Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Roberto Delmastro Naso
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Roberto Leon Ramirez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- XII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Clemira Pacheco Rivas
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Juan Pablo Letelier Morel
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- MINUTO DE SILENCIO EN CONMEMORACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL EX MINISTRO Y EX VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EDMUNDO PÉREZ ZUJOVIC.
- DEBATE
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE LEY Nº 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN RELACIÓN CON PREDICTORES DE RIESGO COMERCIAL. Tercer Trámite Constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL EN LO RELATIVO AL CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- PERFECCIONAMIENTO DE LEY Nº 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN RELACIÓN CON PREDICTORES DE RIESGO COMERCIAL. Tercer Trámite Constitucional.
- VI. HOMENAJE
- HOMENAJE A INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DEL EJÉRCITO CON MOTIVO DE SU CENTENARIO.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- HOMENAJE : Rosauro Martinez Labbe
- HOMENAJE A INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DEL EJÉRCITO CON MOTIVO DE SU CENTENARIO.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- EXHORTACIÓN AL DIÁLOGO A MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y AUTORIDADES DE UNIVERSIDAD ARTURO PRAT PARA RESOLVER CRISIS EN SU SEDE DE COMUNA DE VICTORIA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Cristina Girardi Lavin
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Gabriel Silber Romo
- Manuel Monsalve Benavides
- Rodrigo Gonzalez Torres
- German Becker Alvear
- Mario Venegas Cardenas
- Manuel Rojas Molina
- Romilio Gutierrez Pino
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Enrique Estay Penaloza
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REPRESENTACIÓN AL GOBIERNO DE ARABIA SAUDITA POR LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO. Preferencia.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Adriana Munoz D'albora
- Cristina Girardi Lavin
- Andrea Molina Oliva
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jose Antonio Kast Rist
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Felipe Harboe Bascunan
- Luis Segundo Lemus Aracena
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.305, QUE OTORGA BONO POSLABORAL. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Denise Pascal Allende
- Clemira Pacheco Rivas
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Adriana Munoz D'albora
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Alfonso De Urresti Longton
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Pedro Araya Guerrero
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXHORTACIÓN AL DIÁLOGO A MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y AUTORIDADES DE UNIVERSIDAD ARTURO PRAT PARA RESOLVER CRISIS EN SU SEDE DE COMUNA DE VICTORIA.
- VIII. INCIDENTES
- REFLEXIONES SOBRE LA NECESIDAD DE RELEVAR LAS FUNCIONES PARLAMENTARIAS Y POLÍTICAS.
- INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN DOBLE VÍA COPIAPÓ-CALDERA. Oficio.
- INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN COMUNAS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO DE LA PAZ Y CHIGUAYANTE. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- David Sandoval Plaza
- ADHESION
- SOLUCIÓN A COMITÉS DE VIVIENDA DE MAULLÍN POR CASAS SIN TERMINAR. Oficios.
- ADHESION
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- David Sandoval Plaza
- ADHESION
- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A VECINOS DE POBLACIÓN PADRE DEMETRIO, COMUNA DE MELIPILLA. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Manuel Monsalve Benavides
- Mario Venegas Cardenas
- ADHESION
- RENOVACIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Manuel Monsalve Benavides
- Mario Venegas Cardenas
- ADHESION
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE VIVIENDA DE DAMNIFICADOS POR TERREMOTO Y MAREMOTO EN LLICO, REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficio.
- ADHESION
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE CENTRALES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS. Oficios.
- RESPUESTAS A INICIATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMA DE HACINAMIENTO EN CÁRCEL DE COPIAPÓ. Oficios.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
- INCLUSIÓN DEL PUERTO DE CASTRO EN DECRETO QUE REBAJA COBROS DE FAROS Y BALIZAS. Oficios.
- INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR EN ISLAS DESERTORES. Oficios.
- RECURSOS DE EMERGENCIA PARA REPONER JARDÍN INFANTIL DE PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUÉ. Oficios.
-
INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN DESPIDO DE FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMA EN PAGO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO QUE AFECTA A PROFESORES. Oficios.
- ASIGNACIÓN DE CUOTA ESPECIAL DE CAPTURA DE JUREL EN FAVOR DE PESCADORES DE CALDERA E INFORMACIÓN SOBRE CUOTA GLOBAL DE ANCHOVETA PARA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- PAGO DE PRODUCCIÓN A PIRQUINERO DE FREIRINA. Oficio.
- PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO SOBRE POLÍTICA APLICABLE A EXONERADOS POLÍTICOS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE RESGUARDO DE CONDICIÓN MATERNA DE PERSONAL FEMENINO DEL EJÉRCITO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ASFALTADO Y FACTIBILIDAD DE PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN FAVOR DE LOCALIDAD DE HUEYUSCA, COMUNA DE PURRANQUE. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Nino Baltolu Rasera
- Gustavo Hasbun Selume
- Celso Rene Morales Munoz
- Joel Rosales Guzman
- David Sandoval Plaza
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Jose Antonio Kast Rist
- Patricio Melero Abaroa
- Celso Rene Morales Munoz
- Carlos Recondo Lavanderos
- Felipe Salaberry Soto
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Felipe Ward Edwards
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Sergio Aguilo Melo
- Lautaro Carmona Soto
- Edmundo Eluchans Urenda
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Matias Walker Prieto
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcos Espinosa Monardes
- Lautaro Carmona Soto
- Alfonso De Urresti Longton
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Fernando Meza Moncada
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Alberto Robles Pantoja
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 39ª, en miércoles 8 de junio de 2011
(Ordinaria, 10.36 a 13.51 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- HOMENAJE
VII- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Acuerdos de los Comités 13
- Minuto de silencio en conmemoración del cuadragésimo aniversario del asesinato del ex ministro y ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Zujovic 13
V. Orden del Día.
- Perfeccionamiento de ley Nº 19.628, sobre protección de datos personales, en relación con predictores de riesgo comercial. Tercer Trámite Constitucional 16
- Modificación de normas del Código Civil en lo relativo al cuidado personal de los hijos. Primer trámite constitucional 32
VI. Homenaje.
- Homenaje a Instituto de Investigación y Control del Ejército con motivo de su centenario 43
VII. Proyectos de acuerdo.
- Exhortación al diálogo a Ministerio de Educación y autoridades de Universidad Arturo Prat para resolver crisis en su sede de comuna de Victoria 47
- Representación al gobierno de Arabia Saudita por la discriminación de género. Preferencia 49
- Solución a problemas de aplicación de la ley N° 20.305, que otorga bono poslaboral. (Preferencia) 50
VIII. Incidentes.
- Reflexiones sobre la necesidad de relevar las funciones parlamentarias y políticas 52
- Instalación de señalética en doble vía Copiapó-Caldera. Oficio 53
- Instalación de cámaras de seguridad en las comunas de Concepción, San Pedro de La Paz y Chiguayante. Oficios 54
- Solución a comités de vivienda de Maullín por casas sin terminar. Oficios 55
- Construcción de viviendas a vecinos de población Padre Demetrio, comuna de Melipilla. Oficios 55
- Renovación de la Autopista del Sol. Oficios 56
Pág.
- Solución a problemas de vivienda de damnificados por terremoto y maremoto en Llico, Región del Biobío. Oficio 57
IX. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 59
- Información sobre estado de centrales de monitoreo de calidad del aire en comunas de Temuco y Padre Las Casas. Oficios 59
- Respuestas a iniciativas de solución a problema de hacinamiento en cárcel de Copiapó. Oficios 59
- Inclusión del puerto de Castro en decreto que rebaja cobros de faros y balizas. Oficios 60
- Instalación de antena de telefonía celular en Islas Desertores. Oficios 61
- Recursos de emergencia para reponer jardín infantil de Pichicolo, comuna de Hualaihué. Oficios 61
- Investigación de presuntas irregularidades en despido de funcionaria del Ministerio de Obras Públicas, Región de Coquimbo. Oficios 62
- Información sobre problema en pago de bonificación por retiro voluntario que afecta a profesores. Oficios 64
- Asignación de cuota especial de captura de jurel en favor de pescadores de Caldera e información sobre cuota global de anchoveta para Región de Atacama. Oficios 64
- Pago de producción a pirquinero de Freirina. Oficios 65
- Pronunciamiento de Gobierno sobre política aplicable a exonerados políticos. Oficio 65
- Información sobre resguardo de condición materna de personal femenino del Ejército. Oficio 66
- Información sobre proyecto de asfaltado y factibilidad de proyecto de telecomunicaciones en favor de localidad de Hueyusca, comuna de Purranque. Oficio 67
- Construcción de Centro de Salud Familiar en Tegualda, comuna de Fresia. Oficios 67
X. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto sobre “otorgamiento y uso de licencias médicas”. (boletín N° 6811-11) (S) 69
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en moción que “Crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios, en los sectores medios.”. (boletín N° 7320-14) 70
Pág.
3. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Hoffmann, doña María José, y de los diputados señores Baltolu, Hasbún, Morales, Rosales, Sandoval, Vilches, Von Mühlenbrock y Ward, que “Elimina la facultad de los Fiscales del Ministerio publico de aplicar el principio de oportunidad en materia de conducción en estado de ebriedad”. (boletín N° 7698-15) 70
4. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Macaya, Kast, Melero, Morales, Recondo, Salaberry, Von Mühlenbrock, Ward, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José y Turres, doña Marisol, que “Establece una Reforma Constitucional que autoriza indemnización por errónea formalización de la investigación.”. (boletín N° 7699-07) 71
5. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Burgos, Saffirio y Walker, que “Reforma la disposición transitoria octava de la Constitución Política de la República.”. (boletín N° 7700-07) 72
6. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Burgos, Aguiló, Carmona, Eluchans, Macaya, Saffirio, Schilling, Torres, Walker, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que “Reforma el artículo 5° de la Constitución Política de la República estableciendo el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.”. (boletín N° 7701-07) 74
7. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Burgos, Saffirio y Walker, que “Modifica el artículo 4° transitorio de la ley N° 19.640, Orgánica del Ministerio Público, y agrega un nuevo artículo 486 al Código Procesal penal.”. (boletín N° 7702-07) 76
8. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Espinosa, don Marcos; Carmona, De Urresti, Lemus, Meza, Núñez, Robles y Walker, que “Modifica el Código del Trabajo en materia de subcontratación.”. (boletín N° 7703-13) 78
9. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia de la sentencia definitiva recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1821-10-INA. (6083). (Acogido). Se tomó conocimiento 79
10. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de diversos artículos del Convenio Internacional para la Protección de los Obtentores Vegetales. boletín N° 6426-10. Rol 1988-11.CPT. (6117). Acogido. Se tomó conocimiento 79
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Peticiones:
- De 49 señores Diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan “mandatar a la Comisión de Superación de Pobreza como Comisión Investigadora para velar por el adecuado uso de los recursos públicos en la asignación de los programas de empleo; respetar los procedimientos de transparencia en el manejo de los asuntos confiados a la autoridad pública. La referida comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días desde su constitución, y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
- De 56 señores Diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una “Comisión Especial Investigadora relacionada con el funcionamiento de la Educación Superior, que inicie las indagaciones a fondo del sistema y su forma de ingreso, determine la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación terciaria, evalúe los conflictos de interés que puedan existir, evalúe el financiamiento de las universidades públicas, rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el Fisco de Chile y, en general, el funcionamiento de éstas, recabe información sobre todo lo que estime necesario recibiendo para tales efectos a los estudiantes, rectores, inmobiliarias, consorcios internacionales y demás actores involucrados, y proponga lo que considere pertinente para mejorar el Sistema de Educación Superior de Chile y, en particular, la Educación Superior Estatal”. Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
2. Oficios, notas y comunicaciones
- Oficios de las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por los cuales solicitan asentimiento de la Sala, para que se autorice el funcionamiento, en calidad de Comisiones Unidas, con el objeto de abocarse al tratamiento de la eventual colusión de precios de pasajes de buses interurbanos.
- Nota del diputado señor Delmastro, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 14 de junio en curso, para dirigirse a Suiza y Francia.
- Comunicación del diputado señor León, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 2 días, a contar del 08 de junio en curso.
- Respuestas a oficios. Cuenta 39ª
- Contraloría General de la República:
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita pronunciamiento sobre legalidad de resolución del Seremi de Transporte de la Región de Coquimbo, en el sentido que el subsidio en el rubro se podrá utilizar sólo en el transporte mayor (34325 al 2028).
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita dar curso al trámite de toma de razón de la resolución que aprueba el contrato de concesión suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la empresa de taxis colectivos “Nueva Peñalolén S.A.”. (34333 al 1358).
- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita informar sobre los viáticos y cometidos funcionarios y demás antecedentes, relacionados con la gestión y administración de la Gobernación Provincial de El Loa. (34842 al 2695).
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita se disponga la realización de una investigación sumaria en la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de Tarapacá, debido al incumplimiento de la normativa sanitaria que regula el tratamiento de desechos biológicos y almacenamiento de osamentas humanas, y al uso de “kits” de reactivos vencidos que, entre otros aspectos, establezca la responsabilidad que en estos hechos cabría a la directora del organismo; remitiendo sus conclusiones a esta Corporación; sin perjuicio de instruir se investiguen las demás situaciones denunciadas en la solicitud adjunta. (35352 al 2186).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Jarpa, Remite copia de su intervención relativa a la situación en que se encuentra un gran número de agricultores que se encuentran fuera de la zona de influencia del Canal Laja Diguillín (5247 al 1267).
- Diputada Rubilar doña Karla, Solicita informe sobre las medidas adoptadas para los efectos de enfrentar la aparición del alga Didymosphenia Geminata, en las cuencas de los ríos Futaleufú, Simpson y Baker, la ubicación de los lugares en que está presente, la fecha en que se le detectó, y las consecuencias que puede implicar para el ecosistema de los cursos infectados (5408 al 2555).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Auth, Solicita informe sobre la situación de pago de multas de tránsito de las municipalidades de Estación Central y Recoleta (3824 al 2961).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Andrade, Solicita una fiscalización respecto del servicio de agua potable, que presta la empresa Aguas Andinas, en las localidades de La Obra y Las Vertientes, comuna de San José de Maipo (1356 al 2908).
- Diputada Turres doña Marisol, Solicita se subsanen observaciones a proyectos relativos a la localidad de Alerce, Región de Los Lagos, que no pueden optar a financiamiento por distintas razones, informando sobre el particular (1357 al 2499).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Chahín, Solicita informar acerca de la legalidad del convenio para que la Caja de Compensación Los Héroes realice los pagos presenciales de pensiones y beneficios del Instituto de Previsión Social; circunstancia que permitirá que, en las oficinas comerciales de aquella, se oferte directamente créditos a los pensionados. (11759 al 2753).
Ministerio de Minería y Energía:
- Diputado Carmona, Solicita se informe sobre las medidas dispuestas por esa Cartera para lograr que, en el marco del conflicto laboral que mantienen los trabajadores del Sindicato N°2 de la empresa Compass Catering con la parte empleadora, ésta cumpla la legislación y, en especial, ponga término a las prácticas antisindicales y se allane a negociar; sin perjuicio de corregir la grave situación que se ha producido con la contratación de personal de reemplazo de quienes se hallan en huelga, por carecer de la capacitación adecuada (392 al 2966).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre diversos aspectos relacionados a las áreas de extensión urbana propuestas en el proyecto de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (2399 al 2912).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Proyecto de Acuerdo 329, “Solicita se revise el Sistema Nacional de Asignación de Equidad para Becas Junaeb” (1340).
Intendencias:
- Diputado Ascencio, Solicita se adopten las medidas necesarias para agilizar las obras con cargo a recursos del FNDR, que permitan paliar la cesantía que afecta a un gran número de familias en la comuna de Quellón (1620 al 1119).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita gestionar lo que sea menester para que a la propiedad del señor Patricio Agroves, en la localidad de Rivadavia, comuna de Vicuña, se le proporcione, a la brevedad, el correspondiente servicio de agua potable. (659 al 1284).
XII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Ascencio, Solicita informar sobre la definición del protocolo de embarque para la nave que presta el servicio de transporte en el canal Yal, que conecta la Isla Grande de Chiloé con la Isla de Lemuy, en la comuna de Puqueldón y, además, acerca de los hechos denunciados en la solicitud adjunta, relacionados con la postergación en el paso de un vehículo de emergencia en dicho transbordador; sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes, tendientes a resolver los problemas de conectividad que afectan a dicha comuna. (3396 de 03/06/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputada Pacheco doña Clemira, Motivo del retraso en el pago de las Becas Presidente de la República , en sus distintas modalidades, que benefician a hijos de ex mineros del Carbón; fecha en se regularizarán los pagos, y las medidas adoptadas para que esta situación no se repita (3398 de 06/06/2011). A Ministerio de Educación.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Por contar con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Patricio Hales Dib.
-Diputados en misión oficial señores Osvaldo Andrade Lara y Tucapel Jiménez Fuentes.
-Asistió la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Carolina Schmidt Zaldívar.
-Estuvieron presentes los senadores señores Juan Antonio Coloma y Juan Pablo Letelier.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 33ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 34ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
El señor MELERO ( Presidente ).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios en el día de hoy, bajo la Presidencia del diputado señor Patricio Melero, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Repudiar, por acuerdo unánime de los Comités Parlamentarios, el ataque sufrido ayer por el señor ministro de Educación .
2.- Considerar excepcionalmente con preferencia, en la sesión de hoy, los proyectos de acuerdo Nos 359, relativo a la situación de los alumnos de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria; 355, por el cual se solicita hacer presente al Gobierno de Arabia Saudita la situación que afecta a las mujeres de ese país, y 357, sobre adopción de medidas en relación con problemas en aplicación de la ley N° 20.305, que concede el bono postlaboral.
MINUTO DE SILENCIO EN CONMEMORACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL EX MINISTRO Y EX VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EDMUNDO PÉREZ ZUJOVIC.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana pido a la Mesa que invite a la Sala a guardar un minuto de silencio con ocasión de cumplirse 40 años del asesinato de don Edmundo Pérez Zujovic . Con ello rendiremos homenaje a quien fuera un gran servidor público.
El señor MELERO ( Presidente ).- La Mesa estima muy pertinente su petición.
Invito a la Sala a guardar un minuto de silencio en memoria de don Edmundo Pérez Zujovic.
-Los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
-o-
El señor MELERO ( Presidente ).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y en el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, 56 diputados y diputadas solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora relacionada con el funcionamiento de la educación superior,
que inicie las indagaciones a fondo del sistema y su forma de ingreso, determine la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación terciaria, evalúe los conflictos de interés que puedan existir, evalúe el financiamiento de las universidades públicas, rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el Fisco de Chile y, en general, el funcionamiento de éstas, recabe información sobre todo lo que estime necesario, recibiendo para tales efectos a los estudiantes, rectores, inmobiliarias, consorcios internacionales y demás actores involucrados, y proponga lo que considere pertinente para mejorar el sistema de educación superior de Chile y, en particular, la educación superior estatal.
Para el cumplimiento del propósito, la Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Para su aprobación se requiere el voto favorable de 48 diputados y diputadas.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , si le parece, se podría aprobar por unanimidad.
El señor MELERO (Presidente).- No hay acuerdo para ello, señor diputado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 19 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO ( Presidente ).- No se reunió el quórum necesario para constituir la Comisión.
-o-
El señor MELERO ( Presidente ).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República, 49 diputados y diputadas solicitan constituir la Comisión Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social en Comisión Investigadora para velar por el adecuado uso de los recursos públicos en la asignación de los programas de empleo; respetar los procedimientos de transparencia en el manejo de los asuntos confiados a la autoridad pública.
La referida comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días desde su constitución, y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 21 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO ( Presidente ).- No se reunió el quórum necesario para constituir la Comisión.
Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para constituirse en Comisiones Unidas, con el objeto de abocarse al tratamiento de la eventual colusión de precios de pasajes de buses interurbanos.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Rechazada la petición.
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HARBÚN.- Señor Presidente , la petición es fruto de un acuerdo que adoptamos ambas Comisiones en forma unánime, con el objeto de indagar la colusión denunciada por la Fiscalía Nacional Económica.
Por eso, le pido que nos señale qué diputado no da el acuerdo.
El señor MELERO ( Presidente ).- No corresponde, señor diputado . Simplemente, no hubo unanimidad.
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE LEY Nº 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN RELACIÓN CON PREDICTORES DE RIESGO COMERCIAL. Tercer Trámite Constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Corresponde pronunciarse sobre las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 6800-03, sesión 36ª, en 1 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
El señor MELERO (Presidente).-
En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo hacer un reconocimiento a los coautores de la moción, las diputadas señoras Carolina Goic y María Antonieta Saa y los diputados señores Jorge Burgos , Guillermo Ceroni , Marcelo Díaz , Ramón Farías , Alberto Robles y el actual senador, entonces diputado , Eugenio Tuma.
La moción ingresó en 2009, como consecuencia de una serie de abusos, que se ejemplifican en el tratamiento que da una empresa a la administración de bases de datos personales, que se ha permitido clasificar a los ciudadanos de acuerdo con un ranking de riesgo elaborado en atención a diversas variables.
En todas las economías desarrolladas existen sistemas de registro de antecedentes comerciales y de predicción. Pero estos últimos se basan en modelos predictivos fundados en información objetiva. En nuestro país, con el objeto de constituir un modelo de negocio distinto, las empresas comenzaron a desarrollar modelos predictivos de riesgo, de acceso universal, en los que se consideraban elementos que nada tenían que ver con la condición objetiva de riesgo de cumplimientos mercantiles.
Así, por ejemplo, el actual sistema, liderado por la empresa Dicom Equifax, permite establecer la condición de riesgo de una persona sin siquiera haber tenido alguna deuda, morosidad o protesto, por el solo hecho de que un tercero consulte sus antecedentes comerciales. Es decir, una persona puede ser calificada de riesgosa por esa empresa -y esa información puede ser publicada urbi et orbi- sólo porque alguien haya consultado sus antecedentes comerciales. Es decir, a mayor consulta, más riesgo.
Esa situación ha llegado al absurdo y ha significado abusos. Por ejemplo, un grupo de personas se puede confabular para perjudicar el ranking de riesgo de un tercero mediante la realización de consultas masivas. Como a esta información se tiene acceso universal, eventualmente afecta no sólo el acceso al crédito, sino también el acceso al trabajo, a la educación y a las clínicas de salud, pues últimamente hemos visto cómo esas instituciones discriminan a pacientes por tener antecedentes en Dicom, contrariando el espíritu que el Congreso Nacional tuvo al eliminar el cheque en garantía. En definitiva, se comienzan a afectar derechos fundamentales. Por esa razón presentamos esta moción el 2009.
Agradezco a toda la Cámara de Diputados por aprobar unánimemente el proyecto, en 48 horas. Lamentablemente, debido al lobby de la empresa Dicom, durmió un año en la Comisión de Economía del Senado, donde los ejecutivos del Dicom se paseaban por los pasillos, diciendo que si se cambiaba el sistema la economía se iba a venir al suelo. Lo mismo nos dijeron cuando discutimos la ley del consumidor. Sin embargo, hoy, esa ley se ha ido perfeccionando y, contra todo lo que se decía, el comercio ha ido mejorando y los derechos de los ciudadanos y los consumidores han quedado protegidos.
Hoy, estamos en presencia del último trámite de un proyecto que va a beneficiar a millones de personas que, sin ser delincuentes ni frescas ni morosas, son consideradas riesgosas por el solo hecho de que alguien haya consultado sus antecedentes o por haber cambiado de domicilio o de teléfono.
¿Por qué ha de ser más riesgosa una persona que cambia de domicilio o de teléfono o cuyos antecedentes han sido consultados si vive del comercio? Lo que corresponde, entonces, es establecer un parámetro objetivo, para que sean consideradas riesgosas para el sistema de evaluación comercial y mercantil sólo aquellas personas que tienen morosidades o protestos acreditados de conformidad con lo que establece la ley.
