Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alejandro Santana Tirachini
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- PERMISO
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Clemira Pacheco Rivas
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Manuel Edwards Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Mario Bertolino Rendic
- PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Arenas Hodar
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Hernan Larrain Fernandez
- Victor Perez Varela
- Ignacio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- DESARCHIVO DE PROYECTO.
- SALUDO A DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE FRANCIA.
- DECLARACIÓN DE PAREO.
- PAREO
- Andrea Molina Oliva
- Carlos Montes Cisternas
- PAREO
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Juan Luis Castro Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- EXCLUSIÓN DE MENORES DE EDAD DE LEGISLACIÓN SOBRE CONDUCTAS TERRORISTAS. Segundo trámite constitucional.
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. Segundo trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ESTABLECIMIENTO DE RÉGIMEN DE CONCESIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Joaquin Tuma Zedan
- Pepe Auth Stewart
- Leopoldo Perez Lahsen
- Clemira Pacheco Rivas
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Felipe Harboe Bascunan
- Mario Venegas Cardenas
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Alberto Robles Pantoja
- Cristian Campos Jara
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN DE RODEO EN DEPORTES APOYADOS POR EL ESTADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Jose Perez Arriagada
- Rosauro Martinez Labbe
- Jose Ramon Barros Montero
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Pablo Lorenzini Basso
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Denise Pascal Allende
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTABLECIMIENTO DE RÉGIMEN DE CONCESIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAR SEQUÍA Y MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LLUVIAS EN REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
- PAGO DE BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CARBÓN 4. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE CONFECCIÓN DE BORRADORES DE PRESUPUESTO AGREGADO EN MATERIA HOSPITALARIA EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- FUNDAMENTOS LEGALES DE REESTRUCTURACIÓN EFECTUADA POR SUBSECRETARIO DE CHILEDEPORTES. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- ANTECEDENTES SOBRE DIVERSAS MATERIAS QUE AFECTAN A HABITANTES DE LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLÍN.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO EN COMPUTADOR DE ESCUELA DE HUELDÉN, COMUNA DE ANCUD. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN EN 2011 DE JARDÍN INFANTIL EN POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE, COMUNA DE CASTRO. Oficios.
- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA MAR BRAVA, COMUNA DE ANCUD. Oficio.
- ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A CENTRO DE DETENCIÓN DE MENORES DE LOCALIDAD DE CHOLCHOL, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL. Oficios.
- LICENCIAMIENTO DE SOLDADO CONSCRIPTO DE LA ARMADA, SEÑOR CARLOS VERDUGO BASTÍAS. Oficio.
- RESPUESTA A OFICIO RELATIVO A OBRAS COMPROMETIDAS EN SECTOR SAN RAMÓN, COMUNA DE FREIRE. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL CIERRE DE CONSULADO CHILENO EN LAUSSANE, SUIZA. Oficio.
- INVESTIGACIÓN DE DESPIDO DE TRABAJADOR DE EMPRESA ULTRAMAR AFECTADO POR ENFERMEDAD PROFESIONAL. Oficios.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Marcelo Diaz Diaz
- Patricio Vallespin Lopez
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN CORDÓN EL CAULLE. Oficios.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON MEDICIÓN DE CALIDAD DE AIRE EN PUERTO MONTT. Oficios.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
- ESTADO DE SITUACIÓN DE SISTEMA DE RETENCIÓN Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE BONO POST LABORAL DE LA LEY Nº 20.305. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PLANTA DE PERSONAL DE GOBERNACIÓN DE ELQUI. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE DIVERSAS MATERIAS QUE AFECTAN A HABITANTES DE LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLÍN.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Alinco Bustos
- Cristian Campos Jara
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Jose Perez Arriagada
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Alinco Bustos
- Nino Baltolu Rasera
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Alejandro Santana Tirachini
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gustavo Hasbun Selume
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Javier Hernandez Hernandez
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Celso Rene Morales Munoz
- David Sandoval Plaza
- Ernesto Silva Mendez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Felipe Ward Edwards
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Salaberry Soto
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Nino Baltolu Rasera
- Javier Hernandez Hernandez
- Celso Rene Morales Munoz
- Manuel Rojas Molina
- Ernesto Silva Mendez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 38ª, en martes 7 de junio de 2011
(Ordinaria, de 11.14 a 14.03 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, y Araya Guerrero, don Pedro.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 12
II. Apertura de la sesión 15
III. Actas 15
IV. Cuenta 15
- Acuerdos de los Comités 15
- Desarchivo de Proyecto 15
- Saludo a diputados de la Asamblea Nacional de Francia 15
- Declaración de pareo 15
V. Orden del Día.
- Perfeccionamiento de sistema de otorgamiento de licencias médicas. Segundo trámite constitucional 16
- Exclusión de menores de edad de legislación sobre conductas terroristas. Segundo trámite constitucional 43
VI. Proyectos de acuerdo.
- Establecimiento de régimen de concesiones del servicio de transporte de pasajeros interprovincial 44
- Inclusión de rodeo en deportes apoyados por el Estado 47
VII. Incidentes.
- Información sobre plan de contingencia para enfrentar sequía y medidas para hacer frente a lluvias en Región de Coquimbo. Oficios 49
- Pago de Beca Presidente de la República a beneficiarios del Programa Carbón 4. Oficio 50
- Antecedentes sobre confección de borradores de presupuesto agregado en materia hospitalaria en Región de Atacama. Oficios 51
- Fundamentos legales de reestructuración efectuada por subsecretario de Chiledeportes. Oficios 51
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 53
- Antecedentes sobre diversas materias que afectan a habitantes de localidad de Quenuir, comuna de Maullín 53
- Información sobre almacenamiento de material pornográfico en computador de escuela de Hueldén, comuna de Ancud. Oficios 54
- Construcción en 2011 de jardín infantil en población Salvador Allende, comuna de Castro. Oficios 54
Pág.
- Mejoramiento de infraestructura portuaria en Caleta Mar Brava, comuna de Ancud. Oficio 54
- Estado de avance de proyecto de dotación de agua potable a centro de detención de menores de localidad de Cholchol, comuna de Nueva Imperial. Oficios 55
- Licenciamiento de soldado conscripto de la Armada, señor Carlos Verdugo Bastías. Oficio 55
- Respuesta a oficio relativo a obras comprometidas en sector San Ramón, comuna de Freire. Oficios 56
- Antecedentes sobre eventual cierre de consulado chileno en Laussane, Suiza. Oficio 56
- Investigación de despido de trabajador de empresa Ultramar afectado por enfermedad profesional. Oficios 56
- Información sobre adopción de medidas relacionadas con erupción volcánica en cordón El Caulle. Oficios 58
- Adopción de medidas relacionadas con medición de calidad de aire en Puerto Montt. Oficios 59
- Estado de situación de sistema de retención y pago de cotizaciones previsionales. Oficios 60
- Información sobre pago de bono post laboral de la ley Nº 20.305. Oficio 61
- Información sobre planta de personal de Gobernación de Elqui. Oficio 61
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica ley N° 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo.”. (boletín N° 7503-19) 63
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol.”. (boletín N° 7652-15) 63
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto “Relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores”. (boletín N° 7256-03) (S) 63
4. Primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “simple”, que “Aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas el 11 de noviembre de 1989.”. (boletín N° 6152-10) 64
5. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “simple”, que “Aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas el 11 de noviembre de 1989.”. (boletín N° 6152-10) 67
Pág.
6. Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Extiende plazo, para la división de condominios de viviendas sociales.”. (boletín N° 7342-14) 71
7. Informe de la Comisión Investigadora referido a la “Situación de los Depósitos de Relaves Mineros existentes en el país” 75
8. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano mandatada como “especial investigadora sobre la génesis y desarrollo de la nueva política habitacional dispuesta por el Supremo Gobierno” 118
9. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en moción sobre “Reforma constitucional que extiende la obligación de comparecer y de suministrar antecedentes a las comisiones investigadoras.”. (boletín N° 7220-07) 196
10. Moción de los diputados señores Alinco, Campos, Jiménez, Lemus, Marinovic, Pérez, don José, Vargas, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, con el objeto de incentivar la contratación de trabajadores de zonas extremas en obras y servicios públicos concesionados.”. (boletín N° 7693-09) 203
11. Moción de los diputados señores Alinco, Baltolu, Cardemil, Jiménez, Lemus, Marinovic, Santana, Vargas, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “Modifica el Código del Trabajo para fomentar la contratación de trabajadores de zonas extremas.”. (boletín N° 7694-13) 204
12. Moción de los diputados señores Hasbún, Calderón, Hernández, Macaya, Morales, Sandoval, Silva, Vilches, Ward, y de la diputada señora Hoffmann, doña María José, que “Establece presunción de derecho del estado de ebriedad ante negativa de conductores a realizarse la alcoholemia.”. (boletín N° 7696-15) 206
13. Moción de los diputados señores Salaberry, Álvarez-Salamanca, Baltolu, Hernández, Morales, Rojas, Silva, Vilches, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José y Nogueira, doña Claudia, que “Obliga a las administradoras de fondos de cesantía a emitir cartola de estado de cotizaciones e inversiones.”. (boletín N° 7697-13) 207
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Petición de 52 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan “mandatar a la Comisión de Educación para que se transforme en Investigadora con el objeto de analizar, investigar e indagar las posibles irregularidades detectadas en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)”. La referida Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días desde su constitución, y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
2. Comunicaciones:
- Del Jefe de Bancada Renovación Nacional , diputado señor Cristián Monckeberg, por la que informa que el diputado señor Santana, reemplazará en forma permanente en la Comisión de Turismo al diputado señor Bertolino.
- Del diputado señor Andrade, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 05 de junio en curso, para dirigirse a Ginebra, Suiza.
3. Oficios:
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que, en virtud del Convenio de Cooperación suscrito el 1 de junio de 2004 entre las Cámaras de Diputados de Chile e Italia, se efectuará el Segundo Seminario Parlamentario en la ciudad de Roma, entre el 11 y el 13 de julio, al que asistirán los diputados integrantes del Grupo Interparlamentario Chileno-Italiano, señores Roberto Delmastro, Pablo Lorenzini, Alejandro Santana, Pedro Araya y Giovanni Calderón. (128)
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que a la invitación de la Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados de España y Presidenta del Grupo de Amistad España-Chile, para realizar el próximo encuentro en la ciudad de Madrid, entre los días 27 a 30 de junio acudirán los diputados señores José Miguel Ortiz, Carlos Abel Jarpa y Pedro Velásquez, y las diputadas señoras Ximena Vidal y Marcela Sabat (129).
- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que autorizó la participación de los diputados señores Joaquín Godoy y Pepe Auth en la reunión anual “Chile Day”, que se realizará en Londres, Inglaterra, entre los días 27 y 29 de junio (130).
- De la diputada señora Girardi, doña Cristina, quién solicita el desarchivo del proyecto que “Establece normas destinadas a advertir los riesgos que importa a la salud humana el uso de Teléfonos Móviles.”. Boletín N° 3311-11.
Respuestas a oficios Cuenta 38ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Martínez, Solicita investigación en torno a la situación producida en la Contraloría Regional de la República del Biobío, a partir de la denuncia formulada por don Juan Enrique Navarro Avello en contra de la Municipalidad de Chillán, en el marco de un concurso público para llenar vacantes en la dotación de docentes, e informe a esta Corporación (34317 al 2415).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Castro, Solicita una investigación sobre el comportamiento de los establecimientos de expendio de combustibles de la ciudad de Rancagua (5246 al 2767).
- Diputado Vilches, Solicita implementar un programa de capacitación laboral en minería, destinado a los jóvenes, que les permita adoptar conocimientos técnicos pero también un adecuado conocimiento de las medidas de seguridad que dicha actividad requiere (5254 al 2728).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Chahín, Solicita se informe acerca de la etapa en que se encuentra la reconstrucción de la escuela ubicada en Ilohue, comuna de Galvarino, Región de La Araucanía, que fue destruida por un incendio en febrero de 2010 (1117 al 2353).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita una investigación en torno a eventuales vínculos entre el Director del Servicio de la Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos, señor Sergio Feres Favi, y el arquitecto señor Omar Muñoz Vicencio, Coordinador del Programa de Desarrollo de Barrios de Los Lagos (516 al 3019).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Marinovic, Solicita reestudiar la situación del Suboficial (R) del Ejército, señor Pedro Silva Bontes, de manera que pueda obtener la concesión de una pensión de inutilidad física de segunda clase. (4339 al 1329).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputada Nogueira doña Claudia, Solicita se informen los motivos por los cuales una ciudadana no ha recibido el beneficio denominado “bono por hijo nacido vivo”, de la ley N° 20.255 (5988 al 2943).
Ministerio de Salud:
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informar acerca de los permisos otorgados para realizar fumigaciones, durante el mes de marzo del año en curso, en diversos sectores de la Provincia de Petorca, y si ellas se ajustan a la legislación vigente sobre la materia. (1760 al 2854).
- Proyecto de Acuerdo 286, “Medidas sobre aplicación de tabla de riesgos por las isapres” (1800).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Araya, Diputado Velásquez, Diputado Marinovic, Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Diputada Isasi doña Marta, Solicitan hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre el plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes, Boletín N° 6974-06. (700 al 1417).
- Proyecto de Acuerdo 301, “Solicita dar cumplimiento al precepto constitucional sobre elección directa de los consejeros regionales” (701).
Intendencias:
- Diputado Ascencio, Solicita asistir, prontamente con recursos de emergencia, a la municipalidad y comuna de Ancud, que fuera gravemente afectada, en días recientes, por una tromba marina. (372 al 1209).
Servicios:
- Diputado Carmona, Solicita se informe acerca de la grave situación producida por el incremento de estafas cometidas a través del sistema de transferencia electrónica de dinero, particularmente en la Región de Atacama, señalando qué medidas se están adoptando para enfrentar esta figura delictiva (1 al 3147).
Vicepresidente ejecutivo de Codelco :
- Diputado García-Huidobro, Solicita informar sobre los contratos vigentes relativos al manejo de residuos arsenicales. (11 al 3176).
Municipalidad de La Pintana:
- Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita informe sobre diversos aspectos del procedimiento de cobro del “derecho de aseo” a propietarios de viviendas sociales de la comuna de La Pintana (2689 al 2663).
Municipalidad de Peñaflor:
- Diputada Pascal doña Denise, Solución a vecinos del conjunto habitacional Villa del Sol, en la comuna de Peñaflor, quienes aún no pueden habitar sus viviendas, tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. (544 al 780).
Municipalidad de Peñalolén:
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita remitir información relacionada con la publicidad en la vía pública en la comuna de Peñalolén. (1800 al 3205).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado De Urresti, Solicita informar acerca del convenio existente entre el Fondo Nacional de Salud y la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, para la condonación total o parcial del monto a pagar por concepto de hospitalizaciones en establecimientos de la red pública de salud, que beneficia a dirigentes vecinales. (3352 de 01/06/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estudio para la construcción de la doble vía entre la comuna de Mariquina y Valdivia, en la Región de Los Ríos, acerca del monto de la inversión, y, además, respecto de la inversión proyectada para las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago. (3353 de 01/06/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Pérez don Leopoldo, Programa de reparación y mejoramiento de viviendas establecido a favor de los Comités de Villa San Jerónimo, Puente Alto, a cargo de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social Pehuín. (3354 de 01/06/2011). A ministro de la Vivienda y Urbanismo.
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado de tramitación del reglamento de la ley N° 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana. (3355 de 01/06/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado De Urresti, Solicita informar acerca del convenio existente entre el Fondo Nacional de Salud y la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, para la condonación total o parcial del monto a pagar por concepto de hospitalizaciones en establecimientos de la red pública de salud, que beneficia a dirigentes vecinales. (3356 de 01/06/2011). A Ministerio Secretaría General de Gobierno.
- Diputada Pacheco doña Clemira, Solicita informar acerca de la naturaleza jurídica de los contratos de los trabajadores que se han desempeñado en el Programa de Mejoramiento Urbano, en la comuna de Coronel, en particular, si les resulta aplicable la presunción del número 4 del artículo 159 del Código del Trabajo (3357 de 01/06/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Sandoval, Solicita informar sobre la factibilidad de instalar un establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor en la Región de Aysén. (3358 de 01/06/2011). A Ministerio de Planificación y Cooperación.
- Diputado Sandoval, Solicita informar sobre la factibilidad de instalar un Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor en la Región de Aysén. (3359 de 01/06/2011). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- Diputado Sandoval, Solicita informar sobre la rendición de cuentas que, eventualmente, realizara el Taller Folclórico y Cultura Los Caiquenes del Lago, de la comuna de Chile Chico, Región de Aysén, de los montos recibidos para el financiamiento de un proyecto realizado con cargo al Fondo Social Presidente de la República . (3360 de 01/06/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Pérez don Leopoldo, Situación que afecta al señor Nelson Jara Moraga, Rut 5.735.976, quien está próximo a cumplir la edad para jubilar arriesga la posibilidad de impetrar dicho beneficio pues la empresa para la que labora desde hace más de 20 años adeuda el pago de sus cotizaciones previsionales de los últimos cuatro años. (3366 de 01/06/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Pérez don Leopoldo, Situación que afecta al señor Nelson Jara Moraga, Rut 5.735.976, quien está próximo a cumplir la edad para jubilar arriesga la posibilidad de impetrar dicho beneficio pues la empresa para la que labora desde hace más de 20 años adeuda el pago de sus cotizaciones previsionales de los últimos cuatro años (3367 de 01/06/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Pérez don Leopoldo, Contaminación por emanaciones de fuertes olores que provoca la planta de Riles de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S. A., ubicada en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana (3368 de 01/06/2011). A Superintendente del Medio Ambiente .
- Diputado Pérez don Leopoldo, Discriminación que afectaría a la villa Arcoíris del Sur 1, de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, en el acceso a internet y telefonía por fibra óptica (3369 de 01/06/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Edwards, Incompatibilidad, inhabilidad o implicancia que recaería en los consejeros regionales para ejercer simultáneamente su cargo con el de funcionario municipal, asesor parlamentario, funcionario público, director o trabajador de empresas del Estado o cualquier otro cargo público o privado que pueda ocasionar un conflicto de interés. (3370 de 01/06/2011). A Contraloría General de la República .
- Diputado Sandoval, Diputada Zalaquett doña Mónica, Situación desmedrada en que se encuentran el escalafón de Servicios de Carabineros, (3371 de 01/06/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputada Girardi doña Cristina, Solicita informar sobre las instrucciones impartidas por el Ministerio a su cargo, para que en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de la comuna de Cerro Navia, se priorice la atención a los menores de 5 y mayores de 65 años. (3372 de 01/06/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputada Girardi doña Cristina, Solicita informar sobre la eventual reubicación del Persa Cauquenes, sin perjuicio que, de ser ello efectivo, tenga a bien reconsiderar la decisión y, en cualquier caso, mantener a los locatarios de ese centro de comercio debidamente informados. (3373 de 01/06/2011). A Municipalidad de Cerro Navia.
- Diputado De Urresti, Solicita remitir los estudios que posea el Ministerio de Salud, en relación con los riesgos para la salud humana por el uso de aparatos de telefonía móvil, y, además, acerca de los antecedentes y/o recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha remitido a esa Cartera, en relación con este asunto. (3374 de 02/06/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Silber, Solicita informar sobre las medidas y acciones, inversiones y obras, destinadas a mitigar y minimizar los efectos sobre la población aledaña, por la puesta en marcha y funcionamiento de la extensión de la Línea 5 del Metro de Santiago, en el tramo de Avenida Teniente Cruz, entre las calles Laguna Sur y Avenida Pajaritos. (3387 de 02/06/2011). A Pdte. directorio empresa de transportes Metro S.A..
- Diputado Silber, Solicita informar sobre las medidas y acciones, inversiones y obras, destinadas a mitigar y minimizar los efectos sobre la población aledaña, por la puesta en marcha y funcionamiento de la extensión de la Línea 5 del Metro de Santiago, en el tramo de Avenida Teniente Cruz, entre las calles Laguna Sur y Avenida Pajaritos. (3388 de 02/06/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Silber, Solicita disponer la instrucción de un sumario, remitiendo sus conclusiones a esta Cámara, tendiente a establecer los hechos, circunstancias y responsabilidades, en el desalojo efectuado por fuerzas policiales en el Consultorio de Batuco, el día miércoles 18 de mayo de los corrientes. (3389 de 02/06/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Bertolino, Deslindes de las comunas de Paihuano y Vicuña, de la Región de Coquimbo, con el objeto de determinar a cuál de ellas pertenece la localidad de Tres Cruces. (3390 de 02/06/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Arenas, Posibilidad de estudiar la instalación de una oficina del Servicio de Impuestos Internos en la ciudad de Traiguén. (3391 de 02/06/2011). A Ministerio de Hacienda.
- Diputada Cristi doña María Angélica, Número de monumentos erigidos en honor del capitán Ignacio Carrera Pinto y el estado de conservación en que se encuentran. Además, imagen en billete de $1000. (3392 de 02/06/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado Marinovic, Marginación que habrían sufrido muchas familias al perder diversos beneficios sociales por la aplicación de la actual Ficha de Protección Social, y acerca de las nuevas pautas de evaluación que la determinan. (3393 de 02/06/2011). A Ministerio de Planificación y Cooperación.
- Diputado Jarpa, Número de personas que habiendo agotado los fondos de sus cuentas de pensiones carecen de derecho a garantía estatal. (3394 de 02/06/2011). A Superintendenta de Pensiones.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar si los ingresos que constan en la declaración de intereses del señor Gobernador Provincial de Osorno , provenientes de la Agrícola Firetsal Ganadera El Álamo Ltda. y de Inversiones Mardin S.A., fueron consignados, desde que asumió en el cargo, en su respectiva declaración a la renta y, para el evento en que no lo hayan sido, procurar la aplicación de las pertinentes sanciones. (3395 de 03/06/2011). A Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos .
- Diputado Ascencio, Solicita informar sobre la definición del protocolo de embarque para la nave que presta el servicio de transporte en el canal Yal, que conecta la Isla Grande de Chiloé con la Isla de Lemuy, en la comuna de Puqueldón y, además, acerca de los hechos denunciados en la solicitud adjunta, relacionados con la postergación en el paso de un vehículo de emergencia en dicho transbordador, sin perjuicio de adoptar las medidas que correspondan, tendientes a resolver los problemas de conectividad que afectan a dicha comuna. (3397 de 03/06/2011). A Intendencias.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , don Felipe Bulnes, y de Salud, don Jaime Mañalich.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín, Víctor Pérez e Ignacio Walker.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Osvaldo Andrade y Tucapel Jiménez, y, por encontrarse con permiso constitucional, tampoco asistió el diputado señor Patricio Hales.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.14 horas.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ARAYA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 32ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 33ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ARAYA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Patricio Melero, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Tomar conocimiento de las Tablas de la semana.
2. Respecto del proyecto de ley que crea la circunscripción senatorial de la Región de Arica y Parinacota, boletín N° 7260-06, en tabla para el día jueves 9 de junio, concluir la discusión en esa sesión, y votarlo el martes siguiente.
DESARCHIVO DE PROYECTO.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de desarchivo del proyecto de ley, iniciado en moción, que “establece normas destinadas a advertir los riesgos que importa a la salud humana el uso de teléfonos móviles”, boletín N° 3311-11.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
SALUDO A DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE FRANCIA.
El señor MELERO ( Presidente ).- Hago presente a la Sala que en la tribuna de honor se encuentran dos diputados de la Asamblea Nacional de Francia, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , señor Alain Néri, y el ex ministro del Trabajo de ese país, señor Michel Vauzelle, acompañados de la embajadora de Francia en nuestro país, la señora Maryse Bossière.
-Aplausos.
DECLARACIÓN DE PAREO.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, deseo informar acerca del estado de salud del diputado señor Carlos Montes, quien está estable, según me ha indicado el diputado señor Enrique Accorsi. El señor Montes sintió un malestar; fue atendido aquí y luego fue trasladado a la Clínica Reñaca. Se pensó que podía tratarse de un preinfarto, como lo señaló la prensa; pero la información que nos está llegando es que eso no es así. Repito, está estable, está bien; pero quedará hospitalizado y en observación por un día. Vamos a estar siguiendo con atención su estado de salud, para informar al respecto.
Tiene la palabra el diputado señor Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente , dada la situación de salud que afecta al diputado Montes , la UDI va a dar un pareo a través de la diputada Molina .
El señor MELERO (Presidente).- Muy bien. Entonces, la diputada señora Molina queda pareada con el diputado Montes, mientras dure su ausencia.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 52 número 1, letra c) de la Constitución Política de la República, diputados y diputadas han solicitado que la Comisión de Educación se constituya en especial investigadora, con el fin de “analizar, investigar e indagar las posibles irregularidades detectadas en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)”. La referida Comisión deberá rendir su informe en un plazo de noventa días, y tendrá la facultad de constituirse en cualquier parte del país.
¿Habría acuerdo?
El señor MONTES.- Señor Presidente, que se vote.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Rechazada la constitución de la Comisión de Educación en especial Investigadora.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. Segundo trámite constitucional.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el sistema de licencias médicas, con el establecimiento de medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso, con urgencia calificada de “suma”.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Cristián Letelier.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 6811-11, sesión 8ª, en 24 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 20.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Salud paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso.
La idea matriz o fundamental del proyecto es perfeccionar el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso. Para tal efecto, propone fortalecer las facultades de control y fiscalización de los órganos relacionados con el goce de este derecho y establecer sanciones administrativas y penales para el otorgamiento y uso fraudulento, abusivo o ilegal de la licencia.
Durante el análisis de la iniciativa, la Comisión recibió la opinión del ministro de Salud señor Jaime Mañalich ; de la superintendenta de Seguridad Social, señora María José Zaldívar ; de la directora (S) de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin); del presidente del Colegio Médico , y de una ciudadana, abogada, que se vio afectada directamente por la vulneración de sus datos personales con ocasión de la existencia de una licencia médica.
Resumen de los fundamentos del proyecto.
El mensaje indica, entre sus fundamentos, para legislar sobre la materia, lo siguiente:
1° Que el sistema de seguridad social existente consagra el derecho a la licencia médica para hacer frente a incapacidades transitorias por motivos de salud que afecten al trabajador. La licencia médica es el derecho que tiene el trabajador, por una parte, para ausentarse de su jornada de trabajo, o de reducirla, durante un tiempo, en cumplimento de una prescripción médica y, por otra, para acceder al pago del subsidio por incapacidad laboral o de la remuneración, dependiendo de la legislación que le sea aplicable, previa autorización del organismo competente, que puede ser una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) o una Institución de Salud Previsional (Isapre).
2° Debido al aumento considerable del uso de licencias médicas y a prácticas sistemáticas para defraudar al sistema, se ha afectado la credibilidad de su uso y se han generado pérdidas por miles de millones de pesos al Estado de Chile. La importancia de este menoscabo económico radica en que el financiamiento de las licencias se realiza, en parte, con cargo al 7 por ciento de la remuneración imponible de los trabajadores, recursos que además deben financiar las otras prestaciones de salud. De manera tal, que el uso inadecuado o fraudulento del subsidio disminuye los recursos disponibles para financiar prestaciones médicas preventivas y curativas a que tienen derecho los trabajadores cotizantes y sus beneficiarios.
3° Los fraudes, que favorecen a personas que no están enfermas o a quienes en algunas oportunidades, no son trabajadores, han tenido como elemento coadyuvante la lamentable actuación ilícita de profesionales de la salud, que si bien constituyen un porcentaje mínimo de su universo, ha arrojado sombras respecto del actuar intachable de la inmensa mayoría.
En la Comisión se habló de que eran alrededor de 197 médicos los que con frecuencia ocupaban talonarios y licencias médicas en forma indebida, incluso, algunos usaban un talonario -cada uno de ellos contiene cincuenta licencias médicas- en un día.
Basado en las consideraciones enunciadas, se considera urgente y necesario fortalecer el marco normativo existente, con el otorgamiento de nuevas y mejores facultades de fiscalización a organismos públicos del sistema de seguridad social, a fin de sancionar a quienes son parte o se benefician de dichos fraudes.
Los temas que aborda el proyecto de ley, que se encuentran contenidos en once artículos permanentes, en términos generales, son los siguientes.
1) Se otorgan facultades a la Compin para citar a los profesionales que emiten licencias médicas, con el fin de requerirles información al respecto. Ellas también podrán suspender temporalmente la venta de formularios de licencias y la facultad de emitirlas a quienes no concurran a dicha citación o no proporcionen los antecedentes solicitados.
2) Se confiere al Ministerio de Salud la facultad de concentrar la tramitación de licencias médicas y acciones en una o más Compin, independiente de su competencia territorial, con el fin de utilizar de mejor forma los recursos humanos y materiales disponibles.
3) Se establecen sanciones administrativas, que van desde la multa hasta la suspensión de la facultad de emitir licencias, para los profesionales que entreguen licencias que no tengan fundamento médico. Para esos efectos, se señala un procedimiento a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, la que podrá imponer sanciones mediante resolución fundada, previo informe del profesional involucrado; éste tendrá derecho a recurrir de reposición y a estrados judiciales, mediante un recurso de nulidad.
4) Se consagra un tipo penal específicos respecto de ciertas conductas relacionadas con la licencia médica, para tal efecto se modifica el Código Penal.
El proyecto enviado por el Presidente de la República , en principio, tenía sanciones administrativas y penales. La Comisión de Salud sacó los aspectos penales del proyecto y modificó dos artículos del Código Penal, el 202 y 234.
Al artículo 202 le agregó tres incisos y al artículo 234, uno. Incorpora una pena nueva, que es la inhabilitación especial perpetua para otorgar licencias médicas cuando haya reiteración de la conducta de emitir licencias médicas fraudulentas.
5) Por último, en el proyecto se crea un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, que mantendrá un listado de las licencia médicas, de las resoluciones que emitan los órganos encargados de su evaluación y revisión, de los casos en que se otorgue subsidio por incapacidad laboral y de las resoluciones que las Compin emitan en uso de las nuevas facultades que la ley les entrega.
Asimismo, se establece la obligación para que las entidades públicas y privadas entreguen la información que requiera la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que deberá asegurar la reserva de los datos personales y sensibles. Así, se busca ejercer un mejor control y mayor fiscalización.
En la discusión general del proyecto, como ya lo señalé, participó el señor ministro de Salud , quien defendió la iniciativa y dio los fundamentos generales y las ideas matrices que la sostienen.
Igualmente, se escuchó a la superintendenta de Seguridad Social, la señora María José Zaldívar Larraín , quien dividió su exposición en tres subtemas:
1. Razones que hacen atendible radicar en la Superintendencia de Seguridad Social las competencias referidas a las licencias médicas.
2. Razones que hacen necesario aplicar sanciones efectivas para velar por el correcto otorgamiento de licencias médicas.
3. La importancia y necesidad de la existencia de un registro nacional de licencias médicas.
La señora Zaldívar dio a conocer antecedentes muy valiosos sobre la cantidad de médicos que la Superintendencia tiene detectados como profesionales que, reiteradamente, cometen actos defraudatorios relacionados con las licencias médicas.
También se escucharon las opiniones de la señora Susana Burgos , directora (S) de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), y del presidente del Colegio Médico , señor Pablo Rodríguez , quien en principio rechazó el sistema administrativo y punitivo que establece esta ley.
Asimismo, se escuchó a una ciudadana, quien explicó que había sido víctima del sistema por cuanto hacía algún tiempo se había violentado la privacidad respecto de sus datos sensibles en materia de salud.
En el seno de la Comisión hubo consenso entre los diputados en que la idea fuerza que debe inspirar al proyecto debe apuntar a fiscalizar adecuadamente el uso y el otorgamiento de las licencias médicas, pero en relación a las personas que mal utilizan el sistema, a quienes lo defraudan. No debe analizarse como un proyecto que busque sancionar a la generalidad de los profesionales o de los usuarios, pues éstos, en su gran mayoría, hacen buen uso del sistema.
Luego de un intercambio de opiniones, hubo acuerdo en la idea de legislar y en la aprobación particular del proyecto.
El proyecto aprobado por el Senado está constituido por trece artículos permanentes y uno transitorio. Sin embargo, la Comisión, luego de su estudio en particular, rechazó dos de los artículos propuestos por el Senado, modificó algunos y agregó otros. En definitiva, propone a la Cámara la aprobación de un texto que consta de 14 artículos permanentes y uno transitorio.
Finalmente, informo que en la discusión particular del proyecto la Comisión, que destinó siete sesiones para su estudio y discusión, procedió a votar 48 indicaciones, de las cuales 29 fueron aprobadas.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra al diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el proyecto no debe analizarse como una normativa que busque sancionar a la generalidad de los profesionales y a los usuarios, pues en su gran mayoría hacen buen uso del sistema.
Pero antes de continuar mi intervención respecto de la iniciativa en discusión, una vez más, quiero que quede constancia en el acta y en la versión de esta sesión de una leve diferencia, por no decir molestia, que tengo en relación con el tratamiento de los proyectos de ley. Ya estamos acostumbrándonos, pese a que deberíamos efectuar el primer trámite constitucional de las iniciativas de ley, a realizar el segundo trámite constitucional.
No sé si los distinguidos colegas han tomado nota de esto.
Desde hace un tiempo es frecuente tener en nuestra carpeta el estudio de proyectos de ley en segundo trámite constitucional. Si nos vamos un poquito a la historia parlamentaria, eso ha ocurrido sólo en ocasiones especiales.
Además, el diputado informante manifestó que la Comisión de Salud realizó siete sesiones para el análisis de la iniciativa. A lo mejor, si se hubiera iniciado acá el trámite legislativo de la iniciativa no habrían sido siete sesiones, sino cuatro, o menos; no sé.
En todo caso, normalmente las diferencias se producen en el segundo trámite constitucional, es decir, cuando los proyectos vienen de vuelta del Senado.
A mi juicio, la Mesa debe tomar en cuenta el asunto que he planteado.
En cuanto a las licencias médicas, la legislación ha sido objeto de abusos, de eso no hay discusión, ya sea por algunos trabajadores o por ciertos profesionales que han encontrado una forma -resulta feo decirlo- de lucro fácil por medio de la extensión de licencias médicas a personas que no se encuentran afectadas por enfermedad alguna, pero que las piden para gozar de descansos adicionales o tener tiempo para realizar otras actividades ajenas a su relación laboral.
De esa manera, se ha dañado un sistema beneficioso para los trabajadores que cumplen con la legislación. Con ello se aumentan los costos en salud, ya que las licencias falsas o fraudulentas implican, a la larga, un mayor valor en los planes de salud, tan discutidos actualmente, pues se pagan con cargo al 7 por ciento de la cotización obligatoria en salud, con la que, a su vez, se deben cubrir otras prestaciones.
Por ello -lo entiendo de la lectura del informe y de lo que señaló el diputado informante -, el proyecto busca el fortalecimiento del marco normativo existente en la materia con el otorgamiento de nuevas y mejores facultades de fiscalización a organismos públicos del sistema de seguridad social, a fin de sancionar a quienes se benefician de dicho fraude.
La Compin tendrá una importante intervención en la aplicación de la nueva normativa, que establece sanciones penales para quienes incurran en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas y declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, y para quien haga uso malicioso de las mismas.
Nosotros somos bastante requeridos en relación con solicitudes de invalidez. Muchas veces -no quisiera involucrarme- también colaboramos para que determinada persona sea atendida porque su estado de salud lo requiere. Pero es un decir, porque a veces podemos cometer ese error también sin querer hacerlo.
El endurecimiento de la normativa va a ser importante para reducir las posibilidades de que se siga cometiendo fraude mediante el otorgamiento de licencias que no corresponden.
No obstante ello, detrás de ese tipo de infracción a la ley existe una dimensión valórica que no debe ser descartada y respecto de la cual resulta muy importante que se pronuncien, en este caso, los organismos encargados de velar por la ética, ya sea de la profesión médica o de las distintas instancias que representan las organizaciones de trabajadores. Debe ser importante la opinión de los trabajadores en la materia, porque siempre serán los que se consideren perjudicados con el proyecto.
Por eso, la difusión de esta iniciativa debe partir por la base; es decir, por las organizaciones de trabajadores o por las distintas instituciones en que existe un número importante de afiliados a las entidades previsionales de salud.
Y como reza el dicho popular, en este caso no sólo peca el que recibe la paga, sino también el que paga por pecar.
Después de estudiar más a fondo la materia, no creo que haya mucho más que discutir, a pesar de que los profesionales de la salud, parlamentarios hoy, están debatiendo otras propuestas que nos entregarán en algunos minutos.
Por eso, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, salvo error u omisión de lo que acuerden los profesionales que se encuentran todavía en la discusión pertinente.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señor Presidente , es un hecho que algunos médicos han otorgado licencias médicas sin fundamento clínico y sólo a requerimiento del trabajador, lo que genera inasistencia al trabajo y el pago ilegítimo de subsidio por incapacidad laboral. Ello, sin tomar en cuenta las licencias que se entregan en forma fraudulenta y que, como todos sabemos, algunos se dedican a comercializar.
Resulta importante reconocer que el proyecto tiene un fundamento estadístico. Es así como tenemos que el 50 por ciento de las enfermedades está concentrado en tres diagnósticos: los trastornos mentales y del comportamiento, que representan el 29 por ciento de las enfermedades curativas y que en los últimos cinco años ha tenido un incremento de un 71,4 por ciento; las enfermedades del sistema osteomuscular, que alcanzan el 16 por ciento y que en los últimos años han tenido un incremento del 64,7 por ciento, y los traumatismos, que llegan al 12 por ciento y que en los últimos años han tenido un incremento cercano al 60 por ciento.
Los subsidios de incapacidad laboral maternal y de incapacidad laboral por enfermedad del hijo menor de un año se han incrementado en alrededor del 50 por ciento y se han concentrado en el Fonasa por sobre las instituciones de salud privadas, las isapres.
Lo señalado demuestra que claramente ha existido un uso y abuso de licencias, lo que no está fundamentado en una pandemia o en cualquier otro tipo de situación que uno pudiera decir que en estas tres o cuatro prestaciones está concentrado el problema de la salud en Chile.
Por ello, es muy importante generar los mecanismos de control necesarios para fiscalizar a quienes hacen uso de la billetera fiscal -a través del Fonasa- o de la billetera de las isapres y generan un perjuicio, ya que con ello se castiga a los enfermos reales, que son aquellos que requieren necesariamente controles de salud.
Por eso, la Compin y la Superintendencia tienen que cambiar su zona de actuar y no ser simplemente entes fiscalizadores desde un punto de vista administrativo, sino que deben tener una participación concreta para advertir e informar sobre los elementos que podrían configurar un delito.
La bancada de Renovación Nacional -al conocer las alarmantes cifras que hoy son de conocimiento público, sobre todo respecto de los trastornos mentales, lo que ha tenido un incremento sobre el 70 y tantos por ciento, lo que es muy representativo-, entiende que se debe poner coto al problema y administrar de mejor manera el sistema de salud pública, sobre todo, cuando cada año el Estado tiene que hacer un significativo aporte para financiar la salud pública.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , es difícil intervenir en la discusión de este proyecto cuando uno no ha formado parte de la Comisión técnica, pero al leer el informe se puede dar cuenta de que estamos ante un tema muy relevante para la comunidad, específicamente, en el ámbito laboral.
Nadie discute que las enfermedades que hoy sufren los trabajadores no son las mismas de ayer. Se habla del estrés y de problemas psicológicos. Por ejemplo, está el caso específico de los profesores y un sinnúmero de enfermedades que han aparecido y que sin duda también necesitan el apoyo de profesionales.
Si bien es cierto el proyecto perfecciona lo que existe actualmente, lo que ha erosionado y llevado a modificar la normativa es la pérdida de credibilidad en los profesionales que emiten las licencias médicas, que son aquellas personas que tienen potestad y a quienes les hemos entregado nuestra fe, en cuanto a que son las idóneas para emitir y certificar el diagnóstico del paciente trabajador.
Por lo tanto, más allá de perfeccionar la norma vigente y establecer sanciones a hechos ilícitos, aquí hay una acción moral de quienes emiten las licencias, los médicos, que hoy son cuestionados por haber erosionado este sistema que hoy queremos perfeccionar para sancionar a los responsables.
A nuestras oficinas en los diferentes distritos llega mucha gente -lo decía el señor Jaramillo - a reclamar porque la Compin les ha rechazado una licencia que les ha dado un médico por pocos días y, lo que es peor, muchas veces, sólo con mirar a la persona uno se da cuenta de que está realmente enferma, pero no es reconocida como tal en el documento, porque hay desconfianza de por medio.
Es necesario que los organismos competentes vuelvan a creer en los médicos que emiten licencias médicas. Por ello, estamos legislando para ampliar las facultades de fiscalización. Pero también se requiere fortalecer la Compin para dar una respuesta más pronta y oportuna cuando se entrega una licencia médica, se hace la reclamación o se pide una investigación respecto de un diagnóstico. Lamentablemente, eso conlleva el cuestionamiento de muchos diagnósticos emitidos por profesionales de la salud respecto de trabajadores que efectivamente están enfermos. En el proyecto incluso se habla de fraude, lo que no podemos negar, pero se comete en conciencia por un profesional universitario que entrega un documento que le da un derecho al trabajador. Se trata de un instrumento público que, en el fondo, su mal uso va erosionando la credibilidad del sistema.
En el proyecto se hacen varias menciones respecto del fortalecimiento de la Compin, fundamentalmente, confiere al Ministerio de Salud las facultades respecto de las tramitaciones y establece sanciones administrativas, las cuales van desde la multa hasta la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas. Pero creo que deberíamos haber sido mucho más potentes en lo que se refiere a la fiscalización de los médicos. Para ello, quiero hacer una comparación o una similitud directa con la evaluación docente. Si un docente es mal evaluado o declarado incompetente, durante dos o tres períodos, puede perder la pega, así de simple. En el caso que estamos analizando, quiero saber qué va a ocurrir cuando haya reiteración en la entrega de licencias médicas fraudulentas por un profesional de la salud. Sería bueno que él también pierda el derecho a ejercer el cargo. Lo planteo como una duda en la discusión, que me parece válida, ya que todos los profesionales que son evaluados deben tener asignada una sanción cuando no cumplen su labor como corresponde, como se aplica a un sector determinado, por ejemplo, los profesores.
Por tanto, es un paso importante el que se está dando con este proyecto, pero tenemos que seguir avanzando. Sólo quiero que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que aquí hay un llamado de atención y que ojalá lo escuchen todos los médicos, partiendo por los que también son parlamentarios, en cuanto a realizar una labor de fiscalización para evitar la erosión del sistema, ya que la desconfianza ha partido porque los profesionales del área médica no han hecho su trabajo como corresponde.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Salud.
El señor MAÑALICH ( ministro de Salud ).- Señor Presidente , honorable Cámara, sólo quiero poner en su contexto este proyecto de ley que hoy se trata en esta Sala en segundo trámite constitucional.
El proyecto se inició en un mensaje de la ex Presidenta , doctora Michelle Bachelet, cuando era ministro de Salud el doctor Álvaro Erazo, quienes enviaron el proyecto al Senado -no fue la actual Administración la que lo remitió a la Cámara Alta- porque tenían información, que nosotros hemos corroborado, de que en el país se entregaban licencias médicas por un monto aproximado a los 1.100 millones de dólares al año. A modo de comparación, quiero recordarles que el presupuesto del Ministerio de Salud alcanza a los 8.200 millones de dólares, suma aprobada en la última Ley de Presupuestos, con un aumento de 13 por ciento. De estos 1.100 millones de dólares, 800 millones corresponden a licencias y subsidios entregados con cargo a fondos fiscales.
La estimación que hacían y que nosotros hemos corroborado era que, aproximadamente, 250 millones de dólares -es lo que costaría la construcción de un gran hospital- correspondían a licencias médicas fraudulentas o sin fundamento médico.
Por eso, el Ejecutivo decidió avanzar rápidamente en la aprobación de este proyecto. Para tal objetivo, fue tratado por las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo del Senado, donde se llegó a un amplio consenso: fue aprobado por amplia mayoría, me parece que sólo con un voto en contra. Asimismo, fue analizado con toda celeridad por la Comisión de Salud de la Cámara, presidida por el diputado Javier Macaya.
Nos parece que es un proyecto de extraordinaria importancia y es muy necesario contar, a la brevedad, con el instrumento legal que establece.
Si bien los profesionales o trabajadores afectados por este proyecto son pocos, concentran un gran número de licencias médicas, problema que es de conocimiento público, debido a las denuncias efectuadas recientemente por distintos seremis, por ejemplo, en las regiones de Valparaíso y del Biobío.
No existía una figura penal específica para este delito, que se tipifica en el proyecto de ley, como tampoco sanciones que disuadieran de hacerlo a quienes entregan licencias médicas fraudulentas. A mayor abundamiento, como se ha informado a través de los medios de comunicación, ha ocurrido una situación paradójica: el número de licencias médicas que se entregan sin respaldo técnico adecuado ha aumentado, porque las denuncias que se han formulado han servido, incluso, de marketing, de propaganda; para que la gente sepa que determinados médicos entregan este beneficio, prácticamente, sin obtener beneficio alguno de ello.
Considero que tenemos que superar este problema y castigan a los infractores en forma adecuada. Hace poco, un periodista de un canal de televisión, que denunció graves delitos cometidos por algunos profesionales de la salud que entregaban licencias en forma fraudulenta, fue sancionado por la justicia con pena remitida, por haber recurrido a cámaras ocultas para hacer el reportaje a una doctora que entregaba este beneficio en forma, aparentemente, indebida.
En este sentido, el proyecto nos entrega un elemento potente para disminuir la gran pérdida de fondos fiscales por este concepto. Por eso, dado el consenso alcanzado, prácticamente con todas las bancadas del Senado y de la Cámara, hago un llamado para que la Cámara apruebe este proyecto, a fin de seguir adelante con su tramitación y de convertirlo en ley a la brevedad posible.
Muchas gracias.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente , ante todo, saludo al ministro de Salud que, además, hoy celebra su cumpleaños, según se nos ha informado.
(Aplausos)
Para entrar en materia, como decía el ministro , este proyecto se originó en un mensaje de la ex Presidenta Michelle Bachelet , y tiene por objeto regular, precisamente, un aspecto del ejercicio de la profesión de los médicos: la extensión de licencias médicas.
Si bien es cierto se trata de un proyecto bien inspirado, que se logró trabajar en buena forma al interior de la Comisión de Salud, hay algunos puntos que consideramos complejos, por lo menos, desde la perspectiva de la concepción que tenemos los médicos respecto del acto de extender una licencia.
Quiero explicarlo, porque fue una discusión que se dio en la Comisión. Para quienes ejercemos la profesión médica, extender una licencia es, precisamente, un acto terapéutico y de ejercicio de la profesión, tal como lo es recetar un medicamento, realizar un procedimiento quirúrgico u otros que formen parte de la labor que realizamos los médicos.
Una de las complicaciones que observamos en este proyecto y que quedó clara durante su discusión en la Comisión es que un organismo político-administrativo, como la Superintendencia de Seguridad Social, tendrá atribuciones para coartar parcialmente el ejercicio profesional a los médicos que se hayan desempeñado de manera incorrecta con la suspensión de la facultad para otorgar licencias médicas. Es lo mismo que si se le prohibiera recetar o efectuar un procedimiento quirúrgico, o a un abogado, no poder, por ejemplo, alegar en la corte.
La aplicación de estas sanciones, que si bien nos parecen correctas cuando un médico incurre en un error como el que se plantea, no debería estar a cargo de un organismo político-administrativo. A nuestro juicio, aunque es importante que aparte de las multas existan otras sanciones, relacionadas con el incorrecto ejercicio de la profesión de médico, éstas deben ser dispuestas por los tribunales de justicia. No me parece que vaya en la dirección correcta una norma de esta naturaleza, y así se lo hemos planteado al ministro de Salud .
Por la misma razón, hemos pedido votación separada para algunos artículos. Junto con anunciar que vamos a aprobar en general el proyecto, sugiero a las señoras diputadas y señores diputados tener la claridad sobre lo que estamos generando, porque somos muchos los que creemos que la tuición ética del ejercicio profesional debería volver a los colegios profesionales. Pero, al entregarle atribuciones a la Superintendencia de Seguridad Social, damos una señal equivocada.
Por eso, pido a los colegas que aprobemos en general el proyecto; pero, que rechacemos los artículos 5°, 6°, 13 y 14, que tienen que ver con la materia a que me he referido, a fin de que sean revisados, una vez más, por la Comisión de Salud, así como también por la de Constitución, Legislación y Justicia los relacionados con modificaciones al Código Penal.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente , a pesar de que es muy importante la materia que aborda el proyecto de ley en discusión, no fue incluida en la reforma de la salud de 2002, lo que llevó a que el sistema de licencias médicas hoy esté francamente cuestionado, porque hay sospechas del mal uso del instrumento que recaen sobre los usuarios, sobre los médicos que, marginalmente, siendo pocos, han tenido connotación pública por la forma en que han aparecido los escándalos y denuncias sobre la materia, y también sobre empleadores ficticios, que han pagado remuneraciones a costa de licencias médicas fraudulentas.
De acuerdo con los reportes recibidos en la Comisión de Salud por la Superintendencia de Seguridad Social, la magnitud del problema respecto de los prestadores, cuantitativamente marginal, no por ello ha dejado de significar un problema social que implica no aplicar penas, donde paguen justos por pecadores.
Si queremos legislar sobre la materia, el proyecto debería incorporar otros aspectos que no necesariamente sean de carácter policial, como asume la iniciativa en análisis.
¿A qué me refiero con eso? A que hoy las Compin, en cada una de las seremis de Salud de nuestro país -porque ahí es donde están adosadas, y no hay legislador que no lo sepa-, carecen de inspectores, de recursos, de un sistema adecuado de fiscalización y, además, no cuentan con los mejores especialistas para que hagan los peritajes correspondientes cuando se trata de una apelación procedente de una isapre o del Fonasa, lo que significa que la gente debe soportar una tremenda demora para tramitar el pago o la apelación de su licencia médica.
En las Compin hay problemas estructurales que no aborda el proyecto en análisis y que es necesario destacar, porque es parte sustancial del problema en el sector público de salud, que atiende a más de 11 millones de chilenos, quienes sufren porque no saben cómo tramitar una licencia médica de manera eficaz y oportuna y, sobre todo, porque aún enfermos precipitan su convalecencia y deben volver al trabajo sin que esté suficientemente evaluada su licencia ni pagada su remuneración vía subsidio.
En segundo lugar, hay un problema de simetría en la regulación y apelación de las licencias médicas. No es posible que la carga de la prueba recaiga en el usuario cuando es rechazada su licencia, en particular en el sistema privado.
En la Comisión de Salud de la Corporación introdujimos un artículo muy importante sobre la materia, que traslada la carga de la prueba respecto del valor de la licencia médica en la institución y no en el afiliado; es decir, si una isapre o el Fonasa rechazan a priori la licencia médica de una persona, la institución respectiva deberá llevar los antecedentes del caso y justificar la reducción o el rechazo de la licencia, y fallar sobre esa base, cosa que hoy no ocurre, porque es el afiliado el que literalmente tiene que peregrinar para buscar una salida a su apelación, lo que demora mucho tiempo.
En tercer lugar, quiero destacar que la Superintendencia de Seguridad Social tiene un rol muy importante como instancia final de apelación; sin embargo, está limitada respecto del procedimiento de fallo de una apelación. Mientras las isapres actúan como juez y parte, porque son pagadoras y fiscalizadoras a la vez, por ende, si una licencia es rechazada o reducida, el afiliado deberá acudir al Compin; si no le va bien en esa instancia, necesariamente tendrá que recurrir a la Superintendencia; no ocurre lo mismo con un afiliado al Fonasa , quien debe seguir un procedimiento más corto y tiene menos instancias de apelación.
Dicho eso, cabe destacar que frente al reportaje que aludió el ministro de Salud respecto de una doctora que apareció vendiendo licencias médicas, di muestras concretas de que a la corporación denominada Colegio Médico, que me tocó presidir en ese período, año 2003, no le tembló la mano, no sólo para expulsar de sus filas a la persona involucrada, sino para recurrir a la justicia. De hecho, la causa siguió su tramitación, y si se falló en forma adversa, perseveramos en la persecución de ese delito hasta la última instancia en la fiscalía, para que se aplicara una sanción ejemplarizadora a una colega que, además, con gran notoriedad pública, ejerció esa práctica indebida.
Por esas mismas razones, hemos tomado todos los resguardos para examinar muy en su mérito el proyecto en discusión. Al respecto, compartiendo la petición del diputado Torres de votar en forma separada los artículos 5°, 6°, 13 y 14 de la iniciativa, quiero hacer presente lo siguiente: dejamos establecida también nuestra reserva de constitucionalidad respecto del proyecto, para que quede constancia en la Mesa. Asumiendo la necesaria fiscalización y sanción de los actores que aparezcan involucrados en los hechos a los que se refiere la iniciativa, creemos que con respecto particularmente a los artículos 13 y 14, deberían ser analizados, por su carácter de modificatorios del Código Penal, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de nuestra Corporación.
Si se va a hacer una enmienda en el Código Penal, con una ley distinta, en este caso de las isapres, es fundamental que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se pronuncie sobre dichas penas, que, a mi juicio, exceden el campo de la simetría o de la igualdad de condiciones de los distintos prestadores o profesionales, frente a los instrumentos que utilizan para ejercer su profesión.
Nos parece que esos dos artículos deben ser revisados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; de lo contrario, nos veremos obligados a votarlos en contra.
Asimismo, en cuanto a los artículos 5° y 6°, relativos a las sanciones administrativas que aplicará la Superintendencia, multas, suspensiones provisorias, prolongadas, suspensión de la facultad de emitir licencias, etcétera, reitero, compartiendo la idea de que aquellas sanciones sean estrictas y muy duras, aparece discriminatorio y abusivo el tono y la manera en que están planteadas en esos artículos.
Por lo tanto, solicito respetuosamente que en la Comisión de Salud, que preside nuestro distinguido colega el diputado señor Macaya , con quien hemos tenido una armoniosa relación de trabajo, podamos revisar nuevamente, dada la estrecha votación que obtuvo el proyecto, los artículos 5° y 6°, a objeto de alcanzar un mejor acuerdo, que perfeccione la iniciativa que queremos impulsar y no retardar, pero con las correcciones debidas, para que se despache una buena normativa, y no que sea susceptible de ser burlada.
En la materia faltan dos cosas: una, contar con una legislación que ponga a tono a las Compin de todas las seremis de Salud, para ejercer una buena labor fiscalizadora; de lo contrario, la ley será letra muerta.
En el proyecto nada se dice sobre ellas en circunstancias de que el Ministerio de Salud debe dotarlas de recursos, de inspectores y de integrarlas con los mejores especialistas.
Otro elemento que falta es lograr que, definitivamente, exista equilibrio entre el rol del prestador privado, que ha sido extremadamente abusivo, y el rol del sistema público. Me refiero a prestadores y seguros privados con respecto al uso de las licencias médicas que, lamentablemente, han hecho pagar a justos por pecadores en esos dos millones y medio de personas afiliadas al sistema privado, quienes ven cómo se reivindica su licencia después de mucho tiempo, en el sistema público, a través de las Compin. Ésa es una inequidad que existe y que el proyecto no recoge, pero que se debiera tomar en consideración, para aprobar una ley adecuada a las necesidades del país.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , por su intermedio, saludo al ministro de Salud , que se encuentra en la Sala, a quien, además, deseo un feliz cumpleaños.
Quiero destacar que estamos discutiendo un proyecto de mucha relevancia, sobre todo porque en el Congreso Nacional habitualmente se solicitan mayores recursos para una serie de iniciativas: queremos más cosas, queremos aumentar los proyectos, más cobertura, más tope, etcétera.
Actualmente, el gasto por licencias médicas asciende a aproximadamente 1.200 millones de dólares al año, de los cuales 800 millones corresponden al Fonasa. Y de esa cifra, se estima que 250 millones de dólares pudrían ser emitidos por licencias fraudulentas. Repito: se trata de 250 millones de dólares al año en subsidio para personas que no lo necesitan, que abusan del sistema y que impide que podamos utilizar esos recursos en la solución de problemas graves en otras materias.
El fraude en las licencias médicas nos perjudica a todos. Recordemos que su pago se hace con el 7 por ciento que las personas cotizan en el sistema. Por lo tanto, los encarecimientos y los gastos van en directo perjuicio de satisfacer más necesidades.
En ese sentido, este relevante proyecto, iniciado durante el mandato de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, como dijo el ministro de Salud, ha sufrido innumerables modificaciones en su tramitación, en particular en la Cámara de Diputados.
Voy a dividir ese proceso en dos partes. La primera tiene que ver con la sanción al fraude de las licencias médicas propiamente tal, que genera multas, una sanción administrativa de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues a los médicos sancionados les puede suspender la facultad para otorgar licencias médicas. En el caso de que exista un delito evidente en curso, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.
¿Qué significa esto? He escuchado con atención a los colegas parlamentarios y médicos que se han referido al tema de las licencias médicas, quienes han sostenido que esa sanción no debiera ser aplicada por la Superintendencia de Salud. Como el tema acaparó la atención de la Comisión, por preocupación de quien habla, con otros diputados presentamos una indicación para que se sancionara sólo cuando hubiera evidente ausencia de fundamento médico. La norma dice que hay evidente falta de fundamento médico cuando claramente no hay nada que justifique el reposo otorgado por esa licencia médica.
Eso obliga al médico a dos cosas: primero, a tener una ficha clínica, a realizar un examen físico, a tomar los resguardos necesarios para justificar la licencia y, por ende, a otorgar una mejor atención; y segundo, el médico no estará expuesto a la petición de una licencia médica, porque la persona tiene que ir a tal o cual lado o, en un caso mucho más radical, a la venta directa de licencias médicas.
Cuando se hace esa salvedad, los médicos que quedan en esa situación ya no son los que ejercen su profesión en forma responsable y profesional, que son la gran mayoría. Vale la pena hacer esa precisión porque, a causa de las denuncias, pareciera que la gran mayoría de los médicos incurre en esas faltas. Pero la verdad es que se trata de un grupo muy minúsculo que abusa de esa atribución.
Al establecer la “evidente ausencia de fundamento médico”, no estamos hablando de médicos, sino, lamentablemente, de profesionales que están abusando y cometiendo fraude al fisco y a todos los chilenos. Estimo que no debemos ser tan condescendientes con esos médicos. Pero esa situación queda bastante salvada con esa precisión.
Respecto de la segunda parte de mi análisis, quiero expresar que el proyecto sólo tenía un evidente carácter sancionador y parecía que le cuidaba el bolsillo a las isapres y al Fonasa. Pero en la Cámara de Diputados perfeccionamos ese aspecto y tratamos que no sólo abarcara esas materias, sino también la protección del usuario.
A veces -lamentablemente, no pocas-, al usuario se le rechaza o se le recorta una licencia médica, habitualmente por el seguro privado, sin justificación alguna, con la esperanza de que esa persona no apele y, en consecuencia, se mantengan recursos en el seguro privado. Eso pasa habitualmente. Sabemos que las Compin son burócratas y problemáticas y exigen muchos trámites. Muchas veces, terminan beneficiando al seguro en lugar del usuario.
Eso fue modificado por esta iniciativa. Se establecen sanciones para los médicos contralores que recorten licencias médicas sin justificación. Un artículo permite que los dineros percibidos de esta forma sean devueltos solidariamente con el empleador, si tuvo directa relación. Por ende, si un contralor de una isapre es obligado a recortar por una política de la isapre, ésta también será solidaria en la respuesta.
Mediante una indicación, dispusimos que la carga de la prueba para justificar un rechazo o recorte de una licencia médica no sea de cargo del paciente. En la actualidad, el paciente peregrina de un lugar a otro, tratando de juntar papeles para justificar que su licencia es correcta; y la isapre o el seguro se sientan a ver cómo ese paciente enfermo debe realizar todos esos trámites. Ahora, con esta nueva norma, la carga de la prueba se invierte y la isapre o el seguro de salud tendrán que justificar por qué recortan la licencia médica y probar por qué el paciente no necesita la cantidad de días que cree que se deben recortar.
El proyecto avanza no sólo en sancionar a las personas que cometen fraude al fisco, sino también en la protección de los usuarios que cotizan todos los meses para que cuando se enfermen tengan derecho a una licencia y a estar tranquilos. Por ello, invito a aprobarlo rápidamente.
No obstante, quiero hacer presente que, a mi juicio, los parlamentarios médicos que ejercen o volverán a ejercer en algún momento se enfrentan a un conflicto de intereses -en este momento, no ejerzo ni otorgo licencias médicas-, porque otorga atribuciones a la Superintendencia para sancionarnos. Por eso, deberíamos abstenernos para que esta Cámara decida de manera soberana y sancione correctamente el proyecto de ley.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , como cuestión previa, quiero insistir en una petición que formulé la semana pasada, cuando inicialmente se iba a conocer este proyecto, pero que por razones de agenda no alcanzó a discutirse y quedó en Tabla para hoy.
Como una cuestión anticipada, señalé que sería conveniente enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por las normas penales que modifica. No lo planteé por desprecio al trámite legislativo, que se ha realizado con rigor y preocupación en las otras Comisiones, sino por la especificidad de las normas. Si fueran exclusivamente médicas, no tendría razón para pedir lo que menciono. Pero, desde el punto de vista del uso del derecho que tienen los médicos para otorgar las licencias, debido a lo ocurrido, se termina pensando que eso se soluciona con nuevas tipificaciones o la mantención de las mismas, y el aumento de penalidades corporales o pecuniarias. En ese sentido, tiene razón el ministro y todos los diputados que han intervenido, porque hay una situación compleja desde la perspectiva del mal uso de las licencias.
Entonces, se invade, con toda razón, un área legislativa que no es de carácter médico, sino esencialmente jurídico. El objeto principal de las Comisiones de Constitución de ambas Cámaras es justamente revisar las modificaciones a los códigos, y aquí se realiza una modificación sustancial al Código Penal. Por eso, tiene sentido que un proyecto de esta naturaleza, más allá de su urgencia, sea debatido con rapidez, pero bien, mi petición es bastante razonable.
Al respecto, tal cual están redactadas las normas penales, adolecen de ciertos inconvenientes. Sin entrar en mayores calificaciones, diría que el inciso segundo, que se agrega mediante el artículo 13, presenta un inconveniente, pues sanciona al que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen con las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal, pues se amplían los sujetos activos y se establece una extraña presunción de autoría, que en nada justifica un tratamiento diferenciado a los delitos de falsedad conforme a las reglas generales de nuestro Código.
Un primer aspecto es la técnica de la tipificación, pues el artículo 202 siempre ha sido un delito especial, propio, lo comete el facultativo. Ampliar el sujeto activo resulta absurdo, pues cualquiera puede responder por los delitos que establecen los numerales 1° al 7° del artículo 193 del Código Penal.
Por otro lado, quien no revista la calidad de facultativo, ¿qué certificación podría efectuar?
Otro aspecto es que la falsedad debe recaer sobre el certificado. Por eso, resulta compleja la amplitud de la expresión “o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen”. Puede terminar en una ley penal en blanco, de difícil aplicación. Hay presunciones de autoría. Actualmente, la interpretación de los jueces de garantía no acepta presunciones de autoría. Entonces, en la práctica, tenemos un inconveniente a la hora de aplicar esta norma. Lo que busca el Gobierno -y con razón- son sanciones claras, rápidas y corporales a quienes usan mal esta facultad que les otorga su profesión.
El diputado Letelier tuvo la gentileza de entregarme un análisis que elaboró -que no sé si a él o a la Comisión- el destacado penalista, profesor de varios diputados presentes, don Enrique Cury , que no avala el proyecto tal como está. Por ejemplo, señala que hay problemas de redacción, que en algunas partes no resulta clara, por lo que propone una redacción distinta a la del proyecto.
Asimismo, realiza un reproche a la forma y modo en que se incorpora una medida cautelar genérica en el artículo 155, el mismo en que figura la prisión preventiva -es decir, medidas específicas-, por lo que sería conveniente ubicarla en otra parte del Código Procesal Penal, donde precisamente se ubican las normas cautelares genéricas.
Pero así y todo, creo que hay un problema más de fondo. La medida cautelar que se propone, agregada en el artículo 155 -reconozco que no es fácil redactarla de otra forma-, a mi juicio, introduce como medida cautelar personal la suspensión de la facultad de emitir licencias mientras dure la investigación, lo que, de alguna manera, configura una pena anticipada, pues las medidas cautelares personales, conforme al artículo 155 del Código Procesal Penal, tienen por finalidad garantizar el éxito de las diligencias, la seguridad de la sociedad y del ofendido, y la comparecencia de la persona en el proceso, pero no castigar anticipadamente a quien le ampara una presunción de inocencia.
A mi juicio, no hay razones que justifiquen esta impaciencia legislativa. No quiero ser brutal, pero me parece temeraria la forma en que están redactadas algunas de estas normas. Por lo tanto, se hace necesario hacer un esfuerzo para mejorar su redacción.
Por su intermedio, señor Presidente , solicito al ministro -esto no se puede hacer a tontas y a locas, sino de manera más rigurosa-, atendida la urgencia del proyecto, que al menos estos tres artículos sean examinados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que en un plazo razonable, durante la próxima semana, entregue una alternativa de redacción de esas normas.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , parece del todo razonable que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia revise las disposiciones que establecen figuras penales, que tienen cierta complejidad. Se hace necesario que estas disposiciones -ya lo he conversado con el diputado Eluchans , entre otros- sean revisadas o perfeccionadas, porque existen dudas respecto de las materias que establecen.
Quiero señalar al ministro -por su intermedio, señor Presidente - que me parece muy importante el proyecto, porque creo que es atendible una materia como ésta, que claramente cruza el arco partidario, pues es un proyecto que nace en la Administración anterior y que continúa el actual ministro por decisión del Presidente Piñera , lo que me parece muy sabio.
Sin embargo, también me interesa transmitir una inquietud al ministro , que dice relación con que muchas veces, cuando se acude la Superintendencia de Seguridad Social, ésta no resuelve ni verifica nada. Hace poco, el diputado Rojas hacía mención a algo que nos sucede a muchos: permanentemente vemos personas aquejadas de problemas físicos, imposibilitadas, con sus licencias impagas, porque hay dudas técnicas. Y cuando uno, como fiscalizador, acude a la instancia que debe resolver el problema, que es precisamente la Superintendencia, resulta que ésta no hace nada.
Personalmente, he recibido respuestas que son francamente insolentes. Cuando uno aporta nuevos antecedentes, no sólo no se le responde al diputado que fiscaliza, sino que le vuelven a enviar un oficio al peticionario en que le señalan que no ha aportado ningún nuevo antecedente. Pero he sido testigo de que se han enviado esos nuevos antecedentes. Entonces, da la impresión de que hay un cliché y que la Superintendencia no está cumpliendo la labor que se le ha encomendado.
¿Cómo resolvemos el problema de la Superintendencia? El señor ministro se hace cargo del problema de verdad, y lo felicito por ello, pero nos queda pendiente lo más importante: la Superintendencia. ¿Cómo resolvemos que conteste los oficios que le remitimos? A veces pasan tres, cuatro o seis meses sin que contesten.
Es cierto que este proyecto constituye un avance, pero digamos también con claridad que nos quedamos atrás en la parte más relevante: la Superintendencia. Si es verdad que se tiene la opción, por ley, de reclamar ante la Superintendencia por el hecho de que no me están pagando la licencia -y son miles de casos-, ¿cómo recibo finalmente una respuesta?
El ministro ha señalado que se pierden 250 millones de dólares al año por fraude. Todos estamos contestes en que hay que denunciar, castigar y sancionar a los responsables, pero la pregunta que debemos plantearnos es otra: ¿cómo solucionamos el problema de las personas honestas, que son calificadas por un facultativo, que están en condición de enfermas, a quienes se les extiende una licencia, pero ésta finalmente no se paga? Seguramente el ministro habrá escuchado muchas veces que hay personas que llevan dos o tres años esperando a que le paguen la licencia. Incluso, hay gente que se murió esperando. ¿A dónde acudieron? ¡A la Superintendencia! Adivinen cuál fue la respuesta: ¡Ninguna! Y quiero decirlo con todas sus letras. A los miembros de la Comisión de Salud les digo que hay que hacerse cargo de ese problema.
El proyecto constituye un avance, pero mientras no demos una solución al problema o no tengamos claro que una respuesta no se debiera demorar más de treinta días, la Superintendencia continuará arrastrando un problema sin solución. Si se demora más de ese plazo, entonces se debería dar la razón al peticionario; es decir, al menos debiera operar el silencio administrativo positivo.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , este proyecto de ley de orden sanitario es muy importante y lo apoyamos, como siempre lo hemos hecho en materia de fiscalización.
Además, quiero expresar mi opinión en defensa de los médicos de Chile, porque pareciera que todos son deshonestos o cometen fraudes.
En Chile tenemos más de 30 mil médicos y quienes hacen mal uso de las licencias médicas son muy pocos y queremos que sean sancionados. Sin embargo, también debemos relevar la labor del resto, de los que hacen bien su trabajo y se ajustan a las normas, que son la inmensa mayoría.
Pero también quiero manifestar que es una vergüenza que el Parlamento, en más de veinte años desde que retornó la democracia, haya sido incapaz de legislar respecto del rol que desempeñan los colegios profesionales.
En la época en que los colegios profesionales eran corporaciones de derecho público, disponían de instrumentos para sancionar a sus colegiados con medidas bastante drásticas, que iban desde la expulsión del colegio hasta inhabilitar para ejercer la profesión. Por lo tanto, respecto de esta materia, tenemos una deuda. Además, recuerden que el Colegio Médico fue la estructura que posibilitó la organización de gran parte de la resistencia civil que permitió el retorno a la democracia.
Asimismo, considero que el diputado señor Jorge Burgos tiene toda la razón. Debemos legislar con sabiduría respecto de esta materia, porque se busca castigar con una medida administrativa a un profesional. A lo mejor, el día de mañana se establecerán medidas administrativas para sancionar a los abogados, a los ingenieros, a los profesores, etcétera.
Por lo tanto, las sanciones administrativas, que el diputado Burgos calificaba como sanciones penales previas, requieren de un análisis más acucioso.
Apoyaremos el proyecto, porque consideramos que será útil. Si las herramientas de que hoy dispone la autoridad se hubieran usado de manera más drástica, quizás no habríamos tenido necesidad de aprobar un nuevo proyecto de ley; en todo caso, nos sirvió para remediar otros aspectos que se prestaban para abusos, como los recortes de las licencias médicas de las isapres, por ejemplo. Al respecto, también hay responsabilidades empresariales muy importantes.
Todos sabemos cómo se utilizan las licencias médicas en el área pesquera. Por ejemplo, cuando no hay posibilidad de que los barcos salgan a pescar, la tripulación completa del barco está con licencia médica. O si una pyme no tiene trabajo, incluido su dueño, todos consiguen licencias médicas.
Entonces, también debemos apelar a la responsabilidad del mundo empresarial, especialmente cuando se utiliza mal un recurso sanitario que no fue creado para los casos descritos.
Vamos a aprobar el proyecto de ley, pero hemos hecho reserva de constitucionalidad y hemos pedido votación separada para los artículos 5°, 6°, 11, 12, 13 y 14.
Por último, considero que sería sabio y prudente enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente , éste es un proyecto de ley necesario, que nació fruto de una inquietud planteada durante la administración de la entonces Presidenta Bachelet .
En efecto, estamos en presencia de una materia respecto de la cual todavía no se ha legislado y, por lo tanto, no ha sido recogido en normas.
Respecto de las críticas o reparos formulados desde el punto de vista constitucional, en el sentido de que se busca establecer una sanción por parte de un órgano administrativo, aplicar responsabilidades e investigar, incluso inhabilitar a los médicos para emitir licencias médicas.
Sin embargo, creo que subyace un presupuesto que no se ha mencionado y que es la base de todo: que a diferencia de un ingeniero, un abogado u otro profesional, al poner su firma en una licencia médica, un médico gatilla un subsidio estatal. Y respecto de ese subsidio, estamos en presencia de una situación que ha llegado a límites -hay que decirlo- alarmantes.
En la Comisión se entregaron cifras. Un médico, normalmente, emite entre veinte y quinientas licencias al año. Este proyecto no ataca a los médicos en su conjunto ni a su gremio. El 92 por ciento de los médicos se comporta en forma normal en cuanto a la emisión de licencias médicas. Es decir, la mayoría de los médicos ejercen de manera noble y correcta su profesión.
Sin embargo, tenemos a un 2,6 por ciento de los médicos que superan las mil licencias al año y un 1 por ciento que emite sobre 1.600 en igual período.
Por lo tanto, estas cifras nos llevan a decir que las licencias médicas representan alrededor de 1.100 millones de dólares al año en subsidios estatales, de los cuales 800 millones se gastan en usuarios del Fonasa. De acuerdo con los cálculos del ministerio, se gastan cerca de 200 ó 250 millones de dólares en licencias emitidas de manera incorrecta, sin fundamento médico, o bien fraudulentamente. Este es el quid de la situación: estamos hablando de una firma, que no es cualquiera, sino de una que gatilla un subsidio estatal y, por esa razón, no es lo mismo que la firma, por ejemplo, de un abogado o de un arquitecto. De acuerdo con las cifras entregadas por el ministerio, gatilla un perjuicio fiscal cercano a los 250 millones de dólares.
