Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Eugenio Bauer Jouanne
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Alejandro Navarro Brain
- Ignacio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO EN INVESTIGADORA.
- DEBATE
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO EN INVESTIGADORA.
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DE LA EX DIPUTADA , SEÑORA MARÍA ROZAS VELÁSQUEZ, RECIENTEMENTE FALLECIDA.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Victor Marcelo Torres Jeldes
- HOMENAJE : Maria Antonieta Saa Diaz
- HOMENAJE : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- HOMENAJE : Marcelo Schilling Rodriguez
- HOMENAJE : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- HOMENAJE : Fernando Meza Moncada
- HOMENAJE EN MEMORIA DE LA EX DIPUTADA , SEÑORA MARÍA ROZAS VELÁSQUEZ, RECIENTEMENTE FALLECIDA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DEL CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Juan Luis Castro Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- REGULACIÓN DEL CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
- VI. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE NUEVA POLÍTICA HABITACIONAL DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS COMITÉS DE ALLEGADOS. Oficio.
- COBERTURA DE SALUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PADECEN LUPUS ERITEMATOSO. Oficio.
- INCLUSIÓN DE ASIGNACIONES DE MOVILIZACIÓN Y DE COLACIÓN EN CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIO. Oficios.
- AUDITORÍA FINANCIERA, CONTABLE Y DE GESTIÓN A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE VIÑA DEL MAR EN RELACIÓN CON FONDOS ASIGNADOS A LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ, DE OVALLE. INCLUSIÓN DE DICHO ESTABLECIMIENTO EN PROGRAMA LICEOS DE EXCELENCIA. Oficio.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN FAVOR DEL SISTEMA DE SALUD DE COMUNA DE QUINTERO. Oficios.
- INFORMACIÓN ACERCA DE ACTUACIÓN DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE OSORNO EN RELACIÓN CON DENUNCIA DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES. Oficio.
- INFORMACIÓN ACERCA DE RESOLUCIÓN ADOPTADA EN CASO DE DENUNCIA DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES EN CONTRA DE TRABAJADORES DE EMPRESA INGETAL S.A. Oficio.
- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SECTOR CHORRILLOS, COMUNA DE COELEMU, REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
- ADHESION
- Pedro Araya Guerrero
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. ANEXO DE SESIÓN
- INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA SUBCONTRATISTA INGECOM LIMITADA. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE EVENTUALES IRREGULARIDADES DEL SENAME EN PROCESO DE ADOPCIÓN. Oficios.
- INCLUSIÓN DE CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA SERENA EN PLAN REGIONAL DE MEJORAMIENTO DE CUARTELES. Oficios.
- PAGO DE BECA CHAITÉN. Oficios.
- INCLUSIÓN DE LICEO RECTOR ARMANDO ROBLES RIVERA, DE VALDIVIA, EN PROGRAMA LICEOS DE EXCELENCIA. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marisol Turres Figueroa
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- APROBACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS. Oficios.
- ADHESION
- Marisol Turres Figueroa
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON PROBLEMAS QUE AFECTAN A ESCUELA ESPECIAL ANDRÉS BELLO, DE PUERTO MONTT. Oficios.
- DESAFECCIÓN DE TERRENO EN VILLA EL ROBLE, LOCALIDAD DE CAJÓN, COMUNA DE VILCÚN. Oficio.
- INFORMACIÓN ACERCA DE REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE COMUNAS DE DISTRITO N° 34. Oficio.
- INTERCESIÓN DE MINEDUC EN SITUACIÓN QUE AFECTA A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN RURAL. Oficio.
- RESTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS A DOTACIÓN DE CARABINEROS DE SAN FERNANDO. Oficio.
- ENTREGA DE RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE PICHIDEGUA. REPOSICIÓN DE AMBULANCIA. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN RÍOS TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 15. Informe sobre la participación del presidente de la delegación del Congreso Nacional de Chile diputado señor Pablo Lorenzini y los señores senadores Hernán Larraín , Andrés Zaldívar y José García , en el Forum de celebración de los 50 años de la OCDE “Mejores Políticas para una vida mejor” realizado en París (Centro de Conferencias) los días 24 y 25 de mayo del 2011.
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Celso Rene Morales Munoz
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Gonzalo Arenas Hodar
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Gustavo Hasbun Selume
- Javier Hernandez Hernandez
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Patricio Melero Abaroa
- Manuel Rojas Molina
- David Sandoval Plaza
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Arenas Hodar
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Jose Ramon Barros Montero
- Romilio Gutierrez Pino
- Javier Hernandez Hernandez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Marisol Turres Figueroa
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Letelier Aguilar
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Diaz Diaz
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Alfonso De Urresti Longton
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Matias Walker Prieto
- Carolina Goic Boroevic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 42ª, en miércoles 15 de junio de 2011
(Ordinaria, de 10.38 a 14.41 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 9
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Constitución de Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo en investigadora 13
V. Homenaje.
- Homenaje en memoria de la ex diputada, señora María Rozas Velásquez, recientemente fallecida 14
VI. Orden del Día.
- Regulación del cierre de faenas e instalaciones mineras. Segundo trámite constitucional. (Continuación) 24
- Perfeccionamiento de sistema de otorgamiento de licencias médicas. Segundo trámite constitucional. (Continuación) 62
VII. Incidentes.
- Información sobre nueva política habitacional del gobierno en relación con los comités de allegados. Oficio 72
- Cobertura de salud para personas de escasos recursos que padecen lupus eritematoso. Oficio 73
- Inclusión de asignaciones de movilización y de colación en cálculo de indemnizaciones por años de servicio. Oficios 73
- Auditoría financiera, contable y de gestión a la Corporación Municipal para el desarrollo de Viña del Mar en relación con fondos asignados a la subvención escolar preferencial. Oficio 74
- Construcción de nuevo edificio para liceo Alejandro Álvarez Jofré, de Ovalle. Inclusión de dicho establecimiento en programa liceos de excelencia. Oficio 74
- Adopción de medidas en favor del sistema de salud de comuna de Quintero. Oficios 75
- Información acerca de actuación de Dirección del Trabajo de Osorno en relación con denuncia de prácticas antisindicales. Oficio 76
- Información acerca de resolución adoptada en caso de denuncia de prácticas antisindicales en contra de trabajadores de empresa Ingetal S.A. Oficio 77
- Abastecimiento de agua potable en sector Chorrillos, comuna de Coelemu, Región del Biobío. Oficios 77
Pág.
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 79
- Incumplimiento de protocolo en negociación colectiva de trabajadores de empresa subcontratista Ingecom Limitada. Oficios 79
- Investigación de eventuales irregularidades del Sename en proceso de adopción. Oficios 80
- Inclusión de cuarta compañía de bomberos de La Serena en plan regional de mejoramiento de cuarteles. Oficios 80
- Pago de beca Chaitén. Oficios 81
- Inclusión de Liceo Rector Armando Robles Rivera, de Valdivia, en programa liceos de excelencia. Oficios 82
- Aprobación de cambio de uso de suelo para construcción de viviendas para damnificados. Oficios 83
- Adopción de medidas en relación con problemas que afectan a Escuela Especial Andrés Bello, de Puerto Montt. Oficios 84
- Desafección de terreno en Villa El Roble, localidad de Cajón, comuna de Vilcún. Oficio 85
- Información acerca de reparación de caminos rurales de comunas de distrito N° 34. Oficio 86
- Intercesión de Mineduc en situación que afecta a establecimientos educacionales dependientes del Instituto de Educación Rural. Oficio 86
- Restitución de funcionarios a dotación de carabineros de San Fernando. Oficio 87
- Entrega de recursos para reconstrucción de Hospital de Pichidegua. Reposición de ambulancia. Oficio 87
- Construcción de defensas fluviales en ríos Tinguiririca y Cachapoal. Oficio 87
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Crea el Tribunal Ambiental.”. (boletín N° 6747-12) (S) 89
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2. que “Crea el Ministerio de Desarrollo Social.”. (boletín N° 7196-06) (S) 91
3. que “Regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.”. (boletín N° 6415-08) (S) 92
4. que “Regula el contrato de seguro.”. (boletín N° 5185-03) 92
5. sobre “otorgamiento y uso de licencias médicas”. (boletín N° 6811-11) (S) 93
6. que “Crea el Tribunal Ambiental.”. (boletín N° 6747-12) (S) 93
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
7. que “Modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández.”. (boletín N° 6756-07) (S) 93
Pág.
8. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto “en materia de aprovechamiento y beneficio de tiburones.”. (boletín N° 7489-03) (S) 94
9. que “Modifica ley de Tránsito, estableciendo nueva tipificación del delito de manejo en estado de ebriedad.”. (boletín N° 7586-25) 94
10. que “Fomenta el Mercado de Cruceros Turísticos.”. (boletín N° 7528-06) 95
11. que “Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.”. (boletín N° 7550-06) 95
12. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “simple”, que “Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en el mismos registro.”. (boletín N° 6242-21) 96
13. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, “Sobre otorgamiento y uso de licencias médicas”. (boletín N° 6811-11) 96
14. Primer informe de la Comisión de Cultura y de las Artes recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Deroga el artículo 7° de la ley N° 19.632, dejando sin efecto el plazo para erigir un monumento en memoria de don Juan Amador Barrientos Adriazola.”. (boletín N° 4844-24) 105
15. Informe sobre la participación del diputado señor Pablo Lorenzini en el Foro de la OECD en su 50° Aniversario “Mejores Políticas para una Vida Mejor”, realizado los días 24 y 25 de mayo de 2011, en París (Francia) 109
16. Moción de los diputados señores Morales, Álvarez-Salamanca, Arenas, Calderón, Hasbún, Hernández, Macaya, Melero, Rojas y Sandoval, que “Hace aplicable la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en materia de violencia en los estadios de fútbol profesional.”. (boletín N° 7721-25) 111
17. Moción de los diputados señores Arenas, Álvarez-Salamanca, Barros, Gutiérrez, don Romilio; Hernández, Vilches, Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José; Turres, doña Marisol, y Zalaquett, doña Mónica, que “Modifica el inciso segundo de la letra f) del artículo 37 de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, rebajando los gastos de cobranza extrajudicial.”. (boletín N° 7722-03) 112
18. Moción de los diputados señores Letelier y Ulloa, que “Deroga la ley N° 20.325, que exime a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de obras municipales.”. (boletín N° 7723-14) 113
19. Moción de los diputados señores Díaz, Andrade, De Urresti, Espinoza, don Fidel; Schilling, Walker y Goic, doña Carolina, que “Interpreta el artículo 172 del Código del Trabajo, respecto de asignaciones para indemnización.”. (boletín N° 7724-13) 114
Pág.
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
20. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1642-10-INA. (6151) 116
21. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1827-10-INA. (6155) 117
22. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1658-10-INA. (6159) 117
23. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados las observaciones del Presidente de la República al requerimiento presentado por varios Senadores a los artículos 7, 10 N° 3, 14,15, 16, 17 y 40 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91, contenidos en el Boletín N° 6426-10, Rol 1988-11-CPT. (6163) 118
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Petición de 48 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan que la “Comisión de Economía se transforme en investigadora con el objeto de analizar, indagar, investigar y determinar los errores, omisiones o negligencias de los encargados de la supervisión financiera del país, y las posibles fallas o vacíos en la actual legislación sobre la Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Mercado de Valores, Ley N° 18.010, de Operaciones de Créditos, de Protección al Consumidor y de las atribuciones de SBIF, Superintendencia de Valores y Seguros, de la normativa dictada por el Banco Central y sobre la regulación y fiscalización de las empresas de auditoría externa y clasificadora de riesgo, con ocasión de la crisis financiera provocada por las malas prácticas crediticias de la Empresa La Polar, lo que ha causado incertidumbre en el sistema financiero y un perjuicio no cuantificable a deudores de la referida casa comercial. Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
2. Comunicaciones:
- Del diputado señor Urrutia, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 16 de junio en curso, para dirigirse a El Salvador.
- Del diputado señor Bauer, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 17 de junio en curso, para dirigirse a España y Alemania.
- De la diputada señora Zalaquett, doña Mónica, quién acompaña certificado médico por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 2 días, a contar del 14 de junio en curso.
3. Oficios:
Respuestas a oficios Cuenta 42ª
Contraloría General de la República:
- Diputado García don René Manuel, Solicita reiterar los oficios N° 375, de 12 de enero del año en curso, relativo al proceso de construcción del nuevo puente de acceso a la ciudad de Villarrica, N° 446, de 11 de mayo del año en curso, relacionado al Programa Orígenes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, N° 243, de 28 de julio del año en curso, sobre la Dirección de Educación de la Municipalidad de Gorbea y, N° 1275, de 12 de agosto de 2010, relativo al presupuesto de la Municipalidad de Pucón, y al gasto en la contratación de personal a contrata y honorarios en dicha corporación (36401 al 1884).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Ascencio, Solicita se considere la posibilidad de instalar una alcaldía de mar en el sector San José, u otro que se estime adecuado, en la comuna de Quemchi, provincia de Chiloé, informando sobre el particular (1545 al 3106).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre la eventual instrucción de un sumario para determinar el origen y establecer responsables por el anegamiento que, producto del rebalse de recámaras de aguas lluvias, afectó en días recientes, por segunda vez, a viviendas del sector Beneficencia, en la ciudad de Valdivia, y, además, señale las medidas que se han adoptado para evitar que hechos como estos se repitan. (1447 al 2774).
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita informar sobre los resultados de las fiscalización realizadas al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de la comuna de Maipú. (1448 al 2994).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado de avance del proyecto de alcantarillado del sector en que se construye el colector ?Catrico?, en la ciudad de Valdivia. (1449 al 2878).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita disponer se realice una investigación, remitiendo sus conclusiones a esta Cámara, a la Empresa Sociedad de Servicios Don Anestis Limitada, con el propósito de confirmar la ocurrencia de eventuales abusos laborales y prácticas antisindicales en contra de los trabajadores afiliados al Sindicato N° 2 de dicha compañía. (2349 al 3081).
Ministerio de Salud:
- Diputado Araya, Solicita informe sobre la planta de funcionarios del Hospital Regional de Antofagasta, y las medidas adoptadas para los efectos de reponer los cargos o funciones de aquellos funcionarios que pasaron a retiro (1033 al 3056).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Araya, Solicita disponer la instalación, vía el respectivo proyecto, de antenas de telefonía móvil en la ruta costera que une las ciudades de Antofagasta y Taltal, y en el tramo entre Taltal y Paposo, en la Región de Antofagasta. (3759 al 1352).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Asistieron, además, los ministros de Salud , don Jaime Mañalich; de Minería y Energía, don Laurence Golborne, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Cristián Larroulet.
-Concurrieron, también, los senadores señores Alejandro Navarro e Ignacio Walker.
-Por encontrarse en misión oficial no asistieron los diputados señores Nicolás Monckeberg, Felipe Salaberry y Ernesto Silva.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 36ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 37ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO EN INVESTIGADORA.
El señor MELERO ( Presidente ).- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República, 48 diputados y diputadas solicitan que la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo se constituya en investigadora, “con el objeto de analizar, indagar, investigar y determinar los errores, omisiones o negligencias de los encargados de la supervisión financiera del país, y las posibles fallas o vacíos en la actual legislación sobre la ley de Sociedades Anónimas, Ley de Mercado de Valores, ley N° 18.010, de Operaciones de Créditos, de Protección al consumidor y de las atribuciones de la SBIF, Superintendencia de Valores y Seguros, de la normativa dictada por el Banco Central, y sobre la regulación y fiscalización de más empresas de auditoría externa y clasificadora de riesgo, con ocasión de la crisis financiera provocada por las malas prácticas crediticias de la Empresa La Polar...”.
La Comisión deberá evacuar su informe en un plazo no superior a sesenta días, y para el cumplimiento de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
¿Habría unanimidad para tal objeto?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Por lo tanto, la Comisión de Economía queda constituida en investigadora para los efectos señalados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DE LA EX DIPUTADA , SEÑORA MARÍA ROZAS VELÁSQUEZ, RECIENTEMENTE FALLECIDA.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, la Cámara de Diputados rendirá homenaje en memoria de la ex diputada , señora María Rozas Velásquez, recientemente fallecida.
(Aplausos)
Hago presente a la honorable Cámara que se encuentran presentes en la tribuna de honor, Ivonne y Luis Rozas, hermanos de nuestra homenajeada, familiares y amigos; el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales , Raúl de la Puente; el subsecretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Guillermo Salinas, y la directora nacional del Colegio de Profesores, Silvia Valdivia, quienes son muy bienvenidos esta mañana a nuestra Corporación, cuando se rendirá un homenaje solemne a quien fuera una destacada parlamentaria.
En primer lugar, para rendir el homenaje en representación del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.
El señor TORRES (de pie).- Señor Presidente , honorable Cámara, en nombre de la bancada democratacristiana, de su mesa directiva y del Partido Regionalista e Independientes, rindo homenaje a María Rozas , una de las dirigentas más importantes en toda la historia del sindicalismo chileno.
El 6 de mayo de 2011 será recordado como uno de los días más dolorosos para los trabajadores de nuestro país. Chile se vistió de luto porque se nos fue una mujer ejemplar. Esa fría tarde, la tristeza embargó a todo el país y a la Democracia Cristiana. Días después, el asfalto de La Alameda, sobre el cual dejó su silueta, entre humo de tabaco y gritos inconformistas, por donde transitó enarbolando consignas en defensa de los más desposeídos, acogió su tranquilo cuerpo, adornado por una sonrisa en su rostro, tan propio de las almas que alcanzan el descanso eterno, en compañía de quienes siempre estuvieron con ella en el abrazo de una misma causa.
Conocí a María Rozas cuando me iniciaba en la política. Era un joven dirigente estudiantil cuando conocí su fuerza, su convicción y la entereza de una mujer a la que nunca le tembló la voz para defender a quienes más lo necesitaban. Recibí muchas veces su consejo oportuno y sabio en aquellas jornadas de tertulias entre camaradas y amigos.
María inició su lucha social mucho antes de convertirse en la combativa dirigenta gremial del Colegio de Profesores y de la CUT. Desde los 15 años fue dirigenta estudiantil, en su querido Liceo Nº 2 de Niñas, donde llegó a ser presidenta de su Centro de Alumnas . Desde allí no paró más.
No faltó ni un solo día a la lucha por la justicia social, en la cual creyó sin renuncias; tal vez, con una sola renuncia, de la que nunca se quejó. María renunció a la comodidad de una vida clásica. Eso no era para ella, primero estaban los otros. Al principio, los estudiantes, a los que representó en su liceo y en la Federación de Estudiantes Secundarios. Luego, en la calle, protestó junto a los perseguidos, durante los 17 años de dictadura.
Allí conoció el horror en carne propia. Pero selló esa herida, tal vez para tener la fuerza de luchar sin darse tregua para sus propias preocupaciones. Siempre entendió que su responsabilidad era con los demás.
Reemplazó en la Cámara de Diputados a otro luchador como ella, nuestro querido Manuel Bustos . Aquí se caracterizó porque vivió constantemente con la angustia de la urgencia. Su urgencia era la de trabajar por las grandes mayorías postergadas. Por los excluidos, por los más necesitados, por aquellos que muchas veces no son escuchados. Por los profesores de Chile, que tuvieron el privilegio de contarla como una dirigenta comprometida por mejorar las condiciones de trabajo del magisterio. Por los viejos, como llamaba con tanto cariño a los trabajadores a los cuales representaba desde la CUT.
María fue generosa con su tiempo, con todo su tiempo. Entregó su vida al servicio de los demás, restando tiempo a su familia paterna y sin formar la propia.
Tal vez era tan intensa como feliz. Intensa, porque vivió hasta el extremo por los ideales que abrazó desde tan joven. Para ella, el humanismo cristiano no era tan sólo un conjunto de principios; siempre fue la exigencia ética de entregar la vida al servicio de la causa.
Su causa también fue la de su partido. Militante de la Democracia Cristiana casi desde niña, sirvió en todos los niveles de la actividad partidaria. Estuvo en la directiva y en el Consejo Nacional; en la junta y en los congresos. Pero gozaba más en las reuniones de base, donde tantas veces reivindicó el rol de los militantes más humildes, tal vez porque allí también veía a los más excluidos, a los que ella siempre quiso representar en el ámbito sindical.
María fue así, un ejemplo de militante y de dirigente, de esos ejemplos que ya casi no nos quedan.
Por eso, tantos han querido recordarla hoy. Muchos trabajadores sentirán que con su partida se les va una líder, una amiga, una defensora.
Y nosotros, los que la conocimos, sabemos que cuando no vayamos tan rápido como ella quisiera, nos volverá a retar, como muchas veces lo hizo, y entonces la volveremos a querer, y ella reirá, como lo hacía a veces, menos de las que se merecía. Así sabremos que sigues entre nosotros. Y nosotros contigo. Y, a través de ti, con los trabajadores de la patria, que han llorado muchas lágrimas recordando a la María Rozas , a la que dio su vida por ellos y por todos los excluidos a los que quisiste con toda la fuerza de mujer chilena, valiente y luchadora.
Tu partida nos deja una herida y una gran tarea: reivindicar cada una de de las conquistas que te hicieron tan cercana a la gente.
María Rozas inspiró con sus palabras y vocación a muchos de los que hoy estamos en la Democracia Cristiana y en política.
Chile llora la partida de una gran mujer, ejemplar en la lucha de los derechos sindicales.
A su familia dirijo estas líneas: gracias por haber dado a nuestro país una noble y excepcional mujer, que nos enseñó que la verdadera vocación de servicio está en dar hasta nuestro último esfuerzo por quienes más lo necesitan.
A mis camaradas, les digo que tenemos una gran tarea por delante: ser capaces de seguir la huella de María Rozas , pero también la de Manuel Bustos , de Eduardo Frei Montalva , de Radomiro Tomic, de aquellos grandes defensores de la falange y del humanismo cristiano, que nos enseñaron que nuestros esfuerzos siempre deben estar centrados en hacer crecer nuestra patria, con profundos colores de justicia social, de solidaridad y fraternidad, en pos de un Chile con más oportunidades para todas y todos, donde crezcan nuestros hijos libres y con valores de pensamiento democrático y humano.
Querida María , diputada , sindicalista, amiga y camarada, hoy tu bancada te despide; hoy, en el seno de la Cámara, se te reconoce. ¡Descansa en paz y que Dios bendiga tu gran obra, que escribiste con tu historia en beneficio de Chile y de su gente!
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Para rendir homenaje en nombre del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA, doña María Antonieta (de pie).- Señor Presidente , en primer lugar, entrego mis condolencias a toda la familia y a los amigos y amigas de María que nos acompañan; a sus camaradas y a las y a los integrantes de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana; a sus compañeros de la ANEF y de la CUT.
Saludo en este momento tan solemne en que honramos su nombre y su recuerdo al interior del Congreso Nacional, al cual también perteneció en una etapa de su vida.
Debo decir que el pasado 6 de mayo, al conocer el fallecimiento de María , me embargó una gran nostalgia y, a su vez, una gran pena y dolor. Nostalgia, porque con ella compartimos muchas cosas: el nombre, la profesión de maestras y el ser mujeres políticas en un mundo mayoritariamente masculino; también el estar permanentemente luchando por los más discriminados y discriminadas de nuestra sociedad.
Nostalgia de la década de los 80, cuando compartimos la lucha contra la dictadura y por la libertad y la democracia en nuestro país, en la Coordinadora Nacional Sindical y en las Mujeres por la Vida.
Recuerdo aún una reunión de mujeres de la Coordinadora Nacional Sindical dirigida por María Rozas , en la casa de retiro de los jesuitas, en Padre Hurtado, donde nos rodearon agentes de la CNI; sin embargo, las 200 mujeres que estábamos ahí seguimos adelante con nuestra reunión, con el coraje de la María.
Además, nos unió con María el haber compartido la representación del mismo distrito, el N° 17, a fines de la década de los noventa. Quizás, ésa fue la primera oportunidad en que dos mujeres compartimos un mismo territorio de representación parlamentaria.
Sin embargo, el dolor y la pena también formaron parte del sentimiento inicial al enterarme de su deceso. Dolor y pena, porque María, bajo esa aparente coraza de dureza con que muchos han intentado caracterizarla, era una persona muy sensible y afectiva.
Transmitía, sinceramente, la calidez de las almas verdaderas, la cual en más de una oportunidad me correspondió conocer en tantas manifestaciones y actuaciones de su vida política y gremial.
De ahí, la pena; porque sentía que habíamos perdido a una gran mujer, con consecuencia y convicciones profundas y con un testimonio de vida que sólo entregan los que honran con su ejemplo la acción que predican con la palabra.
Algunos colegas han señalado que María era enérgica y peleadora. Pero ¡cómo no iba a serlo, si tenía que abrirse camino en un mundo político y sindical, donde el factor masculino era mayoritario, donde la mujer dirigente no siempre era bien vista ni respetada! Por ello, tenía que alzar la voz para ser escuchada y confrontarse con aquellos cuya opinión creían más valedera y respetable que la suya. Ella lo lograba, corriendo siempre el riesgo de ser juzgada con adjetivos calificativos no necesariamente agradables, y con un alto compromiso personal, de consecuencias profundas y férreas a favor de las causas que abrazaba.
El mundo que le tocó vivir no fue sencillo. Parte de su adolescencia y juventud la desarrolló en un país en el que no existían libertades públicas, en el que cualquier disidencia con el pensamiento oficial era castigada con el repudio público o la cárcel, en el mejor de los casos, como lo sufrieron cientos de dirigentes políticos y sindicales, con la tortura y, en algunos casos, con la muerte o desaparición.
María, con el compromiso que la caracterizaba, abrazó fuertemente la lucha por la recuperación democrática. Lo hizo desde un lugar en que las mujeres en Chile recién comenzaban a dar sus primeros pasos: el gremio y el sindicato.
Así, desde sus primeros momentos en Santiago, la joven profesora Rozas se incorporó a la naciente Coordinadora Nacional Sindical y como dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech).
Seguramente, fueron los primeros espacios de organización de trabajadores que se dieron en la dictadura militar. Con posterioridad, trabajó como dirigente nacional del Colegio de Profesores y en la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores.
En esa etapa, no logró fácilmente ganar sus espacios. Debió competir con dirigentes que no forzosamente confiaban en ella. Pero eso era el mal menor, pues también debió lidiar con la persecución, con el soplonaje y con los aparatos represivos de la dictadura, que buscaban abortar cualquier posibilidad de articulación en el mundo político, social o laboral. Sin embargo, triunfó, y de tanto empecinarse y entregarse a su misión, junto a otros luchadores logró rearticular el movimiento de trabajadores, llegar a la democracia y hacer surgir la esperanza de un nuevo país en el horizonte de los chilenos y chilenas.
Entonces, María de nuevo tuvo que reinventarse, pues ya la misión no era la democracia, sino la recuperación de los derechos de los trabajadores arrebatados durante el período dictatorial. El movimiento sindical debía fortalecerse y enfrentar los grandes desafíos que el país debía realizar para entregar mayor igualdad y participación.
Por eso, desde su espacio gremial siguió participando en comisiones, consejos, organismos e instancias internacionales, levantando su voz y desplegando su espíritu para que la labor no decayera y el trabajo fuera fructífero.
En eso estaba, cuando falleció su gran amigo en el movimiento sindical, el entonces diputado Manuel Bustos, con quien yo compartía distrito, y debía ser reemplazado.
A mi juicio, para su partido, la Democracia Cristiana, la elección para designar a quién ocuparía ese cargo no fue difícil. Después de Manuel, la gran figura del mundo sindical era María Rozas . Nadie como ella merecía el honor de reemplazar a quien fue su compañero en innumerables jornadas sindicales. Así se hizo; y un día de primavera, en octubre de 1999, María asumía como nueva diputada del distrito 17, integrado por las comunas de Conchalí, Renca y Huechuraba .
María fue de esas personas que dejan huella. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en las Comisiones de Trabajo y Educación, con conocimiento de las materias, aportó su sabiduría y experiencia en la discusión de cada proyecto.
Mantener el doblaje en el distrito era una tarea difícil y, lamentablemente, María no fue reelecta. Pero eso no la amilanó. Volvió a sus tareas en el mundo sindical y a su por-fía por levantar las causas que creía valederas.
Estaba en eso en el último tiempo, la misma de siempre, cuando el cáncer, que también nos llevó a Manuel, la detuvo para siempre. ¡A ella, a quien la adversidad parecía acompañarla para derrotarla, a quien se repuso ante el desafío mayor, a quien la vida le entregó por misión la lucha permanente, con sólo 55 años, murió de pie y desafiante el pasado 6 de mayo!
Nos queda su gran recuerdo, su imagen de mujer luchadora, su ejemplo y consecuencia, su convicción de que las cosas pueden cambiar, por sobre todo, el ejemplo de una mujer buena, que permanecerá en la memoria de todos y todas de quienes la quisimos bien.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO ( Presidente ).- Para rendir homenaje en nombre de las bancadas de diputados de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marcela Sabat.
La señora SABAT (de pie).- Señor Presidente , señoras diputadas y señores diputados, familiares y amigos de la ex diputada María Rozas:
¡Qué más quisiera que dar un testimonio tan cercano y sentido sobre María Rozas como el que acaba de entregar la diputada María Antonieta Saa ! No tuve la suerte de conocerla. Pero el hecho de que esté aquí en representación de mi partido, Renovación Nacional, y de la Coalición por el Cambio, para hablar de ella, quiere decir que trascendió y dejó un legado importante a todos.
Hace poco más de un mes, nuestra Cámara de Diputados recibió una noticia que a nadie dejó indiferente. En los pasillos y salas del Congreso se lamentaba la triste y, tal vez, inesperada muerte de la ex diputada María Rozas . De a poco comenzaban a surgir, espontáneamente, los recuerdos y las anécdotas, respecto de una parlamentaria que, con gran entrega y dedicación, demostró con hechos que las mujeres tenemos mucho que decir en política.
