Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Norambuena Farias
- Gustavo Hasbun Selume
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Alinco Bustos
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Alinco Bustos
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Alinco Bustos
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Alinco Bustos
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Alinco Bustos
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Diaz Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Pepe Auth Stewart
- PETICIÓN DE OFICIO : Ernesto Silva Mendez
- PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Arenas Hodar
- PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Hernan Larrain Fernandez
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN, LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA.
- DEBATE
- FUSIÓN DE PROYECTOS.
- INTERPELACIÓN A MINISTRO DE ENERGÍA. Artículo 52, Nº 1, letra b) de la Constitución Política.
- AGRADECIMIENTO CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DE ELECCIÓN DE BERNARDO O´HIGGINS COMO DIPUTADO DE LA REPÚBLICA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES. Modificación de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Tercer trámite constitucional. (Integración de Comisión Mixta).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Enrique Estay Penaloza
- Edmundo Eluchans Urenda
- Sergio Ojeda Uribe
- Felipe Harboe Bascunan
- German Becker Alvear
- INTEGRACIÓN
- INSCRIPCIONES DE INMUEBLES EN NUEVOS CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL PRESUNTO FRAUDE REALIZADO POR MEDIO DE PAGOS INJUSTIFICADOS POR PROYECTOS INEXISTENTES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- REGULACIÓN DE LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES. Modificación de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Tercer trámite constitucional. (Integración de Comisión Mixta).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCLUSIÓN DE LA VARIABLE AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2012. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Nino Baltolu Rasera
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Felipe Salaberry Soto
- Enrique Accorsi Opazo
- Pepe Auth Stewart
- Pablo Lorenzini Basso
- Alberto Robles Pantoja
- Cristian Campos Jara
- Gabriel Ascencio Mansilla
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Nino Baltolu Rasera
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- GARANTÍA DE PAGO DE REMUNERACIONES A MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. (Votación).
- DEBATE
- MEDIDA EN FAVOR DEL DESARROLLO DE LA COMUNA DE ALTO BIOBÍO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Perez Arriagada
- Adriana Munoz D'albora
- Alfonso De Urresti Longton
- Fernando Meza Moncada
- Marcos Espinosa Monardes
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Rene Alinco Bustos
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alberto Robles Pantoja
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS PARA APOYAR A DEUDORES HABITACIONALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Cristian Monckeberg Bruner
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Delmastro Naso
- Leopoldo Perez Lahsen
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN DE LA VARIABLE AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2012. (Preferencia).
- VII. INCIDENTES
- SOLICITUD DE ANTECEDENTES A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA , EN VIRTUD DEL INCISO SEGUNDO DE LA LETRA a) DEL ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Aldo Cornejo Gonzalez
- DEBATE
- PREOCUPACIÓN ANTE EVENTUAL LANZAMIENTO DE PEQUEÑOS PESCADORES Y ARTESANOS DE BALNEARIO DE MAICOLPUÉ, PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- Adriana Munoz D'albora
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Enrique Jaramillo Becker
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Alfonso De Urresti Longton
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Ojeda Uribe
- ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS EJECUTADOS Y PENDIENTES CON CARGO A FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL. REITERACION DE OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO RESPONDIDOS A DIPUTADO . Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- Alfonso De Urresti Longton
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Adriana Munoz D'albora
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- DICTACIÓN DE REGLAMENTO PARA REGULAR SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Adriana Munoz D'albora
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Enrique Jaramillo Becker
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Adriana Munoz D'albora
- AGRADECIMIENTO POR INSTALACIÓN DE OFICINA MÓVIL DE BANCO DEL ESTADO EN COMUNA DE FUTRONO DUTANTE PERÍODO ESTIVAL.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- SOLICITUD DE ANTECEDENTES A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA , EN VIRTUD DEL INCISO SEGUNDO DE LA LETRA a) DEL ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE FIRMA DE CONVENIO EN FAVOR DE PRODUCTORES DE TRIGO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE USO DE SUELO DE LOTE UBICADO EN COMUNA DE TALCAHUANO. Oficio.
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alberto Robles Pantoja
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE RECLAMACIÓN DE DUEÑO DE EMBARCACIÓN DE TALCAHUANO EN CONTRA DE EMPRESA ASEGURADORA. Oficio.
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alberto Robles Pantoja
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
- RENOVACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE SINDICATO DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES DE CERCO, DE TALCAHUANO. Oficio.
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alberto Robles Pantoja
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
- RECONSIDERACIÓN DE RECHAZO DE LICENCIAS MÉDICAS DE TRABAJADOR DE HUALPÉN. Oficio.
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alberto Robles Pantoja
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
- CONDONACIÓN DE DEUDAS HIPOTECARIAS A VECINOS DE POBLACIÓN “ELEUTERIO RAMÍREZ”, DE PUERTO MONTT. Oficios.
- FISCALIZACIÓN A EMPRESAS POR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL Y DE TELEVISIÓN EN CERCANÍAS DE POBLACIÓN “ELEUTERIO RAMÍREZ”, DE PUERTO MONTT. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES EN COBROS ASOCIADOS A CUENTA RUT, DE BANCOESTADO. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE INSCRIPCIONES DE DERECHOS DE AGUA Y ESTADO DE CAMINOS INTERIORES EN COMUNA DE LA HIGUERA. Oficios.
- REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE VERACIDAD DE AFIRMACIÓN FORMULADA POR SEREMI DE GOBIERNO DE REGIÓN DE COQUIMBO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE COBRO DE FONASA A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA. Oficios.
- NOTA DE AGRADECIMIENTO A AGRUPACIÓN DE CIEGOS DEL SUR POR PROYECTO DE FURGÓN PARA TRASLADO DE NO VIDENTES. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO REGIONAL PARA LA DISCAPACIDAD Y PROYECTOS DE AYUDA A DISCAPACITADOS DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
- RESPUESTA A VECINO DE COMUNA DE ALTO DEL CARMEN AFECTADO POR CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN RUTA C-489. Oficios.
- REAPERTURA DE SUMARIO INSTRUIDO A EX DIRECTOR REGIONAL DE SERNAGEOMIN DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIA DE DIRECTORA DE LICEO DE MÚSICA DE COPIAPÓ EN RELACIÓN CON PROFESOR DE VIOLÍN. Oficios
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 10. Informe sobre la participación del diputado señor David Sandoval en la XIV Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, efectuada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, en Ciudad de Panamá. (Panamá)
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- David Sandoval Plaza
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- 11. Informe sobre la participación de los diputados señores Gabriel Ascencio y Romilio Gutiérrez en el XXXVII Período Ordinario de Sesiones Reglamentarias del Parlamento Andino, efectuadas entre el 27 y 28 de septiembre de 2010, en Bogotá, Colombia.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Romilio Gutierrez Pino
- Gabriel Ascencio Mansilla
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- 12. Informe sobre la participación del diputado Ricardo Rincón en la VII Asamblea Plenaria de FIPA celebrada en ciudad de México, México , entre los d1as 17 y 19 de noviembre de 2010.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Manuel Monsalve Benavides
- Mario Venegas Cardenas
- German Verdugo Soto
- Gustavo Hasbun Selume
- Gabriel Silber Romo
- Cristina Girardi Lavin
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fernando Meza Moncada
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Marcos Espinosa Monardes
- Ramon Farias Ponce
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Patricio Melero Abaroa
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Gabriel Silber Romo
- Alberto Robles Pantoja
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Alejandro Santana Tirachini
- Gabriel Silber Romo
- Matias Walker Prieto
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Tarud Daccarett
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Felipe Harboe Bascunan
- Pablo Lorenzini Basso
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Ivan Moreira Barros
- Orlando Severo Vargas Pizarro
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ramon Farias Ponce
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcos Espinosa Monardes
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Ivan Moreira Barros
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ramon Farias Ponce
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alfonso De Urresti Longton
- Marcos Espinosa Monardes
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Ivan Moreira Barros
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Nino Baltolu Rasera
- Cristian Campos Jara
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- German Verdugo Soto
- Denise Pascal Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Eugenio Bauer Jouanne
- Gustavo Hasbun Selume
- Jose Antonio Kast Rist
- Ernesto Silva Mendez
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Manuel Rojas Molina
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Javier Hernandez Hernandez
- Carlos Montes Cisternas
- David Sandoval Plaza
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Gustavo Hasbun Selume
- Ivan Moreira Barros
- Leopoldo Perez Lahsen
- Felipe Salaberry Soto
- Ernesto Silva Mendez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 10. Informe sobre la participación del diputado señor David Sandoval en la XIV Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, efectuada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, en Ciudad de Panamá. (Panamá)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 358ª
Sesión 124ª, en martes 11 de enero de 2011
(Ordinaria, de 11.05 a 14.18 horas)
Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y de los señores Becker Alvear, don Germán, y Moreira Barros, don Iván.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO SE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 15
II. Apertura de la sesión 19
III. Actas 19
IV. Cuenta 19
- Acuerdos de los Comités 19
- Prórroga de plazo a Comisión Investigadora de Procesos de Adquisición, Localización, Distribución y Asignación de Viviendas de emergencia 20
- Fusión de proyectos 21
- Interpelación a Ministro de Energía. Artículo 52, Nº 1, letra b) de la Constitución Política 22
- Agradecimiento con motivo de conmemoración de elección de Bernardo O´Higgins como diputado de la República 22
V. Orden del Día
- Regulación de las asociaciones municipales. Modificación de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Tercer trámite constitucional. (Integración de Comisión Mixta) 22
- Inscripciones de inmuebles en nuevos conservadores de bienes raíces. Proposición de la Comisión Mixta 40
- Informe de la Comisión Investigadora del presunto fraude realizado por medio de pagos injustificados por proyectos inexistentes en el gobierno regional de Valparaíso 45
VI. Proyectos de acuerdo.
- Inclusión de la variable afrodescendiente en el censo de población y vivienda de 2012. (Preferencia) 48
- Garantía de pago de remuneraciones a manipuladoras de alimentos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. (Votación) 51
- Medida en favor del desarrollo de la comuna de Alto Biobío 51
- Medidas para apoyar a deudores habitacionales 53
VII. Incidentes
- Solicitud de antecedentes a Presidente de la República, en virtud del inciso segundo de la letra a) del artículo 52 de la Constitución Política de la República 55
- Preocupación ante eventual lanzamiento de pequeños pescadores y artesanos de balneario de Maicolpué, provincia de Osorno. Oficios 56
Pág.
- Antecedentes sobre proyectos ejecutados y pendientes con cargo a Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Reiteración de oficios de solicitud de información no respondidos a diputado. Oficios 57
- Dictación de reglamento para regular sistema intersectorial de protección social de la infancia. Oficio 57
- Agradecimiento por instalación de oficina móvil de Banco del Estado en comuna de Futrono durante período estival. Oficios 58
VIII. Anexo de sesión
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 60
- Información sobre firma de convenio en favor de productores de trigo. Oficios 60
- Información sobre uso de suelo de lote ubicado en comuna de Talcahuano. Oficio 60
- Antecedentes sobre reclamación de dueño de embarcación de Talcahuano en contra de empresa aseguradora. Oficio 61
- Renovación de personalidad jurídica de Sindicato de Armadores y Pescadores Artesanales de Cerco, de Talcahuano. Oficio 61
- Reconsideración de rechazo de licencias médicas de trabajador de Hualpén. Oficio 61
- Condonación de deudas hipotecarias a vecinos de población “Eleuterio Ramírez”, de Puerto Montt. Oficios 62
- Fiscalización a ingresos por instalación de antenas de telefonía móvil y de televisión en cercanías de población “Eleuterio Ramírez”, de Puerto Montt. Oficio 63
- Información sobre modificaciones en cobros asociados a cuenta Rut, de Banco del Estado. Oficio 63
- Antecedentes sobre inscripciones de derechos de agua y estado de caminos interiores en comuna de La Higuera. Oficios 64
- Reiteración de solicitud de información sobre veracidad de afirmación formulada por seremi de gobierno de región de Coquimbo. Oficio 65
- Información sobre cobro de Fonasa a familiares de persona fallecida. Oficios 65
- Nota de agradecimiento a agrupación de Ciegos del Sur por proyecto de furgón para traslado de no videntes. Información sobre presupuesto regional para la discapacidad y proyectos de ayuda a discapacitados de región de Los Ríos. Oficios 66
- Respuesta a vecino de comuna de Alto Del Carmen afectado por construcción de camino en ruta C-489. Oficios 66
- Reapertura de sumario instruido a ex director regional de Sernageomin de región de Atacama. Oficios 67
- Información sobre denuncia de directora de liceo de música de Copiapó en relación con profesor de violín. Oficios 68
Pág.
X. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. que “Prorroga el plazo de calificación otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutadoa Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por la ley N° 20.405, y concede acceso que indica para fines particulares que se señalan.”. (boletín N° 7435-17) 69
2. que “Extiende el plazo de vigencia de las franquicias contenidas en el artículo 28, del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, y en el artículo 35, de la ley N° 19.420.”. (boletín N° 7433-05) 72
3. que “Modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo de Santiago, que señala.”. (boletín N° 7434-07) 74
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho de los siguientes proyectos:
4. que “Modifica la ley N° 20.022, con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo de Santiago, que señala.”. (boletín N° 7434-07) 76
5. que “Prorroga el plazo de calificación otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por la ley N° 20.405, y concede acceso que indica para fines particulares que se señalan.”. (boletín N° 7435-17) 77
6. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados.”. (boletín N° 7194-05) 77
7. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Extiende el plazo de vigencia de las franquicias contenidas en el artículo 28, del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, y en el artículo 35, de la ley N° 19.420.”. (boletín N° 7433-05) 77
8. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Aumenta las plantas de Personal de Carabineros de Chile.”. (boletín N° 6962-02) 78
9. Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Permite el acceso uniforme a las licencias profesionales cumpliendo los requisitos exigidos en la Ley de Tránsito.”. (boletín N° 7212-15) 78
Pág.
10. Informe sobre la participación del diputado señor David Sandoval en la XIV Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, efectuada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, en Ciudad de Panamá (Panamá) 83
11. Informe sobre la participación de los diputados señores Gabriel Ascencio y Romilio Gutiérrez en el XXXVII Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, celebrado los días 27 y 28 de septiembre de 2010, en Bogotá (Colombia) 84
12. Informe sobre la participación del diputado señor Rincón en la VII Asamblea Plenaria del foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), realizada entre los días 17 y 19 de noviembre de 2010, en Ciudad de México (México) 87
13. Moción de los señores Diputados González, Monsalve, Venegas, don Mario, Verdugo, Hasbún, Silber, y de las señoras Diputadas Girardi, doña Cristina, Hoffmann, doña María José y Saa, doña María Antonieta, que “Establece una Ley General sobre Convivencia Escolar”. (boletín N° 7428-04) 97
14. Moción de los señores diputados Meza, Cerda, Espinosa, don Marcos; Farías, Jarpa, Melero, Schilling, Silber, Robles y Pascal, doña Denise, que “Dispone mejoras al acceso de los discapacitados visuales a la telefonía móvil.”. (boletín N° 7421-11) 103
15. Moción de los diputados señores Torres, Browne, Castro, Núñez, Santana, Silber, Walker, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta, y Sabat, doña Marcela, que “Establece autonomía y confidencialidad de los menores de edad respecto del examen de VIH/Sida”. (boletín N° 7422-11) 105
16 Moción de los diputados señores Tarud, Cardemil, Harboe, Lorenzini, Jiménez, Lemus, Moreira, Vargas, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, sobre “Reforma constitucional que establece la posibilidad de llamar a plebiscito cuando se trate de materias relevantes para el país.”. (boletín N° 7423-07) 111
17. Moción de los diputados señores Farías, Ceroni, De Urresti, Espinosa, don Marcos; Marinovic y Moreira, que “Establece la obligación de obtener permiso para conducir vehículos motorizados con capacidad igual o menor a 50 centímetros cúbicos.”. (boletín N° 7424-15) 113
18. Moción de los diputados señores Farías, Ceroni, De Urresti, Espinosa, don Marcos; Marinovic, Moreira, y de la diputada señora Sabat, doña Marcela, que “Restringe la entrega de licencias clase C.”. (boletín N° 7425-15) 115
19. Moción de los diputados señores Sabag, Baltolu, Campos, Ortiz, Sauerbaum, Teillier, Van Rysselberghe, Velásquez, Verdugo, y de la diputada señora Pascal, doña Denise, que “Modifica la ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, para fomentar el emprendimiento.”. (boletín N° 7426-26) 117
Pág.
20. Moción de los diputados señores Van Rysselberghe, Bauer, Hasbún, Kast, Silva, Uriarte, Vilches, Von Mühlenbrock y Ward, que “Obliga a las instituciones financieras a informar debidamente en toda acción publicitaria el costo financiero total de los créditos que ofrecen.”. (boletín N° 7427-03) 123
21. Moción de los diputados señores Rojas, Ascencio, Calderón, Gutiérrez, don Hugo; Hernández, Montes, Sandoval, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker, que “Modifica el artículo 70 de la ley General de Urbanismo y Construcción, que establece condiciones de áreas verdes, áreas de actividades deportivas y equipamiento.”. (boletín N° 7429-14) 124
22. Moción de las diputadas señoras Zalaquett, doña Mónica; Cristi, doña María Angélica; Nogueira, doña Claudia; Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Hasbún, Moreira, Pérez, don Leopoldo; Salaberry y Silva, que “Modifica el artículo 385, del Código Procesal Penal, en lo relativo al recurso de nulidad, con el objeto de agregar como causal que permita invalidar solo la sentencia, la de haberse impuesto una pena inferior a la que legalmente correspondía.”. (boletín N° 7430-07) 127
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Solicitud interpuesta por 43 señores Diputados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra b) de la Constitución Política de la República, y las disposiciones del Libro III Título IV bis, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de citar al Ministro de Energía , don Ricardo Raineri Bernain, para formularle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al cuestionario temático adjunto.
2. Comunicación:
- De la Presidenta de la Corporación mediante la cual informa que el diputado señor Iván Norambuena reemplazará al diputado señor Gustavo Hasbún en la XIV Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile - Parlamento Europeo, que se llevará a cabo en Bruselas, los días 24 y 25 de enero de 2011.
3. Oficios:
- De la Comisión Especial de Deportes, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir el Boletin N° 7378-29, el que “Modifica la letra k) de la ley N° 19.712, del deporte, en lo relativo a la elección de los dirigentes de las organizaciones deportivas”, con los proyectos de ley ya refundidos, Boletines N° 3455-04, 4522-29, 4783-29, 4871-29, 5519-29, 6143-04, y 7230-29.
- De la Comisión Especial Investigadora acerca de los procesos de adquisición, localización, distribución y asignación de las viviendas de emergencia destinadas a ir en ayuda de los damnificados por el desastre del 27 de febrero de 2010, por el que solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 90 días su mandato, ya que surgieron antecedentes nuevos que requieren de una especial atención y estudio adicional.
Respuestas a Oficios Cuenta 124ª 358 (11/01/2011)
Contraloría General de la República:
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita información sobre permiso de construcción en predio ubicado en la calle Cirujano Guzmán N°77, comuna de Providencia, Región Metropolitana, toda vez que se estaría infringiendo el derecho de propiedad del vecino del referido inmueble (416 al 1742).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Cerda, Diputada Molina doña Andrea, Recaba antecedentes en torno a denuncias por presunta rebaja en los avalúos y en el pago de contribuciones respecto de viviendas ubicadas en el sector urbano de la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso (1577 al 1593).
Ministerio de Educación:
- Diputado De Urresti, Recaba información sobre las acciones realizadas por esa Cartera para que el fuerte San Luis de Alba, ubicado en la comuna de Mariquina, sea patrimonio fiscal, como, por otro lado, para proteger las reliquias encontradas durante la construcción del casino de la ciudad de Valdivia, y, por último, para prevenir la extracción de piedras de la plaza histórica del fuerte Mancera, situado en la comuna de Corral (6302 al 1611).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita informar sobre las gestiones que ha realizado y,o realizará el ministerio a su cargo, para solucionar el problema de frecuentes inundaciones que afecta a los vecinos de la intersección de las calles Santa Teresa con Javiera Salas, en la comuna de Estación Central. (27 al 1779).
- Diputado Ascencio, Solicita se informe acerca del estado del proyecto de ampliación del puerto de Quellón, provincia de Chiloé (28 al 1831).
- Diputado Delmastro, Solicita informar acerca del programa para continuar con el asfaltado del camino que une la ciudad de Máfil con la localidad de Malihue, específicamente del tramo de 27 kilómetros que unirán esta comuna con el camino internacional Malihue-Panguipulli (29 al 1744).
- Diputado De Urresti, Solicita información sobre el proceso de reconstrucción de la costanera de Valdivia, dañada por el terremoto del 27 de febrero. (3 al 1084).
- Diputado Urrutia, Informar acerca del estado del Programa de Agua Potable Rural, A.P.R., del sector Yiyahue, en la comuna de Parral, Región del Maule, el cual es requerido por los agricultores del lugar (30 al 1789).
- Diputado Jaramillo, Solicita informar sobre la factibilidad de realizar el dragado en algunos bajos del Río Bueno, en la comuna del mismo nombre, habilitando así, para la navegación, la parte norte de dicha vía fluvial. (31 al 1685).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Solicita informar sobre los planes de desarrollo de las empresas Aguas del Altiplano S. A. y Aguas Décima S. A.. (37 al 1810).
- Diputado De Urresti, Solicita información acerca de los planes de reparación de los accesos a los puentes Pichoy y Cayumapu, en el sector norte de la ciudad de Valdivia (38 al 1601).
- Diputado Marinovic, Disponer que respecto de una eventual concesión de los servicios sanitarios de agua potable y aguas servidas para la comuna de Cabo de Hornos, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, pudiera ser ese municipio el que directamente pidiera la concesión respectiva, de acuerdo al título II del DFL 382, sobre la Ley General de Servicios Sanitarios. (39 al 661).
- Diputado Verdugo , Solicita información sobre la fecha en que será enviado a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule el proyecto de pavimentación de la calle 26-Sur de la ciudad de Talca. (40 al 1366).
- Diputado Torres , Solicita se informe sobre el organismo responsable del mantenimiento del camino Lagunillas, comuna de Casablanca, Región de Valparaíso (42 al 1633).
- Diputado Torres, Solicita se informe respecto del organismo encargado de la administración de la explanada de la Caleta Pacheco Altamirano, en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso (43 al 1660).
- Diputado Ortiz, Solicita al MOP que proyecto de costanera Concepción-Hualqui se financie con recursos fiscales, y no vía licitación (6 al 740).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputada Vidal doña Ximena, Solicita informar sobre las medidas que se han adoptado y,o se adoptarán por el ministerio a su cargo, para solucionar el problema de pública relevancia suscitado a raíz del proyecto educativo del Colegio Alma Mater de la comuna de la Granja, la comunidad de dicho establecimiento, estudiantes, profesores y asistentes de la educación, se mantienen, hoy en día, sin desarrollar, debido al señalado conflicto, sus normales actividades. (5488 al 1774).
- Diputado Silva, Recaba información respecto del seguro de accidentes escolares, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°313, de 1973, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en concordancia con la ley N°16.744 (81760 al 1453).
Ministerio de Salud:
- Diputada Rubilar doña Karla, Informar acerca de la ausencia de stock de la vacunas, a nivel nacional, público y privado, en contra de la influenza estacionaria (cepas B y Ah2n3) y, además , respecto del alto precio en el mercado de la vacuna en contra de la influenza Ah1n1. (4192 al 344).
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Informar acerca de la factibilidad o existencia de un proyecto destinado a dotar de un consultorio al sector Buzeta de la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana. (4193 al 532).
- Diputado Hasbún, Informar, con relación al Centro de Referencia de Salud San Rafael de la comuna de La Florida, acerca de los servicios que fueron externalizados y las funciones que habría cumplido las empresas externas durante los años 2008 y 2009. (4194 al 1166).
- Diputado Hasbún, Solicita reiterar el oficio N° 1.166, de 5 de agosto del año en curso, en el que requiere se informe respecto de servicios externalizados por el centro de Referencia de Salud San Rafael, Comuna de La Florida. (4194 al 1847).
- Diputado Monsalve, Recaba información acerca del estado de avance del proyecto Centro de Salud Familiar de la comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (4196 al 1708).
- Diputado Torres , Solicita se informe sobre la adquisición y distribución de métodos de anticoncepción, incluidos los denominados de emergencia, durante el presente año, y, su comparación respecto del año 2009. (4236 al 1993).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Monsalve, Solicita se informe sobre el estado de avance en el proceso de licitación destinado a determinar la aptitud de terrenos para la construcción de viviendas en las comunas de la provincia de Arauco, así como en la comuna de Lota, Región del Biobío, incluyendo los terrenos considerados para su evaluación y los resultados de ésta (15 al 1591).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Campos , Solicita se informe sobre la instalación por parte de las empresas Entel PCS S.A. y Entel Telefonía Móvil S.A. de dos estaciones base de telefonía móvil y de una torre tipo monoposte, en la propiedad ubicada en Camino del Amanecer N° 1.864, sector “La Docencia”, en la comuna de Concepción, particularmente, si las señaladas empresas cuentan con los decretos de concesión que les permitan la construcción y operación de estas instalaciones en el inmueble antes individualizado. (7577 al 2130).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputado Delmastro, Solicita tenga a bien disponer, por los motivos expuestos en la petición adjunta, se realice una nueva encuesta de situación socioeconómica a don Rubén Meza Arias. (3305 al 710).
Ministerio Medio Ambiente:
- Proyecto de Acuerdo 132, Limitación de horarios de trabajo en las obras de construcción. (110042).
Intendencias:
- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita gestionar se realice una fiscalización, por parte de los organismos competentes, al Relleno Sanitario Santiago Poniente, en el extremo sur occidental de Rinconada de Maipú, en la comuna de Maipú, en caso de advertir incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental N° 479, de 24 de agosto de 2001, que autorizó dicho proyecto, se inicie el procedimiento sancionatorio que corresponda, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.473, y, finalmente, se considere el grave problema de contaminación que afecta al entorno de este relleno, específicamente a las poblaciones de El Maitén y La Farfana, en la próxima sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago. (100354 al 801).
Municipalidad de Peñalolén:
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita se informe respecto del déficit presupuestario en la comuna de Peñalolén, incluyendo su monto, al 30 de septiembre de 2010, así como acerca del proyectado al 31 de diciembre de este mismo año, con especial referencia a los presupuestos de educación, salud y de otras áreas deficitarias (1200 al 1738).
Municipalidad de Providencia:
- Diputada Sabat doña Marcela, Recaba información sobre los planes del municipio respecto a la plazoleta ubicada en la calle Dr. Hernán Alessandri, de la comuna de Providencia (10903 al 1805).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Alinco, Solicita informe respecto de la norma chilena en materia de pesticidas en alimentos de consumo humano, especialmente acerca de los índices de tolerancia y métodos de fiscalización (2229 de 05/01/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Alinco, Solicita informe respecto del número de personas contratadas a honorarios y el número de funcionarios a contrata, en esa Secretaría de Estado, y en cada uno de los servicios públicos de su dependencia (2230 de 05/01/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Alinco, Solicita informe respecto del número de personas contratadas a honorarios y el número de funcionarios a contrata, en esa Secretaría de Estado, y en cada uno de los servicios públicos de su dependencia (2231 de 05/01/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado Alinco, Solicita informe respecto del número de personas contratadas a honorarios y el número de funcionarios a contrata, en esa Secretaría de Estado, y en cada uno de los servicios públicos de su dependencia (2232 de 05/01/2011). A Ministerio Secretaría General de Gobierno.
- Diputado Alinco, Solicita informe respecto del número de personas contratadas a honorarios y el número de funcionarios a contrata, en esa Secretaría de Estado, y en cada uno de los servicios públicos de su dependencia (2233 de 05/01/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Godoy, Solicita se dé respuesta a una serie de interrogantes relativas a la adquisición, por parte de la Corporación Nacional Forestal, de un helicóptero del fabricante PZL Swidnik, modelo SW-3A Sokol. (2234 de 05/01/2011). A Ministerio de Agricultura.
- Diputado Cerda, Solicita informe sobre el proceso de licitación de nuevas plantas de revisión técnica para la Región de Valparaíso, especialmente las fechas de los llamados y las comunas consideradas (2235 de 05/01/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Díaz don Marcelo, Diputado Schilling, Solicitan informe sobre la legalidad de la situación de la funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Valparaíso , señora Evelyn Mancilla, quien ha sido nombrada “ Directora Regional de Gestión ”, especialmente respecto del cumplimiento de los requisitos para acceder a ese cargo (2236 de 06/01/2011). A Contraloría General de la República .
- Diputado Velásquez, Diputado Marinovic, Diputada Isasi doña Marta, solicitan los antecedentes de la investigación por irregularidades sanitarias y administrativas que se lleva a efecto en el Servicio Médico Legal de Iquique (2237 de 06/01/2011). A Ministerio de Justicia.
- Diputada Molina doña Andrea, Diputado Eluchans, Solicita dar respuesta a una serie de interrogantes relativas a la intervención del Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de Concón”. (2238 de 06/01/2011). A Municipalidad de Concón.
- Diputada Molina doña Andrea, Diputado Eluchans, Solicita informar acerca del correcto sentido del Oficio Ordinario N° 1429, de 2007, de la Secretaría Regional Ministeral de la Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, en lo relativo a la autorización para intervenir el santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de Concón”. (2239 de 06/01/2011). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputada Molina doña Andrea, Diputado Eluchans, Solicita informar sobre los peritajes efectuados por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, en el santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de Concón”. (2240 de 06/01/2011). A Ministerio de Defensa Nacional.
- Diputada Molina doña Andrea, Diputado Eluchans, Solicita al Consejo de Monumentos Nacionales, informar sobre las autorizaciones para intervenir el Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de Concón”, solicitadas por la empresa Paz Inmobiliaria Ltda. y,o por la Inmobiliaria Borgoño Concón S.A. (2241 de 06/01/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar acerca de las condiciones de ventilación en la Línea 4 de la red del “Metro de Santiago”, sobre los estudios realizados para determinar dichas condiciones, especialmente, en los denominados “horarios punta”, y, en el evento que dichos estudios no se hubieren efectuado, señalar si se evalúa su ejecución, y en qué oportunidad. (2242 de 06/01/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar acerca de las condiciones de ventilación en la Línea 4 de la red del “Metro de Santiago”, en particular, si estas condiciones son adecuadas y suficientes, y concordantes con el número de usuarios, especialmente en los denominados “horarios punta”, y, además, sobre los planes y proyectos para su mejoramiento. (2243 de 06/01/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado De Urresti, Solicita se informe, en primer lugar, sobre la factibilidad de financiar un programa de Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Dental, y de refuerzo médico, para los servicios de urgencia de los Centros de Salud Familiares de la comuna de Valdivia, seguidamente, respecto de la efectividad de la falta de insumos en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, que funciona en el Consultorio Externo de Valdivia, y, finalmente, sobre la cobertura de la actual y anteriores campañas de vacunación contra la rubeola y sarampión en la Región de Los Ríos. (2244 de 06/01/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Auth, Solicita se remitan los antecedentes relacionados con la muerte del señor Johan Marx Benítez Díaz, acaecida en la Posta Central de la ciudad de Santiago, el 13 de diciembre del año próximo pasado, sin perjuicio de dar respuesta a la interrogantes formuladas en el cuestionario contenido en la solicitud adjunta. (2245 de 06/01/2011). A Ministerio de Justicia.