El proyecto original establecía la prohibición de realizar cualquier tipo de modificación al sistema de antecedentes objetivos; es decir, circunscribía la discusión sólo a morosidades y protestos. Después, durante la tramitación en la Cámara de Diputados, el Gobierno de la época hizo una modificación que flexibilizó un poco el sistema. Y en el Senado, a través de una indicación parlamentaria, logramos reponer el sentido original.
Por lo tanto, hoy vuelve a esta Cámara de Diputados un texto apropiado y adecuado que espero que sea aprobado por la gran mayoría, ojalá por la unanimidad, de los parlamentarios.
No sé si las personas afectadas por Dicom son de un lado o de otro, si votan por tal o cual candidato. Lo que sí tengo claro es que hoy el sistema predictor de riesgo es el primer paso para regular los sistemas de administración de datos personales.
No es posible que se conculquen derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la educación y al trabajo por tener antecedentes comerciales y, lo que es peor, sin tener antecedentes comerciales. Con el predictor de riesgo también se deja fuera a millones de personas, generando pobreza y atentando contra las políticas públicas que todos los gobiernos han intentado aplicar para disminuir la desigualdad y aumentar los niveles de inclusión.
Por eso, voy a votar, entusiastamente, a favor de estas modificaciones, para que hoy, desde la Cámara de Diputados, sea despachado el proyecto y podamos contar rápidamente con una ley.
Más allá de lo que planteó la empresa Dicom en su minuto, a través de la portada del diario La Segunda, cuyo titular en la primera página decía: “Dicom cambia su predictor de riesgo”, en el sentido de que se adelanta a la legislación en un acto de buena voluntad, quiero informar que tengo en mi poder copia de muchos correos electrónicos que han llegado a muchos parlamentarios, en los que se hace lobby para evitar que hoy se apruebe este proyecto.
Espero que las diputadas y diputados, como ha sido tradicional, no cedan ante las presiones de una empresa que ha lucrado con el sufrimiento y la marginalidad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente , si bien es cierto todos estamos de acuerdo en que las personas no podemos ser catalogadas de riesgosas porque consultan en mayor o menor medida nuestro RUT, también tenemos que considerar cómo va a impactar esta medida y de qué forma se podría manejar mejor.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara pretendía eliminar sólo uno de los factores: la utilización del número de consultas al RUT en la creación del predictor de riesgo financiero. Sin embargo, el Senado restringió el proyecto únicamente a la utilización de protestos y morosidades, impidiendo, con ello, que pueda incluirse cualquier otro factor, aunque fuese uno que beneficie a la población.
Entre esos factores se encuentra la información positiva que permite a una persona demostrar que ha tenido un buen comportamiento, más allá de algunas deudas ocasionales. Así, por ejemplo, podría darse la paradoja de que, si una persona tiene tres deudas pagadas y un protesto, tenga un predictor bajo, debido a que no se considera por ley su buen comportamiento crediticio. Como se aprecia, esta nueva redacción impactará, o puede impactar, negativamente en la economía. Al tener menos información disponible, los otorgadores de créditos, como los bancos, casas comerciales, cooperativas, posiblemente tendrán incertidumbres respecto del comportamiento de sus deudores. Por ello, quizás, impondrán tasas más altas en sus créditos, haciéndolos más caros e inaccesibles para mucha gente.
Eliminar diversos factores por ley implica la pérdida del poder predictivo para determinar la solvencia de los consumidores, restringe a las personas no bancarizadas el acceso a créditos, ya que sobre ellas no se tiene información; también limita el acceso al crédito a la población, ya que las tasas que se ofrecerán a los consumidores con buen riesgo de crédito no podrán ser competitivas, las que afectarán posiblemente el potencial de actividad económica. El mayor impacto de este proyecto pueden sufrirlo las pymes, que no poseen departamentos de crédito y conforman la gran masa de consumidores de créditos en Chile. Muchos pagarán por algunos pocos.
Si bien el proyecto del diputado Harboe es excelente en muchos aspectos, creo que cabe la posibilidad de poder debatir, conversar y analizar cómo se puede medir mejor a aquellas que sí han cumplido con todos sus créditos y deudas, para que también tengan la posibilidad de aparecer en un ranking, en el que no se clasifique a las personas por cuántas veces se le pincha su RUT, sino por cómo cumplen dentro del mercado.
Dejo planteada esta postura, para que se converse, independientemente de que este proyecto me parece un gran avance.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , la verdad la dijo el diputado Harboe : quienes estamos desde hace mucho tiempo preocupados del uso abusivo que se hace de la información del boletín comercial creemos que este proyecto va en la línea correcta, porque los abusos y la discrecionalidad en el uso de la información comercial -Dicom- son conocidos por todos, lo que limita los derechos de las personas.
Por lo tanto, cuando este proyecto dice, con mucha claridad, “Prohíbese la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa…” estamos acotando y diciendo que pueden predecir el comportamiento con datos objetivos y no con mezclas de datos o con presunciones respecto de cómo es el comportamiento, porque eso no es procedente.
Cuando como bancada decimos que nos parece que este proyecto va en la línea correcta y vamos a aprobarlo, estamos protegiendo a los consumidores y reduciendo la arbitrariedad y la discrecionalidad.
Esta iniciativa no tiene que ver con que la economía funcione bien o mal, porque para nada afecta su funcionamiento. Existen otros mecanismos para evaluar el riesgo de los consumidores que quieren hacer uso de tal o cual instrumento financiero.
Hoy, el hecho concreto -la gente que me escucha lo observa día a día- es que las bases de datos de nuestra información comercial circulan sin restricciones. Nuestros datos, muchas veces, se venden al mejor postor y la privacidad se ve gravemente afectada. La razón por la cual, muchas veces, la gente recibe llamadas telefónicas tiene relación con que la información fluye de manera indiscriminada, y a eso debemos ponerle coto.
Por lo tanto, éste es un primer paso. El boletín de información comercial debe ser acotado en su uso y ser destinado, básicamente, para operaciones crediticias. ¿Qué duda cabe de que la información positiva puede ser otro parámetro a considerar, pero poco tiene que ver con la discusión de este proyecto, que aborda un tema puntual, específico, en que un predictor claramente abusivo, que usa información que en muchos países es de carácter privado, deberá limitarse en su accionar? Eso es positivo para muchos chilenos y chilenas que están cansados de que su información sea consultada por cualquiera persona, para el uso que le dé la gana y, además, que la persona investigada salga afectada de esas definiciones.
Por eso, nos parece que el proyecto va en la línea correcta y, por ello, nos gustaría avanzar todavía más. Sería bueno que el Ejecutivo , cuyo representante no se encuentra presente en esta discusión, sepa y evalúe si le da o no apoyo a un proyecto radicado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en que hemos dicho con absoluta precisión cuándo se pueden usar los datos del boletín comercial para distintos tipos de acciones y cuándo no. Estamos acotando y resguardando el derecho a la privacidad de la información. Éste es un paso, pero no es suficiente.
De manera que queremos seguir discutiendo el proyecto en dicha Comisión y ojalá sacarlo adelante. La única manera de terminar con los abusos contra miles de chilenas y chilenos consumidores de instrumentos financieros y de otro tipo es acotar el ámbito de acción, a fin de que la información comercial sea usada sólo para fines establecidos específicamente en la ley, porque, de lo contrario, se prestará para abusos.
Estamos contentos de que el proyecto esté en la instancia final de decisión. También esperamos el apoyo de todos los diputados, para dar una señal clara en cuanto a que la información comercial no puede ser utilizada de cualquiera manera y, además, constituye una medida de protección a los consumidores.
Por lo tanto, anunciamos el voto favorable de toda nuestra bancada en un tema que, sin duda, marcará un antes y un después.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente , este proyecto, que ha tenido una larga discusión, como recordaba el diputado Harboe , es propiamente una iniciativa de interés popular y de la ciudadanía.
Lo que se busca es evitar los abusos del mecanismo perteneciente a la empresa Dicom, por el cual cualquier tercero puede hurgar indiscriminadamente en los datos de las personas, y acotar los llamados predictores de riesgo, estableciendo que éstos tengan la mayor objetividad posible y se limite a cuestiones que puedan ser comprobables y no a factores basados en la suposición o en la creación artificial por la vía, por ejemplo, de las múltiples consultas sobre un mismo RUT para aumentar la calificación riesgosa, sea de una empresa o de una persona natural.
Con la modificación que introduce el Senado, se limita la arbitrariedad y la discrecionalidad y se aumenta la seguridad de las personas en cuanto a la protección de datos sensibles; asimismo, se asegura una mayor privacidad respecto de terceros.
En esta discusión no corresponde esgrimir el argumento en cuanto a la necesidad de legislar sobre la denominada información positiva, puesto que se contempla en un proyecto más completo que se está debatiendo en el Congreso Nacional.
A mí y a otros parlamentarios nos llegó una nota firmada por la abogada señora Marcela Alt , quien la remite desde el proveedor de correo electrónico “imaginaccion.cl”, en la que califica de inadecuada la decisión adoptada por el Senado, en el sentido de volver a la cuestión original del proyecto, cual es acotar lo que se puede considerar como factores a tomar en cuenta para la predicción de riesgos en los créditos.
Además, señala que eso provocará un problema, porque las personas no bancarizadas no tendrán acceso a los créditos, porque no existe información sobre ellas. Pero en la vida siempre hay una primera vez. Incluso, actualmente, mucha gente está fuera del sistema de crédito bancario y probablemente algún día empezará a acceder a él. Y el que puedan llegar a ser sujetos de bancarización y de crédito no tiene que ver con la artificiosa cuestión de los predictores de riesgo, que han traspasado el límite de lo razonable.
Por ejemplo, muchas empresas consideran como factor de riesgo el lugar donde se vive y estigmatizan a comunas, barrios y sectores completos de la población, porque viven en tal o cual parte y, en consecuencia, a su juicio, no son dignos de ser considerados como sujetos de crédito o bancarizables. Éste es un argumento realmente retrógrado y debería darle vergüenza a quien lo esgrimió.
Además, dice que el mayor impacto de este proyecto lo sufrirán las pymes, porque no poseen un departamento de créditos. O sea, no cuentan con un departamento dedicado a investigar la solvencia o insolvencia de la persona o empresa que pudiera demandarles créditos. Eso no es así. Lo más probable es que esas empresas igualmente puedan consultar, pero sobre factores de riesgo reales y no hipotéticos, discrecionales y arbitrarios.
Por lo mismo, los diputados socialistas aprobaremos la modificación introducida por el Senado, puesto que es ampliamente favorable a los sectores medios y populares del país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, el debate en curso representa la esencia de la arbitrariedad y de lo que se podría llamar autoritarismo del capital financiero respecto del funcionamiento de la vida en sociedad.
El hecho de que una persona sea calificada en un nivel de riesgo alto sólo por el hecho de ser objeto de consultas por parte de terceros, sin haber tenido morosidades ni protestos ni incumplimientos respecto de su endeudamiento con algún sistema comercial o financiero, constituye una exageración que la gente ha debido sufrir durante mucho tiempo.
No son suficientes las tremendas y usureras tasas de interés que afectan a las familias cuando asumen un crédito ni la presión indebida que sufren aquéllas cuando hacen sus compras regulares para asumir una tarjeta de crédito. Tampoco es suficiente la tasa de interés sobre la administración de esa tarjeta de crédito. Ahora, además, el sistema se da el gusto de calificar como persona de alto riesgo a quien tenga una conducta impecable desde el punto de vista de su endeudamiento en el sistema, pero que ha recibido consultas acerca de su situación financiera.
Ésa es la forma que toma lo que podemos denominar como el reinado del capital financiero y especulativo, que permite lo que sea sobre la base de que tiene en su mano el control de cómo funciona la actividad económica en cuanto a las transacciones comerciales. Entonces, dado que integraron a la inmensa mayoría de las personas a esa red de endeudamiento, por la vía de las tarjetas de crédito, hoy se sienten con el poder para hacer y deshacer. Francamente, eso no sólo es repudiable, sino que no puede ser aceptado por una institución del Estado que debe velar por los derechos de la inmensa mayoría, que en este caso son los acreedores de tal o cual actividad o rubro crediticio.
Calificar a las personas como de alto riesgo y debatir aquello en esta Cámara debiera dar luces, según lo indica el sentido común, de lo que se debe condenar y no se puede aceptar.
El alto riesgo está en el uso abusivo que hacen las empresas que centralizan información respecto de los niveles de endeudamiento y no en quienes, a pesar de no habérseles otorgado crédito alguno, se ven limitados para acceder al sistema crediticio en base a simples sospechas. Esto se debe a que está focalizado esencialmente en las personas de menores ingresos, en las más vulnerables, en las que, por distintas razones, son objeto de más consultas. Es la ratificación de un sistema de actividad económica y, particularmente, de intercambio comercial caracterizados por la discriminación y por la exclusión -o, mejor dicho, por la doble exclusión- de los sectores de menores ingresos.
¿Qué ocurrirá con alguien que contrae créditos, porque tiene solvencia para asumir sus compromisos comerciales, pero en el camino se le cruza una eventualidad absolutamente comprensible, como una seria afección de salud, que lo pone en la disyuntiva de elegir el destino de sus recursos: abonar a la deuda contraída o asumir la deuda que le exige a la familia, de manera urgente, el sistema de salud? Ese solo hecho implicaría caer en una morosidad transitoria, pero la razón que aconsejó adoptar la última opción es una justificación más que suficiente para que esa persona no figure en las listas de riesgo o de alto riesgo para los sistemas de información centralizada de las deudas comerciales. Este punto debiera ser abordado en algún momento.
Por lo tanto, estamos a favor de la propuesta, toda vez que prohíbe expresamente a las empresas de información centralizada de deudas comerciales realizar predicciones y evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva, es decir, la que resulta de una transacción comercial real, en la que una parte expresa su voluntad de asumir esa transacción a través de la opción de un crédito comercial. Actuar de otra manera es caer en una nueva manifestación de la cultura que impera en el país para tratar a los pobres, a los que se mira con desconfianza, como individuos que es necesario mantener fuera del sistema comercial y crediticio porque, aunque tengan buenos antecedentes, se les califica de potenciales deudores, de portadores de riesgo, como si fueran una epidemia.
En mi opinión, ésa es una expresión de atropello del capital financiero, que abusa del nivel de endeudamiento obligado a que se ha empujado a las familias chilenas. Desde esa perspectiva nos pronunciaremos en este debate.
A pesar de la aprobación del proyecto en discusión, aún nos quedará trabajo pendiente, ya que, ante determinados eventos, como los problemas de salud, un mínimo sentido de humanidad aconsejaría quedar como moroso ante un crédito comercial y dedicar esos recursos a, por ejemplo, una emergencia de salud, que debiera ser prioritario.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente , he querido intervenir en relación con el proyecto de ley, para poner un rostro a la discusión.
Daré a conocer a la honorable Cámara el caso de Evelyn, una joven madre que cayó en Dicom, como muchos chilenos, pero hizo el esfuerzo, reunió el dinero y pagó el total de su deuda. No obstante, quedó con un predictor de riesgo alto, lo que le impidió encontrar trabajo, ya que era considerada casi una delincuente, por lo que decidió poner un negocio de ropa para poder subsistir. Una vez al mes, compraba ropa y la pagaba con cheques.
El hecho de que figurara en Dicom y que pagara su mercadería con cheques, obligaba a sus proveedores a consultar su situación comercial en múltiples oportunidades, lo que aumentó su predictor de riesgo. Entonces, le empezó a pasar lo que le sucede a muchos chilenos: no pudo optar a un crédito hipotecario, puesto que, a pesar de que no tenía deudas, su predictor de riesgo era alto. Incluso, le negaron la compra de un teléfono celular. El colmo de los colmos le ocurrió cuando su pequeña hija sufrió una hemorragia rectal, por lo que, como cualquier madre, decidió llevarla de urgencia al hospital, donde le dijeron que no podían recibir un cheque de su cuenta -lo que sorprende, porque el Congreso Nacional legisló para prohibir la exigencia de ese documento en esos casos- porque tenía un predictor alto en Dicom. Su hija venía sangrando, su esposo no estaba y no contaba con nadie que tuviera buenos antecedentes para que firmara un cheque, lo cual retrasó mucho la atención de salud de su hija. Si la niñita hubiese venido grave y hubiese fallecido, ¿quién habría respondido? Insisto: la señora no tenía deuda, sino sólo un predictor de riesgo alto.
¿De qué le sirvió a la señora haber tenido buenos antecedentes que indicaban que ella pagaba todos los meses y que los cheques que entregaba para cubrir las compras del mes para su negocio eran siempre pagados? ¿De qué le sirvió tener esa buena información? Aquí se ha mencionado que habrá un problema, porque los buenos indicadores no van a ser considerados, lo que dañará a la gente que no está bancarizada. ¿De qué le sirvió a Evelyn ese buen antecedente, si un predictor de riesgo alto la perjudicó en todos los ámbitos de su vida e, incluso, puso en riesgo la vida de su hija?
Ella escribió una carta a Dicom Equifax, pero la empresa le contestó que no es posible eliminar las consultas al RUT por un asunto legal establecido en el artículo 5° de la ley 19.628, que dispone que frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica, deberá dejarse constancia de la individualización del requirente y que esas consultas permanecerán vigentes en el sistema por un plazo de seis meses.
Agregó que si la señora Evelyn quería realizar más consultas, debía comunicarse con la línea de atención del cliente a un número telefónico determinado.
Por lo tanto, en vista de esa realidad, el Congreso Nacional tiene la posibilidad y el imperativo ético de modificar la ley N° 19.628, que estamos discutiendo.
Lamentablemente, esta modificación no soluciona para nada el problema que viven más de 2 millones de chilenos que no encuentran trabajo por estar en Dicom, lo que se resuelve con un proyecto de ley que está en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, el cual incluirá los factores positivos de las personas que se preocupan de cancelar sus deudas.
En consecuencia, si existe preocupación en el Congreso Nacional por la ausencia del factor positivo en el predictor de riesgo, llamo a los miembros de dicha comisión para que legislen rápidamente para incluir ese factor, porque actualmente se está produciendo un abuso con los datos personales de la gente, porque este sistema tenía un fin comercial, pero no el de perjudicar a las personas en el acceso a la salud, al trabajo y en otros ámbitos de la vida, porque impide que las personas salgan de este círculo vicioso que sólo lleva a la pobreza.
Por lo tanto, espero que la Cámara de Diputados apruebe en forma unánime la propuesta del Senado, para que no ocurran más casos como los de Evelyn. Además, es conveniente que se avance rápido en el proyecto que está en tramitación en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, pues tiene que ir al Senado y todos sabemos lo que eso puede significar en la demora de su tramitación.
Al menos en el área de la salud, junto con el diputado Harboe , presentaremos un proyecto de ley -que esperamos sea calificado con discusión inmediata- para tratar de que se prohíba que en las clínicas se considere el Dicom para condicionar la atención de pacientes. No podemos demorarnos más allá de seis meses en su tramitación completa -generalmente, el proceso dura alrededor de dos años- para corregir este problema que pone en riesgo la vida de nuestros compatriotas por una discriminación de Dicom.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente , es muy importante la modificación propuesta por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción en la Cámara, que modifica la ley N° 16.628, sobre protección de datos de carácter personal, que regula el predictor de riesgo, que llega a una solución muy lógica: que solamente los protestos y morosidades de los deudores serán reflejadas en el ranking o predictor de riesgo y no el número de consultas asociadas a un RUT determinado, como ocurre actualmente.
Felicito al diputado Felipe Harboe y a todos los miembros de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, que durante mucho tiempo han luchado por actualizar en la legislación chilena una serie de tratados internacionales de protección de datos personales que nuestro país tiene la obligación de asimilar a la legislación interna. Éste es un primer paso.
Muchos diputados de la Democracia Cristiana queremos terminar con el predictor de riesgo, porque creemos que es un instrumento absolutamente odioso y distorsionador. Es obligación de cada entidad crediticia fiscalizar y constatar cuál es el perfil de riesgo de cada uno de sus deudores, y hoy existen instrumentos para hacerlo, sin necesidad de recurrir a un ranking tan odioso que determina el nivel de riesgo de una persona de acuerdo a la cantidad de consultas que se registren en el sistema.
Obviamente, las entidades crediticias tienen derecho a conocer el perfil de riesgo de las personas que solicitan un crédito, pero, en ese caso, será determinación de cada deudor revelar esa información a su acreedor, para que no sea materia de una suerte de tráfico de bases de datos personales, como ocurre actualmente, que se transan entre las casas comerciales, los bancos, las isapres, las AFP, etcétera, que, como todos sabemos, están en manos de los mismos grupos económicos. Ahora estamos dando un paso muy importante en el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país en cuanto a la protección de datos personales.
Queremos seguir avanzando. De hecho, presentamos al Presidente de la República un proyecto de ley liderado por el diputado Felipe Harboe , con participación de diputados de todas las bancadas. Además, reunimos más de un millón de firmas para pedir al Primer Mandatario que se termine definitivamente con el acceso universal al Dicom de cada deudor.
El testimonio de la diputada Karla Rubilar ha sido especialmente sensible respecto de cómo opera el predictor de riesgo en las clínicas privadas; pero vemos que esto también ocurre para contratar un teléfono celular, para acceder a un crédito solidario en las universidades e, incluso, para encontrar trabajo, situación que afecta a más de un millón de personas.
Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los ciudadanos de Coquimbo que durante diez días estuvieron en el sector del Empalme, de Coquimbo, apoyando el proyecto con su firma, como también a los de Ovalle, de la provincia de Limarí. Con la diputada Adriana Muñoz pedimos el apoyo de la gente de esa provincia. La conciencia de nuestro país ha aumentado respecto de lo que significa la protección de datos personales; por fin nos ponemos a tono con los países más desarrollados.
Efectivamente, en los últimos días hemos sido testigos de un fuerte lobby desarrollado por parte del Dicom y de muchas empresas que lo tienen institucionalizado, que han querido influir en un número importante de parlamentarios para que rechacen el proyecto de ley.
Hoy, el país podrá ser testigo de quién es quién en la protección de datos personales y en la defensa de la clase media, de la cual sólo se habla en las campañas electorales, que está quedando fuera de la política de protección social del actual Gobierno, a la cual, con esta votación, una vez más, va a defender la bancada de diputados de la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , es muy interesante el comentario del diputado Matías Walker , que nos hace pensar que vamos en el camino correcto, como también lo fue la moción del ayer diputado, hoy senador, Eugenio Tuma , con el diputado Felipe Harboe , propulsores no tan sólo de este proyecto, sino también de varios otros que no han tenido cristalización positiva.
Después de escuchar las intervenciones de los diputados Schilling, Carmona y de la diputada Karla Rubilar, me alegra decir que vamos por buen camino.
Según Dicom , el país estaría en crisis, por las miles de personas consideradas de alto riesgo, que tienen morosidad, etcétera. Eso no nos hace bien como sociedad; si el país crece, todos queremos crecer.
En esta Cámara se han aprobado varios proyectos para regular la administración de la información, a fin de precaver la privacidad, así como el buen manejo de los datos de las personas y de las familias. El proyecto en discusión, en tercer trámite constitucional, apunta precisamente en esa dirección.