Su vida es un ejemplo de valentía. Sus 55 años fueron mucho más que cinco décadas y media de vida. Fue una incesante lucha por los trabajadores y el profesorado; un trabajo, sin pausas, por defender sus ideas y por llevar su mensaje de paz social al mundo sindical. Al fin y al cabo, fue una vida en la que siempre los intereses del país estuvieron por sobre sus intereses personales y en la que no hubo tiempo para el descanso. Ni siquiera cuando debió enfrentar, con las pocas fuerzas que le quedaban, su última lucha, una lucha contra un enemigo mucho más temerario que la peor de las injusticias sociales: el cáncer.
Mucho antes de la aparición de esta enfermedad, fue consejera nacional de la Democracia Cristiana, su partido de toda la vida, del cual llegó a ser vicepresidenta nacional. Tal reconocimiento se debió, como es lógico, a su trabajo como dirigenta educacional y sindical. Conocía muy bien ambos mundos, el primero por su formación, como profesora de educación básica, y el segundo, por interés profesional.
Más allá de las fronteras de su partido, fue una de las principales promotoras de la creación de la CUT, en la que la nombraron dirigenta nacional de su departamento de Educación, para luego llegar a ser vicepresidenta e incluso secretaria general, durante los años noventa. María Rozas siempre visualizó esta tribuna como una forma de servicio público, que le permitiría enfocar su trabajo hacia los trabajadores, y en especial hacia el mundo de los profesores. Esa vocación de servicio público la trajo hasta este Congreso Nacional.
En 1999 falleció el diputado por Conchalí , Huechuraba y Renca , Manuel Bustos , también de cáncer. Entonces, María Rozas debió reemplazarlo en sus tareas legislativas. Y no le fue difícil, pues ambos compartían una connotada trayectoria al mando de organizaciones sindicales y sentían un respetuoso interés por consolidar la institucionalidad del mundo del trabajo en nuestro país.
En su corta pero intensa carrera política, María Rozas se destacó siempre como una mujer que participaba activamente en connotadas discusiones relacionadas con materias laborales y educacionales, como lo he dicho en reiteradas ocasiones. Y hoy, en un Congreso Nacional que es integrado en un 86 por ciento por hombres, su ejemplo está más presente que nunca.
María Rozas nos enseñó que las mujeres tenemos una importante voz en política y que todos, hombres y mujeres, sin distinción, debemos contribuir al desarrollo de Chile.
Desde esta perspectiva, podemos concluir que uno de los mejores homenajes que nuestro país le rinde es que hoy su querido distrito N° 17 sea representado por dos mujeres: las diputadas Karla Rubilar y María Antonieta Saa . Esperamos que el testimonio de ellas, así como el de tantas otras que dedicamos nuestra vida a los asuntos públicos, permita que más y más mujeres chilenas asuman la difícil pero gratificante misión de construir el país que necesitamos para las futuras generaciones.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Para rendir homenaje en nombre del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING (de pie).- Señor Presidente , distinguida familia y amigos de María Rozas , estimados colegas. No me cabe duda de que a Denise Pascal o Clemira Pacheco les habría encantado estar en mi lugar para rendir este homenaje a María Rozas . Diversas circunstancias impidieron que así fuese. Espero estar a la altura de lo que hubiesen hecho.
La partida de María se siente en los sindicatos, en los gremios, en las organizaciones no gubernamentales, en los partidos políticos y, por cierto, en nuestro Congreso Nacional, en especial, en la Cámara de Diputados, a la que perteneció.
Una de las nuestras nos deja con el recuerdo de su obra, con el mensaje para las generaciones futuras de seguir luchando sin cejar en la consecución de una sociedad más justa y la convicción forjada con su propio ejemplo de que no solo es posible, sino necesario avanzar con mayor fuerza en mejorar las condiciones de trabajo y de vida de millones de chilenos y chilenas.
Rendir un homenaje a María Rozas debería ser fácil, si pensamos en su importancia para el movimiento sindical chileno. Sin embargo, al mismo tiempo, es algo tremendamente complejo, debido a la dificultad que nos presenta el traer en pocas palabras una vida rica, una lucha intensa y el significado de su obra para el país, para el movimiento popular, para su partido y para las mujeres. Y es que se ha ido uno de los personajes que hicieron historia levantando el nombre del sindicalismo a lo más alto, precisamente, cuando era más difícil; cuando reinaba la represión y la violencia de Estado, cuando el trabajador chileno había perdido el sitial que otrora le entregaran sus propias luchas reivindicativas.
María Rozas fue educadora y una apasionada militante de la Democracia Cristiana por más de treinta años, donde ocupó el cargo de consejera nacional durante tres períodos y llegó a ser primera vicepresidenta nacional.
Todos sabemos de la cantidad de obstáculos que han debido sortear las mujeres para integrarse en igualdad de condiciones a la política, lo que aún no se ha logrado plenamente, por ello, el solo hecho de mencionar su trayectoria de vida política nos devela el esfuerzo que había en esta enorme mujer.
También cumplió con un destacado rol de dirigenta de la Asociación Gremial de los Educadores de Chile, apenas recién salida de la sede de Chillán de la Universidad de Chile. Posteriormente, fue una importante dirigente del Colegio de Profesores, organismo que ayudó a fortalecer. Hablamos de una educadora, que tenía muy claro que la mejor educación que se puede entregar a los niños de nuestro país es el ejemplo de una vida en lucha permanente por ideales. Siempre estaremos agradecidos de su rol como dirigenta gremial, porque fue, en el mundo de los profesores, un factor de cohesión y unidad que permitió a los docentes evidenciar las injusticias que se cometieron contra la educación chilena en la dictadura militar, que hasta el día de hoy pagamos, y, asimismo, ello le permitió convertirse en un referente para muchos otros gremios en el país.
Fue a ella a quien el querido Manuel Bustos , por allá en 1979, cuando la situación de los trabajadores chilenos era muy precaria, encomendó la misión de representar a Chile en la Ciosl, Cooperación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, en España, y ese mismo año María Rozas llegó a ocupar la presidencia del departamento femenino de la Coordinadora Nacional Sindical, de la que también formaba parte desde su egreso universitario. En otras palabras, hablamos de una persona que no sólo no eludía las responsabilidades políticas y gremiales, sino, además, estaba dispuesta a asumir el trabajo intersindical que fuese necesario para continuar con la lucha por una sociedad más justa y más igualitaria, donde los trabajadores se encontraran efectivamente representados políticamente.
Recordemos también que María Rozas fue una de las fundadoras de la Central Unitaria de Trabajadores -en 1988-, donde participó activamente hasta el fin de sus días. Allí desempeñó con valentía e inteligencia la vicepresidencia, entre 1991 y 1995 y, por supuesto, la Secretaría General, entre 1996 y 1998. Desde entonces, la CUT, al representar los intereses de los trabajadores chilenos frente a las autoridades de turno, ha sido uno de los pilares de nuestra democracia. Allí, María Rozas no sólo consolidó un liderazgo entre sus pares, sino que, a través de sus roles de alta responsabilidad política y organizacional, mostró a todo el país el rostro de una organización sindical seria, con ideales y metas claras. Un legado para esta organización que no desaparecerá en la medida en que lo que ella representaba se siga sosteniendo como un estandarte. ¡Cuánta falta le hace hoy María Rozas a la CUT!
Pero hay que decir que los ámbitos de participación para María Rozas fueron múltiples. Además de la dirigencia gremial y sindical, fue la representante de los trabajadores en el Consejo del Hogar de Cristo entre 1984 y 1992.
Estando en esa función, alrededor de 1992-1993, me correspondió participar en una especie de caravana que recorrió diferentes ciudades de Chile abogando, desde distintos puntos de vista, por la canonización del Padre Hurtado. Entre otros, integraban esa pequeña caravana el ex diputado Gustavo Alessandri y la ex diputada Mariana Aylwin .
Precisamente, ella fue la encargada y la más indicada para reemplazar a Manuel Bustos en su cargo de diputado , en 1999, de modo que perteneció a la Cámara Baja representando al distrito Nº 17, hasta 2002. Como diputada , María Rozas fue una activa participante en las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.
Su espíritu siempre fue la conciliación y el respeto por los derechos de los trabajadores. En este sentido, quiero destacar unas palabras pronunciadas por ella en 1999. En una entrevista al boletín de la Dirección del Trabajo, María Rozas dijo:
“En Chile, no tenemos asumida la importancia del diálogo social. En los sindicatos, al empresario y al gobierno se los ve como “el enemigo”, al igual como ellos nos ven a nosotros. Con esa lógica, no hay ninguna posibilidad de asociarnos en cosas fundamentales”.
¿Diálogo social no es acaso lo que hoy están pidiendo jóvenes, estudiantes, ecologistas, trabajadores, jubilados y mujeres?
María Rozas no estaba para pequeñas disputas, sino para aquellas verdaderamente importantes, las que significan un cambio verdadero del pacto fundante de una sociedad moderna. Y su mensaje claro y fuerte fue un llamado al diálogo social; a no vernos como enemigos, sino parte de una sociedad que tiene metas y planes comunes.
Por cierto, María Rozas era una visionaria y una mujer incansable que luchó hasta el fin por la vida, porque sabía que, sin ella, estaríamos más solos.
Hoy le rendimos este sentido homenaje a ella, una de las mujeres más importantes del Chile del siglo XX y comienzos del XXI, a quien no olvidaremos quienes la conocimos y fuimos parte de las mismas reivindicaciones.
Para María Rozas Velásquez , educadora y dirigente sindical, diputada de la República , quiero expresar mi más sentido y respetuoso adiós que, en realidad, también es una afirmación del compromiso de seguir luchando por la justicia social y la igualdad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Para rendir homenaje en representación del Partido Comunista de Chile, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER (de pie).- Señor Presidente , honorable Cámara, ante el recuerdo de María Rozas Velásquez , según señala con claridad su biografía, uno podría poner énfasis en algunos de sus tantos atributos para expresar sentidas palabras de homenaje ante su reciente fallecimiento; a la dirigente sindical, a la dirigente nacional del Partido Demócrata Cristiano, a su condición de profesora, a su condición de ex diputada de la República .
Las diferentes intervenciones que se han desarrollado en esta oportunidad han puesto énfasis en las cualidades que la caracterizaron.
Quiero, en nombre del Partido Comunista de Chile, de su bancada parlamentaria, y también del diputado Sergio Aguiló , hacerme presente en este merecido homenaje, y colocar, en primer lugar, su condición de importante figura del movimiento sindical chileno.
Pero, antes de ello, permítaseme expresar mis más sinceras condolencias a su familia. Seguramente, no le será fácil llevar el duelo, el no tener cada día ni su figura ni su voz.
Expreso, en este Hemiciclo, nuestras condolencias a la Democracia Cristiana, que tras su muerte ha perdido a una militante que logró para sí y su partido innumerables experiencias en la lucha política, tanto contra la dictadura como en los años posteriores, inmersa en las luchas sociales, en el seno de las organizaciones sindicales.
Expreso mis condolencias al magisterio. No podemos olvidar su intervención el pasado 8 de marzo en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, en el cual se hiciera el acto de homenaje al Día Internacional de la Mujer del Colegio Metropolitano de Profesores , ocasión en la cual pidió a esa organización gremial que le hiciera llegar su carné de miembro pleno en cuanto profesora y con sus cotizaciones al día, para seguir luchando de mejor manera en defensa de la educación pública.
Le expreso mis condolencias a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la ANEF, y al movimiento sindical en general, por la pérdida de una de sus dirigentes más emblemáticas, ferviente defensora de los derechos de las mujeres, luchadora hasta el final de su vida por un posnatal universal de seis meses, como también por la igualdad de hombres y mujeres en los derechos laborales, buscando siempre la unidad en la diversidad para hacer posible tales objetivos.
Lo que acabo de reconocer y saludar, vinculándolo con el ejemplo de María Rozas, no es menor. Ello cobra suma importancia, en particular, hoy, cuando las demandas de los trabajadores, requieren de vastas movilizaciones para lograr cambios políticos y respuestas a sus reivindicaciones.
La historia del movimiento sindical chileno es portadora de un rasgo importantísimo: es un movimiento unitario, y esto resulta notable cuando se observan, a lo largo y ancho del mundo, experiencias de centrales sindicales estructuradas por visiones ideológicas, lo que trae, las más de las veces, la dispersión, el fraccionamiento infértil e inútil de los trabajadores.
La presencia de María Rozas , como ayer la de Manuel Bustos , trae consigo de un modo práctico, concreto, la experiencia palpable de que es posible tener visiones ideológicas distintas, pero, a la vez, generar los acuerdos necesarios para que la movilización reivindicativa de los trabajadores se fortalezca.
Esto tiene una importancia fundamental. María Rozas, al igual que innumerables dirigentes sindicales, es portadora de esa experiencia que debemos cuidar y respetar.
Soy testigo del impacto de su fallecimiento entre los dirigentes sindicales chilenos. El día de su fallecimiento, a medianoche, una delegación de miembros del Comité Central de mi Partido, hicimos una guardia de honor en reconocimiento a su legado.
Las experiencias de unidad se han desarrollado en décadas de lucha y movilizaciones sindicales, cuando la unidad se desarrolla en equilibrio, las cuestiones políticas y sociales, sin duda, se convierten en un cimiento sólido que la gente aprecia.
Sinceramente, creo que el aporte de María Rozas , como heredera y continuadora de esta tradición, la convierte en uno de los líderes nacionales e históricos dignos de estudiar y difundir entre las nuevas generaciones.
María Rozas tuvo un comportamiento, un discurso y una argumentación con apego y respeto al contexto de unidad, sin perder de vista nunca los intereses superiores de los trabajadores.
Fue también artífice en la construcción unitaria que logró el pacto instrumental que rompió la exclusión de veinte años que pesaba sobre el Partido Comunista y que aún sigue respecto de otros partidos, en especial, en movimientos sociales y ciudadanos que sienten al mundo político como distante y poco representativo.
Quiero agradecerte, María Rozas , el especial afecto que nos prodigaste siempre. Esperamos en tu nombre y en el de tantos y tantas trabajadores y dirigentes sociales que aportaron y siguen aportando al objetivo de terminar con la exclusión, perfeccionar la democracia y abrir paso a la participación del pueblo en la determinación sobre asuntos tan esenciales como la educación, el medio ambiente, el desarrollo sustentable y la matriz energética. De esa manera, estamos seguros de que honramos tu memoria, porque era uno de tus sentimientos más fervientes.
María Rozas , estimada amiga, hoy te ha acogido el silencio de la muerte, pero ten la confianza de que el olvido no está grabado en la piedra que protege ese sueño eterno. ¡No te olvidaremos!
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Para rendir homenaje en nombre del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA (de pie).- Señor Presidente , honorable Cámara, familiares de María Rozas , compañeros dirigentes de la ANEF y de la CUT; senador Ignacio Walker , presidente de la Democracia Cristiana ; queridos colegas de la bancada de la DC; amigos y amigas de María Rozas , en nombre del Partido Radical Social Demócrata, rindo homenaje a esta incansable luchadora por los derechos de los trabajadores.
Fundadora de la CUT, llevó sus convicciones a la acción política. Primero, desde el anonimato; luego, desde la dirigencia sindical y, más tarde, como diputada de la República . Se empapó del dolor de los humildes y trabajó incesantemente por sus reivindicaciones; a veces, con éxito y, otras, con la frustración de no satisfacer justas demandas sociales.
María Rozas encarnó, como nadie, la consecuencia entre el pensar y el hacer. En tiempos difíciles para el pensamiento libre o el pensamiento disidente del Estado impuesto a la sociedad chilena, María Rozas fue la voz firme en un Chile donde el hombre era el lobo del hombre.
Los radicales supimos de su solidaridad, de su fraternidad y de su entrega en la búsqueda de acuerdos para mejorar Chile. Son numerosos los dirigentes de nuestro partido que conocieron de su afecto, de su entrega y también, por qué no decirlo, de su amor incansable por buscar entre todos los movimientos del país, la unidad necesaria para derrotar la dictadura.
María Rozas vive en tantos y tantos que conocimos su temple y su amor por la libertad y la justicia. Se dice que, a veces, están listos los pueblos y no aparecen los líderes, o en otras, que están listos los líderes y no los pueblos. María Rozas hizo coincidir ambas circunstancias. Ella fue líder cuando Chile estuvo listo para sacudirse la antidemocracia. Hoy, mirando el pasado, en el que María Rozas fue actora principalísima, es más necesario que nunca recoger su ejemplo.
La clase política, es decir, nosotros, debemos reencontrar los caminos que nos permitan unir nuestros esfuerzos para conquistar los sueños y las esperanzas pendientes que nuestra sociedad reclama. En Chile, hay más ejemplos en el pasado y en el presente, y los habrá también en el futuro, seguramente, de mujeres entregadas a la lucha social. María Rozas nos inspira a todos en este empeño. ¡Gloria eterna en memoria de esta mujer única que vivirá por siempre en la memoria de nuestro Chile!
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a la ex diputada María Rozas Velásquez, recientemente fallecida.
Saludamos nuevamente a Ivonne y Luis Rozas, hermanos de nuestra homenajeada; a sus amigos y, especialmente, al presidente nacional de la Democracia Cristiana , señor Ignacio Walker.
-Aplausos.
V. ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DEL CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde continuar el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, con urgencia calificada de “suma”.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, boletín N° 6415-08, sesión 41ª, en 14 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Recuerdo a la Cámara que en la sesión del pasado 1 de junio se rindieron los informes de las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda, ocasión en que la Sala, sin cerrar el debate, acordó que también lo informara la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Diputada informante de esa Comisión es la señora Andrea Molina.
Tiene la palabra la diputada informante .
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, y en cumplimiento de un acuerdo de esta Sala, de fecha 1 de junio, paso a informar sobre el proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
La iniciativa tiene por objeto regular el cierre de faenas e instalaciones mineras para prevenir, minimizar o controlar los riesgos o efectos negativos que se generen sobre la salud y seguridad de las personas o del medio ambiente, con ocasión del cese de sus operaciones o que continúen presentándose con posterioridad a éste y como consecuencia suya.
La fundamentación de esta iniciativa es que no existe una regulación íntegra de la etapa de cierre o abandono o postoperacional, la que es una fase más del ciclo de los proyectos mineros, que forma parte inseparable de la totalidad de ellos o de la actividad, en la que podrán generarse impactos negativos de los cuales la empresa minera debe hacerse cargo, además de que los costos que demande también deben ser considerados en el proceso productivo.
La expresión más clara de la falta de regulación aplicable a la etapa de cierre de faenas e instalaciones son los pasivos mineros, los cuales presentan riesgos para la población y el medio ambiente. Constituye una responsabilidad histórica para el Estado detener la progresión de ellos.
La importancia de una regulación de cierre de faenas mineras obedece a la necesidad de considerar esta etapa como parte de la planificación minera, ya que es una de las pocas actividades industriales que se sabe de antemano que su duración es finita.
También se pretende internalizar el costo del cierre por parte de las empresas mineras, de modo que, una vez producido, sus operaciones no afecten negativamente a la población y al medio ambiente. Así contribuirá al desarrollo sustentable del país.
Asimismo, es preciso tener presente que, en 1994, con la promulgación de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , se establecieron las responsabilidades por daño ambiental y la necesidad de evaluar los impactos ambientales de los proyectos o actividades en todas sus etapas, lo cual significó introducir la evaluación de impactos con posterioridad al cese de operaciones de los proyectos y la identificación de medidas de mitigación.
Así es como, desde 1997, el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de los proyectos de inversión indicados en el artículo 10 de la ley N° 19.300 y en el artículo 3° del decreto supremo N° 30, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ha operado en forma obligatoria, correspondiendo uno de ellos a los “Proyectos de desarrollo minero”, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles”, los que, a través de una declaración de impacto ambiental (DIA) o estudio de impacto ambiental (EIA), deben obligatoriamente evaluar dicho impacto en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, con el transcurso de los años y la experiencia, los planes de cierre se han detallado cada vez más, las medidas de cierre propuestas para mitigar impactos han quedado como compromisos adquiridos por las empresas en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental, junto con la obligatoriedad de presentar un plan de cierre detallado, antes de su inicio, que sea visado o aprobado por la Comisión de Evaluación.
Durante la discusión en la Comisión, por acuerdo unánime se aprobaron los artículos 1°, 6° al 12, 14 al 43, 45 al 47 y 49 al 60, permanentes, y los cinco artículos transitorios, en los mismos términos acordados en la Comisión de Minería y Energía.
Consecuentemente, la discusión sólo versó respecto de aquellas disposiciones que fueron objeto de indicaciones.
En el artículo 2°, referido al objeto del plan de cierre de faenas mineras, se aprobó una indicación que precisa que dicho objeto debe ser, además, con resguardo del medio ambiente. Ello, por cuanto la finalidad del proyecto original era la prevención, minimización y control de los riesgos o efectos negativos que se generan sobre la salud y seguridad de las personas o del medio ambiente al cesar las operaciones mineras.
En el artículo 3°, que define varios conceptos como la estabilidad física, la estabilidad química y el post cierre, “que comprende las actividades de monitoreo y verificación de emisiones y efluentes y, en general, el seguimiento y control de todas aquellas condiciones que resultan de la ejecución de las medidas y actividades del plan de cierre, para garantizar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar, así como el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas, de acuerdo a la ley.”; se aprobó una indicación para intercalar en la letra h), entre las palabras “control” y “de”, “en agua, en aire y en suelo”, lo que dice relación con la estabilidad química. Con esto, se abarcan las aguas superficiales y las subterráneas
Asimismo, se aprobó otra indicación para incorporar en la etapa de post cierre, además del resguardo de la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente.
El artículo 4° otorga un carácter sectorial al plan de cierre y señala que la empresa minera no podrá iniciar la operación de la faena minera sin contar, previamente, con un plan de cierre aprobado en la forma prescrita en la ley.
En este artículo se aprobó una indicación para precisar y asegurar que el cumplimiento de las obligaciones de reparación, mitigación o compensación diversas a las prescritas por esta ley, respecto de los predios superficiales, se deberá efectuar, en conformidad a lo establecido en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , y a la normativa ambiental aplicable.
El artículo 5°, que se refiere a la autoridad competente y sus funciones, establece que el Sernageomín es el encargado de revisar y aprobar sectorialmente los aspectos técnicos de los planes de cierre de faenas mineras y sus actualizaciones, como asimismo velar por el cumplimiento de las obligaciones de la empresa minera causadas por los planes de cierre aprobados. Entre sus funciones está la de disponer o evaluar las modificaciones y actualizaciones a los planes de cierre aprobados.
En la Comisión se aprobó una indicación al artículo 4° para señalar que tales modificaciones y actualizaciones deben realizarse en conjunto con la autoridad ambiental, si correspondiere.
Con la indicación se pretende que respecto de aquellas faenas que no se someten a resolución de calificación ambiental, exista una autoridad ambiental que evalúe las medidas que serán implementadas y ejecutadas para el cumplimiento de los planes de cierre de faena, cuando correspondiere.
En el artículo 13 se aprobó una indicación para agregar, entre los requisitos del plan de cierre, un programa de difusión a la comunidad sobre la implementación del plan de cierre de la faena minera, a excepción de aquellas que le corresponda el régimen simplificado. Es decir, la obligación es sólo para las empresas de más de 10.000 toneladas mensuales.
En el artículo 44, sobre la declaración del incumplimiento, se estableció que si el incumplimiento versare sobre materias cuya calificación estuviere contenida en la Resolución de Calificación Ambiental e incidiere en la determinación del incumplimiento total o parcial del Plan de Cierre, el Servicio deberá resolver previo informe vinculante de la Superintendencia de Medio Ambiente, la que deberá informar dentro del plazo de quince días. Ello, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia del Medio Ambiente , de conformidad con su ley orgánica.
El proyecto que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, cuya tramitación legislativa comenzó en el Senado, en muy bueno.
Con todo, pensamos que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente lo mejoró muchísimo, sobre todo porque validamos la condición de resguardar el medio ambiente. Tenemos que ir acostumbrándonos a esta expresión, ¡medio ambiental! porque llegó para quedarse.
Por eso, invitamos a la Sala a votar favorablemente las indicaciones aprobadas en la Comisión de Recurso Naturales. Así estaremos dando curso a un proyecto que todos los chilenos esperamos.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , la semana antepasada analizamos este proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. En esa oportunidad defendí las indicaciones de la Comisión de Hacienda, toda vez que perfeccionaban el proyecto despachado por la Comisión de Minería. Por lo demás, en el Senado prácticamente no tuvo modificaciones.
También di mi aprobación para que lo conociera la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Al respecto, nunca me he opuesto a que se traten los temas medioambientales. Sin embargo, sobre esto quiero ser muy claro y preciso, algunas indicaciones apuntan a otro tipo de objetivos, y es a lo que me voy a referir.
En aquella oportunidad expresé el gran avance que significa este proyecto, toda vez que dota a nuestro ordenamiento jurídico-ambiental y de seguridad de mayor eficacia normativa. Esto, claro está, con miras a que las futuras generaciones hereden únicamente los beneficios económicos y sociales derivados de las labores ejecutadas por la industria extractiva minera y, de ninguna forma, pasivos ambientales que vayan aparejados a dichos beneficios.
En la Comisión de Hacienda y también en la Sala consta que fui muy crítico, conducta que mantengo, sobre el tratamiento que da el proyecto a la industria de los hidrocarburos, con la cual estoy familiarizado en mi calidad de diputado de la Octava Región del Biobío .
En mi intervención en esta Sala señalé que prefería que esa industria fuera regulada en un cuerpo legal distinto, atendidas las inconsistencias de técnica legislativa y de política pública que se derivan de regular en un mismo instrumento industrias tan distintas entre sí. Con las indicaciones que aprobamos mayoritariamente en la Comisión de Hacienda, logramos eliminar algunas de las inconsistencias del proyecto para la industria de los hidrocarburos.
En efecto, casi la totalidad de los diputados integrantes de esa Comisión coincidimos transversalmente con el Ejecutivo en la paradoja que se presentaba, pues las faenas asociadas a la producción de hidrocarburos no requieren de la construcción de tranques de relave, ni grandes modificaciones del terreno, como en el caso de la minería tradicional metálica, sin embargo, se le estaba aplicando un tratamiento mucho más exigente que el contemplado para ésta. Por tanto, y con la finalidad de aplicar condiciones similares a las establecidas para la minería tradicional y que no se mantuviera esa discriminación arbitraria en contra de la industria de los hidrocarburos, en la Comisión de Hacienda, en acuerdo con el Ejecutivo , impulsamos una indicación al artículo 48 del proyecto de ley, para establecer umbrales de extracción de hidrocarburos que siguieran la misma lógica de los establecidos para la extracción de mineral, es decir, determinar en qué casos los proyectos de explotación de hidrocarburos deben sujetarse al procedimiento simplificado o al general. De lo contrario, el proyecto habría carecido de constitucionalidad, ya que discriminaba a la industria de los hidrocarburos al no establecer los mismos beneficios que se otorgan a la industria minera metálica.
Sobre este punto quiero ser bastante claro. Sé que existió cierta confusión en la Comisión de Recursos Naturales. La indicación de la Comisión de Hacienda sólo pretendió que los hidrocarburos tuvieran el mismo tratamiento que se da la minería tradicional metálica, toda vez que el proyecto que recibimos del Senado le daba un tratamiento discriminatorio en perjuicio de la industria hidrocarburífera. De esta forma, y considerando la indicación introducida por la Comisión de Hacienda, los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos están sujetos a la obligación de presentar un plan de cierre de faenas al Sernageomín. Pero sólo aquellos que se empinen por sobre los umbrales establecidos están sujetos a la obligación de constituir garantía.
Ése es el tema de fondo. Queremos darle una nueva responsabilidad a la Empresa Nacional del Petróleo, para que haga las reservas de las garantías. ¿Por qué no decimos con claridad que hay gente que, en verdad, quiere privatizar la Empresa Nacional del Petróleo?
Las indicaciones propuestas por la Comisión de Hacienda -y acordadas con el Ejecutivo - resultan del todo razonables, más aun si consideramos que cuando la futura ley entre en vigencia afectará principal y únicamente, en un primer momento, a la Empresa Nacional del Petróleo. Por el contrario, no incorporar estas modificaciones harían que el proyecto establezca un estándar de discriminación injustificado en contra de la industria de los hidrocarburos, particularmente en un contexto en el cual otras industrias con operaciones similares, como la geotérmica, no están ni siquiera comprendidas en el proyecto.
Finalmente, tal como ha sido mi tradición en el ejercicio parlamentario por más de 21 años, hoy nuevamente tengo que alzar la voz en defensa de las empresas del Estado. Permítanme señalar, con claridad, que este proyecto tenía serios perjuicios para ENAP y Codelco . Es más, las garantías establecidas sólo generaban ganancias para el mercado financiero, precisamente en perjuicio del Estado, y, lo que es peor, en momentos en que el gas en Magallanes se ha tornado una discusión nacional. Al no establecer ciertos límites a la industria de los hidrocarburos, se generan serios desincentivos a la búsqueda de nuevos recursos, lo que compromete seriamente el futuro energético de Magallanes y la sustentabilidad de la ENAP, empresa que ayer y hoy califico como estratégica para el país.
Por lo demás, la Empresa Nacional del Petróleo -relacionada con la energía en l país- tiene obligaciones legales. ¿Le vamos a colocar una nueva carga?
Quiero que cuando el señor ministro de Minería esté presente dé a conocer una salida real y efectiva para que lleguemos a un acuerdo en defensa de las pocas empresas del Estado que todavía quedan en nuestra Patria.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , no está de más señalar que este complemento, a propósito del proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, que estudió la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, fue un acierto. ¡Era posible! Costó bastante argumentar para que ello ocurriera, pero se dio la posibilidad. Me parece que ésta es una experiencia que, como Cámara de Diputados, debemos considerar en el futuro, cuando se hagan peticiones para profundizar materias y perfeccionar iniciativas.
Chile, evidentemente, es un país minero. Su ingreso principal proviene de esa actividad. Todo lo que vaya en dirección de armonizar la explotación de recursos tan importantes para el país con obligaciones para resguardar el medio ambiente, es tiempo invertido y no gastado.