- Diputado Silva, Solicita dar respuesta a una serie de interrogantes relacionadas con los criterios, tratamientos, financiamiento, procedimientos y, en general, las políticas del sistema público de salud, para afrontar la enfermedad de cáncer al pulmón. (2246 de 06/01/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Arenas , Solicita la instrucción de un sumario tendente a esclarecer las circunstancias y determinar eventuales responsabilidades en la muerte del señor Leonso Nicolás Ulloa Merino, acaecida en el Hospital de Traiguén, remitiendo, oportunamente, sus conclusiones a esta Corporación. (2247 de 06/01/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita se informe sobre el estado de tramitación de la solicitud de concesión de una señal de radiodifusión sonora para la Radio Comunitaria de San Expedito, en la comuna de Puente Alto, Región metropolitana de Santiago . (2248 de 06/01/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita se informe sobre la cantidad de partes cursados a la Línea de Taxis Colectivos N° 4011, que opera en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana de Santiago , por infracciones y contravenciones a la legalidad vigente. (2249 de 06/01/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar sobre el funcionamiento del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, en el sector de Pedro de Valdivia Norte, comuna de Providencia, en la Región Metropolitana de Santiago, en particular, sobre sus efectos en los índices de delincuencia. (2265 de 07/01/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar sobre la eventual modificación a la exigencia de efectuar una práctica profesional gratuita, como uno de los requisitos para obtener el título de abogado. (2266 de 07/01/2011). A Ministerio de Justicia.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar sobre lo que, en el marco de la legislación vigente, corresponde que las empresas de suministro eléctrico cobren por reposición del servicio, y, por qué conceptos, vgr., multas, manos de obra, etc. (2267 de 07/01/2011). A Ministerio de Energía.
- Diputado Delmastro, Solicita se informe sobre la situación previsional del señor Héctor Martínez Ramón. (2268 de 07/01/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Monckeberg don Nicolás, Solicita se informe respecto del permiso municipal con que cuenta la estructura de concreto en que se apoya la antena de telefonía móvil ubicada en calle Portales N° 5662, en la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana de Santiago . (2269 de 07/01/2011). A Municipalidad de Lo Prado.
- Diputado Monsalve, Solicita informe respecto de eventuales abusos e irregularidades administrativas en el Servicio de Salud Arauco (2270 de 07/01/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Monsalve, Solicita se informe sobre la ejecución del programa “Manos a la Obra”, en la comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Lebu, Los Alamos, Cañete, Contulmo y Tirúa, en particular, sobre los montos asignados y recibidos por los municipios de estas comunas, la cantidad de familias efectivamente beneficiadas, y, los recursos asignados a cada una de estas, e informar, además, sobre la efectividad de la finalización del programa ya señalado y, en la eventualidad de su permanencia, explicar las razones de la demora en la entrega de los materiales, especialmente en la comuna de Curanilahue. (2271 de 07/01/2011). A Ministerio de Interior.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (118)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alinco Bustos René PPD XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo IND VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea IND V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando IND XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistió, además, el ministro secretario general de la Presidencia , don Cristián Larroulet Vignau.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín y Jorge Pizarro.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.05 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El acta de la sesión 118ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 119ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario informará sobre los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Tomar conocimiento de las Tablas de la semana.
2. Rendir homenaje con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en el marco del Seminario Internacional sobre Feminización de la Pobreza, en la sesión del martes 8 de marzo, al término del Orden del Día, limitando los discursos a cinco minutos por bancada.
3. Autorizar a la bancada de la Democracia Cristiana para rendir homenaje al ex Presidente de la República , don Eduardo Frei Montalva, inmediatamente después de la Cuenta de la sesión del miércoles 19 de enero, por un lapso de quince minutos. Luego, cada bancada podrá realizar una intervención de hasta tres minutos.
4. Considerar con preferencia, en la sesión de hoy, el proyecto de acuerdo N° 258, sobre inclusión de la variable afrodescendiente en el Censo de Población y Vivienda de 2012.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señora Presidenta , pido que cite a reunión de Comités.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Muy bien, señor diputado .
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Continúa la sesión.
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos adoptados en la reunión de Comités efectuada recientemente.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Los acuerdos de los Comités son los siguientes:
En primer lugar, incorporar en Cuenta agregada la interpelación al señor ministro de Energía .
En segundo término, seguir el procedimiento reglamentario: recabar el acuerdo de la Sala o, en su defecto, proceder a su votación.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Vamos a continuar con los asuntos de la Cuenta que estaban pendientes.
El señor MARINOVIC.- Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MARINOVIC.- Señora Presidenta , ¿es posible votar de inmediato la solicitud interpuesta para citar al ministro de Energía?
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , primero vamos a resolver los asuntos de la Cuenta que tenemos pendientes, que son dos peticiones de comisiones. Posteriormente, vamos a tratar lo relativo a la interpelación.
-o-
El señor MONTES.- Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES.- Señora Presidenta , en el acuerdo sobre el presupuesto, se aprobó la partida que otorga recursos al sistema de la Alta Dirección Pública, pero el Gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley de reforma en el mes de diciembre. Ya terminó diciembre y hasta la fecha no ha sido presentado.
Entonces, se debe pedir una explicación al Presidente de la República respecto de por qué no se ha presentado aún dicha iniciativa.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Diputado señor Montes, hemos tomado nota de su petición.
Vamos a pedir una respuesta al Presidente de la República en relación con lo que usted ha solicitado.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN, LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Especial Investigadora acerca de los procesos de adquisición, localización, distribución y asignación de las viviendas de emergencia destinadas a ir en ayuda de los damnificados por el desastre del 27 de febrero de 2010, para prorrogar en 90 días el plazo de que dispone para concluir su investigación, debido a que surgieron nuevos antecedentes que requieren de una especial atención y estudio adicional.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor LEÓN.- Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor LEÓN.- Señora Presidenta , informo a los colegas que esta petición fue acordada por la unanimidad de los diputados de la Comisión.
Nos pareció necesario ampliar los plazos, porque los nuevos antecedentes que están llegando a la Comisión dicen relación con el informe de la Contraloría General de la República.
El plazo de la Comisión vence el 7 de marzo, de manera que, si no se accede a nuestra solicitud, el informe de la Contraloría, que es muy contundente y que debemos aclarar como fiscalizadores, no podrá ser analizado. Por eso, esta petición fue aprobada por la unanimidad de los diputados.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Consultaré nuevamente a la Sala.
¿Habría unanimidad para acceder a la solicitud de la Comisión mencionada?
No hay acuerdo.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta , ¿qué diputado no dio la unanimidad?
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Es costumbre de esta Mesa y de las anteriores no entregar el nombre de la persona que no dio la unanimidad.
En votación la petición de la Comisión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
FUSIÓN DE PROYECTOS.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Especial de Deportes para refundir el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la letra k) de la ley N° 19.712, del deporte, en lo relativo a la elección de los dirigentes de las organizaciones deportivas, con los proyectos de ley refundidos en virtud del acuerdo de 30 de noviembre de 2010, que modifican el mismo cuerpo legal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, la Comisión consultó previamente a los autores de la moción.
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud?
Acordado.
INTERPELACIÓN A MINISTRO DE ENERGÍA. Artículo 52, Nº 1, letra b) de la Constitución Política.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra b), de la Constitución Política de la República y en el Libro III, Título IV bis, del Reglamento de la Cámara de Diputados, varios diputados presentaron, hoy en la mañana, una petición para citar al ministro de Energía , a fin de formularle preguntas relacionadas con materias vinculadas al ejercicio de su cargo.
¿Habría acuerdo para aprobar la petición?
Acordado.
En el transcurso de la sesión, se va a proponer la fecha de la interpelación.
AGRADECIMIENTO CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DE ELECCIÓN DE BERNARDO O´HIGGINS COMO DIPUTADO DE LA REPÚBLICA.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Agradezco a los diputados señores Juan Lobos y José Pérez por acompañarme ayer, 10 de enero, a la ciudad de Los Ángeles para conmemorar la elección, por primera vez, de Bernardo O´Higgins como diputado de la república.
La ceremonia realzó a la Cámara de Diputados. Pudimos compartir con distintas organizaciones sociales de la comuna de Los Ángeles, en donde se hizo un reconocimiento a la Corporación y a la figura de Bernardo O´Higgins como ex diputado de la república.
-Aplausos.
V. ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES. Modificación de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Tercer trámite constitucional. (Integración de Comisión Mixta).
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y regula las asociaciones municipales, con urgencia calificada de suma.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 6792-06, sesión 122ª, en 5 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Hago presente a la Sala que el Senado sólo ha incorporado las siguientes enmiendas al proyecto: un nuevo número 1), para agregar la expresión “o asociaciones” en la letra j) del artículo 79, y un nuevo inciso segundo en el artículo 150, que faculta al concejo para solicitar informes a las asociaciones de las cuales participe la municipalidad respectiva, los cuales sólo podrán referirse al destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos por aquéllas.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta , sólo quiero hacer referencia al artículo 137 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, porque percibo que hay una manifiesta colisión entre la propuesta de modificación que estamos abordando y el artículo 65 actualmente vigente de dicha ley.
El nuevo artículo 137 viene sin modificaciones del Senado, de tal forma que es muy poco probable que tengamos la alternativa de incorporar algunas enmiendas; sin embargo, quiero dejarlo establecido para la historia fidedigna de la ley.
Este artículo otorga personalidad jurídica de derecho privado a las asociaciones de municipalidades. Asimismo, señala que dichas asociaciones podrán tener por objeto la atención de servicios comunes, la ejecución de obras de desarrollo local, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión, etcétera, y hace una enumeración muy similar a la establecida en el artículo 137 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades actualmente vigente.
Mi duda y preocupación radican en el hecho de que se está dejando tácitamente sin efecto el actual artículo 65 de la mencionada ley, que otorga a los concejos las mismas facultades que se le están entregando a las asociaciones de municipalidades.
Entonces, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, cabe señalar que ninguna de las facultades que les están siendo otorgadas a las asociaciones en virtud de esta modificación se puede ejercer a expensas de las que hoy tienen los concejos municipales.
A modo de ejemplo, en el caso de la atención de servicios comunes, dos municipalidades constituyen una asociación y resuelven prestar un servicio común de extracción domiciliaria de la basura, para lo cual se debe establecer un mecanismo de licitación pública, con todos los requisitos que ello conlleva. Sin embargo, para que ocurra un evento administrativo de esas características se requiere que el municipio tenga el acuerdo del concejo municipal. Sería insostenible que una futura asociación de municipalidades, transgrediendo el artículo 65 y sobrepasando las facultades de los concejos, llamara a una licitación pública, por sí y ante sí, para prestar servicios comunes en un determinado territorio comunal.
Otro caso es el de la letra b) del artículo 137 propuesto, referido a la ejecución de obras de desarrollo local. ¿Qué puede ocurrir cuando ello conlleva el gasto con cargo a un ítem denominado de inversión real? Si ello ocurriera, también se estaría sobrepasando las facultades del concejo, único órgano que, desde el punto de vista legal, tiene la facultad de disponer de ese fondo, por cuanto en la ley orgánica se establece expresamente que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para esos efectos. Así está señalado expresamente en el artículo 65.
Sin embargo, desde mi punto de vista, otro hecho resulta aún más grave, y tiene que ver con que la letra c) del artículo 137 propuesto se refiere al fortalecimiento de los instrumentos de gestión de que disponen los municipios. ¿Cuáles son aquellos? El plan de desarrollo comunal, consagrado en el artículo 65, letra a), de la actual ley orgánica constitucional de Municipalidades, que establece que su aprobación es una facultad de los concejos municipales; el plan estratégico; la planificación territorial, que se expresa en la aprobación de los planes reguladores comunales; el presupuesto municipal; la ordenanza de derechos municipales, entre otros. Y respecto del artículo 65, que entrega esas facultades al concejo, no se hace ninguna referencia en el proyecto.
Entonces, creo que se producirá una colisión de normas que, como señalé cuando se inició la discusión del proyecto en esta Cámara, generará una importante cantidad de conflictos porque, al extraer las facultades que hoy tienen los concejos municipales y otorgarles personalidad jurídica a las asociaciones que se crean, obviamente las asociaciones intentarán tomar decisiones asociadas a las facultades que se les están otorgando en virtud del presente proyecto, pero que irremediablemente colisionarán con el artículo 65 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.
Por una parte, habrá una asociación de municipalidades y, por otra, un concejo municipal elegido por votación universal y popular, representantes y depositarios de la soberanía popular en el ámbito de la comuna que, una vez elegidos, no podrán o correrán el grave riesgo de ver alteradas sus facultades como consecuencia del otorgamiento de esta personalidad jurídica.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO .- Señora Presidenta , he conversado extraoficialmente con los colegas sobre este proyecto, que ahora está en su tercer trámite, y me pregunto si no estaremos legislando un tanto acelerados, porque aún no nos hemos puesto de acuerdo en las reformas municipales que queremos. Necesitamos una gran reforma de una vez por todas y así dejaremos contentos a nuestros críticos indirectos, los concejos municipales.
La modificación introducida por el Senado, en su segundo trámite constitucional, es mínima. Como manifestó el diputado Saffirio , no hemos hecho una buena discusión en el primer trámite del proyecto, lo cual es nuestra responsabilidad. Él hizo mención a los efectos en el artículo 65 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.
Aunque lo que se modificó en el segundo trámite es mínimo, no por ello deja de ser importante, ya que por medio de ese cambio se amplía la posibilidad fiscalizadora del concejo municipal -de eso no tengo ninguna duda- para pedir información acerca de los recursos que se aportan a las asociaciones de municipalidades, en este caso con la limitante de que la materia de los informes solicitados sólo podrán referirse al destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos por la respectiva asociación en que participa. Ése es el punto central de las modificaciones que estamos analizando.
¿Cómo logramos mejorar el proyecto? A lo mejor, formando una Comisión Mixta mediante el rechazo del número 4), que pasa a ser 5), que agrega el siguiente inciso segundo: “Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra j) del artículo 79, el concejo podrá solicitar informes a las asociaciones en la cuales participe la municipalidad respectiva,…”.
Por lo tanto, el tema deberá discutirse en las distintas bancadas en el transcurso de este trámite, para aprovechar el aporte del diputado Saffirio y llevar la discusión a la Comisión Mixta, que él estima conveniente y que le haría muy bien a la ley orgánica constitucional de Municipalidades.
Por lo tanto, mi voto sólo estará disponible cuando nuestras bancadas se pongan de acuerdo para mejorar el proyecto que ahora analizamos en tercer trámite.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señora Presidenta , comparto la opinión expresada por el diputado Jaramillo, puesto que cumplí la importante labor de alcalde en una comuna de mi región,.
Efectivamente, el proyecto de ley es un pequeñísimo avance respecto de una verdadera reforma relacionada con los gobiernos locales. No obstante, no podemos dejar de respaldar esta iniciativa, fundamentalmente porque actualmente las asociaciones municipales son una figura muy extraña. Por ejemplo, la Asociación Chilena de Municipalidades, presidida por el alcalde de la municipalidad de La Granja, opera como representante legal de todos los municipios del país. Hasta ese grado llega la imperfección de la norma vigente, que no permite que los municipios tengan sus propias asociaciones y que, a través del otorgamiento de la respectiva personalidad jurídica, puedan administrar sus recursos, sus medios y sus decisiones con la autonomía que se requiere. En ausencia de ese instrumento, opera esa figura extraña, en que, repito, el alcalde del municipio que ejerce de presidente de esa asociación, sea a nivel nacional o de las asociaciones regionales, actúa en representación de todas las demás.
Ésta es la figura que el presente proyecto de ley viene a modificar, pues permitirá a las asociaciones contar con su propia personalidad jurídica. Como bien dijo el diputado Jaramillo, no es un paso importante -en realidad, es muy pequeño- en la dirección que todos queremos, que es el fortalecimiento de los gobiernos locales.
En mi opinión, tenemos que desarrollar una discusión de fondo. Los municipios han esperado por años las regulaciones de materias tan importantes como la administración de personal. No nos olvidemos que tenemos una norma que en los últimos años sólo ha cambiado de número, pero no ha resuelto el problema de fondo, ya que los municipios siguen encadenados a regulaciones que les generan enormes limitaciones.
Somos muy dados a hablar de la importancia de los gobiernos locales y de asignarles toda la relevancia que significa contar con gobiernos locales absolutamente poderosos, fuertes, autónomos; pero, a la hora de legislar, pareciera que el Estado tiene temor a traspasar a los municipios la autonomía y las competencias que requieren para ser un servicio eficiente.
Por eso, aunque considero que el proyecto no es totalmente satisfactorio, constituye un pequeño paso que tenemos que respaldar. Quedan deudas pendientes: el fortalecimiento real de los gobiernos locales mediante una legislación moderna y la autonomía real para el ejercicio de la gestión municipal. En la actualidad, el 80 por ciento de los recursos que administran los municipios son externos y vienen absoluta y totalmente formateados.
Debemos seguir el ejemplo de algunos países que han confiado en el rol de los gobiernos locales, para lo cual les han otorgado una estructura organizativa y legal moderna, y los medios y recursos para llevar a cabo dicha tarea.
Queda pendiente esa gran discusión. Si queremos realmente impulsar esta revolución descentralizadora, como lo ha dicho el Gobierno, debemos empezar por los gobiernos locales, ya que en ese ámbito tenemos una tremenda deuda.
Como el proyecto no va al fondo del problema, ya que sólo estamos regulando un anexo del tema de las municipalidades, que es el asociativismo, creemos que queda pendiente la tarea de fondo: reorganizar y redefinir el rol de los municipios.
Por ello, estimo que, más allá de nuestras aprensiones, debemos aprobar el proyecto de ley en discusión.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señora Presidenta , desde hace varios años, la Asociación Chilena de Municipalidades ha planteado la necesidad de una profunda reforma municipal, que genere una nueva ley orgánica constitucional de Municipalidades, que sea capaz de transformar los municipios de administraciones locales a gobiernos comunales, con autonomía real del poder central, no sólo administrativa, sino también económica.
La institucionalidad heredada del régimen dictatorial ha impedido el desarrollo de los municipios, los cuales se encuentran en una profunda crisis financiera, cuya solución no se visualiza, salvo la inyección de recursos que cada cierto tiempo realiza el Ejecutivo .
Comparto que un debate como éste debe hacerse en el marco de la discusión de reformas que apunten directamente a la descentralización de los distintos poderes del Estado. Por lo mismo, si se trata de descentralizar, debemos trasladar más poder a una instancia que es la más próxima a la ciudadanía, como es el municipio. Además, descentralizar significa no quitar capacidades que tienen actualmente los concejos municipales, sino reforzarlos y ampliarlos. Por ello, estoy de acuerdo en que las modificaciones no vayan en contradicción con las actuales capacidades que tienen los municipios, por limitadas que sean.
Entre los aspectos a reformar estaba la posibilidad de constituir asociaciones municipales. En ese marco, lo califico como un paso positivo, pero absolutamente insuficiente para las necesidades reales de los municipios. Por eso, esperamos que el Ejecutivo envié prontamente un proyecto de reforma municipal que considere, junto con los aspectos señalados, la ampliación de las facultades del concejo municipal y de los concejales.
A partir de 1993, aproximadamente, las municipalidades del país han demostrado un interés creciente por asociarse entre ellas, a fin de desarrollar formas colaborativas de gestión. La experiencia internacional, según se señala, demuestra que la asociatividad ha sido fundamental en el fortalecimiento de la autonomía municipal, en el desarrollo político, financiero y administrativo y, sobre todo, en una mayor efectividad y eficiencia de las administraciones locales.
Las asociaciones de municipalidades son un importante referente de la institucionalidad municipal en los territorios que, en los hechos, se da más allá de la legislación.
En el ámbito nacional encontramos a la Asociación Chilena de Municipalidades, que tiene representación también en el plano regional, y otras en el plano sectorial. Entre estas últimas se encuentran, por ejemplo, las que se coordinan en función de la producción minera, de actividades económicas de carácter turístico y las vinculadas a los pueblos originarios.
Sin perjuicio de sus importantes logros, la asociatividad municipal ha enfrentado una serie de dificultades derivadas, entre otras razones, de la estructura normativa hasta ahora existente, que no le reconoce personalidad jurídica a esas asociaciones municipales, las que, por ende, no pueden actuar integralmente como sujetos de derecho con plena capacidad, por lo que se ven obligadas a funcionar legalmente bajo el alero de la municipalidad cuyo alcalde ejerce transitoriamente la presidencia de la respectiva asociación.
Tales dificultades han hecho concluir a la Contraloría General de la República que la carencia de personalidad jurídica les dificulta su pleno desarrollo y reconocimiento como sujetos de derecho. Por eso, se sugiere subsanar este inconveniente.
Todas esas consideraciones se tuvieron en vista al introducir la modificación al inciso sexto del artículo 118 de la Constitución Política de la República, que incorporó, a continuación de la consagración constitucional de esas agrupaciones, la declaración de que podrán gozar de personalidad jurídica de derecho privado, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva.
Queremos que la modificación que propone el proyecto vaya en la perspectiva de un camino que obligue a un debate profundo sobre la descentralización de los poderes del Estado y fortalezca con especial interés la instancia de carácter local, de gobierno comunal: los municipios.
Entendida así, la asociatividad podría ser un factor que ayude a potenciar esa capacidad en quienes se coordinan a nivel de distintos municipios, que esperamos no sea usada, o mal usada, para potenciar a algún tipo de negocio o ente de distintos municipios afines y con más recursos.
Finalmente, compartimos la incorporación que se plantea con el fin de permitir que los concejos municipales puedan fiscalizar los aportes realizados a tales asociaciones.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señora Presidenta , el proyecto se está analizando en su tercer trámite constitucional, después de que el Senado le introdujera sólo dos modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados, que son meramente formales y no de fondo. Reglamentariamente, sólo debemos abocarnos a esas modificaciones, pues todo lo demás ha sido aprobado tanto en el Senado como en esta Cámara.
Sin embargo, cuando se analizan iniciativas puntuales de esta naturaleza, es también razonable aprovechar la oportunidad para hacer un estudio más de fondo, aunque sea en las últimas instancias de tramitación de un proyecto, como, por ejemplo, respecto de la necesidad de reformar la ley orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de provocar un profundo cambio dentro de las directrices, actuaciones y finalidades de la estructura municipal, como lo hemos promovido en otras situaciones.
Es claro que las municipalidades necesitan un mayor financiamiento y nuevos recursos para cumplir su finalidad y objetivos de atención comunal; además, es conveniente que tengan mayor autonomía y poder de decisión, y que exista más descentralización, todo lo que sea necesario y conveniente para que el alcalde y la municipalidad atiendan con eficacia las necesidades de la gente.
En esta Cámara se aprobó un proyecto de acuerdo que busca, justamente, la modernización de las municipalidades, a fin de provocar equilibrios de atribuciones en la municipalidad. También se aprobó un proyecto de acuerdo, por la unanimidad de los presentes, que pide mayores atribuciones para los concejales.
La iniciativa no hace más que concretar la modificación constitucional al artículo 118, inciso sexto, que permite la constitución de asociaciones y posibilita que gocen de personalidad jurídica, para que tenga mayor poder de decisión y facultades de derecho concretas y claras. La ley N° 20.346 introdujo tal modificación en la Constitución.
¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos modificando la ley orgánica constitucional de Municipalidades para hacer realidad la asociación municipal, tan necesaria y tan pertinente para el funcionamiento de las municipalidades.
Recordemos que la Contraloría General de la República sugirió que se otorgara personalidad jurídica a las asociaciones, porque ya hay cuarenta o cincuenta que están funcionando de hecho, pero no tienen la facultad ni el imperio de la ley para obligarse o para realizar el trabajo que se proponen.
Estos nuevos instrumentos se deben crear como un ente autónomo y con gran capacidad de gestión y administración. Un conjunto de municipalidades puede hacer lo que una, por sí sola, no puede hacer; una municipalidad modesta puede hacer, en conjunto con otras, lo que sola no podría. Eso tiene sentido, razón, y apunta en la dirección correcta. Por eso es importante.
Ahora, sin duda, se trata de una modificación puntual, pero da a las municipalidades cierta autoridad para realizar lo que no pueden hacer en forma aislada. Además, también puede constituirse en una especie de equilibrio con los gobiernos regionales, porque éstos a veces deciden al margen o prescindiendo de la voluntad de las municipalidades.
El proyecto fue mejorado en el aspecto de la participación. No sólo decidirá el alcalde, sino también el concejo, porque se constituye previo acuerdo de los concejales.
Gracias a una modificación introducida por la Cámara de Diputados, también se les otorga a los concejales el derecho de integrar el directorio, cuestión que en el proyecto original, en el mensaje presidencial, no venía considerado; es decir, hoy existen responsabilidades compartidas, tanto del alcalde como del concejo municipal.
Efectivamente, las modificaciones del Senado son meramente formales, y no tienen mayor incidencia; simplemente, dan mayor transparencia.
A propósito de transparencia, el Ejecutivo prometió un veto aditivo -que lástima que no esté presente el ministro del Interior , para habérselo preguntado- en materia de transparencia de los actos de las futuras asociaciones municipales.
Sin duda, en materia municipal falta mucho, porque se está en una situación bastante precaria, pero, a veces, cuando se trata de un proyecto puntual -por ejemplo, de salud- se dice que es necesario hacer una gran reforma, una revolución en salud; sin embargo, nunca se realiza ni se aprueba el proyecto. Ahora estamos en la discusión de este proyecto y hablamos de una gran reforma municipal. Siempre estamos mirando lejos -lo digo por la experiencia que tengo-, pero, al final, no se hace ni una ni otra cuestión.
Ojalá que el proyecto recoja las aprensiones del diputado René Saffirio, ex alcalde de Temuco, con una gran experiencia en la materia. Pero en este momento debemos abocarnos a las dos modificaciones del Senado.
Estoy de acuerdo con todo lo manifestado por los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, pero nos encontramos en el tercer trámite constitucional del proyecto, y eso ya se señaló durante el primero y el segundo, de manera que no tendría ningún inconveniente en aprobar las modificaciones del Senado.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señora Presidenta, me sumo a los apoyos, pero también a las preocupaciones que este proyecto genera.
Como han expresado colegas que me han precedido en el uso de la palabra y que, al igual que quien habla, han cumplido funciones de alcalde en su anterior labor social comunitaria, este proyecto significa un pasito y otorga credibilidad, para dar reconocimiento a lo que han hecho algunos municipios (mineros, costeros, turísticos, etcétera) en un momento determinado, que se asociaron de buena fe, específicamente cuando nos ligaban acciones muy directas en el desarrollo de nuestras comunas.
Con este proyecto estamos regulando esa asociación ficticia, lo que, sin duda, parece bastante positivo. Es poco, pero significa un avance que favorecerá especialmente a los municipios chicos. Es necesario entender que no es igual el trabajo de un municipio como Santiago o Las Condes que el de una comuna tan linda como la de María Elena , en la pampa salitrera, que tuve el orgullo de dirigir como alcalde por diez años.
Esa diferencia se plasma en distintas acciones que los municipios deben desarrollar. Una de ellas es, por ejemplo, la educación, en que lamentablemente existen diferencias en cuanto al trabajo municipal. Porque, retomando el ejemplo antes señalado, no es igual la educación municipalizada de Las Condes que la de una comuna como María Elena .
Además, comparto lo expresado por el diputado Saffirio respecto a las facultades y acciones de las asociaciones, puesto que, al ser organizaciones de derecho privado, ¿quién las fiscalizará? ¿Qué papel jugará la Contraloría General de la República?
En la Comisión de Educación analizamos una propuesta -no sé en qué etapa se en-
cuentra- que justamente posibilita la asociatividad para el trabajo administrativo de la educación. No sé si ese proyecto tendrá mayor preponderancia que el que ahora estamos discutiendo. En tal sentido, comparto las dudas que tienen otros colegas, como el diputado Jaramillo , sabiendo que el proyecto se encuentra en el tercer trámite constitucional y que la iniciativa quizá puede ir a Comisión Mixta.
No obstante -lo señalé-, aunque éste es un paso pequeño, es importante, porque puede permitir avanzar en lo relacionado con la asociatividad municipal.
Quienes hemos participado en la Asociación Chilena de Municipalidades -como lo manifestó el diputado Sandoval - sabemos que, muchas veces, quien la representa, su presidente , hace de cabeza administrativa de su municipio y no la asociación plena, como corresponde.
Por lo tanto, me sumo con mi voto favorable, para que se avance, se genere esta asociatividad y exista una regulación que permita, especialmente a los municipios pequeños, que hoy necesitan de la experiencia y de los recursos humanos que le puede ofrecer dicha asociatividad, para poder desarrollar efectivamente sus acciones en beneficio de la comunidad.
Pero quiero destacar lo planteado por el diputado Saffirio , porque se van a asumir responsabilidades que hoy tienen los municipios. Entonces, cabe preguntarse sobre el grado de fiscalización que se desarrollará y cuáles serán las responsabilidades futuras, puesto que existen recursos municipales que se podrían desperdiciar, despilfarrar o malgastar en algún proyecto determinado.
Es todo cuanto puedo señalar sobre este proyecto, al que, a pesar de las dudas que me merece, contribuiré con mi voto favorable.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , no cabe duda de que las dificultades que aquejan a las personas no necesariamente tienen límite comunal; por lo tanto, las autoridades municipales, con el objetivo de solucionar problemas muchas veces de pavimentación de calles en límites comunales, de delincuencia y otros, requieren asociarse. Y la idea del proyecto original es facultar a los municipios para asociarse entre ellos y buscar mejoras que sean más efectivas y eficaces en beneficio de los ciudadanos y vecinos de las comunas involucradas.
El problema no radica en la facultad de asociación, sino en la regulación que se aplicará a dichas asociaciones. Lo señalo porque el proyecto establece que estas asociaciones son corporaciones o fundaciones de derecho privado y, como tales, se rigen por el derecho privado, a pesar de lo que señala el artículo 150, que le otorga competencia a la Contraloría General de la República. Pero no nos engañemos.
Lo que ocurre es que ese artículo dispone que la Contraloría General de la República sólo tendrá competencia respecto del patrimonio; es decir, excluye la legalidad de los actos de la Administración, las contrataciones, las licitaciones en que no haya involucrado patrimonio.
En consecuencia, en primer lugar, dejamos fuera al ente fiscalizador por antonomasia en la Administración Pública: la Contraloría General de la República.
En segundo término, la modificación del artículo 149 -lamentable enmienda que no podremos votar hoy y que no será materia de la Comisión Mixta- excluye al Consejo para la Transparencia. Vale decir, los alcaldes se hallan sujetos al cumplimiento del principio de transparencia establecido en la
Constitución Política, pero en cuanto formen asociaciones de municipalidades, ello no les será aplicable. Es decir, les estamos dando la solución a los que no quieren cumplir las normas de transparencia para que no lo hagan como municipio, sino como asociación de municipios.
Esto implica un grave retroceso en materia de transparencia. Si hay algo que nos debiera enorgullecer como país es que hemos sido capaces de llegar a acuerdos en estas materias, más allá de los gobiernos de turno y respecto de toda la institucionalidad pública. El derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Segundo problema, entonces: tampoco participaría el Consejo para la Transparencia respecto de la fiscalización y del acceso a la información pública de estas asociaciones.