Por lo mismo, recogiendo lo que se ha planteado transversalmente, estimo que estamos frente a un buen proyecto, que entrega facultades a las Compin y, al crear un tipo penal específico, una conducta tipificada por el derecho penal, establece la posibilidad de una sanción a los médicos.
Aunque los que son cuestionados están en ese rango menor, el problema le cuesta muchos recursos al fisco. Estamos en presencia de un tipo penal que esperamos cumpla la función de inhibir esas conductas.
Insisto en que el proyecto no va en contra de los médicos de Chile, sino que persigue que el fisco no gaste 250 millones de dólares todos los años por el ejercicio de malas prácticas.
Algunos parlamentarios pidieron votación separada de algunas normas, para rechazar algunos artículos que constituyen la esencia del proyecto, que buscan que entes administrativos tengan la posibilidad de establecer sanciones. O sea, si dejamos todo al arbitrio de un organismo o mandamos todo a los tribunales ordinarios, la situación sería exactamente igual a la que existe hoy, porque si un médico emite una licencia médica de manera fraudulenta, va a ser investigado por el Ministerio Público y podrá ser llevado ante un tribunal de garantía. En efecto, esa conducta puede ser clasificada dentro de un tipo penal, que es el fraude residual.
No estamos legislando para dejar la situación igual a como está hoy. Acepto que parlamentarios de la Concertación planteen reparos de constitucionalidad. En tal sentido, el Tribunal Constitucional es la instancia adecuada para plantearlos.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , sin duda, este proyecto de ley reviste gran importancia dentro de las políticas públicas de salud, ya que es necesario normar y castigar el mal uso de las licencias médicas. Hemos conocido sendos reportajes acerca de esta situación.
No obstante, no dejo de llamar la atención de esta Sala sobre el momento en el cual hoy se legisla respecto del uso de licencias médicas. Hace un par de meses, casi de manera unánime, castigamos y salimos a condenar la actuación de las isapres por las alzas intempestivas de los planes de salud, de manera poco juiciosa, por sobre el IPC, al no existir métodos objetivos que permitan clarificar los planes. Las isapres simplemente se olvidaron de los chilenos; les dieron la espalda a sus usuarios, a sus clientes, y solamente se preocuparon de proteger sus bolsillos.
Y de la noche a la mañana, cuando la propia autoridad salió a condenar ese hecho, los parlamentarios nos vemos sorprendidos con este proyecto. Y aunque en su espíritu recoge elementos sobre los cuales existe un vacío y tal vez sea necesario legislar, estimamos que no es el momento indicado.
Efectivamente, esta iniciativa cautela el interés fiscal por parte del Fonasa -en buena hora lo estamos haciendo-, pero también, al final del día, se cumple el aforismo que reza “nadie sabe para quien trabaja”, porque las principales beneficiarias con el proyecto serán justamente las isapres, aquellas instituciones que hace algunos meses todos, unánimemente, salimos a condenar por su actitud de usura contra los chilenos.
Primero, el momento político no me parece adecuado. Antes, legislemos sobre el IPC de la salud, sobre cómo efectivamente eliminamos las tablas de riesgo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, porque discriminan por género y por edad a los adultos mayores, así como a las mujeres en edad fértil, y luego entendamos que esta legislación también apunta en la dirección de generar una nueva arquitectura del sistema sanitario de seguro chileno.
Segundo, es importante de destacar un punto. A todas luces, este proyecto pretendía -lo digo en pasado porque, afortunadamente, en la Comisión de Salud fue enmendado- consolidar un verdadero Dicom de la salud. Que alguien me explique -y emplazo en ese sentido al ministro de Salud , por su intermedio, señor Presidente - por qué en este proyecto, cuyo objeto es condenar el mal uso de licencias médicas, se busca consolidar un registro nacional de todas las licencias, incluso aquellas que fueron absolutamente bien entregadas a empresas privadas. Por ejemplo, ¿por qué Falabella tendría que requerir antecedentes respecto de licencias médicas, por cuanto el proyecto permitía a personas jurídicas de carácter privado acceder a este registro nacional? No se trata sólo de un registro nacional de licencias médicas fraudulentas, sino también de aquellas entregadas en forma correcta. ¿Por qué se tiene que consolidar este registro sanitario que va a contener la vida de todas las chilenas y chilenos, prácticamente desde que nacen hasta que mueren? Una vez consolidado este registro, además de las entidades públicas, también podrán acceder las privadas. Y cuando digo “privadas”, como dije hace un momento, no me refiero a éstas desde el punto de vista sanitario, sino de cualquiera empresa, club deportivo, partido político o industria del retail o bancaria. ¡En mala hora estamos dando, como Cámara de Diputados, una señal en el sentido de robustecer a las isapres!
A mi juicio, estamos disponibles para legislar sobre este tema y no le vamos a quitar el bulto respecto de aquellas licencias mal entregadas. Pero, ¿por qué el ministro de Salud , hace una semana, exhibe como un chantaje cambiar la ley de isapres a cambio de este proyecto? Eso no es atender las verdaderas prioridades sanitarias de los chilenos; no es velar por el bien común, porque, a mi juicio, al final del día, nadie sabe para quien trabaja. Tendremos un registro con los datos sensibles de los chilenos, que entregaremos a las empresas privadas, y al final vamos a consolidar y cuidar el bolsillo de las isapres.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , este proyecto es muy importante, por dos hechos: por un lado, las tremendas cifras de fraude que se han expuesto, y, por otro, para poder beneficiar a miles de trabajadores cuyas licencias médicas no son fraudulentas, sino verdaderas, pero que hoy son cuestionadas en atención al volumen de licencias.
De acuerdo con los antecedentes que me entregó el ministro -a quien aprovecho de saludar y desearle muchas felicidades por su cumpleaños-, el costo por licencias médicas asciende a aproximadamente 1.100 millones de dólares, de las cuales cerca de 300 millones de dólares corresponden a las isapres y 800 millones de dólares a nuestro sistema público. De esos 1.100 millones de dólares, 250 millones corresponden a fraudes. ¡Por Dios que esa cantidad de dinero le cambiaría la vida a muchos chilenos en cuanto a salud! De esos 250 millones de dólares, 140 millones corresponden a licencias médicas falsas por enfermedad de un hijo menor de un año.
De alguna manera, este proyecto se vincula con la iniciativa que extiende el posnatal, porque la gran mayoría de las licencias falsas se generan entre los tres y seis meses de edad de los niños o niñas, porque las mamás, por miedo a dejarlos con otras personas o por temor a que no estén bien cuidados durante esos primeros meses de vida, recurren, con el acuerdo del médico que ve a su bebé, a una licencia falsa para poder estar más tiempo con él.
Por lo tanto, espero que este proyecto, sumado al alargue del posnatal, nos ayude muchísimo para poder ahorrarle al Estado esos millones de dólares gastados en licencias médicas.
Sin embargo, en el proyecto se incluyen -al respecto, concuerdo con algunos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra- algunos temas que tampoco me gustan y que voté en contra. Uno dice relación con la creación de un registro de licencias médicas, donde estaría todo nuestro historial de licencias médicas. ¿Qué me asusta de ello? No puedo dejar de recordar el caso, por ejemplo, de una secretaria de un directivo del Banco Central que mandaba por correo electrónico, periódicamente, a ejecutivos de una empresa, información privilegiada que después fue usada malamente por dicha empresa. No sé si recuerdan el caso Inverlink. ¿Por qué no hacer mejor un registro del fraude, que sí es plenamente razonable?
Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente -, no me parece una buena idea crear un registro de licencias que incluya a todos y menos aún que pueda estar a disposición de las instituciones de salud, porque también podría estar a disposición de los bancos, cuando uno quiera contratar algún seguro, por ejemplo. De alguna manera, esa base de datos va a significar un mayor grado de discriminación comparado con el que ya tenemos en los sistemas financieros y de seguros. Obviamente, el seguro siempre es un riesgo. Por ejemplo, quien contrata un seguro complementario de salud paga una prima mensual a cambio de que la compañía le responda en el caso de que le sobrevenga una enfermedad. Por supuesto, nadie quiere estar enfermo; pero, en el fondo, lo propuesto se transformaría en un negocio en que solamente se aseguraría a quien estuviera completamente sano, sin ningún riesgo, lo que es imposible de prever. Al final, agregaría un elemento discriminador más en el sistema, lo que no me parece razonable.
En consecuencia, insisto en que éste es un buen proyecto; estoy plenamente de acuerdo con establecer sanciones para aquellos médicos que otorguen licencias que no se justifiquen. Me parece bien que se establezcan mecanismos de control y fiscalización. También considero adecuado que se establezcan penas para estos delitos específicos y que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En términos generales, perfeccionar el sistema de licencias médicas le hará bien a nuestro sistema de Salud, pero no así la creación de un registro de licencias médicas, porque se estará atentando contra la vida privada de las personas.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , nuestra política de seguridad social consagra el derecho a la licencia médica para proteger a los trabajadores aquejados de alguna enfermedad, para que puedan ausentarse de sus labores, recibir tratamiento médico y recuperarse, además de mantener sus ingresos.
El inconveniente que presenta este proyecto de ley es que no resuelve el principal problema de los trabajadores de Chile. Cuando los afiliados al Fonasa se enferman -son cerca de 12 millones de chilenos-, no tienen garantizado el pago oportuno por esas licencias médicas. Ése es el principal problema que tienen los trabajadores en Chile cuando se enferman, y el proyecto en debate no lo aborda.
Todos comprendemos que es necesario evitar el fraude que se produce por el mal uso de las licencias médicas. Por eso, votamos favorablemente la idea de legislar. Sin embargo, pensamos que sólo se está protegiendo al Estado y a la institucionalidad, pero no al trabajador.
Un trabajador forestal, uno de la construcción o un pescador, que dependen de sus ingresos, cuando se enferman y hacen uso de la licencia médica, no reciben a fin de mes el subsidio que este derecho les origina, sino que 30, 60, 90 y hasta 120 días después. Este desfase en el pago constituye una realidad que genera verdaderas crisis sociales y económicas en esas familias, toda vez que el jefe de hogar se queda sin ingresos por la incapacidad del Estado de cumplir con su política de seguridad social.
Para el usuario, el proyecto avanza en dos o tres aspectos. En primer lugar, es positivo el cambio establecido en el artículo 3°, que cambia la carga de la prueba. Es decir, será la isapre la que deberá concurrir a la Compin a justificar la reducción o rechazo de una licencia médica, cuestión que hasta hoy correspondía al afiliado. Este avance se logró en la Comisión de Salud por votación mayoritaria de sus miembros.
En segundo término, me parece correcto que se apliquen sanciones para el contralor de la isapre que, en forma injustificada, reduzca o rechace una licencia médica.
También valoro el esfuerzo que hizo la Comisión de Salud para eliminar una mala idea que contenía el proyecto. Me refiero a la creación de un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, el que podrá ser adquirido incluso por instituciones privadas. Este registro se convertirá en una herramienta de discriminación a los chilenos. Es decir, la persona que tenga la mala fortuna de padecer depresión endógena y esa información consta en ese registro nacional de licencias médicas, se puede encontrar con que, cuando busque trabajo, ese potencial empleador tendrá en sus manos una base de datos con todas las enfermedades del postulante, información que podría usar para discriminarlo. Por eso, la Comisión de Salud, en forma acertada, rechazó el artículo correspondiente.
Si efectivamente existe la voluntad de proteger a los trabajadores chilenos y de reconocerles más derechos, así como se dan al Estado, entonces que el proyecto vuelva a Comisión y, como se trata de una materia de seguridad social, que el Ejecutivo presente una indicación que consagre el derecho de oportunidad de pago para los trabajadores con licencia médica.
Aquí estamos estableciendo derechos para el Estado. ¿Y los derechos de los trabajadores? ¿Dónde se consagra el derecho de los trabajadores para exigir por ley el pago de sus licencias en 30 días? ¿Por qué un trabajador tiene que esperar 90 días, vivir sin ingresos durante tres meses, para después pagar con intereses sus cuentas, como la energía eléctrica, el agua, un crédito o una cuota de una casa comercial? ¿Cómo responde el Estado ante esa realidad, que se produce por su propia ineficiencia e inoperancia? ¿Por qué el Estado no se coloca al servicio de los trabajadores y les reconoce el derecho al pago oportuno de sus licencias?
Por su intermedio, señor Presidente , y si el proyecto vuelve a Comisión, le reitero al ministro mi petición para que haga el esfuerzo y presente una indicación en ese sentido -que sólo el Ejecutivo puede hacerlo-, la cual, sin duda, será respaldada por todos los parlamentarios del Congreso Nacional, toda vez que, a través del reconocimiento de ese derecho, estaremos modernizando el sistema y respondiendo a los trabajadores de manera oportuna, como corresponde a una política de seguridad social seria.
Votaré favorablemente la idea de legislar y rechazaré los artículos 5° y 6°. Espero que el proyecto vuelva a Comisión y que el ministro reflexione sobre la petición formulada, de manera que el Gobierno finalmente decida presentar una indicación que reconozca un derecho a los trabajadores y no sólo a la institucionalidad.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock .
El señor VON MÜHLENBROCK .- Señor Presidente , el proyecto en debate constituye un avance -debemos reconocerlo-, toda vez que, hasta la fecha, no existe una normativa que regule la materia.
El proyecto otorga facultades a las Compin para solicitar a los profesionales que emiten licencias médicas la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales, para sancionar a los que no entreguen la información respectiva.
También faculta a las isapres para solicitar información a los profesionales que emitan licencias médicas, lo que fue debatido en la Comisión de Salud.
Por otra parte, el Ministerio de Salud, tal como se señala en el artículo 4° del proyecto -este es otro avance-, podrá establecer protocolos referenciales para exámenes, informes y antecedentes que respalden la emisión de licencias médicas.
En caso de que el profesional habilitado para otorgarlas las emita sin fundamento médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar una investigación.
Si se acreditan los hechos denunciados, la Superintendencia aplicará sanciones de multa y suspenderá la facultad para otorgar licencias médicas, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial la cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico y la extensión del reposo prescrito.
Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso de que el reclamo señalado sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.
Con todo, el proyecto crea dos delitos nuevos que se incluyen en el Código Penal, en los artículos 202 y 234, en orden a sancionar a los médicos licenciosos, además de agregar una medida cautelar en el artículo 155 del Código Procesal Penal, en orden a suspender la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que determine el juez de garantía fundadamente.
La presente iniciativa resulta un avance en la regulación de las licencias médicas y pone un freno al fraude realizado por los médicos licenciosos.
Como ya se dijo, este proyecto fue presentado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet , quedó “durmiendo” durante un tiempo y recientemente fue aprobado, casi en forma unánime, por el Senado.
El costo estimado del fraude por concepto de licencias médicas es equivalente a construir un hospital de alta complejidad al año: 250 millones de dólares.
Si se hubiese legislado con mayor rapidez o, quizás, oportunamente hace varios años, ¿cuántos hospitales de alta complejidad tendríamos construido en nuestro país?
Está bien que podamos perfeccionar cada artículo y legislar con sabiduría, sobre todo en materia penal, como señaló el diputado Burgos , pero este hecho no debe seguir entrampando el proyecto o beneficiando el negocio fraudulento de las licencias de parte del 2 por ciento de los médicos.
También se afirmó que este proyecto no favorece a los trabajadores. ¿Cómo no los va a favorecer, si nos puede permitir aumentar en 250 millones de dólares los recursos para la salud, que es dinero de todos los chilenos? Nuestra obligación, como legisladores y fiscalizadores, es cautelar que esos recursos vuelvan a las arcas fiscales y sean inyectados en el área de la salud, porque hay miles de personas que los están esperando.
Por lo expuesto, no se puede seguir dilatando este proyecto. Espero que hoy lo podamos aprobar, porque va a significar un paso sustancial, no sólo en la forma expedita de regular las licencias médicas, sino también porque implicará un ahorro de 250 millones de dólares para el Estado.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , el acto médico es complejo. Una de las partes necesarias en el proceso de curación de una enfermedad es el reposo que debe tener la persona enferma para recuperar su salud. En general, los procedimientos médicos, sean quirúrgicos o curativos, requieren que la persona enferma tenga un reposo, sea hospitalizada o en su casa, para solucionar su problema de salud. Eso es parte del acto médico.
La sociedad ha entregado a estos profesionales la posibilidad de otorgar una licencia médica para que la persona que trabaja, que desarrolla una labor remunerada, tenga la autorización para faltar a su trabajo si se encuentra enfermo, sin perder su fuente de ingresos ni su remuneración. Por eso, la licencia médica es un elemento, desde el punto de vista de la seguridad social, extraordinariamente importante.
Debemos entender que en el país se produce un mal uso de las licencias. Es necesario reconocer que hay médicos que han abusado del sistema. Algunos de ellos se han dedicado a entregar licencias médicas a destajo, sin que constituya parte del tratamiento de una enfermedad, sin solucionar el problema de salud de la población. Por lo tanto, es evidente que debemos legislar en esta materia.
El 2 de marzo de 2004, después de un importante tiempo de discusión -prácticamente durante todo el 2003-, la Cámara de Diputados envió un proyecto al Senado que iba a solucionar el problema de las licencias médicas. Particularmente, en el Gobierno del entonces Presidente Lagos se desarrollo esa discusión y, reitero, la Cámara envió al Senado, con el oficio N° 4787, un proyecto de ley completo en materia de regulación de las licencias médicas. Como se ha dicho, ese proyecto duerme en el Senado hasta hoy, porque todavía está vigente entre los distintos documentos que la Cámara Alta debe revisar.
La actual administración tomó la decisión de enviar un proyecto nuevo, y no presentar una indicación sustitutiva, en el cual consideró varios aspectos que ya estaban en el otro proyecto que la Cámara discutió durante el 2003, como, por ejemplo, las sanciones que se imponen a los médicos que emiten mal una licencia. También incorporó algunos elementos nuevos que me parecen interesantes y otros bastante negativos. Sin embargo, no incorporó temas que hoy me parecen absolutamente necesarios para resolver el problema de las licencias médicas, desde todos los ángulos, desde el punto de vista del acto médico y también desde el punto de vista del trabajador.
Ejemplos de temas que quedaron afuera. Actualmente, las cajas de compensación han hecho un pingüe negocio con parte de la cotización de salud que corresponde principalmente a las personas del Fonasa, pero no así las de isapres. Las cajas de compensación administran un 0,6 por ciento de los recursos de las licencias médicas, lo que ha hecho que éstas, finalmente, se hayan convertido en cajas, en términos de liquidez, para dar préstamos y desarrollar su beneficioso negocio, con recursos que están destinados a la seguridad social y a las licencias médicas. En verdad, no lo entiendo. En el proyecto de 2003, se excluía a las cajas de compensación en esta materia, pero en este proyecto mantienen esa atribución. Me parece que falta ese aspecto en el proyecto, que no está tratado de ninguna manera.
En el 2003, tuvimos una larga discusión sobre quién debe pagar las licencias médicas. Hoy se da la paradoja de que el que paga es el mismo que recibe la licencia médica y el que califica si corresponde o no. En el caso de las personas de menores recursos afiliadas al Fonasa, es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.
Pues bien, en el proyecto anterior se planteaba que debe pagar el Fonasa, y hacerlo a tiempo, tal como lo dijo el diputado Monsalve . Es evidente que una persona que gana escaso dinero y está en situación de desmedro desde el punto de vista de su salud, requiere que los recursos por concepto de su trabajo ingresen en la fecha prevista, porque de otra forma no tiene cómo desarrollar su vida. Seamos claros: la gran mayoría de la gente de los percentiles más bajos en términos económicos gasta todos sus recursos en vivir; no es capaz de ahorrar absolutamente nada. Por lo tanto, no tiene la posibilidad de esperar durante uno, dos o tres meses el pago de una licencia.
Por eso, se planteaba que el Fonasa se hiciera cargo del pago, de acuerdo con los recursos que tiene el Estado para ello. Eso tampoco lo recoge el actual proyecto. A mi juicio, es un punto muy importante que se dejó de lado.
A fin de cuentas, este proyecto sólo se relaciona con establecer una carga para quien entrega la prestación: el médico. Entiendo que en Chile hay médicos que hacen mal su trabajo, pero son pocos. La gran mayoría son personas que, de manera honesta, como servidores públicos, entregan un servicio público o privado, y lo hacen bien. La entrega de licencias médicas es parte de sus funciones y atribuciones, porque los trabajadores requieren que eso sea así.
Por eso, me parece importante que en este proyecto se incorporen cosas que no están. Espero que el ministro las recoja para avanzar, en términos reales, hacia una legislación mejor que la que tenemos hoy.
Por último, otro tema importante se aborda en el artículo 11, que establece, como dijo el diputado Silber , el nuevo Dicom de la salud, lo cual me parece extraordinariamente grave. Puedo entender la existencia de un Registro Nacional de Licencias Médicas respecto de aquellas que se extienden de manera fraudulenta. Es decir, cuando se trata de una licencia médica entregada en forma fraudulenta, es necesario saber qué profesional la extendió y qué paciente la recibió, a fin de conocer, por ejemplo, si ese médico actúa de manera fraudulenta en forma permanente y si ese paciente busca licencias médicas con distintos médicos para mantenerse en reposo. Pero, ¿todos los chilenos debemos figurar en ese Registro ? Si una persona enferma en algún momento, ¿debe necesariamente figurar en dicho Registro? Todos sabemos lo que pasa con el uso de la información personal en este país, donde no tenemos suficiente cautela ni seguridad para almacenar los datos personales. De hecho, en la ley sobre deberes y derechos de los pacientes se establece que la ficha médica es un elemento de cautela personal en la cual se inscriben los datos confidenciales de la persona, razón por la cual no puede ser entregada a cualquiera.
Por lo tanto, puedo entender la creación de ese Registro , pero sólo para consignar las licencias médicas fraudulentas; incluso más, podría entender que en él figurara el diagnóstico de los pacientes, los días de duración de la licencia y el nombre del profesional que emite dicho documento. Pero me parece absolutamente inaceptable que se consignen los datos del trabajador que la solicita. En verdad, no entiendo qué quieren los diputados que votaron a favor de dicho artículo en la Comisión de Salud. ¿Desean constituir un Dicom de la salud para entregar a las empresas la posibilidad de despedir o no incorporar en sus filas a trabajadores con problemas de salud significativos, los cuales no debieran conocerse? ¿Qué sucederá en una empresa cuando una persona con Sida o tuberculosis -enfermedad contagiosa- aparezca en dicho Registro? ¿Le dirán que no tiene derecho a trabajar o la despedirán?
Desde ya, pido votación separada del artículo 11 del proyecto, porque me parece absolutamente inaceptable que legislemos en ese sentido. Creo que debemos introducir las modificaciones del caso. En ese sentido, me gustaría que el Ministerio de Salud incorporara en su agenda el tema sobre el Fonasa -materia que discutimos en la anterior iniciativa sobre el particular-, de manera que dicho Fondo pagara las licencias médicas. También el de las cajas de compensación, porque me parece inaceptable mantener ese negocio en materia de seguridad social.
En suma, el trabajo realizado por la Cámara de Diputados durante 2003 y 2004 no debiera quedar simplemente en el olvido.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , en la discusión de este proyecto de ley, no hay que perder de vista la triple naturaleza que tienen las licencias médicas. En primer lugar, desde el punto de vista del derecho laboral, permite al trabajador ausentarse total o parcialmente de su trabajo. En segundo lugar, posibilita el restablecimiento de su salud. Pero la tercera naturaleza de las licencias médicas, de carácter previsional, es, quizás, la más importante, genera derecho a percibir el pago de un subsidio por incapacidad laboral, o mantener la remuneración, según corresponda. Al respecto, según nos informó la superintendente de Seguridad Social , señora María José Zaldívar Larraín , el monto desembolsado por dicho concepto alcanza aproximadamente a 1.100 millones de dólares anuales, de los cuales 250 millones de dólares se estarían usando de mala forma.
En ese sentido, cabe recordar lo que hace pocos días dijo el ministro de Salud en esta Sala, respecto de que todo lo que se ahorrará en materia de licencias médicas se destinará a la atención primaria de salud.
Señor Presidente , por su intermedio llamo al ministro a reiterar su compromiso de que los millones de dólares que se ahorrarán una vez que el proyecto en estudio se convierta en ley de la República, vayan a la atención primaria municipal.
Otro aspecto importante dice relación con la creación del Registro Nacional de Licencias Médicas . En ese sentido, quiero ser hiperrealista. Hoy, casi no existe la vida privada. Para obtener datos de una persona -lo digo como ex abogado penalista- es innecesario que exista ese registro, porque ello se puede hacer a través de la página web “www.google.cl”. De hecho, todos los abogados penalistas contratan los servicios de detectives privados. Por lo tanto, uno sabe, incluso, cuánto calza y cómo es la persona desde su nacimiento.
De manera que oponerse a la idea de establecer un Registro Nacional de Licencias Médicas me parece un sofisma o una irrealidad. Prefiero tener un registro público de licencias médicas muy bien administrado -como se comprometió a tenerlo la superintendente de Seguridad Social- que contemple las cautelas necesarias para que la vida privada no se vea disminuida o mancillada. Desde ese punto de vista, dicho registro es muy importante, porque, como ella manifestó, permitirá a la institución que dirige controlar, de manera que la futura ley no sea una ilusión.
Por eso, como una forma de enfrentar la realidad de las cosas que suceden en la sociedad actual, estimo que se debe aprobar la creación del Registro Nacional de Licencias Médicas.
Respecto de las sanciones, el proyecto busca perfeccionarlas y aumentarlas.
El proyecto que llegó a la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, establecía la existencia de dos clases de penas: las sanciones administrativas, establecidas en el artículo 5°, y las sanciones penales, consagradas en el artículo 9°.
En este caso, la Comisión estableció que se estaba vulnerando un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. En la Comisión, algunos diputados médicos me preguntaron a qué me refería, porque lo dije en latín -los diputados que son abogados lo comprenden perfectamente-: me refiero al principio jurídico non bis in idem, es decir, que a nadie se le puede condenar dos veces por la misma conducta. Hoy, en la doctrina penal moderna, si existe una sanción administrativa, ergo no hay una sanción penal, y si existe una sanción penal, no hay una sanción administrativa. Pero eso hay que dejárselo a los abogados que defiendan a los médicos que defrauden a través de las licencias médicas.
Por eso, la Comisión acordó suprimir el artículo 9° del proyecto, con el fin de modificar derechamente el Código Penal. Al respecto, el diputado Burgos y otros miembros de la Comisión de Constitución han hecho cuestionamientos debido a que el proyecto no fue remitido a dicha instancia. Hoy, si queremos sancionar a un médico por una conducta fraudulenta de otorgamiento de licencias médicas, disponemos de dos normas del Código Penal: del artículo 193, número 4°, sobre falsificación ideológica de instrumento público, o bien del artículo 470, número 8°, relativo a la obtención indebida de prestaciones del fisco.
De manera que los tipos penales que se incorporan mediante la modificación de los artículos 202 y 234 del Código Penal establecerán un sujeto activo determinado, específico, pero irrelevante desde el punto de vista de la figura penal que nos preocupa. Lo interesante son las sanciones administrativas, las multas que se establecen en el proyecto.
Por eso, vamos a aprobar el proyecto, porque es un gran avance para el otorgamiento de licencias médicas, como corresponde en derecho.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , aun cuando se trata de un tema para expertos, esta materia afecta a todos los chilenos y chilenas trabajadores.
No hay duda de que existen médicos y médicos. Hay médicos que a veces entregan licencias sin la responsabilidad que corresponde; otros lo hacen debidamente; incluso, algunos no las entregan, pese a ser un derecho legítimo y justificado.
Entonces, dado que este proyecto se ha discutido durante mucho tiempo, pensaba que consideraría todos los detalles que involucra solicitar, entregar y merecer una licencia médica. Sin embargo, da la impresión de que privilegió la protección de las arcas fiscales -bienvenido sea- y también los recursos de las isapres. No hay lugar a dudas de que se discrimina en este tema tan delicado de obtener o no obtener una licencia médica. Voy a dar un ejemplo. Si un empleado público o un profesional va donde un médico equis y solicita licencia por estrés, el médico se la concede; pero si un trabajador del campo, un temporero, una temporera o un trabajador de la construcción solicita una licencia por estrés, en la mayoría de los casos que yo conozco, se le niega.
Obviamente, es legítimo proteger las arcas fiscales, eso no lo discuto; pero, al parecer, el proyecto no defiende en profundidad los intereses y los derechos de los trabajadores y trabajadoras chilenos. Cuando se discute un proyecto por más de cinco años, pero finalmente se legisla en forma superficial, como ha sucedido con otros proyectos, uno dice: “Algo está pasando”.
Llamo la atención del Hemiciclo, porque si bien es cierto que el proyecto protege a una de las partes, ya que se terminará con las licencias injustificadas, no considera como corresponde los intereses y los derechos de los trabajadores que merecen una licencia. Muchas veces, las isapres, las mutuales o las empresas impiden que se les entreguen esas licencias por enfermedad o por accidente, porque de esa manera ahorran recursos o evitan salir desfavorecidos en las estadísticas de seguridad.
Por lo tanto, considero que el proyecto tiene algunas cosas buenas, pero le falta lo fundamental, que es la protección y el respeto de los derechos de los trabajadores, hombres y mujeres de Chile, que quedan al arbitrio del médico que los atiende.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- En nombre de la Mesa y de la Cámara, le deseamos un muy feliz cumpleaños al ministro de Salud , señor Jaime Mañalich.
(Aplausos)
Tiene la palabra el ministro de Salud , señor Jaime Mañalich.
El señor MAÑALICH ( ministro de Salud ).- Señor Presidente , muchas gracias por sus saludos.
Respecto a lo discutido en la Sala, quiero hacerme cargo sólo de dos aspectos.
El primero es que el Ejecutivo y este ministerio en particular tienen enorme conciencia del problema que se ha comentado latamente, cual es la demora que deben soportar los trabajadores de Chile, sobre todo los afiliados al sistema público, para recibir el pago de sus licencias médicas cuando están enfermos.
Por eso, hemos elaborado un proyecto que, básicamente, tiene dos elementos y que será discutido en su oportunidad por esta misma Sala:
El primero es el traspaso de las contralorías médicas desde las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez al Fonasa.
El segundo establece que el Fonasa deberá pagar esos recursos a los trabajadores en un máximo de quince días, ya que, de lo contrario, asiste el derecho a los trabajadores de tener automáticamente esos pagos en sus bolsillos, en cheques, en cuentas corrientes o como fuere. No obstante, se podrá corregir posteriormente ese acto administrativo si el beneficiario obtuvo el dinero en forma ilegítima.
El proyecto no busca mejorar la situación de las arcas fiscales, sino resguardar los recursos que se obtienen a través de impuestos generales o de cotizaciones obligatorias de salud, que permiten el financiamiento de nuestro sector público. Se trata de fondos muy importantes, del orden de 8.200 millones de dólares al año, por lo que resulta extraordinariamente grave que unos pocos, como se ha mencionado, se hagan de una parte significativa de esos recursos en forma fraudulenta, con lo que privan a los beneficiarios finales, a los pacientes de recursos que han sido entregados a través de la Ley de Presupuestos respectiva.
En ese sentido, me comprometo desde ya, por lo menos políticamente, como lo hice en una sesión anterior de esta Sala, en el sentido de que cualquier monto ahorrado por licencias médicas sea traspasado preferentemente al sector primario municipal de atención de salud.
Respecto de la discusión que hemos sostenido, quiero señalar lo siguiente: como representante del Ejecutivo , voy a presentar una indicación relacionada con el artículo 11 de la iniciativa de ley, que tiene que ver con la seguridad del manejo confidencial de los registros de licencias médicas, aspecto que ha sido comentado ampliamente y mirado con preocupación por señores diputados de todas las bancadas. Voy a hacer entrega de dicho documento al señor Secretario .
Debo recordar a los señores diputados que dicha indicación requiere la unanimidad de los diputados presentes, dado el carácter de suma urgencia con el que se está discutiendo el proyecto.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Recabo el asentimiento de la Sala para enviar el proyecto sobre otorgamiento y uso de licencias médicas a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por una semana, con el exclusivo objeto de que se pronuncie sobre los artículos 13 y 14 del texto propuesto por la Comisión de Salud.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En consecuencia, el proyecto va a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
La Comisión deberá despachar su informe antes del próximo martes 14 de junio, pues el proyecto está calificado con suma urgencia. Hago la prevención para que su Presidente tome las medidas en esa dirección.
Asimismo, recabo el acuerdo de la Sala para que en el momento de la votación del proyecto, se considere una indicación presentada por el Ejecutivo al artículo 11.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
EXCLUSIÓN DE MENORES DE EDAD DE LEGISLACIÓN SOBRE CONDUCTAS TERRORISTAS. Segundo trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido que solicite la unanimidad de la Sala para votar sin discusión el tercer proyecto de la Tabla.
Voy a dar un solo argumento para respaldar la solicitud.
Se trata de un proyecto que sólo reitera una decisión adoptada por ambas ramas del Congreso Nacional con ocasión de la última modificación de la ley Antiterrorista. La iniciativa tiene por objeto excluir a los menores de la aplicación de la legislación sobre conductas terroristas. Por una interpretación, a nuestro juicio errónea, de jueces de garantía y fiscales, se ha seguido aplicando la ley N° 18.314 a menores de edad.
El Gobierno recogió la preocupación tras esa interpretación errónea y envió a tramitación dicho proyecto, que fue aprobado en forma unánime por el Senado y en la Comisión de Constitución de la Cámara, de manera de dejar en claro, de una vez por todas, que esa ley no se aplica a los menores de edad.
Es la tercera vez que figura en Tabla, pero, por distintas razones, no se ha podido ver. Es un proyecto de ley que debemos tratar en forma urgente, porque dice relación con algunas causas pendientes.
En consecuencia, señor Presidente, pido que recabe el asentimiento unánime de la Sala para votarlo sin discusión.
El señor MELERO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para votar sin discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que excluye a los menores de edad de la legislación sobre conductas terroristas?
El señor ALINCO.- Señor Presidente , quiero hacer una consulta.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , en la sesión anterior, varios diputados no logramos intervenir en relación con este proyecto. Por su importancia, se debe terminar su discusión.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , probablemente su señoría se refiere a otro proyecto de ley. Sobre éste no se ha abierto discusión.
¿Habría acuerdo para votarlo en los términos propuestos?
El señor ALINCO.- No.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay acuerdo.
Recabo una vez más el asentimiento de la Sala para votar sin discusión el proyecto de ley que excluye a los menores de edad de la legislación sobre conductas terroristas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).- Se deja constancia de que se alcanzó el quórum requerido.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
ESTABLECIMIENTO DE RÉGIMEN DE CONCESIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 307, de los diputados señores Tuma, Auth, Pérez, don Leopoldo; de la diputada señora Pacheco, doña Clemira, y de los diputados señores Gutiérrez, don Hugo; Harboe, Venegas, Ascencio, Robles y Campos, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a su excelencia el Presidente de la República y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que estudien el establecimiento de un régimen de concesiones del transporte de pasajeros a nivel interprovincial, con la finalidad de ordenar el desarrollo del sector transporte, asegurar la frecuencia, calidad y seguridad de los servicios, y evitar el abuso que se produce en materia tarifaria al existir condiciones imperfectas de competencia en los mercados.”.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, existe amplio consenso a nivel nacional sobre los abusos que se cometen en contra de los usuarios del transporte.
Hace casi cincuenta días presentamos el proyecto de acuerdo en estudio, que tiene por finalidad establecer un régimen de concesiones del servicio de transporte de pasajeros interprovincial, a fin de evitar los abusos en la fijación de tarifas y asegurar la frecuencia y calidad de los servicios.
Durante la semana recién pasada, fuimos testigos de la intervención de la Fiscalía Nacional Económica en el tema del transporte, debido a que se ha detectado la existencia de colusión de distintas empresas que cubren servicios especialmente en la zona centro del país. La colusión se da en un sistema de desregulación; es decir, no hay regulación por parte del Estado en materia de transporte. Hoy, en todos los caminos de Chile existen empresas que participan prestando servicios de transporte, pero sin ninguna regulación. En especial en el mundo rural, vemos cómo entran y salen empresas, pues ahí existen posiciones dominantes o monopolios que no dejan competir a las empresas que quieren entrar al servicio de transporte.
Presentamos el proyecto de acuerdo para evitar que continúe la práctica de mala prestación de servicios, con alteración de la frecuencia de recorridos, empleo de máquinas antiguas o con mantenciones técnicas inadecuadas, lo que aumenta la inseguridad en las carreteras y causa daños personales y patrimoniales de envergadura, que tienen impacto en la economía nacional y regional.
La experiencia que ha tenido el país en el sentido de generar sistemas regulados por la vía de concesiones del transporte urbano, ha dado buenos resultados, pues ha permitido articular redes de transporte, asegurando regularidad y mayor calidad de los servicios y, asimismo, un mecanismo de fijación tarifaria.
¿Qué planteamos en el proyecto? Que en definitiva se concesionen las carreteras para regular lo que hoy está desregulado. Es importante que en el momento en que se abran las propuestas de concesiones, las empresas interesadas en prestar los servicios de transporte fijen las condiciones de servicio en cuanto a calidad, frecuencia y condiciones tarifarias.
Por lo expuesto, pido a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo, que apunta en sentido correcto de regular un sistema de transporte que hoy está absolutamente desregulado y que se presta para abusos como los que hemos conocido en la prensa, detectados gracias a la actuación de la Fiscalía Nacional Económica.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo debiera contar con la anuencia de la Sala.
En Chile estamos viviendo una serie de escándalos relacionados con el transporte interprovincial. Aquí, las empresas de transporte de pasajeros aumentan el precio de los pasajes y hacen lo que quieren con el bolsillo de la gente, en especial de la clase media trabajadora. Una de las cosas que podemos hacer es tratar que el Presidente de la República , en conjunto con el ministro de Transportes , establezca un régimen de concesiones del transporte de pasajeros a nivel interprovincial.
Como bien lo señaló el diputado Tuma, tenemos problemas en relación con aspectos como la calidad del servicio de transporte de pasajeros, el precio de los pasajes, el abuso que se comete permanentemente contra la gente del campo.
En La Araucanía existen más de 20 mil kilómetros de caminos; es la región que tiene más caminos, pero cuenta con un sistema de transporte absolutamente inadecuado, que maltrata a los pasajeros.
Ésta es una de las medidas que pueden ayudarnos a mejorar el servicio; otras ya son de conocimiento público, como las multas cursadas por la asociación ilícita, es decir, por la colusión de algunas empresas gigantescas de transporte de pasajero en Chile para aumentar los precios por el servicio que prestan y esquilmar los bolsillos de los trabajadores.
Por lo tanto, solicito a los estimados colegas que apoyen este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
INCLUSIÓN DE RODEO EN DEPORTES APOYADOS POR EL ESTADO.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va dar a lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 314, de los diputados señores Sabag, Pérez, don José; Martínez, Barros, Ceroni, Lorenzini, Urrutia y Jaramillo, y de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Denise Pascal, que en su parte resolutiva dice lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Oficiar a Chiledeportes, a fin de considerar el rodeo dentro de los deportes que deben ser apoyados por la acción del Estado.
2. Solicitar a esa entidad pública realizar los estudios que permitan -eventualmente- la creación de un fondo para la mantención del ganado para la práctica del rodeo.
3. Permitir que las asociaciones de rodeo puedan optar a los fondos concursables de Chiledeportes, 2 por ciento de los gobiernos regionales u otras entidades del Estado, para la creación de criaderos deportivos en las diferentes regiones del país.”
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente , sin duda alguna, el rodeo chileno es uno de los dos deportes que mayor cantidad de personas convocan desde el punto de vista de su práctica y del público que concurre a observar esta típica actividad deportiva.
También es sabido que el rodeo ha tenido tropiezos en cuanto a su crecimiento como actividad en varios aspectos.
El primero de ellos dice relación con quienes facilitan el ganado para el desarrollo de este deporte. En efecto, en cumplimiento de protocolos establecidos a través del SAG para la exportación de carne, que dicen relación con la trazabilidad de los mercados, se dificulta la entrada y salida de animales desde los predios, lo que ha generado que algunas personas ya no se encuentren dispuestas a facilitar animales para el desarrollo de esta actividad deportiva.
Por lo tanto, requerimos que, a través del SAG, obviamente cumpliendo los protocolos respectivos, se busque una fórmula de solución para quienes facilitan los animales para el rodeo, y así, evitar su sobreutilización y, eventualmente, su maltrato.
Por medio del proyecto de acuerdo, pedimos que los clubes deportivos y las asociaciones de rodeo puedan optar a los fondos concursables de Chiledeportes como también al 2 por ciento de los gobiernos regionales y a fondos de otras entidades del Estado.
Por último, esperamos contar con el voto positivo de todos los señores diputados, en especial de quienes transversalmente encabezamos la propuesta a través de este proyecto de acuerdo y representamos zonas agrícolas, en el entendido de que, además, el rodeo es el deporte que con mayor fuerza, y hoy más que nunca, representa nuestra identidad, recoge nuestras raíces y permanece en el tiempo.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , el rodeo es, sin duda, el deporte que lleva más público a las medialunas; el que, después del fútbol, se practica en forma más masiva.
El rodeo está centralizado en tres federaciones a nivel nacional: la Federación del Rodeo Chileno, la Federación Nacional del Rodeo Criollo de Chile y la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile.
No siempre, como se supone, los clubes de rodeo se hallan conformados por gente de muchos recursos. Al contrario, muchas veces vemos participando de dicha actividad a un arreglador o a un preparador, que son personas que, con esfuerzo y sacrificio, trabajan a diario en el mundo de los caballos.
Este deporte obliga al huaso que participa en él a contar con un caballo, e incluir todo lo vinculado a su equipamiento: mantas, monturas, vestimenta huasa. Es decir, tiene un costo.
Lamentablemente, hemos tenido dificultades para que los distintos clubes de rodeo puedan acceder, mediante la presentación de proyectos, a los fondos concursables de Chiledeportes y al 2 por ciento de los fondos regionales establecidos por ley para el deporte, recursos que no siempre son utilizados en su totalidad por los gobiernos regionales.
Por eso, nos interesa que los distintos clubes de rodeo a lo largo del país puedan presentar proyectos tanto a Chiledeportes como a los gobiernos regionales, y que sean considerados. El rodeo chileno se encuentra profundamente arraigado en la agricultura, en nuestras tradiciones huasas, y se relaciona con el folclor, la cueca, en fin. Porque el rodeo es lo que más caracteriza y se familiariza con el mundo huaso.
En consecuencia, llamó a votar a favor el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , no comparto en absoluto este proyecto de acuerdo. No me parece que el Estado deba financiar con recursos propios ni éste ni ningún tipo de deportes que impliquen perjuicio, daño o deterioro para la salud de los animales con los cuales se practican.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , sólo quiero recordar el bochornoso incidente que conmocionó al país hace algunos meses, cuando en un rodeo, una joven protestó, precisamente, por lo que señaló el diputado Saffirio , y fue laceada desde un caballo por una de las personas que practicaba ese deporte.
Cualquier actividad deportiva tiene que respetar las manifestaciones que se puedan exteriorizar en su contra.
Como dije, hace algún tiempo, ocurrió un hecho bochornoso, que marcó un hito para una actividad deportiva que conglomera a mucha gente, como es el rodeo, pero cuya práctica muchos no comparten.
En suma, quiero hacer ver que no comparto el proyecto de acuerdo, debido a los fundamentos que entregó el diputado Saffirio.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
El señor MELERO (Presidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAR SEQUÍA Y MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LLUVIAS EN REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
El señor MELERO ( Presidente ).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , el fin de semana pasado, luego de un largo y extenso período de sequía, la Región de Coquimbo se vio afectada por intensas lluvias que superaron con creces lo que habitualmente ocurre en meses. Ello nos significó tener que enfrentar, en conjunto con las autoridades regionales y municipales, problemas de anegamiento, de atención a damnificados y de contención de los efectos en las calles de las ciudades de la Región de Coquimbo. Lo más grave es que ahora está la posibilidad de que las heladas afecten las cosechas y los cultivos.
Es importante entonces que las autoridades del Gobierno informen sobre el plan de contingencia que tendremos en la Región de Coquimbo para hacer frente, primero, a las consecuencias del largo período de sequía que tuvimos, y, segundo, para hacer frente a las consecuencias de estas lluvias y de las posibles heladas que puedan venir hacia el futuro.
Los agricultores de la Región de Coquimbo se han visto afectados muy duramente durante este año por las condiciones meteorológicas, por el cambio de clima que está afectando de manera significativa a nuestra región.
Desde esa perspectiva, es importante que exista un cambio en la cultura con la que se enfrentan estas emergencias. Año tras año, la Región de Coquimbo ha tenido que enfrentar sequías y heladas, que afectan dramáticamente el desarrollo de una región fundamentalmente agrícola en sus tres provincias. Por tanto, lo importante es hacer programas de prevención y no programas de emergencia frente a cada acontecimiento.
Por ello, pido que se oficie a las respectivas autoridades de gobierno para que envíen a esta Cámara de Diputados un programa completo de desarrollo de emergencias para la Región de Coquimbo frente a la sequía y a las heladas, e informen sobre las medidas que se han adoptado para hacer frente a las copiosas lluvias que, aun cuando son bienvenidas, han provocado una vasta dimensión de emergencia, que a mi juicio ha sido enfrentada de manera muy satisfactoria por la autoridad regional y por las autoridades municipales en las quince comunas de la Región de Coquimbo.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PAGO DE BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CARBÓN 4. Oficio.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente , en mi zona, mil cuatrocientos jóvenes de las comunas de Lebu, Los Álamos, Curanilahue y Lota están en la educción superior. Se trata de hijos de ex mineros del carbón, con los cuales el Estado y particularmente el Ministerio de Educación tienen una obligación, ya que ellos son beneficiarios de la Beca Presidente de la República , Programa Carbón 4, para pagar sus estudios en instituciones de educación superior. Es un compromiso que adquirió el Estado chileno debido al cierre de la mina dentro de un plan de protección social para las familias de los mineros.
Estamos en junio, y las autoridades del Ministerio de Educación, como consecuencia de su inoperancia, ineficiencia e irresponsabilidad, aún no entregan a estos jóvenes el pago de la Becas Presidente de la República .
Durante los meses de marzo, abril y mayo, el Gobierno de Chile ha mantenido a mil cuatrocientos jóvenes sin la beca que les permite pagar su educación superior.
Aquí se da una paradoja. Mientras el ministro de Educación habla de la calidad de la educación y se coloca en el centro del debate nacional la necesaria reforma a la educación superior; mientras el país tiene que garantizar la educación superior para sus jóvenes, mil cuatrocientos jóvenes de la zona más pobre de Chile no reciben la ayuda que el Estado tiene la obligación de entregar.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Educación para que lo que no ha hecho durante marzo, abril y mayo, lo haga en forma urgente en junio. No es posible que termine este mes sin que las autoridades del Ministerio de Educación paguen las becas que por derecho deben recibir mil cuatrocientos jóvenes de la zona del carbón, de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
ANTECEDENTES SOBRE CONFECCIÓN DE BORRADORES DE PRESUPUESTO AGREGADO EN MATERIA HOSPITALARIA EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto de los Partidos Radical Social Demócrata, Comunista e Independientes, tiene la palabra el diputado don Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , en relación con la crisis de salud de la cual es víctima la Región de Atacama, quisiera subrayar el acierto que ha tenido el director del hospital Regional, don Hernán Rojas , quien ha señalado al diario Atacama , con gran precisión y síntesis: “A nosotros nos gustaría tener un presupuesto realista”. Es algo simple, pero de máxima relevancia, que apunta a uno de los aspectos más esenciales de esta crisis, como es el alto nivel en la carencia de recursos. Esto se reclama desde una de las regiones más ricas y con un territorio del cual a diario se extraen riquezas que, como inversión social, pueden satisfacer estos y otros tantos problemas que aquejan a la gente. Pero eso no ocurre. La gente ve pasar esos camiones con minerales raudos a los puertos y, sin embargo, nada de esa riqueza queda en la región.
Hay consenso en la región de la necesidad de dar urgencia a la normalización del hospital. De esa forma, señalan los técnicos en salud, se solucionarían íntegramente los problemas.
El presupuesto para 2012 requiere más recursos humanos, como enfermeras, técnicos, funcionarios y auxiliares; más horas médicas y la entrada en funcionamiento de la nueva torre de hospitalización en Copiapó. Para que esto satisfaga es indispensable que en la comunidad perduren su movilización y demandas. El presupuesto de 16 mil millones de pesos anuales es insuficiente para la cobertura que deben atender. Las autoridades técnicas califican dicho ítem como fuera de todo realismo.
Ante estos antecedentes, se debe seguir trabajando para llegar a soluciones políticas que acojan estas observaciones y pongan en movimiento un proceso de avance para la satisfacción de la población. Para este fin es necesario que todos los actores sociales y políticos nos sentemos en un solo espacio y debatamos frente a la opinión pública para aportar a dicho proceso -dado que nos encontramos en junio, mes en el cual éstos se inician, en forma piramidal- y elaborar los presupuestos que aseguren los recursos para el próximo año fiscal.
Por tanto, quisiera solicitar a esta Corporación el envío de un oficio a la intendenta de la Región de Atacama y a la seremi de Salud Regional para que informen sobre los primeros borradores del presupuesto agregado de la región y lo que las unidades de salud están solicitando -en especial la hospitalaria- para su funcionamiento el próximo año.
Asimismo, pido que se envíe copia del oficio a los alcaldes de la región, a los concejales, a los consejeros regionales, a los directores de hospitales de la Región de Atacama, a los dirigentes de la Fenats y de la Fenprus de cada hospital, de la CUT provincial y de las uniones comunales de juntas de vecinos de las distintas comunas.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
FUNDAMENTOS LEGALES DE REESTRUCTURACIÓN EFECTUADA POR SUBSECRETARIO DE CHILEDEPORTES. Oficios.
El señor CARMONA.- Por otra parte, por diversos canales que han informado sobre las denuncias formuladas ante la opinión pública y la Contraloría General de la República, nos hemos impuesto de algunas acciones administrativas irregulares realizadas por el subsecretario de Chiledeportes , señor Gabriel Ruiz-Tagle Correa .
Las denuncias apuntan a que la autoridad señalada está impulsando una reestructuración orgánica del servicio que es inconstitucional, toda vez que modifica, mediante resolución administrativa, aspectos contenidos en la ley N° 19.712, en circunstancias de que la modificación en cuestión debe ser llevada a cabo por ley, según mandato expreso de los artículos 68 y siguientes de la Constitución Política de la República.
A partir de esto, ha procedido, sin apego a las normas legales que rigen al efecto, a tomar una serie de decisiones que afectan a la planta de funcionarios y a todo el personal que colabora en el cumplimiento de la misión del servicio.
Debido a tal decisión y actuación, el subsecretario ha sido requerido por el órgano contralor, institución que evacuó un dictamen, de fecha 1° de diciembre de 2010, que confirma el carácter ilegal e inconstitucional de la reestructuración. Pese a ello, el señor Ruiz-Tagle ha seguido aplicando la reestructuración que el propio contralor le ordenó dejar sin efecto.
Por estas razones y en virtud de las facultades fiscalizadoras que nos otorga la Constitución Política, creo que es preciso, vía oficio, que el subsecretario de Chiledeportes nos informe expresamente sobre los fundamentos legales que ha tenido a la vista para proceder en la forma que he denunciado.
En el mismo tenor de extrema preocupación, por las actuaciones del subsecretario de Chiledeportes, considero pertinente pedir que se incluya en el oficio que he solicitado que informe expresamente a esta Corporación sobre los fundamentos legales y los resguardos administrativos en que se sustentó al momento de retirar a los funcionarios de ese servicio encargados de fiscalizar, cada evento en que se hace uso del Estadio Nacional. El subsecretario procedió a eliminar la Unidad de Control de Entradas, cuya función es informar a la Subsecretaría sobre los borderós recaudados en cada oportunidad, a fin de resguardar el patrimonio fiscal.
Solicito que el oficio se envíe con copia a los ministros del Interior y de Hacienda , al presidente de la Asociación de Funcionarios de Chiledeportes y a sus representantes en la Región de Atacama, al presidente de la Anef y a sus representantes en la Región de Atacama, y al directorio de la CUT nacional y provincial
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
-Se levantó la sesión a las 14.03 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.40 horas.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
ANTECEDENTES SOBRE DIVERSAS MATERIAS QUE AFECTAN A HABITANTES DE LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLÍN.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, quiero referirme a dos problemas que presenta la localidad de Quenuir.
El primero de ellos se refiere a la linda costanera de la localidad, que pertenece a la comuna de Maullín, pero como suele ocurrir, con muchas zonas rurales: mucha pobreza y carencia de necesidades básicas y mínimas.
A la costanera de Quenuir se le destinaron fondos por un monto que desconozco, para efectos de hacer una especie de paseo peatonal, que debía haber llevado un relleno. Pero ocurre que hoy nos encontramos con que uno camina por ahí y lo que hay son tablas viejas, con algo de piedra y barro, pero no se ve absolutamente nada que la identifique con un paseo. Si se trata de algún proyecto, me pregunto qué pasó con la plata para ello, porque no se ve dónde está.
Solicito que se oficie al ministro de Planificación , para poder determinar qué fondos fueron destinados y a qué proyecto se adjudicaron para construir la costanera. Nos interesa conocer en profundidad el proyecto, cuándo fue licitado, a qué empresa se le adjudicó y fue contratada para desarrollarlo; si los fondos pasaron por el municipio, en fin.
He consultado con pobladores de Quenuir y ni siquiera ellos saben en detalle de dónde provienen esos fondos, que según ellos eran aproximadamente 50 millones de pesos, porque eso se les dijo en su oportunidad, pero no pude dar con la información concreta.
Por otra parte, en la misma localidad de Quenuir se hizo una planta elevadora de aguas servidas, y se acaba de inaugurar el alcantarillado.
El comité correspondiente me plantea dos cosas. Se supone que cuando se le dio inicio hay unos meses de marcha blanca, en los cuales ellos no se hacen cargo del pago del servicio, y tampoco se les informó que debían pagar tres meses. Sin embargo, a ese comité de alcantarillado le hicieron pagar tres meses de marcha blanca. Entonces, pagaron cinco meses en boletas a nombre de la municipalidad y luego pagaron septiembre, octubre y noviembre.
En definitiva, me interesa saber en qué condiciones se entregó esa planta, cuáles son los contratos que la respaldan, cuáles eran las obligaciones del comité, para efectos de ver si correspondía o no que esos pagos -insisto, en boletas a nombre de la municipalidad- lo hicieran los vecinos.
Por último, me hicieron presente que hay un atraso de tres meses de la municipalidad en el pago del subsidio del agua.
Aunque los temas que he expuesto son distintos, en su conjunto, atendido que no podemos fiscalizar a las municipalidades, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República, con el objeto de que realice una pequeña auditoría y emita un informe respecto de los dos puntos que he planteado y a la actuación de la Municipalidad de Maullín respecto de los contratos y pagos. Asimismo, solicito que se me informe qué está pasando con el pago del subsidio del agua en la localidad de Quenuir.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Ascencio , Saffirio y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO EN COMPUTADOR DE ESCUELA DE HUELDÉN, COMUNA DE ANCUD. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero denunciar un hecho que ocurrió en la comuna de Ancud, en una escuela rural el 3 de junio pasado, donde se detectó material pornográfico en el computador de un profesor, que estaba al alcance de los niños que asisten a ese establecimiento educacional. Aún se desconoce quién habría descargado el material pornográfico en el computador.
Entiendo que la fiscalía está realizando una investigación y ha trascendido que el material pornográfico habría sido de carácter infantil. Hay una duda al respecto, pero sería importante averiguarlo, porque si eso fuera cierto representaría un problema mayor y naturalmente que nos interesa que esa situación se resuelva lo antes posible.
La Corporación Municipal de Ancud enfrenta dificultades de toda índole, y lo único que le faltaba era tener problemas como el que acabo de describir.
Entiendo que hay un sumario que lleva la directora regional del Servicio Nacional de Menores, pero en este caso necesitamos aclarar absolutamente la situación.
Solicito que se oficie al ministro de Educación y al intendente de la Región de Los Lagos , con el objeto de que informen acerca de los hechos que habrían ocurrido en la escuela rural Hueldén, de la comuna de Ancud, de las medidas adoptadas para que no vuelvan a ocurrir hechos como el descrito y para que se sancione a los responsables de esa situación.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CONSTRUCCIÓN EN 2011 DE JARDÍN INFANTIL EN POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE, COMUNA DE CASTRO. Oficios.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , la población Salvador Allende , de la comuna de Castro, este año esperaba que se construyera un jardín infantil para los niños del sector. Lamentablemente, la Junji ha informado a la Corporación Municipal y a la propia Municipalidad de Castro, que no tienen financiamiento este año para la ejecución de esa obra.
Ésa es una noticia muy desagradable que desanima a los vecinos del sector de la Población Salvador Allende, quienes esperaban la construcción de un jardín infantil para atender a más o menos mil familias; es decir, se trataba de una obra muy relevante e importante y que lamentablemente se postergó, según dicen, para el próximo año. Hace rato ya que, con los recortes presupuestarios que viene haciendo el Gobierno, las obras de este tipo en Chiloé van siendo postergadas y no están siendo ejecutadas.
Solicito que se oficie al ministro de Educación y al intendente de la Región de Los Lagos , para que me informen acerca de los motivos por los cuales la construcción del jardín infantil en la Población Salvador Allende, de la comuna de Castro, no se va a realizar, y si es posible que vuelva a considerarse dentro de los proyectos para ser ejecutados este año y no en 2012, como se escucha en estos momentos.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA MAR BRAVA, COMUNA DE ANCUD. Oficio.
El señor ASCENCIO.- Hace algunos días visité la caleta de pescadores Mar Brava , de la comuna de Ancud, donde hay dos sindicatos de pescadores, que cuentan con áreas de manejo, pero fundamentalmente trabajan en la extracción del recurso loco.
Allí se realiza un trabajo extraordinario que lleva alrededor de siete u ocho años en el área de manejo; ellos venden sus productos a unas empresas, pero ahora tienen la necesidad de mejorar la infraestructura portuaria.
Ellos desembarcan en plena playa, en un sector de Mar Brava, donde, además, las olas golpean en forma permanente y violenta. Por lo tanto, necesitan que se construya una dársena de abrigo, un molo de protección, y una explanada por la cual puedan subir los botes de trabajo y donde, además, se puedan ubicar los vehículos que participan de las faenas de los dos sindicatos, que reúnen más o menos a sesenta socios cada uno.
Solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que disponga que la Dirección Nacional de Obras Portuarias informe acerca de la posibilidad de construcción en la caleta Mar Brava , de la comuna de Ancud, de la dársena de abrigo o molo de protección, como lo quieran llamar, junto con la explanada necesaria para que los trabajadores realicen mejor sus faenas de extracción de recursos.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de los parlamentarios que así lo expresan.
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A CENTRO DE DETENCIÓN DE MENORES DE LOCALIDAD DE CHOLCHOL, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , quiero que se oficie al ministro del Interior y al intendente de la Región de La Araucanía para que informen acerca del estado de cumplimiento del proyecto comprometido con este diputado , relacionado con la dotación de agua potable al Centro de Detención de Menores de la localidad de Cholchol, de la comuna de Nueva Imperial. Ese centro ha sido objeto de violencia por parte de los menores, precisamente, por la carencia de agua.
En enero de este año, el intendente se comprometió a avanzar rápidamente en la dotación de ese elemento a ese centro de menores y, hasta la fecha, no ha ocurrido nada.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
LICENCIAMIENTO DE SOLDADO CONSCRIPTO DE LA ARMADA, SEÑOR CARLOS VERDUGO BASTÍAS. Oficio.
El señor SAFFIRIO.- En segundo lugar, pido enviar un oficio al ministro de Defensa para que informe acerca de las razones por las cuales no se ha procedido al licenciamiento del soldado conscripto de la Armada, don Carlos Verdugo Bastías , no obstante que su conscripción concluyó en noviembre de 2009.
Hasta esta fecha, el joven Carlos Verdugo se mantiene como parte del personal de la Armada y se le está pagando la asignación de 40 mil pesos mensuales que corresponde a un conscripto. No se le está pagando lo que le corresponde por su grado, por el tiempo que lleva en esa condición. Tampoco se ha concluido una investigación sumaria por un accidente sufrido por este soldado en mayo de 2008.
Para los efectos de la identificación de este soldado, su número personal es el 832838-6.
Hace más de año y medio que su conscripción se ha prolongado más allá de lo regular.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
RESPUESTA A OFICIO RELATIVO A OBRAS COMPROMETIDAS EN SECTOR SAN RAMÓN, COMUNA DE FREIRE. Oficios.
El señor SAFFIRIO.- En tercer lugar, quiero solicitar el envío de un oficio al ministro del Interior para que se digne dar cumplimiento a sus obligaciones legales y responda a esta Cámara el oficio N° 2.929 que se le envió, a través de esta Comisión de Solicitudes, el 13 de abril de 2011.
El oficio tiene que ver con obras comprometidas en el sector San Ramón de la comuna de Freire.
Quiero que copia de este oficio sea remitida al ministro de Vivienda .
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL CIERRE DE CONSULADO CHILENO EN LAUSSANE, SUIZA. Oficio.
El señor SAFFIRIO.- Por último, pido oficiar al ministro de Relaciones Exteriores , a fin de que informe acerca de la efectividad de haberse resuelto el cierre del consulado chileno en Laussane, Suiza.
Este consulado atiende a miles de chilenos que residen en los cantones de la Suiza Francesa Occidental.
Se está generando una grave situación a toda la colonia chilena residente en la zona, con ocasión del anuncio de su cierre.
Quiero saber si esto es efectivo. De ser así, que se expliquen las razones que se tuvieron presente para tomar esa medida.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INVESTIGACIÓN DE DESPIDO DE TRABAJADOR DE EMPRESA ULTRAMAR AFECTADO POR ENFERMEDAD PROFESIONAL. Oficios.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , hace pocos días fui contactado por una de las concejalas más activas de mi partido, la señora Roxana Sepúlveda Alarcón , quien me expuso un caso realmente importante. Ella es concejala por la comuna de Quilpué, de la Región de Valparaíso.
El problema que me planteó reviste suma gravedad, sobre todo porque tiene que ver con los derechos de los trabajadores.
El 25 de mayo de este año, el trabajador señor Sixto Reynaldo Aguilera Céspedes recibió un finiquito por necesidades de la empresa Ultramar AG Marítima Limitada, invocándose el artículo 161 del Código del Trabajo.
Trabaja en esa empresa desde hace más de 30 años.
Lo raro de esto es que la empresa determina finiquitar al trabajador por necesidades de la empresa, en circunstancias que ésta sabe que desde hace mucho lo ha expuesto en forma absolutamente ineficiente al polvo de cemento.
Sabemos que este polvo produce problemas muy serios, entre ellos, silicosis.
El 6 de agosto de 2007, uno de los ejecutivos de la empresa le envió un documento, vía correo electrónico, a sus gerentes, poniéndolos en conocimiento de que fue contactado por la higienista del Instituto de Seguridad del Trabajo de Viña del Mar, quien le dio a conocer resultados de un examen radiológico efectuado a cuatro trabajadores, entre los cuales estaba don Sixto , en el marco de los controles.
Le plantea que las radiografías pulmonares de los trabajadores revelan polvo, que tal afección se denomina neumoconiosis y que el Instituto de Seguridad del Trabajo debe confirmar o descartar la presencia del polvo, el que por la historia ocupacional de los trabajadores no podría tratarse de otro polvo que no fuese el de cemento. Además, que por el alto contenido de silicatos que contiene, los trabajadores deben tener una silicosis incipiente.
Asimismo, propone algunos mejoramientos, como el traslado de los trabajadores de esa fuente de trabajo a otro lugar; el mejoramiento del sistema de almacenaje y despacho de cemento; confirmación de la calidad y certificación de los elementos de protección personal en uso en la actualidad y la implementación de un sistema de rotación de trabajadores que intervienen en los procesos.
La empresa no hizo caso de esas recomendaciones; es decir, no siguió los consejos de sus propios directivos, de los gerentes.
Pasó el tiempo y, en 2009, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin , de la Región de Valparaíso le pide al Instituto de Seguridad del Trabajo que le envíe en forma urgente los antecedentes para evaluar a don Sixto . El Instituto nunca los envió. La Compin tampoco hizo una acción más diligente para resolver el tema.
Me parece absolutamente inaceptable que un trabajador sea despedido, teniendo una patología que se denomina enfermedad laboral, sin que se solucione su problema y se lo deje sin empleo.
Sabemos lo que pasa cuando una persona ya tiene un problema de salud. La legislación es muy clara en este sentido. La empresa no puede deshacerse de un trabajador, sobre todo si le ha prestado servicio durante más de 30 años. Me parece inconcebible lo que está ocurriendo. Por ello, es menester que haya una investigación seria de parte de los órganos del Estado.
Por eso, pido oficiar a la ministra del Trabajo , para que instruya a la Dirección del Trabajo a fin de que me informe acerca de qué se ha hecho, en qué condiciones está el trabajador, cuáles son los apoyos que le ha dado al trabajador para defender sus derechos y cuáles son las conductas de la Dirección del Trabajo en relación con la empresa Ultramar.
También al ministro de Salud , para que la Superintendencia de Salud y la Compin de la Región de Valparaíso me informen en qué condiciones están los oficios enviados por la Compin, si ha tomado debida nota de la enfermedad profesional, si la ha calificado, y en qué estado están los documentos del trabajador.
Asimismo, pido oficiar a la Superintendencia de Seguridad Social para que haga una auditoría en el Instituto de Seguridad del Trabajo, debido a que no se han tomado las medidas pertinentes para cautelar la salud del trabajador ni se han tomado los resguardos suficientes frente a su problema desde el punto de vista sanitario y de la salud.
Por último, que la ministra del Trabajo realice una evaluación y adopte las medidas necesarias para ver cómo está actuando la empresa Ultramar. Me parece inadecuado que se finiquite a un trabajador ejemplar sin ningún tipo de aspiración, más allá de lo que estoy exponiendo.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Fidel Espinoza , Marcelo Díaz , Patricio Vallespín y quien habla, con copia de su intervención a las personas señaladas.
INFORMACIÓN SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN CORDÓN EL CAULLE. Oficios.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , el motivo de mi intervención tiene que ver con un hecho que nos preocupa a todos y que afecta al sur de nuestro país: me refiero a la erupción del volcán Puyehue, en el Cordón El Caulle.
Se trata de una de una zona que tiene un alto flujo vehicular hacia Argentina y un importante potencial turístico, además de una capacidad agrícola y ganadera bastante significativa. Sin embargo, nuestra preocupación más importante es la cantidad de chilenas y chilenas que viven y trabajan en la zona.
Una de las comunas que se ha visto más afectada, Puyehue, forma parte de mi distrito, como asimismo las zonas aledañas a las termas, donde existen muchas localidades que han sido dañadas por esta nube tóxica.
Después de conversar con los distintos dirigentes sociales de la zona y representantes de las comunidades indígenas, pude constatar que se encuentran realmente preocupados por la situación que se está viviendo. En este momento, fueron llevados a un alberque que se encuentra ubicado en la localidad de Entre Lagos, comuna de Puyehue.
Sin embargo, nuestra preocupación se ha visto cada vez más aquejada después de recibir una serie de informaciones y conocer un paquete de medidas adoptadas por la autoridad regional y el municipio de Puyehue , que resultan ser bastante contradictorias y peligrosas. Por un lado, se adoptan medidas para evacuar rápidamente a los habitantes y trabajadores de la zona de más riesgo, habilitando albergues en lugares seguros, como el de Entre Lagos, que ya tiene a más de cincuenta personas y, por otro, vemos que el límite de seguridad establecido para la evacuación coincide justamente con el complejo Termas de Puyehue. Es decir, el peligro y riesgo de erupción sólo llegaría hasta ahí, sin afectar a ese importante centro turístico de la zona.
Se fijó un límite superficial que ha permitido a este complejo funcionar con “normalidad”, pese a la alerta roja con nivel seis determinada para toda la región de Chile y Argentina. Sin ir más lejos, hoy Sernatur hizo una declaración pública para respaldar esta absoluta normalidad que, según ellos, reinaría en la zona.
Para reforzar esta estrategia, la alcaldesa de Puyehue también ha invitado, a través de los medios de comunicación, a los turistas que quieran visitar la zona.
No ponemos en duda la belleza de nuestra región; nos llena de orgullo que cada año más chilenos y extranjeros viajen a conocerla. Sin embargo, no nos parece responsable que un servicio público diga lo contrario de lo que está diciendo el Gobierno y el sistema de protección civil. Así como tampoco nos parece adecuado que el municipio no quiera reconocer las cosas como verdaderamente son, pues finalmente no serán ellos los responsables de la vida ni de la seguridad de quienes, creyendo en esta información, lleguen eventualmente a la zona con fines turísticos, salvo que vayan a las termas de Puyehue, que como ya se ha dicho, está milagrosamente fuera del área de riesgo.
No nos parece correcto que se juegue con la seguridad de las personas, pues mientras no haya otra decisión informada al respecto es y seguirá siendo considerada una zona de alto riesgo, decisión que debe respetarse, le guste o no a algunos empresarios del turismo, que al parecer están más preocupados de sus reservas y pasajeros de temporada que lo que está ocurriendo verdaderamente hoy en la zona.
Por otro lado, tampoco se puede aceptar que, por una parte, haya gente que esté siendo presionada para bajar, en aras de su propia seguridad y, por otra, se haga vista gorda con algunas personas. Nadie puede estar por sobre la legalidad.
Sobre esto mismo, quiero decir que he recibido denuncias de habitantes de la zona que sí quieren salir del lugar para resguardarse, pero, por el contrario, nos han dicho que mientras muchos de los dueños de fundos y predios de la zona han evacuado sus casas, precisamente, quienes viven y trabajan al interior de esos terrenos, más conocidos como inquilinos, han sido obligados a quedarse para cuidar los animales. Por cierto, tampoco nos parece correcto este abuso. Ninguna vida humana es menos importante que otra.
Por las razones expuestas, pido que se oficie al ministro del Interior , a fin de que nos informe cuáles son los criterios que se han considerado por esa Cartera, como superior directo de la Onemi, para adoptar las medidas de seguridad y evacuación de las zonas de riesgo afectadas por la erupción, que nos señale el período por el cual se extenderán estas medidas y nos indique si se han establecido algunas excepciones, considerando que hasta Carabineros y sus familias han sido evacuados.
Asimismo, que se oficie al director del Sernatur para que nos informe cuáles fueron los antecedentes técnicos y las instrucciones administrativas que tuvo a la vista para emitir el comunicado sobre la supuesta normalidad de la zona de erupción del Cordón El Caulle; a la alcaldesa de la Municipalidad de Puyehue para que nos informe cuántas personas han sido evacuadas de sus residencias, cuántos albergues se han habilitado y cuánto personal, recurso material y económico está invirtiendo el municipio para apoyar estas medidas de seguridad dispuesta por la autoridad. Por último, a la ministra del Trabajo , a fin de que realice una fiscalización exhaustiva en todos aquellos lugares de trabajo comprendidos en la zona de riesgo decretada por el Gobierno para determinar en cuántos de ellos se respetaron las medidas de evacuación y en cuántos no, y en qué lugares los trabajadores fueron obligados a continuar con sus labores en forma normal pese a la emergencia, indicándonos si se han cursado o se cursarán infracciones y multas al respecto.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON MEDICIÓN DE CALIDAD DE AIRE EN PUERTO MONTT. Oficios.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).- Tiene palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , quiero plantear un tema que quizá para la autoridad regional puede estar pasando inadvertido.
La contaminación del aire no es patrimonio exclusivo de la ciudad de Santiago. En Puerto Montt también estamos sufriendo la contaminación del aire, que muchas veces está vinculada a situaciones de meteorología, pero que poco a poco puede estar comenzando a afectar la salud de las personas de la capital regional.
Ante esta situación, hemos constatado que no se han visto acciones claras de parte de la autoridad ambiental regional para paliar de alguna forma el problema. Ni siquiera existe un monitoreo para conocer la magnitud de la situación ni menos medidas alternativas para enfrentar preventivamente el problema.
Por ello, pido que se oficie a la ministra de Medio Ambiente , señora María Ignacia Benítez , para que nos informe acerca de qué medidas se han adoptado, se están adoptando o se van a adoptar para mitigar la contaminación en la ciudad de Puerto Montt. Asimismo, nos interesa saber exactamente cuál es la condición de contaminación del aire en los eventos señalados.
Repito, desconozco que exista un plan de monitoreo o que se hayan hecho estudios durante el último año para mitigar la contaminación, que es el período más crítico que hemos tenido. Por eso, me parece fundamental que la ministra explique qué está pasando con esta situación.