Al día de hoy, las empresas que manejan y lucran con los datos de las personas, de los chilenos y chilenas, han establecido los llamados predictores de riesgo, con los cuales determinan quiénes son más confiables para realizar algún tipo de operación comercial o entregarles determinadas responsabilidades. Uno de los predictores utilizados para determinar los riesgos es el nivel de consultas sobre una persona; ante una mayor cantidad de consultas, mayor es el riesgo que se le asigna. De acuerdo al criterio de la empresa que maneja los datos, por supuesto que íbamos al cadalso. Recuerdo perfectamente el énfasis que puso el diputado Harboe , especialmente en este punto, porque las empresas se consideraban capacitadas para afectar la honra y el honor de una persona al calificarla como peligrosa solamente por el sistema comercial de consulta.
El diputado Felipe Harboe me incitó enérgicamente a participar en el proyecto en discusión, que ahora está cristalizando, y que espero que sea aprobado por unanimidad, a pesar de algún comentario que no me agradó y que me hace presumir que no contaremos con la aprobación unánime.
Se pretende que sólo los datos objetivos, como morosidades o los malos comportamientos comerciales, sean considerados para el predictor de riesgo, de manera que otros factores no influyan para generar una mala calificación.
La modificación que introduce el Senado al texto aprobado por esta Cámara es más rigurosa. Me alegra que así sea, pues eso habla bien del inicio del proyecto, que se produjo en nuestra Corporación y, posteriormente, en segundo trámite constitucional, continuó en la Cámara Alta. Y en dicho trámite se hizo lo que corresponde: se mejoró el proyecto. No ocurrió lo que está sucediendo a diario -que incluso comenté ayer- sobre el inicio de una iniciativa. Cuando un proyecto ingresa por el Senado, se piensa que su tramitación será rápida, porque supuestamente la Cámara de Diputados no modifica lo que pudo haber corregido de dicha iniciativa.
En cuanto a la materia que nos ocupa, ahora ya no se permitirá calificar el riesgo comercial de una persona conforme al número de consultas de sus datos, puesto que se prohibirá la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. Se restringen la información y la calificación a la obtención de datos objetivos sobre protestos o morosidades y no de otras variables -he ahí el gran punto- como patrimonio, nivel educativo, ingresos o consultas anteriores. En su momento, todo ello era una base sólida para los predictores.
Por lo tanto, pienso que nos encontramos en el camino indicado. Ojalá los comentarios vertidos acá se transformen en la aprobación unánime de las modificaciones del Senado.
Sin duda, nos demoramos en la tramitación del proyecto, pero ya se está viendo la luz en una materia tan importante para la sociedad chilena.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , en primer lugar, saludo a los autores de este proyecto de ley que permite disminuir en parte la perversidad que hoy existe en todo lo relativo al sistema de calificación de riesgo de la gente en cuanto a los créditos.
Como aquí se ha señalado, sólo quedarán en el pasivo de las personas los protestos y las morosidades y no el número de consultas de sus antecedentes. Como lo manifestaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, esto busca hacer mayor justicia en materia crediticia. Sabemos la importancia que tiene el crédito hoy en nuestra sociedad, no sólo en el aspecto productivo, sino también en cuanto a salud, vivienda, etcétera, lo que involucra a nuestros ciudadanos y, especialmente, a las personas de menores ingresos.
La diputada Karla Rubilar fue elocuente al comentar el caso patético de una mujer que había pagado todas sus deudas y, sin embargo, aún aparecía como riesgosa, situación que le impedía funcionar laboralmente y, lo que es mucho más grave, resolver apremiantes problemas de salud.
Hoy, por diversas circunstancias, la gran mayoría de las personas debe recurrir al crédito, a veces en forma urgente debido, por ejemplo, a complicaciones de salud. En este sentido, creemos que el proyecto, que fue objeto de una modificación por parte del Senado, que esperamos sea aprobada por nuestros colegas, constituye un paso adelante en la dirección de terminar con el Dicom.
Acompañé al diputado Harboe a entregar una carta con más de un millón de firmas de personas que manifestaron que debiera terminarse con este sistema riesgoso, injusto, que atenta especialmente contra quienes tienen mayores necesidades.
La aprobación de este proyecto significa un avance en tal sentido. Pero, como ya se ha expresado, lo fundamental es que se tramite rápidamente la iniciativa vinculada a estas materias que se encuentra en estudio en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
Del mismo modo, quiero señalar la preocupación permanente que ha tenido el Parlamento, especialmente la Cámara de Diputados, para disminuir y terminar con los abusos que en la actualidad cometen los diferentes sistemas financieros.
Por todo lo expuesto, anuncio el voto favorable de la bancada del Partido Radical Social Demócrata.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.-
Señor Presidente , en primer lugar, felicito a los autores del presente proyecto, que ya lleva un buen tiempo de tramitación en el Parlamento, porque va en la dirección de lo que las personas esperan de nosotros.
Las últimas manifestaciones ciudadanas, como las expresiones de rechazo al proyecto HidroAysén y las movilizaciones estudiantiles, tienen un sustrato bastante más profundo. En ellas existe un cuestionamiento al modelo de desarrollo que hoy existe en Chile: tremendamente deshumanizado, estigmatizante y discriminador. El modelo ha generado un país con 10 dueños y 17 millones de verdaderos esclavos de los bancos, las casas comerciales, las AFP, las isapres, que están sobreendeudados y, además, en muchas ocasiones, criminalizados.
Esta sociedad de consumo permanentemente bombardea a los ciudadanos con ofertas, con créditos en condiciones injustas y, en algunas oportunidades, la gente, por distintas situaciones, como perder un empleo precario o vivir el “drama” de que uno de sus hijos entre a la educación superior o sufrir la tragedia de una enfermedad, debe endeudarse, ya sea para financiar la educación de ese hijo o el tratamiento de una enfermedad grave. Y cuando eso ocurre se genera una situación de verdadera estigmatización, en que, por estar en Dicom, muchas veces las personas no pueden acceder a beneficios sociales, son discriminadas para entrar a un trabajo o para tener acceso a otra oportunidad en la vida.
Pero ello es más dramático cuando se generan instrumentos realmente vergonzosos, como el predictor de riesgo, que no se basa en condiciones objetivas del comportamiento comercial de la persona; cuando ya no sólo es la morosidad o un protesto lo que puede clasificar a una persona como más o menos riesgosa, sino que son otros elementos, como las consultas que hace un banco o una institución financiera sobre sus antecedentes. O sea, una persona, que a veces tiene que golpear distintas puertas para, incluso, poder cotizar un crédito en mejores condiciones, por ese solo hecho se transforma en más riesgosa. Eso genera un gran círculo vicioso.
Hoy, tenemos el gran desafío de democratizar el acceso al crédito, de generar condiciones menos abusivas, más justas, especialmente para quienes tienen poca capacidad negociadora, para las personas, para las pequeñas empresas y, esencialmente, para los jóvenes. La verdad es que este proyecto es un avance significativo. No podemos permitir que se siga estigmatizando a las personas como riesgosas y, por tanto, hacerlas cargar una verdadera cruz por circunstancias ajenas a su comportamiento comercial.
El uso de la información de Dicom para fines distintos al riesgo para el acceso a un crédito es materia de otra iniciativa, y tenemos que abordarla en profundidad. Me refiero al principio de finalidad de la información. Pero este proyecto va en la dirección correcta y, por lo tanto, es importante que lo apoyemos, para dar una señal clara y categórica a esos ciudadanos que nos reclaman una preocupación preferencial por sus problemas cotidianos y para que sepan que en el Congreso Nacional estamos legislando para ellos.
Por eso, sería tremendamente grave rechazar el proyecto en la Cámara de Diputados, porque estaríamos dando la espalda a los ciudadanos, a las personas, a los consumidores, y significaría el triunfo de los poderosos, aquellos que utilizan cualquier artilugio para discriminar, estigmatizar y generar condiciones de abuso.
Por lo anterior, reitero mi felicitación a los autores de este proyecto de ley, que ha sido tramitado durante mucho tiempo en el Congreso Nacional, pero que hoy tenemos la oportunidad de aprobar para dar una señal clara a ese Chile que nos reclama una mayor preocupación por estos temas.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito al diputado Felipe Harboe, el autor intelectual de este proyecto y quien ha mantenido esta lucha con el Dicom desde hace bastante tiempo.
He acompañado al diputado Harboe en este proyecto como coautor dada la importancia que tiene para la población, sobre todo para la clase media, ya que es la que recibe más directamente el daño que provoca el Dicom a través del predictor de riesgo. Se trata de personas y de pequeños emprendedores que se ven expuestos a decisiones que se toman en el área económica y que finalmente afectan su calidad de vida.
Hace un momento escuchamos el testimonio dado a conocer por la diputada señora Karla Rubilar , pero, más allá de ese hecho dramático, el problema radica en cómo se concibe, desde el punto de vista de la economía, la posibilidad de que los chilenos podamos acceder o no a ciertos créditos o a tener ciertas posibilidades de desarrollo económico en nuestra sociedad.
Actualmente, el Dicom se ha convertido en una suerte de todopoderoso, que permite o no que una persona se endeude, pida crédito o tenga opciones desde un punto de vista crediticio en pro de su desarrollo. Pero si la persona está en Dicom, por cualquiera razón, real o no, da lo mismo porque, al final de cuentas, las personas correctas que cumplen sus compromisos y resuelven sus problemas en forma ética caen igual al Dicom, independientemente de las razones que las llevaron a ello. Lo único que hace un instrumento como este famoso predictor es afectar a las personas que, desde un punto de vista ético, quieren desarrollar una actividad económica racional y en buena forma.
Necesariamente, nuestra sociedad tiene que cambiar la forma de enfocar este tipo de temas y es justamente el Congreso Nacional donde tenemos que generar la regulación que el Estado debe dar a los distintos actores económicos para que en Chile la economía fluya en forma adecuada.
Ya lo han planteado otros parlamentarios: éste esun país donde las empresas, particularmente los bancos, cobran altísimos intereses. Hoy, el mejor negocio son los préstamos, y por eso quieren participar las cajas de compensación, el retail; hasta los pequeños productores también han llegado a tener tarjetas de crédito para los consumidores. Hoy, en Chile, el negocio más lucrativo es el de la banca -bien lo sabe el señor Lorenzini -, de las instituciones que conceden créditos, lo que ha significado que nuestra gente esté endeudada, quizás, más que en cualquier otro país de América Latina. Al final de cuentas, los chilenos estamos viviendo más bien del futuro que de lo que está pasando en el presente; pero no podemos seguir avanzando en esta sociedad de consumo -desde el punto de vista ético-, sin una regulación del Estado para no lesionar los intereses de las personas.
La bancada del Partido Radical va a votar a favor del proyecto de ley porque, tal como lo planteó el diputado Felipe Harboe, creemos que se avanza en proteger a la clase media y a los emprendedores respecto de sus valores y derechos y de cómo debe relacionar la sociedad en una regulación que permita el desarrollo de las potencialidades de las personas.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente , quiero hacer un reconocimiento al trabajo parlamentario asociado a esta moción que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz.
Pocas veces tenemos espacio para debatir mociones parlamentarias y hoy la Sala ha dedicado bastante tiempo del Orden del Día a la discusión de una moción. Muy importante- por lo que merece un reconocimiento público el diputado Felipe Harboe y los restantes parlamentarios que lo han acompañado en esta iniciativa, la que, si hubiera sido resorte de la Cámara de Diputados, ya habría sido tratada, pero el lobby que se llevó a cabo por representantes de las empresas autorizadas, lamentablemente, ha demorado su despacho.
Quiero anunciar el voto favorable de la bancada de la Democracia Cristiana para que esta iniciativa se convierta prontamente en ley, puesto que no es aceptable que datos no objetivos, como el número de consultas que se realizan, con el sistema vigente determine un riesgo mayor para una persona. Incluso, quien en forma consciente y responsable consulta en dos, tres o cuatro instituciones financieras sobre los costos de un crédito, la tierra, los seguros, etcétera, a fin de obtener una menor cuota, puede terminar castigado, porque las instituciones consultadas para la obtención del crédito van a pedir información del cliente a las bases de datos de empresas como Dicom u otras, lo que va a aumentar el número de consultas sobre esa persona, que lo único que está haciendo es actuar responsablemente para tomar su crédito. Es decir, la van a rechazar por no limitarse a una institución crediticia, sino que, por verificar el costo final de su posible crédito en varias instituciones. Así de absurdo es el funcionamiento del actual sistema. Por eso, no tiene ningún sentido que el número de consultas, los domicilios u otros antecedentes puedan ser, en definitiva, determinantes y predictores del riesgo asociado a una persona que solicita un crédito.
El proyecto propone limitarlo a datos objetivos, lo que sería muy bueno. Eso va en la línea correcta, en defensa de los consumidores, de la gente, frente al abuso que significa la posibilidad de gravar en exceso a una persona que contrata un crédito en Chile.
Algunos, extrañamente, han llegado a sostener que esto incluso podría aumentar el costo de los intereses por falta de antecedentes para determinar el riesgo de las personas. ¡Pero si no ha sido necesario que exista una disposición legal sobre la materia para que, por lo menos, tengamos un cuestionamiento claro respecto de las tasas de interés en el mercado nacional! En los diarios de hoy se anuncia con mucha pompa la rebaja del costo del crédito con aval del Estado para los estudiantes y sus familias, porque una empresa se ganó la licitación y, en lugar de UF más 5,7 por ciento, va a costar UF más 5,3 por ciento, porcentaje que no se paga ni siquiera por un crédito hipotecario. Con esta supuesta “espectacular” licitación, y digo supuesta licitación, porque no puedo entender que no se le haya entregado al Banco del Estado la misión de otorgar créditos con la menor tasa posible, para que la gente estudie; por el contrario, se llamó a licitación a la banca privada para que con la plata de todos los chilenos se les preste a los mismos chilenos para que sigan en la educación superior, con un mutuo en UF más el 5,3 por ciento de interés. Pero, resulta que, en este caso, no hay riesgo porque se trata de créditos con aval del Estado; el que compra las carteras aun antes de su vencimiento, lo que es un negocio seguro para los bancos privados, y aun así las tasas son altas.
Entonces, lo que se pretende decir es que va a faltar información y que las tasas pueden subir. Esto es, simplemente, un sinsentido. Lo que corresponde es que la información de las personas sea objetiva, por ejemplo, los protestos. Ésa es una información objetiva que puede determinar un riesgo concreto y preciso; pero el alto número de consultas sobre una persona no puede determinar la existencia de mayor riesgo. Es decir, hasta los consumidores responsables terminan siendo castigados.
Por eso, vamos a votar favorablemente las modificaciones del Senado. La bancada demócrata cristiana y todos aquellos diputados que transversalmente se han ido sumando a la posibilidad de que en el sistema financiero existan datos objetivos y una mejor regulación para evitar abusos contra los consumidores, vamos a apoyar los proyectos que vayan en esa línea; es decir, que sean de utilidad, protejan y salvaguarden a los consumidores del país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.-
Señor Presidente , sin duda, siempre existe incertidumbre sobre el comportamiento futuro de un cliente. Es necesario, entonces, que la toma de decisiones se apoye en un análisis racional y objetivo.
En los más diversos ámbitos, la clave está en considerar la probabilidad de que el cliente pague. Si ella es alta, es aconsejable otorgar el crédito; pero, si es baja, obviamente, lo más prudente es denegarlo. En los casos de probabilidades intermedias, la decisión depende, usualmente, de cada institución. A la probabilidad estimada se le otorga, habitualmente, un puntaje, para lo cual se establecen umbrales de corte que apoyan la decisión de conceder o rechazar un crédito.
La capacidad predictiva de un puntaje está relacionada, por cierto, con una clasificación correcta de buenos y malos clientes, la que, a su vez, depende de la calidad de la estimación de probabilidad de pago. Tal estimación se realiza explícita o implícitamente sobre la base de un análisis estadístico que, a su vez, depende de la aplicación de un modelo matemático a los datos disponibles. Todas las metodologías estadísticas que se usan para ajustar un modelo requieren decidir qué variables se incorporan al modelo y la forma en que se procederá.
Desde el punto de vista de la calidad predictiva, cuantos más factores se utilicen en el modelo, mejor será su comportamiento estadístico y, por ende, la estimación de la probabilidad de una correcta clasificación de los clientes en buenos y malos será más correcta. Naturalmente, para que un factor sea admisible requiere que pueda ser medido en forma objetiva. Cabe hacer notar que la inclusión o exclusión no son neutras. En efecto, siempre habrá un conjunto de personas favorecidas y otras perjudicadas. Por ejemplo, en el caso extremo de eliminar todos los factores, ello favorecería a los malos clientes.
Un punto importante, que no es estrictamente de naturaleza estadística, es que resulta aconsejable analizar el potencial efecto negativo que puede tener el hecho de incluir o excluir un factor determinado en ciertas poblaciones. Por otra parte, cabe destacar que un modelo podría incluir un factor que a primera vista aparezca como discriminatorio, por ejemplo, edad o condición económica del cliente. Sin embargo, este factor es universalmente empleado por las compañías de seguros para estimar el nivel de riesgo de los accidentes automovilísticos y su consecuente incidencia sobre el monto de las pólizas.
En resumen, desde mi punto de vista, estrictamente matemático y estadístico, resulta inadecuado circunscribirse a un conjunto predeterminado de factores en la construcción de un puntaje, excluyendo a priori los demás. Aparte de afectar la capacidad predictiva de un puntaje, puede introducir sesgos; además, es difícil anticipar que factores aceptables puedan resultar útiles en el futuro.
La Cámara de Diputados aprobó un texto que proponía eliminar las consultas al RUT, como factor predictivo; pero, el 11 de mayo de 2011, la Sala del Senado aprobó una modificación. El impacto de la nueva redacción perjudicará a los ciudadanos, ya que la información positiva quedará fuera de los contenidos en el predictor de riesgo financiero. Además, es contrario al proyecto de ley anunciado por el ministro de Economía , que incluirá la obligatoriedad de incorporar la información positiva en los reportes de los créditos.
El mismo ministro señaló en la Comisión que no está de acuerdo con la nueva redacción de la disposición, que dice: “Agrégase al artículo 9° de la ley N° 19.628, el siguiente inciso final:
Prohíbese la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda.”
Incluir o eliminar diversos factores por ley, desde mi punto vista, implica la pérdida de poder predictivo para determinar la solvencia de los consumidores; se limita a las personas no bancarizadas para acceder a créditos, ya que no se tiene información sobre ellas, y también a la población para acceder a créditos, ya que las tasas que se ofrecerán a los consumidores con buen riesgo de crédito no podrán ser competitivas, lo que afectará el potencial de la actividad económica.
El mayor impacto de este proyecto lo sufrirán, evidentemente, como siempre, las pymes, por no poseer, por ejemplo, un departamento de crédito, y también la gran masa de consumidores de créditos del país que son personas de clase media; es decir, por unos pocos, pagarán muchos. Por ejemplo, en el caso de la revelación de la existencia de múltiples solicitudes de crédito simultáneas que podrían llegar a buen término y que, por tanto, podrían afectar la capacidad de pago de las personas. Las negociaciones pre contractuales de un crédito conllevan la evaluación del riesgo crediticio de la persona, para la cual es indispensable contar con la información adecuada, que no sería veraz si se omitiera un factor con poder predictivo.
La bancada de Renovación Nacional está de acuerdo con este proyecto de ley, aunque tenemos algunas aprensiones respecto de la modificación del Senado. Pero, sin duda, creemos que fortalecerá el rol que hoy cumplen los consumidores en relación con la toma de créditos en las instituciones financieras y bancos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , en realidad, no puedo estar ajeno a esta discusión, porque, en algún momento, fui presidente de la Cámara de Comercio Detallista de Temuco y también presidente regional de La Araucanía .
Uno de los grandes problemas de las pymes es el acceso al crédito, indispensable para el pequeño emprendedor que requiere, precisamente, un capital para llevar adelante su emprendimiento. Nos encontramos, entonces, con una serie de limitaciones impuestas, en particular, por los bancos, que tienen una posición dominante, por lo tanto, son los que ponen las reglas del juego.
Hay que tratar de avanzar en una adecuada regulación para evitar las trabas con que se encuentran las pymes, y creo que este proyecto va en la dirección correcta, razón por la cual vamos a apoyarlo.
Quiero felicitar al diputado Harboe por la intervención que le ha cabido en el desarrollo de esta buena iniciativa que, en definitiva, va a prohibir la realización de todo tipo de predicciones y evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales y jurídicas de las cuales se informa.
La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda.
La modificación del Senado apunta precisamente en la dirección que nosotros queríamos y desde ya señalo mi aprobación al proyecto. Asimismo, invito a mis camaradas de partido a hacer lo mismo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de ley de la siguiente manera:
El señor MELERO ( Presidente ).-
En votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, para garantizar que la información entregada a través de predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MELERO (Presidente).-
Despachado el proyecto.
MODIFICACIÓN DE NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL EN LO RELATIVO AL CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto, iniciado en moción, en primer trámite constitucional, que modifica normas del Código Civil en materia del cuidado personal de los hijos.
Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora María José Hoffmann.
Antecedentes:
-Moción, boletines N° 5917-18, sesión 39ª, en 12 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta N° 8,
-y N° 7007-18, sesión 42ª, en 29 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Familia, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 23.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora HOFFMANN, doña María José (de pie).-
Señor Presidente , la Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, dos proyectos de ley iniciados en mociones, refundidos, en consideración a que ambos proponen modificar normas del Código Civil en materia de la relación paterno-filial, tanto respecto del cuidado personal o tuición, como habitualmente se denomina, como asimismo en cuanto a la relación directa y regular, más conocida como derecho de visita, y sobre la patria potestad.
El primero de los proyectos, por orden de ingreso, corresponde a una iniciativa de los ex diputados señores Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela , y cuenta con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Ramón Barros , Sergio Bobadilla y Jorge Sabag , y de los ex diputados señores Juan Bustos , Francisco Chahuán , Eduardo Díaz y señora Ximena Valcarce .
Por su parte, el segundo de los proyectos, de iniciativa del diputado Gabriel Ascencio , con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic , Adriana Muñoz y María Antonieta Saa , y de los diputados señores Sergio Ojeda , Marcelo Schilling y Mario Venegas .
Asistió a exponer a la Comisión la ministra del Servicio Nacional de la Mujer , señora Carolina Schmidt Zaldívar .
Asimismo, concurrieron como invitados la jueza de Familia de Santiago, señora Gloria Negroni ; la profesora de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Carmen Domínguez ; la directora ejecutiva del Centro UC de la Familia , señora Carmen Salinas ; la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile, señora Fabiola Lathrop ; las abogadas mediadoras del Centro de Atención Jurídico Social Andalué, señoras Alejandra Montenegro y Ana María Valenzuela y el médico siquiatra señor Andrés Donoso .
Igualmente, la Comisión recibió en audiencia pública a miembros de las organizaciones Papás por Siempre; Papá Presente, Amor de Papá, como asimismo a papás y mamás que solicitaron ser recibidos en forma individual.
Idea matriz o fundamental de los proyectos.
Establecer, en el Libro I del Código Civil, en el Título denominado “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”, el principio de la corresponsabilidad parental, consistente en el reparto equitativo de los derechos y deberes que los progenitores deben ejercer respecto de sus hijos, y el modo de ejercerla cuando vivan separados. Todo ello, teniendo en vista el interés superior del niño, niña o adolescente.
Descripción de los proyectos.
La primera iniciativa propone modificar normas del Código Civil referidas al cuidado personal, a la relación directa regular y a la patria potestad, a la representación y administración patrimonial de la hija o hijo menor de edad, no emancipado, como asimismo normas sobre mediación en los tribunales de familia.
Por su parte, la segunda de las iniciativas propone igualmente modificar el cuidado personal de los hijos e hijas y derogar la exigencia a la persona casada a quien corresponde el cuidado personal de un hijo no nacido en el matrimonio, que solo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge.