Tercer problema. El inciso segundo que agrega el Senado al artículo 150, que se somete a la consideración de esta Cámara, señala textualmente: “Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra j) del artículo 79, el concejo podrá solicitar informes a las asociaciones en las cuales participe la municipalidad respectiva, los cuales sólo podrán referirse al destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos por aquéllas.”. Es decir, a través de esta norma que hoy día se somete a consideración en esta Cámara, al concejo municipal sólo se le permite pedir ese tipo de información y no otra.
En consecuencia, el órgano fiscalizador por naturaleza de los municipios, establecido en la ley orgánica constitucional de Municipalidades, el concejo, sólo podrá ejercer sus funciones plenas cuando se trate de municipios, y de manera restringida, cuando se trate de asociación de municipios. Es decir, en la práctica, les estamos diciendo a las autoridades municipales: “Si no quieren que nadie los fiscalice, trasladen todo, hagan convenios y formen asociaciones municipales, porque ni el Consejo para Transparencia ni la Contraloría ni el concejo municipal van a poder meterse en la administración permanente de este tipo de asociaciones”. Creo que es un retroceso.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero pedir al Gobierno, representado en este minuto por el ministro secretario General de la Presidencia, la posibilidad de enmendar esta norma que no va en el sentido correcto. Considero que se deben reponer las facultades del Consejo para la Transparencia. Es muy importante que los ciudadanos puedan pedir información, y la autoridad esté obligada a entregarla.
Creo que el Consejo para la Transparencia debe ejercer sus funciones en plenitud respecto de estas organizaciones. Alguien se refirió a un viejo aforismo jurídico que señala que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si lo principal es el municipio y lo accesorio es la asociación, debiera existir la misma razón y, por tanto, la facultad del Consejo para la Transparencia de participar activamente.
Por lo anterior, reitero al Gobierno mi petición para que enmiende este error con un veto aditivo respecto de los artículos 149 y 150.
Asimismo, pido el rechazo de esta Corporación a las modificaciones del Senado a objeto de ir a Comisión Mixta y poder enmendar este error como Congreso Nacional.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el ministro don Cristián Larroulet.
El señor LARROULET ( ministro secretario general de la Presidencia ).- Señor Presidente , ésta es una iniciativa legal muy importante que permite un mejor trabajo para los gobiernos locales. El propósito del Gobierno y, diría, de todos los integrantes del Congreso Nacional es avanzar en una mejor institucionalidad para descentralizar más el país a nivel local.
Durante el debate se ha planteado un tema de suyo relevante que tiene que ver con el objetivo de lograr una mayor transparencia. No cabe duda de que si estudiamos los antecedentes, en materia de transparencia y probidad aún nos queda mucho para avanzar, especialmente a nivel local. Por eso, el Gobierno, en un trabajo en conjunto con los miembros del Consejo para la Transparencia, ha implementado un conjunto de acciones para mejorar la transparencia y reducir los actos de corrupción a nivel de la institucionalidad local.
Sin embargo, como lo han señalado los diputados Rojas y Harboe, efectivamente este proyecto presenta una falencia en esta materia. En los últimos días, lo hemos conversado con el presidente del Consejo para la Transparencia, quien le ha entregado al Ejecutivo un planteamiento oficial de dicho organismo en el que señala que, efectivamente, en el texto aprobado por el Senado hay una limitación respecto del objetivo de la transparencia.
Por eso, como ésta no es materia de debate de la Comisión Mixta, porque no corresponde a una de las discrepancias específicas suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional, el Gobierno ha decidido enviar un veto a esta iniciativa para resolver lo que ha sido planteado en esta Sala por los diputados Harboe y Rojas; en definitiva, que el artículo 149 no se refiera en forma restringida a la legislación de transparencia, sino que lo haga a todas las normas contenidas en la ley N°20.285, que regula el funcionamiento y el acceso a la información de la Administración del Estado. De este modo, estas instituciones van a estar obligadas a cumplir su deber en transparencia activa y pasiva, por lo tanto, el rol fiscalizador del Consejo para la Transparencia.
Hoy, oficialmente, el Gobierno se compromete en esta Sala a enviar un veto para corregir los problemas planteados.
Ahora bien, con el veto se corregirán no sólo las debilidades, falencias o limitaciones del artículo 149, sino que también el problema señalado por el diputado Harboe respecto de la letra J) del artículo 150. De esta manera, en todas las acciones que tenga el concejo, sea en su relación con todas las instituciones asociadas a la municipalidad o a las asociaciones, va a tener que acatar las obligaciones de transparencia activa, pasiva y de fiscalización.
En suma, dado que el Ejecutivo ya había tomado contacto con los miembros del Consejo para la Transparencia, ya tiene un borrador del veto correspondiente.
Muchas gracias.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , la transparencia no es tema exclusivo del Consejo para la Transparencia ni tampoco del Ejecutivo , también le corresponde al Congreso Nacional.
En 2010 se avanzó muy poco o casi nada en materia de transparencia, lo que es una pésima noticia, porque ya no sólo no es un avance, sino que un retroceso.
Está bien que el Ejecutivo anuncie el envío de un veto aditivo, pero también es perfectamente posible que sea el Congreso Nacional, a través de los procedimientos que establece su ley orgánica -en Comisión Mixta-, el que corrija esta situación. No es efectivo que no tengamos competencia. Si vamos a llevar el artículo 150 a la Comisión Mixta, eso forma parte de un todo en el tema de la transparencia.
Respecto de la competencia en las Comisiones Mixtas, cuando se ha tratado de un problema de fondo, el Congreso Nacional ha hecho correcciones absolutas a materias de ley. Sin ir más lejos, la propia ley de Transparencia fue totalmente reconstruida en Comisión Mixta. Por eso, no corresponde esta interpretación tan estrecha, porque hay una posibilidad real de que sea el Congreso Nacional, transversalmente, el que rectifique un error del Ejecutivo anterior y de éste, para decirlo con mucha honestidad. Creo que debemos dar una señal categórica, en cuanto a que al Congreso Nacional le corresponde corregir esta situación. Y no sólo está el argumento del artículo 149, que señaló el diputado Harboe , sino también otras cuestiones a las cuales se refirió el diputado René Saffirio .
En consecuencia, esto no se corrige con un simple veto al artículo 149. Nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad para dar una señal pública en cuanto a que en materia de transparencia el Congreso Nacional no depende de otros órganos ni de otro Poder del Estado, sino que lo podemos hacer nosotros y lo hemos demostrado. Entonces, ¡demostrémoslo de nuevo!
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente , no me quiero detener en la importancia de este proyecto y su significado en la modernización de todo lo que es el gobierno local, sino en lo que ha sido la intervención del diputado Burgos recientemente y del diputado Harboe hace unos minutos, concretamente, en el debate habido esta mañana en relación con los artículos 149 y 150.
El diputado Burgos señalaba que si se rechaza el texto aprobado por el Senado, el Congreso Nacional podría pronunciarse acerca del artículo 149. Lamentablemente, tengo que discrepar de lo expresado por el colega, porque el artículo 149 ya fue aprobado por la Cámara y por el Senado. En consecuencia, respecto de este artículo, no hay discrepancias entre ambas cámaras.
Entonces, lo que tiene que hacer la Cámara esta mañana es pronunciarse respecto de las modificaciones introducidas por el Senado. Es el caso del inciso segundo que agregó al artículo 150.
Aclarado esto, he tomado nota de lo que hizo presente el ministro Larroulet , relacionado con el envío de un veto para corregir algo que parece inadecuado en los términos en que quedó redactado el artículo 149. Efectivamente, el texto aprobado por el Senado y también por la Cámara, restringe las facultades del Consejo para la Transparencia. Considero que el veto que va a enviar el Ejecutivo , de aprobarse, solucionará el problema en cuestión.
Ahora, respecto del reclamo que formuló el diputado Jorge Burgos , en cuanto a que es la Cámara la que debe preocuparse de estos temas y no el Ejecutivo , quiero manifestar que este proyecto de ley es de su iniciativa y que el Congreso Nacional lo votará a favor o en contra. En consecuencia, estamos interviniendo y hemos intervenido en la tramitación del proyecto, mejorándolo y haciéndole algunos agregados y supresiones.
En el caso concreto del veto, éste no se aprueba por la sola circunstancia de que sea enviado por el Presidente de la República, sino que debemos discutirlo y votarlo. Es decir, no tenemos una actitud pasiva, sino que participamos, como Congreso Nacional, y concurrimos con nuestros votos a favor o en contra.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , este proyecto de ley que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y que regula las asociaciones municipales es, desde todo punto de vista, interesante. Su idea matriz es efectuar las adecuaciones y complementaciones pertinentes a la ley en cuestión, debido a que se publicó la ley N° 20.346, que modificó la Constitución Política en materia de asociacionismo municipal, con el propósito de regular el procedimiento de constitución de asociaciones municipales, su funcionamiento y disolución.
Entre otras cosas, valoro la importancia que este proyecto puede tener para las comunas más pequeñas. Respecto de los aspectos planteados por el diputado Harboe , considero que, por lo menos, sería necesario analizarlos; por ejemplo, que a los concejos no se les resten facultades para que puedan realizar las fiscalizaciones correspondientes. Pero, no cabe duda alguna de que las asociaciones de este tipo entregan un apoyo muy importante, especialmente a los municipios pequeños que, muchas veces, no tienen capacidad económica para contratar profesionales que presten ciertos servicios que son fundamentales para las comunas.
En el marco de la tramitación de este proyecto, quiero manifestar lo que podría significar que este sistema de asociación de municipalidades quede regulado por ley. Por ejemplo, en la zona que represento tenemos un grave problema con la regularización de los títulos de dominio de miles de familias. El fin de semana pasado, en una reunión en Puerto Montt, con más de sesenta vecinos de la población Eleuterio Ramírez , se expresó que no tienen posibilidad alguna -la mayoría de ellos son de la tercera edad y, por lo tanto, sólo reciben pensiones- de contratar los servicios de un arquitecto, cuya intervención es necesaria para regularizar sus títulos de dominio. Entonces, si existe la posibilidad de crear una asociación de municipalidades de comunas pequeñas que tienen los mismos problemas, tales como Fresia, Puerto Varas, Llanquihue , Río Negro, etcétera, obviamente, se generarán condiciones importantes para solucionarlos. Tal vez, porque el municipio de Puerto Montt tiene más recursos puede contratar profesionales, pero, los de las comunas más pequeñas están imposibilitados de hacerlo, por el alto costo de sus honorarios.
Por lo tanto, que varias municipalidades puedan participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a la promoción de actividades culturales y deportivas o al fomento de obras de desarrollo comunal y productivo y a la solución de problemas como el que acabo de plantear, constituye un avance importante que hay que destacar.
El proyecto establece que podrán asociarse dos o más municipalidades, aunque no pertenezcan a una misma provincia o región, lo que también constituye un avance muy importante. Las municipalidades más grandes que reciben una buena cantidad de recursos serán un apoyo para los municipios pequeños.
Tal vez, sería conveniente recoger las aprensiones formuladas por el diputado Harboe y buscar los mecanismos legales que perfeccionen la iniciativa, aunque su idea matriz es buena porque permitirá que este proyecto sea un apoyo importante para los municipios más pequeños que representan más del 60 ó 70 por ciento de los existentes.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , por las razones que aquí se han dado, nadie podría estar en contra de fomentar el principio de la asociatividad entre los municipios.
Pero, nuestras objeciones no apuntan en esa dirección porque, tal como lo ha señalado el diputado Espinoza , en muchos casos, para enfrentar las tareas que los superan, los municipios más pequeños requieren asociarse con otros, especialmente con los vecinos.
Las reparos que tenemos respecto del proyecto apuntan no sólo a lo señalado por el ministro, en cuanto a la transparencia, sino a que esta iniciativa -que si bien constituye un avance desde el punto de vista de la asociatividad municipal- representa un grave retroceso. Si uno la analiza en detalle, no cabe duda alguna de que, desde la perspectiva jurídica, es un capitis diminutio del rol que juegan los concejos en los respectivos municipios.
Quiero señalarlo de la siguiente forma. El Senado introdujo al artículo 150 un inciso segundo que dice textualmente: “Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra j) del artículo 79, el concejo podrá solicitar informes a las asociaciones en las cuales participe la municipalidad respectiva, los cuales sólo podrán referirse al destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos por aquéllas.”
El artículo 79 de la ley orgánica de Municipalidades, dice exactamente lo mismo: que el concejo o los concejales pueden solicitar informes, en la medida en que el municipio respectivo haya efectuado un aporte o una subvención a la corporación.
Quiero preguntar algo que ya se planteó aquí: ¿Qué efecto puede tener el artículo 137, al establecer que dos o más municipalidades podrán constituir asociaciones para facilitar la solución de problemas que les sean comunes? Quiero ser más explícito aún. Una asociación de municipios vecinos podría licitar la recolección del aseo o la mantención de parques y jardines.
Todos sabemos que hoy, cuando un municipio efectúa una licitación de esa naturaleza, está sujeta a la aprobación del concejo y a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Ocurre que cuando se realiza una licitación de ese tipo, no hay aportes ni subvenciones municipales, pues se trata de una licitación pública sin aportes. Por tanto, si se sigue esa lógica, de acuerdo con el artículo introducido por el Senado, y se la compara con el artículo 79 de la ley orgánica de Municipalidades, el concejo no tendría facultades para fiscalizar esa licitación.
Si bien la asociatividad municipal y su promoción es un paso importante, bajo ninguna circunstancia puede significar un retroceso en materia de transparencia y de control del ente fiscalizador que, por definición, es la Contraloría General de la República.
Si se lleva al extremo lo señalado, podría acontecer que los municipios se asocien y liciten los servicios comunes, lo que, de acuerdo con el inciso que introdujo el Senado al artículo 150, quedará al margen de la fiscalización de la Contraloría General de la República y de la de los concejos respectivos.
Por lo tanto, es perfectamente posible promover la asociatividad, pero ésta debe ser controlada por la Contraloría y los concejos, que si ya tienen una capacidad de control bastante disminuida, con este proyecto, esa facultad de fiscalización desaparece.
Por ello, estando de acuerdo con lo planteado por el señor ministro , me parece completamente insuficiente desde el punto de vista de las atribuciones de los concejos y de su capacidad de fiscalización. Además, porque se limita gravemente la posibilidad de que intervenga la Contraloría General de la República, toda vez que estamos hablando de procesos de licitación que efectuaría una corporación de derecho privado.
Todos sabemos las dificultades que han existido, debido a que en ese sentido no ha habido una política uniforme de la Contraloría para fiscalizar entes privados, como serían los que se están consignando en este proyecto.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , este proyecto ha concitado un amplio apoyo de los diputados y de los senadores, porque su utilidad para el sistema municipal se explica por sí mismo, además de resolver una serie de inconvenientes, entre los cuales se cuentan los que destacó nuestro colega Fidel Espinoza .
A pesar de ello, se ha relevado un par de problemas que, a mi juicio, sería conveniente resolver en el trámite legislativo. Uno de ellos se refiere a la introducción del principio de la transparencia activa. El proyecto obliga a las municipalidades que se asocien a publicar los datos de gastos en que incurran estas asociaciones, pero como un acto meramente pasivo, e impide la participación de la ciudadanía para aclarar el quehacer y los recursos que utiliza la asociación de municipalidades.
Entiendo que ésa es la falencia que se pretende subsanar por la vía del veto aditivo anunciado por el ministro señor Larroulet . Al parecer, ése es el camino indicado para resolver el problema, pues, como destacó el diputado Eluchans , el artículo en cuestión ya está aprobado por ambas Cámaras y, en consecuencia, no podría repararse el asunto en Comisión Mixta.
Otra cosa es lo que ocurre con el artículo 150, que se refiere a las facultades del concejo en la fiscalización de las asociaciones municipales, y el nuevo inciso segundo que se propone, mediante el cual se establece que “el concejo podrá solicitar informes a las asociaciones en las cuales participe la municipalidad respectiva, los cuales sólo podrán referirse al destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos por aquéllas.”
Si los concejales constituyen una instancia clave en el proceso de decisiones que conduce a la constitución de una asociación, también corresponde que la acompañen en el desarrollo, desempeño y cumplimiento de los fines para los cuales se le instituyó, que, sin duda, abarcan mucho más que sólo los aportes o subvenciones municipales que se le alleguen.
En consecuencia, esta modificación del Senado debe ser rechazada por la Cámara de Diputados para hacer más amplia la facultad fiscalizadora del Congreso respecto de las asociaciones.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , este proyecto es muy importante y decisivo para la vida de los municipios. Es fundamental avanzar por la vía que indica, especialmente en tres aspectos.
El primero, relacionado con el artículo 129 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, el cual señala que las municipalidades “podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo.”
Esta norma hace realidad un sueño de los municipios, los que tenían inmensas dificultades para lograr la asociación público-privada entre el municipio y entes particulares, a fin de impulsar el desarrollo comunal.
Para el fomento de obras de desarrollo productivo; para la difusión del arte, la cultura y el deporte, la asociación que se formará entre el ente municipal y otras entidades de la comunidad, haciendo sinergia y fortaleciendo la acción a nivel de las comunas, es absolutamente decisiva para robustecer el rol de los municipios en su definición de resolver los problemas de calidad de vida de la ciudadanía y, sobre todo, para darle mayores facultades descentralizadoras.
Ésta es una medida descentralizadora de gran calibre y relevancia.
En segundo lugar, si hay algo que caracteriza a los municipios a nivel internacional es que han fortalecido crecientemente el asociacionismo municipal, a través de lo cual han logrado un robustecimiento de las entidades comunales.
En Chile, todavía no tenemos gobiernos totalmente comunales, porque para ello se requiere de una reforma constitucional. Al respecto, hemos presentado proyectos que aún no cuentan con la suficiente anuencia y respaldo del Ejecutivo que apuntan a una descentralización más plena, a fin de que los municipios se constituyan en verdaderos gobiernos comunales. Sin embargo, la ley permitirá, en primer lugar, el fortalecimiento del asociacionismo de los municipios en todas sus dimensiones, para mejorar aspectos fundamentales, como la educación y la salud, intercambiar experiencias
exitosas en administración de recursos públicos y fortalecer su rol.
Por lo tanto, en el asociacionismo municipal, el proyecto también jugará un papel clave.
En tercer lugar, se plantean algunas regulaciones, en términos de transparencia, pero que aún son insuficientes.
El proyecto no debería avanzar en normas que son positivas restándole facultades, en especial al rol fiscalizador y al protagonismo de los concejos.
Por último, comparto lo planteado por los diputados señores Aldo Cornejo , Marcelo Schilling y Fidel Espinoza , en términos de que se fortalezca esta vinculación entre los pequeños municipios, de que no se desmedre el rol de los concejos y, especialmente, de que se mantengan para las nuevas asociaciones todas las normas de transparencia establecidas en la ley.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados con la misma disposición que, al menos yo, no comparto.
Que los municipios puedan constituir corporaciones y fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, va a significar, se lo doy firmado, el desarrollo de actividades poco éticas en algunos aspectos. Lo digo por lo que está sucediendo, por ejemplo, en algunas universidades. Los señores diputados saben que son corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, pero lucran -aunque muchos no lo quieran creer- con los jóvenes que estudian en ellas. Cuando alguien quiere vender su participación en una casa de estudios privada, un alumno se cotiza en cinco mil dólares. Hay personas que han aumentado su capital o patrimonio en forma muy importante, como ocurrió con el caso del señor Rocha , que falleció hace algunos años en circunstancias especiales. Después supimos la cantidad de dinero que dejó como consecuencia de haber sido dueño de una universidad.
Por lo tanto, a través de estas corporaciones de derecho privado, que según entiendo la probabilidad de fiscalización es bastante menor, los alcaldes podrán realizar acciones que, a mi juicio, no son públicas, sino privadas, por las mismas razones por la cual fueron creadas esas asociaciones.
Por mucho que un municipio desarrolle una actividad cultural o deportiva, no dejan de ser instituciones públicas. Por consiguiente, permitirles participar en corporaciones de derecho privado, me parece inadecuado, por decir lo menos. Además, del riesgo excesivo que ello implica, por la probabilidad que existe de malversar o atentar en contra de la ética pública con la que debe actuar cualquier organismo estatal.
Por las razones expuestas, no estoy de acuerdo con la proposición.
Los municipios podrán tener corporaciones y fundaciones de derecho público, lo que evidentemente hará que la función municipal se cautele mejor por la Contraloría General de la República. Asimismo, tendrán todas las atribuciones y facilidades para actuar en el campo privado sin ningún tipo de desigualdad, y su fiscalización y control será diez veces más eficiente, con la posibilidad real de evitar problemas de corrupción o desvío de recursos hacia otros fines que no corresponden necesariamente al objetivo municipal.
La Contraloría encuentra en muchos municipios demasiados errores administrativos, no porque exista malversación o algo por el estilo, sino porque no cuentan con el personal técnico adecuado ni con los profesionales necesarios.
A pesar de entender el objetivo del proyecto y de que los municipios requieren sistemas de coordinación, de agrupación o de ordenamiento que vayan en beneficio de una acción administrativa eficiente, no me parece adecuado que el Senado haya mantenido el planteamiento de una fundación o corporación privada porque creo que no corresponde. Necesariamente, los municipios deben participar en fundaciones o corporaciones de derecho público. De otra forma, lo más probable es que en el futuro sean objeto de evaluaciones negativas, por el aumento de la corrupción o por malversación de caudales públicos.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el ministro señor Cristián Larroulet.
El señor LARROULET ( ministro secretario general de la Presidencia ).- Señor Presidente , quiero plantear algunos comentarios, a propósito de las intervenciones de algunos honorables diputados.
En primer lugar, concuerdo plenamente con lo planteado por el diputado señor Fidel Espinoza, en términos de las ventajas que tiene el proyecto.
La iniciativa fue presentada en octubre de 2009 por el Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, precisamente, con el objeto de resolver los innumerables problemas de gestión y de falta de recursos humanos y financieros que afecta a la gran mayoría de los municipios que, por su tamaño, no alcanzan a tener la dotación de personal necesario para su buen funcionamiento.
Por eso, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera calificó la urgencia del proyecto, y hoy estamos en su tercer o último trámite.
En segundo lugar, en cuanto a las facultades de fiscalización, no hay duda de que a todos nos preocupa la probidad al interior de estas instituciones que se han creado.
Al respecto, el inciso primero del artículo 150 dice claramente “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136 de la presente ley, la Contraloría General de la República podrá ejercer sus facultades de fiscalización y control sobre las asociaciones municipales de que trata este párrafo, respecto de su patrimonio, cualquiera sea su origen.”
En consecuencia, todos los recursos, tanto públicos como privados, son fiscalizados por la Contraloría General de la República. Aquí se planteó que habría limitaciones para su acción fiscalizadora, pero no es así.
En tercer lugar, reitero el compromiso del Gobierno en relación con la transparencia. El veto sustitutivo que enviará el Gobierno persigue que estas instituciones logren un máximo compromiso de transparencia, al incluir en el artículo 149 la normativa de la ley Nº 20.285.
¿Qué significa esto? Que, a propósito del comentario relacionado con que el Ejecutivo está resolviendo el problema planteado en la Sala, dado que la controversia, como lo han señalado algunos distinguidos diputados, no está referida al artículo 149, la manera de solucionar el asunto es través del compromiso que el Ejecutivo adquiere el día de hoy. Lo hemos planteado a fin de avanzar sobre la materia.
Es muy importante despachar pronto la iniciativa, pues va en beneficio de los gobiernos locales y de los ciudadanos, porque va a permitirles un mejor funcionamiento.
A su vez, mediante el compromiso del Ejecutivo vamos a lograr la fiscalización y la transparencia adecuadas para el buen desarrollo de los gobiernos locales en relación con la controversia planteada por la modificación del Senado al artículo 150.
Como Ejecutivo, queremos reiterar el envío del veto sustitutivo al artículo 149, a fin de lograr la total fiscalización por parte del Consejo para la Transparencia.
Además, creemos que es razonable la fiscalización de la Contraloría.
Sé que el rol de los concejos es tema de debate y que se ha planteado desde hace mucho tiempo.
El artículo propuesto por el Senado es exactamente igual al contemplado por la legislación desde hace muchos años. Es el mismo que permite la fiscalización, no a las asociaciones, sino a las corporaciones municipales.
En consecuencia, estos son los antecedentes que el Ejecutivo puede plantear hoy para una mejor resolución.
He dicho.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado del debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar las enmiendas del Senado al proyecto, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y regula las asociaciones municipales.
El señor SCHILLING.- Señora Presidenta , solicito votación separada del artículo 150, nuevo, del proyecto.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , está cerrado el debate.
El señor SCHILLING.- Señora Presidenta , no pido la palabra para abrir debate, sino para señalar una cuestión de procedimiento.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Usted debería haberlo solicitado durante la discusión.
El señor SCHILLING.- Lo hice ver en mi intervención, señora Presidenta .
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- El señor Secretario me informa que usted no lo hizo.
¿Habría unanimidad para proceder a la votación separada de de las dos enmiendas introducidas por el Senado?
No hay unanimidad.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señora Presidenta , pido reunión de Comités.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Cito a reunión de los Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Continúa la sesión.
Hago presente a las señoras diputadas que las dos enmiendas introducidas por el Senado al proyecto, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y regula las asociaciones municipales, tienen carácter de norma orgánica constitucional, en razón de lo dispuesto en los incisos quinto y sexto del artículo 118 de la Carta Fundamental,
motivo por el cual se requiere el voto afirmativo de 69 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Rechazadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de regular las asociaciones municipales, con los siguientes señores diputados: Enrique Estay, Edmundo Eluchans, Sergio Ojeda, Felipe Harboe y Germán Becker Acordado.
INSCRIPCIONES DE INMUEBLES EN NUEVOS CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre inscripciones de inmuebles en nuevos conservadores de bienes raíces.
Antecedentes:
-Informe de Comisión Mixta, boletín N° 4670-07, sesión 123ª, en 6 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).- En discusión la proposición de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , accidentalmente, y en reemplazo del diputado señor René Saffirio , me tocó participar en una de las sesiones de la Comisión Mixta.
Me interesa intervenir para resaltar la forma en que se resolviera las discrepancias surgidas entre la Cámara y el Senado en relación con la gratuidad de las reinscripciones que deben practicarse en los nuevos registros conservatorios.
Básicamente, las discrepancias surgieron porque la Cámara tuvo dudas respecto de la gratuidad de ciertas actuaciones ante los conservadores de bienes raíces originarios para reinscribir, y por las cuales estudios de abogados e, incluso, las entidades de gestión inmobiliaria social, EGIS, obtenían lucro por ellos.
El problema se resolvió a través de una proposición del Ejecutivo para agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 54 de la ley N° 16.250, que señala “Las actuaciones de los conservadores de bienes raíces a que den lugar las reinscripciones y cancelaciones que deban practicarse cuando se crea un nuevo oficio conservatorio o se modifican los territorios jurisdiccionales de oficios conservatorios existentes, estarán liberadas del pago de los derechos arancelarios correspondientes.”
También, quiero señalar, motu proprio, mi simpatía por la proposición presentada por el diputado señor Edmundo Eluchans y que el Ejecutivo se comprometió a estudiar próximamente, que dice relación con la necesidad de que cuando se creen estos registros conservatorios, que abarquen a más de una comuna, puedan dividirse los índices y los repertorios por cada una de las comunas, incluso estableciendo la obligación de remitir a los nuevos registros conservatorios los datos por cada una de dichas comunas, de manera de facilitar la historia registral de cada una de las propiedades.
El debate fue extenso y se escuchó a representantes de los conservadores de bienes raíces, quienes sostuvieron que establecer la gratuidad de estas reinscripciones en los nuevos registros conservatorios, de alguna manera iba a ser muy perjudicial para los conservadores en la primera etapa del funcionamiento de esos oficios, por cuanto mermarían considerablemente sus ingresos.
En la Comisión Mixta, el senador señor Juan Pablo Letelier expresó que, si bien es cierto que en una primera etapa esto iba a ocurrir, las reinscripciones iban a servir de base para la actualización y normalización de los registros de los nuevos conservadores de bienes raíces, y que, en el mediano y largo plazo esta situación iba a facilitar el ingreso de dichos conservadores, producto de los aranceles establecidos en la ley.
Además, se tomó muy en cuenta -también en el debate en la Cámara-, que la gratuidad establecida en el proyecto de ley iba en directo beneficio de los afectados por el terremoto, porque al tener que tramitar sus nuevos subsidios debían obtener copia autorizada de las actuales inscripciones, por lo tanto, la necesidad forzosa de practicar dichas reinscripciones.
Por otra parte, como lo expresara el diputado señor Joaquín Tuma , quien podrá explicar el punto mejor, existe una inquietud en relación con el alcance de este proyecto de ley, que también puede beneficiar a aquellos propietarios de bienes raíces que todavía no han practicado sus reinscripciones, pero que la necesidad de hacerlo tiene su origen en causas anteriores a este proyecto de ley.
Por lo tanto, es muy importante que, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quede constancia de que, a juicio de la Comisión Mixta, su texto es suficiente para cubrir las situaciones generadas antes de su aprobación.
La gran justificación de la aprobación de este proyecto de ley es que la creación de nuevos registros conservatorios corresponde a una decisión administrativa establecida en la ley, por lo tanto no es imputable ni oponible a los actuales propietarios de bienes raíces afectados. Esa es la justificación de la gratuidad de esta actuación.
Por último, hubo concordancia entre la Comisión Mixta y el Ejecutivo en la necesidad de presentar un gran proyecto de ley que modernice y actualice los registros de bienes raíces de todo el país. En la actualidad, muchos poseen índices y repertorios electrónicos; pero ésa es una decisión voluntaria, no una obligación legal. De ahí la necesidad de avanzar en una legislación integral en esta materia.
Por todo lo anterior, voy a votar favorablemente el informe de la Comisión mixta.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , intervengo para expresar mi satisfacción por la resolución adoptada por la Comisión Mixta que permitirá poner término a una práctica que lindaba en el abuso: que frente a la creación de un nuevo conservador de bienes raíces, o a la modificación de los límites de su jurisdicción, o ante cambios en los límites de una comuna, los propietarios de bienes inmuebles debían efectuar un doble gasto. Primero, la cancelación de las inscripciones y anotaciones en el registro de propiedades de un conservador y, luego, la reinscripción de su propiedad en el otro. Esto es esencialmente sensible en la región de La Araucanía, donde ha habido cambios por la creación de un nuevo conservador de bienes raíces, con jurisdicción en Padre Las Casas, y cuyas propiedades siguen inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del, artículo 19, del Código Civil, en materia de reglas sobre interpretación de la ley, para la historia fidedigna de establecimiento de la ley queremos dejar asentado claramente que la gratuidad dispuesta en este proyecto se refiere a todas las actuaciones de cancelaciones y reinscripciones cuando se crea un conservador de bienes raíces o se alteran los límites de su jurisdicción.
En este caso, la creación es distinta a la etapa de cancelación de las inscripciones y anotaciones preexistentes, que siempre serán a futuro, mientras no se verifiquen actos jurídicos que tengan por objeto crear gravámenes o efectuar actos traslaticios de dominio. La única interpretación posible que dejamos asentada para la historia fidedigna del establecimiento de la ley es que, creado el conservador o alterada su jurisdicción territorial, las cancelaciones y reinscripciones serán gratuitas, con lo cual la extensión de gratuidad se aplica a los casos de conservadores ya creados.
Este fue el criterio que permitió la aprobación de la moción en el honorable Senado y también debe ser el criterio interpretativo del que la honorable Cámara de Diputados debe dejar constancia en acta.