Aun cuando en el proyecto existen artículos que se refieren a la especificidad sectorial en la tramitación de los planes de cierre, ante circunstancias futuras que pudiesen configurarse como daño ambiental producto de negligencias o incumplimiento de los planes de cierre y ser motivo de acciones civiles -sin perjuicio de las sanciones establecidas en el proyecto-, el juez tendrá en consideración todos los aspectos jurídicos pertinentes, dentro de los que se consignarán, además de la ley N° 19.300 y la normativa ambiental aplicable, la presente iniciativa. Por consiguiente, uno puede concluir, sin dificultad, que no es elemento sobrante ni contradictorio incluir dentro del objetivo del proyecto la protección del medio ambiente. Eso me parece importante.
Si no hacemos precisiones, la inclusión de la expresión plan de cierre “original” generará confusión al momento de aplicar la disposición correspondiente, puesto que durante la evaluación ambiental de los proyectos mineros, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se solicitará al titular presentar un plan de cierre que, en el hecho, especificará criterios técnico-ambientales generales para el cierre y abandono. Dado que dicha etapa será previa al trámite sectorial en Sernageomín, no se comprenderá cuál de ambos planes se entenderá como “original”, si el ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o al Sernageomín.
En relación con la indicación al artículo 48, quiero decir que los efectos provocados al medio ambiente, a partir de los pasivos resultantes de la explotación y beneficio de yacimientos de hidrocarburos, son similares e independientes de su capacidad productiva, a diferencia de los mineros metálicos, cuyos impactos están estrechamente relacionados con su capacidad de producción. Por ello, no se justifica establecer cuotas para la pertinencia de presentar a trámite el plan de cierre.
El proyecto crea un procedimiento simplificado para la tramitación de los planes de cierre y su propósito es evitar costos excesivos en la pequeña y mediana minería. Desde ese ámbito, debe ser valorado y bien recibido. Sin embargo, pretender establecer los mismos parámetros de protección económica a la industria de la explotación de yacimientos de hidrocarburos constituirá una medida sin sentido, dado que no participan en este rubro empresas con las características económicas mencionadas, por lo que perfectamente podrán financiar la tramitación general de sus planes de cierre.
Para concluir, permítame una última consideración. La explotación de recursos geotérmicos con fines energéticos no ha sido considerada en el campo de aplicación del presente proyecto de ley, aun cuando éstos se constituyen como recursos de origen geológico, tal como los mineros metálicos y los hidrocarburos. Se debe considerar, además, que los riesgos que generan a la salud, la propiedad pública o privada y al medio ambiente son del mismo orden que los pasivos de yacimientos de hidrocarburos, por la naturaleza de sus instalaciones y los propósitos económicos que cumple.
Aun cuando este mercado incipiente está desarrollándose recién, se considera que sería positiva una actitud legislativa proactiva. Si bien la ley, por definición, es de carácter general, el legislador debe ser capaz de prever todas las situaciones posibles de acontecer, y la geotermia, que ya es una realidad técnicamente viable y comprobada en el mundo, debe ser considerada en este proyecto. No hacerlo constituye una falta a nuestro deber de tener una actuación responsable y eficiente, porque, aun cuando la explotación de la geotermia no se ha masificado en Chile, ello no implica que no será utilizada en un futuro cercano. Las propias autoridades de gobierno han señalado que es necesario diversificar la matriz energética, para no depender de los combustibles fósiles, y propender al uso de la energía renovable no convencional.
Por lo tanto, desde la perspectiva de los avances del proyecto en cuanto a resguardar el irrestricto respeto a las normas y convenciones medioambientales, aprobaremos esta iniciativa legal.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo afectuosamente al ministro Laurence Golborne, quien se encuentra presente en la Sala.
Respecto del cierre de faenas e instalaciones mineras, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera está impulsando con mucho interés el normar espacios que estaban sin regulación en el sector de la minería. Además, de acuerdo con las intervenciones escuchadas hoy, también se ha tratado el tema de los hidrocarburos e, incluso, la geotermia.
En primer lugar, estamos en esta Sala para expresar lo que pensamos, los objetivos por los que trabajamos y los valores que defendemos.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir responsablemente al diputado José Miguel Ortiz , a quien considero un amigo, que el propósito del Gobierno no es privatizar la Empresa Nacional del Petróleo. Lo digo públicamente, porque lo que nos inte-resa es construir soluciones y no destruir las instituciones y las empresas que han prestado un valioso servicio al país. Por eso, ni la Enami, ni Codelco jamás serán privatizadas en nuestro gobierno. Varios saben los años que llevamos en el Congreso Nacional y por qué lo digo.
En segundo lugar, el informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente sobre este proyecto, entregado por la diputada señora Andrea Molina , posee la virtud de tener una enorme claridad para responder todas las inquietudes que existen sobre el particular, fundamentalmente porque las normas medioambientales se aplicarán en forma estricta, de manera que la cultura ambiental que recorre el país pueda ser representada en cada una de las acciones que se efectúen para fiscalizar un proyecto de cierre de faenas mineras.
Llevo muchos años en el sector de la minería, y por eso me preocupa -la diputada Andrea Molina también lo señaló al rendir su informe- que las faenas mineras menores de 10 mil toneladas mensuales de tratamiento tengan un trámite simplificado en relación con la autorización del proyecto de cierre de faenas mineras. Eso es muy importante, porque dichas faenas no tienen financiamiento para hacer grandes proyectos, que requieren asesores, profesionales y muchas veces son imposibles de cumplir, lo que podría transformarse en un freno para el desarrollo de la pequeña minería.
No obstante, el tema me preocupa, porque en las normas contenidas en esta iniciativa hay garantías reales que debemos entregar para avalar los proyectos de cierre de faenas mineras. La mediana minería tampoco cuenta con los recursos de que sí disponen los grandes proyectos, como manifesté en la primera discusión que se desarrolló en esta Sala. Dentro de la planificación de un proyecto de veinte o treinta años va incluido todo el plan de cierre de faenas. En otras palabras, se planifica cómo quedará la geografía y los accesos del lugar en que se hizo la explotación minera.
Por eso, existe una especial preocupación del sector de la mediana minería para que el reglamento que se elabore sea visado por personas de confianza tanto del Gobierno como de los gremios que puedan trabajar en su elaboración, porque ahí radicará el detalle, que será muy importante para saber si las instalaciones se harán en semanas, meses, años o nunca.
Como se ha señalado, el Senado discutió esta iniciativa sin ir más allá de lo que representa cualquier proyecto relacionado con el medio ambiente y el cierre de faenas e instalaciones mineras. Pero en la Cámara de Diputados se ha discutido el proyecto en detalle, porque aquí hay espacios para otras industrias que van a estar involucradas, como la de hidrocarburos. Entonces, cabe preguntarse si este proyecto permitirá que las instalaciones que utilizaron las empresas que explotaron petróleo y gas queden en condiciones de garantizar la seguridad o lisa y llanamente esto será nada más que un barniz. Obviamente, esa pregunta debe tener una respuesta.
Por eso, creo que la normativa que se establece en el proyecto avanza en esa dirección. Sin embargo, la reglamentación definirá finalmente los detalles de lo que significará este proyecto para que se pueda cumplir con la norma y ésta no sea letra muerta. Ésa es mi preocupación.
En consecuencia, aprobaremos el proyecto para que sea ley de la República y estaremos atentos a la elaboración del reglamento para que entre en operaciones en el más breve plazo.
Finalmente, cabe señalar que Chile ha sido un país minero que ha tenido ciclos de una actividad febril, pero ha tenido otros períodos de mucha pobreza, porque los precios eran bajos en los mercados internacionales. Pero hoy estamos viviendo una etapa distinta.
Por eso, esta normativa que va a regular al sector permitirá tener un mayor ordenamiento. La producción de cobre de la pequeña, mediana y gran minería seguirá creciendo, pero en un marco regulatorio que permitirá dar seguridad a los trabajadores, a las empresas y a todos los que hemos legislado en la materia.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , si hay alguien que ha defendido la importancia de que la minería y los hidrocarburos tengan un plan de cierre para que durante su vida activa se vayan resguardando los recursos necesarios y así evitar compensar o mejorar los pasivos ambientales que se generan, esa persona es quien habla. Por eso soy partidario de que el proyecto se apruebe.
En ese sentido, pediré a los colegas que rechacen la indicación de la Comisión de Hacienda al artículo 48, por los motivos que explicaré. En la práctica, eso significa que el proyecto que hoy vamos a aprobar sirva para la minería metálica, pero no para la industria de hidrocarburos.
El objetivo del plan de cierre de faenas e instalaciones mineras es resguardar, mediante garantías, un programa, una planificación ordenada, que hoy no existe, que al final del proceso minero o de explotación de hidrocarburos se realice una correcta ejecución de obras que permita resguardar el medio ambiente o mitigar el daño.
Por eso, después de la discusión que tuvimos hace unos días, el tema se debatió en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Me quiero centrar en la indicación que aprobó la Comisión de Hacienda, que solicito sea rechazada, en relación con el artículo 48, que pone un límite, un piso, una barrera para que los distintos proyectos de hidrocarburos ingresen al plan de cierre de faenas. En el caso de la minería metálica, eso tiene una justificación objetiva. Mostraré el mismo gráfico que presentamos en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, y que fue muy bien comprendido por los colegas que la integran.
Para extraer 10 mil metros cúbicos de petróleo o de gas, la industria de hidrocarburos necesita un pozo, un estanque y un oleoducto, con una intervención de aproximadamente tres hectáreas en el área de explotación. Para sacar 100 mil metros cúbicos, se necesita el mismo pozo, el mismo estanque y el mismo oleoducto.
Por lo tanto, no tiene justificación alguna establecer que las empresas que extraen menos de 600 metros cúbicos de petróleo por día quedan excluidas de la regulación del cierre de faenas. Quienes vivimos en regiones de las que se extraen hidrocarburos podemos hablar con propiedad sobre el tema, porque sabemos que, de cada diez pozos, en seis se extrae petróleo, pero en los otros cuatro no se saca ni una gota. No obstante, ambos producen la misma intervención, sin importar si uno produce cientos de miles de metros cúbicos de petróleo y el otro ni una gota.
Por lo tanto, si decimos que lo importante es recuperar el pasivo, debemos considerar que en ambos casos es el mismo.
Distinta es la situación en la minería metálica, ya que para extraer 100 mil metros cúbicos, se tiene que hacer un rajo o un hoyo de cierta magnitud; pero para obtener un millón de metros cúbicos, es necesario hacer un rajo o un hoyo diez veces mayor, lo que incrementa el impacto y la intervención en el medio ambiente.
Por lo tanto, resulta lógico establecer un límite en el caso de la minería metálica, pero no en el de la extracción de hidrocarburos, porque el impacto ambiental que se produce es el mismo, independientemente del volumen de producción.
Debemos ir un poco más allá sobre el tema. Se habló de la defensa de la Empresa Nacional del Petróleo. El parlamentario que habla no está para defender el bolsillo de ninguna empresa, ni pública ni privada. Por ello, pretendo aclarar los verdaderos inte-reses que hay detrás de esa indicación, que solicito sea rechazada por los colegas diputados.
Con la norma que aprobó la Comisión de Hacienda no se defiende el bolsillo público, sino el de empresas privadas. Por ejemplo, una empresa petrolera privada que ha invertido 300 millones de dólares y que tiene treinta y dos pozos en producción no estará obligada a presentar un plan de cierre de faenas si extrae menos del límite que fijo esa norma en dicha Comisión, lo que le permitirá ahorrarse la garantía y guardarse ese dinero en el bolsillo, lo que no garantizará una adecuada restitución del medio ambiente.
Ese límite está orientado a dejar fuera de los planes de cierre a los pequeños, porque no es conveniente que ingresen a ellos y es preferible que se acojan a un plan de cierre simplificado.
En la página del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), figuran empresas que han invertido 84 millones de dólares en perforación de pozos, 71 millones de dólares, 74 millones de dólares, etcétera. Me pregunto, ¿se trata de inversiones pequeñas para que queden fuera del plan de cierre de faenas como corresponde? ¿O estamos legislando para que empresas que hacen inversiones millonarias se puedan acoger a planes de cierre simplificado, con lo que les evitaríamos que deban hacer las inversiones necesarias? Realmente, me parece un despropósito.
Considero que hay un error conceptual en esa indicación que aprobó la Comisión de Hacienda; hay un error profundo, ya que, como muy bien señaló el colega Vilches , existe un grado de duda respecto de su aplicación. Ese límite permitirá que las empresas que explotan hidrocarburos en nuestra región no entren en los planes de cierre de faenas. Lo que necesitamos en nuestra región son normas claras, que incentiven este tema.
Además, se establece el límite de extracción de un millón de metros cúbicos de gas al día, en circunstancias de que, en la actualidad, toda la empresa privada produce diariamente 800 mil metros cúbicos. La planta Posesión de la Enap y todos los otros pozos están produciendo otro tanto.
Por lo tanto, ninguna faena de extracción de hidrocarburos ingresará a un plan de cierre y, por lo tanto, esta futura ley será letra muerta. Eso es inaceptable para mi región y para el país.
Algunas empresas tendrán que hacer su plan de cierre de faenas y pagar la garantía como corresponde, especialmente esas empresas que han hecho inversiones “pequeñas” de 70 millones de dólares, de 80 millones de dólares o de 100 millones de dólares, mientras que otras privilegiadas se ahorrarán esa platita y se la guardarán en sus bolsillos.
Considero que la norma contiene una discriminación odiosa, por lo que, desde ya, me reservo el derecho, como parlamentario, de recurrir al Tribunal Constitucional respecto del plan de cierre de faena minera en la medida en que la Sala apruebe esa indicación de la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente se aprobó el proyecto por mayoría, pero se presenta un problema administrativo.
El día de la sesión, nos fuimos con el convencimiento de que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente había rechazado mayoritariamente esa franquicia, este beneficio que se intenta entregar a las empresas de hidrocarburos y que habíamos reintegrado el imperio de una norma general para todos.
Sin embargo, el informe elaborado por la Secretaría de la Comisión expresa claramente: “No obstante que la indicación tiene por objeto rechazar la modificación aprobada por la Comisión de Hacienda, y no tiene mayores efectos respecto del texto sobre el cual la Comisión debía pronunciarse,…”. Por esa razón no figura en el comparado. La mayoría de los miembros de la comisión rechazaron esa norma y otros se abstuvieron, ya que entendieron las razones de fondo.
Considero que debemos legislar para el país, para los intereses de todos. Por cierto, soy un defensor en materia de exploración de la Empresa Nacional del Petróleo y debemos ayudarla para que el Estado le entregue los recursos para realizar las inversiones necesarias.
Ayer, con los trabajadores, nos preguntábamos por qué los bloques se han licitado nuevamente en forma privada y directa, en lugar de hacerlo mediante licitaciones públicas abiertas e internacionales. No existe una política de Estado respecto de esta materia, lo que ha impedido avanzar al respecto.
Con la colega Carolina Goic, pediremos una sesión especial para analizar el tema de la ENAP y de los hidrocarburos, para evitar que este tipo de normas, metidas a la maleta, sirva para que algunas empresas lucren en este país a costa del sacrificio de la gran mayoría de los chilenos.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , como Presidenta de la Comisión , deseo hacer una aclaración sobre el tema de la indicación a que se refirió el diputado Marinovic .
Por Reglamento, se necesitaban siete votos para que se aprobara la eliminación de la indicación de la Comisión de Hacienda; pero en la votación hubo cuatro abstenciones, tres votos en contra y seis votos a favor. Por ende, se rechazó democráticamente.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, el proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, desde el punto de vista del desarrollo del norte de Chile, es muy importante. En ese sentido, lo respaldamos plenamente.
También me hacen fuerza las palabras del diputado Marinovic en términos de que las explotaciones petroleras son muy distintas a las mineras.
Sin embargo, me quiero referir a un tema que planteé hace algún tiempo, en el que quiero insistir. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente ha mejorado la letra e) del artículo 13 del proyecto, que, a mi juicio, es el corazón del proyecto, porque se habla específicamente de lo que debe contener un plan de cierre de faenas mineras y la forma en que las empresas deben entregar sus informes.
Esa Comisión aumenta las exigencias, sobre todo porque no sólo se incorpora la estabilidad física y química de los residuos y pasivos ambientales que deja la minería, sino que también se preocupa de que quede estrictamente resguardada la seguridad y salud de las personas, el medio ambiente y los derechos de quienes desarrollaban su actividad en el sector antes de que empezaran las faenas mineras.
En el proyecto también se definió con claridad que se diferenciarían las exigencias que se harían a la gran y mediana minería, sobre las 10 mil toneladas, y a la pequeña minería, a la cual se le aplicaría un procedimiento simplificado; incluso, eso también se aplica hoy a la pequeña minería, que tiene que hacer una presentación de cierre de faenas mineras simplificado, que cuenta con el apoyo del Sernageomin y de expertos en minería para desarrollar su plan de cierre, a través de una guía metodológica que le permite actuar.
Sin embargo, en el artículo 16, se agregó la letra e) del artículo 13, que incorpora el corazón del proyecto a la gran y mediana mine-ría. Pero me asalta una tremenda duda en relación con la pequeña minería, situación que hemos planteado al subsecretario. La letra e) del artículo 13 exige tal profesionalización para entregar los planes de cierre de faenas mineras en cuanto a elementos físicos y químicos de los estabilizados, de los residuos y pasivos ambientales, de los tranques de relave, de los estériles, que para un pequeño minero, que extrae muy pocas toneladas al año, es muy difícil, desde el punto de vista económico, hacer la propuesta de cierre de faenas. No tiene ninguna viabilidad; se le cierra la posibilidad de desarrollar minería si, de acuerdo a la letra e), se le hace tal exigencia. Me parece que incorporarlo en el procedimiento simplificado de la ley es una exageración, dado que en el inciso segundo del artículo 16, se establece claramente que el servicio pondrá a disposición de los interesados las guías metodológicas que especifiquen los estándares técnicos aplicables a las empresas mineras sometidas a este procedimiento” -es decir, a la pequeña minería- “y que servirán para la elaboración y complementación de los proyectos de planes de cierre simplificado”. En ese inciso está considerado todo lo que puede exigir el Sernageomin y el ministerio a la pequeña minería. Por lo tanto, ¿por qué incorporar la letra e) en este artículo? No veo la necesidad. Además, al estar incorporado en la ley, puede ocurrir -perdónenme que sea prejuicioso en este sentido, pues ha habido intentos en el norte de cierre de faenas de la pequeña mine-ría- que se le exija el cumplimiento estricto de la ley y, por lo tanto, el costo que asumirá la pequeña minería para elaborar planes de cierre de faenas mineras, sobre todo ahora que se ha incluido el tema medioambiental, se eleva enormemente y no va de la mano de lo que hemos conversado con el ministro y el subsecretario, en términos de que este proyecto no va a afectar a la pequeña minería de Chile, sobre todo porque en las Regiones de Atacama y de Coquimbo, la pequeña minería es el elemento más importante de desarrollo económico.
Por supuesto que en mi región hay grandes empresas minerías, pero los recursos que esas empresas dejan en la región son mínimos. Realmente, son las pequeñas empresas mineras las que dejan recursos en la zona, pues contrata la mano de obra local, los trabajadores viven ahí y gastan sus recursos en la región; incluso el productor minero hace que sus hijos estudien en la región. Es decir, el desarrollo local depende, en gran parte, de la pequeña minería en la Región de Atacama. Por eso, me parece preocupante ese artículo.
Entiendo que el subsecretario tiene una mirada distinta y dice que el reglamento resuelve el tema. Pero me parece que la situación está bien así y los pequeños mineros están cumpliendo lo que se les exige. Entonces, ¿para qué incorporar la mención a la letra e) en el artículo 16?
He pedido votación separada de esa norma y solicité que el ministro retirara del artículo lo que afecta a la pequeña minería, pero ello no ha sido posible. No basta con que en la historia fidedigna de la ley queden consignados los argumentos que planteo ni tampoco que se diga que las guías metodológicas van a dejar acotado el tema de qué tipo de estudios tiene que hacer la pequeña minería. Me parece que eso no es necesario y, por eso, se debe retirar la mención a la letra e) del artículo que he mencionado, para que la pequeña minería mantenga las actuales exigencias en cuanto al cierre de faenas mineras, con el apoyo correspondiente. A mi juicio, los requisitos que la pequeña minería debe cumplir en el cierre de faenas mineras están suficientemente resguardados por el Sernageomin, a través de las exigencias y de la presentación de documentos y elementos que tiene que hacer un pequeño minero para que se le permita desarrollar sus faenas.
He pedido votación separada del artículo 16. Votaré en contra de la norma para que la Comisión Mixta lo discuta con mayor grado de profundidad, con el objeto de tener una ley que efectivamente mejore el cierre de faenas mineras en Chile, pero que también proteja al pequeño minero para que su actividad no deje de desarrollarse, dado que es extraordinariamente importante en las Regiones de Atacama, de Coquimbo, de Antofagasta y de Valparaíso.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , sólo quiero hacer algunas consideraciones generales sobre el informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, puesto que esto realmente representa un avance sustantivo en la conciencia medioambiental en Chile y, particularmente, en la regulación de prácticas que inciden directamente en la salud de las personas.
Concuerdo con mi colega y compañero de distrito, el diputado Robles, en que el corazón del proyecto para quienes vivimos en Atacama, una región minera, está en la letra e) del artículo 13, porque ahí radica el verdadero problema de los pasivos ambientales de los que hemos sido víctimas por años, sin ninguna regulación.
La importancia del proyecto radica en que, por primera vez en Chile, se regula el control de pasivos ambientales, esto es, lo que ocurre después de que termina la explotación de una faena minera. Para nosotros, como atacameños y como representantes del distrito N° 6, esto es tremendamente importante, porque tenemos una base de minería grande, mediana y pequeña -tal como lo señaló el diputado Robles- muy importante.
Además, tenemos que dar pasos más importantes en lo sucesivo, como, por ejemplo, regular los lugares donde deben ubicarse los depósitos de relaves, los pasivos mineros, de manera previa a su instalación. No podemos dejar esa decisión a resoluciones administrativas, sino que la ley debe obligar a establecer ciertos límites en cuanto a la ubicación de los relaves y de los pasivos mineros en general.
No es posible que continúe aprobándose la instalación de depósitos de relaves mineros en las cuencas de ríos, especialmente en atención al problema que enfrentamos respecto del recurso hídrico en la Región de Atacama y en el país en general. Debemos cuidar algunos bienes fundamentales que son anteriores al beneficio económico que podamos obtener de nuestras riquezas naturales.
Por lo tanto, aunque considero este proyecto un tremendo avance, que se suma a otras medidas ambientales anunciadas también por el Gobierno, como la norma de emisión para las centrales termoeléctricas y otras que han significado pasos gigantescos en el cuidado del medio ambiente, comparado con lo que se ha hecho en las últimas décadas, espero que en el futuro también tengamos la capacidad de avanzar un poco más en el tema y regular por ley materias que hoy están entregadas a resoluciones administrativas.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , qué duda cabe de que la minería es una de nuestras principales actividades económicas y que es necesario mantenerla con expansión, con desarrollo. Pero en un modelo de desarrollo humano, esa expansión y ese de-
sarrollo tienen que ir acompañados del resguardo de otros bienes jurídicos, como el medio ambiente.
Me alegro de que hoy la Sala se encuentre discutiendo este proyecto, que se originó en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, porque resulta fundamental regular una industria que si bien genera enorme cantidad de recursos para el Estado y una gran actividad económica en las regiones en que se desarrolla, también es tremendamente invasiva y contaminante, pues produce muchos pasivos ambientales.
Como país, no podemos permitir que esas empresas mineras, en su mayoría de capitales extranjeros, lleguen a nuestro país, exploren, exploten, extraigan nuestros recursos minerales no renovables y después se vayan y nos dejen los socavones, los tranques de relaves, las aguas y el aire contaminados y un conjunto de pasivos ambientales que no sólo afectan al medio ambiente, sino también la seguridad, la salud e, incluso, la vida de las personas.
Por eso, este proyecto, que dota de facultades extraordinarias al Servicio Nacional de Geología y Minería para poder aprobar y fiscalizar los planes de cierre, que tendrán que establecerse antes de las actividades de exploración y explotación, según sea el caso, y que, además, en determinados casos se deberá dar certeza de su cumplimiento por medio de una garantía real, nos permitirá desarrollar toda la futura actividad minera en condiciones en que los planes de inversión y de desarrollo contemplen no sólo cómo se inicia, sino también la forma en que se cierra.
Resulta indispensable que, como país, seamos capaces de resguardar nuestros bienes permanentes, como lo es el medio ambiente. Sin embargo, a raíz de ciertos aspectos mencionados en el debate en esta Sala, nos preocupan algunos puntos.
A nuestro juicio, en un camino equivocado, se pretende igualar el estatuto jurídico que regula la minería metálica, que es de sustancias concesibles, con la exploración y la explotación de hidrocarburos, que son sustancias no concesibles y que, en consecuencia, sólo las puede explorar y explotar el Estado por sí, directamente a través de la ENAP, o a través de concesiones administrativas o de Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP), que posibilitan el ingreso de privados a la actividad.
Además, en el caso de la minería de hidrocarburos, se pretende que no corra la diferencia que sí existe para la minería metálica respecto de la cantidad de producción para establecer las garantías. Es decir, a una actividad donde el Estado tiene el rol fundamental, exclusivo, para hacerlo por sí o a través de los CEOP, le estamos colocando más exigencias, lo que, en consecuencia, afectará la actividad de la Empresa Nacional del Petróleo.
Si lo que les preocupa a algunos diputados de la zona es lo que pueda ocurrir con esas empresas, les señalo que no es necesaria la ley, porque las obligaciones de las empresas que actúan a través de los CEOP nacen del contrato; es decir, la fuente de esas obligaciones es contractual, no legal, y, por consiguiente, bastaría con que el Ministerio de Minería o de Energía -no tengo claro en quién recae esta materia- establezca en las cláusulas de los CEOP la necesidad de que las empresas entreguen garantías y tengan planes de cierre, para que se cumplan las exigencias.
No ocupemos un argumento falaz para defender los intereses de unos pocos terratenientes que hoy quieren aprovecharse de esta situación para que el Estado desembolse recursos de todos los chilenos para compensarlos.
Sobre la base de defender a las personas y el medio ambiente, algunos más bien defienden a los estancieros. Y lo digo con todas sus letras.
Si efectivamente queremos establecer la mencionada obligación a las empresas que exploran y explotan a través de CEOP, basta con que ello se establezca en las cláusulas de dichos contratos especiales y esas compañías tendrán una obligación cuya fuente sería el contrato y, por lo tanto, no es necesario que se establezca en la ley.
Pero si lo establecemos en la ley y no se hace ninguna distinción, estaremos generando una situación bastante especial: que la ENAP, una empresa del Estado, tenga que desembolsar millonarios recursos para financiar garantías estatales cuyo beneficiario es el propio Estado. Es decir, una empresa estatal establece garantías en favor del propio Estado. Nos parece que ello carece de toda lógica.
Considero que debemos aprobar el proyecto tal como viene de las comisiones de Hacienda y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. De lo contrario, probablemente estaremos afectando de manera irreparable la labor que realiza una empresa pública como la Empresa Nacional del Petróleo.
En esto hay que ser claros. No podemos utilizar argumentos falaces para defender intereses particulares.
Por lo anteriormente expuesto, respaldo el proyecto y pido a la Sala que lo apruebe tal como viene de esas comisiones.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , valoro la decisión que tomó la Sala y, en especial, el liderazgo que ejerció la diputada Andrea Molina para que el proyecto también fuera analizado por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Es más, tal como lo plantearon algunos diputados de dicha Comisión, creo que debiera haberse trabajado en conjunto con la Comisión de Minería y Energía. Lo importante es que fue revisado en forma muy exhaustiva, pero sería bueno que exista esa coordinación respecto de otros proyectos de ley que entren a trámite legislativo. Por ello, valoro la decisión que se adoptó, al igual que la disposición del ministro Golborne de esperar esta revisión.
Estamos ante uno de los proyectos medioambientales más importantes, en el que se establece claramente que la regulación de los cierres de faenas e instalaciones mineras va a ser realmente efectiva. En el proyecto se considera que el plan de cierre de las faenas mineras de la industria extractiva minera es parte de su vida útil, de su historia y, por lo tanto, el cierre de faenas mineras tiene que planificarse e implementarse en forma progresiva, durante todas las etapas de la operación de una faena minera, por toda su vida útil. Este plan de cierre debe ser ejecutado por la propia empresa minera, antes del término de sus faenas y operaciones, de tal manera que al cese de éstas se encuentren implementadas las condiciones de estabilidad física y química en el lugar donde operó la faena. Para eso está Sernageomin, por un lado, que va a ser el organismo encargado de autorizar y de estar encima de este proceso y, por otro, tenemos garantías de que se van a entregar con el fin de que esto realmente sea una realidad.
Quiero manifestar mi profundo acuerdo con lo señalado por el diputado Fuad Chahín , en cuanto a que esto fue analizado en varias sesiones de las comisiones de Minería y Energía, de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, y de Hacienda. El proyecto va en el camino correcto. Como lleva largo tiempo de tramitación legislativa, es urgente la necesidad de que pronto se promulgue como ley de la República. De no ocurrir eso, lo único que vamos a hacer es atentar contra un trabajo que debe ser absolutamente respetuoso con el medio ambiente y con la salud de las personas en una de las actividades económicas más importantes que tiene el país: la minería.
Por eso, anuncio la satisfacción de la Unión Demócrata Independiente por este proyecto de ley, al cual le va a dar su aprobación, y esperamos que las indicaciones que le hemos introducido en las distintas Comisiones sean ratificadas también por el Senado y que, a la brevedad, este gran proyecto sea ley de la república para que, junto con la minería del país, podamos avanzar en los temas ambientales y en los pasivos que tenemos, situaciones que no pueden esperar más.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado don Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , creo que es muy importante la tarea que nos encomendó esta Cámara. También evalúo que fue una buena decisión la solicitud que, inicialmente, formulé a título personal, a la cual después se sumaron varios colegas, en cuanto a enviar este proyecto para su revisión a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Debo reconocer que el proyecto, iniciado durante el gobierno de la entonces Presidenta Bachelet , para mejorar el desempeño ambiental de la minería a través del cierre responsable de las faenas mineras efectivamente constituía un avance, aunque insuficiente, que estuvimos a punto de aprobar anteriormente, pero quizás con deficiencias.