Aprobación en general
Los integrantes de la Comisión estuvieron todos muy de acuerdo con legislar sobre la regulación actual del cuidado personal de los hijos, avanzando hacia el reconocimiento positivo de la corresponsabilidad parental, entendida en su sentido más amplio, incluso más allá del mecanismo del ejercicio propio del cuidado personal, estableciéndolo como un principio inspirador en la legislación de familia.
Asimismo, coincidieron en la necesidad del reparto equitativo de derechos y deberes entre los padres, tanto cuando vivan juntos como separados e, igualmente, en el rol subsidiario de los tribunales de justicia en la resolución de los conflictos y, por ende, en que la legislación debe fomentar el acuerdo entre los padres respecto de la organización de la relación parental con posterioridad a la ruptura matrimonial o de pareja; todo ello, teniendo siempre en vista el interés superior de los hijos e hijas.
La Comisión, en definitiva, compartió los fundamentos de las iniciativas y coincidió en la necesidad de legislar. En consecuencia, procedió a aprobarlas, en general, por la unanimidad de sus integrantes presentes, diputadas señoras María Angélica Cristi ( Presidenta , hasta la discusión en general), Carolina Goic , María Antonieta Saa , Marcela Sabat , María José Hoffmann, Adriana Muñoz y Mónica Zalaquett ( Presidenta , a partir de la discusión en particular), y diputados señores Barros , Jarpa y Sabag .
No obstante lo anterior y estando todos los integrantes completamente de acuerdo con las ideas matrices de ambos proyectos en estudio, por tanto, con la idea de legislar, la forma o el modo de enfrentar materias tan trascendentes y de grandes efectos en la vida de los padres e hijos ocurrida la separación de los progenitores, como el cuidado personal, la relación directa y regular y la patria potestad de los hijos e hijas, fueron objeto de un profundo debate, el que paso a resumir por materia.
A) Los derechos y deberes de los padres.
La primera de las iniciativas propuso establecer nuevas obligaciones en la norma que se refiere a los deberes recíprocos entre padres e hijos, y sobre todo, respecto del modo en que los padres deben actuar, y promover el acuerdo en el interés superior de los niños y niñas con el objeto de proteger su integridad y propender sobremanera a que tengan la mejor calidad de vida posible cuando los padres vivan separados.
En el debate, la Comisión complementó la proposición en cuanto a la importancia de dejar establecido en la ley que los padres, vivan juntos o separados, deben llegar al mayor acuerdo posible sobre las decisiones importantes respecto de los hijos comunes, como el cuidado personal de la crianza y la educación, razón por la que concordaron una indicación para que los padres actúen de común acuerdo cuando vivan separados, que induce a los padres a lograr un entendimiento.
Asimismo, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión estuvieron muy conformes con agregar la conveniencia de establecer, por una parte, la responsabilidad del Estado en la elaboración de medidas tendientes a hacer compatible el ámbito laboral con una efectiva relación padres e hijos y, por la otra, la contribución del sector privado en la práctica de tales medidas. Por ello, aprobaron, por unanimidad, una indicación en tal sentido de las diputadas señoras Adriana Muñoz y María Antonieta Saa y del diputado Marcelo Schilling .
B) Cuidado personal.
En un primer debate, la Comisión valoró que ambas iniciativas en estudio tengan en común terminar con la normativa vigente que recoge un modelo unilateral de cuidado personal de los hijos e hijas, en virtud del cual, si los padres viven separados, éste corresponde por atribución de la ley a la madre como derecho-deber, y que permite, sólo por acuerdo de los progenitores, que pase al padre, pero siempre ejercido de modo unilateral, nunca compartido, o bien, por decisión del juez, pasa al otro de los padres por causas justificadas, como el maltrato, descuido u otra, teniendo presente el interés superior del niño o niña.
Asimismo, los integrantes coincidieron con los proyectos en cuanto a que como primera alternativa sea el acuerdo de los padres el que determine si a uno o a ambos les corresponderá el cuidado personal o el modo en que éste se ejercerá entre ellos, en el entendido que los padres son los primeros llamados, no obstante el conflicto que pueda existir, a determinar qué es lo mejor para sus hijos, en consideración a las circunstancias y contexto del grupo familiar, de manera que concordaron plenamente con la primera parte de ambas proposiciones en cuanto razonan sobre la misma base.
Sin embargo, el punto de desencuentro lo constituyó la resolución del cuidado personal cuando no hay acuerdo; es decir, ante el conflicto, y de conformidad con los proyectos propuestos, a cuál de los padres y en virtud de qué elementos el juez debería entregar el cuidado personal de los hijos e hijas.
Por otra parte, hubo pleno acuerdo entre sus integrantes en que el juez, al decidir ante el conflicto, debería asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres y establecer las condiciones que, por una parte, fomenten una relación paterna filial sana y cercana, y por la otra, permita a ambos progenitores participar activa y equitativamente en el cuidado personal de sus hijos.
En este contexto, el debate de los integrantes de la Comisión se mantuvo en dos posiciones, las que, no obstante, coincidieron en cuanto a que en la crianza y educación, el cuidado personal de los hijos e hijas comunes debe ser siempre compartido, porque la decisión incide en materias tan relevantes, como por ejemplo, la religión en que se educarán o el colegio al que asistirán. Pero, no concordaron en lo relativo a con quién debe vivir el niño o la niña, es decir, su residencia, elemento de la mayor sensibilidad, tanto respecto de los propios padres como de los hijos.
La opinión mayoritaria defendió el mejor derecho de la madre basada en una cuestión de orden natural y de hecho, que demuestra que la mujer está mejor preparada y es más idónea para criar a los hijos, por lo demás, avalada porque en la práctica lo más frecuente es que sea la madre quien lo asume cuando los padres viven separados.
La opinión minoritaria se manifestó a favor de que sea el juez quien determine a cuál de los padres corresponde el cuidado personal, en caso de que no puedan arribar a un acuerdo, el que deberá considerar primordialmente el interés superior del niño o niña (como por ejemplo, su cercanía con el colegio o el horario de trabajo del padre o madre) y no en el género o su situación personal.
Una tercera opinión, para tratar de acercar posiciones, consistió en que, ante el conflicto, el juez, por regla general y a priori, debería estimar a ambos padres igualmente idóneos, de modo que, ante el desacuerdo y la disyuntiva de con cuál de los padres debe vivir el hijo o hija si ambos garantizan igualmente su bienestar y protección, se debe preferir a la madre, si se trata de un menor de 14 años y, teniendo en vista primordialmente el interés superior del niño o niña, se le debe oír si es capaz de formarse un juicio propio.
Indicación sustitutiva del Ejecutivo.
Frente a las distintas posiciones, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva, en el siguiente sentido:
a) Mantiene el cuidado personal supletorio a la madre, cuando los padres viven separados.
b) Define el cuidado personal compartido y permite su titularidad por acuerdo de los padres y por resolución judicial.
c) Precisa que el hijo o hija deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
Como mecanismos para fortalecer la relación entre padres e hijos con miras al bien superior del niño, se establece la figura del cuidado personal compartido como alternativa para los padres que se separan, pero solamente por acuerdo o resolución judicial. Este se define, al tenor de la indicación presentada, como el derecho y el deber del padre y la madre que viven separados, de amparar, defender y cuidar la persona del hijo menor de edad, participar activamente en su crianza y educación y tener conjuntamente su patria potestad.
En el primer supuesto, puede ser pactado en cualquier momento por los padres, para ello bastará una escritura pública o acta extendida ante el Oficial del Registro Civil , subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, y en el segundo, el juez puede otorgar el cuidado personal compartido en las siguientes hipótesis, siempre velando por el interés superior del niño:
1. Cuando quien tenga el cuidado personal entorpezca las visitas del padre no custodio con el hijo.
2. Cuando quien tenga el cuidado personal denuncie o demande falsamente al otro padre para perjudicarlo y obtener beneficios económicos.
La Comisión consideró un avance la proposición del Ejecutivo , básicamente en dos aspectos. En primer lugar, recoge las ideas centrales de los proyectos refundidos en discusión y los términos del debate efectuado. Efectivamente, coinciden, por una parte, en lo que respecta al cuidado personal compartido, entendido como participación en la crianza y educación de los hijos e hijas, y que procederá siempre que hay acuerdo entre las partes. Ello viene a cambiar lo establecido en la ley, en cuanto a que, en cualquier caso, será siempre unilateral, toda vez, que si existe acuerdo, pasa al otro de los padres, pero no a ambos en conjunto. En segundo lugar, sin perjuicio de que el cuidado personal se ejerza compartido, la residencia habitual de los hijos comunes debe ser una sola, de preferencia la materna. Sin embargo, en este punto la coincidencia no fue absoluta, porque se presentaron indicaciones parlamentarias para priorizar, también en esta materia, el acuerdo de los padres, para regular la residencia de manera voluntaria, incluso compartida. Tales presentaciones fueron rechazadas al aprobarse la indicación del Ejecutivo , que establece que, aun cuando los padres acuerden el cuidado personal compartido, los hijos deberán tener una sola residencia, preferentemente la materna, con el propósito de velar por su estabilidad.
Analizada por la Comisión la indicación del Ejecutivo, en cuanto a la permanencia de la atribución legal a la madre, la unanimidad no estuvo disponible para aprobar la norma que la establece como regla primaria. Se insistió en la promoción de los acuerdos entre los padres y, en caso de no ser ello posible, en la aplicación de la regla de atribución legal. Se estableció la posibilidad de que el juez, ante el interés superior del niño, entregue el cuidado personal al padre o a ambos.
Por lo anterior, el Ejecutivo se hizo cargo de la observación y sugirió sustituir el texto, invirtiéndolo, de manera que la primera regla sea el acuerdo y la atribución a la madre quede circunscrita a cuando no lo haya.
Así, presentada por todos los integrantes de la Comisión participantes en el debate, fue aprobada por la mayoría de los presentes. Se abstuvo el diputado señor Schilling , por cuanto el texto no incorpora el término “preferentemente” que había propuesto en relación con la norma de atribución legal supletoria a la madre, es decir, no en términos absolutos.
En lo que respecta a la atribución judicial de entregar el cuidado personal compartido al otro de los padres, por las causales señaladas en la indicación del Ejecutivo , los integrantes de la Comisión consideraron atingentes las modificaciones propuestas y las aprobaron por la mayoría de los presentes, por cuanto recalca el rol preponderante del interés superior del niño como criterio rector en las decisiones judiciales que recaigan sobre la custodia del menor. Asimismo, señala las causales en razón de las cuales el cuidado compartido será de carácter judicial.
Respecto de las causales, éstas recogen ideas e inquietudes que surgieron durante la discusión general del proyecto, en el sentido de salvaguardar el ejercicio pacífico de la relación directa y regular entre el padre no custodio y sus hijos, y evitar que el padre o madre custodio entorpezca la realización del régimen comunicacional mediante la presentación de denuncias o demandas basadas en antecedentes falsos, de manera dolosa y con el fin de obtener un beneficio económico.
Sobre esta materia, la Comisión aprobó por unanimidad una indicación de las diputadas señoras Saa y Muñoz , en el sentido de establecer que en ningún caso, el juez podrá fundar su decisión en base a la capacidad económica de los padres, como asimismo, el padre o madre que ejerza el cuidado personal facilitará el régimen comunicacional con el otro padre.
C) Respecto de la relación directa y regular.
Solamente la primera de las iniciativas se refiere a esta materia y propone modificar la norma que consagra la relación directa y regular, entendida como el derecho -deber del padre que no tiene el cuidado personal del hijo o hija menor de 18 años-, de mantener una relación cercana y saludable que va más allá del llamado “derecho a visita”, como habitualmente se le conoce. Se considera un catálogo de conductas que cambian la concesión del cuidado personal o bien la suspensión del régimen, cuando manifiestamente perjudiquen el bienestar del hijo o hija, conductas que dan cuenta de alienación, obstaculización del régimen de relación directa y regular o falsas denuncias de violencia intrafamiliar. En este sentido, se establecen responsabilidades civiles, incluso, penales, para el falso testimonio.
Los integrantes de la Comisión manifestaron su desacuerdo en reconocer la figura del síndrome de alienación parental (SAP), que de manera implícita contempla la norma propuesta porque, de conformidad con lo dicho por las personas expertas que concurrieron a la Comisión, psicólogas y mediadoras familiares, no hay un reconocimiento general a su existencia por la comunidad científica. Por esa razón, por unanimidad rechazaron la proposición.
Sin embargo, las señoras diputadas y los señores diputados integrantes, entendiendo el espíritu del texto propuesto, concordaron en la necesidad de sancionar, de alguna manera, al padre o madre que cometiere conductas de alienación respecto del otro progenitor o, por su intervención, los hijos comunes profirieran declaraciones que resultaren falsas respecto de la honra o integridad moral del otro de los padres.
El Ejecutivo, se hizo cargo del debate y presentó una modificación, intercalando nuevos incisos respecto de la relación directa y regular, con el siguiente contenido:
Se garantiza la relación sana y estable del hijo con el padre con quien el menor no reside habitualmente.
En caso de establecerse el cuidado personal compartido, por acuerdo o por resolución judicial, según lo aprobado, deberán determinarse las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo no reside habitualmente. Dichas medidas deberán ser establecidas por los padres y por el juez, según sea la fuente del cuidado personal compartido.
En el mismo orden de ideas, cuando sólo uno de los padres tenga la titularidad del cuidado personal del hijo, se establecen los canales necesarios para que exista una corresponsabilidad entre madre y padre que vivan separados en el cuidado y la toma de decisiones que atañen a los hijos comunes e, igualmente, cuando el cuidado personal compartido se haya logrado de común acuerdo. Los padres deberán adoptar medidas para garantizar la relación regular y frecuente del padre no custodio con el hijo o hija.
En el debate, la mayoría de los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo con su fundamento en cuanto entiende la relación directa y regular como el derecho y deber de seguir participando de la crianza, educación y decisiones importantes de los hijos, de manera que el vínculo paterno filial se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable.
Por la misma razón, concordaron en la aprobación de la indicación del Ejecutivo en cuanto recoge una indicación anterior de las diputadas señoras Cristi , Rubilar y Zalaquett y los diputados señores Barros y Sabag , al definir la relación directa y regular, y explicita que, igualmente, se deberán considerar al otorgar el régimen, además de la edad del hijo e hija, como lo señalara también la indicación de las diputadas señoras Goic , Muñoz y Saa y los diputados señores Schilling y Sabag , que el Ejecutivo recoge, las circunstancias particulares y las necesidades afectivas, siempre en el mejor interés del menor.
Con el propósito de darle mayor fuerza a la norma, la Comisión aprobó, por unanimidad, una indicación de las diputadas señoras Cristi , Rubilar y Zalaquett y los diputados señores Barros y Sabag , que agrega en la Ley de Menores la sanción para el incumplimiento o impedimento del régimen comunicacional, con el apremio, contra el que incumple, y luego el arresto y multa.
D) Respecto de la patria potestad.
Las mociones en estudio no presentan modificaciones en esta materia específica, pero, en el debate, fue la Comisión quien consideró extender también a los efectos patrimoniales de la filiación el principio de la corresponsabilidad y coparticipación de los padres en la vida de sus hijos, estableciéndose, como regla de atribución legal supletoria, el ejercicio conjunto de este derecho, sustituyendo la regla que señala que, a falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad.
Se abstuvo el diputado señor Schilling por considerar que las modificaciones anteriores ya aprobadas por la Comisión, dejan la balanza inclinada en favor de la madre, cuestión que se mitigaría en parte dejando intacto el inciso segundo actualmente vigente, que atribuye la patria potestad exclusivamente al padre.
Asimismo, la Comisión concordó una indicación para facilitar el ejercicio conjunto de la patria potestad, si los padres viven juntos, estableciéndose una presunción simplemente legal, en orden a suponer la concurrencia del consentimiento del otro padre, cuando es uno solo el que realiza el acto o contrato.
Por su parte, las diputadas señoras Cristi , Rubilar y Zalaquett y los diputados señores Barros y Sabag , presentaron una indicación respecto del ejercicio de la patria potestad cuando los padres viven separados, el cual corresponderá al padre o la madre que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo. Si el cuidado personal fuese conjunto, la patria potestad corresponderá a aquel de los padres designado en el acuerdo o, en su defecto, a aquel que el juez designe.
La Comisión estuvo de acuerdo con la proposición en cuanto a los casos en que los padres tengan el cuidado personal compartido de sus hijos -según lo aprobado, por acuerdo o por resolución judicial-, la patria potestad también será compartida y, adicionalmente, permitirá que el juez pueda decretar o las partes convenir, la patria potestad compartida, sin perjuicio que un solo padre tenga el cuidado personal del hijo. Esto, con el objeto de hacer partícipe al padre no custodio en las decisiones trascendentes que involucren a los hijos como la representación judicial y administración de sus bienes, medida que fomenta corresponsabilidad y da mayores facultades al padre, no obstante por ley sea la madre a quien corresponda el cuidado personal, y así dar mayor equilibrio a las potestades de ambos en relación con los hijos comunes.
E) En lo que respecta a la autorización que debe dar el cónyuge del padre o madre de los hijos nacidos de un anterior matrimonio, a que se refiere el artículo 228 del Código Civil, la disposición señala que la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común, con el consentimiento de su cónyuge.
La unanimidad de los integrantes de la Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de derogarlo, contenida en la segunda de las iniciativas, porque consideraron que no puede quedar entregada al consentimiento de un tercero la permanencia de un hijo o hija con su padre o madre, aunque éste tenga un nuevo matrimonio.
Concordaron en que el vínculo matrimonial implica la aceptación recíproca y tácita de las circunstancias del otro cónyuge, y si bien durante la discusión general de los proyectos en informe algunos expositores señalaron que la norma no ha sido controvertida en tribunales y que la eliminación de contar con el consentimiento del cónyuge para llevar a vivir a un hijo que no ha nacido en su matrimonio contribuiría a invalidar la relevancia del contrato matrimonial, y que debía permanecer la norma por el bienestar de los niños y niñas en el lugar de su residencia. Sin embargo, para la Comisión constituyó un mayor argumento el hecho que demuestra que la norma no tiene aplicación práctica, por lo que precisamente justifica la eliminación propuesta por la modificación. Por otra parte, se hace cargo de las críticas que la doctrina viene formulando a esta norma que tiene por anacrónica y vulneradora del principio de igualdad y del interés superior del niño o niña.
Finalmente, junto con agradecer la participación de la señora ministra, señalo a la Sala que el proyecto no contiene normas que deban aprobarse con quórum especial y no es de competencia de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente , en primer lugar, saludo a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer , señora Carolina Schmidt , quien nos acompaña en la fase final del proyecto.
Sin perjuicio de que las mociones en tramitación sobre el cuidado personal de los hijos proponían una modalidad compartida para los progenitores que no vivan juntos, durante su discusión se tomaron en cuenta otros matices, en virtud de lo fructífero que resultó ser el diálogo.
Destaco que este proyecto resalta la importancia del Congreso Nacional para conversar, dialogar, exponer visiones distintas y lograr acuerdos que, de alguna manera, en este caso quedaron plasmados en la iniciativa.
Los parlamentarios miembros de la Comisión coincidieron en que era muy necesario el reparto equitativo de derechos y deberes entre los padres, que vivan juntos o separados, así como en reconocer el rol subsidiario de los tribunales de justicia en la resolución de los conflictos, ante lo cual resulta fundamental fomentar el acuerdo entre los padres, especialmente en lo que respecta a la relación parental con posterioridad a la ruptura patrimonial o de pareja. Todo ello, teniendo siempre en vista el interés superior de los hijos e hijas.
A pesar de lo anterior, y estando completamente de acuerdo todos los integrantes de la Comisión con la idea de legislar, tanto la forma de regular el cuidado personal como la relación directa y regular y la patria potestad de los hijos e hijas, la iniciativa fue objeto de un largo debate que finalmente terminó con el proyecto que hoy discutimos.
Lo primero que se establece es que, en caso de que los padres vivan separados, podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos o hijas, corresponde a la madre, al padre o a ambos en conjunto. Luego, expresa que a falta del referido acuerdo, a la madre le corresponderá el cuidado personal de los hijos e hijas menores.
Creemos firmemente en el valor y utilidad de los acuerdos. Por lo mismo, estimamos razonable que exista la posibilidad de que el padre tenga el cuidado personal de los hijos e hijas, no sólo en casos extremos como ocurre actualmente, o sea compartido, pero manteniendo una regla legal supletoria para el caso de no producirse dicho acuerdo. Ello impediría la judicialización a todo evento e indirectamente ayudaría a lograr posiciones comunes.
Además, se agrega una norma que establece que, cuando el interés del hijo o hija lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro padre, lo cual parece una medida muy razonable por cuanto el interés del hijo es el valor a resguardar.
En el mismo sentido, se establece que se podrá entregar el cuidado personal a ambos padres cuando el custodio impidiere o dificultare injustificadamente el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hija, sea que ésta se haya establecido como un acuerdo o decretado judicialmente.
También podrá entregarlo cuando el padre o madre custodio realicen denuncias o demandas basadas en hechos falsos, con el fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos.
Sin duda, una norma de esta naturaleza viene a enmendar un problema que sufren habitualmente los progenitores que no tienen a su cargo el cuidado de sus hijos y que no tienen solución en la legislación actual.
La modificación de mayor relevancia viene en los incisos sexto y séptimo del artículo 225 del Código Civil, los cuales contienen el reconocimiento expreso del cuidado personal compartido. Se define como “el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo o hija menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.”.
Esta redacción pone énfasis en que ambos padres deberán tener igual injerencia en las decisiones importantes que digan relación con la crianza de su hijo, ya sea respecto del lugar o de la ciudad donde viva, del colegio donde estudie, de la salud a que acceda, entre otros, pero dejando establecido, en el inciso séptimo, que el hijo o hija, sujeto al cuidado personal compartido, deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.
Sin perjuicio de las opiniones divergentes, esta solución, así como todo el proyecto, parece ser lo mejor para evitar una excesiva judicialización de este tipo de situaciones, en consideración principalmente al interés superior del niño, además de los factores sociales que debe inspirar una norma de este tipo, que muestran a la madre como la persona más adecuada para acompañar a sus hijos en los primeros años, a pesar de reconocer el número creciente de padres que están dispuestos a asumir obligaciones en la crianza y educación de sus hijos.
Como uno de los autores del proyecto original, que ha sido modificado en virtud de un diálogo fructífero y profundo, con argumentaciones de largo alcance, tanto en la Comisión como fuera de ella, considero que, con el concurso del Ejecutivo, se ha arribado a un proyecto de una tremenda importancia en la definición de aspectos básicos que dicen relación con el conflicto de la separación de los padres, pero que vela por el interés superior de los hijos, especialmente respecto del cuidado, de la vivienda y del entendimiento entre las partes para evitar la judicialización.
Me siento profundamente orgulloso del proyecto que se ha concordado y, espero, reciba el apoyo mayoritario de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra del Sernam, señora Carolina Schmidt.
La señora SCHMIDT (ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer).-
Señor Presidente, agradezco a los parlamentarios de las distintas bancadas su voluntad de legislar para incentivar el cuidado compartido de los hijos en caso de separación.
También destaco la participación de los diputados y diputadas de la Comisión de Familia. Me refiero a las señoras Zalaquett, Cristi, Muñoz, Hoffmann, Saa, Rubilar, Goic y Sabat y a los señores Sabag, Barros, Schilling, Bauer y Jarpa. Todos ellos, conscientes de la importancia del tema, dedicaron largas sesiones a la discusión del proyecto, velando siempre por el interés superior de los niños y, a la vez, en consideración a las legítimas aspiraciones de ambos padres.
Este tema, que afecta a numerosas familias, es de gran relevancia para el Gobierno.
Por eso, decidimos presentar una indicación sustitutiva, con el objeto de incentivar, aún más, la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos, en caso de una separación, y entregar mayor estabilidad y seguridad a los niños.