Asimismo, que se oficie al intendente de la Región de Los Lagos , señor Juan Sebastián Montes , con el objeto de qué nos informe acerca de qué acciones ha emprendido para conocer la situación de la calidad del aire en la ciudad de Puerto Montt, qué peticiones ha realizado al ministerio de Medio Ambiente al respecto y cuándo las hizo. Me interesa saber cuál es la realidad de la calidad del aire de nuestra ciudad, que resulta ser un tema fundamental para la salud de las personas. Si el intendente no ha realizado estas gestiones, podría estar actuando con negligencia en la materia, lo que sería de extrema gravedad.
Por las razones expuestas, solicito que se envíen estos oficios a la ministra y al intendente, porque hoy en Puerto Montt se comienzan a ver los primeros estragos con la contaminación que se está viviendo en los centros de Salud de la ciudad.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Marcelo Díaz y quien habla.
ESTADO DE SITUACIÓN DE SISTEMA DE RETENCIÓN Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES. Oficios.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en primer lugar, pido que se oficie a la ministra del Trabajo , al director del Instituto de Previsión Social y al superintendente de AFP , con el objeto de que se nos informe sobre el estado de situación del sistema de retención y pago de cotizaciones previsionales.
Como recordará, señor Presidente, en el marco de la reforma previsional efectuamos un cambio para los efectos de resolver el fenómeno de la deuda previsional.
Hace pocos días, las AFP informan que mantienen más de 841 mil juicios abiertos en contra de empleadores por el no pago de cotizaciones y que la deuda real, a marzo del 2011, asciende a 1.590 millones de dólares, ello según un estudio de la Asociación de AFP.
Señor Presidente , creo que va a compartir la afirmación que voy a hacer: esto no es más que un robo, porque son recursos que se entregan por ley a una Administradora de Fondos de Pensiones , con un mandato al empleador para que retenga y entere dentro de un cierto plazo ese dinero en las cuentas de capitalización de los trabajadores, para rentar y mejorar sus pensiones. Cada día que pasa, ese trabajador deja de generar ingresos que aumenten su pensión, que ya es mala en el régimen de AFP, al que están condenados, porque no es un mecanismo que garantice buenas pensiones a la inmensa mayoría de los chilenos.
Se trata de delitos de la máxima gravedad. En mi región, Coquimbo, se dictó la primera condena en contra de empleadores por el delito de apropiación indebida.
Como efectuamos modificaciones a la ley para resolver dudas, debo señalar que, a mi juicio, éstas fueron demasiado suaves, y el cuadro actual es éste.
En consecuencia, es hora de que el Gobierno informe sobre el pago de las cotizaciones previsionales.
Esta información apareció en un medio de comunicación nacional. Si es preciso, debemos modificar la ley, y establecer mecanismos efectivos para sancionar a quienes le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores para quitarles su dinero, el cual pertenece única y exclusivamente a ellos y, en este caso, a sus pensiones.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE BONO POST LABORAL DE LA LEY Nº 20.305. Oficios.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , por otra parte, quiero que se oficie al ministro de Hacienda , con el objeto de que informe sobre el pago del bono post laboral de la ley Nº 20.305.
Recibí una carta de profesores de Valparaíso, de Rancagua, y de otra regiones, que plantea que las corporaciones municipales están pidiendo un conjunto de documentos que si no fueren presentados antes de una fecha determinada, los beneficiarios quedarán sin acceso al bono post laboral que otorga la citada ley que entró en vigencia el 1 de enero de 2009.
Muchas veces dicha documentación -certificado de antigüedad en la Corporación; certificado de pago de la pensión en la AFP; certificado de la Secretaría Regional Ministerial de Educación; finiquito del contrato; fotocopia de la cédula de identidad, etcétera- es provista por el afectado, pero otra debe ser proporcionada por la Corporación.
En consecuencia, si no entregaron oportunamente la información, y acreditaron la documentación antes de la fecha contemplada por la ley, perdieron el derecho a optar al beneficio.
La ley Nº 20.305 ha sido modificada en dos ocasiones para resolver este tipo de problemas.
Por lo tanto, pido que el ministro de Hacienda, si corresponde, informe sobre cómo se está aplicando la ley.
Además, pido que se pronuncie respecto de la posibilidad de efectuar una nueva modificación legal, porque, insisto, no se puede trasladar la responsabilidad de la documentación, que debió haber sido provista por un tercero, en este caso, por las corporaciones municipales o la institución que corresponde.
Pido que se envíe copia de mi intervención al presidente del Colegio de Profesores de Chile , señor Jaime Gajardo , y a los presidentes regionales del Colegio de Profesores de Valparaíso y Coquimbo.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE PLANTA DE PERSONAL DE GOBERNACIÓN DE ELQUI. Oficio.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , por último, pido que se oficie al gobernador de Elqui , con el objeto de que informe respecto del número total de funcionarios de la Gobernación; su régimen de contrato -si son de planta, a honorarios o a contrata-; el monto de sus remuneraciones u honorarios; la función que cumplen, y su calificación académica y jornada laboral, con el objeto de ejercer la función fiscalizadora que nos corresponde, pues hemos recibido una denuncia sobre esta materia.
Por lo tanto, para ser responsables, queremos contar con dicha información, a fin de saber si los ciudadanos que presentaron la denuncia tienen fundamentos y, luego, no hacer imputaciones que sería difícil reparar.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.27 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley Nº 20.241, que establece un incentivo tributario, a la inversión privada en investigación y desarrollo. (boletín N° 7503-19).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica ley Nº 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol (boletín N° 7652-15), en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del proyecto de ley relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores (boletín N° 7256-03), en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el Proyecto de Acuerdo Aprobatorio del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas, el 11 de noviembre de 1989. (boletín N° 6152-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional y con urgencia simple, acerca del proyecto aprobatorio del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas, el 11 de noviembre de 1989.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Previamente a entrar al fondo del tratado en informe, se hace constar, para los efectos reglamentarios, lo siguiente:
1°) Que la idea fundamental del proyecto de acuerdo es aprobar el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, para el fomento de la actividad cinematográfica, contribuyendo al desarrollo cultural de la región y su identidad.
2°) Que el tratado internacional en trámite no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.
3°) Que corresponde que este Convenio sea conocido por la H. Comisión de Hacienda, habida cuenta que su artículo XI dispone que las partes considerarán la creación de un fondo financiero multilateral de fomento de la actividad cinematográfica. Lo mismo, su artículo XVIII establece que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI) aprobará el presupuesto anual presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana (SECI) y establecerá los mecanismos de financiamiento del presupuesto anual aprobado, lo cual supone algún tipo de contribución por parte de los países miembros. Cabe hacer notar que, no obstante el carácter programático de los referidos artículos, nuestro país ya se encuentra contribuyendo al mencionado fondo con la suma anual, aproximada al año 2008, de US$ 150.000 (ciento cincuenta mil dólares) según informó la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Paulina Urrutia , a la Comisión.
4°) Que el proyecto fue aprobado por unanimidad de los HH. Diputados presentes, señores Enrique Accorsi Opazo ; Juan Masferrer Pellizzari ; Carlos Abel Jarpa Wevar ; Renán Fuentealba Vildósola , e Iván Moreira Barros .
5°) Que Diputado Informante se designó al H. Diputado Errázuriz Eguiguren, don Maximiano
II. ANTECEDENTES GENERALES.
En virtud de este Convenio se incorpora Chile a un tratado multilateral de cooperación, suscrito entre 12 Estados latinoamericanos, más España; mediante el cual estos países constituyen un foro para impulsar el desarrollo de la industria audiovisual en los países miembros, y, además, se comprometen a procurar establecer o perfeccionar sistemas y mecanismos de financiamiento y fomento de la actividad cinematográfica nacional; compromisos que S.E. la Presidenta de la República estima, según lo afirma en su mensaje, relevantes y valiosos para impulsar la política que promueve el Supremo Gobierno en el sector.
III. RESEÑA DEL ACUERDO INTERNACIONAL EN TRÁMITE.
Este instrumento consta de un preámbulo y treinta y dos artículos. En el preámbulo, los Estados Partes formulan las declaraciones fundamentales relacionadas con los propósitos que los animan, ya señalados al definir el objeto del proyecto de acuerdo.
En su parte dispositiva, el Convenio regula los compromisos generales que contraen los Estados Partes para lograr el desarrollo regional y nacional de la industria cinematográfica; los órganos internacionales y nacionales que se establecen para su ejecución, y las cláusulas finales propias de todo tratado multilateral.
A) Los compromisos generales.
En los artículos I, II, III, V, VI y X, los Estados Partes estipulan los compromisos fundamentales que cada Estado Parte contrae en virtud de su participación en este Convenio: contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica dentro de los países iberoamericanos y a su integración, mediante una participación equitativa en la actividad cinematográfica regional, de manera que los lleve, finalmente, a la formación de un mercado común cinematográfico latinoamericano, y, se comprometen, además, a incluir en su ordenamiento legal las normas que favorezcan la actividad cinematográfica, comprendidas las facilidades para permitir la entrada, permanencia y circulación de ciudadanos de los Países Partes encargados de ejercer actividades cinematográficas, así como a facilitar la importación temporal de los bienes destinados a igual fin.
En los artículos VII, VIII y XI, se comprometen, por un lado, a establecer o perfeccionar mecanismos y sistemas de financiamiento y fomento de la actividad cinematográfica nacional, y, por el otro, a establecer un fondo financiero multilateral de fomento de la actividad. Asimismo, las Partes estimularán la firma de acuerdos de cooperación y coproducción cinematográfica.
En los artículos IX, XII y XIII, se comprometen a impulsar la creación, en sus cinematecas, de secciones dedicadas a cada uno de los Estados Miembros; a estimular la participación conjunta del sector audiovisual en los eventos del mercado audiovisual internacional, así como la presencia de la cinematografía de los Estados Partes en los canales de difusión de los mismos, de conformidad con la ley interna.
Finalmente, entre los compromisos fundamentales, se contempla en los artículos XIV y XV, el intercambiar información y documentación sobre la actividad, y el de proteger los derechos de autor conforme la legislación interna de cada país.
B) Los órganos internacionales y nacionales para la ejecución del Convenio.
Entre los órganos internacionales que crea este Convenio se contemplan: la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI), y la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana (SECI).
La CACI es el órgano máximo del Convenio, integrada por las autoridades competentes de cada país, acreditadas por vía diplomática, y tendrá reuniones ordinarias (anuales) o extraordinarias (citadas a solicitud de más de la mitad de los Estados Miembros o del Secretario ejecutivo ). Entre sus funciones destacan: la formulación de la política general de ejecución del Convenio; la aceptación de la adhesión de nuevos Estados miembros; la aprobación de resoluciones que permitan dar cumplimiento al Convenio; la aprobación del presupuesto anual, y establecer mecanismos para su financiamiento.
La SECI será el órgano técnico y ejecutivo del Convenio. Su sede estará en Caracas, Venezuela, y su funcionario superior será el Secretario Ejecutivo , designado por la CACI, quien gozará en el territorio de cada Estado Miembro de la capacidad jurídica y de los privilegios, indispensables para el ejercicio de sus funciones internacionales, de conformidad con la legislación interna de cada uno de ellos.
En el plano interno, cada uno de los Estados Partes se compromete a establecer una Comisión de Trabajo para la aplicación del Convenio, presidida por la autoridad cinematográfica que designe cada Gobierno.
C) Las cláusulas finales del Convenio.
Estas son propias de los tratados multilaterales. En este caso, se contemplan entre los artículos XXVI al XXXII, en los que se regulan los trámites de adhesión; ratificación, solución de controversias, vigencia y denuncia, propias de todo tratado multilateral.
En lo sustancial, cabe señalar que Chile al no estar entre los Estados que originalmente suscribieron este Convenio (Argentina, Bolivia , Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador , México , Nicaragua, Panamá , Perú , República Dominicana y Venezuela, más España), una vez sancionado por el Congreso Nacional, podrá ratificarlo, previa aprobación de su adhesión por la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI).
Finalmente, cabría señalar que las controversias que pudieran surgir en la aplicación o interpretación del Convenio serán resueltas por la CACI.
IV. DECISIÓN DE LA COMISIÓN.
A) Personas escuchadas por la Comisión.
La Comisión recibió a la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Paulina Urrutia Fernández , quien valoró altamente este Convenio, por cuanto implica la adopción de políticas de apoyo a las artes audiovisuales, tales como facilitar el tránsito de las personas que con el propósito de desarrollar las mismas, deban desplazarse por los países miembros del Convenio; favorecer la adopción de acuerdos de cooperación para el fomento de dichas actividades entre las partes y crear un fondo de fomento de la actividad cinematográfica, al cual nuestro país ya colabora, en cifras del año 2008, con la suma anual de US$ 150.000 (ciento cincuenta mil dólares) según informó a la Comisión esta autoridad. Asimismo, precisó que nuestro país recibió, el mismo año, recursos por un total de US$ 370.000 (trescientos setenta mil dólares) en retorno, provenientes del mismo fondo, lo cual supera con creces el monto aportado al mismo por Chile.
B) Aprobación del proyecto de acuerdo.
En mérito de lo expuesto por S.E. la Presidenta de la República , en el mensaje respectivo, y por la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Comisión decidió proponer a la H. Cámara que le preste su aprobación al artículo único del proyecto de acuerdo, en los mismos términos en que lo formula el mensaje, con modificaciones formales de menor entidad.
C) Texto del artículo único del proyecto de acuerdo que la Comisión propone a la H. Cámara:
“Artículo único.- Apruébase el “Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana”, suscrito en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989.”.
-o-
Discutido y despachado en sesión del 3 de marzo de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Fuentealba Vildósola, don Renán ( Presidente de la Comisión ); Accorsi Opazo, don Enrique ; Allende Bussi, doña Isabel ; Díaz Díaz, don Marcelo ; Errázuriz Eguiguren, don Maximiano ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; León Ramírez, don Roberto ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Moreira Barros, don Iván , y Palma Flores, don Osvaldo .
Sala de la Comisión, a 5 de marzo de 2009.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión.”
5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas, el 11 de noviembre de 1989. (boletín Nº 6152-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet Jeria , calificada de “simple urgencia” para su tramitación legislativa.
Asistieron a la Comisión los señores Horacio del Valle, Director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores , y Rodrigo Valencia , Asesor del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. A la primera sesión en que se trató el proyecto, el 17 de junio de 2009, asistieron el señor Eduardo Muñoz , Subsecretario del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la señora Marcela Paiva , Asesora Legislativa de dicho Consejo.
El propósito de la iniciativa consiste en la aprobación del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas, el 11 de noviembre de 1989, que tiene por objeto fomentar la actividad cinematográfica, contribuyendo al desarrollo cultural de la región y su identidad.
Como consecuencia del debate ocurrido en la sesión de junio de 2009, se dejó pendiente la votación del proyecto a la espera del informe financiero.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 14 de marzo de 2011, señala que en relación al gasto fiscal derivado del Convenio, éste no incluye explícitamente en su articulado una cláusula que signifique algún aporte de la República de Chile, pero cabe señalar que por acuerdo de los países miembros anualmente se deberán realizar los siguientes aportes: US $ 150.000 para el Programa de Estímulo al Desarrollo de la Industria Iberoamericana, Ibermedia , y US $ 8.829 para la Secretaría Técnica de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales Cinematográficas, CAACI , todo ello con cargo al presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Arte.
En el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana se consigna un resumen del Convenio que contiene un Preámbulo y 32 artículos. Éste fue suscrito entre 12 Estados latinoamericanos, más España, constituyendo un foro para impulsar el desarrollo de la industria audiovisual en los países miembros.
Entre sus principales disposiciones cabe destacar que:
En los artículos I, II, III, V, VI y X, se establecen los compromisos fundamentales que los Estados Partes contraen en orden a procurar los fines del Convenio.
En los artículos VII, VIII y XI, se comprometen a establecer y perfeccionar mecanismo y sistemas de financiamiento y fomento de la actividad cinematográfica nacional y a establecer un fondo financiero multilateral de fomento a la actividad.
En los artículos IX, XII y XIII, se comprometen a impulsar la creación, en sus cinematecas, de secciones dedicadas a cada uno de los Estados Miembros, a estimular la participación conjunta del sector audiovisual en los eventos del mercado audiovisual internacional, así como la presencia de la cinematografía de los Estados Partes en los canales de difusión de los mismos, de conformidad con la ley interna.
En los artículos XIV y XV, se comprometen a intercambiar información y documentación sobre la actividad y proteger los derechos de autor conforme la legislación interna de cada país.
Entre los órganos internacionales que crea este Convenio se contemplan: la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI), y la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana (SECI).
La CACI es el órgano máximo del Convenio, integrada por las autoridades competentes de cada país, acreditadas por vía diplomática, y tendrá reuniones ordinarias (anuales) o extraordinarias (citadas a solicitud de más de la mitad de los Estados Miembros o del Secretario Ejecutivo ). Entre sus funciones destacan: la formulación de la política general de ejecución del Convenio; la aceptación de la adhesión de nuevos Estados miembros; la aprobación de resoluciones que permitan dar cumplimiento al Convenio; la aprobación del presupuesto anual, y establecer mecanismos para su financiamiento.
La SECI será el órgano técnico y ejecutivo del Convenio. Su sede estará en Caracas, Venezuela, y su funcionario superior será el Secretario Ejecutivo , designado por la CACI, quien gozará en el territorio de cada Estado Miembro de la capacidad jurídica y de los privilegios indispensables para el ejercicio de sus funciones internacionales, de conformidad con la legislación interna de cada uno de ellos.
En el plano interno, cada uno de los Estados Partes se compromete a establecer una Comisión de Trabajo para la aplicación del Convenio, presidida por la autoridad cinematográfica que designe cada Gobierno.
Entre los artículos finales, se contemplan los artículos XXVI al XXXII, en los que se regulan los trámites de adhesión, ratificación, solución de controversias, vigencia y denuncia, propios de todo tratado multilateral.
Finalmente, cabría señalar que las controversias que pudieran surgir en la aplicación o interpretación del Convenio serán resueltas por la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI), conforme al artículo XXVIII.
En el debate de la Comisión el señor Horacio del Valle hizo presente que el convenio internacional en trámite se ha mostrado extraordinariamente eficaz; concluido en 1989, Chile participa en él como observador sólo desde el año 2005.
Agregó que se trata de un instrumento que ha significado un salto cualitativo notable para las industrias cinematográficas de Latinoamérica, España y Portugal, pues ha permitido incorporar ingentes cantidades de recursos para el fomento de la cinematografía iberoamericana desde su suscripción, marcando un hito en la materia.
La participación de Chile obedece a un acuerdo entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI), que es el órgano directivo creado por el citado convenio, en virtud del cual nuestro país cumple también con los compromisos financieros que éste conlleva y que se traducen en un aporte anual al fondo multilateral de fomento y el pago de una cuota anual para financiar el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de la CACI. Estos compromisos se cumplen con cargo al presupuesto del CNCA, por lo que de aprobarse la adhesión de Chile a este convenio, que ya fue manifestada en el año 2008, estarían cubiertas las responsabilidades financieras que tal adhesión implica.
Destacó el expositor que, con esta asociación, prácticamente el 50% de los filmes nacionales se involucran actualmente de alguna manera con Ibermedia, que es el nombre dado al fondo de fomento contemplado en el convenio y que es generado por todos los países participantes.
El señor Rodrigo Valencia enfatizó la importancia que reviste para el CNCA la aprobación del proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio internacional en comento, porque vendría a poner la rúbrica a una política de Estado en materia de fomento del arte audiovisual que se iniciara en la década de los noventa y que cuenta entre sus hitos principales la promulgación de la Ley de Fomento al Audiovisual (sic) del año 2004.
Detalló que el convenio, en virtud del acuerdo celebrado entre el CNCA y la CACI, implica para el Estado chileno un aporte financiero de 150 mil dólares al año. Sin embargo, la retribución que reciben los productores audiovisuales chilenos que participan de este fondo de fomento internacional es de 370 mil dólares anuales.
Por otra parte, el convenio contiene una serie de disposiciones absolutamente coherentes con la normativa legal interna, tanto en materia de promoción como de financiamiento de la actividad audiovisual. De hecho, Chile tiene un fondo concursable que financia por la vía de subsidios la producción cinematográfica nacional y promueve la conservación del patrimonio audiovisual y el respeto a los derechos de autor de los productores audiovisuales chilenos.
Por lo expresado, el CNCA considera muy importante dar esta señal en el ámbito internacional, para que Chile sea miembro de pleno derecho de este convenio, lo cual lo situaría en un rol más activo y potenciaría los mecanismos de fomento que el CNCA está diseñando y que espera presentar prontamente al Poder Legislativo .
Respondiendo a las consultas e inquietudes de los miembros de la Comisión, el señor del Valle aclaró que los retornos que genera el convenio internacional en comento no tienen que ver necesariamente con derechos de autor, pues se trata de un sistema que se creó inicialmente para competir con los grandes distribuidores europeos y estadounidenses. Nace simultáneamente en España y Latinoamérica, buscando potenciar la producción y distribución de películas locales para intentar competir con las grandes distribuidoras internacionales que aún hoy siguen monopolizando los mercados cinematográficos de Iberoamérica. En este sentido, los avances han sido notables. En todos los países que participan del Convenio se ve una gran cantidad de películas españolas, mexicanas, argentinas o brasileñas que antes no se veían. Las películas chilenas se muestran en diversos mercados de América Latina y han ganado varias veces importantes festivales de cine regionales, como el de Río de Janeiro, lo que les ha valido ingresar a los circuitos cinematográficos comerciales de distintos países.
Destacó que este convenio fomenta la coproducción audiovisual entre los países participantes y permite el acceso de éstos a importantes centros de postproducción, como Brasil, y el intercambio de actores y personal técnico, no sólo en materia de cine, sino también de producciones para televisión.
Asimismo, resaltó el hecho de que el convenio permite potenciar a los sectores más débiles del cine nacional e iberoamericano en general, como es el caso de la producción de documentales.
Agregó que los retornos que genera el convenio provienen fundamentalmente de los tres grandes socios del sistema Ibermedia , que son España, México y Brasil, los cuales tienen una industria cinematográfica fuertemente desarrollada. De hecho, toda la postproducción audiovisual chilena se hace en Brasil, donde hoy está presente Chilefilms, porque allí se encuentran las mejores condiciones técnicas para llevarla a cabo. Resulta, pues, que para competir por los mercados locales y regionales, estos países están haciendo una gran inversión, que es absolutamente relevante para tal propósito.
Por último, explicó que los productores nacionales pueden postular a los fondos de Ibermedia a través de concursos organizados por el CNCA, como también a través de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo cual deben presentar proyectos que se someten a evaluación ante el propio Consejo de Ibermedia, que los aprueba o rechaza. Otra forma de acceder a estos fondos es mediante la obtención de premios en festivales, llamados Cine en Construcción, reservados a largometrajes que, una vez rodados, encuentran dificultades para efectuar el proceso de postproducción, en cuyo caso Ibermedia los financia directamente con recursos del fondo de fomento o facilitando la celebración de acuerdos de coproducción entre los países miembros del convenio.
El señor Valencia informó, a su vez, que el convenio ha sido suscrito a la fecha por Argentina, Brasil , México , Nicaragua, Panamá , Bolivia , Perú , Venezuela, República Dominicana , Colombia, Cuba, Ecuador y España.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos XI y XVIII del Convenio y sometido a votación el artículo único del proyecto de Acuerdo, siendo aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Tratado y acordado en sesiones de fechas 17 de junio de 2009 y 31 de mayo de 2011, con la asistencia a la primera sesión, de los Diputados señores Dittborn, don Julio ( Presidente ); Aedo, don René ; Álvarez, don Rodrigo ; Delmastro, don Roberto ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón y a la segunda, de los Diputados señores Godoy, don Joaquín ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto ; Von Mühlenbrock, don Gastón , y señora Zalaquett , doña Mónica .
Se designó diputado informante al señor Santana, don Alejandro .
Sala de la Comisión, a 3 de junio de 2011.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
6. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el Proyecto que extiende el plazo para la división de condominios de viviendas sociales con el objeto de facilitar su administración. (boletín Nº 7342-14-1)1
“Honorable Cámara:
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en una moción del ex Diputado señor Gonzalo Uriarte y de los Diputados señores Carlos Montes , Osvaldo Andrade , Pepe Auth , Pedro Browne, Juan Luis Castro , Ramón Farías , Patricio Hales y Nicolás Monckeberg , en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1.- Idea matriz o fundamental del proyecto:
Renovar por un plazo de cinco años el procedimiento de subdivisión de terrenos y determinados espacios comunes de condominios sociales, contemplado en las disposiciones transitorias de la ley N° 20.168, con el propósito de facilitar su administración.
2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado:
Los incisos primero y quinto del artículo 46 quáter, contenidos en el artículo único del texto aprobado tienen el carácter de orgánico constitucional, de conformidad a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 118 de la Constitución Política, por tratarse de nuevas facultades concedidas a las municipalidades y a su dirección de obras.
3.- Trámite de Hacienda:
No requiere.
4.- El Proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.
Votaron a favor las diputadas señoras Claudia Nogueira y Denise Pascal y los diputados señores Pedro Browne, René Manuel García, Juan Carlos Latorre , Iván Norambuena y Pedro Velásquez .
5.- Se designó diputado informante al señor Juan Carlos Latorre Carmona .
-o-
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Juan Pablo González y Juan Ignacio Correa , abogados asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
II. ANTECEDENTES.
Señalan los autores de la iniciativa que pese a que no existen estadísticas oficiales, cálculos especializados indican que en el país existirían más de un millón de unidades de viviendas sociales ubicadas en conjuntos habitacionales de este carácter.
Muchos de estos condominios presentan un grave deterioro a causa de la falta de organización de los vecinos y el insuficiente apoyo para propiciar un mejoramiento continuo de las condiciones de vida de sus habitantes.
Entre las causas que dificultan la agrupación de sus habitantes y el desarrollo de iniciativas para promover su mejoramiento radica en el excesivo número de unidades de los que habitualmente están compuestos, como también, en muchos casos, de las diversas realidades existentes en su interior.
La normativa vigente reconoció la realidad de los condominios de viviendas sociales a partir de la ley N° 19.537, de 1997, que contiene un capítulo especial destinado a su regulación.
Asimismo, se comenzó a abordar los condominios de vivienda social como un objetivo de la política pública en la materia, creándose instrumentos tales como el Programa Participativo de Asistencia Financiera en Condominios Sociales (Decreto 127, de 1998); el Programa de Mejoramiento de la Vivienda y su Entorno (D.S. Nº 84, de 2004); el Programa de Reparación de viviendas Serviu (D.S. Nº 149, de 2005) y el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (D.S. Nº 255, de 2006).
Por su parte, añaden, que la ley N° 20.168 complementó dichas disposiciones fijando un número máximo de unidades por conjunto y estableciendo, igualmente, medidas adicionales para mejorar su habitabilidad y fortalecer la organización vecinal y, con ello, fomentar su mejoramiento.
Este último texto legal contempló, también, en sus artículos 1º y 2º transitorios, un procedimiento especial destinado a permitir la división de los condominios de vivienda social, ya existentes, a unidades de 150 viviendas que hicieran posible una mejor administración y faciliten la constitución de organizaciones.
Dicho procedimiento tenía prevista una duración de tres años, el cual venció en febrero de 2010, sin que haya logrado cumplir cabalmente sus objetivos, atendida la cantidad de condominios existentes y su heterogeneidad, por lo que resulta necesario renovar sus disposiciones, bajo las mismas regulaciones actuales.
Adicionalmente, se propone incorporar una norma referida a los espacios comunes del respectivo condominio, permitiendo que sobre ellos se constituya una copropiedad diversa para facilitar su administración y evitar que ella entorpezca la de las viviendas y su entorno más inmediato.
DESCRIPCIÓN DE LA MOCIÓN
Consta de dos artículos.
Por su artículo 1º, se renueva por cinco años -a contar de la publicación de esta ley- el procedimiento de subdivisión de condominios sociales, establecido en los artículos transitorios de la ley N° 20.168.
Por su artículo 2° se permite, en casos calificados, solicitar la creación de una copropiedad diversa respecto de algunos bienes de dominio común del condominio social.
III DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) Discusión general.
Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó que esta iniciativa representaba una herramienta eficaz para que numerosas familias de escasos recursos, que habitan en conjuntos que representan más de un millón de unidades de viviendas sociales, muchos de los cuales con un grave deterioro de su infraestructura a causa de la falta de organización de los vecinos y el insuficiente apoyo para propiciar un mejoramiento continuo de las condiciones de vida de sus habitantes, fortaleciera su organización vecinal, en términos tales que hiciera posible una mejor administración y, con ello, fomentar su mejoramiento. Asimismo, se consideró útil regular los espacios comunes del respectivo condominio, posibilitando que sobre ellos se constituya una copropiedad diversa, también con el propósito de facilitar su administración, armonizando tales lugares con el de las viviendas y su entorno más inmediato.
Puesta en votación general la idea de legislar sobre la materia, se APRUEBA por unanimidad.
B) Discusión particular.
La totalidad de los artículos del proyecto en informe fueron objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por mayoría de votos que, mediante la incorporación de un artículo 46 quáter en la ley N 19.537, hace permanente el procedimiento de subdivisión de terrenos y bienes comunes de condominios sociales que contempla, donde el director de obras municipales debe pronunciarse sobre la procedencia de la propuesta de subdivisión y, en su caso, dictar la resolución que así lo disponga; asimismo, otorga exención en el pago de los derechos municipales y concede privilegio de pobreza a los interesados en el pago de derechos arancelarios que correspondan.
Votaron a favor la Diputada señora Claudia Nogueira y los Diputados señores Pedro Browne, René Manuel García , Romilio Gutiérrez, Juan Carlos Latorre , Felipe Salaberry , Joaquín Tuma (en reemplazo del Diputado señor Patricio Hales) , y Pedro Velásquez . Se abstuvo el Diputado señor Carlos Abel Jarpa .
-o-
C) Artículos e indicaciones rechazadas por la comisión.
La totalidad de los artículos de la moción fueron rechazados por mayoría de votos.
Su texto es el siguiente:
“Artículo 1°.- Renuévase por cinco años, a partir de la publicación de la presente ley, el procedimiento de división de condominios sociales a que se refieren los artículos transitorios de la ley 20.168. Dicho procedimiento se regulará por las disposiciones y exenciones arancelarias contenidas en dichas normas.
Artículo 2°.- En casos calificados, para facilitar su división y administración, podrá solicitarse la creación de una copropiedad diversa respecto de algunos bienes de dominio común, tales como estacionamientos, locales comerciales, sedes sociales, espacios deportivos y otros de aquéllos a los que se refiere la letra d) del numeral 3º del artículo 2º de la ley 19.537.”.
Votaron por el rechazo la Diputada señora Claudia Nogueira y los Diputados señores Pedro Browne, René Manuel García , Romilio Gutiérrez, Juan Carlos Latorre , Felipe Salaberry , Joaquín Tuma (en reemplazo del Diputado señor Patricio Hales) , y Pedro Velásquez . Se abstuvo el Diputado señor Carlos Abel Jarpa .
D) Indicaciones declaradas inadmisibles
No hay.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- Incorpórase en la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, el siguiente artículo 46 quáter:
“Artículo 46 quáter.- Facúltase a las municipalidades para subdividir los condominios de viviendas sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.
Para tales efectos, los copropietarios podrán solicitar a la dirección de obras municipales, la subdivisión de los terrenos en los cuales se emplazan los edificios de las viviendas sociales, de los locales comerciales y de los bienes de dominio común.
Las propuestas de subdivisión de los referidos condominios, deberán constar en un plano suscrito por un profesional competente y ser aprobadas por los copropietarios que representen, a lo menos, el 75% de los derechos en el condominio.
Para acreditar la mayoría establecida en este artículo, bastará el acta de la asamblea suscrita por los copropietarios que reúnan el citado quórum legal o, en su defecto, el instrumento en que conste la aprobación de la propuesta de subdivisión firmada por los respectivos copropietarios, en ambos casos protocolizada ante notario.
El director de obras municipales deberá pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud y dictará, si procediere, una resolución que disponga la subdivisión del condominio, la cual deberá inscribirse en el conservador de bienes raíces conjuntamente con el plano respectivo. Los cambios producidos como consecuencia de la división de los bienes del condominio regirán desde la fecha de la referida inscripción.
Las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de los respectivos instrumentos de planificación territorial, no serán aplicables a las edificaciones y a la división del suelo que se originen con motivo de la subdivisión de los condominios que se efectúe en virtud de lo dispuesto en los incisos anteriores.
Los condominios de viviendas sociales estarán exentos del pago de los derechos municipales que pudieren devengarse respecto de las actuaciones a que se refiere este artículo. Asimismo, los interesados gozarán de privilegio de pobreza en el pago de los derechos arancelarios que correspondan a notarios, conservadores y archiveros, con motivo de tales actuaciones.”.”.
Sala de la Comisión, a 01 de junio de 2011.
Tratado y acordado en sesiones de 05 de enero, 23 de marzo, 6 de abril, 18 de mayo, y 01 de junio de 2011, con la asistencia de las Diputadas señoras Claudia Nogueira ( Presidenta ) y Denise Pascal y de los Diputados señores Pedro Browne , Romilio Gutiérrez , Patricio Hales , Carlos Abel Jarpa, Juan Carlos Latorre , Iván Norambuena y Pedro Velásquez . El Diputado don René Manuel García es reemplazado en una sesión por el Diputado señor Germán Becker .
Asisten además los Diputados señores Carlos Montes y Jorge Sabag .
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión .”
7. Informe de la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país.
“Honorable Cámara
La Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país, pasa a informar del trabajo realizado en cumplimiento del mandato otorgado por la Sala de la Corporación.
I. ACUERDO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.
En la sesión 98ª, celebrada el 10 de noviembre de 2010, la Cámara de Diputados aprobó una solicitud presentada por 50 Diputados para “crear una Comisión Especial Investigadora “que analice la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros que existen en nuestro país.
Esta Comisión deberá verificar la cantidad de ellos, la situación en que se encuentran, el peligro que pueden revestir para las zonas pobladas y la salud de los habitantes, la posibilidad de que se encuentren contaminando el medio ambiente y el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental vigente. Deberá recabar información, recibiendo para tales efectos a las personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación, determinar eventuales responsabilidades y remitir sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan, proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran.”
Para el cumplimiento de dicho mandato se otorgaron 90 días de plazo.
La Comisión tomó conocimiento del mandato con fecha 14 de diciembre de 2010, y acordó elegir como su Presidente al Diputado Felipe Ward Edwards .
Para su cometido se solicitó el apoyo de investigadores del Área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional, contando para tal objetivo con la colaboración del investigador señor Rafael Torres .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
a) Introducción.
El trabajo de la Comisión, debía estar enfocado, al cumplimiento del mandato de la Sala de la Corporación que es el de analizar la “situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros que existen en nuestro país”. Actualmente, por depósitos de relaves se entiende toda obra estructurada en forma segura para contener los relaves provenientes de una Planta de concentración húmeda de especies de minerales y sus obras anexas. Su función principal es la de servir como depósito, generalmente, definitivo de los materiales sólidos proveniente del relave transportado desde la Planta, permitiendo así la recuperación, en gran medida, del agua que transporta dichos sólidos.
Estos depósitos se podrían clasificar en activos y pasivos, entendiendo por tales aquellos que han cumplido su vida útil ya sea porque coparon su capacidad o porque la mina agotó sus existencias. Es por ello que la Comisión para dar cabal cumplimento al mandato se abocó, además, al análisis de los denominado “pasivos ambientales mineros” o -simplemente- “pasivos mineros”, entendidos éstos como el conjunto de residuos dejados atrás cuando una mina termina sus operaciones, de los cuales los relaves son un caso particular.
Asimismo, abordó los riesgos asociados a los tranques de relave, tanto durante su operación como después de su cierre, a través del testimonio técnico de expertos como desde la óptica de los representantes de las comunidades afectadas o potencialmente afectadas. Finalmente, elaboró un conjunto de recomendaciones para subsanar o reducir los efectos inmediatos asociados a la operación de los depósitos de relaves como a su disposición después de su cierre. Recomendaciones que se extienden a todo tipo de pasivos mineros.
b) Antecedentes.
Para entrar al análisis de una materia del todo desconocida para la población en general, es necesario, previamente, conocer distintas definiciones y procesos relacionados con la materia en informe, que a continuación se detallan:
1) ¿Qué es un relave?:
Cuando una mina termina sus operaciones, lo que deja tras de sí, residuos, maquinaria e infraestructura es llamado en forma genérica “pasivos mineros”. Entre ellos ocupan un lugar importante los relaves mineros, por el peligro que representan y los desastres asociados a sus fallas.
De acuerdo al Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves del Ministerio de Minería, los relaves mineros son “una suspensión de sólidos en líquidos, formando una pulpa, que se generan y desechan en las plantas de concentración húmeda de especies minerales que han experimentado una o varias etapas en circuito de molienda fina. El vocablo se aplicará, también, a la fracción sólida de la pulpa que se ha descrito precedentemente”.
“En sí, el relave corresponde a la suspensión de un sólido en un líquido. Es decir, son partículas de un mineral, de una roca, en agua. Eso forma lo que en minería generalmente se llama una pulpa y constituye un desecho de la actividad minera que se acumula en tranques de relave”.
Dada la composición acuosa de los relaves, que les confiere fluidez, que a su vez hace que se puedan desplazar hacia abajo en presencia de un gradiente gravitatorio (terreno en declive), es necesario confinarlos en depósitos ad hoc. Éstos pueden ser estanques, naturales o construidos por el hombre, y tranques, caracterizados por aprovechar una vía entre dos cerros o montañas cerrada por un muro artificial.
2) Depósitos de relaves:
Los depósitos de relaves son llamados embalses o tranques. Son embalses si el material para construirlos es material importado, es decir ajeno al material.
De acuerdo a Properties of Tailings Dams (Propiedades de tranques de relave), existen dos tipos básicos de tranques de relave:
Tipo 1: De retención de agua (Water-retention type). En general, son estructuras de alto costo y sólo pueden comenzar a ser utilizadas una vez completamente terminadas.
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Fuente: ?Properties of Tailings Dams?.
Tipo 2: De construcción secuencial (Sequentially raised). Se construyen “por pisos” a medida que el tranque en uso se va llenando. De éstas existen tres subtipos:
a) Aguas arriba (Upstream). Los pisos se construyen sobre el borde superior del piso anterior, desplazados en la dirección desde donde llegan los relaves.
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Fuente: ?Properties of Tailings Dams?.
b) Aguas abajo (Downstream). Los pisos se construyen sobre el borde superior del piso anterior, desplazados en la dirección de avance de los relaves.
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Fuente: ?Properties of Tailings Dams?.
c) De línea central. Los pisos se construyen sobre el borde superior del piso anterior, sin desplazamientos respecto del inmediatamente inferior.
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Fuente: ?Properties of Tailings Dams?.
La mayoría de los tranques que se construyen en el mundo son del tipo “aguas arriba”. La elección de este método, con la ventaja de un bajo costo, implica la aceptación de un conjunto de peligros relativos a la estabilidad del tranque. De acuerdo al artículo Properties of Tailings Dams , estos peligros requieren una cuidadosa evaluación y un monitoreo continuo durante su construcción y la operación.
En nuestro país, un documento elaborado por Sernageomin, Servicio Nacional de Geolo-gía y Minería, recomienda el método “aguas abajo”, por considerarlo más seguro. En el documento citado, a pesar que la mayoría de los grandes colapsos de tranques de relave han estado asociados a eventos sísmicos (ver Tabla), no se encuentran referencias o recomendaciones para la construcción de estructuras con características asísmicas.
3) Tipos de relaves:
Antes de precisar cuáles son los tipos de relaves es necesario hacer presente que existen diferencias entre tranque y embalse de relaves.
El tranque es aquél depósito de relaves donde el muro de contención, está construido con la fracción más gruesa. Eso significa que es el propio material de relave el que se utiliza para construir el muro que contiene el depósito. En los embalses, el muro de contención está constituido por lo que se llama material de empréstito, es decir, roca y material particulado que se extrae previamente y con el cual se genera el muro que constituye el cierre de la cubeta donde se acumulan los relaves.
La importancia de la distinción entre tranques y embalses, dice relación con los peligros y una serie de otros comportamientos de este tipo de depósitos.
Los relaves que se acumulan en estos tranques o embalses, de acuerdo al contenido de agua, se pueden clasificar en tres categorías.
a) Relaves espesados, que son aquellos que tienen mayor contenido de agua y en los que, generalmente, mediante un proceso de sedimentación, se separa parte del agua que se recupera, y el resto va al tranque o embalse.
b) Relaves filtrados, en estos se trata de recuperar la mayor cantidad de agua para reutilizarla en los procesamientos de minerales. En este caso, el contenido de agua no supera el 20 por ciento de humedad.
c) Relaves en pasta, que es una situación intermedia entre relaves espesados y filtrados. Estos se acumulan generalmente en depósitos de pasta, que es una técnica distinta de los embalses y de los tranques, y que recién se está implementando en el país.
4) Peligros asociados a depósitos de relave:
Los peligros que se identifican generalmente tienen relación con tres variables:
a) Inestabilidad Física: Puede producir el colapso del depósito de relaves y el material particulado acumulado en el mismo, una vez seco, puede ser transportado por el viento y producir contaminación por polvo.
b) Inestabilidad Química: el principal problema se produce en la contaminación de acuíferos y cursos de aguas superficiales. También, es conocido lo que se denomina drenaje ácido, que es producto de la interacción entre el agua y los minerales sulfurados que contiene generalmente este tipo de depósitos y que generan una solución ácida dañina al medio ambiente si es capaz de transportar metales pesados en solución.
La inestabilidad química, especialmente el drenaje ácido, se da desde la zona central hacia el sur, ya que por condiciones climáticas en la zona norte este fenómeno es muy limitado.
c) Impacto visual en el paisaje: Este elemento no constituye propiamente un peligro, sino que es un impacto visual que este tipo de depósitos genera en el paisaje.
5) Fallas de tranques de relaves:
El colapso de los embalses y tranques, puede ocurrir durante una actividad sísmica, o bien, por exceso de agua en la cubeta que contiene los relaves. Este exceso puede provenir del mismo proceso de tratamiento o debido a la intensidad de las aguas lluvias, o bien, por acción de algún cauce de agua que por alguna razón fue desviado hacia la cubeta que contiene los depósitos, lo que puede causar el colapso del tranque de relaves.
El caso de la actividad sísmica es importante, porque nuestro país está sometido a una alta sismicidad. Un terremoto puede actuar a través de un proceso que se conoce como licuefacción, que no es otra cosa que la pérdida de coherencia del depósito, gatillado por la onda sísmica. Al tener un depósito de material particulado fino, tipo arena, saturado en agua, la onda sísmica hace que ese depósito pierda coherencia y se comporte como un líquido, con lo que el depósito sencillamente colapsa, que fue lo que ocurrió en la década del 60 en El Melón y más recientemente en Las Palmas.
Tabla 1.- Cronología de grandes fallas de tranques de relave.
Selección de casos en Chile
Fecha
Ubicación
Tipo de incidente
Material liberado
Impactos
27, Feb. 2010
Pencahue Chile
Falla del tranque durante un sismo.
Lodos contaminados con cianuro
Los desechos provocaron la muerte de 4 personas y contaminaron cursos de agua
3, Oct. 2003
Cerro Negro, Chile
Falla de la pared del tranque.
50.000 Ton.
Los desechos viajaron 20 Km aguas abajo del río La Ligua
3, Mar. 1985
Veta de Agua No.1, Chile
Falla de la pared del tranque. Licuefacción durante un sismo.
280,000 m3
Los desechos se derramaron 5 Km aguas abajo.
3, Mar. 1985
Cerro Negro No.4, Chile
Falla de la pared del tranque. Licuefacción durante un sismo.
500,000 m3
Los desechos se derramaron 8 Km aguas abajo.
28, Mar. 1965
Bellavista, Chile
Falla de la pared del tranque. Licuefacción durante un sismo.
70.000 m3
Los desechos se derramaron 800 m aguas abajo.
28, Mar. 1965
Cerro Negro No.3, Chile
Falla de la pared del tranque. Licuefacción durante un sismo.
85.000 m3
Los desechos se derramaron 5 Km aguas abajo.
28, Mar. 1965
El Cobre, tranque nuevo, Chile
Falla de la pared del tranque. Licuefacción durante un sismo.
350.000 m3
Los desechos se derramaron 12 Km aguas abajo, destruyendo el poblado de El Cobre, murieron más de 200 personas.
28 Mar. 1965
El Cobre, tranque viejo, Chile
Falla de la pared del tranque. Licuefacción durante un sismo.
1,9 millones de m3
28, Mar. 1965
La Patagua, tranque nuevo, Chile
Falla de la pared del tranque. Licuefacción durante un sismo.
35,000 m3
Los desechos se derramaron 5 Km aguas abajo.
28, Mar. 1965
Los Maquis, Chile
Falla de la pared del tranque. Licuefacción durante un sismo.
21,000 m3
Los desechos fluyeron 5 Km aguas abajo.
6) Pasivos mineros ambientales:
La denominación de pasivos ambientales mineros hace referencia a los impactos negativos generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño u operador identificables y en donde no se haya realizado un cierre de minas regulado y certificado por la autoridad correspondiente. La referencia es extensiva a aquellos impactos que pueden causar los residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) generados en el curso de las diferentes fases del proceso minero, y que han sido depositados en presas de escombreras u otra forma de almacenamiento, sin un manejo ambientalmente apropiado.
Pasivo minero ambiental, es una faena minera abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo para la vida y para la salud de las personas o el medio ambiente. Esta es una definición técnica que ha adoptado y que está planteada en un anteproyecto de ley sobre remediación de pasivos ambientales mineros, elaborado por Sernageomin. Ahora bien, no todos los residuos masivos constituyen PAM, sino que para ser considerado como tal debe reunir requisitos como el riesgo significativo.
7) Pasivos Mineros en Chile:
Nuestro país tiene una larga tradición minera que se remonta a épocas precolombinas. En aquella época, el objetivo de la explotación minera no estaba relacionado con objetivos militares ni económicos, sino culturales, expresando diversas concepciones religiosas y de estructuras sociales.
Las operaciones mineras dejan su huella en el paisaje e impactan el medio ambiente y -a lo largo de siglos- muchas minas han sido abiertas, explotadas y abandonadas. Hasta antes de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , de 1994, las faenas mineras no necesitaban presentar un Estudio de Impacto Ambiental para obtener su aprobación e iniciar sus operaciones.
Por otra parte, el Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves, Decreto Supremo Nº 248, de 2007, del Ministerio de Minería, no establece compromisos económicos que aseguren una disposición ambientalmente aceptable de los pasivos ambientales mineros, incluidos los relaves.
Un estudio patrocinado por Sernageomin, determinó que en Chile existe una gran cantidad de faenas mineras abandonadas, con el consiguiente volumen de pasivos mineros sin tratamiento que asegure su inocuidad ambiental.
En el programa de trabajo anual de 2009 y 2010, el Servicio Nacional de Geología y Minería contempló la realización de 7 evaluaciones de riesgos cada año a lo largo del país. Actualmente, se han realizado 16 evaluaciones, concluyendo que 14 tienen la categoría de pasivo ambiental minero, éstos son:
1) Planta Las Cascadas de la División Salvador de Codelco Chile, comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. En que se encuentran restos de planta de beneficio y relaves mineros no contenidos.
2) Distrito Minero La Higuera, comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. Se trata de numerosas labores mineras, restos de antiguas plantas y depósitos de residuos mineros masivos dispersos en este centro poblado.
3) Faena Montecristo, comuna de Taltal, Región de Antofagasta. Considera 3 rajos y depósitos de residuos mineros tales como botaderos de estériles.
4) Faena Ex Minera Las Palmas, comuna de Pencahue, Región de Maule. Corresponde a depósitos de residuos mineros masivos y numerosos socavones de explotación minera.
5) Planta Rio Huasco, comuna de Caldera, Región de Atacama. Restos de Planta de Beneficio y Depósito de Relaves.
6) Faena Minera Incomin , comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta. Planta de Beneficio y Depósitos de Residuos Mineros Masivos.
7) Planta San Carlos, comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota. Correspondiente a restos de planta de beneficio y residuos mineros masivos.
8) Ex Planta California, comuna de Illapel, Región de Coquimbo. Presenta restos planta de beneficio, instalaciones anexas y residuos mineros masivos.
9) Mina Ex Central Plegarias, comuna de Curanilahue, Región de Biobío. Corresponde principalmente a socavón de explotación carbonífera y algunos restos de instalaciones anexas.
10) Faena Minera La Paciencia, comuna de Rinconada, Región de Valparaíso. Mina subterránea, restos de planta de beneficio y tranque de relaves.
11) Planta Ojancos, comuna de Copiapó, Región de Atacama. Corresponde a restos de Planta de beneficio y Depósitos de Relaves.
12) Planta Lo Águila II, comuna de Curacaví, Región Metropolitana de Santiago. En que se encuentran restos de planta de beneficio, infraestructuras anexas y residuos mineros.
13) Faena Minera Casilla , comuna de Pica, Región de Tarapacá. Corresponde a Planta de beneficio, mina subterránea y residuos mineros tales como botadero de estéril y depósito de relaves.
14) Ex Planta Tarapacá, comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Se encuentran restos de planta, talleres y depósitos de residuos mineros.
8) Políticas de gobierno y legislación sobre el cierre de faenas mineras:
La mayoría de los países, entre ellos Japón , Australia, Canadá , Estados Unidos de Norteamérica, Irlanda, Burkina Faso y Perú , por citar algunos casos en distintos continentes, donde la minería es una actividad económica importante, han desarrollado políticas y legislación que imponen directamente -dentro sus leyes de minería- o indirectamente -en sus leyes sobre medio ambiente y en aquellas relacionadas con la inversión extranjera- el cierre completo de faenas mineras. La aceptación explícita de estos cuerpos legales es -a menudo- una precondición para la adquisición de una licencia, en lugar de una certificación de “buenas prácticas”, que constituiría un compromiso mucho más fuerte, como recientemente se ha hecho en Chile -por ejemplo- con varias empresas transnacionales. Según Clark y Clark , en algunos pocos países, la legislación sólo contiene generalidades respecto a recuperación “apropiada” o “razonable” y rehabilitación, con los temas específicos asociados al cierre de faenas mineras abordados caso a caso.
Sin embargo, en la mayoría de los países, los planes de cierre -incluyendo un estudio de factibilidad, plan de operaciones, estudio de impacto ambiental y plan ambiental de operaciones- son pre-requisitos para adquirir una licencia para actividades mineras y el medio de facto más común utilizado por los gobiernos para asegurar un cierre de faenas adecuado. Permanece, sin embargo, el hecho que los modos de garantizar que los planes de cierre sean llevados a cabo en su totalidad, varían ampliamente entre países, así como lo hacen los requerimientos de bonos u otros instrumentos para asegurar que los planes sean realizados.
En general, sólo unos pocos países y/o sus provincias/estados individuales han desarrollado e implementado leyes específicas para el cierre de faenas mineras, a diferencia de aquellos que lo incluyen en leyes más generales. Por ejemplo, el Reino Unido, la provincia de Ontario y el estado de Nevada. En la mayoría de los países los requerimientos para el cierre de minas están incorporados en sus leyes de minería y/o sus reglas y regulaciones de implementación asociadas (IRRS), o dentro de la legislación ambiental específica para el sector.
9) Contenido del Modelo de Gestión de Pasivos Ambientales Mineros:
El tratamiento de los pasivos ambientales, que ha propuesto el Servicio Nacional de Geología y Minería, contempla el siguiente Modelo de Gestión:
a) Inventario y caracterización de minas abandonadas y paralizadas;
b) Evaluación de riesgos y clasificación de Pasivos Ambientales Mineros;
c) Priorización y propuestas de Remediación de PAM.
a) Inventario y caracterización de minas abandonadas y paralizadas: Esta fase, se refiere a la identificación, ubicación y caracterización de las faenas mineras abandonadas o paralizadas y su entorno, con el propósito de levantar un inventario de estos sitios, incluyendo su distribución en el territorio y registrando información preliminar de los peligros e impactos visibles. En esta primera fase, se propuso crear una base de datos que permitiera continuar con el siguiente paso de selección de las faenas cuyo nivel de riesgo las haga objeto de análisis posterior.
b) Evaluación de riesgos y clasificación de Pasivos Ambientales Mineros: Una vez realizado el inventario y caracterización de las faenas mineras abandonadas/paralizadas, se seleccionan aquellas que requieren mayor estudio del peligro que representan, con objeto de determinar el potencial efecto sobre la seguridad y salud de las personas, y el medio ambiente, de manera que si existe “riesgo significativo para la vida o salud de las personas o para el medioambiente” pasa a considerarla una Pasivo Ambiental Minero (PAM).
c) Priorización y propuestas de Remediación de PAM: Esta fase del modelo contempla la confección de un ranking de PAM considerando una priorización de mayor a menor riesgo y, posteriormente, la implementación de medidas de remediación cuyo objetivo es reducir los riesgos significativos que presenten tales pasivos ambientales mineros.
El sistema, así concebido, busca entregar al Estado, un mecanismo de gestión de las faenas abandonadas o paralizadas que constituyan pasivos ambientales mineros.
El Servicio desarrolló con fines de capacitación y con financiamiento del proyecto de cooperación BGR-Sernageomin tres estudios de prefactibilidad de remediación a faenas mineras piloto: Planta Florida ( Codelco Salvador) , Tranque de Relaves La Africana (Cía. Minera Pudahuel) y Depósitos Arsenicales (Refimet).
En el caso del Tranque de Relaves La Africana de Cía. Minera Pudahuel, el estudio sirvió de base para la presentación a la autoridad ambiental del Proyecto Remediación Ambiental Depósito de Relaves La Africana de la citada compañía minera, el que a la fecha se encuentra aprobado en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental.
De esta manera, se hace presente, que de acuerdo al modelo de gestión referido, no toda faena minera abandonada o paralizada, incluidos los depósitos de relaves, constituye per se un pasivo ambiental minero. Dicho de otra forma, se requiere previamente establecer en base a criterios técnicos objetivos que exista riesgo significativo producido por la faena minera abandonada o paralizada, riesgos que específicamente determinarán, los objetivos de su remediación.
10) Normativa legal relacionada a actividades mineras en Chile:
Las normas legales que se aplican al sector minero propiamente tal son las siguientes:
Norma
^@#@^N°
Fecha
Ministerio
Nombre / Titulo
Ley
18.248
1983
Minería
Código de Minería.
Decreto
1
1987
Minería
Reglamento del Código de Minería.
Decreto
6
2005
Minería
Establece un Boletín Oficial de Minería como Suplemento Especial del Diario Oficial.
Decreto
19
2001
Segpres
Faculta a los Ministros de Estado para Firmar Por Orden del Presidente de la República.
Ley
19.657
2000
Minería
Sobre Concesiones de Energía Geotérmica
Decreto
32
2004
Minería
Aprueba Reglamento para la Aplicación de la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Exploración y Explotación de Energía Geotérmica.
Ley
20235
2007
Minería
Regula la Figura de las Personas Competentes y Crea la Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras.
Decreto
76
2008
Minería
Aprueba Reglamento para Aplicación de la Ley Nº 20.235, que regula la figura de las Personas Competentes y Crea la Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras.
Decreto
76
2003
Minería
Aprueba Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería.
Ley
19137
1992
Minería
Establece Normas sobre Pertenencias Mineras de Codelco-Chile que No Forman Parte de Yacimientos en Actual Explotación.
Decreto
96
1992
Minería
Reglamenta Artículo 7° de la Ley N° 19.137, que Establece Normas sobre Pertenencias Mineras Codelco - Chile, que No Forman Parte de Yacimientos Mineros en Actual Explotación.
Ley
19.719
2001
Minería
Establece una Patente Minera Especial para Pequeños Mineros y Mineros Artesanales, a la vez que Condona Recargos Legales y Concede Facilidades de Pago.
Decreto
123
2001
Minería
Reglamento Ley Nº 19.719 Patente Minera Especial.
Decreto
142
2000
Minería
Reglamento que Identifica Fuentes Probables de Energía Geotérmica.
Decreto
253
2000
Minería
Fija condiciones generales para la operación del fondo de estabilización del precio del Cobre para pequeños mineros.
Decreto con fuerza de Ley
1
1987
Minería
Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 1.349, de 1976, que Crea la Comisión Chilena del Cobre.
Decreto con fuerza de Ley
153
1960
Hacienda
Crea la Empresa Nacional de Minería.
Decreto con fuerza de Ley
302
1960
Hacienda
Aprueba Disposiciones Orgánicas y Reglamentarias del Ministerio de Minería.
Decreto con fuerza de Ley
523
1993
Economía, Fomento y Recons-
trucción.
Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera.
Decreto Ley
1.350
1976
Minería
Crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
Ley
16.624
1967
Minería
Fija texto refundido de la Ley Nº 11.828 y la Ley Nº 16.425.
Ley
17.483
1971
Minería
Autoriza a la Empresa Nacional de Minería para otorgar ayudas extraordinarias o subsidios a los productores de minerales o concentrados auríferos con el fin que indica.
Ley
18.097
1982
Minería
Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.
Ley
19.143
1992
Minería
Establece Distribución de Ingresos Provenientes de las Patentes de Amparo de Concesiones Mineras.
Ley
19.557
1998
Minería
Condona Deudas por Créditos a Pequeños Mineros.
Ley
19.993
2005
Minería
Autoriza el Traspaso de la Fundición y Refinería Ventanas de Enami a Codelco.
Ley
20.026
2005
Hacienda
Establece un Impuesto Específico a la Actividad Minera. (royalty)
Ley
20.228
2007
Minería
Otorga Carácter Permanente a la Patente Especial para Pequeños Mineros y Mineros Artesanales Regulada en el Artículo 142 del Código de Minería.
Ley
20.363
2009
Minería
Instituye el Día del Minero.
Ley
20.392
2009
Minería
Modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y las Normas Sobre Disposición de sus Pertenencias Mineras que no Forman Parte de Yacimientos en Actual Explotación.
Ley
20.469
2010
Hacienda
Introduce Modificaciones a la Tributación Específica de la Actividad Minera. (royalty)
Resolu-
ción
165 ex.
2010
Minería
Instruye Sobre Elementos Para Emitir Informe Técnico Sobre el Carácter Conexo de los Proyectos Mineros que Serán Informados por esta Comisión Chilena del Cobre/Servicio Nacional de Geología y Minería, Para Efectos de Ejercer el Derecho de Extensión de Invariabilidad Tributaria Establecida por el Artículo Tercero Transitorio de la ley N°20.469.
Resolu-
ción
1.185
2005
Minería
Establece Categorías de Contravenciones al Reglamento de Seguridad Minera y Señala Multas en el Sentido que Expresa.
Resolu-
ción
922
1999
Minería
Aprueba Reglamento que Fija Normas Sobre Expertos en Prevención de Riesgos de la Industria Extractiva Minera y Monitores de Seguridad Minera.
Decreto
132
2004
Minería
Aprueba Reglamento de Seguridad Minera .
Decreto Ley
3525
1980
Minería
Crea el Servicio Nacional de Geología y Minería.
Decreto
248
2007
Minería
Aprueba Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves.
Por último, se debe considerar entre las normas legales aplicables a la actividad minera el Decreto 95, de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que contiene el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
De las normas legales antes mencionadas, se puede constatar que sólo una de ellas, el decreto 248, de 2007, del Ministerio de Minería, se refiere a los relaves propiamente tales, ya que regula la aprobación de los proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves, pero no aborda el tema en forma global.
Asimismo, relacionado con la materia es necesario señalar que se encuentra en tramitación el proyecto de ley que “Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras”, boletín N° 6415-08, que tiene como objetivo la regularización de la disposición de los pasivos ambientales mineros, garantizando desde el comienzo de un proyecto minero que, al momento de cierre o abandono de las faenas, se tomarán las medidas adecuadas para la recuperación de los terrenos afectados.
En los fundamentos de dicha iniciativa legal se expresa que “Todo plan de cierre de faenas o instalaciones, sometido al procedimiento de aplicación general, deberá incluir una garantía que asegure al Estado, en todo momento, la disponibilidad de fondos para cubrir, en forma exclusiva, los costos de las acciones, medidas y obras contempladas en los planes de cierre, cuando la empresa minera incumpla, total o parcialmente, las obligaciones contempladas en la presente ley”.
En definitiva, el proyecto de ley pretende evitar el abandono de pasivos mineros sin mayores responsabilidades que la de pagar anualmente una patente.
III. LABOR DE LA COMISIÓN.
Durante 11 sesiones, de las 14 celebradas por la Comisión, se recibieron los testimonios de algunas comunidades afectadas por relaves o pasivos mineros ambientales, así como también de expertos en la materia.
A) INVITADOS.
1.- Servicio de Geología y Minería (Sernageomin), señores Waldo Vivallo , Director Nacional subrogante; Carlos Arias , Subdirector de Minería , y Cristián Solís , abogado, y la señora Adriana Pérez , Jefa del Departamento Jurídico .
2.- Municipalidad de Illapel, señor Denis Cortés , Alcalde ; señora María Díaz y señor Hugo González , concejales; y Cristián Álvarez , Oficina de Desarrollo Económico Local.
3.- Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, señor Miguel San Martín , Secretario Ejecutivo , doctor Andrei Tchernitchin , y la doctora Gabriela Morales , ambos consejeros e investigadores de la Universidad de Chile.
4.- Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena, profesor Jorge Oyarzún.
5.- Mesa minera de Illapel, los señores Patricio Gatica de la Sociedad Nacional de Mine-ría (Sonami); Luis Riveros , representante de Asociación Gremial Minera (Asogremi); Luis Ibacache del Sindicato de Pirquineros; Javier Pérez del Sindicato de Transportistas; Roberto Rojas , ingeniero ambiental y Gabriel Carvajal , periodista.
6.- Junta de Vigilancia del Río Illapel, señor Vicente Tisca , Director.
7.- Asociación de Agricultores del Valle del Huasco; señores Wilhelm von Mayerberger , Presidente ; Hermann von Mayerberger , Director de Medio Ambiente y Juan Pablo Vega y Pascual Olivares .
8.- Junta de Vigilancia del Rio Mostazal, señores Fernando Leal y Raúl Carmona .
9.- Comunidad Río Mostazal , señor Rodrigo Poblete , agricultor.
10.- Junta de Vecinos de la Mina Caracoles, señores Pablo Donat, Presidente, y Alexis Corvalán, asesor de Educación.
11.- Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (OCAS), señores Inaldi Cofré , Mauricio Bruna y señoras Valeska Aguilar , Daisy Aguilera y Paula Fuentes .
12.- Minera Los Pelambres, señores Ignacio Cruz , Gerente General; Francisco Veloso , Vicepresidente de Asuntos Corporativos , Antofagasta Minerals S.A.; señora Nicole Porcile , Gerente de Desarrollo y Asuntos Corporativos; señores Miguel Sánchez , Gerente de Asuntos Externos; Juan Carlos Alarcón , Gerente de Proyectos , y Mauro Morales , Digital Films .
A continuación se describen los principales problemas de los cuales tomó conocimiento la Comisión durante sus sesiones:
1.- Director Nacional, subrogante del Servicio de Geología y Minería, Sernageomin, don Waldo Vivallo .
a. Peligros asociados a los depósitos de relaves.
Expresó que los peligros que se identifican generalmente tienen relación con tres variables:
a) Inestabilidad física del depósito de relaves, que puede producir su colapso. Además, si bien la acumulación de material particulado no está directamente relacionado con la estabilidad física del relave si está asociada al mismo ya que el materia acumulado una vez seco, puede ser transportado por el viento y producir contaminación por polvo. “Cuando hablo de estabilidad física lo digo porque necesito tener el material fijo en el tranque de relaves de manera que el viento no lo pueda diseminar y eso se logra por distintas técnicas”.
Respecto de la inestabilidad física, que ha generado mayor atención a raíz del terremoto, pues este fenómeno puede producir el colapso de los embalses y tranques, lo que también se puede originar por exceso de agua en la cubeta que contiene los relaves. Este exceso puede provenir del mismo proceso de tratamiento o por la intensidad de las aguas lluvias, o bien, debido a algún cauce de agua que por alguna razón fue desviado hacia la cubeta que contiene los depósitos, lo cual podría causar el colapso del tranque de relaves.
La actividad sísmica cobra importancia porque Chile está sometido a una alta sismicidad. Un terremoto puede originar un proceso que se conoce como licuefacción, que no es otra cosa que la pérdida de coherencia del depósito, gatillado por la onda sísmica. Al tener un depósito de material particulado fino, tipo arena, saturado en agua, la onda sísmica hace que ese depósito pierda coherencia y se comporte como un líquido, con lo que el depósito colapsa, que fue lo que ocurrió en la década del 60 en El Melón y lo que ocurrió, recientemente en Las Palmas.
b) Inestabilidad química del depósito, donde el principal problema se traduce en la contaminación de acuíferos y cursos de aguas superficiales. También, es conocido lo que se denomina drenaje ácido, producto de la interacción entre el agua y los minerales sulfurados que contiene generalmente este tipo de depósitos y que generan una solución ácida dañina al medio ambiente si es capaz de transportar metales pesados en solución.
La inestabilidad química, especialmente el drenaje ácido, se da desde la zona central hacia el sur, ya que por condiciones climáticas en la zona norte este fenómeno es muy limitado.
c) Finalmente, se da otro elemento que no es un peligro en si, sino que es un impacto, de tipo visual que estos depósitos generan en el paisaje.
b. Funciones del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin.
Hizo presente que se rigen por una serie de leyes y reglamentos, como el Decreto Ley N° 3.525, de 1980, que es el que creó Sernageomin y le entregó atribuciones para generar y mantener información sobre la actividad minera, entre otras estadísticas.
Las leyes N° 19.300, de 1992, y N° 20.410, de Bases Generales del Medio Ambiente y su modificación, respectivamente, les obligan como organismo con competencia ambiental a pronunciarse dentro del proceso de aprobación ambiental de las faenas mineras.
Asimismo, el Reglamento de Seguridad Minera, que en lo que dice relación con los tranques de relaves regula su cierre, pero desde el punto de vista de la estabilidad física del depósito.
Finalmente, existe un reglamento específico que es el Reglamento de Construcción, Operación y Cierre de Tranques de Relaves, que establece las condiciones en las que se debe construir, operar y cerrar un tranque de relave. Al respecto, rigen los Decretos Supremos N° 248, de 2007, y N° 86, de 1970, promulgado a raíz de la tragedia del tranque El Melón.
Esos cuerpos legales apuntan hacia la estabilidad física del depósito, pero no les otorgan atribuciones para opinar o intervenir respecto a la inestabilidad química de los mismos.
Además, Sernageomin, como Servicio del Estado con Competencia Ambiental posee atribuciones asociadas directamente a los recursos naturales y mineros del país, y por lo tanto, participa activamente en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros y no mineros que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para aquellos proyectos propios de la industria extractiva minera, el Decreto N° 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que contiene el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, le asigna al Servicio la competencia específica de dos Permisos Ambientales Sectoriales:
1.- Permiso para emprender la construcción de tranques de relaves, a lo que se refiere el artículo 47 del Decreto N° 86, de 1970, del Ministerio de Minería, Reglamento de Construcción y Operación de Tranques de Relaves. (Artículo 84, del Decreto N° 95, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia ).
2.- Permiso para establecer un apilamiento de residuos mineros, a que se refiere el Capitulo Cuarto “Depósitos de Residuos Mineros” en sus artículos 338, 339, 340 del Decreto N° 72, de 1985, Reglamento de Seguridad Minera modificado por Decreto Supremo 132, de 2004, del Ministerio de Minería. (Artículo 88, del Decreto N° 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia ).
Sin perjuicio de los permisos anteriores y de la evaluación sectorial particular llevada a cabo por el Servicio, son también materia de revisión en el contexto del SEIA, todos aquellos aspectos que dicen relación con la seguridad de las obras e instalaciones para minimizar el riesgo de ocurrencia de daños a las personas y el medioambiente, el control de la contaminación minera en todas sus formas y la generación y disposición de residuos, para cada una de las etapas del proyecto: construcción, operación y cierre, actualmente, recogido en el Reglamento sobre Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Depósitos de Relaves.
Por último, como servicio especializado, es también el organismo competente para evaluar los riesgos de origen geológico presentes en el lugar de emplazamiento de los proyectos que lo requieran, sean éstos mineros o de otra índole. Entre los riesgos evaluados se cuentan los sísmicos, volcánicos, remociones en masa, subsidencia, potencial de generación de drenaje ácido, etcétera.
Asimismo, informó que entre los años 1992 y 2008 se desarrollaron una serie de proyectos de cooperación internacional en el área ambiental minera, y dentro de los principales resultados de esa cooperación está la creación, en 1993, del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental, DIGA.
Resultado de esa cooperación es la implementación de procedimientos para realizar los estudios de Pasivos Ambientales Mineros , PAM. En la actualidad, Sernageomin posee tanto la metodología como la práctica para el estudio de ese tipo de depósitos. En efecto, entre los años 2003 y 2008 se elaboró una serie de manuales y se efectuó un catastro parcial de las faenas mineras abandonadas, además de la realización, en Santiago, de dos conferencias internacionales sobre PAM, cuyos resultados y conclusiones se encuentran pendientes.
También, se iniciaron tres estudios pilotos para remediación de los PAM, los que incluyen el catastro, su evaluación, y la remediación por parte de Sernageomin.
En cuanto a la estructura del Sernageomin, se señaló que existe dentro de la Subdirección Nacional de Minería, el departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental, el que tiene que ver con la temática ambiental minera y que cuenta con doce profesionales a nivel nacional, repartidos en direcciones regionales.
Otro de los resultados importantes de esa cooperación fue la formulación de dos anteproyectos de ley, que fueron presentados en el año 2005.
Uno de ellos relacionado con el cierre de faenas mineras, el que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso Nacional, y el otro, sobre pasivos ambientales mineros que todavía no ha sido presentado a trámite. Se trata de dos proyectos destinados tanto a resolver el problema de regulación del cierre de las faenas mineras como a regular el manejo de los pasivos ambientales mineros.
Asimismo, entre otros aspectos, se establecen reglas para la determinación del titular, lo que está orientado a mejorar las condiciones de vida de comunidades instaladas en las cercanías de depósitos peligrosos.
Por otro lado, la iniciativa sobre cierre de faenas mineras, ya referida, está destinada a controlar e impedir que se sigan generando PAM en el futuro. O sea, la ley de cierre ayuda a controlar su generación. Para ello, la ley establece las condiciones en que se debe enfrentar esa tarea.
c.- Catastro de faenas mineras abandonadas o paralizadas.
Señaló que el catastro se encuentra en el marco de la capacitación de personal del Servicio, y corresponde a un proyecto piloto para determinar metodologías y estandarizar la forma en que se debe procesar y recopilar la información.
El catastro -realizado dentro de ese contexto- incorporó 213 faenas mineras, pero una vez procesado se estimó que había 42 que tenían riesgo ambiental de distinto grado, no significa que necesariamente se trate de un PAM.
Sernageomin ha continuado con el registro de tranques de relaves de acuerdo con su disponibilidad de recursos y de personal, de manera que en la actualidad el catastro abarca un total de 450 tranques y depósitos de relaves, de los cuales la mayor parte están inactivos: hay 324 inactivos y 125 activos.
Esa observación en general se han obtenido por medios propios, pero también por información que les han proporcionado las empresas, especialmente en el caso de los tranques activos.
En la actualidad cuentan con un registro de 450 tranques y embalses de relaves, lo que en realidad constituye una cifra mínima, pues su número es muy superior, porque de los no activos existen algunos muy antiguos, los cuales incluso hoy cuesta identificar en terreno. Hay algunos muy pequeños, otros más significativos, por ello es que en la lista de 450 están los más grandes, los más importantes. El inventario y caracterización preliminar de faenas mineras abandonadas y/o paralizadas se encuentra disponible en el sitio http://www.sernageomin.cl, pasivos mineros ambientales.
DEPOSITOS DE RELAVES ACTIVOS Y NO ACTIVOS, POR REGIONES
DICIEMBRE DE 2010
Regiones Depósitos
Activos
Depósitos No Activos
Región de Tarapacá
1
0
^@#@^Región de Antofagasta
13
8
^@#@^Región de Atacama
45
72
^@#@^Región de Coquimbo
39
166
Región Zona Central
24
75
(Región de Valparaíso, Libertador Bernardo O´Higgins, y Metropolitana)
Región Zona Sur
3
3
(Región del Maule, Biobío , Araucanía , Los Lagos, Los Ríos, Aysen , Magallanes y Antártica Chilena)
Totales
125
324
^@#@^Total General
Activos + No Activos
449
d. Problemas que enfrenta Sernageomin respecto de la regulación de los tranques de relave.
A continuación, dio a conocer algunos problemas que es necesario abordar, siendo el principal la falta de regulación legal.