En ese sentido, creo que tanto el ministro como el subsecretario de Minería , al revisar el resultado final de este proyecto de ley, deberán reconocer que se ha mejorado el contenido de la norma y aumenta la preocupación por el medio ambiente, la que si bien estaba en muchos casos más implícita que explícita, ahora se ha hecho explícita a nivel de los grandes propósitos del proyecto.
Por lo tanto, el resultado final refleja que la postura inicial de poca aceptación para que este proyecto fuese a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente era equivocada.
En el país, siempre ha sucedido que los ministros de Minería consideraban que en esta materia lo esencial es el crecimiento desde el punto de vista productivo y han tenido poca consideración respecto de las implicancias que eso tenía en la generación de pasivos ambientales, que hoy están a la vista de todos. Por lo tanto, es razonable que el actual ministro quisiera avanzar rápido para asegurar el crecimiento de la actividad minera, pero los diputados de la república estamos para legislar para que avance hacia el desarrollo sustentable y no solamente para crecer desde el punto de vista productivo. Quiero resaltar esto, porque en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente se han agregado conceptos y se han hecho aportes que perfeccionan el proyecto. No en vano todas las indicaciones que se presentaron -muchas de las cuales fueron propuestas por quien habla y patrocinadas por los trece diputados de la Comisión- se aprobaron por trece votos a favor y cero en contra, con excepción del tema de los hidrocarburos, pero ya se ha aclarado que, desde el punto de vista del proceder de la Comisión, se actuó conforme al Reglamento y la Presidenta hizo lo que correspondía.
También debo resaltar que se hicieron aportes relevantes al proyecto. Insisto en que, cuando en el artículo 2° se precisa el resguardo de la vida, la salud y la seguridad de las personas y se incorpora el medio ambiente al mismo nivel de objetivo y de propósito, estamos dando un paso muy importante, porque, inicialmente, el medio ambiente aparecía sólo a nivel operativo, aplicando la legislación ambiental, pero ahora se hace a nivel de propósito. Cualquier cierre de faenas va a tener explícito en su acción el resguardo del medio ambiente, lo que antes de que fuera a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente no estaba garantizado.
Cuando al resguardo de la vida, la salud y la seguridad de las personas agregamos el medio ambiente como una garantía que se va a proteger, en la letra o) del artículo 3°, que habla del post cierre, estamos avanzando significativamente.
Cuando en la definición de estabilidad química se precisan los componentes en que ésta pueda manifestarse, que no venían en la definición inicial, estamos perfeccionando y mejorando la protección ambiental.
Creo que hemos hecho bien la tarea que se nos encomendó, porque no enviamos el proyecto a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente por darnos un gusto. Es muy probable que el ministro de Minería tenga que acostumbrarse a que muchos temas de su área pasen por dicha Comisión, porque los pasivos ambientales que la minería ha generado en el país son muy significativos, por lo que tenemos el deber de resguardar que los cuerpos normativos del país se cumplan y se perfeccionen.
La indicación que presentamos, que fue aprobada por 13 votos a favor, que agrega una letra k) en el artículo 13, en que se establece que la empresa que desarrollará el cierre de una faena deberá presentar un programa de difusión a la comunidad sobre la implementación de dicho plan de cierre, constituye un gran avance, porque se involucra a la comunidad para que sepa qué va a pasar con un territorio que fue objeto de una intervención significativa, como siempre ha ocurrido con la minería. Esto también constituye un progreso en aras de la transparencia y la participación de los ciudadanos.
No quiero terminar mi exposición sin dejar de formular una pregunta al ministro . Ahora estamos resolviendo un tema a futuro, ya que establece que, de ahora en adelante, las faenas mineras que operen y cierren deberán ceñirse a este proceso, solicitando las autorizaciones pertinentes a los organismos que correspondan, pero igual nos queda el pasivo ambiental de las faenas mineras ya abandonadas. Era partidario de incorporar -propuesta que no prosperó porque requería de la iniciativa del Ejecutivo- un artículo transitorio -creo que el diputado García-Huidobro también fue partidario de esa idea en un momento determinado- para explicitar cuándo las faenas ya abandonadas se harían cargo del pasivo ambiental ya existente. Esos pasivos son amenazas permanentes que afligen a la población.
Por eso, me gustaría que el ministro me pudiera responder y asumir un compromiso en tal sentido. ¿Cuándo se va a abordar esta temática? ¿Qué piensa hacer la autoridad gubernamental con las faenas mineras ya abandonadas y que constituyen -insisto- un peligro inminente? ¿Qué se piensa hacer al respecto y cuándo? Hay más de 400 faenas, algunas de las cuales revisten gran peligrosidad. Entiendo que hay 18 ó 20 que, ante determinadas circunstancias, podrían generar una situación gravísima.
Por lo tanto, me gustaría que el ministro me respondiera estas inquietudes, porque estamos evitando problemas a futuro con las faenas que se iniciarán y con las que están en proceso de comenzar; pero no existe una solución para las que ya están abandonadas, no obstante que los habitantes que viven en los sectores cercanos a ellas requieren respuestas. Los problemas que se generan a raíz de que algunos cursos de aguas circundan esos lugares deben ser solucionados.
Finalmente, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto, porque fue claramente perfeccionado durante su tramitación legislativa, lo que demuestra que aquí hacemos bien el trabajo cuando estamos atentos, detectamos debilidades y existe la disposición para trabajarlas en conjunto.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Informo a la Sala que a continuación corresponde tratar un proyecto con urgencia calificada de discusión inmediata, razón por la cual les pido a los señores diputados que abrevien sus intervenciones.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , este proyecto que hoy se somete a nuestra consideración, que fue enviado por la entonces Presidenta de la República Michelle Bachelet , en sus fundamentos señalaba expresamente que “El objetivo principal de la aplicación de una ley que regule el cierre de faenas o instalaciones mineras es la prevención, minimización o control de los riesgos o efectos negativos que se generen sobre la salud y seguridad de las personas o del medio ambiente, con ocasión del cese de sus operaciones, o que continúen presentándose con posterioridad a éste y a consecuencia suya.”.
He querido dar a conocer la declaración de los objetivos del proyecto, porque precisamente sobre esa base se solicitó que esta iniciativa, que ya había sido despachada y discutida ampliamente por la Comisión de Minería y Energía, fuera tratada también por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Quiero resaltar esta situación porque la Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades y prerrogativas, optó por que esta última Comisión también analizara el proyecto, que venía concordado y en el que se trabajó arduamente desde el punto de vista de la minería, pero al que le faltaba la visión medioambiental. Así lo han expresado varios diputados, entre los cuales destaco a los colegas Vallespín , Garcia-Huidobro y Lemus , quienes entendieron que la iniciativa debía ser analizada desde el punto de vista del medio ambiente.
Pues bien, cuando fue tratada por dicha Comisión, sus integrantes, en forma transversal, aprobaron cada una de las indicaciones que apuntaban a que cumpliera con su tercer objetivo; es decir, aparte de preocuparse de la salud y de la seguridad de las personas, también debía incluir, desde el punto de vista normativo, el medio ambiente, para que en el futuro no se argumentara que no correspondía aplicar la institucionalidad medioambiental en los depósitos de relaves y en las faenas mineras, porque en ese caso se debía aplicar el principio de la especialidad -este tema lo discutimos con el subsecretario-, razón por la cual la normativa medioambiental debía inhibirse de actuar, dejando tal labor al Sernageomin.
Debido a la importancia que hoy reviste el medio ambiente en las faenas mineras e industriales, en general, constituyó un buen avance haber logrado que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente diera su opinión sobre la materia. Es algo que debemos reivindicar.
Quiero aprovechar la presencia del ministro para decirle que hay que entender que los proyectos mineros deben ser analizados por la Comisión mencionada. Fue la voluntad que manifestaron sus integrantes, y así lo ratifica su Presidenta, la diputada Andrea Molina.
Nosotros no seremos un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de la minería; por el contrario, vamos a colaborar con ese objetivo, pero con la prevención de que la industria minera no afecte a las comunidades de los sectores en los que está instalada. Hoy estamos viviendo la situación ocurrida en Pelambres, Región de Coquimbo, con el famoso tranque El Mauro, que tiene en vilo a toda una comunidad. El diputado Lemus , presente en la Sala, ha denunciado permanentemente esa situación.
Por cierto, el desarrollo de la industria minera genera empleo y progreso para el país, pero también provoca problemas medioambientales, actuales y futuros, a los habitantes. No queremos eso. Esperamos que haya un cierre programado de las faenas mineras, pero también que exista protección del medio ambiente de los habitantes que tuvieron la suerte o la desdicha de vivir al lado de una mina de cobre, de hierro o de cualquier otro mineral. Queremos que la actividad se desarrolle en nuestro país de la mejor manera posible.
También es preciso entender que el Ministerio de Minería no debiera estar junto con el de Energía, porque son dos conceptos absolutamente distintos. No corresponde tener un Ministerio de Energía para proveer de energía a la minería. La producción de energía tiene que ser una política de Estado y se debe desarrollar con una visión nacional, contemplando un ordenamiento territorial. La matriz energética también debe considerar la apuesta por las energías renovables no convencionales. Entonces, avancemos en la perspectiva de lograr el desarrollo de nuestro país como corresponde, pero con el debido resguardo y cuidado del medio ambiente. En eso vamos a avanzar y en eso queremos que este proyecto sea un aporte efectivo.
Algunos parlamentarios hemos consultado -es importante que el Ejecutivo nos responda- sobre lo que va a suceder con las faenas que ya están abandonadas, que suman más de 400 a lo largo del país. Este proyecto está pensando en el futuro, pero ¿qué ocurrirá en aquellas zonas donde hubo importantes explotaciones mineras y hoy tienen pasivos ambientales? ¿Se considerará alguna línea de financiamiento o de subsidios? ¿O se enviarán proyectos que avancen en esa perspectiva? Ojalá tengamos una respuesta al respecto.
La futura ley será más verde y más comprometida con el medio ambiente. Esto le hace bien al país y a la sustentabilidad de nuestra economía, porque queremos que la industria minera, que es un puntal de nuestra economía, no se desarrolle a costa de la calidad de vida de miles de ciudadanos que tienen faenas mineras o pasivos ambientales en los alrededores de sus viviendas.
Por último, quiero pedirle al ministro que nos informe qué ocurrirá con el cierre faenas de otras instalaciones industriales, en particular las represas, ya que su gobierno está impulsando la construcción de las represas de HidroAysén, que espero que no se materialicen, para que tengamos una Patagonia sin represas. ¿Qué ocurrirá con los programas de cierre de esas obras? Espero que tengamos una Patagonia sin represas; pero, mientras tanto, quiero que el ministro nos conteste esa inquietud.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , siempre he sostenido que el desarrollo no tiene por qué contraponerse a la protección del medio ambiente.
El desarrollo integral, como lo denomino, no es sólo para que se enriquezcan los empresarios y las empresas nacionales y transnacionales, sino también la gente de nuestro país. Los trabajadores necesitan tener un trabajo permanente, digno y bien remunerado. Por eso, resulta preocupante que algunos sectores que practican, al menos en teoría, la ecología profunda -fundamentalista, me acota el colega Fernando Meza - tengan opiniones extremas que no dejan ver las necesidades sociales de nuestro pueblo.
Sin lugar a dudas, toda actividad productiva debe ir ligada rigurosamente con la protección del medio ambiente y de la vida.
El proyecto en discusión es muy necesario y servirá para regiones como la de Aysén, que represento en la Cámara de Diputados.
Hoy existe una gran preocupación por la Patagonia chilena y si se construyen o no las centrales hidroeléctricas, pero muchos personajes de la política nacional no se preocupan de cómo se ha contaminado mi región. ¿Qué pasa con las faenas mineras que actualmente están funcionando, como la minera Toqui, que ha contaminado gran parte del bosque nativo de Alto Mañihuales?
Aprovecho de invitar a la Comisión Investigadora de las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén, que va a celebrar una sesión en Coyhaique, para que visite esos lugares, porque la Región de Aysén está siendo contaminada desde hace mucho tiempo, y no sólo por la minera El Toqui, en Alto Mañihuales. ¿Qué pasa con la mina de oro que existe en Chile Chico, que ya está contaminando el lago General Carrera?
Anuncio mi voto favorable al proyecto, pero me preocupa el reglamento que se debe dictar. Muchas veces se elaboran leyes con una intención, con un espíritu, pero a la hora de elaborar el reglamento que establece la norma, éste se aleja mucho de la pretensión original del legislador.
Creo que el proyecto es muy necesario, pero me preocupa -reitero- el reglamento. Espero que una vez que el proyecto sea ley, se aplique al más breve plazo, porque la Región de Aysén está siendo contaminada desde hace mucho tiempo.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el ministro Laurence Golborne.
El señor GOLBORNE ( ministro de Minería y Energía ).- Señor Presidente , por su intermedio, agradezco las intervenciones de los diputados que participaron hoy en el debate del proyecto y también en la sesión que tuvimos hace dos semanas, en la que surgió la inquietud de remitir el proyecto a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, y el Ejecutivo , con el espíritu de colaboración que ha mostrado durante toda la tramitación del proyecto, accedió a esa petición, con lo cual la iniciativa se pudo enriquecer con otras visiones.
Agradezco a todos quienes han aportado distintas alternativas y puntos de vista al proyecto. Quizás no hemos coincidido en muchos de ellos y algunos pueden sentir que sus aspiraciones no han sido satisfechas; sin embargo, el debate democrático y la discusión de ideas nos han enriquecido a todos, y en ese juego democrático algunas normas han sido aprobadas y otras rechazadas.
No me cabe duda de que el proyecto tiene un apoyo mayoritario, porque creo que todos estamos a favor de regular de manera adecuada el cierre de una faena minera, de modo que garanticemos la estabilidad del medio ambiente, desde el punto de vista físico y químico, en las comunidades en que se inserta.
El diputado Alinco ha manifestado, con sabiduría, entre otros puntos, la necesidad del desarrollo y de que los proyectos se ejecuten con respeto al medio ambiente.
Al respecto, puedo decir que los proyectos que están en operación deberán regularse por esta nueva modalidad. Esta futura ley se aplicará a faenas hoy en curso y a nuevos proyectos que se lleven a cabo. Por lo tanto, a través de los reglamentos y disposiciones del Sernageomin, nos aseguraremos de que los proyectos de cierre se apliquen a todas las faenas en curso.
Distinta es la situación que plantean los diputados Vallespín y De Urresti respecto de las faenas abandonadas y, en algunos casos, sin dueños. Es una situación difícil, pero diferente, pues se trata de pasivos ambientales que a veces tienen décadas o, incluso, siglos. Es obvio que la sociedad tiene una responsabilidad en esa historia y habrá que hacerse cargo de ella. En todo caso, ya se están adoptando algunas medidas.
En 2007, se hizo un catastro de esas faenas y se las catalogó en distintos niveles de peligrosidad. Se está actualizando la información y tomando medidas para verificarlas y es posible que trabajemos, una vez despachado este proyecto, en el análisis de cómo abordar, al más breve plazo, aquellas que estén catalogadas en el rango de peligrosas, para mitigar esos riesgos. Como muchas veces ocurre con los proyectos abandonados, que ya no tienen dueño, el Estado tendrá que hacerse cargo de resolver esos casos.
Ésa es una tarea pendiente e invitaremos al Congreso Nacional a trabajar en ella, una vez que se hayan cuantificado los temas. Sin perjuicio de ello, actualmente, el Serna-geomín está monitoreando esas faenas que en 2007 se catalogaron con algún grado de peligro, para evitar alguna situación que pudiéramos lamentar.
Respecto de la inquietud del diputado Robles sobre el artículo 16 del proyecto y su implicancia en la pequeña minería, puedo comentar que ese mismo artículo estipula guías metodológicas que salvaguardan el régimen simplificado para los pequeños mineros. Ciertamente, estamos preocupados por ellos y queremos que el proyecto no establezca cargos sobre ellos.
En relación con la inquietud manifestada por el diputado Marinovic sobre las faenas petroleras, entiendo su preocupación sobre la necesidad de establecer un límite y por la discusión que se suscitó en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, así como ponemos un límite para el establecimiento de garan-tías en la pequeña minería, desde ciertos niveles en adelante, también es sensato establecerlos en relación con el petróleo. No resulta razonable poner límites en un caso y no hacerlo en el otro.
Para quienes están preocupados del impacto medioambiental que ello puede tener, quiero ratificar que la obligación de establecer el cierre de faenas se consagra en todos los casos, y no sólo para las más grandes; la diferencia radica en qué niveles de garantía van a presentar para ese plan de cierre. Para las faenas que están bajo los límites establecidos en el artículo 48 -si no me equivoco- permanece la obligación de establecer un cierre de faenas; la diferencia está en que no se constituirán las garantías monetarias para ello, que es básicamente aplicable a la Empresa Nacional del Petróleo. Y en el caso de los contratos especiales de operación, ciertamente se establecen las obligaciones pecuniarias para garantizar el adecuado funcionamiento del régimen de explotación que los terceros puedan desarrollar en materia petrolera.
Para finalizar, sólo me resta agradecer el aporte y el trabajo realizado en la Cámara de Diputados. Por las intervenciones que he escuchado, espero que el proyecto sea aprobado en la Sala, de manera de definir las diferencias en el Senado y que ojalá también se apruebe la iniciativa, para contar con una ley al más breve plazo, que nos permita contar con una minería cada vez más sustentable, más segura y más aceptada por la sociedad.
Muchas gracias.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde votar en general, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, con excepción de los artículos 4°, 6°, 7°, 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 y 59, y de los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios, todos de rango orgánico constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde votar en general los artículos 4°, 6°, 7°, 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 y 59, y los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios, todos de rango orgánico constitucional y para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 69 diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, dichos artículos se darían por aprobados también en particular, dejando constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido, con la excepción de los artículos 4°, 26, 44, inciso tercero; 48, inciso quinto, y cuarto transitorio, que fueron objeto de indicaciones de las Comisiones de Hacienda y de Recursos Naturales, y de los artículos 16 y 58, que se votarán en forma separada.
Aprobados.
Por no haber sido objeto de indicaciones, quedan aprobados también en particular los demás artículos del proyecto, en la forma propuesta por la Comisión de Minería, con excepción de los siguientes artículos: 3°, letra i); 4°; 10, inciso tercero; 26; 48, inciso quinto, y cuarto transitorio, que tienen indicaciones de la Comisión de Hacienda; 2°; 3°, letras h) y o); 5°, letra d); 13, letra e); y 44, inciso tercero, que tienen indicaciones de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, todos los cuales se votarán en forma separada.
En votación el artículo 2° aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 1) de la Comisión de Minería, que lo modifica, y las indicaciones números 1) y 2) de la Comisión de Recursos Naturales, cuyos textos se encuentran en las páginas 1 y 2 del comparado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación la letra h) del artículo 3° aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 3) de la Comisión de Recursos Naturales, para intercalar, entre la palabra “control” y la preposición “de”, la frase “en agua, en aire y en suelo”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación la letra i) del artículo 3° aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 2) de la Comisión de Minería y las indicaciones números 1) y 2) de la Comisión de Hacienda, cuyos textos se encuentran en las páginas 5 y 6 del comparado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación la letra o) del artículo 3° aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 3) de la Comisión de Minería y las indicaciones números 4) y 5) de la Comisión de Recursos Naturales, cuyos textos se encuentran en la página 9 del comparado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En las páginas 10 y 11 del comparado se encuentran indicaciones de las tres Comisiones al texto del artículo 4° aprobado por el Senado.
Las indicaciones de las Comisiones de Hacienda y de Recursos Naturales son casi idénticas, salvo por la expresión “y la normativa ambiental aplicable”, que se encuentra en la indicación de la Comisión de Recursos Naturales.
En consecuencia, primero someteré a votación la indicación número 6) de la Comisión de Recursos Naturales. Si se rechaza, se votará a continuación la indicación número 3) de la Comisión de Hacienda.
En votación la indicación número 6) de la Comisión de Recursos Naturales, para reemplazar el artículo 4° aprobado por el Senado. Para su aprobación se requiere el voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación la letra d) del artículo 5° aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 7) de la Comisión de Recursos Naturales, para intercalar en dicha letra, entre las palabras “evaluar” y “modificaciones”, la frase “en interacción con la autoridad ambiental, si correspondiere”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación el inciso tercero del artículo 10 aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 4) de la Comisión de Hacienda y la indicación número 5) de la Comisión de Minería, cuyos textos se encuentran en la página 17 del comparado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación la letra e) del artículo 13 aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 7) de la Comisión de Minería, más la adición de la expresión “y medio ambiente”, contenida en la indicación número 8) de la Comisión de Recursos Naturales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En las páginas 40 y 41 del comparado, se encuentran el artículo 26 aprobado por el Senado y la indicación número 5) de la Comisión de Hacienda.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , al parecer nos saltamos algunos artículos.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Diputado señor Robles, efectivamente cometimos un error. Nos saltamos algunos artículos.
En votación la indicación número 9) de la Comisión de Recursos Naturales, para incorporar una letra k), nueva, en el artículo 13, cuyo texto figura en la página 23 del comparado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación particular el artículo 16, respecto del cual se pidió votación separada, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , no sé si votamos las indicaciones números 8) y 9) de la Comisión de Minería, que figuran en la página 22 del comparado.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Señor diputado , esa norma está aprobada, dado que no fue objeto de indicaciones ni tampoco se solicitó su votación separada.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación el artículo 26 aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 5) de la Comisión de Hacienda, para intercalar un inciso segundo. Para su aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación el artículo 44, inciso tercero, aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 10) de la Comisión de Recursos Naturales, por la cual introduce tres enmiendas en dicho inciso. Para su aprobación se requiere el voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación el inciso quinto del artículo 48 propuesto por el Senado, conjuntamente con la indicación número 6) de la Comisión de Hacienda, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación la indicación número 7), de la Comisión de Hacienda, para agregar un inciso sexto, nuevo, al artículo 48 aprobado por el Senado. Para su aprobación se requiere el voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde votar en particular el artículo 58, respecto del cual se pidió votación separada. Para su aprobación se requiere el voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Respecto del artículo cuarto transitorio aprobado por el Senado, primero se va a votar la indicación de la Comisión de Minería y luego la de la Comisión de Hacienda.
En votación el artículo cuarto transitorio aprobado por el Senado, conjuntamente con la indicación número 18 de la Comisión de Minería, mediante la cual se agrega un inciso segundo, nuevo. Para su aprobación se requiere el voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En votación la indicación número 8) de la Comisión de Hacienda, para reemplazar la frase “estos se regirán por lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes”, por la siguiente: “estos se regirán por los parámetros establecidos en los artículos 49 y siguientes, los que se calcularán respecto del remanente de vida útil de la faena minera o de hidrocarburo”. Para su aprobación se requiere el voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde continuar el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguran su correcto otorgamiento y uso, con urgencia calificada de suma.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 6811-11, sesión 8ª, en 24 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Primer informe de la Comisión de Salud, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 20.
-Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 13, de esta sesión.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Recuerdo a los señores diputados que en la sesión del pasado 7 de junio se rindió el informe de la Comisión de Salud y se dio inicio al debate, que quedó pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala acordó enviar el proyecto, por el plazo de una semana, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que emita informe respecto de los artículos 13 y 14 del proyecto.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en cumplimiento del mandato entregado por la Corporación, en el sentido de pronunciarse acerca de los artículos 13 y 14 propuestos por la Comisión de Salud en el proyecto sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, vengo en señalar lo siguiente:
La Comisión de Salud propone, en el artículo 13, introducir dos modificaciones en el Código Penal:
Por la primera, modifica el artículo 202, norma que en su actual inciso único señala que “el facultativo que librare certificación falsa de enfermedad o lesión con el fin de eximir a una persona de algún servicio público, será castigado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.
A esta disposición agrega los siguientes incisos:
“El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en este artículo. Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso primero, el que haga uso malicioso de los documentos falsos indicados.
La misma pena del inciso anterior se aplicará al facultativo que otorgue licencias médicas para que el paciente obtenga beneficios previsionales o de seguridad social. En este caso se aplicará una pena de cien a dos mil unidades tributarias mensuales. Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que ejecutare cualquiera de las conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se considerará que comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o los diagnósticos.
En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en este artículo, aumentadas en un grado, y la sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.”.
Esta modificación fue objeto de un largo análisis por parte de la Comisión, la que consideró que la redacción propuesta resultaba repetitiva, por cuanto reiteraba las conductas que se quería sancionar, así como también aplicaba multas que resultaban desproporcionadas y excesivas en relación con las impuestas para otros delitos de similar gravedad.
Asimismo, la falsificación de cualquier antecedente esencial que sirviera para fundar el otorgamiento de una licencia o una declaración de invalidez, expresada en la frase “cualquier antecedente esencial que las justifiquen”, incluida en el nuevo inciso segundo, resultaba de una excesiva amplitud, que debería llevar a diversas interpretaciones con la consiguiente poca claridad del tipo penal, sin perjuicio, además, que no tenía objeto penar dicha falsificación, toda vez que ella, por sí sola, no podría dar lugar al otorgamiento de una licencia o a una declaración de invalidez, las que si no se emitieran, no darían lugar al delito que se pretende sancionar.
Estas consideraciones llevaron a la Comisión a acordar suprimir dichas expresiones.
Por último, se reparó sobre el hecho de que en el nuevo inciso tercero que se proponía, se incluyera la pena de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas, penalidad no contemplada en la enumeración que efectúa el artículo 21 del Código Penal.
Todas estas observaciones llevaron a la Comisión a proponer la siguiente indicación a la letra a) del artículo 13 propuesto por la Comisión de Salud:
1. Anteponer la siguiente letra a), pasando la actual a ser b) y así sucesivamente:
a) Intercálase en el artículo 21, en el acápite “Penas de simples delitos”, a continuación de la oración “Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.”, lo siguiente: “Inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas.”.
2. Sustituir la letra a), que pasaría a ser b), por la siguiente:
“b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:
“El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los documentos falsos indicados.
Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.
En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.
Sobre el primer inciso agregado, quiero hacer hincapié que el diputado Burgos me pidió hacer notar que la sanción al uso malicioso de los documentos falsos dice relación con una conducta que se diferencia de la castigada en el tipo principal, esto es, en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez, es decir, no es trata de la misma conducta. Hemos querido dejar constancia de eso en la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
Respecto de esta propuesta, la Comisión dejó constancia de que la oración final del nuevo inciso segundo, es decir “Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los documentos falsos indicados.”, se refería a terceros que hicieran mal uso de las licencias y declaraciones de invalidez a que se refiere esta norma, pero sin haber tenido participación en el otorgamiento, obtención o tramitación de dichos documentos.
Por la segunda modificación, agrega en el artículo 234, que penaliza al empleado público que por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares, sancionándolo con la pena de suspensión en cualquiera de sus grados y la obligación de devolver los efectos o cantidades sustraídas, el siguiente nuevo inciso:
“El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable, diere ocasión a que se cursen licencias médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el inciso anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.
La Comisión aprobó esta propuesta, que pasó a ser letra c).
Por la tercera modificación, la Comisión de Salud agrega en el artículo 155 del Código Procesal Penal una nueva medida cautelar personal del siguiente tenor:
“La suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que el tribunal, fundadamente, determine.”.
Dicha medida cautelar, destinada a facilitar la investigación en el delito de falsificación en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez, fue objeto de observaciones en razón de la ubicación que se le daba, por cuanto se la incluía en el listado de medidas cautelares de aplicación general, siendo que era específica de la figura que se sancionaba en el nuevo artículo 202 del Código Penal, por lo que no decía relación con los fundamentos de tales medidas.
Todo esto llevó a que la Comisión introdujera una segunda indicación al texto propuesto por la Comisión de Salud, para incluir la medida cautelar señalada en un nuevo artículo del Código Procesal Penal, del siguiente tenor:
“B. Para sustituir el artículo 14 por el siguiente:
“Artículo 14.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:
“Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155, decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo que, fundadamente, determine.”.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , quiero referirme al conjunto de modificaciones que introdujo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Nos esforzamos por alcanzar un acuerdo que nos permitiera redactar, de modo adecuado, el tipo básico a fin de castigar al que incurra en las falsedades descritas en el artículo 193 del Código Penal, en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez.
El ejercicio técnico y político que desarrollamos al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue bastante satisfactorio; se estableció un rango de penalidades mucho más razonable y acorde con el tipo general que establece nuestro Código Penal al respecto.
Sin embargo, no logramos acuerdo en el ciento por ciento de las cosas, como quedó reflejado en la votación que se llevó a cabo en la Comisión. Seguimos teniendo dudas respecto de algunos elementos del tipo. Nos parece digno de considerar -ojalá se rechace esa norma en la Sala- la figura culposa que se establece para sancionar al funcionario público que, por abandono o negligencia inexcusable, diere ocasión a que se cursen licencias médicas falsas. Es decir, será sancionado con la misma pena que se aplica a quien comete malversación culposa de caudales públicos, más una multa. Por lo tanto, resultará más grave falsificar una licencia médica que malversar recursos públicos, lo cual nos parece incorrecto. O sea, un delito que, a nuestro juicio, reviste una gravedad inferior, recibirá una penalidad mayor.
Por ello, vamos a rechazar esa figura, que -repito- nos parece incorrecta, particularmente porque estamos hablando de una figura de carácter culposo, con un menor nivel de compromiso penal.
También vamos a rechazar, tal como lo hicimos en la Comisión, la introducción de una medida cautelar especial, propuesta por la Comisión de Salud, que apunta a que en los casos de investigación por fraude en el otorgamiento de licencias médicas, el tribunal podrá decretar la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que él determine.