Por otra parte, esta medida evitará una suerte de subsidio que daba la población a los nuevos conservadores que, atendido el monopolio natural de sus servicios, se veía inmediatamente favorecido por un flujo enorme de trámites que debían verificarse a través de su oficio con las consiguientes utilidades que tales hechos les reportaban. ¡Qué culpa tiene la ciudadanía de estos cambios que hemos hecho! En definitiva, no está protegida en la ley correspondiente.
En consecuencia, anuncio mi voto favorable a la proposición de la Comisión Mixta y llamo a mis colegas, por su intermedio, señor Presidente a aprobarla para que sea ley a la brevedad. A mi juicio, deberá hacerse una campaña nacional que permita dar a conocer los beneficios que esta tendrá para miles de compatriotas.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , este proyecto de ley es de absoluta justicia. Aquí hay que tener claro que cuando cambia la jurisdicción de un conservador de bienes raíces o se crea otro, para mantener la historia de la propiedad raíz, se hace necesaria la reinscripción de las propiedades ya inscritas, o la cancelación de las inscripciones de los títulos de dominio de los bienes raíces. En esos casos, no es justo que el nuevo o el anterior conservador cobren por las reinscripciones o cancelaciones de los respectivos títulos, porque en eso no han tenido ninguna participación los propietarios afectados.
Ahora, cuando un conservador reinscribe una propiedad, no es legítimo tener alguna razón de tipo económico, porque la reinscripción es una mera materialización de la obligación que tienen todos los conservadores de mantener sus registros al día. Además, en el caso de una reinscripción, el conservador anterior ya ha efectuado los estudios completos para aceptar la inscripción de un título de dominio. Por lo tanto, el trabajo está hecho.
Este proyecto de ley, simplemente, clarifica y dirime estas cosas. Establece con precisión que por ninguna reinscripción o cancelación de un bien raíz que tenga que practicarse en un nuevo oficio conservatorio, porque se creó o modificó la jurisdicción, el interesado deba cancelar derecho alguno.
Es bueno también dejar clara constancia de que esto no solo rige para la creación o división futura de nuevos oficios de conservadores de bienes raíces, sino que también para atrás en la medida en que una persona no haya hecho todavía la reinscripción o la cancelación. Es decir, en mi opinión, el texto legal da para que, finalmente, aunque se haya efectuado la división respectiva -hay conservadores que se han dividido por distintas razones- y el propietario no haya practicado todavía las reinscripciones, éste quede al amparo de esta iniciativa y no se le cobre nada por esa actuación.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , sin duda, este proyecto de ley viene a reparar una gran injusticia social. Además, tendrá un fuerte impacto en las personas, fundamentalmente del sector rural, donde un hecho de autoridad, la creación de un nuevo conservador de bienes raíces, genera un conjunto de implicancias y costos -reinscripciones de dominio y otras- que, hasta hoy, lamentablemente, deben ser asumidos por las propias personas.
Esto ha ocurrido, con un impacto muy negativo, con la creación del Segundo Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de Temuco, cuya jurisdicción comprende también comunas del distrito que represento, Vilcún y Melipeuco. Por ejemplo, muchos pequeños campesinos, para optar al bono de Indap de 100 mil pesos, tienen que presentar el certificado de dominio vigente de sus predios, para eso tienen que pagar la cancelación de su inscripción original en el Primer Conservador y, después, la reinscripción en el Segundo Conservador. Les sale más cara la vaina que el sable. El valor del trámite en los conservadores de bienes raíces puede llegar a ser más alto que el beneficio que eventualmente les entregue el Estado. Digo eventualmente, porque el otorgamiento de estos beneficios está sujeto a contingencias. Por lo tanto, para muchos pequeños propietarios este trámite es una barrera de acceso a los diversos beneficios que entregan los servicios del Estado.
A nuestro juicio, la actual normativa es discriminatoria y afecta los derechos de los propietarios. Por eso, el costo de reinscribir una propiedad debe asumirlo el conservador que se crea. Por cierto, las nuevas inscripciones, los cambios de dominio, las nuevas hipotecas y los alzamientos que correspondan deberán pagarse, porque estos actos se originan a partir de la manifestación de voluntad del propietario. Sin embargo, cuando este acto jurídico ante el segundo conservador o el nuevo conservador de bienes raíces no emane de un acto de voluntad, sino que de un acto de autoridad, como es la creación de otro registro conservatorio, la carga de dicho acto debe soportarla el Estado o quien postula al nuevo cargo, pero en ningún caso las personas obligadas a reinscribir sus propiedades en el nuevo conservador.
Las quejas por el costo de la reinscripción son permanentes, sobre todo en comunas pobres, como Vilcún y Melipeuco, donde llegan a niveles dramáticos.
Por eso, es indispensable aprobar este proyecto de ley. Sin embargo, la redacción del texto propuesto es bastante ambigua, porque si bien no opera con efecto retroactivo, es decir, con aquellas reinscripciones y actuaciones que se hubieran realizado en los nuevos conservadores en el pasado, no queda claro si las reinscripciones que aún no se realizan en los conservadores recién creados van a ser también gratuitas, es decir, si las actuaciones de reinscripción que restan por realizar en los conservadores de bienes raíces creados hace poco serán beneficiadas con la gratuidad que establece el proyecto.
A mi juicio, esa debiera ser la adecuada interpretación del nuevo inciso que propone el proyecto, esto es que la no retroactividad debe emanar sólo para aquellas actuaciones que ya se hicieron en nuevos conservadores de bienes raíces y no para actuaciones e inscripciones que se hagan en el futuro en conservadores de bienes raíces que ya hubieran sido creados por ley.
Por lo tanto, haciendo esa precisión, para la historia fidedigna de la ley y para una adecuada interpretación del efecto retroactivo de la norma, solicito el voto favorable para esta moción.
He dicho.
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto sobre inscripciones de inmuebles en nuevos conservadores de bienes raíces.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL PRESUNTO FRAUDE REALIZADO POR MEDIO DE PAGOS INJUSTIFICADOS POR PROYECTOS INEXISTENTES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO.
El Señor MOREIRA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Investigadora del presunto fraude realizado por medio de pagos injustificados por proyectos inexistentes en el Gobierno Regional de Valparaíso.
Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor Edmundo Eluchans.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 75ª, en 14 de septiembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante y de Presidente de la Comisión Especial Investigadora del presunto fraude realizado por medio de pagos injustificados por proyectos inexistentes en el Gobierno Regional de Valparaíso, paso a informar sobre las actuaciones realizadas sobre el tema y las conclusiones y recomendaciones del caso.
El mandato de la Comisión Especial se originó en una solicitud presentada por 51 diputados, la cual fue aprobada por unanimidad de la Sala, en sesión de 5 de mayo de 2010.
En la referida petición, los diputados señalaron que los hechos denunciados involucran eventualmente a funcionarios de distinto grado y quizás a terceros, todos al Gobierno Regional de Valparaíso, y dejan al descubierto la pérdida de cuantiosas sumas de dinero. Los peticionarios sostuvieron que este fraude repugna a la comunidad, por cuanto la priva de recursos tremendamente necesarios, menoscaba la confianza en las instituciones públicas, que tanto ha costado construir, y mella la imagen que, con el esfuerzo de su gente, ha logrado posicionar a Chile como una nación de gente íntegra, trabajadora y decente, que cumple los acuerdos y es responsable.
Agregaron que es necesario indagar, hasta las últimas consecuencias, el presunto fraude realizado por medio de pagos injustificados por proyectos inexistentes.
Veamos cuáles son los hechos que dieron lugar a la constitución de la Comisión Investigadora.
Una auditoría interna detectó egresos a municipios por pagos por proyectos que no estaban asociados a ninguna cuenta presupuestaria. Esos egresos se hicieron mediante cheques girados contra la cuenta corriente del Banco del Estado, información que se solicitó a esa institución bancaria.
El Banco del Estado remitió a la Intendencia de Valparaíso ocho cheques, que aparecían asociados a proyectos que beneficiaban a ciertas municipalidades, las que, por su parte, informaron no haber recibido jamás tales documentos. Todos los cheques estaban girados en favor de una persona natural, de nombre Eugenio Aubele .
Basada en esos hechos, la Comisión inició su investigación. Para ello, celebró diez sesiones ordinarias, catorce sesiones especiales, además de una constitutiva, las que contabilizan un total de veinticinco sesiones desde que comenzó su trabajo, el 20 de mayo de 2010.
La Comisión recibió el testimonio de treinta y dos personas, muchas de las cuales declararon en varias oportunidades. Tomó conocimiento de más de un veintena de documentos e informes del Gobierno Regional, de la Contraloría General de la República, de la Contraloría Regional y de una subcomisión fiscalizadora del Gobierno Regional.
El estudio acabado de la información recibida, debidamente ponderada, permitió a la Comisión determinar, con bastante precisión, que se falsearon documentos, aparentando el pago de obras que nunca se ejecutaron, con el deliberado propósito de usar recursos regionales para provecho personal de funcionarios del Gobierno Regional y de terceros.
Como se sabe, a esta Cámara no le corresponde investigar ni determinar responsabilidades de orden penal. En eso trabajan la fiscalía y los tribunales. Ya hay varias personas sometidas a proceso y esperamos que se esclarezca toda la verdad.
El informe final, que sometemos a la consideración de esta Sala, se aprobó en la sesión del 9 de septiembre de 2010, por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron favorablemente 11 diputados, de un total de 13. Los dos que no votaron, no estaban presentes en la Sala, de manera que no hubo ni abstención ni votos en contra.
Votaron a favor las diputadas señoras María José Hoffmann y Andrea Molina , y los diputados señores Eduardo Cerda , Edmundo Eluchans, Rodrigo González , Cristian Monckeberg , en reemplazo del diputado señor Gaspar Rivas Sánchez ; Nicolás Monckeberg , en reemplazo del diputado Joaquín Godoy ; Marcelo Schilling Rodríguez ; Arturo Squella ; Víctor Torres e Ignacio Urrutia , en reemplazo del diputado Giovanni Calderón .
Es digno destacar que los diputados suscriptores de este acuerdo son militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia (PPD) y del Partido Socialista, lo que demuestra el amplio consenso que se produjo en el trabajo de esta Comisión.
El informe contiene 31 considerandos, 4 conclusiones y 4 recomendaciones.
A continuación, me referiré a algunos de esos considerandos y conclusiones que constituyen, en mi opinión, los aspectos más significativos de nuestro trabajo.
El informe, que está en poder de cada uno de ustedes, contiene todas las consideraciones, las recomendaciones y las conclusiones a que llegó esta Comisión.
“Considerando 10°. Que la documentación y los testimonios recibidos permiten a esta Comisión dar por establecido que, en el Gobierno Regional de Valparaíso, se organizó y ejecutó un fraude a través del procedimiento de abultar el cobro de ciertas obras realizadas por sobre su valor real, en algunos casos, y a través del procedimiento de cobrar por obras que nunca se realizaron, en la gran mayoría de ellos.
Estos pagos se efectuaron a través de cheques que se encuentran firmados, en representación del Gobierno Regional, por el señor Lorenzo Leiva , como jefe del Departamento de Finanzas . Por su parte, como segunda firma, aparece, en ocho de ellos, la del señor Gabriel Aldana y, en otros, la firma de la señora Sara Peñaloza .
En el caso de los últimos documentos, esto es, los pagados por obras no ejecutadas, todos corresponden a cheques entregados al señor Eugenio Aubele , quien los cambió por ventanilla en oficinas del Banco del Estado, de Valparaíso.
Ha quedado establecido, además, que para obtener el giro de los cheques se “fabricaron”, en la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, carpetas que hacían aparecer como proyectos reales un conjunto de papeles con información falsa. Para el pago de los primeros cuatro cheques, el señor Aubele entregó facturas de la sociedad Aubele y Henríquez Compañía Limitada, de la que él era socio; en los restantes se optó sencillamente por emitir cheques sin más requisito que confeccionar la respectiva orden de pago.
Considerando 11°. Que, para proceder conforme a lo señalado en el considerando 10°, al que recién me he referido, se falseó el libro banco del Departamento de Finanzas y se emitieron documentos justificantes que después desaparecieron.
Considerando 13°. Que el señor Víctor Hugo Merino , contralor regional de Valparaíso (s), en la audiencia del día 25 de mayo, dijo que la Contraloría Regional había estudiado todos estos antecedentes y que había confeccionado el informe N° 10, de 3 de mayo de 2010, en el que señala respecto del sistema de control interno: “Lo primero que llamó la atención fue la ausencia de manuales de procedimientos y funciones sobre los principales procesos administrativos, contables y financieros”.
A continuación, el señor Merino se refirió a los aspectos financieros y contables del sistema de control interno del Gobierno Regional, diciendo que se había llegado a la conclusión de que había, primero, excesiva concentración de funciones en un único funcionario. Segundo, que había una falta de registro de los beneficiarios y montos de los cheques girados en los respectivos talonarios. Tercero, que cualquier funcionario del Departamento de Finanzas podía confeccionar cheques de manera manual. Cuarto, que cualquier funcionario puede efectuar anotaciones en el libro banco.
Además, especial mención hizo también el señor contralor al informe N° 211-08, de la Contraloría General de la República, en el que se expresa que en la revisión practicada se comprobó que el Gobierno Regional de la V Región, en forma reiterativa, no dio cumplimiento a las normas contables que indican que, previo a un pago, debe efectuarse la contabilización del gasto y luego confeccionarse el comprobante de egreso y el respectivo cheque.
Considerando 14°. Que, en relación con esta misma cuestión, es digno de señalar que el señor Gabriel Aldana , jefe de la División de Administración y Finanzas cuando ocurrieron los hechos, declaró en la audiencia de 3 de junio “que existían mecanismos de control, pero éstos se omitieron en casos puntuales. Supongo que eso se hizo claramente con la intención de defraudar a la institución,”, agregando luego que “... había funcionarios a cargo de administrar procedimientos de control y no lo hicieron.”.
En la misma audiencia, el señor Aldana , consultado acerca de la ausencia de manuales de procedimientos y funciones sobre los principales procesos administrativos, contables y financieros, señaló que “efectivamente no los había respecto de ningún procedimiento al momento de llegar él a la división; en varias ocasiones se elaboraron borradores de manuales y se habían mapeado los procesos, sin embargo, nunca fueron formalizados oficialmente como manuales”. Quiero advertir que cuando el señor Aldana hizo estas declaraciones, señaló que, cuando él llegó, no existían y que estuvo en el cargo por cuatro años.
Considerando 18°. Que, además de los informes de la Contraloría General de la República N° 211-08, de la Contraloría Regional N° 10, de 2010, y del informe de auditoría interna de 2010, esta Comisión ha tomado conocimiento del informe final de la Subcomisión Fiscalizadora que, por acuerdo del Consejo Regional de Valparaíso, se constituyó con motivo de las irregularidades sucedidas en la División de Finanzas del Gobierno Regional.
Este informe, en lo que interesa al punto específico que estamos analizando, llega -entre otras- a las siguientes conclusiones:
1) Las evidencias demostraron que el Gobierno Regional de Valparaíso no se encuentra preparado para administrar adecuadamente. La constatación de desorden administrativo y de falta de procedimientos administrativos formales, entre otras deficiencias, así lo confirma. De continuar este estado de cosas, existe serio riesgo de que se repitan en el futuro hechos similares.
2) Los precarios mecanismos de control interno no forman parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planificación, de información y operacionales del Gore. Éstos se realizan en forma compartimentada o en una lógica de trinchera, es decir, no están integrados en un sistema.
Considerando 19°. Que esta Comisión también ha llegado a la total convicción acerca de que los hechos investigados, a través de los cuales se cometió el fraude, han podido ocurrir por el comportamiento claramente negligente de ciertas personas.
A continuación, los considerandos 21°, 22°, 23° y 24° se refieren, uno a uno, a todos esos comportamientos.
El considerando 25° señala que nuestra convicción nos permite, como Comisión, llegar al convencimiento pleno acerca de la grave responsabilidad que han tenido los señores Iván de la Maza Maillet , ex intendente regional, y Gabriel Aldana Domage , ex jefe de la División de Administración y Finanzas, por su comportamiento negligente en el cumplimiento de sus tareas funcionarias, al permitir que se materializaran los hechos a través de los cuales se concretó el fraude.
Que, en efecto, un análisis cuidadoso de los referidos considerandos hace concluir inequívocamente a esta Comisión que los señores De la Maza y Aldana sabían que el Gobierno Regional no tenía manuales de procedimientos y funciones sobre los principales procesos administrativos, contables y financieros y que, por otra parte, ellos tuvieron oportunamente a su disposición todos los elementos necesarios para tomar conocimiento de que los sistemas de control no respondían y/o que estaban siendo burlados. Los señores De la Maza y Aldana no sólo contaban con dicha información, sino que, dado el poder jerárquico que tenían, disponían de todas las facultades legales para corregir estas graves anomalías. Que siendo así, no haber adoptado las medidas necesarias para solucionar esas falencias e impedir que a futuro pudieran seguir repitiéndose, constituye para la Comisión una negligencia grave.
Respecto de las conclusiones, voy mencionar las que, en nuestra opinión, son más importantes.
1. Que la Comisión, conforme a lo razonado en los considerandos del capítulo anterior, hace responsable políticamente al señor Iván De la Maza Maillet , ex intendente de Valparaíso, por cuyo negligente desempeño y el de sus colaboradores más cercanos -particularmente el señor Gabriel Aldana Domage - pudieron materializarse los actos y asociaciones de funcionarios y/o terceros que concluyeron en el fraude que esta Comisión ha recibido el encargo de investigar.
2. Que la Comisión, además, censura la falta de rigor del señor Gabriel Aldana Domage y de la señora Sara Peñaloza Escobar , en la firma de los cheques materia de la investigación, sin realizar previamente una exhaustiva revisión de la documentación que les servía de respaldo, y
3. Que serán en definitiva el Ministerio Público y los tribunales competentes -si coinciden con la opinión emitida por esta Comisión- quienes determinarán si la negligencia por la que se responsabiliza a los señores De la Maza y Aldana debe perseguirse judicialmente.
Es todo cuanto puedo informar, recordando a los señores diputados que el informe fue aprobado por unanimidad. Los integrantes de la Comisión nos sentiríamos muy tranquilos de que fuera aprobado en esa misma forma por la Sala.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Ha concluido el tiempo del Orden del Día
Queda pendiente el debate del informe.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INCLUSIÓN DE LA VARIABLE AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2012. (Preferencia).
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Por acuerdo de los Comités parlamentarios, corresponde tratar en primer lugar el proyecto de acuerdo a cuya parte resolutiva dará lectura a continuación el señor Prosecretario .
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 258, de los señores Vargas, Baltolu, señora Isasi, doña Marta; señores Salaberry, Accorsi, Auth, Lorenzini, Robles, Campos y Ascencio, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que instruya al Instituto Nacional de Estadísticas para incluir en el Censo de Población y Vivienda correspondiente al año 2012, la variable afrodescendiente, tanto por respeto a su presencia en el territorio nacional desde los tiempos de la Conquista de Chile, como por el actual número de descendientes que existen, se reconocen y están organizados en parte importante del país y porque en virtud de las declaraciones y convenios suscritos por Chile son un grupo que exige ser reconocido y no discriminado”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente, en nombre de todas las asociaciones y agrupaciones afrodescendientes de Chile, especialmente las de Arica y Parinacota, distrito que represento, solicito a los señores diputados que apoyen el proyecto, ya que hace justicia a los afrodescendientes.
Señor Presidente , de acuerdo con los múltiples estudios históricos, los africanos llegaron a Chile en tiempos de la Conquista. Grandes historiadores chilenos, como Rolando Mellafe , señalan que con Diego de Almagro llegaron muchos afrodescendientes al país; no menos de 150 venían en su ejército. El historiador Gonzalo Vial , al demostrar la importancia social de los afrodescendientes en el período de dominación española, siglos XVI-XVIII, concluye que “nuestra raza tiene, pues, algo de negro”.
Un trabajo de los historiadores Marcello Carmagnani y Herbert S. Klein demuestra documentalmente que en 1777-1778, la población negra de Chile ascendía en promedio al 12 por ciento, llegando al 20 por ciento en la zona de Coquimbo y a un 18 por ciento en Santiago.
Señor Presidente, la zona de Arica y Parinacota fue considerada chilena después de la toma del morro de Arica, en 1880, por lo que un gran grupo que vivía en Azapa no era considerado afrodescendiente.
Las declaraciones de Derechos Humanos y de Etnicidad suscritas por Chile a lo largo del tiempo consagran el principio de no discriminación y apuntan a fortalecer la diversidad cultural-étnica de nuestro país.
Argentina, un país habitualmente considerado como blanco y europeo, incluyó la variable afrodescendiente en la realización de su censo efectuado en octubre recién pasado, con la pregunta: “¿Usted o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano?”
A pesar de que Argentina no tiene tantos afrodescendientes, ya los incluyó en el censo. Por tal razón, no sé por qué nuestro país no puede hacerlo.
El Instituto Nacional de Estadísticas ha expresado inicialmente que no es posible asumir compromisos para incluir nuevas materias en la consulta censal. Este tema ha sido repuesto en la opinión pública debido a la denuncia formulada contra el ex director regional del Fosis de mi región, Arica y Parinacota, por el despido de un funcionario administrativo, eventualmente por su condición de afrodescendiente. O sea, allí hubo claramente discriminación.
La resolución 169 de la Organización de las Naciones Unidas, de fecha 19 de marzo de 2010, acordó declarar 2011 como el “Año Internacional de los Afrodescendientes”, y el proyecto de resolución denominado “Programa de Actividades del Año Internacional de Afrodescendientes”, propuesta el 6 de diciembre de 2010 a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue presentada por Chile, Panamá , Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica , Ecuador , El Salvador , Guatemala , Honduras , Perú , República Dominicana y Uruguay . Si Chile está aprobando hoy que 2011 sea el “Año Internacional de los Afrodescendientes”, debemos pedir al Presidente de la República que instruya al Instituto Nacional de Estadísticas para incluir en el Censo de Población y Vivienda de 2012 la variable “afrodescendiente”.
Por lo tanto, invito a los señores diputados a aprobar el proyecto de acuerdo, para hacer justicia a todos los afrodescendientes de Chile.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Nino Baltolu.
El señor BALTOLU.- Señor Presidente, respaldaré el proyecto de acuerdo, debido a que en nuestra zona se han reconocido a todas las organizaciones de afrodescendientes.
Al igual que el diputado Orlando Vargas, les pido que aprueben el proyecto de acuerdo, para que el Instituto Nacional de Estadísticas considere en el próximo censo el recuento de los afrodescendientes que viven en el país, con el objeto de que puedan obtener los beneficios que les puede asignar la ley.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto da acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
GARANTÍA DE PAGO DE REMUNERACIONES A MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. (Votación).
El señor BECKER (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 201, que propone garantizar el pago de remuneraciones de enero y febrero a las manipuladoras de alimentos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y becas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MEDIDA EN FAVOR DEL DESARROLLO DE LA COMUNA DE ALTO BIOBÍO.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte resolutiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 200, del señor Pérez, don José; de la señora Muñoz, doña Adriana; de los señores de Urresti, Meza, Espinosa, don Marcos; Ortiz, Ojeda, Alinco, Sabag y Robles, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que en la Ley de Presupuestos correspondiente a 2011 o mediante una norma especial se establezca un aporte de al menos 5 por ciento de los tributos que paga Endesa-Ralco y Pangue al presupuesto de la comuna de Alto Biobío”.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , la comuna de Alto Biobío celebró recientemente su 6° aniversario. Se encuentra ubicada al oriente de la provincia de Biobío. Desde el punto de vista geopolítico, reviste gran importancia por ser comuna limítrofe con la hermana República Argentina. Su población en un 70 por ciento es mapuche pehuenche.
Alto Biobío es una comuna bellísima, con sus cordilleras cubiertas de bosque nativo y dos hermosos ríos que nacen desde su cordillera, el Biobío y el Queuco y, además, con aguas termales de excelente calidad. Allí se ubica, vigilante, el volcán Callaqui ; en sus faldeos se acumula una gran cantidad de nieve que permite excepcionales condiciones para instalar en el futuro canchas de esquí. Tiene comunicación con Argentina por el paso Pucón-Mahuida.
Alto Biobío debería considerarse una comuna piloto en Chile, por su alto porcentaje de población indígena. Aunque es una comuna nueva con muchas necesidades, ha demostrado madurez y responsabilidad. Aquí no hay conflictos de ninguna naturaleza, pese a que tiene grandes necesidades en materia de salud, vivienda, educación, caminos, fuentes laborales y otras.
¡Qué paradoja, Presidente ! Según la última encuesta Casen, Alto Biobío es la comuna más pobre de Chile, con un 50 por ciento de pobreza. De cada diez habitantes, cinco son pobres. Pero existen dos grandes centrales hidroeléctricas de propiedad de Endesa, empresas que generan enormes riquezas; sin embargo, la comuna administra la mayor pobreza del país.
En Alto Biobío hay doce comunidades. En Ralco, está el municipio, el Registro Civil , Carabineros, un consultorio médico, el museo indígena, etcétera. Desde la comunidad de El Barco a Ralco hay ochenta kilómetros por el cajón del Biobío, y desde Futaleufú a Ralco 75 kilómetros por el Cajón del Queuco. En invierno, fuertes nevazones dejan a las comunidades aisladas por varios días.
La Constitución Política de la República en su artículo 19 número 20°, permitió en el pasado, cuando la Región de Magallanes enfrentó dificultades económicas, disponer, mediante una ley simple, que Enap cancelara un porcentaje de sus impuestos en Punta Arenas.
Por lo expuesto anteriormente y por tratarse de la comuna más pobre de Chile, solicitamos, mediante el proyecto de acuerdo en discusión, que el Ejecutivo envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley simple para que Endesa, a través de sus centrales Ralco y Pangue , tribute a lo menos un 5 por ciento del total de sus impuestos en la comuna de Alto Biobío, a fin de derrotar la pobreza y la miseria que aflige a sus habitantes.
Llamo a mis colegas a votar favorablemente el proyecto de acuerdo, pues de esa manera estaremos ayudando a una comuna que, indudablemente, tiene tremendas necesidades en materia de caminos, salud, educación y trabajo.
Aprovecho la oportunidad para saludar al alcalde, señor Félix Vita, y a los representantes de las distintas comunas que lo acompañan, quienes se encuentran en las tribunas.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , el proyecto va en la línea que hemos sostenido en otro proyecto de acuerdo, por cuanto las comunas donde se genera la energía eléctrica, muchas de las cuales se encuentran en la Región del Biobío, como, por ejemplo, la de Alto Biobío, deben sufrir las externalidades negativas que significa la construcción de una central eléctrica, pero no reciben a cambio ninguna retribución. Además, en abril de este año se suben las tarifas eléctricas, afectando a las comunas de la Región del Biobío. Se trata de una asimetría a la todavía no encontramos explicación. Por eso, me parece de toda justicia que se estudie una suerte de reforma tributaria para que las comunas que aportan a la generación eléctrica del país, reciban al menos un 5 por ciento de los tributos que aportan las grandes empresas eléctricas que generan externalidades negativas.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MEDIDAS PARA APOYAR A DEUDORES HABITACIONALES.
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 202, de los diputados señores Martínez, Monckeberg, don Cristián; Bertolino, Delmastro, Pérez, don Leopoldo; García, Sauerbaum, Cardemil, Browne y Velásquez, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo tenga a bien disponer un estudio de la situación de los deudores habitacionales que, habiendo sido incorporados a los programas especiales de trabajadores PET, fueron, por imperio de la política habitacional aplicada, incorporados al decreto supremo N° 40 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que puedan, dadas sus características socioeconómicas, acceder a los mismos beneficios anunciados por el Ejecutivo para el conjunto de familias que presentan la condición de deudores habitacionales”.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en la mañana hemos sostenido una reunión con representantes de deudores habitacionales, específicamente de Coquimbo, pero se trata de un tema que está presente a nivel nacional.
Entiendo que en la mañana un grupo de dirigentes se estaba tomando La Moneda o haciendo gestiones para ello por un tema que se viene arrastrando desde mucho tiempo. Durante los gobiernos de la Concertación se avanzó bastante en permitir si no la condonación, por lo menos un copago de los deudores habitacionales Serviu o Serviubanca, pero todavía están pendientes beneficios para deudores del programa especial de trabajadores que son cerca de 200 mil en nuestro país.
El Gobierno, durante la campaña, prometió si no condonar la deuda total, por lo menos avanzar en la materia. Ha pasado el tiempo y no hemos tenido respuesta alguna.
Hoy, el Presidente Piñera firmó un decreto que entregaba un tibio apoyo a los deudores habitacionales. Exigimos que se cumplan las promesas de campaña. Por eso, el proyecto de acuerdo pretende recordar al Ejecutivo, al actual Gobierno, que hay un compromiso con los deudores habitacionales, quienes pagan hasta siete veces el valor de sus viviendas por los altos intereses que aplica el Banco Estado y la banca privada.
Es un tema que no está resuelto. Como parlamentarios tenemos la disposición de apoyar cualquier iniciativa del Gobierno que vaya en la dirección de ayudar a los deudores habitacionales que están pasando por una situación muy difícil y algunos con orden de remate de sus casas.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII. INCIDENTES
SOLICITUD DE ANTECEDENTES A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA , EN VIRTUD DEL INCISO SEGUNDO DE LA LETRA a) DEL ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al comité Independientes-PRI.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , en los últimos días hemos conocido, porque es público, un informe de la Contraloría General de la República que analizó diversos aspectos del proceso de reconstrucción.
En dicho informe se da cuenta de que en marzo de 2010, inmediatamente después del terremoto del 27 de febrero, ingresaron por el control de Aduanas del Paso Los Libertadores e internados al país por la empresa Cencosud 183 camiones cargados con alimentos destinados al loable propósito de ayudar a los damnificados de la catástrofe.
En el manifiesto internacional de carga -así lo dice textualmente el informe de la Contraloría- se indicó que esa mercadería correspondía a ayuda humanitaria, en circunstancias de que el propio Gobierno le retuvo pagos a Cencosud precisamente por tratarse de una simple venta de alimentos al Gobierno de Chile para ir en ayuda de los damnificados.
Como señalé, esto ocurrió en marzo, pero sólo en septiembre la empresa Cencosud pagó los derechos respectivos por dicha internación de mercadería, y hasta la fecha el director nacional de Aduanas no ha formulado los cargos correspondientes porque, de acuerdo a la Ordenanza de Aduanas, podría llegar a constituirse el delito de fraude aduanero, toda vez que se declaró como ayuda humanitaria mercadería que se había vendido al Gobierno de Chile.
En una visita que en conjunto con los diputados Ascencio, Silber y Lorenzini le hicimos al director nacional de Aduanas , se nos señaló que un señor, cuyo nombre no conocemos, había internado 20 ó 25 teléfonos satelitales al país como ayuda humanitaria, en circunstancias de que tampoco ello era verdad. A pesar de que esta persona pagó los derechos correspondientes, Aduanas le formuló cargos en su contra por fraude aduanero.
¿Por qué por el mismo hecho contra un particular cualquiera se formulan cargos, pero no contra Cencosud, que, además, paga los derechos mucho tiempo después? Lo que es más grave aún, el propio director nacional de Aduanas señala en El Mercurio de Valparaíso que dicha empresa ya ha cumplido con todas sus obligaciones.