Otra gran dificultad que enfrentan dice relación con la propiedad de los tranques de relaves. El Código de Minería hace mención en general a los desmontes, entre los que estarían los tranques de relaves, respecto de los cuales señala que le pertenecen a quien es el dueño de la propiedad minera. Sin embargo, en ausencia de propiedad minera, ¿quién es el dueño? Lo lógico sería que fuera el propietario del terreno.
En su opinión, esta materia adquiere relevancia sobre todo en los casos en que se deban iniciar acciones de remediación o mitigación para dar respuesta a preguntas tales como ¿a quién le corresponde la remediación del PAM y la adopción de medidas para neutralizar el peligro? ¿Le corresponde al dueño o al Estado, en caso de ausencia del propietario? ¿Cómo se financia?
Asimismo, se deben contemplar normas claras para determinar cuándo un tranque o un embalse constituye un pasivo ambiental minero. Desde el punto de vista técnico no existen problemas para definir un pasivo, pero desde la perspectiva legal deben reunirse ciertas condiciones que no están definidas.
Concluyó señalando existe la necesidad imperiosa de disponer de una legislación que regule la situación de los pasivos ambientales mineros. El cierre de las faenas mineras ya está siendo regulado, pero respecto de los pasivos ambientales mineros, debería haber pronto una legislación que fortalezca la institucionalidad a fin de fiscalizar y garantizar la aplicación de la ley.
e. Rol de Sernageomin en la aprobación de los tranques de relave.
Expresó que el Servicio enfrenta la autorización de los tranques de relave a través de dos vías:
1) Permisos ambientales, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, en los que, dadas las competencias del Servicio, se pone énfasis en los aspectos geotécnicos, que dicen relación directa con la estabilidad del lugar de emplazamiento y del mismo tranque de relave; en situación de peligro geológico, esto es en fenómenos geológicos que amenacen el emplazamiento del tranque de relave o que influyan en el comportamiento y en la estabilidad.
También considera la hidrogeología, que es la manera de proteger el recurso hídrico de una potencial contaminación a partir de tranques de relave, ello implica exigir los estudios de hidrogeología, es decir, se necesita conocer las características de los acuíferos subterráneos del lugar en que se emplazará el tranque, con el propósito de saber que medidas se deben exigir a quien construirá un tranque de relave, dado que este recurso es escaso.
En general, en la construcción de los tranques de relave, se toman medidas como la impermeabilización del piso, mediante la compactación y el uso de materiales impermeables, con el fin de limitar, y en lo posible, impedir, cualquier infiltración que pueda contaminar el acuífero.
En materia de impermeabilización, aun cuando no tienen facultades para hacer exigencias, si recaban antecedentes sobre la profundidad en que se encuentra la napa donde se va a construir un tranque de relave, y solicitan que se prepare la base de los tranques, a fin de reducir la permeabilidad de las capas superiores del terreno vía compactación o agregación de material arcilloso, que tiene una baja conductividad hidráulica.
El depósito de los relaves es un material muy fino, con características muy similares a la arcilla, por lo que el primer contacto de los relaves acuosos en el terreno desnudo es el que produce una mayor penetración de aguas. En la medida que va subiendo el relave, se comporta como una arcilla e impide la comunicación del agua hacia abajo.
La preparación inicial del terreno es por compactación. Por reglamento, está estrictamente prohibido colocar HDP en la base, polietileno de alta densidad, porque trae consigo un desmejoramiento de la estabilidad frente a un sismo. Se puede producir un plano de deslizamiento del tranque.
También se le exige, a través de los requerimientos ambientales, un plan de cierre, en el que los componentes ambientales estén considerados, lo cual es distinto al cierre que exige el Sernageomin en su reglamento de tranques de relave, que es un permiso sectorial.
2) La segunda vía por la cual el Sernageomin se pronuncia, supervisa y revisa la construcción de los tranques de relave es el Reglamento de Tranques de Relave. El Servicio tiene que autorizar y conceder un permiso sectorial para su construcción, enfocado a factores de estabilidad física. Les interesa que se cumplan las medidas de seguridad en la construcción del tranque. Para ello se consideran parámetros de sismicidad, o sea, se debe modelar la construcción de acuerdo al requerimiento sísmico. En este caso, el requerimiento va en aumento, en la medida en que se tiene mayor información sobre la sismicidad de la zona donde se efectuará la construcción.
También se pone énfasis en la seguridad de las personas y de las construcciones, mediante el concepto de “alcance peligroso”, que no es otra cosa que establecer la distancia que alcanzarán y de qué manera podrían afectar los relaves en el caso de que colapse el muro que los contiene. Esto es la distancia al término de la cual no pueden estar emplazadas las viviendas o las construcciones que se desea proteger.
Finalmente, el reglamento exige un plan de cierre, orientado, fundamentalmente, a la estabilidad física de la construcción.
En materia ambiental propiamente tal, se debe considerar que existen tranques paralizados que, en algunos casos, ya están dentro de las ciudades o en el entorno de éstas y que generan contaminación severa por polvo. En esta materia Sernageomin no tiene competencia legal y esta área hoy está desregulada.
Enfatizó que en general, estos depósitos de relave, que están en el entorno o bien dentro de las mismas ciudades constituyen pasivos ambientales, y no cuentan con una ley que regule el manejo de estos pasivos.
2.- Profesor del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena, don Jorge Oyarzún.
Señaló que en materia de relaves existen dos tipos de problemas:
a) La cantidad de relaves abandonados. Los relaves son concentraciones de lo que queda después de que se separa el concentrado del mineral. Es el material molido que contiene restos de minerales que no son útiles. Pero también está lo que se llaman los restos de lixiviación, que puede ser ácida o alcalina, dependiendo de lo que se haya explotado, cobre u oro.
Se ha sostenido que se ha procurado mitigar el problema a través de iniciativas como vegetar esos desechos, pero que los propietarios se oponen, y cuentan con los derechos legales para hacerlo. Por ello, habría que modificar la legislación. Parece de sentido común el que un desecho minero deba ser considerado como un residuo peligroso si se encuentra en el radio urbano, de modo que la responsabilidad por aislarlo o removerlo recaiga en el propietario.
Por otra parte, agregó que son muchas las situaciones de descuido a este respecto presentes en distintas ciudades del norte de Chile, como para pensar que modificar leyes implicará una medida efectiva. En consecuencia, hace falta un largo y sofisticado estudio para darle una solución al problema de los desechos mineros en el radio urbano, pues ello debe involucrar un cambio cultural.
Asimismo, afirmó que bastarían unos pocos análisis químicos para saber si contienen o no elementos tóxicos y poder categorizarlos.
Sobre los pasivos mineros situados fuera del radio urbano, sostuvo que es importante considerar tanto sus posibles efectos contaminantes sobre el agua cómo sobre el aire. En el caso del agua, interesa en particular lo relativo a su flujo subterráneo, por la mayor dificultad de su monitoreo, así como por el consumo directo que de ella se hace en el medio rural.
En cuanto al aire, es igualmente importante lo relativo al tamaño de las partículas como su composición química y su estructura mineralógica (p.ej., posible presencia de asbesto en relaves ricos en actinolita, mineral abundante en yacimientos de la Cordillera de la Costa del norte de Chile).
Consideró clave conocer la ubicación en la que se encuentran, pues ello permitiría excluir relaves sin mayor importancia y trabajar en la categorización de otros relaves, esto es, saber si están activos o pasivos, conocer su ubicación y su estabilidad física.
b) La enorme producción existente de relaves y de materiales estériles por la gran minería. Según un estudio de Sernageomin, de este año Chile está produciendo un millón de toneladas diarias de relave y tres millones de toneladas de estériles. Según las leyes físicas, las ecuaciones cambian cuando las magnitudes cambian. Por ende el comportamiento de los materiales también cambia.
Hay un fenómeno llamado factor escalar, según el cual los materiales no se comportan de la misma manera mecánicamente cuando aumenta su dimensión. Hay un principio físico detrás de ello. Lo anterior sumado al riesgo de que se produzcan sismos o flujo de relaves, agrava el problema.
Otros riesgos que se podrían producir son:
a) El transcurso del tiempo, cuando los relaves dejen de estar activos y se conviertan en material seco, al estar ubicados en zonas ventosas y altas, podrían convertirse en fuente de tormentas de polvo, debido a esas superficies no se pueden regar, ni tampoco vegetar dada la escasez de agua en el Norte.
b) Drenaje ácido, porque los relaves y los estériles contienen pirita, que es sulfuro de hierro. Cuando la pirita se oxida en presencia de agua se genera ácido sulfúrico directamente, aparte de la acidez que se produce por la hidrólisis. Ello genera migraciones del metal. De hecho, el yacimiento de Chuqui Sur, que antes se llamaba Exótica , se formó naturalmente por un fenómeno conocido como drenaje-ácido-migración. Cuando hay acidez, metales como el cobre se solubilizan y migran, lo que puede contaminar aguas subterráneas, las que están conectadas con aguas superficiales.
Afirmó que lo esencial en todo caso es pasar lo antes posible a la acción, simplificando los estudios, para hacerlos lo más prácticos que sea posible y privilegiando las acciones concretas que resuelvan, al menos, los problemas más serios. Ello, de modo realista y sustentable, vale decir, considerando el contexto de cada sitio.
3.- Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable , don Miguel San Martín .
Explicó que los Consejos Nacionales de Desarrollo Sustentable (CNDS) corresponden a una iniciativa surgida, y suscrita por Chile, con ocasión de la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente, conocida como “Cumbre de la Tierra”, efectuada en Río de Janeiro, Brasil en 1992. No se trata de un compromiso vinculante aunque no por ello es menos compromiso para los países signatarios de los acuerdos allí alcanzados.
Sostuvo que este Consejo es un órgano asesor del Presidente de la República , cuya función principal es el estudio y la proposición de acciones de impulso y resguardo del desarrollo sustentable, cometido que se lleva a cabo mediante la acción concertada de agentes públicos y privados, con el objeto de asegurar y garantizar la participación de los grupos sociales nacionales.
Dentro del concepto de la sostenibilidad del desarrollo, subrayó que la ausencia, desde hace años, de la participación de la ciudadanía ha impedido un aporte oportuno a las instancias legislativas.
Afirmó como uno de los lineamientos del Consejo el reconocimiento de que el desarrollo sustentable tiene que ver con crecimiento económico, debiendo ser el resultado de este crecimiento armónico el cuidado del patrimonio de los recursos naturales que tienen directo impacto en la calidad de vida, mediante la preservación del medio ambiente.
Reflexionó sobre la manera en que se transforma la sustentabilidad del uso de los recursos naturales, que sirven para generar bienestar económico, en derechos permanentes de una generación a otra. Es allí, donde, a su juicio, entra en juego el concepto de desarrollo sostenible, que es el que ha acogido, y es el que Chile, en 1992, suscribió en la Cumbre de Río de Naciones Unidas sobre medio ambiente, y que ratificó en Johannesburgo en 2002.
Dentro de ese compromiso, cobra importancia el tema de los relaves. Hay que determinar de qué manera el productor, que genera recursos económicos, empleo y riqueza, al mismo tiempo conserva dentro de su política empresarial, productiva, de generación de ideas y de respetabilidad social, los tres conceptos antes señalados.
4.- Consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, doctor Andrei Tchernitchin .
Señaló que la existencia de relaves mineros en zonas con actividad agrícola y áreas residenciales traen como consecuencia efectos adversos sobre el medio ambiente, el desarrollo agrícola y la salud tanto de los habitantes de la zona y como de los consumidores de productos agrícolas cultivados en las áreas de impacto de los relaves.
En un tranque de relaves se acumulan materiales sólidos, finos, que se descartan de las operaciones de separación y obtención de los valores metálicos. La composición de los sólidos sedimentados en los tranques de relaves es muy variada y depende de las características del mineral y de los procesos a que ha sido sometido.
El tranque de relaves presenta impactos ambientales tanto en fase sólida (los sólidos sedimentados en profundidad) como en fase acuosa (las aguas de salida del tranque de relaves).
La contaminación del agua, originada por la minería extractiva, procesos posteriores y tranques de relaves, tiene tres aristas:
a) Las aguas claras, supuestamente transparentes, que son liberadas de los tranques y posteriormente utilizadas para riego, tienen elementos como el arsénico -que produce cáncer-, metales pesados -como el plomo- y componentes químicos usados en diversos procesos.
b) Derrames, que ocurren con mucha frecuencia, y
c) La lixiviación, que es la solubilización de los componentes sólidos de estos tranques, entre los cuales se encuentra el arsénico y otros metales pesados como el cobre, níquel, molibdeno, etcétera, los que pasan a las napas subterráneas o a las aguas de riego, afectando finalmente la salud de las personas, animales y vegetales que se nutren de esas aguas o pastos adyacentes.
Entre los contaminantes detectados en aguas superficiales contaminadas por relaves, producto de filtraciones u otros eventos, se encuentran sulfatos, molibdeno, cobre, níquel, arsénico, manganeso, cadmio y mercurio, entre otros.
Afirmó que el arsénico y su exposición crónica a niveles no muy altos, producen cáncer pulmonar, cáncer a la vejiga y otros cánceres generando alta mortalidad en zonas contaminadas con este elemento.
La exposición prenatal al plomo produce déficit intelectual, y cambios neuroconductuales en los recién nacidos, que han sido confirmados por distintos estudios, como la tendencia a conductas delictivas. En estudios en todos los países se ha demostrado que al bajar los niveles de plomo, tiempo después empieza a bajar la delincuencia y otros delitos.
A nivel mundial se está tratando de evitar el uso de mercurio porque produce daño al sistema nervioso central de manera grave.
Otro problema es que en el tranque sedimentan sólidos que caen hacia el fondo y su consecuente acumulación permanente hace subir este fondo, obligando a elevar la línea de aguas mediante la elevación de la altura del dique de contención y de la descarga de agua superficial. Los tranques de relaves van aumentando su altura conforme se usan porque el fondo del tranque va acumulando sólidos de relave.
Estos sólidos presentan un problema que se agrava cuando se abandona el tranque al terminar su vida útil, es decir, llegó a la máxima altura posible y/o se terminó la operación minera. Cuando el tranque deja de recibir agua en forma regular comienzan una serie de reacciones de solubilización de compuestos cuyo resultado neto es la formación de sales (sulfatos, por ejemplo) de metales diversos. Cuando al tranque caen aguas de escurrimiento o de lluvia, esta aguas se impregnan de los productos lixiviados y aparecen en concentraciones altas en el agua que puede llegar a cauces superficiales o infiltrarse a napas subterráneas. De allí la importancia de que los tranques abandonados deban ser sellados de modo que no puedan mojarse.
Lo descrito es un problema grave que afecta a las poblaciones cercanas y también a los productos agrícolas que se producen en zonas cercanas; sumado a la ruptura de tranques, que puede ser producida por eventos sísmicos o climatológicos extremos.
Así, por ejemplo, la pared del tranque de relaves “Las Tórtolas” construido en los cerros que limitan por el sur el valle de Chacabuco y Polpaico, de la minera Angloamerican , “antes del terremoto estaba impecable”, pero tras el sismo “hubo una fractura por la cual había salida de líquido y la parte derecha de la pared había disminuido de altura alrededor de un metro de altura hasta la trizadura y por ahí pasa la falla”.
Ello conlleva un riesgo de avalancha por ruptura de la pared de contención del tranque durante movimientos telúricos o meteorológicos de gran intensidad, sumado a la existencia de una pequeña falla geológica debajo del tranque.
Precisó que realizó un estudio junto a la doctora Gabriela Muñoz y a personas del Centro Nacional del Medio Ambiente, de la Universidad de Chile, en el que se midió algunos metales en cursos de agua, después del derrame tóxico de relaves de Los Pelambres. En dicha investigación se tomaron muestras de agua y de sedimento desde el mismo lugar de la mina, y en tramos del río Cuncumén y del río Choapa hasta su desembocadura a lo largo de aproximadamente 140 km, atravesando las comunas de Salamanca, Illapel y Canela . También se investigó agua de pozos y agua potable de poblaciones afectadas.
El resultado de la investigación mostró altos niveles de metales tóxicos como arsénico, manganeso, selenio y hierro en el agua potable de poblaciones afectadas.
Finalmente, indicó que la contaminación de las napas subterráneas del valle de Chacabuco con minerales provenientes de los tranques de relave o por los eventuales accidentes (vertido de reactivos químicos o descargas masivas), y después del período de cierre, del material lixiviado desde los relaves abandonados, afectará las condiciones de salud de la población que utilice aguas de dichas napas como agua potable, o se alimente con productos hortofrutícolas regados por éstas.
5.- Consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, señora Gabriela Muñoz .
Expresó que las comunidades colindantes a los ríos, presentan problema de enfermedades a nivel de atención primaria, que se generan producto de las aguas contaminadas que alimentan a la flora y fauna y, a la población. Señaló la gran cantidad de cáncer gástrico como consecuencia de la presencia de metales pesados.
En la comunidad Huentelauquén entre los años 2009 y 2010, han fallecido más de 40 personas de cáncer gástrico, lo cual debe tener alguna relación, ya que en el primer testeo el agua potable de la llave que la gente tomaba poseía 12 miligramos de arsénico de una tolerancia de 0,02, dato no menor que se le ha comunicado a los alcaldes, a los intendentes y a la Seremía de Salud.
Asimismo, enfatizó que debe existir conciencia de lo que significan los derechos de agua y el agua en el mundo. Chile es el segundo país del planeta que tiene la mayor cantidad de agua y la más pura. Por ello, opinó que se debe revisar la legislación que propicia absolutamente la privatización de este bien social y humano. El agua no es un recurso, es un patrimonio genético de la humanidad.
Hizo presente que en la última conferencia sobre derecho de aprovechamiento de aguas en Latinoamérica y el Caribe, junto con cambiar el uso del concepto recurso hídrico por el de patrimonio genético, se solicitó -fue aprobado unánimemente- que cuando se hable de la protección del agua, necesariamente se incluya la protección de la cuenca respectiva. Ésta debe estar en manos del Estado, independientemente de que el uso de las aguas corresponda a un sujeto de derecho privado o a uno de derecho público. La cuenca jamás debe pertenecer a un privado; debe ser del Estado.
6.- Representante de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, don Vicente Tiska.
Informó que la Junta de Vigilancia del río Illapel, se encuentra integrada por 62 canalistas y 1.200 regantes.
Sobre los problemas relacionados con las plantas mineras y los tranques de relave en la Región de Coquimbo, específicamente en la comuna de Illapel, manifestó que el principal es la existencia de relaves pasivos y activos dentro de los límites urbanos de Illapel.
Es así como, existe un enorme tranque de relave en su entrada, las lluvias provocan que el material escurra y se deposita en el estero Aucó , afluente del río Illapel. Indudablemente, ello genera deficiencias en la calidad del agua y problemas de contaminación. Antecedentes preliminares informan de contaminación de aguas subterráneas hasta 1.000 metros de profundidad.
Asimismo, afirmó que existe una torta de relave en pleno funcionamiento emplazada en un territorio que forma parte del nuevo plano regulador de la ciudad. Además como los desechos están ubicados en la ribera del río Illapel, el cauce en años lluviosos arrastra el material hasta los predios agrícolas, que riegan sus cultivos con esa agua.
Agregó que el Sernaegomin ha señalado -en un documento- que “La actividad minera ha sido importante para la Región de Coquimbo; sin embargo, ha descartado grandes volúmenes de relave en todas las provincias, los que pueden constituir problemas de impacto ambiental.”.
Hizo presente que, aproximadamente, 52 por ciento de los tranques de relave abandonados se encuentran en la Región de Coquimbo. De esa cifra, el 70 por ciento se ubica en la comuna de Illapel. Es decir, un total país de 650 depósitos, y sólo en la comuna mencionada hay casi 400 tranques o tortas de relave abandonados, lo que implica un problema, por lo limitado del recurso hídrico.
Por ello, el objetivo de las organizaciones de regantes es proteger el recurso hídrico del río Illapel, tanto en calidad como en cantidad, con el objeto de resguardar el consumo humano de los habitantes y armonizar objetivos de conservación de los ecosistemas con el aprovechamiento sustentable de recursos por parte de la entidad agrícola, minera, turística y otras.
En la Región, existe un problema dentro del plano regulador, pues existen cuatro tranques de relave que están generando problemas de contaminación ambiental por lluvias intensas y por aluviones. Si se observa la ciudad desde una vista aérea impresiona la cantidad de polvo que se produce por las tortas de relave que se encuentran alrededor de toda la población. Es más, se pueden visualizar a 50 metros de la población y muy cercana a los poblados y a los principales cursos de agua, lo que indudablemente provoca efectos en la salud humana, en la actividad agrícola y en los ecosistemas naturales.
Insistió en que los regantes están preocupados por los efectos sobre el agua, y su calidad, señaló que el Instituto de Investigación Agropecuaria realizó un estudio que determinó que donde se encuentran las tortas de relave en el sector de Aucó, en el río Illapel, el agua es de mala calidad. El análisis midió los compuestos de la norma NCH 1333, que verifica la presencia de sólidos, amoníaco, cianuro, arsénico, cromo, cobre, plomo, entre varios otros elementos. En esa zona, el agua está un 5,8% por sobre la norma.
Recalcó la importancia del modelo de gestión integrada de cuencas, pues para el manejo integrado es necesario frente a toda la problemática medioambiental, por la gran cantidad de relaves -casi 400-, aprovechar el mejor uso de las aguas y los recursos relacionados para hacerla más sustentable y mejorar la eficiencia en su aprovechamiento y poder aportar y maximizar el bienestar económico y social sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. De esa manera, se podrá integrar a todas las instituciones públicas y privadas, ampliando el involucramiento de la sociedad a través de una mayor consideración en la toma de decisiones, pues actualmente la legislación tiene limitaciones para desarrollar una gestión integrada por cuencas.
7.- Presidente de la Junta de Vecinos Mina Caracoles, de Rinconada de Los Andes, don Pablo Donat .
Precisó que el sector de la mina Caracoles está ubicado en la comuna de Rinconada de Los Andes, provincia de Los Andes, Región de Valparaíso, cercana a la rivera poniente del estero Pocuro. Actualmente el sector está habitado por 120 grupos familiares, con un total de 440 personas, la mayoría de los cuales trabajan como temporeros.
El tranque de relave del sector de mina Caracoles contiene 30 millones de toneladas de material minero contaminante abandonado. Se originó en la primera mitad del siglo pasado cuando la compañía minera Disputada de Las Condes comenzó a explotar la mina de cobre, plata y oro, finalizando sus faenas a principios de los ochenta, para posteriormente cerrar de forma definitiva, en 1985, por medida de seguridad, coincidiendo con el terremoto que asoló a la zona central. Ese mismo año se formó la población en el sector mina Caracoles como un lugar de habitación para 30 familias, y como forma de paliar el desamparo de quienes quedaron cesantes por el cierre.
Señaló que, el sector donde está ubicado el relave “sería” propiedad de un ciudadano de nacionalidad austriaca, señor Hans Heinz .
Destacó que uno de los principales problemas que enfrentan es la presencia de polvo en suspensión, que se genera con el viento. Sernageomin ha reconocido el problema del relave, pero no han adoptado ninguna medida. Asimismo, no existen registros de estudios ambientales de ejecución de algún proyecto para el manejo del recinto.
Finalmente, manifestó que la junta de vecinos realizó una denuncia a la autoridad sanitaria de Aconcagua, el 18 de mayo de 2009, sin haber recibido respuesta a la fecha, al igual que una presentación que hiciera el 28 de mayo de 2009 a la Contraloría General de la República, oficina de Valparaíso.
8.- Asesor de educación de la junta de vecinos de Caracoles, señor Alexis Corvalán .
Sostuvo que el relave y la explotación minera tienen directa relación, porque si bien la explotación minera se suspendió en 1985, el 2007 se reanudó, por ello los desechos de la actual explotación han aumentando el volumen del relave. A ello hay que agregar otros problemas como la contaminación acústica.
Sentenció que la existencia de un relave en cualquier lugar provoca dos focos de contaminación. En primer lugar, el sitio donde está asentado llega a contaminar indubitablemente las capas subterráneas. Segundo, en la superficie se produce una polución tal que no sólo puede contaminar el medio ambiente de ese lugar, sino que el polvo en suspensión se traslada a kilómetros de distancia hasta llegar a los asentamientos humanos.
En efecto el polvo de relave, es un material volátil que recibe los vientos de Llay-Llay, que provocan una suerte de remolino que expande el relave a todo el valle.
Existen tres tipos de relaves: la piscina, el tranque y la torta. Lo que existe en la localidad es la torta, porque es un relave seco; los otros dos son húmedos. Como estas materias han sido tratadas con ácidos, bajan a la tierra y cuando llueve se reactivan, pero no salen a la superficie.
El sector Mina Caracoles colinda con el estero Pocuro, el que a su vez se ubica a 50 metros del relave. Asimismo, existen acequias ubicadas a 30 metros. La torta, en su dimensión más alta, debe contar con 50 metros y su extensión abarcar alrededor de 3 hectáreas. Las casas, están a 50 metros del relave. Existe un camino que va hacia la explotación minera, el que fue estabilizado con relave, por ello, cada vez que pasan los camiones el polvo vuela, ante lo cual el dueño de la minera construyó un desvío para evitar ese tránsito. Sin embargo, las camionetas pasan igual y las casas siempre están invadidas de polvo.
Sobre la explotación minera y los perjuicios en el sector, sostuvo que los árboles autóctonos y protegidos, como el Guayacán, el Pino Silvestre, el Algarrobo y el Acacio, han sido expoliados de ese terreno, provocando erosión y sequía por la extracción de agua que estaba depositada en los piques de la mina. El uso de explosivos, incluso durante altas horas de la noche, entre las 22.00 horas y la medianoche, ha perturbado la vida de los habitantes del sector.
Codelco reconoce oficialmente que entre las principales y más relevantes situaciones ambientales de la minería están la generación de residuos industriales, Rises , y el problema de los acopios de materiales estériles.
El acopio de material o de marina son los restos que quedan como consecuencia de haber hecho caminos, túneles o piques. Ese material se saca desde el interior de la mina y se le evacúa toda el agua que también es contaminante.
Entonces, los acopios de marina son las materias de limpieza, de pistas o cunetas, que son utilizadas para afirmar las paredes de los túneles. Es el material de concreto que inyectan a dichas paredes para que no hayan derrumbes. Dentro de los acopios existen materias que se utilizan en el proceso mismo. Por ejemplo, neumáticos usados de las maquinarias, aceites usados, residuos sólidos industriales peligrosos, producto de la mantención de maquinarias, y el uso de grasas lubricantes. Hay una serie de máquinas que necesitan lubricarse o limpiarse, y todo eso se hace con parafina, lo que posteriormente llega al cerro o a las napas. También se utiliza la soda cautica como decantadora de soluciones sedimentarias.
Dentro de los materiales peligrosos en la explotación minera se encuentran los depósitos de dinamitas y estopines, aceites solventes que se utilizan para mantener la maquinaria y el manejo de lodos contaminantes. Cuando ellos sacan el mineral, mojan el terreno, entonces, los restos del mineral se transforman en barro, arcilla. Esos materiales salen de la mina y son arrojados frente a los poblados.
Consideró indispensable. a corto plazo, realizar un examen pulmonar a todos los habitantes del sector y, a mediano plazo, seis meses, llevar un proceso de negociación con el dueño de la explotación o con el Estado para sacar el relave o, por lo menos, enterrarlo, de manera que garantice un sellado del terreno para no dañar las napas, y luego se proceda a forestar la superficie.
También, se podría estudiar la posibilidad de reciclar el material de relave. Además, de buscar un acuerdo con Codelco respecto de la utilización de sus recintos, para trasladar el relave a uno de ellos como podría ser el ubicado en la Ruta 5 Norte, en Auco, donde existe un depósito de su propiedad.
Una alternativa mixta sería convenir con empresas interesadas en sacar el relave y utilizarlo como estabilizador en la construcción de autopistas o carreteras y el resto se podría enterrar.
A largo plazo, es decir, un año, una vez evacuado el relave, hay que convenir con la Corporación Nacional Forestal la reforestación completa de ese sector, a fin de que sirva de pulmón verde para la comuna.
Finalmente, expresó que el relave no sólo afecta al sector vecino de la explotación, sino que a toda la comuna, puesto que allí hay varios condominios y zonas turísticas, así como el santuario de Auco. En la actualidad, todo eso está contaminado, incluido el estero que sirve de regadío para los predios.
9.- Secretario Regional Ministerial de Salud , doctor Jaime Jamet .
Por ordinario 524, de 1 de abril de 2011, remitió a la Comisión un informe sobre Tranque Mina Caracoles, elaborado por el jefe de la Oficina Provincial de Aconcagua, que señala:
“1.- ANTECEDENTES
El tranque Mina Caracoles corresponde a un tranque de relaves de una antigua mina de cobre que funcionó en la comuna de Rinconada hace más de 40 años. Se ubica al norponiente de la ciudad de Rinconada, al pie de un cerro del mismo nombre, ocupa una superficie de aproximadamente 6 hectáreas y un volumen de 18.000m3, propiedad de Don Hans Heins Steger y Don Diño Bondí Benini . A 40 metros hacia el Norte se encuentran las primeras casas de la población Mina Caracoles, que tuvo sus orígenes en trabajadores de la misma mina que una vez cerrada se quedaron en el sector. Actualmente la población la componen 74 casas con alrededor de 370 habitantes.
Es necesario consignar que el tranque existe antes que la población y que la normativa sobre relaves prohíbe la construcción de viviendas en sectores aledaños. No obstante se otorgaron títulos de dominio, subsidios para vivienda y se construyeron sistemas de saneamiento, favoreciendo su radicación en el lugar.
2.- GESTIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA
2.1.- A fines del año 1998, vecinos del sector denunciaron que por efectos del viento, parte del polvo fino del tranque llegaba a sus viviendas, afectando su ropa y tenían temores de efectos sobre la salud. Por tal motivo se inició una investigación en conjunto con Sernageomin, organismo que le corresponde autorizar la instalación, operación y abandono de estas Instalaciones. En esa oportunidad se pudo determinar que:
-El tranque no figuraba en los registros de Sernageomin.
-El material depositado era compacto, con una superficie de polvo fino.
-Los vientos predominantes son hacia la población.
-A 30 metros de la base del relave existe un curso de agua, el estero Pocuro, y un canal de regadío.
-Entre las base del tranque y el curso de agua existe un camino público para uso vehicular.
-Material de relave ha sido extraído en forma clandestina al no existir protecciones para el ingreso de personas.
2.2.- En Noviembre de 1998 se solicita a la empresa C.I.I.M T&S S.A. evaluar la peligrosidad de tres muestras compósitos de relave, mediante la aplicación del Test TCLP y Test ASA.
-Los resultados del análisis granulométrico indican que el 78,16% de la muestra es menor a 10 um y que al existir emisiones fugitivas el polvo formaría parte del material particulado respirable del sector.
-El Test TLCP indica que las muestras analizadas no presentan las características de peligrosidad, por cuando los niveles para los elementos regulados por la EPA se encuentran bajo el límite máximo permisible. Se hace mención que el Pb se encuentra muy cerca del límite, recomendando muestreos posteriores de vigilancia.
-El Test ABA establece que las muestras no presentan riesgo de generación acida.
2.3.- La Gobernación de Los Andes, Sernageomin, Conama , I. Municipalidad de Rinconada y la autoridad sanitaria inician gestiones para lograr la entrega del terreno en comodato a la Municipalidad y así poder financiar un proyecto de recuperación del tranque. Sin embargo esto no fue posible ya que no hubo voluntad de los propietarios del tranque.
2.4.- Se da inició a un sumario sanitario, Expediente N° 133/2000, mediante el cual se realizan exigencias a los propietarios del relave para realizar cobertura con material de empréstito a la cubeta de relave para evitar la emisión de material particulado.
2.5.- El año 2003, Fundación Chile y su área de Remediación Ambiental, realiza una evaluación preliminar de riesgos a la salud (ERSS) en la población de Rinconada de Los Andes por contaminación con metales pesados. Los resultados fueron los siguientes:
-No se encontraron concentraciones de dosis de exposición de tos contaminantes analizados vía ingesta accidental mayores a los niveles de referencia de toxicidad (RID).
-No se encontraron concentraciones de dosis de exposición de los contaminantes analizados vía inhalación de material particulado mayores a los niveles de referencia de toxicidad (RID).
-No se encontraron concentraciones de dosis de exposición de tos contaminantes analizados vía contacto dérmico mayores a tos niveles de referencia de toxicidad (RID).
-El índice de peligro (HI) resultante de la suma de los cocientes de peligro (HQ) para evaluar exposiciones simultáneas de varios contaminantes, no fueron superiores a 1 (uno) para ninguna de las vías de exposición analizadas.
Se concluye que según los resultados obtenidos en el análisis, no se requieren estudios y/o evaluaciones de riesgo adicional.
2.6.- No obstante lo anterior, la autoridad sanitaria solicitó que se recalcularán los valores de exposición para cada uno de los contaminantes analizados en los muestreos, considerando el peso corporal y las tasas de ingestión para un niño, ya sea con datos de la EPA o la OPS. En el Informe emitido el 18 de Agosto de 2003 por la Fundación Chile, se indica que los valores obtenidos siguen estando bajo los valores referenciates. Se hace mención que en el caso del Pb, las dosis de referencia son esencialmente cero por lo que debe hacerse una evaluación de la presencia de plomo y sus niveles de exposición en mayor detalle.
2.7.- No se ha dado cumplimiento a la cobertura de la cubeta del relave por lo que a través del expediente de sumario sanitario N° 309/2010, se propone una multa al Sr. Hans Heins Steger y un plazo de 45 días para implementar medidas de mitigación y control de polvo en el relave, ejecutando el Proyecto relave presentado en la Oficina Provincial Aconcagua.”.
10.- Director Ambiental de la Asociación Gremial de Agricultores de la Provincia del Huasco, señor Hernán Von Mayenberger .
Hizo presente que el Valle del Huasco cuenta con gran actividad agrícola debido a la existencia de suficiente agua para sustentarla, no obstante existe un proyecto en curso, que podría importar un riesgo grave para la subsistencia de todo el valle.
La cuenca hidrográfica del río Huasco está ubicada en la III Región de Atacama y se forma por la confluencia de los ríos del Tránsito y del Carmen. El embalse Santa Juana , está ubicado en el Valle del Huasco, y posee una capacidad de 163 millones de metros cúbicos. Dicho embalse ha contribuido a la seguridad de riego para toda la cuenca. Como dato cabe mencionar que si dejase de entrar agua al tranque, éste duraría aproximadamente 3 años regando los cultivos de aguas abajo.
En cuanto a las grandes empresas, sostuvo que, en la zona media está la mina de hierro Algarrobo; en el valle del Carmen está Pascua Lama; en el valle del Tránsito, está El Morro; en la zona costera, se encuentra una planta de peletización de hierro y una termoeléctrica, Guacolda , cuya quinta etapa está aprobada.
Asimismo, informó que ingresó a estudio de impacto ambiental un proyecto de tranque de relaves de cobre y oro, en la cuenca del Huasco, denominado “El Morro”, cuyo plan de actividad y desarrollo contempla un tranque de 450 millones de toneladas, aún cuando el embalse es de 160 millones de toneladas, y un depósito de estériles de 1.600 millones de toneladas, que es diez veces el embalse.
Señaló que, de las observaciones formuladas al Estudio de Impacto Ambiental , EIA, por la Asociación de Agricultores, respecto de los depósitos de relaves de El Morro, el titular no argumentó en forma adecuada, la localización del tranque de relaves, sólo estudió localizaciones del tranque dentro de la cuenca, pues justificó la ubicación argumentando que cualquier otra demandaría mayor consumo de agua, sin considerar el impacto significativo en el consumo de agua, ya que el proyecto considera desalinización.
Hizo presente que como Asociación Gremial, se oponen al lobby que existe para otorgar derechos superficiales de agua en la cuenca del Huasco, pues al ser la cuenca angosta, es pequeño el acuífero, siendo las aguas subterráneas una fuente de riego. Ello porque en este Valle el río no llega hasta el mar en la repartición del agua, sino que hasta el puente de Vallenar , 50 kilómetros antes del mar. En una sección hay un río, en la otra sección el otro río, después del embalse, que es la tercera sección hasta el Puente Vallenar . Esa agua que se embalsa es agua de cordillera, pero de ahí para abajo, no hay derechos del río. Es decir, 50 kilómetros para abajo, la cuarta sección no riega con el río, sino que con aguas subterráneas, aguas surgentes.
El agua de la tercera sección riega la tercera y la cuarta sección por infiltración. Si a futuro se pavimentan todos los canales, se tecnifican los predios y se construye un embalse, la cuarta sección, que es de aguas subterráneas, no regará.
Es así como, el desarrollo minero en las nacientes de la cuenca representa un alto riesgo de contaminación y podría afectar en forma irremediable a la cuenca, por ello, los proyectos mineros deben realizar las inversiones necesarias de manera que hagan inexistentes los riesgos ambientales. Manifestaron su oposición a la generación de pasivos ambientales en la cuenca, pues existe la factibilidad de no generarlos.
Citando un extracto del doctor J. Oyarzún , titulado “Riesgos de relaves: El factor Tiempo”, sostuvo que los procesos geológicos y mineralógicos son lentos -exceptuando los de carácter sísmico o volcánico y algunos tipos de remoción en masa- y sus efectos pueden extenderse a lo largo de cientos o miles de años.
“Durante la operación de una mina, y algunas decenas de años después de su cierre, las empresas solventes pueden ofrecer garantías de estabilidad física y química de sus excavaciones y depósitos. Sin embargo, unas y otras continuarán evolucionando y generando efluentes de distintos tipos, cuyo control pasará a ser carga de las próximas generaciones.
Miradas con un horizonte de mediano a largo plazo, algunas “soluciones” a problemas ambientales de la minería se tornan ilusorias. En el caso de la protección de depósitos de relaves de la erosión mediante cubiertas vegetacionales en zonas áridas o semiáridas, es difícil esperar que ellas sean mantenidas al completarse el período de responsabilidad de la empresa, dada la creciente escasez del agua.
Por éstas y anteriores consideraciones, es importante evaluar la carga que los pasivos mineros implicarán en el futuro, con un criterio de equidad intergeneracional e incorporándola al balance de costo-beneficio.”
En definitiva, la Asociación no se opone al desarrollo de proyectos, siempre y cuando éstos tengan como política la reducción al mínimo o la eliminación de los riesgos ambientales producidos por sus intervenciones.
Además, consideró indispensable cambiar el depósito de relaves hacia la quebrada Algarrobal, ya que ello reduciría el riesgo y uno de los principales impactos ambientales sobre la principal fuente de desarrollo de la provincia, el río Huasco.
Hizo hincapié en que el cambio de ubicación es factible, ya que el proyecto presentado al SEIA representa una de varias alternativas que tiene para desarrollarse y es susceptible de cambios, sólo es necesario la exigencia de la autoridad y el criterio del titular del proyecto para realizar las inversiones que se requieran para eliminar los riesgos de impactos ambientales asociado al depósito.
Precisó que, de acuerdo al proyecto, la cortina que tienen en el tranque está contemplada y hecha para soportar 8,7 grados Richter, lo que constituye en el Valle de Huasco un peligro, pues está comprobado la probabilidad de exceder esa magnitud.
Señaló que el negocio minero y su rentabilidad entregan la posibilidad de internalizar los costos ambientales, especialmente los relaves. Dada la alta vulnerabilidad de la cuenca del Valle del Huasco y las inversiones proyectadas en minería, sugirió mejorar las políticas ambientales respecto al uso de del territorio y los riesgos por pasivos ambientales, gestionado la mejor ubicación de los relaves, considerando eliminarlos de las cuencas agrícolas y habitadas.
Por su parte, el Diputado Robles comentó que el titular del proyecto manifestó, verbalmente, la intención de relocalizar el tranque de relaves y la planta de procesos, a la quebrada Algarrobal, por ello se le solicitó a la Intendenta la aplicación de una política regional, para que de aprobarse el estudio de impacto ambiental que presentó Xstrata , se condicionara al cambio de ubicación del tranque de relaves, no obstante ello se aprobó el proyecto sin condiciones.
11.- Presidente de la Asociación Gremial de Agricultores de la Provincia del Huasco, señor Wilhem Von Mayenberger.
Agregó que el proyecto, en comento, considera dos grandes depósitos de estériles y de relaves. Al realizarse la consulta ciudadana se presentó la inquietud por el enorme pasivo ambiental que se está instalando en la cuenca del río Tránsito al valle y el riesgo ambiental aparejado, pues la ley ambiental prescribe que si se puede evitar un peligro ambiental, se evita; de lo contrario, se mitiga o se compensa. No obstante, se aprobó el proyecto sin que llegara respuesta frente a esta observación.
Mostró preocupación por la inexistencia de proyectos agrícolas en el uso del agua, no obstante, la minería contar con 42 por ciento de los proyectos ingresados al SEIA, y con una inversión de 5 mil millones, seguido de los proyectos de generación de energía que ocupan agua de mar. Reflexionó que si se están instalando más energía es porque se ocuparán para nuevos proyectos, existiendo varios pendientes como el proyecto minero Relincho.
Consultado sobre el pago de patente por no uso de agua, contestó, que en el valle del Huasco se debe pagar patente cuando quien tiene derechos no ocupa agua, es una forma de evitar que se posean derechos de agua sin usarlos y se especule con ellos. A diferencia de lo que ocurre con el río Copiapó, en que 20 mil litros otorgados y su cuenca tiene una recuperación de cinco mil litros anual, por ello no se puede usar agua por inexistencia de capacidad, por lo no se paga patente y la cuenca se encuentra cerrada.
12.- Representante de la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (OCAS), señor Inaldi Cofré .
Expresó que la comunidad de Salamanca sufre los efectos de la existencia del tranque de relave Los Quillayes, de propiedad de minera Los Pelambres, ubicado a 1.500 metros de Cuncumén, una localidad agrícola emplazada en la alta cordillera en la comuna de Salamanca. Posee una capacidad de 396 millones de toneladas de desechos de desperdicio de la minería, los que cubren una superficie de 400 hectáreas. Se dividen en 100 de cortina y 300 hectáreas de cubeta.
Los principales elementos del material de relave son cobre, molibdeno y arsénico, con una altura de 190 metros de cortina.
Esta organización, en conjunto con la comunidad, logró llegar a un marco de acuerdo respecto del cierre del tranque de relaves Los Quillayes, el que se firmó el 22 de octubre de 2008, con la empresa titular.
Sobre el problema del polvo en suspensión, afirmó que, existe una norma para el PM-10, que corresponde a 150 microgramos por metro cúbico y que en 2008 se logró que la Seremi de Salud colocara una estación de monitoreo de PM-10. De las mediciones de dicha estación de pudo constatar, a mediados del año 2010, que los peak se producían entre las 12 y las 15 horas y que éstos superaban en más del 600 por ciento la norma nacional. En todo caso, si se promedia la información, considerando las 24 horas del día, este promedio se encuentra bajo la norma, debido a la dirección y cantidad de los vientos en los distintos puntos.
Consideró que la estación de monitoreo debe estar en línea pues ello permitiría iniciar planes preventivos de salud.
Respecto a la contaminación del agua y del suelo originada en este depósito, indicó que la empresa ha visto envuelta en una gran cantidad de accidentes ambientales, los cuales están en proceso de sanción, como cuando la lluvia invernal desmoronó el tranque a uno de sus costados o cuando se produjo un despiche de aguas servidas que se vertió indiscriminadamente en el río.
13.- Integrante de la organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (OCAS), señora Valeska Aguilera .
Precisó que el depósito de relaves entró en operación en el año 2000, por un tiempo estimado de 2.5 años de vida operacional, no obstante, al ver incrementada la operación por la optimización de su explotación, la minera en el año 2002 solicitó aprobación del nuevo proyecto que les permitió incrementar su vida útil en 2.5 años más, siguiendo operativo hasta diciembre de 2009. En enero de 2010 entró en operación el tranque El Mauro, que se encuentra en la localidad de Caimanes y con 5 años aún de funcionamiento.
Destacó que, a pesar de que la comunidad expresó su preocupación por este tranque tan cercano a ellos, que se ubica a 1.500 metros de las parcelas más cercanas, los organismos con competencia ambiental no observaron riesgo en ello. Hoy, las comunidades se enfrentan a un gran riesgo y a temores asociados a que el tranque se puede desmoronar sobre las comunidades más cercanas, Cuncumén, Tranquilla , Batuco y Chillepín .
Afirmó, además, que existe contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, pues se presentan pozos bajo la cortina del tranque que superan la norma.
En cuanto a los incumplimientos indicó que en la Resolución de Calificación Ambiental Nº 71, la primera aprobada para minera Los Pelambres, el titular señaló que se evitarían situaciones de contaminación de aguas superficiales y subterráneas que afecten la salud de la población, incluyendo el concepto de “descarga cero”, a través de la total recirculación de las aguas claras de relaves, así como de aquellas infiltradas. Sin embargo, tal descarga cero no se ha cumplido desde el comienzo de las actividades de Minera Los Pelambres hasta ahora. Con ello, se ha visto afectada la calidad y cantidad del río Cuncumén, porque ésta última se ha visto disminuida.
Asimismo, hizo presente que existen quince pozos bajo la cortina del tranque, aún cuando la RCA Nº 71 habían autorizado sólo tres, que han afectado la calidad del agua por sobre la normativa vigente, información entregada por el gerente de Tranques, Fluidos y Transportes. Sin embargo, no precisó el tiempo que llevan esos pozos funcionando bajo tal normativa.
Lo anterior ha provocado aumento de concentraciones de metales pesados en canales de regadío a medida que se recuperan aguas por bancos hídricos subterráneos. Aún cuando se entubó el río Cuncumén, y se solucionó el tema de las infiltraciones, con las recuperaciones que existen del río aguas abajo del tranque Los Quillayes se aumenta la concentración de metales pesados especialmente en las salidas de los canales que abastecen a la población.
Con el aumento de la producción, aprobado en la RCA Nº 108, que aumentó de 85 mil toneladas por día a 114 KTPD (Kilos Toneladas por Día), también creció la cantidad de relave, con el consiguiente aumento de la cantidad de aguas infiltradas contaminadas a los cursos superficiales y subterráneos.
En la zona Las Hualtatas, la minera Los Pelambres ha depositado durante diez años sus estériles, que son desechos mineros, y en este lugar existían bofedales alterados, bancos hídricos y reservas del río Cuncumén, donde había una gran variedad de flora nativa y de fauna.
Reconoció que la empresa se ha encargado de cuidar la fauna, pero no se dedicaron de cuidar el bofedal, por ello la RCA Nº 38, que es el proyecto integral de desarrollo, estableció un plan de recuperación de los mismos que pretendía instalar en zonas aledañas el bofedal que habían eliminado. Ello no resultó, por cuanto éstos constituyen ecosistemas muy especiales que no sobreviven en zonas en que no ha existido siempre. Además, este proyecto integral de desarrollo les permitió una ampliación de un depósito de estériles.
Precisó que el bofedal Las Hualtatas se forma con el alimento de la quebrada del mismo nombre, y éste, después, alimenta al río Cuncumén. Este bofedal constituye no sólo un patrimonio de la humanidad, sino también una reserva hídrica y bancos de agua para las comunidades. De ahí que el instalar estos depósitos sobre zonas con gran importancia para la agricultura, para la flora, para la fauna nativa y para el ecosistema en general, constituye un atentado.
14.- Integrante de la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (OCAS), señora Daisy Aguilera .
Explicó que el tranque Quillayes se encuentra ubicado en la parte alta del Valle del Choapa, en la Cordillera de Los Andes, a 1.500 metros desde la primera parcela, y a sólo 3 kilómetros de la localidad más poblada.
En cuanto a la participación de las comunidades en el estudio de impacto ambiental que dio origen al tranque, indicó que no fue tal, por cuanto quienes participaron no contaban con conocimientos técnicos respecto de la estabilidad y ubicación geográfica del tranque.
Sostuvo que el aumento de la capacidad del tranque fue a través de una declaración de impacto ambiental y no a través de un estudio, aún cuando la norma establece que cualquier modificación que pueda generar impacto o un riesgo, debe realizarse mediante un estudio de impacto ambiental. En efecto, se aumentó desde la cota 1.430 a la 1.457, traduciéndose en el aumento de la cortina del tranque, lo que incrementa su capacidad y permite a la empresa ahorrar recursos sin haber desarrollado un proceso de mayor envergadura y participación de las localidades cercanas.
Por otro lado, el entubamiento del río, que estaba diseñado para soportar determinada cantidad de toneladas, al ser sobreexigido generó mayor presión, lo que se tradujo, en grietas y filtraciones que contaminaron las aguas naturales del río Cuncumén, influyendo en su calidad, perjudicando a las comunidades agrícolas, situación que en su momento fue verificada, evaluada y sancionada por las autoridades competentes.
En síntesis, explicó que los efectos del tranque en estas comunidades agrícolas, se tradujeron en que la obra al estar emplazada cerca a éstas que se dedican a la agricultura familiar, se han visto afectadas en su producción por el depósito de metales pesados y por la disminución del recurso hídrico, debido a la gran demanda que el proceso minero genera.
15.- Gerente General de Minera Los Pelambres, señor Ignacio Cruz.
Hizo presente que la disposición de residuos es fundamental en la industria minera, ya que no es posible hacer minería sin ellos, sin embargo, la situación es muy distinta dependiendo del tipo de minería y del tipo de minerales, por lo que es necesario analizar cada una de ellas en particular.
Explicó que la situación en análisis se trata de un proceso donde hay una planta de flotación de la cual se generan residuos que son almacenados en un tranque, lo que es una práctica habitual en cualquier planta de flotación dentro de la minería de cobre.
Esos residuos son dispuestos en un tranque diseñado y construido especialmente para ese objeto. En el caso de minera Los Pelambres, se han hecho los diseños y realizado prácticas operacionales con los más altos estándares que existen en la industria a nivel internacional.
Durante el año 2010 Minera Los Pelambres produjo 380 mil toneladas de cobre fino y 8.800 toneladas de molibdeno, lo que representa aproximadamente 7 por ciento de la producción de cobre del país y 2,4 de la producción mundial.
El yacimiento de minera Los Pelambres es uno de los diez yacimientos más importantes de la minería cuprífera a nivel mundial y está entre los cinco primeros de la minería chilena.
En materia de empleo, laboran 5.418 trabajadores, de los cuales el 60 por ciento es de Región de Coquimbo y de ellos el 43 por ciento pertenecen al Valle del Choapa.
Informó que el tranque está a los pies de la planta, en el sector alto, antes del poblado de Cuncumén, que es el pueblo más cercano a las instalaciones, y un segundo tranque de relave, que está hoy en operación es El Mauro, en el sector cercano a Caimanes.
Sostuvo que en esta área se ha cambiado de perspectiva pasando de operar la compañía desde un criterio económico, a un objetivo que consiste en incorporar valor sustentable, es decir agregar valor para el sistema que conforma la compañía y todos los grupos de interés en el negocio.
Eso significa agregar valor en el ámbito social, ambiental, económico, y mantener un equilibrio en ese sistema, en el que se interrelacionan todos los grupos de interés, para maximizar ese valor para el sistema.
Indicó que el tranque Los Quillayes dejó de operar el 31 de enero de 2009, con la puesta en marcha del tranque El Mauro, y desde esa fecha sirve sólo como respaldo ante situaciones de emergencia.
Reiteró que el referido tranque fue construido bajos los mejores estándares internacionales en las prácticas tanto sísmicas como de inundación, que son las principales amenazas respecto de la seguridad de un tranque de relave, contando con un sistema para prevenir estos eventos, con un túnel de desvíos y la regulación de crecidas al interior de su cubeta en un caso catastrófico.
Explicó que los relaves se almacenan al interior de la cubeta, la que contiene también una película de aguas claras que quedan en la cubeta y que para proteger de posibles infiltraciones hay varias barreras. Al inicio, en el tranque de cola, hay una primera barrera cortafugas. Después, en el pie anterior del muro del tranque hay una segunda barrera cortafugas. Ambas barreras traspasan todo el material fluvial y llegan hasta la roca, y pretenden impedir que infiltraciones que puedan ocurrir en la cubeta escurran hacia aguas abajo y luego puedan juntarse con las aguas del río Cuncumén.
Hay una última barrera aguas abajo del muro del tranque, el cual, además, contiene drenes de manera de tomar el agua porque las arenas se depositan con humedad y, por lo tanto, existe agua que va drenando, que escurre y es recolectada, junto con la que pudiera aflorar viniendo desde abajo, a unas piscinas desde donde es recirculada hacia el interior de la cubeta, y desde la cubeta es recirculada de nuevo al proceso.
Adicionalmente, hay 21 pozos que interceptan las filtraciones, bombean y recirculan el agua hacia una piscina de emergencia y luego llega de vuelta a nuestras operaciones.
Señaló que los relaves son el resultado del procesamiento de roca a la que se le extraen los minerales que interesan, principalmente, cobre y molibdeno. El relave es el resto de la roca que posee todos los minerales en su estado natural.
Además, durante el proceso se usan reactivos orgánicos, por lo tanto, los relaves no son tóxicos. Tienen todos los minerales que contiene la roca en el cerro. Es decir, si la roca contiene arsénico, obviamente, el relave contendrá arsénico.
Hizo presente que se han realizado análisis de los relaves basado en los procedimientos de la agencia de protección ambiental de Estados Unidos, y la conclusión es que los relaves no permiten ser caracterizados como sustancias tóxicas, no son inflamables, corrosivos ni reactivos.
Asimismo, destacó que la red de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas recorre todo el Choapa y llega al puerto. Hay 110 puntos de monitoreo de aguas superficiales y 65 puntos de agua subterránea. Los monitoreos se realizan tanto en la cuenca del Choapa como en la del Pupío, en las cercanías del mar y producen más de cinco mil datos mensuales que se publican en la página web.
Las muestras están certificadas por un laboratorio acreditado y se entregan periódicamente a las autoridades que fiscalizan y a la junta de vigilancia del río Choapa. En todo caso, hizo constar que los resultados de los monitoreos muestran el cumplimiento de la normativa en calidad de agua.
Además, se monitorean los pozos de agua potable de Cuncumén y todos se muestran normales. Estos pozos muestran niveles de sulfatos muy inferiores a lo que señala la norma, 500 milígramos por litro. Los niveles llegan a 50, en un caso, y en el otro, han llegado a 300 milígramos por litro.
En cuanto al monitoreo del polvo, precisó que la mayor generación está dada por la operación en la mina, en los caminos de la mina y por los procesos de chancado. El polvo monitoreado en Cuncumén muestra permanentemente una situación muy inferior a los límites que establece la norma: 150 micrones por metro cúbico para el MP-10, con un máximo promedio diario y siete excedencias en el año y un máximo anual en el promedio de tres años, menor a 50. Aún cuando se observan situaciones puntuales en las estaciones de monitoreo de polvo, que en algún momento del día exceden los 150, lo que no implica incumplimiento de la norma.
Los criterios de monitoreo considerados en el plan de seguimiento de la empresa incluyen todos los componentes ambientales que pueden verse afectado o influidos por la operación minera (calidad del aire y meteorología, agua superficial y subterránea, ruido, suelo, fauna, flora, vegetación y arqueología). Criterios que fueron acordados por la autoridad. Este plan es un requerimiento obligatoria establecido en la RCA N° 38.
No obstante, constituye una frecuente preocupación, por esto se han iniciado acciones respecto de su control, como la existencia de una mesa de trabajo con la gente de Cuncumén para buscar soluciones a este problema.
Finalmente, expresó que no existe una opción de depositar relaves que no sea en una cuenca, a menos que se ubiquen en una extensión infinita, sin embargo hay cuencas y cuencas, y eso es algo que hay que incluir en el análisis de la decisión de ubicar un sitio de relaves. Agregó que se tomó la decisión sobre la ubicación del tranque El Mauro, el cual reemplazó a otros dos que tenía el proyecto original, cerca de una de sus operaciones en el valle alto.
16.- Alcalde de Illapel , señor Denis Cortés .
Señaló que en la comuna existen, aproximadamente, 96 tranques de relave, de los cuales 38 están activos, 5 de ellos están en sector urbano y los demás en la zona rural, por lo que resulta esencial contar con un estudio serio que determine los volúmenes, su composición y los posibles riesgos que ellos implican para la salud de las personas.
Hizo presente la preocupación de la comunidad, frente a la amenaza de convivir con los tranques además de que están en la ribera del río Illapel, cauce que en años lluviosos arrastra el material hasta los predios agrícolas, que riegan sus cultivos con ese líquido
Explicó que en el año 2006 el Plan Regulador fue modificado y 5 relaves quedaron en la zona urbana, no obstante que la ordenanza que fija el Plan Regulador, se establece que “quedan prohibidos, dentro del límite urbano (…) rellenos sanitarios y disposición final o transitoria de residuos sólidos; industrias, locales de almacenamiento y talleres insalubres o contaminantes y peligrosos; actividades de extracción y procesamiento industrial y manual (artesanal) de piedras, arcillas, arenas, piedras calizas y yesos”. Se trata de relaves, cuya mayoría tienen 50 ó 60 años de instalados, y debido al crecimiento de la población quedaron dentro del área urbana.
La ley municipal establece que el municipio puede dar un plazo mínimo de un año para que se abandone el sector urbano, no obstante terminar una faena minera, en una comuna cuya economía se basa netamente en la minería, constituye un perjuicio ésta, pues, un eventual cambio de ubicación, le generaría problema a los trabajadores.
Asimismo, informó que existe una mesa minera que reúne a representantes del sector público y privado con el propósito de buscar la manera de hacer compatible la convivencia de todas las actividades de la zona. Destacó que, que, en general, los mineros que tienen faenas instaladas, tienen buena disposición, para buscar medidas de mitigación, no obstante que no existen antecedentes oficiales ni estudios que les pueden servir para concretarlas. Por ello, consideró imprescindible una política de Estado se haga cargo de este problema, y no endosar toda la responsabilidad a los municipios, puesto que éstos no cuentan con los recursos para poder enfrentarse a esta problemática medioambiental.
17.- Representante de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), señor Patricio Gatica .
Indicó que no se puede desconocer que la comuna de Illapel está inserta en un país y en una región minera, en que el desarrollo se fue produciendo de acuerdo a la legislación existente y al estado de las regulaciones que había en cada época. Es por eso que al comienzo ni siquiera había tranques. Las faenas mineras se emplazaban y no existía un depósito de relave, porque no estaba regulado que así fuera.
Consideró que la carencia de estudios definitivos, ha llevado a conclusiones exageradas y erradas respecto de los efectos de los relaves. Por ello, sugirió reunir antecedentes claros, válidos para todos los actores, esto es la comunidad, los mineros, los regantes, etcétera.
Sugirió establecer una línea base para determinar qué parte de la contaminación en los sedimentos de los ríos corresponde a los relaves de hoy y qué relaves tiene más de 40 años, época en que el material se vertía directamente sobre los esteros.
Solicitó que cualquier resolución que se adopte sea parte de un programa, de un contexto general, que abarque la solución al problema de la salud de las personas, si fuese necesario, pero que permita seguir desarrollando la minería. Debe tratarse de un plan integral que permita la readecuación de estos relaves o la mitigación, la fitorremediación, la fitoestabilización de los mismos. Señaló que en Illapel es posible reforestar los relaves, pueden ser fitorremediados, debido principalmente a la existencia de agua.
Hizo presente que la mayoría de estos relaves pertenecen a la pequeña minería, cuyas sumas de producción no alcanzan a tres días de la gran minería, por ello el sector más vulnerable es el de la pequeña minería y el de minería artesanal.
18.- Presidente del Sindicato de Pirquineros , señor Hugo González .
Afirmó que se instalaron muchas plantas, que en la actualidad ya no existen y tampoco existen los relaves, porque a través de los años, con inviernos lluviosos, se fueron a los diferentes riachuelos, e incluso pasaron por el río de Illapel y llegaron hasta el mar. Por ello, consideró necesario realizar una medición de los índices de contaminación, tanto la minería como la agricultura, porque esta última utiliza pesticidas.
19.- Concejala de la Comuna de Illapel, miembro de la Comisión de Minería y Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo , señora María Díaz .
Indicó que el problema no sólo lo constituyen los relaves pasivos, sino también los activos, por ello consideró imprescindible conocer las políticas que el Estado implementarán, no obstante, instó al traslado de las plantas que se encuentran dentro del plano regulador de la comuna.
20.- Representante de la Junta de Vigilancia del Río Mostazal, señor Raúl Carmona.
Expresó que los regantes del río Mostazal se encuentran preocupados por los depósitos de relaves abandonados en el estero Las Mollacas, lo que se acrecienta por las fuertes pendientes del lugar, ello sumado a la intromisión de una nueva minera en otro afluente del río Mostazal, el río Sasso. Señaló que se trata de una intromisión porque sólo acordaron la servidumbre de paso con la dueña de la cordillera, sin cumplir con la mínima norma respecto de la normativa de Conaf, Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola Ganadero, municipios, etcétera.
Instó a los parlamentarios a legislar inteligentemente sobre los derechos y deberes que tienen los titulares de predios cordilleranos, considerando que su responsabilidad va más allá del otorgamiento de una servidumbre pues deben cautelar que se incurra en el menor daño posible, puesto que no sólo se ocasiona un perjuicio a su propiedad, sino que se afecta el bien común de todos los habitantes del valle y de toda la cuenca.
Agregó que un primer informe emanado desde la Dirección de Obras del Municipio, señaló que efectivamente el camino que se realiza hacia la cordillera, en un terreno particular, ha dañado en sus primeros kilómetros construidos (37 kms. debieran intervenirse), flora nativa y ha provocado la reducción del cauce natural del río.
El Servicio Agrícola Ganadero también, tras recorrer el terreno, emitió un informe con iguales características; “el camino atraviesa hasta ese momento (22 kilómetros), 11 veces por el cauce del Río Sasso, destruye vegetación nativa en categoría de conservación según el Decreto 68 de la Ley de Recuperación y Fomento Forestal y destruye vegas y vertientes de recuperación del río”.
A pesar de todos estos antecedentes las faenas de construcción del camino minero conti-núan y generan la molestia de los vecinos del sector.
Consideró que las obras necesarias para evitar que ocurran eventos de contaminación, ya sea consecuencia del agua, del viento u otros agentes ocasionados por los depósitos de relaves abandonados sin responsables legales, deben ser asumidas por el Estado.
Precisó que a las juntas de vigilancia le compete entregar aguas libres de contaminación a las comunidades, razón por la cual juegan un rol preponderante en la defensa del medio ambiente, no sólo del agua, sino de los daños que se ocasione a los frágiles suelos y a la escasa vegetación existente.
21.- Representante de la junta de vigilancia, señor Fernando Leal.
Precisó que el problema puntual en el río Mostazal y sus ríos afluentes Sasso y San Miguel lo constituye la torta del relave ubicada en el estero Las Mollacas.
Indicó que el responsable del relave es la Minera Las Juntas, declarada en quiebra el año 2001, por lo que se trata de un tranque abandonado. Por lo anterior, se ha producido un círculo vicioso de irresponsable en términos medioambientales, pues para el dueño del terreno el responsable es la minera y para el Gobierno, por el tamaño del tranque y sus niveles de toxicidad, no califica como “prioritario”.
22.- Habitante del Valle del Mostazal, señor Rodrigo Poblete .
Coincidió en la situación adversa que está viviendo la comunidad debido al relave abandonado que está produciendo la contaminación del Río Mostazal: “Tenemos un tranque de relave que tiene 70 mts de ancho, 100 mts de largo, que está a una altura bastante grande en la cordillera y que está tirado allí hace 10 años y que en este momento está escurriendo hacia el Valle del Río Mostazal y afectando a todos sus habitantes”.
Informó además que otro de los problemas que los afecta es la instalación de una minera transnacional canadiense “ING Exploration”, que ha invadido el territorio sin darle aviso a nadie, ni siquiera al Servicio Nacional de Geología y Minería, dañando un patrimonio arqueológico”, ante ello, realizó una denuncia en el Consejo de Monumentos Nacionales.
B) OFICIOS DESPACHADOS Y RESPUESTAS RECIBIDAS.
1. Al Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por medio del cual solicita antecedentes relacionados con la situación de los pasivos ambientales generados por la minería, como asimismo un catastro actualizado de tranques relaves.
Oficio N° 201 del Subsecretario de Minería por medio del cual remite antecedentes sobre pasivos ambientales mineros y modelo de gestión de los mismos, incluye además, Catastro Evaluación de Faenas Mineras Abandonados y/o paralizadas; Situación de 16 faenas mineras abandonadas y Catastro Depósitos de relaves.
2. A la Superintendencia de Servicios Sanitarios por el cual solicita antecedentes pasivos ambientales generados por la minería y en especial sobre los tranques de relaves.
Oficio N° 235 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios por medio del cual informa sobre su competencia a este respecto, la se refiere a casos en que se produzcan descargas industriales líquidas que pueden calificarse de tales de acuerdo a la legislación vigente, pero que no obstante están controlando cuatro puntos de descarga de riles correspondientes a aguas claras de tranques de relaves en operación de la gran minería del cobre.
3. Al Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) por medio del cual solicita antecedentes pasivos ambientales generados por la minería y en especial sobre los tranques de relaves.
4. Al Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami) por el cual solicita antecedentes relacionados con la situación pasivos ambientales derivados minería del cobre.
Oficio N° 011 del Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami) en el cual adjunta un reporte de la situación y manejo de los tranques de relaves de responsabilidad de esa empresa.
5. Al Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por medio del cual solicita antecedentes sobre la situación de los tranques de relaves y respecto de consultas realizadas por los Diputados de la Comisión.
6. A la Ministra de Medio Ambiente por medio del cual requiere información sobre situación pasivos ambientales generados por la minería, especialmente por los tranques de relaves, su composición y la contaminación a las poblaciones aledañas.
Oficio N° 110993 de la Ministra del Medio Ambiente , por medio del cual comunica que está realizando estudios en conjunto con la Universidad de Chile ( Cenma ) una evaluación de riesgos ambientales en dos localidades de la Región de Coquimbo y el otro en Región de Atacama, asimismo señala la existencia del estudio denominado “Catastro de Faenas Mineras Abandonadas o Paralizadas” elaborado en conjunto por Sernagoemin y la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).
7. Al Ministro de Salud por medio del cual requiere información sobre la situación de los pasivos ambientales derivados minería del cobre en relación a la salud de la población.
8. Al Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por el cual solicita un catastro tranques de relaves peligrosos.
Oficio N° 201 del Subsecretario de Minería por medio del cual remite antecedentes sobre pasivos ambientales mineros y modelo de gestión de los mismos, incluye además, Catastro Evaluación de Faenas Mineras Abandonados y/o paralizadas; Situación de 16 faenas mineras abandonadas y Catastro Depósitos de relaves.
9. Al Ministro Salud por el cual solicita una inspección Sector Mina Caracoles, comuna de Rinconada de Los Andes, lugar donde existe un depósito de relaves.
Oficio 5234 del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso por medio del cual envía informe sobre Tranque Mina Caracoles.
10. A la Directora Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso por medio del cual solicita antecedentes acerca de si existe algún estudio tramitado sobre manejo residuos Mina Caracoles .
11. Al Director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)-Zona Central por medio del cual solicita información acerca del propietario del terreno donde se emplaza el depósito de relaves de la Mina Caracoles.
Oficio N° 1.129 en el cual comunica que el propietario del terreno donde se emplaza el tranque de Relave de la Mina Caracoles denominado “La Paciencia” es el señor Hans Hein Steger .
12. Al Director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Zona Central, por el cual solicita antecedentes sobre la existencia de actividad minera en el sector Mina Caracoles y desechos de relaves existentes.
Oficio N° 1.130 del Director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) - Zona Central por medio del cual comunica e identifica cuatro faenas mineras en la comuna Rinconada de Los Andes y respecto del depósito de relaves La Paciencia señala que se encuentra inactivo desde hace varias décadas.
13. Al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el cual solicita un listado de resoluciones de estudios o declaraciones de impacto relacionados con la instalación de tranques de relaves mineros.
14. Al Ministro de Salud por el cual solicita antecedentes y estudios relacionados con derrames en los cursos de agua, pozos y aguas subterráneas en tranques de relaves activos.
Oficio N° 1632, de fecha 16 de mayo de 2011, del Ministro de Salud , por el cual informa que a la fecha sólo tiene antecedentes de una relave minero activo que presenta problemas de contaminación de aguas asociados a él. Dicho caso corresponde al relave de la Mina Mantos de Oro, ubicado en la Región de Atacama, y que ha generado problemas de contaminación por mercurio en aguas subterráneas. Asimismo, adjunta copia de la Resolución N° 1007, de 29 de marzo de 2011, mediante la cual al autoridad sanitaria regional autorizó el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas La Coipa.
15. A la Intendenta de la Región de Atacama por el cual solicita información respecto del Proyecto minero El Morro en relación a la participación ciudadana en el proceso de calificación ambiental, como también acerca de las razones por el no fue aprobado el traslado del depósito de relaves a la quebrada Algarrobal.
16. Al Director Regional de la Dirección Nacional de Aguas (DGA), Región de Coquimbo, por el cual solicita antecedentes relacionados con la composición química de las aguas en los pozos existentes a los pies del Tranque Quillayes.
17. Al Gerente General de Minera Los Pelambres en el cual solicita antecedentes acerca de planes evacuación en caso de catástrofe, como también acerca de la cantidad mensual de material depositado en el tranque de relaves El Mauro a la fecha.
Oficio de fecha 13 de mayo de 2011, del Gerente General, por el cual por el cual complementa información entregada en la Comisión y remite informes sobre monitoreo de calidad del aire, variables meteorológicas, sitios arqueológicos, suelos, plantas y aguas.
18. Al Director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en el cual solicita los informes de estabilidad y seguridad del tranque Los Quillayes de Minera Los Pelambres, en lo que atañe a las comunidades aledañas.
19. Al Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo por el cual solicita los indicadores de salud de la población de las localidades de Batuco, Cuncumén, Tranquilla y Chillepín, desde el año 1990 a la fecha, como asimismo, el monitoreo de MP10, de la localidad de Cuncumén durante marzo de 2011.
Ordinario N° 545 de 11 de mayo de 2011, mediante el cual remite datos de la estación monitora de Cuncumén, correspondiente al mes de marzo de 2011, de los promedios diarios y listado de mediciones de concentración de material particulado MP-10.
IV. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.
En consideración a la labor realizada, por la Comisión Investigadora, las intervenciones de los diversos invitados, los antecedentes proporcionados, los informes recopilados, y el mandato otorgado por la H. Cámara, en orden a investigar la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país, se aprobaron, por la unanimidad de los Diputados presentes señora Muñoz y señores Calderón , Cerda , García Huidobro , Lemus , Verdugo (en reemplazo del señor Pérez Lahsen ) Vilches , Walker y Ward , las siguientes consideraciones, conclusiones y proposiciones:
A) CONSIDERACIONES.
Primero:
Del trabajo llevado a cabo por la Comisión, se pudo inferir que, existe una cantidad catastrada de relaves pasivos y activos, sean líquidos o sólidos, en varias regiones del país, principalmente en la zona norte y centro norte, de ellos una gran cantidad corresponden a relaves pasivos o históricos, de faenas mineras pequeñas o medianas, respecto de las cuales no ha existido un plan de cierre aprobado.
En tal sentido se destacó la labor del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, al elaborar un catastro de tranques de relaves de acuerdo a su disponibilidad de recursos y de personal, concluyendo la existencia de 450 tranques y embalses de relaves,-324 inactivos y 125 activos-, sin considerar a los más antiguos.
Segundo:
Por otra parte, en materia de evaluación de impacto ambiental de los proyectos mineros y del acopio de residuos mineros masivos, se evidenció la necesidad de contar con toda la información necesaria debidamente analizada por los organismos técnicos competentes de manera de garantizar que su aprobación cumpla con la normativa vigente. Asimismo, se consideró imprescindible que los organismos implicados en estos procesos evaluativos, cuenten con la capacidad de verificar y fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales y de las exigencias contenidas en la Resolución de Calificación Ambiental.
Consecuentemente, la evaluación debe ser eficaz y completa a fin de armonizar sustentabilidad, rigurosidad y eficiencia con la necesidad de contar con proyectos que no produzcan externalidades negativas en el medio ambiente.
Tercero:
Del mismo modo se constató que en Chile no existe legislación sobre pasivos ambientales mineros (PAM), sin perjuicio de lo cual existen estudios y conceptualizaciones realizadas por Sernageomin que han servido de base para la realización de catastros preliminares y propuestas normativa sobre el particular.
La inexistencia de regulación sobre el particular, motiva que en diversas zonas del país, existan faenas abandonadas y residuos con grave riesgo para la población y para las actividades productivas locales.
Cuarto:
En cuanto a los relaves mineros activos si bien existe una mayor regulación, particularmente en lo referido a su aprobación e impacto ambiental, en cuyo proceso interviene Sernageomin, se identificaron situaciones preocupantes, a saber, la estabilidad física con que debe contar un depósito de relaves para evitar su colapso; la inestabilidad química siendo el principal problema la contaminación de acuíferos y cursos de aguas superficiales. Sumado a ello la contaminación por drenaje ácido, que es producto de la interacción entre el agua y los minerales sulfurados que generan una solución ácida dañina para el medio ambiente, y por último, el impacto visual que este tipo de depósitos genera.