Por último, nos parece absurdo, tal como lo manifestamos ayer en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que se introduzca una medida cautelar especialísima en el apartado de las medidas cautelares generales. No sé si finalmente esa corrección fue acordada por el resto de los miembros de la Comisión. De ser así, al menos sería razonable, desde el punto de vista de la técnica legislativa y de su correcta ubicación. No obstante, en el fondo, seguimos discrepando. En primer lugar, porque nos parece absurdo que un facultativo que otorgue una licencia médica falsa o que sea investigado en una causa penal por este hecho, vaya a tener la ocurrencia, durante el período que dure la investigación, de otorgar otras licencias médicas falsas. Además -así lo acordamos-, es parte del tipo penal. De hecho, incorporamos como una pena especial la inhabilitación especial temporal para otorgar licencias médicas. Entonces, es una pena y, además, una medida cautelar. Nos parece completamente abusivo, porque finalmente parte importante del ejercicio de la profesión médica tiene que ver con el otorgamiento de licencias. Una de las características propias del ejercicio de esa profesión es determinar la gravedad de la enfermedad que afecta a un determinado paciente y, de acuerdo con ello, decidir si requiere reposo. Es decir, para el tratamiento y curación de determinadas enfermedades o afecciones, la licencia no es un trámite, sino parte de la solución. Entonces, por la vía de cautelar, mientras se realiza la investigación penal, se impide el ejercicio de esa profesión. Además, se precondena al facultativo, se anticipa una condena, porque esta es una de las medidas de que dispone el juez penal para sancionar si finalmente determina su culpabilidad.
Por las razones expuestas, vamos a rechazar la introducción de esta medida cautelar especial.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , quiero confirmar en parte lo que dijo el diputado Díaz , pero controvertir sus palabras en otro punto.
El inciso segundo que se agrega al artículo 234, importa una pena superior a la conducta descrita en el inciso primero, que efectivamente reviste un mayor disvalor, por tratarse de dar ocasión de que se efectúe la sustracción de caudales o efectos públicos. Al respecto, parece justificada la intención de castigar esta misma conducta respecto del otorgamiento de licencias médicas. Sin embargo, voy a solicitar votación separada de la frase final del inciso segundo, nuevo, que se agrega, que dice: “más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales”. A mi juicio, esa multa transforma en más grave la pena que estipula el inciso segundo. Al eliminar esa frase, la pena de dicho inciso será igual a la del inciso primero, lo que hará más proporcional y racional el sistema propuesto.
Como dije al comienzo de mi intervención, quiero controvertir una parte de lo que planteó el diputado Díaz , en el sentido de que la incorporación de la inhabilitación como pena impida la consagración de la medida cautelar. Son dos cosas completamente distintas: una es una medida procesal penal, y la otra, una pena. La privación de libertad, que es consecuencia de la pena de presidio o de prisión, también es consecuencia de una prisión preventiva. En ambos casos se priva de libertad a la persona; pero, por el hacho de hallarse establecida como pena, no significa que debemos derogarla como medida cautelar.
Por lo tanto, sostener que al establecer una inhabilitación como pena, como consecuencia del otorgamiento de licencias médicas falsas, no podamos hacerlo como medida cautelar, por lo menos desde el punto de vista dogmático, no corresponde.
Finalmente, como dije, voy a pedir votación separada de la parte final del inciso segundo, nuevo, que se agrega al artículo 234, y aprobaré por cierto la medida cautelar, porque es fundamental para dar eficacia a la lucha en contra de estas mafias de las licencias médicas falsas.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , establecer una regulación en relación con el fraude que se comete con ocasión del otorgamiento de licencias médicas, sin duda, es un objetivo loable, toda vez que están en juego, principalmente, recursos públicos. El abuso que se comete en esta materia muchas veces genera que se irroguen gastos no necesarios.
Debemos entender el objetivo que tiene en vista el Ejecutivo , cual es disminuir los niveles de fraude que se producen en relación con licencias médicas. Si ese es el objetivo, la verdad es que esta regulación excede con creces ello y comete errores en algunos casos. En ese sentido, me permito entregar una señal de alerta respecto de esta regulación.
Lamentablemente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue mandatada por esta honorable Sala para estudiar sólo los artículos 13 y 14, que se refieren a las penalidades asociadas a la infracción a estas normas.
No obstante, creo importante, un deber ético, dejar planteado un tema que me parece en extremo complejo. El proyecto de ley en comento crea el Registro Nacional de Licencias Médicas y susidios por Incapacidad Laboral, el cual permitirá que la autoridad tenga acceso a los documentos en que se fundan las afecciones de salud de las personas. En consecuencia, existirá una institución pública que poseerá toda la información respecto de las enfermedades de las personas naturales. ¿Se imagina, señor Presidente , de cuánto valor será esa información para una isapre? ¿Cuánto estará dispuesta a pagar una compañía de seguros por tener acceso a esa información? ¿Cuántos créditos no se otorgarán por el solo hecho de que algunas personas tengan determinadas afecciones?
En consecuencia, como dije en su oportunidad, estamos creando un verdadero Dicom de la salud. En dicho Registro quedarán consignadas todas las afecciones de salud de las personas, información, que al ser mal utilizada, podrá ser destinada en contra del propio “paciente”.
Entonces, no se entiende que este Registro Nacional de Licencias Médicas tenga la posibilidad de reunir estos antecedentes, en circunstancias de que el objetivo final es evitar el fraude. Para ello se requiere de un conjunto de normas -probablemente, las contenidas en los artículos 13 y 14, con algunas salvedades realizadas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia-, que sancione la mala utilización de este tipo de instrumentos.
En la Comisión existió una profunda discusión respecto de la necesidad de los antecedentes que fundan eso. Algunos sostuvimos que los antecedentes que fundan las licencias médicas no dan origen a un beneficio económico, sino que éste lo da, materialmente, sólo el documento denominado licencia médica.
En consecuencia, si hubiere falsificación o adulteración de los documentos fundantes, estaríamos, de conformidad con las normas generales del Código Penal, frente a la adulteración de un instrumento público o privado, según corresponda. Para decirlo de otra forma, la adulteración de un examen no da derecho a un beneficio económico de parte del Estado.
Por lo tanto, si el objetivo es perseguir y evitar la defraudación económica contra el Estado, no hay que preocuparse de los antecedentes fundantes, sino más bien circunscribirse, como sostiene el profesor Mario Garrido Montt , en la materialidad del objeto que da origen al beneficio económico, es decir, la licencia médica.
Vuelvo a manifestar mi preocupación respecto de la existencia del Registro Nacional de Licencias Médicas , porque puede generar un daño mayor: la filtración de información. La violación del secreto de esta información puede significar la afectación permanente de derechos garantizados en la Constitución Política. ¿Se imagina, señor Presidente , que ocurría si la información es adquirida, por ejemplo, por una empresa outsourcing que, al momento de seleccionar personal para un determinado trabajo, decida marginar a las personas que han tenido o tienen hipertensión o alguna enfermedad crónica? Eso puede ser extremadamente complejo, porque una vez más se estarán conculcando derechos fundamentales, como los relacionados con el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, incluso a los contratos de seguros exigidos para las compraventas hipotecarias.
En consecuencia, es altamente discutible la existencia del Registro Nacional de Licencias Médicas.
Es importante hacer presente que, mediante una indicación, el ministro de Salud incorporó al proyecto un conjunto de normas para intentar disminuir los eventuales impactos negativos que podría tener dicho Registro. No obstante, considero que más bien debe adoptarse una visión en el Estado sobre la protección de datos personales y, en particular, de los datos denominados sensibles, de conformidad con la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal.
Un segundo aspecto dice relación con la solidaridad. Ella significará la responsabilidad, por un lado, del facultativo, y por otro, de la persona objeto de licencia médica. Es decir, para decirlo de otra forma, si un médico otorga una licencia médica que, sin conocimiento del paciente, ha adulterado de alguna forma, el paciente será solidariamente responsable en lo económico de los perjuicios producidos al prestador. Por lo tanto, el paciente, además de estar afecto a una enfermedad, estará afecto a la devolución de los perjuicios económicos debido a su responsabilidad solidaria. A mi juicio, una cosa es desmotivar que el paciente haga una acción positiva destinada a defraudar el sistema y otra muy distinta, instaurar la solidaridad desde el punto de vista de la responsabilidad pecuniaria. Esto me parece extremadamente complejo.
Otro elemento que debiera regularse en el proyecto dice relación con los efectos laborales de la nulidad de la licencia médica. Cuando una licencia médica es otorgada por medios fraudulentos, y el facultativo es condenado, ese documento queda sin efecto. Pero, ¿qué pasa si el paciente que la recibe no está en conocimiento de ello? La nulidad de esa licencia médica significa que la persona se ausentó de su lugar de trabajo durante determinados días sin justificación, lo que, de conformidad con las normas del Código del Trabajo, podría significar el abandono laboral.
En consecuencia, es un buen proyecto, porque apunta en el sentido correcto, pero tiene falencias muy graves.
Por lo tanto, sin perjuicio de anunciar la aprobación de algunos artículos, hago presente que voy a votar en contra otros, porque son extremadamente delicados, no están bien regulados y, no obstante perseguir un objetivo loable, pueden generar un daño estructural en relación con la protección de datos personales y, particularmente, en lo que se refiere a la responsabilidad solidaria de los pacientes por los perjuicios ocasionados.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , respecto del proyecto, que tiene por objeto mejorar las normas que dicen relación con el otorgamiento y uso de licencias médicas, quiero hacer referencia a tres puntos que tienen que ver básicamente con materias de carácter penal.
En primer lugar, el proyecto propone un nuevo tipo básico, en virtud del cual se castigan las falsedades que se describen en el artículo 193 del Código Penal. Es lo que se denomina falsedad material o ideológica, cuando dicha falsedad se refiere al otorgamiento o tramitación de una licencia médica o, en algunos casos, cuando se trata de una declaración de invalidez.
El proyecto establece que si el que comete el delito es un facultativo, se aumenta la multa. Además, establece una pena accesoria de inhabilitación para emitir licencias por el tiempo que dure la condena.
Debo recordar que el artículo 193 -que figura en el Libro Segundo, Título IV, del Código Penal- establece que “Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad:”, y establece ocho tipos delictivos diferentes. Al respecto, es bueno saber que esta pena comienza con presidio de tres años y un día, y puede llegar a diez años de privación de libertad.
En consecuencia, la decisión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en el sentido de eliminar la disposición referida a la inhabilitación perpetua para el otorgamiento de licencias médicas, me parece buena, porque representaba una total desproporción respecto de otros delitos de similar naturaleza.
El segundo punto -lo mencionó el diputado Marcelo Díaz - dice relación con lo siguiente: el proyecto sanciona al funcionario público que, por negligencia -es decir, sin que exista intención positiva de causar un perjuicio o daño, sin que haya dolo- diere ocasión a que se cursen licencias médicas falsas, y lo castiga con la misma pena de quien malversa caudales públicos.
Sin embargo, el tema no tiene que ver sólo con la naturaleza de la pena que se está aplicando -en este caso, al funcionario público que actúa de modo negligente-, sino con dos bienes jurídicos protegidos, que son total y completamente diferentes: la fe pública, en el caso de la falsedad, y la probidad administrativa, en el de la malversación de caudales públicos.
En consecuencia, tratándose de dos diferentes bienes jurídicos protegidos, la naturaleza de la pena debiera ser, a lo menos, diversa.
El tercer punto dice relación con la introducción de una medida cautelar especial en los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de licencias médicas. Así, el tribunal podrá, mientras dure la investigación o por el menor plazo que, fundadamente, determine, decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias.
Tengo una observación que destacar al respecto, que compartimos con los diputados Rincón y Burgos, la cual dice relación con lo que señalaba el diputado Calderón . No es lo mismo una medida cautelar que una pena establecida en el Código Penal. Una es una norma asociada al procedimiento, y la otra, una norma punitiva establecida en el Código del ramo. Sin embargo, es bueno tener presente que si se permite este tipo de medida cautelar especial mientras dure la investigación, lo que estamos haciendo es establecer una pena encubierta. Ese hecho, de alguna forma, introduce un factor que no se condice con un mínimo debido proceso y con las garantías básicas de un sistema democrático, el cual no permite la aplicación de penas anticipadas.
Concluyo expresando que las medidas cautelares personales, como las establecidas en el artículo 155, tienen un objetivo específico, único y excluyente, que se relaciona con la garantía del éxito de las diligencias del proceso, la seguridad de la sociedad y del ofendido, y la comparecencia de la persona en el proceso. Ninguna medida cautelar -ni las del artículo 155 ni aquellas normas relacionadas con el otorgamiento de dicha medida-, tiene que ver con castigar anticipadamente. Al introducir el artículo 156 bis, nuevo, estamos aplicando una pena encubierta y, con ello, alterando los principios generales que uniforman el proceso penal en Chile.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente , un proyecto tan importante como éste, iniciado en mensaje de la entonces Presidenta Michelle Bachelet y cuyo objeto es perfeccionar el sistema de licencias médicas, contiene, a mi juicio, distintos puntos que requieren observaciones y perfeccionamientos.
En ese plano, en reiteradas oportunidades hemos dicho que el régimen de licencias médicas en el país está basado en la sospecha. Manifestamos esto, porque usuarios, falsos empleadores o ciertos médicos inescrupulosos han hecho abuso de este instrumento de protección social, que busca solamente justificar ante el empleador el reposo por enfermedad y el pago del respectivo subsidio que, en el tiempo, ha sido desgastado como consecuencia de normas que datan de hace muchos años y que, lamentablemente, segregan y generan un perjuicio económico o sanitario.
El perjuicio económico ha quedado suficientemente a la vista tras los fraudes que se han denunciado iterativamente en el tiempo. Años atrás, quien habla, en nombre del Colegio Médico de Chile, sancionó con las máximas penas a profesionales que aparecieron en televisión o en medios de prensa, quienes incurrieron en delitos relacionados con la falsa emisión de licencias médicas.
No obstante la persecución penal, hay una institucionalidad basada en las comisiones de medicina preventiva e invalidez, las que, en la actualidad, no dependen de los servicios de salud, sino de las seremis de Salud. Al respecto, pese a que la ley de autoridad sanitaria les entregó más facultades en 2004, carecen de fiscalizadores y de especialistas que hagan los peritajes.
Por lo tanto, el sistema está basado en que pagan justos por pecadores. Hoy, miles de chilenos se acercan a dichas comisiones y no reciben respuestas adecuadas en relación con el pago del subsidio o la evaluación de un rechazo o una reducción de la licencia médica.
Al respecto, existe un tema pendiente que no se aborda en este proyecto de ley, que se refiere a las condiciones en que van a estar dichas comisiones y los seremis a lo largo del país.
Además, tenemos un problema objetivo: la carencia de profesionales especialistas que logren hacer buenos sistemas de peritajes de las personas enfermas. Hoy, muchas están a la espera de una apelación, la cual, muchas veces, tarda semanas o meses en materializarse.
Asimismo, las personas a las cuales debe pagárseles una licencia médica, porque, en el fondo, es su sueldo, finalmente deben peregrinar para obtener dicho pago.
Entonces, quiero distinguir las mejoras a una ley -todos entendemos que es positivo penalizar y fiscalizar de mejor manera- de un sistema estructurado e institucionalizado que, a veces, carece de elementos de objetividad y de expertise para servir a la gente de manera adecuada.
En este plano, hoy necesitamos con mucha urgencia entregar recursos al sistema público, de manera que estos, bien gestionados, fortalezcan los únicos organismos que están en condiciones de hacer una buena apelación y evaluación médica de los pacientes: las comisiones de medicina preventiva. Obviamente, dichas comisiones deben solicitar los antecedentes -aquí paso a referirme al proyecto de ley- que el médico prescriptor de la licencia médica, debidamente acreditado, extienda para justificar claramente el motivo por el cual la entrega por un determinado número de días. Pero es inevitable pensar que el límite de once días existente en la actualidad -en un caso, cuando la licencia es de más de once días, se paga totalmente; en otro, se paga desde el cuarto día, como una licencia abreviada- genera una distorsión. Al respecto, en la ciudada-nía existe no sólo la creencia, sino la percepción clara de que las licencias cortas por estados gripales, por problemas menores, son castigadas en el sueldo del trabajador. Por eso, se ejerce presión para superar el límite de los once días, lo que, en muchos casos, no corresponde.
Por ende, la definición de la duración de la licencia debiera ser motivo de una modificación. La comisión presidencial, que en noviembre pasado estudió esta materia, tiene propuestas concretas. Ignoro por qué no se han agregado a la discusión central, cual es cómo racionalizar, de una vez por todas, el régimen de licencias médicas en el país.
Nos parece criticable que una comisión de carácter administrativo, en relación con la fiscalización de un profesional acreditado, -aunque sea en casos excepcionales-, no ejerza un debido proceso respecto de las notificaciones o sanciones. Me refiero, sobre todo, a las contenidas en los artículos 5° y 6° del proyecto, materia respecto de las cuales tenemos reparos. Nos parece que, obviamente, los tribunales de justicia son los llamados a aplicar las sanciones -las máximas- a quienes no fundamenten o no entreguen los antecedentes respecto a la justificación de una licencia médica.
Por último, en el debate que hubo en la Comisión de Salud, todos concordamos en que el proyecto tiene un objeto -que todos compartimos-, cual es controlar de mejor manera; pero no puede incurrir en arbitrariedades; no puede ocurrir que, bajo condiciones a veces, arbitrarias, se someta a personas y profesionales a presunciones de delito, sin el debido proceso en tribunales competentes.
Por lo tanto, el principio de la presunción de inocencia, debe estar recogido y contenido en este proyecto. No olvidemos que quien comete este delito es un facultativo, y, por lo tanto, debe ser sancionado, incluso, con la inhabilitación para el ejercicio profesional, pero todo de acuerdo con las normas del debido proceso legal, detrás de lo cual deberá estar la isapre respectiva que haga una acusación fundamentada.
Por eso, mantenemos nuestros reparos y críticas a los artículos 5°, 6° y 13 del proyecto, los que deben ser modificados para asegurar el debido proceso.
Con todo, echamos de menos el carácter global y sistémico que debiera tener un proyecto que pretende regular los días de carencia, el control de la Compín, las condiciones en que se harán los peritajes -cuestión que no se contempla-, y particularmente regular las apelaciones ante la Superintendencia de Salud o la Compin, para que tengan el mismo carácter y no exista desigualdad entre usuarios de isapres y Fonasa , entidades que tienen distintas maneras y procedimientos en relación con las apelaciones a este instrumento tan valioso, que es el justificativo del reposo por enfermedad.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Por el tiempo que resta para el término del Orden del Día, tres minutos, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , como recordará la Sala, el proyecto fue a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la cual soy miembro.
La Democracia Cristiana pidió votación separada de los artículos 14 y 13, letra b), a los cuales se les hicieron algunas enmiendas.
Es el parecer de quien habla y de varios diputados, que el tipo penal que se contempla es simplemente desproporcionado y excesivamente amplio, al borde de dar lugar a una ley penal en blanco, con sujeto activo indeterminado. En definitiva, será prácticamente inaplicable.
Fundamentar las razones daría para una intervención que duraría bastante más que tres minutos. Sin embargo, quiero dejar constancia, junto a una presunción de autoría, de que simplemente no se condice con las modalidades que debe tener el tipo penal, lo que nos llevará a rechazar la norma.
¡Qué decir de la medida cautelar que establece el artículo 14! Lo que propone es prácticamente una presunción de culpabilidad, ajena a todo sentido de una medida cautelar. Amén de estar mal ubicada en nuestro ordenamiento procesal penal o penal, a juicio de varios, entre lo que me incluyo, la presunción de culpabilidad -repito- es ajena a toda medida cautelar. La finalidad de esta medida es asegurar el resultado de la investigación y proteger a la víctima. Dicha disposición pretende limitar el otorgamiento de licencias médicas. Es más, varios han dicho que limita y horada el ejercicio de la función profesional.
Por eso, reitero, votaré en contra esas disposiciones. Además, pedimos votación separada de los artículos que señalé al principio de mi intervención.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
El tratamiento del proyecto continuará en una próxima sesión. Quedan inscritos los diputados señores Torres, Silber, Cardemil, Monsalve, Gutiérrez y Letelier.
VI. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE NUEVA POLÍTICA HABITACIONAL DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS COMITÉS DE ALLEGADOS. Oficio.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , mi intervención tiene que ver con una denuncia hecha por miembros de un comité de allegados de la zona sur de Santiago, específicamente de las comunas de San Joaquín y La Florida.
El Gobierno destina la mayor parte de su tiempo a destacar sus supuestos logros, poniendo como ejemplo la reconstrucción y sosteniendo que ha sido realizada en forma ejemplar. Sin embargo, en la realidad se evidencian otros resultados.
El problema de falta de vivienda es complejo y tiene múltiples variables, entre las cuales son comunes la pobreza, la falta de oportunidades y la postergación. Sin duda, la dignidad de una persona pasa por tener un techo donde vivir. Pero si el mercado deniega el acceso a una vivienda, el Estado debe hacerse cargo de ello.
Los dirigentes de dicho comité me expusieron sus problemas. Existe una permanente tensión entre grupos de allegados y víctimas del terremoto. De hecho, los beneficiarios de los planes de reconstrucción y los allegados parecen no tener prioridad frente a las víctimas del terremoto. Sabemos que el terremoto pasará a la historia por el tiempo que transcurrirá para que las personas puedan recuperar todo lo perdido, pero no por eso debemos desconocer y abandonar a las otras que están esperando obtener una vivienda.
En consecuencia, hago un llamado de atención para que se haga una correcta focalización de las políticas públicas en favor de ellas, según la cantidad de allegados y su situación económica y social. Exigimos hacer mejor las cosas. No sólo se trata del problema que hoy denuncio, porque también lo he hecho en terreno, sino también de algo que he escuchado de parte de los alcaldes de las comunas de la zona norte de la Región Metropolitana. Seguramente hemos tenido esos mismos problemas en todo el país.
Además, hay que dirigir adecuadamente los subsidios del Estado y hacerse cargo de las diferencias entre un comité de seiscientos allegados y otro de treinta personas. Asimismo, se deben establecer prioridades, urgencias, tiempos y dineros, según monto, extensión y otros aspectos, lo cual revela falta de experiencia y preocupación. Ellos denuncian que tampoco tienen claridad sobre los llamados a postulación para obtener beneficios ni pueden acceder a información clara y precisa. De modo que exijo al Ministerio que tome cartas en el asunto.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, para que informe todo lo referente a la nueva política habitacional que está implementando el Gobierno para todos los comités de allegados existentes, en especial de las comunas de Macul, San Joaquín y La Granja. Además, que señale los plazos en que se llevarán a cabo tales medidas, las características y extensión de dichos planes, la cantidad de recursos por cada fondo creado, las formas, requisitos y postulación de aquellos y las medidas que se adoptarán para la repostulación a algunos beneficios por parte de los allegados que lo requieren.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
COBERTURA DE SALUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PADECEN LUPUS ERITEMATOSO. Oficio.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , finalmente hago un llamado de atención sobre el lupus y su cobertura de salud para las personas sin recursos.
Esta enfermedad que sufren muchas personas de mi distrito y de todo Chile tiene un tratamiento muy costoso, pero con alta probabilidad de éxito.
Por lo tanto, como diputada de la República , solicito oficiar al ministro de Salud , con el objeto de que nos informe respecto del número de enfermos de lupus que tenemos en la atención primaria y en la atención hospitalaria, para pedir, mediante un proyecto de acuerdo, que se incluya en el plan Auge.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
INCLUSIÓN DE ASIGNACIONES DE MOVILIZACIÓN Y DE COLACIÓN EN CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIO. Oficios.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , nos hemos informado en los últimos días por la prensa y por declaraciones de diversos dirigentes sindicales de una decisión que ha tomado la Dirección del Trabajo mediante el oficio ordinario N° 2314-038, de 6 de junio de 2011, que modificó su propia interpretación en relación con el cómputo de las asignaciones de movilización y de colación en el cálculo de las indemnizaciones por años de servicio.
La conclusión de ese organismo sostiene que las asignaciones de colación y de movilización, como los demás estipendios contenidos en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo no deben incluirse en la base de cálculo para el pago de las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y de años de servicio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 del mismo código.
De esta forma, señor Presidente , la Dirección del Trabajo reconsidera su propia jurisprudencia administrativa, que había sido plasmada en distintos dictámenes a lo largo de los últimos años.
Por lo anterior, anuncio mi respaldo a una acción que están realizando hoy más de cien dirigentes sindicales, quienes están presentando una solicitud de reconsideración a la Dirección del Trabajo, con petición de no innovar, porque hay distintas interpretaciones sobre los artículos 41 y 172 del Código del Trabajo, porque, de acuerdo con su naturaleza, corresponde que ese organismo defienda a los trabajadores cuando hay dudas de interpretación. Además, nadie le ha pedido, salvo que lo hayan hecho oficiosamente muchos empresarios, que modifique su interpretación respecto de esas disposiciones, la que ha regido durante todos estos años.
Por cierto, se han presentado proyectos de ley de interpretación del Código del Trabajo; sin embargo, eso requiere de una larga tramitación, por lo que no resulta práctico, ya que miles de trabajadores van a empezar a sufrir los efectos de esa interpretación de la Dirección del Trabajo.
Por lo tanto, solicito oficiar a la señora ministra del Trabajo y a la señora directora de la Dirección del Trabajo, con el objeto de que, a través de una decisión administrativa, dado que existe jurisprudencia de la propia Dirección del Trabajo, impidan que se lleve a cabo esta innovación y que la propia Dirección del Trabajo reconsidere no dar curso a ese lamentable oficio ordinario que hemos conocido en estos días, que quita derechos a miles de trabajadores en una materia tan sensible como es la indemnización por años de servicio.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
AUDITORÍA FINANCIERA, CONTABLE Y DE GESTIÓN A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE VIÑA DEL MAR EN RELACIÓN CON FONDOS ASIGNADOS A LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL. Oficio.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , la situación de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Viña del Mar es muy grave, pues tiene un déficit muy alto, que asciende a más de 7 mil millones de pesos. No obstante, esa situación es aún más grave, debido a que en 2008 la corporación recibió 546.644.000 pesos por concepto de subvención escolar preferencial, pero sólo rindieron 214 millones; en 2009 recibió 1.559 millones por ese concepto, pero sólo rindió 563 millones; en 2010 recibió 1.542 millones, pero no ha rendido ni un solo peso de la cifra recibida. El total recibido por concepto de ley SEP, subvención escolar preferencial, asciende a 3.648 millones, de los cuales hay 2.833 millones sin rendir a la fecha. Ésta es una situación absolutamente insólita en un servicio público.
Los datos son oficiales y fueron entregados por la Secretaría Ministerial de Educación, en un informe que señala que esos fondos no han sido rendidos escuela por escuela.
Concurrí a la oficina del señor gerente de la corporación para representarle esta situación y exigirle esta rendición, pero me ha señalado que hay muchas dificultades para la rendición de los años 2008 y 2009, y que pronto haría la rendición sobre los fondos de 2010.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor contralor, con el objeto de que se acelere una auditoría contable, financiera y de gestión, que determine cómo se han gastado los fondos correspondientes a la subvención escolar preferencial, dónde están los recursos que no se han rendido y por qué la corporación, según lo que me informó el gerente, ha hecho uso de esos fondos de manera absolutamente centralizada, sin que se dé cuenta de cómo esos fondos llegan a los programas de mejoramiento educativo que elaboran las escuelas para favorecer a los niños más vulnerables de la comuna.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ, DE OVALLE. INCLUSIÓN DE DICHO ESTABLECIMIENTO EN PROGRAMA LICEOS DE EXCELENCIA. Oficio.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Independiente y del Partido Regionalista de los Independientes, tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , solicito oficiar al señor ministro de Educación , don Joaquín Lavín Infante , con la finalidad de que analice, revise y cambie la propuesta del municipio de Ovalle para que el liceo científico humanista Alejandro Álvarez Jofré se convierta en liceo de excelencia, por la proposición que está realizando un importante grupo de miembros del centro de padres y apoderados de Ovalle que estima que el establecimiento educacional tiene un prestigio ganado y que su capacidad impide ampliarlo, por lo que propone construir uno nuevo, que no abarque sólo a la comuna de Ovalle, sino que sea de toda la provincia del Limarí.
Los niños más pobres de Combarbalá, de Punitaqui, de Monte Patria, que tienen una tremenda capacidad e inteligencia, no pueden acceder al liceo Alejandro Álvarez Jofré por las distancias que deben recorrer. Por lo tanto, se pide al ministro que tenga a bien estudiar la creación y construcción de un liceo que tenga característica provincial y que incluya en él un internado para que los mejores alumnos de los sectores más modestos de la provincia del Limarí tengan igual acceso a ese liceo.
Insistir en mantener el Liceo Álvarez Jofré en pleno centro de la ciudad de Ovalle sería un tremendo error que afectaría a sus habitantes.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa y la Secretaría está tomando debida nota.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN FAVOR DEL SISTEMA DE SALUD DE COMUNA DE QUINTERO. Oficios.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente, me voy a referir a los graves problemas en el sistema de salud de la comuna de Quintero.
El lunes 11 de abril sostuvimos una reunión en conjunto con los alcaldes y concejales de la comuna de Quintero con el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud , doctor Luis Castillo . Planteamos las aprensiones respecto del difícil momento que vive el sistema de salud de Quintero, llámese hospital y consultorio dependientes del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. El problema aqueja especialmente a la comuna de Quintero, pero sin dejar de afectar a las comunas de Puchuncaví y de Zapallar, que también derivan sus pacientes de urgencia al hospital.
En este último período la situación se ha agudizado y ha generado un sentimiento de insatisfacción usuaria de los habitantes de la comuna que piden urgentemente un cambio en el sistema, como lo dice el acuerdo municipal en nota enviada por el alcalde a las autoridades de salud.
Uno de las carencias más comunes es la falta de horas profesionales para la atención de morbilidad en consultorio, otorgando sólo siete números diarios, a pesar de que las personas que esperan ser atendidas cada mañana superan las cuarenta, a veces a partir de las 4 de la madrugada, muchas de las cuales viajan desde zonas rurales. La explicación es que faltan médicos, pero sabemos que existen nueve médicos en el hospital. Muchos de esos profesionales prefieren actuar en hospitales como médicos generales de zona que en la APS.
Por otro lado, los pacientes crónicos descompensados no tienen posibilidad de atención inmediata, sino hasta en seis meses y los compensados en un año. Muchas veces el paciente, luego de asistir a su tan anhelada cita, ve con sorpresa cómo ésta es cambiada por otra, a verificarse en seis meses más, todo ello por falta de profesionales.
