobado a nivel legislativo.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, los temas ambientales tienen una connotación muy importante en el mundo entero.
Es indudable que la iniciativa tiene una arista ambiental muy significativa, que fija una institucionalidad importante en esta materia, que no estaba regulada. No obstante, es complementaria respecto de las resoluciones de calificación ambiental que ya se ha aplicado a la mayoría de estos proyectos.
La iniciativa busca regular una actividad muy importante para la economía del país y hace una distinción, que me parece trascendental, entre los proyectos de envergadura, de la mediana y gran minería, y los de la pequeña minería, y fija un límite que me parece conveniente destacar: las 10 mil toneladas de extracción mensual, una cifra que define quiénes son los actores y cómo se aplican los procedimientos.
Aquí se consideran dos tipos de procedimientos: uno de aplicación general para las empresas mineras con capacidad de extracción sobre las 10 mil toneladas y un procedimiento simplificado, menos riguroso, para los pequeños mineros. Es decir, estos últimos podrán sortear esta situación a través de un plan simplificado que también les permitirá cumplir con la ley, ya que éste es un gran desafío para el Ministerio de Minería, la Enami y las instituciones que fomentan la pequeña minería; es decir, esto no es un escollo para los pequeños mineros. No obstante, la iniciativa aplica normas rigurosas a los proyectos mineros que provocan un fuerte impacto ambiental en el entorno en que se ubican.
Fundamentalmente, se ha puesto énfasis -así lo plantea la iniciativa- en la seguridad física y química de esos proyectos. Entiendo que en esta visión se incorporan los relaves mineros, que constituyen un problema que no está regulado en la actualidad. ¿Qué pasa cuando se abandonan las obras mineras? Nadie se hace cargo del asunto y se transforma en un grave problema para la sociedad. En ese sentido, la iniciativa regula ese aspecto.
Sin embargo, esto implica un desafío inmenso: cómo hacer que la regulación sea efectiva. Por una parte, se crean varios mecanismos que me parecen muy importantes. Primero, que exista un plan de cierre, que debe ser aprobado por un servicio público, en este caso el Sernageomin; segundo, que dicho plan debe ser objeto de auditorías permanentes, lo que también fiscaliza el Sernageomin, y tercero, que debe existir la correspondiente garantía de acuerdo al plan, de modo que si el proyecto falla en el camino o no se cumplen las tareas estipuladas el Estado la pueda hacer efectiva.
El proceso de cierre de faenas ya se contempla cuando el proyecto minero comienza en su fase de exploración, por lo que las garantías empiezan a correr desde esa fase hasta el término de la vida útil del proyecto, lo que considero muy importante. Antes de que se apruebe el plan de cierre de faena, empieza a funcionar un fondo que da la posibilidad para certificar que se cumplió con ese plan de cierre de faenas.
Sin embargo, debo plantear algunas observaciones que me parecen relevantes.
La primera se relaciona con la institución encargada de fiscalizar el procedimiento, que es el Sernageomin, un gran servicio, pero que ha demostrado tener grandes debilidades. El Gobierno se comprometió a fortalecerlo después de lo ocurrido en la mina San José , lo que ha ocurrido, pero que aún es insuficiente para dar cumplimiento a los inmensos desafíos que se le presentarán con este proyecto, en el sentido de aprobar planes de cierre de faenas mineras, fiscalizarlos y hacer efectivas las garantías correspondientes, tareas realmente monumentales.
Indudablemente, debemos corregir esas debilidades, porque los planes de cierre son una garantía para la vida de las personas y para el cuidado del medio ambiente. Creo que ahí estamos fallando, por lo que ruego al ministro de Minería y Energía y al Gobierno que incorporen esta variable.
La segunda se relaciona con la reglamentación del proyecto. No sabemos qué es un plan de cierre. La iniciativa establece todos los procedimientos para llevar a cabo un plan de cierre, pero no sabemos en qué consisten físicamente dichos planes. Seguramente, en su reglamentación se va a considerar este aspecto. Habrá planes de cierre de mayor o menor calidad. ¿Quiénes atravesarán ese umbral? ¿Cuáles serán los estándares de seguridad que se exigirán? Es un gran desafío del Ejecutivo adoptar las medidas para evitar que el proyecto se transforme en letra muerta, en una formalidad, y, por el contrario, sea una parte complementaria a la ley ambiental, que deberá regirse por ésta, y a la explotación de los recursos naturales.
Hoy, la ciudadanía se ha expresado frente a las inversiones para la explotación de nuestros recursos, y lo ha hecho masivamente. Tengo la sensación de que esa actitud se seguirá manifestando en cada una de las inversiones que se hagan, sobre todo en esta materia.
Nuestros valles en el norte de Chile son pequeños y, por lo tanto, se entra en una discusión inmediata por el agua, con la agricultura, con los pequeños propietarios, etcétera.
Siento que el proyecto puede hacer una contribución importante, pero si no se toman en cuenta esas consideraciones, se transformará en letra muerta y se seguirán agudizando los problemas entre inmensos proyectos y la comunidad, por la contaminación del agua y del aire.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero preguntar al señor ministro cómo se asegura, efectivamente, la estabilidad física y química de los proyectos. Es un gran desafío en un país y en regiones con alta sismicidad, en que están ubicados tales proyectos. Además, los hidrocarburos fueron considerados en la iniciativa.
Finalmente, anuncio que aprobaré el proyecto, porque lo considero positivo, y esperó que mi bancada también lo haga.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , qué duda cabe que Chile es un país minero, toda vez que tiene un Código de Minería que otorga una serie de facilidades para la explotación de la industria minera.
Seguramente, hoy aprobaremos este proyecto, que es positivo y que tiene un sentido y una trascendencia importantes, porque busca regular la forma en que se van cerrar las faenas mineras que han generado externalidades negativas, pasivos ambientales, a fin de que no sea el Estado -y por ende todos y cada uno de los chilenos- quien después tenga que asumir los costos de los pasivos ambientales.
Pero la iniciativa también tiene debilidades, situaciones que no se reconocen y que no se quieren asumir. En Chile se debe entender, de una vez por todas, que no es lo mismo hacer minería en cada uno de los ecosistemas o en cada medio ambiente que tenemos desde Arica a Puerto Williams, en la región antártica, porque cada situación es particular.
Tanto el Código de Minería como el proyecto en discusión están elaborados para la minería que se desarrolla en lugares aislados, desérticos, donde las externalidades son bastante más reducidas que en otros lugares. Sin embargo, en Chile también puede haber minería en terrenos agrícolas, en terrenos con potencial turístico, en terrenos con ecosistemas frágiles desde el punto de vista ambiental, pero de eso no se hace cargo el proyecto.
En la Comisión de Minería y Energía fui disidente de muchos planteamientos que finalmente se aprobaron por mayoría -y en democracia se debe ser respetuoso de las decisiones mayoritarias cuando se es minoría- y también expuse un tema que, en mi opinión, es constitucional, relativo al derecho al medio ambiente sin contaminación, al derecho de propiedad y a varias cuestiones que significan que una empresa minera no puede hacer lo que quiera en el país y que debe asumir el costo de remediar los daños generados.
Las reparaciones tienen que hacerse, aunque sean baratas o caras. Si una empresa genera daño y externalidades negativas, dejando chatarra botada y pasivos ambientales, y eso está amparado por la ley, entonces la norma está mala. Ese principio no es bueno y no lo debemos aceptar. Eso lo planteé en la Comisión de Minería y Energía, y en esa línea presenté indicaciones que finalmente no fueron aprobadas por los miembros de la Comisión, lo que generó una conversación con las autoridades del ministerio.
Reconozco que se avanzó en varias materias. Por ejemplo, en el artículo 4° se recogió una de las principales aprensiones que este parlamentario presentó en términos de lo que se está haciendo en este proyecto, en el sentido de que vaya de la mano con la ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente .
Existen otros elementos que se retiraron posteriormente, como el tema de las refinerías, que se consideraba una faena minera, en circunstancias de que, evidentemente, se trata de una faena industrial.
Pero dentro de ese esquema, finalmente se aprobaron otros aspectos que no tienen nada que ver con la materia y que afectan gravemente en particular a la Región de Magallanes, donde se explotan los hidrocarburos.
Quiero ser claro con la gente que nos ve. Por ejemplo, la empresa Geopark, empresa privada que explota hidrocarburos en la Región de Magallanes, produce menos de un millón de metros cúbicos. ¿Qué dice la norma aprobada? Que solamente entrarán al plan de cierre aquellas que produzcan más de un millón de metros cúbicos por día. Pero resulta que Geopark ocupa más de cuarenta pozos y, por lo tanto, ninguno de los yacimientos de Geopark va a entrar en el ámbito de aplicación del proyecto. ¿De qué estamos hablando?
A pesar de que coincido con mi amigo el diputado Ortiz en la defensa de la ENAP, existe una visión y una voluntad política de entregar a los privados la explotación de los hidrocarburos. Me parece inaceptable que mediante una indicación al artículo 10 se borre de un plumazo toda la aplicación del cierre de faenas mineras para los nuevos empresarios privados que van a operar en la Región de Magallanes. ¿Cuánto ahorro significa no presentar un plan de cierre de faenas? ¿Cuántos millones de dólares van a quedar excluidos?
Por eso, considero que lo que se había ganado en el Senado -pues se trata de un proyecto de larga data, que viene del gobierno anterior, que reconoció la necesidad de avanzar en el tema- ahora se pierde, al señalar que los yacimientos de más de un millón de metros cúbicos por día quedan sometidos a la disposición y todos los otros quedan fuera; es decir, quedarán todos fuera. O sea, el proyecto de cierre de faenas mineras -que lo sepa toda la Región de Magallanes- no sirve para nuestra región; está hecha para todas las otras, menos para la nuestra.
Por lo tanto, respetando mis acuerdos y compromisos, apoyaré el proyecto en general, porque por Dios que hace falta una ley que ponga coto a lo que hoy se está desarrollando, para que las empresas mineras se hagan cargo de lo que hacen, asuman los costos de rehabilitar el medio ambiente y que, en definitiva, no dejen un pasivo al Estado.
Asimismo, apoyaré favorablemente las indicaciones al artículo 4°, y varias otras, menos el artículo 10. Respecto de eso, me reservo el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional en la materia, porque me parece que se está afectando claramente el derecho de propiedad de algunas personas para favorecer alguna empresa especial y particular.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, tal como se presenta este proyecto, si bien es un avance, resulta insuficiente.
Quiero fundamentar esa afirmación porque, a mi modo de ver, la iniciativa tiene un énfasis muy marcado en lo productivo, en lo sectorial y en lo económico financiero. De hecho, solicitamos que el proyecto se remitiera a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, para darle una mirada integral, porque considero que no la tiene.
El proyecto no aborda la integralidad ni la complejidad que posee esta materia ni los estudios de base que se utilizaron para elaborar el proyecto inicial presentado por la Presidenta Bachelet , en que se señalaba como objetivo que lo que se busca es mitigar los efectos negativos que se generen en las personas o en el medio ambiente, lo cual se modifica en el texto final que hoy se someterá a nuestra decisión, pues habla del resguardo a la vida, la salud y la seguridad de las personas y elimina la expresión “medio ambiente”, acotándola sólo a la normativa ambiental.
Así, cabe preguntarse: ¿por qué entonces no se dice lo mismo respecto de la salud y se habla sólo de normativa de salud aplicable? Es decir, existe una intención de aminorar la implicancia, el efecto de resguardo y de protección del medio ambiente. Nuevamente, el medio ambiente es el pariente pobre de una legislación que, no obstante ir bien encaminada, es insuficiente.
Al señor ministro no le pareció pertinente que el proyecto se enviara a la Comisión de Medio Ambiente, como fue nuestra petición, puesto que lo consideraba muy tardío. Al respecto, le digo al ministro que más vale tarde que nunca. Esa discusión podría haberse dado. Existen dos o tres artículos en los cuales sería posible incorporar las palabras “medio ambiente”, y así este factor, que hoy es fundamental para la competitividad internacional del sector minero, se hallaría resguardado. Pero, nuevamente, nos quedamos con la mirada parcial.
Los estudios de base de 2007 expresan con mucha fuerza que, cuando se identificaron las 213 faenas mineras abandonadas o paralizadas, éstas “representaban riesgos graves para la salud de las personas, el medio ambiente y la infraestructura”.
Por lo tanto, eliminar los vocablos “medio ambiente”, por ejemplo, en el artículo 2° y en otros del proyecto, o en las competencias que se otorgan para actuar sólo a Sernageomin, sin una mirada de la autoridad ambiental, significa minimizar el rol que ésta tiene.
Otros estudios también señalan que oficios del Sernageomin establecen claramente que las faenas abandonadas “constituyen un riesgo significativo para la vida o la salud de las personas o para el medio ambiente”. Y si nos vamos al proyecto, constatamos que en todos los artículos en que podrían incorporarse las palabras “medio ambiente”, para asegurar la sustentabilidad del desarrollo del sector minero, y no sólo su crecimiento, éstas se eliminaron; es decir, se minimiza, se acota.
Por consiguiente, quienes queremos responsablemente un desarrollo sustentable no podemos callar este planteamiento y no señalar que me parece lamentable que no se haya accedido a que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente celebrara al menos una sesión para revisar esta materia y, a lo mejor, haber conversado con el ministro -que acaba de salir, porque parece que esto no le interesa- que no se consideró adecuadamente esta variable y haber adoptado uno o dos acuerdos en tal sentido, para dar una señal al país y a la gente que hoy se está manifestando porque ve que las decisiones políticas en el Congreso Nacional y en el Gobierno no resguardan adecuadamente la sustentabilidad del desarrollo. En eso centro mis reparos.
Por ejemplo, en el artículo 2° no debería decir “normativa ambiental aplicable”, sino “resguardo del medio ambiente”. ¿Qué significa eso? Pone una señal de luz amarilla para estar mucho más atento, porque el cierre de una faena o de una instalación minera tiene una implicancia medioambiental.
¡Qué duda cabe de que cuando corre viento cerca de un relave se levanta polvo y ello genera contaminación! ¡Se trata de un tema ambiental! Y cuando eso se elimina del texto del proyecto se debilita la normativa.
Además, en el artículo 3° se introducen los conceptos de estabilidad física y química, pero no se relacionan con los impactos o daños ambientales que pueden generar dichas situaciones cuando no se realizan adecuadamente. Otra falencia.
En ese mismo artículo, se eliminan desde las letras j) a la o), aunque lo más preocupante es la supresión de la letra k), que hace referencia a información de utilidad pública. Aquí hay otra señal de preocupación.
Que en un sector como el minero, que tiene grandes pasivos ambientales, no se permita el acceso a información de carácter público en esta materia, genera la impresión de que existiese algo que esconder, en circunstancias de que no hay nada que temer si se quiere avanzar de verdad en una legislación más contundente en cuanto a sustentabilidad del desarrollo minero.
Y cuando se cambian las condiciones, establecidas en el artículo 13, que debe cumplir un plan de cierre, eliminando toda referencia explícita al medio ambiente, pareciera ser que queremos avanzar, pero sin abordar integralmente la preocupación medioambiental, que empezarán a demandar los mercados internacionales.
Ésos son los puntos que quiero plantear al ministro, porque creo que no están suficientemente resguardados en el proyecto.
Podría señalar varios artículos más en los que podríamos haber concordado puntos de vista en la Comisión, y así él habría quedado, por decirlo de alguna manera, a resguardo de quienes creemos de verdad que es posible hacer más en materia ambiental.
Probablemente, algunos dirán: “¡Cómo va a votar en contra el diputado Vallespín si esto ayuda!” Y lo harán ver. ¡Pero por Dios que sería distinto si lo que planteo se estableciera de manera explícita! ¡Siempre el tema del medio ambiente se considera de manera tácita, implícita! Ante la preocupación medioambiental, siempre se dice: “Ahí vamos viendo”. Pero hoy el mundo demanda que tema del medio ambiente se considere explícitamente.
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, que en acuerdo transversal quería revisar la materia, demanda que las cosas queden explícitas.
Por eso -lo digo con responsabilidad-, no estoy en condiciones de apoyar completamente la presente iniciativa, y en ese sentido llamo a la máxima responsabilidad y rigor de la Cámara de Diputados.
Si el señor ministro accediera a que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente revisara el proyecto -lo votaríamos la próxima semana- y los contenidos que he señalado, en una sesión, podría aprobarse en forma unánime. Eso sería favorable para el sector y para la sustentabilidad del desarrollo minero. Pero no se da esa posibilidad.
¿Qué cambiaría si el proyecto se votara hoy o la próxima semana? Podría cambiar algo significativo en materia de sustentabilidad del desarrollo del sector minero y no sólo de crecimiento garantizado, considerando alguna dimensión ambiental establecida en normas que, como sabemos en Chile -por su intermedio, señor Presidente , se lo señalo al señor ministro -, son absolutamente piso, pero no techo. Por lo tanto, cuando el proyecto se limita -así se encuentra redactado- sólo a señalar la normativa ambiental aplicable, se está quedando en el subsuelo; ni siquiera en el piso. Por eso manifiesto esta preocupación.
Espero que el ministro se abra a la posibilidad -reitero- de que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en una sesión, revise este asunto. Incluso, la Presidenta de la Comisión también lo planteó, pero no se le escuchó. ¿Y con qué afán? Con el objeto de mejorar, de perfeccionar, de validar; no de dejar el proyecto parado por dos o tres meses. ¡Sólo pido una sesión destinada a intentar proteger el medio ambiente de una actividad que conlleva grandes pasivos ambientales! Chile debe ser testigo de la negativa a acceder a dicha solicitud.
Estamos hablando de ese espacio mínimo de deliberación, de discusión de quienes sabemos del tema ambiental y no sólo del tema productivo minero. Ambas materias tienen que ir de la mano. Si la iniciativa pasara por la referida Comisión, podría finalmente incluirse esa mirada que, a mi juicio, hoy no tiene.
Por tal motivo, en las condiciones en que hoy se encuentra el proyecto, no puedo concurrir con mi voto favorable, porque no tengo la garantía de que, desde el punto de vista ambiental, estemos haciendo todo lo que Chile hoy puede hacer. A las empresas mineras -algunas lo hacen voluntariamente- se las debería someter a estándares mayores a los establecidos en nuestra normativa vigente. Entonces, ¿por qué no hablar también del “resguardo del medio ambiente” y no sólo de la “normativa ambiental aplicable”? Porque, obviamente, eso genera el temor de que se acabe la inversión minera, lo cual no es efectivo.
Por lo anteriormente expuesto, pido al ministro , por última vez, que se abra a la posibilidad de que este tema se analice en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y, si ello ocurriera, también podría cambiar mi disposición respecto de la votación. Pero tal como está redactado el proyecto, no lo puedo aprobar.