Quinto:
Asimismo, se detectó que la actividad sísmica constituye un peligro latente, ello porque puede originar un proceso de licuefacción que se traduce en la pérdida de coherencia del depósito, provocada por la onda sísmica. Así es como al tener un depósito de material particulado fino, tipo arena, saturado en agua, la onda sísmica hace que ese depósito pierda coherencia y se comporte como un líquido, con lo que colapsa.
B) CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.
Primero:
Todo proyecto minero, sometido a Estudio de Impacto Ambiental , debe incorporar y garantizar el cierre de faena y el tratamiento de sus pasivos mineros, de conformidad a las normas que establezca la autoridad competente, así como las medidas de mitigación y compensación por los impactos futuros que la ejecución de esa actividad productiva genere.
Por ello, se estima necesario solicitar al Ministerio de Minería agilizar la tramitación de las iniciativas legales que permitan perfeccionar la normativa sobre la materia, para asegurar que los propietarios del tranque, relave o embalse se hagan cargo del cierre de los mismos, asumiendo los costos que ello implique.
Segundo:
Las faenas o actividades mineras de tipo mediano o artesanal, que, actualmente no están sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental , deberán, además, de contar con aprobación previa del Sernageomin o la autoridad competente y adoptar las medidas de explotación que permitan minimizar el impacto de los relaves (líquidos o sólidos), de acuerdo a las normas técnicas que al efecto imponga la autoridad minera.
Por ello, resulta indispensable crear un órgano que genere las condiciones necesarias para armonizar criterios de aplicación del marco regulatorio medio ambiental en la Comisión de Evaluación, a la vez que fiscalice el correcto cumplimiento de la ley por parte de los distintos actores del sistema.
Con tal objeto, se propone solicitar a los Ministerios del Medio Ambiente y Minería el estudio de una solución normativa e institucional en el sentido señalado.
Tercero:
Aquellas faenas o proyectos mineros que contemplen la construcción de tranques de relave, deberán ser visadas y aprobadas por parte de los servicios o entes competentes en la materia, como parte del proceso de autorización de explotación minera y medio ambiental.
Asimismo, se concluyó que el emplazamiento de estos tranques, no debería localizarse en zonas de cuencas o cursos de agua, sean estos permanentes u ocasionales.
Con el propósito de cautelar el cumplimiento de esta exigencia-limitación debe contemplarse una amplia participación de la comunidad en todos los procesos destinados a su aprobación.
En tal sentido, se hace necesario promover una modificación legal.
Cuarto:
Los pasivos ambientales provocan contaminación no sólo en el aire y el suelo sino también en las aguas, lo que cobra mayor relevancia tomando los casos en que el suministro es para consumo humano.
Por ello se consideró importante instar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a estudiar que en la constitución de nuevos aprovechamientos de aguas exista siempre una reserva de caudal ecológico con el objeto de asegurar la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano y otras actividades productivas de menor escalas, tales como la agricultura y la ganadería.
Con tal objeto se acordó solicitar a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas que analice la factibilidad de proceder en este sentido o sugerir las enmiendas legales que lo permitan.
Quinto:
Se ha comprobado que existen asentamiento humanos en los alrededores de los depósitos de relaves, como se puede constatar en el caso de Mina Caracoles, en Rinconada de Los Andes, y en la ciudad de Illapel, en que están ubicados dentro de los límites urbanos de la ciudad.
Es por ello que se deben contar con una normativa que faculte a las autoridades comunales, regionales o sectoriales para prohibir la instalación de comunidades aledañas al área de explotación minera o de tranques de relaves debidamente autorizados, aun cuando estos asentamientos correspondan a personas que trabajen directa o indirectamente en la faena minera. Es por ello, que se consideró importante que los instrumentos de planificación territorial aplicables al área de explotación, consideren la restricción de uso de suelo correspondiente.
Por tal motivo, se estimó que los instrumentos de planificación territorial aplicables al área de explotación, deben considerar la restricción de uso de suelo correspondiente, acordándose solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo analizar una modificación legal en este sentido, al tiempo de dar a conocer este planteamiento a los distintos Gobiernos Regionales del país.
Sexto:
Si bien se dispone de un inventario y caracterización de 324 faenas mineras abandonadas y/o paralizadas en el territorio nacional y de la identificación de 14 de mayor riesgo en infraestructura física, no existe una categorización de estos pasivos que identifique y evalúe los riesgos derivados de su localización dentro de ciudades, en proximidades de cauces de agua, junto a actividades productivas, o a servicios públicos. Tampoco se cuenta con información que permita clasificarlos en relación a su peligrosidad química.
Por tal motivo, se requiere contar con los recursos materiales y humanos necesarios para efectuar dichos estudios.
Con este objeto, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral décimo, se acordó solicitar al Ministerio de Minería destinar, en el Presupuesto de la Nación, para el año 2012, los recursos necesarios para proceder a dicha categorización.
Séptimo:
Asimismo, se advirtió la necesidad de mejorar la fiscalización respecto de la autorización y operación de los tranques de relaves, particularmente, en lo que respecta a su estabilidad química y física, puesto que la actual normativa vigente no aborda el tema en forma global ni contempla disposiciones que permitan actualizar e incrementar las exigencias para soportar fenómenos naturales, especialmente sísmicos.
En materia de autorización, se ha constatado que la actual normativa vigente no aborda el tema en forma global ni contempla disposiciones que permitan la actuación del Sernageomin; en tanto, respecto de la estabilidad, se requiere, a la luz de la experiencia reciente en materia de fenómenos telúricos, incrementar las exigencias para soportar este tipo de situaciones naturales.
Por tal motivo, se acuerda solicitar al Ministerio de Minería analizar una reforma legal que permita asignar facultades al Sernageomin en materia de fiscalización de la estabilidad química de los relaves al tiempo de modificar los reglamentos vigentes respecto de la autorización de éstos, con el objeto de incrementar las exigencias respecto de la capacidad de estos empozamientos para soportar eventos sísmicos de mayor intensidad.
Octavo:
Por otra parte, la Comisión consideró conveniente plantear al Ejecutivo la necesidad urgente de agilizar la elaboración de una iniciativa legal que regule el cierre de los pasivos ambientales mineros, (PAM), creando un sistema de gestión que entregue al Estado mecanismos y facultades para intervenirlos, realizar un completo catastro, inventario y caracterización de minas abandonadas y paralizadas, evaluación de riesgos y clasificación, así como propuestas de remediación.
Asimismo, se insta a la creación de un fondo público que financie el cierre y rehabilitación de sitios que hayan servido a las operaciones mineras y cuyos responsables sean desconocidos, inciertos o insolventes, y que contemple mecanismos diferenciados de subsidios.
Con este objeto, se acuerda solicitar al Presidente de la República , a través de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Minería, el envío de una iniciativa legal sobre la materia, que contemple las atribuciones y recursos referidos.
Noveno:
En materia de construcción, operación y cierre de tranques de relaves se debe perfeccionar la legislación vigente, con el objetivo de evitar la ubicación de éstos en cuencas de ríos, favorecer la participación de la comunidad en el proceso de localización de los mismos y facultar al Sernageomin para intervenir expresando su opinión acerca de su estabilidad química, así como incrementar las exigencias acerca de la capacidad para soportar fenómenos telúricos de gran magnitud.
Décimo:
Se constató la necesidad de continuar perfeccionando la información existente respecto de los pasivos mineros y los relaves en actual operación y sus efectos en la salud y el ambiente, perfeccionando las competencias y medios de los servicios públicos involucrados.
Con este objeto se acordó solicitar al Ejecutivo contemplar en la Ley de Presupuestos del año 2012, el financiamiento necesario para realizar, a través de los Servicios de Salud respectivos, mediciones respecto de los actuales impactos en la calidad de aire y agua de los relaves activos y de los pasivos mineros.
Del mismo modo, dotar al Servicio Nacional de Geología y Minería, de los recursos financieros necesarios que le permitan mejorar la fiscalización en materia de higiene y seguridad en las faenas mineras operativas; ocuparse con rigurosidad de los procesos de aprobación de la instalación de nuevos relaves y asumir, en el futuro, las obligaciones legales que derivaran de la aprobación de las normas sobre cierre de faenas y pasivos ambientales mineros.
V. DIPUTADO INFORMANTE .
Por la unanimidad de los Diputados presentes se acordó designar Diputada Informante a la señora Adriana Muñoz D´Albora .
-o-
De conformidad a lo establecido en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, además, de remitir copia del informe a S.E. el Presidente de la República , se acordó remitirlo al Ministro de Minería y al Ministro de Obras Públicas .
-o-
La investigación se realizó en sesiones de 14 de diciembre de 2010; 6, 13 y 20 de enero; 3, 10, 17 y 24 de marzo; 7, 14 y 21 de abril y contó con la asistencia de los Diputados señores Giovanni Calderón Bassi ; Eduardo Cerda García ; Alejandro García-Huidobro Sanfuentes ; Luis Lemus Aracena ; Marco Antonio Núñez Losano ; Leopoldo Pérez Lahsen ; Alberto Robles Pantoja ; Carlos Vilches Guzmán ; Matías Walker Prieto y Felipe Ward Edwards ( Presidente ) y de las Diputadas señoras Andrea Molina Oliva y Adriana Muñoz D’Albora . Asistió además, el señor Alberto Cardemil Herrera en reemplazo del señor Joaquín Godoy Ibáñez .
Las consideraciones, conclusiones y proposiciones fueron tratadas y acordadas en las sesiones de fecha 12 y 19 de mayo de 2011, con la asistencia de la Diputada señora Adriana Muñoz D’Albora , y de los Diputados señores Giovanni Calderón Bassi ; Eduardo Cerda García ; Alejandro García-Huidobro Sanfuentes ; Luis Lemus Aracena ; Alberto Robles Pantoja ; Carlos Vilches Guzmán ; Germán Verdugo Soto , en reemplazo de Leopoldo Pérez Lahsen ; Matías Walker Prieto y Felipe Ward Edwards ( Presidente ).
(Fdo.): MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS , Abogada Secretaria de la Comisión ”.
8. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano constituida en especial investigadora sobre la génesis y desarrollo de la nueva política habitacional dispuesta por el supremo gobierno.
“Honorable Cámara:
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano constituida en especial investigadora sobre la génesis y desarrollo de la nueva política habitacional dispuesta por el supremo gobierno, cumple con emitir su informe -según la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados-, planteando las conclusiones y recomendaciones que al final se indican.
De conformidad con lo prescrito en el artículo 301 del reglamento de la Corporación, corresponde consignar lo siguiente:
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
En su sesión Nº 129, de 19 de enero de 2011, la Cámara de Diputados ante la solicitud de cuarenta y nueve Diputados, y en virtud de lo señalado en la letra c) del N° 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, acordó la creación de una Comisión Especial, conforme a los antecedentes y objetivos referidos en el Oficio N° 9237, que es del tenor que sigue:
“En virtud de lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República, ha accedido a la solicitud formulada por cuarenta y nueve Diputados y Diputadas, en orden a que la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano se constituya en Investigadora de la génesis y desarrollo de la nueva política habitacional dispuesta por el Gobierno, estableciendo los fundamentos, objetivos, alcances, ventajas y desventajas de sus contenidos y las previsiones del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo respecto de sus impactos en los potenciales beneficiarios como en el desarrollo armónico de las ciudades, tanto en sus aspectos urbanísticos como sociales.
Para los efectos señalados, la Comisión deberá evacuar su informe, a más tardar, el 30 de abril -plazo que fue prorrogado en forma sucesiva hasta el 9 de junio del año en curso-, y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
II. RELACIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO POR LA COMISIÓN.
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano se integró con las siguientes señoras Diputadas y señores Diputados:
^@#@ ^Browne, don Pedro
García, don René Manuel
Gutiérrez, don Romilio
Hales, don Patricio
Jarpa, don Carlos Abel
^@#@ ^Latorre, don Juan Carlos
León, don Roberto
Nogueira, doña Claudia
Norambuena, don Iván
Pascal, doña Denise
Salaberry, don Felipe
Vargas, don Orlando
Velásquez, don Pedro .
En la sesión N° 33, de 23 de marzo de 2011, el Diputado don Germán Becker reemplazó al Diputado don René Manuel García y en la sesión N° 36, de 20 de abril de 2011, el Diputado don Felipe Salaberry reemplazó al ex Diputado don Juan Lobos .
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano se constituyó en Especial Investigadora el día 13 de abril de 2010, siendo su Presidenta la Diputada doña Claudia Nogueira Fernández .
La Secretaría de la Comisión estuvo integrada por el Abogado Secretario de Comisiones don Roberto Fuentes Innocenti ; el abogado Ayudante de Comisiones don Álvaro Halabí Diuana , y la Secretaria Ejecutiva doña Mabel Mesías Chacano .
Asimismo, la Comisión contó con la cooperación permanente de la funcionaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, doña Verónica de la Paz, arquitecta.
Cabe precisar que la Comisión celebró un total de once sesiones (nueve ordinarias y dos especiales).
Igualmente, la Comisión acordó el despacho de diversos oficios sobre materias relacionadas con la investigación, los que se consideran con indicación de si hubo o no respuesta.
A) Personas recibidas.
Doña Magdalena Matte , ex Ministra del Vivienda y Urbanismo .
Don Andrés Iacobelli , Subsecretario de Vivienda .
Don Guillermo Rolando Vicente , Jefe División Política Habitacional .
Señores Juan Pablo González , Germán Codina y Juan Ignacio Correa , asesores del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Don David Morales, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcalde de Isla de Maipo.
Don Patricio García , Jefe Departamento EGIS , Municipalidad de La Florida.
Don Jorge Larenas , Director del Instituto de la Vivienda , de la Universidad de Chile.
Doña Isabel Brain , Coordinadora del Programa Prourbana, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Gonzalo Cubillos , del Consejo Directivo y doña Pia Mora investigadora.
Don Francisco Sabatini , profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Don Igor Rosenmann, Presidente del Comité de Vivienda del Colegio de Arquitectos.
Doña María de la Luz Nieto, experta en política habitacional.
Señores Juan Pedro Pinochet , Director Ejecutivo de la organización Un Techo para Chile y Vicente Burgos , Director de Vivienda Definitiva .
Don Daniel Jadue , arquitecto y sociólogo.
Don José Jara , Presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción .
Don Gonzalo Bustos, abogado, asesor de la Cámara Chilena de la Construcción.
Doña Paulina Henoch , del Instituto Libertad y Desarrollo.
Don Pablo Trivelli , arquitecto.
Don Luis Eduardo Bresciani , arquitecto.
Don Alexis Parada, de la Federación Nacional de Pobladores, Movimiento de Pobladores Sin Techo MPST de Puente Alto y La Pintana.
Don José Hidalgo, de la Coordinadora Sur de Allegados de La Pintana.
Don Lautaro Guanca y doña Roxanna Miranda , del Movimiento de Pobladores en Lucha MPL de Peñalolén, Santiago Centro , Estación Central y Lo Barnechea .
Don Alberto Vilches , de la Agrupación de Allegados Rigoberto Jara de Quilicura.
Doña Millette López , Presidenta de la Unión Comunal allegados La Florida.
Señoras Susana Quiróz y Verónica Quiróz del Proyecto Tinajas.
^@#@ ^Don Rafael Soto , Presidente del Comité Don Bosco , Irma Cubillos , Margarita Pino , María José Muñoz y Ana Collao , integrantes de esa entidad.
Doña Paulina Muñoz , Presidenta de la Agrupación dirigentes Condominios Viviendas Sociales de La Florida .
Señoras Doris Antillanca y Verónica Bustos , de la Agrupación de Comités Postulantes a Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF).
B) Documento recibido.
Oficio N° 121:
Institución: Biblioteca del Congreso Nacional.
Materia: Se solicita remitir la siguiente información:
-Bibliografía sobre el tema que convoca a la Comisión Investigadora.
-Estudio respecto de la evolución histórica que ha tenido la política habitacional en Chile, considerando en especial los decretos exentos que se hayan dictado sobre el señalado tópico.
Respuesta: Se recibe informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional.
III. SÍNTESIS DE LAS PONENCIAS REALIZADAS EN EL SENO DE LA COMISIÓN.
A continuación, se hace un resumen de las exposiciones vertidas en el seno de la Comisión.
Doña Magdalena Matte , ex Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Cambios necesarios y en proceso.
Uso del PPPF. Considera que los proyectos habitacionales deben realizarse desde un comienzo, con tamaños de vivienda razonables, de manera que los pobladores no tengan que posteriormente estar postulando al Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF). El PPPF, en su concepción, fue pensado para agrandar casas que en su origen eran chicas, o para reparar, y no como una artimaña para agrandar las casas, presentando primero un proyecto, y luego postulando a uno de ampliación.
Los terrenos. Precisó que los suelos son muy distintos en la Región Metropolitana o en Concepción en relación con otras comunas o ciudades. Los negocios con el terreno de suelo han sido muy suculentos, lo que va muy en contra de las familias afectadas. Se debe cambiar esa situación.
En algunos casos se procedió muy mal y el precio de los terrenos subió en forma escandalosa. Por ello, se debe buscar un sistema para tener buenos terrenos. Con motivo del terremoto, en las regiones Sexta, Séptima y Octava, el Serviu está comprando terrenos para los damnificados. Es un tema complicado, porque también se presta para negocios, debido a que es mucha la plata involucrada. Antes del terremoto se tenía presentado algunos proyectos del Serviu, con un valor determinado de terreno. Sin embargo, después del terremoto, se ha podido comprar en el mismo sector, a un precio mucho más bajo.
Reiteró que se va a volver a estudiar el tema de la compra de terrenos por parte del Serviu. La Región Metropolitana tiene serios problemas de hacinamiento, de necesidades y de muchos comités esperando desde hace mucho tiempo.
El Fondo Solidario II. Entiende la preocupación por el endeudamiento que ha originado el Fondo Solidario II, e informa que hay un decreto en la Contraloría para resolver una parte de esa situación. El problema es muy grave, pero algo se ha avanzado y cree que se tendrá una solución para aproximadamente 80 mil familias; pero son 300 mil las que tienen problemas.
Considera que el Bancoestado, en muchos casos, abusó, al igual que los bancos privados y el diseño implementado con leasing. También que entregar casas con subsidio y leasing es absurdo y sin destino, porque éste jamás fue creado para la compra de viviendas, sino para la compra de máquinas. Las familias que tienen leasing están en una situación muy compleja. Además, si dejan de pagar una cuota, pierden todo lo que ya han pagado.
En el tema de los deudores habitacionales, se ha dado a la tarea de investigar el tipo de deuda, los intereses que pagan las familias y las renegociaciones insólitas. Por ejemplo, si una persona no paga durante nueve meses, le renegocian la deuda y le dan cinco años más.
Está claro que hay muchas personas arrendando casas y que, en promedio, pagan 70.000 pesos. Entonces, si se piensa en un Fondo Solidario II, cuyo dividendo sea de 70.000 pesos, y se trabaja en algún formato para que el Banco Estado les dé una tasa razonable, cree que es una medida que puede tener mucha fuerza.
Actualmente, el fondo solidario está atrapado por las EGIS. Es muy difícil encontrar personas que quieran un Fondo Solidario II, porque deben ponerse de acuerdo con las EGIS, y todos en conjunto tener crédito del banco. Esa es la razón por la cual hay tan pocos fondos solidarios II. Pero cree que es una gran solución para que las personas, pagando 70.000 pesos, tengan una vivienda mejor.
Los Recursos.
En relación a los recursos, aparece claro para la Ministra , luego de aprobarse la ley de presupuestos, que la cantidad para este año es insuficiente, dejando fuera a las regiones Sexta, Séptima y Octava, afectadas por el terremoto. Hay 32 mil familias que están viviendo en campamentos. Se planteó el problema a Hacienda para revertirlo y buscar una fórmula para obtener mayores recursos. También se entiende la preocupación por la Región Metropolitana, por los campamentos y por las regiones que no fueron dañadas por el terremoto, que están muy afectadas por la falta de recursos para este año.
Don Guillermo Rolando Vicente , Jefe División de Política Habitacional , del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Una política habitacional robusta.
Chile ha construido una política habitacional robusta, que ha permitido reducir el déficit habitacional en las últimas décadas. Son bastante incuestionables los avances que ha tenido el país en el número de viviendas entregadas y se puede hablar de mejoras en la calidad de las viviendas. Si se comienza a ver desde el punto de vista de los instrumentos, se comprobará que a través de los años se ha ido mejorando en metraje, calidad y terminaciones. También hubo esfuerzos en mejorar la ubicación de las viviendas.
Existen programas orientados a los más vulnerables, a quienes se les entregan viviendas de buen estándar y sin deudas, lo que ha sido muy aplaudido internacionalmente. El instrumento usado no se basa en el crédito, sino en el aporte a través de ahorro. De esta manera, el beneficiario del subsidio obtiene una vivienda sin deuda.
Otro aspecto positivo es el apoyo, no sólo para los sectores más vulnerables, de los llamados: Fondo II y DS 40. Son instrumentos que están enfocados a apoyar a grupos emergentes, incluso, a grupos medios, a través de los cuales se logra apoyar a un porcentaje importante de la población y no exclusivamente a los sectores más vulnerables.
Durante el 2010 se hicieron algunas modificaciones a las políticas habitacionales.
1. El DS N°3, de 2010, del Ministerio de Vivienda, contiene modificaciones de la administración anterior, pero, la actual administración, liderada por la ministra Matte , siguió adelante con la totalidad del formato de ajuste hasta la promulgación de ese decreto, el 1 de abril de 2010.
En éste se estableció la obligatoriedad de tasar comercialmente los terrenos donde se construirán los proyectos, cuyo precio no podrá exceder del 10 por ciento del valor de la tasación, medidas que constituyen un esfuerzo importante para tratar de frenar las especulaciones con los valores de los terrenos.
También se modificó la postulación y operatoria de adquisición de viviendas construidas. Entre las innovaciones destacan aquélla que saca la figura de las EGIS del formato de postulaciones, de modo que se postule sólo con los antecedentes de la persona, y aquélla que prohíbe la compraventa entre parientes.
Había gente que llegaba con el negocio armado: la vivienda cambiaba de propietario, pero la seguían habitando las mismas personas. Se espera que quien postula lo haga porque se encuentra en una condición precaria, de allegado, por la que necesita una vivienda para habitar. No es posible que la transacción se haga entre las mismas personas que habitan la casa, y que todos sigan viviendo en el mismo lugar. Asimismo, se establece que las postulaciones se harán a través de concurso.
Se persigue que las reglas sean claras para ordenar las postulaciones, de modo que los más vulnerables obtengan una vivienda.
2. El DS N°104, del segundo semestre del año pasado, obliga a que las familias beneficiadas habiten efectivamente las viviendas que adquieren con el subsidio. Con tal objeto, se prohíbe celebrar cualquier contrato respecto de la vivienda, no sólo el de arrendamiento, porque la vivienda es para que la habiten. En concreto, se establece la obligatoriedad de que el beneficiario y/o su grupo familiar habiten la vivienda por un período mínimo de cinco años. Esa condición se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces respectivo y se debe constituir hipoteca de primer grado sobre el inmueble a favor del Serviu.
Antes de esta modificación, el Ministerio no tenía potestad para reasignar la vivienda o para ejercer un control más fuerte. Ahora se puede pedir la restitución del subsidio a quienes quebranten esa prohibición, para posteriormente reasignarlo.
Por otra parte, las modificaciones al DS N° 104 establecen que el postulante deberá entregar una declaración jurada de postulación en la cual exprese su condición de vulnerabilidad, con el fin de transparentar lo mejor posible las puntuaciones en la ficha de protección social, la identificación de su grupo familiar, la veracidad de la información entregada y la obligación que asume para habitar la vivienda.
Actualmente, se lleva adelante un extenso proceso de revisión y consultas acerca de los instrumentos de política habitacional, gracias a lo cual se ha recibido una cantidad importante de sugerencias y comentarios, lo que permitió enriquecer las medidas para seguir perfeccionando los actuales instrumentos.
El énfasis de los cambios se va a centrar en lo que son los instrumentos con deuda, es decir en el Fondo 2 y el DS 40; en el “Fondo Solidario”, destinado a los grupos más vulnerables, el Fondo 1, aunque aún está a nivel de borradores.
Se pretende simplificar la operatoria, lo que está muy ligado al derecho a elegir. Actualmente las postulaciones colectivas deben realizarse con una EGIS y con un proyecto asociado. Lo que se plantea es que se mantengan las EGIS en el Fondo 1, pero que los comités no necesariamente tengan que postular a través de una EGIS.
En la actualidad los proyectos grupales de construcción en nuevos terrenos, en el Fondo 1 y en el Fondo 2, tienen la obligación de postular a través de una EGIS, por lo que cuando hay irregularidades no hay cómo salir.
Cambios necesarios y en proceso.
Dentro de este contexto positivo hay materias que requieren ajustes urgentes.
Fondo Solidario I. Lo primero tiene que ver con los incentivos a concentrar las postulaciones en el Fondo Solidario I. Existe baja exigencia para viviendas sin deudas, y el puntaje de la ficha de protección social opera como única restricción de entrada.
El único instrumento para seleccionar a quienes postulan es la Ficha de Protección Social, que es un instrumento muy bien diseñado, que intenta captar de buena manera la vulnerabilidad de la familia, pero a la hora de ser aplicado, se tiene fallas bastantes grandes. Sucede que al ser un instrumento autodeclarativo, se encuentra con familias que se ven tentadas a no decir la verdad, de modo de bajar el puntaje. En aproximadamente seis u ocho años se ha duplicado el número de familias que están bajo los 8.500 puntos, lo cual es bastante grave. Un análisis frío diría que se está duplicando la pobreza, pero no es así.
De esta manera, hay un incentivo bastante perverso para disfrazar de vulnerables a quienes no lo son, lo que de alguna manera distorsiona la selección correcta del Ministerio de Vivienda para focalizar los instrumentos en el Fondo Solidario I.
Los subsidios. Otro problema grave que tiene es la composición de los subsidios. El monto de un subsidio depende del instrumento: Fondo Solidario I, Fondo Solidarios II y DS 40. Para postular a cada uno hay que cumplir ciertas exigencias de ahorro tales como: 10 UF para el Fondo Solidario I, 30 UF para el Fondo Solidario II y 50 UF para el DS 40.
El límite de 600 UF varía entre las comunas y otras variables y se encuentra entre el Fondo I y II. Si una persona es postulante y quiere optar a una vivienda en torno a las 600 UF, es evidente que querrá postular al Fondo Solidario I que es sin deuda. Debido a esto, se genera una presión muy grande de las familias más vulnerables. Pero también postulan aquellas que no lo son y que se disfrazan de vulnerables quitándoles un cupo a las primeras. Esto es complejo si se considera que los recursos del Ministerio de Vivienda no son infinitos.
Lo mismo ocurre con el tope de 1.000 UF que se encuentra entre el Fondo II y el DS 40. Pero lo más preocupante tiene que ver con hacer algún ajuste en torno a las 600 UF, de modo de limar estos saltos y buscar un sistema que sea mucho más continuo.
Sobre la inflación de costos y la poca competencia.
Los costos de la construcción han aumentado desde 2005 a 2009 y por tanto las UF por metro cuadrado. Algunos de estos aumentos se relacionan con mejores terminaciones, mejores metrajes y en algunos casos con mejores ubicaciones. Pero eso no ocurre en todos los casos. También hay gran influencia del precio de los terrenos.
En la adquisición de viviendas, la vivienda que se está transando en 8 millones de pesos, una vez que comienza a operar el subsidio de localización se transa en 200 UF más, que es el valor del subsidio de localización, con lo cual pasa, a 12 millones. Entonces, cuando los valores de las viviendas sociales, en este caso las transacciones de adquisición, se comienzan a regir prácticamente por los techos de los subsidios, es necesario poner un filtro y con ello hacer un análisis más profundo.
Falta atención a los grupos socioeconómicos bajos-medios con capacidad de endeudamiento. Cada uno de los instrumentos: el Fondo Solidario I, el Fondo Solidario II y el DS 40 está enfocado en distintos segmentos socieconómicos. Desde un punto de vista social, se esperaría que la mayor cantidad de recursos se destinaran a los más vulnerables.
El DS 40, que es el instrumento para los grupos medios, actualmente está entregando un número de subsidios más alto que para el grupo que está justo abajo. Entonces, desde el punto de vista de la focalización, como Ministerio, se requiere revertir esa “U”, entendiendo que los grupos emergentes requieren de una atención bastante importante, pues muchos de ellos están literalmente saliendo de la línea de la pobreza, con apoyo importante del Estado. Pero también se podrían complementar con montos relativamente bajos. La señora Ministra ha recalcado fuertemente que hoy en día un número muy grande de familias se encuentra pagando arriendo de montos similares. Entonces, ¿de qué manera se puede ajustar y potenciar algún instrumento para que con esos montos similares esas familias pasen a ser propietarias y no sean eternas arrendatarias?
Diferencia en monto de subsidios genera distorsión campo-ciudad que desfavorece al mundo rural y desincentiva construcción en sitio propio.
En las capitales regionales, las zonas rurales se encuentran a diferentes distancias de la ciudad lo que implica diferentes subsidios. Por otra parte, hay una preferencia de las familias carentes de una vivienda de postular a las zonas urbanas, produciendo efectos bastante complejos. Ello podría ser una explicación de que haya viviendas abandonadas, a pesar de que los subsidios se entregan. La demanda para optar a una vivienda es bastante elevada, de modo que no se puede tener un gran número de viviendas abandonadas. En el fondo, el hecho de que haya familias que postulan, demostrando que necesitan una vivienda, pero que luego no la habitan, requiere de un análisis profundo. Se requiere nivelar los montos para que no se produzcan estas distorsiones.
Proyectos en verde.
Otra de las modificaciones que se quiere aplicar es dar la alternativa para que las postulaciones individuales para adquisición de viviendas también se puedan aplicar a proyectos en verde.
Las EGIS organizan la demanda, buscan las familias, buscan un terreno, diseñan un proyecto, lo presentan y subsanan las observaciones que se le haga, para que quede calificado. Lo que se quiere lograr es desacoplar, de alguna manera, el formato con las EGIS.
Respecto del Fondo 2, donde existe algún grado de avance, las familias postulan individual o colectivamente, por un lado, y los proyectos de construcción ingresan para ser calificados. Acá no hay EGIS, pero hay apoyo de asistencia técnica y de asistencia social. La idea es que haya un trabajo continuo, desde un plan de habilitación social, como en todos los temas sociales y legales de apoyo a la familia.
Mejorar la focalización.
Se trata, asimismo, de mejorar la focalización. Basarse sólo en el puntaje de la ficha de protección social genera una imagen incompleta que impide alcanzar un buen nivel de focalización. Se propone abrir la ficha de protección social y utilizar sólo las variables que le interesan al Ministerio de Vivienda, para poder focalizar de buena manera las urgencias habitacionales. Sin duda, debe darse mayor peso al número de integrantes del grupo familiar. Cinco allegados o dos en un terreno de igual metraje generan condiciones de urgencia o hacinamiento distintas.
Se quiere dar menos ponderación al puntaje de la ficha de protección social y mayor peso al número de integrantes, a la presencia de discapacitados o adultos mayores; dar puntaje más alto a las familias que tienen niños bajo los cinco años de edad y una puntuación especial a las que cuentan entre sus integrantes con niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. También debe darse mayor ponderación a las carencias habitacionales, esto es, por ejemplo, dar puntaje especial a las familias que no tengan acceso a agua o dificultades para acceder a ella, o para las familias que habiten viviendas con piso de tierra o con muros en condiciones deplorables. Prohibir arrendar, obligando a su uso, como quedó explicado en los ajustes del segundo semestre de 2010.
Simplificar operatoria.
Se quiere simplificar la operatoria para los grupos emergentes. En ese sentido, dejando de lado el DS 04 de 2009, uno de los temas principales es que en el país prácticamente no hay proyectos de construcción de viviendas entre 600 y 1.000 unidades de fomento. Entonces, se busca hacer mucho más flexible y fácil la postulación y aprobación de esos proyectos, de modo de mejorar la oferta.
Algunos grupos, como es el caso de un grupo de vecinas de Rancagua, no conocen proyectos de viviendas entre 800 y 1.000 UF, por lo cual es imposible incentivarlos a que postulen a éstos. Pero se conocen los proyectos de viviendas que están bajo las 600 UF y los de un parque inmobiliario mucho más alto, al que no tienen acceso.
Actualmente los proyectos son largamente evaluados por el Serviu, para lo que se sigue una detallada pauta. El Fondo Solidario 2 es el capítulo segundo del fondo solidario de vivienda, lo que corresponde a un decreto bastante estricto y restringido. Se propone que los proyectos sólo sean calificados y los beneficiarios sean los que elijan, es decir, se pretende romper con la lógica de los diseños para viviendas entre 600 y 1.000 UF y dejarlo en la operatoria del DS 40, de modo de generar más alternativas en el mercado, para que las familias puedan elegir.
En las zonas extremas -Región de Aysén, región de Magallanes, provincia de Palena- los costos de construcción son más caros, por lo que hay que desplazar el límite de las 1.000 a las 1.200 UF, ajustándose a las características del país. Ese sistema evitaría muchas de las tentaciones que produjeron que, ante casi un mismo valor de la vivienda, algunas familias quedaran con una deuda bastante grande y en otro sin ninguna.
El 31 de diciembre de 2010 expiró el apoyo a los sectores medios desde el Ministerio de Vivienda, esto es, el DS 40, que permite comprar viviendas hasta 2.000 unidades de fomento. Se pretende pasar de un apoyo transitorio, que estaba bajo el artículo 4° transitorio, a uno permanente para que estos segmentos postulen a subsidios para viviendas entre 1.000 y 2.000 UF. Se quiere hacer permanente el rango de compra hasta las 2.000 UF.
También, se extiende ese beneficio a quienes compren viviendas usadas, lo cual lo hace bastante atractivo. Para darle mayor certeza al portador de un subsidio, se va a pedir una preaprobación o precalificación financiera para quienes postulen, dado que en algunos casos se ha constatado que portadores de un DS 40, con subsidio en mano, no pueden ejecutarlo porque no tienen cómo complementarlo.
En cuanto a la atención de grupos vulnerables, se propone premiar el esfuerzo, mediante la entrega de mejores incentivos a la localización y a la calidad. Habrá más alternativas y derecho a elegir, así como también se propone una mejor focalización y selección de las familias.
En relación con la atención de los grupos emergentes y medios, las líneas de acción a seguir son la promoción al segmento emergente para revertir esta “U” de manera importante; consolidar el apoyo a la clase media, ya no de forma intermitente, sino que permanente; simplificar la operatoria para grupos emergentes y medios, y entregar mejores incentivos para la renovación urbana y patrimonial, tratando de captar todas tipologías de demandas que hay en las distintas ciudades.
En resumen, se propone mejorar la focalización y premiar el esfuerzo a los grupos vulnerables y que los grupos emergentes tengan más alternativas a través de la flexibilización de procesos; y para los grupos medios, pasar de un apoyo transitorio a uno permanente.
Esta no es una reingeniería de la política habitacional, sino que ajustes, perfeccionamientos que cada cierto tiempo requieren cada uno de los instrumentos que tiene el Ministerio de la Vivienda.
Se debe tener una política habitacional robusta, pero que debe ir acompañada de una política urbana. Es decir, los instrumentos de política habitacional deben perfeccionarse, pero deben estar acompañados de otros instrumentos, como los planos reguladores.
Respecto del capital social.
A fines del año pasado, se quiso hacer ajustes más drásticos al subsidio de localización. Después de muchas reuniones, sobre todo con los comités de allegados, se llegó a la conclusión de que era importante tratar de ubicar las viviendas sociales, dentro de las zonas donde existe su capital social, lo cual indica que los allegados o habitantes de campamento no tengan que trasladarse a 70 y 80 kilómetros, extramuros de una ciudad.
Finalmente, señaló, que se ha llevado a cabo una reducción al déficit habitacional, pero que ésta debe estar asociada con mejoras en los barrios, en los entornos y en las ubicaciones.
Don Andrés Iacobelli , Subsecretario de Vivienda .
Cambios necesarios y en proceso.
No se han apreciado cambios radicales en las políticas de vivienda en los últimos 30 años, pero que se ha evolucionado hacia una política de vivienda con la cual mucha gente pasó a tener deuda. Eso se refleja en los PET. Después evolucionó a los fondos solidarios, a subsidios, pasando por distintos programas.
En esa lógica de más Serviu o menos Serviu, o más Estado o menos Estado, en el período de la Concertación hubo cambios importantes. En la lógica de más financiamiento o menos financiamiento, más banca o menos banca, también hubo distintas experiencias.
Lo que se ha querido hacer ahora con la política de vivienda es, en primer lugar, ser responsables en términos de asumir que los cambios deben ser paulatinos.
Lo que se ha tratado de transmitir es que lo más relevante de las nuevas políticas es que van a tener mucha flexibilidad, muchas opciones. Va a haber flexibilidad en los ámbitos, de financiamiento, de la acción operativa y de la forma de postular, que son las cosas claves de la política de vivienda.
Chile es muy distinto en términos de vivienda a lo que era hace 20, 30 ó 10 años. Hoy se tiene una demanda compleja, difícil de entender. Hay familias cambiantes, gente que se muda de trabajo. Es decir, se tiene un país que necesita una política mucho más flexible. Además, hay gran demanda de gente que ya recibió vivienda. La política de los subsidios que se aplica a los Andha, es una política para los que ya tienen casa.
Hay grupos de pobladores que dicen que quieren autogestionar sus viviendas y otros que dicen que no quieren autogestionar en grupo, sino sólo tener un papel en la mano para comprar su casa, porque no se quieren juntar ni siquiera con su vecino. Así funciona el ciudadano hoy en Chile.
La forma de postular.
Se puede postular con EGIS, pero también sin ellas, en el marco de la competencia. No se trata de decir que ahora están prohibidas las EGIS. Hay familias que se sienten cómodas con una EGIS con la que han trabajado un tiempo; por lo tanto, pueden postular con ella. Pero si hay personas que quieren postular en forma individual o colectivamente sin proyectos, también se puede hacer. Eso está en el marco de la competencia y la transparencia.
Financiamiento bancario.
Antes, el único sistema era endeudarse, por ejemplo, en 80 por ciento, y el subsidio era de 20. Eso es muy distinto de las diversas opciones actuales. Puede incluso ser al revés en algunos tramos. El 80 por ciento de subsidio y el 20 por ciento de deuda, o al revés, 20 por ciento de subsidio y 80 por ciento de deuda. Va a depender del tramo de la vivienda. Entonces, el hecho de que haya flexibilidad también va a aportar a las distintas formas de llegar a la
El rol del Serviu va a ser mixto.
En la política específica para el terremoto, el Serviu ha actuado como EGIS. Es decir el Serviu, al igual que la EGIS, compra terrenos, diseña proyectos y licita. También se ha explorado, a modo de ejemplo y de generar algún efecto de competencia en el mercado, la acción directa del Serviu.
Los condominios sociales.
Se ha realizado un esfuerzo, durante los gobiernos anteriores, de financiar proyectos en tal sentido. Pero, dichos condominios tienen un problema profundo, porque carecen de mantención, y cualquier infraestructura sin mantención no funciona, fundamentalmente porque no pagan gastos comunes y, al no haberlos, significa que el deterioro es eterno.
Aquí falla la sustentabilidad en el largo plazo. Hay que hacerse cargo de cerca de 500.000 familias. Debido al terremoto, dado el nivel de deterioro que tenían muchos de esos conjuntos, se ha decidido demolerlos, porque era más barato. Actualmente no hay respuesta, aparte de volver a focalizar el proyecto del PPPF en condominios sociales. Pero es una política de largo plazo, y se trabajará en ello.
La densificación predial, es parte de la flexibilidad, pues en ciudades grandes, como Santiago, Valparaíso y Concepción, se da l oportunidad importante, ya que hay empresas y postulaciones de otros tamaños, en cuanto a postulaciones con, sin vivienda, o individuales, lo que permitirá generar proyectos de 3, 4, 5 y 10 casas, a diferencia de lo que existe hoy.
Doña Isabel Brain , Coordinadora del Programa Prourbana,
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Los ajustes a la política habitacional, que no son denominados “nueva política habitacional”, se basan principalmente en el borrador de modificación del decreto que regula estos subsidios de vivienda social y en un resumen elaborado por el mismo Ministerio respecto a las principales modificaciones. Los dos documentos son de fecha febrero de este año.
Cabe hacer notar que los comentarios de Doña Isabel Brain se ajustan a esos documentos, aunque existe una versión nueva a la que no han tenido acceso.
Avance o retroceso respecto a los logros alcanzados en materia de política habitacional.
Lo que se observa a partir de los documentos analizados es que las modificaciones no constituyen un cambio radical de la política de vivienda en Chile, sino más bien son un cúmulo de modificaciones que apuntan a perfeccionar problemas y trabas del sistema actual.
Cree que las modificaciones propuestas en cierto ámbito serán un aporte y lograrán perfeccionar la operatoria de la actual política. En otros casos, le quedan ciertas dudas de si efectivamente se va a lograr lo que se ha planteado la actual administración del Ministerio en cuanto a perfeccionar la política.
Las modificaciones no representan en ningún caso un retroceso, puesto que no se cambian los principios de la política habitacional. Dependerá de cómo se resuelvan esas dudas el hecho de si será un avance o si todo quedará tal como está ahora.
Todas las modificaciones o ajustes a la política se rigen por dos principios que subyacen: Uno, se muestra una importante confianza en el sistema de incentivos para corregir conductas y decisiones de las personas, sea de la oferta o demanda de viviendas. Dos, se muestra una importante confianza en la competencia a nivel de la oferta para generar mejores barrios y viviendas.
En el fondo, muchas de las modificaciones están yendo a perfeccionar el sistema o a hacer más competitiva la oferta de viviendas, lo que significaría una mejora importante en las condiciones de la vivienda y de los barrios.
Reconstrucción y patrimonio.
Otra cosa que le parece muy positiva es que estos ajustes consideran el tema patrimonial y de la reconstrucción. Se define la forma en que el Ministerio debiera apoyar la reconstrucción en el caso de emergencias y en el de familias que queden sin viviendas. Lo mismo se considera acerca del tema patrimonial en cuanto a fortalecer ese apoyo.
Estos cambios logran corregir algunas de las distorsiones en la aplicación del subsidio de localización. El Programa Prourbana hizo un estudio en el cual midieron los efectos del subsidio de localización, en términos de mejorar efectivamente la localización de las viviendas sociales, y lo que se encontró fue que este subsidio se aplicaba prácticamente a todo el país, para todo el territorio nacional, fuera rural o urbano, zonas extremas o no. Es decir, el subsidio de localización diseñado en la administración anterior, en su implementación o en los criterios que lo regían, hacía que se desvirtuara su objetivo inicial, que era permitir que las familias que viven en ciudades donde el precio de suelo es más caro tuvieran mayor probabilidad de competir por un suelo mejor localizado. Por consiguiente, lo que se hace es corregir esa distorsión, pues se dice que el subsidio de localización se va a aplicar solamente en las grandes ciudades, en las grandes áreas metropolitanas de Chile, que son Santiago, Valparaíso y Concepción, porque en ellas es donde verdaderamente existe presión por uso de suelo, porque éste es más caro, etcétera.
No obstante, no se hace distinción al interior de la ciudad. Cuando hicieron la recomendación de política, sugirieron que se focalizara el subsidio de localización sólo en las ciudades metropolitanas o más grandes y, por otro lado, que se hiciera una distinción dentro de las áreas metropolitanas, porque en Santiago, por ejemplo en La Pintana, el 80 por ciento del parque habitacional es vivienda social y hay comunas más diversas como Cerrillos, Lo Barrenechea , Quinta Normal , etcétera. Entonces, el Programa considera que también se debe restringir o debe haber una cláusula que castigue el acceso al subsidio de localización, si el proyecto se va a localizar en La Pintana, al lado de muchas viviendas sociales.
Por otro lado, lo que observó es que se corrigen las distorsiones que existían en la asignación de subsidios a la vivienda usada, la que se transfería entre parientes directos o indirectos. Esa situación está clara hoy. La vivienda usada no se puede transferir entre familiares directos o indirectos.
Asimismo, se perfeccionan los proyectos de integración social. A juicio del Programa que representa, dentro de los proyectos de la anterior administración del Ministerio, éste es uno de los programas que fortalece la integración social en forma más notable. Hay muy pocas experiencias desarrolladas y hay poca investigación respecto a ellas, pero los principios que la norman parecen ser, de bastante innovación. Lo que perfecciona este proyecto es que se establece un porcentaje mínimo de vivienda para los sectores más vulnerables, porque antes, en los proyectos integrados, lo que se decía era: “Señor, si usted está dispuesto a vivir al lado de viviendas con familias de más bajos recursos, lo que hará el Ministerio es entregarle un subsidio adicional que lo premie o incentive a vivir al lado de personas que tienen menos ingresos.”. Pero la deficiencia que hay al respecto es que se decía que los conjuntos del D.S. N° 40, que correspondían a los grupos medios altos, podían estar al lado de los correspondientes al Fondo Solidario II o I, que hoy serían los vulnerables y los emergentes. La nueva nomenclatura es: “vulnerable”, “emergente” y “grupos medios”. Entonces, lo que hoy se perfecciona y se dice es que tiene que haber por lo menos un 30 por ciento de vulnerables. Antes podía haber solamente emergentes.
Se amplían las alternativas de postulación, poniendo acento en la postulación colectiva, otorgando más puntaje. Respecto de eso hay que tener cuidado porque, si bien se premia la postulación colectiva, se abre una nueva alternativa que antes no existía y es que, individualmente, se puede optar a una vivienda nueva o usada -antes solamente era usada-. Por tanto, al final del día, es mucho más fácil, menos engorroso y menos problemático postular individualmente. Ella reiteró, que cuando se postula a un proyecto de vivienda, se premia la postulación colectiva, pero al final del día es más fácil postular individualmente. Por ello es que hay que tener cuidado en cómo se comporta el proceso de postulación y cuánto se empieza a abrir el abanico hacia la postulación individual. Precisó que la postulación que se hace hoy puede ser individua, a vivienda usada o nueva, colectiva, a proyectos predefinidos, o colectiva, a proyectos que se presentan en una carpeta de proyectos en la que los grupos eligen.
Para postulación colectiva existe un premio, un incentivo; se entregan más puntos a las postulaciones colectivas. Sin embargo, para postular colectivamente se pide que haya una asociación de esas personas con al menos un año de antigüedad y que tenga un representante. Ese representante cumple el rol de elegir en la nómina de proyectos. En el fondo, lo que se pide o lo que se espera con estas restricciones es que el grupo esté organizado previo a la postulación. Es decir, que no sólo se organicen para postular. La aprensión que planteó, o el resguardo, es que, si bien existe este premio, postular individualmente a una vivienda nueva sigue siendo más fácil, más rápido y no se requiere pertenecer a un grupo para ello.
Otro factor que juega en contra es que si un grupo de 100 familias postula a un proyecto de esta nómina de proyectos sobre los cuales pueden elegir, ese proyecto queda no elegible si no cubre al menos el 50 por ciento de esas familias que postulan. Ella considera que mirarlo desde la otra perspectiva, es decir, si el proyecto logra cubrir el 60 por ciento de ese grupo, el 40 por ciento que ya estaba confirmado tiene que ir y postular a otro proyecto. En consecuencia, de alguna manera se desarticula la lógica del grupo ya conformado. Antes, la postulación siempre fue individual. Se logró después de años de implementación de esta política llegar al acuerdo de que era importante la postulación colectiva por todo el capital social, por las redes, etcétera. Entonces, la Señora Brain planteó que hay que tener ojo con debilitar el capital social ganado. Hoy se abre la alternativa de lo individual, pero el tema es que no se coma la postulación colectiva cuando esto, en verdad, juega en beneficio de las familias, sobre todo cuando éstas son más vulnerables y no tienen tantas redes.
Se crean dos entidades que apuntan a perfeccionar la aprobación del proyecto.
Son entidades independientes. Una es la figura del revisor independiente, que lo que busca es evaluar los proyectos. Las inmobiliarias o las constructoras van a poder presentar anteproyectos que la gente va a elegir. Estos proyectos van a poder ser presentados una vez que sean aprobados por el Serviu y por esta entidad revisora, que evalúa desde la perspectiva de la calidad urbana del proyecto. Considera que ése es un buen aporte porque, generalmente, los proyectos de vivienda se evaluaban por cuántas familias estaban en el mismo, etcétera, y hoy se evalúa según cómo queda instalado ese conjunto, es decir, cuán armónico o no armónico queda con su entorno.
Se crean las entidades patrocinadoras.
Piensa que éstas tienen un carácter positivo. Pero no tiene claro qué se entiende por entidad patrocinadora versus EGIS. O sea, hay entidades patrocinadoras, hay EGIS, hay Serviu asesorando; no entiende mucho esa figura.
Por otra parte, un aspecto que considera positivo y sobre el cual también hay que tener resguardo es que se apoya explícitamente el desarrollo de proyectos bien localizados y con mayor densidad.
Uno de los grandes problemas de acceso de la vivienda social a suelos mejor localizados es el precio del suelo, pues es más caro, lo que hace más difícil que la vivienda social quede allí. Eso es algo que resuelve el subsidio de localización. Ahora, generalmente, esos suelos demandan que el proyecto se realice con una mayor densidad.
En general, mayor densidad estaba asociada a menor calidad. Hoy día, por proyectos de este tipo en suelos bien localizados se van a agregar 100 UF más para que ese desarrollo en densidad sea de mejor calidad.
Le parece muy extraño que este tipo de incentivo de 100 UF se aplique a ciudades desde 5 mil habitantes, ya que esta cantidad de habitantes es el punto de inflexión entre zonas rurales y zonas urbanas. Ahora bien, en ciudades de 5 mil o 10 mil habitantes el tema de la localización o la necesidad de densidad no son tan críticos, por lo que nos parece un tanto excesivo. Quizás, habría que entender por qué se está promoviendo un incentivo a partir de los 5 mil habitantes por ciudad.
Puntualizó que hay una separación o un intento por perfeccionar el mercado de las viviendas sociales, separando la oferta de la demanda, lo que le parece bastante positivo, pues hoy en día generalmente la oferta de viviendas está acoplada a una demanda y en ningún momento hay separación. En este caso, se atribuye al Serviu un rol bien importante en el asesoramiento de las familias, sobre todo, en esta cartera de proyectos que se les presentan para que puedan elegir con propiedad, con conocimiento, etcétera. Sin embargo, no queda claro cuáles serán los cambios que se introducirán al interior del Serviu como para, por ejemplo, atender esta nueva demanda de las familias por asesorías. Este aspecto debe quedar claro en alguna parte.
Por otro lado, no cabe duda de cuánto mejorará la oferta de viviendas, porque el subsidio tiene un valor que no varía, es decir, todas las familias que acceden a él ya cuentan con un valor similar del voucher. Entonces, ¿cuánto afectará esta competencia a la calidad de los proyectos? Ahora, si hay más competencia, ésta debiera tender a mejorar en algo si se perfecciona el sistema.
Oferta inmobiliaria reducida.
Otro aspecto que no queda claro y que ha sido uno de los grandes problemas que ha enfrentado el Ministerio de Vivienda hoy en día es cuánta competencia se podrá generar en localidades más pequeñas donde la oferta de las constructoras e inmobiliarias es más reducida. Ése ha sido uno de los grandes problemas que han tenido para dar respuesta a la demanda de sitios por los afectados por el terremoto.
Dadas las aprensiones que se han mencionado respecto de si esto es o no el proyecto definitivo, con el ánimo de hacer un aporte a las decisiones o investigaciones de esta Comisión, fue tratar de conseguir la última versión del documento que modifica la política habitacional. Por eso esta presentación debería revisarse una vez que la Comisión tenga en sus manos la versión definitiva del decreto que se modifica.
Respecto al ajuste que se intenta hacer a la política para separar la oferta de la demanda, señaló que había un aspecto respecto del cual no se ve bien cómo se puede llegar a buen puerto, que es cómo regular o fortalecer la competencia en aquellas localidades donde ésta no existe o es más reducida.
Otra duda que planteó es que se establecen incentivos para la modalidad residencial ascendente. El hecho de que el Ministerio se enfoque y, de hecho, cambie la nomenclatura de “Fondo Solidario Uno”, “Fondo Solidario Dos”, “DS 40”, por “vulnerable” y “sectores emergentes” es reconocer que ahí hay un sector que no estaba siendo bien atendido, pues la postulación al Fondo Solidario Dos era muy débil, muy baja en relación con el DS 40 y el Fondo Solidario Uno. Sin embargo, ellos consideran que hay que fortalecerla. El Programa Prourbana considera que este incentivo para la movilidad habitacional es muy interesante y positivo.
Consiste en lo siguiente: la vivienda social, una vez que se obtiene, no se puede enajenar ni vender durante cinco años. Lo que permite esta política es que la persona pueda enajenar la vivienda, a condición de que compre una nueva, y se le premia con 30 unidades de fomento adicionales.
El “sin embargo” a esa iniciativa, respecto de lo cual deberán poner ojo cuando la revisen en la versión definitiva, es que no se precisa que la vivienda que se va a adquirir deba ser de mayor valor. Tampoco hay especificaciones sobre las características de la nueva vivienda ni sobre el uso que se deberá dar a la venta de la vivienda antigua. Sólo se dice que la persona puede venderla y que parte de lo obtenido se debe usar para comprar la nueva. Entonces, no existe una especificación acerca de qué porcentaje de esa venta se debe destinar a la compra de la otra vivienda. Son detalles que quedan en el aire.
Consideró que si se está tratando de incentivar la movilidad social y de asumir que la focalización consiste en darle más a quienes menos tienen, esto es, a los sectores más vulnerables, en algunos casos puede transformarse en un incentivo perverso para que personas de ingresos medios postulen a viviendas destinadas a familias de ingresos más bajos, con el fin de obtener el subsidio y con posterioridad, antes de cinco años, vender la vivienda para comprar una mejor.
Quizá debiera aplicarse ese incentivo sólo a los grupos emergentes, porque es difícil que antes de cinco años las familias vulnerables puedan enfrentar un proceso de movilidad social casi instantáneo, de manera que, propuso, aplicar ese incentivo para familias vulnerables una vez pasados los cinco años.
A juicio de la Señora Brain, existe una importante contradicción entre esfuerzo, traducido en ahorro, y la mayor focalización que el Ministerio promueve. El principio de la focalización es dar más a quien menos tiene e irle quitando el apoyo en la medida en que logra obtener más ingresos. Sin embargo, aquí se postula sobre la base del ahorro, de modo que si se incentiva a las familias ellas podrán ahorrar más, lo cual se contradice con el principio de focalización y mayor vulnerabilidad, puesto que si la persona es en verdad vulnerable no puede ahorrar más. No es que esa familia no quiera ahorrar, sino que no puede hacerlo.
Entonces, debiera tomarse una decisión respecto de qué es lo que se busca- En este sentido, tal vez lo que se quiere es hacer un poco más estricto el acceso a la vivienda social, para lo cual habría que subir el piso, para que ésta no sea vista como un beneficio de gratuidad, como un regalo.
El Ministerio debería subir definitivamente el monto del ahorro de 10 a 20 unidades de fomento, o lo que estime necesario, y apoyar a las familias para que consigan ese ahorro, en el entendido de que es para las familias más vulnerables.
Las familias más vulnerables lo son porque no tienen redes de apoyo, no tienen ingresos que les permitan generar márgenes de ahorro, de manera que es contradictorio creer que incentivándolos van a ahorrar más, porque se están focalizando los esfuerzos en quienes no puede ahorrar, a quien le digo que sí puede hacerlo.
Tabla de calificación de proyectos.
En ésta no se exige el cumplimiento máximo de los puntajes. Se instala la localización como un tema relevante para la vivienda social, porque es importante que esos conjuntos habitacionales vayan adquiriendo valor en el tiempo, no perdiéndolo. Debiera exigirse que se cumplieran todos los requisitos y no que existiera la posibilidad, por ejemplo, de que un proyecto sea muy fuerte en su diseño, en su eficiencia energética, pero que en materia de localización no obtenga puntos. No se entiende por qué no se exige como mínimo.
En el tema de la localización, los puntajes van de 0 a 70 puntos, de modo que un proyecto que saca 20 puntos en localización y 70 en equipamiento podría quedar aceptado. Consideró que, tal vez, sería bueno poner la exigencia mínima para todos, menos para los que reciben subsidios a la localización.
Respecto de la focalización.
En esto no se sabe cómo se está entendiendo la diferencia entre el segmento vulnerable y el emergente, porque la vivienda para los sectores vulnerables puede tener un valor de hasta 750 UF, en circunstancias de que el tramo de los emergentes va de 600 a 1.000 UF. Por lo tanto, hay una zona gris que se traslapa, lo cual genera un incentivo perverso enorme, porque una persona del sector emergente puede postular por el lado de los vulnerables y así quedar sin deudas.
El proceso de postulación y de selección debe ser más estricto.
Luego, se menciona que el Ministerio de Vivienda va a tener un rol en la gestión de suelo cuando se trata de grupos vulnerables, llámese campamentos, cités o conventillos o para los casos de terremoto o tsunami. Lo que no se explica para nada -son dos párrafos cortos- dice relación con lo que el Minvu hará al comprar suelos y después hacer un llamado para que se construya en ellos. Al respecto, cabe preguntarse cómo se va a hacer eso, con qué criterios. No queda muy clara la operatoria, y por eso queda abierta a la discrecionalidad.
Por último, más allá del tema que preocupa a esta Comisión Investigadora, el programa que representa, tiene estudios que avalan lo que ha señalado, así como propuestas específicas, las cuales, ofreció a presentar a la Comisión.
Don Francisco Sabatini , profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Subsidio a la localización.
Sostuvo, sobre la base de un estudio elaborado en el Instituto sobre la materia, que el subsidio de localización tiene un origen relacionado con la segregación residencial, especialmente en las ciudades de mayor tamaño. Hoy se resume en el efecto del ghetto, es decir, en el efecto de desintegración social en barrios pobres.
El Instituto cuenta con estudios de varios años que muestran cómo la localización de lo que entonces eran los proyectos de vivienda básica tienen efectos muy nocivos sobre la población, por ejemplo, entre otras cosas, en materia de igualdad de condiciones sociales y de tamaño de conjuntos entre proyectos de distinta localización. Por lo tanto, entiende el subsidio de localización como un beneficio destinado a mejorar la localización en ese sentido específico. Es por ello que se han focalizado tanto en evitar, a través de un complemento de la política de vivienda, el fenómeno de los ghettos, el cual prácticamente asola todo el planeta. Sin embargo, en Chile hay posibilidades y ventajas para poner freno a esa situación.
Considera, que lo que se está proponiendo como ajuste a la política de subsidio habitacional está en la línea de lo que han sido propuestas de larga data sobre esa materia.
Mercado de los suelos.
Dificulta la equidad, la influencia de la imperfección de los mercados de suelo. Ello se encuentra en el documento del Gobierno. Esto es la preocupación, porque los subsidios se otorguen a los interesados, no a los propietarios del suelo, situación que es difícil de poner en práctica, porque los precios del suelo suben en forma consustancial al desarrollo urbano. Los precios del suelo se tienden a formar por expectativas ajustadas a la capacidad del mejor pagador. Por lo tanto, como la distribución del ingreso es tan mala en nuestro país, deja a los sectores más pobres muy lejos de poder pagar por ese suelo, lo que conlleva a que necesiten el subsidio y otras medidas especiales que eviten -sería lo ideal- se filtre a los bolsillos del propietario del suelo; situación que ha ocurrido por décadas.
Explica el caso de un proyecto exitoso, el de San Alberto de Casas Viejas, situado en Puente Alto. En ese lugar la demanda se trabajó de manera muy interesante, incluso, en forma desligada de las típicas propuestas, porque las EGIS y diversas empresas buscaron la demanda en los lugares de trabajo y entre familiares, para que los de mejor situación estuvieran dispuestos a vivir con familiares más pobres en el barrio. Hay otras claves en las redes sociales que las políticas pueden favorecer. El sentido colectivo puede tener que ver con cuestiones ambientales, de redes familiares.
Cree que Chile está en condiciones de que las políticas acojan y estimulen el sentido de las redes sociales, que son muy importantes en los sectores vulnerados.
Don David Morales, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcalde de Isla de Maipú .
La Asociación Chilena de Municipalidades valora el hecho de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo haya entregado la posibilidad de participar en mesas de trabajo para discutir las modificaciones a la política habitacional. También la existencia de una Comisión Investigadora.
Una mesa de trabajo.
La intención inicial del Gobierno, por la que se instaló una mesa de trabajo entre el Ministerio y la Asociación Chilena de Municipalidades, fue que una serie de modificaciones ha-brían puesto en riesgo muchos fundamentos de la política habitacional, como la lógica del registro único y que el beneficiario, con el subsidio en la mano, busque un proyecto.
También se generó una situación bastante compleja con la postulación a subsidio para comprar una vivienda usada, la que se pudo multiplicar por 30 mil de no haberse instalado esta mesa de trabajo.
La Asociación está de acuerdo, en gran parte de las observaciones propuestas, tanto con las positivas como con las aprensiones planteadas por los profesionales que expusieron frente a la Comisión previamente.
En ese sentido, es importante que se entregue, no solo para la Comisión Investigadora, sino, también para la Asociación Chilena de Municipalidades, el texto definitivo de las modificaciones, para comprobar se hayan incorporado las propuestas de la Asociación.
Las principales observaciones.
Subsidio de localización. Las modificaciones a éste pueden generar algunas distorsiones y complejidades, sobre todo en las localidades del mundo rural, pero también es importante señalar que, el municipio ha sido testigo de las anomalías a las que ha llevado la aplicación del subsidio de localización al extremo, porque no es lo mismo un proyecto en un lugar del país, donde el subsidio de localización se aplica por 200 UF, que en otros lugares, donde claramente los terrenos son más baratos, y muchas veces se ha aplicado el subsidio de localización al máximo. Cree que es obligación del Gobierno corregir esa anomalía y que tiene sentido modificar la aplicación de dicho subsidio. Sin embargo, restringir la aplicación del subsidio de localización sólo a las tres grandes urbes del país, Santiago , Valparaíso y Concepción, y no aplicarlo en las grandes capitales de regiones, puede generar una distorsión.
En el Municipio se ha hecho una comparación con las modificaciones propuestas al decreto 174, y se ha concluido que de las 345 comunas del país, hay alrededor de 203 en que el monto ideal del subsidio va a disminuir. A favor del planteamiento del Gobierno, se habla de montos ideales, tomando en consideración los subsidios vigentes y la localización por 200 UF en cada una de las comunas. En la gran mayoría, la localización se aplicó por dicho monto.
Hay ejemplos de algunas comunas donde se aplicaba sólo por una cantidad que les permitiera ejecutar el proyecto. Es parte de la discusión pendiente en la mesa de trabajo. Existe el compromiso de trabajar en un cuadro, comuna por comuna, para determinar los costos promedios de construcción en cada una de éstas, con el objeto de generar las modificaciones necesarias. En el papel, se puede encontrar muchas comunas que no podrán construir proyectos habitacionales de este tipo de viviendas, salvo que el ministerio, la ministra o los seremi tengan la facultad de aumentar ese subsidio, entregar una parte del subsidio de localización, con el objetivo de financiar el déficit que se produce a raíz de esos cambios.
Por ende, el Gobierno debe ser mucho más preciso en decidir la forma en que se van a resolver aquellas situaciones; de lo contrario, no queda suficientemente claro si se aplicará la regla general y habrá comunas donde no se va a poder construir.
En cuanto a la situación que planteó la señora Isabel Brain , en relación al ahorro y la inconsistencia que habría para apoyar a los sectores más vulnerables, el Señor Morales opina que para premiar el ahorro precisamente en las familias más vulnerables, se puede estar complicando aún más la situación en el siguiente sentido. Si una familia puede ahorrar 30, 40 ó 50 UF y, producto de eso, el Estado la premia duplicándole ese aporte, aquella estaría acercándose al otro tramo de postulación. Entonces, si el objetivo es potenciar la postulación al Fondo II, porque las familias de clase media tienen poca oferta y poco apoyo del Estado, es importante que se señale de esa manera. De lo contrario, se estaría matando un fondo por privilegiar otro y las familias más vulnerables quedarían fuera. Si a eso se suman las consideraciones realizadas respecto a la cantidad de comunas que disminuirán la aplicación del subsidio, se produce una situación complicada.
Los subsidios rurales. El Ministerio no se hace ninguna referencia a ellos y es importantísimo que se haga. Las Municipalidades lo han hecho ver en las mesas de trabajo y se subentiende que en el sector rural se aplicarán las mismas normas que en la zona urbana, pero si es así, es importante que se exprese y no quede en el aire, sobre todo considerando uno de los comentarios que se han hecho en la Comisión respecto al funcionamiento de los Serviu.
Falta información y limitaciones legales. Falta información del Serviu a la Asociación de Municipios, lo que crea problemas en las Comisiones de Vivienda.
Las municipalidades están reguladas por la Contraloría y tienen muchísimas dificultades al momento de postular los proyectos cuando son EGIS, porque el reglamento del Ministerio establece que al momento de postular se tiene que ir con la empresa que va a construir el proyecto, con el contrato firmado. Y las interpretaciones de las contralorías, sobre todo en regiones, han sido muy diversas. La Municipalidad no puede licitar -en el fondo la empresa constructora- un proyecto que todavía no existe.
Por otro lado, si la Municipalidad no tiene empresa constructora no puede postular, y si asigna en forma directa, incumple la normativa de contratación que tienen las municipalidades.
Hay un déficit claro en término de cuál es el rol real de los municipios, porque no puede ser que los municipios se circunscriban solamente a otorgar los permisos de edificación de los proyectos y se instale cualquier tipo de proyecto al interior de cada comuna.
Muchas veces la respuesta es que los planes reguladores tienen que ser los limitantes. Pero lo que ocurre en algunas comunas es que tienen un plan regulador metropolitano, que no fijan los alcaldes, pero al final, el plan regulador queda amarrado al plan regulador metropolitano en el caso de la RM, con lo cual no se pueden establecer otros requisitos u otros elementos.
Hay un déficit grave de la planificación del territorio y existe la necesidad de que las municipalidades tengan una participación más directa en las definiciones de la localización de viviendas en sus territorios.
El Banco de Terrenos. Hay que ser más precisos en esta propuesta. Suscribe plenamente los planteamientos de los profesionales de la Universidad Católica, porque no hay ninguna claridad en el tema, ni se hace alusión a que vaya a existir un reglamento que regulará eso. Por lo tanto, debe precisarse.
El funcionamiento de las EGIS. La Asociación Chilena de Municipalidades plantea las siguientes grandes preocupaciones: el abuso que se estaba haciendo con los subsidios de localización, el mal funcionamiento de las EGIS y la regulación que estaba en el papel, lo que, en la práctica, muchas veces no se corregía y no está suficientemente claro. Además, se hace una mezcla que debe quedar expresada en el documento en lo referente a quién podrá postular. Se deja abierto a que puedan ser las EGIS, o los municipios, a través de algún instrumento. Eso tiene que ser lo suficientemente claro, tanto para las EGIS que funcionan bien, como para los municipios y las familias que pudieran ser beneficiarias.
Se planteó al Ministerio se dictara una normativa similar a lo que hizo el Sence con las OTEC, es decir, pedir que se certificara su calidad, lo que provocó que la mitad de las OTEC desapareciera. Si se establece un sistema de certificación de calidad de las EGIS, la mitad o un poco menos de ellas desaparecerá y con eso se va resguardando a la gente. La Asociación ha planteado que tiene que clarificarse qué cosas podrán hacer las EGIS exclusivamente, qué cosas van a poder hacer las prestadoras de asistencia técnica, que muchas veces son EGIS, pero a veces no lo son y qué cosas podemos hacer los municipios directamente sin ser OTEC.
El financiamiento. En el desglose del presupuesto de 2011, las unidades de subsidios disponibles se dividen en un tercio para los sectores vulnerables, un tercio para los sectores medios y un tercio para los sectores medios altos. En los presupuestos anteriores se concentraban dos tercios en los sectores vulnerables y un tercio iba para los sectores medios o medios altos. Eso también es algo que hay que revisar, porque la lógica de focalizar el grueso de los recursos en los sectores bajos tenía que ver con las urgencias. Es importante que eso quede claro. Todavía hay un segmento importante de la población que está lejos de acceder a los beneficios de los subsidios. Por ejemplo, en la Región Metropolitana este año hay 6 mil subsidios disponibles para los planes regulares y 30 mil postulantes.
En 2009, el presupuesto total para subsidios que tenía el Ministerio de Vivienda era de 60 mil millones de UF en el programa regular. Hay otras consideraciones, como políticas contracíclicas por la crisis, pero este año hay 55 mil millones de UF en total, de las cuales 21.500 millones de UF están destinados a los programas regulares y 33.500 millones a la reconstrucción.
Entonces, como Asociación Chilena de Municipalidades, que se guía por una visión solidaria y preocupada hacia los sectores que hay que reconstruir en las zonas más afectadas, cree que no es justo que la reconstrucción se esté financiando con cargo a los programas regulares. No hay que hacer un análisis muy profundo para darse cuenta de que en 2009 había 60 mil millones de UF disponibles y en la actualidad hay 55 mil, de las cuales 21.500 sólo se destinan a los programas regulares. Han estado de acuerdo con el Ministerio de la Vivienda en que es necesario plantear al Ministerio de Hacienda la conveniencia de inyectar nuevos recursos, porque las familias de las zonas no afectadas por el terremoto podrán entender, durante un año, que no haya disponibilidad de recursos para financiar sus subsidios, pero no lo entenderán durante dos o tres años, lo cual se puede transformar en un problema político y complejo para todos.
En el 2006 la cantidad de recursos disponibles para los subsidios era 20 mil millones de UF y este año los programas regulares son 21.500. Es decir, se retrocedió cuatro años en término de financiamiento, y el resto de la plata está en la reconstrucción.
Mayor participación en la elección de vivienda.
Sobre las modificaciones que buscarían mayor participación de las familias en la elección de sus viviendas, las modificaciones no dan cuenta de ello. Cuando se intentó instalar un registro único, que es a lo que en definitiva se va a llegar, se pensó que la gente iba a inscribirse e, incluso, a postular en línea, y que cuando se le asignara el subsidio saldría a buscar la vivienda. En el fondo, lo que se busca con esto no es fortalecer la postulación colectiva o la formación de barrios, sino que la entrega del papelito para que cada uno cotice las ofertas.
La principal discrepancia de la Asociación no sólo fue de fondo, en el sentido de que el proceso ahora fuera mucho más individual, sino que muchas familias no iban a poder encontrar una vivienda, porque hoy la gran mayoría de las viviendas del Fondo Solidario 1 son viviendas que para construirse han tenido que vivir todo un proceso: las familias se agrupan, forman un comité, consiguen la asesoría de una EGIS o de la municipalidad -también hay distintas realidades en los municipios-, consiguen el terreno y arman el proyecto.
Hoy, la gran mayoría de los proyectos de viviendas sociales surgen con esa dinámica. Además, es una cuestión que ya está instalada y es difícil cambiarla porque, en el fondo, no hay grandes incentivos a las empresas para que construyan este tipo de casas. Por ejemplo, aquí no se puede aplicar la compra en verde como sucede con viviendas de otro valor, porque no va a haber ninguna empresa o serán muy pocas las que van a estar disponibles para construir un proyecto así.
La rentabilidad económica de muchas de las empresas que se dedican a este segmento tiene que ver precisamente con el hecho de tener asegurada la demanda. Las modificaciones planteadas inicialmente iban en contra de esa lógica. De hecho, muchas de estas cuestiones se corrigieron después de varias reuniones donde al final el ministro y el subsecretario entendieron que se estaba cometiendo un grave error porque, en el fondo, eso iba a ocurrir. Hoy se abre la posibilidad de generar postulaciones individuales y colectivas, porque es el gran seguro que tienen las familias para entender que van a poder tener su vivienda. Es más, en general, los comités de vivienda no son tan grandes; no existen comités de cien familias, son por lo general de 20, 30 ó 40 personas. Sólo después, cuando hay que generar el proyecto, se empieza a buscar más gente, ya que la normativa establece que el máximo son 150 postulantes. Muchas veces los municipios buscan a estas personas en los propios registros. De hecho, informa que están a punto de inaugurar una población donde participan nueve comités, cada uno de 30 ó 40 personas, a la que hoy se le agregó toda la demanda individual. Esta es una cuestión que el Ministerio desconocía, porque lo que querían era evitar que un grupo de dirigentes se adueñara de un proyecto e impusiera a los demás lo que quisiera hacer. Pero la verdad es que, al final, los postulantes individuales igual ingresan de la misma manera.
Don Jorge Larenas , Director del Instituto de la Vivienda , de la Universidad de Chile.