Lo mismo ocurre con muchos pacientes de control infantil que por falta de profesionales se les cambia la hora hasta nueva fecha. Por ello, quedan sin poder retirar su leche por no contar con asistentes, de vital importancia cuando hablamos de personas de muy escasos recursos.
Respecto de los adultos mayores que no reciben sus exámenes funcionales de salud por falta de enfermeras, es importante mencionar la alta rotación de profesionales en los consultorios: cuatro enfermeras en el último año.
Un aspecto de importancia y no menor es la contaminación ambiental que sufren los habitantes. Por eso, la sala IRA y ERA son un aporte relevante, pero no existe ni médico ni enfermera capacitada que lidere la situación. Por estas razones, concretar la construcción de un Cesfam en la comuna de Quintero y obtener así un solo sistema de APS en Quintero, con un Cesfam urbano, la posta de Loncura y estaciones médicas rurales en las zonas apartadas rurales con rondas periódicas, descongestionará el sistema de salud del hospital.
Respecto del sistema de atención hospitalario, es necesario apuntar directamente al sistema de urgencia, el que es necesario implementar durante 24 horas al día durante todo el año; dos ambulancias que funcionen plenamente, ya que cuando una de éstas sale a trasladar pacientes hacia Viña del Mar al Hospital Gustavo Fricke , la zona de Quintero queda sin ambulancia por un período de cuatro horas.
Por lo tanto, solicito con urgencia dotación de ambulancias y dos conductores por cada turno; ampliación de unidad de emergencias en metros cuadrados y mejorar su complejidad; aumentar la dotación médica por turno de emergencias; aumentar el nivel de baja complejidad a complejidad media con un nivel resolutivo debido a la condición de Quintero. Además, con la atención de las comunas vecinas de Zapallar y Puchuncaví, aumenta la población en temporada estival prácticamente al doble o triple.
Pido que se oficie con urgencia al ministro de Salud y al subsecretario de Redes Asistenciales, a fin de que contesten los planteamientos de este diputado, así como el oficio enviado el 6 de junio por el alcalde y el concejo municipal de Quintero.
Debo agregar que, conversando con el ministro de Salud, él se ha comprometido con quien habla para visitar Quintero a fines de mes, con el propósito de ver en terreno los gravísimos problemas de salud del hospital.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa y la Secretaría está tomando debida nota.
INFORMACIÓN ACERCA DE ACTUACIÓN DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE OSORNO EN RELACIÓN CON DENUNCIA DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES. Oficio.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos y medio, el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, he recibido una carta de los trabajadores y trabajadoras de La Polar de Osorno. No obstante haberse constituido una comisión investigadora, quiero resumir un poco este documento. Se trata de dos situaciones que sufren o han sufrido los trabajadores.
En primer lugar, no pueden entender que para que se les paguen las comisiones haya un piso de 4 millones 200 mil pesos para las trabajadores de vestuario y de 8 millones 200 mil pesos para los de electrodomésticos. A partir de esos montos se pagan las comisiones. En el caso de ciudades chicas como Osorno y varias más no logran llegar al piso base y generalmente sus esfuerzos y sacrificios se pierden y solamente reciben su sueldo base.
Por otro lado, ellos han realizado su huelga legal en la negociación colectiva. En esa huelga hubo intentos por terminarla y se presionó a los trabajadores, se les atemorizó con la salida de los jefes hacia las puertas para ver quiénes estaban en movimiento. Indudablemente, eso provocaba cierto temor. Son situaciones que la empresa ha provocado.
En las siguientes palabras de un trabajador se resume todo lo que ha ocurrido. “La Polar no sólo se ha enriquecido con los clientes, sino también con todos los funcionarios de la Empresa, pues pagan malos sueldos y elevan los pisos para no pagar comisión.”.
Por eso, pido oficiar a la ministra del Trabajo y Previsión Social , a fin de que pida informes a la Dirección del Trabajo respecto a la actuación de la Dirección del Trabajo de Osorno, por cuanto habiéndose denunciado prácticas antisindicales o desleales en la huelga legal el servicio no las consideró, pese a que la directora del Trabajo de Osorno reconoció que había empleadores jefes de servicio que salían a las puertas de la empresa para atemorizar a los huelguistas, con el objeto de que se descolgaran.
También que se informe respecto de la legalidad o improcedencia del piso para pagar comisiones de 4 millones 200 mil pesos para personal de vestuario y de 8 millones 200 mil pesos para el de electrodomésticos. Además, hay algunos trabajadores que suben de grado, pero se les paga el mismo sueldo. Pido que se envíe el oficio para saber la posición de la dirección del trabajo al respecto.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN ACERCA DE RESOLUCIÓN ADOPTADA EN CASO DE DENUNCIA DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES EN CONTRA DE TRABAJADORES DE EMPRESA INGETAL S.A. Oficio.
El señor OJEDA.- Por otra parte, solicito que la Dirección del Trabajo informe respecto de la resolución final adoptada sobre acusaciones de prácticas antisindicales de la empresa Ingetal S.A., que está construyendo el Hospital Base de Osorno. He tenido conocimiento de que los cinco dirigentes de Ingetal S.A. renunciaron a su trabajo por prácticas antisindicales, por las presiones y el temor que la empresa hizo sobre ellos.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SECTOR CHORRILLOS, COMUNA DE COELEMU, REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , solicito oficiar a los ministerios del Interior y de Obras Públicas debido a la difícil situación que vive actualmente la Junta de Vecinos Chorrillos, comuna de Coelemu, provincia de Ñuble, Octava Región.
Componen dicha organización comunitaria cerca de 40 familias que, como señalé, están pasando por un problema complicado de abastecimiento de agua potable, puesto que el lugar desde donde extraían el vital elemento fue clausurado por su propietario, un particular, y en estos momentos la municipalidad es quien les está entregando el recurso.
Por lo tanto, en el oficio requerido solicito al Ministerio del Interior que, dada la gravedad de la situación expuesta, instruya a la Gobernación Provincial de Ñuble para que apoye al municipio de Coelemu con recursos financieros a los efectos de mantener el suministro de agua potable en ese sector.
Y respecto del Ministerio de Obras Públicas, para que, dada la urgencia del problema descrito, la Dirección de Obras Hidráulicas ayude al sector afectado con la construcción de un pozo profundo, una torre y un estanque, ya que la red de agua potable existe desde hace tres años, y funciona perfectamente.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien preside.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.41 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.17 horas.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA SUBCONTRATISTA INGECOM LIMITADA. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , desde el pasado lunes 13 de junio, han entrado en conflicto de huelga legal ochenta trabajadores de la empresa subcontratista Ingecom Limitada, que labora en la localidad de Potrerillos, a 2.600 metros de altura, en la comuna Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Región de Atacama.
En relación con esta situación, se han producido irregularidades respecto de la actuación de la fiscalizadora de la oficina de la Inspección del Trabajo de la provincia de Chañaral, a través de los inspectores comisionados.
Legalmente, los dirigentes sindicales tienen derecho a hacerse asesorar en el proceso de negociación. La legislación permite que dichos asesores estén presentes en las reuniones críticas de los procesos de negociación; la legislación también lo permite para los asesores de los empleadores.
A pesar de lo anterior, en relación con el proceso de huelga legal, se han pesquisado y ha habido debidas denuncias de los dirigentes de los sindicatos, en cuanto a que la
actuación de los inspectores de la Inspección del Trabajo de la provincia de Chañaral ha sido parcial en favor de la señalada empresa contratista, obstaculizando la presencia de los asesores del sindicato de los trabajadores en conflicto. Quizás, lo que tenga un impacto aún más negativo sea el hecho de que dichos inspectores tampoco proveen la adecuada información como base a los dirigentes sindicales de los trabajadores en huelga.
Por esta razón y a raíz de estas denuncias, quisiera pedir que se oficie a los directores de la Inspección del Trabajo de la Región de Atacama y de la provincia de Chañaral para que den cuenta de los protocolos e instrucciones a los cuales deben atenerse los inspectores de la Inspección del Trabajo, los documentos que evidencien que dichos protocolos se han cumplido y los informes que esos funcionarios han hecho llegar a su jefatura sobre el conflicto en curso que he mencionado.
Sería oportuno y recomendable que las jefaturas superiores de la Región de Atacama y de la provincia de Chañaral se hagan presente en los espacios donde se desarrolla el conflicto de huelga legal ya señalado, para verificar con los dirigentes sindicales las actuaciones de dichos inspectores. Creo que estas medidas son elementales para la transparencia y el rigor de cómo se aplica la ley, sin perjudicar a priori a los trabajadores de parte de los funcionarios públicos.
Solicito que se envíe copia del oficio al seremi del Trabajo de la Región de Atacama , al gerente general de Codelco-Salvador , al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de las tres provincias de la Región de Atacama, al presidente del Sindicato de la Empresa Ingecom Ltda., al presidente de la Federación de Trabajadores Contratistas de Codelco-Salvador , a la cual está afiliado el sindicato en huelga, y al alcalde y a los concejales de la Municipalidad de Diego de Almagro.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando el texto de su intervención.
INVESTIGACIÓN DE EVENTUALES IRREGULARIDADES DEL SENAME EN PROCESO DE ADOPCIÓN. Oficios.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , ayer, en mi distrito, recibí una denuncia, que también apareció en los medios de comunicación de hoy, según la cual el matrimonio Rocco-Castillo, formado por dos jóvenes profesionales de La Serena, asegura haber sido denunciado por el Sename, en el proceso de adopción de un menor que se encuentra bajo la custodia de dicho servicio.
Los jóvenes señalan que, en diversas ocasiones, han solicitado ser evaluados para poder optar al régimen de adopción, dado que cumplen con todos los requisitos que establece la ley; sin embargo, el Sename se ha negado a hacer la evaluación.
La pareja ha estado en contacto con el menor que quieren adoptar. Tengo en mi poder los antecedentes que me enviaron ayer, a través de correo electrónico. Ellos han intentado por todos los medios demostrar que están en condiciones de cumplir con los requisitos que exige la ley para proceder a la adopción, que mantienen vínculos con el menor y que, por cierto, no desean incumplir ninguna de las normas que rigen para un proceso de esta envergadura.
Por lo tanto, quiero pedir que se oficie al ministro de Justicia y al director del Sename , a fin de que ordenen hacer una profunda investigación que permita determinar si dicho servicio ha cometido irregularidades o arbitrariedades ante la solicitud de adopción efectuada por el matrimonio serenense que he señalado.
El señor Presidente sabe muy bien que entre las funciones del Sename están, precisamente, acoger y proteger a los menores en situación de riesgo social y regular, dirigir y administrar los procesos de adopción, que están establecidos por ley. Para ello, es fundamental mantener una relación con quienes están dispuestos a adoptar.
Adoptar es una opción no sólo legítima, sino necesaria y, por tanto, debe ser estimulada. Por cierto, debe ser administrada en forma responsable y rigurosa; pero, lo que está denunciando este matrimonio, que aparece -repito- en todos los medios de comunicación de mi región, es que ha habido mala fe y falta de voluntad y disposición por parte del Sename local para que puedan acceder a una opción tan noble e importante.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
INCLUSIÓN DE CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA SERENA EN PLAN REGIONAL DE MEJORAMIENTO DE CUARTELES. Oficios.
El señor DÍAZ.- En segundo lugar, quiero pedir que se oficie al intendente regional, a fin de darle a conocer un hecho importante que considero de la mayor gravedad.
En la noche del viernes pasado, visité el cuartel de la Cuarta Compañía de Bomberos del sector Las Compañías, en La Serena. Chile es el único país del mundo donde los bomberos son voluntarios y, por ende, sus condiciones de trabajo deberían ser las mejores. Sin embargo, en la mayoría de las comunas esto no ocurre.
Esto quedó confirmado durante la visite que realicé el viernes 10 del mes en curso. Los propios voluntarios de dicha compañía me invitaron para que comprobara en terreno las condiciones en que, día y noche, esperan el llamado de ayuda de quienes la necesitan.
Lo primero que pude apreciar fue la falta de energía eléctrica en la parte exterior del cuartel. Después, los voluntarios me guiaron por un recorrido en el que pude apreciar la falta de elementos de seguridad. Había sólo 15 trajes para 30 voluntarios, botas rotas y en mal estado, la cocina sin cañerías para la evacuación de las aguas, lo que obliga a los bomberos a usar baldes para extraerla y seguir usando el viejo lavaplatos.
Para qué hablar de las condiciones en que se encuentra el único baño, que a pesar de estar limpio, tenía daños en sus muros y en las duchas.
En los dormitorios el escenario no era mejor, ya que los bomberos tuvieron que desembolsar dinero de sus bolsillos para poder comprar camarotes y colchones que se encuentren en condiciones dignas para ser utilizados durante su reposo temporal.
Pero su inquietud no sólo radica en las malas condiciones en que se encuentra el cuartel y su indumentaria, sino también en los problemas que presenta el carro bomba, puesto que no cuenta con los elementos de seguridad y de trabajo necesarios para llevar a cabo una labor adecuada y segura.
En los escasos segundos que me restan, quiero decirles que Las Compañías se encuentra en la mitad de La Serena, en el sector norte de la ciudad, donde viven 80 mil personas, la mayoría de ellas de escasos recursos. Con mucho sacrificio y con la ayuda de los vecinos del sector, se logró levantar el cuartel de la Cuarta Compañía; pero no se puede esperar, como ha ocurrido en otros sectores, que los vecinos, con sus recursos, contribuyan a mejorar las condiciones del mismo. Por eso, es necesario que intervengan las autoridades.
Hace algún tiempo, el intendente regional anunció un plan regional de apoyo a las compañías de bomberos de la región. Me gustaría saber qué ha sucedido con dicho plan y si la compañía mencionada está incorporada en él. Si no es así, es necesario adoptar las medidas del caso, porque no se puede permitir que una institución como Bomberos de Chile realice un trabajo tan relevante en condiciones que sólo pueden tener un calificativo: inaceptables e indignas, para una institución tan importante como Bomberos de Chile.
Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención al director nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y al director de la Cuarta Compañía de Bomberos , del sector Las Compañías, de La Serena, con el objeto de que tengan conocimiento de lo que acabo de plantear.
He dicho.
El señor CARMONA ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando.
PAGO DE BECA CHAITÉN. Oficios.
El señor CARMONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , quiero referirme a un asunto extremadamente preocupante, en particular, para los hijos de los habitantes de Chaitén que, debido a la erupción del volcán del mismo nombre, tuvieron que abandonar su ciudad y hoy se encuentran estudiando en distintas ciudades del sur y también del norte.
Así como existen las becas Rettig , Presidente de la República e Indígena , también hay una Beca Chaitén, que se creó para ayudar a todos los estudiantes de educación superior, con el objeto de que puedan pagar su arancel, la locomoción y su alimentación. Pero sucede que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas no la está pagando, a pesar de que la Cámara celebró una sesión especial para tratar los problemas de esa institución y, no obstante todos los esfuerzos que han realizado, los estudiantes han sido abandonados por ella. En cada ciudad donde hay universidades en las cuales estudian los jóvenes de Chaitén, hay reclamos porque, a estas alturas, a mediados de junio, no tienen recursos para seguir estudiando. Ésta es una irresponsabilidad de la institución mencionada, cuestión que también debiera ser resuelta por el ministro de Educación .
En la Cámara discutimos sobre lo que estaba sucediendo con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y se cambió a su directora; sin embargo, aún no se resuelve el problema que estoy planteando.
Por lo tanto, quiero pedir que se oficie al ministro de Educación , con el objeto de que, lo antes posible, resuelva el problema de las Becas Chaitén, así como también el de las otras becas que la institución tampoco está pagando. Dicen que es un problema de la Contraloría, que es burocracia; pero, ya estamos en junio y la irresponsabilidad de la Junta está afectando irremediablemente a los estudiantes.
Pedí una audiencia para esta semana a la persona que está subrogando a la directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, pero se negó a recibirme, argumentando que lo haría en los próximos días. Como digo, se negó a recibirme, porque no tiene deseos de conversar sobre este tema, lo que considero inconcebible. Lo que me interesa es que el problema se resuelva lo antes posible.
Por eso, he solicitado que se oficie al ministro de Educación y a quien esté subrogando a la directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas -no tengo idea quién lo está haciendo-, con copia de mi intervención, a fin de que resuelvan lo antes posible el problema señalado. Se habían comprometido a hacerlo a fines del mes pasado; después dijeron que la primera quincena de junio, y ahora, en el portal de la institución, desmienten esa información, diciendo que, probablemente, pagarán la beca antes de 30 días.
Los estudiantes de educación superior que reciben la Beca Chaitén y las otras que he mencionado no pueden seguir esperando que esta situación se resuelva y, por lo mismo, es necesario que el ministro de Educación lo haga lo antes posible.
He dicho.
El señor CARMONA ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
INCLUSIÓN DE LICEO RECTOR ARMANDO ROBLES RIVERA, DE VALDIVIA, EN PROGRAMA LICEOS DE EXCELENCIA. Oficios.
El señor CARMONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , a fines de mayo concurrí al acto de aniversario 166° del Liceo Rector Armando Robles Rivera, de la ciudad de Valdivia.
Según me contaba su director, señor Hernán Valencia , es el séptimo liceo más antiguo de Chile. Cumple este aniversario con la participación de toda su comunidad educativa. Se premió, en un hermoso acto, a funcionarios destacados, como las señoras María Antonieta Vera Orellana y Mónica Cristina Alfaro .
En las aulas de este liceo, que acaba de cumplir 166 años, estudiaron, entre otros destacados alumnos, el ex presidente Salvador Allende, don Raúl Rettig e importantes ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Valdivia.
La comunidad educativa de este establecimiento educacional cuenta con más de 800 alumnos y más de 40 profesores.
De acuerdo con el plan de la Región de Los Ríos de 2010 a 2014, presentado por las autoridades regionales, se ha señalado, como acciones concretas que, a partir de 2011, el Liceo Altamira, de Panguipulli, comenzará a funcionar como liceo de excelencia.
Adicionalmente, se postularán como liceos de excelencia otros dos establecimientos de la región: el Instituto Italia, de Valdivia, y el Liceo Rector Abdón Andrade, de la comuna de La Unión.
Dadas las características de este establecimiento educacional que acaba de cumplir 166 años, su historia, lo que significa para la ciudad de Valdivia, para la comunidad educativa, para sus estudiantes y ex alumnos, creemos fundamental su inclusión en el programa de liceos de excelencia implementado por el Ministerio de Educación.
Solicito que se oficie al ministro de Educación para que incluya al Liceo Armando Robles Rivera en dicho programa.
Asimismo, que se oficie al intendente de la Región de Los Ríos para que, dentro de sus facultades, pueda priorizar esta petición.
Igualmente, solicito que se envíe copia de mi intervención a don Hernán Valencia , rector del establecimiento señalado y, a través de él, a toda la comunidad educativa del establecimiento.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Marisol Turres y del diputado señor Fuad Chahín.
APROBACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS. Oficios.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente , quiero hacer presente la inquietud que existe en distintos grupos o comités habitacionales para postular a los subsidios de reconstrucción.
En San Rafael, en Talca, en Constitución, existen diversos comités habitacionales. El de San Rafael se llama Comité Nueva Vida y está conformado por 177 familias, 135 de las cuales están acreditadas como damnificadas. A estas familias no se les ha dado una respuesta concreta de solución habitacional, debido a lo siguiente:
El día 26 de enero de 2011 se rechaza la solicitud de cambio de uso de suelo presentado por la Constructora Lourdes, aludiendo que no correspondía dicho cambio por no estar acorde con el nuevo plan regulador de esa comuna.
El criterio que debe aplicar la seremi de Vivienda está consagrado en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo, que señala claramente que fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones ni levantar construcciones, salvo aquellas para la construcción de conjuntos habitacionales o viviendas sociales hasta un valor de mil unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.
Hoy, el Estado de Chile entrega un subsidio a personas inscritas en el Registro Nacional de Damnificados , en calidad de arrendatarios y allegados. Éstos tienen acceso a los programas de reconstrucción de viviendas en las que se les asignan 380 unidades de fomento por familia, para obtener una vivienda definitiva. A esa cifra se le agrega un subsidio de localización asignado a la urbanización del terreno. Por lo tanto, además de ser personas sujetas de subsidio, son parte de un sistema de excepcionalidad, que es la reconstrucción.
La letra b) del mismo artículo dice que corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectivo cautelar las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines de agricultura, siempre y cuando no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la población urbana regional.
En la comuna de San Rafael no existe plan regulador vigente, según el artículo 53 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; sin embargo la comuna, a través de su Departamento de Planificación, presentó una propuesta de plano regulador a la seremi de Vivienda del Maule, el cual se encuentra en estado de observaciones.
Hemos estudiado dicho proyecto, y las cinco hectáreas que conformarán un villorrio o un núcleo urbano, como dice el artículo, son totalmente compatibles con la propuesta o el plan regulador comunal.
Es necesario agregar que la respuesta entregada a solicitud del alcalde el 31 de mayo del presente año, hace alusión al inciso primero del artículo 2° de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el cual se refiere expresamente a la presentación de un plan regulador o, en su defecto, a modificaciones a éste, el cual aún no se encuentra vigente, ya que, según lo expresado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sólo se consagra su vigencia una vez publicado en el Diario Oficial.
En la actualidad, hay cuatro comités habitacionales en la Región del Maule, uno de ellos es el que me he referido, Comité Nueva Vida, conformado por 177 familias, al igual que el Comité Habitacional Nueva Ilusión, integrado por 100 familias, 80 de las cuales tienen carácter de damnificadas y presentan el mismo problema respecto del plan regulador.
Las familias afectadas han golpeado muchas puertas en la seremi y aún no son escuchadas. Lo mismo pasa con el Comité Falucho, de Constitución, que presenta un problema similar.
Estas familias son muy vulnerables y viven en condiciones muy desventajosas, por lo que se hace imperativo que postulen a los subsidios de reconstrucción, de modo que puedan resolver en forma definitiva e integral sus problemas de vivienda.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y a la seremi de Vivienda de la región, para que consideren la urgencia de las familias afectadas, que constituyen cuatro comités, para que las más de 500 familias postulen al subsidio que están esperando hace tanto tiempo.
Los comités son: Comité Nueva Ilusión, de Talca; Comité Nueva Vida, de San Rafael; Comité Falucho, de Constitución, y Comité Cardenal Samoré, de la comuna de Maule. Están todos en las mismas condiciones, esperando que se apruebe el cambio de uso de suelo.
Creemos que el criterio que está aplicando la seremi no es acorde con lo que quiere el Gobierno, cual es entregar prontamente las viviendas, y la seremi no está acatando lo que dispone el Presidente de la República.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de las diputadas señoras Marisol Turres y Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Fuad Chahín y Gabriel Ascencio.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON PROBLEMAS QUE AFECTAN A ESCUELA ESPECIAL ANDRÉS BELLO, DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Educación , con el objeto de que dé respuesta a algunas situaciones que tienen bastante afligida a la comunidad de la Escuela Especial Andrés Bello, que pertenece a la Fundación Coanil, en Puerto Montt.
Esta escuela tiene una matrícula de 122 alumnos, de los cuales sólo 85 reciben alimentación, porque la Junaeb entrega ese servicio a los alumnos sólo hasta que cumplen 18 años. Por lo tanto, quedan sin alimentación 37 alumnos que tienen entre 18 y 24 años. Esto les ocasiona una gran dificultad, porque los jóvenes que asisten a esa escuela son de muy bajos recursos, por lo que viven una situación bastante discriminatoria entre jóvenes que están en un mismo medio social.
El otro problema que presenta esa escuela es que tienen diez cursos, pero sólo seis de ellos están reconocidos por el Mineduc, a pesar de que cumplen todas las normas de infraestructura que les solicitan.
Al parecer, la situación se basa en que están ubicados en terrenos que pertenecen a Cema Chile, institución que les hace contrato sólo por dos años, y el Ministerio de Educación exige que los contratos por arrendamiento sean por cinco años. Luego, llevan tres años impartiendo diez cursos, de los cuales sólo seis les son reconocidos.
Hago presente que esta escuela especial sólo trabaja con la subvención del Estado, es decir, no pide ni un peso a los padres o apoderados. Debemos fomentar iniciativas como ésta, a fin de que se desarrollen de la mejor manera posible.
Esas son las dos inquietudes que deseaba plantear en representación de esta escuela.
Pido oficiar al ministro de Educación para que revise la alimentación de los jóvenes y el requisito de mayor tiempo de arrendamiento, porque en este caso, no depende de la voluntad de la escuela, sino de la del arrendador, en particular de Cema Chile.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
DESAFECCIÓN DE TERRENO EN VILLA EL ROBLE, LOCALIDAD DE CAJÓN, COMUNA DE VILCÚN. Oficio.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , quiero dar a conocer una situación que afecta a la villa El Roble, de la localidad de Cajón, comuna de Vilcún. Me reuní con su junta de vecinos, que representa a muchas familias. No hay muchos espacios públicos para practicar deportes o generar actividades comunitarias.
Hace mucho tiempo que solicitan resolver un problema que se originó en 2000, cuando el entonces comité de vivienda Jorge Lavandero Illanes , hoy villa Los Robles de Cajón, presentó un proyecto para instalar dos sistemas particulares de alcantarillado.
Tales sistemas fueron autorizados mediante resolución N° 817, de 2000, del entonces Servicio de Salud Araucanía Sur. Ahora, esto pasó a la nueva autoridad sanitaria. Pero los sistemas nunca funcionaron, porque cuando se construyó la villa se conectaron a la red de alcantarillado público. Por lo tanto, quedó afectada una superficie de más de 718 metros cuadrados, como área de disposición de aguas servidas. Se construyeron dos fosas y diez pozos absorbentes, pero jamás se utilizaron.
Esto se encuentra acreditado, certificado por la seremi de Salud, mediante oficio del 3 de noviembre de 2009, en el que, además, se da respuesta a una solicitud del alcalde Patricio Villanueva, de 11 de septiembre de 2009, a través del oficio N° 419.
El alcalde le pide a la seremi los trámites que debe efectuar para desafectar este terreno para destinarlo a otro uso, como una multicancha. La seremi le responde que debe cerrar y hacer un plan de restauración. Pero no lo libera, por lo que la situación no queda resuelta y permanece en un verdadero limbo.
Después, el 13 de mayo de 2010, mediante el oficio N° 182, el administrador municipal, por orden del alcalde, le envía, a nuestro juicio erróneamente, al Servicio de Salud de La Araucanía Sur, porque en realidad debe ser a la seremi, una petición de información en relación con el proyecto que fue aprobado mediante la referida resolución N° 817, del 19 de mayo de 2000, a fin de establecer los planos específicos que se encuentran afectados y que, en consecuencia, no pueden destinarse a un proyecto distinto al original, que eran los dos sistemas de alcantarillado privado mencionados.
Desde 2000 a la fecha tenemos una villa sin multicanchas, sin espacios públicos y un terreno afectado, que no puede destinarse a otra cosa y que, por trámites burocráticos, no se puede liberar.
Por eso, pido oficiar a la seremi de Salud de la Región de La Araucanía, para que acompañe el proyecto y los planos que dieron lugar a la autorización emitida a través de la resolución N° 817, de 2000. Asimismo, para que señale claramente al municipio los pasos a seguir para que se libere este terreno y pueda ser utilizado por la junta de vecinos de la villa El Roble, de la localidad de Cajón, comuna de Vilcún.
Pido que se envíe copia de este oficio al concejo de Vilcún y a don Pietro Jaramillo Barnechea, presidente de la Junta de Vecinos El Roble, de Cajón.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con las copias solicitadas.
INFORMACIÓN ACERCA DE REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE COMUNAS DE DISTRITO N° 34. Oficio.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , deseo referirme a un programa que se venía ejecutando hace varios años, relacionado con los caminos básicos rurales de varias comunas de mi distrito.
Por ello, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para que me informe acerca de la reparación de los siguientes caminos, sin solución alguna y con compromiso ministerial para considerarlos: San Ernesto de Los Lingues, Chorrillo II Etapa, El Cristo, Cancha de Carrera, Vielma , Las Acacias , Chorrillos , Fundo El Medio y San Ernesto , de la comuna de San Fernando; Romeral , El Medio, de la comuna de Chimbarongo, y San José de Marchigüe , de la comuna de Pichidegua.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INTERCESIÓN DE MINEDUC EN SITUACIÓN QUE AFECTA A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN RURAL. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- En segundo lugar, quiero pedir el envío de un oficio al ministro de Educación por un problema muy complejo, relacionado con el Instituto de Educación Rural (IER).
En este momento tenemos alrededor de cuatro establecimientos en paro, en San Fernando, Curicó, Chillán y de otra comuna que no recuerdo en este instante, cuyo sostenedor es el Instituto de Educación Rural.
Pedimos que el ministro pueda interceder, dado que el Ministerio los entregó en licitación al IER.
Ésta no es la subvención normal, sino que corresponde a un aporte de una o dos cuotas al año. Además, hay una serie de compromisos que el IER debe cumplir. Pero, lamentablemente, no los está cumpliendo,
por lo que hay complicaciones con los compromisos laborales adquiridos con los trabajadores, sobre todo con los profesores.
Por eso, pido que el ministro busque una solución en relación a este importante instituto, al que le tenemos mucho cariño, pero que por desgracia no está cumpliendo su rol como corresponde.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RESTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS A DOTACIÓN DE CARABINEROS DE SAN FERNANDO. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Si bien la comuna de San Fernando cuenta con Plan Cuadrante, en el que Carabineros se comprometió a no disminuir su dotación, debido a la complejidad y metodología de dicho plan, debo decir que por conversaciones con varios dirigentes de los distintos sectores de la comuna, me enteré de que alrededor de veinte carabineros fueron retirados.