El medio ambiente no puede ser considerado implícita o marginalmente, sino de manera significativa e importante.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , estamos frente al típico proyecto que se aprovecha para hacer picoteo. La verdad es que debiera existir una ley del Medio Ambiente más potente para no tener que referirnos al tema cada vez que discutimos un proyecto, porque así queda todo picoteado.
Por lo tanto, lo que se debe hacer es pedir al Gobierno del Presidente Piñera que envié a trámite legislativo un proyecto de ley sobre el medio ambiente para que sea estudiado por las Comisiones respectivas y los expertos, la gente que pueda dar una opinión sobre el tema, para que no ocurra lo que sucede hoy, en que cada uno quiere exponer algo aislado sobre la materia respecto de cada iniciativa legal. Si tenemos una ley marco que regule el sistema, vamos a evitar que se produzcan los problemas que ahora se están presentando.
Quisiera preguntar a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra si lo que querían la Presidenta Bachelet y sus ministros González , Andrés Velasco y Ana Lía Uriarte era desintegrar el medio ambiente al mandar este proyecto. Creo que era todo lo contrario. Además, si hoy no se aprueba, las cosas van a quedar tal como están. O sea, si un tipo cierra una mina y se manda a cambiar, va a dejar el desastre más grande. Una vez que el proyecto se convierta en ley de la República, si el dueño de una mina quiere cerrarla, tendrá que poner un pozo; si no cumple lo que está en el proyecto original, existirá un resguardo gracias a la garantía que constituirá para esa eventualidad. En el fondo, esa es una protección al medio ambiente; es mucho mejor que lo que existe actualmente, ya que hoy no hay legislación para proteger una situación de esa naturaleza.
En consecuencia, no queda otra cosa que aprobar el proyecto de ley y tener la esperanza de que el Gobierno enviará a tramitación un proyecto de ley sobre el medio ambiente. Es indudable que, de una u otra forma, por simple que sea una faena, todos los proyectos que tengan que ver con la tierra van a repercutir en el medio ambiente.
Si no estamos de acuerdo en algo, lo podemos discutir. Siempre vamos a tener problemas con las centrales de paso, con las termoeléctricas, con todo lo que tenga que ver o que influya en el medio ambiente, pero no podemos establecer un artículo transitorio cada vez que tengamos que tratar un proyecto de esta naturaleza. En ese caso, la única solución es que exista una ley marco. Eso es lo que está esperando el país, lo que debe hacer con seriedad el Congreso Nacional y lo que tiene que hacer un Gobierno que se precie de respetar el medio ambiente.
Tengo la esperanza de que el programa de gobierno se cumpla en ese sentido, porque durante su campaña el Presidente Piñera señaló claramente que los proyectos se realizarían con profundo respeto al medio ambiente. Esa es la tarea que tenemos por delante. Debemos confiar en lo que estamos haciendo. Si no se aprueba este proyecto, será mucho peor para el país, porque hoy no tenemos nada. Además, aun cuando este proyecto viene de la anterior administración, nos parece bueno. Por eso, el ministro Laurence Golborne -presente en la Sala- le ha dado su apoyo, porque cree que no hay que fijarse en quién lo presentó, ya que lo que es bueno para el país debe unir a todos los sectores.
Reitero, es necesario aprobar el proyecto para salir adelante. Si empezamos con estas discusiones, no vamos a llegar a un acuerdo constructivo para tener un país con medio ambiente, con ley marco, con las minas funcionando como corresponde, con resguardo de la protección patrimonial y con todo lo que ello involucra.
Hemos estado discutiendo este tema durante toda la mañana; en su debate han participado representantes de todas las bancadas. En consecuencia, pido la clausura del debate para no seguir dándonos vueltas sobre lo mismo.
Finalmente, anuncio que Renovación Nacional va a dar su apoyo al proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente , en virtud de lo señalado por el diputado René Manuel García y dado que hay consenso en esta Cámara para aprobar este proyecto, pido formalmente la clausura del debate.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- El artículo 140 del Reglamento establece que cuando seis diputados hayan participado en la discusión, un Comité podrá pedir la clausura del debate, siempre y cuando hayan intervenido todos los Comités. Hasta el momento, todos los Comités han intervenido; incluso más, han intervenido diez señores diputados.
Por lo tanto, lo que corresponde es poner en votación el proyecto.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , me parece altamente discutible que se sugiera por parte del Gobierno -me imagino- a sus parlamentarios el cierre del debate, en circunstancias de que este proyecto se discute en la Sala por primera vez y existen parlamentarios inscritos que aún no han intervenido. Eso me parece inaceptable. Esto no había ocurrido nunca durante la discusión de un proyecto que por primera vez se está viendo en la Sala.
Por lo tanto, si la Mesa somete el proyecto a votación, pido que la materia se discuta previamente para que se justifique qué está detrás de la petición de clausura del debate hecha por el ministro a los parlamentarios de Gobierno.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- El ministro no ha pedido nada.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Señores diputados, lo que corresponde
a la Mesa en este momento es hacer valer el Reglamento, cuyo artículo 140 es muy claro.
El señor MONTES.- Señor Presidente, hay algunos colegas que no han hecho uso de la palabra.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , muchos parlamentarios no han hecho uso de la palabra.
El señor MONTES.- Señor Presidente , me refiero específicamente al Comité del Partido Comunista, el cual aún no ha hecho uso de la palabra.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Señor diputado, hizo uso de la palabra el Comité Mixto PRSD-PC-Independientes, del cual forma parte el Partido Comunista.
El señor Secretario va a dar lectura al artículo 140 del Reglamento para una mayor claridad al respecto.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- El artículo 140 del Reglamento establece lo siguiente:
“Artículo 140.- En la discusión de los proyectos calificados de suma urgencia o de discusión inmediata, se podrá pedir la clausura del debate cuando hayan hablado cuatro Diputados, dos de los cuales emitieren opiniones distintas, o cuando seis Diputados hayan participado en la discusión.
Aceptada la clausura, se pondrá inmediatamente en votación general el proyecto.
Rechazada, podrá renovarse el pedido cuando se pronunciaren tres discursos.
Lo dispuesto en este artículo debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 132. (Tiempo de los Comités, salvo renuncia).”
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En consecuencia, a este Presidente no le corresponde más que hacer cumplir la solicitud hecha por un señor Comité.
En votación la clausura del debate.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido la palabra para un punto de Reglamento.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Está en votación la clausura del debate.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, es inaceptable lo que está haciendo. Voy a presentar la censura de la Mesa.
Su señoría debe ofrecer la palabra.
El señor BERTOLINIO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , se dio lectura al artículo 140 del Reglamento, que se refiere a la materia en forma muy clara.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
Una señora DIPUTADA .- Señor Presidente , pido reunión de Comités.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del señor Melero, adoptaron los siguientes acuerdos, relacionados con el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras:
1. Suspender el tratamiento de proyectos de acuerdo e Incidentes.
2. Continuar con la discusión del proyecto hasta las 14.15 horas, concediendo un tiempo de hasta cinco minutos a cada señor diputado que desee intervenir.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , como consecuencia de la lógica alteración de la Tabla que han decidido los Comités, que no voy a discutir, queda claro que el proyecto que figura en segundo lugar de la Tabla no se va a tratar hoy.
El señor MELERO ( Presidente ).- El proyecto de licencias médicas quedó pendiente para la sesión del próximo martes.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , dado que ese muy importante proyecto contiene tres normas penales que son esenciales, pido que recabe la unanimidad de la Sala para enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Esas normas, que son interesantes, tienen al menos un par de puntos discutibles.
Por ello, sin perjuicio de respetar la urgencia, reitero mi petición de enviar el proyecto por una semana a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sólo para estudiar esas tres normas.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, el diputado Burgos ha planteado que el proyecto sobre licencias médicas sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , no veo inconveniente al respecto, pero pido que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia evacue su informe antes del próximo martes, de manera que cuando tratemos el proyecto, contemos con dicho informe.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , cuando tratamos el proyecto en la Comisión de Salud sacamos los tipos penales al Código Penal. Se establece una pena bastante pequeña. Por lo tanto, para que avanzara el proyecto, retiramos la parte penal.
En esas circunstancias, me parece inconducente su remisión a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Jorge Burgos
.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , ¿están pedidas las votaciones separadas?
El señor MELERO ( Presidente ).- Así es, señor diputado , y puede reiterar esa petición durante el debate del proyecto.
Para referirse al proyecto que nos convoca, tiene la palabra el diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , quiero referirme al punto jurídico del proyecto, y a una cosa práctica que también dice relación con lo jurídico.
La iniciativa sobre cierre de faenas e instalaciones mineras no se inició durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , sino cuando fue presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle . En esa oportunidad, tuve el honor de integrar la Comisión que dicho
Primer Mandatario estableció a través de Cochilco.
Esto dice relación, como señala el proyecto, con los pasivos ambientales. Al respecto, creemos que, desde el punto de vista jurídico -aunque yo voy a votarlo favorablemente- esta futura ley tendrá graves inconvenientes en la práctica, y es factible que el Tribunal Constitucional se llene de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
En efecto, el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República dispone que dichas concesiones de exploración o de explotación se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional.
Eso es muy importante desde el punto de vista jurídico y práctico. El proyecto debiera haber tenido el carácter de orgánico constitucional, y sus normas haberse incorporado dentro de la ley orgánica de concesiones mineras. Así como dicha establece el derecho de un particular a explorar o explotar un yacimiento, también allí, en un título, debiera establecerse cómo se cierra la faena minera.
Como dije, éste es un tema que, en la práctica, tendrá graves consecuencias jurídicas. Por eso, me parecen inapropiados los artículos 6° y 8° del proyecto.
Enseguida, deseo referirme a un aspecto que poco se ha tratado: los pequeños mineros. Estos, como se dijo en la Comisión y se señala en el informe, son aproximadamente cuatro mil personas que dan gran cantidad de trabajo a zonas mineras como Combarbalá, Illapel y otras.
A ese respecto, la letra q) del artículo 3° del proyecto y el artículo 50 hablan de las reservas del yacimiento minero y de la forma cómo se establecerá la reserva en relación con la pequeña minería.
Ése será otro inconveniente. Lo que ocurrirá será que tanto el Sernageomin como el Ministerio de Minería se llenarán de peticiones en relación con el cálculo de las reservas de los yacimientos de menos de diez mil toneladas mensuales, como establece el proyecto.
Por lo tanto, creemos que aquí existe un inconveniente jurídico que debemos precaver, ante la posibilidad de que se presenten recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con que las faenas mineras, al momento de constituir su concesión de exploración o explotación, tendrán que contar con un proyecto de cierre de faenas, lo que, a mi juicio, es altamente inconducente.
Respecto de la pequeña minería, reitero lo que expresé en relación a la reserva. Este es un proyecto asimétrico respecto de la pequeña y mediana minería y creo que tendrá graves problemas de aplicación en la práctica.
Sin perjuicio de lo anterior, anuncio mi voto a favor.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , qué duda cabe de que este proyecto constituye una gran noticia para el país, en particular para las comunidades humanas que deben convivir cada día de sus vidas con los relaves mineros, con el riesgo y el miedo que eso significa para la salud humana por la contaminación del medio ambiente y, sobre todo, por la contaminación de ríos y cuencas.
Lamento la premura con que estamos debatiendo el proyecto. Sería muy importante acoger las observaciones que han hecho colegas en sus intervenciones, sobre todo la propuesta del diputado Vallespín , en el sentido de enviar el proyecto por un día a la Comisión de Medio Ambiente.
Reitero que no entiendo la premura en el despacho de la iniciativa, ya que se debatió largamente en el Senado y también en la Comisión de Minería, pero ésta es la primera oportunidad que tenemos para tratarlo en la Sala. Por eso, me hacen sentido las observaciones que he escuchado de los diferentes colegas que han intervenido.
No soy integrante de la Comisión de Minería, pero represento una zona eminentemente minera, de pequeña minería y minería artesanal, constituida por los pirquineros.
Me dejó inquieta la intervención del diputado Letelier , ya que no estarían nítidamente consagradas normas a fin de diferenciar en la aplicación de la ley las distintas actividades mineras: la artesanal, la pequeña, la mediana y la gran minería, que en su día a día productivo, no tienen mucha relación. Por desgracia, hoy tenemos la tendencia cultural de legislar para el promedio, a homogeneizar las normas y aplicarlas por igual a todas las actividades, sea en la minería, la agricultura, etcétera.
Si el proyecto va a la Comisión de Medio Ambiente, quizás ese tema se pueda revisar con mayor exactitud.
Por último, quiero señalar que, en forma paralela a la tramitación del proyecto, ha funcionado la Comisión Investigadora sobre la situación de los depósitos de relaves mineros existentes en el país, presidida con mucha rigurosidad por el diputado Felipe Ward . En dicha instancia, estamos próximos a evacuar el informe cuyas conclusiones se han alcanzado de manera consensuada, por unanimidad.
Una de las preocupaciones que plantea esa Comisión Investigadora es un tema ex ante; no se trata de regular y exigir los planes de cierre desde el momento de iniciación de las faenas, aspecto que es fundamental, sino que tiene que ver con el lugar donde se localizan los relaves. Hoy, la gran queja de la gran mayoría de las juntas de vigilancia y de las comunidades de agua, se refiere a que los relaves se instalan en las cuencas de los ríos. Tenemos una situación de agotamiento y contaminación de cuencas. Quizá se necesita una iniciativa de ley o un decreto en relación con esta materia, o bien incorporar en el texto de la iniciativa en estudio normas en ese sentido. Es necesario legislar sobre la ubicación de los relaves. Tenemos una explosión de intereses y de bienes por resguardar, como la salud, las aguas y el riesgo de las instalaciones, todo lo cual está quedando desprovisto de protección.
Esto ocurre en circunstancias de que, según escuché, existirían alrededor de 50 mil millones de dólares para posibles proyectos de inversión minera.
Entonces, está bien resguardar el cierre de los relaves, porque el Estado carece de medios potentes para su regulación. Se está dando un paso muy relevante, pero hay que darlo bien.
Reitero que no entiendo la premura por cerrar el debate. La magnitud e importancia de este tema no se presta para este tipo de trampitas, en el sentido de empezar a amordazarnos y a no permitirnos revisar en mayor profundidad estas materias.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, este proyecto es muy valioso y viene a llenar un vacío.
Nos tocó conocerlo en la Comisión de Hacienda. Su lógica económica es indiscutible; se trata de internalizar los costos reales que surgen de las externalidades negativas de la actividad minera.
Sé que es impopular lo que voy a decir, pero esta legislación debiera ser para todo tipo de actividades, no sólo para las de las grandes. La suma de las actividades de las pequeñas empresas puede tener un efecto ambiental tan negativo como el de una grande.
Aquí se está evaluando el efecto del cierre de una o más faenas e instalaciones mineras. Sin duda, esto obligaría a crear un sistema de subsidio que permitiera a las pequeñas internalizar los costos para tener cómo cubrirlos, dada su rentabilidad.
Creo que no es razonable que se excluya a ciertas actividades por presentar más dificultades para internalizar los costos. Hay que crear otro mecanismo para eso, porque aquí se trata del interés ambiental general y de enfrentar las externalidades negativas.
Es legítimo lo planteado por el diputado Vallespín , en el sentido de que el proyecto también vaya a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para que lo trate en una sesión, debido a que se aborda una materia esencialmente ambiental. Sería razonable hacerlo para no enturbiar su tramitación en esta etapa.
A mi parecer, no fue atinada la propuesta del diputado Ward, en el sentido de cerrar el debate. Tampoco es atinado impedir a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente dar su opinión.
Deseo plantear dos observaciones, a una de las cuales se refirió el diputado Lemus . Los objetivos del proyecto no son consistentes con la solidez del Sernageomin. Si este Servicio no cuenta con los recursos, equipos y condiciones para asegurar que la ley se cumpla, en verdad ésta sólo terminará en buenas intenciones y existirán dificultades para que sea operativa.
Como expresó el diputado Letelier, la iniciativa tiene miles de aspectos por reglamentar. También se debe velar para que esto opere de manera efectiva.
En ese sentido, por mucho que se hayan incrementado los recursos del Sernageomin, en la Comisión de Hacienda quedó en claro que dicho aumento no guarda relación con la solidez que debe tener este Servicio para enfrentar tales objetivos.
Este tema debiera ser considerado en la Ley de Presupuestos o en otro momento, porque es de primera importancia.
En muchas ocasiones, legislamos con muy buenos objetivos generales, pero no creamos los instrumentos consistentes para ello.
La otra observación se relaciona con los pasivos ambientales mineros urbanos, situación que hice presente al ministro y a la Comisión. En zonas urbanas tenemos pozos áridos, muchos de los cuales operaron sobre la base de patentes mineras.
Los pasivos ambientales requieren ser asumidos. Independientemente de que hoy no puedan ser declarados como actividad minera, en su origen sí lo fueron. Esto ocurre en Santiago, en el centro de la ciudad de Frutillar y en muchos otros lugares.
El ministro se comprometió a estudiar el tema. Solicito una respuesta al respecto. No podemos tener al lado de las viviendas unos tremendos pozos áridos sin línea de tratamiento de cierre. Al momento del cierre, se debe responsabilizar más a quienes han obtenido grandes beneficios de su explotación.
Esto es dañino no sólo por el aspecto ambiental, sino también por el de la seguridad. En la zona de La Florida y Puente Alto hay 120 hectáreas de pozos áridos. Ha muerto mucha gente en esos lugares, debido a que no hay cierre ni una organización adecuada.
Por eso, insisto en este punto, que planteé al ministro.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, no cabe duda de que el proyecto de ley busca poner en concordancia el desarrollo de la actividad minera, principal quehacer indus-
trial del país, con las exigencias medioambientales aspecto del que hoy se está tomando conciencia.
Desde esa perspectiva y en función del tiempo, quiero llamar la atención sobre tres o cuatro cosas bien concretas.
El hecho de legislar sobre el cierre de faenas mineras será aplaudido y aceptado con mucho interés por parte de las comunidades que viven en el entorno de este tipo de actividades. Su no cierre, cualquiera sea el argumento, es un foco de contaminación ambiental que sufren los respectivos trabajadores y la población circundante.
Por eso, en la Comisión me manifesté partidario de que este proyecto sea ley de la República, postura que reitero en esta Sala.
Pero se ha llamado la atención -planteamiento al cual quiero sumarme- sobre el hecho de que la motivación más de fondo en relación con esta materia es el drama que viven comunidades a propósito del atentado al medio ambiente que genera el no cierre de faenas.
Me sumo al planteamiento de los diputados Vallespín y Montes , en el sentido de que se considere la posibilidad de que el proyecto sea enviado a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, a fin de realizar un estudio más completo y proponer medidas que garanticen que se cumplirá esta normativa.