Eso significa que cualquiera podría hacer contrabando, tiempo después pagar los derechos y con eso su situación quedaría, desde el punto de vista jurídico, completamente saneada.
Por otra parte, no conocemos el contenido de los 183 camiones que ingresaron por el Paso Los Libertadores.
En consecuencia, señor Presidente , de acuerdo a lo que señala el inciso segundo de la letra a) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política del Estado, solicito enviar el oficio correspondiente a objeto de que se informe a esta Cámara, primero, sobre el listado de toda la ayuda humanitaria que ingresó al país con motivo del terremoto y quién la internó; segundo, si la ayuda humanitaria ingresada al país tenía el carácter de tal, y de no ser así, si se pagaron al Servicio Nacional de Aduanas los derechos correspondientes, y tercero, que se nos explique por qué a la fecha, casi un año después, todavía el director nacional de Aduanas no formula cargos en contra de Cencosud, pues -insisto- de acuerdo al mérito del informe de la Contraloría General de la República, al momento de ingresar los 183 camiones al país, para decirlo en castellano, la empresa mintió respecto de la modalidad en que ello se estaba haciendo.
Queremos conocer la información solicitada, pues nos parece de extrema gravedad la situación, toda vez que aquí, presuntivamente, puede estar ocultándose un delito aduanero tipificado en la Ordenanza de Aduanas, con la agravante de que el director nacional de dicha institución es un funcionario público quien al conocer de un presunto delito tiene la obligación de hacer la denuncia respectiva.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- De acuerdo con lo establecido en el artículo 52, N° 1, letra a), inciso segundo de la Constitución Política de la República, se someterá a votación la solicitud del diputado Aldo Cornejo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Se deja constancia de que se alcanzó el quórum requerido para el acuerdo.
Por lo tanto, se enviará el oficio correspondiente al Presidente de la República.
PREOCUPACIÓN ANTE EVENTUAL LANZAMIENTO DE PEQUEÑOS PESCADORES Y ARTESANOS DE BALNEARIO DE MAICOLPUÉ, PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , solicito oficiar a la ministra de Bienes Nacionales y al ministro de Defensa para que éste, a su vez, requiera la información de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas sobre una situación que se está presentando en mi zona, la cual paso a relatar.
En la provincia de Osorno, comuna de San Juan de la Costa, concretamente en el balneario de Maicolpué, se emitió una orden de lanzamiento que afecta a un grupo de pequeños comerciantes, pequeños artesanos y pescadores, de calle Simpson .
Por lo tanto, pido oficiar a los ministros antes señalados a fin de lograr el desistimiento de dicha orden y se les permita a esos esforzados pescadores y artesanos seguir funcionando en sus locales comerciales. Ellos trabajan sacrificadamente, y si no se les permite seguir haciéndolo, se generará un motivo de cesantía en la zona. El funcionamiento de esos pequeños comerciantes en nada perjudica al lugar. Por el contrario, son un factor positivo para el turismo, pues se trata de un balneario popular, lo que favorece a la gente que llega allá.
Por eso, solicito el envío urgente de esos oficios a los efectos de que se arbitren todas las medidas necesarias para impedir el desalojo de esas personas y permitirles seguir funcionando donde se hallan establecidas, en calle Simpson, balneario de Maicolpué, comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Adriana Muñoz y los diputados señores Ortiz , Jaramillo , Hugo Gutiérrez , Sabag , De Urresti , Hales y Castro .
ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS EJECUTADOS Y PENDIENTES CON CARGO A FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL. REITERACION DE OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO RESPONDIDOS A DIPUTADO . Oficios.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , solicito oficiar al intendente y presidente del gobierno regional de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins por dos asuntos fundamentales.
En primer lugar, para que informe en detalle a esta Corporación de todos los proyectos ejecutados con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional durante el año 2010, en cualquiera de las comunas de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, y de los proyectos aprobados y aún pendientes de ejecución durante dicho año y con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en la glosa presupuestaria correspondiente a la Región del Libertador Bernardo O ´Higgins .
En segundo lugar, a objeto de reiterar al gobierno regional de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins y a cualquiera de las reparticiones o servicios que se encuentran bajo su dependencia, todos los oficios respecto de información de antecedentes solicitada por este diputado durante el año 2010 y que a la fecha se encuentre pendiente su respuesta. La Secretaría, sobre la base del sistema informático y de respaldo que tiene, sabe exactamente cuáles son.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Sabag , Ojeda , Jaramillo , De Urresti , y Castro , y de la señora Adriana Muñoz .
DICTACIÓN DE REGLAMENTO PARA REGULAR SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA. Oficio.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio al ministro de Mideplan , con el propósito de solicitar información relacionada con un mandato de la ley N°20.379, publicada en septiembre de 2009, en relación con la dictación de un reglamento para establecer una serie de disposiciones para regular el sistema intersectorial de protección social de la infancia.
Por todos es sabido que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet , a través de la ley N°20.379, se creó el subsistema de Protección Integral a la Infancia, “Chile Crece Contigo”. Uno de los objetivos de este programa es garantizar la cobertura de sala cuna y jardín infantil para el 60 por ciento de la población de menores ingresos. Este sistema se propuso -y así está mandatado en la ley- transitar del 40 al 60 por ciento de cobertura desde su creación hasta el año 2011.
Pido esta información en relación con la dictación del respectivo decreto, porque de él depende que podamos conocer y asegurar el cumplimiento de esta meta, sobre todo porque se estableció que una vez dictada la ley N°20.379, tres meses después debía dictarse ese reglamento. Sin embargo, hasta la fecha no sabemos si se ha cumplido o no con esto.
Por eso, pido que se envíe un oficio al ministro de Mideplan con el propósito de que me informe, a través de la Cámara, si ese decreto existe, porque sin esta disposición normativa será imposible saber si la cobertura del 40 por ciento se ha realizado, y menos aún si se está avanzando al 60 por ciento de cobertura, como establece la ley aprobada por el Congreso Nacional e impulsada durante el gobierno de la Presidenta Bachelet .
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Sabag , Jaramillo y De Urresti .
AGRADECIMIENTO POR INSTALACIÓN DE OFICINA MÓVIL DE BANCO DEL ESTADO EN COMUNA DE FUTRONO DUTANTE PERÍODO ESTIVAL.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , en la comuna de Futrono existe un movimiento ciudadano -en el cual me incluyo-, el cual se creó para realizar gestiones a fin de lograr la instalación en la comuna de un banco comercial que dé las facilidades a sus habitantes para sus respectivas transacciones comerciales y derivados.
En tal sentido, en septiembre del año 2010 concurrimos con dirigentes de dicho movimiento y con los concejales y el alcalde de esa comuna al Banco del Estado a entrevistarnos con su gerente general, don Pablo Piñera . En ese entonces, la comuna reunió más de siete mil firmas para solicitar al directorio del Banco del Estado el establecimiento de dicha oficina comercial, idea de larga data de la ciudadanía y sentida por todos nosotros, debido a la importancia que día a día está teniendo esa ciudad balneario y agrícola.
Hoy, el gerente general del Banco del Estado nos informó que se ha accedido a la petición de la ciudadanía y, en consecuencia, se instalará una oficina móvil de dicha institución bancaria en la comuna de Futrono durante los meses de verano, donde concurren miles de visitantes, quienes tendrán allí una mayor facilidad con esta oficina que instalará el Banco del Estado, a contar de la próxima semana.
Vamos a insistir para que, en el futuro cercano, se acceda a la instalación definitiva de una oficina del Banco del Estado de Chile en Futrono, comuna que cuenta con varias localidades rurales cercanas que originan mucho movimiento de orden comercial y agrícola; incluso más, hay una oficina muy importante de la lechera más grande del país, como es la Cooperativa Agrícola y Lechera Colún. Está instalada allí como oficina y centro comercial, debido a que tiene una producción importante en la comuna de Futrono.
Por lo tanto, quiero agradecer a todos quienes fueron parte de ello, en especial al alcalde , a don Héctor Bruce , quien lideró el movimiento ciudadano; al señor Díaz , a los concejales, quienes fueron bastante insistentes para que esto fuera una realidad. Creo que los que tomamos esta decisión de ser parte de la comunidad hemos cumplido en cuanto a lograr algo mientras se hace el estudio para la instalación permanente de una oficina del Banco del Estado en la comuna de Futrono.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al presidente del concejo de la comuna de Futrono ; a don Héctor Bruce , quien lidera el movimiento ciudadano; al señor Díaz , y al director de la radio El Lago , de Futrono, adjuntando copia de mi intervención.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Sabag, Ortiz y de Urresti.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.18 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.07 horas.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE FIRMA DE CONVENIO EN FAVOR DE PRODUCTORES DE TRIGO. Oficios.
El señor JARPA.- Señor Presidente , los agricultores y trigueros del sur, en particular los de la Región del Biobío y de la provincia de Ñuble, están alertas porque el Gobierno no ha sido claro con ellos ni eficiente en la política de apoyo a ese sector.
De acuerdo con la información que tengo en mi poder, el precio de entrega a Cotrisa es, prácticamente, el mismo que están pagando a las molineras, por lo que es poco probable que tenga impacto en el precio del trigo, ya que sólo se estará comprando a los pequeños agricultores que tengan compromisos con el Indap, lo que es claramente insuficiente.
Debo señalar que en el Presupuesto de este año, que aprobamos en noviembre, en la partida Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Corporación de Fomento de la Producción, glosa 20, se establece lo siguiente: “Se podrán efectuar aportes por hasta $ 5.000.000 miles destinados a fortalecer la operación de la empresa en los ámbitos que su normativa define. Para estos efectos deberá suscribirse un convenio entre los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Agricultura, visado por el Ministerio de Hacienda, en el que se definirán, a lo menos, las acciones a desarrollar, las metas, plazos y formas de rendir cuenta de su uso.
Dicho aporte deberá ser autorizado previamente por uno o más decretos de los ministros de Economía y de Agricultura , suscrito, además, por el ministro de Hacienda , dictados en la forma dispuesta en el artículo 70 del D.L. 1.263, de 1975.
Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, dentro del plazo de 30 días siguientes al término del trimestre respectivo, acerca de los aportes realizados a Cotrisa y del uso que se les ha dado a los mismos.”
En vista de lo que está sucediendo con los trigueros de la provincia de Ñuble y teniendo presente la glosa 20 de la partida mencionada, pido que se oficie a los ministros de Economía , Fomento y Turismo, y de Agricultura, a fin de que informen si se ha suscrito el convenio para la transferencia de los 5 mil millones de pesos, el cual deben se visado por el ministro de Hacienda , y en el que se definirán las acciones a desarrollar, las metas, los plazos y las formas de rendir cuenta de su uso.
Quiero saber si se ha firmado ese convenio, con el cual esperamos que se pague a los trigueros los precios comerciales que se están pagando por los trigos importados.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE USO DE SUELO DE LOTE UBICADO EN COMUNA DE TALCAHUANO. Oficio.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , pido oficiar al alcalde de la municipalidad de Talcahuano -con copia al presidente y a la secretaria de la junta de vecinos Huertos Familiares N° 30, señor Víctor Sánchez y señora Miriam Mardones , respectivamente- para que me informe cuál es el uso del suelo del lote 78, rol N° 1994-1, de la comuna de Talcahuano.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jarpa , Robles , Díaz y de quien preside.
ANTECEDENTES SOBRE RECLAMACIÓN DE DUEÑO DE EMBARCACIÓN DE TALCAHUANO EN CONTRA DE EMPRESA ASEGURADORA. Oficio.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , pido oficiar al superintendente de Valores y Seguros para que informe sobre la situación por la que atraviesa don Marcelo Hernández Escalona , domiciliado en Jordán Valdivieso N° 268, block 14, departamento 34, Talcahuano.
Dicho señor es armador y dueño de una embarcación, de la cual se tienen todos los antecedentes. Hace meses espera que la Superintendencia de Valores y Seguros remita la información sobre una reclamación en contra de la empresa Mapfre Seguros. La póliza contratada, N° 5010900002818, le proporciona una cobertura de sólo el 30 por ciento de su embarcación, en circunstancias de que la autoridad marítima constató que don Marcelo Hernández Escalona la perdió, debido al terremoto del 27 de febrero de 2010 y al posterior tsunami.
Por ello, solicito que el superintendente envíe al domicilio del señor Hernández la documentación respectiva y señale la resolución respecto de este caso.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jarpa , Robles , Díaz y de quien preside.
RENOVACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE SINDICATO DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES DE CERCO, DE TALCAHUANO. Oficio.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , pido oficiar al inspector comunal del Trabajo de Talcahuano para que resuelva a la brevedad posible respecto de la solicitud formulada con fecha 3 de junio de 2010, mediante la cual don Marcelo Hernández Escalona , presidente del Sindicato de Armadores y Pescadores Artesanales de Cerco , Surpesca de Talcahuano, pide información sobre la reactivación de dicho sindicato, ya que una resolución -respecto de la cual no fue notificada la directiva del sindicato-, de fecha 21 de diciembre pasado -según certificado N° 692-, le caducó la personalidad jurídica.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jarpa , Robles , Díaz y de quien preside.
RECONSIDERACIÓN DE RECHAZO DE LICENCIAS MÉDICAS DE TRABAJADOR DE HUALPÉN. Oficio.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , pido que se envíe oficio a la superintendenta de Seguridad Social, doña María José Zaldívar Larraín , a propósito de la situación que afecta a don José Edgardo Vargas Figueroa , RUT 5.180.886-K, domiciliado en la población Arturo Prat de la comuna de Hualpén, quien solicita que se haga una reconsideración por el rechazo de sus licencias por parte de la Compin de la Región del Biobío.
El rechazo de las licencias, otorgadas por treinta días cada una, le ha provocado un gran problema de tipo psicológico y social.
Para sorpresa del aludido, para quien solicito el envío de copia de esta intervención, la licencia N° 31364825, que había sido rechazada, ahora aparece aprobada. Es decir, hay una situación irregular, respecto de la cual pido información.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jarpa , Robles , Díaz y de quien preside.
CONDONACIÓN DE DEUDAS HIPOTECARIAS A VECINOS DE POBLACIÓN “ELEUTERIO RAMÍREZ”, DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , el fin de semana recién pasado, a expresa petición de los dirigentes del Comité de Trabajo “Eleuterio Ramírez” de la capital regional, estuve reunido con más o menos sesenta familias.
Se trata de una población compuesta en su gran mayoría por habitantes de la tercera edad. Incluso, mucha gente se encuentra cesante y sufre grandes problemas.
Por eso, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que analice la situación que afecta a esas sesenta familias. En septiembre de 2003, recibieron los títulos de dominio de sus sitios, los cuales cuentan con infraestructura sanitaria, entre otras cosas.
Sin embargo, ellas adquirieron un crédito hipotecario con la municipalidad de Puerto Montt para pagar anualmente sus terrenos. Aquí está la gran duda de los vecinos, algunos de los cuales tienen 98 cuotas, otros 107 cuotas, de aproximadamente 0,5 unidades de fomento mensual.
Lamentablemente, por las razones que he mencionado -cesantía y mucha gente de la tercera edad que vive de una Pensión-, no han podido pagar. Algunos no lo hacen desde el 2006.
Han solicitado al alcalde de Puerto Montt la posibilidad de que se condone su crédito, así como ha ocurrido con vecinos de otras poblaciones declaradas vulnerables en la capital regional. Ese gran alcalde respondió que la condonación no puede realizarla el municipio, sino, por razones que desconozco, sólo puede llevarla a cabo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por lo tanto, pido que se oficie a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo que nos clarifique esta situación. Para ello, adjuntaré un registro de propiedad de 2003, que pertenece a uno de los vecinos. Reitero que son sesenta familias que se encuentran en la misma situación. Por eso, le pido a la señora ministra que, a través de su departamento jurídico, evalúe esta situación, a fin de establecer a quién correspondería realizar una eventual condonación: al municipio o al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En la eventualidad de que correspondiere al Ministerio de Vivienda y Urbanismo -porque pueden existir vinculaciones a través del programa que generó la infraestructura sanitaria con el Minvu-, pido que se realice una investigación de los casos, la que demostrará claramente que el 95 ó 98 por ciento de las familias de la población “ Eleuterio Ramírez ” son vulnerables, razón por cual no han podido pagar esos créditos hipotecarios.
Por las razones expuestas, pido que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o la Municipalidad de Puerto Montt, según corresponda, estudien la factibilidad de condonar esas deudas.
Asimismo, pido que se envíe copia íntegra de mi intervención a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo y al alcalde de la ciudad de Puerto Montt, señor Rabindranath Quinteros , quien, estoy seguro, la recibirá de forma muy gustosa.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los cuales se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
FISCALIZACIÓN A EMPRESAS POR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL Y DE TELEVISIÓN EN CERCANÍAS DE POBLACIÓN “ELEUTERIO RAMÍREZ”, DE PUERTO MONTT. Oficio.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , quiero plantear un problema que afecta a la población “ Eleuterio Ramírez ”, de Puerto Montt.
En las cercanías de ella se instalaron en el pasado las antenas de los principales canales de televisión. En los últimos años, el sector ha colapsado, por cuanto se han instalado más de 25 antenas de telefonía celular y de televisión. Muchas de las familias que habitan en el lugar no pueden ver televisión abierta y menos pagar televisión por cable.
Por lo tanto, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones, con el objeto de que realice una fiscalización exhaustiva a cada una de las empresas que tienen instaladas en la zona antenas de telefonía celular y de televisión.
Creo que es un derecho constitucional que las personas puedan ver los canales de televisión abierta para informarse acerca de lo que está pasando en el país y, por qué no, distraerse. A mi juicio, todas las personas tienen la libertad de informarse por medio de la televisión abierta si no tienen la posibilidad de pagar para ver televisión por cable. Por lo tanto, considero grave la situación.
Asimismo, me gustaría saber cuántas antenas se han instalado en el lugar durante los últimos cuatro años; qué peticiones existen a futuro, porque el sector alto de la ciudad se está llenando de antenas. Incluso, hay personas que dicen que ello provocaría un daño a la salud de las personas. Al respecto, no me voy a pronunciar, pero sí, repito, me gustaría saber qué tipo de peticiones existen a futuro, de manera que se establezcan las regulaciones respectivas, a fin de que esta situación no siga afectando a los habitantes de dicho sector.
Nadie se opone a la instalación de antenas de celulares en el sector, pero deben ubicarse en lugares que no perturben la vida de los ciudadanos, en este caso puntual, a los vecinos de la población “ Eleuterio Ramírez ”. Seguramente, en muchos lugares circundantes, también existen perturbaciones a los derechos de los ciudadanos, situación que, repito, me parece bastante grave.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES EN COBROS ASOCIADOS A CUENTA RUT, DE BANCOESTADO. Oficio.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , hace un par de años, el Banco del Estado lanzó su producto estrella: la Cuenta RUT, que promocionaba la idea de que todo chileno pudiera tener una cuenta sin costo de mantención, cobros de comisiones por giros o depósitos, etcétera. De hecho, en el sitio web del banco aún está disponible la información sobre los beneficios asociados a este producto.
Al pasar algunos meses, concretamente el año pasado, se comenzaron a realizar cobros por giro en cajeros, transferencias electrónicas, etcétera. Sin duda, ello representó una modificación unilateral del contrato firmado y aumentó considerablemente las utilidades del banco. Al respecto, cabe tener presente que varios millones de Cuentas RUT se encuentran vigentes.
Sin embargo, la sorpresa actual es mayor. A los clientes que necesitan mover grandes sumas de dinero mensual -es decir, más de dos millones de pesos-, se les exigió, en 2008, firmar un contrato que los subía de rango para efectuar transacciones mayores. Sin embargo, a contar del 27 de diciembre del año pasado ello ya no es posible, ya que se fijan montos máximos mensuales a depositar en la cuenta. Hay varios reclamos presentados por esta situación en el link de reclamos de la web del Banco del Estado.
Para quienes se encuentran en Dicom y que pertenecen particularmente a la micro, pequeña y mediana empresa, la Cuenta RUT constituía una buena alternativa para recibir pagos de clientes y efectuarlos, a su vez, a sus proveedores, de una manera económica, simple y sin cobros, máxime considerando la restricción de acceder al sector bancario regular.
Este banco fue creado con la siguiente finalidad social: “Para Banco del Estado, el cumplimiento de su rol social se concreta en su responsabilidad social empresarial, enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas a través de la inclusión de todos los sectores sociales en el sistema financiero”.
Sin embargo, esto se ha convertido en un gran negocio en el que los únicos beneficiarios son los que pueden disponer del acceso a la banca formal.
Por las razones expuestas, pido que se oficie al Presidente del Banco del Estado , con el objeto de que se nos informe acerca de los cambios y las razones que se tuvieron para realizarlos, en la utilización de los mecanismos y de los cobros asociados a la Cuenta RUT. De manera especial, deseo saber si se cuenta con un diagnóstico acerca del impacto de estos cobros a la pequeña y mediana empresa por la utilización de este instrumento. Al respecto, como dije, existen reclamos asociados a estos cobros.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE INSCRIPCIONES DE DERECHOS DE AGUA Y ESTADO DE CAMINOS INTERIORES EN COMUNA DE LA HIGUERA. Oficios.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , pido que se oficie al director general de Aguas , con el objeto de que remita los antecedentes sobre las inscripciones de agua en la comuna de La Higuera, en particular en el sector El Trapiche, donde hay denuncias de ventas de aguas a las compañías mineras que operan en el sector.
Asimismo, que se oficie al director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas , a fin de hacer presente un reclamo persistente y permanente de los vecinos de la comuna de La Higuera sobre el estado de los caminos de interiores, por su bajo o nulo nivel de conservación. De manera especial, me refiero al sector de Punta de Choros , que visité personalmente hace algunos días, en la cual pude ratificar que se encuentra en pésimo estado. Al respecto, hay que recordar que estamos en temporada estival, que es cuando aumenta significativamente el flujo de turistas.
El 1 de enero recién pasado hubo dos accidentes en el sector de Chungungo, donde ni siquiera existen señaléticas, a pesar de que sus curvas son cerradas y peligrosas. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas fallecidas, pero sí con lesiones de consideración y de carácter grave. Son accidentes que perfectamente podrían haberse evitado de existir una mejor señalización en el lugar.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE VERACIDAD DE AFIRMACIÓN FORMULADA POR SEREMI DE GOBIERNO DE REGIÓN DE COQUIMBO. Oficio.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , esta semana recibí un oficio de la directora de Presupuestos , a propósito de una intervención que realicé en esta misma Comisión hace algún tiempo.
En aquella ocasión, pedí que se aclarara o entregaran los datos que sustentaran la afirmación que hizo el seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo en un seminario del Senama, quien, sin señalar cifras ni ningún antecedente al respecto, sostuvo que los ahorros y la eficiencia de este Gobierno versus la mala gestión del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , representaría un ahorro fiscal equivalente al valor de dos reconstrucciones del terremoto del 27 de febrero pasado. Esto lo dijo en un auditorio lleno de adultos mayores en la Región de Coquimbo.
Al respecto, pido oficiar al ministro de Hacienda, a fin de tener los antecedentes al respecto. Pero pido que responda él y no la directora de Presupuestos.
En la respuesta de la directora de Presupuestos, ella dice que se desconoce el contexto y sustento que tendría la información planteada por el seremi, como tampoco la fecha, cifras y costos que se habrían considerado.
Ninguna. Deseo hacerlo presente al señor ministro de Hacienda .
Repito, el seremi dijo que la mayor eficiencia y el ahorro de una mejor gestión, iba a representar un ahorro equivalente a dos reconstrucciones del terremoto del 27 de febrero pasado. No se dijo nada más.
Por lo tanto, pido que el ministro de Hacienda responda si es verdadera o falsa esta información, a base de cualquier cálculo. Asimismo, pido que no me pregunte a mí sobre el contexto en el que el seremi de Gobierno hizo estas afirmaciones, sino a dicho seremi, quien, por lo demás, es un funcionario designado por el Presidente de la República y que está bajo la subordinación del Poder Ejecutivo . Por lo tanto, pido que recaben los antecedentes como corresponde.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE COBRO DE FONASA A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , pido oficiar al ministro de Salud y al director del Fonasa , a propósito de la situación que paso a comentar.
Con mucha sorpresa, recibí en mi oficina parlamentaria a don Juan Oliva Rojas , ex funcionario de la empresa Immar , quien me informó sobre una situación de enorme gravedad: el 2 de septiembre de 2010 falleció su hijo Juan Cristián Oliva Grandón . Con gran sorpresa, el 22 de octubre del 2010 recibió una notificación de Fonasa por una deuda de 12 millones de pesos, por concepto del tratamiento de diálisis que recibió su hijo desde 1999 hasta agosto de 2010, quien, según certificados médicos que obran en mi poder, padecía una serie de insuficiencias. Así, el certificado de don Claudio Flores, médico de la Unidad de Diálisis de Valdivia, señala que don Juan Oliva Grandón padecía de insuficiencia renal crónica. Además, su diagnóstico indicaba que padecía diabetes mellitus, retinopatía diabética y ceguera total.
A poco más de un mes de enfrentar el doloroso fallecimiento de un hijo con esas discapacidades y sometido a diálisis, esa familia recibió una notificación en la cual se indica que Fonasa otorga préstamos de salud a sus afiliados a fin de solventar la parte no bonificada de sus gastos por prestaciones de salud, y procede a notificar sobre la deuda.
Hago presente que tal procedimiento me pareció de gran insensibilidad, pues no se condice con el dolor de la familia tras esa pérdida ni con los derechos de los ciudadanos.
Dejo a disposición de Secretaría los antecedentes pertinentes.
En consecuencia, solicito que, a la brevedad, el ministro de Salud informe a la Cámara si ésa es la nueva forma de gobernar o de buscar eficiencia en el sistema de salud, cobrándole a un padre por el tratamiento de salud de un hijo que falleció, luego de soportar discapacidades, como se acredita en los certificados que acompaño.
Como dije, dicha actitud me pareció muy dolorosa y de gran insensibilidad.
Hago presente que don Juan Oliva Rojas es un exonerado político de la empresa Immar, de Valdivia. Lo recibí personalmente y me comprometí a oficiar a las autoridades correspondientes.
Por lo tanto, espero una pronta respuesta para saber si se trata de una política permanente de las nuevas autoridades de Salud, en el sentido de exigir los cobros con tanta insensibilidad.
Finalmente, pido enviar copia de mi intervención a don Juan Oliva Rojas .
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
NOTA DE AGRADECIMIENTO A AGRUPACIÓN DE CIEGOS DEL SUR POR PROYECTO DE FURGÓN PARA TRASLADO DE NO VIDENTES. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO REGIONAL PARA LA DISCAPACIDAD Y PROYECTOS DE AYUDA A DISCAPACITADOS DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , respecto del tema de la discapacidad, pido enviar una nota de agradecimientos a la Agrupación de Ciegos del Sur, que funciona principalmente en la escuela Ann Sullivan, de Valdivia; especialmente, a Luisa Poblete Gutiérrez , a Jorge Oyarzo y René Duhalde , porque fueron beneficiados con un proyecto para adquirir un furgón para el transporte de pacientes que se atienden en esa escuela para discapacitados visuales. El furgón permitirá transportar de mejor forma a los no videntes que lo requieran.
Asimismo, pido que se oficie a la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad ( Senadis ) para que nos informe sobre el presupuesto con que cuenta la Región de Los Ríos en esta materia y los proyectos que se llevarán adelante en el período 2011 en esa región para ayudar a los discapacitados.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
RESPUESTA A VECINO DE COMUNA DE ALTO DEL CARMEN AFECTADO POR CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN RUTA C-489. Oficios.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , pido oficiar a los ministros de Agricultura y de Obras Públicas , a la intendenta de Atacama y al gobernador de Huasco , para que me informen sobre la carta enviada por don Roberto Paredes Rojas -con quien me entrevisté-, de la localidad de Alto del Carmen.
Cuando se construyó un camino en la ruta C-489, la empresa Barrick Gold dejó daños en la propiedad de Latorre, rol 925-6, ubicada en el sector de Las Breas, kilómetro 46 mil al kilómetro 48 mil 350, de la comuna de Alto del Carmen. Allí había linderos construidos de pircas antiguas, murallas de barro y sectores separados con mallas y alambres. Cuando la empresa construyó el sendero peatonal, pasó a llevar todo el lindero de la propiedad, dejando escombros y materiales de desecho. Hasta la fecha, la empresa no se ha hecho responsable de los daños.
Don Roberto Paredes envió cartas a la intendenta de Atacama , a los seremis de Agricultura y de Obras Públicas; al director de la Conama , a los representantes de la compañía minera pertinente, a la alcaldesa de Alto del Carmen y al director regional de Vialidad , pero sólo recibió respuesta de la alcaldesa de Alto del Carmen . No ha recibido respuesta de don Pedro Cáceres Lillo , jefe de Relaciones Comunitarias de la compañía correspondiente.
Además, el canal que pasa por ese sector ha sufrido aterros en la bocatoma y han caído escombros al río El Carmen, los que impiden que pueda funcionar en forma debida. Por lo tanto, las tierras de la parcela de don Roberto Paredes no pueden ser regadas en forma adecuada, lo cual le ha ocasionado mermas económicas importantes.
En consecuencia, pido que las autoridades antes mencionadas le contesten a don Roberto. Empresas como Barrick Gold, que son muy importantes desde el punto de vista del capital, deben cumplir con sus compromisos, especialmente cuando las perjudicadas son personas de menores recursos, como ocurrió en este caso debido a la construcción de un sendero en la zona de Alto del Carmen.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
REAPERTURA DE SUMARIO INSTRUIDO A EX DIRECTOR REGIONAL DE SERNAGEOMIN DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en otro orden de cosas, solicito oficiar al ministro de Minería y al director del Sernageomin para que reabran el sumario que se desarrolló en relación con la actuación del ex director regional del Serneageomin de la Región de Atacama , señor Anton Hraste .
La Comisión investigadora de la Cámara de Diputados solicitó, en el caso de la mina San José , la reapertura del sumario respectivo, con el objeto de tener antecedentes nuevos respecto de lo que pasó allí, como asimismo sobre la actuación de distintos funcionarios de Sernageomin en ese período. Lamentablemente, el director regional no ha reabierto el sumario; ha contestado que no tiene inconvenientes, siempre y cuando se le envíen antecedentes que justifiquen la reapertura. Lo cierto es que los antecedentes con que cuenta la Comisión investigadora son suficientes para esa reapertura, y así poder investigar en términos sumariales y administrativos el actuar de varios funcionarios de Sernageomin que declararon en la Comisión.
Por lo tanto, es absolutamente pertinente que este sumario se reabra y, en ese sentido, es muy importante que el señor ministro de Minería dé la instrucción correspondiente.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIA DE DIRECTORA DE LICEO DE MÚSICA DE COPIAPÓ EN RELACIÓN CON PROFESOR DE VIOLÍN. Oficios
El señor ROBLES.- Señor Presidente , por último, pido oficiar al ministerio de Educación y al fiscal regional de Atacama para que me informen respecto de la denuncia que hizo la directora del Liceo de Música de Copiapó hace aproximadamente cuatro o cinco meses, quien suspendió y puso a disposición del Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM), a un profesor de violín, tras múltiples acusaciones de abusos deshonestos formuladas por parte de apoderados y de alumnos.
Esta situación era conocida ampliamente en el Liceo de Música; los antecedentes fueron remitidos a la Policía de Investigaciones y, en cuanto a la investigación, a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales, al parecer no ha habido mayores diligencias.