Por eso, pido oficiar al ministro del Interior , a fin de que instruya la restitución de la dotación de carabineros, debido a la delincuencia que tenemos en nuestra ciudad por la cercanía a Santiago y por el Metrotren que llega permanentemente. Al parecer, la delincuencia se desplaza también a la Región del Libertador O’Higgins.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ENTREGA DE RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE PICHIDEGUA. REPOSICIÓN DE AMBULANCIA. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- En cuarto lugar, pido oficiar al ministro de Salud , debido a que todavía no se reciben los fondos para la reconstrucción del hospital de Pichidegua.
Se solicitaron alrededor de 160 millones de pesos. Estamos a medio año y todavía no tenemos los recursos para su reparación. Es tipo 4, pero tiene una utilidad muy grande no sólo para Pichidegua, sino también para otras comunas aledañas.
Además, anteayer chocó la ambulancia de la comuna y quedó absolutamente inutilizada. Por eso, esperamos que lo antes posible se haga uso del seguro o, en su defecto, se nos envíe una ambulancia nueva.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN RÍOS TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , desde hace mucho tiempo existen complicaciones con las defensas fluviales en los ríos Tinguiririca y Cachapoal, lo que significa que durante los últimos años hemos debido soportar diversas inundaciones. Lamentablemente, a pesar de que existen alrededor de dos mil seiscientos millones de pesos para realizar estas obras, aún no se ha realizado inversión alguna en la zona. Es decir, no se ha enrocado ni visto ningún tipo de defensa fluvial definitiva.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que vea la posibilidad de agilizar todo lo que tiene que ver con los contratos y las asignaciones correspondientes, a fin de tener estas defensas fluviales lo antes posible, ojalá en julio próximo.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
-Se levantó la sesión a las 14.52 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración la indicación que más adelante se señala, que tiene por objeto recoger y unificar las distintas indicaciones presentadas al proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental por los Honorables Diputados en el marco de la discusión en particular efectuada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En consecuencia, en uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO 2°.-
1. Para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 2º.- Integración y nombramiento. Cada Tribunal Ambiental estará integrado por tres ministros. Dos de ellos deberán tener título de abogado, haber ejercido la profesión a lo menos diez años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Derecho Administrativo o Ambiental. El tercero será un licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales y, a lo menos, diez años de ejercicio profesional.
Cada ministro será nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado, a partir de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la Corte Suprema. Para la confección de las nóminas dicha Corte realizará un concurso público para seleccionar a los candidatos a los cargos de ministro . No podrán participar en estos concursos quienes se desempeñen o hayan ejercido el cargo de abogado integrante en las Cortes de Apelaciones o en la Corte Suprema. El Senado adoptará el acuerdo en votación única, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si no se aprobare la propuesta, el Presidente de la República deberá presentar a otra persona que forme parte de la misma nómina elaborada por la Corte Suprema. Si se rechazare la segunda proposición se deberá llamar a un nuevo concurso.
Cada Tribunal tendrá dos ministros suplentes. Ellos deberán ser expertos en materias ambientales y acreditar, a lo menos, siete años de ejercicio profesional. Uno de ellos será abogado y, el otro, licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales.
Los ministros suplentes serán designados de la misma forma que los titulares.
El Presidente de cada Tribunal será elegido por acuerdo de los ministros del mismo, debiendo recaer dicha designación en un ministro abogado. Quien fuere elegido Presidente permanecerá en tal calidad por el plazo de dos años, no siendo posible su reelección inmediata.
En caso de ausencia o impedimento del Presidente del Tribunal , éste sesionará bajo la presidencia del otro ministro titular abogado. Si faltaren ambos, presidirá el otro ministro titular.
El nombramiento de los ministros se hará por el Presidente de la República mediante decreto supremo suscrito por los Ministros del Medio Ambiente y de Justicia.
Los ministros titulares y suplentes permanecerán seis años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos hasta por un período. No obstante, se renovarán parcialmente cada dos años.
El Tribunal tendrá el tratamiento de “Ilustre”, y cada uno de sus miembros el de “ Ministro ”.
AL ARTÍCULO 10.-
2. Para agregar los siguientes incisos a continuación del inciso primero:
“La infracción de esta prohibición será sancionada con una multa a beneficio fiscal equivalente al 50% del último año de remuneraciones percibidas en el cargo, la que será aplicada por la Corte Suprema a requerimiento de cualquier interesado.
El requerimiento a que alude el inciso precedente señalará con claridad y precisión los hechos que configuraren la infracción y a él se acompañarán o se ofrecerán, si fuera el caso, los medios de prueba en que se fundaren. Si el requerimiento no cumpliere estos requisitos, el pleno, convocado al efecto, lo declarará inadmisible en cuenta, sin más trámite.
Admitido a tramitación el requerimiento el Presidente de la Corte Suprema dará traslado de éste al requerido, el que deberá ser evacuado dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, que le será remitido junto con sus antecedentes por la vía que se estime más expedita.
Evacuado el traslado o transcurrido el plazo previsto en el inciso precedente, el Presidente de la Corte citará a una audiencia en que se recibirá la prueba que se hubiere ofrecido y designará el ministro ante el cual deberá rendirse. Efectuadas las diligencias o vencidos los plazos sin que se hubieren evacuado, ordenará traer los autos en relación ante el pleno de la Corte Suprema, especialmente convocado al efecto. La Corte Suprema sólo podrá decretar medidas para mejor resolver una vez terminada la vista de la causa.
Cualquiera de las partes podrá comparecer ante la Corte Suprema hasta antes de la vista de la causa.”.
AL ARTÍCULO 12.-
3. Para sustituir su inciso segundo, por el siguiente:
“Artículo 12.- Adicionalmente, para servicios específicos referidos a alguna de las causas o materias que esté conociendo, el Tribunal podrá contratar expertos a honorarios, para lo cual se requerirá contar con disponibilidad presupuestaria.”.
AL ARTÍCULO 25.-
4. Para sustituirlo, por el siguiente:
“Artículo 25.- Recursos. En estos procedimientos, sólo serán apelables: (i) las resoluciones que declaren la inadmisibilidad de la demanda; (ii) las que reciban la causa a prueba, o (iii) las que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación. De este recurso conocerá la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el Tribunal Ambiental que haya dictado la resolución apelada.
El plazo para la interposición de la apelación será de 10 días contados desde la notificación de la resolución respectiva.
En contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos instruidos, en relación a las materias que son de competencia de los tribunales ambientales establecidas en los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 16, procederá sólo el recurso de casación en el fondo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.
Además, en contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos señalados en el inciso anterior, procederá el recurso de casación en la forma, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, sólo por las causales N° 1, 4, 6 y 7 de dicho artículo. Asimismo, procederá este recurso cuando en la sentencia definitiva se hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la presente ley; o cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
El recurso de casación deberá interponerse ante el tribunal ambiental que dictó la resolución recurrida para ante la Corte Suprema y tendrá preferencia para su vista y fallo. Para tales efectos, los plazos y procedimiento para el conocimiento del recurso de casación se tramitarán conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
No será aplicable para estos efectos lo dispuesto en el artículo 769 y 775 del mismo Código.
Ante la Corte sólo podrá rendirse prueba documental salvo que ella, de oficio, disponga la práctica de otras pruebas.”.
ARTÍCULO 26, NUEVO.-
5. Para incorporar el siguiente artículo 26, nuevo, modificando la numeración correlativa:
Artículo 26.- “Contiendas de competencia. Los conflictos de competencia que afecten a los Tribunales Ambientales entre sí o con otros tribunales serán resueltos por la Corte Suprema.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Vicepresidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN , Ministro de Hacienda ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ; PATRICIA PÉREZ GOLDBERG , Ministro de Justicia (S); MARÍA IGNACIA BENITEZ PEREIRA , Ministra del Medio Ambiente ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social. (boletín Nº 7196-06).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el
proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras (boletín 6415-08).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula el contrato de seguro. (boletín N° 5185-03).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. (boletín N° 6811-11).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental (boletín Nº 6747-12).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el artículo 126 bis de la constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández (boletín Nº 6756-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley en materia de aprovechamiento y beneficio de tiburones (boletín 7489-03).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
9. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica ley de tránsito, estableciendo nueva tipificación del delito de manejo en estado de ebriedad (boletín 7586-25).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el
proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
10. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que fomenta el Mercado de cruceros Turísticos. (boletín 7528-06).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
11. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece el sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín 7550-06).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
12. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 14 de junio de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en el mismo registro, correspondiente al Boletín N° 6242-21.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.499, de 2 de junio de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario General (S) del Senado.”
13. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. (boletín N° 6811-11) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Corporación con fecha 7 de junio de 2011, viene en pronunciarse acerca de los artículos 13 y 14 del proyecto de la referencia, propuestos por la Comisión de Salud en su primer informe reglamentario, emitido en segundo trámite constitucional.
Durante el trabajo efectuado por la Comisión se contó con la presencia de don Alberto Vergara Arteaga , coordinador de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; doña María José Lezana Illesca , abogada asesor de ese Ministerio y don Máximo Francisco Pavez Cantillano , abogado asesor del Ministerio de Salud.
TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 PROPUESTOS POR
LA COMISIÓN DE SALUD.
La Comisión procedió a tratar separadamente cada uno de estos artículos:
Artículo 13.-
Introduce las dos siguientes modificaciones en el Código Penal:
a) Por la primera modifica el artículo 202, norma que en su actual inciso único señala que “el facultativo que librare certificación falsa de enfermedad o lesión con el fin de eximir a una persona de algún servicio público, será castigado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”.
La modificación agrega tres nuevos incisos a este artículo del siguiente tenor:
“El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en este artículo. Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso primero, el que haga uso malicioso de los documentos falsos indicados.
La misma pena del inciso anterior se aplicará al facultativo que otorgue licencias médicas para que el paciente obtenga beneficios previsionales o de seguridad social. En este caso se aplicará una pena de cien a dos mil unidades tributarias mensuales. Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que ejecutare cualquiera de las conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se considerará que comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o los diagnósticos..
En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en este artículo, aumentadas en un grado, y la sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.”.
Respecto de esta propuesta, el Diputado señor Burgos expresó su disconformidad con el tipo penal que se establecía, toda vez que incurría en una repetición de las conductas que se pretendía sancionar y se aplicaban penas pecuniarias absolutamente excesivas y desproporcionadas con las multas impuestas para delitos de similar gravedad.
Igualmente, señaló que le parecía que las expresiones “ o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen”, contenidas en el inciso segundo que se agregaba, no resultaban apropiadas para la configuración de un tipo penal dada su excesiva amplitud.
La Diputada señora Turres señaló que las normas que se analizaban guardaban relación con la necesidad de sancionar a los médicos que otorgan licencias falsas, habida consideración que por tal concepto el Estado debe asumir un costo de doscientos cincuenta millones de dólares como consecuencia de este fraude. Explicó que el artículo 202 sancionaba al facultativo que otorgara una certificación falsa de enfermedad o lesión, con el objeto de liberar a una persona de un servicio público, con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales y lo que el proyecto pretendía era aplicar igual pena al que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen.
Agregó que en lo que se refería a la penalización de la falsedad en los antecedentes esenciales, creía que podría hacerse una distinción entre la sanción que se impone al médico que otorga una licencia falsa o avala una declaración de invalidez en las que él ha incurrido directamente en la falsedad, y la que se aplica a quien incurre en tal falsedad al emitir un documento o antecedente esencial que las justifique. En estos casos debería analizarse el disvalor de las conductas descritas y si son o no asimilables en lo que se refiere a su gravedad y determinar el bien jurídico protegido.
El asesor señor Aldunate señaló que la propuesta aprobada por la Comisión de Salud transformaba la figura penal de certificación falsa otorgada por un facultativo, la que tenía un carácter especial porque sólo podía incurrir en ella un médico, en un delito de sujeto activo indeterminado, es decir, que puede ser cometido por cualquier persona, en relación con las licencias médicas, las declaraciones de invalidez o los antecedentes esenciales que las justifiquen, todo lo cual le parecía cuestionable en atención a los elementos del tipo que se proponía. Agregó que la licencia médica y la declaración de invalidez, se traducían en documentos suscritos por el médico tratante, en los cuales se consignaba un diagnóstico. Sin embargo, las expresiones antecedentes que justifican ambos tipos de documentos, le parecían de mucha vaguedad, hasta el punto de creer que, en la práctica, harían inaplicable esta figura como ya había sucedido con la norma contenida en el decreto ley N° 211, de 1973, que castigaba cualquier acto que afectara la libre competencia.
Asimismo, estimaba que la norma interpretativa que se incorporaba en este artículo para presumir la falsedad, constituía, en definitiva, una presunción de autoría que, a su juicio, ampliaba de manera importante las modalidades de comisión del tipo, incluyendo hipótesis que difícilmente podrían presentarse.
Los representantes del Ejecutivo destacaron la importancia de esta propuesta por cuanto contribuía al resguardo del patrimonio fiscal y, si bien podría haber cierta vaguedad en la referencia a las causales de presunción de falsedad del artículo 193, consideraban que las hipótesis contenidas en sus dos primeros números, es decir, contrahacer o fingir letra, firma o rúbrica y suponer la intervención de una persona en un acto sin que ello sea efectivo, resultaban perfectamente aplicables en el caso de personas que falsifican licencias médicas sin ser facultativos.
Contestando una pregunta de la Diputada señora Turres acerca de que en qué casos un particular, sin estar habilitado, podría emitir licencias médicas, señalaron que existía un amplio abanico de posibilidades al respecto, indicando como ejemplo, el caso de médicos que emiten una cantidad excesiva de licencias sobre la base de diagnósticos falsos; las personas que alteran documentos que sirven de base a las licencias, tales como modificar los períodos de reposo o abultar las remuneraciones de los trabajadores, acciones que inciden en el cálculo del subsidio por incapacidad laboral en el primer caso o dan lugar a la obtención de subsidios mayores que los que corresponden, en el segundo; las personas que roban licencias y simulan la firma de médicos que han fallecido; las empresas de papel, es decir, las que utilizan la razón social de empresas que ya no funcionan y aprovechando el inicio de actividades que en su oportunidad dichas empresas efectuaron ante el Servicio de Impuestos Internos, contratan trabajadores por un período de tres meses, lo que les permite cumplir con el tiempo mínimo de afiliación para gozar de licencias médicas. De tal naturaleza serían los antecedentes esenciales que justifican las licencias y que esta norma pretende penalizar por su falsificación.
Recogiendo el debate habido, los representantes del Ejecutivo sugirieron reemplazar el texto aprobado por la Comisión de Salud por el siguiente:
“a) Intercálase al artículo 21, en el acápite titulado “Penas de simples delitos”, a continuación de la oración “ Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.”, (.) , “ inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas.”.
b) Modifícase el artículo 202 del Código Penal agregando los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:
“El que incurra en las falsedades a que se refiere el artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 25 a 250 unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los documentos falsificados.
Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo se castigará con las mismas penas, y una multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales. Asimismo, el juez deberá aplicar la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.
En caso de reincidencia la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará la multa elevada de 75 a 750 unidades tributarias mensuales.”.
Comentando esta nueva propuesta, el Diputado señor Burgos señaló que ella obedecía a un consenso del Ejecutivo con los asesores parlamentarios de la Concertación y, en su virtud, se proponía incorporar en el listado de penas contenido en el artículo 21 del Código Penal, la inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, ya que esta sanción se incluía en el texto propuesto por la Comisión de Salud para el caso que el infractor fuera un facultativo; se modificaban las multas, tanto para el caso de tratarse de un médico quien incurriera en la falsedad como de una persona que no tuviera tal profesión, pero en el primer caso la pena pecuniaria equivalía al doble de la aplicable en el segundo y, por último, se contemplaba un incremento de la multa en caso de reincidencia, sin distinguir la calidad del sujeto activo.
Señaló que le parecía más apropiado remitirse directamente a las falsedades del artículo 193 y no a las que se refiere dicho artículo, a fin de precisar que esta nueva figura delictiva efectúa un reenvío y no una mera referencia a la norma que sanciona las conductas constitutivas de falsedad. Asimismo, consideraba que el verbo “justificar “ podría dar lugar a problemas de interpretación, por lo que sugería reemplazar la frase “o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen” por lo siguiente “ o de cualquier antecedente esencial que sirva de fundamento a la petición”.
Los representantes del Ejecutivo propusieron sustituir la frase objetada por la siguiente “o de cualquier antecedente esencial de su emisión” por tratarse de una referencia a las licencias médicas, precisando ante una consulta del Diputado señor Díaz , que tales antecedentes podían decir relación con exámenes médicos o certificados de remuneraciones, todos los que podían ser objeto de adulteración.
Ante distintas propuestas de redacción en reemplazo de la frase objetada, formuladas por los Diputados señora Turres y señores Ceroni y Eluchans , el Diputado señor Harboe planteó que teniendo por objeto la figura penal que se proponía, castigar la defraudación de recursos fiscales que se cometía por la vía de otorgar licencias falsas o injustificadas, carecía de sentido sancionar la falsedad en que se incurre respecto de los antecedentes que las justifican o fundamentan, toda vez que estos últimos no eran capaces por sí solos de producir como efecto tal defraudación, por cuanto de no llegar a emitirse la licencia no habría fraude y la falsedad de los antecedentes sería inocua. Por ello era partidario de sancionar únicamente la falsedad en que se incurra en el otorgamiento, obtención o tramitación de la licencia.
Agregó que penar la falsificación de los antecedentes, sería sancionar como consumado un acto eminentemente preparatorio, sin perjuicio, además, de que si se comprobase la falsedad de dichos antecedente, la penalidad debería aplicarse a quien incurrió en tal falsedad, conforme a los tipos penales relativos a la falsificación de instrumentos.
Ante la observación del Diputado señor Eluchans en cuanto a que podría prescindirse de la frase objetada, es decir, la que trata de la falsificación de los antecedentes esenciales, por cuanto el N° 4 del artículo 193, que tipifica el delito de falsedad, establece como una modalidad de ese delito, “ el faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales “, hipótesis que podría aplicarse a tales antecedentes, como la del Diputado señor Burgos en el sentido que la falsificación de tales antecedentes, podría entenderse, asimismo, comprendida en el N° 6 del citado artículo 193, el que considera falsificación “ hacer en un documento verdadero cualquier alteración que varíe su sentido”, los representantes del Ejecutivo sostuvieron que las hipótesis contenidas en el artículo 193, no recogían ciertas conductas que podían ejecutarse en relación con las licencias médicas, como era el caso de la adulteración de los exámenes, lo que permitiría al profesional que fuera objeto de una investigación por estar involucrado en el otorgamiento de licencias falsas, excusarse señalando no haber cometido delito alguno por cuanto no habría hecho otra cosa más que basarse en un examen adulterado, falsificación en la que no habría tenido parte alguna. Al respecto, enfatizaron que podían considerarse antecedentes de esta naturaleza, tanto los exámenes médicos como los datos sobre la cantidad de días de reposo o la remuneración de los trabajadores.
Haciéndose cargo directamente de las dos observaciones formuladas, señalaron no creer que pudiera entenderse comprendida en la causal del número 4 la falsificación de antecedentes esenciales, por cuanto los exámenes médicos no narraban ningún hecho, como tampoco en la del número 6, porque, en primer lugar, no estaba claro que un examen médico fuera un documento y, en segundo lugar, porque era posible que la adulteración se produjera en la utilización de una máquina de tal manera que arrojara resultados incorrectos, como por ejemplo, un scanner.
El Diputado señor Letelier recordó que el tipo penal en análisis sancionaba también la falsedad en que se incurre en la tramitación de una licencia médica, en cuyo marco se entendían comprendidas, como era lógico, las conductas orientadas a la obtención de dicha licencia, razón por la cual creía que podía eliminarse la frase en cuestión.
Finalmente, la Comisión concordó con las objeciones formuladas a la inclusión de la frase “antecedentes esenciales que las justifiquen” en el tipo penal que se proponía por este artículo, considerando que siempre sería posible sancionar las conductas que dijeran relación con la falsificación de dichos antecedentes, es decir, la adulteración de exámenes médicos, la cantidad de días de reposo, la remuneración de los trabajadores o las indicaciones relativas al tratamiento prescrito, en razón de que el tipo penal al castigar la falsedad en la tramitación de las licencias médicas, tenía la suficiente amplitud como para comprender en él la falsificación de los antecedentes que sirven de fundamento a esas licencias, como asimismo, esta conducta estaría comprendida también en los número 4° y 6° del artículo 193 del Código Penal.
Sobre la base de tal conclusión, los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Ceroni , Díaz , Harboe , Letelier y Schilling presentaron una indicación acogiendo la sugerencia del Ejecutivo , pero con prescindencia de la frase objetada en el caso del artículo 202, con el siguiente texto:
a) Intercálase en el artículo 21, en el acápite “Penas de simples delitos”, a continuación de la oración “Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.”, lo siguiente: “ inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas.”.
b) Modifícase el artículo 202 del Código Penal, agregando los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:
“El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los documentos falsos indicados.
Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el juez deberá aplicar la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.
En caso de reincidencia la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.
Se aprobó la letra a) de la indicación por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Díaz , Eluchans , Harboe , Letelier y Cristián Monckeberg .
La letra b) se aprobó por mayoría de votos ( 8 votos a favor y 1 en contra). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Díaz , Eluchans , Harboe , Letelier y Cristián Monckeberg . En contra lo hizo el Diputado señor Cardemil .
La Comisión dejó constancia que las expresiones “Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los documentos falsos indicados.”, que figuran al final del primer inciso que se agrega a este artículo, se referían a terceros que hicieran mal uso de las licencias y declaraciones de invalidez a que se refería esta norma, pero sin haber tenido participación en el otorgamiento, obtención o tramitación de dichos documentos.
b) Por la segunda modificación agrega un inciso segundo en el artículo 234, el que penaliza al empleado público que por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares, sancionándolo con la pena de suspensión en cualquiera de sus grados y la obligación de devolver los efectos o cantidades sustraídas
La modificación agrega el siguiente inciso: “el empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable, diere ocasión a que se cursen licencias médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el inciso anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.
El Diputado señor Harboe hizo presente que esta disposición no sanciona a quienes no tienen la calidad de funcionarios públicos, lo que significaría que el empleado de una clínica privada que, por abandono o negligencia inexcusable, diere ocasión a la emisión de licencias fraudulentas, no tendría sanción.
El Diputado señor Calderón explicó que el delito penado por el artículo 234 era un ilícito de sujeto especial que castigaba una conducta culposa y que la gravedad de la sanción se encontraba, precisamente, determinada por la condición del sujeto activo. De aquí, entonces, que si se desea castigar a un particular, la penalidad debería ser menor.
El Diputado señor Letelier señaló concordar con la opinión del profesor señor Cury quien sugería, por razones de una mejor técnica legislativa, incluir la propuesta de la Comisión de Salud como un artículo distinto, con la sanción de suspensión en sus grados superiores y la multa propuesta.
Con tal propósito, los Diputados señora Turres y señor Letelier presentaron una indicación para sustituir la letra b) de la propuesta de la Comisión de Salud, por la siguiente:
“Agrégase el siguiente artículo 234 bis:
“El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable, diere ocasión a que se cursen licencias médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el artículo anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.
El que, sin tener la calidad de empleado público, incurriere en las conductas descritas en el inciso anterior, será sancionado con una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.
La Diputada señora Turres explicó la indicación, señalando que ella recogía la sugerencia del profesor señor Cury y resolvía la objeción del Diputado señor Harboe acerca de la falta de sanción para el particular.
Ante la observación que efectuara el Diputado señor Burgos acerca de la ubicación de esta norma, denotando que el artículo 234 se encontraba inserto en el Título V del Libro II, que trata de los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, por lo que no sería adecuado sancionar en este artículo la actuación de un particular. Además de lo anterior, el párrafo 5 en que se encuentra el artículo mencionado trata de la malversación de causales públicos, lo que hacía más inadecuada aún la ubicación que se quería dar a esta norma, señaló que del total de licencias médicas que se pagan anualmente, un porcentaje superior a la mitad es de cargo del Estado, lo que permitiría sostener que este tipo penal sanciona una forma de malversación de caudales públicos.
Sobre el mismo tema, el Diputado señor Eluchans señaló que dentro del Título V mencionado, se sancionaban figuras delictivas cuyo sujeto activo no era un empleado público, como era el caso de la prevaricación cometida por un abogado o un procurador, por lo que no veía inconveniente en la ubicación que se daba a esta propuesta, agregando, además, que la sanción no resultaba desproporcionada, toda vez que la pena que se aplicaría al particular sería más baja que la que correspondería al funcionario público.
El Diputado señor Calderón haciendo un símil entre la figura sancionada en el actual inciso único del artículo 234 y los textos que proponen tanto la Comisión de Salud como la indicación en análisis, señaló que había desproporción en la penalidad, por cuanto la conducta más grave sería la descrita en el actual artículo 234, la que sin embargo sancionaría sólo con la pena de suspensión, en cambio, las otras dos agregaban a la suspensión la pena de multa, no obstante ser de menor gravedad.
Cerrado finalmente el debate se rechazó la indicación por mayoría de votos ( 3 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones) Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Eluchans y Letelier . En contra lo hicieron los Diputados señores Burgos , Díaz , Harboe y Cristían Monckeberg . Se abstuvieron los Diputados señores Calderón y Cardemil .
Puesto en seguida en votación el texto propuesto por la Comisión de Salud, se lo aprobó por mayoría de votos ( 5 votos a favor y 4 en contra). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Cardemil , Eluchans , Letelier y Cristián Monckeberg . En contra lo hicieron los Diputados señores Burgos , Calderón , Díaz y Harboe .
Artículo 14.-
Modifica el artículo 155 del Código Procesal Penal, norma que en su primer inciso enumera otras medidas cautelares personales, distintas a la citación, detención y prisión preventiva, señalando que para garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, después de formalizada la investigación el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o la víctima, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas: a) la privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el imputado señalare; b) la sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada: c) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare; d) la prohibición de salir del país, de la localidad en que residiere o del ámbito territorial que fije el tribunal; e) la prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares; f) la prohibición de comunicarse con personas determinadas, y g) la prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima.
La modificación agrega una nueva medida cautelar del siguiente tenor:
“h) La suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que el tribunal, fundadamente, determine.”.
En lo que se refiere a esta propuesta, el Diputado señor Burgos señaló que se agregaba al artículo 155 del Código Procesal Penal una nueva medida cautelar general, pero que, sin embargo, era específica para el delito que se creaba por la modificación que se introducía en el artículo 202 del Código Penal. Además de lo anterior, señaló que tal medida podía considerarse como una pena anticipada y, conforme lo señalaba el profesor señor Enrique Cury , su ubicación debiera ser en la norma que tipifica el nuevo delito, es decir, en el artículo 202 mismo, por cuanto se trataría de una medida cautelar bastante específica, que sólo tendría justificación en función de dicha figura delictiva.
En todo caso, creía que debería rechazarse por cuanto se había establecido en el artículo 202, luego de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo , una pena similar a esta cautelar como era la inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, sin perjuicio, además, de que no obedecía a ninguno de los fines previstos en el artículo 155.
El Diputado señor Díaz compartió la opinión del Diputado señor Burgos , agregando que, a su parecer, esta nueva cautelar que se proponía, tenía más bien un efecto lesivo por cuanto presumía la culpabilidad.
El Diputado señor Rincón estimó que dicha medida cautelar, en la medida que suspendía al médico la facultad de emitir licencias médicas por el tiempo que durare la investigación, equivalía a presumir que el proceso terminaría con una sentencia condenatoria, haciendo presente a este respecto que muchas de las causas en que se aplicaba la cautelar de prisión preventiva, terminaban con la absolución del imputado, lo que aconsejaba reflexionar acerca de la conveniencia de esta medida.
La Diputada señora Turres señaló que esta nueva medida cautelar parecía no enmarcarse dentro de los fundamentos propios de las que establecía el artículo 155 del Código Procesal Penal, como eran el éxito de la investigación, la seguridad de la sociedad, la protección del ofendido y el aseguramiento de la comparecencia del imputado.
El asesor señor Aldunate opinó que se trataba de una medida bastante especial por cuanto no guardaba relación con los supuestos establecidos en el artículo 155 mencionado, y que, básicamente, tenían por objeto, asegurar la persona del delincuente. Creía que asignar el carácter de medida cautelar a la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas no sólo desnaturalizaba la institución sino que, además, anticipaba un juicio acerca de la sanción a aplicar en la sentencia definitiva; en otras palabras, se trataría de una pena anticipada, atentatoria del principio de legalidad.
El Diputado señor Calderón reconoció que la medida que se proponía tenía un sentido distinto del que correspondía a las que se encontraban establecidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, por cuanto no afectaba el ejercicio de la profesión médica, sino que, al impedir la emisión de licencias, restringía un derecho de forma muy específica. No obstante, consideraba que se trataba de una propuesta razonable porque guardaba proporción con la existencia de una investigación inconclusa y procuraba evitar que el imputado persistiera en la conducta que se le atribuía. Agregó que se trataba de una medida compatible con la pena de inhabilitación especial temporal que se establecía en el artículo 202, pero que, en todo caso, concordaba con la idea de incluirla en ese mismo artículo.
Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que no debería considerarse que la cautelar que se establecía fuera una pena anticipada, porque en caso alguno impedía el ejercicio profesional del imputado y, en todo caso, la objeción que se formulaba en tal sentido, podría aplicarse a cualquier medida cautelar.
Esta disposición, si bien aprobada en una primera votación, fue votada nuevamente por consenso de la Comisión, alcanzándose finalmente el acuerdo aprobatorio por mayoría de votos (5 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señores Calderón , Cardemil , Eluchans , Letelier y Cristián Monckeberg . En contra lo hicieron los Diputados señores Burgos , Díaz y Harboe . Se abstuvo la Diputada señora Turres.
Posteriormente, a sugerencia del mismo Diputado señor Burgos quien, sin cambiar su criterio contrario a esta disposición, reconsideró su opinión acerca de la mejor ubicación de esta norma, sugiriendo que ya que se la había aprobado y siendo una norma de procedimiento, lo lógico sería incluirla en un nuevo artículo en el Código Procesal Penal, bajo el subtítulo de “Medidas cautelares especiales”.
La Comisión, en forma unánime, coincidió con la nueva ubicación propuesta, quedando, entonces, como sigue:
“Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155, decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo que, fundadamente, determine.”.