Por otra parte, ojalá que el reglamento que se dicte para implementar esta ley sea consecuente con las motivaciones y coincidencias expresadas durante el debate.
Al respecto, se debe hacer hincapié en el rol del Sernageomin como ente fiscalizador. Hay que potenciarlo y buscar todas las instancias para que sea eficaz. Esto se puede lograr cuando se discuta el proyecto de Ley de Presupuestos o el fortalecimiento del sector público ad hoc en materia de fiscalización.
Por otro lado, se ha expresado una gran inquietud de los trabajadores y profesionales vinculados a este Servicio. En relación con las garantías del cumplimiento de esta futura ley, llama profundamente la atención la idea de crear una Superintendencia de Minería sin aclarar cuál es el principal rol del sector público, del Estado de Chile, y la posibilidad de tercerizar o de abrir otra actividad que termine privatizando la función fiscalizadora.
Por ello, en el proyecto mediante el cual se buscará potenciar y cambiar las capacidades del Sernageomin, se debiera tomar nota de los expertos que laboran en dicho Servicio. Al respecto, es necesario que nos den garantías de que efectivamente se fortalecerá el sector público.
Ojalá que el camino que se está haciendo vaya en el sentido de potenciar y prestigiar la actividad minera desde el punto de vista industrial. Asimismo, que en el plano de la mediana minería, sobre todo de los mineros artesanales y pirquineros, se abra al menos una línea de fomento desde la Enami, que ayude, sin cargar costos, a alguien que está recién emprendiendo y que lo realiza con mucha adversidad.
En suma, la idea es armonizar esta actividad laboral, que brinda desarrollo económico al país, con el resguardo y el respeto irrestricto a las exigencias medioambientales.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , la iniciativa en estudio dice relación con una de las actividades productivas más relevantes del país, pero, a su vez, una de las más destructivas. Por eso, al igual como lo han solicitado otros diputados, pido que el proyecto sea enviado a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir al señor ministro que en esta oportunidad me abstendré. No voy a respaldar la iniciativa, porque creo que estamos perdiendo la oportunidad de legislar bien.
Al parecer, es una buena iniciativa de ley, porque facilita la solución de varios problemas pendientes. Pero si no hacemos las cosas bien, si no hacemos las cosas como corresponde, una vez más vamos a aprobar un proyecto de ley mediocre, que no tendrá todas las características necesarias para alcanzar el efecto que queremos.
Las mineras no me gustan; puede que traigan todos los dólares del mundo al país, pero no me gustan y no me han gustado nunca. Me pregunto qué pasaría si el día de mañana se encontrara una veta de cobre en San Vicente de Tagua Tagua: destruirían todo el valle. Por consiguiente, reitero, las mineras son destructivas; podrán traer al país todos los dólares del mundo, pero son destructivas. Es lo que está pasando con el agua, con los relaves y con los trabajadores.
Por ello, insisto en que me abstendré e invito a todos los diputados y diputadas a hacer lo mismo. Invito a los colegas a detener su tramitación legislativa, porque la iniciativa está mal hecha. Una vez más vamos a votar un proyecto mediocre. No debemos seguir haciendo las cosas mal, menos en algo tan importante como es el cierre de las faenas mineras.
Señor Presidente , por su intermedio le pregunto al señor ministro por qué debemos acelerar la tramitación de la iniciativa; qué complicación tiene esperar una semana más. El señor ministro es un hombre reflexivo, conciliador y capaz de llegar a consenso en muchas partes. Entonces, ¿por qué no puede esperar una semana más, de manera que el proyecto vaya a la referida Comisión? Hagamos las cosas bien y como corresponde.
En esta ocasión no va a contar con mi voto, porque se va a aprobar una iniciativa de ley mediocre para nuestro país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , mucha gente nos pregunta por qué durante la tramitación de determinadas iniciativas de ley no tuvimos la oportunidad de agregar algo obvio. Lo que la ciudadanía no sabe es que tenemos pocas atribuciones. A ello se agrega la práctica del Ejecutivo -como ha ocurrido con todas las iniciativas importantes en el último tiempo- de calificar los proyectos con suma urgencia o discusión inmediata, por lo cual, al momento de conocerlos en la Sala, ni siquiera podemos presentar indicaciones. Y por si eso fuera poco, a veces, se limita la posibilidad de intervenir.
Me parece que se ha cometido un error al no posibilitar que un proyecto tan importante como éste pueda ser analizado en forma íntegra. No voy a repetir lo que se ha dicho respecto de la conveniencia de que el proyecto hubiese sido analizado en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, más aún cuando extrañamente, como dijo el diputado Vallespín , las palabras medio ambiente se eliminaron sistemáticamente del texto en tres o cuatro artículos, lo que, obviamente, requiere una explicación.
A pesar de ello, creo que la iniciativa es necesaria y que va en la línea correcta. Como sabemos, tuvo su origen en un mensaje de la Presidenta Bachelet, con las firmas de los entonces ministros de Hacienda, Medio Ambiente y Minería.
Para finalizar, quiero hacer dos o tres reflexiones. En primer lugar, nadie duda de que Chile es un país minero. De hecho, gran parte de nuestras exportaciones tienen su origen, precisamente, en ese sector. Sin embargo, quiero hacer un alcance que considero importante. Por cada millón de dólares de exportación del sector minero, en especial el del cobre, tenemos cinco empleos; en cambio, por cada millón de dólares que exporta el sector frutícola, tenemos ciento cuarenta y cuatro empleos. Entonces, si el sector minero, por no cerrar sus faenas en forma adecuada o por no tener consideración respecto de los relaves, afecta a otros sectores productivos, como el frutícola, se genera un impacto directo sobre una cantidad importante de chilenos que lo único que tienen es su trabajo, lo que no está bien.
Quiero hacerme cargo del alcance que hizo el diputado Letelier , quien insinuó que el proyecto puede tener vicios de inconstitucionalidad en la medida en que la concesión minera no tendría por qué estar asociada, entre otras cosas, a la exigencia de un cierre de las faenas. El mensaje de la Presidenta Bachelet responde a esa inquietud, al establecer que si bien el artículo 19 N° 24° de la Carta Fundamental dispone que “la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento”, debiendo el régimen de amparo tender a obtener el cumplimiento de dicha obligación, puede ocurrir que una concesión esté materialmente abandonada, pero que tenga un dueño al que le bastará pagar la patente correspondiente, para mantener la propiedad sobre la concesión minera. En tal caso, el solo pago de la patente no basta para considerar que las instalaciones o faenas mineras no se encuentran abandonadas. Por consiguiente, la referencia al abandono de las faenas mineras es la dejación “material” del proyecto, independientemente de la extinción jurídica de la concesión”. Es decir, la concesión obviamente no está debidamente administrada en el medida en que se deja abandonada una faena minera durante su proceso de explotación o al término de éste.
Repito que el proyecto va en la línea correcta y, por lo tanto, sería un error -por las consideraciones que han hecho varios diputados que comparto- que no obtuviera el respaldo necesario. En ese sentido, independientemente de los alcances que se han hecho, anuncio mi voto a favor. No obstante, la Sala debiera acordar su envío a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , hay varios temas a los que quiero referirme.
En primer lugar, sin el cobre no podríamos tener ninguna posibilidad de crecimiento como país, pues como sabemos es la fuente de ingresos más grande que tiene Chile. Por lo tanto, hay que dejar las cosas claras y hablar en forma seria, porque el metal rojo sustenta nuestra economía.
Por otra parte, los que vivimos el problema de los relaves y de los pasivos ambientales -en mi zona existen dieciocho pasivos ambientales-, sabemos lo que esto implica. Incluso más, han muerto personas a causa de los relaves.
El proyecto de ley me parece un gran avance, porque significa recorrer kilómetros en temas que nunca se habían abordado.
Sin embargo, como subsisten temas pendientes, hemos pedido que el proyecto vaya la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. No tenemos intención alguna de que la iniciativa se entrampe en dicha instancia; la idea es que en ella se le dé una mirada más profunda.
Reconozco que deberíamos haberle echado una mirada con anterioridad. Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro que, en verdad, deberíamos habernos preocupado antes a fin de formular indicaciones. Sin embargo, a última hora queremos estudiar el proyecto, porque nos han asaltado dudas.
Ojalá, de ahora en adelante los proyectos de la Comisión de Minería y Energía se aborden en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, con el objeto de no despachar proyectos “cojos” o que se generen este tipo de dificultades.
Finalmente, reitero que me parece un gran proyecto y, por lo tanto, lo voy a votar a favor.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra el ministro de Minería y Energía , señor Laurence Golborne.
El señor GOLBORNE ( ministro de Minería y Energía ).- Señor Presidente , he escuchado con detención las intervenciones de los señores diputados respecto del proyecto.
Hay algunos aspectos que, quizás, sea importante aclarar. Además, hay temas respecto de los cuales varias intervenciones son coincidentes.
Como dijeron los diputados señores Montes y Lemus, necesitamos que el Sernageomin sea un organismo fuerte y capaz de llevar adelante la adecuada fiscalización de las normas que aprobemos.
En la Ley de Presupuestos que nos rige este año, se hizo un esfuerzo para dotar al Sernageomin de más recursos.
Como se ha enunciado, pretendemos avanzar en el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad. Por lo tanto, espero que próximamente en el Congreso Nacional se discuta un proyecto de ley a fin de establecer la Superintendencia de Minería. La idea es que dicha instancia tenga más fuerza, recursos y capacidad a fin de llevar adelante estos objetivos.
Como no podemos detener el desarrollo del país en espera de esos proyectos, continuamos avanzando. El día que contemos con una Superintendencia de Minería, ella contará con las atribuciones del Sernageomin.
Existe preocupación respecto de si las pequeñas faenas mineras podrán cumplir con la normativa.
Al respecto, quiero decir que en el Ministerio de Minería y en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional existen fondos destinados a apoyar el desarrollo de estas faenas mineras, de manera que puedan continuar con sus labores.
Queremos preocuparnos del desarrollo sustentable de la pequeña minería, como también de la seguridad de los trabajadores y del respeto al medio ambiente y a las comunidades.
Tenemos otra inquietud, que tiene que ver con los pasivos históricos de faenas mineras que terminaron su labor hace muchos años. Es una tarea pendiente que se deberá abordar en el futuro. No cejaremos. Por lo tanto, continuaremos trabajando al respecto en futuras legislaciones.
El tema medioambiental es de máxima preocupación, y este proyecto avanza en ese sentido.
El establecimiento de la obligación de tener un cierre formal, con auditorías, es un gran avance. Más aún, el establecimiento, no de un fondo pequeño, sino en una garantía que se constituye y termina siendo el costo total del plan de cierre, nos ayudará a que la empresa minera -o, en su defecto, el Estado si la empresa no ha cumplido- asegure que en el mañana no contemos con pasivos mineros no controlados o respecto de los cuales no se tenga manera de tratarlos en forma adecuada.
Se nos plantean ciertos requerimientos en materia medioambiental. Esta futura ley se hace cargo de que el proceso de cierre de faenas mineras será parte de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), del proceso de aprobación de evaluación de impacto ambiental.
Pero hay inquietudes y dudas. Hay solicitudes -coincido con la diputada señora Andrea Molina, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente- que considero relativamente tardías. Pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho popular.
Este proyecto fue tramitado de manera distinta. Al respecto, quiero propiciar que legislemos y quizás elaboremos toda nuestra política, conversando, dialogando y buscando acuerdos.
No voy a ser yo quien se oponga a conversar o a debatir sobre temas respecto de los cuales algunas personas quieran ver aclaradas sus dudas.
Cuando en el Senado nos entrampamos respecto de algunas disposiciones, se estableció el trabajo de una comisión técnica que discutió durante dos meses varias de estas materias. En suma, tomamos el tiempo suficiente para lograr la aprobación unánime.
En la Cámara de Diputados, el proyecto se podría aprobar hoy; pero, como se han planteado inquietudes -insisto, tardías-, la Comisión de Medio Ambiente podría revisarlas.
Por lo tanto, señor Presidente , si las disposiciones reglamentarias lo permiten y si existe buena disposición y unanimidad para llevar adelante esta tarea, la Comisión de Medio Ambiente podría analizar durante una semana las implicancias de la iniciativa. El Ejecutivo está abierto a esa posibilidad, de manera que el proyecto cuente ojalá, con el respaldo unánime de la Cámara y se vote a la brevedad para que se convierta en ley de la República con apoyo transversal.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , qué bueno que podamos seguir con la discusión del proyecto. Al respecto, cabe recordar que con el subsecretario ésta se realizó en buenos términos.
Por tanto, felicito, al subsecretario de Minería , quien ha sostenido una relación diferente con los parlamentarios de Oposición, en comparación con otros ministros y subsecretarios.
Quiero llamar la atención sobre un tema que conversé largamente con representantes del Servicio de Impuestos Internos y que planteé en la Comisión. Me refiero al artículo 58 del proyecto, que crea una legislación diferente para las empresas mineras, respecto del cual voy a pedir votación separada.
Lo que estamos diciendo -más allá de la ley contable o tributaria- en el artículo 58 es que los gastos en que se pueda incurrir eventualmente -por concepto de las garantías que se van a constituir- en el último tercio de la vida útil de la faena se podrán deducir de los costos y, por tanto, no pagar impuestos.
Señor Presidente , a través de este proyecto de ley. le voy a dar una noticia, hacer extensible en su declaración de impuestos, para que sólo tribute por el último tercio de los períodos de cuatro, ocho o doce años que estará como parlamentario.
El diputado Jaramillo me mira atentamente; el diputado Ortiz también, porque lleva veintitantos años como diputado , y, en consecuencia, debería tributar solamente por los últimos años. Eso es interesante.
Estamos creando una legislación específica para las mineras; se habla de garantías constituidas por medio de documentos; de depósitos o instrumentos financieros que garantizarán que se va a poner la plata, de manera que, cuando venga el cierre de las faenas, se cuente con los recursos necesarios. De lo contrario, el Estado los toma y los aplica. Pero estos son activos. Entonces, se está castigando instrumentos financieros, depósitos contra resultados. ¡Qué bueno! Más de algún parlamentario tendrá por ahí alguna inversión. Entonces, según lo que establece el artículo 58, que debería ser extensivo a todos los chilenos, podría llevarse a resultado en el último trimestre de cada año.
¡No corresponde que nos metamos a legislar en ésta materia, señor Presidente ! Es un buen proyecto, pero estamos metiendo un artículo que, tributariamente, es una excepción a favor de las mineras. ¡Una vez más el poder de las mineras!
Se imaginan la pelea que vamos a tener con los bancos. Los bancos van tomando provisiones por años -es la razón por la cual las tasas de interés están altas- y el chileno paga.
O sea, con ésta estamos diciendo que toman provisiones en el último tercio. ¿Qué les estamos diciendo a los mineros? Que ganen la plata en los primeros tercios y hagan la pérdida en el último.
Normalmente, si uno va a gastar en algo, -por ejemplo, en arriendo-, previene; en el período anterior, mes a mes o año a año, lleva eso a gasto, en forma racional. Pero si a usted le permiten que en el último tercio de su vida, de un proyecto, de una actividad o de lo que sea, cargue esto, le están diciendo que maneje tributariamente sus resultados; pero hay una ley tributaria que no acepta eso. Desde el punto de vista tributario, usted está obligado a llevar a gastos sólo la ocurrencia de un evento, de un hecho. Si no, sería muy fácil que el diputado Venegas dijera que tendrá problemas en cinco años más; que cuando quiera ser senador gastará mucha plata y, por lo tanto, va a empezar a hacer provisiones ahora, sin pagar impuesto, por dos millones de pesos mensuales. ¡Brillante, pues! Eso es lo que significa el artículo 58.
¡Y mire! El informe financiero señala que esta futura ley no tiene costo fiscal. Sin embargo, el costo fiscal se estima en 6.000 millones de pesos. En el informe se establece que “corresponde exclusivamente al anticipo en el reconocimiento del gasto”. Es decir, el fisco, los chilenos, vamos a perder 6.000 millones de pesos; a estas empresas, a las cuales le estamos imponiendo que hagan cierre de faenas -puede estar bien, no soy experto en eso-, tributariamente, les estamos regalando esa suma, según se reconoce en el informe financiero.
Entonces, perdóneme, señor Presidente . Aquí hemos hablado sobre temas técnicos; está bien, respeto a los que saben. Pero yo sé de finanzas, y esto es una aberración desde el punto de vista tributario. El artículo 58 del proyecto es insostenible. Por eso, pido que se vote en forma separada. No tiene sustento. En este caso, estamos abriendo una legislación sólo para las mineras, diferente respecto de la existente para los demás sectores productivos de Chile, y eso no me parece adecuado. La legislación tributaria se hace en el Congreso Nacional, aquí, por quienes discutimos los temas tributarios. Garantías tributarias adicionales, obligar al cierre de faenas y garantizar, ¡bien!; pero no me parece que esa plata se deduzca tributariamente y, además, que en el último tercio de vida se manejen las utilidades. Creo que aquí nos están metiendo bola por gato o gato por bola, como dicen en el norte.
Por lo tanto, voy a votar en contra el artículo 58.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Honorable Cámara, reunidos los Comités resolvieron, en forma unánime -gracias a la buena disposición del ministro señor Laurence Golborne-, que este proyecto de ley no se vote hoy a las 14.15 horas, como se había acordado y que vaya a la Comisión de Medio Ambiente.
Por consiguiente, prolongaríamos el debate hasta las 14.15 horas y suspenderíamos el tratamiento de proyectos de acuerdo. Sólo habría Incidentes para los Comités de Renovación Nacional y Socialista.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Siguiendo con el debate, tiene la palabra el diputado señor Robles.
El señor ROBLES.- Gracias, señor Presidente.
En general, este proyecto es muy bueno, sobre todo en lo que dice relación con la gran y mediana minería.
Evidentemente, los pasivos ambientales mineros son un problema serio en Chile y no preocuparse de lo que ocurrirá en el futuro, especialmente en las zonas mineras del norte es una indiferencia que no podemos aceptar. Un proyecto que establece y regula el cierre de faenas mineras, que da certeza jurídica de que esos cierres se van a producir en términos de que pueda cuidarse la vida, la seguridad y también el medio ambiente, y que no se deje el hoyo solamente, en cuanto a la riqueza que se extrajo, me parece extraordinariamente positivo.
Sin embargo, en la Comisión de Hacienda planteé el hecho de que me preocupa que la pequeña minería no sea capaz de desarrollar las actividades que por este proyecto se le entregan. Discutimos respecto de si estaba asegurada su viabilidad para proseguir con su desarrollo, sobre todo en regiones del norte, como la mía, Atacama , donde los pequeños mineros, los pirquineros, son extraordinariamente importantes no sólo desde el punto de vista económico de la región, sino también de su historia, de su patrimonio cultural, más que la gran minería del cobre u otras industrias extractivas. Este proyecto de ley establece para la pequeña minería un aspecto que me parece complejo, cual es que resultará aplicable el procedimiento simplificado a la empresa minera cuya capacidad de extracción sea menor de diez mil toneladas anuales.