Es necesario que esto se investigue. Denuncias de este tipo son importantes para proteger a los niños de mi región, en especial, en este caso, a los alumnos del Liceo de Música. Ese profesor está trabajando en el departamento de actividades extraescolares, donde se desarrollan programas con niños de corta edad. Dado que él está acusado de abusos deshonestos, no debiera desempeñarse en un lugar como ése.
Por ello es sumamente importante que se dé respuesta a la petición de la directora del Liceo de Música de Copiapó .
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.43 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República , con el que inicia un proyecto de ley que prorroga el plazo de calificación otorgado a la comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, creada por la ley n° 20.405 y concede acceso que indica para fines particulares que se señalan. (boletín N° 7435-17)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, someto a consideración del H. Congreso Nacional el presente proyecto de ley.
I. ANTEDECENTES Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (en adelante la “Comisión Asesora”) establecida en el artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.405, dispuso de un plazo de 6 meses -contado desde su conformación- para recibir solicitudes de calificación de aquellos hechos vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos acaecidas en décadas pasadas, el que se extendió entre el 17 de febrero de 2010 -fecha en que se conformó formalmente la Comisión Asesora de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 43, de 2010, del Ministerio del Interior- y el 17 de agosto de 2010, recibiendo en definitiva más de 33.000 casos.
Por otra parte, la misma Ley N° 20.405 dispuso un plazo de 6 meses para que la Comisión Asesora calificara los casos recibidos, el cual comenzó inmediatamente después de la etapa de presentación de antecedentes señalada precedentemente, extendiéndose -por lo tanto- entre el 17 de agosto de 2010 y el 17 de febrero de 2011.
Sin embargo, la realidad observada durante estos meses de recepción de casos, superó significativamente el número previsto originalmente para la función de la Comisión Asesora -alrededor de 18.000 casos-. Tal situación ha sido representada tanto por sus miembros durante audiencia llevada a cabo en el Palacio de La Moneda el día 14 de diciembre de 2010, como por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, manifestando ambas entidades que el plazo legal fijado para efectuar las calificaciones es insuficiente, siendo necesario y urgente, por lo tanto, la ampliación de éste, con el objeto de finalizar la labor de la Comisión Asesora con la acuciosidad necesaria.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
Este Mensaje recoge tal inquietud y plantea la ampliación, por hasta un plazo de 6 meses, de la etapa de calificación de la Comisión Asesora.
Por otra parte, el mismo artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.405, dispuso que esta Comisión Asesora calificara también a las víctimas de prisión política y tortura del periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, que (i) no presentaron sus antecedentes dentro de los plazos establecidos a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040 de 2003, del Ministerio del Interior, o bien que (ii) presentaron solicitudes que no fueron calificadas favorablemente por ésta, autorizándolas para que, en virtud de nuevos antecedentes, puedan presentar renovadas solicitudes ante la Comisión Asesora creada por la Ley N° 20.405.
El acervo de documentos y testimonios presentados originalmente es, en numerosas oportunidades, relevante para descartar o ponderar una solicitud que invoca nuevos antecedentes. Sin embargo, existe una obligación de mantener el secreto respecto de los antecedentes, documentos y testimonios entregados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ya concluida, que es expresa y clara en el texto de la Ley N° 19.992. Dicha obligación legal de secreto, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 19.992, ha de mantenerse por cincuenta años, situación que no previó la Ley N° 20.405, imposibilitando parte importante del análisis de casos por la Comisión Asesora, que califica hechos de similar naturaleza.
Cabe señalar, respecto la Comisión Asesora de la Ley N° 20.405, que la norma legal dispuso su conformación por los mismos miembros -o en su defecto, por quienes los reemplacen- de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de 2003, con el objetivo manifiesto del legislador que quienes asumieran esta nueva calificación, fueses personas familiarizadas con la función calificadora de la Comisión del año 2003, al tratarse -como hemos señalado- de hechos que revisten las mismas características.
De este modo, se hace necesario autorizar con este fin único y preciso, el acceso de la Comisión Asesora creada por la Ley N° 20.405, a los antecedentes, documentos y testimonios recogidos en su momento por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, durante el tiempo dispuesto por este proyecto de ley para su labor de calificación, sin por ello perder fuerza ni vigor el resguardo del secreto legal que protege dichos antecedentes.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Primero.- Prorrógase hasta por seis meses, el plazo de calificación establecido en el inciso tercero letra b) del artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.405, contado desde la fecha de término allí dispuesta.
Artículo Segundo.- Autorízase a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por el artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.405, para que sus miembros, y dos de sus profesionales especialmente autorizados por la unanimidad de sus integrantes, tengan acceso a consultar los documentos, testimonios y antecedentes de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040 de 2003, del Ministerio del Interior, autorización que se otorga con el objeto exclusivo de cumplir su obligación de calificación durante el plazo establecido en la Ley N° 20.405 y en este cuerpo legal.
La Comisión Asesora a que se refiere el artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.405, y las personas que ella autorice en virtud del inciso anterior, se encontrarán sujetas a las mismas obligaciones, prohibiciones y sanciones establecidas en el artículo 15 de la Ley N° 19.992.
La consulta de dichos documentos, antecedentes y testimonios se realizará, exclusivamente por quienes indica el inciso primero de este artículo, en el lugar donde la documentación se encontrare materialmente, quedando prohibido su retiro, así como su reproducción a través de cualquier medio.”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Ministro del Interior ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA EL PLAZO DE CALIFICACIÓN
OTORGADO A LA COMISIÓN ASESORA PARA LA CALIFICACIÓN DE
DETENIDOS DESAPARECIDOS, EJECUTADOS POLÍTICOS Y VÍCTIMAS
DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, CREADA POR LA LEY N° 20.405
Mensaje N° 573-358
1.- El objetivo del presente proyecto de ley es prorrogar el plazo de calificación dispuesto por la ley N° 20.405. Específicamente, significa ampliar por hasta un plazo de seis meses la etapa de calificación de los casos recibidos, con el propósito de finalizar la labor de la Comisión Asesora con la acuciosidad necesaria.
Asimismo, se autoriza el acceso de la Comisión Asesora, a los antecedentes, documentos y testimonios recogidos en su momento por la comisión Nacional sobre Prisión y Tortura, durante el tiempo dispuesto por este proyecto de ley, para su labor de calificación, manteniendo el secreto legal que protege dichos antecedentes.
2.- Por tanto, el costo fiscal estimado por la aplicación de esta iniciativa legal, asciende a $ 887.182 miles, de acuerdo al siguiente detalle:
Miles
-Gastos en honorarios y dietas comisionados
704.003
-Bienes y Servicios de Consumo
180.679
-Equipamiento básico
2.500
3.- El gasto que irrogue la presente iniciativa se financiará con reasignaciones de los recursos contemplados en el presupuesto aprobado del año 2011 para la Presidencia de la República y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro Público.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que extiende el plazo de vigencia de las franquicias contenidas en el artículo 28 del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, y en el artículo 35, de la ley N° 19.420.
(boletín N° 7433-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a su con-sideración un proyecto de ley mediante el cual se extiende el plazo de las franquicias contenidas en el artículo 28, del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, y en el artículo 35, de la ley N° 19.420.
I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
El artículo 28 del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, sobre Zonas Francas, contiene una franquicia tributaria consistente en que las mercancías elaboradas por empresas industriales manufactureras insta-ladas en Arica, acogidas al régimen de zona franca, están exentas de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros que se generen en la importación de las mismas mercancías al resto del país. Para calificar a esta franquicia, es requisito que estas empresas desarrollen actividades destinadas a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente de las materias primas, partes o piezas extranjeras utilizadas en su elaboración, o que en su proceso provoquen una transformación irreversible de éstas.
Por su parte, el artículo 35 de la ley N° 19.420, conocida como “Ley Arica”, con-tiene una franquicia consistente en que las mercancías elaboradas por empresas industriales manufactureras, que no estén acogidas al régimen de zonas francas, instaladas o que se instalen en Arica, y que desarrollen actividades destinadas a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente a las materias primas, partes o piezas extranjeras utilizadas en su elaboración, o que en su proceso productivo provoquen una transformación irreversible de éstas, podrán, en la venta de estas mercancías fuera de la Primera Región , al resto del país, solicitar el reintegro de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros en que hayan incurrido con ocasión de la importación de las referidas materias primas, partes o piezas extranjeras, utilizadas en su elaboración.
En ese contexto, es necesario tener presente que, por aplicación del artículo 11 de la ley N° 20.175, que creó la XV Región de Arica y Parinacota, la alusión a la “Primera Región” que hace el artículo 35 de la ley N° 19.420, ya comentado, debe entenderse referida tanto a la región de Tarapacá como a la Región de Arica y Parinacota.
Las dos franquicias explicadas precedentemente expiran el 31 de diciembre de 2010.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
Con el objeto de continuar con la política impulsora de desarrollo para las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá, el presente proyecto de ley propone extender la vigencia de estas franquicias hasta el día 31 de diciembre de 2011.
En consecuencia, tengo el honor de someter a su consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 28 del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, el guarismo “2010” por “2011”.
Artículo 2°.- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 19.420, el guarismo “2010” por “2011”.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo transitorio.- La presente ley entrará en vigencia a contar del primero de enero de 2011.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda .”
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE EXTIENDE EL PLAZO DE VIGENCIA DE
LAS FRANQUICIAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 341, DE 1977, Y EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY N° 19.420
Mensaje N° 561-358
El presente proyecto de ley extiende hasta el 31 de diciembre de 2011 el plazo de las franquicias contenidas en el artículo 28 del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, y en el artículo 35 de la ley N° 19.420.
La primera franquicia exime de derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros a las mercancías elaboradas por empresas industriales manufactureras instaladas en Arica, acogidas al régimen de zona franca, en su importación al resto del país.
La segunda franquicia, permite que las empresas industriales manufactureras, que no estén acogidas al régimen de zonas francas, instaladas o que se instalen en Arica, y que desarrollen actividades destinadas a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente a las materias primas extranjeras utilizadas en su elaboración, en la venta de las mercancías fuera de la Primera Región , al resto del país, soliciten el reintegro de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros en que hayan incurrido con ocasión de la importación de las referidas materias primas, utilizadas en su elaboración.
Se estima que la prórroga de ambas franquicias por un año tendrá un costo fiscal equivalente a menores ingresos de aproximadamente $ 1.000 millones en la partida 50 Tesoro Público.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
3. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de tribunales del trabajo de santiago que señala. (boletín N° 7434-07)
“Honorable Cámara:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica la Ley Nº 20.022, estableciendo un nuevo plazo para el cierre de dos de los nueve tribunales del trabajo de Santiago, en base a las razones que paso a exponer.
I. ANTECEDENTES.
El seguimiento de las diversas reformas procesales en curso y la evaluación de los diversos factores que involucran la puesta en marcha de cada uno de los nuevos sistemas de justicia han constituido, desde el inicio de nuestro Gobierno, una tarea prioritaria dentro de la gran labor de una constante mejora y modernización de nuestra judicatura, entendiendo aquello como pieza clave en el aseguramiento del éxito que cada uno de dichos sistemas pueda alcanzar.
Sin embargo, nuestra preocupación no se ha concentrado exclusivamente en los buenos resultados de los nuevos sistemas, sino que se ha focalizado a su vez en la búsqueda de un correcto funcionamiento de aquellos que se encuentran en actual conocimiento de las causas iniciadas bajo los antiguos regímenes procesales.
Así, y en el marco de la denominada reforma procesal laboral, hemos adoptado importantes medidas encaminadas a permitir una mejor puesta en marcha del nuevo sistema. Asimismo, hemos desarrollado otras iniciativas dirigidas a asegurar una eficiente gestión del antiguo sistema procesal del trabajo. Evidencia de esto último lo constituye la promulgación de la Ley N° 20.438, promulgada a sólo semanas de haber asumido nuestro nuevo Gobierno y mediante la cual se posibilitó extender el funcionamiento de un importante número de tribunales del trabajo del antiguo sistema a fin de asegurar, por una parte, la buena marcha de los procesos por ellos conocidos, y por otra, evitar una eventual recarga al nuevo sistema que pudiera haber empañado los positivos resultados que hasta hoy manifiesta.
Es en ese mismo sentido, que venimos en presentar el presente proyecto de ley. Ello, habida consideración de la regulación legal escogida para el traspaso de causas laborales pendientes desde los tribunales antiguos que se suprimen en virtud de la Ley Nº 20.022, así como de las cifras informadas por el Poder Judicial sobre las actuales causas pendientes en los antiguos tribunales laborales de Santiago que se encuentran pronto a su cierre definitivo, las que manifiestan un elevado número de causas aún pendientes. Así, un eventual traspaso no sólo importaría un considerable retraso en el conocimiento de dichas causas pendientes, sino, además, una no deseada sobrecarga de los nuevos tribunales laborales, deviniendo en una ineficiente labor judicial y perjudicando la efectiva protección de los derechos de nuestros trabajadores. Se suma a los motivos ya explicitados una expresa solicitud del Máximo Tribunal de la República realizado en tal sentido hace pocos días.
Así, y en consideración a lo ya expresado, hemos resuelto extender el funcionamiento de dos de los nueve antiguos tribunales del trabajo de Santiago, aumentando su funcionamiento en doce meses respecto del plazo original de dieciocho meses contados desde la entrada en vigencia de la ley en la Región Metropolitana.
II. OBJETIVO.
El proyecto de ley que hoy iniciamos, busca entregar una herramienta de eficiencia a las actuales necesidades del sistema laboral, extendiendo el funcionamiento de determinados tribunales a fin de asegurar que el conocimiento de las causas pendientes ante los antiguos tribunales del trabajo continúe desarrollándose de un modo adecuado, y en equilibrio a la carga de trabajo que aun mantienen.
III. CONTENIDO.
El proyecto que someto a vuestra consideración contiene una extensión en el funcionamiento de dos de los nueve tribunales del trabajo de Santiago, que se suprimen en virtud de lo preceptuado por la Ley N° 20.022. Ello, a través de la fijación de un nuevo plazo para su cierre, extendiéndose así el plazo gradual original, para todos los tribunales, de 18 meses desde la entrada en vigencia del sistema en la Región Metropolitana, a 30 meses sólo para estos dos tribunales, cuya individualidad será determinada de acuerdo al mecanismo ya creado por la Ley N° 20.438, esto es, que sea la propia Corte de Apelaciones correspondiente, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la que determine qué tribunal será el suprimido en cada plazo.
Así, se mantiene la regla general de supresión de tribunales del trabajo en el plazo de dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.022 en la Región Metropolitana, salvo en el caso de dos de los nueve tribunales del trabajo de Santiago, cuyas supresiones se llevarán a cabo después de treinta meses desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.022 en la región respectiva. La individualización de los tribunales que se suprimen en cada plazo se realizará por la Corte de Apelaciones correspondiente, previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Para introducir al artículo noveno transitorio de la Ley N° 20.022, las siguientes modificaciones:
a) Intercálese, en su inciso primero, la frase “y dos de Santiago” a continuación de la expresión “uno de Concepción”, reemplazándose la conjunción “y” que la antecede por una coma “,”.
b) Intercálese, en su inciso segundo, la frase “y Santiago” a continuación de la expresión “Concepción”, reemplazándose la conjunción “y” que la antecede por una coma “,”.
Artículo 2°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial .”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE BULNES SERRANO , Ministro de Justicia ; ROSANNA COSTA COSTA, Ministra de Hacienda (S)”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.022, A FIN DE
ESTABLECER UN NUEVO PLAZO PARA EL CIRRE DE TRIBUNALES DEL TRABAJO DE SANTIAGO QUE INDICA
Mensaje N° 578-358
1.- El proyecto de ley, tiene como objetivo la fijación de un nuevo plazo para el cierre de determinados tribunales del trabajo pertenecientes al antiguo sistema, extendiendo el plazo original de 18 meses desde la entrada en vigencia del sistema en la respectiva región, a 30 meses.
Lo anterior, permitirá que dichos tribunales asuman de manera adecuada la carga de trabajo que aún mantiene, evitando el recargo en los nuevos tribunales laborales y de cobranza laboral y previsional.
2.- El proyecto e ley consta de dos artículos, el primero de ellos extiende el plazo de supresión de 18 a 30 meses, después de la entrada en vigencia de ley N° 20.022 en la Región Metropolitana, a dos de los nueve tribunales del trabajo de Santiago. Asimismo, mantiene el mecanismo de que sea la respectiva Corte de Apelaciones la que determine qué tribunal será suprimido en cada uno de los plazos.
El segundo artículo se refiere al financiamiento del gasto que implicará el proyecto.
3.- La aplicación de la ley tiene un costo de $ 213.907 miles y se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Poder Judicial.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia en todos los trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del Trabajo de Santiago que señala (Mensaje 578-358) en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos a que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia en todos los trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el despacho del proyecto de ley que prorroga el plazo de calificación otorgado a la comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, creada por la ley N° 20.405 y concede acceso que indica para fines particulares que señala (Mensaje 573-358) en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados. (boletín N° 7194-05).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia en todos los trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el despacho del proyecto de ley que extiende el plazo de las franquicias contenidos en el artículo 28 del decreto con fuerza de ley N° 341 de 1977 y en el artículo 35 de la ley N° 19.420. (Mensaje 561-358) en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET , Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio N° 9191 de fecha 20 de diciembre de 2010, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que aumenta las plantas de Personal de Carabineros de Chile. (boletín N° 6962-02).
Hago presente mi voluntad para los efectos de que el proyecto aprobado se remita al Tribunal Constitucional, para su consideración.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET , Secretario General de la Presidencia ”.
9. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones sobre el proyecto de ley que permite el acceso uniforme a las licencias profesionales cumpliendo los requisitos exigidos en la ley de tránsito. (boletín N° 7212-15)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros sobre el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República , en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que permite el acceso uniforme a las licencias profesionales, cumpliendo los requisitos exigidos en la Ley de Tránsito. Su urgencia ha sido calificada de “suma”, en todos sus trámites.
El proyecto establece un acceso igualitario y uniforme a los conductores que, cumpliendo con los requisitos generales y especiales que procedan, aspiren a la obtención de todas las clases de licencias profesionales, sean de pasajeros o de carga, que contempla la Ley de Tránsito. Para lo cual, se propone efectuar las siguientes modificaciones: en primer lugar, permitir que los titulares de licencias profesionales clases A-4 o A-5 puedan obtener la A-3, y los titulares de licencias A-2 o A-3 puedan obtener la A-5, cumpliendo las exigencias legales establecidas. En segundo lugar, permitir que quienes detentan una licencia A-2 obtenida con anterioridad a marzo de 1997, también puedan optar a la A-3.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
Artículos nuevos: no hay.
Indicaciones aprobadas: no hay.
Indicaciones rechazadas: no hay.
Normas de ley orgánica constitucional o de quórum calificado: no las hay.
Normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda: no las hay.
Aprobación en general y en particular: El proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores García, don René Manuel ; Auth, don Pepe ; García-Huidobro, don Alejandro ; Hasbún don Gustavo ; Hernández, don Javier ; Norambuena, don Iván ; Pacheco , doña Clemira , y Pérez, don Leopoldo .
Diputado informante : Auth, don Pepe .
Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la colaboración del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé Lavín ; del asesor legislativo, señor Juan Carlos González ; del jefe de la división de normas, señor Roberto Santana y del abogado, señor Nicolás Muñoz , todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
El DFL N° 1, de 2007, de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido de la Ley de Tránsito, establece que los conductores de cualquier clase de vehículos, que usen o transiten por los caminos, calles y demás vías públicas, rurales o urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso público, de todo el territorio de la República , quedan sujetos a las disposiciones de la citada ley.
En su Título I, se encuentran los artículos 5° al 29, los que se refieren y regulan distintos aspectos relativos a la conducción de vehículos motorizados o a tracción animal, disponiendo que ninguna persona podrá conducir un vehículo motorizado o a tracción animal, sin poseer una licencia expedida por el Director del Departamento del Tránsito y Transporte Público Municipal de una municipalidad autorizada al efecto.
El artículo 12, dispone que existirán licencias Clase A, para conductores profesionales; licencias clases B y C, para conductores no profesionales; y licencias especiales clases D, E y F.
A su vez, la licencia Clase A, se divide en cinco subclases, las que habilitan la conducción de los vehículos que se indican a continuación:
Licencia Clase A-1: Para conducir taxis.
Licencia Clase A-2: Para conducir indistintamente taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de diez a diecisiete asientos, excluido el conductor.
Licencia Clase A-3: Para conducir indistintamente taxis, vehículos de transporte remunerado de escolares, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas sin limitación de capacidad de asientos.
Licencia Clase A-4: Para conducir vehículos simples destinados al transporte de carga cuyo peso bruto vehicular sea superior a 3.500 kilogramos.
Licencia Clase A-5: Para conducir todo tipo de vehículos motorizados, simples o articulados, destinados al transporte de carga cuyo peso bruto vehicular sea superior a 3.500 kilogramos.
De igual forma, la Ley de Tránsito, en sus artículos 4º y 5º transitorio, reconoce la existencia de las licencias de conductor Clase A-1 y A-2 otorgadas con anterioridad al 8 de marzo de 1997, señalando que la Clase A-1 habilita a la conducción de vehículos motorizados destinados al transporte colectivo de personas, taxis, vehículos para el transporte remunerado de escolares y particular de personas, con capacidad superior a siete asientos, excluido el conductor y la Clase A-2 habilita a la conducción de vehículos motorizados de carga, simples o con acoplados, con capacidad de carga superior a 1.750 kilógramos; vehículos recolectores de basura u otro destinados al aseo; vehículos de carga, sea cual fuere su capacidad, que transporten substancias o mercancías peligrosas, tales como explosivos o elementos radioactivos, corrosivos, tóxicos o inflamables y vehículos de emergencia.
Por otra parte, el artículo 13, regula y establece los requisitos generales que han de cumplir los postulantes a licencia de conductor y los requisitos especiales, que han de cumplir los postulantes para cada Clase de licencia en particular.
En su numeral 4) del inciso segundo, se establece como requisito para obtener la licencia Clase A-3, que los postulantes hayan estado en posesión de licencias profesionales clases A-1 o A-2, durante a lo menos 2 años, y para obtener la Clase A-5, que hayan estado en posesión de licencia profesional Clase A-4, durante a lo menos 2 años.
No se divisa algún impedimento para que efectuado el curso destinado a obtener la licencia profesional clases A3 o A-5 en una Escuela de Conductores Profesionales, debidamente normadas y reguladas en la propia Ley de Tránsito y su reglamento, puedan optar a la licencia profesional que les permita la conducción de vehículos considerados en estas clases de licencias, vinculadas al transporte de pasajeros y de carga, respectivamente.
II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Se argumenta en el mensaje que el Título I de la Ley de Tránsito, regula el acceso a las licencias para conducir vehículos de manera profesional. Éstas son las denominadas Clase A, expedidas sólo por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público de determinadas municipalidades.
Que la licencia Clase A tiene cinco sub clasificaciones y que cada una de las cuales, agrega a los vehículos permitidos en la anterior, los siguientes: A-1, taxis; A-2, ambulancias o vehículos de transporte con capacidad de diez a diecisiete pasajeros; A-3, sin limitación de capacidad de asientos; A-4, vehículos simples de carga con peso bruto superior a 3.500 kilogramos, y A-5, cualquier vehículo con el referido peso bruto. Cabe señalar que con anterioridad a marzo de 1997 sólo existían dos licencias profesionales, que cuentan con mayores atribuciones, por contener cada una, dos o tres de las actuales.
Del tenor literal que establece el artículo 13, no podrían obtener la licencia A-3 quienes tengan la A-4 y A-5, que son más exigentes, ni la A-5 quienes ya tengan la A-2 o A-3 ni aún cumpliendo con los demás requisitos que procedan. Por último, se indica en el mensaje, que no se divisan impedimentos técnicos para que, efectuados los cursos, puedan acceder de una a otra licencia.
III. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose como tales las contenidas en el mensaje.
De acuerdo con esto último, el proyecto busca uniformar el acceso a las licencias de conducir profesionales.
IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
El proyecto no contiene normas de este tipo.
V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO QUE, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
No los hay.
VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
A la discusión del proyecto, habida en el seno de vuestra Comisión, concurrió el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé , quién expuso el parecer del Ejecutivo.
Explicó que las licencias de conducir profesionales de clases A-1, A-2 y A-3 son para el transporte de pasajeros, en tanto, que las clases A-4 (vehículos simples) y A-5 (simples y articulados) son para carga. Señaló que actualmente la ley impide el intercambio de la experiencia que tienen los conductores de carga con los de pasajeros, lo cual no se condice con la flexibilidad del mercado. El proyecto establece expresamente que conductores de vehículos de pasajeros pueden acceder, cumpliendo determinados requisitos, a transportar carga, y viceversa. A su juicio, el proyecto constituye una modernización indispensable, que hace más accesible y fluido el tránsito de profesionales de la conducción.
-o-
La Comisión acordó solicitar al Presidente de Fenabus , señor Marcos Carter Bertolotto , que emitiera su parecer respecto del proyecto de ley en estudio. Al respecto, informó mediante un documento escrito, que la institución que preside opina favorablemente sobre el proyecto en estudio, pues corrige una inconsistencia que existe en la Ley de Tránsito.
-o-
-Puesto en votación en general y en particular, el artículo único del proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores García, don René Manuel ; Auth, don Pepe ; García-Huidobro, don Alejandro ; Hasbún don Gustavo ; Hernández, don Javier ; Norambuena, don Iván ; Pachaco , doña Clemira , y Pérez, don Leopoldo .
VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.
En mérito de las consideraciones anteriores y de las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Modifícase la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y de Justicia, en la siguiente forma:
a) Reemplázase, en el artículo 13°, el numeral 4) del inciso segundo, relativo a los requisitos especiales exigidos a los postulantes para obtener licencia profesional, como sigue:
“4) Acreditar, en caso de la Clase A-3, haber estado en posesión, durante a lo menos dos años, de la Licencia Profesional Clases A-1, A-2, A-4 o A-5. Tratándose de la Clase A-5, los postulantes deberán acreditar haber estado en posesión, durante a lo menos dos años, de la licencia profesional clases A-2, A-3 o A-4.”.
b) Reemplázase el artículo 5º transitorio, relativo a la posibilidad de optar a la licencia de conductor profesional Clase A-3, por el siguiente:
“Artículo 5º.- Los titulares de licencias de conductor Clase A-1 otorgadas con anterioridad al 8 de marzo de 1997 y que mantengan su vigencia a la fecha de publicación de esta ley, podrán obtener directamente la licencia profesional Clase A-3. Asimismo, los titulares de licencias de conductor Clase A-2 otorgadas con anterioridad al 8 de marzo de 1997 y que mantengan su vigencia a la fecha de publicación de esta ley, podrán obtener directamente las licencias profesionales clases A-3 y A-5.
En los casos aludidos en el inciso anterior, deberá acreditarse haber aprobado un curso de capacitación en la forma que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.”.
Se designó Diputado Informante al señor Pepe Auth Stewart .
Sala de la Comisión, a 05 de enero de 2011.
Tratado y acordado, conforme se consigna en el acta de fecha 04 de enero de 2011, con la asistencia de los Diputados señores García, don René Manuel ( Presidente ); Auth, don Pepe ; García-Huidobro, don Alejandro ; Hasbún, don Gustavo ; Hernández, don Javier ; Latorre, don Juan Carlos ; Norambuena, don Iván ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo , y Venegas, don Mario .
Se adjunta texto comparado entre la legislación vigente y el proyecto de ley.
(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión ”.
10. Informe sobre la participación del diputado señor David Sandoval en la XIV Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, efectuada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, en Ciudad de Panamá. (Panamá)
“Valparaíso 3 de enero de 2011.
Señora Alejandra Sepúlveda Orbenes
Presidenta Cámara de Diputados
Presente
Ref.: Informe comisión Parlamento Latinoamericano de Ciudad de Panamá , Panamá.
Con el objeto de dar cumplimiento al Reglamento de la Cámara de Diputados, en su Art. 38, me permito informar a usted y a la honorable Sala los resultados del cometido efectuado con motivo de la XIV Reunión de la Comisión de Salud, convocado por el Parlamento Latinoamericano efectuado entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre recién pasado.
Lugar de reuniones: Sede del Parlamento Latinoamericano.
Organismo Convocante: Parlamento Latinoamericano, en la Ciudad de Panamá, Panamá. Participó el parlamentario: Alejandro García Huidobro y el suscrito.
Tema del Debate.
1.- Se efectuó un Informe de la Presidencia de la Comisión, acotando el Plan de Trabajo 2011, por parte de la diputada Diana Martínez Piti.
Queda de manifiesto la necesidad de profundizar y acotar acciones que apunten al mejoramiento de la gestión de la Comisión y en especial poner acento en la diversidad de situaciones existentes en el continente en esta materia.
La diversidad, como las grandes brechas existentes entre países, es una dificultad a la hora de establecer un Plan de Acción que acoja a todas las realidades sanitarias de los países miembros.
Propuesta (1) Para el 2011, se fijan acciones en el tema Tabaco y Adicciones en General como una línea de trabajo a nivel continental.
No obstante lo anterior, queda abierta la agenda para sugerir y proponer nuevos temas.
Propuesta (2) Se resolvió proponer para el 2011 una Evaluación de Acciones del PL en el área de Salud y sus efectos concretos en la población.
Sobre este particular hago presente la inconveniencia de la no concurrencia de organismos técnicos de apoyo en esta materia como la ausencia de la OPS, sugiriendo representar por escrito la molestia de esta ausencia ya que se limitan informaciones relevantes para la toma de acciones y la construcción de opiniones en torno al tema, siendo inconveniente que esta situación se siga produciendo.
Del mismo modo se señala como una limitación la permanente rotación de los miembros de la Comisión de Salud del PL ya que atenta con la continuidad de los temas tratados.
Propuesta (3) Se incorpora como líneas de acción para el 2011, el tema VIH: Estrategias Preventivas, incluyendo otras enfermedades de transmisión y el tema del Embarazo Adolescente en América Latina y Calidad de Vida.
Propuesta (4) Se enfatiza en la urgencia de la Interrelación de Comisiones sobre temas transversales y sociales a través del PL. En muchas áreas hay una interdependencia entre los temas tratados de manera aislados como acceso a la Salud y Pobreza, Familia, Desarrollo Social y otros.
Entrega de Informes: Como delegado del Parlamento Chileno hice entrega a la Comisión del PL, de varios documentos aportados por la BCN sobre las materias tratadas como el informe “La situación de la tuberculosis en AL.
Antecedentes generales y situación en AL, haciendo la exposición. Quiero destacar el profesionalismo de la BCN en la elaboración de éstos informes.
Igualmente se hace entrega del documento “Construir sistemas nacionales de salud. Acceso para todos. Priorizando en la salud materno infantil y de la mujer”.
Obligaciones asumidas. Comprometí la elaboración por parte de nuestra BCN de un “Informe sobre el estado del envejecimiento en América Latina”, un tema sobre el cual existen diversas realidades y en muchos países, dado el atraso en el tema salud, aún ni siquiera es un tema de análisis.
Destacar y agradecer la preocupación del Sr. Embajador de Chile en Panamá por sus atenciones y preocupación de acompañamiento durante nuestra estadía en Ciudad de Panamá.