El fortalecimiento de la corresponsabilidad es clave en el desarrollo seguro y feliz de nuestros hijos.
Debemos avanzar para ser un país más corresponsable, a fin de que hombres y mujeres participen activamente en la crianza y educación de los niños, donde la construcción de lazos afectivos y estables tengan el tiempo que se merecen.
Todos sabemos lo difícil que pueden resultar las separaciones y el distanciamiento de los padres para todos los miembros del hogar, pero especialmente para los niños.
Debemos prevenir, a toda costa, que el cuidado de los hijos se transforme en una moneda de cambio entre los padres; la relación con los niños no puede ser disputable.
El espíritu de esta indicación es avanzar en los acuerdos y facultar a los padres para que puedan compartir el cuidado personal de sus hijos, pero resguardando siempre para ellos una residencia estable y la igual participación de ambos padres en las decisiones fundamentales de sus vidas, de su crianza y educación.
El hecho de que un padre no viva en la misma casa con su hijo no lo exime de responsabilidades, por lo que se debe incentivar el contacto personal, periódico y estable de ambos padres.
Si no hay acuerdo entre los padres, es necesario que la madre tenga el cuidado supletorio. Esto permite garantizar la estabilidad básica de los niños ante un quiebre familiar, y evitar la judicialización sobre la tenencia de los niños.
En el caso de los padres que viven juntos, es de toda justicia que ambos ejerzan la patria potestad, terminando así no sólo con una serie de problemas prácticos que derivan de la sola tenencia por parte del padre, sino que también dando una clara señal de que ambos, padre y madre, comparten la crianza responsable de sus hijos.
La corresponsabilidad es el reconocimiento y la valorización de la responsabilidad compartida de padres y madres en el cuidado de los hijos.
En el siglo XXI los roles se comparten. Ambos se hacen partícipes en áreas que antes estaban limitadas sólo al hombre o sólo a la mujer. Entender lo anterior, significa comprender que hombres y mujeres contribuyen al fortalecimiento de la familia; que hombres y mujeres no sólo participan, sino que son necesarios para el mejor desarrollo de sus hijos, y que, por último, hombres y mujeres, juntos, podemos hacer de Chile un país mejor.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente , me parece de gran interés abordar un tema que ha constituido un problema histórico permanente en Chile y que se refiere a quiénes, luego de los quiebres matrimoniales o de la convivencia, se hacen cargo de los hijos.
El proyecto que nos ocupa constituye un avance, en el sentido de que no establece a priori que la madre se hace cargo de los niños, pero sí que está detrás de lo que la sociedad de hoy y su lucha por la igualdad de derechos y deberes debe establecer.
Todavía hay temas pendientes respecto de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Es evidente, también, que el trabajo doméstico y la responsabilidad sobre el cuidado del hogar y de los niños, está todavía en nuestra cultura en una dimensión desproporcionada como exclusiva responsabilidad de la madre. Pero, también es evidente que Chile debe caminar hacia la corresponsabilidad completa y me parece que mantener la situación que obliga a un conjunto numeroso de padres, prácticamente, a establecer exámenes psiquiátricos que consideren a la madre fuera de sus cabales para poder conseguir la tuición y el cuidado de los hijos, si vamos a legislar sobre este tema, debiéramos restablecer, a la hora de la responsabilidad de los hijos, la igualdad plena de derechos.
¿Qué significa eso? Que, de no haber un acuerdo entre la madre y el padre que se separan, éste debiera ser establecido por el juez, partiendo de la igualdad de condiciones del padre y de la madre para hacerse cargo del hijo. Porque, si lo que nos interesa es el hijo, evidentemente, será la valoración de condiciones, como brindarle atención afectiva, cuidado, protección y buen desarrollo que debe determinar, exclusivamente, quién se hace cargo de él, y no la condición de género del padre.
Debe haber un correlato entre derechos y deberes -si igualamos deberes, también debemos igualar derechos-, y aquí permanece una desigualdad fundamental entre la madre y el padre a la hora de reclamar el derecho al cuidado y protección de los hijos.
Aunque insuficiente, me parece un avance, porque no determina ni establece a priori. Es decir, señala, en primerísimo lugar, el deber y la posibilidad del acuerdo; pero, quienes creemos en la igualdad completa de hombres y mujeres, de padres y madres, debemos seguir trabajando para que exista completa igualdad frente a la posibilidad, al deber y al derecho de hacerse cargo de la crianza, cuidado y desarrollo de los hijos que se han concebido entre dos y que, reitero, deben ser criados, cuidados y desarrollados entre dos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Informo a la Sala que faltan cinco minutos para el término del Orden del Día y este proyecto, por su importancia, no se va a votar hoy. Hay nueve diputados inscritos para intervenir y, si alguno de ellos quiere hacer uso de la palabra en esos cinco minutos, puede hacerlo ahora.
El diputado Marcelo Díaz , uno de los inscritos, ha cedido su tiempo a la diputada señora Cristina Girardi, con lo cual se daría término al debate.
Diputada , tiene la palabra.
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Gracias, señor Presidente .
Este proyecto avanza enormemente con respecto a la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos. Avanza, en una parte, sobre la potestad compartida, lo que hoy no ocurre y, en definitiva, aporta mucho a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para cuidar a sus hijos. De eso no cabe duda.
Con la ministra conversamos hace un rato y le decía que cuando se habla de la corresponsabilidad parental y de los derechos y deberes por igual para ambos padres en el cuidado de los hijos, Chile es un país mentiroso con respecto a derechos. Señalaba que los niños tienen derecho a educación y, sin embargo, quien tiene plata tiene derecho a una educación de calidad. Se supone que hay derecho a la salud y, no obstante, aquellos que tienen recursos tienen derecho a ésta; los otros, los que no tienen recursos reciben lo que queda de ese derecho.
En definitiva, si en este proyecto se acepta que la capacidad económica no debe determinar el derecho, el género tampoco debe determinarlo; tienen que ser ambos por igual. Cuando no hay acuerdo, se supone que el padre y la madre no fueron capaces de establecer el interés superior del niño. Alguien externo, a lo mejor, debe determinar esa capacidad; no tiene que ser solamente la madre, porque hay claridad en que tanto padre y madre no fueron capaces en ese sentido.
Por lo tanto, si este proyecto, a través de las indicaciones de las diputadas Saa, Muñoz, y de los diputados Schilling y otros, plantea preferentemente a la madre, eso salvaguarda lo que es el respeto por el concepto de derecho. No puede establecerse un derecho sobre la base de determinadas condiciones. Los derechos no se transan, sino que son. Y si un padre y una madre tienen el mismo derecho de disponer el cuidado de los hijos, no puede ser que, en el caso de desacuerdo, quede automáticamente la madre a cargo. Alguien tiene que hacer que ese derecho, de ambos por igual, sea respetado.
Me ponía en la situación de lo que sucede cuando una pareja se separa, a lo mejor, al mes o dos meses de vida de su bebé, en pleno amamantamiento. Obviamente, si un juez debe evaluar esa situación, debiera dárselo a la madre; pero, después, no. A los cinco, seis o diez años, debiera establecerse con el mismo criterio de igualdad. El concepto de derecho es lo que no entendemos en el país. Cuando uno habla de derechos tiene que aplicarlos a todos por igual y a este proyecto le falta entender qué es dicho concepto en plenitud.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).-
Ha terminado el Orden del Día. Por consiguiente, este proyecto queda pospuesto para una próxima sesión.
Hay, ahora, cerca de doce diputados inscritos para intervenir y se va a respetar el orden para esa sesión.
Agradezco a la ministra señora Schmidt que haya estado presente en la discusión de este proyecto y queda invitada para la próxima sesión en que se trate nuevamente.
VI. HOMENAJE
HOMENAJE A INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DEL EJÉRCITO CON MOTIVO DE SU CENTENARIO.
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde rendir homenaje al Instituto de Investigación y Control del Ejército, al cumplirse cien años de su creación.
Nos acompaña en la tribuna de honor una delegación del Instituto, encabezada por su director, coronel Héctor Ureta Chinchón.
En nombre de la Corporación, muchas felicitaciones por el trabajo que realizan y bienvenidos a esta Cámara.
Para rendir homenaje, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN (de pie).- Señor Presidente , estimados colegas, miembros del Instituto de Investigación y Control del Ejercito que nos honran con su presencia, en nombre de la Democracia Cristiana y del resto de la Concertación, de nuestros amigos del Partido Radical, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, rindo sentido homenaje al Instituto de Investigación y Control del Ejercito, tradicionalmente conocido como IDIC, que acaba de cumplir 100 años de historia, desde su fundación, en 1911.
Bienvenidas las instituciones que cumplen una centuria.
Para rendir justo y sentido homenaje, siempre es bueno revisar la historia que conlleva una institución tan clave para el Ejército, como es el IDIC.
El 3 de mayo de 1911, se crea este organismo con el nombre de “Comisión de Ensayos, Revisión y Experimentación del Material de Guerra”, con la misión de prestar asesoría técnica al mando del Ejército en lo referente al control de calidad de los materiales adquiridos o fabricados por las industrias militares o civiles del país.
Más tarde, el 10 de octubre de 1927, según decreto supremo Nº 3.081 y con el nombre de “Comisión de Intervención y Experimentación”, pasó a ocupar instalaciones de Famae para intervenir directamente en la investigación y control de la producción de material de guerra de esa industria.
Conforme fue avanzando la tecnología militar, el Ejército fue requiriendo asesoramiento en aquellas nuevas materias. Fue así que en 1931 se instaló lo que hoy conocemos como Departamento Químico.
En 1936, se inició la construcción del pabellón para el Laboratorio Balístico, hoy Departamento de Armamentos y Municiones, con el fin de determinar la seguridad y calidad de las armas y municiones.
Avanza el tiempo, y el 10 de julio de 1958, según decreto supremo N° 168, pasó a llamarse “Instituto de Investigaciones y Control”, y en 1961 se le asignan las funciones de Organismo Controlador de la República , para efectuar el control de la calidad desde el punto de vista de la peligrosidad de armas de fuego, municiones, explosivos, artificios pirotécnicos y, en general, de cualquier sustancia química de carácter explosivo fabricada en el país o en el extranjero, con el objeto de satisfacer las necesidades de seguridad y certificación de aquellos elementos que se utilizan en la guerra y que pueden ser eventualmente peligrosos para la Salud humana.
Esta Institución busca contribuir a la capacidad operativa requerida por el Ejército, asesorando la toma de decisiones institucionales mediante la certificación de calidad, el diagnóstico y la asesoría en sus áreas de competencia.
Entre las distintas funciones que tiene este Instituto está la de realizar asesorías y verificación de calidad en el proceso de adquisición, asesorías y diagnóstico en el ciclo de vida de los sistemas de armas y municiones y vehículos militares, respondiendo a requerimientos del sector público y privado. Para ello, cuenta con laboratorios de armamento mayor y menor; laboratorios de vehículos militares; laboratorios de electrónica y laboratorios de ensayos mecánicos.
Además, realiza la certificación de calidad a los elementos de vestuario, equipos, alimentación, y materiales energéticos que adquiere nuestro Ejercito, como también otras ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y entidades civiles -no siempre es sabido esto último-, para lo cual cuenta con seis laboratorios de primer nivel. A todo lo demás, hay que sumar la función que cumple este Instituto como Banco de Pruebas de Chile, ejerciendo el control de calidad, desde el punto de vista de la seguridad para el empleo, almacenamiento y transporte de las armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas afines y demás artificios que se fabriquen o importen al país, todo en función de los más altos estándares de calidad certificados mediante normas ISO.
Señor Presidente , hablar del Instituto de Investigación y control del Ejercito (IDIC) es hablar de la propia historia del Ejército de Chile. Este Instituto ha sido clave en la profesionalización de nuestro Ejército. La historia del IDIC es la historia de un grupo de hombres y mujeres que quizás no se propusieron organizar un Instituto que durara cien años. Los fundadores no conocieron a los que conmemoran hoy este aniversario ni éstos a aquéllos.
Había varios finales para la Comisión de Ensayos. Uno de los menos probables era el de este Instituto de la calle Pedro Montt , en Santiago. Las personas que comenzaron su labor en las primeras instalaciones de aquella Comisión, en torno a una estación de trenes, eran impulsadas por una suerte de entusiasmo supremo, una vocación por las armas y por el servicio al Ejército que los años no permiten poner en duda. Sus nombres ya nadie los recuerda. Me pregunto qué son ellos frente a los nombres de la historia del país, los libertadores, los vencedores de batallas, los que dan su nombre a las plazas, calles y edificios.
Con este pequeño homenaje, los recordamos para rescatarlos del olvido y para darles las sinceras gracias, por el gran aporte que han hecho a Chile, a su Ejército, y, por sobre todo, a su gente.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (de pie).- Señor Presidente , estimados colegas, coronel señor Héctor Ureta Chinchón , director del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, distinguida delegación que le acompaña, invitados especiales:
En nombre de Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y los parlamentarios independientes de esta Cámara, tengo el privilegio de hacer uso de la palabra en este lugar que hemos definido en múltiples momentos como el espacio donde se va construyendo el edificio jurídico de la Patria y el sitio del encuentro y de la mirada trascendente y respetuosa a personas e instituciones que han contribuido al mejoramiento de la comunidad y el país.
En esta mañana otoñal, nuestra Cámara de Diputados se convoca para rendir un homenaje sincero a un organismo gravitante en el devenir nacional, probablemente poco conocido para el conjunto de la comunidad, pero cuya labor ha sido esencial en el curso de sus cien años de existencia.
El Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, que hoy recibe este reconocimiento, surge en un momento extraordinariamente dinámico y de cambios profundos en el mundo, derivados de la revolución industrial que venía gestándose en Europa y Estados Unidos, más de un siglo antes de su creación, y que necesariamente iba a impactar de distintas maneras por estos lugares.
La adquisición de nuevos materiales, especialmente de artillería, iba a requerir de una capacidad inexistente hasta entonces en nuestro Ejército: la de certificar la calidad de las especies materiales que se adquieren para ser usadas por los diferentes cuerpos y unidades de la Institución.
La Primera Guerra Mundial vino a inaugurar una etapa nueva en la industria militar y de estrategias, tanto por el poder de fuego, como por las distancias, comunicaciones y sistemas de soporte logístico.
Los Ejércitos de la Independencia y de la Guerra del Pacífico quedaban definitivamente en el recuerdo. Era necesario profesionalizar el trabajo, prever los escenarios y analizar racionalmente los contextos.
Así surge, el 3 de mayo de 1911, la Comisión de Ensayos, Revisión y Experimentación del Material de Guerra, con la misión de prestar asesoría técnica al mando del Ejército en lo referente al control de calidad de los materiales adquiridos o fabricados por las industrias militares o civiles del país. Esta Comisión fue presidida por el teniente coronel Manuel Délano Bravo y conformada, además, por el entonces capitán Marmaduke Grove y Baldomero García , como jefe del taller de Armería .
Se iniciaba así un caminar que llega hasta nuestros tiempos, con múltiples desafíos, pero sin perder jamás su esencia y el sentido de su misión.
En el año 1958, deja de llamarse Comisión de Ensayos, Revisión y Experimentación del Material de Guerra y se le confiere el nombre de Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, cuyas tareas específicas están en el ámbito de las propuestas de medidas de planeamiento y dirección para todas las materias relacionadas con la producción, experimentación, adquisición, recepción, distribución, reparación y mantenimiento de los elementos de material de guerra que el Ejército necesita; la instrucción técnica y científica de oficiales y suboficiales y la atención de la experimentación científica de los elementos materiales del Ejército, entre otras.
Uno de los hitos más importantes en su evolución institucional fue la incorporación, en 1961, del Banco de Pruebas de Chile, organismo destinado al control de calidad de las armas de fuego, municiones y explosivos, adquiridos y empleados por la comunidad civil, esencial para la minería y sus empresas proveedoras. Esta facultad vino a ampliar sus competencias y a reconocer el creciente grado de especialización que el Instituto había adquirido.
De esa manera pasa a tener un carácter institucional, nacional y también internacional, al ser parte de la Comisión Internacional Permanente de Armas de Fuego Portátiles, organismo que establece las reglas para la aprobación en banco de pruebas, de las armas de fuego y sus municiones, y que persigue armonizar los procedimientos entre los Estados miembros y asegurar la reciprocidad de sus punzones de prueba.
La capacidad de crecer y adaptarse a los cambios la sitúan como una institución fundamental tanto para el Ejército como para las otras ramas de la Defensa Nacional, así como también para el conjunto de actividades que se enmarcan en la Ley N° 17.798, relativa a los fabricantes de explosivos del área minera, importadores de armas de puño, importadores y fabricantes de productos químicos y otros interesados en transferencias de armas.
Estas responsabilidades de claro liderazgo en el control y certificación de calidad, diagnóstico y asesoría, en el ámbito de las tecnologías de defensa, y en el control de armas y explosivos, hacen que el Instituto de Investigaciones y Control sea un organismo en constante evolución y perfeccionamiento tras el cumplimiento de su misión, a través de la implementación del sistema de gestión de calidad, basado en la competencia del personal y equipamiento y en el mejoramiento continuo de los procesos, como lo testimonia el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO para gestionar y asegurar la calidad de los productos y servicios.
En este recorrido no puedo dejar de destacar que parte sustantiva del nivel alcanzado por el Instituto se debe a la calidad de los hombres y mujeres que han tenido la visión, capacidad y compromiso para llevar este organismo al sitial que actualmente ocupa y que es plenamente reconocido.
Coronel don Héctor Ureta Chinchón y delegación que le acompaña, al rendir este homenaje al Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, no hago otra cosa que ser fiel a su historia y situar en proporción debida la contribución hecha al país desde aquel lejano 1911.
Reciba usted, y cada hombre y mujer que actualmente integra ese organismo, el sentimiento de quien les conoce, sabe de su compromiso con Chile y está consciente que continuarán cimentando la grandeza de esta querida Patria y sus habitantes.
¡Para ustedes todo el afecto, felicidad y éxito!
¡Muchas gracias!
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile.
En nombre de toda la Corporación, reciban nuestro reconocimiento por estos primeros cien años de vida. Ojalá, que en los futuros años puedan seguir cumpliendo su labor con la misma eficiencia y fuerza.
¡Felicitaciones!
-Aplausos.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
EXHORTACIÓN AL DIÁLOGO A MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y AUTORIDADES DE UNIVERSIDAD ARTURO PRAT PARA RESOLVER CRISIS EN SU SEDE DE COMUNA DE VICTORIA.
El señor MELERO (Presidente).- En virtud de lo resuelto por los jefes de los comités parlamentarios, se ha alterado el orden de los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de acuerdo N° 359.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- El proyecto de acuerdo N° 359 es una exhortación al diálogo al Ministerio de Educación y a las autoridades de la Universidad Arturo Prat para resolver la crisis de su sede de la comuna de Victoria. Sus autores son las diputadas señoras Cristina Girardi y María José Hoffmann y los diputados señores Fuad Chahín, Gabriel Silber, Manuel Monsalve, Rodrigo González, Germán Becker, Mario Venegas, Manuel Rojas y Romilio Gutiérrez, y señala:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia el Presidente de la República , a fin de que, en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo , realice las gestiones necesarias e imprescindibles para que las autoridades del Ministerio de Educación y de la Universidad Arturo Prat, sedes Central y Victoria, inicien un diálogo universitario democrático, franco y efectivo que permita enfrentar y resolver a la brevedad la actual crisis institucional de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, considerando para ello las propuestas y posturas que se señalan en el proyecto en cuestión.”.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , hace 20 años se creó la sede de la Universidad Arturo Prat en Victoria, con una enorme promesa y expectativa no sólo para los habitantes de esa comuna, sino en general para los de la provincia de Malleco. Dicha universidad era un aporte al desarrollo de una de las provincias más deprimidas de nuestro país y, además, representaba una oportunidad para que miles de jóvenes, en su mayoría de origen mapuche, pudieran acceder a la educación superior, muchos de los cuales estaban en condición de vulnerabilidad y tenían la oportunidad de llegar por primera vez a la universidad.
Sin embargo, la falta de compromiso real de la Casa Central de dicha Universidad ha generado un sinnúmero de momentos críticos, como el cierre de carreras y mucha incertidumbre. Sin duda, el hecho más grave lo estaban viviendo hoy, pues llevan prácticamente un mes en movilizaciones y diez días en huelga de hambre. Aún no hay ninguna respuesta que les pueda dar tranquilidad a esos jóvenes y sus familias, sobre todo a la comunidad de Victoria y de Malleco, en el sentido de que puedan terminar sus carreras y de que haya un compromiso real de una universidad del Estado para cumplir un rol no sólo en términos de su formación, sino también en el ámbito de la investigación, a fin de generar un aporte al desarrollo de esa provincia.
Por eso, es tremendamente importante que los representantes de ese plantel universitario y del Ministerio de Educación se reúnan con las autoridades locales, los estudiantes, los académicos y los funcionarios, a fin de que podamos tener un real compromiso transversal no sólo para que siga existiendo dicha sede universitaria, sino también para que la potenciemos y cumpla la promesa de generar oportunidades, movilidad y justicia social y desarrollo para la comuna de Victoria y la provincia de Malleco.
Por eso, solicito a la Sala que apruebe el proyecto de acuerdo, ojalá por unanimidad, el cual hemos suscrito diputados de todos los partidos políticos de manera transversal. Hoy también nos acompañan algunos estudiantes de dicha universidad, porque quieren ser testigos de la voluntad de la Corporación con la sede de una universidad pública de la provincia de Malleco.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay.
El señor ESTAY.- Señor Presidente, por su intermedio, deseo saludar a los alumnos que representan a la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria.
Este momento y este proyecto de acuerdo representan un grito desesperado de toda la comunidad universitaria de Victoria, y en general de la provincia de Malleco. Dicha universidad fue un proyecto educativo muy anhelado por la comunidad mallequina y de Victoria. Se necesitaba un espacio donde los vecinos de las localidades y las comunas de los distritos números 48 y 49, que represento en esta Cámara, pudieran seguir estudios superiores y, además, que diera posibilidades para que los hijos de mapuches pudieran seguir estudios universitarios. Hoy, una de las soluciones que se ofrece es que dicha sede universitaria se transforme en un instituto profesional, lo cual sería muy inmerecido. Por muy prestigioso que llegara a ser ese establecimiento educacional, es muy importante mantener el rango de universidad y las carreras universitarias.
Quiero hacer un especial llamado de atención al rector y a la junta directiva de la universidad, como también al ministro de Educación , para que encuentren una solución definitiva al problema. Dicha universidad, en particular su sede de Victoria, se encuentra en una situación realmente agónica. Agradezco que se haya dado este espacio en esta honorable Cámara para escuchar esta solicitud y recibir a los estudiantes de esa universidad.
Por eso, solicito aprobar el proyecto de acuerdo para que se atiendan las necesidades del mundo estudiantil.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
REPRESENTACIÓN AL GOBIERNO DE ARABIA SAUDITA POR LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO. Preferencia.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- El proyecto de acuerdo N° 355 solicita hacer presente al Gobierno de Arabia Saudita la situación que afecta a las mujeres de ese país. Sus autores son las diputadas señoras María Antonieta Saa, Marta Isasi, Adriana Muñoz, Cristina Girardi y Andrea Molina y los diputados señores René Manuel García, José Antonio Kast, Hugo Gutiérrez, Felipe Harboe y Luis Lemus, y señala:
“La Cámara de Diputados acuerda oficiar a su Excelencia el Presidente de la República , a fin de que instruya al ministro de Relaciones Exteriores para que haga presente su malestar ante Arabia Saudita por la situación descrita en los contenidos de este acuerdo y para que Chile condene en todas las instancias internacionales los actos de segregación y discriminación en razón de género que se están produciendo en algunos países miembros de la comunidad internacional, por ser éstos contrarios a la dignidad de las personas y atentatorios a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
Acuerda también apoyar el llamado que realiza Manal al-Sharif a las mujeres que cuenten con licencia de conducir obtenidas en el extranjero a ejercer su derecho a conducir sus vehículos en Arabia Saudita el día 17 de junio próximo.”.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , por todos es conocido el trato discriminatorio y muchas veces francamente agresivo que sufren las mujeres en algunos países islámicos. Hemos visto algunos casos dramáticos de lapidación de mujeres y de condenas que nos indican que hay una discriminación atroz respecto de sus libertades.