Señor Presidente , si hablamos de menos de diez mil toneladas anuales nos referimos a la pequeña minería; pero a esta pequeña minería se le pide, en el procedimiento simplificado que la ley establece, que cumpla con la letra e) del artículo 13, que es el meollo, el elemento más sustantivo de este proyecto, porque ahora en dicha norma se exige también a la pequeña minería que desarrolle un conjunto de medidas y actividades propuestas por la empresa minera para obtener la estabilidad física y química del lugar donde se encuentra la faena minera, así como el resguardo de la vida, la salud y la seguridad de las personas, de acuerdo con la ley.
Para que un pequeño minero pueda aseverar y asegurar que la actividad que emprende obtiene estabilidad física y química de los relaves, de los estériles, etcétera, el costo que eso representa es realmente importante, impagable para una pequeña minera, para una empresa que produce no más allá de diez mil toneladas al año. Lo cierto es que, hoy, el Sernageomin dispone, entre sus requisitos en la guía para la presentación de proyectos, de un plan de cierre de faenas mineras para la pequeña minería. Eso es bastante razonable para los pequeños mineros; basta y sobra para poder lograr el objetivo que plantea este proyecto.
Por lo tanto, aquí se incorporó una exigencia que puede hacer inviable a la pequeña minería en el futuro. Es perfectamente posible que a través de este articulado se haga imposible la subsistencia de la pequeña minería que para la región de Atacama es básica, fundamental, desde el punto de vista de su desarrollo. Sin pequeña minería, la probabilidad es que el norte de Chile, las regiones Cuarta, Tercera, de Antofagasta, incluso las de Tarapacá y de Arica y Parinacota, tengan problemas serios en su desarrollo y exploración de los pequeños mineros.
Por eso, señor Presidente , he pedido votación separada para el artículo 16. Espero que el señor ministro de Minería , una vez en la Comisión, revise esta exigencia a la pequeña minería y podamos lograr un acuerdo, en el sentido de exigirle el plan de cierre de faenas, pero en medida acotada y que el resto de los elementos, que son básicos, estén disponibles para que el Estado, a través de sus empresas, de la Enami, de Sernageomin, se preocupe de que la pequeña minería cuente con asistencia técnica y recursos desde el punto de vista de su fomento y desarrollo, de manera que el plan de cierre, en relación a la estabilidad física y química de los relaves, de los depósitos de estériles, cumplan con los requisitos que se ponen; pero, reitero, apoyados por el Estado. Con esto se puede poner una lápida a la pequeña minería y no creo que ése sea el objetivo del proyecto.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez, hasta por cinco minutos.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , en primer lugar, en nombre de la bancada PRI-Independientes, nos alegramos de que, definitivamente, los diversos Comités, a requerimiento suyo y de la Mesa, hayan optado porque este proyecto ingrese a la Comisión de Medio Ambiente.
Señor Presidente , por su intermedio, solicito a la Mesa de esta Corporación que en futuros proyectos, sobre todo de la importancia del que nos convoca, se evite excluirlos de trámite en otras Comisiones, que son tan relevantes y que tienen tanta opinión como las de Minería y Energía, de Hacienda u otras. Ya ha ocurrido con otros proyectos. Hechos como este nos dejan la sensación, a quienes integramos esas otras comisiones, de ser diputados de segunda categoría, lo que, por cierto, no corresponde.
Por otra parte, agradezco al ministro de Minería y Energía su disposición para que el proyecto sea remitido a la Comisión de Medio Ambiente. Faltaba este trámite, porque no es posible que un proyecto bien inspirado, que tiene un sentido superior, contenga una serie de vacíos que afectan especialmente a la pequeña minería.
Ejemplo de ello es el depósito de relave minero que se ubica en pleno centro de la ciudad de Coquimbo, a menos de 300 metros, al lado del mar, de la reserva ecológica Culebrón . En la misma comuna, en la localidad de Tambillo, existe otro depósito de relave, que está afectando severamente la salud de una población superior a los 1.500 habitantes.
Si esos hechos se multiplican, especialmente desde el Norte Chico hacia el Norte Grande, si no se solucionan y no se buscan acuerdos, es indudable que el proyecto va a cojear.
Por eso, nos alegramos y, por su intermedio, señor Presidente , agradecemos al ministro su disposición de esperar. Lo mismo, para la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente , diputada Andrea Molina , por defender el derecho que le asiste a esta instancia legislativa de conocer temas tan delicados e importantes para el país.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , no puedo dejar de participar en la discusión de este proyecto, no sólo por el hecho de pertenecer a la comisión técnica que lo analizó, sino porque tengo que responder a algunas afirmaciones que se han vertido durante la discusión.
Por su intermedio, señor Presidente , le digo a mi amiga, la diputada Alejandra Sepúlveda , que no podemos negar que la minería es, ha sido y será el sustento de nuestro país. Por lo tanto, en esa reclamación que hizo, la insto a que reflexione, porque no es posible que una diputada piense que no se puede realizar explotación minera en nuestro país. Tenemos ahí una discrepancia de fondo, toda vez que nuestra economía está ligada indisolublemente al amplio desarrollo de la minería, sobre todo en el corto plazo, gracias a las fuertes inversiones que se harán en el Norte Grande.
Comparto que el proyecto es bueno y que viene a suplir una necesidad básica, principalmente para quienes vivimos y hemos sido criados en zonas mineras, cual es mitigar el daño ambiental y patrimonial, incluso el arqueológico, que ocasionan las explotaciones mineras.
Tenemos que aceptar que el camino para alcanzar el desarrollo que todos queremos pasa por tener economías sólidas, las que, como en nuestro caso, se amparan en el desarrollo minero.
Comparto las salvedades jurídicas hechas por el diputado Letelier , pero tenemos que avanzar, y rápido, para darnos una legislación que regule el cierre de las faenas mineras como corresponde.
El diputado Lorenzini se refirió al tema del financiamiento. Pues bien, hasta aquí, no había recursos ni del Estado ni de la empresa privada para los cierras de faena. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es exigirle a quienes van a desarrollar una actividad minera, que se pongan con las “luquitas” para que, una vez que terminen esa faena, no nos dejen a nosotros, en nuestra región, los problemas ambientales.
Es un paso importante, y hay que darlo. Y tendremos que lidiar para que el cierre de faena mineras tenga la misma fortaleza e importancia que tiene el sector productivo para desarrollar sus proyectos mineros.
Más allá de la generación de fondos y de las garantías financieras, también es importante saber cómo se desarrolla la minería. No podemos exigirles a los mineros de Taltal las mismas garantías que se exigen a los mineros de la gran minería. No son lo mismo. Por eso, tenemos que fortalecer al Servicio Nacional de Geología y Minería para que realice su labor fiscalizadora y de cooperación en aquellos yacimientos productores de menos de 10 mil toneladas y que tendrán que desarrollarse de acuerdo con las exigencias de esta futura ley.
Tenemos que buscar los mecanismos necesarios -ya lo dijo el ministro - para dotar de mayores recursos a un servicio tan importante en materia de fiscalización, como es el Sernageomín. Tal vez, a través del presupuesto de la Nación. Sin duda, para una fiscalización eficiente se necesitan recursos.
Nuestra intención era que el proyecto se votara en la sesión de hoy, porque queremos que caminara mucho más rápido. Pero entendemos la voluntad del ministro y la valoramos. También entendemos a los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente cuando pidieron analizar la iniciativa, lo que me parece correcto.
Ojalá, entonces, que durante la próxima semana el proyecto sea esa realidad que todos esperamos, por lo menos quienes somos nacidos y criados en zonas mineras.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , nos alegramos de que la autoridad de Minería y Energía haya cambiado de criterio para someter el proyecto al conocimiento y discusión de la Comisión de Medio Ambiente. Resultaría paradojal que el proyecto que pretende regular el cierre de faenas e instalaciones mineras no tuviera la mirada medioambiental, que es lo que subyace en la preocupación de una nueva legislación.
Seamos claros: el proyecto debe poner en el centro de la discusión la protección del medio ambiente. La instalación, desarrollo y explotación de la industria extractiva minera genera alteración medioambiental, sobre todo cuando abandonan la faena. Es lo que ocurre en la zona norte del país, pero también en el centro, donde conviven minería y agricultura. Se genera una gran cantidad de pasivos mineros, pero también ambientales,
como contaminación de los cursos de agua, alteración de la fauna, peligro por piques mineros mal cerrados, o por extracción de áridos, etcétera.
Una mirada estratégica medioambiental, sistémica, de cómo se tiene que abordar esta materia, es fundamental. Por eso, no enten-díamos la tozudez de no llevar el proyecto a la Comisión de Medio Ambiente.
El traslado a esa Comisión permitirá discutir con calma y con el tiempo necesario un proyecto de mucha trascendencia. Un país que apuesta a la minería y que medirá la huella de carbono o la huella de agua de sus productos mineros en el futuro, necesita tiempo para darle una mirada medioambiental a este proyecto.
El ministro nos señaló que la fiscalización del cumplimiento de las normas que contempla el proyecto se hará con la dotación de la Superintendencia de Minería. Entonces, se la dotará para que avance y fiscalice.
Con mucho respeto, creo que se deben establecer normas claras y precisas para las mineras, especialmente hoy que, por concepto del cobre, obtienen rentabilidades bastante grandes. También deben existir políticas de financiamiento y ayuda del Estado para aquellas pequeñas faenas. Pero, reitero, la obligación debe ser clara y precisa e ir aparejada a sanciones de caducidad, en caso de concesiones, o de otra naturaleza. No sólo esperar que con el fortalecimiento del Sernageomin y la Superintendencia de Minería se logre fiscalizar. Debe existir una política de Estado para el cuidado de los recursos naturales, para que, luego de la extracción de minerales, el terreno y el medio ambiente no sean alterados de manera profunda.
Por eso, es importante que la discusión que tendrá el proyecto en la Comisión del Medio Ambiente sea con altura de miras y que el análisis también pueda considerar -es importante que quede consignado en las actas de discusión de este proyecto- qué ocurre con el cierre de las termoeléctricas e hidroeléctricas. ¿Qué ocurrirá con los pasivos de esas megaobras, que no estarán obligadas por este proyecto al cierre de sus faenas o al manejo de sus pasivos? ¿Quién se hará cargo de esos pasivos? ¿Quién en el futuro tendrá que abordar los pasivos que hayan generado cada uno de esos megaproyectos hidroeléctricos y termoeléctricos? Creo que son debates importantes y no cabe duda de que los vamos a hacer en la Comisión de Medio Ambiente.
Esperemos que el proyecto salga reforzado, un poco más verde, ambientalmente sostenible y sustentable luego de que vaya a la Comisión específica, por donde nunca debió haber dejado de pasar.
Pero, reitero, para que Chile sea efectivamente un país minero, debemos avanzar no sólo en los estándares de producción, sino también en los estándares de cuidado y protección del medio ambiente.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero destacar el buen espíritu y el ánimo de acoger la solicitud de reenviar este proyecto, para su conocimiento y estudio, a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, porque se habría desnaturalizado si no acoge dicha visión.
En lo sustantivo, quiero hacer una valoración crítica respecto de esta iniciativa. La minería, por un sentido estratégico en nuestro país, merecía hace muchos años una regulación que se hiciera cargo de las externalidades negativas y de las mitigaciones, que abordara el final del ciclo de vida útil de las instalaciones y faenas mineras.
Aquí se ha señalado lo importante que es esta explotación a nivel económico, los efectos que produce en nuestra economía. Así lo ha mostrado la opinión pública.
En mi distrito tengo dos importantes relaves mineros que han generado efectos negativos en la población. Particularmente, en la provincia de Chacabuco, hemos podido acreditar cómo en los predios colindantes las APR han experimentado paulatinamente esos efectos, debido a que dichos relaves percolan en las aguas destinadas al consumo humano, con niveles de arsénico importantes. No había cómo hacer responsables a dichas explotaciones mineras de las mitigaciones y de los efectos que causan en la población.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al ministro que echamos de menos -aquí será absolutamente relevante el resultado ex post de la Comisión de Medio Ambiente- algunas miradas que son importantes.
Primero, desde el punto de vista sectorial, el permiso al inicio de la instalación sólo lo otorga Sernageomin, lo cual, a mi juicio, es una mirada bastante estrecha si se considera que a la hora de vigilar las externalidades negativas de los proyectos es necesaria una mirada intersectorial de parte de los distintos servicios, particularmente del Ministerio de Medio Ambiente. A mi juicio, la capacidad instalada no está en el sector de la minería, por cuanto sólo se miden los efectos de carácter productivo -la fiscalización de las faenas propiamente tal- y no los efectos sinérgicos de carga en toda la comunidad que es intervenida por este tipo de proyecto.
Segundo, los proyectos mineros de envergadura tienen un horizonte de desarrollo de explotación de 50 a 100 años. Incluso, pasan dicho umbral. Pues bien, si sólo la calificación se hace al inicio y la medición de los impactos y las obligaciones del explotador no se hacen durante las faenas, se perderán importantes avances tecnológicos que pueden implementarse en el cierre de las faenas, al momento del término del ciclo de vida útil.
El plan de cierre debe ser cumplido de manera cabal, eficiente, efectiva, oportuna e íntegra, como lo dice el propio proyecto en su articulado. Pero, claramente, se deben dar al servicio las oportunidades para actualizar al cabo de un tiempo dicha mirada.
Hacemos votos por el resultado de la revisión de este proyecto que hará la Comisión del Medio Ambiente.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
VI. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA ZALDÍVAR, RECIENTEMENTE FALLECIDOS. Minuto de silencio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Invito a la Sala a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los trabajadores de la empresa minera Zaldívar, recientemente fallecidos en un accidente de trayecto.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- De acuerdo con lo resuelto por los Comités Parlamentarios, a continuación, la Sala rendirá homenaje los trabajadores de la empresa minera Zaldívar , recientemente fallecidos en un accidente de trayecto, para lo cual harán uso de la palabra los diputados del distrito N° 5, por cinco minutos cada uno.
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA (de pie).- Señor Presidente , como es de conocimiento, el pasado martes 24 de mayo, a la altura del kilómetro 120 del camino que une Antofagasta y la mina Zaldívar, un minibús que trasportaba a 20 mineros subcontratistas tuvo, a las 19.45 horas, un grave accidente de volcamiento que le costó la vida a siete trabajadores mineros pertenecientes a la empresa minera Barrick Zaldívar , dejando a otros trece con lesiones de diversa consideración.
Las víctimas, mineros atacameños en su mayoría, han pasado a incrementar el grueso listado de víctimas bajo condiciones laborales, en este caso en su traslado desde la faena minera.
Mi homenaje solemne y solidario es para Manuel Escobar Escobar , Ramón Cruz Dorador , Alexis Cortés Ángel , Johan Montalbán Castillo , Alejandro Tapia Miranda , Osciel Núñez Astudillo y Marco Arredondo Arancibia . Ya descansan bajo los verdes prados de la memoria de sus familias, sus amigos y compañeros de trabajo.
Al momento de entregar estas palabras de homenaje, tras el trascedente minuto de silencio que ha realizado esta Cámara de Diputados, quiero compartir con ustedes las vivencias de profunda emoción que he tenido en los días pasados con los familiares, amigos y compañeros de trabajo, en el desarrollo del velatorio en las rogativas religiosas, particularmente en la Iglesia La Candelaria; en los funerales y en la solemnidad de ese parque que los acogió para su paz eterna.
Muy difícil será para mí olvidar la historia de Johan Montalbán , quien a tan corta edad -sólo 20 años-, cuando sus semejantes estudian y se capacitan, él ya conocía la experiencia del trabajo rudo de las faenas mineras. O el caso de Osciel Núñez , quien a los 30 años de edad trabajaba y soñaba con la vida de su hijo de un año.
Un alto honor significó para mí aceptar tomar la palabra, que se me ofreciera como autoridad pública presente, en cuyo contexto hice el compromiso de solicitar este homenaje en la Cámara de Diputados. Me complace que se haya asumido en memoria de los trabajadores que se lo merecen. No es fácil levantar la voz en un momento de dolor para tantas familias que ven desaparecer los restos de sus seres queridos, bajando a las profundidades del silencio. En tal momento se vino a mi memoria aquel poema de nuestro poeta nacional, Pablo Neruda , quien, pensando en los obreros y mineros chilenos, escribió:
“Quiero que a la salida de fábricas y minas
esté mi poesía adherida a la tierra,
al aire, a la victoria del hombre maltratado.
Quiero que un joven halle en la dureza
que construí, con lentitud y con metales,
como una caja, abriéndola, cara a cara, la vida,
y hundiendo el alma toque las ráfagas que hicieron
mi alegría, en la altura tempestuosa.”
Este desgraciado accidente nos ha permitido ver en toda su realidad las condiciones del subcontrato de la minería del cobre, marcada por el hecho de que en Chile los trabajadores a cargo de similares faenas, estando en los mismos lugares, haciendo uso de iguales capacidades y asumiendo los mismos riesgos y desafíos, tienen enormes diferencias al momento de examinar sus remuneraciones, beneficios y seguros que les favorecen ante similares situaciones. Se suele pensar que un accidente es un accidente. A pesar de que no puedo dejar de reconocer el empeño de la empresa para poner al alcance la mayor cantidad de medios materiales y mitigar el dolor de los familiares, es necesario guiarse por el principio de causa y efecto y responder debidamente la pregunta de cuáles fueron las causas de esa tragedia. Una debida investigación deberá entregar respuestas adecuadas, para encontrar fórmulas que permitan corregir y apuntar a que se creen condiciones para que algo semejante no vuelva a suceder.
Por esta razón, no dejaré de insistir en solicitar al Gobierno que acoja el reclamo y cumpla con el compromiso de ratificar el Convenio N° 176 de la OIT, sobre seguridad y salubridad en las minas. Sus contenidos deben ser parte de nuestra legislación, más aun cuando otorga un rol activo a los propios trabajadores ante el riesgo de vida en una actividad minera.
Chile, país minero que guarda grandes riquezas en sus territorios, no resiste estas contradicciones. Lamentablemente, la muerte y sus sentimientos nos estremecen y nos llaman a evocar, buscar, trabajar y luchar por cambios ante esa dura realidad.
Para sus familias, en particular para sus padres, esposas e hijos, vayan mis más sinceras y profundas condolencias y palabras de estímulo para que puedan sobrellevar el dolor y tengan fuerzas para que sus vidas sigan adelante, del tal modo que el padre, hermano o hijo fallecido se sentiría orgulloso por ello.