No cree que la revisión de la política habitacional, lleve a la elaboración de una “nueva política habitacional”, sino que se trata de una revisión de situaciones que se venían analizando a lo largo del tiempo y que es necesario corregir. Aunque cree que ha habido poco debate público. Como representante de la Universidad de Chile, manifestó no haber sido invitado a ninguna discusión respecto del tema, no obstante que las universidades pueden hacer un aporte importante. Cree que ha faltado apertura para someter a consideración cuestiones que todos saben que no han funcionado correctamente, y que deben ser sometidas a una discusión técnica y, por qué no decirlo, también política, porque las políticas de vivienda y las políticas urbano habitacionales tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas e involucran un conjunto de otras características, más allá de los subsidios y del aspecto constructivo de las viviendas.
La actual política habitacional.
En ese sentido, es importante plantear que se está frente a una política habitacional que tiene poco más de 30 años de historia, que ha logrado construir un referencial muy claro para todos los agentes involucrados. Éstos saben cómo actuar frente a la política. Los agentes privados y públicos, los postulantes y los habitantes conocen muy bien las reglas del juego. A ese respecto, es importante señalar que las políticas públicas no solamente actúan en la resolución de problemas, sino que también construyen realidad.
Hubo un conjunto de señales que tendieron a hacer ruidos innecesarios respecto a cómo estaba operando la política pública. Fueron señales un tanto temerosas, ya que, obviamente, estaba todo en el contexto de la reconstrucción. Hubo señales que pudieron eventualmente generar una confusión respecto de ese referencial extremadamente claro para los distintos agentes.
Por otra parte, también es necesario entender que la política habitacional -tal como funciona, como ha sido diseñada y como ha venido operando en los últimos 30 años- ha tenido su centro en la resolución del déficit cuantitativo, o sea, producir cantidad importante de viviendas. Pero, hace más de una década que ese objetivo no ha sido suficiente para la política habitacional, y la misma ha tenido que enfrentar otro tipo de situaciones, que se han venido denominando de déficit cualitativo, que se relaciona con el fortalecimiento de los elementos asociados a las redes sociales, con la manera de asociar los elementos a la construcción de capital social, de cohesión social, de inclusión en las ciudades para evitar una serie de consecuencias propias de las urbes contemporáneas. Pero en el caso chileno, donde la política habitacional juega un rol fundamental en la construcción de ciudades, se ve una relación entre la política y los problemas que esa política genera. Eso se relaciona, afirmó el Señor Larenas , con lo que señaló Francisco Sabatini respecto a la situación de los ghettos en las ciudades. Obviamente, en eso la política habitacional ha tenido un rol importante, más allá del hecho de que hay contextos globales que van en esa dirección.
Desde ese punto de vista, una dificultad que se observa en la trayectoria de la política pública urbano habitacional, es cómo instalar iniciativas parciales para hacer frente a ese déficit cualitativo en el contexto de una política habitacional cuyo eje es la producción de viviendas.
La dificultad que se observa y que no se reconoce cabalmente en las indicaciones que se plantean respecto de una eventual nueva política habitacional es que no se pone énfasis en girar el eje de una política viviendista a una política centrada en la construcción de ciudades y todas las bondades que eso conlleva, es decir, construir ciudades más integradas, más amigables, no expuestas a una serie de consecuencias que, además, están instaladas en el debate ciudadano respecto de seguridad, de violencia, etcétera.
Ahí hay una ausencia, aún en la trayectoria propia sobre la cual venía recorriendo la política habitacional respecto de cómo hacer frente a esos temas. Y, al respecto, estimó que hay dos aspectos a destacar: Uno que no necesariamente es propio de la política habitacional, pero que es importante desde el punto de vista de cómo hacer frente a la problemática a la cual se enfrenta la política habitacional, que es recuperar la capacidad de -en este caso, en un ministerio como es el de Vivienda y Urbanismo- vincularse con mayor certeza, con mayor pertinencia, con mayor fineza con la realidad a la que tiene que hacer frente.
Hoy, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está fuertemente centrado en el desarrollo de procesos para otorgar subsidios habitacionales, pero poco sabe ese ministerio respecto de las consecuencias e impactos que tienen esos subsidios habitacionales en la ciudadanía y en la ciudad. Por consiguiente, hay que desarrollar capacidades que están ausentes hoy de la discusión respecto de cómo ese ministerio se hace cargo, más allá de la otorgación de subsidios, de los impactos de esa política habitacional pública.
Hay una serie de estudios que al menos ya fueron licitados, particularmente respecto de una evaluación de impacto del Fondo Solidario. Hay que esperar los resultados de aquello, pero es importante darse cuenta de cómo están actuando, más allá de la otorgación de subsidios.
Otro aspecto que hace falta, es el hecho de abordar la temática del mercado de suelos, porque hay algunas indicaciones respecto de construir banco de suelos. Se han hecho esfuerzos anteriormente en esa materia, pero proceder en esos aspectos es extremadamente complejo por la diversidad de visiones y de intereses que están presentes en el contexto de la ciudad.
Es necesario destacar también que esta política habitacional que ha operado durante 30 años, que no solamente resuelve problemas, sino que también construye realidad, ha instalado en todos los agentes involucrados en el escenario sobre el cual se está discutiendo una visión donde tiende a primar fundamentalmente, con legitimidad, una lógica más bien de valor de cambio por sobre el valor de uso.
Muchas veces, en los intentos por incrementar, por ejemplo, la integración social, la mayor resistencia se encuentra en los propios habitantes. Por lo tanto, una política habitacional no solamente tiene que ver con la operatoria interna de la otorgación de subsidios, sino también con cómo una política habitacional construye realidad y promueve prácticas en los distintos agentes para que vayan en la dirección de incorporar mayor integración y cohesión en la ciudad, porque hay consenso absoluto en la sociedad chilena de que sus ciudades son poco amigables, a ratos agresivas y generan una serie de problemas que hacen difícil la vida cotidiana.
El Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, hace -y lo hacía en las administraciones anteriores- un esfuerzo permanente por no involucrarse de manera importante en la operatoria de la política habitacional. Ha desarrollado un estilo, una orientación de observador de la política habitacional en la gestión y en la operación, observando el trabajo del Serviu, el de las EGIS, observando el de las organizaciones comunitarias que hacen frente a la postulación. Es decir, más bien, hacen una observación de la política habitacional desde la práctica, más que desde los aspectos meramente normativos e institucionales.
En ese sentido, informa el Señor Larenas, el Instituto tiene una cantidad de antecedentes que ha ido recogiendo a lo largo de los años. Hay una serie de fenómenos que tienen que ver con esa práctica, que se han ido consolidando y desarrollando y que es necesario incorporar de mejor manera en el progreso de la gestión.
En ese sentido, le parece que incorporar con mayor energía a los Serviu en el rediseño, en la retroalimentación permanente de la política, es algo importante, pues, finalmente, es el Serviu el que conoce la operatoria, el que se enfrenta a los conflictos y a las diversas dificultades.
Sería recomendable estudiar la posibilidad de incorporar en los proyectos un criterio de evaluación desde el punto de vista de la calidad urbana. En eso hay que ser muy cuidadoso, porque, en la actualidad, cualquier observación que el Serviu haga a la calidad urbana de un proyecto puede significar que la EGIS haga un reclamo a la Contraloría, porque eso no está en el Reglamento. Simplemente, el proyecto tiene que acogerse al itemizado técnico, a aspectos muy propios de la vivienda y no al aspecto urbano. Entonces, una indicación que diga que se va a avanzar en esa dirección tiene que abordar la profundización de los aspectos reglamentarios de lo que significa ser ciudad y calidad urbana. Eso aún no tiene definiciones claras.
Don Igor Rosenmann, Presidente del Comité de Vivienda del Colegio de Arquitectos.
La actual política.
El Colegio de Arquitectos, sostiene que el sistema de financiamiento de la vivienda está en crisis, por lo que cree que tiene que cambiar.
Cree que no hay cambios contundentes a esta política, sino sólo modificaciones que la perfeccionan. En definitiva, lo que dice el señor Larenas es que continúa el mismo concepto de solucionar los problemas de números, de oferta y demanda, y no pensar en la vivienda desde la ciudad.
Por lo tanto, el Ministerio debe comenzar a asumir que es un Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no hay política urbana no habrá buena política de vivienda, ya que esto no sólo involucra unidades, sino a la ciudad entera. La integración social tiene que ver con la integración de la ciudad con transporte, con educación, con salud y con los equipamientos que necesita la vivienda. Un hábitat.
En los 30 años se ha hecho una política que ha logrado superar el déficit y ha construido innumerables viviendas, pero sólo en números. En general, todos los conjuntos de esta política se sitúan en el extramuro de la ciudad, lejos, con poco equipamiento. Las viviendas son de mala calidad, chicas y no se piensa en una ampliación de ellas.
En general, el resultado no es bueno en estos 30 años en términos de calidad, o que esta política haya logrado una ciudad más amable, una vivienda mejor y que la gente se sienta integrada con mejor equipamiento.
Cómo dar un vuelco.
Destacó el programa Quiero mi Barrio, porque ha sido una de las iniciativas más innovadoras de la historia del Minvu de los últimos 30 años; incluso, ha mejorado el espacio público de los conjuntos y estimula en ellos una organización vecinal. Es un programa que estimula lo colectivo. Los funcionarios han vuelto a los barrios, las consultoras han tenido que trabajar con los vecinos. Es una experiencia incipiente, pero que está generando un capital social inédito. Alrededor de 2 mil profesionales jóvenes están trabajando en los barrios; unos 200 nuevos funcionarios del Serviu y cerca de 4 mil nuevos dirigentes barriales de comités vecinales se han estimulado con este programa, lo que ha ido ocurriendo en todo el país.
La visión desde los barrios, de planificar y, por lo tanto, de interescalar -las cosas tienen distintas escalas- es el camino de una política de vivienda más sana y eficiente.
Las siete pistas que propone:
1. Del barrio a la ciudad.
Parte de los conjuntos habitacionales, tales como los considerados por el Programa Quiero mi Barrio, son unidades pequeñas o partes de conjuntos mayores. El mejoramiento del espacio público y de la vivienda sólo adquiere importancia cuando la escala de estos programas tiene impacto en áreas significativas de la ciudad, creando nuevas centralidades e incorporando nuevos equipamientos. Por ejemplo, en La Serena, se mejoró la población 18 de Septiembre. Se hizo un parque, se mejoró un nodo y se creó una sinergia de mejoramiento de la ciudad en que no sólo estaba el tema de la vivienda. Si allí se incorporaran estos programas de vivienda, sería mucho más integral, pero no se hizo, porque está pensado sólo en espacio público.
2. Del subsidio individual a la territorialización de la inversión.
Esto supone claramente una vuelta a la planificación urbana, es decir, a la priorización y focalización de la inversión pública y a la orientación de la inversión privada en determinadas zonas de la ciudad. No se va a lograr nada en términos de integración social y de mejorar la vivienda real si no se logra que estos subsidios de localización o cualquier instancia de este tipo se territorialicen, o no se definan en términos de planificar. Esto es necesario, porque, de manera libre, provoca especulación, el aumento de los valores del suelo y, por lo tanto, quienes ganan son definitivamente los propietarios de éste. Entonces, así se podría recuperar, incluso, el sentido original del subsidio de localización y, por lo tanto, una real posibilidad de lograr la tan deseada integración social.
3. De la participación informativa a la participación vinculante.
Cuando se analiza el plebiscito de Vitacura, la lucha vecinal que hubo con el plan regulador de La Reina, el proyecto elemental en que hay participación de la gente en su diseño, incluso, de la vivienda en su conjunto, demuestran cuando los procesos de consultas, es decir, la participación ciudadana puede ser vinculante.
Las municipalidades tienen una labor muy importante, en la educación de los pobladores. Para que se produzca esta participación vinculante y no se caiga en acceder cualquier cosa que la gente quiera, hay un proceso educativo, que es importante para que la población tenga esa noción, que entienda la dimensión multiescalar de los problemas urbanos y no se circunscriba sólo a su entorno inmediato, a lo que quiere para su familia.
Ésa es una materia que debería interesar a las direcciones de obras de las municipalidades, por lo cual deberían abrir instancias educativas para la población acerca de lo que es la ciudad y sus posibilidades.
4. De la vivienda insuficiente al diseño suficiente.
Una idea es la autoconstrucción. Si la vivienda social dinámica sin deuda o el Fondo Solidario 1 en la práctica terminaron con la mítica tríada ahorro-préstamo-subsidio. Es decir, si, en definitiva, el ahorro, el préstamo y el subsidio no fueron suficientes y hubo que inyectar fondos de Chile Barrio y de otras partes, queda demostrado que la salida no es la escalada de los montos de los subsidios que, en esos casos, en que se mejoró la calidad y que hubo participación vecinal, llegó a 750 unidades de fomento.
Queda claro que la calidad también tiene que ver con el monto de los subsidios, pero no se puede terminar en una escalada de aumento de los subsidios para mejorar la calidad; también se puede pensar en construir una parte de las viviendas y asegurar su crecimiento a partir del diseño original mediante un sistema de autoconstrucción de ampliaciones.
Se debe terminar con la noción de que se debe entregar una vivienda de buena calidad absolutamente terminada, porque cuestan lo que cuestan. También existe la posibilidad de entregar viviendas que se puedan ampliar. Hay que pensar en la vivienda con la posibilidad de ampliación para mejorar la calidad. Así se retomaría la tradición de la vivienda popular, que puede complementarse con la producción de componentes o partes que los usuarios podrían utilizar en sus ampliaciones, como muros, ventanas, techos que se puedan incluso comprar en el mercado, por supuesto, con asistencia técnica.
5. Del déficit habitacional estadístico a la búsqueda de respuestas específicas a las necesidades de la familia.
La estimación estadística de los déficits habitacionales conduce habitualmente a una sola respuesta: construir más viviendas nuevas. Esa solución, que parece obvia, a veces puede ser errónea. Las necesidades de las familias podrían ser satisfechas con la ampliación de sus actuales viviendas, pues uno o dos dormitorios adicionales podrían resolver muchos problemas.
No hay que confundir el allegamiento, que puede tener una dimensión solidaria, con hacinamiento, que tiene una dimensión física. Es decir, se puede solucionar problemas de vivienda con la misma vivienda que se habita con la familia de allegados. A lo mejor es posible vivir con los hijos sin necesidad de más terreno del que se posee, quizás sólo se necesita un diseño de vivienda distinto. A veces, el allegamiento puede ser una oportunidad.
6. Del mercado desregulado a las reglas y control público.
La ciudad, los barrios y las viviendas no son elementos abstractos, intercambiables, en los cuales los agentes económicos se ajustan automáticamente; necesitan control público. No es necesario analizar lo que ocurrió con el PET y en los subsidios, que se entregaron sin mucho control público. No obstante, hay que poner atención en lo que está pasando con las EGIS, porque una buena cantidad de los subsidios del Fondo Solidario II se gastó en operaciones de traspaso intrafamiliares; es decir, en compraventas entre familiares.
7. El eje de toda política de vivienda, de toda política urbana moderna, avanzada, está en la producción social del suelo urbano que asegure la posibilidad de contar con terrenos para viviendas de sectores de bajos ingresos. Es decir, se debe asegurar producción social del suelo para los sectores bajos.
No se puede seguir pensando que esa gente se va a seguir yendo donde el suelo es más barato y punto. Eso es crucial. Por lo tanto, es necesario transformar el Estado benefactor en los sectores más vulnerables, en los sectores de bajos ingresos y, por lo tanto, crear bancos estatales de suelo. Asimismo, se necesitan instrumentos que reduzcan la especulación y la apropiación de plusvalía.
Acerca de cómo se puede lograr congeniar la planificación urbana, que hoy se hace a través de los planes reguladores, con la necesaria libertad que deben tener las personas para optar, expresó que la verdad es que no hay libertad.
Esto es lo que cuesta que entiendan los ingenieros comerciales. Por ejemplo, afirmó que en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo faltan urbanistas, geógrafos, en fin. Lo que pasa es que el mercado del suelo no es móvil. Es fijo, está determinado el precio, el mercado está determinado por lo que tiene alrededor. Por lo tanto, no existe libertad. Por eso existe Las Condes, que tiene un alto valor del suelo, y hay otros sectores que no lo tienen por sus condiciones externas. Depende de lo externo.
Eso ha hecho, a través de la historia, que ciertos valores del suelo en la ciudad sean mayores y otros menores. Si se considera la distribución del ingreso que hay en Chile, que es bastante dispar, la gente de bajos ingresos no tiene otra posibilidad, porque el mercado le va a hacer su vivienda en el lugar más barato. Por lo tanto, no hay libertad.
La única manera de lograr esa integración y que haya mejor calidad de viviendas es planificar desde el Estado, es decir, definir cuáles son las áreas desde la disciplina del urbanismo. Por ejemplo, en el pericentro de Santiago, en las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda , Ñuñoa , que están cercanas al casco histórico, hay alrededor de mil hectáreas eriazas.
No hay una política urbana de terrenos eriazos. Hay industrias abandonadas que tienen infraestructura de agua potable, electricidad, desde hace muchos años, y están subutilizadas. También colegios, etcétera.
Si se piensa que es posible con voluntad política hacer una política de suelo urbano, de preservar ciertos suelos para el tema social, por ejemplo en esas áreas, se haría una ciudad mucho más entera.
Eso requiere política estatal. Requiere territorializar y planificar, porque en realidad la libertad no existe en ese caso. En otros casos sí que existe.
Doña María de la Luz Nieto, experta en política habitacional.
La política habitacional existente hasta 2010.
En primer lugar, lo que ha sido el recorrido de lo que hoy se conoce como política habitacional chilena, es un orgullo para el país, pues es famosa internacionalmente.
En la década de los ochenta, lo principal fue la instalación del subsidio habitacional como un modelo de programa, como una forma de acceso a la vivienda, asunto que partió en 1978. Se hicieron esfuerzos por mejorar el mercado, tratando de entrar en sectores de ingresos que nunca antes habían tenido acceso.
En los noventa se hace énfasis en la población pobre, especialmente en los quintiles 2 y 3, entendiendo ello bajo la línea de pobreza. Por primera vez se planteó la inclusión de los temas urbanos con cierta fuerza en el discurso de la política y en buena parte de las inversiones públicas.
Comenzando la década del 2000, vino un cambio muy significativo que consistió en intentar hacer una segmentación del mercado en dos grandes sectores: aquéllos a los cuales se atiende con viviendas que no les generan deuda a las personas, esto es, solamente con ahorro y subsidio, y el segmento complementario, que debe ir a buscar su crédito en el sector bancario, lo que significa que el Serviu se retira en forma definitiva y total de la función de otorgar créditos hipotecarios y deja de tener la gran cartera morosa que había tenido hasta ese momento.
Durante ese período, cambia la focalización. En la década anterior, la focalización partía desde el quintil 2, desde el 20 por ciento hacia arriba de la población, entendiendo que las personas que se encontraban en el quintil 1 -en ese tiempo se llamaba extrema pobreza- tenían problemas tan urgentes de sobrevida que no tenían prioridad de tiempo ni dinero para dedicarle a la vivienda.
En la década del 2000 se focalizó en la extrema pobreza, precisamente por el surgimiento de estos programas sin deuda, que requieren muy poco aporte económico por parte de las familias. También se levantaron con gran preponderancia, y por primera vez con mucha fuerza, las inversiones urbanas. Es decir, ya se va entendiendo la vivienda en la ciudad.
En 2006 pasan cosas que hoy marcan fuertemente la realidad y este, entre comillas, cambio de política. Primero, cambió el criterio de focalización de antes -que había sido focalización en pobreza utilizando el instrumento ficha CAS-, y se pasó a focalizar en vulnerabilidad, utilizando el instrumento Ficha de Protección Social. Básicamente, la focalización se centra en los quintiles 1 y 2.
El discurso político está muy enfocado en la calidad e integración social.
Hay esfuerzos significativos, en términos programáticos y de inversiones, de integrar lo urbano y lo habitacional. Por primera vez se dan intervenciones programáticas significativas en la ciudad construida, a través de los programas de Protección del Patrimonio Familiar , o PPPF, y Quiero mi Barrio.
Diagnóstico al 2010.
Este diagnóstico consta de los siguientes puntos:
-Una reducción del déficit habitacional, lo que se reconoce como un avance exitoso del país en términos de un largo plazo.
-Se reconoce que el estándar de las viviendas es adecuado, aunque se están entregando con relación a los programas públicos. Las viviendas son de buena calidad y tamaño.
-Se identifican problemas de focalización, que tienen que ver con la vulneración de los instrumentos que se usan para ese fin y con la forma como se califican los factores de selección de los beneficiarios de los programas de viviendas.
-Se detecta un crecimiento en los precios fomentado por los programas. Hay ciertas características y formas de instrumentos de los programas, que han producido un efecto no deseado en términos de impactar fuertemente en los precios.
-Falta de incentivos a la competencia. Los programas están demasiado estructurados; la gente tiene pocas oportunidades de elegir producto de esta falta de competencia en el mercado, y hay una insuficiente atención a los sectores medios. Esos son los elementos centrales del diagnóstico, que dan origen a lo que en la convocatoria se llama Nueva Política Habitacional.
En su opinión, no hay nueva política habitacional, pues los programas son los mismos y no han variado. Hay algunos decretos en proceso de tramitación, pero, a la fecha, no hay ninguno nuevo. Por lo tanto, hay una combinación distinta de los programas, pero no existen políticas nuevas.
No ha habido variación de los instrumentos. Se está trabajando con los mismos instrumentos de focalización, de acceso al financiamiento, incentivos para los bancos, etcétera.
No ha variado el modelo de acceso a la vivienda, ya que, básicamente, es un modelo que provee financiamiento para que las familias de determinadas características y perfiles puedan acceder a ciertos tipos de viviendas y con ciertos procedimientos.
Hay cambios en el discurso. Por ejemplo, están muy centrados en los seis puntos anteriores.
-Desaparece del discurso y de la página web del Minvu el tema de la integración social.
-Se atenúa el énfasis en la calidad, elemento central del discurso del Gobierno anterior.
-Se flexibilizan los estándares mínimos.
-Había cuadros normativos y definición de requisitos por partida muy detallados, que hoy día se agregan, se flexibilizan y se basan más bien en entender que las ofertas y las empresas deben cumplir con las normas, con las leyes y con los reglamentos. Por lo tanto, eso es suficiente. No se declaran estándares en forma precisa.
-Se relaja la revisión previa de los proyectos. La revisión se hace de manera general.
-Se fortalece la capacidad de elegir.
-Se abren alternativas y las personas pueden postular colectivamente o en grupos y elegir proyectos de su grupo o de otro, o proyectos individuales. En fin, hay más mezclas y se intenta separar la oferta de la demanda.
-El quintil 2 pasa a formar parte de los sectores medios.
En el escenario anterior, el quintil 2 estaba constituido como un sector de enlace entre los sectores más pobres -quintil 1- y los sectores medios. Cuando recién se instaló esta división entre un segmento de mercado sin deuda y un sector de mercado que tenía acceso a crédito bancario, inmediatamente se planteó el tema de la “zona gris”, que era precisamente este quintil 2, que no calificaba por su condición socioeconómica para los programas sin deuda, pero tampoco calificaba por sus ingresos para ser un sujeto de crédito bancario.
Entonces, hoy en día se entiende que el quintil 2 es parte de los sectores medios emergentes y, por lo tanto, se trata como si pudiera tener acceso a los programas de sectores medios.
Análisis de los cambios.
Se ha definido como objetivo mejorar la focalización, lo que piensa que es un objetivo extremadamente difícil. Primero, porque no se está replanteando qué es la focalización. Ésta siempre se ha definido a través de la ficha de protección social. Por lo tanto, está definido que es la vulnerabilidad el criterio por el cual se va a focalizar el programa de viviendas. Si se piensa que la población vulnerable no necesariamente coincide con la población que requiere viviendas, entonces, hay que empezar a pensar hasta qué punto el instrumento de medición de focalización es el adecuado para focalizar programas de vivienda, o en qué medida los programas de viviendas forman parte de una política social integral que va a permitir que estas familias vulnerables dejen de serlo o mejor se robustezcan en relación a su capacidad de supervivencia por encima del nivel de vida. Es muy difícil. Es prácticamente imposible salirse de la ficha de protección social. El costo económico, político y social que tiene el pensar en inventar un instrumento nuevo es muy complejo.
Si se está pensando verdaderamente en mejorar la focalización, quizá, la invitación es a conversar sobre cuáles son los elementos de la ficha de protección social que deberían tomarse como diagnóstico de la situación de carencia de vivienda y, a lo mejor, construir un índice distinto. Esto surgió como idea antes de 2010, pero se alcanzó a llevarlo a cabo, aunque es posible.
Es un parche agregar el puntaje de carencia habitacional. No puede ser que al puntaje de vulnerabilidad que mide una determinada cosa se le empiece a sacar puntos, porque se está tratando de reflejar las carencias. Entonces, una familia que tiene 14 mil puntos queda en 8 mil puntos, porque le falta esto y lo otro o porque la casa se le cayó con el terremoto.
La invitación desde el punto de vista de política y de construir política es darse un tiempo para reflexionar y pensar cómo se puede focalizar los programas de vivienda, porque allí el instrumento de focalización tiene dos funciones:
Una, es un instrumento, una barrera de entrada. De tantos puntos para acá puedo pensar que constituye el acceso al programa sin deuda, que tiene un 90 y tanto por ciento del subsidio, es un regalo o una transferencia de fondos fiscales al patrimonio de la familia, que es muy grande. Entonces, se usa como barrera de entrada. Y, además, se usa para priorizar dentro de la fórmula que da puntaje a las familias que postulan.
El segundo punto dentro de estos comentarios finales dice relación con la calidad. No se puede bajar la guardia de la calidad. Ése es un pequeño giro, no un cambio de política. Pero hoy día el discurso dice: las empresas tienen que cumplir con las normas, tienen que sacar su permiso municipal, que es suficiente para asegurar que la calidad del proyecto sea buena. Se va a tener revisores independientes en los proyectos, en fin.
Es cierto, toda esa normativa existe, pero no es suficiente con la normativa.
Primero, en ese período, del 98, se dijo que en Chile faltaban muchas normas; debería haber miles más que las que hay. La velocidad de dictación de normas de este país no es suficiente. Segundo, se dijo que tiene que asegurarse la calidad, algo que permita asegurar que la norma se cumpla. Debería haber algo; una especie de superintendencia. Y, en ese sentido, el ministerio tiene una obligación legal, dictada en 1996, en relación a resguardar y asegurar la calidad de lo que se construye, en el caso de las viviendas en que se aplican los subsidios habitacionales. Entonces, no basta con decir “vamos a asegurarnos de que los constructores cumplan con las normas”, sino que hay que hacer cosas adicionales. Por ello, se inventó la asistencia técnica, la revisión previa de proyectos, los revisores independientes.
Por último, otro tema que hay que mantener en un nivel importante de las definiciones, y de los instrumentos de programas que se creen para satisfacer esas políticas, es frenar la segregación socio-espacial o combatirla, en la medida de lo posible.
La segregación socio-espacial es el resultado indeseable de una política que se propuso entregar una gran cantidad de soluciones habitacionales a un país que tenía más de un millón de déficit. Hoy día es una realidad indeseable para todo el país, no sólo en términos urbanos, en el sentido de que hay ciudades de un tipo y de otro, sino que también indeseable en términos de la convivencia social y de los efectos políticos. Hay barrios de la ciudad que tienen un comportamiento distinto de otros, porque esas personas se sienten segregadas, fuera de los circuitos formales.
Hay que legislar sobre el suelo urbano. Hay muchos países de Europa que tienen legislación sobre el suelo urbano. Los precios del suelo no pueden ser explosivos en función de apropiarse de plusvalías que provienen de inversiones públicas o de desarrollos de la ciudad que son totalmente ajenos a los esfuerzos del propietario del suelo. La expresión “engordar el suelo” es muy usada entre los empresarios inmobiliarios. Por tanto, dicho tema ya no es solo de gobierno, sino también de legislación; hay que abrir esa conversación.
Enseguida, se necesita una política decidida a combatir la segregación. En el gobierno pasado se adoptaron algunas medidas, como cinco o seis. Se hizo esfuerzos para mover el mercado de la vivienda usada, los pequeños proyectos, proyectos de pequeña escala; los proyectos de integración que permitan mezclar subsidios de distintos tipos para tratar de que vivan en el mismo barrio gente de distinta capacidad económica, en fin; el subsidio a la localización, que tuvo efectos tan indeseados, pero que también fue un esfuerzo por integrar.
En cuanto a las mejoras en la calidad en el último período, éstas son verificables. Un ejemplo de esas mejoras se encuentra en el aumento de la superficie de cada vivienda construida. Las viviendas del Fondo Solidario llegaron a 54 metros cuadrados, en las modalidades de adquisición de viviendas construidas, y a más de 45 metros cuadrados en la modalidad de construcción de viviendas nuevas. Eso lo puede ver cualquier persona en el sitio web del Ministerio. En el Observatorio Habitacional hay un documento que resume todos los resultados de ese período.
También hubo mejoras en el número de habitaciones de las viviendas. De hecho, desde fines de 2006 empezó a exigirse que las viviendas tuvieran como mínimo dos dormitorios y un proyecto de ampliación para un tercer dormitorio, como contrapartida al aumento de superficie.
Asimismo, hubo mejoras en los materiales, en la aislación térmica y acústica. En ese pe-ríodo se dictó la norma de aislación térmica y acústica y se empezó a exigir el uso de materiales que resistieran un cierto tiempo la acción del fuego.
En el último período del gobierno anterior se implementó el subsidio térmico, cuestión que forma parte del programa del actual Gobierno. El objetivo de dicho subsidio es mejorar la condición térmica de las viviendas, a fin de que haya más confort dentro de los hogares y se gaste menos dinero del presupuesto familiar en combustible.
En cuanto a la falta de oportunidad para elegir, se había construido un sistema, especialmente el Fondo Solidario, en que la lógica era que se trataba de familias muy pobres, con muy bajos niveles de ingreso. Y la lógica de la atención era grupal.
Inicialmente, el fondo solidario tenía una lógica únicamente grupal y la idea era que ese grupo tenía que ir acompañado de un proyecto, debido a la experiencia adquirida en materia de postulación grupal con las viviendas progresivas desde 1990 en adelante.
Es bueno señalar que esa experiencia fue un verdadero desastre, porque las familias, los grupos, muy entusiasmados con un proyecto de vivienda, compraban un terreno que no ser-vía para nada, descubrían que habían invertido un montón de su dinero y no podían construir porque el terreno no era factible urbanizarlo, porque tenía pendientes excesivas, porque estaba fuera del radio de concesión de las sanitarias, en fin, por los más diversos motivos.
La idea original casi nunca se puso en práctica. Distintas personas hicieron aportes al diseño y éste fue cambiando. Pero la concepción inicial del diseño contemplaba que las familias con muy pocos ingresos tenían que generar un proyecto, lo que significaba reconocer lo difícil que era acceder a la vivienda, implicaba hacer esfuerzos. Había que conseguir que el proyecto fuera hecho también reflejando sus ideas, sus gustos, sus posibilidades, sus necesidades. Se hablaba de proyectos TT que quería decir proyectos “tiqui-taca”.
O sea, para postular al programa había que tener un proyecto hecho, completo, con el permiso municipal, con el terreno comprado o con promesa de compra, de manera que en todo el proceso de llegar a construir un proyecto habitacional las familias comprendieran todo lo difícil y caro que era. Por lo tanto, ése era su aporte principal. Las 10 UF eran adicionales, pero el aporte principal era haber levantado ese proyecto y al grupo.
Posteriormente, se hizo un ajuste, se podía entrar al programa sin contar con el terreno, sin el permiso, había calificación condicional. Se relajaron los requisitos y, por lo tanto, se transformó más bien en un proyecto inmobiliario que buscó demandantes. La idea no fue que familias necesitadas buscaran proyectos, sino que la lógica se construyó al revés.
A partir de ahí se construyeron elementos para tener pocas oportunidades de elegir, porque la lógica del proyecto inmobiliario era: “Si tengo 50 familias, todas ellas están obligadas a comprar en mi proyecto, porque yo las postulé y les conseguí el subsidio. Si alguno de ellos se retira, se muere o se cambia de ciudad, entonces tienen que esperar que yo consiga un reemplazante para poder irse de mi proyecto.”.
Cuando empezaron las trabas, la gente comenzó a quedar un poco prisionera de las inmobiliarias, de las EGIS como se llamaban en ese tiempo. Hoy está muy desacreditada esa palabra, por lo que inventaron otra pero que, en el fondo, es lo mismo.
Se están flexibilizando los estándares. El cuadro normativo que hoy rige, o el que va a regir a futuro, tiene menos requisitos y menos exigencias que el cuadro normativo que regía hace un tiempo.
Se dice que la revisión previa de los proyectos será más general, que no van a entrar al detalle, porque se supone que si el proyecto tiene el permiso municipal, ya está revisado. Además, en algunos casos se pide un revisor independiente.
La diferencia entre estándar y calidad sin duda es cierta. Estándar y calidad son dos cosas distintas, pero la Señora Nieto habló de calidad, no de estándar. Expuso que se relajan los controles de la calidad, que solamente quedan en pie los controles que están descritos por la institucionalidad vigente en el más amplio sentido, para cualquier proyecto.
Entonces, los proyectos sociales son proyectos que están muy ajustados en los precios. Para llegar al precio hay variación en la calidad de los materiales, o sea, no es un proyecto cualquiera. Los proyectos sociales requieren un cuidado especial. Si se relajan estándares y se flexibilizan los controles, lo que se hace es dejar más margen para que se empleen materiales de menor calidad.
En la construcción de un proyecto de vivienda social difícilmente van a encontrar a un maestro especializado, sólo van a encontrar gente con poca calificación. Entonces, la colocación de los materiales también tiene ciertas debilidades.
Los controles, el inspector de obra y el inspector externo residente en la obra son elementos que hay que mantenerlos vivos para asegurar que la calidad siga siendo buena.
Respecto de los efectos indeseados del subsidio a la localización, claramente se debe a que no se supo cómo aplicar. La aplicación del subsidio a la localización fue en forma indiscriminada, con pocos controles. Faltó control georreferenciado. Se sabe dónde están los buses, los colegios y las postas. Basta mirar la ubicación del proyecto y se puede decir si tiene o no derecho a este subsidio.
También, está el tema de aplicar el subsidio a la localización a la vivienda usada, que se suponía que iba a provocar un impacto en términos de mejor localización y también de mayor superficie de las viviendas que se estaban comprando con el fondo solidario. Pero el impacto más fuerte fue subir los precios, sin contraprestación, de las viviendas usadas y del suelo.
Aparentemente, hoy se piensa en que el subsidio de localización que no se ocupe en pagar el precio del suelo se pueda aplicar al proyecto de vivienda. En ese sentido, se tendría un defensor de precios en los propios interesados, en el propio grupo. Pero tal como están puestos los incentivos en el subsidio de localización es puro darle afrecho al chancho, con todo el respeto de las señoras diputadas y de los señores diputados.
No se creó una cosa que se controlara por sí misma y que tuviera incentivos en ser eficiente, en que efectivamente se lograra el objetivo de una mejor localización, y no se lograra sólo el objetivo de inflar los precios.
El tema de las viviendas desocupadas también pasa por la vulnerabilidad o por la corrupción que existe en relación con acceder a un subsidio habitacional.
Desde que se inventaron estos subsidios sin deuda, los subsidios del fondo solidario, es tanta la cantidad de dinero que está encima de la mesa que hay inmensos esfuerzos para vulnerar los requisitos de acceso.
De hecho, si uno lo mira estrictamente en términos económicos, hay una cantidad grande de dinero para pagar por vulnerar el sistema. Se hizo una investigación específica, supervisión de las fichas CAS, y se encontraron cosas que se llevaron a la Contraloría.
Se decía que la Ficha de Protección Social era mucho más segura porque se verificaban los elementos. Pero también ocurre que muchos de esos elementos de la verificación automática hacen que la gente cambie de condición económica de un mes para otro, ya sea porque le pagan un subsidio o porque la guagua cumplió dos años, etcétera.
El instrumento tiene debilidades para focalizar viviendas, sobre todo en programas en que existen tantos recursos económicos que se regalan. Es un patrimonio del Estado que pasa al patrimonio de las familias beneficiadas.
Don Juan Pedro Pinochet , Director Ejecutivo de la organización Un Techo para Chile.
Un Techo para Chile.
Un techo para Chile nació de la gestión del padre Felipe Berríos , que ya no es capellán. En la actualidad está presente en 19 países, incluido Chile, con la marca Un techo para mi País.
El año pasado la organización participó activamente en todo el período de emergencia, motivo por el cual el Señor Director asistió a una comisión en la que estaba el diputado Juan Carlos Latorre .
Desde 2008 no han construido mediaguas, salvo las que construyeron el año pasado con ocasión de la emergencia del terremoto.
Su objetivo central es convertirse en una EGIS. Actualmente, Un techo para Chile tiene 115 proyectos sociales inmobiliarios, de los cuales han entregado 26.
Cada uno de estos proyectos es un parto.
Básicamente, el modelo de la organización -más que la mediagua, o la vivienda definitiva- se orienta a fortalecer el capital social, la integración social, que es a lo que se refirió la señora María de la Luz Nieto . Se busca empoderar a la familia y generar oportunidades, a través de un proceso de habilitación social en todo el trayecto, desde la mediagua hasta la construcción del concepto de barrio, no de vivienda definitiva. Ese es el eje central de Un techo para Chile.
Respecto del ahorro. Como fundación participan en el sistema y queremos cambiarlo, pero a partir del mismo sistema. Nunca han estado de acuerdo en que solamente aporten 10 UF, porque no creen en los regalos, pero tampoco creen que poner ahorro en un período tan breve de postulación va a mejorar el sistema. De hecho, Un Techo para Chile solicita las 10 UF al momento de la postulación, pero ellos siguen ahorrando hasta la entrega de la casa, como una forma de educarlos para enfrentar el momento de la entrega de la casa, cuando tienen que pagar luz, agua y todos los servicios básicos.
Por lo tanto, hay que buscar otra fórmula diferente a la del ahorro.
Para Un Techo para Chile es esencial la postulación, porque si bien entienden que la postulación individual facilita las cosas y consideran que debe haber postulación individual, creen que es difícil lo colectivo si no se entiende que hablan de políticas públicas que es donde radica la mayor expresión de la participación ciudadana.
Para que una familia de campamento participe en la compra del terreno, en elegir la tipología y en controlar a la constructora, Un Techo para Chile participa en todo el proceso. Ésa es la única forma en que se puede ser ciudad y país, porque después, esto puede ser aplicado no sólo a la vivienda, sino a la salud y a todos los ámbitos de la participación ciudadana.
Si no se incentiva lo colectivo, se está dejando en manos de la oferta y la demanda algo que es sagrado para un país como lo es la participación de sus ciudadanos.
Un Techo, como institución, lo más probable es que en los próximos años deje de trabajar en campamentos, porque se van a terminar, pero Un Techo Para Chile va a ser la fuente para meterse en los barrios, en los blocks, y generar este capital social, para que la gente vuelva a retomar sus barrios.
La única forma de borrar los grafitis de una ciudad es que la junta de vecinos se haga cargo de su entorno. Si no se entiende eso, no se va a generar nada.
Una de las cosas bellas que ha pasado a la organización en este tiempo es llegar a ser EGIS, que está al servicio del país y que administra grandes sumas del país. Un Techo tiene diez mil familias que representan alrededor de 200 millones de dólares. Que los jóvenes de Un Techo Para Chile administren 200 millones de dólares no es broma y lo clave es la diferencia entre inversión y gasto fiscal. Se puede entender que es un gasto fiscal o una inversión fiscal.
La inversión no es un gasto, pero inversión en el sentido social, porque la organización se preocupa de que las ampliaciones sean hacia el interior, con el objeto de que no se afecte el sentido conjunto y no pierda plusvalía. Eso hay que fomentarlo, porque, de lo contrario, es un gasto que va a pérdida.
Respecto a las postulaciones colectivas. A su parecer, hay descalce que se genera si no se incentiva lo colectivo en forma tangible. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, donde se reconoce una necesidad de 200 mil viviendas, habría descalce. Si esa cantidad de viviendas fueran por postulaciones individuales, el descalce entre la demanda con respecto a la oferta va a ser infinito y van a pasar décadas en que calcen y se puedan cruzar la demanda con la oferta. Es decir, la demanda es mayor a la oferta.
En segundo término, los márgenes de construcción son tan bajos que hacen que la cosa sea muy fina. Si bien se reconoce buena intención a todas las personas que trabajan en el Ministerio de Vivienda en lo colectivo, esto no es garante, sino discrecional, pues mañana no van a estar esas personas y el reglamento va a ser abierto tanto para lo individual como para lo colectivo.
Hay discrecionalidad en cuanto a la asignación de los montos de subsidios y de localización, dependiendo de la ciudad o región. A veces, ello no cuadra con las realidades. Construir o comprar un terreno en Antofagasta, Copiapó o Iquique es infinitamente más caro y no tiene el subsidio de localización que tiene Santiago , Valparaíso o Concepción; es decir, no se adecua a las realidades de cada región.
Por otra parte, se ha tratado de generar la figura de Coegis, ya que ser Coegis con una municipalidad ha tenido buenas y malas experiencias; no obstante, sería productivo generar la alianza entre lo público y lo privado.
Don Vicente Burgos , Director del Programa Vivienda Definitiva de la organización
Un Techo Para Chile.
Comentarios generales.
Se hace parte de la discusión en relación con que al principio los cambios fueron anunciados por el Ministerio como una nueva política habitacional, en septiembre u octubre del año pasado, y que había un borrador de un decreto que circuló.
Sin embargo, en enero aparecieron nuevos borradores que tenían incorporadas muchas más elementos de política habitacional que la que se está ejecutando actualmente. En consecuencia, en cuanto a hablar de una nueva política habitacional, cree que si bien se cambia el decreto, se hacen ciertas modificaciones y ese debería ser el espíritu del análisis del decreto. No considera que exista una nueva política, sino una política que incorpora muchos elementos, modificando algunos y cambiando otros radicalmente. Lo importante es que se hace cargo de cuestiones de la política antigua o, a lo menos, lo intenta.
Agradeció que la División de Política Habitacional de este Gobierno los haya invitado a algunas discusiones en el Ministerio, independientemente de que les haya ido bien o mal, de que los hayan convencido o no, pero existió interés por escucharlos y eso se debe valorar.
Temas que les preocupan.
El subsidio de localización. En un principio se eliminaba completamente, pero ahora, si bien se reducen algunos montos, se mantiene en algunas ciudades. Esto expresa que hay modificaciones y no reformas estructurales, ya que se mantiene el subsidio de localización, que incluso, se relaja en muchos términos. Los montos se mantienen para algunas ciudades, y en otras se reducen. Hay ciudades que salen perjudicadas como Antofagasta, Iquique y Copiapó .
Las perspectivas de ejecutar proyectos de vivienda no son muy auspiciosas. Los montos que se contemplan en el presupuesto para la construcción de nuevas viviendas en nuevos terrenos, son comparativamente más bajos que los que se dieron en años anteriores.
Respecto de los incentivos para generar nuevas apuestas de proyectos de viviendas, pareciera ser que la solución para los campamentos no es una erradicación o una construcción en nuevos terrenos, sino más bien la radicación en terrenos actualmente ocupados. Por ejemplo, en Valparaíso más de 9.000 familias viven en campamentos y no existen terrenos bien localizados para esas 9.000 familias. Se tienen que buscar propuestas de radicación. La organización está intentando una en el campamento Manuel Bustos , que pretende justamente radicar a esas familias, lo que implica un esfuerzo mayor que construir un proyecto habitacional, porque no hay un decreto que regule una radicación, sino que son varios los ministerios y las reparticiones involucradas.
Respecto de las propuestas del Ministerio, hay ciertos aspectos positivos, como reconocer la carencia habitacional con mejoras a los puntajes de postulación, pero la verdadera modificación debiera ser una reforma de la ficha de protección social. Sin embargo, eso no se está discutiendo acá.
También hay incentivos a un mayor ahorro de las familias, pues el Estado entregará más unidades de fomento si es que la familia ahorra más. En este sentido, solicitó que esos montos fueran superiores para familias en algunos proyectos. La idea es que esos ahorros se materialicen en mejoras a los nuevos proyectos, es decir, a un mejor estándar de los mismos.
La postulación a proyectos de viviendas en nuevos terrenos. Ésta, actualmente, es colectiva, pero cree que el proceso de generación de un proyecto de vivienda es muy rico, probablemente, es el momento más rico para generar capital social en las familias que van a ser beneficiadas posteriormente.
Un proyecto de vivienda es mucho más que eso, incluso, es mucho más que un barrio. Puede ser el primer acceso a servicios o la consolidación del acceso a servicios de muchas familias que se benefician con el programa.
La nueva propuesta del Ministerio establece la posibilidad de postular colectiva e individualmente, pero en el caso de esta última ya no sólo para la compra de viviendas usadas, sino que también a una nómina de proyectos, es decir, existe la posibilidad de postular individualmente y luego elegir una casa nueva.
Esa última posibilidad puede ser muy riesgosa para la construcción de barrios, porque si bien la postulación se simplifica, los incentivos en esta nueva propuesta estarían en la postulación individual. En cambio, no existirían incentivos tangibles para la postulación colectiva. De hecho, en el proceso de postulación colectiva, ser dirigente en un comité de vivienda es un verdadero “cacho”, porque la gente reclama y hay que ir a pelear al Ministerio si es que la EGIS hace algo malo o si no se aprueban los subsidios. Si la gente se enoja, su enojo recae sobre los dirigentes y generalmente, a los dirigentes no se les paga por sus servicios.
El incentivo para ser dirigente y mantener una postulación colectiva tiene que estar respaldado por cómo se generan los proyectos. De otra manera, lo que puede pasar es que al haber incentivos individuales, ante la primera pelea los grupos se disgreguen y postulen individualmente a proyectos.
La postulación individual amenaza seriamente la sustentabilidad del barrio. Las postulaciones individuales no eran beneficiosas, porque en las listas la familia no tenía ninguna posibilidad de elegir en qué casa quería vivir o dónde vivir. La persona llegaba a su casa, abría la puerta y se encontraba con dos vecinos que no conocía. El desconocido podía ser el infierno, porque no existía relación entre estas personas. Ahora, se apuesta a que se conozcan durante el proceso, sin embargo, es una apuesta arriesgada.
Cuando se diseñó la EGIS se pensó que podría ser una contraparte activa de la constructora. Puede que eso no se haya cumplido en la mayoría de los casos, pero la solución no es renunciar a ser contraparte de los procesos mediante proyectos individuales, porque, en el fondo, la constructora estará mucho más libre de hacer lo que desee con el proyecto.
En definitiva, para proyectos de vivienda social en sitios nuevos las postulaciones deberían ser exclusivamente colectivas o con incentivos fuertes, decididos, a los comités. Éste es el principal objetivo de Un Techo para Chile.
Respecto de los incentivos para proyectos de buena calidad integrados a la ciudad. En la actualidad se respeta lo que la política tiene por proyectos de integración. Con algunos porcentajes se generan incentivos para que en un mismo terreno haya proyectos de Fondo Solidario de Vivienda I, Fondo Solidario de Vivienda II y DS 40. Sin embargo, hasta la fecha en el país sólo se ha llevado a cabo un proyecto integrado.
Se entiende que también hay otro tipo de proyectos integrados, como el Fondo Solidario de Vivienda I, que encuentra terrenos bien ubicados dentro de la ciudad. Como dijo Juan Pedro Pinochet , esto muchas veces puede ser un “cacho”, porque no hay quién se la juegue por la integración. Lo dijo, con “conocimiento de causa”, porque tienen terrenos que están muy bien ubicados, pero que históricamente tienen problemas. Por ejemplo, en Puente Alto la organización lleva trabajando cuatro años en un terreno y recién hace una semana ganaron el subsidio. Ello se debe a que no existían incentivos para limpiar legalmente el terreno. De hecho, cualquier EGIS o constructora se habría ido rápidamente de ese terreno, ya que a nadie le interesaba un proyecto de vivienda a cuatro años o con una dificultad alta. Ese proyecto se va a construir donde actualmente está el campamento, entendiéndolo como una apuesta de integración a la ciudad que cree es la mejor forma de mantenerlos donde están.
Respecto de las EGIS. Si una EGIS hace bien su trabajo, esto es, busca el terreno para la familia, realiza un proyecto integrado, permite que las familias participen en el diseño de las casas, es transparente y se transforma en una contraparte efectiva de la constructora, hoy en día recibe los mismos montos por parte del Ministerio que una EGIS que hace lo mínimo exigido. O sea, no hay ningún incentivo para ser una buena EGIS. Hay algunas que lo hacen por tener otros fines más allá de lo económico, pero hoy no es un buen negocio. En consecuencia, algunas han pasado a tener un corte inmobiliario y tratan de subir los precios para ingresar más plata o, derechamente, se mezclan con las constructoras y se elimina la posibilidad de que sean una contraparte efectiva.
Lo hacen porque hoy ser EGIS no es atractivo. Entonces, para sacar una parte del negocio inmobiliario prefieren ser un agrupador de demanda de la constructora y generar mayores ingresos. Por eso, la fiscalización de las EGIS, más allá de este decreto en general, debería apuntar a que no haya confusión con las constructoras y, al mismo tiempo, generar incentivos para que las EGIS estén motivadas para hacer buenos proyectos, no los mínimos.
Labor del Serviu.
El Serviu actualmente es un servicio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que revisa proyectos de acuerdo a la nueva política, no genera nuevos proyectos por sí solo. Sin embargo, el Serviu fue conceptualizado como un organismo generador de proyectos, su planta fue contratada para eso y sus departamentos fueron generados con ese fin. En la actualidad, gran parte de las complicaciones para hacer un proyecto de vivienda están dentro del Serviu, no porque haya mala voluntad, sino porque los mismos funcionarios muchas veces se ven complicados por la burocracia.
Por ejemplo, los departamentos se manifiestan a través de ordinarios, no hay un sistema en línea de postulación. Se critica mucho el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero está en línea, se puede ver lo que está pasando con un proyecto. Probablemente, uno de los problemas de las EGIS es que no son transparentes, porque controlan la información. La mejor forma de transparentarlas es que el Serviu tenga un sistema en línea mostrando a cada familia en qué está su proyecto, cómo va, si avanzó o está retrasado. Así se le haría mucho más difícil la “pega” a las EGIS que están lucrando con las familias.
Tampoco hay criterios nacionales muy claros. Lo afirmó, pues la organización construye desde Iquique hasta Valdivia diferentes proyectos y los criterios aplicados en una región son totalmente diversos a los de otra y eso, evidentemente, desgasta la generación de proyectos.
Al mismo tiempo, como el Serviu ya no ejecuta proyectos, tampoco tiene muchos incentivos para apurarse en sacar nuevos proyectos, pues simplemente debe asignar los presupuestos necesarios, lo que genera que haya demoras en la aprobación de ellos.
Un modelo único estandarizado. En ese sentido, en primer lugar, cree que debería existir un modelo de gestión único, estandarizado, para cualquier proyecto, incorporando elementos que se encuentren interiorizados. Es decir, no hay que inventar la rueda, sino copiar buenas prácticas de otros organismos del Estado.
Segundo, que la revisión de las normas para los proyectos ingresados cuente con una normativa clara, como dijo la señora María de la Luz Nieto , en el sentido de que se especifique exactamente como lo establece la norma y no lo que pasa hoy, en que muchas veces hay que predecir los criterios, pues hay proyectos ingresados que pueden cambiar de acuerdo al revisor. Eso no es lo esperado; quizás se podría apostar a que las Direcciones de Obras, cuya revisión puede ser insuficiente, tuvieran más instrumentos para revisar. ¿Por qué no integrar el cuadro normativo de las viviendas sociales a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y que sea la misma Dirección de Obras la que verifique si se cumple esa normativa?
En consecuencia, la idea es institucionalizar al Serviu como un organismo fiscalizador activo y no un contralor revisor de escritorio del cumplimiento de la norma.
La fiscalización que ha recibido Un Techo, del Serviu el último año ha sido mucho más exhaustiva en cuanto a lo técnico que en cuanto a lo social. O sea, para cumplir con los estándares hoy de habilitación social que se exige a una EGIS, se debe hacer un acta de asamblea, protocolizarla ante notario, que los socios vayan a firmar y, en el fondo, se puede certificar lo que quiera. Si se va a tomar seriamente la apuesta para que los proyectos de vivienda generen capital social y, al mismo tiempo, buenas prácticas, acercamiento a los servicios y, ojalá, heterogeneidad con los barrios, se debe fiscalizar mucho más para que tanto las EGIS como Un Techo para Chile, cumplan bien su trabajo.
Un Techo para Chile manifestó al Ministerio su preocupación respecto de los proyectos individuales como de los colectivos. La argumentación que se les ha dado es que los proyectos individuales van a tener menos plata en los llamados, lo cual significa que van a ser mucho menos incentivados.
Al igual que Juan Pedro Pinochet , el Señor Burgos cree en la buena intención de las personas, pero esas autoridades pueden cambiar y puede haber otros incentivos. Si se produce una lista de 50 mil personas individuales, es algo muy difícil de aguantar, por más que se asignen pocos proyectos. Una cola puede producir problemas y terminar presionando, porque se asignen más proyectos individuales.
Con respecto a las personas que no pueden acceder a un comité. En primer lugar, han experimentado proyectos que tienen una cabida de 100 personas y un comité con 60 familias. Este mismo comité sale a buscar a otros, incluso, allegados, lo cual enriquece los proyectos, porque la fusión entre familias heterogéneas genera que no se armen proyectos homogéneos, en el fondo, entre familias iguales. Son buenas prácticas en proyectos de viviendas.
En segundo lugar, estaría bien si se hicieran proyectos individuales, pero cree que tienen que ser subsidiarios a los colectivos. Esto es, si hay proyectos colectivos que completan un llamado, no hay proyectos individuales. Es decir, que pasen a segunda fila. Por lo tanto, que haya un llamado claro a la votación colectiva por parte del Ministerio.
Cómo incentivar a las EGIS. Hoy en día, una EGIS con un desempeño mediocre recibe el mismo dinero que una con un desempeño óptimo. Sin embargo, se debe demostrar que ser buena EGIS es mejor negocio que ser una EGIS más o menos o derechamente mala. Esto se logra así: Primero, debe haber más fiscalización de la calidad de los proyectos por parte de Serviu y no las revisiones que se hacen hoy consistentes en verificar las personas que están en Dicom. Segundo, que haya transparencia para las familias en cuanto a poder revisar en qué están sus proyectos. Tercero, que se rebajen los montos bases de la EGIS y que se establezcan incentivos a las buenas prácticas. Por ejemplo, que por tantos metros cuadrados generados por encuesta de evaluación de un año se genere más dinero. En otras palabras, incentivos que guarden relación con que el dinero ganado por ellos dependerá de qué tan bien realicen su trabajo.
Otro elemento en relación con las EGIS. Las familias empoderadas previamente a sus proyectos serán, probablemente, mucho más exigentes con sus EGIS que aquellas que pos-tulan en forma individual y que no van a tener capacidad de exigencia.
Se preguntó por las realidades diferentes de las regiones, es decir, dónde están las diferencias en las regiones y cómo se pueden encontrarlas. Hay dos elementos. Para revisar proyectos hay que tener diferentes criterios. Lo ideal sería que éstos fueran regionales. Incluso, a través de los Serviu, se puede asegurar que esos proyectos estén a la altura de las necesidades regionales y comunales, si están regulados de acuerdo con las necesidades de las familias. Si se logra que las familias participen bien en los proyectos, esas necesidades también se van a verificar.
Con respecto a los montos que pudieran cubrir en algunos casos, hoy en día sucede lo contrario. Por ejemplo, algunos Serviu exigen más en sus ordenamientos técnicos -por ejemplo, el de Valparaíso-, pero no hay más dinero asociado. En el fondo, se tiene que hacer más con el mismo dinero que en otras regiones. Entonces, ¿cómo se hace efectivo un buen incentivo para hacer proyectos adecuados a la región? Primero, participación de verdad de las familias y, segundo, si se va a exigir más, entonces, que se asuma asignar más recursos.
Don Daniel Jadue , arquitecto y sociólogo.
Consideraciones sobre la política que se está presentando.
Más que una política de cambio, se aprecia una política de continuidad, pues no percibe modificaciones sustanciales respecto de lo que se venía haciendo y que permita hablar de un cambio en la política. Eso le lleva a pensar que si no se hacen las cosas de manera distinta, no va a haber resultados distintos a los actuales y que ya se conocen.
Las ausencias.
Destacó la ausencia de un debate conceptual bastante más amplio. Es más, expresó que se quedó con la sensación de que se sigue restringido a una política que entiende la vivienda como un objeto-casa, es decir, como un techo con distintas cantidades de metros cuadrados para albergar distintos niveles de privacidad, pero no más que eso. No se hacen cargo, por ejemplo, del impacto que produce la vivienda en la construcción de ciudad, lo cual lleva a un problema muy relevante en las últimas décadas, cual es que con la política de vivienda se ha extendido enormemente la ciudad, situación que todavía no se ha evaluado.
Cree que se confunden temas. El derecho a la vivienda, que está constitucionalmente refrendado, se confunde con el derecho a ser propietario, pero no son lo mismo. El derecho a habitar un lugar seguro y en buena relación con todo lo que da la vida es un derecho que debe protegerse y que no debe confundirse con esta intención manifiesta de querer convertir a todo el mundo en propietario, porque eso restringe la política de vivienda, en el sentido de que se puede hacer sólo lo que la gente puede pagar o lo que el Estado puede financiar con un subsidio. De esa manera se cierran otras alternativas, como un arrendamiento preferencial, que pudiera permitir la movilidad. Hay que tener presente que desde el momento en que se entrega una vivienda, ésta empieza a ser transformada; pero la ciudad que se entrega con la vivienda no puede ser transformada o cuesta mucho transformarla. Ello demoras muchos años. Y si se construye mal la ciudad, considerando los estándares de los espacios públicos, hay problemas. De hecho, en las últimas décadas la política de vivienda ha generado más problemas que los que ha resuelto.
Ausencias en el tema de la vivienda. Dos asuntos a contraponer. Se sigue asumiendo la vivienda como un bien accesible, no como un derecho y, se insiste en la vivienda como objeto-casa, y no como aquel lugar en torno al cual gira la vida, que para los especialistas, es la vivienda. De hecho, la vivienda es un proceso dinámico: al comienzo de la vida familiar una vivienda puede quedar grande, pero luego, en la mitad de esa vida queda muy ajustada. Finalmente, nuevamente puede quedar grande. Y aquí lo que se entrega es algo que se puede modificar.
Por lo tanto, es fundamental estudiar y discutir el concepto de vivienda, que no existe. Se parte de un hecho dado. Es necesario reconceptualizar la vivienda, lo cual también implica, entre otras cosas, reconceptualizar el déficit. Porque si se cambia el concepto de vivienda y se entiende que es algo más que el objeto-casa, es decir, se vincula con el trabajo, con el estudio, con el esparcimiento, se podría llegar a la conclusión dramática de que muchas de las viviendas entregadas en las últimas décadas pasaron a ser parte del parque deficitario desde el momento en que se entregaron.
Una vivienda de lujo, en una parcela de agrado de 5.000 metros cuadrados, con todo el mármol que quieran ponerle. Si un hijo tiene un accidente grave, se cae a una piscina y no alcanzan a llevarlo al centro asistencial más cercano para atenderlo, es una pésima vivienda. Quizás pueda ser una buena segunda vivienda, pero no es una buena vivienda.
Por otra parte, falta la evaluación participativa y comprensiva de las políticas de vivienda y, además, la evaluación participativa y comprensiva de la calidad del espacio urbano que las políticas han creado en las últimas décadas.
La vivienda, una vez entregada, comienza un proceso de transformación, en tanto que la ciudad queda igual.
Evaluación de la sustentabilidad de las políticas de vivienda. Esto se ha perfeccionado. Valora que se haya mantenido el subsidio a la ubicación, a pesar de que cree que es poco y que no ha sido efectivo. Es más, con el último cambio del PRMS que se hizo en Santiago y el valor de las hectáreas que se están incorporando ya queda fuera del valor. Antes del cambio, se podían aceptar viviendas sociales; después del cambio, duda que alguna haya quedado dentro del rango de valor propio de las viviendas sociales.
También destaca la ausencia de las variables medioambientales, sociales y culturales. No se incorpora el concepto de manejo de cuenca en la política de vivienda. Ésa es la causa de que en los últimos treinta años se haya estado construyendo en zonas de riesgo, en zonas donde se generan problemas.
Al final, todo esto es un problema de platas, de cuánto se gasta en la política de vivienda. Hay que considerar cuánto gasta la ciudad después para resolver los problemas de congestión que producen los viajes desde las viviendas mal ubicadas. El 20 por ciento de los viajes diarios que se generan en la Región Metropolitana son de estudiantes, y el 9 por ciento de viajes, que es el porcentaje que le sigue, se hacen por razones de salud. Con cada 50 millones de dólares que se pierden al mes en el Transantiago se podría hacer funcionar buenas escuelas en la periferia, que evitarían una gran cantidad de viajes que generan congestión y polución. Además, si se sigue pavimentando todas las cuencas, va a haber mucho más peligro de escorrentías.
El problema es que hay un debate sobreideologizado. En otras etapas de la historia del país, hubo una sobreideologización hacia un lado. Hoy hay una sobreideologización en términos de concebir el mercado como el que resuelve todos los problemas. Ahí hay un tema pendiente de discutir.
Sin duda, la sustentabilidad también es una materia a considerar en todo esto. Hay que medir la vida útil de las viviendas. Si de pronto se olvidara igualar el derecho a la vivienda con el derecho a ser propietario, se podría construir muchas mejores viviendas, que durarían mucho tiempo más y que podrían arrendar a valores preferenciales, como se hace en muchos países desarrollados. La idea es que exista la posibilidad de poder vivir en un lugar adecuado, que permita encontrar un buen trabajo y relacionarse mejor con la ciudad, teniendo derecho a cambiarse a una vivienda del tamaño que se necesite en cada etapa de la vida. Aquí las viviendas nuevas se las entregan a parejas jóvenes, que luego tienen hijos, por lo que les quedan chicas. Pero después esas parejas se quedan sin sus hijos, porque se van, y la vivienda les queda grande. Es complejo. Alargar la vida útil de la vivienda, como proceso, puede ser un resultado de desideologizar el debate.
Asimismo, falta plantear y explicar cuál es el rol que juegan las políticas de vivienda en la reproducción, producción o eliminación de capital social. Cuando alguien es radicalmente trasladado de su lugar de residencia, altera todas sus relaciones y el capital social que tiene, con lo cual se crea otros problemas.
Don José Jara, Presidente del Comité de Vivienda de la Cámara
Chilena de la Construcción.
La Cámara Chilena de la Construcción desde hace varios años viene sosteniendo que la política habitacional necesita ser reformada.
Las propuestas de la Cámara Chilena de la Construcción.
A la entidad le preocupa terminar en el más breve plazo con el déficit habitacional. En ese sentido, sugiere las siguientes medidas:
-Promover el desarrollo de un subsidio único para el programa Fondo Solidario de Vivienda, con el cual los ciudadanos pueden elegir libremente el tipo de vivienda y su localización.
-Simplificar al máximo los procedimientos, evitando la excesiva burocracia que, a nuestro juicio, tiene el decreto supremo 174.
-Unificar en un solo decreto el Fondo Solidario de Vivienda II y el decreto supremo 40, aplicando al FSV II la normativa más simple y expedita del DS 40, sin perjuicio de que todas las reglamentaciones son perfectibles.
Señala lo anterior porque estima que la política habitacional debiera promover el desarrollo de un subsidio único, mediante el cual los ciudadanos puedan elegir libremente: el tipo de vivienda, ya sea nueva o usada, promoviendo así la movilidad habitacional, en caso de ser usada; el valor de la vivienda, su localización y también la forma de financiarla.
De igual forma, estiman necesario que los ciudadanos deban esforzarse para la adquisición de su vivienda, por lo que los subsidios no debieran, necesariamente, ser equivalentes al valor de la vivienda.
En general, y dada la situación actual, la Cámara Chilena de la Construcción ha venido promoviendo las siguientes medidas concretas:
-Continuar con los programas asistenciales de adquisición de viviendas hasta que se supere el déficit habitacional.
-Mantener los programas de subsidios con deuda que permitan terminar con el déficit habitacional.
-Continuar con programas para la ampliación y mejoramiento de las viviendas existentes y de su entorno.
-Facilitar la movilidad habitacional, manteniendo un número determinado de subsidios para la vivienda usada, fomentando la movilidad habitacional. Estimamos que la gente que salga de la vivienda usada pueda acceder a una vivienda nueva o usada de mayor valor, con lo cual se mejora el parque de viviendas existentes en el país.
En cuanto al diagnóstico, la Cámara Chilena de la Construcción ha venido proponiendo algunas modificaciones a la actual política, que se podrían resumir en propuestas para el Fondo Solidario de Vivienda I, para el Fondo Solidario II y para el decreto supremo 40.
En el caso del Fondo Solidario de Vivienda I, su diagnóstico señala que el subsidio de localización no siempre se destina a pagar el precio de terrenos con buena ubicación, infraestructura y servicios, sino que a financiar parte de los costos de la construcción y urbanización, porque es muy complejo cuando se predeterminan valores para localización o valores para construcción.
Por otra parte, el subsidio de construcción de la vivienda no es suficiente para cubrir los costos, dadas las exigencias del cuadro normativo y de las mejoras en el estándar de las viviendas por las normas que se han modificado en materia de aislamiento térmico y acústico.
Se ha propuesto un subsidio único de un valor tal que no produzca problemas de borde con los subsidios orientados a la vivienda que se adquiere con subsidio más deuda. Este subsidio podría estar diferenciado en tres tipologías con montos diferenciados de subsidios: Para renovación urbana y densificación, para radio urbano y para fuera del radio urbano y extensión urbana.
Con ello se lograría focalizar el uso de los recursos provenientes de los subsidios, simplificar su tramitación y posibilitar que los presupuestos correspondan a los costos reales. En el fondo, lo que la entidad quiere es que el subsidio único para la vivienda sin deuda no produzca un problema de borde al piso de la vivienda con deuda, produciendo un incentivo, a su juicio, perverso, porque gente que podría hacer un esfuerzo para adquirir una vivienda no lo hace y se coloca en la fila del Serviu a pedir un subsidio para la vivienda gratis.
Dentro de la misma propuesta de modificación del Fondo Solidario I, la Cámara Chilena de la Construcción ha sugerido, desde 2009, la siguiente mecánica:
-Que las personas presenten sus antecedentes a los Serviu, de acuerdo con los cuales obtienen un puntaje que les permite calificar como beneficiario del Fondo Solidario de Vivienda I. El puntaje de cada postulante se entrega a través de un certificado.
-Que las empresas presenten a los Serviu proyectos que cumplan con los cuadros normativos y las especificaciones técnicas del Minvu, y así obtengan la calificación de proyecto que cumple con la normativa exigida.
-Las personas pueden elegir libremente una vivienda entre los proyectos que cuentan con la precalificación del Minvu. De esa manera, se evita lo que ha ocurrido muchas veces, esto es, que al postular en conjunto las personas y los malos proyectos, estas personas, por el hecho de ser muy pobres, de todas maneras obtienen el subsidio y acceden a esos malos proyectos.
-Que una vez que la gente habilitada para tener subsidio elige estos proyectos precalificados, se comunique el inicio de las obras al Serviu, quien debe designar una inspección técnica de las obras, y la inmobiliaria contratar a una empresa que efectúe el plan de habilitación social o, en su defecto, la designa el Serviu.
-La inmobiliaria puede solicitar anticipos de pagos de los subsidios para el financiamiento de las obras, entregando como garantía la hipoteca del terreno, boletas de garantía y avance de obras.
-Una vez terminadas las obras, se obtiene la recepción municipal y de la ITO designada por el Serviu.
-Se escrituran e inscriben las viviendas a nombre del beneficiario, se pagan los subsidios y se recuperan las boletas de garantía por anticipos.
Con respecto al Fondo Solidario de la Vivienda II y al decreto supremo 40, la Cámara Chilena de la Construcción ha venido proponiendo que se elimine del DS 174 el capítulo segundo, relativo al programa Fondo Solidario de Vivienda II, y que se modifique el DS 40, incorporando dentro de su reglamentación al capítulo segundo del DS 174, sobre Fondo Solidario de la Vivienda II.
También, propone que el valor de la vivienda objeto del subsidio debiera iniciarse a partir del valor de la vivienda sin deuda, con un subsidio decreciente según aumenta dicho valor. Es decir, que decrezca el valor del subsidio según aumenta el valor de la vivienda. La gente que lo aplica a una vivienda de mayor valor se supone que tiene mejor situación económica y puede optar a un crédito mejor.
Proponen un crédito hipotecario complementario y la exigencia de la ficha de vulnerabilidad equivalente a la que se solicita para el FSV II. Es decir, que para los tramos inferiores de la vivienda, en los cuales el monto de los subsidios representa una parte importante del porcentaje del valor de la vivienda, también se le tiene que exigir la ficha de protección social a las personas.
En relación a las postulaciones, que ellas sean, según lo establecido en el DS 40, postulaciones grupales e individuales.
También proponen otras normativas del DS 40, por ejemplo, que a la vivienda se le exija cumplir con el número de recintos mínimos. Por tratarse de una vivienda de mercado creen que es sobrerregulador el hecho de exigirles demasiado, en otras palabras “hacerles la plana a los arquitectos”. Hay que dar libertad, pues, en definitiva, es el mercado el que asigna los recursos. En ese sentido, cuando hay un crédito de por medio la gente perfectamente es capaz de elegir su vivienda, de manera que los que construyan viviendas que no correspondan con los gustos de la población se va a quedar sin venderlas.
Respecto de algunos comentarios en materia de reconstrucción, señaló que la simplificación de la política de vivienda propuesta, en cuanto al manejo de un subsidio estándar o único, debiera ser el lineamiento a replicar en condiciones de emergencia, como la actualmente existente, puesto que eso permitiría una gestión rápida, para minimizar la incertidumbre en cuanto a la solicitud y ejecución de recursos adicionales.
En estos momentos, el programa de reconstrucción explica el ritmo del inicio de las obras. Se observa que las construcciones que se han iniciado en sitio propio son 3.000 y que 8.000 han iniciado la construcción de viviendas en nuestros terrenos. Incluir Cuadro
Por otra parte, quiero poner especial hincapié en el siguiente cuadro, porque hay un problema en ciernes. Entre los miles de subsidios están los que se han otorgado en los años anteriores y los que se han entregado el 2010 y el 2011, para el programa regular o plan normal. Incluir cuadro.
El número de subsidios para el 2010 y el 2011 en el plan normal es claramente inferior, en buena proporción, al otorgado en los años inmediatamente anteriores. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los subsidios para la reconstrucción en las comunas que no han sido beneficiadas con esos subsidios.
Finalmente, señaló que después de la descripción de los subsidios hay otro cuadro que muestra en millones de unidades de fomento el programa 2011, el cual también es tomado del ministerio. Incluir cuadro.
Doña Paulina Henoch , del Instituto Libertad y Desarrollo.
Una política social tiene que ser constantemente perfeccionada. Es la motivación del tema de los ajustes de la política habitacional.
El fin de la política habitacional es que las familias puedan adquirir un hogar digno, es decir, un estándar de calidad mínimo y una localización deseable, en un plazo razonable.
Eso es lo que siempre se tiene que perfeccionar; siempre van a haber ajustes en este sentido.
Los ajustes que el Instituto ha evaluado van en la línea de mejorar la gestión y avanzar en un sistema más justo y equitativo.
Actualmente, existen tres tipos de subsidios. El Fondo Solidario de Vivienda I, el Fondo Solidario de Vivienda II y el D.S. 40.
La principal diferencia es que el primero no tiene deuda. Las familias deben reunir 10 UF.
El segundo es para las familias que tienen que reunir 30 UF. Es para el 40 por ciento de las familias más vulnerables. Puede ser financiado por un crédito complementario.
El D.S. 40 es para sectores medios que tienen una mayor capacidad de ahorro y pueden adquirir créditos.
¿Cuáles son los problemas que se están viendo y que tratan de mejorar estos ajustes, según como lo ve Libertad y Desarrollo?
El año pasado, con el terremoto y la reconstrucción se detectaron 3 mil casas desocupadas. Entonces, se generó la necesidad de que las familias se comprometieran con el uso de las viviendas. Además, mejorar la forma en que se elige a los beneficiarios.
El segundo diagnóstico del problema es que las personas prefieren entrar al programa sin deuda. Si se analizas los datos que se pueden sacar del observatorio habitacional del Minvu, se puede concluir que la cantidad de familias que ingresan al programa del Fondo Solidario II es casi nula, el que está entre el Fondo Solidario I y el D.S. 40. Por lo tanto, se genera la necesidad de corregir esa discontinuidad y, además, diferenciar los proyectos de los fondos solidarios I y II.
El tercer problema es que en la actual política no existe un premio para el grupo emergente. No se está mejorando a la clase media. No hay un premio al esfuerzo y tampoco se ayuda a la movilidad social.