Saluda con especial afecto,
(Fdo.); DAVID SANDOVAL
11. Informe sobre la participación de los diputados señores Gabriel Ascencio y Romilio Gutiérrez en el XXXVII Período Ordinario de Sesiones Reglamentarias del Parlamento Andino, efectuadas entre el 27 y 28 de septiembre de 2010, en Bogotá, Colombia.
“Honorable Cámara:
Tengo a honra informar sobre la participación que íes correspondió a los diputados señores Ascencio don Gabriel y Gutiérrez don Romilio en el XXVII Período Ordinario de Sesiones que celebró el Parlamento Andino, entre el 27 y 28 de Septiembre de 2010 en la ciudad de Bogotá Colombia.
I. MESA DIRECTIVA.
La mesa directiva se reunió el día 27 de Septiembre de 2010, a las 09:00 horas, bajo la Presidencia del Honorable Parlamentario Wilbert Bendezú Carpió , y la participación, del Honorable Parlamentario Héctor Helí Rojas Jiménez Vicepresidente por la República de Colombia, Honorable Parlamentario Patricio Zambrano Vicepresidente por la República de Ecuador, el Diputado Chileno Gabriel Asencio , Parlamentario Andino Asociado por la República de Chile, el Señor Secretario General Dr. Rubén Vélez Núñez ; como secretario de Actas e Instrumentos actuó el funcionario Carlos Augusto Chacón , con el fin de desarrollar la Orden del Día.
Se dio lectura y aprobó por unanimidad la orden del día, además se procedió a la aprobación de las actas anteriores, correspondientes a las de 23 y 24 de Agosto en Paipa Colombia, y la sesión ampliada el día 16 de Septiembre del 2010 en Sucre Bolivia.
Siguiendo con la orden del día, por secretaría se da lectura a la agenda de sesiones del mes de septiembre de 2010, en donde el Parlamentario Héctor Helí Rojas, solicita que dentro de los temas a debatirse sea incluida la propuesta sobre la propiedad intelectual, derechos de autor y derechos conexos.
Se procede a dar conocimiento sobre los proyectos de Pronunciamiento publicados en la Gaceta Oficial, sobre el primer proyecto de recomendación presentado por el Parlamentario Fausto Lupera , se acuerda que el mismo debe ser archivado. Sobre los proyectos presentado por la Parlamentaria Luisa de Río se decidió por la mesa directiva que este fuera enviado a las comisione, a los demás proyectos se les da lectura respecto a sus observaciones y de las comisiones en donde se encuentran radicados.
Siguiendo con el programa, se presenta el informe de coordinación para la Asamblea Parlamentaria Latinoamericana, acto seguido por la secretaria se da el informe en relación a la Misión Electoral, para el 03 de octubre de año el curso, sobre el particular el secretario de actas informa que por parte del Jurado Nacional Electoral se recibió un oficio, manifestando el interés que el Parlamento Andino participe en dicha misión, se decide por consenso que el Parlamento Andino se excuse esta vez de asistir, pero que como prioridad se tendrá asistir a las próxima Misión de Observación para elecciones presidenciales y parlamentarias del 2011.
Se aprueba además las Cuotas de Unión Interparlamentarias Mundial, resolución sobre entrega de Condecoraciones, resolución de placas de reconocimientos Ex-Parlamentarios y Resolución de Aprobación Telefonía IP. Siendo las 10:30 A.M. y sin otro tema a tratar se levanta la sesión.
II. SESIÓN PLENARIA.
El día 27 de Septiembre de 2010, se llevó a cabo la sesión plenaria en donde se aprobaron los siguientes instrumentos de pronunciamiento:
Decisión 1272 “Actualización, promulgación y vinculación de la Carta Social Andina”
Recomendación N° 202 “Implementación de normas en la región andina, para la protección de los recursos hídricos, sostenibilidad de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico”
Por medio de esta recomendación el Parlamento Andino solicita al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a los Poderes Legislativos de la CAN unir esfuerzos para evitar que los delincuentes usen los mares y ríos para la exportación de droga. Esta recomendación solicita crear un mecanismo normativo comunitario y establecer políticas nacionales que regulen como actividades punibles, relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas y delitos conexos, lo relacionado con el uso, construcción, comercialización y/o tenencia de semisumergibles y sumergibles con fines ilícitos y de narcotráfico.
Recomendación N° 203 “Implementación en la región andina de lineamientos, políticas públicas e instrumentos normativos que permitan regular la gestión y el manejo integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, en aras de una adecuada sostenibilidad ambiental”.
Por medio de esta recomendación el Parlamento Andino recomienda a los Gobiernos, Poderes Legislativos de los Países miembros de la CAN y a los Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración establecer y promover estos lineamientos.
Así como también sugerir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN disponer mediante norma comunitaria, la obligatoriedad a las diferentes empresas que participan en alguno de los procesos de producción, importación y comercialización de aparatos eléctricos y electrónicos que formulen e impulsen iniciativas de responsabilidad social y ambiental empresarial.
III. TRABAJO DE COMISIONES.
La Comisión Primera “De Política Exterior y Relaciones Parlamentarías” sesionó el día 27 y 28 de Septiembre sesiono conforme a la agenda, en donde el Presidente informa sobre las actividades cumplidas, destacándose la organización de la reunión del Parlamento Andino efectuada en Bolivia los días 16 y 17 de Septiembre de 2010.
Asimismo, se analiza las propuestas de la Comisión al Pleno del Parlamento Andino para ser presentadas en el Foro de los Presidentes de los Poderes Legislativos, a realizarse en Bogotá en el marco de las sesiones de Noviembre del XXVII Período Ordinario de Sesiones.
Del mismo modo, se efectúa un análisis sobre las tareas sugeridas por la Comisión al Pleno para continuar con el Impulso a la creación de la UNASUR y el Parlamento Sudamericano, donde se decide elaborar un folleto con los principales planteamientos e información básica de la UNASUR; difundir el libro “Globalización e Integración en América Latina” escrito por el Parlamentario Juan Mariátegui ; realizar viajes a los países miembros de Ea UNASUR con el objeto de adelantar contactos políticos para impulsar la suscripción del Tratado Constitutivo; que los Parlamentarios Andinos realicen gestiones en cada uno de los países de los cuales son nacionales para impulsar el tema; elaborar un estudio sobre los criterios de los países de los cuales son nacionales para impulsar eí tema; elaborar un estudio para los criterios de los países con el objetivo de identificar las discrepancias; buscar toda la información posible sobre el proceso; organizar un taller de socialización de información; y tener una activa participación en la reuniones que adelanten los Congresos Nacionales para la configuración el Parlamento Sudamericano.
El día 28 de Septiembre se continúa con la agenda y se tratan principalmente temas relacionados con tarjeta laboral Andina y Consulado Andino. La Comisión Segunda “De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología Comunicaciones” sesionó conforme a la agenda donde se presentó la metodología y avances del Plan Estratégico de Acción de la Comisión II para el período 2010-2010 y se acordó el trabajo de estructuración del mismo con los aportes de los países. Para avanzar rápidamente en este proceso se acordó realizar una sesión de trabajo en Lima, a la cual, serán convocados los señores Rector de la Sede Central de la UASB, Rector de la Sede Nacional de Ecuador y el Presidente del Consejo Superior de la UASB .
En esta sesión también se establecerá una agenda de incidencia con miras a fortalecer el proceso de consolidación de la Sede Nacional de Perú de la Universidad Andina Simón Bolívar. Se recibió la visita del Rector de la Sede Nacional de Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde entre otros temas abordados, hace algunas solicitudes especificas al Parlamento Andino por medio de esta comisión.
Participó en esta comisión el Diputado Señor Romilio Gutiérrez .
La Comisión Tercera “De Seguridad Regional y Desarrollo Sustentable” sesionó conforme a la agenda, en donde se dio conocimiento a la propuesta para la implementación del Plan de Acción de la Comisión, lo que es aprobado por unanimidad.
Asimismo se informa sobre la solicitud de la Secretaría General de la CAN para la implementación del Plan de Acción de la Comisión, en donde el Dr. Carlos Chacón , asesor de la Comisión III, presenta un informe mediante el cual se envío una carta a la CAF en razón al seguimiento a la Decisión sobre “Desintoxicación de Plomo en la sangre en la población infantil” y de la cual no se ha tenido respuesta, por lo que se propone el envío de un nuevo comunicado solicitando a la prontitud la información requerida. La Presidenta de la Comisión III Parlamentaria Elsa Malpartida, propuso y se aprobó, que se trabaje para que el informe sea entregado a la Comisión antes de la próxima sesión.
Participó en esta Comisión el Diputado Señor Gabriel Ascencio .
La Comisión Cuarta “De Asuntos Económicos y Turismo” al dar inicio a la Comisión se invitó a participar a la Honorable Parlamentaria por Perú Rosa Marina León para que escuchara una propuesta sobre Educación Virtual y a Distancia que ha sido reconocido por la Unesco, con el ánimo de extender la iniciativa a la ciudad de Trujillo dentro del contexto de alfabetización digital.
Se efectúo un cambio en la agenda por petición de la Parlamentaria por Colombia Luisa del Río, quien mostró a los miembros de la Comisión un proyecto de tecnología aplicado al trabajador llamado “Teletrabajo” que busca a nivel subregional, especialmente en zonas marginadas, el desarrollo del empleo sin la presencia física del trabajador.
Retomando la agenda se trataron los temas de Corrupción, Cambio Climático, debate del proyecto de pronunciamiento sobre Semisumergibles, para finalmente debatir sobre el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrodomésticos.
La Comisión Quinta “De Asuntos Sociales y Desarrollo Humano” la comisión comienza a sesionar con la respectiva lectura y aprobación del acta anterior, para continuar con la presentación del proyecto de decisión “Actualización, promulgación y vinculación de la Carta Social Andina, a cargo de la Presidenta y Honorable Parlamentaria Valeska Saab .
Del mismo modo, se efectúa una revisión de los avances en los temas propuestos para el Plan de Acción que hacen referencia a la Tercera Cumbre Social Andina, Consulado Andino, Tarjeta Laboral Andina y Voto Informado.
Continuando con la agenda se efectúa la presentación del Informe del Frente Parlamento contra el Hambre (FPH), continuando con las proposiciones y varios.
(Fdo.): ROMILIO GUTÉRREZ PINO, diputado ; GABRIEL ASCENSIO MANSILLA , diputado ”.
12. Informe sobre la participación del diputado Ricardo Rincón en la VII Asamblea Plenaria de FIPA celebrada en ciudad de México, México , entre los d1as 17 y 19 de noviembre de 2010.
“Honorable Cámara:
Tengo a honra informar sobre la participación que le correspondió al suscrito en la VII Asamblea Plenaria de FIPA, efectuada en Ciudad de México, México , los días 17 y 19 de noviembre del año en curso.
Asistencia.
A la VII Asamblea Plenaria de FIPA asistieron parlamentarios de los siguientes países: Brasil, Canadá , Chile, Dominica , Ecuador , Haití , México , Panamá , Paraguay , Trinidad y Tobago .
En representación de la Cámara de Diputados de Chile concurrieron los siguientes Diputados: H.D. Nino Baltolú R, H.D. Germán Becker A, H.D Mario Bertolino R, H.D. María Angélica Cristi Marfil , H.D. Cristina Girardi L , H.D. Ricardo Rincón .
Temas tratados
Tema I.- Resolución sobre intento de golpe de Estado en la República del Ecuador.
Que la Comunidad Internacional y, en consonancia, las organizaciones intergubernamentales e internacionales se han manifestado en relación a los acontecimientos, atentatorios a la democracia, suscitados el pasado 30 de septiembre en la República del Ecuador;
Que de manera especial y en forma oportuna el Consejo Permanente de la OEA, al repudiar esos hechos y ofrecer su respaldo al Presidente Constitucional Rafael Correa Delgado , hizo un enérgico llamado a la fuerza pública y a sectores políticos y sociales para respetar el orden democrático, la paz y la seguridad pública;
Que el Foro Parlamentario de las Américas, a través de su Presidente Luiz Carlos Hauly , en forma oportuna deploró la violencia y la anarquía, manifestando su apoyo a la Asamblea Nacional y al Gobierno constitucional;
Resuelve:
1. Rechazar en forma enérgica todo acto o situación creada en los países de las Américas, que pretenden imponer por la fuerza poderes tácticos o gobiernos ilegítimos.
2. Respaldar al Presidente de la Republica del Ecuador Rafael Correa Delgado, legitima y democráticamente electo.
3. Propiciar un ambiente de diálogo con los países hermanos de las Américas para incidir en forma conjunta en el mantenimiento de la democracia y la paz en todos y cada uno de los países.
Tema II.- Grupo de trabajo Parlamentarias de las Américas.
La Reunión de trabajo del grupo de parlamentarias de las Américas tuvo lugar en el Hotel Marriott, en la Ciudad de México, el Miércoles 17, el Jueves 18 y Viernes 19 de Noviembre, 2010 con la participación de delegados de Canadá, Chile, Dominica , Ecuador , Haití , México , Panamá , Paraguay y Trinidad y Tobago .
La Asambleísta Linda Machuca Moscoso de Ecuador presidió las sesiones del Grupo.
PRESENTACIONES
A fin de cumplir con estos objetivos, el Grupo de Trabajo se escuchó la presentación de Gloria Young, Directora del Centro de Estudios y Competencias en Género.
Sra. Linda Machuca Moscoso
La Presidenta del Grupo de Mujeres prosiguió a dar el informe del pasado encuentro realizado en Quito, Ecuador 11 y 12 de agosto de 2010 dónde estuvieron presentes 16 paises con 45 parlamentarias de las Américas quiénes analizaron el tema: “Mujeres en el poder: Desafío para el siglo XXI”. Así mismo, hizo mención sobre la publicación de un libro que contiene las memorias de este evento con las experiencias, los avances y mejores prácticas en el camino de la inclusión de las mujeres dentro de la política así como la Declaración de Quito, la cual recoge algunas disposiciones del evento, éstas pueden consultarse en la web de FIPA. Se citaron “los diez mandamientos de la Mujer Política en la comunicación” para ganar espacios y plantear las ideas y aportaciones por parte de las parlamentarias femeninas.
DISCUSIONES
Los participantes debatieron cuestiones relacionadas con la situación actual de la participación de la mujer en la política, la problemática familiar que enfrentan así como los roles y el tema de la confianza su capacidad y derecho siendo representantes políticas de hombres y mujeres. Los participantes compartieron alternativas de resolución que han llevado a cabo en sus países así como alternativas para mejorar y facilitar la participación activa de las mujeres en la política.
Considerando
EL GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE LAS AMÉRICAS
Que el grupo de Mujeres de FIPA, tiene por objeto: Fortalecer el liderazgo de las mujeres políticas a través de acciones permanentes de intercambio regional. Promover la creación de condiciones para la igualdad de oportunidades, priorizando el combate a la pobreza y la eliminación de la discriminación laboral. Fortalecer las democracias en los países de América, a fin de lograr la vigencia de los derechos humanos y condiciones que promocionen un desarrollo social equitativo y sustentable. Fomentar la creación de mecanismos que incentiven la participación de las mujeres en la política. Fortalecer la participación activa de las mujeres en los encuentros de trabajo del FIPA, incorporando la perspectiva de género en cada uno de los temas que analiza la organización”.
Que el grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas se reúne todos los años con una temática especial a tratarse dentro del Foro de RIJA.
Que los días 17 y 18 de noviembre del 2010, se realizó en México una reunión de trabajo en la que se planteó el análisis de la discriminación y doble discriminación que sufren las mujeres indígenas y afro en las Américas y cómo esta constituye una constante en la participación de las legisladoras de las diversas latitudes.
Que los días 11 y 12 de agosto del 2010 se realizó en Ecuador, el encuentro de mujeres parlamentarias de las Américas denominado: “Mujeres en el Poder: desafíos para el Siglo XXI”. Evento en el que se asumieron los siguientes compromisos expresados en la Declaración Final:
1. Fortalecer las acciones parlamentarias y ampliar su incidencia, a fin de avanzar de manera sostenida hacia el cumplimiento real de los derechos de las mujeres.
2. Trabajar para asegurar la inclusión transversal de la perspectiva de género en las gestiones legislativas y en todos y cada uno de los proyectos de ley, para mejorar el posicionamiento de los derechos de las mujeres y eliminar toda forma de exclusión.
3. Promover reformas constitucionales para que la legislación interna concuerde con los instrumentos internacionales a favor de las mujeres, como son la Convención Belem do Pará, la Cedaw y la Plataforma de Beijing, a fin de que se superen inconsistencias de aplicación.
4. Comprometer a nuestros parlamentos con las propuestas a favor de las mujeres y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, como único camino para impulsar la transformación social.
5. Fortalecer el empoderamiento de las mujeres mediante la integración con otras parlamentarias y organizaciones de mujeres, dentro y fuera del país, para trabajar solidariamente y compartir experiencias, conocimientos y propuestas.
6. Realizar nuestra gestión legislativa bajo los principios de un Estado y una ética laicas, para la construcción de leyes y para las acciones de fiscalización en beneficio de todas las mujeres desde su diversidad y especificidad.
7. Demandar a las autoridades competentes la ratificación, suscripción y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de derechos de niñas, adolescentes y mujeres.
8. Crear mecanismos para que la participación de las mujeres se desarrolle en el marco de avances sustantivos de igualdad entre mujeres y hombres en el espacio privado, de manera que se compartan responsabilidades domésticas y se libere mayor tiempo para que las mujeres puedan tener mayor participación y mejores niveles de disfrute de derechos que están restringidos por la doble y triple jornada.
9. Compartir el trabajo legislativo y fiscalizador de los parlamentos con organizaciones de mujeres y sociedad civil organizada, que posibilite una verdadera participación ciudadana y rendición de cuentas.
10. Fiscalizar a los organismos públicos sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres en el marco de sus competencias.
11. Garantizar el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de comunicación social, al tiempo de desterrar contenidos sexistas y discriminatorios, a través de un abordaje comprometido con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, su difusión y defensa.
Que reconocemos que la falta de participación de la mujer en el orden político y en estos espacios de discusión no se resuelven únicamente con apoyos para el cuidado de los hijos. Y por lo tanto necesitamos promover la corresponsabilidad entre los padres especialmente como una forma de colaborar con la mujer en sus distintas tareas relacionadas con el trabajo y la familia.
Que debemos preparar la temática para un nuevo Encuentro de Mujeres Parlamentarias de las Américas en el 2011.
Que estamos elaborando una planificación de actividades del grupo parlamentario para el 2011.
Basándose en las deliberaciones de la Reunión de trabajo de los días 17 y 18 de noviembre que tuvieron lugar en la VII Asamblea del Foro Interparlamentario de las Américas en la Ciudad de México, y en las consideraciones expuestas por ese grupo:
RECOMENDACIONES
EL GRUPO DE PARLAMENTARIAS DE LAS AMÉRICAS
Hace las siguientes:
1. Crear una red de mujeres políticas que sirva de apoyo y acompañamiento a quienes participaron en el pasado y a quienes participan hoy en día en espacios de elección popular. Con el fin de diseñar estrategias de empoderamiento, empezando por desarticular los obstáculos que impiden una efectiva participación electoral, aprovechando el capital político acumulado de las mujeres que estuvieron en los Parlamentos.
2. Organizar, desde el espacio de FIPA, una escuela de formación política internacional por competencias de las mujeres parlamentarias, con el objetivo de lograr ejecutorias parlamentarias de calidad desde una perspectiva de género, donde las parlamentarias desarrollen las habilidades necesarias para formular proyectos legales de impacto en sus países y el seguimiento de los mismos, lo mismo que el diseño de métodos para la efectiva comunicación con los/as electores, desarrollo de mensajes, trabajo con los medios de comunicación y otros aspectos importantes del desarrollo parlamentario.
3. Solicitar que en los eventos futuros, la agenda del Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas se establezca igualdad de importancia para el análisis de los temas de género en las reuniones parlamentarias. Particularmente en lo que tiene que ver con el uso del tiempo, metodología y promoción de la participación.
4. Renovar los temas a abordarse en los Encuentros de Mujeres, superando el análisis de la situación, para concentrarse en propuestas y estrategias.
5. Implementar acciones a fin de que el Grupo de Mujeres de FIPA pueda establecer una relación más estrecha con otras organizaciones parlamentarias afines.
6. Suscribir plenamente el contenido de la Declaración de Quito emitida por el Grupo de Mujeres Parlamentarias en agosto del 2010.
7. Vigilar la implementación de políticas públicas implementadas por nuestros países, que contribuyan a conciliar el trabajo domestico no remunerado y el trabajo en los espacios públicos.
8. Promover en nuestros países, nuevas prácticas educativas, con lo cual, las nuevas generaciones van desarrollando un cambio de prácticas y roles que han sido entregados exclusivamente a las mujeres.
9. Organizar otras actividades además del Encuentro anual de! Grupo de Mujeres de FIPA, para involucrar a las mujeres de los parlamentos de las Américas en los distintos países.
10. Construir y fortalecer las relaciones entre las mujeres parlamentarias de las Américas y las Redes de Mujeres Afrocaribeñas, Afrolatinoamericanas y de la Diáspora, lo mismo que con las Redes de Mujeres Indígenas, con el fin de discutir, intercambiar y evaluar la situación de discriminación, violación de derechos humanos, pobreza y subordinación cultural que viven las mujeres en América Latina y El Caribe.
11. Desarrollar acciones de seguimiento a los compromisos y recomendaciones asumidas por los participantes del grupo parlamentario.
Tema III.- Resoluciones presentadas por el Comité Ejecutivo.
RESOLUCIÓN 1.
Vacante en el Comité Ejecutivo para la sub - región de América del Norte. Aprobada por la Asamblea Plenaria del FIPA el 17 de noviembre de 2010
Reconociendo la importancia del Liderazgo de América del Norte en la consecución de los objetivos del FIPA en el ámbito internacional y en el Comité Ejecutivo del FIPA, y dado que los Estados Unidos de América no está presente en el Comité Ejecutivo y en otras actividades del FIPA, aun cuando fue elegido en la última Asamblea Plenaria,
La Asamblea Plenaria del FIPA:
RESUELVE designar por votación a México para que cubra el puesto que los EE. UU. han dejado vacante durante lo que resta del mandato de dos años, que vencerá en la 8.a Asamblea Plenaria del FIPA.
RESOLUCIÓN 2.
Mayor uso de “FIPA - ParlAmericas”
Aprobada por la Asamblea Plenaria del FIPA el 19 de noviembre de 2010
Reconociendo la importancia de promover la integración y participación parlamentarias en el sistema interamericano y de contribuir al diálogo interparlamentario que versa sobre los temas incluidos en la agenda hemisférica; convencida de la creciente importancia que tiene el FIPA para el trabajo de los parlamentarios en el continente americano;
Considerando que redundaría en nuestro propio interés que el nombre y la marca del FIPA sean más conocidos; y conciente de las obligaciones legales y contractuales que Ja denominación jurídica “FIPA” conlleva en la actualidad; La Asamblea Plenaria del FIPA:
RESUELVE que, toda vez que sea posible, se empiece a hacer referencia al FIPA como FIPA - ParlAmericas.
RESOLUCIÓN 3.
Tenencia de dos cargos en el Comité Ejecutivo por parte de Paraguay Aprobada por la Asamblea Plenaria del FIPA el 19 de noviembre de 2010
Reconociendo que Paraguay fue elegido para formar parte del Comité Ejecutivo en la 6.a Asamblea Plenaria por un plazo de dos años; Dado que, con vigencia a partir de la 7.a Asamblea Plenaria, Paraguay asume su función como País Anfitrión de la 8.a Asamblea Plenaria, y que en tal carácter será miembro pleno del Comité Ejecutivo; y conciente de que Chile tiene interés en representar a la sub - región de Sudamérica en el Comité Ejecutivo; La Asamblea Plenaria del FIPA:
AUTORIZA al Comité Ejecutivo a celebrar un entendimiento con Paraguay con miras a que este último ceda a Chile su puesto como representante de la subregión en el Comité Ejecutivo. En ese caso, Chile se desempeñaría durante el resto del mandato, es decir hasta la 8ª Asamblea Plenaria.
Tema IV: Grupo de trabajo sobre preparación y respuesta a desastres naturales y humanos.
El Grupo de Trabajo sobre “Preparación y respuesta a desastres naturales y humanos, así como a situaciones de urgencia” se reunió en la sede del Congreso de México, en la Ciudad de México, del 17 al 19 de noviembre de 2010, con la participación de delegados de Panamá, Chile, Trinidad y Tobago , Canadá , Brasil y Haití .
El Diputado de la República de Panamá , Víctor Juliao presidió las sesiones del grupo de trabajo, que tuvo como objetivos:
Estudiar el impacto de desastres y situaciones de emergencia en las Américas, y sus implicaciones para la reducción o el aumento del factor de la vulnerabilidad, el cual afecta la capacidad de preparación, respuesta y recuperación de emergencias, y desastres causados tanto por el hombre como por la naturaleza.
Identificar los medios por los cuales los países de las Américas pueden trabajar en conjunto para desarrollar mecanismos de cooperación y coordinación para superar los desafíos presentados por cualquier tipo de desastre y/o emergencia.
PRESENTACIONES
Con la finalidad de cumplir con estos objetivos, el Grupo de Trabajo escuchó las presentaciones de dos expertos, el Sr. Ricardo Mena , Director de la oficina regional de las Américas. Estrategia internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (Unisdr), y el Sr. Jeremy Collymore . Director Ejecutivo , Agencia Caribeña de Gestión de Desastres y Emergencias.
DISCUSIONES
Los participantes compartieron sus experiencias sobre el tema, como los casos de Canadá, Chile y Haití . A partir de lo cual se destacó que los países tienen diferentes experiencias con los desastres naturales y han enfrentado situaciones específicas, como las tormentas, las inundaciones, las sequías, los huracanes y los terremotos. Se hizo una invitación a la toma de conciencia frente a esta problemática. Algunos países desarrollados han apoyado a los países donde se registran los desastres.
Una de las propuestas de los participantes fue la posibilidad de elaborar un plan de política pública de prevención. Se comentó que algunos países cuentan con la información y la tecnología adecuada para enfrentar dichos desastres. Los participantes destacaron el uso de la comunicación para dar a conocer los riesgos a la población y a la comunidad internacional. El cambio de actitud ante esta problemática resulta de gran importancia.
Se consideró que los parlamentarios tienen que velar porque las políticas públicas tengan recursos suficientes para hacer frente a los desastres naturales. También se mencionó que cuando se hagan las leyes se debe contemplar al riesgo como elemento fundamental y establecer una sanción para aquellos que no cumplan con las mismas.
RECOMENDACIONES
Adoptadas por la Asamblea Plenaria del FIPA del 17 al 19 de noviembre de 2010.
Basándose en las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre la “Preparación y respuesta a desastres naturales y humanos, así como a situaciones de urgencia” que tuvieron lugar en el marco de la Séptima Asamblea Plenaria del FIPA, en México, Ciudad de México, del 17 al 19 de noviembre, y en las consideraciones expuestas por ese grupo,
LA ASAMBLEA PLENARIA
Hace las siguientes recomendaciones:
1. La FIPA debería motivar a los Parlamentarios de las naciones miembros, para asegurar los programas educativos para sus ciudadanos. Dichos programas concientizarán acerca del riesgo y prepararán los procedimientos para minimizar los riesgos y efectos de los desastres naturales y humanos, así como otras situaciones de emergencia.
2. La FIPA fomentará a los parlamentarios a asegurar la disminución de los riesgos de desastres, lo cual será considerado en la planificación de los programas de desarrollo como una prioridad nacional.
a) Que cada uno de los parlamentos asegurará que los códigos, los estándares de construcción y normas sean apropiados, para enfrentar las amenazas naturales y provocadas por el hombre, en los países miembros.
b) Que la reformulación de presupuestos deberían considerar la variable de riesgo, y así mismo, garantiza que construcciones importantes como hospitales y escuelas, cumplirán con los estándares de seguridad establecidos en 2 (a).
c) El parlamento debería asegurar que su gobierno realice una evaluación del impacto ambiental, que incluye riesgos naturales y provocados por el hombre, en los proyectos de desarrollo.
d) La FIPA debería motivar al parlamento de los países miembros a adoptar políticas que considerarán lo aprendido a partir de los desastres previos.
3. La FIPA debería motivar al parlamento de los países miembros a crear comités de vigilancia, para asegurar que se adopten recursos y mecanismos para responder a las necesidades técnicas y descentralizadas, con el fin de cumplir las demandas del país miembro.
4. Analizar y re-evaluar las leyes existentes sobre el manejo de desastres, de modo que éstas expresen la disminución del riesgo de desastres, así como la adaptación al cambio climático.
Tema V. Grupo de trabajo sobre Seguridad Regional y Crimen Transnacional.
El Grupo de Trabajo sobre Seguridad Regional y Crimen Transnacional se reunió en el Salón Diego Rivera II del Hotel Marriot de la Ciudad de México , los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2010 (17, 18 y 19 de noviembre de 2010) con la participación de delegados de: Brasil, Canadá , Chile, Colombia, Dominica , México , y Paraguay.
El Senador Carlos Roger Caballero de Paraguay presidió las sesiones del Grupo, que tenía como Objetivos:
Examinar el impacta del crimen transnacional en las Américas y sus implicaciones para la seguridad y el desarrollo de la región.
Identificar los desafíos que presenta este fenómeno, deliberar sobre el papel que desempeñan los interesados nacionales y regionales, evaluar las medidas a tomar y señalar las oportunidades de intervención en la nueva agenda hemisférica.
PRESENTACIONES
A fin de cumplir con estos objetivos, el Grupo de Trabajo escuchó las presentaciones de dos expertos en la materia: el Sr. Gerardo Rodríguez Sánchez , Miembro Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia y el Dr. Athanasios Hristoulas , Profesor del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM .
Los participantes debatieron una amplia gama de cuestiones relacionadas con la Seguridad Regional y el Crimen Transnacional. Los distintos países tienen diferentes experiencias con el narcotráfico, el crimen organizado. Los participantes discutieron sobre la despenalización de la droga, algunos mencionaron que en su país se ha legalizado como en Chile, siempre y cuando el consumo sea personal; asimismo comentario que es necesario que a través del FIPA se sugiera a la OEA, para que se de una sanción en cuanto a la problemática de la droga. Los parlamentarios también coincidieron en que debe haber una cooperación amplia en la lucha contra el crimen transnacional. El actual contexto, incluidos factores como la despenalización de la droga, la extinción de dominio, y la vulnerabilidad de los jóvenes a caer en el crimen organizado por la falta de oportunidades en los paises fueron objeto de debate.
RECOMENDACIONES
Los parlamentarios participantes del Grupo de Trabajo no 2: Seguridad Regional y Crimen Transnacional:
1. Recomendamos ampliamente que la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente el tráfico de drogas, requiere de la cooperación entre los estados y ésta debe darse respetando su soberanía como un principio fundamental.
2. FIPA reconoce los crímenes transnacionales como una amenaza a las Naciones porque alimentan otras áreas delictivas, por ejemplo: lavado de dinero, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, tráfico de órganos, entre otros; y los tenemos que enfrentar con el mismo compromiso.
3. Las autoridades estatales deben elaborar Códigos que profesionalicen el ejercicio de una autoridad pública competente, transparente, con adecuada vigilancia y rendición de cuentas.
4. El combate al crimen organizado y al narcotráfico no solamente son un tema de seguridad, sino también de educación y salud. Los estados nacionales harán esfuerzos para prevenir el uso y abuso de las drogas. La salud preventiva y de rehabilitación, así como la educación adecuada son herramientas primordiales a fortalecer, en procura de formar nuevas generaciones con conductas responsables y éticas.