Mi preocupación y abrazo solidario a cada uno de los trece trabajadores sobrevivientes, cuatro de los cuales todavía se encuentran en observación en la UCI y con distintos grados de recuperación de su salud. Lo simbolizo en uno de ellos que fue sometido a una situación delicada de salud: Giovanni Montalbán Jeria , padre del más joven de los mineros muertos en el accidente. Para todos ellos, vaya mi solidaridad y la disposición a contribuir para que no vuelvan a ocurrir hechos como éstos.
Con respeto y emoción y reiterando mi compromiso de siempre junto, por y con los trabajadores, les digo a ellos y hago saber a sus familias que estarán siempre presentes.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, quiero rendir un homenaje a los mineros fallecidos.
Parece que la existencia misma se encarga cada día de recordarnos -de manera fuerte- lo frágil que somos frente a los accidentes, ya sea al interior de una mina, cuya historia está llena de nombres de quienes han perdido la vida trabajando bajo tierra o en faenas anexas en nuestro país.
Si bien hoy no recordamos a las víctimas del trabajo minero, como ocurrió en la mina Sewell, en 1945, o con Rocío Montserrat , en Copiapó en 2009, ni tampoco la proeza del salvamento de los 33 mineros de Atacama, los accidentes ocurridos en diversos yacimientos del país y que han afectado a trabajadores directos o a contratistas de las empresas mineras, nos llevan a rendir homenaje una vez más en esta Sala a quienes permiten que nuestro país pueda sustentarse con la riqueza extraída desde las entrañas de la tierra.
Esta vez no fue una explosión, a lo cual desgraciadamente nos estamos acostumbrando a escuchar, a consecuencia de la cual fallecen compatriotas que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad. Esa situación ha llevado a las autoridades de Gobierno a enfrentar de manera directa el problema, modificando las normas vigentes y entregando a los organismos encargados de fiscalizar los distintos pirquenes o yacimientos del país las herramientas adecuadas para su labor, muchos de los cuales funcionan de manera ilegal.
El 24 de mayo pasado, 17 familias fueron golpeadas con la noticia de que un bus que transportaba trabajadores de la Empresa
minera Zaldívar , ubicada en la ciudad de Antofagasta, se había volcado en el kilómetro 122 de la ruta B-475, conocida, paradójicamente, como la “Ruta Minera.” A consecuencia del accidente, fallecieron siete mineros de Copiapó, cuyos nombres son: Manuel Escobar , Marco Arredondo , Ramón Cruz , Alexis Cortés , Johan Montalbán , Alejandro Tapia y Osciel Núñez . Todos ellos se trasladaban desde la Segunda Región hacia Copiapó después de haber cumplido sus jornadas de trabajo, comuna de donde eran residentes. También resultaron heridos otros diez trabajadores.
Más allá de las fallas humanas o mecánicas que originaron ese accidente, cuyo resultado deberá ser informado por Carabineros, lo que hoy nos convoca es recordar a esos siete hombres que pasaron a formar parte de las frías, pero reales estadísticas de accidentes que han afectado a empresas mineras a lo largo del país. Hoy no hablaremos sólo de trabajadores mineros, sino de esos padres, esposos, hijos o hermanos. Hablaremos del ser humano, de ese que deja su sudor, sangre y lágrimas entrelazadas con el oro, la plata y el cobre. Para ellos es este homenaje, para los que desde el vientre de la tierra sacan la savia que permite a Chile disfrutar el dulzor de ese mezquino manjar que muchas veces, como hoy, más nos hacen sentir en el paladar del alma la amargura de la pérdida de quienes recordamos.
Vaya para las familias de los siete mineros copiapinos mi más sincero y afectuoso saludo y sepan que con este homenaje -aunque sea en parte- estamos demostrando, como miembros de la Cámara de Diputados, la importancia que ellos tuvieron para nuestro país.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ha concluido el homenaje en memoria de los trabajadores de la empresa Minera Zaldívar, recientemente fallecidos en un accidente de trayecto.
VII. INCIDENTES
INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA VIOLACIÓN Y POSTERIOR EXPULSIÓN DE ASPIRANTE A SUBOPFICIAL DEL EJÉRCITO. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En Incidentes, en primer lugar tiene la palabra el Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Independientes.
El señor GUTÍERREZ (don Hugo) .- Señor Presidente , cedemos el tiempo de nuestro Comité al diputado señor Fidel Espinoza.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En consecuencia, tiene la palabra su señoría.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , solicito agregar los minutos que me cedió gentilmente el Partido Comunista a los dos minutos que tenía mi bancada.
Señor Presidente , los padres de Vivian Isabel Fernández Trunce , domiciliada en la calle Pedro Montt N° 751, de Osorno, me han dado a conocer un hecho grave este fin de semana.
Esta joven ingresó a la Escuela de Suboficiales, en Rinconada de Maipú, Santiago , en 2009. En 2010 ingresó a la especialidad de Telecomunicaciones, que era su sueño.
Durante los meses de abril y mayo de 2010, junto a otros compañeros de trabajo, fue designada para realizar trabajos voluntarios en la ciudad de Santa Cruz, en apoyo a la construcción de mediaguas, específicamente en el pueblito de Pumanque.
Su unidad estaba al mando del teniente René Medina, el cabo primero Ricardo Salas y el cabo Arthur Ugalde, como comandante de escuadra. Se acuartelaron en un internado
que había sido desalojado por daños producidos por el terremoto. Es decir, Vivian Isabel Fernández , como muchos otros jóvenes del país llegó a la zona de reconstrucción para aportar su esfuerzo a favor de los compatriotas que estaban sufriendo debido al terremoto.
Según el testimonio de la joven, el cabo primero Ricardo Salas Adriazola la acosaba constantemente con palabras soeces y visualmente. Incluso, le dejaba flores en el casillero, las que la joven arrojaba a la basura, y la perseguía a todos lados.
De acuerdo con el testimonio de la joven, los militares llevaban dos semanas en Pumanque cuando comenzaron a beber sin mesura, para lo que visitaban constantemente locales de expendio de alcohol y schope-rías. Incluso, se dejaban ver en estado de ebriedad por los civiles. Bebían tanto que al otro día amanecían con resacas y vómitos, lo que les impedía levantarse. Este comportamiento era común, entre otros, en el teniente Medina y en el cabo primero Ricardo Salas .
En la cuarta semana, solicitaron diez voluntarios para dirigirse a Santa Cruz como comandantes de patrulla para trabajar con adolecentes y construir mediaguas. Para evitar el acoso incesante del cabo primero Ricardo Salas, la joven se ofreció voluntariamente para ir a colaborar. Pero al momento de regresar, nuevamente comenzó el acoso reiterado del cabo Salas.
En la última semana de llegar a Pumanque, la joven se encontraba cumpliendo el rol de imaginaria, es decir, de guardia de noche. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, el cabo primero Salas se acercó a la entrada del internado con la excusa de hablar de las mediaguas. La invita a dar una vuelta y le ofrece cigarrillos. Ella se niega. Como el cabo Salas no logró su objetivo, le exige que vaya a una oficina que está en un costado a buscar un cuaderno que hacía de bitácora. Nuevamente la joven le contesta que no. Al ver que ella rehúsa, el cabo primero Ricardo Salas se enfada y la empuja con fuerza y violencia hacia la oficina, golpeándola en sus brazos con dos palos de cerca de un metro de largo, forrado con gomas de neumáticos. Cuando el cabo vio que la joven comenzó a forcejear, a llorar, a gritar y a pedirle que la suelte, éste la golpea en la sien y la tira al suelo. Mientras la amenazaba con matarla si seguía gritando, le soltó el cinturón, rompiendo los botones del pantalón, y la amenazó con sacar la cortaplumas. Le tapa la boca y procede a violarla, pero al ver que la joven oponía resistencia, forcejeaba y gritaba, la suelta y la amenaza nuevamente con matarla si decía algo, para posteriormente alejarse del lugar en donde la joven permanecía tirada en el suelo.
Señor Presidente , esa situación siguió ocurriendo. La joven, debido a la violación de un cabo primero que ejercía mando sobre ella, terminó embarazada; pero siempre tuvo miedo de dar a conocer esos hechos.
Con posterioridad a ese embarazo, comienza una serie hostigamientos brutales por parte de amigos del cabo primero Salas, que terminaban todos los días en arrestos para la joven Vivian Isabel Fernández Trunce . La acumulación de ellos determinó que la institución la diera de baja.
Quiero agregar un antecedente más.
Según el Ejército, no sabía de su embarazo cuando la echaron de la Escuela, pero existe un certificado del propio Ejército de Chile que acredita su embarazo mediante un examen ecográfico de fecha 8 de septiembre del 2010. A ella la despidieron el 21 de octubre del mismo año. Tenemos una serie de testimonios.
Esta causa está radicada en la Fiscalía de Santa Cruz, donde eventualmente ocurrieron esos hechos.
Con mi intervención en la Sala de la Cámara de Diputados, más allá de la gravedad del caso, quiero expresar que es inconcebible que una institución tan importante de nuestro país, como es el Ejército de Chile, que tenía todos estos antecedentes o la gran mayoría de ellos a la mano, no haya trepidado en tomar medidas en contra de una aspirante a suboficial, en vez de protegerla y defenderla por lo que estaba viviendo. Aquí no hay elementos que permitan escudar al Ejército de que no sabía del embarazo de la joven, en circunstancias que tuve a la vista los documentos, que entregaré a la Mesa, que dan fe de la gravedad de lo que estoy planteando.
Reitero, el Ejército sabía del embarazo de la joven, pero no hizo absolutamente nada para proteger a la víctima.
Además, tenemos las boletas de la línea de buses en que constan los recursos que el cabo primero envió a la joven para que abortara e, incluso, los productos abortivos que le hizo llegar.
Por lo tanto, como no tengo más tiempo para continuar con el relato de otros hechos relacionados con el caso, solicito oficiar al ministro Allamand , con el objeto de que disponga la investigación a fondo de estos hechos, ya que ese cabo primero sigue cumpliendo funciones como si nada hubiera pasado. Asimismo, solicito el envío de copia de esta intervención a la ministra del Sernam , ya que queremos ver qué hace ese importante ministerio en relación con este caso tan brutal y repudiable ocurrido mientras una joven luchaba por reconstruir nuestro país en una humilde ciudad de la Sexta Región.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS E INVERSIONES APORTADOS POR CHILE EN BENEFICIO DEL ESTADO BOLIVIANO. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS (de pie).- Señor Presidente , para nadie es un secreto que las relaciones con el país vecino de Bolivia no están en su mejor momento. De hecho, llevamos varias décadas en que no hemos tenido relaciones diplomáticas al más alto nivel, lo que es un hecho que preocupa a ambos países.
En los primeros años del gobierno del Presidente Evo Morales se logró un avance en las conversaciones para lograr una relación más beneficiosa para ambos países, especialmente respecto de la llamada “Agenda de los 13 puntos”, que incluía una serie de temas, como seguridad nacional, combate al narcotráfico, integración fronteriza, recursos hídricos, educación, ciencia y tecnología, la cuestión marítima y un punto número 13 que simplemente decía “todo lo demás”.
Respecto del tema del mar, debo recordar que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera siempre fue muy claro para señalar que estábamos abiertos al diálogo, pero que no era posible una solución que terminara cortando la soberanía chilena. Además, sobra decir que esto no se ha hecho nunca, ya que ningún país ha aceptado algo semejante.
Sin embargo, la política boliviana respecto a Chile giró en 180 grados después del conocido “gasolinazo”, que ocurrió cuando el Presidente Morales decidió subir en 82 por ciento el precio de los combustibles. Su nivel de aprobación era de alrededor del 60, 70 por ciento, pero bajó rápidamente a un 20 ó 30 por ciento. Lamentablemente, en el último tiempo, ha tratado de recobrar su popularidad en base a su política exterior con Chile. Desde entonces no ha pasado un solo día sin que haya algún ataque de algún miembro del gobierno boliviano o de su mismo Presidente . El Día del Mar, el Día de la Reivindicación Marítima, el caso Sanabria , una acusación en tribunales internacionales, la creación de nueva institucionalidad, amenazas respecto de la próxima cita de la OEA, etcétera.
Los tratados suscritos por ambos países avalan sin duda alguna la posición chilena. El Tratado de 1904 es absolutamente claro y no deja espacio para ninguna interpretación. Es más, el mismo tratado fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso de Bolivia, después de más de veinte años de finalizada la guerra con nuestro país. Además, tiene un costo económico considerable para el Estado chileno.
Chile ha cumplido con creces sus obligaciones, derivadas del tratado y debe continuar abierto al diálogo como se ha hecho invariablemente en la política de todos los gobiernos y sus cancillerías en la materia. Sin embargo, debemos dar a conocer a la comunidad internacional nuestra visión y no dejar que sea solamente el Presidente Morales , quien, con muy poca popularidad, cuente la historia.
A Chile le ha costado mucho esfuerzo ser buen veino. Por eso, pido que se oficie al ministro de Hacienda, al ministro de Obras Públicas y al canciller, a fin de que informen cuántos son los recursos que se gastan en subsidios para Bolivia cada año, relativos al Tratado de 1904 y todos los que entrega unilateralmente.
De hecho, dicen algunos expertos que durante los primeros diez años de firmado el Tratado de 1904, Chile realizó inversiones para Bolivia equivalentes al 30 por ciento del PIB de ese año.
Con la petición de oficio, traigo a la palestra los antecedentes que generalmente se omiten, pero significa el esfuerzo de un buen vecino por parte de nuestro país. En el marco del Tratado de Paz y Amistad, suscrito con Bolivia en 1904, el Estado chileno se comprometió a muchas prestaciones, tales como reconocer a favor de Bolivia, a perpetuidad, el más amplio libre derecho de tránsito comercial por nuestro territorio y el acceso a los puertos de Antofagasta y Arica, asumiendo el costo el Estado chileno.
También se comprometió en la construcción de un ferrocarril de Arica a la Paz, cuya construcción se hizo de manera íntegra y se le entregó a Bolivia la parte que está en su Estado. A su vez, aportar en la construcción de varios ferrocarriles internos del país y pagos en efectivo que según información preliminar corresponden a alrededor de 300 mil libras esterlinas de la época. Todas las obligaciones y otras del Tratado fueron y son cumplidas íntegramente por nuestro país.
Pero Chile no se ha quedado sólo en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mencionado Tratado, sino que las ha profundizado. Se agregó, por ejemplo, al Puerto de Iquique , con similares subsidios y características de lo que se le entrega a Bolivia en Arica y Antofagasta.
Actualmente, nuestro país está reconstruyendo el ferrocarril de Arica a la Paz, a pesar de que fue destruido por un desastres natural, es decir, un hecho fortuito, cuya materia no contempla el tratado.
Otro claro ejemplo de buen vecino es el permiso sin costo de bodegaje hasta por un año de los ciudadanos bolivianos en nuestros puertos; en cambio, para los chilenos es solamente de tres meses.
Como las instituciones son concesionarios, todos los años el fisco tiene que reintegrar las platas al concesionario, con un costo evidentemente fuerte para el Estado chileno.
Todas las medidas tienen un costo para los chilenos y se gastan en beneficios, en este caso, en nuestro país vecino, Bolivia. Por lo mismo, en conjunto con la diputada Mónica Zalaquett , y como parte de la ofensiva que debe realizar nuestra Cancillería, previamente a la cita en la OEA la próxima semana, pedimos oficiar al ministro de Hacienda señor Felipe Larraín y al canciller Alfredo Moreno , a fin de que informen en detalle lo siguiente:
1° La suma de los costos que significan actualmente para el Estado chileno las obligaciones que establece el Tratado de 1904, incluidos los beneficios en los puertos habilitados para el libre tránsito, como de Arica y de Antofagasta, los de ferrocarriles, etcétera. De especial interés son las sumas gastadas durante los años 2009 y 2010.
2° Los recursos que deja de percibir el Estado chileno debido a la rebaja unilateral de aranceles que reciben los productores bolivianos cuando entran a Chile.
3° La suma de recursos que no son parte de los costos derivados del Tratado de 1904, pero que Chile asume en beneficio del pueblo boliviano. Aquí queremos incluir el usufructo de carreteras por territorio chileno hacia los puertos, ferrocarriles con operación subsidiada, su mantención anual, condiciones favorables para almacenaje en los puertos, los beneficios para las exportaciones en el Puerto de Iquique y otros que pudieren existir.
4° El costo total de las inversiones que Chile realizó durante los diez primeros años del tratado expresado como porcentaje del PIB chileno de 1904.
Además, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas señor Hernán de Solminihac , a fin de que informe respecto de lo siguiente:
Las inversiones realizadas en los últimos diez años en obras de mantención, habilitación y mejora de los caminos internacionales que unen a Bolivia con los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta y las inversiones proyectadas de aquí a seis años más. Resulta de especial interés para estos efectos la ruta CH-11. Se trata de información importante a la hora de demostrar el cumplimiento de Chile de los tratados internacionales y, por consiguiente, de demostrar la debilidad jurídica de la postura del Presidente Morales , bajo la amenaza que implica una acusación en tribunales internacionales.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras María Angélica Cristi , Mónica Zalaquett y de los señores diputados Manuel Monsalve , Juan Luis Castro y de quien habla.
CONSTITUCIÓN DE MESA NEGOCIADORA POR HUELGA DE CONTRATISTAS DE EL TENIENTE. Oficios
.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente , mi intervención tiene por objeto representar la grave preocupación que me asiste como diputado de la ciudad de Rancagua por la huelga que se ha llevado a cabo desde hace seis días por más de diez mil trabajadores contratistas de la División El Teniente.
En 2007, se produjo un acuerdo marco que terminó con una serie de movilizaciones muy dramáticas, pero cuatro de sus puntos no se han respetado en su totalidad por parte de la empresa mandante, en este caso, Codelco. Eso ha llevado a que se tenga igualdad de trabajo y función con distinta remuneración.
Hoy azota a la ciudad de Rancagua una situación dramática por una huelga que produce incertidumbre en las calles, marchas todos los días y, sobre todo, el riesgo de una faena productiva que se ve entorpecida. Hasta el momento, no ha habido ninguna mesa de conversación entre Codelco, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, y los trabajadores, lo que es bastante poco entendible a estas alturas.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra del Trabajo y al presidente Ejecutivo de Codelco , a fin de que se genere a la brevedad una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de los contratistas de la División El Teniente que actualmente se encuentran en paralización de faena y que con suma urgencia necesitan al menos tener una interlocución para tratar la situación y buscar una solución para las demandas que provienen del acuerdo marco de 2007, que hoy se incumple. Esa es la petición para que pueda ser considerada y ejecutada y pedida a la ministra del Trabajo , quien, a través de la Dirección del Trabajo, debe intervenir y mediar en este tipo de conflicto.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Monsalve y de quien habla.