Esto no se condice con el desarrollo que han tenido las mujeres en esos países. Por ejemplo, la gran participación que tuvieron en todos los procesos acaecidos últimamente en los países árabes, donde han sido protagonistas de la lucha por la libertad y por la democracia.
Debo informar sobre algo que se trató en la Unión Interparlamentaria Mundial, cual fue la magnitud y la calidad de la participación de la mujer en Túnez, ya que, luego de la recuperación de la democracia, se ha producido una paridad de hombres y mujeres en las listas de candidatos al Parlamento tunecino, algo que quisiéramos ver en Chile, pero que no hemos logrado después de tantos años.
Las mujeres de Arabia Saudita están muy sometidas, a pesar de que se trata de una sociedad absolutamente desarrollada y económicamente pudiente. En consecuencia, queremos expresar nuestra solidaridad con ellas, ya que una mujer llamó a rebelarse el 17 de junio, porque las mujeres no pueden manejar vehículos. Ese día, todas las mujeres que han obtenido licencias de conducir en el extranjero, porque no pueden conseguir en su país, deberán salir a manejar, como una protesta en contra de la falta de derechos y de libertades de las mujeres de Arabia Saudita.
Considero muy importante que la Cámara de Diputados solidarice con las mujeres de Arabia Saudita, para que los hombres y las mujeres gocen de los mismos derechos y libertades.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.305, QUE OTORGA BONO POSLABORAL. (Preferencia).
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte resolutiva del siguiente proyecto de ley.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de ley N° 357, de las señoras Pascal, doña Denise; Pacheco, doña Clemira, Sepúlveda, doña Alejandra; Muñoz, doña Adriana, y de los señores Andrade, Torres, García, don René Manuel; de Urresti, Jiménez y Araya, que en su parte resolutiva dice lo siguiente:
“La Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República que, a través de los ministros de Hacienda y de Trabajo , ponga a disposición toda su voluntad política para:
1. Otorgar una solución concreta respecto de los funcionarios públicos hoy afectados, que se encontraban recibiendo el bono poslaboral, y cuyo pago la Tesorería General de la República ha ordenado suspender y, en algunos casos, devolver las sumas recibidas. Se exige que se declare como bien pagadas y legalmente percibidas todas las sumas de dinero canceladas por este concepto, estableciendo en la ley que los funcionarios que cumplían con todos los requisitos a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 20.305, sigan recibiendo el beneficio poslaboral.
2. Adoptar a la brevedad todas las medidas necesarias para solucionar los problemas de implementación, aplicación e interpretación de la ley referida, que concede el bono poslaboral, que actualmente se vislumbran y que están afectando y afectarán en el futuro a un número significativo de funcionarios públicos beneficiados con la normativa.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , la ley N° 20.305 concede un bono poslaboral a los funcionarios del sector público que al momento de jubilarse recibirán pensiones iguales o inferiores al 55 por ciento de la remuneración que percibían en actividad.
En la actualidad, se ha producido una incongruencia en relación con la entrega de los antecedentes, ya que se exige que el trabajador postule al beneficio cuando está en funciones, pero los empleadores no entregan el finiquito de contrato de trabajo ni el certificado de pago de pensiones de la AFP, lo que le impide acceder al bono poslaboral, que aprobamos en la Cámara, para beneficiar a los empleados públicos. Además, la Tesorería General de la República notificó a muchos funcionarios que esperaban desde hace mucho el pago del bono, la suspensión del beneficio, debido a que sus solicitudes fueron presentadas con posterioridad al cese de sus funciones.
Entonces, se trata de aclarar esta situación, para que los beneficiarios puedan recibir el bono poslaboral que aprobamos en la Cámara hace algún tiempo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII. INCIDENTES
REFLEXIONES SOBRE LA NECESIDAD DE RELEVAR LAS FUNCIONES PARLAMENTARIAS Y POLÍTICAS.
El señor MELERO ( Presidente ).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , hablaré sobre un asunto que no se trata habitualmente en esta Sala, pero considero necesario hacerlo ahora que se celebran los doscientos años en que el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, inauguró sus funciones republicanas.
Señor Presidente , el sábado pasado su señoría inauguró oficialmente las actividades de celebración de la Cámara de Diputados, mientras nos acompañaban Bernardo O ´Higgins y Andrés Bello , representados por distinguidos artistas.
Sin embargo, los medios de comunicación señalan que los políticos y los parlamentarios tenemos una baja reputación en la opinión pública. Considero que esto debe preocuparnos mucho y ser motivo de discusión entre nosotros en esta Sala.
Señor Presidente , considero que la vida política es demasiado importante para el desarrollo del país y que la prudencia política tiene especial relevancia en las funciones parlamentarias y en quienes desempeñan funciones de gobierno o de oposición.
Es mi deber llamar la atención de todos los señores diputados para que las funciones parlamentarias y políticas vuelvan a realzar la vida diaria y el desarrollo político del país.
La política, señor Presidente , implica, entre otras cosas, el ejercicio de la sabiduría, de la prudencia; esto es, saber analizar la situación concreta y singular en que se encuentra la sociedad. Debemos aportar lo mejor de nosotros mismos.
Señor Presidente , ayer llegó a las librerías nacionales una especie de manifiesto de un escritor que nació en Alemania, pero se nacionalizó francés. Su nombre, Stéphane Hessel , y el del libro, “Indígnate”. Las ideas que allí figuran se han convertido en la filosofía que hoy vemos en la sociedad civil, que se indigna, que reclama y que sale a la calle sin líderes conocidos, mientras que nosotros, los líderes políticos de los distintos partidos, vemos en forma pasiva cómo esta sociedad civil va desarrollando una nueva clase de liderazgo.
Por lo tanto, señor Presidente, considero que debemos discutir estas materias.
Cuando uno lee sobre la historia de la Cámara de Diputados, se encuentra con personas notables, como don Eduardo Moore, don Salvador Allende, don Eduardo Frei , quienes hacían discursos sustanciales en esta Cámara, que obligaban a los estudiantes de derecho a venir a las graderías para aprender oratoria. Eso se ha perdido en la actualidad, porque nos hemos vuelto cosistas; es decir, nos interesan los puentes, los caminos, nuestras zonas, temas legítimos para nuestros conciudadanos, pero también en una Cámara política se deben debatir las ideas. Planteo el tema para que mis colegas parlamentarios recojan la idea y que Incidentes sea una hora de educación cívica para nuestros conciudadanos, particularmente para los jóvenes que se educan.
No es posible que ocurran situaciones como la que le sucedió ayer al ministro de Educación y que nadie diga nada, salvo la Comisión de Educación que repudió el asunto.
Creo que los “¡Indignaos!”, que son quienes se revelan en la sociedad civil sin un líder conocido, a través de la no violencia y de manifestaciones callejeras, tienen que ser conducidos por nosotros, los políticos, en el sentido de canalizar las inquietudes ciudadanas de mayor relieve. Los acuerdos, la democracia del consenso que se inauguró bajo el gobierno de Patricio Aylwin, en la que me tocó vivir y participar, tuvieron éxito, precisamente porque todos los partidos políticos comparecieron con la mejor voluntad para crear y desarrollar el bien común, fuera desde la Oposición o desde el Gobierno.
Tengo la esperanza de que la dificultad que hoy tenemos frente a los problemas nacionales, seamos los políticos; es decir, los que tenemos representación popular, quienes tomemos conciencia de canalizar y encausar al país y a los conciudadanos, primero, frente a nuestra actitud de compromiso con la democracia, pero sobre todo con la actitud y vocabulario en el sentido de buscar acuerdos, una democracia de los acuerdos, para que en definitiva el bien común sea beneficiado. Es el mejor regalo que podemos hacer al país. Además, deseo expresar que la esperanza es lo que podemos dar a la nación como el mejor legado en estos 200 años, bicentenario que tengo el honor de vivir en la Cámara de Diputados.
He dicho.
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN DOBLE VÍA COPIAPÓ-CALDERA. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de solicitar la instalación de señalización en la doble vía entre la ciudad de Copiapó y el puerto de Caldera, inaugurada recientemente en 2011.
Efectivamente, la idea es evitar las muertes y no lamentarlas. En la zona es habitual que factores climáticos, como la neblina, impida una visibilidad adecuada, por lo que se hace necesaria la instalación de señales debidamente ubicadas, para evitar que quienes circulan en la ruta de alta velocidad sean parte de las frías estadísticas de accidentes. En la doble vía faltan separadores centrales, pues están instalados parcialmente; protecciones laterales, ya que sólo están instaladas en curvas mayores; su iluminación es parcial; sólo las zonas de retorno están iluminadas. Además, existen caminos de acceso laterales que significan un alto riesgo en la carretera si es que no se instalan debidamente las señales.
En definitiva, solicito al ministro de Obras Públicas que, así como se adoptan medidas rápidas para subsanar los problemas en autopistas de la Región Metropolitana, se haga lo propio con la carretera concesionada que une Caldera y la capital de la Región de Atacama.
A mi juicio, la autoridad de Vialidad debería instruir a la concesionaria para que use el mismo sistema puesto en práctica en Santiago; esto es, señales rojas o amarillas en la vía para alertar de un inminente peligro de accidente, por ejemplo, para que se disminuya la velocidad. Ciertamente, está comprobado que la señalización variable resulta efectiva en la medida que existan alertas llamativas. Eso no existe en la doble vía de Copiapó-Caldera. Quienes vivimos en la Región de Atacama, todos los que usan locomoción colectiva, taxis colectivos, camiones industriales -la doble vía es utilizada por la minería- y vehículos privados corren el peligro que he señalado.
Por eso, solicito la corrección de las medidas y el oficio al ministro de Obras Públicas .
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN COMUNAS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO DE LA PAZ Y CHIGUAYANTE. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , en la Región del Biobío llevamos más de un año en el complejo, lento y, a veces, doloroso proceso de reconstrucción.
Por razones de urgencia social, nuestros principales esfuerzos han estado destinados a los aspectos materiales, como caminos, conectividad, viviendas, comunicaciones, entre otros, pero lo cierto es que después de un año es hora de comenzar a tratar los aspectos que no se resuelven ni con más cemento ni desde los Ministerios de Obras Públicas ni de Vivienda y Urbanismo. Concretamente, me refiero a la extrema sensación de inseguridad ciudadana que se vive en algunos lugares de mi región. Lo curioso es que en este último año no se han incrementado los hechos delictuales, pero sí la percepción de inseguridad. De algún modo, eso puede estar influido por la terrible experiencia de los saqueos y desgobierno que vivió nuestra gente durante los días posteriores al terremoto. Queremos impulsar la reconstrucción de la seguridad ciudadana; queremos que el Gobierno entregue señales claras y concretas para que nunca más los delincuentes vuelvan a controlar los espacios públicos, ni siquiera frente a nuevas circunstancias excepcionales.
En suma, para avanzar en las señales que reconstruyan la seguridad ciudadana, es de vital importancia no sólo rearticular los comités de seguridad ciudadana, materia en la que se está trabajando, sino que se contemple y complete el proyecto de instalación de veinte cámaras de seguridad para la comuna de Concepción, y se instalen veinte en la comuna de San Pedro de la Paz y otras veinte en la comuna de Chiguayante. Afortunadamente, en el caso de Chiguayante se contará con la construcción de la nueva comisaría y con el soporte técnico para albergar una central de comunicaciones que centralice la información recogida por las cámaras.
Creemos que la iniciativa tendrá efectos que irán mucho más allá del aporte tecnológico y material que significará contar con cámaras, pues contribuirá a lograr el objetivo de comenzar a reconstruir la seguridad ciudadana, que perdimos hace más de un año y que todavía no hemos podido recuperar.
Por todo lo anterior, pido que se oficie al director nacional de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior , señor Cristóbal Lira , y al intendente de la Región del Biobío , señor Víctor Lobos , a fin de solicitar su apoyo y los recursos necesarios para llevar adelante la iniciativa. Me refiero, en especial, a completar con veinte cámaras adicionales el proyecto de instalación de cámaras de seguridad para la comuna de Concepción, e implementar veinte cámaras en San Pedro de la Paz y otras veinte en Chiguayante.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Vilches , Marinovic y Sandoval .
SOLUCIÓN A COMITÉS DE VIVIENDA DE MAULLÍN POR CASAS SIN TERMINAR. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , solicito que se oficie al señor ministro de Vivienda por una serie de problemas que se están dando en los siguientes comités de vivienda de la comuna de Maullín, específicamente del sector de ribera norte: Flor Naciente, Flor Naciente 1, Flor Naciente 2, Los Coihues, El Carrizo, en el sector de Amortajado, y Unión y Progreso 2, en Carelmapu.
Paso a explicar la situación en términos generales, pero con algunos matices.
Todos los comités mencionados fueron beneficiados con subsidio habitacional; es decir, aquí hubo asignación de fondos. Estamos hablando de problemas que se arrastran desde el año 2000 en adelante, o sea, son de muy larga data. Reitero, se asignaron los subsidios y los recursos.
En algunos casos tuvo una triste participación lo que hace algunos años conocimos como Chile Barrio, y en otros, los recursos fueron transferidos al municipio a los efectos de que se hiciera cargo de los proyectos habitacionales.
Hasta hoy, ninguno de esos conjuntos habitacionales ha sido terminado. En algunos casos, las casas, que se encontraban a medio hacer, fueron ocupadas por los propios beneficiarios; en otros, ni siquiera se tiene claro quiénes eran los beneficiarios. Tampoco se sabe si las personas que habitan las viviendas son las que corresponden o no.
Tengo claro que desde que asumió el actual Gobierno, el Serviu ha estado trabajando con los referidos comités, intentando abordar el problema, pero no ha habido una respuesta clara y precisa respecto del futuro de las familias afectadas.
Por lo tanto, mi petición de oficio es para que el señor ministro de Vivienda me haga llegar un resumen total y acabado de la situación en que se hallan los comités de vivienda y sus beneficiarios; que me informe en qué pie se encuentran respecto de este problema, qué soluciones está proponiendo el Serviu a cada uno de los beneficiarios y los plazos aproximados en que la situación podría ver humo blanco, de manera que la gente pueda contar con su vivienda, que es el sueño de cada familia en nuestro país.
Insisto en que este problema no ha sido fácil de abordar, puesto que se asignaron recursos y no sabemos en qué se gastaron, porque está claro que las viviendas no se terminaron.
De igual modo, solicito que se oficie al Contralor General de la República para que realice una auditoría respecto de cada uno de los procesos de adjudicación de subsidios y de los procesos de licitación y construcción de cada uno de los conjuntos habitacionales señalados.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Marinovic y Sandoval.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A VECINOS DE POBLACIÓN PADRE DEMETRIO, COMUNA DE MELIPILLA. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité UDI, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
La bancada del Partido Socialista va a hacer uso del tiempo adicional de cinco minutos.
Tiene la palabra, por dos minutos y medio, la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , un grupo de vecinos de la población Padre Demetrio obtuvo el subsidio necesario para ampliar y reconstruir sus viviendas, pero con el transcurso del tiempo, a través de una EGIS, fueron llevados a la situación que paso a relatar.
Para poder continuar con la construcción, los vecinos tenían que demoler sus viviendas, y así lo hicieron.
Con fecha 10 de junio de 2008, firmaron el acuerdo y el convenio con la EGIS. Posteriormente, el 1 de julio de 2009, se adjudicaron 35 subsidios para llevar a cabo la construcción de las viviendas. La constructora Williams Wall Ochoa inició los trabajos a finales de ese año. En 2010, se retiró y dejó a 15 familias sin casa, pues sus viviendas se habían demolido. Hoy, se han debido instalar mediaguas para que esas personas tengan donde vivir.
El año pasado, en diversas ocasiones se solicitó al ministro de Vivienda y al director regional del Serviu entregar una solución para que la gente de la población Padre Demetrio pueda tener su casa. Sin embargo, hasta la fecha, los habitantes de dicha población aún no tienen respuesta.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y al director regional del Serviu de la Región Metropolitana para que estudien la situación, porque, en el fondo, esas personas estafadas por la EGIS y la mencionada constructora, se quedaron sin sus viviendas. Las casas que los beneficiados tenían eran precarias, pero hoy no tienen en qué vivir.
Se trata de una situación verdaderamente grave, pues se ha abusado de personas modestas.
El señor BERTOLINO.- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Castro, Monsalve y Venegas.
RENOVACIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL. Oficios.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , en segundo lugar, deseo referirme a la siguiente situación. La autopista del Sol cruza la comuna de Maipú hasta San Antonio . Fue la primera autopista licitada en nuestro país y se encuentra en condiciones preocupantes.
A través de los años, a los entonces ministros Bitar , Bitrán y, en general, a los ministros de Obras Públicas , se les pidió una solución. Todos ellos recorrieron la carretera y nos dijeron que tendrían una pronta solución y se conversaría con la empresa que ganó la licitación. Sin embargo, hasta la fecha no vemos ningún avance, ningún arreglo.
Existen tramos de esa autopista realmente peligrosos.
En Rinconada de Maipú, entre las siete y los ocho y media de la mañana, la capacidad vial estimada es 2.500 vehículos como máximo, pero hoy esa estimación se ve sobrepasada, pues se calcula que alrededor de 4 mil vehículos circulan en ese horario.
Una carretera que cumplía una función inicial de unir San Antonio y Santiago para llevar a la capital a jóvenes estudiantes y trabajadores, hoy se ha convertido en una carretera de la muerte.
El año pasado hubo un choque de un bus con un camión, que dejó un número importante de muertos. Días atrás se produjo otra situación similar. Y las hemos tenido constantemente.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , don Hernán de Solminihac, para que resuelva definitivamente la situación de esta autopista, que cruza una serie de comunas y une Santiago con San Antonio , pasando por la provincia de Melipilla, la provincia de Talagante y toda la zona de Maipú.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Castro, Monsalve y Venegas.
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE VIVIENDA DE DAMNIFICADOS POR TERREMOTO Y MAREMOTO EN LLICO, REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Por el resto del tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Vivienda, en relación con la materia que paso a relatar.
El sábado pasado estuve en la caleta de Llico, comuna de Arauco. En verdad, si los chilenos pudieran ver las condiciones inhumanas en las cuales se encuentran los damnificados de dicha caleta no sólo se conmoverían, sino que se indignarían. Todas sus viviendas fueron destruidas a causa del terremoto y el maremoto.
En las dos últimas cuentas públicas -2010 y 2011- el Presidente de la República ha hecho mención a su compromiso, incluso personal, en relación con el proceso de reconstrucción. Pero cuando uno va a lugares como Llico, donde están los damnificados, ¿qué ve? Ve el abandono del Gobierno, la inoperancia del Gobierno, la indolencia del Gobierno.
Cuando uno pregunta a esa familias de quién está a cargo de hacer las postulaciones para acceder a subsidios, o sea, quién se encarga de que ellos efectivamente puedan recuperar sus casas, ellas responden que su entidad de gestión inmobiliaria es el Serviu. Eso sorprende, porque ese Servicio hace meses que no se reúne con los habitantes de Llico. O sea, el Serviu, que tiene la obligación de trabajar coordinadamente con ellos para lograr las postulaciones a fin de reconstruir las viviendas de los habitantes de Llico, ni siquiera se reúne ellos.
Por eso, pido que se envíe un oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo para que vea la forma de dar solución a ciertos problemas que están afectando a un grupo de damnificados de la caleta de Llico.
En primer lugar, de noventa y cuatro familias que están en viviendas de emergencia y ocho en un sitio para residentes, las autoridades del Serviu, no sé por qué motivo, sólo han reconocido a treinta y dos familias como damnificadas, en circunstancias de que la gente vive en Llico desde hace décadas.
Por tanto, pido al ministro que vea la posibilidad de que en este proceso se incluya a la totalidad de las familias que viven en la caleta de Llico y no sólo a las treinta y dos que han sido consideradas.
Asimismo, a causa de la ineficiencia de las autoridades del municipio, un grupo de familias quedó fuera del Sistema Rukán. Por tanto, pido que se autorice la incorporación de la totalidad de las familias de Llico a dicho sistema.
Además, que garantice que antes del inicio del invierno las autoridades del Serviu generarán las condiciones mínimas para que esa gente tenga abrigo y seguridad. Las condiciones en que se encuentran hoy son verdaderamente indignas.
Por último, que instruya a las autoridades del Serviu de la provincia de Arauco y al nuevo director regional del Serviu para que vayan a Llico, se reúnan con sus habitantes y les expongan cuáles son los proyectos habitacionales y los plazos que el Gobierno va a comprometer para que la gente pueda recuperar sus viviendas.
Existe un compromiso del Gobierno con los damnificados de la caleta de Llico que no se está cumpliendo, por lo que es urgente que el ministro de Vivienda se haga cargo de esta tarea.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Juan Luis Castro. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.51 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.27 horas.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE CENTRALES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS. Oficios.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , quiero pedir que se oficie a los ministros del Interior y de Salud , a la ministra de Medio Ambiente , al intendente regional y a la secretaria regional de Salud de la Región de La Araucanía , con el objeto de que nos informen acerca del estado en que se encuentran las estaciones de medición de la calidad del aire en las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
Si la respuesta de dichas autoridades fuere que esas centrales de monitoreo no están en funcionamiento, que nos informen, en primer lugar, la fecha en que dejaron de funcionar, las causas de su paralización y las medidas que han adoptado para restablecer las mediciones. Si esto no se ha hecho a la fecha, cuándo volverán a entrar en operaciones.
En segundo lugar, las medidas que se adoptarán antes de septiembre del año en curso, para mitigar el impacto que están causando las altas concentraciones de material particulado MP 10, en las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
En tercer lugar, las ocasiones en que, durante este año, se ha superado la norma de emisiones de MP 10 en las comunas mencionadas.
En cuarto lugar, qué medidas se han adoptado durante los episodios en que se ha superado la norma ambiental.
Por último, los niveles de contaminación monitoreados, si ello se hubiere realizado, durante los episodios en que se superó la norma en las comunas señaladas.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
RESPUESTAS A INICIATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMA DE HACINAMIENTO EN CÁRCEL DE COPIAPÓ. Oficios.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , el pasado 31 de mayo solicité el envío de un oficio de fiscalización, relacionado con la grave situación de hacinamiento que existe en la cárcel de Copiapó.
En esa oportunidad, grafiqué las constataciones que hice, junto con dirigentes de la Anef, en nuestra visita a esas dependencias, como una verdadera bomba de tiempo.
Ayer, los medios de comunicación han dado cuenta de dos graves hechos en relación con esa cárcel que, como señalé en su oportunidad, tiene uno de los más altos índices de hacinamiento.
Por una parte, personal de Gendarmería dio a conocer un masivo intento de fuga tras el descubrimiento de un extenso túnel desde el sector donde se encuentran aglomerados los reos de mayor peligrosidad. Dicho forado fue hallado al interior de la cárcel de Copiapó y sus dimensiones son de un metro setenta centímetros de alto por dos metros de ancho.
Ese túnel fue descubierto la tarde del lunes, al interior de la celda once del patio tres, donde se encontraban ocho internos que tendrían vinculación con su construcción, además de otros seis que serían los financistas de la operación que, según investigaciones, se habría estado urdiendo desde hace un mes.