Entonces, se muestra y se propone un montón de beneficios adicionales, principalmente, para mejorar la movilidad social y, al final, el concepto que se tenía de que el subsidio era para toda la vida, puede cambiar, a las familias les puede ir mejor y tener la opción de revender la casa.
Otro tema importante en el diagnóstico es que el valor de la construcción de la vivienda ha aumentado significativamente.
El gráfico muestra que los costos se han disparado. Incluir gráfico.
Si se multiplica el valor, expresado en unidades de fomento, por los 40 metros cuadrados de una casa, se verá que la inflación en los últimos seis años es importante, especialmente, en los últimos tres, 2006 a 2009.
Entonces, se crea la necesidad de que exista una tasación comercial de los terrenos que desarrollen proyectos del Fondo Solidario I, que el valor esté dentro de un rango razonable y que se definan criterios para ello.
Grupos vulnerables, medios y emergentes.
Primero están los vulnerables, al que pertenece el 20 por ciento de los hogares. La ficha de protección social debe ser de 8.500 puntos hacia abajo. Sin deuda, potenciando la localización y habilitación social. Además, se incorpora un premio al ahorro y al aporte del terreno. Esto último es muy importante para la integración, especialmente, en el caso rural.
El grupo de emergentes es para familias de bajos ingresos que actualmente arriendan, por un valor entre 30.000 y 100.000 pesos, porque les queda más cerca del trabajo y prefieren tener la opción de decidir donde vivir.
La idea es generar mejores proyectos y que el costo del crédito adicional no sea muy alto. Por esa razón, el subsidio está pensado en el 50 por ciento del valor de la vivienda.
En el grupo medios, se simplifica el procedimiento, disminuyen los trámites y se amplía a 2.000 unidades de fomento el valor de la vivienda.
Anteriormente se dijo que hasta diciembre de 2010 el subsidio iba a ser de 2.000 unidades de fomento, pero con esto se acuerda que continuará en ese valor, manteniendo las garantías hipotecarias para facilitar el acceso a vivienda.
Los principales ejes de las modificaciones a la política habitacional es que sigue abarcando al 60 por ciento de la población de menores ingresos.
Continúa actuando de manera progresiva, es decir, reciben más, las familias más pobres.
No obstante lo anterior, se eliminan las discontinuidades entre las opciones, se simplifica el sistema, se mejora el programa y se incorporan modificaciones al cálculo para identificar de mejor manera a las familias, a los que son pobres dentro de los pobres. Se evalúa la ficha de protección social, el tamaño del grupo y la antigüedad del comité.
El subsidio se relaciona estrictamente con el valor de la vivienda. Esto es muy positivo porque la familia puede decidir vivir en una mejor vivienda, que cueste más, pero con un menor número de subsidios. Queda en ellos la decisión.
Las familias pueden postular a cualquiera de los tres grupos de manera individual o colectiva. Este punto es nuevo, porque anteriormente, especialmente el primer grupo postulaba de manera colectiva.
En la primera alternativa se postula directamente al Serviu y apoya. Mientras que en la segunda se puede continuar utilizando a las EGIS o, si las familias lo prefieren, pueden recibir la asistencia técnica de una entidad patrocinante.
Los proyectos deben ser calificados técnicamente por el Serviu. Se valora la localización y la calidad de los proyectos.
Ese punto va en la línea de lo que se tiene que hacer. Anteriormente se evaluaba sólo a las familias que postulaban, y parece muy positivo que ahora también se evalúen los proyectos, para no tener casos como de viviendas que están muy bien pero no tienen servicios públicos cercanos.
Además, las empresas sin fines de lucro que hagan esos proyectos, si tienen una muy buena evaluación, pueden adquirir otros beneficios. Está pensado desde el lado de la oferta.
El subsidio se relaciona directamente con el valor de la vivienda, especialmente la segunda parte, es decir, los medios y los emergentes.
Los certificados del Serviu no son vinculados al proyecto habitacional y pueden ser utilizados en cualquier alternativa. Se cambia el concepto de adquirir una vivienda nueva por adquirir una vivienda. Ello les parece muy positivo.
Las personas registradas en las postulaciones de las familias no podrán recibir otro subsidio habitacional durante un período de tiempo acotado.
Encuentra muy bueno ese punto como para corregir lo relacionado con las casas no habitadas.
Además, se firma un documento en el que las familias se comprometen a que la información entregada sea veraz.
En la práctica esto no es fácil de revisar, pero, al mismo tiempo, cree que debe haber un compromiso.
Por último, las modificaciones serán realizadas de manera gradual, respetando los subsidios acordados, o si prefiere, el beneficiario puede acogerse al programa con las modificaciones.
Como instituto quiere reforzar que es importante recordar que los programas sociales efectivos no son aquellos que van creciendo y ampliándose en el tiempo. Por el contrario, las políticas sociales son efectivas en la medida en que cada vez menos personas dependen de ellas. Así también, cree que los cambios introducidos son necesarios en todos los sentidos.
Ante la consulta de por qué en su intervención reproduce tanto la expresión “positivo” cuando se lleva un año y medio sin política habitacional, respondió que la visión es muy positiva, dado que la política anterior tampoco se hacía cargo de los problemas que se están mencionando. Entonces, los ajustes se están haciendo cargo de los temas de integración. Hay un premio por ahorro. Hay cosas que faltan, pero no le pareció el lugar para presentarlo, como el tema del campamento. Para ella es un tema prioritario, pero no creyó necesario incluirlo dentro de la política habitacional, sino como un caso puntual de 36 mil familias más o menos, que tenía que ser abarcado con otras instituciones y no sólo con el Ministerio de Vivienda.
Don Pablo Trivelli , arquitecto.
Le parece muy bien que la gente se refiera al coeficiente, al código, a cualquier cosa, pero lo que no hay es una política. Tiene la sensación de que es más fácil “echarle para adelante que saber para donde uno va”.
Cree que no hay una política de desarrollo urbano y que no hay una política de suelo, y cuando no hay ninguno de esos dos elementos de contexto, que son centrales para poder hablar de la vivienda, entonces sólo se está hablando de “cómo producir casitas”. Pero no se está hablando de dónde, ni de hacer ciudades, ni de cómo esa gente se integrará a un barrio o a una ciudad y a las oportunidades que ofrece la ciudad como el empleo, la educación, todas esas cosas.
Efectivamente la Política de Subsidio Habitacional, como instrumento, ha sido muy útil. Hay una serie de láminas donde se muestra cómo ha bajado el déficit habitacional en Chile. Además, si se mira en un contexto más a largo plazo y se observan los permisos y edificaciones versus los subsidios otorgados, la realidad es que la proporción de viviendas que no tienen subsidio es importantísima.
Desde el punto de vista macroeconómico, de la estimulación de la economía, es fundamental y no funciona bien.
Hay una sobreideologización de este tema mal concebida, porque se sigue hablando del subsidio a la demanda como si existiera libertad de demanda, eso no existe.
Desde que se creó el subsidio, los beneficiarios recibían su voucher y los acopiadores del subsidio juntaban unos grupetes que los vendían a las inmobiliarias, las constructoras; hoy son las EGIS. Esas cosas se transan.
Entonces, lo que está a la vista es que el beneficio, en definitiva, es para las empresas inmobiliarias, a la larga esto es un negocio.
Hay que reconocer que esto es un negocio y no cree que haya que abolirlo. La gente que está metida en eso espera ganar, es todo con fines de lucro y mientras más lucro mejor. Los resultados y las consecuencias son obvios. Hay una contradicción entre los intereses de los beneficiarios de los subsidios, de los voucher y las empresas que trabajan por lucro en esto. La expresión más elocuente de eso es que incluso con subsidio de localización más de la mitad de las viviendas sociales construidas se localizan fuera del Gran Santiago, dentro la Región Metropolitana.
El subsidio estaba pensado para que se pudieran quedar ahí. La demostración de que eso no funciona, de que salió como un tiro en el zapato, es que el 90 por ciento del déficit está en las 34 comunas, el 10 por ciento está afuera.
¿Dónde están los subsidios de localización?
El 50 por ciento afuera y el otro 50 por ciento adentro.
¿Por qué pasa eso? Porque alguien quiere maximizar el lucro. Todo el mundo sabe que el costo de edificación, el diseño de la vivienda y todas las variables son conocidos, menos la tasa de ganancia y el precio de la tierra.
Si se acepta que la tasa de ganancia se uniformiza porque hay competencia, cosa que no hay, la única variable sería el precio de la tierra.
¿En qué lugar es donde más se gana? Precio de la tierra significa localización. Cuando se juega con la localización y hay que maximizar las ganancias, hay problemas, porque ahí está el precio más bajo y entonces el coeficiente, la fórmula y todo eso que le gusta discutir a otra gente, hace que el empresario maximice sus ganancias.
Hay una contradicción entre el interés de lucro de la empresa que está haciendo esto y los supuestos beneficiarios. Eso hace alejarse de un principio básico de coexistencia ciudadana: Primero, el derecho a la ciudad, que es algo que no se discute en este país, pero que los brasileros han hecho un trabajo genial de elaboración ideológica, el derecho a la ciudad, y segundo el principio de igualdad de oportunidades.
Parece sensacional y todo el mundo está de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, hasta que no se aterriza y habla del principio de igualdad de oportunidades urbanas. Si un señor de bajos ingresos se instala en la casa del lado, no es aceptado por ningún motivo y entonces las oportunidades urbanas se acaban.
Se necesita tener una postura, saber qué ciudad se quiere. No basta con que los estímulos sean los correctos.
Los incentivos son para el sector privado y se necesita un sector público.
No hay Política Urbana desde 1985 y antes de eso, en 1979, Pinochet firmó lo que se llamaba la Política Nacional de Desarrollo Urbano y como anduvo muy mal, el Ministerio de la Vivienda decidió ir en 180 grados para el otro lado y firmó otra, que era la Política Reformulada de 1985.
No hay política urbana, porque no existe, no existió en los 20 años de Concertación y ahora tampoco. Ese es el origen de todos los males, construir y construir casitas.
Alfredo Rodríguez , en su libro “Los con techo”, parte diciendo cómo se construyeron 200 mil viviendas en el Gran Santiago en unos pocos reductos muy densos. En una encuesta, dos tercios de los beneficiarios de esas viviendas dicen que si se pudieran ir de ese lugar, lo ha-rían. Ese es el origen del Programa Quiero mi Barrio.
No se va a cambiar nada mientras la orientación siga siendo la que da el mercado y no haya una definición pública de hacia dónde se quiere ir.
En algunas láminas que hizo el señor Brecciani se grafica este tema.
El señor Brecciani dice que la locomotora que tira el carro del sector inmobiliario es el crecimiento del ingreso. Muestra el crecimiento del ingreso per cápita hacia arriba, salvo en la crisis de 1998, y la dinámica de la edificación.
Es un país que crece, esa es la locomotora que tira el aumento de los precios de la tierra. Había un precio de la tierra de media UF el metro que subió a 7 UF el metro. Eso no tiene vuelta atrás.
Existe una situación en que si no hay intervención pública decidida, no se va a conseguir nada por la vía de los subsidios, el ajuste marginal, el coeficiente y otros. Hay que tener una postura clara.
Las láminas muestran una serie de antecedentes sobre los precios de la tierra, el resultado del libro de Alfredo Rodríguez , un cuadro de una serie de gráficos sobre estratificación socioeconómica e ingresos per cápita distribuidos en el territorio. Incluir los gráficos.
En Peñalolén en 1993 el precio promedio de las casas era de 1500 UF, hoy el precio es 5 mil UF y esa es la locomotora que tira el precio de la tierra para arriba. Entonces en el año 1993 el precio de la tierra era media UF, hoy es 3 UF.
En Puente Alto pasó exactamente lo mismo, históricamente el precio de la tierra era 0.02 UF, en 1996 empezó a llegar gente a construirse casas más caras y empezó a subir el precio promedio de las viviendas que hoy está en 2300 UF. Eso tiró el precio de la tierra para arriba y hoy está en promedió en 2 UF en Puente Alto. Nunca más se construirá una vivienda social allí.
En Puente Alto las viviendas de menos de 50 metros cuadrados bajan de un 70 por ciento del total de las viviendas construidas a 0 hoy día y las viviendas de entre 50 y 100 metros cuadrados, suben de 30 a 90.
Obvio, llega la gente de estratos medios, hace subir el precio de la tierra y eso hace que los pobres se vayan. Es lo mismo que pasa en san Bernardo, en Quilicura y en todos los frentes de espacio.
Cuando el Gobierno dice que va a correr el límite urbano, aumentar la cantidad de suelo para poder resolver el problema de los más pobres, “es una cantinflada, es una mentira del porte de una catedral”, no es verdad, porque los precios de las tierras no van a bajar. Cuando se corre el límite en 10 mil hectáreas, lo único que se va a conseguir es que los terrenos que hoy están al lado de afuera, que valen media UF, mañana van a valer 1,5 UF. Hoy valen eso.
No hay ninguna otra alternativa porque cualquier dueño de tierra que necesite vender un lote, se lo va a vender a alguien que construye esas casitas que mostraba anteriormente y que valen entre 1.500 y 2.500 UF, y no para vivienda social.
Por lo tanto, no es verdad el planteamiento anterior que además argumenta que es para vivienda social. Es difícil creerlo porque si fuera verdad que el déficit corresponde a 144 mil y la corrida del límite equivalente al 8 por ciento destinado a vivienda social permitiría construir 34 mil viviendas -según el mismo expediente y en un plan de 20 años- ello equivaldría a 1.700 viviendas al año, por lo tanto, si el déficit es de 144 mil, significa que se está resolviendo el 1.2 por ciento del déficit por año.
¿Para eso se va a correr el límite en 10 mil hectáreas? Esta es una de las cosas más idiotas que haya escuchado porque no hace sentido correr en 10 mil hectáreas para resolver un 1.2 por ciento de déficit anual promedio.
Los coeficientes y las cosas que hace la señora Paulina Henoch y las que hace otra gente son útiles y necesarias, sin embargo, primero hay que tener una visión política de este cuento. ¿Hacia dónde se va? ¿Cuáles son las variables macro? Estas variables corresponden al precio de la tierra, la decisión del Gobierno de donde van a estar los pobres, la visión sobre este asunto y otros.
Se dice que el déficit es de 144 mil, pero resulta que el mismo ministerio publica en su página web que los hogares no propietarios con puntajes menores a 8.500, y que pueden postular al fondo solidario I, son 460 mil.
¿Qué significa eso? ¿Para qué el ministerio publica esas cifras? ¿Son de adorno? ¡Qué diablos es! ¿Dónde están? ¿En qué comunas están? La verdad es que es incomprensible que alguien se dé el lujo de publicar esas cosas.
Si se estudia el libro de Alfredo Rodríguez , se va al mismo observatorio habitacional y se ven los planos donde están las fichas de protección social con menos de 8.500 puntos de gente no propietaria, están en las mismas comunas que están en el plano de Alfredo Rodríguez.
Entonces, si la política de Gobierno es que la gente se quede en la misma comuna donde postula, lo único que se va a conseguir es reproducir la pobreza y la concentración de ella en unas pocas comunas.
Hay que mirar con más aire y que entre un poco de luz en este asunto, de tal forma de tener un planteamiento más amplio.
Finalmente, expreso que éste no es un problema sólo de Santiago, sino de todo Chile. En Puerto Montt la expulsión de los pobres se llama Alerce . En Concepción se llamaba Boca Sur, cerca de San Pedro, sin embargo, al llegar la gente de estrato medio comprando viviendas a un costo de entre 2 mil y 3 mil UF, ya en San Pedro no se construye una vivienda social más, por lo tanto, la gente se desplaza a Hualqui o Dichato , aunque ahora yo no sé dónde se ubican producto del terremoto.
Pasa lo mismo en Temuco, en donde los pobres se desplazan a Padre Las Casas porque no cabe ninguno más en la capital regional. En Iquique pasa lo mismo.
Se puede observar que ya no se construyen viviendas sociales ni en Valparaíso ni en Viña del Mar, aunque en esta ciudad aún hay algunos casos. Ahora, ¿dónde están los pobres? Están en Ventanas y Quintero ; en toda esa zona contaminada. Pasa lo mismo en Concepción, en donde los pobres son desplazados a Hualqui.
Cuando el Gobierno Militar decidió que faltaba suelo, tenían razón, por lo tanto pensaron que sería la panacea el correr el límite urbano de 40 mil a 100 mil hectáreas. Pensaron que con eso los precios bajarían al suelo y todas las cosas se iban a resolver automáticamente.
Resultó que como los precios iban en baja, terminaron subiendo.
Hizo algunos unos estudios, y recopiló antecedentes del diario El Mercurio donde se observa que los precios subieron en todos los frentes. Esto lleva a pensar que se necesita una política urbana que incluya la recuperación de las plusvalías.
Se aumentó la cantidad de suelo con la aprobación del consejo regional en 7 mil hectáreas, equivalente a 70 millones de metros cuadrados. Como los precios subieron de media hectárea a una y media hectárea, por lo menos subieron 1 UF por metro cuadrado, lo que equivale a 70 millones de UF.
Se habla de 2.800 millones de dólares de un día para otro sin leer ni escribir. Y cuando los dueños son personas naturales que no tienen habitualidad de giro, no se declara para el impuesto a la renta, por lo tanto, no pagan un peso.
Hay muchas cosas que con medidas relativamente simples se pueden superar.
Don Luis Eduardo Bresciani , arquitectos.
Se refirió al tema que lo convocó con parte de los comentarios que hizo en seminario organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile durante el mes de diciembre.
Expresó que no puede hablar desde la neutralidad absoluta del profesor universitario, porque fue parte del Gobierno anterior y trabajó en estas políticas siendo jefe de la división de desarrollo urbano. Utilizó información del debate que se ha dado en los últimos meses, y algunos datos del Ministerio de Vivienda que corresponde a datos de las últimas semanas. Como viene del área urbana, coincidió con algunas cosas planteadas por Pablo Trivelli en el sentido de que su enfoque no está solamente en el tema de financiamiento -probablemente el tema más resuelto históricamente- sino en los efectos que esto genera sobre la calidad de vida de las personas y el tema urbano.
El ministerio ha planteado seis objetivos, entre los cuales se encuentran elementos como focalización, integración, movilidad social, barrios, competencia, derecho a elegir, libre elección, etcétera.
Al respecto, cree que hay que valorar que algunos de estos objetivos sean compartidos. Nadie podría no estar de acuerdo con la necesidad de integración social, calidad habitacional, integración urbana y ciertos niveles de focalización.
La primera discrepancia que expresó es que se tiende a sobrevalorar los temas de la competencia y la capacidad de elección individual como un gran cambio, lo que le quita importancia a otros temas, por ejemplo, aquéllos relacionados con la urgencia y la cantidad que todavía son importantes. Las cosas tienen una velocidad y en algunas regiones un elemento es más importante que otros.
Los temas de renovación de barrio y stock tienen que ver con la calidad interior de la ciudad. Respecto a los temas de comunidad, participación y empoderamiento, la producción de viviendas no es sólo la producción de un bien de consumo sino también corresponde a la producción o reproducción de organización social y de comunidades.
Coincide con Pablo Trivelli en que no existe una adecuada integración entre instrumentos. Aunque los ministerios funcionan por divisiones, la verdad es que todo este proceso está relacionado con todos los instrumentos del Estado, es decir, los tributarios, los de inversión urbana, los de recuperación de barrios y los de transporte.
Todas las políticas que el Estado genera sobre las ciudades tienen efecto directo sobre los temas habitacionales, en consecuencia, manejarlos por separado, como si hubiera un solo instrumento que va a resolver mágicamente el tema habitacional, es imposible, por lo tanto, hay que tomar en cuenta los otros porque en caso contrario se generan múltiples distorsiones que generan que los subsidios -como instrumento económico- se vayan desajustando en el tiempo.
Nuevamente coincide con lo planteado por Pablo Trivelli , en el sentido de que en estricto rigor a esto se le ha llamado política habitacional, cuando no lo es, sino más bien es un sistema de financiamiento de vivienda. En estricto rigor es un sistema de financiamiento. De hecho es un debate histórico en el ministerio, pues como Jefe de la División de Desarrollo Urbano siempre se refirió a la nueva política habitacional, al final, sólo es ajustar subsidios o cambiar, ya que una política de Estado, no una sectorial, es más integral.
En cuanto al diagnóstico del Gobierno, hay cosas que comparte, pues se señala que hay incentivos a concentrar las postulaciones del Fondo Solidario de Vivienda I, la distorsión de mover a todas las personas desde el Fondo Solidario de Vivienda II al I; que hay inflación de costos y poca competencia, pues los precios suben producto del mismo diseño del sistema; que haya falta de atención a los grupos socioeconómicos medios-bajo, por su capacidad de endeudamiento; que hay diferencia en los subsidios, por lo que se produce una distorsión entre el campo y la ciudad, y problemas de focalización.
Comparte el hecho de que los precios hayan subido, que hay una serie de desviaciones. Esto, como instrumento económico, que es un mero subsidio y, por lo tanto, no es una política, tiende a ajustarse en el tiempo. Todos quienes usan subsidios o cualquier incentivo económico, incluso, uno tributario para los impuestos, se dan cuenta de que tienden a distorsionarse en el tiempo, ya que el mercado se ajusta. Por lo tanto, hay que estar corrigiendo el instrumento.
Pero hay cosas que pueden ser planteadas. En el ministerio falta información. Para hablar sobre focalización habitacional no basta con referirse sólo al subsidio de vivienda social o del Fondo Solidario de Vivienda I, hay que contar con datos sobre el mercado urbano en general. Porque las distorsiones, como explicó Pablo Trivelli , tienen que ver con otras actividades económicas que terminan compitiendo. Como no hay datos de cómo funcionan esos mercados de suelo, a veces, se cree que la razón de los problemas de los subsidios habitacionales está sólo en ellos mismos, cuando los problemas vienen de otros temas macros, que pueden ser generados por otras políticas, como las de Transportes, tributarias, etcétera.
Segundo, tampoco hay datos sobre las diferencias de demandas regionales y locales específicas. Se habla en términos generales, pero puede ser que en algunos lugares, efectivamente como ha planteado el ministerio, los precios hayan subido por una variación, en el sentido de que el subsidio lleva a que los propietarios internalicen ese valor. Pero en otros lados ha sido por el crecimiento de mercados propios, como en Puerto Montt, Coquimbo o La Serena. Entonces, sugiere que los datos sensibilicen las realidades locales y no se refieran al grueso del panorama económico del país, respecto de que los subsidios son más altos y automáticamente todo sube por razones genéricas.
Tercero, no se habla mucho de los efectos de la segregación social, se refiere a un problema, pero hay que ver los datos y costos asociados a ellos para valorizar, porque es importante focalizar instrumentos en esto.
Cuarto, tampoco se hace mención a las dificultades que, más bien, no tienen que ver con los subsidios, sino con la gestión. Muchas de las distorsiones no tienen que ver sólo con los instrumentos, sino con las capacidades de gestión. En particular, sobre la centralización y los gobiernos locales hay problemas de gestión que, a veces, llevan a cambios. Eso hay que resolverlo y tampoco están dentro del diagnóstico.
Finalmente, hay muchas otras causas por las cuales se generan costos y en la medida de que haya más datos habrá más capacidad de contar con instrumentos que no son generales para todo el país, pero más sensibles a las realidades locales o metropolitanas.
En cuanto a los subsidios, son un avance sobre instrumentos, correcciones que de aquí a cuatro años se volverán a desequilibrar y habrá que volver a ajustar. Hay temas importantes. Es valioso que algo que se viene discutiendo hace cuatro años se intente implementar debido a la discontinuidad en los cortes discretos entre un segmento y otro, en el sentido de que quien está en un lugar recibe menos y el que está un poquito más allá recibe más y, por lo tanto, todos tratan de cambiarse, lo que ya fue explicado por el ministerio. Es un avance generar mayor equidad respecto de la distribución.
Respecto de cuáles son discontinuidades que valora, explicó que valora que la relación del subsidio esté directamente vinculada con el ingreso de la familia.
¿Cuáles discontinuidades? Las discontinuidades entre el Fondo Solidario de Vivienda I y II, ya que quienes estaban en el I recibían considerablemente más subsidios que los del II y, con una diferencia menor entre una familia y otra, quedaban automáticamente fuera. Eso obligaba a las personas a cambiarse.
¿Qué corrección valora? El hecho de que sea un poco más continuo, es decir, quienes están cercanos en un tramo reciban más o menos lo mismo y que haya una relación más directa con la vulnerabilidad de las personas. Sería bueno si funciona bien la relación entre vulnerabilidad y el acceso a subsidios, en el sentido de que no haya diferencia por estar un poco más allá y automáticamente reciban mucho más, porque igualmente son todos pobres.
Los nuevos subsidios a grupos emergentes pueden funcionar, pueden ser buenos. Se están haciendo algunos cambios y hay que esperar para ver cómo funcionan.
El incremento a los subsidios en zonas rurales en algunos lugares puede ser importante, hay que ver cómo operan y racionalizar algunas compras de terrenos mediante corrección de tasación, siempre es una mejora.
En cuanto a lo negativo, hay dos cosas sobre la focalización en que manifestó su desacuerdo, a pesar de que puede haber correcciones: primero, tiende a premiarse mucho más el énfasis en el esfuerzo individual y en el ahorro versus la organización de las personas y los temas de vulnerabilidad. Esto, de alguna manera, quita valor a la capacidad de las personas de organizarse y generar otro valor, que no es el acceso a la vivienda, sino el acceso a la comunidad y organización. En los temas de pobreza se está tratando de ayudar a los más pobres, no sólo premiar el esfuerzo. Este valor sobre el esfuerzo individual, el emprendimiento, está probablemente en el mensaje del texto que se plantea, un poco sobredimensionado.
Segundo, claramente, a pesar de que se corrigió el error de la considerable baja de los subsidios en diciembre, puesto que hoy volvieron a retomar los montos hasta esa fecha, todavía hay una distracción con las regiones, pues teóricamente estarían recibiendo menos y habrá que ver en qué lugares corresponde y en cuáles no. Esto de que sea todo parejo, como lo ha explicado el señor Pablo Trivelli , se va a distorsionar igual, en el sentido de que los precios se van a adecuar, la gente va a terminar vendiendo más caro en Santiago, en cualquier parte, porque el subsidio de las 200 UF se aplica en los lugares donde vive la gente y en la periferia, se podría aplicar en Buin. En regiones también puede haber lugares que tengan las mismas condiciones de un área metropolitana y requerirá más aportes y, al revés, claramente hay regiones que necesitarán mucho menos.
En cuanto a los sistemas de postulación, hay temas de simplificación, de ajustes, que siempre son adecuados porque es un aprendizaje.
Lo negativo es el mensaje debilita la postulación colectiva y facilita la individual. Dicen que correrán por carriles contrarios, lo que explica que el ministerio decidirá cuántos subsidios van a postulaciones individuales y cuántos a colectivas, lo cual implica que la decisión estará tomada en otro lado. Pero no hay un incentivo real a que se valore la postulación colectiva y la organización de la comunidad para participar en el proceso de construcción de su barrio. Por lo tanto, se termina, de alguna manera, con la participación en el diseño de los barrios y se traduce en que la baja de precios se producirá sólo por competencia en el mercado que, como se dijo, es poca.
Sobre la integración social, es positivo, si se puede, que no se hayan producido los cambios planteados en diciembre, que consideró un poco regresivos, ya que las cosas se mantuvieron igual, con lo cual se puede decir que no hay mucho cambio, pero implica que hay que seguir discutiendo.
Lo pendiente y lo negativo es que todavía se requiere sensibilizar un poco más los instrumentos para localizar entre área metropolitana y regiones, creo que es una solución parche de corto plazo el hecho de decir 200 UF para el área metropolitana y 110 UF para las otras, pero las realidades son muy diversas y habrá que tener un tratamiento un poco más sencillo si realmente se quiere premiar buenas localizaciones. Por lo tanto, concluyó, los subsidios uniformes no discriminan, pueden generar una distribución equitativa, alguien dirá: “me alcanza o no me alcanza”, pero no discriminan entre estar bien o mal localizado. De hecho, el subsidio de 200 UF en algún momento funcionó, pero se distorsionó rápidamente, pues no generó discriminación, ya que cualquiera podría haber obtenido ese beneficio estando en una localidad de cien mil habitantes versus un área metropolitana. Además, todos cumplían con las condiciones, con lo cual se convertía en un subsidio general. Pero sí hay que avanzar en instrumentos que discriminen localización para premiar adecuadamente a que la gente se instale.
En síntesis, aspectos no resueltos en los que hay que profundizar. Claramente, hay una reducción en los montos a las ciudades no metropolitanas grandes, que están creciendo. Hay que mirarlas con mayor atención, se tiende a mirar más bien planos de Santiago y no lugares como Puerto Montt, Iquique , Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Padres de las Casas donde claramente hay fenómenos de segregación y costos que no son parejos. No es lo mismo.
Dos, la falta de incentivos mayores a los procesos participativos, dado que debe ser entendido como un principio o un valor, como un objetivo que no está mencionado.
Tres, claramente, desde el punto de vista urbano no hay ninguna integración todavía y eso es un error previo, incluso, de los gobiernos anteriores con los instrumentos urbanos; no hay una relación con los planes reguladores, no hay una relación con instrumentos de incentivos vinculados por la normativa del suelo. Para qué hablar de los temas tributarios que explicó Pablo Trivelli . Por lo tanto, no hay ninguna relación, sino que funciona como un instrumento de estanco, lo cual hace que cualquier cosa que se haga ahora tendrá conflictos en tres o dos años más y se volverá a distorsionar como instrumentos económicos. Hay que comenzar a utilizar toda la batería de instrumentos que el Estado dispone para solucionar este problema.
Cuatro, tampoco está bien resuelto el rol de los gobiernos locales y de los municipios.
Cinco, coincide con Pablo Trivelli , en que no hay una política de gestión de suelo. Eso tiene que ver con todos los instrumentos de que se dispone como Estado, no sólo los subsidios, también los castigos, como por ejemplo, los instrumentos tributarios, los instrumentos de transferencias, la compra del suelo, etcétera, sobre eso no hay nada. Lo que hay son instrumentos, pero no se han utilizado.
El ministerio habla de que saldría a comprar terrenos, un tema que podría funcionar muy bien si es un sistema transparente, pero también podría llevar a distorsiones, que al final termine apremiando y llegando a acuerdos extrajudiciales sobre el precio de un terreno, lo cual también es complicado.
Las prioridades iniciales en la época de los 80, estuvieron en el financiamiento, porque el problema de los 80 era de acceso. No había acceso, la gente no tenía como llegar a la vivienda y no había mercado, el tema fue financiero.
En los 90 el tema fue el déficit de las propiedades. La gente estaba sin casa, por lo cual, las políticas se concentraron en cantidad. Las prioridades en la década del 2000 fueron esencialmente el déficit de los sectores más vulnerables. Si uno mira la evolución del debate y las prioridades han ido avanzando en función que se han ido instalado nuevos temas.
El problema de la década pasada fue el déficit de los sectores más vulnerables, no de todos. El tema de los campamentos y la discriminación de los más pobres. Por lo tanto, el énfasis fue focalización, de ahí aparecieron los programas sin deuda, el Fondo Solidario I, etcétera.
Durante los últimos años, 2005 y 2006, los problemas han estado concentrados en los estándares de calidad, en que se construya bien, buenos barrios, etcétera.
Los temas emergentes que vienen, si se mira la evolución de esta discusión, en el entendido que todos ellos requieren seguir siendo manejados, tiene que haber buenos sistemas de financiamiento. El tema de responder al déficit, también es importante donde lo haya. No en todas partes, son prioritarias la focalización y de la calidad. Pero los temas que requieren más elaboración instrumental, donde hay falencias es en la integración social que aparece en el 2000. Para eso apareció un instrumento muy precario llamado “subsidio de localización”, pero claramente es insuficiente. Se distorsionó, se fue al suelo, no generó las localizaciones óptimas. Es algo todavía por discutir, porque el tema de la localización ha sido un tema relevante y crítico en los últimos años.
El tema emergente, al cual el sistema político habitacional no tiene respuestas y ni siquiera es un objetivo es el de la participación y equidad urbana. Estos elementos no se relacionan con el acceso a vivienda, sino con el acceso a oportunidades a cosas que superan el tema del barrio y la casa. Frente a esto, no hay respuestas, no se ha definido siquiera conceptualmente y están fuera del esquema de la política habitacional.
De ahí, que el ministerio pueda hacer correcciones, las cuales son siempre buenas, porque estos sistemas hay que revisarlos y ajustarlos permanentemente. Es una oportunidad, si está radicado en el Senado o en la Cámara de Diputados, para discutir qué se necesita en los próximos 10 años y no para corregir los problemas de los próximos dos o tres.
Don Alexis Parada, de la Federación Nacional de Pobladores, Movimiento de Pobladores Sin Techo MPST de Puente Alto y La Pintana.
Cuando se iniciaron los intentos de cambios en la política habitacional, en octubre del año pasado, más o menos, la organización se dio cuenta de que lo que se estaba realizando en ese momento eran cambios draconianos para los sectores populares, porque los obligaban a tener un mayor ahorro, bajaban los subsidios de localización, de ampliación y de vivienda y se integraba una serie de elementos en virtud de los cuales si la familia ahorraba más, ellos daban más.
¿Qué pasaba con esta política? La política partía de la base de que su objeto era disponer mejor los recursos para quienes más lo necesitaban. En ese momento, la organización planteó que con estos cambios que se estaban desarrollando se producía todo lo contrario. Si el año pasado se veían filas de 14 mil personas afuera del Ministerio, lo que se produciría el próximo año es que no iba haber nadie afuera del Ministerio para postular a ningún subsidio producto de estos cambios.
El Movimiento estuvo 15 días en las calles; cortaron calles y marcharon. A los 15 días fueron recibidos por la señora Magdalena Matte y su equipo. Cuando leyó el documento presentado por una cantidad de diputados, vio que era un documento de octubre del año pasado; no un documento que dé cuenta del momento actual.
La organización parte de la base de que la política habitacional mantiene los mismos parámetros de la época del general Pinochet, es decir, la idea de que el subsidio es un negocio y no un derecho. Es decir, se pone en manos de la banca privada la posibilidad de endeudar a los vecinos que tienen la capacidad de endeudarse, y también pone en manos de los dueños de la tierra la capacidad de especular con el valor del suelo.
Cuando los Estados construyen, por ejemplo, el Metro, el vecino que no ha invertido nada, pero que tiene un terreno al lado del Metro, lo que hace es especular con ese valor sin haber puesto un peso. En consecuencia, el Estado termina pagando dos veces: una, el valor de la tierra y, dos, el valor que ya pagó por el Metro. Por lo tanto, la política neoliberal se ha mantenido y sigue en manos de las grandes inmobiliarias y empresas la construcción de las viviendas sociales, lo que se constituye en un negocio que, objetivamente, no favorece a nadie. Eso ocurre desde el tiempo de Pinochet, pasando por los gobiernos de la Concertación y hoy se mantiene en el Gobierno de la Alianza.
Como federación han planteado al Ministerio su posición. Como organización no son de izquierda, derecha, ni de centro. Se definen como del pueblo, pobres, de abajo y desde ahí se relacionan con el mundo. Desde ahí se relacionaron con los gobiernos de la Concertación. Y desde ahí también han tratado con el Gobierno del señor Piñera , en particular, con el Ministerio de Vivienda.
Les parece paradojal que, a pesar de que los Gobiernos de la Concertación apuntaban a mayores cambios, donde han podido empezar a hablar de lo que creen que es necesario abordar, ha sido bajo el ministerio de la señora Matte.
El movimiento no quiere defender ni atacar a tal o cual Gobierno, sino que quieren instalar los intereses de los pobladores, su principal preocupación. En ese marco, con el ministerio de la señora Matte han empezado a ver la posibilidad de sacar a las empresas constructoras y establecer un proceso autogestionario. Lo han recibido con entusiasmo. Se ha planteado con ellos la posibilidad de implementar un proyecto piloto para probar que si los recursos económicos están en manos de los pobladores éstos serían capaces de construir más y mejor. El Ministerio ha dicho, ¡probemos! Se ha iniciado con ellos la idea de integrar en el proceso de construcción de la política actual, de los cambios que vienen, la idea de la empresa social de construcción y de integrar la posibilidad de establecer como entidad patrocinante al comité de allegados, de modo de saltarse a los sectores privados en este proceso.
Están por la idea del Estado constructor. Pero saben que hoy, con el modelo económico neoliberal, implementar el proceso de autogestión, donde los pobladores puedan generar sus empresas sociales de construcción y los pobladores puedan ser entidades patrocinantes, en este caso, los comités de allegados, es un gran avance.
Hoy existe un nuevo escenario donde objetivamente los pobladores con su movilización han logrado rescatar las 200 UF anteriores. Se ha logrado rescatar 100 UF para ampliación, se ha logrado rescatar 20 UF para equipamiento y se ha logrado rescatar 370 UF para la construcción de viviendas.
En ese marco cree que en el futuro no puede haber Comisiones de Vivienda permanentemente para estudiar cuando haya un cambio en los decretos. Lo que hay que desarrollar es una política permanente, que no deje a los pobladores al arbitrio del gobierno de turno.
Cree que Chile debe avanzar hacia la construcción de una ley general de vivienda, que establezca la cantidad de subsidios anuales, que establezca las normas sobre la base de las cuales los pobladores van a poder postular a sus viviendas, de modo de no quedar al arbitrio del gobierno de turno.
En torno al tema de la autogestión, creen que la Comisión debe ayudar para que aquéllo pueda emerger y pueda ser una política permanente de parte de los pobladores. Deben generarse mecanismos en esa ley que permitan que los pobladores tengan más herramientas para autoconstruir, y que se saque definitivamente a la banca de este proceso. Se debe ayudar para que el Estado tenga un fondo permanente para la compra de terrenos, porque para los trabajadores es complejo competir con la empresa privada en esta compra. Ellos compran cash y los pobladores tienen que esperar uno o dos años y muchas veces mucho más tiempo para pagar esos terrenos. En definitiva, se pierden terrenos, se pierden recursos, etcétera.
Insistió en que para no estar al arbitrio de los gobiernos de turno, lo que se necesita en Chile es una Ley General de Vivienda.
Doña Millette López , Presidenta de la Unión Comunal allegados La Florida.
El acuerdo de la Unión Comunal con lo expresado por los representantes de la federación.
Considera que el Ministerio tiene que volver a ser lo que era y potenciarse en su estabilidad social que establecía para el postulante y cree que se necesitan muchos más recursos para los programas de vivienda.
En La Florida tienen una Unión Comunal en que hay 150 comités de allegados. Todos postularon a un proyecto donde se habla de las modificaciones al programa de vivienda. Cree que grandes modificaciones no hay, que lo que existe son sólo algunas indicaciones, algunos arreglos, un poco más de recursos por uno o por otro lado, pero grandes modificaciones al programa no hay.
Todos quieren traspasar gente del subsidio 1, del fondo solidario 1 al N° 2, ya que así creen que se focalizan mejor los recursos que llegan a los más pobres. Pero resulta que hay una cantidad de gente profesional que si bien accede, se queda fuera de cualquier ámbito porque está endeudada con la banca universitaria. Esas personas no pueden acceder a otro tipo de crédito y ése es un gran problema que se irá acrecentando, porque para cualquier programa nuevo tienen que requerir algún crédito del Estado o de la banca privada.
Básicamente, cuando se plantearon los primeros cambios en la política habitacional, venía considerado el cambio o la baja de la localización, que cree que fue un gran error. Con localización se puede comprar terrenos donde el Estado dijo en un momento determinado. El Estado dijo: Busquen terrenos en los mejores lugares, busquen terrenos en sus comunas, busquen terreno en su ciudad. Pero si retiran el subsidio de localización o se baja el subsidio a la localización creen que no van a poder cumplir con eso.
Han pasado por muchos cambios de programa y concuerdan plenamente en que los comités de allegados y la gente con y sin techo no pueden seguir expuestos a las variantes económicas del país o a las variantes del gobierno de turno. Reivindican que debe haber una política de Estado porque no puede ser que porque la inflación sube o baja se construyan más o menos viviendas.
Se decía que este gobierno lo iba a hacer mejor, que iba a construir más y mejor, pero se han dado cuenta de que no ha sido así, porque hubo un gran terremoto de por medio, el que ha dejado expuestos a los allegados contra los damnificados y ése es el peor escenario que se puede ver en política habitacional porque hay muy pocos recursos, los subsidios se agotan todos los días y el incremento de postulantes que hubo en diciembre de 2010, de 2 mil subsidios, para postular a 35 mil familias realmente es aberrante. Eso no puede volver a pasar con los allegados. Necesitan una política clara, pero para tenerla hay que potenciar al ministerio. Hoy, el ministerio está desacreditado por todo lo que está pasando y necesitan que se le inyecte mucha más plata y más recursos.
En el 4° congreso de allegados que se hizo en La Florida participaron todas las organizaciones que tienen relación con vivienda y el diputado Carlos Montes . En esa oportunidad, se hizo un montón de planteamientos al ministerio y no hubo respuesta. Por ejemplo, respecto del artículo 50, que afecta a todos los que viven en el sector cordillerano, llámese Peñalolén , La Florida , Puente Alto, La Reina, Macul , Ñuñoa . Necesitan que el artículo 50 quede en manos de los municipios porque si no es así estarán expuestos a que el director de la época del Serviu quiera patrocinar un artículo 50. Necesitan que se mantenga nuevamente el subsidio a la localización y, aun más, que se eleve el subsidio a la localización.
El artículo 50 tiene relación con el uso y cambio de suelo y con la densidad de los terrenos. ¿Qué significa eso? Significa que los allegados tienen un gran proyecto en la comuna de La Florida, que para este ministerio está considerado como un proyecto emblemático, pero que sólo se pueden construir 10 viviendas por hectárea y ellos necesitan 128 casas por hectárea. Aparece una nueva guía, pero nadie les informa. La guía la hace el nuevo Instituto del Medio Ambiente. Además, tenían detenido el artículo 50, lo que les permitió seguir avanzando.
Los dirigentes caerán en descrédito por el hecho de no dar solución a sus familias. En el gobierno de la presidenta Bachelet muchos sacaron muy buenos resultados en vivienda y eso nadie lo puede desconocer, y menos lo harán los que fueron beneficiados por esos proyectos. Pero hoy los proyectos están entrampados, y no se puede seguir accediendo a ellos. Además, dar explicaciones a la gente todos los días tampoco es sano, porque se pierde la credibilidad, ya que el dirigente es el que tiene que salir a dar la cara.
Se necesita que los programas habitacionales cumplan su rol que es dar solución a la familia.
Por otra parte, tienen talleres sobre los programas de vivienda y los cambios que se produjeron o que se han ido implementando, pero carecen de claridad de cómo y cuándo va a operar la nueva ley. Siempre se habla de lo que la gente quiere, de lo que la gente necesita, pero, ¿cuándo le preguntan a la gente qué es lo que necesita o quiere? ¿Hasta cuándo piensan por la gente? Al hacerlo no saben las necesidades que tienen los allegados. Desgraciadamente, la historia de los allegados no es un invento. La viven todos los días y a cada rato en comunas, poblaciones y grupos.
Finalmente, deja a disposición de la Comisión los temas que han expuesto en el congreso, los cambios en el programa de vivienda y una presentación por si la quieren leer, revisar y acotar.
Don Rafael Soto, Presidente del Comité Don Bosco:
Es nieto de campesinos de la zona norte del país, que en los años 40 llegaron a Santiago, dada la crisis. Es hijo de obreros. Tuvieron que salir del sector donde llegaron sus abuelos, que era el lado norte de Santiago, y se fueron a vivir al otro extremo de la ciudad, que es el sector de Los Navíos, en donde se encontraba la solución habitacional del momento. Gracias a un proceso de desarrollo comunitario, de organización de pobladores, hoy es esposo de una mujer con la que, gracias a políticas que ayudaron a sacar adelante, pueden vivir en un sector muy bonito que se encuentra en Tobalaba con Departamental, porque lograron un subsidio de localización, lograron aplicar el artículo 50, organizar a los pobladores y generar comunidades. Ahora, gracias a que pueden estar juntos, todos los días ven a sus niños jugar en el pasaje y, al mismo tiempo, pueden cuidarlos.
Lamentablemente, afirma, ser padre de hijos que hoy vuelven a verse en riesgo, ya que aparece la sombra de políticas que tienden a seguir desgarrando a sus familias. En otras palabras, en Chile existen familias con árbol genealógico y con historia en un lugar geográfico, pero por ser pobladores las familias son desplazadas cada cierto tiempo a distintos lugares, donde el suelo es más barato y las constructoras pueden construir. Los pobladores están cansados de esa situación.
Cuando se anuncian las nuevas políticas de vivienda, piensan que el nuevo Gobierno está improvisando. De alguna manera, piensan, que una vez más se pierde el olfato, la sensibilidad de poder darles oportunidad de desarrollo y con servicios en el suelo donde puedan desarrollarse con sus familias.
Junto a la federación, se suman, al movimiento de los allegados de la capital, a fin de detener estas políticas que, de alguna manera, los hacen retroceder en el tiempo.
Están preocupados, porque hoy el Estado tiene que invertir en seguridad, en el programa Quiero a mi barrio, y en sectores que ellos han planificado urbanísticamente. Están hablando de Los Navíos, Los Quillayes o la Santo Tomás que aparecen a menudo en la televisión, dado que tienen altos índices de delincuencia.
Cuando instalaron esos conjuntos habitacionales no diseñaron escuelas para absorber a esos niños. El Señor Soto señala que es hermano de un joven que llegó a Los Navíos, muy sano y con muchas ganas de salir adelante, pero como sus padres tenían que trabajar, quedó solo y comenzó a juntarse en la calle con otros niños, ya que las casas de Los Navíos no son muy grandes. En la actualidad, está cumpliendo 15 años de condena en Colina II. ¿Por qué sucedió toda esta situación? Porque no se planificó un espacio para que él tuviera una escuela donde asistir y una red de apoyo para salir adelante.
Se llenó de orgullo cuando le dijeron que tenía que venir a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados e hizo sentir a su organización que tienen la capacidad, la historia y la personalidad para venir a expresar a sus diputados lo qué está ocurriendo con el tema habitacional. Concuerda plenamente con Milliette López y Alexis Parada , en el sentido de que no pueden seguir planificando ciudad sin considerar las vivencias de quienes tienen la mayor experiencia en hacinamiento, en este caso, los pobladores. Saben qué se siente no hacer el amor una semana entera, porque los niños duermen al lado. ¡Cómo les van a dar malos ejemplos! Tienen que salir a la calle, porque en la casa no pueden compartir las realidades con adolescentes, que son sus hijos, y, muchas veces, con los padres que también viven en la casa o, viceversa.
Saben lo que es estar hacinados y han generado propuestas al respecto.
¿Qué existe hoy en día para construir viviendas? Se toman recursos de un ministerio, se sacan artículos de una ley y se solicita colaboraciones de otros servicios para preparar, a medias, un proyecto. Pareciera que vuelve a salir la luz. Aparece el nombre de don Guillermo Rolando , jefe de la División de Política Habitacional , del Ministerio de Vivienda. Se le dijo al Ministerio que eran capaces de construir algo mejor con los mismos recursos, y se les escuchó. No esperaban que se les escuchara. Además, le dijeron que si los montos no bajaban, los pobladores de La Florida, Peñalolén , Vitacura, Lo Barnechea , etcétera tendrían que comenzar a vivir un éxodo desgarrador de sus redes sociales para llegar donde después tienen que dejar botadas sus casas, porque tienen que volver a ser allegados para mejorar su calidad de vida, pues donde llegan no conocen a nadie y no tienen ningún tipo de soporte.
De octubre a la fecha se ha estado trabajando en un decreto y se ha escuchado a los pobladores. Por ello, solicita, al Estado de Chile que no cambie lo que se ha logrado avanzar de octubre hasta ahora. Hoy en día, se está viendo una causa criminal en el ministerio. Se robaron dinero. Es bueno que se investigue a las personas involucradas y, si es necesario, que paguen con cárcel.
Insiste, no cambien lo que se ha logrado avanzar de octubre hasta ahora, pues nuevamente se está escuchando a los pobladores. Ojalá que no sea una coyuntura política la que los tenga que hacer esperar un año más, para que un nuevo director de Serviu o un nuevo jefe de la DPH se interiorice del trabajo que ya se ha hecho, se vuelvan a generar confianzas para trabajar con los pobladores y recién esbozar una nueva política de Gobierno. En otras palabras, un invierno más sin casa y sin techo y un año más peleando las madres con sus hijos, porque el espacio de sus viviendas es muy pequeño.
Concuerda con Alexis Parada cuando dice que no son de Derecha ni de Izquierda ni de Centro. ¡No tienen tiempo para ello! Sí, son pobladores, y algo que los enriquece, dignifica y los hace crecer son sus familias, sus experiencias, sus comunidades y su deseo de querer vivir mejor. Los sueños de ver a sus hijos, tal vez no profesionales, porque, a lo mejor, no les va alcanzar nunca el sueldo para que vayan a la universidad. Quizás, no van a ser amigos de tal o cual personaje que les ayude a conseguir una beca, pero sí que sus hijos sean gente de bien y puedan ganarse la vida en forma decente. A eso aspiran.
Terminó diciendo que aún sueña con el país que le enseñaron en la escuela. No cree que su mamá, abuelo o profesores le hayan mentido con el sueño de vivir en un país donde se puede ser libre y trabajar en beneficio de la familia.
En La Florida, en Lo Barnechea, en Peñalolén se necesita urgente que cuando la ley no pueda operar, no se genere este éxodo de pobreza a la periferia. Pide que se busquen mecanismos -no que se hagan excepciones a su agrupación Don Bosco - para que esos pobladores tengan los mismos derechos que los del resto del país.
Doña Paulina Muñoz , Presidenta de la Agrupación dirigentes Condominios Viviendas Sociales de La Florida .
Pertenece a la Agrupación de Dirigentes de Condominio Social, de La Florida, y se refiere a una política de vivienda implementada hace muchos años y para solicitar que el Estado se haga cargo de un problema que él mismo generó. Por eso, su presentación se titula: “Una deuda pendiente”.
La Agrupación cree que los condominios de vivienda social debieran ser una prioridad de la política pública nacional, tanto para mejorar la calidad de vida de los condominios, como para hacerse cargo de muchos de los problemas que hoy día tiene una cantidad importante de la población que vive en este tipo de viviendas y que funciona de una manera totalmente distinta a las de las casas individuales. En tal sentido, desde La Florida, quieren seguir aportando con su experiencia y las ideas que han podido identificar a lo largo de su trabajo.
Los condominios sociales son una realidad que existe sólo en tres regiones de Chile: en la Región Metropolitana, en la Octava Región -en Concepción-, y en la Sexta Región, pero presenta el caso de La Florida, que es el que conoce.
Consta de alrededor de 15 mil viviendas, lo que equivale a un 15 por ciento del total. Nueve de estos conjuntos concentran más de 10 mil viviendas. Del total, tres unidades vecinales concentran la mitad. O sea, además de ser una condición excepcional, han sido parte de una política de concentración de las personas que hoy día ha generado problemas, sobre todo de seguridad ciudadana.
Esto se hizo a través de tres modelos de política pública: uno es el modelo Serviu, donde el Serviu es el que construye; otro ha sido el modelo PET, Programa Especial para Trabajadores, mediante el cual el Estado colocaba una parte y generaba la posibilidad de obtener un subsidio del BancoEstado a la gente que no lograba endeudarse en la banca privada, y, finalmente, los modelos anteriores al Serviu.
El principal problema que tienen los condominios sociales es que empezaron a ser construidos en los años 70, pero recién en 1996 se creó una ley que los regulaba. Hoy se exige, a esta gente que lleva 20 años viviendo de una misma forma, que se haga cargo de tal regulación, es decir, de tener un comité administrador y un reglamento interno. Es gente que ha vivido 20 años en el mismo lugar, pero hoy día van y les dicen: “Usted tiene que tener un reglamento; hoy día usted tiene que hacerse cargo, como copropietario”, en circunstancias de que ni siquiera entiende lo que es ser copropietario ni lo que es un condominio, por cuanto todos asocian el concepto con un lugar de mayor nivel socioeconómico, donde deben tener guardia, que tienen que pagar gastos comunes, etcétera. No lo entienden como una doble propiedad, donde hay una propiedad individual y, además, un área común, del cual deben hacerse cargo.
Entre los problemas más agudos que han identificado se encuentran, primero, el hecho de que los departamentos son pequeños. Hay una cantidad importante de viviendas, como sucede en la población Los Quillayes, donde los departamentos son de 33 metros cuadrados y viven, en promedio, diez personas dentro de una misma vivienda. No hay aislamiento, sufren de filtraciones y están muy deteriorados. Además, los edificios están descuidados y gobierna la ley del más fuerte; abunda la basura, los animales y la música a todo volumen, porque no hay una regulación; para qué hablar del tráfico de drogas y todo lo que trae aparejado. Pero lo que tiene que ver con la convivencia, hoy día, en la mayoría de los condominios, no está regulado.
Asimismo, la mayoría de los espacios comunes están en mal estado, a lo que se suman las construcciones irregulares, como las ampliaciones que realizan en los primeros pisos o aquéllas hechas en departamentos de tres pisos, donde han construido un cuarto piso, que pone en riesgo la integridad estructural del edificio. De esto, nadie se hace cargo, nadie lo fiscaliza, y se pide a los mismos vecinos, a los copropietarios, que se hagan responsables del problema.
Del mismo modo, los diseños arquitectónicos son totalmente inadecuados, no facilitan la convivencia. Los condominios están desorganizados. Reina la ley del más fuerte, hay graves problemas de hacinamiento y los copropietarios desconocen sus derechos y deberes.
Hoy, en la mayoría de los condominios, el problema es que, después de tanto tiempo, un porcentaje importante ya no vive en la vivienda. O sea, de un ciento por ciento, el 60 por ciento de los habitantes son arrendatarios; los copropietarios se han ido y la mayoría no se ha hecho cargo de su vivienda. Entonces, cuando se debe hacer cualquier tipo de regulación y tomar algún acuerdo, hay que reunir los quórum, y en algunos lugares es casi imposible lograrlo.
Además, hay un condominio donde el Serviu nunca hizo división del loteo. Hoy día son mil doscientas viviendas las que se consideran en condominio. Y se pide que se ponga de acuerdo al 75 por ciento de mil doscientas personas. Eso es casi imposible.
Hay un deterioro importante de la convivencia; hay muchas familias conflictivas, armas, drogas; muchas familias que no comparten. Y en un lugar donde hay bienes comunes, el tema de la convivencia es importante. Problemas tan básicos como que uno tiene mascota y el otro no, que el de arriba riega las plantas, que la música fuerte, que alguien hace un cierre, pensando en su seguridad, etcétera, son cuestiones que deterioran totalmente la calidad de vida de las personas.
Además, hay niños en situación de riesgo, lo cual tiene que ver con la planificación o la no planificación, y con los problemas de arquitectura de los condominios.
Sin embargo, siente que han tenido avances en el trabajo. En La Florida, constantemente tratan de sensibilizar a la gente, por cuanto, en condominios sociales, la política pública considera variados temas.
Por ejemplo, en cuanto a los avances, los condominios se han organizado, han constituido comités de administración y elaborado reglamentos de copropiedad. Del mismo modo, aquellos que no han logrado elaborar reglamentos de copropiedad, han constituido comités de adelanto, comités de viviendas u otro tipo de organizaciones.
En definitiva, la organización, como desafío, se ha transformado en un tema importante para las personas. Hoy día ya no se dice: “bueno, así hemos vivido todo este tiempo y da lo mismo cómo sigamos viviendo.”. Por lo menos ahora es una preocupación que se ha instalado, sobre todo, entre los dirigentes.
También, ha habido una acumulación de adelantos con diversas inversiones públicas. Hasta hace unos años, en los condominios sociales, el principal problema era que la mayoría de la gente no tenía recursos para hacerse cargo de su vivienda y menos para hacerse cargo de las áreas comunes, dado lo cual se logró que se permitiera la inversión pública en los espacios privados, porque, además, el argumento que daban el municipio o el ministerio era que los condominios son privados, por lo tanto, ellos no podían involucrarse en tales asuntos, porque son un problema de quienes viven allí. Por eso, se logró la iluminación de los accesos, áreas verdes, pintar los block y construir cierres perimetrales, lo cual ha sido un incentivo para que la gente reconozca la necesidad de organizarse para mejorar, en conjunto, sus propias viviendas.
Por lo menos en La Florida, el municipio cuenta con una oficina de Condominios Sociales, realidad que existe sólo en tres comunas de Santiago. Es un gran apoyo para los dirigentes que no dominan los temas legales, cuestión que es un gran problema que ellos tienen. Cree que debería ser intención del ministerio promover una ley que obligue a que cada municipio implemente una oficina de condominios, porque en otras comunas la gente no tiene idea de a quién solicitar apoyo, sobre todo en lo que a trámites legales se refiere.
Por otro lado, también se ha logrado algo en los cambios legales. En algún momento se tuvo una ley periódica que permitía el mecanismo de la subdivisión de condominios de 600 y 200 viviendas, para que tuvieran 30, 60 ó 90 viviendas, lo cual era una expectativa para lograr la organización de los copropietarios. Lamentablemente, en su comuna sólo se logró en un condominio, porque se seguía presentando el problema de reunir los quórum. Por eso, si no hay una intencionalidad de apoyo desde el municipio, todo se hace muy complicado.
Del mismo modo, se logró aumentar las facultades de los jueces de policía local. Hay exenciones en los pagos notariales y en el Conservador de Bienes Raíces. Se exige la mediación de los municipios y se permite la postulación de los comités de administración a los fondos públicos, trámite que antes no se permitía, por cuanto el comité no se reconoce como organización.
Asimismo, en la ley de Presupuesto correspondiente a los años 2009 y 2010 se incorporó una norma que obliga a que el 20 por ciento de los recursos de mejoramiento y de reparación se destinen a condominios. Ése es un gran avance, porque incentiva la organización, ya que permite acceder a recursos públicos para mejorar los bienes comunes.
Por otra parte, el decreto N° 255 incorporó un nuevo subsidio para los bienes comunes y permitió que se aplicaran simultáneamente todos los subsidios.
Dicho decreto permitía el mejoramiento del entorno, del interior de la vivienda y de las ampliaciones, pero no quedaron contemplados los arreglos de escaleras, techos o patios. Sin embargo, con la modificación que se le introdujo quedaron considerados, aunque como una excepcionalidad.
Ahora bien, gracias a la aplicación de una serie de programas creados durante el gobierno de la Presidenta Bachelet , alrededor de 1.200 departamentos han sido beneficiados con subsidios de mejoramiento. Se trata de construcciones que llevaban 20 años sin ningún tipo de inversión, pero que, gracias a estos programas, pudieron ser mejoradas. Esto es importante de señalar, porque qué pasará con las nuevas viviendas dentro de 20 ó 30 años más, si las familias no tienen posibilidades de invertir para arreglarlas o mejorarlas.
También, se implementó un programa piloto de mejoramiento donde no era necesario postular a un fondo concursable, sino que se eligieron varias comunas para ejecutarlo. Ignora el número total de comunas, pero en La Florida hay dos condominios a los que se les mejoró el entorno, los bienes comunes y el interior de las viviendas. Este programa tiene como exigencia que los postulantes hayan formado un condominio de copropiedad inmobiliaria.
Ese incentivo permitió que en pocos meses se constituyeran diez condominios que no habían logrado organizarse en veinte años.
Asimismo, ha habido avances en los programas adicionales del Minvu, como el mejoramiento de los espacios comunes y un convenio con Aguas Andinas, que cambia la responsabilidad de la mantención de los alcantarillados y de la solución a las pérdidas de agua.
En otro orden de cosas, ha habido diversas iniciativas de convivencia y se ha mejorado la relación con las autoridades.
En cuanto a su diagnóstico sobre el Minvu y las políticas públicas, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet hubo un aumento de la inversión pública al interior de los condominios.
Valora el programa de protección al patrimonio familiar, el mejoramiento de las viviendas y la modificación del decreto N° 255 para hacer extensivo el beneficio a los condominios, pero a pesar de esto, sólo ha habido una ampliación para condominio en los cinco o seis años que lleva el programa.
Una de sus críticas es que los programas de vivienda no contemplan la realidad específica de los condominios. La información que se entrega es confusa, las asesorías a los vecinos son malas y hay un desgaste de los dirigentes y de las comunidades.
Otra crítica es que el Minvu y el Serviu desconocen la realidad de los condominios. Hay mucha burocracia y más trabas que apoyos. Hace cuatro años que se está trabajando un proyecto de ampliación en Los Quillayes, que es uno de los lugares con mayor hacinamiento, dado que los departamentos son de sólo 33 metros cuadrados. Pero hasta el día de hoy no se ha logrado obtener el subsidio por distintas consideraciones que se presentan en la mayoría de los condominios, pero que el Minvu y las políticas públicas no consideran como excepcionalidad. Por ejemplo, el hecho de que un propietario tenga dos departamentos hace que se caiga el proyecto completo.
Muchos de los problemas de hoy son fruto de políticas mal pensadas y mal diseñadas.
Las propuestas que trajo fueron las siguientes:
-Las autoridades deben pasar más tiempo en terreno para conocer la realidad de los condominios. La tarea del Serviu debe ser facilitar la ejecución de los programas, no restringirla o ponerle problemas artificiales. Queda la impresión de que el Ministerio se dedica a decir: “Bueno, si tenemos este programa y debemos aplicarlo, ¿cómo hacemos para que no se aplique?” En consecuencia, el sistema funciona al revés, intenta ver a cuántos posibles beneficiarios puede dejar afuera. Tienen el programa, pero tratan de incluir a la menor cantidad de gente posible para que les alcance el dinero. Al parecer ése sería el problema.
-La burocracia y los problemas que surgen en el desarrollo de los programas y de las políticas de vivienda provienen de la inexperiencia que se tiene en cuanto a los condominios. Por eso, se deberían generar espacios de capacitación tripartita. Siempre se dice que se debe formar a los dirigentes, pero a veces los dirigentes saben más que los funcionarios de los ministerios o de las municipalidades. La capacitación debe ser para todos por igual.
-Proponen un programa y un presupuesto especifico para los condominios de vivienda social. Hasta ahora ha habido algunas muestras e intentos de aplicar esta propuesta, pero siguen sin considerar la especificidad de los condominios, como los problemas presentado.
-Por otra parte, creen que deberían existir convenios de programación entre el Serviu, la municipalidad respectiva y los copropietarios para que se realice una intervención integral y por un período determinado.
-El plan piloto en las villas Juan Egenau y Amador Neghme , así como los de las otras comunas, ya llevan suficiente tiempo como para ser evaluados. Ha habido una inversión importante del Estado y creen que ya es tiempo de dar paso a un programa permanente. Previo a ello, es necesario revisar cuáles fueron los aciertos y cuáles los errores que se cometieron en el camino. Para ellos esto es indispensable en Los Quillayes, donde está la mayor concentración de condominios de vivienda social.
-Es necesario discutir el decreto del programa de protección al patrimonio familiar y adaptarlo a la realidad de los condominios.
-Los dirigentes deben ser acompañados por profesionales expertos que manejen información correcta y actualizada. Es importante considerar los procesos de formación de los dirigentes durante la ejecución de los programas y dar a conocer cómo se aplicará el cambio en el reglamento del decreto N° 255. Saben que vienen modificaciones a dicho decreto, en especial para los condominios. En ese sentido, considera que deberían participar en esas modificaciones o, al menos, tener la información rápidamente, para poder trabajar con los dirigentes.
-También, debería existir alguna fórmula que permita contrarrestar las dificultades que tienen los condominios para lograr el quórum de 75 por ciento que se exige. Conocen el caso de un condominio de 1.200 viviendas donde un particular es dueño de 40 departamentos. Eso hace imposible alcanzar el quórum de 75 por ciento. Entonces, si bien es importante que las decisiones se tomen por mayoría, se debe buscar alguna fórmula que permita mantener los acuerdos por mayoría y, a la vez, hacer posible la ejecución de los programas.
-Además, es necesario revisar la cantidad de documentos que se exigen y enfocar el programa para que pueda aplicarse en los condominios.
-Por otra parte, debería existir un subsidio para anexar departamentos dentro de un mismo block a modo de ampliación, pues hay muchos condominios que por su infraestructura no permiten construir ampliaciones, porque tienen alcantarillado, porque tienen otro edificio pegado, etcétera. Entonces, para esos casos una fórmula de ampliación podría ser que se otorgaran subsidios para comprar el departamento ubicado al lado.
-Lo más importante es que se cree una superintendencia de condominios de vivienda social.
-No obstante todos los avances, muchos de ellos no se cumplen, como el pago en las notarías o en los conservadores de bienes raíces. Y si los juzgados de policía local no cumplen lo que les corresponde, no hay dónde hacer la acusación.
-Debería restablecerse la subdivisión de los condominios, opción que estuvo vigente hasta febrero de 2010, y dictarse normas para corregir errores o insuficiencias en las divisiones de condominios que hace el Serviu.
-Hay que limitar los poderes a no más de tres por copropietario y con una validez que no vaya más allá de una sesión. Me refiero a la fórmula según la cual si una persona no puede concurrir a una sesión de la asamblea de copropietarios, puede darle poder simple a otra persona para que la represente. Una vez una dirigente juntó cien poderes simples. Eso significa que cien copropietarios le dieron facultades para que los representara.
-Asimismo, deberían revisarse los quórum solicitados por la ley y considerar casos excepcionales. Por ejemplo, hay un abogado del Serviu que para un proyecto de ampliación solicitó que se juntara el 100 por ciento del quórum, cosa que es totalmente imposible. Ni siquiera la ley lo exige así, pero él estimó que se necesitaba el 100 por ciento. No hay nadie que regule eso. A él se le ocurrió y no hay nadie sobre él que le diga que la ley dispone otra cosa.
-En cuanto al programa piloto, es clave continuar con ese tipo de políticas, pero debe revisarse, porque ya lleva mucho tiempo. Insiste en eso porque empezó a ejecutarse en 2006 y hasta la fecha no hay un documento que diga si resultó o no. Sus objetivos son incentivar la organización de los condominios y el mejoramiento de la infraestructura. Lo más importante es que ello es sin el fondo el concursable. Hoy existe el incentivo de los dirigentes que empiezan a trabajar para postular, como el caso de Los Quillayes, pero si pasan cuatro años y aún no hay resultados, entonces, se echa por la borda todo el trabajo realizado.
A la fecha las obras todavía no finalizan completamente y se desconoce cuándo y cómo terminará el programa. Se sabe que están en el proceso de las terminaciones y en los últimos detalles, pero siempre aparecen cosas nuevas. Considera que, más allá del caso específico de La Florida, alguien debe pedirle al Ministerio que dé cuenta del resultado del programa piloto.
Se hace urgente comenzar con el proceso de evaluación. Las obras fueron realizadas, pero hubo muchos problemas con las terminaciones, por eso, los vecinos deben tener mayor participación.
Uno de los mayores desgastes que vivieron las organizaciones fueron las constantes reuniones infructuosas, en las que se llegaba a acuerdos y promesas que después no fueron cumplidas.
Lo más importante es que hoy la gente se siente mejor con el lugar en el que vive. Mejoró la calidad de vida de los vecinos, generando más apego de ellos por la villa. Además, se convirtió en un ejemplo para los otros, ya que provocó un efecto de demostración.
El tema de la fiscalización es importante, así como el compromiso de las empresas constructoras es vital.
Cree que el trabajo de los dirigentes debe hacerse más visible porque ellos hacen una parte importante en la aplicación de los programas.
Finalmente, cree que debe instalarse con más fuerza el tema de los condominios como una prioridad en la política pública nacional.
Doña Doris Antillanca , representante de la Agrupación de Comités Postulantes a Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF):
Es coordinadora del decreto Nº 255 y dirigente vecinal de Los Navíos, al cual hizo referencia Don Rafael Soto.
Está plenamente de acuerdo con ellos, que tienen la fuerza porque son dirigentes exclusivos de comités de allegados, pero el problema con las viviendas es cada vez más grave, porque desde hace mucho tiempo que no hay llamados a viviendas. Sabe que en este último tiempo no han sacado ningún proyecto.
El hacinamiento que se está produciendo es gravísimo. Habían tratado de sacar a varias personas que vivían hacinadas, pero como los jóvenes se casan y tienen hijos, nuevamente tienen hacinadas a tres o cuatro familias en Los Quillayes.
Cuando los políticos aparecen en televisión para hablar de este tema, se pregunta de qué están hablando, porque parece que no ven la realidad, ya que los problemas que viven los 365 días del año son más graves de lo que todos pueden imaginar en esta Sala.
También hay problemas conyugales, problemas intrafamiliares. Si viven seis u ocho niños en un departamento por supuesto que hay peleas entre ellos. Además, está presente el problema sexual entre los niños, la violación, todo ese tipo de cosas.
El problema que ellos viven en su comunidad es realmente grave, por lo que apoya lo que dice el resto de los dirigentes sobre las viviendas.
Se refiere al decreto Nº 255, sobre mejoramiento del entorno.
En La Florida se hizo cargo de apoyar y coordinar algunos de estos casos. Esto comenzó cuando la Presidenta Bachelet dictó el decreto destinado a mejorar las viviendas más antiguas. Las viviendas sociales tienen techo de pizarreño, por lo que si los chicos tiran piedras, se quiebran. Los frentes, que son de vulcanita, también se rompen.
Este programa era necesario, pero ya han pasado cinco años, casi el sexto, y los recursos no han aumentado, son los mismos. El número de unidades de fomento que da el Serviu no ha aumentado, sobre todo para la ampliación de viviendas. De hecho, se han realizado muy pocas ampliaciones a lo largo del país.
En la Región Metropolitana menos de 300 viviendas salieron en el último llamado que hicieron.
Es necesario que aumenten los recursos para ampliaciones, porque si no se están construyendo viviendas se produce hacinamiento. Una de las maneras en que las familias pueden vivir mejor es aumentando los recursos para hacer ampliaciones, junto con entregar más cupos.
Reitera, no han aumentado los recursos en casi seis años. Eso es lo que más solicita la gente.
Ha tenido encuentros con todos los vecinos de La Florida que están en estos programas, y lo que más reclaman son los recursos, porque con lo que dan en este momento no se alcanza a construir 3x3 metros cuadrados. Sólo se pueden construir con esos recursos 2,8 metros cuadrados. No alcanza a los tres metros.
Eso no alcanza ni siquiera para hacer un cuarto bien hecho, menos para hacer baño y cocina, que es a lo que todos aspiran.
En Los Navíos, si se quiere hacer una ampliación para baño y cocina, las Egis tampoco quieren realizarlas. Esa es otra cosa: Las Egis no quieren hacer ampliaciones.
También hay lugares donde no puede postular la gente porque es muy alto el avalúo fiscal, que ha subido mucho por la llegada del Metro, por el Shopping. Hay personas de más edad que no pueden postular a estos proyectos, aunque quieran hacerlo.
Ahora, las Egis particulares, como ya encontraron cómo pueden ser aprobados sus proyectos, están pidiendo menos de 10 mil puntos para mandar el proyecto. No están permitiendo que sea con 12 mil puntos. Si una familia que vive en extrema pobreza tiene la posibilidad de mandar a sus hijos a Cuarto Medio, no puede postular a esos proyectos porque ya tiene 12 mil puntos. Igual es gente pobre, pero no puede postular. Entonces, ellos dicen: ¿por qué mi vecino puede y yo no puedo? Es muy injusto, porque las fichas han subido mucho.
Para qué decir los que tienen 14 mil o 15 mil puntos Es un problema grave que se está presentando para postular al decreto Nº 255.
Otra cosa que pasa con las Egis es que se pierde documentación. Los que organizan los grupos son los dirigentes. Después, tienen que buscar a la Egis, que es la que hace el proyecto. Posteriormente, está la constructora, que consiguió la Egis, y, al final, está el Serviu, que asigna los recursos.
Las Egis extravían los documentos que se le entregan y no se hacen responsables. Entonces, los vecinos, al momento de postular de nuevo, tienen que sacar toda la documentación. Podrán decir que sólo son fotocopias que cuestan 400 ó 500 pesos, pero en las poblaciones con ese dinero alcanza casi para un kilo de pan.
También se piden los certificados de viviendas sociales. Pero si es vivienda social es porque el Serviu dio el subsidio. Se pide de nuevo la escritura, la documentación de Impuestos Internos, el rol de avalúo desglosado. Toda documentación que cuesta plata -el certificado de vivienda social la municipalidad lo cobra- y que, además, vence. Si no sale llamado, se pierde la documentación y todo lo que los vecinos pagaron, por lo que tienen que volver a pagar.
Entonces, el problema que se presenta es la poca información y la desinformación. Serviu tiene una información y las EGIS tienen otra.
Afortunadamente, los vecinos no tienen que ir siempre al Serviu, porque los dirigentes organizan todo.