PAGO DE BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A HIJOS DE EX TRABAJADORES DE MINA CARVILE. Oficio.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , solicito el envío de un oficio al ministro de Educación , puesto que he recibido un gran número de cartas y mensajes de parte de hijos de ex trabajadores del carbón de la mina Carvile, en Lebu, los cuales deberían estar recibiendo la Beca Presidente de la República , Programa Carbón 4.
Ése fue un compromiso contraído por el Gobierno en beneficio de los hijos de los ex trabajadores de Carvile S.A. acogidos al Protocolo de Acuerdo de 2008 para el cierre del referido yacimiento.
¿Cuál es la queja de los alumnos y qué le pedimos al Ministerio?
Nos encontramos en el mes de junio y, como señalé, esos estudiantes todavía no reciben el pago de la beca otorgada, en circunstancias de que las propias bases del programa establecen que dicho pago se realizará el último día hábil de cada mes, de marzo a diciembre. Sin embargo, no se efectuaron los pagos correspondientes ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. O sea, los jóvenes ya llevan tres meses cursando la enseñanza media o la educación superior sin que se les pague la beca, que es lo que les posibilita continuar sus estudios.
Ello constituye una irresponsabilidad enorme por parte del Estado, en particular del Ministerio de Educación.
Por lo tanto, reitero mi petición de oficio con el objeto de que el ministro de Educación garantice, en forma urgente, el pago de la Beca Presidente de la República a los hijos de los ex mineros de Carvile, en Lebu, contemplados en el programa de gobierno señalado.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Juan Luis Castro .
-Se levantó la sesión a las 14:52 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 31 de mayo de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz, correspondiente al Boletín Nº 6800-03, con las siguientes modificaciones:
Artículo único.-
-Ha reemplazado su encabezamiento por el siguiente:
“Artículo único.- Agrégase al artículo 9° de la ley N° 19.628 el siguiente inciso final:”.
-Ha sustituido el inciso final propuesto por el que sigue:
“Prohíbese la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda.”.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.504, de 7 de enero de 2010.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 31 de mayo de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Modifícase la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, de la siguiente manera:
1.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 51, la oración “Este procedimiento se sujetará a las normas del procedimiento sumario, con excepción de los artículos 681, 684 y 685 del Código de Procedimiento Civil y con las particularidades que se contemplan en la presente ley.”, por “Este procedimiento especial se sujetará a las siguientes normas de procedimiento y, en lo no previsto en ellas, a las normas del juicio ordinario.”.
2.- Reemplázase el artículo 52 por el siguiente:
“Artículo 52.- El tribunal examinará la demanda, la declarará admisible y le dará tramitación, una vez que verifique la concurrencia de los siguientes elementos:
a) Que la demanda ha sido deducida por uno de los legitimados activos individualizados en el artículo 51.
b) Que la demanda contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que justifican razonablemente la afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores, en los términos del artículo 50.
La resolución que declare admisible la demanda conferirá traslado al demandado, para que la conteste dentro de diez días fatales contados desde su notificación.
En contra de la resolución que declare admisible la demanda procederán el recurso de reposición y el de apelación en el solo efecto devolutivo, los que deberán interponerse dentro de diez días fatales contados desde la notificación de la demanda. La apelación sólo podrá interponerse con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida. El recurso de reposición interrumpe el plazo para contestar la demanda.
Del recurso de reposición se concederá traslado por tres días fatales a la demandante, transcurridos los cuales el tribunal deberá resolver si acoge o rechaza la reposición. Notificada por el estado diario la resolución que rechaza la reposición, el demandado deberá contestar la demanda en el plazo de diez días fatales.
La resolución que conceda la apelación en el solo efecto devolutivo deberá determinar las piezas del expediente que, además de la resolución apelada, deban fotocopiarse para enviarlas al tribunal superior para resolver el recurso. El apelante, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de esta resolución, deberá depositar en la secretaría del tribunal la suma que el secretario estime necesaria para cubrir el valor de las fotocopias. El secretario deberá dejar constancia de esta circunstancia en el proceso, señalando la fecha y el monto del depósito. Si el apelante no da cumplimiento a esta obligación, se le tendrá por desistido del recurso, sin más trámite.
Respecto de la resolución que declara inadmisible la demanda procederá el recurso de reposición y, subsidiariamente, el de apelación en ambos efectos, los que se deducirán en el plazo indicado en el inciso tercero, contado desde la notificación por el estado diario de la resolución respectiva.
En el evento que se declare inadmisible la demanda colectiva, la acción respectiva sólo podrá deducirse individualmente ante el juzgado competente, de conformidad con lo señalado en la letra c) del artículo 2° bis. Lo anterior es sin perjuicio del derecho de todo legitimado activo de iniciar una nueva demanda colectiva, fundada en nuevos antecedentes.
Contestada la demanda o en rebeldía del demandado, el juez citará a las partes a una audiencia de conciliación, para dentro de quinto día. A esta audiencia las partes deberán comparecer representadas por apoderado con poder suficiente y deberán presentar bases concretas de arreglo. El juez obrará como amigable componedor y tratará de obtener una conciliación total o parcial en el litigio. Las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa. La audiencia se llevará a cabo con las partes que asistan.
Si los interesados lo piden, la audiencia se suspenderá para facilitar la deliberación de las partes. Si el tribunal lo estima necesario postergará la audiencia para dentro de tercero día, se dejará constancia de ello y a la nueva audiencia las partes concurrirán sin necesidad de nueva notificación.
De la conciliación total o parcial se levantará un acta que consignará sólo las especificaciones del arreglo, la cual subscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y tendrá el valor de sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, en especial para los establecidos en el artículo 54.
Si se rechaza la conciliación o no se efectúa la audiencia, y si el tribunal estima que hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibirá la causa a prueba por el lapso de veinte días. Sólo podrán fijarse como puntos de prueba los hechos sustanciales controvertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla. En caso contrario, se citará a las partes a oír sentencia.
En todo caso, si el demandado ha solicitado en su contestación que la demanda sea declarada temeraria por carecer de fundamento plausible o por haberse deducido de mala fe, para que se apliquen al demandante las sanciones previstas en el artículo 50 E, el juez deberá incluir este punto como hecho sustancial y controvertido en la resolución que recibe la causa a prueba.”.
3.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 53:
a. Reemplázanse los incisos primero y segundo por los siguientes:
“En la misma resolución en que se rechace la reposición interpuesta contra la resolución que declaró admisible la demanda y se ordene contestar o se tenga por contestada la demanda, cuando dicho recurso no se haya interpuesto, el juez ordenará al demandante que, dentro de décimo día, informe a los consumidores que puedan considerarse afectados por la conducta del proveedor demandado, mediante la publicación de un aviso en un medio de circulación nacional y en el sitio Web del Servicio Nacional del Consumidor, para que comparezcan a hacerse parte o hagan reserva de sus derechos. El aviso en el sitio Web del Servicio Nacional del Consumidor se deberá mantener publicado hasta el último día del plazo señalado en el inciso cuarto de este artículo.
Corresponderá al secretario del tribunal fijar el contenido del aviso, el que contendrá, a lo menos, las siguientes menciones:
a) El tribunal de primera instancia que declaró admisible la demanda;
b) La fecha de la resolución que declaró admisible la demanda;
c) El nombre, rol único tributario o cédula nacional de identidad, profesión u oficio y domicilio del representante del o de los legitimados activos;
d) El nombre o razón social, rol único tributario o cédula nacional de identidad, profesión, oficio o giro y domicilio del proveedor demandado;
e) Una breve exposición de los hechos y peticiones concretas sometidas a consideración del tribunal;
f) El llamado a los afectados por los mismos hechos para hacerse parte o para que hagan reserva de sus derechos, expresando que los resultados del juicio empecerán también a aquellos afectados que no se hicieran parte en él, y
g) La información de que el plazo para comparecer es de veinte días hábiles a contar de la fecha de la publicación.”.
b. Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:
“El plazo para hacer uso de los derechos que confiere el inciso primero de este artículo será de veinte días hábiles contados desde la publicación del aviso en el medio de circulación nacional, y el efecto de la reserva de derechos será la inoponibilidad de los resultados del juicio.”.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 23 Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, el numeral 2 del artículo único del proyecto fue aprobado con los votos de 26 Senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado ”.
3. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en el mismo registro. (boletín N° 6242-21).
“Honorable Cámara de Diputados
Honorable Senado:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el epígrafe, con urgencia calificada de “simple“.
La Cámara de Diputados, por oficio de fecha 19 de abril de 2010, comunicó la designación como integrantes de la Comisión Mixta, de los Honorables Diputados señores Cristián Campos Jara , Carlos Recondo Lavanderos , Alejandro Santana Tirachini , Jorge Ulloa Aguillón y Matías Walker Prieto . Con posterioridad, el Honorable Diputado señor Matías Walker Prieto fue reemplazado por el Honorable Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla .
El Senado, en sesión de fecha 20 de abril de 2011, nombró al efecto a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 4 de abril de 2011, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Escalona , Horvath , Kuschel , Larraín y Sabag y de los Honorables Diputados señores Campos, Recondo , Santana , Ulloa y Walker y eligió, por unanimidad, como Presidente al Honorable Senador señor Antonio Horvath Kiss , quien lo es también de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, y, de inmediato, se abocó al cumplimiento de su cometido.
A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley, asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Alejandro Navarro Brain y la Honorable Diputada señora Clemira Pacheco Rivas .
Cabe hacer presente que la Comisión Mixta acordó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, iniciar el cumplimiento de su cometido efectuando una invitación a las principales organizaciones e instituciones relacionadas con el sector pesquero artesanal, con el objeto de conocer sus planteamientos sobre las materias en discrepancia entre ambas Cámaras, para lo cual se solicitó a los integrantes de la Comisión efectuar las correspondientes proposiciones.
En cumplimiento de ese acuerdo, la Comisión Mixta celebró una sesión especialmente destinada a ese efecto, a la cual concurrieron los siguientes organismos e instituciones, representados por las personas que en cada caso se indica:
-De Subsecretaría de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, el Subsecretario, señor Pablo Galilea ; la Jefe de la División de Desarrollo Pesquero , señora Edith Saa ; el Jefe de la División Jurídica , señor Felipe Palacio ; la abogado de la División Jurídica, señora María Alicia Baltierra y el abogado señor Paolo Trejo , y el Jefe de la División de Administración Pesquera , señor Maximiliano Alarma .
-De la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, Directemar , el Contralmirante, señor Guillermo Silva y el Capitán de Fragata Litoral, señor Juan Gajardo Romero .
-Del Servicio Nacional de Pesca, su director don José Luis Ansoleaga y el asesor del Jefe del Departamento SIEP, señor Esteban Donoso .
-De la Federación Provincial de Pescadores Artesanales del Sur, Fipasur, su presidente , señor Marco Ide .
-De la Federación de Pescadores de Pelluhue, su presidente, señor Froilan Recabal.
-De la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, su presidenta, señora Zoila Bustamante ; el secretario, señor Julio Riquelme ; el secretario general; señor Alberto Millaquén y los directores, señores Humberto Jara , Cosme Caraccial y Orlando Jorquera .
-De la Unión Federación X Región, el presidente , señor Pedro Ojeda .
-De Codermar A.G., su presidente , don Alberto Millaquén .
-Del Consejo Provincial de Chiloé, el secretario, señor Carlos Espinoza .
-Del Consejo Provincial de Pescadores Artesanales de Chiloé, su presidente , señor Héctor Morales .
-De la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, Confepach , el secretario, señor José Barrios y el tesorero, señor Jorge White .
-De Corepa A.G., el presidente, señor Jorge Bustos.
-De la Asociación de Productores y Armadores Pelágicos Artesanales 8va Región, Arpropelar, el secretario, señor Manuel Gallego .
-De la Cooperativa de Pescadores de Puerto Montt, Copermontt, el Presidente, señor Juan Fernando García.
-De la Ilustre Municipalidad de Pelluhue, el Alcalde , señor Carlos Zúñiga .
-De Pescadores de Loando, el presidente , señor Oscar Muñoz ; el tesorero, señor Otilio Suazo y el secretario, señor Mario Lara .
-De la Federación de Pescadores de Constitución, el presidente, señor Claudio Oses.
-Del Sindicato Nº 1 Curanipe, su presidente , señor Germán Villaseñor .
-Del Sindicato de Pescadores de Duao, el presidente, señor Miguel Correa.
-Del Sindicato de Pescadores de Caleta Pellines, el secretario, señor Nelson Muñoz.
-De la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la Región del Biobío, Pesca Mar A.G., la secretaria, señora Verónica Zamorano y la tesorera, señora Gabriela Monsalve .
-De la Federación Gremial de Organizaciones Pesqueras Artesanales de la VIII Región, Feorpa , su presidente , señor Claudio Villarroel .
-De la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales Caleta Lo Rojas, su presidente , señor Omar Bustos .
-Del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores, Armadores y Ramos Afines de la Pesca Artesanal de Coronel, Sipesmafesa, su presidente , señor Marcelo Segura y el Tesorero , señor Lucas Alarcón .
-De Sodarpesca, el presidente, señor Nelson Estrada.
-De la Federación de Organizaciones de la Pesca Artesanal y Gente de Mar, Fepamar, el presidente, señor Rosendo Arroyo.
-Del Sindicato Sapaada , el presidente , señor Francisco Zapata .
-De la Confederación Nacional De Federaciones De Pescadores Artesanales de Chile, Confepach, el secretario, señor José Barrientos.
De la Biblioteca de Congreso Nacional, el Coordinador, señor Leonardo Arancibia .
Los planteamientos que ellos formularon o que hicieron llegar por escrito , en lo pertinente, se reseñan en el cuerpo de este informe.
-o-
Sin perjuicio de su posterior descripción en este informe, y para los efectos de la mejor comprensión de los planteamientos formulados por las organizaciones e instituciones afectadas por esta iniciativa, las normas en discrepancia entre ambas Cámaras se refieren al aumento del plazo que debe transcurrir sin que el pescador artesanal realice actividades correspondientes a su inscripción para que se produzca la caducidad de la misma en el registro artesanal -letra b) del número 7 del artículo 1°-, y la obligación de instalar y mantener un dispositivo de posicionamiento automático en las embarcaciones de una eslora total igual o superior a 15 metros- número 10, nuevo, del artículo 1°, incorporado por el Senado.
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PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES EN RELACIÓN CON LAS NORMAS EN DISCREPANCIA
ENTRE AMBAS CÁMARAS
A.- REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN CENTRAL DEL ESTADO.
El señor Subsecretario de Pesca planteó que, en términos generales, los dispositivos de posicionamiento automático resultan adecuados para alcanzar ciertos fines del sector pesquero, como es, principalmente, una mejor fiscalización del cumplimiento de las normas de la ley en materia de zonas y cuotas de pesca, y por ende, para una mejor administración de las pesqueras. Asimismo, añadió, los referidos dispositivos también brindan ciertas utilidades en materia de seguridad.
Añadió que, para los efectos de la aplicación de la norma en discrepancia, referida a la obligación de instalar dispositivos de posicionamiento automático para los armadores pesqueros artesanales, en el país se encuentran operativas 827 embarcaciones con eslora de entre 15 y 18 metros, de las cuales 717 son embarcaciones de más de 15 metros sujetas al sistema de cerco.
Puntualizó, en cuanto a los costos de operación del dispositivo, que ellos serían cercanos a los $ 70.000 mensuales, tomando en consideración que la señal debería emitirse cada 30 metros.
Precisó, en este mismo orden de ideas, que en la zona contigua las embarcaciones de-bieran operar con dicho dispositivo.
Sin perjuicio de lo anterior, y en lo que se refiere a la oportunidad de establecer esta obligación, expresó que este proyecto de ley no resulta ser el marco regulatorio idóneo para cumplir con ese propósito y que ello debería establecerse en la próxima modificación integral de la Ley General de Pesca.
Por su parte, el señor director del Servicio Nacional de Pesca , manifestó, en relación con la obligación de instalar dispositivos de posicionamiento automático para los armadores pesqueros artesanales, que no había problemas para efectuar el monitoreo, y que en su concepto, sería oportuno iniciar su instalación en las naves que operan bajo el sistema de cerco. Añadió que además, ello irá en beneficio de poder determinar si la embarcación está operando o no dentro de la zona delimitada para efectuar la actividad, en especial, cuando se trata de la operación en regímenes artesanales de extracción (RAE).
Añadió que, sin perjuicio de lo anterior, resultaba necesario precisar que Sernapesca no puede realizar la fiscalización en el mar, ya que ella solamente lo hace en el borde costero, y que en esa área opera la Dirección General del Territorio Marítimo de Marina Mercante de la Armada de Chile.
Agregó que cuando se estableció la obligación de instalar los dispositivos de posicionamiento automático para los armadores industriales se cursaron varias infracciones por afectar la normativa referida a las zonas de pesca, pero que en la actualidad la situación ha variado radicalmente y sólo se cursa una infracción al año.
En este mismo orden de ideas, puntualizó que el establecimiento de este dispositivo, desde el punto de vista económico, es distinto según cuál sea la naturaleza de la embarcación, y que por lo tanto, resultaría conveniente efectuar una encuesta para dimensionar este tema.
El representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, Directemar , contralmirante, señor Guillermo Silva , expresó que, desde el punto de vista de las funciones que le corresponde realizar a su institución, el dispositivo de posicionamiento automático en el mar significa importantes utilidades, especialmente para los efectos de la pérdida de embarcaciones.
En cuando a la cantidad de embarcaciones artesanales existentes en el país entre 15 y 18 metros, añadió que hay 1.038 naves operativas, produciéndose la mayor concentración de ellas entre las Regiones del Biobío y Los Lagos, y que el total de embarcaciones de esa eslora alcanza a las 2.358.
Ante una consulta formulada en el seno de la Comisión Mixta, en cuanto a como se actúa en la actualidad en caso de pérdida de una nave, cuando se está en presencia de embarcaciones sin dispositivo, expresó que no existía forma de determinarlo.
En relación con este último punto, el señor director de Sernapesca , añadió que en caso de existir una embarcación con dispositivo y encontrarse en problemas, lo que ocurre es que se activa una alarma, a través de una señala satelital, que demuestra que se está en presencia de una falta, el cual puede deberse a la desconexión del equipo o a un problema mayor.
B.- REPRESENTANTES DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL DE LA REGION DE LOS LAGOS
A su turno, el Presidente del Consejo Regional de Pesca Artesanal (Corepa), señor Jorge Bustos , expresó que en la Región de Los Lagos se concentra el 40% de los pescadores artesanales que existen el país y que el análisis que se ha hecho respecto de la instalación del dispositivo de posicionamiento automático para las embarcaciones del sector no da cuenta de la realidad existente, toda vez que está destinado a un sector muy minoritario de quienes desarrollan dicha actividad.