Según el coronel Raúl Leal , director regional de Gendarmería , hacían los trabajos de excavación y extracción de la arena durante el transcurso de la noche, y los elementos que utilizaban eran cucharas, tenedores y fierros, que servían para picar el suelo y dar forma al forado, que tenía como dirección la avenida Copayapu. La arena era guardada en sacos que estaban ocultos al interior del túnel.
A raíz del hacinamiento existente en esa cárcel, dichas autoridades penales trasladaron a un grupo de reos a la Serena, mientras que otros se encuentran aislados por el período que dure la investigación.
Por otra parte, se produjo un intento de suicidio a lo bonzo. Dicha información fue presentada ayer por TVN, que mostró imágenes de un preso que se quemó a lo bonzo en la cárcel de Copiapó. Esto ocurrió el 25 de mayo recién pasado y se dio a conocer por primera vez el jueves 2 de junio, cuando TVN Red Atacama informó sobre la situación existente en la cárcel de Copiapó, a raíz de la visita que hice en mi calidad de diputado del distrito cinco.
Dichos intentos no son nuevos; ya el 1 de agosto del año pasado, un joven reo trató de atentar contra su vida autoinfiriéndose múltiples heridas cortantes en su estómago, y se pudo salvar luego de que lo trasladaran hasta el servicio de urgencias del Hospital Regional de Copiapó.
Estos hechos hablan por sí mismos. Por esta razón, solicito que se oficie al ministro de Justicia , al director nacional de Gendarmería , a la intendenta de la Región de Atacama y al seremi de Justicia de Atacama, para que informen acerca de las reiteradas iniciativas que se les han hecho presente para enfrentar el hacinamiento existente en la cárcel de Copiapó y su disponibilidad de recursos para eso. Entre ellas destaca -se le debería dar prioridad- el arrendamiento de un inmueble para segregar a las mujeres de esa cárcel, sobre todo a las que tienen hijos menores, y de otra dependencia similar para reos de baja condena y baja peligrosidad. Todo esto, en la perspectiva de que la construcción de la nueva cárcel tomará tiempo, pero el problema de hacinamiento debemos enfrentarlo hoy.
Solicito que se envíe copia de los oficios a las asociaciones nacional y regional de Gendarmería, a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y a su representación en la Región de Atacama, y a la Central Unitaria de Trabajadores y a sus representaciones en la Región de Atacama y en las sedes provinciales de ella.
He dicho.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ascencio y Díaz.
INCLUSIÓN DEL PUERTO DE CASTRO EN DECRETO QUE REBAJA COBROS DE FAROS Y BALIZAS. Oficios.
El señor SAFFIRIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , quiero plantear un problema que, a mi juicio, discrimina a la ciudad de Castro.
Hemos estado trabajando en cómo incentivar o promover la llegada de cruceros con turistas extranjeros a Chile. La baja de cruceros a puertos nacionales obedece a dos razones: una tiene que ver con el cobro de faros y balizas; y la otra, con el funcionamiento de los casinos dentro de cada una de esas embarcaciones cuando llegan a aguas territoriales chilenas.
El segundo punto lo estamos resolviendo mediante un proyecto de ley presentado por mí y, además, por un proyecto enviado luego por el Ejecutivo. El primer punto, el que tiene que ver con los cobros de faros y balizas, que se relaciona con la Dirección General del Territorio Marítimo, lo asumió la subsecretaria de Turismo, la cual, mediante decreto, diseñó un mecanismo bastante bueno, que significa que cada vez que un crucero internacional arriba a un puerto chileno, se le rebaja el 40 por ciento de lo que tiene que pagar; si toca dos puertos, se le rebaja el 60 por ciento, y si toca tres puertos, se le rebajaba el 80 por ciento.
Dicho decreto señaló cuáles puertos se iban a considerar para que se produjera esa rebaja. Así, si el crucero llega a Arica, Iquique, Valparaíso, Puerto Montt y Punta Arenas, se le aplica la rebaja. Sin embargo, dejó fuera de ese beneficio a Castro, puerto donde el Estado hizo una muy buena inversión para que se pudiera establecer allí una infraestructura que permitiera la llegada de cruceros. En efecto, ese decreto margina a Castro de la posibilidad de ser contado como uno de los puertos en que, una vez arribado el crucero, hiciera uso de la rebaja del cobro de faros y balizas.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Economía, con copia a la subsecretaria de Turismo, para que informen acerca de esta situación y cambien la decisión adoptada por ellos, de manera que incorporen a Castro dentro de los puertos que otorgan beneficio de rebaja a los cruceros por el cobro de faros y balizas.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR EN ISLAS DESERTORES. Oficios.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , hace exactamente un año, solicité que se hicieran las gestiones necesarias para que, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que maneja el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se instalara una antena de telefonía celular en las islas Desertores, provincia de Palena, pero que están en el mar interior de Chiloé.
Una antena permitiría la comunicación de esos habitantes que están tan aislados, tan lejanos. La única comunicación que tienen con el resto de la población, con sus parientes ubicados en otras zonas, es la telefonía. Sin embargo, por un problema de costos, ninguna empresa quiere instalar una antena, con el consecuente perjuicio para los habitantes del lugar, que no pueden ejercer su derecho a comunicación, y, además, para los buques que circulan por el sector, que tampoco pueden hacer uso de la telefonía celular porque no hay una antena que lo permita.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con copia al subsecretario de Telecomunicaciones, para que, haciendo uso del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, subsidien la instalación, por parte de alguna empresa privada, de una antena en las islas Desertores, provincia de Palena, en el mar interior de Chiloé.
He dicho.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
RECURSOS DE EMERGENCIA PARA REPONER JARDÍN INFANTIL DE PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUÉ. Oficios.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , quiero dar cuenta de una situación que ocurrió en la localidad de Pichicolo, comuna de Hualaihué, provincia de Palena, donde una tromba marina provocó no sólo el desprendimiento de la techumbre, sino la destrucción total de un jardín infantil.
Afortunadamente, dicho suceso ocurrió hace dos días, a las 4.30 de la madrugada cuando un fuerte temporal azotó la zona y produjo este fenómeno extraordinario en la caleta de Pichicolo, a 15 kilómetros al sureste de Hornopirén, comuna de Hualaihué.
En la oportunidad, concurrieron carabineros, bomberos y el alcalde , Freddy Ibacache , quien señaló que el jardín voló unos 400 metros hasta la playa. Dicho fenómeno provocó daños en otras viviendas, pero destruyó completamente el jardín que atiende a los niños del sector.
En el jardín, funcionaba la sala Enlaces de la escuela, la cual contaba con fotocopiadora, computador y una serie de otros artefactos comprados mediante la ley SEP, las cuales resultaron completamente destruidos.
Por lo tanto, en consideración a tan grave hecho descrito, solicito que se oficie al ministro del Interior y al intendente de la Región de Los Lagos para que dispongan la entrega de recursos de emergencia a la Municipalidad de Hualaihué, con el objeto de recuperar, reparar o reponer el jardín infantil de Pichicolo y los demás elementos tecnológicos para la educación de los niños, que se encontraban en ese lugar.
He dicho.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN DESPIDO DE FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.
El señor SAFFIRIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , quiero plantear un caso de la mayor gravedad, que concitó preocupación no sólo en mi región, sino también en la Metropolitana.
La semana antepasada recibí en mi oficina al hermano de la señora María Paulina Riveros Castillo , ingeniera constructora, funcionaria de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Coquimbo. Me expresó que ella no pudo asistir por tratarse de un horario laboral.
Me dio cuenta de que ella fue despedida, a pesar de sus excelentes calificaciones como jefa de proyecto de la Dirección de Arquitectura. Me narró los significativos proyectos en los que su hermana ha tenido participación en la región -de todos conocidos- como la construcción del edificio del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en La Serena, y el estadio de Coquimbo, que sirvió de sede al Mundial Femenino de Fútbol Sub 20 realizado en Chile en 2008, recinto que fue objeto de una construcción bastante acelerada.
Le pedí que su hermana me hiciera llegar una carta, en la que narrara lo ocurrido para efectuar la denuncia en la Cámara de Diputados.
Jamás imaginé que el jueves de la semana pasada, el diputado Sergio Aguiló me llamaría desde el Ministerio de Obras Públicas -donde un grupo de dirigentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (Fenamop) se tomaron pacíficamente el ministerio en protesta por despidos que se habían realizado, en particular en la Dirección de Arquitectura del MOP- para contarme que el marido de la señora Paulina Riveros se había suicidado ese día, como consecuencia de una profunda depresión que se agudizó por las condiciones que voy a narrar, entre otras, el despido de su esposa.
Ese día concurrí al Ministerio de Obras Públicas, donde alrededor de la medianoche me reuní con los dirigentes de la Fenamop, entre ellos, con su presidenta, quien me narró situaciones de acoso laboral que se viven al interior de dicho ministerio. Dicho sea de paso, ayer, al ministro se le cumplía el plazo que se había autoimpuesto para entregar una respuesta a los trabajadores de dicha Federación.
En la semana, todos los diputados recibimos copia de un oficio en borrador, que era precisamente la carta que nos entregaría la señora Paulina Riveros como oficio dirigido a este diputado , con copia a los 119 diputados restantes, donde narra las humillaciones, vejámenes y maltratos a los que fue sometida por la directora subrogante de la Dirección Regional de Arquitectura, señora María Teresa Fierro .
La señora Paulina Riveros Castillo ha debido hacer frente no sólo al reciente deceso de su marido, sino también a la enfermedad de su hija, que se encuentra internada en un centro de salud de Santiago, con diagnóstico de esquizofrenia grave.
Por eso, en virtud de los derechos que le asisten a una funcionaria de una institución pública, solicitó permisos administrativos -que fueron concedidos- para viajar desde La Serena a Santiago los días viernes, a fin de atender a su hija. Sin embargo, la directora subrogante de la Dirección de Arquitectura la citaba los jueves para entregarle trabajo, a sabiendas de esta información. Al final, le decía, como nos cuenta en su carta: “que te vaya bien con tu hija”.
Aun así, la señora Paulina Riveros estaba dispuesta a cumplir con todas las exigencias que se le imponían. Se trata de una funcionaria reconocida en la región y al interior del Ministerio de Obras Públicas.
No me alcanza el tiempo para referirme a las cuatro hojas en las que la señora Paulina narra, en detalle, las indignidades y humillaciones a las que fue sometida; las diversas explicaciones, rectificaciones y modificaciones de las razones de su despido; las irregularidades cometidas, porque a ella y a otros funcionarios se les notificó que habían sido despedidos sin haberse cursado decreto alguno que pusiera término a sus contratos, por lo que tenían la obligación de seguir trabajando.
El intendente y el director de la Dirección Nacional de Arquitectura le dijeron que se quedara tranquila porque la recontratarían. En esta carta hay un conjunto de detalles y descripciones que, a mi juicio, ameritan la intervención no sólo de la Contraloría Regional, sino también de la Contraloría General de la República, porque aquí se han vulnerado los derechos laborales, pero también los derechos fundamentales y la dignidad de Paulina Riveros Castillo y de su familia.
Por lo tanto, pido que se oficie al contralor general de la República para que investigue con la mayor celeridad posible las irregularidades que se puedan haber cometido en la tramitación o ejecución de la decisión de remover de su puesto de trabajo a la señora María Paulina Riveros Castillo , ingeniera constructora, funcionaria del Ministerio de Obras Públicas de la Dirección de Arquitectura de la Región de Coquimbo.
También pido investigar la vulneración de otros derechos o atropellos de que pueda haber sido objeto de parte de las diversas autoridades que se señalan en esta carta, tanto a nivel regional como nacional. A mi modo de ver, la dignidad de las personas está por sobre toda otra consideración.
Claramente, de la descripción de los hechos que hace la afectada, y que transmiten funcionarios públicos a nivel regional y nacional, queda a la vista que aquí se ha cometido un hecho grave, que demuestra que algunos llegan a sus cargos con la sensación de que se les ha dado un poder del cual pueden usar y abusar contra los trabajadores a su cargo.
Finalmente, pido enviar copia de mi intervención al Presidente de la República , para que se informe de lo que ha pasado con una funcionaria del Estado bajo su administración presidencial; al ministro de Obras Públicas para que también esté informado de esta situación, y a la directora del Instituto de Derechos Humanos .
He dicho.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Robles.
INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMA EN PAGO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO QUE AFECTA A PROFESORES. Oficios.
El señor SAFFIRIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en la ley sobre Evaluación Docente se establece que los profesionales de la educación a los cuales les quedan menos de tres años para jubilar, es decir, que llevan una carrera bastante larga en el profesorado, no están obligados a evaluarse. Por ello, muchos docentes se han acogido a esta prerrogativa, debido a que les queda poco tiempo para jubilar.
La ley N° 20.501, sobre Calidad y Equidad de la Educación, permite a los docentes la posibilidad de recibir un bono de retiro voluntario. Al respecto, ha sucedido algo que me parece muy preocupante: a algunos profesores que no se evaluaron porque así lo permite el Estatuto Docente, se les está negando la posibilidad de recibir ese bono de retiro.
Por eso, pido oficiar al ministro de Educación y al Contralor General de la República para que me informen por qué, respecto de los profesionales de la educación que han presentado su renuncia anticipada para eximirse del proceso de evaluación de conformidad con lo establecido en la letra k) del artículo 72 del Estatuto Docente, según el ministerio no les asiste el derecho de desistirse de dicha renuncia voluntaria para los efectos de acceder a la bonificación por retiro establecida en la ley N° 20.501. Creo que esto sería perfectamente posible, porque ese fue el espíritu con que se legisló.
Quiero tener claridad desde el punto de vista del ministerio, pero también de la Contraloría. Si efectivamente esto es así, dicha secretaría de Estado debería enviar a tramitación en forma urgente una iniciativa que permita a esos funcionarios, que no deben ser muchos, acogerse al bono de retiro voluntario.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención al Colegio de Profesores de Chile, y a sus sedes de la Región de Atacama y de la Provincia del Huasco .
ASIGNACIÓN DE CUOTA ESPECIAL DE CAPTURA DE JUREL EN FAVOR DE PESCADORES DE CALDERA E INFORMACIÓN SOBRE CUOTA GLOBAL DE ANCHOVETA PARA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , es preciso que el ministro de Economía y el subsecretario de Pesca tomen en consideración que uno de los temas más relevantes para los pescadores artesanales que cuenten con botes de menos de doce metros de eslora es, precisamente, la extracción de distintos tipo de recursos, por ejemplo, el jurel.
Cabe señalar que éste es un recurso que, respecto de dichos pescadores, sólo se comercializa para el consumo humano directo. No es factible que embarcaciones tan pequeñas tengan la posibilidad de llevar el recurso para convertirlo en harina de pescado. Por consiguiente, repito, el jurel que logran extraer es sólo para consumo directo.
En la Región de Atacama, hemos logrado que se asignen cuotas especiales a las comunas de Chañaral y Huasco, a fin de que la flota pesquera de menos de doce metros de eslora tenga una cuota especial para pescar. Sin embargo, no se ha logrado una cuota especial en favor de Caldera. Allí, el jurel es extraído por embarcaciones bastante más grandes -incluso, de dieciocho metros de eslora-, que tienen bodegas para mantener la cantidad suficiente de pescado a convertirlo en harina.
Por ello, pido que se oficie al subsecretario de Pesca , a fin de que estudie la posibilidad de entregar una cuota especial a favor de los pescadores de Caldera -por supuesto también de Huasco- que tengan botes de menos de doce metros de eslora, con el objeto de el recurso jurel -todavía existe algo en la Región de Atacama- esté disponible para este pequeño sector pesquero.
Asimismo, pido que el subsecretario de Pesca nos informe respecto de la cantidad de cuota global de anchoveta que está destinada a la Región de Atacama. Ello, pensando en lo que ocurrirá en los próximos meses cuando el recurso pesquero disminuya, y considerando que las cuotas en favor la región son cada vez menores.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención al presidente de la Asociación Nacional de Pescadores de Caldera y consejero nacional de pesca de la Macrozona constituida por la Tercera y Cuarta regiones, señor Miguel Ávalos Medina, y a la señora Zoila Bustamente, presidenta de la Conapach .
PAGO DE PRODUCCIÓN A PIRQUINERO DE FREIRINA. Oficio.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Minería para que Enami realice una revisión de la situación que afecta al trabajador Robinson Morales Órdenes, presidente del Sindicato de Pequeños Pirquineros Artesanales de Freirina .
Estamos hablando de una persona que ha estado postrada durante mucho tiempo debido a una enfermedad lumbar. Él entregó a dicha empresa lotes con contenidos de cobre por sobre 1,10 por ciento, incluso 15, 17 y 19 por ciento.
Como es evidente, esos lotes deben ser pagados. Sin embargo, hasta la fecha, la Empresa Nacional de Minería aún no paga los lotes que el señor Morales envió hace bastante tiempo -específicamente, me refiero a los lotes 11093, 11154 y 30097-, retribución que él necesita.
Reitero que desde hace bastante tiempo, dicho señor se encuentra imposibilitado de continuar desarrollando su trabajo, debido a que lo aqueja una patología lumbar seria. Evidentemente, estos recursos le permitirían seguir trabajando y juntar nuevos lotes para alzar la prima de los lotes antes mencionados.
He dicho.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención al presidente del Sindicato de Pequeños Pirquineros Artesanales de Freirina , señor Robinson Morales Órdenes.
PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO SOBRE POLÍTICA APLICABLE A EXONERADOS POLÍTICOS. Oficio.
El señor SAFFIRIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , en primer lugar, pido que se oficie al ministro del Interior , a fin de que se pronuncie respecto de la grave situación que están viviendo exonerados políticos.
Desde que asumió el nuevo Gobierno, en vez de agilizarse los trámites de calificación y los procesos posteriores en esta materia, se han ido empeorando cada día más. Estamos hablando de compatriotas que, durante la dictadura militar, perdieron su trabajo por razones de carácter político.
Cotidianamente, llegan a nuestras oficinas personas que ven cómo se encuentran estancados sus trámites desde que asumió el nuevo Gobierno. Sabemos y entendemos que no es un tema prioritario para la nueva administración, pero estamos hablando de ciudadanos que cumplen con todos los requisitos.
Pero algo más grave aún -es lo que quiero denunciar al ministro del Interior -, es que hemos sido testigos de que, respecto de algunos exonerados políticos que fueron calificados como tales, hoy el Gobierno, a base de evaluaciones de diversa capacidad técnica e investigativa, les está quitando esa calificación. He tenido a la vista certificados de personas calificadas a fines de 2009, que hoy presentan una situación distinta, lo que obviamente perjudica y ocasiona un tremendo daño a compatriotas.
Por ello, me interesa saber cuál es la política del Gobierno al respecto, qué elementos se consideran, cuántos casos aún quedan por resolver por parte de la Oficina de Exonerados Políticos y en cuántos casos existe certificación contradictoria. Asimismo, deseo conocer cómo pretende el actual Gobierno dar una respuesta definitiva a estos miles de compatriotas que llevan años esperando su tramitación definitiva.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE RESGUARDO DE CONDICIÓN MATERNA DE PERSONAL FEMENINO DEL EJÉRCITO. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , en el último tiempo he recibido diversos reclamos de madres que desempeñan funciones en el Ejército, en el sentido de que no les estarían brindando las condiciones mínimas de resguardo respecto de sus hijos. Específicamente, me refiero a madres que son enviadas a campamentos durante tres o cuatro semanas, debido a lo cual no pueden mantener el apego necesario con sus hijos en sus primeros meses de vida.
Considero que eso contradice absolutamente la política del propio Gobierno en relación con el respeto irrestricto del embarazo de la mujer, de los cuidados de los hijos y del apego de los mismos.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Defensa , señor Andrés Allamand , a fin de que nos envíe un catastro de las mujeres que desempeñan funciones en el Ejército y que son madres de hijos menores de dos años. Asimismo, pido que nos informe qué facilidades les otorga el Ejército y cómo es posible que sean enviadas a campamentos, desapegándolas completamente de sus hijos por períodos tan largos. Existen varios casos que dan cuenta de la situación que estoy denunciando.
Al respecto, creo que debería utilizarse la misma política en todas las instituciones. Carabineros, por ejemplo, tiene un protocolo respecto de mujeres que forman parte de la institución y que se encuentran embarazadas o que han dado a luz. Por lo tanto, creo que todas las instituciones armadas deben tener un protocolo similar, homologable.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ASFALTADO Y FACTIBILIDAD DE PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES EN FAVOR DE LOCALIDAD DE HUEYUSCA, COMUNA DE PURRANQUE. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos informe acerca del proyecto de asfaltado que se está pidiendo para Hueyusaca, en la comuna de Purranque, localidad que cuenta con una población de más de mil habitantes.
Nos interesa saber en qué etapa se encuentra el proyecto de asfaltado que se quiere implementar en un trayecto de siete kilómetros. Se trata de un proyecto tremendamente necesario para los habitantes de dicha localidad, que viven en condiciones muy precarias de conectividad terrestre y comunicacional.
Por otra parte, no existe empresa alguna interesada en llevar telefonía celular a Hueyusca. Su población es vulnerable, pero sin subsidios, a las empresas de telefonía celular no les resulta interesante cubrir servicios a favor de dicha localidad.
Por lo tanto, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones , con el objeto de que estudie la factibilidad de incorporar a Hueyusca -ubicada a más de sesenta kilómetros de Purranque- en algún proyecto de telecomunicaciones, a fin de que sus habitantes dispongan de servicios de comunicación en forma más directa.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , por último, pido que oficie al ministro de Salud , señor Jaime Mañalich , y al subsecretario de Hacienda , señor Rodrigo Álvarez , en relación con la materia que paso a detallar.
En relación con Tegualda, comuna de Fresia, el gobierno anterior contrajo el compromiso de construir un centro de salud familiar.
La actual posta de Tegualda, que se encuentra en precarias condiciones, conglomera a los habitantes de muchos sectores rurales que requieren servicios de salud.
Durante el gobierno pasado, el entonces ministro de Salud de entonces, señor Álvaro Erazo , se comprometió a ejecutar un proyecto a fin de subsanar dicha deficiencia. Con tal objeto, el municipio de Fresia compró un terreno para construir un centro de salud familiar.
Sin embargo, el actual Gobierno ha hecho la vista gorda al respecto y no ha atendido el caso.
Considero que los gobiernos, independientemente de su color político, no deben olvidarse de las necesidades de la gente. En ese sentido, resulta negativo que ese proyecto aún no se haya materializado.
Como existe un compromiso de palabra del actual subsecretario de Hacienda , en cuanto a destinar los recursos para su concreción, espero que el ministro de Salud , en conjunto con la autoridad encargada de las redes asistenciales, lo consolide, porque beneficiará a más de 2 mil familias de Tegualda, cuya actual posta resulta completamente insuficiente para los requerimientos de su población.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud , a fin de que instruya respecto del cumplimiento de dicho compromiso. No hay mejor forma en que un Gobierno demuestre su compromiso para con su gente que respetando los compromisos que ya se encuentran encaminados.
Como dije, el municipio de Fresia invirtió una millonaria cifra para comprar el terreno y materializar el proyecto. Sin embargo, a la fecha, es decir, a más de un año y medio de Gobierno, no se ha cumplido.
He dicho.
El señor SAFFIRIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.07 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO 11.-
-Para agregar los incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:
“La Superintendencia velará por la privacidad de los datos personales y sensibles contenidos en el Registro Nacional de Licencias Médicas a que se refiere este artículo y le estará prohibido proporcionar dicha información a terceros. Para todos los efectos, se entenderá que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información, particularmente en lo que se refiere a su estado de salud y tratamiento, afecta los derechos de las personas, en especial, la esfera de su vida privada. Para garantizar la protección de dichos derechos, la Superintendencia, establecerá los mecanismos necesarios para asegurar el control y resguardo de la referida base de datos.