Al igual que lo que señalaron los comités de vivienda, todo podría hacerse en forma directa para los vecinos. Generar un mecanismo para que ellos reciban directamente el subsidio, sin que pase por las EGIS. Tal vez, Serviu podría construir, pues antes se hacía así.
Los recursos pasan a las EGIS, a las constructoras y después a los vecinos. Es mucha plata la que dan, pero se va achicando en el camino.
Le interesa que tengan muy presente el problema del vencimiento de los papeles, porque es muy complicado para los vecinos.
Lo otro importante es que aumenten los recursos, porque los materiales subieron mucho por culpa del terremoto.
Don Patricio García , Jefe Departamento EGIS , Municipalidad de La Florida:
Desde la visión municipal, cree que hasta el momento la discusión de la nueva política de vivienda se ha concentrado en dar solución a los sin techo, a la forma en que se modifica o mejora el programa de Fondo Solidario de Vivienda, los decretos N° 4 y N° 40, que apunta a los sectores medios.
Pero ¿qué pasa con la problemática de los con techo y las políticas que apuntan al desarrollo y recuperación de barrios?
Se ha hablado del programa de protección al patrimonio familiar y algo se mencionó acerca del programa Quiero a mi barrio.
Sin duda, la situación de los sin techo es muy importante. Cree que no se puede renunciar a la posibilidad de concretar proyectos de vivienda social en sectores pericentrales, como la comuna de La Florida. Eso implica una inversión inicial mayor que, básicamente, apuntará a la compra de terrenos, por eso el Estado debe generar una política de adquisición de suelos.
Cuando llegan las EGIS a hablar al municipio, siempre el primer tema es el precio del terreno y eso se repite en las comunas de La Florida, Peñalolén y Macul.
Si no hay una política del Estado que apunte a solucionar ese problema, difícilmente, va a haber proyectos de vivienda social como el que necesitan los vecinos.
También cree que no se puede eliminar o disminuir la participación de las organizaciones sociales en la gestación y desarrollo de los proyectos de vivienda.
La postulación individual atomiza la demanda y no orienta al desarrollo de proyectos con perspectiva de integración urbana y social. Además, las familias pierden capacidad de información e interlocución frente al sector privado.
La situación de los sin techo, de los allegados, no sólo tiene solución a través de los proyectos de construcción en nuevos terrenos, pues existe el subsidio de densificación predial que no ha funcionado por años.
Siente que es importante revisar lo que ocurre con esa línea de subsidios y potenciarla. En la comuna, e imagina que así ocurre en otras, hay terrenos de 500 ó 600 metros cuadrados que es posible que las familias subdividan y construyan una segunda e, incluso, una tercera vivienda para los allegados de su propio grupo familiar. Así se evitaría el desarraigo y los mantendría unidos.
Existen gastos adicionales que el subsidio no considera. El subsidio para la densificación predial, en la modalidad antigua, es similar al subsidio de construcción en sitio propio.
La densificación predial implica procesos como la subdivisión del predio y gastos constructivos extras, que tienen que ver con la extensión de las redes sanitarias y eléctricas, que no es posible financiar con el subsidio actual.
También, tiene preocupación por la adquisición de viviendas usadas. Ese subsidio funcionaba con algunos vicios, pero ciertamente era una buena solución para mucha gente de la comuna.
Cuando se realizan jornadas y salen a los barrios, el 90 por ciento de las consultas apuntan a ese tipo de subsidio, porque la gente quiere seguir viviendo en su comuna.
Debido a que no se puede dar boletas de garantía se dejó fuera de la licitación a las EGIS municipales en los últimos llamados para el subsidio.
Como municipio estaban muy ordenados, trabajaban en forma responsable en 30 ó 40 casos mensuales.
¿Qué hace el Estado frente a privados que son propietarios de un gran número de viviendas sociales?
En particular, cuando ingresaron a la Villa Alonso de Ercilla, afectada por el terremoto, el gran problema que detectaron fue el gran número de arrendatarios.
Se pudo detectar que existen privados que son dueños de 20 ó 30 departamentos, y eso no le parece bien, porque el Estado no hizo un gran esfuerzo para que privados lucren de eso.
Las problemáticas de los con techo están mencionadas en el documento: El hacinamiento es una de las más graves; el deterioro de las viviendas; la plaga de termitas, problema graves que da la impresión de que no se les ha tomado el peso, a pesar de que es una plaga que está afectando, al menos, a cuatro regiones del país. Otros problemas son el deterioro del entorno y respecto de los condominios sociales, que ya se profundizó bastante, la manera en que la ley de copropiedad tiene amarrada a la gente que vive en ellos.
En lo relacionado con la plaga de termitas, se debe tener un diagnóstico más preciso de la problemática a nivel regional. Sólo en la comuna de La Florida hay más de 500 viviendas declaradas inhabitables por ese problema.
La solución es una sola: la construcción en sitio propio. Cree que es necesario potenciar soluciones constructivas que tiendan a eliminar la madera, al menos, en su aspecto estructural.
Se debe incorporar, como parte de los programas de postulación establecidos por el Minvu, la experiencia piloto de inhabitabilidad parcial, realizada en la comuna de La Florida, y otorgar subsidios para los tratamientos de terrenos afectados por la plaga. No se saca nada con renovar viviendas en algunos barrios, si la plaga va a permanecer ahí y va a atacar a los predios y construcciones vecinas.
Enviaron una propuesta al director del Serviu , que básicamente operaba a través del Programa de Protección al Patrimonio Familiar titulado Mejoramiento del Entorno, lo que plantearon en el contexto de un convenio de colaboración interministerial.
El proyecto de inhabitabilidad parcial opera desde el 2009. Se generó un llamado que entregó un subsidio de 200 UF y es una solución intermedia entre el subsidio de 55 UF del Programa de Protección al Patrimonio Familiar y el subsidio que entrega el Fondo Solidario de Vivienda de 370 UF. Esta solución intermedia nos permite renovar en una vivienda todo lo que es estructura de madera, sin tener la necesidad de demolerla. Hay muchas viviendas en albañilería, que tienen su estructura de cubierta y tabiquería de madera.
Debido a los plazos, sólo siete familias de la villa San Esteban fueron beneficiadas con este subsidio, otorgado a través del Fondo Solidario de Vivienda. Hoy sus casas están casi terminadas. Se renovó toda la estructura de cubierta y tabiquería en una construcción que tardó entre dos y tres meses.
Cree que esto se debe incorporar el Programa de Protección al Patrimonio Familiar, ya que no estamos construyendo una vivienda nueva, sino que recuperando el patrimonio, recuperando lo existente.
Con respecto al hacinamiento, se mencionó que uno de los temas graves son los metros cuadrados que tienen las viviendas en gran parte de la región. Han visitado viviendas de 30 metros cuadrados en las que viven hasta 14 personas. Esta situación se agrava más en el caso de los departamentos en condominios sociales, porque existe la imposibilidad de poder ampliarse.
Un caso singular que hay que potenciar y profundizar es el proyecto de ampliaciones que, hasta el momento, es el único que se ha podido materializar a través del Programa de Protección al Patrimonio Familiar de ampliaciones para condominios sociales.
El caso inédito que comenta corresponde a dos condominios de la comuna en los que se pretende ampliar 48 departamentos. Se trata de 45 familias beneficiadas que cumplieron con los requisitos. Los tres restantes no cumplieron con los requisitos, pero se logró obtener de parte del municipio los tres subsidios que faltaban para que se construyeran todas las ampliaciones, porque al verse perjudicada una persona, no se podía concretar la ampliación íntegramente.
Este proyecto ya recibió la recepción final. Esto se puede hacer, pero tiene demasiadas exigencias y mientras no se den ciertas flexibilidades no se podrá aplicar en forma masiva; no puede que ser que por una persona se perjudique a cinco o seis familias.
Hay que considerar que en muchos de estos condominios sociales viven arrendatarios, lo que impide que el grupo de propietarios que viven en el condominio pueda postular al beneficio. Si hay un arrendatario, no tiene ficha y, por lo tanto queda fuera y no se puede ampliar el block.
Por último, algo que tiene que ver más con la visión municipal es saber qué pasa con los departamentos de viviendas municipales. Hoy no es materia de discusión el rol que cumplen los municipios en las políticas de vivienda y barrio. Debe existir una mayor coordinación e integración en la planificación con los gobiernos locales para el desarrollo de proyectos de viviendas sociales, de manera que estos no vayan en contradicción con la planificación comunal.
La ley orgánica constitucional de Municipalidades no establece en la estructura de los municipios la instancia de un departamento de vivienda y ahí queda abierta la pregunta: ¿Dónde se ubica dentro del organigrama municipal? ¿En la Dirección de Desarrollo Comunitario, en la Dirección de Obras o en la Secretaría de Planificación?
Desde su experiencia, este departamento debe ubicarse en la Secretaría Comunal de Planificación. El marco normativo establece, a través de la Serplac una relación formal en el planeamiento urbano con el Ministerio de Vivienda, órgano a nivel central y el principal gestor y ejecutor de la política de viviendas a nivel nacional.
En la Serplac se ubica la asesoría urbana y cree que el tema vivienda y barrio debieran ser elementos centrales de la planificación urbana.
Don Lautaro Guanca , dirigente social y Concejal por Peñalolén.
Le gustaría que la motivación de la Comisión fuera más precisa, a fin de tener un hecho puntual sobre el cual poder opinar y que el Ministerio pueda responder.
En octubre de 2009, su federación se enteró por internet que la política habitacional cambiaría drásticamente. Evaluaron los contenidos de esta nueva política habitacional y la consideraron un peligro para los pobladores -un nuevo Transantiago- el aumento de los ahorros y la burocracia en el sistema de postulación, la reducción de los metros cuadrados construidos y la posible extinción del subsidio de localización, como aparecía en el borrador de la página web. Los pobladores habían logrado, en 2006, castigar la segregación socioespacial y con 200 UF como tope por familia, se podía comprar predios bien ubicados en la capital.
En Peñalolén, La Reina y La Florida se pudieron obtener varios terrenos, lo que evitó perpetuar la pobreza en los extramuros de la ciudad, donde no hay servicios y los terrenos no tienen plusvalía.
La política de la Federación siempre ha sido democratizar la plusvalía que genera la ciudad, para que esto no quede concentrado en un solo grupo de operadores económicos de la banca, en el negocio inmobiliario.
Hoy, Peñalolén -comuna que representa como concejal-, lamentablemente, pertenece a la cartera hipotecaria del Banco de Chile, del Banco del Estado y del Banco del Desarrollo, lo que es tremendamente agresivo para los pobladores sin techo.
Se pusieron en campaña generando un proceso de movilización importante, a raíz del cual hubo resultados drásticos para los dirigentes ya que algunos terminaron en la cárcel. Sin embargo, se logró un marco de acuerdo, en el que el Ministerio se compromete a llevar a cabo un diálogo permanente en una mesa de trabajo que se sostiene hasta ahora con la división de políticas habitacionales, encabezada por el señor Guillermo Rolando . Ello ha servido para atajar este nuevo “Transantiago” en vivienda, y para exponer algunos elementos novedosos a la hora de poder elaborar una política pública de vivienda con la participación de los agentes desarrolladores y las familias que van a vivir en esas viviendas, las cuales son las últimas personas a quienes se les pide una opinión a la hora de elaborar una política habitacional.
Lo que los tiene satisfechos en esa mesa a muchos de sus dirigentes es que, por primera vez, han conocido a una ministra. Es lamentable que anteriormente muchos dirigentes de la federación nunca pudieron sentarse en una mesa ministerial. Han sostenido, semana a semana, frecuentes reuniones en el Ministerio de Vivienda, en las que se les ha detallado los niveles de desarrollo y avance que ven en su elaboración y programación de los nuevos decretos. Por ejemplo, se les ha comentado que el decreto supremo Nº 40, junto con el título II del Fondo Solidario de Vivienda, ya están en la Contraloría para su revisión.
El compromiso de la ministra ha sido escuchar a los pobladores hasta que se pueda consensuar una propuesta definitiva de cómo regular el título I del Fondo Solidario de Vivienda, el cual viene con las distintas correcciones del actual Ministerio, que posee una identidad política ideológica distinta. En concreto, le han pedido que uno de sus titulares, un anexo, un apartado, o una serie de reglamentos del decreto, apunten a cómo hacer participar más a la familia en ese proceso.
El problema concreto es que han detectado que esta política habitacional del Fondo Solidario, en su título I, que será derogado por el DS Nº1 de 2011, no pone un peso más para la construcción y compra de vivienda. No hay más dinero; incluso, se está una pestañita más abajo de lo que entregaba el Gobierno anterior. Incluso, se está viendo cómo superarlo, aunque nunca en las proporciones. Al respecto se está viendo un subsidio para equipamiento. Pero, reitera, nunca en las proporciones que hoy el mercado de suelos y el mercado de la construcción requieren para levantar una casa.
Por ejemplo, en el primer y segundo año, con esta política y en el mejor de los escenarios, se tendría una dotación de viviendas mejor que las de la política habitacional iniciada en 2006.
Su propuesta tiene que ver con cómo hacer que los fondos que actualmente se están destinando para llenar los bolsillos del mercado inmobiliario y de los dueños de los grandes terrenos -latifundio urbano, como se le llama- pasen a expresarse en más metros cuadrados, mejor calidad y mejor ubicación. Para ellos, eso es autogestión.
La ministra ha demostrado en forma anticipada que el concepto le parece interesante, porque la federación ha demostrado que esos dineros no irían a parar precisamente donde quienes se quedan con gran parte del producto.
Se está hablando de que en la actualidad el Estado de Chile gasta 10 UF para entregar una, lo que no es economía en ninguna parte.
Su planteamiento es cómo hacer que los pobladores, de ahora en adelante, puedan administrar la billetera. Por ejemplo, existen pretensiones del Ministerio para ingresar proyectos de vivienda en verde, es decir, sin las familias. Por otro lado, se pretende iniciar una postulación a través de una especie de voucher, un “vale por”, en que el procedimiento es el siguiente: la persona entra al Serviu, toma su subsidio o voucher, y luego va al mercado inmobiliario y ve qué le alcanza con eso.
La federación, si bien no está de acuerdo con esa medida de carácter netamente mercantil, cree que es un formato adecuado por donde la autogestión puede abrirse paso
Los comités de vivienda están estudiando y conversando estos asuntos, porque los pobladores no son ni de izquierda ni de derecha -los sin casa no son ni de izquierda ni de derecha, sino sólo sin casa-, y lo que hay que resolver son los problemas de la gente que no tiene techo para este invierno.
El problema es cómo entra el comité de vivienda como entidad patrocinante, previa postulación de las familias con sus subsidios. En esa forma los pobladores podrán elaborar sus propios proyectos de vivienda, calificarlos, tomar a las familias con subsidios e, incluso, con plata en la mano, en forma más ventajosa, en términos de oportunidad de compra y flexibilización del pago -problema que tienen en la actualidad en los comités de allegados a la hora de comprar terrenos-, comprar terrenos bien ubicados en las principales capitales del país.
La idea es que, ya sea con la elaboración de un proyecto o familias con subsidio, ambos puedan ir directo al mercado inmobiliario y poder comprar terrenos bien ubicados y así asegurar un buen desarrollo autogestionado de los proyectos. Eso significa que pueden nacer empresas de construcción social, o empresas sociales de construcción, que no se echen el 30 por ciento del presupuesto al bolsillo.
Eso ha sido parte de un pre-acuerdo con la ministra. Sin embargo, la Federación Nacional de Pobladores y las distintas entidades que están avanzando hacia la generación de un marco regulatorio autogestionable en la producción social del hábitat están impulsando la posibilidad de construir 50 metros cuadrados en unidades de vivienda unifamiliar y 60 metros cuadrados en viviendas colectivas, es decir, departamentos.
Ese es un compromiso de los pobladores que, con capacidad de gestión, con responsabilidad, y con cautela, quieren desarrollar un cuadro normativo que permita avanzar.
Sin embargo, eso será demagogia si no hay un compromiso completo e integral de todas las autoridades. No solamente las del Ejecutivo , sino a parlamentarios, autoridades comunales y dirigentes.
Se está ad portas de lograr mantener el 30 por ciento que se está llevando el mercado, lo cual es un derroche que se está generando desde el Estado a la hora de producir casas, porque son de mala calidad; son muy chicas y fuera de las ciudades. Además, pareciera ser que ninguna de las autoridades se ha motivado a ponerle el cascabel al gato.
Como pobladores se apunta en esa dirección. Han hecho propuestas y han sido parte de esta mesa de trabajo con el Ministerio. Se ha estado estudiando seriamente la posibilidad de comprar predios en forma directa. No habla de fondos de subsidio, sino que, por primera vez, el ministerio estaría avanzando con el apoyo de varios parlamentarios.
En ese sentido, a fin de mes habrá una reunión con la diputada señora María Angélica Cristi , con el diputado señor Enrique Accorsi y con la ministra de Vivienda para avanzar en este proceso de compra en la comuna de Peñalolén, de varias hectáreas, pero no con fondos de subsidios, sino con montos de inversión. Por primera vez, el Ministerio haría frente a una situación con su poder negociador, con su capacidad de inversión y no de entrega de subsidios, porque a los pobladores se les dificulta la oportunidad de compra; es decir, se les hace más difícil comprar los predios que están ahí, porque el mercado inmobiliario es más hábil, rápido y ágil a la hora de adquirirlos.
Hay que comprar el terreno de la Universidad de Chile que está ubicado en La Reina; hay que habilitar Las Tinajas, para que, de una vez por todas, se puedan construir las viviendas. Hay que comprar varias hectáreas en el sector alto de Peñalolén. Hay que comprar y sacar adelante un pilotaje -que fue propuesta de la ministra- que permita demostrar que los pobladores pueden tener autogestión. Eso no es autoconstrucción, o la gente haciéndose sus casas, sino que autogestión como el proceso en el cual son los pobladores quienes administran la billetera, creando la figura del gestor de proyectos, que representa más Estado. Se habla de un funcionario del Serviu con carácter de ejecutivo de proyecto, que es el que actualmente tiene el director del Serviu metropolitano. Incluso, el representante de Concepción trabaja con gestores de proyectos.
Esas personas no se ponen ni adelante ni atrás del comité de vivienda, sino al lado, acompañándolos para asesorarlos y calificarlos en cada uno de los procedimientos que, a fin de mes o inicios del próximo, se pueda tener algo en limpio.
Se está hablando de una normativa, de un cuadro regulatorio que permita generar autogestión, es decir, el proceso en el cual se manejen los recursos y se fiscalice que éstos se expresen en la compra del terreno y la construcción de las viviendas, y no que se metan en el bolsillo del mercado, donde se hacen jugosos negocios con los sueños de las familias.
No se sabe si en este mes o en el siguiente se invitará a varias autoridades parlamentarias y del Ejecutivo a lo que se ha llamado un “Caupolicanazo de los pobladores”. Se está abriendo una nueva tanda de negociaciones, de movilizaciones, de organización. Han recibido el saludo de esta iniciativa de muchos comités de vivienda de las zonas devastadas por el terremoto. Les han dicho que el proceso autogestionario, en el sentido de elaborar sus proyectos de vivienda y avanzar junto al Serviu en el proceso de producción social, lo están mirando con muy buenos ojos. Saben que hoy hay menos lucas y que hay más dificultades para construir viviendas, y la única posibilidad es que se ahorre lo que el Gobierno no está sumando a los montos del subsidio.
Su política es mantener las lucas disponibles; en lo posible, aumentarlas, y aumentar la cantidad de subsidios. Pero saben que la tendencia a seguir subsidiando sería que, de aquí a 2015, para comprar una vivienda social se gasten 1.500 o 1.700 unidades de fomento, lo que no puede ser. Creen que con autogestión lo lograrán, pero no obtendrán nada si no cuentan con compra directa de terrenos de parte del Ministerio con el apoyo de todas las autoridades.
IV. CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES APROBADAS POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES EN LA VOTACIÓN.
Votaron a favor la Diputada señora Claudia Nogueira Fernández ( Presidenta ), y los Diputados señores Pedro Bowne Urrejola, René Manuel García García , Romilio Gutiérrez Pino , Joaquín Tuma Zedán (en reemplazo del Diputado señor Patricio Hales Dib), Juan Carlos Latorre Carmona , Felipe Salaberry Soto , y Pedro Velásquez Seguel .
Se abstuvieron la Diputada señora Denise Pascal Allende y el Diputado señor Carlos Abel Jarpa Wevar .
FUNDAMENTOS (para modificar la Política Habitacional).
El Gobierno (a través de la presentación de la Ministra de Vivienda Magdalena Matte en la Comisión Investigadora) ha reconocido que la política habitacional que ha construido Chile ha permitido reducir el déficit habitacional en las últimas décadas, y que hoy se entregan viviendas de buen estándar y sin deuda, avanzando hacia la calidad de las mismas, e incorporando cada vez más a la clase media en las políticas del sector.
Sin perjuicio de lo anterior, reconociendo ese avance, el Gobierno ha señalado que se detectan algunos problemas en relación con la política habitacional, diagnosticándose básicamente los siguientes aspectos:
-Concentración de las postulaciones en el Fondo Solidario de Vivienda I (FSV I), debido a que la única “barrera a la entrada” era la Ficha de Protección Social (FPS) y se exigía un ahorro muy bajo. Esto a su vez provocaba un bajo interés por postular al FSV II.
-Inflación o aumento artificial del precio del suelo y del precio de las viviendas usadas, ya que el actual esquema de subsidios generó presiones sobre el precio del suelo, lo que produjo un aumento del 43,8% en el subsidio por mt2 construido en FSV I entre 2004 y 2009.
-Falta de atención a grupos socioeconómicos bajos-medios con capacidad de endeudamiento. Precisamente debido a los grandes incentivos para postular al FSV I se generó un vacío en el segmento intermedio, dejándose de lado el FSV II. Es más, este “vacío” en el segmento emergente no fue menor solo porque el año 2009 operó el DS 4 (medida anti crisis).
-Distorsión campo-ciudad provocada por la diferencia en el monto del subsidio que favorece al mundo urbano en desmedro del rural. Los subsidios son sustancialmente menores en zonas donde si bien el suelo es más barato, los costos de construcción y habilitación son mucho mayores. Además, en zonas rurales siempre hay una dificultad para materializar soluciones singulares.
-Problemas de focalización en el FSV I Capítulo I (viviendas vacías y arrendadas). En este aspecto se producen una serie de anomalías como por ejemplo postulaciones paralelas de miembros de un mismo grupo familiar, compra de viviendas usadas entre familiares, beneficios asignados indebidamente a familias con capacidad de endeudamiento, etc.
-La mayoría de los invitados a la comisión coincide en el mismo diagnóstico. Si bien se ha reducido el déficit habitacional y el estándar de las viviendas se percibe como adecuado, hay:
-Problemas de focalización.
-Crecimiento de los precios fomentado por los programas.
-Falta de incentivos a la competencia.
-Insuficiente atención a sectores medios.
OBJETIVOS (declarados en la propuesta del Ejecutivo ).
A fin de calificar los objetivos de esta “nueva política habitacional”, se percibe en la propuesta del Ejecutivo la distinción entre dos grupos:
-Grupos vulnerables: se busca premiar el esfuerzo; mejorar los incentivos a la localización y calidad; más alternativas y derecho a elegir; mejor focalización y selección de familias.
-Grupos emergentes y medios: se busca promocionar el segmento emergente, consolidar el apoyo a la clase media; simplificar la operatoria para grupos emergentes y medios (mayor flexibilización y entregar alternativas); establecer mejores incentivos a la renovación urbana y patrimonial; y pasar de apoyo transitorio a permanente.
En definitiva, se busca:
-Mejor focalización
-Más integración
-Mayor movilidad social
-Mejores barrios
-Más competencia
-Más poder de elección.
MODIFICACIONES APLICADAS EN EL AÑO 2010.
Modificaciones al DS N° 174
Mediante el DS N° 3 de 11.01.2010.
-Se establece la obligatoriedad de tasar comercialmente los terrenos donde se desarrollen proyectos de construcción del FSV. El precio de venta no podrá exceder en más de un 10% del valor de dicha tasación.
-Se modifica la postulación y adquisición de viviendas construidas. a) se regula la venta entre parientes y la tasación de la propiedad b) se postulará en el Serviu solo con antecedentes personales y familiares, sin necesidad de EGIS c) las postulaciones participaran de un proceso de concurso, donde se asignará un puntaje por vulnerabilidad y FPS.
Mediante el DS N° 104 de 01.09.2010.
-Se establece la obligatoriedad de que el beneficiario y/o su grupo familiar habiten la vivienda por un período mínimo de 5 años, condición que queda inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, constituyéndose una hipoteca de primer grado sobre el inmueble, a favor del Serviu.
-El postulante debe entregar una “declaración jurada de postulación”, en la cual se exprese su condición de vulnerabilidad, la necesidad de obtención del subsidio habitacional para acceder a una vivienda, la identificación de su grupo familiar y la veracidad de la información entregada, y la obligación que asume para entregar la vivienda.
Proceso de consulta de nuevas modificaciones.
El Minvu hizo presente una serie de organismos con quienes se reunieron para estos efectos, entre otros: Comisión de Vivienda del Senado; Directorio PRO Urbana del Centro de Políticas Públicas UC; Cámara Chilena de la Construcción de la Región del Biobío; Asociación Chilena de Municipalidades; Dirigentes de Comités de Vivienda de comunas de la Región Metropolitana ; Federación Nacional de Pobladores; Dirigentas de Campamentos; Colegio de Arquitectos, etc.
De dicho proceso se propusieron algunos ajustes:
-Simplificar la operatoria para los grupos emergentes. Actualmente son atendidos a través del FSV II. Se propone crear un nuevo decreto con la lógica del DS N° 40 (subsidio a la demanda). Se propone permitir compra “en verde” también para postulación individual. Asimismo, actualmente los proyectos son largamente evaluados por el SERVIU. Se propone que los proyectos sean solo calificados, y que sean los beneficiarios quienes elijan.
-Mejorar la focalización. Hoy en día la focalización se determina otorgando puntaje por la FPS, el número de integrantes, y por el hecho de ser discapacitado o adulto mayor. Se propone otorgar mayor ponderación al número de integrantes y menor ponderación al puntaje de la FPS. Asimismo, se propone otorgar puntaje extra por cada hijo menor de 18 años, puntaje adicional por hijos menores de 5, y tomar más en cuenta las carencias habitacionales. Además, establecer la obligación de uso y prohibición de arrendar.
-Más derecho a elegir mediante una mayor competencia. Por ejemplo, actualmente se dan principalmente postulaciones colectivas con EGIS y un proyecto asociado. Se propone en cambio, además de esa fórmula, agregar la posibilidad de una postulación colectiva sin EGIS y sin proyecto para después ser elegidos en una nómina de proyectos calificados. Asimismo, en cuanto a la postulación individual, hoy se da solo para viviendas usadas y nuevas con recepción municipal. Se propone la posibilidad de sumarse a proyectos “en verde” de la nómina.
-Subsidio progresivo. Se propone una transición “armónica” entre los distintos tipos de subsidios, por ejemplo, entre el urbano - rural; entre aquel para sectores vulnerables y aquel para la clase media, etc. En definitiva lo que se propone es corregir las discontinuidades de los subsidios ofrecidos.
-Apoyo permanente a la clase media. Se propone por ejemplo, hacer permanente aquella norma que permite un rango de compra de hasta 2.000 UF (ese artículo transitorio expiró el 31.12.2010). Se propone extender la alternativa de hasta 2.000 UF también para las viviendas usadas (hoy se acepta solo para las nuevas). Asimismo, se propone exigir certificado de pre aprobación o de precalificación para postular, ya que en la actualidad hay una alta tasa de renuncia por beneficiarios que finalmente no son sujetos de crédito.
VENTAJAS.
-Se corrige una de las distorsiones que existían en la asignación del Subsidio a la Localización (SL). El SL fue creado para ampliar las posibilidades de la vivienda social de ubicarse en comunas más integradas a la ciudad, a través de recursos adicionales que le permitieran pagar más por suelo, lo que a su vez contribuiría a combatir la segregación social. Pero el SL presentaba una distorsión, ya que no discriminaba entre ciudades, es decir, se aplicaba también en ciudades pequeñas donde no tenía sentido premiar la localización porque el suelo es más barato y la segregación no es un problema crítico. Hoy se restringe el uso del monto máximo del SL (200 UF) a las tres grandes áreas metropolitanas de Chile (Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción), con lo que se corrige esta distorsión.
-Se corrigen las distorsiones que existían en la asignación de subsidios a la vivienda usada, la cual se transfería entre parientes directos e indirectos.
- Se perfeccionan los proyectos de integración social. Antes el subsidio de integración social exigía como requisito la presencia en el proyecto habitacional de al menos un 30% de viviendas del FSV I o II. Hoy se explicita que ese 30% debe pertenecer al sector vulnerable (FSV I).
-Se amplían las alternativas de postulación, dándole mayor énfasis a la postulación colectiva, lo que es positivo considerando que la creación y mantención de las redes sociales es un activo especialmente valioso para las familias vulnerables.
-Se reducen las diferencias entre postulantes al FSV I y FSV II, lo que es positivo, ya que estos últimos por un escaso margen acceden a subsidios muy inferiores, lo cual presiona a que todos quieran calificar para el FSV I.
-Los nuevos subsidios a los grupos emergentes permitirá mejorar el acceso de los grupos medios - bajos a proyectos de mejor estándar. Se propone un esquema más simple y con más alternativas para estos hogares con limitada capacidad de endeudamiento.
-Incrementos en montos de subsidios a zonas rurales, lo que permite no discriminar y reducir los incentivos a la migración desde pueblos a las periferias de grandes ciudades.
-La propuesta presentada por el Ejecutivo incorpora medidas que buscan mejorar la focalización de los programas.
-Se crean dos nuevos mecanismos que apuntan a perfeccionar la aprobación de proyectos: a) La calificación de los proyectos de acuerdo a principios urbanísticos, que antes no existía, b) se refuerza la figura del Revisor Independiente, que debe certificar el cumplimiento de requisitos y normas en la aplicación de los subsidios y postulaciones.
-Se premiará la antigüedad de los postulantes al momento de seleccionar a los beneficiarios.
-Se permitirá la aplicación del subsidio no sólo a viviendas nuevas o usadas, sino que también para viviendas en construcción.
-Se establecen más controles a la especulación con los valores de suelo.
-Se propone apoyar de manera permanente la obtención de vivienda para sectores medios, específicamente compras de vivienda entre UF 1.000 y UF 2.000
-En cuanto a la gestión del suelo por parte del MINVU, se vislumbra como positivo el esfuerzo por asegurar suelo para los grupos más vulnerables, ya que son los que tienen menos posibilidades de acceder a un suelo bien localizado. Sin embargo, aún no hay detalle de cómo se realizará, qué criterios se utilizarán para la compra de estos sitios, cúal es el monto de dinero que se destinará, etc.
DESVENTAJAS.
- Existe una aparente contradicción entre “esfuerzo” y focalización. El principio de focalización se justifica en función de los niveles de vulnerabilidad. A mayor vulnerabilidad, mayor focalización de la ayuda estatal. Por eso, se percibe como una contradicción el promover el mayor ahorro de estos grupos vulnerables atribuyéndolo al esfuerzo, porque tácitamente se asume que ellos no ahorran todo lo que podrían, más que entender su falta de ahorro como un impedimento real. En último término, la exigencia de más ahorro debiera ir aparejada a una comprobación de una mejora en la calidad de las viviendas.
-No queda claro cómo los incentivos perfeccionan la focalización, dado que el máximo de UF para el segmento vulnerable es de 750, y las viviendas del segmento emergente comienzan desde las 600 UF. Esto iría en contra de la focalización, ya que parece un incentivo para que los emergentes hagan esfuerzos por calificar como vulnerables.
-En los segmentos emergentes se tiende a premiar más el ahorro individual que a la organización.
-No obstante se incentiva la postulación colectiva a través de la entrega de mayor puntaje, no es claro el valor que se le atribuye a este tipo de postulación, puesto que no se respeta la mantención de los grupos, ya que se exige que los proyectos de la nómina de proyectos acojan al menos al 50% del grupo, y el resto deberá buscar otro proyecto, es decir, no habría problema con dividir un grupo.
-En el subsidio de localización, no se discrimina una buena localización al interior de una ciudad, que es una de las distorsiones del SL. Debiese perfeccionarse un nuevo método de cálculo para el SL que permita acceder a terrenos mejor localizados al interior de una ciudad, discriminando localizaciones y evitando la transferencia de gran parte del subsidio a los propietarios de terrenos.
-En la tabla de calificación de los proyectos, no se exige el cumplimiento máximo de los puntajes. Por ejemplo, se puede obtener el mínimo puntaje exigido en localización, si a cambio el proyecto obtiene lo máximo en la calificación técnica del diseño de la vivienda, o aspectos energéticos. Esto es negativo sobre todo tratándose de proyectos que reciban el SL, los que deberían cumplir como mínimo con todos los requisitos de ese ítem.
-La propuesta no incorpora ajustes en materia de condominios sociales.
DESARROLLO ARMÓNICO DE LAS CIUDADES EN SUS ASPECTOS
URBANÍSTICOS Y SOCIALES.
-Se observa una ausencia de una política urbana consistente con esta propuesta de cambios a la política habitacional. La mayor crítica que puede hacerse en este aspecto es que evidentemente falta una mayor integración entre los instrumentos de desarrollo urbano y los aspectos territoriales. Falta una intención expresa por integrar planos reguladores, mecanismos de incentivos normativos, programas de inversión urbana y otras políticas de estado. Es decir, no podemos perder el sentido de creación de barrio presente en las políticas vigentes y los avances que se puedan promover en la misma dirección.
CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN.
-Se percibe una falta de debate conceptual más amplio; hay ausencia de discusión respecto del concepto que hay detrás de la llamada “política de la vivienda” que no quedan claras. Falta también una evaluación de la sustentabilidad de las políticas de vivienda y de su relación con otras políticas de superación de la vulnerabilidad.
-Consecuente con lo anterior, quizá debió aprovecharse la oportunidad política para extender el análisis -más allá de la política habitacional- a la política a nivel barrial y urbano en general, ya que el perfeccionamiento de la política de vivienda no debiera ir desacoplado de las variables urbanas.
-Pudo haberse abordado también otros tópicos, como por ejemplo, el funcionamiento de los mercados de suelo urbano; las diferencias entre demandas regionales y locales específicas; el problema de la segregación social y sus costos asociados; el análisis del aumento de los costos asociados a otras causas (volumen de oferta de subsidios, crecimiento y competencia de otros usos urbanos por el suelo, crecimiento del ingreso, etc.).
-En términos generales, las modificaciones propuestas no constituyen un cambio radical a la política de vivienda en Chile, sino más bien apuntan a perfeccionar y dar solución a problemas prácticos del sistema actual. Se mantienen básicamente los mismos principios de cantidad, calidad de la vivienda e integración social, la mayoría de los invitados a la comisión coincide en este punto.
-Abundando en el punto anterior, se valora los objetivos compartidos y sentido de continuidad de la política de anteriores gobiernos, pero no se mencionan objetivos de eficiencia, recuperación de barrios y creación de comunidad (participación y empoderamiento).
-Si bien la política habitacional también debe apoyar a los sectores medios, el foco principal debe mantenerse en los grupos más vulnerables.
-Junto con regular de mejor manera la especulación en los precios de los suelos para vivienda social, no se debe eliminar el subsidio que permita asegurar la compra de terreno en zonas con buena conectividad y equipamiento.
-Si bien es importante incentivar el esfuerzo compartido de las familias, reflejado en un sistema donde las beneficiarios que ahorren más sean recompensadas con un subsidio más alto; este sistema no debe dejar de lado a las miles de familias quienes no pueden aportar más de las UF 10 mínimas requeridas, de modo de asegurarles un mínimo de calidad, metraje y ubicación.
-Junto con el desarrollo de una política habitacional, se deberá trabajar en la formación de una política de desarrollo urbano sostenible y que busque por un mayor grado de equidad urbana.
-El programa regular de subsidios para este año 2011 es insuficiente para satisfacer la demanda histórica de allegados y familias en situación de campamento a lo largo del país; las modificaciones a la política habitacional se pueden enfrentar con el problema de levantar expectativas las cuales no serían cubiertas con un programa muy reducido en el número de subsidios.
PROPUESTAS.
-Creación de un modelo de gestión único y estandarizado para el ingreso de cualquier proyecto, incorporando algunos de los elementos que ya se encuentran interiorizados en otros sistemas de revisión del Estado (el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, es un excelente ejemplo de esta propuesta). Por ejemplo: a) que incorpore un sistema de ventanilla única permanentemente abierta para el ingreso de proyectos para evitar la superposición de roles al interior de los servicios y multiplicidad de entrada de los proyectos, información y documentos b) que incorpore un sistema on-line como respaldo oficial de los proyectos, documentos, resoluciones, aprobaciones y postulaciones, evitando el papeleo y la pérdida de información en la tramitación c) que defina responsabilidades y atribuciones específicas y acotadas en la revisión de los proyectos, con estándares técnicos y sociales mínimos previamente normados, validando las aprobaciones de los servicios correspondientes (DOM para arquitectura; Empresas de Servicios para los servicios básicos; Serviu para pavimentación y aguas lluvias, etc.), d) en definitiva simplificar al máximo los procedimientos evitando la excesiva burocracia, especialmente en el DS N° 174.
-Revisión de normas para que los proyectos ingresados a Serviu cuenten con una normativa que permita al gestor de la iniciativa predecir los criterios con que será revisado su proyecto y que le permita reclamar en caso de que no se hayan cumplido dichos criterios. La base de este sistema se encuentra en las presentaciones a las Direcciones de Obras Municipales (DOM). Al mismo tiempo, la responsabilidad legal establecida para los profesionales externos de la EGIS podría ser complementada desde Serviu para su fiscalización.
-Institucionalizar Serviu como un organismo fiscalizador de los proyectos presentados y no como un “contralor - revisor” de los mismos. Así, la determinación de incentivos a los funcionarios debiera tener como objetivo estimular la agilidad y orden en la generación de proyectos y no en el mero cumplimiento de plazos.
-Establecer un funcionario responsable de la coordinación interna de Serviu para cada proyecto. Inicialmente debe ser un funcionario del Departamento de Fondo Solidario, que coordine el proceso de revisión y aprobación en los distintos departamentos, hasta la generación del certificado de calificación definitiva. Posterior a ello el proyecto debe coordinarse por el supervisor de obras, quien a su vez debe velar por una fluida revisión, aprobación e incorporación de posibles ajustes de proyecto y un correcto y ejecutivo pago a los contratistas. Ambos funcionarios deben ser evaluados a partir de la agilidad con que los proyectos avancen, salvo que existan falencias normativas.
-En los últimos años la fiscalización ha sido mucho más exhaustiva en cuanto a lo técnico que a lo social. Con la convicción de que un proyecto de vivienda es un motor a un problema mucho mayor como lo es la exclusión, es perentorio un mayor control a los Planes de Habilitación Social de cada proyecto.
-Unificar en un solo decreto el FSV II y el DS N° 40, aplicando al FSV II la normativa más simple y expedita del DS N° 40.
-El Ministerio deberá estudiar mecanismos para mejorar los espacios comunes, el entorno y la calidad de vida de los residentes de condominios sociales.
-Se deberán buscar alternativas de una mayor participación ciudadana, a través de los comités, en los distintos procesos de los proyectos habitacionales. Se debe potenciar la organización comunitaria para los segmentos vulnerables, así como incentivar alternativas de elección para viviendas con deuda.
-Basado en las buenas y malas experiencias de las EGIS al momento de llevar a cabo la política habitacional, es que se ve necesario estudiar formatos alternativos de aplicación de política habitacional en los casos que los comités quieran prescindir de una EGIS.
-El Ministerio deberá estudiar la factibilidad de contar con una Política de apoyo al arriendo.
-Se deberá trabajar en el desarrollo de una política de suelo, principalmente para zonas urbanas con escasez de suelo para vivienda social, de modo de terminar con la segregación social.
Se designó diputado informante al señor Pedro Velásquez Seguel .
Tratado y acordado en sesiones de fechas 2, 9, 16 y 23 de marzo, 6, 18 y 20 de abril, 04, 11, y 18 de mayo, y 01 de junio de 2011, con asistencia de la Diputada señora Claudia Nogueira ( Presidenta ); de la Diputada señora Denise Pascal , y de los Diputados señores Pedro Browne, René Manuel García , Romilio Gutiérrez , Patricio Hales , Carlos Abel Jarpa , Juan Carlos Latorre , Roberto León , Juan Lobos , Iván Norambuena , Orlando Vargas y Pedro Velásquez .
El Diputado don Germán Becker reemplazó al Diputado don René Manuel García ; el Diputado don Carlos Montes reemplazó a la Diputada doña Denise Pascal ; el Diputado don Joaquín Tuma reemplazó al Diputado don Patricio Hales , y el Diputado don Felipe Salaberry reemplazó al ex Diputado don Juan Lobos .
Asiste además el Diputado señor Jorge Sabag .
Sala de la Comisión, a 02 de junio de 2011.
(Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Abogado Secretario de la Comisión ”.
9. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de reforma constitucional que extiende la obligación de comparecer y de suministrar antecedentes a las comisiones investigadoras. (boletín N° 7220-07)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los Diputados señoras María José Hoffmann Opazo y Andrea Molina Oliva y señores Giovanni Calderón Bassi , Eduardo Cerda García , Edmundo Eluchans Urenda , Rodrigo González Torres , Gaspar Rivas Sánchez , Marcelo Schilling Rodríguez , Arturo Squella Ovalle y Víctor Torres Jeldes .
En atención a la relativa sencillez de la iniciativa, la Comisión acordó prescindir del trámite de las audiencias públicas a que se refiere el artículo 211, inciso segundo del Reglamento de la Corporación.
I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea central del proyecto tiene por objeto fortalecer las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, por la vía de extender la obligación de comparecer ante las comisiones investigadoras que pesa sobre los Ministros de Estado , funcionarios de la Administración y personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, hasta seis meses después de cesados en sus funciones o cargos.
Con tal objeto, mediante un artículo único, modifica los párrafos segundo y tercero de la letra c) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política.
II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos de lo establecido en los números 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1.- Que se aprobó la idea de legislar por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .
2.- Que no hubo artículos o indicaciones rechazados.
III. DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó Diputado Informante al señor Edmundo Eluchans Urenda .
IV. QUÓRUM DE VOTACIÓN.
Tratándose de una reforma constitucional que modifica el capítulo V de la Carta Política, requiere para su aprobación del voto favorable de las tres quintas partes de los Senadores y Diputados en ejercicio, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política.
V. ANTECEDENTES.
1.- Los autores de la moción explican en los fundamentos de la misma, que las comisiones investigadoras funcionaban, en la práctica, antes de su consagración constitucional, razón que dio lugar a discusiones acerca de su legitimidad, pero luego de las reformas constitucionales del año 2005 que las incluyeron en el texto de la Carta Política, resulta indiscutible su trascendencia en el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados y en la función gravitante que han cumplido en pro de una sana democracia.
Citando al profesor Juan Carlos Ferrada , sostienen que la fiscalización parlamentaria es una de las materias que tiene una incidencia más directa y decisiva en la conformación del régimen político, la forma de gobierno y el control del poder en un estado democrático, siendo la tendencia imperante avanzar cada vez más en el fortalecimiento de la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados.
Agregan, en seguida, que la Constitución de 1980 consagró la función fiscalizadora como uno de los tres roles principales de la Corporación, agregando a la regulación ya establecida por la Constitución anterior, nuevos elementos para mejorar la operatividad de esta función, como fueron la fijación de un plazo para que los ministros contesten las observaciones formuladas por la Cámara y el establecimiento de un procedimiento regular para que los Diputados soliciten antecedentes al Gobierno, todo lo cual se vio aún más fortalecido por las reformas del año 2005, que añadieron la posibilidad de citar a los Ministros a fin de formularles preguntas vinculadas al ejercicio de su cargo y el establecimiento de las comisiones investigadoras.
No obstante, una de las críticas que se hace a la labor de estas comisiones, se centra en su falta de eficacia como consecuencia de su carencia de imperio y de muchas otras facultades investigadoras propias de la función jurisdiccional de los tribunales de justicia o de los órganos de persecución, lo que no puede ser de otra manera en atención a la división de los Poderes del Estado, pero tal circunstancia no confiere a la labor de estas comisiones un valor puramente simbólico, porque si bien en la mayoría de los casos sus principales efectos se manifiestan en la repercusión que alcanza su trabajo en términos comunicacionales y de opinión pública, el informe final que emiten suele contener conclusiones en torno a eventuales responsabilidades políticas de los involucrados, que pueden o no favorecerlos y que son puestos en conocimiento del Gobierno, de la Contraloría, de los Tribunales y de cualquier otra entidad que esté en condiciones de ponderar los resultados de la investigación.
A todo lo anterior, debe agregarse la posibilidad de que los resultados de la investigación deriven en una acusación constitucional en contra de los involucrados, con las consiguientes eventuales sanciones de destitución e inhabilidad, como también el valor comunicacional que tiene el trabajo de estas comisiones que, unido a la creciente exigencia de transparencia en el ejercicio del poder, reviste a la ciudadanía de un papel fiscalizador que constituye un gran aporte para la construcción de una sana democracia.
Lo expresado demuestra las importantes consecuencias prácticas que tiene la labor de estas comisiones, importancia que hace necesario fortalecer el marco normativo que las rige a fin de darles un sustento legal que guarde coherencia con esta creciente y progresiva trascendencia que va adquiriendo su trabajo.
En consecuencia, partiendo de la base que investigar significa, en su primera acepción, hacer diligencias para descubrir algo y, en la segunda, realizar actividades intelectuales y experimentales en forma sistemática para conocer más sobre una determinada materia, la diligencia o actividad experimental más importante de este proceso, es la de interrogar a los eventuales involucrados en el asunto sujeto a investigación, como también contar con la documentación relevante que éstos puedan aportar, facultad que al efecto consagra la letra c) del número 1) del artículo 52 de la Constitución, en cuanto permite citar a las personas que señala, vale decir, los ministros de Estado , los funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, las que se encuentran obligadas a comparecer mientras permanezcan en sus cargos.
Pero dicha normativa no consagra la obligatoriedad de comparecencia una vez que tales autoridades o funcionarios hayan cesado en sus cargos, lo que se traduce en un serio inconveniente de orden práctico para la labor de estas comisiones y que los patrocinantes de esta moción, ejemplifican recordando el trabajo de la comisión investigadora del fraude en el Gobierno Regional de Valparaíso. En efecto, recuerdan que en marzo del año en que se constituyó la comisión, se había producido un cambio de gobierno y la mayoría de las personas presuntamente implicadas habían cesado en sus funciones al momento de salir a la luz las irregularidades, por lo que la comisión carecía de facultades para hacerlas comparecer. Agregan que frente a tal situación, salvo los casos excepcionales de personas que aún se mantenían en sus cargos, la labor de la comisión dependió de la disposición o buena voluntad de las personas invitadas a asistir y, por lo mismo, si nadie hubiera accedido a hacerlo, esa labor se habría visto, en la práctica, imposibilitada.
De lo anterior, la necesidad de abordar una reforma constitucional que extienda la obligación de comparecer y de enviar antecedentes durante un cierto tiempo luego de cesado en el cargo, medida que no sólo fortalecerá la labor investigativa de las comisiones, sino también guardará coherencia con lo establecido en este mismo aspecto en lo referente a la acusación constitucional.
Recuerdan en este último aspecto que la acusación constitucional, otra forma de hacer efectiva la facultad fiscalizadora de la Cámara, puede dirigirse contra las personas que la Constitución señala hasta tres meses después de producida la cesación en el cargo, plazo que aumenta a seis meses en el caso del Presidente de la República , razón por la que no divisan el fundamento para no aplicar semejante ampliación en el caso de las comisiones investigadoras.
Haciendo un paralelo entre ambas instituciones, señalan que son acusables el Presidente de la República , los ministros de Estado , los magistrados de los tribunales superiores de justicia, el Contralor General de la República, los generales y almirantes, los intendentes y gobernadores. A su vez, pueden ser citados a comparecer ante una comisión investigadora los ministros de Estado , los funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria. Agregan que si bien no se trata exactamente de las mismas personas, resulta perfectamente factible que un individuo citado a una comisión investigadora pueda, luego, ser objeto de una acusación constitucional, añadiendo que es muy probable que quien ha sido objeto de una acusación constitucional lo sea en razón de antecedentes obtenidos por medio de una comisión investigadora.
De lo dicho resalta con toda nitidez la importancia de extender la facultad de citar de las comisiones investigadoras hasta después de cesada en el cargo la persona cuestionada, pero tal extensión debe concebirse en términos más amplios que los previstos para la acusación constitucional, en atención a los caracteres distintos de ambas figuras, por cuanto, si bien podría parecer inadecuado que una persona estuviera expuesta a una acusación más de tres meses después de cesada en sus funciones, sin poder, por tanto, despreocuparse de las posibles consecuencias de sus anteriores actividades, no sucede lo mismo con las comisiones investigadoras cuyas funciones no se agotan en ser el camino hacia una posible acusación constitucional.
Por todo lo anterior, proponen extender el plazo para citar a una persona a comparecer ante una comisión investigadora hasta seis meses después de cesada en el cargo, respecto de todos quienes pueden actualmente ser citados.
2.- La Constitución Política en su artículo 52 número 1), letra c) dispone que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados :
“c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.
Las comisiones investigadoras, a petición de de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado , los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.
No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas.”.
VI. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a.- Discusión general.
El Diputado señor Eluchans explicó los fundamentos de la moción señalando que ella había sido suscrita por los Diputados que integraron la comisión investigadora del fraude en el Gobierno Regional de Valparaíso, razón por la cual en su patrocinio figuraban parlamentarios de distintas corrientes políticas. Señaló que eran precisamente las dificultades con que se topó esa comisión en su trabajo, lo que inspiraba esta reforma constitucional, por cuanto el artículo 52 de la Carta Política, en la letra c) de su número 1), permitía la creación de comisiones investigadoras y las facultaba para convocar durante su trabajo a una serie de funcionarios, pero únicamente mientras éstos se encontraran en funciones.
La limitante mencionada había afectado especialmente el trabajo de la comisión, toda vez que en el período en que se realizó la investigación, se produjo el cambio de la coalición gobernante, lo que significó que muchas de las personas involucradas dejaran sus cargos, debiendo la Comisión limitarse sólo a invitarlas, pero como éstas no estaban obligadas a asistir, no se pudo, en definitiva, contar con sus aclaraciones.
De ahí, entonces, la propuesta que se hacía en el sentido de prolongar la obligación que establecía la citada letra c), de tal manera que la obligación de comparecer ante una comisión investigadora se extendiera hasta seis meses después de cesado el funcionario en el cargo. Asimismo, se proponía también suprimir las expresiones iniciales del párrafo tercero de esta misma letra, es decir, los términos “ No obstante”, porque en atención a la modificación que se introducía en el párrafo segundo, tales expresiones dejaban de tener sentido.
En apoyo de su propuesta, recordó que la acusación constitucional puede interponerse en contra de las autoridades que menciona la Constitución hasta tres meses después de cesadas en sus cargos, salvo el caso del Jefe del Estado en que tal plazo se extiende hasta los seis meses. Agregó que al respecto se había estimado más adecuado prolongar ese plazo por seis meses, en forma pareja, para todas las personas susceptibles de ser convocadas a una comisión investigadora.
El Diputado señor Harboe estimó loable la finalidad perseguida por el proyecto, pero creía que era insuficiente, por cuanto la tendencia actual relegaba al Estado a un papel más secundario en el desarrollo de proyectos y políticas públicas, encomendándose a terceros su ejecución, por lo que un importante porcentaje de recursos públicos son administrados por organismos privados, lo que se traduce en la existencia de una activa participación del sector privado en labores que suelen ocasionar perjuicios al Estado. Al efecto, recordó el trabajo de la comisión investigadora del yacimiento San José , perteneciente a la empresa San Esteban, en que la comparecencia de los propietarios era voluntaria y, finalmente, terminaron por excusar su asistencia a algunas de las sesiones a que se les invitó.
Por ello creía que podría establecerse mediante esta misma reforma constitucional, la obligación de todos los ciudadanos de comparecer ante las comisiones investigadoras que requirieran su presencia.
El Diputado señor Cristián Monckeberg se manifestó favorablemente al proyecto por cuanto contribuiría a fortalecer la facultad fiscalizadora, pero creía que podría evaluarse la posibilidad de extender el plazo propuesto hasta un año después del cese de funciones.
En todo caso, respecto de la propuesta del Diputado señor Harboe en lo relativo a consagrar la obligatoriedad de asistencia de los particulares, recordó que las facultades fiscalizadoras de la Cámara están orientadas al funcionamiento del aparato público, sin perjuicio, además, de que resultaría en extremo complejo establecer sanciones en caso de incumplimiento, dado que la Corporación carece de facultades de apremio.
La Diputada señora Turres mostró preocupación por las posibles sanciones que se establecieran para los ex funcionarios que no comparecieran ante una comisión investigadora, porque la actual legislación establece un procedimiento ante la Contraloría, el que ha sido concebido para quienes se encuentran en actual ejercicio de sus cargos.
Asimismo, creía que la sugerencia del Diputado señor Harboe no se justificaba respecto de particulares, porque las comisiones investigadoras no eran tribunales ni estaban facultades para imponer sanciones administrativas, como tampoco que nunca podría hacerse efectiva la responsabilidad política de un ciudadano común, toda vez que no ostentaba cargo alguno.
El Diputado señor Burgos creía de primera importancia abordar los problemas de trabajo de las comisiones investigadoras, especialmente, porque las facultades fiscalizadoras de la Cámara, en algún momento, deberían adquirir mayor preponderancia que la función legislativa. No obstante, pensaba que debería procurarse uniformar los plazos que para situaciones análogas establece la Constitución, a fin de mantener la debida simetría o congruencia; por ello deberían establecerse iguales términos para acusar constitucionalmente a ministros que hubieren cesado en sus cargos con los que se proponen para exigir su comparecencia ante las comisiones investigadoras.
Coincidió, asimismo, con el Diputado señor Harboe en cuanto a que la falta de comparecencia de particulares ante las comisiones investigadoras, dificultaba las labores de éstas, por cuanto muchos de los hechos que se investigan constituyen una mezcla entre lo público y lo privado, pero lo propuesto por el parlamentario representaría un cambio sustancial ya que las facultades fiscalizadoras de la Cámara apuntan solamente a los actos de Gobierno, careciendo de toda competencia sobre los particulares, los que están sujetos a la jurisdicción de los tribunales.
Por otra parte, recordando que las reformas introducidas a la Constitución en el año 2005, habían consagrado en el texto constitucional la existencia de las comisiones investigadoras, creía debían evitarse los riesgos de facilitar en forma extrema, eventuales situaciones de persecución política injustificada, para lo cual le parecía lógico elevar el quórum de sólo un tercio de los miembros de la comisión para acordar citar a una persona, a la mayoría absoluta de los integrantes de la misma cuando se trate de citar a ex autoridades o ex funcionarios. Al respecto, recordó que tal era el quórum exigido para citar por cuarta vez a un ministro ante una misma comisión investigadora, sugerencia esta última que fue apoyada por los Diputados señores Cristián Monckeberg y Schilling .
El Diputado señor Eluchans sostuvo que la sugerencia del Diputado señor Harboe se apartaba de los objetivos perseguidos por la moción, como también discrepó del planteamiento del Diputado señor Burgos en cuanto a uniformar el plazo para interponer la acusación constitucional una vez cesado en el cargo y el que se establece para citar ante una comisión investigadora a un ex funcionario, por cuanto tal como se señalara en los fundamentos de la moción, se trataba de figuras distintas, ya que las funciones que cumple una comisión investigadora no se agotaban en ser el camino para una posible acusación constitucional. Por ello insistió en la conveniencia de establecer en seis meses la obligación de comparecer una vez cesada la autoridad o funcionario en su cargo.
El Diputado señor Ceroni fue partidario de aprobar la moción en los mismos términos en que se la presentaba, toda vez que su finalidad era establecer una fórmula para evitar la impunidad respecto de situaciones irregulares que sólo se perciben o conocen luego de cesada la persona en sus funciones. No creía necesario elevar el quórum para acordar citar a un ex funcionario, puesto que el plazo que se fija se extiende sólo por seis meses y le parecía que quienes se hubieren desempeñado en funciones públicas, debían tener claro que su responsabilidad política podría hacerse efectiva durante ese período.
En lo que se refería a la sugerencia del Diputado señor Harboe, estimaba que se alejaba demasiado de las finalidades del proyecto.
Por último, el Diputado señor Schilling , junto con señalar que la sugerencia del Diputado señor Harboe se apartaba de los objetivos de la moción, expresó su apoyo a la iniciativa por cuanto de persistir la actual situación, no sería posible que la comisión investigadora de las posibles irregularidades producidas con motivo de la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda en la Región Metropolitana, contara con la concurrencia del ex Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano y de otros funcionarios que se desempeñaron en esa repartición al momento de producirse los hechos que se investigan.
Finalmente, la Comisión acordó acoger la sugerencia del Diputado señor Burgos en lo tocante a aumentar el quórum para exigir la comparecencia de las ex autoridades o ex funcionarios ante una comisión investigadora, procediendo a aprobar la idea de legislar, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .
b.- Discusión en particular.
El texto de la moción es el siguiente:
“Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 52 de la Constitución Política de la República:
1) Agréguese la siguiente frase, a continuación de la última frase del inciso segundo de la letra c) del numeral 1), después de la palabra “soliciten”:
“Esta obligación permanecerá durante los 6 meses siguientes a partir del momento en que dichas personas hayan cesado en sus funciones o cargos.”.
2) Elimínase, al principio del inciso tercero de la letra c) del numeral 1), la frase “No obstante”.
La Comisión, luego de un breve debate y conforme lo acordado durante la discusión general, planteó un primer texto del siguiente tenor:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c) del numeral 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República:
1) Agrégase al final del párrafo segundo, sustituyendo el punto aparte por un punto seguido, lo siguiente:
“Los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.”.
2) Sustitúyese el párrafo tercero por el siguiente:
“La obligación señalada en el párrafo anterior durará respecto de las personas indicadas, hasta tres meses después de cesadas en sus cargos o funciones y para hacerla efectiva se requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.”.
La propuesta que fusionaba los actuales párrafos segundo y tercero de la letra c), suprimiendo de acuerdo al texto original, las palabras “No obstante” y agregaba como nuevo párrafo tercero la modificación de fondo, fue objeto de una observación del Diputado señor Burgos , en el sentido de mantener el plazo de seis meses propuesto por la moción original para citar a los ex funcionarios, contado desde la fecha en que cesen en sus funciones.
Cerrado finalmente el debate, se aprobó la propuesta por unanimidad, con la sugerencia del Diputado señor Burgos . Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Burgos , Cardemil , Ceroni , Díaz y Squella .
-o-
Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra c) del numeral 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República:
1) Agrégase al final del párrafo segundo, sustituyendo el punto aparte por un punto seguido, lo siguiente:
“Los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.”.
2) Sustitúyese el párrafo tercero por el siguiente:
“La obligación señalada en el párrafo anterior durará respecto de las personas indicadas, hasta seis meses después de cesadas en sus cargos o funciones y para hacerla efectiva se requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 2011
Acordado en sesiones de fechas 18 y 31 de mayo de 2011 con la asistencia de los Diputados señor Alberto Cardemil Herrera ( Presidente ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Guillermo Ceroni Fuentes , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner y Arturo Squella Ovalle .
En reemplazo del Diputado señor Marcelo Díaz Díaz asistió el Diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez .
Asistió, asimismo, a una sesión el Diputado señor René Saffirio Espinoza .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
10. Moción de los diputados señores Alinco , Campos, Jiménez , Lemus , Marinovic , Pérez, don José ; Vargas , y de la diputada señora Isasi , doña Marta .
Modifica el decreto con fuerza de ley N° 164 de 1991, de Concesiones de Obras Públicas, en el objeto de incentivar la contratación de trabajadores de zonas extremas en obras y servicios públicos concesionados. (boletín N° 7693-09)
“Los niveles de desempleo más altos se encuentran constantemente registrados en Regiones. En el último Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas, Indicadores Mensuales-Empleo N° 147, encontramos regiones como Coquimbo, Biobío , Arica-Parinacota , O’Higgins, Valparaíso , y Los Ríos, que superan el promedio nacional de nivel de cesantía. Luego tenemos regiones como Los Lagos, La Araucanía, Atacama , Antofagasta que superan el 6,5% de cesantía.
Lo anterior, es una constante en el tiempo, así en 2009, los mayores incrementos del desempleo, según cifras del INE, se observaron en las regiones de Atacama, donde subió de 5% a 8,3% en comparación con igual trimestre del año anterior; la Araucanía, desde 7,8% a 11%; Coquimbo, de 5,6% a 8%, y Biobío , de 9% a 10,9%. El aumento se extendió a regiones de bajos niveles de desempleo, como Aysén, donde subió desde 2,9% a 3,7%, y Magallanes , desde 2,2% a 3,2%, en ambos casos en doce meses.
Como vemos, un problema permanente en las regiones de nuestro país, esta dado por la falta de empleo, lo que radica luego en que muchos habitantes de regiones deciden emigrar hacia la capital en busca de mayores y mejores oportunidades de empleo. Consideramos que la migración hacia la capital no resuelve el problema de fondo, por el contrario genera nuevos problemas en la región, y también en la capital la cual tiene una alta sobrepoblación.
La excesiva centralización de nuestro país, sumado a las dificultades propias de nuestra geografía han acentuado la falta de generación de empleos y oportunidades de todo orden en las regiones, especialmente en aquellas que pertenecen a las zonas extremas de nuestro país, frenando y dificultando el desarrollo de estas, por ello creemos resulta necesario buscar formulas que permitan generar mayor actividad en regiones, y por sobretodo mayor empleo digno para su gente.
En este sentido resulta fundamental que el Estado tome medidas concretas en aquellas áreas donde de manera directa o indirecta puede ser generador de empleo, por ello consideramos relevante que en toda obra o servicio que el Estado entregue en concesión a privados, estos contraten dentro de sus trabajadores, a hombres y mujeres trabajadores de la región donde se deba desarrollar la obra o el servicio concesionado.
Lo anterior, resulta fundamental para incentivar el empleo en regiones extremas, más aun considerando los altos niveles de inversión que tienen estas concesiones, las que no solo deberían generar desarrollo de infraestructura en las diversas regiones, sino que además podrían generar desarrollo humano al generar fuentes laborales destinadas a trabajadores de la zona.
Es por todo lo expresado, que venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DFL N° 164 DE 1991,
LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS A OBJETO DE INCENTIVAR
LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE ZONAS EXTREMAS
EN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS
Artículo Único. Agréguese el siguiente inciso tercero al artículo 1°
“Las bases de licitación de cada contrato contemplaran la obligación del concesionario de contratar dentro de sus trabajadores, al menos a un 50% de trabajadores no profesionales, un 20% de Técnicos y un 10% de Trabajadores Profesionales, que se encuentren radicados en la región donde se ejecuten las obras o se preste el servicio. Para efectos de computar la proporción señalada se excluirá al personal técnico especialista que no pueda ser reemplazado por personal de la región. Esta obligación será exigible tratándose de servicios u obras a ejecutarse en las regiones I y II, X, XI, XII y en las provincias de Chiloé y Palena”
11. Moción de los diputados señores Alinco , Baltolu , Cardemil , Jiménez , Lemus , Marinovic , Santana , Vargas , y de la diputada señora Isasi , doña Marta .
Modifica el Código del Trabajo, para fomentar la contratación de trabajadores de zonas extremas. (boletín N° 7694-13).
“Los niveles de desempleo más altos se encuentran constantemente registrados en regiones. En el Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas, Indicadores Mensuales-Empleo N° 147, encontrarnos regiones como Coquimbo, Biobío , Arica Parinacota , O'Higgins, Valparaíso , y Los Ríos, que superan el promedio nacional de nivel de cesantía. Luego tenemos regiones como Los Lagos, La Araucanía, Atacama , Antofagasta que superan el 6,5% de cesantía.
Lo anterior es una constante en el tiempo, así en 2009 los mayores incrementos del desempleo, según cifras del INE, se observaron en las regiones de Atacama, donde subió de 5% a 8,3% en comparación con igual trimestre del año anterior; la Araucanía, desde 7,8% a 11%; Coquimbo, de 5,6% a 8%, y Biobío , de 9% a 10,9%. El aumento se extendió a regiones de bajos niveles de desempleo, como Aysén, donde subió desde 2,9% a 3,7%, y Magallanes , desde 2,2% a 3,2%, en ambos casos en doce meses.
Como vemos, un problema permanente en las regiones de nuestro país, esta dado por la falta de empleo, y en particular este problema se ve agravado en las zonas extremas del país, donde el costo de la vida claramente es superior, todo lo cual radica luego en que muchos habitantes de zonas extremas deciden emigrar hacia la capital en busca de mayores y mejores oportunidades de empleo. Consideramos que la migración hacia la capital no resuelve el problema de fondo, por el contrario genera nuevos problemas en la región, y también en la capital la cual tiene una alta sobrepoblación. Por lo demás, por razones incluso geopolíticas resulta indispensable tornar medidas que tiendan a frenar posible migraciones a otras regiones.
No es un secreto que la excesiva centralización de nuestro país, sumado a las dificultades propias de nuestra, geografía han acentuado la falta de generación de empleos y oportunidades de todo orden en las regiones, especialmente en aquellas que pertenecen a las zonas extremas de nuestro país, frenando y dificultando el desarrollo de estas, por ello creemos resulta necesario buscar formulas que permitan generar mayor actividad en regiones, y por sobretodo mayor empleo digno para su gente.
En este sentido resulta fundamental que resguardar la contratación de trabajadores que residan en zonas extremas en aquellas empresas que desarrollan o pretendan desarrollar sus industrias en las Regiones I y II, X, XI, XII y en las provincias de Chiloé y Palena . Por ello nuestra legislación debe regular la contratación de los trabajadores de zonas extremas, buscando garantizar que los puestos de trabajo que generen las empresas que se instalan en dichas regiones, sean ocupados por trabajadoras y trabajadores, que efectivamente residen en la región o provincia.
Lo anterior, resulta fundamental para incentivar el empleo en regiones extremas, garantizando la generación de desarrollo humano, creando fuentes laborales destinadas a trabajadores de la zona.
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA
FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE ZONAS
EXTREMAS
Artículo único. Incorpórese al código del trabajo, el siguiente Capítulo 111 Bis
“Capítulo III Bis
De los trabajadores de zonas extremas
Art. 19 bis. El ochenta y cinco por ciento, a lo menos, de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador, en obras, faenas o servicios que se lleven a cabo en las regiones I y II, X, XI, XII y en las provincias de Chiloé y Palena, deberán estar radicados en dichas regiones a lo menos 2 años antes.
Se exceptúa de esta disposición el empleador que no ocupa más de diez trabajadores.
Art. 20 bis. Para computar la proporción a que se refiere el artículo anterior, se seguirán las reglas que a continuación se expresan:
1. Se tomará en cuenta el número total de trabajadores que un empleador ocupe dentro de la región o provincia.
2. Se excluirá al personal técnico especialista, siempre que en la región no se cuente con dicho personal; Se tendrá como radicado a aquellos trabajadores que residan en la región o provincia, por más de dos años, sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales.”
3. Se tendrá como radicado a aquellos trabajadores que residan en la región o provincia, por más de dos años, sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales.”
12. Moción de los diputados señores Hasbún , Calderón , Hernández , Macaya , Morales , Sandoval , Silva , Vilches , Ward , y de la diputada señora Hoffmann , doña María José .
Establece presunción de derecho del estado de ebriedad ante negativa de conductores a realizarse la alcoholemia. (boletín N° 7696-15).
“La responsabilidad es una institución que alguien calificó de “colosal” por su extensión y profundidad. En efecto, este instituto prescriptivo se desdobla en prácticamente todas las áreas del derecho, desplegándose por ámbitos tan diversos como el civil, el penal o administrativo.
Como sabemos, el estatuto de responsabilidad consagrado a nivel legal, es aquel que concibe una orientación vinculada a una faz subjetiva de la misma, en donde al sujeto que ha cometido un hecho perjudicial en la persona o propiedad de otro, debe necesariamente efectuársele un juicio de reproche, vale decir, aquella persona que siendo imputable, civilmente hablando, ha cometido aquel hecho mediante una actuación dolosa o culposa.
Bajo este orden de ideas, para acreditar la responsabilidad será necesario probar la concurrencia de este elemento subjetivo, constituido por el dolo o la culpa, situación que claramente desde un punto de vista probatorio es difícil.
Así las cosas, nuestro legislador civil ha consagrado ciertos y determinados paliativos para esta situación, consagrando entre otras medidas las denominadas presunciones de culpabilidad, reglamentadas minuciosamente en nuestro Código Civil y en otros cuerpos legales.
Pensamos que, en la actualidad, los accidentes y daños a la propiedad pública y privada generados a partir de la conducción de vehículos en estado de ebriedad, genera perniciosos efectos para quienes los sufren. Por tanto, para paliar esta situación de un modo efectivo, el presente proyecto de ley viene en consagrar como sanción a estas indeseables conductas una presunción de derecho consistente en establecer que, ante a accidentes ocasionados por una conducta inmersa dentro de la conducción en estado de ebriedad, se determine que frente a la negativa del conductor a efectuarse la alcoholemia sin una razón justificada, se presuma de derecho que el automovilista se encontraba en estado de ebriedad, sin que sea factible una prueba en contrario.
Creemos que con esta normativa que modifica la Ley del Tránsito se establecerán mecanismos acordes y eficaces contra estas personas que, con su irresponsable actuar, manifiestan total desinterés por los bienes jurídicos que lesionan.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agréguese un nuevo inciso 4° al artículo 111 de la ley N° 18.290, del Tránsito, en el que a continuación se reproduce:
“Se presume de derecho la ebriedad del conductor que niegue a efectuarse la alcoholemia sin causa justificada, por los daños que este ocasione en la persona o propiedad de otro”.
13. Moción de los diputados señores Salaberry , Álvarez-Salamanca , Baltolu , Hernández , Morales , Rojas , Silva , Vilches , y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José y Nogueira , doña Claudia .
Obliga a las administradoras de fondos de cesantía a emitir cartola de estado de cotizaciones e inversiones. (boletín N° 7697-13).
“El seguro de cesantía representa un avance sustancial en materia de seguridad social implementado hace algún tiempo por el gobierno y autoridades legislativas del país, con el objeto de otorgarles a aquellas personas que caían en la desgracia de la cesantía, un paliativo que morigerara los efectos económicos de tal situación en beneficio directo del trabajador y su familia.
Así las cosas, con el correr del tiempo el sistema se ha ido consolidando superando las deficiencias existentes maximizando con ello la protección de millones de trabajadores a lo largo y ancho de nuestro país.
Bajo este orden de ideas, los firmantes del presente proyecto de ley venimos en proponer que al igual como ocurre en materia de pensiones en nuestro país, en el ámbito del seguro de cesantía, las administradoras de fondos emitan a sus clientes una cartola trimestral del estado de las cotizaciones, con el objeto de otorgar a los trabajadores la mayor información posible del estado de tales cotizaciones.
Nos parece que actualmente nuestra legislación es escasa en esta materia, por lo cual se hace siempre necesario otorgarles a los trabajadores mayores niveles de información sobre el estado de sus cotizaciones de cesantía.
En efecto, la información y transparencia de los actos, es un principio que trasciende todos los ámbitos de la vida jurídico-económica, y como no, debe también regir en la mayor medida posible en el espectro laboral en claro beneficio a los trabajadores, quienes son esencialmente los grandes destinatarios de las normas laborales y previsionales existentes en nuestro ordenamiento jurídico positivo.
Pensamos que la cesantía representa un fantasma siempre presente en la vida de todos los trabajadores de nuestro país, de manera que todas aquellas normas tendientes a regular esta situación, deben necesariamente constituir objeto de preocupación de todas las autoridades públicas y el poder legislativo claramente no es la excepción.
Que, es por lo anteriormente expuesto que los firmantes del presente proyecto de ley venimos en promover esta iniciativa legislativa, consistente en establecer a título de exigencia hacia las entidades administradoras de fondos de cesantía la emisión trimestral de una cartola, actualizando el estado de las cotizaciones practicadas por empleadores y trabajadores, como también de las inversiones practicadas que se efectúen con recursos provenientes del fondo de cesantía y fondos de cesantía solidario establecidos en el artículo 41 de la ley N° 19.728, la cual deberá ser debidamente informada a los trabajadores a través de cualquier medio.
Pensamos que tal iniciativa legislativa promoverá una mayor transparencia y seguridad del sistema, haciéndolo más legítimo y adecuado a los nuevos tiempos que circundan el mundo laboral y previsional.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso segundo al artículo 41 de la ley N° 19.728, sobre Seguro de Cesantía el que a continuación se reproduce:
“Las inversiones indicadas en el inciso precedente, como el estado de las cotizaciones practicadas por el empleador, deberán ser trimestralmente informadas al trabajador a través de cualquier medio eficaz y oportuno”.