Agregó que la gran mayoría de quienes desarrollan la pesca no están en condiciones de cumplir con la obligación que se pretende establecer con este proyecto, ya que implicaría introducir más exigencias que irían en directo menoscabo de su desarrollo económico, ya que sólo un porcentaje muy menor de pescadores tiene altos ingresos. Añadió que muchos solamente obtienen recursos para el día, y sólo una pequeña cantidad de embarcaciones tienen ingresos altos y acotó que esa es una realidad que, al parecer, no se ha tenido en consideración con la introducción de esta disposición.
Similares conceptos expresó el presidente de Copermontt , señor Juan García , quien enfatizó que en su Región la situación del sector es dramática, y que muchas personas están experimentando una situación muy difícil. Puntualizó en ella ya prácticamente no quedan personas dedicadas al recurso de la sardina, ya que ha habido una sobreexplotación del recurso de manera aberrante.
En ese mismo orden de ideas, añadió que, en su momento, se aceptó la disminución de los recursos que podían ser extraídos, por un fin superior, como es la sustentabilidad, pero la obligación de instalar este dispositivo debe ser analizada teniendo en consideración la realidad de cada una de las zonas geográficas del país. Señaló que en el archipiélago de Chiloé existen más de seis mil islas, lo que gráfica una realidad operacional muy diferente a la que existe en las costas de la Región de Los Ríos, por ejemplo.
Agregó que la fiscalización que se quiere mejorar debe estar destinada a proteger a todas aquellas personas que poseen embarcaciones de eslora entre los 7 y los 12 metros, que son los que se ven más afectados, desde el punto de vista económico, ya que se encuentran en una situación operacional compleja en relación con las naves de 15 a 18 metros.
El presidente del Consejo Provincial de Pescadores Artesanales de Chiloé , señor Héctor Morales , insistió en la trascendencia de analizar el sector pesquero artesanal de manera pormenorizada, ya que, por ejemplo, para quienes utilizan el sistema de cerco, la instalación del dispositivo de posicionamiento automático será irrelevante, ya que la pesca de la sardina se realiza en sectores próximos a la playa, y por lo tanto, pueden ser fiscalizados con mayor facilidad.
Añadió que el representa a una zona en la cual se encuentra la comuna de Quellón, que es la más pobre y si bien es cierto, el tema en discusión no puede ser mirado únicamente desde la perspectiva económica, si es éste un elemento importante. Precisó que la obligación que se pretende establecer de instalar este dispositivo afectará la poca libertad con que se cuenta en la actualidad y que la pretendida seguridad que el brinda no es real, ya que no impedirá, por ejemplo, que una embarcación se hunda. Puntualizó que presenta una mayor utilidad en la idea de la seguridad la radio baliza o la lancha salvavidas.
Otro aspecto que lo hace tener una posición crítica respecto de la obligación de instalar al dispositivo de posicionamiento, añadió, se refiere al desarrollo de la actividad propiamente tal. En efecto, cuando se descubre un banco, que ha significado un esfuerzo humano y económico importante para quien lo efectuó, éste se hará público y ello significará la destrucción del recurso.
Concluyó sus planteamientos expresando que el referido posicionador afectará de manera importante a personas que tratan de desarrollar una actividad de manera honesta.
El representante de Codermar A.G., señor Alberto Millaquén , en una línea de planteamientos similar a la formulada anteriormente, señaló que la realidad del sector pesquero artesanal dista absolutamente de una posición satisfactoria y que los problemas de seguridad que se pretende, en parte, enfrentar con la instalación del dispositivo de posicionamiento automático no serán resueltos.
Explicó que las últimas muertes que han ocurrido desde Quellón al sur - comuna que tiene un alto índice de cesantía - corresponden al sector salmonero, en embarcaciones que cuentan con dicho dispositivo, y añadió que el sector de la pesca artesanal posee una menor tasa de accidentes con ingresos pecuniarios precarios, precisando que el ingreso diario promedio alcanza a los $ 4.000.
Finalizó sus planteamientos precisando que la instalación del dispositivo de posicionamiento automático no puede ser general para todo el país, ya que dicho sistema puede llegar a afectar fuertemente su fuente laboral, que ya se encuentra bastante deprimida, toda vez que los costos de operación son elevados en comparación con los ingresos que se generan.
C.- REPRESENTANTES DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL DE LA REGIÓN DEL MAULE
En representación de los pescadores de la Región del Maule, el señor Francisco Reveco , planteó que la obligación de instalar el posicionador satelital que se contempla en este proyecto de ley surge a partir de los problemas de fiscalización que se derivan de la operación de las embarcaciones artesanales de la Región del Biobío que ingresan al sector de la zona contigua, y que esta norma viene a ser la única manera de controlar la invasión de las naves en las costas de la Región del Maule, con el consiguiente perjuicio económico.
Ante una consulta formulada por el Honorable Senador señor Larraín , en lo relativo a los problemas de fiscalización, precisó que es una situación que lleva más de veinte años de ocurrencia, y que los sistemas actuales de fiscalización, como la aérea -que es esporádica- no ha producido los efectos que se necesitan, fundamentalmente, por la falta de recursos.
Por su parte, el presidente de la Federación de Pescadores de Pelluhue , señor Froilan Recabal , planteó, en este mismo orden de ideas, que no existe razón alguna para que las naves autorizadas para operar en otras regiones ingresen a las zonas protegidas, lo que sucede con las naves de la Región de Valparaíso, que operan con el sistema de cerco. Añadió que esta situación fue denunciada, pero se señaló que no podía fiscalizarse.
En atención a lo anterior, planteó su acuerdo con el establecimiento del dispositivo de posicionamiento automático para las naves artesanales que se pretende con esta iniciativa.
A su turno, el presidente del Sindicato de Pescadores de Duao , señor Miguel Correa , del mismo modo, expresó su apoyo a esta exigencia, ya que, en su concepto, será la única manera de solucionar los conflictos que existen con los pescadores artesanales de la Región del Biobío. Añadió que además de los graves problemas de seguridad que han existido, toda vez que dichas embarcaciones ingresan a zonas que no conocen, se ha afectado gravemente los recursos pelágicos con la operación de dichas naves.
D.- REPRESENTANTES DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
El presidente de la Federación de Organizaciones de la Pesca Artesanal y Gente de Mar, Fepamar señor Rosendo Arroyo , expresó que la norma del número 10, nuevo, del artículo 1° del proyecto de ley esta destinada sólo para un sector del país y añadió que la realidad nacional es muy diversa, por lo que sugirió que cuando se vayan a introducir enmiendas al sector pesquero artesanal, se consulte a las diversas organizaciones que existen de manera de tener una visión integral de su actividad pesquera.
En ese mismo orden de ideas, precisó que se ha difundido una información que no es real, ya que los verdaderos pescadores artesanales no son los boteros. Agregó que su sector se dedica básicamente a la actividad pelágica, es decir, los recursos de la sardina común, la anchoveta y el jurel, y que cada mes entrega cerca de 13 puestos de trabajo.
Puntualizó que en la Región del Biobío se produce el mayor desembarque de recursos que existen en el país, y en cuanto a la instalación del dispositivo argumentó que, en términos generales, no es contrario a su existencia, pero si en lo referido al procedimiento que se ha seguido para ello.
Por su parte, el presidente de Sodarpesca , señor Nelson Estrada , planteó que en la Región del Biobío se produce la mayor concentración de la flota y que siempre han estado afectos a la fiscalización. En otro orden de ideas, hizo ver la necesidad de que se creara una Escuela de Formación de Pescadores, ya que nunca ha existido una adecuada formación para el ejercicio de esta actividad.
A su turno, el presidente de la Federación Gremial de Organizaciones Pesqueras Artesanales de la VIII Región , Feorpa , señor Claudio Villarroel , expuso su discrepancia con el actual sistema de ordenación de la pesca artesanal, ya que ello ha producido una suerte de arrinconamiento que ha derivado en el hambre de quienes se dedican a esta actividad.
Añadió que cuando se dispuso el fraccionamiento, en el año 2002, su sector fue el más perjudicado, ya que se estableció el 10% del los derechos de pesca para el sector artesanal, y que la gran mayoría de los recursos existentes en el país se destinan al extranjero.
Concluyó sus comentarios, precisando que, en consecuencia, de establecerse un orden debe respetar lo que corresponde a cada sector y que la instalación de los dispositivos en las naves artesanales debe analizarse en el contexto de una modificación integral a la Ley General de Pesca.
E.- REPRESENTANTES DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS.
El presidente de la Federación Provincial de Pescadores Artesanales del Sur , Fipasur, señor Marco Ide , junto con hacer presente la situación especial en que se encuentra su sector, toda vez que opera en una extensión de 148 kilómetros de costa -que corresponde a la Región de Los Ríos- expresó su acuerdo con la instalación de los dispositivos de posicionamiento automático para las naves artesanales, pero con algunas modificaciones a lo que se pretende establecer y en el contexto de una modificación integral a la legislación del sector.
En otro orden de ideas, emitió juicios críticos respecto de la situación que está ocurriendo actualmente con los armadores que utilizan el arte de cerco, toda vez que están afectando de manera importante a los pescadores de menor tamaño. Añadió que se han efectuado cinco denuncias a Sernapesca por embarcaciones que están extrayendo recursos en veda, con el objeto de evitar que se arrase con el recurso pesquero que se encuentra en la zona, ya que es indispensable cuidar las especies existentes en el país.
E.- REPRESENTANTES DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN.
El presidente del Consejo de Organizaciones de Pescadores Artesanales de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén, Corfapa A.G. , señor Iván Fuentes , en las observaciones que hiciera llegar por escrito a la Comisión Mixta, señaló su preocupación por el rechazo, en la Honorable Cámara de Diputados, a la enmienda realizada por el Senado respecto de la obligación del uso del posicionador satelital para las embarcaciones mayores de 15 metros de eslora. Añadió que dicha decisión no se condice con las necesidades de proteger el medio ambiente y de contar con una mejor fiscalización con el fin de propender a la conservación de los recursos.
En ese mismo orden de ideas, manifestó que sin dicho posicionador la sustentabilidad de los recursos no será posible en Chile, ya que todo tipo de fiscalización y control a la fecha no ha sido posible, ya que el Servicio Nacional de Pesca no cuenta con la infraestructura, ni los medios humanos, ni legales para fiscalizar y hacer cumplir realmente las decisiones que adopta la autoridad pesquera.
A mayor fundamento, recordó, al mirar el estado de las principales pesquerías nacionales, lo enunciado por el señor Ministro Economía , Fomento y Turismo, en cuanto a que “el recurso que no está en rojo, está en alerta amarilla”.
Concluyó sus planteamientos insistiendo en la implementación obligatoria del GPS, ya que el impedirá que naves de otras regiones puedan ingresar a las áreas protegidas de pesca, como las de la Región de Aysén o del Maule, a depredar sin control alguno. Asimismo, precisó, el referido dispositivo permitirá conocer el origen de las capturas de las embarcaciones de más 15 metros de eslora.
G.- REPRESENTANTES DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL A NIVEL NACIONAL.
Juicios similares formuló el secretario de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, Confepach señor José Barrios , en el sentido que el establecimiento del dispositivo de posicionamiento automático, que si bien es cierto es una medida adecuada en aras de la fiscalización y de la seguridad de las embarcaciones, su operatividad debe ser concensuada entre los diferentes sectores que se dedican a la pesca artesanal en el país toda vez que se trata de un sector diversificado con realidades muy diferentes. Concluyó puntualizando que, por las razones, anteriores no es de la idea de establecer la obligación de este sistema de posicionamiento en esta iniciativa de ley.
Del mismo modo, la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, señora Zoila Bustamante , manifestó su discrepancia con que se regule en esta iniciativa de ley la instalación de estos dispositivos en las embarcaciones artesanales, sin perjuicio en su incorporación en el contexto de las modificaciones integrales a la Ley General de Pesca que próximamente deberán analizarse en el Congreso Nacional.
En relación con la otra norma en discrepancia entre amabas Cámaras, referida al aumento del plazo -a tres años, propuesta por la Honorable Cámara de Diputados- que debe transcurrir sin que el pescador artesanal realice actividades correspondientes a su inscripción para que se produzca la caducidad de la misma en el registro artesanal- letra b) del número 7 del artículo 1°, señaló la necesidad de mantener el criterio de los tres años, ya que ello va en directo beneficio de una gran cantidad de pescadores que resultaron siniestrados con el terremoto del 27 de febrero de 2010.
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DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA ENTRE AMBAS
CÁMARAS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras radican en el rechazo que la Honorable Cámara de Diputados dio, en el tercer trámite constitucional, a dos modificaciones que introdujo el Honorable Senado, en el segundo, al proyecto despachado por ella en el primero.
Las normas en discrepancia son las siguientes:
Artículo 1°
Número 7
Letra b)
La Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, sustituyó la letra a) del artículo 55 de la ley N° 18.892, Ley de General de Pesca y Acuicultura, disponiendo, como primera causal de caducidad de la inscripción en el Registro Artesanal por parte del Servicio Nacional de Pesca, el hecho que el pescador artesanal o su embarcación no realizaren actividades pesqueras extractivas por tres años sucesivos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
Asimismo, la norma aprobada por la Cámara de Diputados precisó que en el evento que se configure una causal de caso fortuito o fuerza mayor, ésta deberá ser invocada ante el Servicio antes del vencimiento del plazo antes establecido, caso en el cual el Servicio podrá autorizar la ampliación del plazo en hasta un año, contado desde el vencimiento del plazo de tres años antes indicado.
El Senado, en el segundo trámite constitucional, redujo ambos plazos de tres años, aprobados en el primer trámite constitucional, por dos años.
La Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda.
-Puesta en votación la enmienda introducida por el Senado a la letra b) del número 7 del artículo 1° del proyecto, fue rechazada por siete votos contra dos. Votaron por su rechazo, los Honorables Senadores señores Escalona , Kuschel y Sabag y los Honorables Diputados señores Ascencio , Campos, Santana y Ulloa , y lo hicieron a favor, los Honorables Senadores señores Horvath y Larraín .
Número 10, nuevo (propuesto por el Senado)
El Senado, en el segundo trámite constitucional, agregó un número 10, nuevo, al artículo 1° del proyecto, en cuya virtud, extiende la obligación establecida en el artículo 64 B de la ley N° 18.892, Ley de General de Pesca y Acuicultura, de instalar a bordo y mantener en funcionamiento un dispositivo de posicionamiento automático, respecto de los armadores de naves para pesca artesanal de eslora total igual o superior a los 15 metros.
Asimismo, la norma aprobada por el Senado dispone que el incumplimiento de los requisitos que se han señalado significará la suspensión del permiso para la realización de las actividades correspondientes a su inscripción por un plazo de seis meses, y una multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales si se tratase de una nave pesquera industrial, o de 3 a 150 unidades tributarias mensuales si la infractora fuera una embarcación artesanal.
Cabe hacer presente que la norma vigente hace exigible el dispositivo de posicionamiento automático respecto de los armadores de naves pesqueras industriales matriculadas en Chile, que desarrollen actividades pesqueras extractivas en aguas de jurisdicción nacional y aquellos que operen en aguas no jurisdiccionales; los armadores de naves que, estando o no estando matriculadas en Chile, realicen pesca de investigación dentro o fuera de las aguas jurisdiccionales; y los armadores de buques fábricas que operen en aguas jurisdiccionales o en la alta mar.
La Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, rechazo la introducción de este nuevo numeral.
En relación con esta disposición, el Honorable Senador señor Larraín recordó que la norma surgió durante el análisis del proyecto en el Senado, a partir de una indicación que él formuló en la discusión en particular de esta iniciativa, planteamiento que ya había formulado, anteriormente, en otras iniciativas. Añadió que, tal como lo señalara en esa oportunidad, el objetivo de esta regulación no sólo es - en cumplimiento de la función de representación que constitucionalmente le corresponde - proteger la pesca artesanal de la Región del Maule, sino que, en términos generales, evitar la invasión de embarcaciones a aquellas zonas en las que nos les corresponde operar. Precisó que, en la actualidad, no hay manera de impedir que esto suceda, ya que los mecanismos de fiscalización y control no son suficientes para lograr ese objetivo.
Asimismo, agregó, esta norma también tiene por finalidad mejorar los sistemas de seguridad actualmente existentes, que son poco efectivos para enfrentar las emergencias que se producen en alta mar y que, en muchas ocasiones, significa la pérdida de vidas humanas.
Añadió que sin perjuicio de los anuncios que ha formulado el Ejecutivo en cuanto a la incorporación de esta norma en la discusión de la próxima modificación a la Ley General Pesca, resulta adecuado su incorporación desde ya. Este mecanismo, además, defenderá a la pesca artesanal de la intromisión de naves que, aunque pertenezcan a esa categoría, son pesqueras artesanales mayores que trabajan para empresas productoras de harina de pescado u otros.
Agregó que en la actualidad no se cuenta con un mecanismo idóneo para fiscalizar la actividad, sobre todo en zonas como la que señaló, donde no existen puertos y, por lo tanto, el patrullaje de la Armada no es eficaz. Enfatizó que este no es sólo un problema de la referida Región, sino también afecta a otras zonas geográficas del país, por lo cual llamó a decidir esta materia con la suficiente conciencia social.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Ulloa , expresó que se está frente a una regulación que irá en directo perjuicio de la pesca artesanal, toda vez que ese sector debe ser objeto de una serie de modificaciones que van más allá de la instalación o no de un dispositivo de posicionamiento automático para las embarcaciones definidas como artesanales. Por lo mismo, puntualizó, resulta inconveniente efectuar esta modificación en este proyecto de ley, sin que ella vaya asociada a la revisión de otros temas de gran interés para el sector, como por ejemplo, establecer mecanismos para que la milla marítima sea resguardada.
A su turno, el señor Subsecretario de Pesca , ante una consulta formulada por el Diputado señor Ulloa , precisó que el Gobierno si bien es cierto está de acuerdo con el establecimiento del dispositivo de posicionamiento automático en las naves artesanales como sistema de general funcionamiento, no apoya que ello se haga a través de esta iniciativa de ley, sino que en la próxima modificación a la Ley General de Pesca, planteamiento que, posteriormente, fue ratificado por la señora Subsecretaria de Pesca subrogante, señora Edith Saa , en el sentido de que este sistema debiera ser instalado y operado en naves con una eslora total igual o superior a los 12 o 13 metros , ya que ello redundará es una mejor administración de los recursos pesqueros existentes en el país como, asimismo, es una mayor seguridad para las naves y sus tripulantes. Precisó, finalmente, que el proyecto que modificará la Ley General de Pesca debiera ingresar próximamente al Congreso Nacional para su tramitación y solicitó, desde ya, el apoyo parlamentario para incorporar los referidos dispositivos en las naves artesanales a las cuales se ha referido.