-o-
Por las razones señaladas y por las que indicará oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión propone las siguientes indicaciones al texto aprobado por la Comisión de Salud:
A.- Para introducir en el artículo 13 las siguientes modificaciones:
1.- Anteponer la siguiente letra a), pasando la actual a ser b) y así sucesivamente:
a) Intercálase en el artículo 21, en el acápite “Penas de simples delitos”, a continuación de la oración “ Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.”, lo siguiente: “ Inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas.”.
2.- Sustituir la letra a), que pasaría a ser b), por la siguiente:
“b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:
“El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los documentos falsos indicados.
Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.
En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.
3.- La actual letra b) pasaría a ser c), sin enmiendas.
B.- Para sustituir el artículo 14 por el siguiente:
“Artículo 14.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:
“Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155, decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo que, fundadamente, determine.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 9 de junio de 2011
Acordado en sesiones de fechas 8 y 9 e junio del año en curso, con la asistencia de los Diputados señor Alberto Cardemil Herrera ( Presidente ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Guillermo Ceroni Fuentes , Marcel Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner y Ricardo Rincón González .
En reemplazo del Diputado señor Arturo Squella Ovalle asistió a una sesión el Diputado señor Cristián Letelier Aguilar .
Asistió también a las sesiones el Diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión .”
14. Informe de la Comisión de la Cultura y de las Artes recaído en el proyecto de ley que deroga el artículo 7° de la ley N° 19.632, y deja sin efecto plazo para erigir monumento en memoria de Juan Amador Barrientos Adriazola . (boletín N° 4844-24)
“Honorable Cámara:
La Comisión de la Cultura y de las Artes viene en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en moción de los Diputados Pedro Araya Guerrero , Javier Hernández Hernández , Enrique Jaramillo Becker , Sergio Ojeda Uribe , y de los ex Diputados señores Fulvio Rossi Ciocca y Ximena Valcarce Becerra .
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1) La idea matriz o fundamental del proyecto es derogar el artículo 7° de la ley N° 19.632, con la finalidad de dejar sin efecto el plazo establecido en esa norma para erigir un monumento en memoria de Juan Amador Barrientos Adriazola.
2) Normas de quórum especial
No hay.
3) Normas que requieran trámite de Hacienda.
No hay.
4) El proyecto fue aprobado, en general y particular, por la unanimidad de los miembros presentes: Diputados Alfonso De Urresti Longton , Joaquín Godoy Ibañez , Claudia Nogueira Fernández , Sergio Ojeda Uribe (en reemplazo del Diputado Víctor Torres Jeldes) , Pedro Velásquez Seguel y Ximena Vidal Lázaro .
5) Diputado informante : por unanimidad de los miembros presentes, se acordó designar al señor Sergio Ojeda Uribe .
-o-
I. ANTECEDENTES.
Fundamentos contenidos en la moción.
El proyecto de ley, ingresado a tramitación en enero de 2007, expone en sus considerandos que:
- Por medio de la ley Nº 19.632, publicada con fecha 11 de septiembre de 1999, se autorizó erigir un monumento en memoria de Juan Amador Barrientos Adriazola , quien fuera soldado osornino, que combatió en la Guerra del Pacífico, participó en el desembarco y toma de Pisagua, en el Combate Naval de Angamos y en la toma del Morro de Arica.
La referida ley, que consta de siete artículos, contempla la forma de financiamiento del monumento, la creación de un fondo destinado a recibir las erogaciones y aportes para su construcción, la creación de una comisión especial encargada de llevar a efecto y ejecutar el referido monumento, y sus integrantes. El artículo 7° de esa normativa legal, contempla un plazo de cinco años desde la publicación de la ley para erigir el monumento, luego de lo cual, se establece que los fondos recolectados y no utilizados se entreguen a la entidad de beneficencia que la comisión especial determine.
Señala la moción que si bien dicho plazo de cinco años se encuentra vencido, la idea y el plan de construcción del monumento continúan vigentes, y que está avanzada la elaboración de una maqueta, y el estudio para la ubicación del mismo.
Por tal motivo, y para poder continuar con el proyecto de construcción de un monumento en memoria del soldado Juan Amador Barrientos Adriazola , esta iniciativa legal propone derogar la disposición legal que establece el plazo de cinco años para su construcción, de tal manera que la comunidad osornina pueda continuar con la planificación para la construcción del referido monumento.
Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden,
directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.
- Ley Nº 19.632, publicada con fecha 11 de septiembre de 1999, que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Osorno, en memoria de don Juan Amador Barrientos Adriazola .
La ley consta de siete artículos permanentes. El proyecto de ley propone derogar el artículo 7°, que -en su disposición vigente- es del siguiente tenor:
“Artículo 7° - El monumento deberá erigirse en el plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Si vencido dicho plazo no se hubiere ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la comisión indique.”
II. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.
El proyecto de ley está estructurado en base a un artículo único, mediante el cual se propone derogar el artículo 7° de la ley N° 19.632. De esta manera, la facultad para erigir un monumento en memoria del referido soldado no queda sujeta a plazo, circunstancia que hace factible continuar con los planes que se han llevado a cabo sobre esta materia por la comunidad de Osorno.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a) Discusión general.
Intervenciones en el seno de la Comisión.
Uno de los autores del proyecto, Diputado Sergio Ojeda Uribe , hizo presente la importancia que conlleva aprobar esta iniciativa legal, atendido que en la ciudad de Osorno se ha avanzado en torno a la construcción de este monumento, y ello permitirá rendir el sentido y justo homenaje al soldado Barrientos , quien participó en memorables hazañas de la historia militar chilena. Una de ellas lo constituyó el desembarco y toma de Pisagua, en 1879, en que el teniente Juan Amador Barrientos , al mando de cuatrocientos cincuenta efectivos, acompañado de los batallones Atacama y Zapadores, en botes a remo, desembarcó en Pisagua, y se tomo el referido puerto nortino. La lucha duró una hora y media, premunidos sólo de fusiles, bayonetas y corvos, con más de un millar de defensores peruanos y bolivianos, atrincherados en las laderas, que constituyen verdaderos acantilados desde la parte baja del desierto, difíciles de escalar. Los peligros del terreno, sin embargo, no fueron impedimento para que este valiente soldado lograra la toma del puerto. Se resaltó, en la época, el valor de los soldados y el coraje del teniente Barrientos , todo lo cual fue destacado en diarios del mundo de ese tiempo. La referida hazaña marcó un hito importante en la historia de las grandes hazañas de guerra.
La importancia para los osorninos radica en que el teniente Barrientos nació en 1849 en la ciudad de Osorno. Luego, hizo sus estudios en la Escuela Naval, y cuando estalló la Guerra del Pacífico, participó en ella.
Agregó el Diputado Ojeda que, el desembarco, y el inminente peligro y muerte de su hazaña, constituye un ejemplo notable de heroísmo, patriotismo y entrega, que debe ser conocido por las nuevas generaciones.
Votación general del proyecto.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, y luego de recibir las explicaciones y argumentos entregados por uno de sus Diputados autores, que permitieron a sus miembros formarse una opinión sobre la idea central del proyecto y la conveniencia a los fines respectivos de la norma propuesta procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los Diputados presentes, señores De Urresti , Godoy , Nogueira , Ojeda (en reemplazo del Diputado Torres ), Velásquez , y Vidal (seis votos a favor).
b) Discusión particular.
- El proyecto, que consta de un artículo único, propone modificar la ley N° 19.632, de 31 de septiembre de 1999, en el sentido de derogar el artículo 7° que establece plazo de construcción del monumento en cinco años.
- Se presentó una indicación que perfecciona la redacción del proyecto, para reemplazar el artículo único, por el siguiente:
“Artículo único.
Derógase el artículo 7° de la ley N° 19.632.”
Sometida a votación la indicación, fue aprobada por unanimidad (seis votos a favor) de los Diputados De Urresti , Godoy , Nogueira , Ojeda (en reemplazo del Diputado Torres ), Velásquez , y Vidal
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
Artículos rechazados.
No hay.
Indicaciones rechazadas.
No hay.
Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto, de conformidad al siguiente texto:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Derógase el artículo 7° de la ley N° 19.632.”.
-o-
Se designó diputado informante al señor Sergio Ojeda Uribe .
-o-
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión de 8 de junio de 2011, con asistencia de los Diputados De Urresti, Espinosa, Farías, Godoy, Hoffmann,
Nogueira , Ojeda (en reemplazo del Diputado Torres ), Schilling , Silber (en reemplazo del Diputado Burgos) , Velásquez y Vidal .
Sala de la Comisión, a 8 de junio de 2011.-
(Fdo.): ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS , Abogada Secretaria de la Comisión .”
15. Informe sobre la participación del presidente de la delegación del Congreso Nacional de Chile diputado señor Pablo Lorenzini y los señores senadores Hernán Larraín , Andrés Zaldívar y José García , en el Forum de celebración de los 50 años de la OCDE “Mejores Políticas para una vida mejor” realizado en París (Centro de Conferencias) los días 24 y 25 de mayo del 2011.
“Honorable Cámara:
Vengo en informar acerca de la participación que me correspondió en mi calidad de Coordinador de las relaciones interparlamentarias Chile- OCDE, Diputado Pablo Lorenzini y los Senadores Hernán Larraín , Andrés Zaldívar y José García Ruminot , representando a la Cámara de Diputados y el Senado respectivamente en la OCDE. (Anexo 1)
El objetivo principal de la reunión fue analizar por parte de expertos de alto nivel y posterior participación Parlamentaria varios temas previamente acordados:
1) Midiendo el Progreso y el Bienestar
2) Crecimiento Verde
3) Luchando contra la Corrupción
4) Desarrollo
5) Desempleo
6) Rol de la Mujer en la Fuerza en la Fuerza Laboral
7) Restauración de las Finanzas Públicas
8) Nuevos Paradigmas para el Desarrollo
Se adjunta para mayor conocimiento el Programa detallado del Forum en el Anexo 2, así como los expositores en dicho magno evento.(Anexo 3)
Durante la larga jornada del Martes 24 de Mayo, que comenzó a las 09:00 Hrs. de la mañana con una profunda elocución de su Secretario General don Ángel Gurría .
Destacó el cumplimiento del 50 aniversario de este Organismo que se celebra con este Foro de Alto nivel que procede a inaugurar y que versar sobre “Mejores políticas para una Mejor Vida” que se realiza conjuntamente con un Consejo de Ministros. La idea, recalcó Gurría , es la de buscar la mejor contribución a los desafíos que dejaron las recientes crisis y destacar la oportunidad de continuar trabajando en equipo por parte de sus países miembros y aquellos que deseen incorporarse a futuro. Detalles de dicho discurso se mencionan en Anexo 4 y 5 adjuntos.
Se incluye adicionalmente un artículo del Sr. Gurría donde explicita con mayor detalle esta exposición. (Anexo 6)
Comenzando el Forum,
En dos Sesiones Paralelas se desarrolló el tema sobre el denominado Crecimiento Verde y las Oportunidades de Desarrollo basado en este tipo de industria. Se adjunta Anexo 7 con los expositores al respecto.
La segunda parte se dedicó a destacar la necesidad de encontrar una fórmula para medir la felicidad de los individuos de un país. La propuesta incluye 11 áreas de medición: vivienda, ingresos, trabajo, comunidad, educación, medio ambiente, gobierno, salud, satisfacción de vida, seguridad y balance trabajo-vida.
La medición de la felicidad ha sido un tema que ha despertado el interés de distintos gobiernos hace muchos años.
Posteriormente se fueron desarrollando diversos temas cuyos expositores y detalles se muestran en Anexo 8
Cabe destacar la exposición realizada por el Ministro de Hacienda de Chile el miércoles 25 en el panel, el cual se refirió a una “Visión Futura de la Economía” en cuyo caso mencionó la situación actual y proyectada del País en relación a los siguientes aspectos:
Tipo de Cambio
Tasas de Interés
PID
Balanza de Pagos
Flujo de Capitales
Controles de Capitales
Políticas Públicas de Largo Plazo
Detalles adicionales del Forum se muestran en Anexo adjunto.
Los Parlamentarios chilenos tuvieron una activa participación en todo el desarrollo del Forum y en su nombre el Jefe de la Delegación , el Diputado Pablo Lorenzini agradeció la invitación al Señor Gurría y resaltó el alto interés de seguir participando, por parte de nuestro país, así como mencionó el desarrollo ya en curso del trabajo conjunto entre la OCDE y la Cámara de Diputados de Chile en la denominada Evaluación de la Ley.
Es necesario también hacer notar que el Diputado Lorenzini ha insistido en la posibilidad de establecer una oficina de trabajo de la OCDE en nuestro país, a efectos de liderar las relaciones con Sudamérica y cooperar desde ahí con las posibles incorporaciones futuras de Brasil y Colombia, teniendo muy buena recepción a la idea por parte de la OCDE, lo cual se trasmitió al Señor Ministro de Hacienda .
Por último agrega, que también asistieron al Forum el Gerente General de la CPC Carlos Álvarez, el señor Eduardo Aninat y el señor Mario Marcel .
Durante el Forum, Lorenzini entregó obsequios al Secretario General , el Director de Comunicaciones y al personal asistente, como muestra de nuestro agradecimiento por la excelente recepción que siempre se ha dado a nuestra delegación.
Es todo lo que puedo informar a la Honorable Cámara de la Misión Oficial encomendada.
Valparaíso. Junio de 2011
(Fdo.): PABLO LORENZINI BASSO, Diputado
16. Moción de los diputados señores Morales, Álvarez-Salamanca , Arenas , Calderón , Hasbún , Hernández , Macaya , Melero , Rojas y Sandoval .
Hace aplicable la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en materia de violencia en los estadios de fútbol profesional. (boletín N° 7721-25)
“La Ley de Violencia en Los Estadios, sin lugar a dudas, representa una medida legislativa tendiente a mejorar -a través de la sanción- la seguridad en los estadios del fútbol profesional chileno. Sin embargo, luego de más de 13 años desde su implementación, los éxitos de esta ley no han sido ostensibles ni eficaces.
Los resultados de eficacia de esta ley son escasos a partir de múltiples factores que trascienden al ámbito puramente legal, debido a que el fenómeno de la violencia es un flagelo que lamentablemente se encuentra enquistado en nuestra sociedad, y los espectáculos futbolísticos representan muchas veces un escenario de expresión de ciertos sectores de la comunidad que degeneran en violencia, desorden y delincuencia.
Que, la violencia en tales espectáculos deportivos no ha decaído, al contrario, ha estado en crecimiento año a año, lo cual demuestra una evidente insuficiencia de la legislación actual en la materia, razón por la cual los firmantes del presente proyecto de ley venimos en proponer esta iniciativa legislativa.
En efecto, la ley de violencia en los estadios presenta algunas deficiencias que el ejecutivo ha identificado, motivo por el cual ha introducido una serie de observaciones que apuntan a establecer en nuestro fútbol mayores niveles de seguridad, con la finalidad que tales espectáculos sean claros ejemplos de seguridad y comodidad para los espectadores.
Pensamos que la actual ley N° 19.327, sobre Violencia en los Estadios de fútbol profesional, no contempla un aspecto importante a la hora de la represión de delitos ocurridos en el marco de esta ley. En el caso de infracciones a la Ley de Violencia en los Estadios por parte de menores de edad, la normativa involucra una remisión a la Ley N° 16.618, de menores y no a la normativa referente a la responsabilidad penal juvenil existente en nuestro país desde el año 2005.
Pensamos que la inclusión de esta normativa en la Ley de Violencia en los Estadios será bastante provechosa, toda vez que consagra un estatuto más acorde al fenómeno delincuencial juvenil, otorgando mayores herramientas para sancionar a los infractores de la ley cuando sean éstos infractores menores de edad.
Bajo estas ideas, la inclusión de la Ley sobre Responsabilidad Juvenil hará más eficaz el control de la penalidad de menores de edad en los estadios de fútbol, constituyendo un adecuado ajuste de la presente Ley de Violencia en los Estadios a las nuevas normativas en materia de responsabilidad penal adolescente.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Modifíquese el artículo 9 de la N° ley 19.327, sobre Violencia en los Estadios del fútbol profesional en el siguiente sentido:
1.- En el inciso 1° de la citada norma suprímase la expresión “Ley N° 16.618, de menores,” incorporándose la que sigue: “Se aplicaran las reglas previstas en la ley N° 20.084, a las conductas de menores edad que incurren en las conductas contempladas en el artículo 6°”
2.- En el inciso 2° suprímase la expresión: “y se declarase que obró sin discernimiento, el jue7 letras de menores, (...)” incorporándose en su reemplazo la que sigue: “el tribunal competente” antecedida de una coma”.
17. Moción de los diputados señores Arenas, Álvarez-Salamanca , Barros , Gutiérrez, don Romilio ; Hernández , Vilches , Von Mühlenbrock , y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José ; Turres , doña Marisol , y Zalaquett , doña Mónica .
Modifica el inciso segundo de la letra f) del artículo 37 de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, rebajando los gastos de cobranza extrajudicial. (boletín N° 7722-03).
“El sistema crediticio chileno, vinculado al ámbito de los consumidores, en nuestro país se encuentra regulado en la ley 19.496 sobre derechos del consumidor. Así las cosas, esta ley establece una regulación exhaustiva a favor del consumidor consagrando una serie de reglas entre la cuales se encuentra los límites de la denominada cobranza extrajudicial.
La cobranza extrajudicial es aquel trámite que realiza el acreedor a fin de obtener el cumplimiento de la obligación cuando el deudor se ha retardado en el pago de las cuotas o dividendos del crédito antes de iniciar el cobro judicial de las mismas,
Esta situación se encuentra regulada en la ley del consumidor, específicamente en el artículo 37 de este cuerpo legal. Esta ley indica que por concepto de cobranza extrajudicial, los porcentajes límites que podrán cobrarse sobre el capital adeudado son:
a) Capital adeudado o cuota vencida de hasta 10 unidades de fomento, un 9%
b) Por la parte que exceda de 10 y hasta 50 unidades de fomento, un 6%
c) Por la parte que exceda SO unidades de fomento, un 3%
Así las cosas, los firmantes del presente proyecto de ley venimos en promover una iniciativa legislativa consistente en rebajar, prudencialmente, los montos vinculados a los gastos de cobranzas extrajudiciales que las empresas cobran a sus clientes sobre la base del capital adeudado o de la cuota en su caso, en base a la siguiente reducción:
a) Capital adeudado o cuota vencida de hasta 10 unidades de fomento, una rebaja del 9 al 6%
b) Por la parte que exceda de 10 a 50 unidades de fomento, una rebaja del 6 al 3%
c) Por la parte que exceda de 50 unidades de fomento, una rebaja del 3 al 1%
Pensamos que una medida como ésta promoverá una mayor igualdad en plano crediticio, toda vez que los montos pagados por los consumidores con relación a sus deudas, en muchas oportunidades son exorbitantes, y tal circunstancia ocurre en otras tantas oportunidades precisamente a partir de los denominados gastos de cobranzas.
En virtud de estos planteamientos creemos que una rebaja de tales porcentajes influirá en una mayor justicia en la normativa crediticia, contribuyendo sin lugar a dudas a mejorar la situación de los consumidores de nuestro país.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Modifíquese el inciso 2° de la letra f) del artículo 37 de la ley N° 19.497 en el siguiente sentido:
“No podrá cobrarse, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, cantidades que excedan de los porcentajes que a continuación se indican, aplicados sobre el capital adeudado o la cuota vencida, según el caso, y conforme a la siguiente escala progresiva: en obligaciones de hasta 10 unidades de fomento, 6%; por la parte que exceda de 10 y hasta 50 unidades de fomento, 3%, y por la parte que exceda de 50 unidades de fomento, 1% (...)”.
18. Moción de los diputados señores Letelier y Ulloa .
Deroga la ley N° 20.325 que exime a la construcción de establecimientos penitenciarios, del permiso de obras municipales. (boletín N° 7723-14)
ANTECEDENTES.
En nuestro ordenamiento jurídico, se requiere siempre del otorgamiento de un permiso de la Dirección de Obras Municipales respectiva, para la construcción, reparación, alteración, ampliación, demolición de edificios y obras de urbanización.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 116 del D.F.L. N° 458 de 1975, que contiene la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la construcción, reparación, alteración, ampliación, demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requieren permiso de la Dirección de Obras Municipales.
Agrega la mencionada disposición legal, que deben cumplir con dicha obligación las urbanizaciones y construcciones fiscales y sernifiscales, de corporaciones o empresas autónomas del Estado y de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
La excepción establecida por la ley dice relación con las obras de carácter militar de las FF.AA., las de carácter policial, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas y las de Gendarmería que sean por recintos penitenciarios.
La creación de la ley N° 20.325 tenía por objetivo eximir de la obligación de contar con el permiso de la Dirección de Obras Municipales respectiva, tratándose de la construcción, reparación, alteración, ampliación y demolición de establecimientos carcelarios para, de esta forma, homologar dicha situación con el estatuto de obras de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que revisten de un carácter militar y policial, las cuales se encuentran exentas de dicho trámite.
Los fundamentos para establecer dicha exención por ley, consideraba que los permisos de edificación como son actos públicos, y, por ende, sin impedimento para cualquier interesado que desee acceder a la documentación aprobada, con la ley N° 20.325 se restringiría la circulación de documentación relevante para la seguridad de los establecimientos carcelarios, tales como planos, especificaciones técnicas, etc.
FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA.
Nuestro objetivo, al presentar este proyecto de ley, dice relación en primer lugar, con potenciar la descentralización del país, dando más poder a los municipios y a la ciudadanía, convirtiéndolos en instituciones que resuelvan los problemas de las personas y tomen decisiones en su territorio.
¿Quiénes mejor que sus autoridades locales conocen la realidad de la zona que gobiernan? ¿Quiénes mejor que ellos están capacitados de determinar los reales impactos que pueden acarrear en su población y comuna el establecimiento de un recinto penitenciario?
Entendemos que nadie quiere tener una cárcel cerca, pero eso no puede llevarnos a que las autoridades locales se queden de brazos cruzados y sin poder hacer nada frente al establecimiento de obras que causan tantos cambios en la zona en la que se instalan.
En segundo lugar, este proyecto de ley pretende que todas las obras que se deseen instalar en las diversas comunas del país, puedan ser debidamente fiscalizadas por la autoridad que corresponda, y no se les permita abstraerse de ser inspeccionados por los funcionarios municipales, para verificar si cumplen o no las normas de carácter urbanístico correspondientes.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Derógase la Ley N° 20.325, que exime a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de la dirección de obras municipales, publicada en el Diario Oficial el día 28.01.2009, que modificaba el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
19. Moción de los diputados señores Díaz , Andrade , De Urresti , Espinoza, don Fidel ; Schilling , Walker y Goic, doña Carolina .
Interpreta el artículo 172 del Código del Trabajo, respecto de asignaciones para indemnización. (boletín N° 7724-13)
“1. Fundamentos.- En nuestro sistema jurídico el art. 172 del Código del Trabajo, al decir de la doctrina tiene una importancia principal[1], y sus consecuencias prácticas son bien conocidas, pues mediante sus preceptos se dispone normativamente los criterios sobre los cuales se determina la base de cálculo de las indemnizaciones que establece el código del ramo. En este sentido la correcta interpretación de esta disposición, sostiene que la base de cálculo establecida en el precepto ha de comprender todos los conceptos que en la remuneración del trabajador tengan el carácter de permanente.
Sin embargo, recientemente la Dirección del Trabajo, mediante ordinario N°2314, de 6 de junio de 2011, ha reinterpretado el alcance tradicional del art. 172, señalando que “que las asignaciones de colación y de movilización, como los demás estipendios contenidos en el inciso 2° del artículo 41 del Código del Trabajo, bajo las condiciones señaladas en este Oficio, no deben incluirse en la base de cálculo para el pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y de años de servicio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 del mismo Código”. De esta manera, por la vía administrativa y contra el criterio histórico en la materia de este organismo, se ha establecido una severa la limitación en el pago de las indemnizaciones de los trabajadores. Sobre este punto, es bien conocida la mala práctica de aumentar las remuneraciones artificialmente, mediante las asignaciones de movilización y colación a objeto de pagar menos cotizaciones previsionaales. El referido dictamen, sin embargo, ha esbozado dos razones para su proceder, la primera de orden sistemático, pues preocupados de la armonía de las formas ha detectado una antinomia insoluble entre el precepto del art. 41 y el art. 172. En segundo lugar, la necesidad de acoger los criterios de uniformidad efectuados por la Corte Suprema en la materia, pese al efecto relativo de las sentencias.
Lo anterior, es un falso dilema, pues ambos preceptos tienen finalidades diferentes, por una parte el art. 41 fija el concepto de remuneración en general, más no rige para determinar la indemnización de que se trata, cuyo cálculo el legislador regulo específicamente. Lo anterior se desprende inequívocamente de la ley N° 19.010 que elimino la referencia expresa a tales asignaciones de las exclusiones del precepto.
En el derecho laboral contemporáneo, nadie discute que existen orientaciones bien definidas en la interpretación de las normas laborales, el más conocido es el principio favor debilis, a partir de uno de los cauces de protección que emana del principio pro homine, según el cuál “en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto es menester considerar especialmente a la parte que en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de condiciones o, dicho negativamente, no se encuentra en pie de igualdad con otra[2]”. Lo anterior no es ajeno a la finalidad de esta rama del derecho, que fue dictada para dar protección al trabajador, que es la parte más débil en la relación jurídica laboral que constituye el contrato de trabajo. Antes de las leyes del trabajo, la relación trabajador empresario quedaba reglada por el viejo Código Civil, que supone una equivalencia de fuerzas y análoga libertad e independencia de decisión entre ambas partes contratantes.
Como enseña el profesor Novoa Monreal , “está equivalencia no existe, de hecho, pues el trabajador está compelido a aceptar finalmente las condiciones que quiera imponer el empresario, debido a que su falta de medios económicos constituye una presión que arrastra su voluntad”[3].
Es por estas razones que la interpretación de las normas es consustancial a la fiscalización y tutela de estos derechos, por lo que acotar y limitar los efectos de las indemnizaciones en perjuicio de los trabajadores por razones sistemáticas resulta inverosímil. Lo anterior requiere una revisión legislativa a fin de solucionar este conflicto hermenéutica por lo que la vía más idónea es a través de la dictación de una ley interpretativa.
Como lo explican los profesores Alessandri y Somarriva , “llámense explicativas o interpretativas las normas que fijan el sentido, extensión o contenido de las palabras o conceptos que se encuentran en otras normas, o sirven de regla para su interpretación o la de los actos jurídicos”[4]. El concepto de ley interpretativa se opone al de ley derogatoria o modificatoria. La doctrina expresa que “la ley interpretada y la ley interpretativa se muestran como dos leyes coexistentes en torno al mismo objeto; de aquí se desprende que pueden coexistir en la medida que no se encuentren, entre sí, en antinomia”[5].
La interpretación legal, a diferencia de la judicial, surte un efecto en que se tiene la obligatoriedad general, tal como se desprende del art. 3° del Código Civil, mientras que la otra se refiere al caso sometido a la decisión de la jurisdicción. La utilización de normas interpretativas, no es excepcional, así lo demuestran diversos ejemplos de nuestro Código Civil, que dedica un párrafo completo a la interpretación de la ley y establece una serie de artículos en la materia[6].
2. Ideas Matrices.- El objetivo de esta ley apunta a fijar el sentido y alcance del artículo 172 del Código del Trabajo, a fin de evitar el menoscabo que significa la reinterpretación administrativa de la Dirección del Trabajo. En este sentido, siguiendo la correcta interpretación se dispone que la base de cálculo establecida en el precepto ha de comprender todos los conceptos que en la remuneración del trabajador tengan el carácter de permanente, entre ellos la asignación de colación y movilización. Corrobora lo anterior, el hecho que se trata de ámbitos distintos, pues por una parte el art. 41 define los presupuestos de los elementos que constituyen la remuneración, mientras que el art. 172, tiene como finalidad entregar al trabajador como indemnización la suma que mas se acerca a la cantidad percibida antes del despido. Razonar de otro modo significa legitimar la disminución arbitraria de las remuneraciones a objeto de pagar menos cotizaciones, pues, la ley crea un incentivo perverso que lesiona el principio pro operario y pro debilis, siendo una interpretación absurda en el sentido de sus consecuencias.
Es sobre la base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Art. Único.- “Declárese interpretado el artículo 172 del Código del Trabajo, en el siguiente sentido: Las asignaciones de movilización y colación forman parte de las indemnizaciones a que se refiere el inciso primero del citado artículo. En este sentido, y para los efectos del pago de las indemnizaciones, comprenderá especialmente todos los conceptos que en la remuneración del trabajador tengan el carácter permanente”.
20. Oficio del H. Tribunal Constitucional.
? Santiago , 9 de junio de 2011.
Oficio Nº 6.151
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva por esta Magistratura con fecha 9 de junio de 2011 en el proceso Rol Nº 1642-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa Rol Nº 399-2010, sobre recurso de protección deducido ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Isapre Vida tres S.A.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”
21. Oficio del H. Tribunal Constitucional.
? Santiago , 9 de junio de 2011.
Oficio Nº 6.155
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 9 de junio de 2011 en el proceso Rol Nº 1827-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa Rol Nº 4505-2010, sobre recurso de protección deducido ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal) en contra de Isapre Consalud S.A.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO.”
22. Oficio del H. Tribunal Constitucional.
? Santiago , 9 de junio de 2011.
Oficio Nº 6.159
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 9 de junio de 2011 en el proceso Rol Nº 1658-10-INA, sobre acción de inaplicabi-
lidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa Rol Nº 896-2010, deducido ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Isapre Vida Tres S.A.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO.”
23. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 14 de junio de 2011.
Oficio Nº 6.163
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de las resoluciones dictadas por esta Magistratura con fecha 13 de junio de 2011 en los autos Rol Nº 1988-11-CPT, sobre acción de inconstitucionalidad de los artículos 7, 10 Nº 3, 14 Nº 2, 14, 15, 16, 17 y 40 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), contenidos en el Boletín Nº 6426-10. Asimismo, acompaño copia del escrito de fojas 276 del Señor Presidente de la República .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
AL AXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO.”