El objeto del Registro Nacional de Licencias Médicas será servir de soporte a las funciones de control y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social en las materias de su competencia, y para la realización de procesos de investigación y estudios de carácter técnico por parte de la misma; sin que pueda efectuarse tratamiento alguno que se desvíe de dicho fin. En función de lo anterior, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos o utilizarlos en cualquier otra forma, sólo podrá ser realizado por personal autorizado de la mencionada Superintendencia y pira los fines del Registro establecidos en esta Ley.
El personal de la Superintendencia de Seguridad Social deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus funciones. Para estos efectos, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; JAIME MAÑALICH MUXI , Ministro de Salud ; EVELYN MATTHEI FORNET , Ministra del Trabajo y Previsión Social ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 7 de junio de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios, correspondiente al Boletín N° 7.320-14.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.493, de 31 de mayo de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado ”.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica ; Hoffmann , doña María José , y de los diputados señores Baltolu , Hasbún , Morales , Rosales , Sandoval , Vilches , Von Mühlenbrock y Ward .
Elimina la facultad de los Fiscales del Ministerio publico de aplicar el principio de oportunidad en materia de conducción en estado de ebriedad. (boletín N° 7698-15)
“Según el artículo 170 del Código Procesal Penal, el principio de oportunidad consiste en la facultad que la ley les otorga a los fiscales del Ministerio Público, para no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público.
En efecto, como una medida de política criminal, la ley le concede al órgano persecutor la facultad de abstenerse de iniciar una investigación o abandonar la ya iniciada cuando existan hechos constitutivos de delitos, pero que tales circunstancias no comprometieren gravemente el interés público.
Nos encontramos, en consecuencia, frente a una actitud que puede tomar la fiscalía respecto de aquellos delitos de bagatela que, por la pena aplicada, no representan delitos de una entidad susceptibles de persecución criminal, maximizando con ello tiempo y recursos para la investigación de hechos de mayor connotación penal y social , como aquellos que atentan contra la vida, por ejemplo.
Así las cosas, esta institución ha sido una conveniente y novedosa implementación de la Reforma Procesal Penal introducida por nuestro país. Una normativa realista, cuya orientación se vincula a hacer más eficaz la labor de las autoridades en materia de investigación de aquellos hechos que revistieren caracteres de delito, pero de una entidad trascendente.
En efecto, con relación a esto, el Código Procesal Modelo para Iberoamérica contempla este principio con un triple objetivo a saber: ofrecer una solución de índole procesal al problema del control de la criminalidad de bagatela; procurar un aceleramiento de la marcha de la administración de justicia; e intentar evitar en delitos de dicha entidad, el efecto desocializante que suele ir unido al cumplimiento de la pena. Se persigue de este modo, la descriminalización y la diversificación, como medios necesarios para concebir una persecución efectiva en el ámbito de la restante criminalidad.
En materia de conducción en estado de ebriedad simple, con resultado de daños o lesiones leves, que no se tratan de delitos denominados de bagatela por la afección a la seguridad personal de los ciudadanos y por la sensación de impunidad que se forma en la comunidad, esta medida es posible aplicarla tomando en consideración la debida ponderación casuística del compromiso social que el hecho punible en concreto acarree y sus circunstancias de comisión.
Bajo este prisma, los abajo firmantes del presente proyecto de ley venimos en promover una iniciativa legislativa tendiente a restringir de un modo preciso, para el delito de conducción en estado de ebriedad, la aplicación por parte del ministerio público del llamado principio de oportunidad, con la finalidad de que todos los hechos constitutivos de tal delito sean objeto de una persecución penal.
Pensamos que este proyecto de ley tendrá efectos positivos en materia de conducción en estado de ebriedad, constituyendo un paliativo claro para que la irresponsabilidad de los conductores sea sancionada efectivamente.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final al artículo 193 de la Ley 18.290 del Tránsito el que a continuación se reproduce:
“En el caso de conducción en estado de ebriedad no será admisible bajo ninguna circunstancia la aplicación del principio de oportunidad del artículo 170 del Código Procesal Penal”
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Macaya , Kast , Melero , Morales , Recondo , Salaberry , Von Mühlenbrock , Ward , y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José y Turres, doña Marisol .
Establece una Reforma Constitucional que autoriza indemnización por errónea formalización de la investigación. (boletín N° 7699-07)
“La formalización de la investigación se encuentra definida en el artículo 229 del Código Procesal Penal prescribiendo que “es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados”.
Se ha pensado en más de alguna oportunidad que este acto se asemeja al llamado auto de procesamiento, existente en materia de procedimiento penal inquisitivo anterior a la Reforma Procesal Penal, sin embargo, claramente no es así, toda vez que la formalización implica ante todo un acto de garantía de los derechos del imputado en la medida que el proceso judicial que se lleve en su contra debe ceñirse a todas y cada una de las reglas que informan el debido proceso.
Así las cosas, nos parece que este acto de comunicación procesal llamado formalización de la investigación, posee claramente elementos rescatables desde el punto de vista procesal y también constitucional.
Sin embargo, han pasado más de 10 años desde la implementación gradual de la reforma procesal penal en nuestro país, tiempo más que suficiente para analizar, a través de las instancias pertinentes, el desenvolvimiento de la instituciones jurídicas establecidas por el legislador en esta materia, y bajo tal perspectiva pensamos que en muchas oportunidades, esta institución ha sido poco entendida por la comunidad.
En efecto, se piensa en vastos sectores de nuestra sociedad que la formalización de la investigación representa per sé una condena para el imputado, independientemente de la solución a la que pueda arribar el juez con la dictación de una sentencia definitiva o con la concurrencia de equivalentes jurisdiccionales.
Que, es por tal motivo que esta institución ha sido un nefasto caldo de cultivo para que la generalidad de las personas piense que el imputado sencillamente está condenado y que en lo sucesivo del proceso, se debiera confirmar su culpabilidad en los hechos que se le atribuyen. De manera que dicha situación implica necesariamente un prejuicio que trasciende al ámbito puramente judicial, abarcando también a la esfera social.
De acuerdo a esto, nos parece que los errores en la apreciación de los elementos que puedan conducir a la persecución penal de un individuo por parte del Ministerio Público y que gatillen la formalización de una persona claramente inocente, constituye una grave contravención a los mismos principios previstos en el ordenamiento jurídico procesal, especialmente en lo que respecta al principio de legalidad que debe inspirar la investigación y el desarrollo del proceso judicial-penal.
Bajo este orden de ideas, los firmantes del presente proyecto de ley venimos en promover esta iniciativa legislativa, en atención al perjuicio patrimonial y moral que puede manifestar aquella persona que por error de la fiscalía fue mal formalizado.
Así las cosas, y a través de la vía de la reforma constitucional, pensamos que una adecuada regulación de esta importante situación constituye un imperativo moral y jurídico, toda vez que frente a faltas manifiestas de instituciones del Estado se han cometido injusticias como las descritas, constituyendo para las personas una pre-condena social, difícilmente subsanable.
Al igual como ocurre en materia de indemnización por error judicial, el presente proyecto viene en incluir, además, al error en la formalización de la investigación como elemento causante de solicitar una indemnización de perjuicios en un procedimiento breve y sumario.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único: Incorpórese una última parte al artículo 19 número 7 letra i) de la Constitución Política de República, la que a continuación se reproduce:
“Esta misma regla se aplicará en caso de manifiesta errónea formalización de la investigación en contra de una persona”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Burgos, Saffirio y Walker.
Reforma la disposición transitoria octava de la Constitución Política de la República. (boletín N° 7700-07)
Antecedentes.
1. Supresión del Ministerio Público Judicial y uniformidad respecto del sistema de investigación y juzgamiento de hechos en causas que se inicien a partir de esa fecha.
Por Mensaje del Presidente de la República que cuenta con el informe favorable de la Excma Corte Suprema, se ha propuesto modificar diversos preceptos de la Constitución Política como del Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de suprimir el Ministerio Público Judicial y los diversos trámites en los cuales se contempla la participación de éste en el antiguo proceso penal regulado por el Código de Procedimiento Penal.
De todos es sabido, que a la fecha se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo sistema procesal penal que ha sido desarrollado de manera tal de contemplar nuevos órganos jurisdiccionales, un órgano persecutor como el Ministerio Público y un sistema de Defensoria Penal Público, referido por un moderno procedimiento en el cual se dan aplicación a los modernos principios y se contemplan las garantías pertinentes, de todo lo cual da cuenta el Código Procesal Penal.
Este nuevo sistema se ha extendido con posterioridad para regir las causas para hacer efectiva la responsabilidad penal juvenil, como la responsabilidad penal militar que afecta a los civiles.
Todo lo anterior, hace aconsejable para el país, que se ponga término al antiguo sistema procesal penal como medio para iniciar la investigación y proceder al posterior juzgamiento de las causas no iniciadas aún y que se refieran a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, como lo disponen los artículos octava transitoria de la Constitución Política y los artículos 4° de la Ley 19640 Orgánica del Ministerio Público y 483, 484 y 485 del Código Procesal Penal.
De esta manera, el antiguo procedimiento penal y sus órganos jurisdiccionales solo continuaran conociendo de las causas que se hubieren iniciado respecto de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, poniéndose término a la facultad de poder entrar a conocer de nuevos procesos que se inicien cualquier por medio con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley que suprima el ministerio público judicial.
Esta modificación permitirá que los antiguos jueces del crimen como los Ministros en Visita , Tribunales Unipersonales de Excepción y demás órganos jurisdiccionales puedan avocarse con mayor dedicación a la terminación de las causas penales que conocen, dentro de las cuales se encuentran las relativas a derechos humanos, y por otra parte, permitir terminar con un antiguo sistema que no se considera ajustado a los principios y garantías que deben regir en una sociedad moderna.
De esta forma, se puede conciliar por una parte, el respeto a la radicación de la competencia respecto de las causas iniciadas por cualquier medio respecto de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal y que están siendo conocidos por diversos órganos jurisdiccionales conforme con el antiguo procedimiento penal, con la exigencia para el país de contar con un sistema uniforme de órganos y procedimientos para la persecución penal, que necesariamente implicar cerrar y poner término en algún momento a la subsistencia del antiguo sistema procesal penal.
Para tal efecto, se debe tener presente que se estima que las causas que se inicien respecto de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal conforme al nuevo sistema deberían ser de rara ocurrencia al haber transcurrido ya más de cinco años desde la última etapa en que entrada en vigencia ese nuevo sistema.
Contenido
2. Modificación de la regla sobre la vigencia del nuevo sistema procesal penal.
La presente moción busca modificar el artículo 8° transitorio de la Constitución Política, incorporando un nuevo elemento de vigencia del mismo respecto de los hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, pero respecto de los cuales no se hubiere requerido la investigación y juzgamiento por medio alguno conforme al antiguo sistema procesal penal.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente
REFORMA CONSTITUCIONAL
“Artículo único.- Introdúcese el siguiente inciso tercero al artículo 8° transitorio de la Constitución Política:
Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la supresión del Ministerio Público Judicial y si a esa fecha no se hubiere iniciado la investigación y juzgamiento de hechos conforme al antiguo sistema procesal penal, la totalidad de las normas señaladas en los incisos anteriores se aplicarán para la investigación y el juzgamiento de la totalidad de los hechos acaecidos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, con excepción de lo establecido para el juzgamiento de las causas penales militares”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Burgos , Aguiló , Carmona , Eluchans , Macaya , Saffirio , Schilling , Torres, Walker , y de la diputada señora Rubilar , doña Karla .
Reforma el artículo 5° de la Constitución Política de la República estableciendo el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.”. (boletín N° 7701-07)
Fundamentos
La reforma efectuada al inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, mediante la Ley N° 18.825, de 17 de agosto de 1989, significó un importante avance en el tratamiento normativo de los derechos humanos en Chile. En efecto, dicha disposición coloca a nuestro país en la perspectiva del resguardo jurídico internacional más actualizado en la materia, al señalar que el “ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.
La interpretación lógica de dicho precepto es que el Estado de Chile reconoce que la comunidad internacional, en su conjunto, tiene la facultad de proclamar, reconocer y proteger los derechos humanos y, por tanto, ellos ya no son una materia exclusiva de la competencia interna del Estado, quedando estos aspectos al margen del principio de no intervención, el cual no podrá ser invocado cuando estén comprometidos los señalados derechos fundamentales.
También se debe tener presente que estos derechos emanan de la naturaleza humana y, por tanto, no los crea el Estado, sino que a través de la normativa los reconoce y les otorga resguardo, asumiendo sus especiales características de ser universales, absolutos e imprescriptibles.
El inciso 2°, artículo 5°, de nuestra Carta Fundamental establece, en su texto actual, dos formas para institucionalizar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, esto es, los establecidos por la propia Constitución Política de la República y los consagrados en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Queda de manifiesto en la norma citada que lo que se busca, a través de la vinculación a las fuentes de derecho internacional, es la incorporación a la constitución material de los derechos humanos, que no están expresamente señalados en el Estatuto Constitucional.
Teniendo presente que la voluntad del constituyente es tener el más amplio espectro jurídico interno e internacional como elementos para la vigencia en Chile de los derechos en referencia, es esencial considerar en ello a la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 (AG III), de lo de diciembre de 1948, toda vez que ella constituye el primer instrumento internacional que establece un catálogo de los derechos específicos a respetar, en lo que se individualiza como internacionalización de la protección de los derechos humanos a partir de 1945.
Si bien la naturaleza jurídica de la Declaración es la de una Resolución emanada de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, lo que no le otorga por si misma carácter vinculante -no obstante su innegable importancia y fortaleza política y moral- no se puede ignorar el hecho evidente de que el contenido de ella se ha consolidado como principios obligatorios para los miembros de la comunidad internacional, al asumirse que el cumplimiento de ellos no obedece a la mera voluntad de los sujetos, sino a un deber jurídico. Esto ya se observó claramente en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que tuvo lugar en Teherán el ano 1968, en la cual más de cien Estados, entre ellos el nuestro, proclamaron la obligatoriedad jurídica de la Declaración. En efecto en su punto segundo se expresó: “La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional”.
El desarrollo progresivo del derecho internacional agrega otro elemento significativo, cual es, que los principios establecidos en la Declaración de 1948 se ubican entre sus normas imperativas o “jus cogens”, vale decir, una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter, (artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969).
A mayor abundamiento, respecto a la obligatoriedad de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se debe indicar que ella ha servido de fuente inspiradora para tratados internacionales, como es el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, en cuyo preámbulo se le reconoce expresamente.
Nuestra Carta Fundamental, al referirse específicamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no haría otra cosa que seguir la tendencia de las constituciones de otros Estados, como es el caso de España y Argentina, que han encontrado en aquella una fuente o modelo para el enunciado de derechos y libertades esenciales del ser humano. En efecto, la Constitución española, de 1978, en su artículo lo N° 2, en el título 1, dedicado a los Derechos y Deberes Fundamentales preceptúa: “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Por su parte, la Constitución de la República Argentina, en su artículo 75, reconoce a la Declaración “jerarquía constitucional”.
En la convicción que resulta necesario, que nuestra carta fundamental, de un reconocimiento expreso a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de lo de diciembre de 1948, venirnos en proponer la siguiente reforma constitucional al artículo 5° inciso segundo:
REFORMA CONSTITUCIONAL
Agregar al inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, después de la expresión “y que se encuentren vigentes”, y antes de punto aparte, lo siguiente: “y la declaración universal de derechos humanos”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Burgos, Saffirio y Walker.
Modifica el artículo 4° transitorio de la ley N° 19.640, Orgánica del Ministerio Público, y agrega un nuevo artículo 486 al Código Procesal penal. (boletín N° 7702-07)
Antecedentes.
1. Supresión del Ministerio Público Judicial y uniformidad respecto del sistema de investigación y juzgamiento de hechos en causas que se inicien a partir de esa fecha.
Por Mensaje del Presidente de la República que cuenta con el informe favorable de la Excma Corte Suprema, se ha propuesto modificar diversos preceptos de la Constitución Política como del Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de suprimir el Ministerio Público Judicial y los diversos trámites en los cuales se contempla la participación de éste en el antiguo proceso penal regulado por el Código de Procedimiento Penal.
De todos es sabido, que a la fecha se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo sistema procesal penal que ha sido desarrollado de manera tal de contemplar nuevos órganos jurisdiccionales, un órgano persecutor como el Ministerio Público y un sistema de Defensoría Penal Público, referido por un moderno procedimiento en el cual se dan aplicación a los modernos principios y se contemplan las garantías pertinentes, de todo lo cual da cuenta el Código Procesal Penal.
Este nuevo sistema se ha extendido con posterioridad para regir las causas para hacer efectiva la responsabilidad penal juvenil, como la responsabilidad penal militar que afecta a los civiles.
Todo lo anterior, hace aconsejable para el país, que se ponga término al antiguo sistema procesal penal como medio para iniciar la investigación y proceder al posterior juzgamiento de las causas no iniciadas aún y que se refieran a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, como lo disponen los artículos octava transitoria de la Constitución Política y los artículos 4° de la Ley 19.64o Orgánica del Ministerio Público y 483, 484 y 485 del Código Procesal Penal.
De esta manera, el antiguo procedimiento penal y sus órganos jurisdiccionales solo continuaran conociendo de las causas que se hubieren iniciado respecto de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, poniéndose término a la facultad de poder entrar a conocer de nuevos procesos que se inicien por cualquier medio con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley que suprima el ministerio público judicial.
Esta modificación permitirá que los antiguos jueces del crimen como los Ministros en Visita , Tribunales Unipersonales de Excepción y demás órganos jurisdiccionales puedan abocarse con mayor dedicación a la terminación de las causas penales que conocen, dentro de las cuales se encuentran las relativas a derechos humanos, y por otra parte, permitir terminar con un antiguo sistema que no se considera ajustado a los principios y garantías que deben regir en una sociedad moderna.
De esta forma, se puede conciliar por una parte, el respeto a la radicación de la competencia respecto de las causas iniciadas por cualquier medio respecto de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal y que están siendo conocidos por diversos órganos jurisdiccionales conforme con el antiguo procedimiento penal, con la exigencia para el país de contar con un sistema uniforme de órganos y procedimientos para la persecución penal, que necesariamente implicar cerrar y poner término en algún momento a la subsistencia del antiguo sistema procesal penal.
Para tal efecto, se debe tener presente que se estima que las causas que se inicien respecto de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal conforme al nuevo sistema deberían ser de rara ocurrencia al haber transcurrido ya más de cinco años desde la última etapa en que entrada en vigencia ese nuevo sistema.
Contenido
2. El presente proyecto de ley (moción) apunta a modificar el artículo4 transitorio de la Ley N° 19.640 y agrega un nuevo artículo 486 al Código Procesal Penal.
La presente moción es parte integrante de aquella Reforma Constitucional que busca modificar el artículo 8° transitorio de la Constitución Política, incorporando un nuevo elemento de vigencia del mismo respecto de los hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, pero respecto de los cuales no se hubiere requerido la investigación y juzgamiento por medio alguno conforme al antiguo sistema procesal penal.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo primero.- Introdúcese el siguiente inciso tercero al artículo 4°transitorio de la Ley N° 19.640, Orgánica del Ministerio Público:
Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la supresión del Ministerio Público Judicial y si a esa fecha no se hubiere iniciado la investigación y juzgamiento de hechos conforme al antiguo sistema procesal penal, la totalidad de las normas señaladas en los incisos anteriores se aplicarán para la investigación y el juzgamiento de la totalidad de los hechos acaecidos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, con excepción de lo establecido en la actualidad respecto del juzgamiento de las causas penales militares.
“Artículo segundo.- Introdúcese el siguiente artículo 486 al Código Procesal Penal:
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 483,484 y 485, a partir de la supresión del Ministerio Público Judicial y si a esa fecha no se hubiere iniciado la investigación y juzgamiento de hechos conforme al antiguo sistema procesal penal, se aplicarán las normas del nuevo sistema procesal penal para la investigación y el juzgamiento de la totalidad de los hechos acaecidos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, con excepción de lo establecido en la actualidad respecto del juzgamiento de las causas penales militares”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Espinosa, don Marcos ; Carmona , De Urresti , Lemus , Meza , Núñez , Robles y Walker .
Modifica el Código del Trabajo en materia de subcontratación. (boletín N° 7703-13)
“Considerando:
1. La Ley 20.123 del año 2007 incorporó en el Libro 1 del Código del Trabajo todo un título nuevo sobre el trabajo en Régimen de subcontratación y el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios. Actual título VI del mencionado cuerpo legal.
2. La idea de la incorporación de esta materia en el Código del trabajo fue regular de manera positiva en nuestra legislación laboral, prácticas que eran usuales en rubros importantes como la minería y la construcción, y que involucraban a prestadores de servicios que no eran trabajadores directos de la empresa usuaria de los mismos, pero bajo condiciones de trabajo sub estándar y que hasta ese entonces no se veía como una relación laboral sino que simplemente como un contrato civil, sin ninguna protección para los trabajadores.
3. Una vez dictada la ley se hizo la diferenciación entre la subcontratación propiamente tal y la prestación de servicios transitorios estableciendo a su vez, condiciones y obligaciones por parte de las empresas principales o usuarias con el fin de mejorar las condicione de trabajo de quienes prestaban efectivamente los servicios, es decir, el trabajo.
4. En el artículo 183 B, específicamente en materia de subcontratación, se establece la responsabilidad solidaria de la empresa principal respecto de obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores en régimen de subcontratación, específicamente obligaciones de dar.
5. El artículo 183 E por su parte establece la obligación de todas las empresas principales de adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud.
6. Sin embargo, y sin perjuicio de estar de acuerdo en general con este último artículo, es imprescindible poder precisar en qué consistirán estas “medidas necesarias”, para poder proteger de manera efectiva la vida y la salud de los trabajadores en faena.
7. El objetivo del presente proyecto, es precisamente, establecer las áreas de protección que deben asumir las empresas principales, al menos de manera genérica, en especial respecto de las vías de acceso y conectividad hacia las faenas, sobre todo mineras, ya que se ha comprobado que durante los últimos años han aumentado los accidentes de trabajadores contratistas cuyas condiciones de trabajo, sobre todo respecto del transporte a la faena, no cuenta con los mismos resguardos que prevé la empresa principal para con sus propios trabajadores.
8. Por todo lo antes indicado, en suma, venimos a presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Modifíquese el artículo 183 E del Código del Trabajo, agregando los siguientes incisos 3° y 4' nuevos, que indican:
“En virtud de lo señalado en el inciso anterior, las empresas principales estarán obligadas a mantener en condiciones óptimas los implementos de seguridad según el tipo de faena, las redes de prevención de siniestros, las vías de acceso en la instalación y demás que determine el reglamento.
En el caso de las faenas mineras, la empresa principal tendrá la obligación de mantener en condiciones óptimas las vías de acceso a la faena minera, con el fin de asegurar el traslado seguro de todos los trabajadores a la misma”.
9. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 2 de junio de 2011.
Oficio N° 6.083
Remite sentencia.
Excmo. Señor
Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de junio de 2011 en el proceso Rol N° 1.821-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 38 ter de la ley N° 18.993 promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 4280-2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal).
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”.
10. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 7 de junio de 2011.
Oficio N° 6.117
Remite sentencia.
Excmo. Señor
Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de las resoluciones dictadas por esta Magistratura con fecha 7 de junio de 2011 en los autos Tol N° 1988-11-CPT, sobre acción de inconstitucionalidad de los artículos 7, 10 N° 3, 14 N° 2, 14, 15, 16, 17 y 40 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), contenidos en el boletín N° 6426-10, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”.