Por su parte, el Honorable Senador señor Navarro , expresó que el problema de fondo que está inserto en esta temática es el ordenamiento integral de la pesca artesanal que se desarrolla en el país, constituyendo un debate pendiente. Añadió que el tema de la fiscalización no está en debate, ya que la actual institucionalidad debiera ser suficiente para lograr ese objetivo, por lo que puntualizó que el establecimiento del dispositivo debiera ser planteado en otra oportunidad.
A su turno, el Honorable Senador señor Escalona recordó que cuando se discutió este tema en el Senado planteó su sorpresa ya que en su concepto la instalación de estos dispositivos era ajena a la idea matriz del proyecto.
Agregó que unos de los temas en discusión dice relación con el equilibrio que debe existir entre la pesca industrial y la pesca artesanal, y que, a vía ejemplar, en la Región de Los Lagos este último sector siente que está afectado en su sobrevivencia.
Por esas razones, estimó que no resulta adecuado establecer en esta iniciativa la obligación de instalar estos dispositivos en las embarcaciones artesanales.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Campos, en un análisis similar al anterior, y reconociendo el derecho que le asiste al Senador señor Larraín para presentar ese tipo de normas, señaló que esta disposición no fue consultada con las principales organizaciones representativas del sector existentes en el país y que tampoco, como si ocurrió con otras materias reguladas en esta iniciativa, tuvo una adecuada coordinación entre ambas Cámaras.
Además, agregó, su introducción va en directo perjuicio de los pescadores artesanales de la Región del Biobío, por lo que adelantó su voto en contra de esta disposición.
La Honorable Diputada señora Pacheco, fue de la idea, y sugirió que se adoptase ese procedimiento, que cuando se discuta en nuestro país el futuro de la pesca artesanal se constituya una mesa de trabajo de manera de que los principales temas que afectan al sector sean debidamente analizados.
El Honorable Diputado señor Santana expresó, en relación con el tema de la fiscalización, que sería una de los objetivos que tendría la instalación del dispositivo, que existe en la actualidad un problema de desconfianza, que es urgente enfrentar, ya que es necesario realizar un adecuado control del tipo de embarcaciones y de los recursos de que se trata, en relación con lo que le corresponde realizar.
-Puesto en votación el número 10, nuevo, aprobado por el Senado, fue rechazado por siete votos contra dos. Votaron por su rechazo, los Honorables Senadores señores Escalona , Kuschel y Sabag y los Honorables Diputados señores Ascencio , Campos, Santana y Ulloa , y lo hicieron a favor, los Honorables Senadores señores Horvath y Larraín .
-o-
PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA
En mérito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, la siguiente proposición:
Artículo 1°
Número 7
Letra b)
Aprobar la disposición de la Honorable Cámara de Diputados, propuesta en el primer trámite constitucional, que es del siguiente tenor:
“b) Sustitúyese la letra a) de su inciso primero por la siguiente:
“a) Si el pescador artesanal o su embarcación no realizan actividades pesqueras extractivas por tres años sucesivos, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados.
En el evento que se configure una causal de caso fortuito o fuerza mayor, ésta deberá ser invocada ante el Servicio antes del vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior, en cuyo caso el Servicio podrá autorizar la ampliación del plazo en hasta un año, contado desde el vencimiento del plazo de tres años antes indicado.
Se entenderá por captura lo informado en el formulario de desembarque, debidamente recepcionado por el Servicio, conforme al artículo 63 de esta ley.”. (Mayoría 7x2).
Número 10, nuevo
Rechazar la norma propuesta por el Senado, en el segundo trámite constitucional (Mayo-ría 7x2).
-o-
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY
En caso de aprobarse la proposición de la Comisión Mixta, y sólo a título meramente ilustrativo, el proyecto de ley quedaría como sigue.
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto supremo N° 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
1.- En su artículo 2°:
“a) Intercálanse en el párrafo primero del numeral 14), a continuación de la expresión “camarotes,”, la expresión “puente,”, y a continuación de la locución “50 metros cúbicos”, las frases “y de un francobordo mínimo de 200 milímetros a lo largo de toda su eslora, que dé garantías de seguridad y navegabilidad.”.
b) Sustitúyese el primer párrafo de la letra a) del número 28, por la siguiente:
“a) Armador artesanal: es el pescador artesanal, la persona jurídica constituida en los términos establecidos en el inciso segundo de este numeral o la comunidad en los términos que establece el Código Civil, propietarios de hasta dos embarcaciones artesanales.”.
c) En el número 39, introdúcense las siguientes modificaciones:
i) Intercálase, a continuación de la palabra “pesquerías”, la expresión “con sus respectivos artes y aparejos de pesca”.
ii) Incorpórase la siguiente frase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.): “El Registro será público y estará disponible en la página de dominio electrónico del Servicio actualizado al mes de junio de cada año.”.
2. Agrégase en la letra a) del artículo 3° el siguiente párrafo final:
“Sin perjuicio de lo anterior, el decreto que establezca la veda podrá señalar un periodo referencial respecto de su duración, quedando condicionado su inicio y término a la verificación de determinados indicadores biológicos. La verificación de los indicadores deberá comunicarse por la página de dominio electrónico de la Subsecretaría.”.”.
3. Reemplázase el inciso tercero del artículo 50, por los siguientes:
“En el caso en que se suspenda transitoriamente la inscripción en el Registro Artesanal para las especies altamente migratorias o demersales de gran profundidad, ella deberá extenderse, simultáneamente, a todas las regiones del país.
En los casos en que se suspenda transitoriamente la inscripción en el Registro Artesanal , conforme a lo señalado en los incisos anteriores, se paralizará, también, mientras dure tal medida, la recepción de solicitudes y el otorgamiento de autorizaciones industriales. Las naves industriales autorizadas para operar en estas pesquerías quedarán afectas a lo establecido en el régimen de pesquerías declaradas en estado de plena explotación.”.
“4. Agregase al artículo 50 los siguientes incisos finales:
“Las modificaciones de las embarcaciones artesanales inscritas en pesquerías con acceso cerrado o suspendido, de conformidad con los artículos 33 y 50, que importen un aumento de sus características principales, se someterán al procedimiento de sustitución de esta ley. En caso de que las modificaciones antes referidas correspondan a embarcaciones inscritas sólo en pesquerías con acceso abierto, se entenderán aquéllas como modificación a la inscripción en el Registro Artesanal , de conformidad al reglamento correspondiente.
Con todo, ninguna modificación ni sustitución de una embarcación artesanal inscrita en una pesquería con acceso cerrado o suspendido podrá importar un aumento del esfuerzo pesquero, ya sea por las características de la embarcación o por la modificación o incorporación de nuevas artes, aparejos o implementos de pesca, según lo determine el reglamento.”.”.
5. En su artículo 50 A:
a) Reemplázase, en el inciso octavo, la expresión “,en los últimos tres años.” por “en, a lo menos, dos años, consecutivos o no, en los últimos cuatro años.”.
b) Incorpórase, en el inciso undécimo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente oración:
“ni a los ascendientes del reemplazado, ni a los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.”.
c) Intercálase el siguiente inciso duodécimo, pasando el actual a ser el inciso final:
“Con todo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso séptimo del presente artículo, se considerará acreditada la habitualidad durante el lapso en que la mujer se encuentre en estado de gravidez, así como aquél en que esté gozando del descanso de maternidad a que se refiere el artículo 195, inciso primero, del Código del Trabajo.”.
6. Agrégase al artículo 51 el siguiente inciso final:
“Las notificaciones de todas las actuaciones que digan relación con la inscripción podrán ser practicadas en el domicilio acreditado de conformidad con la letra c).”.”.
7. En su artículo 55:
a) Reemplázase su encabezado por el siguiente:
“Artículo 55.- El Servicio Nacional de Pesca deberá, en el mes de junio de cada año, caducar la inscripción en el Registro Artesanal en los siguientes casos:”
b) Sustitúyese la letra a) de su inciso primero por la siguiente:
“a) Si el pescador artesanal o su embarcación no realizan actividades pesqueras extractivas por tres años sucesivos, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados.
En el evento que se configure una causal de caso fortuito o fuerza mayor, ésta deberá ser invocada ante el Servicio antes del vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior, en cuyo caso el Servicio podrá autorizar la ampliación del plazo en hasta un año, contado desde el vencimiento del plazo de tres años antes indicado.
Se entenderá por captura lo informado en el formulario de desembarque, debidamente recepcionado por el Servicio, conforme al artículo 63 de esta ley.”.
“c) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:
“d) Si el pescador artesanal fuere condenado por alguno de los delitos que sancionan los artículos 135 o 136, o no mantiene los requisitos de inscripción establecidos en los artículos 51 o 52.”.”.
d) Agrégase la siguiente letra e) en su inciso primero:
“e) No contar con el certificado de navegabilidad otorgado por la Autoridad Marítima vigente por dos años consecutivos.”.
e) Sustituyese los incisos tercero y cuarto por los siguientes:
“La inscripción quedará sin efecto por defunción del pescador artesanal. No obstante, su sucesión, mediante mandatario común, tendrá el derecho de presentar al Servicio, dentro del plazo de dos años de ocurrido el fallecimiento del causante, copia autorizada de la resolución que otorga la posesión efectiva, para que dicha autoridad proceda a asignar la inscripción a la persona que designe la sucesión y que cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 de esta ley. Con todo, la sucesión podrá optar, en el mismo plazo antes señalado, por mantener la inscripción a nombre de la comunidad hereditaria. Dentro del mismo plazo, la sucesión podrá reemplazar la inscripción conforme a las normas del artículo 50 A.
En el caso que el causante hubiese tenido la categoría de armador artesanal, y durante el tiempo que transcurra entre el fallecimiento del mismo y el plazo indicado en el inciso anterior, la sucesión podrá asignar provisionalmente la inscripción en el Registro a la misma comunidad hereditaria o a una persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 51 de esta ley, quien podrá continuar desarrollando las actividades con la o las embarcaciones correspondientes a la inscripción del causante. Vencido el plazo antes señalado, sin que se hubiere efectuado la asignación definitiva, quedará sin efecto la inscripción.
Con todo, si un pescador artesanal desaparece como consecuencia de un accidente ocurrido durante las faenas de pesca y no es posible ubicar su cuerpo, una vez transcurridos diez días de su búsqueda oficial, la sucesión mediante mandatario común podrá, previa acreditación de ese hecho, solicitar se le otorgue el derecho a reservar la vacante en forma provisoria, hasta por un plazo de cinco años o hasta que se inscriba la resolución que concede la posesión efectiva de sus bienes. Durante los mismos plazos, la sucesión podrá ejercer el derecho a que se refieren los incisos anteriores.”.
8. En su artículo 63:
“a) Reemplázase el inciso primero por los tres siguientes:
“Artículo 63.- Los armadores pesqueros, industriales o artesanales, al momento del desembarque, en Chile o en el extranjero, deberán informar al Servicio sus capturas por especies y áreas de pesca.
A la misma obligación dispuesta en el inciso anterior estarán sujetos los recolectores de orilla, buzos, buzos apnea y organizaciones de pescadores artesanales asignatarias de áreas de manejo.
El reglamento determinará la forma y condiciones a que se ajustará el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los incisos precedentes y la oportunidad en que habrán de cumplir la obligación de informar las personas mencionadas en el inciso segundo.”.”.
b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales tercero y cuarto, a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“La información antes señalada deberá ser entregada a funcionarios del Servicio o a quienes éste designe.”.
c) Agregase los siguientes incisos finales:
“Los recursos hidrobiológicos objeto de la información de desembarque o abastecimiento, a que se refieren los incisos anteriores, deberán ser de origen legal, entendiendo por tales, aquellos capturados o adquiridos cumpliendo la normativa pesquera nacional y los tratados internacionales vigentes en Chile.”.
La información que se entregue de conformidad a este artículo, deberá ser completa, fidedigna y oportuna.”.
9. Incorpórase el siguiente artículo 63 bis:
“Artículo 63 bis.- Los armadores pesqueros artesanales e industriales deberán informar la recalada de la nave, antes de su arribo a puerto, en los casos, forma y condiciones que establezca el Servicio mediante resolución.”.
10. En su artículo 66:
a) Elimínase la siguiente frase: “, en lo referente a la individualización de los agentes que participen en las actividades de pesca y acuicultura y de las embarcaciones autorizadas”, y
b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
“Será incompatible la titularidad de una autorización de pesca con la inscripción en el Registro Artesanal .”.
11. En su artículo 113, reemplázase en su inciso primero el guarismo “30” por “3”.
12. Introdúcese el siguiente artículo 113 A:
“Artículo 113 A.- Será sancionado con multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales el armador pesquero industrial o artesanal que no informe la recalada de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 63 bis.”.
13. En el inciso primero de su artículo 119, intercálase, a continuación de la palabra “vedados”, la siguiente frase, antecedida de una coma:
“extraídos con violación al artículo 3º, letra c), o a la cuota establecida en virtud del régimen artesanal de extracción”.
14. Incorpórase el siguiente artículo 121:
“Artículo 121.- Será sancionada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales toda persona natural o jurídica que, sometida a fiscalización, de cualquier forma obstaculice, dificulte, impida o intente obstaculizar la labor de los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca.”.
15. Agrégase el siguiente artículo 174, nuevo:
“Artículo 174.- La publicación en el Diario Oficial de las resoluciones y decretos dictados en el marco de esta ley, con excepción de los reglamentos, se efectuará en extracto, debiendo asimismo publicarse íntegramente en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría y del Servicio.
Para todos los efectos legales el acto administrativo de que se trate entrará en vigencia en la fecha de la última publicación del texto íntegro en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría o del Servicio.”.”.
“Artículo 2°.- Los armadores artesanales cuyas inscripciones hayan quedado sin efecto, por no haber acreditado ante el Servicio Nacional de Pesca su dominio sobre la o las embarcaciones que tengan inscritas en el Registro Artesanal o por no haberlas sustituido por otra u otras de su propiedad, de conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo transitorio de la ley Nº 19.984, podrán optar, dentro del plazo de doce meses contado desde la fecha de publicación de la presente ley, por:
a) Acreditar el dominio de las respectivas embarcaciones.
b) Acreditar el dominio con una embarcación distinta de aquella cuya inscripción fue dejada sin efecto, la que deberá contar con matrícula y certificado de navegabilidad vigente otorgados por la Autoridad Marítima y ser de las mismas características náuticas principales de la embarcación cuya inscripción fue dejada sin efecto. En este caso, la nueva embarcación sólo podrá inscribir aquellas pesquerías, con sus respectivos artes de pesca, que haya tenido inscritas la embarcación cuya inscripción fue dejada sin efecto.”.
Lo dispuesto en el inciso anterior, sólo podrá ser solicitado por los armadores artesanales que hayan efectivamente operado e informado capturas al Servicio Nacional de Pesca dentro de los doce meses consecutivos anteriores a la fecha de término del plazo establecido en el inciso primero del artículo transitorio de la referida ley Nº 19.984. Para dicho efecto, la Subsecretaría publicará una nómina de los armadores que cumplan con el requisito de operación a que se refiere el presente inciso.
El armador que no figure en dicha nómina podrá reclamar de tal omisión ante el Subsecretario, quien deberá resolver dentro del plazo de treinta días.
El Servicio Nacional de Pesca procederá a inscribir a los armadores y sus embarcaciones que hayan acreditado las circunstancias indicadas en el inciso primero del presente artículo, en las mismas categorías y pesquerías que hayan sido dejadas sin efecto por la aplicación de los incisos primero y segundo del artículo transitorio de la ley Nº 19.984. Para estos propósitos, se presume de derecho que la fecha de la inscripción otorgada en virtud del presente artículo corresponde a la de la inscripción que, como consecuencia de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo transitorio de la citada ley, fue dejada sin efecto.
En el caso de las embarcaciones inscritas en pesquerías sometidas al régimen artesanal de extracción, la Subsecretaría de Pesca deberá considerar, para el año calendario de su inscripción, realizada conforme al inciso anterior, el coeficiente relativo de participación que a dicha embarcación le hubiera correspondido de haberse encontrado ella vigente al momento de aplicarse el régimen antes indicado.
-o-
Acordado en sesiones celebradas los días 4, 9 y 18 de mayo de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Antonio Horvath Kiss ( Presidente ) ( Carlos Ignacio Kuschel Silva) Carlos Bianchi Chelech (Carlos Ignacio Kuschel Silva) , Camilo Escalona Medina , Hernán Larraín Fernández y Hosaín Sabag Castillo y de los Honorables Diputados señores Cristián Campos Jara , Carlos Recondo Lavanderos , Alejandro Santana Tirachini , Jorge Ulloa Aguillón y Matías Walker Prieto ( Gabriel Ascencio Mansilla ).
Sala de la Comisión, a de 30 de mayo de 2011.
(Fdo.): FRANCISCO JAVIER VIVES D., Secretario de la Comisión ”.
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 2 de mayo de 2011.
Oficio N° 5.931
Remite resolución.
A S.E. el
Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 2 de mayo de 2011, en el proceso Rol N° 1.962-11-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 1228-2011, sobre recurso de protección interpuesto ante esa Corte de Apelaciones (Secretaría Criminal), a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 5 de mayo de 2011.
Oficio N° 5.945
Remite resolución.
A S.E. el
Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 5 de mayo de 2011, en los autos Rol N° 1.954-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal), en contra de Isapre Colmena Golden Cross S.A. que se encuentra actualmente pendiente bajo el Rol de ingreso N° 1138-2011, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”.
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 9 de mayo de 2011.
Oficio N° 5.974
Remite resolución.
Excmo. señor
Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 9 de mayo de 2011, en el proceso Rol N° 1.946-11-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 8832-2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal), en contra de Isapre Banmédica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 9 de mayo de 2011.
Oficio N° 5.977
Remite resolución.
Excmo. señor
Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 9 de mayo de 2011, en el proceso rol N° 1.893-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en el marco del proceso arbitral Rol N° 8060-2010, interpuesto en contra de Isapre Colmena Golden Cross S.A., en actual tramitación ante el Tribunal Arbitral de la Superintendencia de Salud , a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”.
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 13 de mayo de 2011.
Oficio N° 6.013
Remite resolución.
Excmo. señor
Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 13 de mayo de 2011, en el proceso Rol N° 1.931-11-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sobre recurso de protección Rol N° 5952-2010 interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, actualmente en apelación de protección bajo el Rol N° 2493-2011 ante la Corte Suprema, a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”.
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 13 de mayo de 2011.
Oficio N° 6.022
Remite resolución.
Excmo. señor
Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 13 de mayo en curso, en el proceso Rol N° 1.922-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 1874-2011, sobre recurso de
apelación de protección interpuesto ante la Corte Suprema. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”.