5. Elaborar una recopilación de normas y programas preventivos y correctivos en crímenes transnacionales en cada uno de los estados miembros de FIPA para observar prácticas normativas exitosas que pueden proponerse o implementarse en cada uno de ellos.
6. Las funciones del Estado nacional: Legislación, Gobierno y Justicia deben ser firmes, coherentes y eficientes en la lucha contra el crimen en procura de la seguridad regional, es decir, acciones pertinentes para enfrentar el delito.
7. La corrupción es un delito que amenaza la seguridad de los estados nacionales y alimenta el crimen transnacional, por lo tanto, los gobiernos deberán combatirla frontalmente, tomando todas las medidas y acciones posibles para erradicarla.
Tema VI.- Grupo de Trabajo sobre participación de la Sociedad Civil en el Fortalecimiento de la Democracia.
El Grupo de Trabajo sobre la Participación de la Sociedad Civil en el Fortalecimiento de la Democracia se reunió en el Salón Rufino Tamayo del Hotel Marriot de la Ciudad de México, los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2010 con la participación de los delegados de: Brasil, Canadá , Chile, Ecuador , México y Paraguay.
M.P, Randy Hoback de Canadá presidió las sesiones del Grupo, que tenía como objetivos:
Papel de la sociedad civil para fortalecer la democracia
Compartir las mejores prácticas democráticas de cada país y buscar de manera conjunta mejores alternativas
Educación Cívica y Democracia
Papel de la sociedad civil como fundamento de la democracia
Crisis de la representación
Como pueden trabajar con las agendas del gobierno y la sociedad civil de una manera conjunta.
PRESENTACIONES:
A fin de cumplir con estos objetivos, el Grupo de Trabajo escuchó presentaciones de dos expertos en la materia: Dr. Philip Oxhorn, Profesor Fundador del Instituto de Estudios de Desarrollo Internacional, Universidad de McGill y e el Sr. Koebel Price, Consejero Principal del Programa de Participación Ciudadana del Instituto Democrático Nacional.
Al concluir su participación, los parlamentarios tuvieron la oportunidad de intercambiar preguntas, ideas, puntos de vista y experiencias tanto nacionales como personales sobre el tema de la participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia, coincidieron en que todos los países tienen distintos ejemplos del tema, pero que es fundamental tomar en consideración las coincidencias. Los parlamentarios discutieron el grado de avance al respecto de cada uno de los países y las situaciones que lleva a llegar a ello.
El consenso del grupo de trabajo es que, en muchos aspectos, las sociedades democráticas en las Américas están en medio de una crisis en la participación ciudadana. El grupo de trabajo define ciudadano como un miembro de la sociedad autorizado para acceder a los derechos democráticos del estado, y que tiene responsabilidades para participar en el ámbito público y político. La participación se define como tener el acceso e información necesarios para participar de modo significativo en las decisiones que influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Como parlamentarios de la FIPA, creemos que la participación total de los ciudadanos y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, son de suma importancia para el bienestar de nuestras sociedades democráticas, el desarrollo de nuestros pueblos y estabilidad en las Américas. Dada la importancia de la participación total, especialmente de los grupos marginados, creemos es que sumamente importante que todos los parlamentarios miembros de la FIPA, se comprometan a aumentar la participación ciudadana y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los próximos cinco años.
En especial, la falta de expectativas de los jóvenes que viven en los sectores de pobreza, la falta de confianza en el sistema democrático, y el sistema en general, los llevan a que no participen de la política.
RECOMENDACIONES
Con esta finalidad, proponemos las siguientes recomendaciones:
1. Como parlamentarios de la FIPA motivamos a nuestros gobiernos a que realicen un diagnóstico completo de las barreras existentes para la participación ciudadana, especialmente con respecto a los grupos que carecen de representación. Aquí, debería incluirse una encuesta para ver qué países tienen una legislación que promueva la participación ciudadana. Una vez que se haya realizado la encuesta, ésta debería publicarse.
2. Con el fin de promover la participación democrática, las sociedades de las Américas necesitan crear un ambiente político favorable para la participación. Por lo tanto, se plantea el desafío de desarrollar una cultura cívica.
3. Los gobiernos y parlamentarios deben promover los procesos de participación, los cuales implican mecanismos de consultas, debate, y toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Además, los gobiernos necesitan mejorar su capacidad para entregar los servicios y políticas que la ciudadanía requiere con suma urgencia.
4. Para promover la apertura de las sociedades a la participación cívica, deberíamos reformar el sistema educacional para incluir la educación cívica en el pian de estudios. Además, deberíamos involucrar a los medios, corporaciones privadas, sindicaciones y otras instituciones importantes en el proceso.
5. Como parlamentarios de la FIPA motivamos las mejores prácticas y una transparencia total, apertura y responsabilidad, entre los gobiernos de las Américas. En especial, se debería poner atención al diseño de mecanismos institucionales apropiados para lograrlo.
6. Como parlamentarios de la FIPA motivamos a que nuestros gobiernos implementen todas las medidas posibles para motivar la participación democrática entre las Américas, proporcionado un gran apoyo a los pobres y juventud carente de privilegios en nuestro hemisferio.
7. Con el fin de motivar a que los diferentes sectores de nuestras sociedades participen, deberíamos adoptar mecanismos para el compromiso con los grupos marginados, incluyendo pero no exclusivo a mujeres, jóvenes, minorías étnica, pueblos/nacionalidades indígenas, los discapacitados, gays y lesbianas y ancianos. Dicha participación no debería limitarse a organizaciones formales o institucionalizadas, pero deben incluir iniciativas ciudadanas y movimientos sociales autónomos.
8. Para asegurar la participación en todos los sectores, especialmente la participación de la juventud en la pobreza, debemos considerar la necesidad de tener sociedades más igualitarias e inclusivas.
9. La FIPA debería patrocinar talleres para que los parlamentarios se familiaricen con las nuevas tecnologías de información y su importancia política, para llegar a la juventud.
10. La FIPA debería patrocinar talleres sobre el compromiso cívico y su importancia para la democracia.
11. Como parlamentarios de la FIPA, motivamos a que cada uno de nuestros parlamentos organicen anualmente una semana para debatir sobre la participación ciudadana.
12. Como parlamentarios de la FIPA, nos comprometemos a motivar a todos los gobiernos para crear un espectro completo de los mecanismos de recursos para los ciudadanos, cuando exista un uso indebido del poder o la autoridad.
13. Con el fin de afianzar la participación ciudadana y apoyar la conservación de la paz y la democracia en los estados de las Américas, la FIFA debería crear una comisión de solidaridad para apoyar oportunamente a los países que se ven amenazados en su democracia.
Cámara de Diputados, a 22 de Diciembre de 2010.
(Fdo.): RICARDO RINCÓN GONZÁLEZ, diputado ”.
13. Moción de los señores Diputados González , Monsalve , Venegas, don Mario , Verdugo , Hasbún , Silber , y de las señoras Diputadas Girardi , doña Cristina , Hoffmann , doña María José y Saa, doña María Antonieta .
Establece una Ley General sobre Convivencia Escolar. (boletín N° 7428-04)
“Considerando:
1° Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República es deber del Estado contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Carta Fundamental establece.
2° Que la escuela es uno de las instituciones más importantes del proceso de socialización de las personas. En ella, se forman valores éticos y sociales relevantes vinculados a la convivencia social y se adquieren aptitudes y competencias para el desempeño de la vida adulta en los aspectos cognitivos, conductuales y espirituales.
3° Que asegurar una adecuada convivencia escolar es esencial para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad para los educandos. Sin un clima de aula y relaciones sanas y de convivencia entre todos los actores del sistema escolar es difícil generar enseñanzas y aprendizajes de calidad.
4° Que hasta la fecha la mirada sobre el tema de la convivencia escolar ha estado principalmente inspirada por casos y situaciones extremas en los cuales se ha evidenciado la carencia de un modelo idóneo de convivencia escolar. El conocimiento de casos de bullying o acoso escolar, ha captado la atención de la opinión pública y de paso de los legisladores por su impacto social. En Chile han existido incluso casos de suicidios de niños y adolescentes que han sufrido de acoso por sus pares. Este fenómeno que ha sido objeto de toda clase de estudios por parte de la Academia desde hace varias décadas es una práctica extrema que debe ser prevenida y sancionada firmemente para evitar que se produzcan daños mayores a las víctimas y apoyar a los victimarios en sus procesos de superación de este tipo de prácticas. Sin embargo estos casos que deben ser tratados cada uno en particular pueden ser prevenidos o abordados más adecuada y eficazmente en la medida que se desarrollen buenas prácticas de convivencia escolar en el establecimiento.
5° Que desde hace al menos una década en Chile, nuestro Ministerio de Educación se ha hecho cargo del tema de la convivencia escolar. Se han realizado importantes seminarios especializados, se ha diseñado una política nacional e incluso se ha creado un Reglamento tipo de Convivencia Escolar que obligatoriamente los establecimientos educacionales deben adoptar, adecuándolo a su realidad social, cultural y a los contenidos de su proyecto educativo.
En consecuencia lo que proponemos esencialmente es elevar esa política pública a una norma de rango legal, creando instituciones y dispositivos o instrumentos de gestión educacional que permitan fortalecer a las comunidades educativas en la tarea cotidiana de construcción de una sana y democrática convivencia escolar.
6° Que recientemente el Senado de la República ha aprobado en primer trámite constitucional un proyecto de ley, iniciado en moción de un conjunto de senadores de distintas bancadas parlamentarias, contenido en el Boletín N° 7123, que en lo esencial modifica la Ley General de Educación, estableciendo una serie de mecanismos sancionatorios de los casos de violencia escolar entre pares. Este proyecto aborda un aspecto de la violencia escolar que en diversas formas se expresa en los establecimientos educacionales, está centrado en el abordaje de los casos de acoso escolar y pone el acento en aspectos sancionatorios.
Con la finalidad de analizar el proyecto de ley en referencia y preparar una respuesta al fenómeno complejo y global de la violencia escolar organizamos dos eventos académicos apoyados por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y por la Biblioteca del Congreso Nacional que han podido reunir a más importantes académicos e investigadores chilenos sobre la materia que señalamos a continuación:
Christian Berger S., Director Carrera de Psicología Universidad Alberto Hurtado
Adrián Pereira Santana , Sociólogo , Observatorio de Violencia Escolar
José Saúl Bravo , Licenciado en Educación, Observatorio de Violencia Escolar
Jorge Varela T. Psicólogo, Fundación Paz Ciudadana
Abraham Magendzo , Director de la Cátedra UNESCO , Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Wendy Godoy Ormazabal , Universidad Católica Silva Henríquez
Pamela Orpinas Universidad de Georgia
Verónica López , Dra. en Psicología, docente de la Escuela de Psicología Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Eusebio Nájera Martínez , docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Daniel Contreras , Antropólogo Consultor Área Educación. Unicef Santiago de Chile.
Ricardo Hevia . Profesor Ex consultor UNESCO
Isidora Mena , Dra. en Psicología, docente Pontificia Universidad Católica de Chile
Ángel Bustos Dr. en Psicología, docente Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y
Jaime Retamal, Doctor en Educación, docente de la Universidad de Santiago de Chile
Juan Carlos Oyanedel , Sociólogo, docente Universidad Andrés Bello
Tras estos debates hemos desarrollado al menos dos reuniones de taller en donde se les propuso por el asesor jurídico abogado Cristian Beltrán un texto base que recogía sus puntos de vista, el cual fue objeto de comentarios críticos por parte de estos académicos e investigadores. El resultado de ese trabajo, es el texto que hoy ponemos a consideración del H. Congreso Nacional.
Si bien todos los indicados han colaborado intensamente y ameritan por ello todo nuestro reconocimiento, no es menos cierto que muchas veces hemos debido optar entre posiciones controvertidas, obviando algunas recomendaciones, razón por la cual, no podría atribuirse a ninguno de ellos en particular la responsabilidad de las propuestas y normas específicas que conforman el contenido de este proyecto de ley.
7° Que la idea matriz es establecer una Ley General de Convivencia Escolar que establece definiciones conceptuales claras sobre lo que es convivencia escolar, precisa lo que debe entenderse como actos atentatorios a ella, incluido el caso extremo del acoso. Asimismo, establece una institucionalidad de estimulo de la buena convivencia escolar e instrumentos de acción para la comunidad escolar. Por último se contemplan dispositivos consistentes en medidas socioeducativas y también disciplinarias, que buscan con base a los principios de responsabilización y reparación de las víctimas, enfrentar las situaciones de conflicto al interior de los establecimientos o fuera de ellos, como ocurre en los casos de acoso escolar mediante dispositivos telefónicos o Internet.
8º Consideramos que es necesario e idóneo abordar principalmente desde un punto de vista técnico pedagógico los desafíos complejos que impone la emergencia cada vez más frecuente de conflictos y hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales, a través de la búsqueda de un buen clima de aula y una sana convivencia escolar. La escuela, es reflejo y al mismo tiempo reproductor de los procesos y conflictos de una sociedad. Nuestro trabajo debe consistir precisamente en buscar los medios normativos que impidan que la violencia siga instalándose en la Escuela, pues no queremos que ésta termine reproduciéndola .Al mismo tiempo buscamos, que la convivencia escolar de calidad, forme mejores personas para enfrentar los desafíos de una nueva ciudadanía más tolerante, democrática, colaborativa y solidaria, donde los conflictos se superen mediante el diálogo y la integración de la opinión diversa y no mediante el recurso a la fuerza física o verbal.
Por tanto,
En mérito de lo expuesto, las diputadas y diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY GENERAL SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR
CAPÍTULO I
Normas Generales
Artículo Primero.- Definición.- La buena convivencia escolar es un requisito esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ella supone la interrelación positiva entre los diferentes miembros y estamentos de los establecimientos educacionales, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de alumnos y alumnas.
Es un deber prioritario del Estado asegurar las condiciones materiales, normativas e institucionales que permitan promover la convivencia escolar y superar los conflictos que se produzcan entre los partícipes del proceso de enseñanza aprendizaje.
Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar la creación de un clima de respeto y cooperación recíproco entre sus miembros, con pleno respeto de los derechos humanos de sus integrantes, inspirados en los valores de la tolerancia e inclusión, el respeto recíproco, la no discriminación arbitraria, la justicia y la equidad, la solución pacífica de los conflictos y una cultura de cooperación y participación democrática.
Artículo Segundo.- Atentados contra la Buena Convivencia Escolar. Son actos que atentan contra la buena convivencia escolar:
a) La violación de los derechos del niño y del adolescente definidos por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño.
b) Las acciones llevadas a cabo por cualquier miembro de la comunidad escolar que produzcan daño físico o psicológico a cualquier otro miembro de ella.
c) Las acciones desarrolladas por estudiantes fuera del establecimiento educacional, incluyendo las verificadas por dispositivos electrónicos de comunicación que signifiquen agresiones psicológicas a otros estudiantes.
d) Las acciones cometidas en contra de los docentes, directivos, asistentes de la educación, personal administrativo o de servicios cometida por los estudiantes o sus familiares o apoderados.
e) La negativa injustificada de los alumnos o sus padres o apoderados a someterse a los protocolos de intervención establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar.
Artículo Tercero.- Deber de aplicación.- Es un deber primordial de los sostenedores, del cuerpo directivo y docente, de los asistentes de la educación y de los alumnos y padres y apoderados de los establecimientos de enseñanza pre escolar, básica y media, emplear los instrumentos que contiene esta ley para asegurar la buena convivencia escolar y superar las situaciones de conflicto que atenten en contra de ella.
CAPÍTULO II
Instrumentos de Fomento de la Buena Convivencia Escolar
Artículo Cuarto.- Reglamento y Plan de Fomento de la Buena Convivencia Escolar.- Los establecimientos deberán contar con un Reglamento de Convivencia Escolar que deberá sujetarse a las disposiciones de la presente Ley. Este Reglamento será propuesto por el Comité de Convivencia Escolar y aprobado por el Consejo Escolar, a más tardar dentro de los sesenta días de publicada esta Ley.
En caso de existir y estar vigente el Reglamento al momento de publicación de esta ley, éste deberá adecuarse a estas disposiciones dentro del plazo de treinta días.
El Reglamento desarrollará las disposiciones de esta Ley en la parte no prevista, especialmente en lo referido al establecimiento de protocolos de actuación y procedimientos.
Asimismo, los establecimientos deberán contar con un plan anual de fomento de la buena convivencia escolar y de prevención de conflictos al interior de la comunidad escolar, el que deberá describir acciones y actividades concretas de estímulo de la buena convivencia e indicará los recursos materiales y humanos con que se ejecutarán tales acciones o actividades.
El Plan será propuesto por el Comité de Convivencia Escolar al Consejo Escolar, en una reunión especialmente convocada al efecto.
Antes del término del año escolar, el Plan será evaluado por la Comunidad Escolar y las observaciones, correcciones o enmiendas serán consideradas en el Plan del próximo año escolar.
Artículo Quinto.- Comité de Convivencia Escolar.- Existirá en todos los establecimientos educacionales un Comité de Convivencia Escolar, integrado por el Director, un Inspector, el Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, un asistente, y un representante de los padres y apoderados, elegidos entre sus pares. En los establecimientos de enseñanza media, se incorporará además a un representante de los alumnos que deberá ser elegido por sus pares. Este Comité estará a cargo de ejecutar las acciones y actividades descritas en el Plan señalado en el Artículo Cuarto. Se designará a un docente, como coordinador del Comité, el que deberá contar con el tiempo adecuado destinado a estas funciones.
Artículo Sexto.- Capacitación y clima de aula.- El personal directivo, docente, asistentes de la educación y las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior de todos los establecimientos educacionales recibirán capacitación permanente sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto.
La promoción de la convivencia escolar es un objetivo transversal de la educación y deberá formar parte del trabajo pedagógico en todas las asignaturas.
Asimismo, y de conformidad a los medios y necesidades de cada establecimiento, se asignará al personal docente una parte de su dedicación horaria al cumplimiento de tareas exclusivamente orientadas a mejorar el clima de aula.
CAPÍTULO TERCERO
Instrumentos de Intervención en Situaciones de Conflicto
Artículo Séptimo.- Intervención intra aula.- Corresponderá en primer término al docente a cargo del aula la intervención inmediata frente a situaciones de conflicto durante el desarrollo de las actividades docentes.
La intervención deberá tratar de asegurar el restablecimiento del clima adecuado para el desarrollo de las actividades docentes, asegurando los derechos de los estudiantes que pudieran haber sido objeto de acciones que atenten contra su dignidad y derechos.
Artículo Octavo.- Intervención Directa del Comité de Convivencia Escolar.- En casos especialmente graves, corresponderá al Comité de Convivencia Escolar, con el auxilio de los equipos a cargo de la conservación de la disciplina, si fuere necesario, intervenir frente a hechos acontecidos al interior de un aula o cuando la situación se produjere fuera de ella.
Se resguardarán los derechos de las víctimas de actos de agresión y se adoptarán las medidas de intervención psicopedagógicas indicadas en el Artículo Noveno.
Artículo Noveno.- Intervención Socioeducativa.- Frente a hechos que signifiquen atentados contra la buena convivencia escolar, se adoptarán las medidas de intervención que se estimen convenientes por parte de las instancias directivas y docentes, tales como entrevista con los intervinientes en la situación de conflicto, entrevista con los padres y apoderados, mediación entre pares, diseño de planes especiales de apoyo conductual y docente, adopción de medidas administrativas que permitan prevenir situaciones de riesgo u otros que determine las instancias correspondientes que busquen, asegurar principios esenciales de protección de las víctimas, responsabilización de los autores, adopción de medidas reparatorias que siempre tendrán una orientación socio educativa.
Artículo Décimo.- Medidas Disciplinarias.- Cuando la aplicación de los instrumentos de intervención señalados en el artículo anterior, no fueren capaces de superar la situación de conflicto que atenta contra la buena convivencia escolar, o cuando hubiere resistencia a someterse a los mismos, el Director del Establecimiento pasará los antecedentes al Consejo de Profesores quien deberá proponer medidas a la consideración del Consejo Escolar. Este organismo deberá analizar la situación, proponer medidas y efectuar recomendaciones que permitan proteger a las víctimas y atender las necesidades de las personas que hubieren sido indicadas como causantes del conflicto.
El Consejo Escolar de acuerdo a la gravedad de los hechos, la magnitud y circunstancias de los daños cometidos, adoptará alguna de las siguientes medidas disciplinarias para ser aplicadas por la Dirección del Establecimiento:
a) Amonestación escrita a quien fuere causante de los hechos que originaron el conflicto. En el caso que el involucrado fuere un alumno, esta comunicación será referida a sus padres o apoderados.
b) Suspensión temporal de las actividades docentes y referencia a centros especializados de intervención psicosocial fuera del establecimiento escolar.
c) Cancelación de la matrícula: Solo en casos calificados, como cuando, la magnitud de las acciones llevadas a cabo hagan imposible recuperar el normal desarrollo de la actividades docentes, del buen clima escolar, e importen un riesgo para la persona de la víctima de los abusos o la dificultad de superar su conducta a quien fue responsabilizado de ella, se podrá decretar esta medida.
Corresponderá al Estado asegurar el derecho a la continuidad de los estudios del alumno a quien se le aplicare esta sanción.
CAPÍTULO CUARTO
Del acoso escolar
Artículo Undécimo.- Definición.- El acoso escolar es una de las formas más graves de alteración de la convivencia escolar y consiste en el ejercicio de acciones u omisiones reiteradas en el tiempo, entre alumnos tendientes a dañar a físico o psicológicamente a otros, con la finalidad de menoscabarlo en su dignidad personal.
Cada establecimientos establecerá en su Reglamento de Convivencia Escolar un sistema que obligue y facilite la información de los hechos por los miembros de la comunidad escolar , que permita a las víctimas denunciar este tipo de situaciones, asegurando la privacidad de las denuncias y la inmediata protección de la víctima, sea o no, ésta el denunciante. Asimismo se establecerá un sistema que sancione las denuncias falsas.
Toda denuncia de acoso será inmediatamente investigada por la Dirección del establecimiento dando cuenta de ella al Consejo de Profesores, el que deberá de inmediato recomendar las acciones socioeducativas o disciplinarias tendientes a poner término inmediato a las acciones u omisiones que la produzcan y evitando su reiteración en el tiempo.
Se considerará acoso escolar, las acciones llevadas a cabo por alumnos de un establecimiento aun fuera del recinto del mismo o cuando se empleen medios tecnológicos de comunicación como el uso de comunicación telefónica o Internet.
14. Moción de los señores diputados Meza , Cerda , Espinosa, don Marcos ; Farías , Jarpa , Melero , Schilling , Silber , Robles y Pascal , doña Denise .
Dispone mejoras al acceso de los discapacitados visuales a la telefonía móvil. (boletín N° 7421-11).
“Considerando:
Que en la actualidad el reconocimiento de la diversidad se aborda desde distintos campos, y se da respuesta a ella desde múltiples perspectivas: sociológica, económica, de la salud, arquitectónica, legislativa, administrativa, tecnológica, educativa, psicológica, entre otras. Así, el respeto a la diversidad es ya una exigencia no sólo de cualquier plan económico, programa de servicios, planeación urbanística y de transporte o proyecto educativo, sino desde cualquier ámbito del funcionamiento social, sea este privado o público.
Las sociedades modernas han de tender hacia una democracia inclusiva, hacia una cultura de la diversidad. En concordancia con ello, hacia una sociedad del conocimiento y acceso incluyente.
Esto implica, construir una sociedad cuyo derecho a la información y el acceso a las tecnologías sea accesible a toda la población y en lo particular, al ser éste el grupo social al que se enfoca el presente proyecto de ley, a las personas con discapacidad y por ello, con necesidades especiales.
Para contribuir a un Chile equilibrado y justo, es necesario que todos los actores sociales, públicos y privados, sumemos voluntades para lograr cada día ser más incluyentes.
Durante décadas, las personas con algún tipo de discapacidad, -que representan actualmente, según la Organización de las Naciones Unidas, el 10% aproximado de la población mundial, es decir casi 600 millones-, han sido voluntariamente excluidas y segmentadas debido a la ausencia de planes específicos para su desarrollo.
En la actualidad, estamos logrando en nuestro país cambios significativos, a partir del inicio de un proceso de organización orientado a mejorar la calidad de vida y el desarrollo social, y de esta manera integrar en todos los aspectos a los ciudadanos que enfrentan un reto mayor al de la generalidad de la población.
Este importante sector de la población nos inspira y motiva a crear nuevas perspectivas, nuevos horizontes e importantes programas que los incluyan.
No se trata sólo de reconocer y legislar sobre un derecho, sino de viabilizar los derechos, adoptar medidas eficaces dirigidas hacia la inclusión real, promover las transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, curriculares, legislativas, tecnológicas, etc., que correspondan según los ámbitos de aplicación, para posibilitar en los hechos ese derecho.
Hoy la tecnología implementada por las empresas de Telefonía Móvil avanza a pasos de gigante, no obstante poco se hace en acercar estas modernidades a los discapacitados, y en lo particular a los discapacitados visuales.
Las experiencias fuera de nuestras fronteras hablan de una perfecta inclusión a través de la modificación de ciertos dispositivos, lo cual permite acceder a alternativas óptimas para los discapacitados visuales. Las tecnologías hoy lo permiten.
Es menester que dichas empresas y sus proveedores incluyan de manera obligatoria a estos relevantes actores sociales en el acceso a sus dispositivos y propuestas, dejando atrás esta barrera que los imposibilita de estar al día en los avances de modernidad y abrir un círculo inclusivo para dichos ciudadanos.
Por todo lo antes mencionado, en suma, venimos a presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Articulo único: Modifíquese la ley 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. en lo que sigue:
1.- Reemplácese el artículo 27, pasando el actual a ser 28 y así sucesivamente en numeración correlativa, con el siguiente:
Artículo 27:
“Las empresas de telefonía móvil y sus proveedores deberán proporcionar a sus usuarios con discapacidad visual algún sistema adecuado para su buena integración al uso de sus servicios, ya sea adaptando sus dispositivos móviles, capacitándolos en el funcionamiento, o cualquiera otra medida necesaria para dicho fin.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecer las normas a las que deberán sujetarse las Empresas de Telefonía Móvil y sus proveedores, a fin de ajustarse gradualmente a las nuevas exigencias de accesibilidad”.
15. Moción de los diputados señores Torres, Browne , Castro , Núñez , Santana , Silber , Walker , y de las diputadas señoras Muñoz , doña Adriana ; Saa, doña María Antonieta , y Sabat , doña Marcela .
Establece autonomía y confidencialidad de los menores de edad respecto del examen de VIH/Sida. (boletín N° 7422-11)
I. Antecedentes.
Para contextualizar el presente Proyecto de ley realizaremos un recorrido sobre las definiciones de niño y adolescente en los ordenamientos internacionales y nacionales y luego sobre las consecuencias que dichas definiciones tienen en materia de respeto de su autonomía progresiva y confidencialidad respecto de su situación de salud, lo cual tiene especial relevancia en relación con la epidemia del VIH/SIDA.
1) Convención sobre los Derechos del Niño.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Convención: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
2) Organización Mundial de la Salud.
En materia de salud reproductiva, la adolescencia representa un periodo de maduración biológica y psíquica que incluye el desarrollo de la capacidad reproductiva de las personas. En este sentido la Organización Mundial de la Salud considera como población adolescente a todas las personas entre 10 y 19 años de edad.
3) Límites de Edad en Código Penal.
El análisis de diversas normativas legales referentes a la edad límite para consentir en relaciones sexuales, permite concluir que, en la actualidad, se consagra la edad de 14 años como habilitante para otorgar el consentimiento sexual y, al mismo tiempo, asumir responsabilidades ante la ley penal:
a) El Código Penal, en su artículo 362, que tipifica el delito de violación, reforzando la protección que requieren las personas menores, establece que “el que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce años será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados”.
b) En ese mismo sentido se estableció dicho límite de edad en los artículos 365 (estupro), 366 bis (acción sexual sin acceso carnal) y 366 quater (acciones de carácter sexual) del Código Penal.
Es decir, se sanciona a quien tiene actividad sexual con un/a menor de 14 años, aún cuando ésta consienta y aunque no exista uso de fuerza o intimidación, privación de sentido, incapacidad para oponer resistencia ni enajenación o trastorno mental de la víctima.
En conclusión, de acuerdo con la ley, un menor de 14 años no está capacitado para discernir si puede llevar a cabo actividad sexual o no, y el mayor de esa edad sí tiene esa facultad.
c) Por su parte, la Ley N°20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, indica en su artículo 3º que la dicha ley se aplicará a quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes.
Adicionalmente y en relación con los delitos sexuales establece en su artículo 4º, una regla especial para delitos sexuales, estableciendo que no podrá procederse penalmente cuando la conducta se hubiere realizado con una persona menor de 14 años y no concurra ninguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, es decir, que exista consentimiento del menor de edad y no medie fuerza o intimidación, o la persona se haya privada de sentido o se aproveche su incapacidad por obtener resistencia o se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima, a menos que exista entre aquélla y el imputado una diferencia de, a lo menos, dos años de edad, tratándose de la violación, o de tres años en los demás casos.
d) Se debe tener presente que la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, establece en su artículo 16 inciso final, que para los efectos de esa ley, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido los catorce años y, adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de edad.
e) Finalmente, de acuerdo al artículo 26 del Código Civil, se distingue el “infante o niño” que es todo aquel “que no ha cumplido siete años”, ; el impúber, que es “el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce” y adulto “el que ha dejado de ser impúber”, mayor de edad o simplemente mayor “el que ha cumplido dieciocho años”; y menor de edad, o simplemente menor “ el que no ha llegado a cumplirlos”.
De la conjugación de todas estas definiciones, resulta posible afirmar que los niños y adolescentes son para el marco jurídico sujetos de derechos, ello a pesar de que no existe una definición uniforme sobre niño y adolescentes la definición que establece la Convención es comprehensiva de todas las otras definiciones.
Así, la infancia y la adolescencia abarca un rango etario que va desde el nacimiento hasta los 18 años de edad y tanto la Convención como el derecho nacional consideran a los niños/as y adolescentes como sujetos de derechos.
Niños/as y adolescentes gozan de la cobertura normativa que les otorga la Convención, es decir, del catálogo de derechos y libertades que dicho instrumentos garantiza.
II. Los niños/as y adolescentes como sujetos de derechos.
Hablar de los niños/as y adolescentes como sujetos de derecho no resulta del todo simple. De hecho, el vocabulario de derechos aplicado a la infancia y la adolescencia no se prolonga demasiado en el tiempo.
Fue la Convención sobre los Derechos del Niño, ya citada, la que significó cambio sustancial en el tratamiento de la situación de los menos de edad. Pues fue a partir de ella, que comienza un proceso continuo de mutación de la tradicional relación de las leyes con los menores, pues desde simples objetos de derecho, sometidos a tutela y represión, se pasa a una etapa en que son considerados como sujetos plenos de derechos.
Esta transformación, de la tutela paternalista y autoritaria a la garantía de los derechos, se traduce en una nueva dimensión constitucional del derecho de la infancia y la adolescencia que reformula todos los sectores con ella vinculado: del trabajo infantil, de las adopciones, del sistema de salud y de la delincuencia juvenil, para dar sólo algunos de los múltiples ejemplos.
A partir de esta evolución jurídica surge la pregunta sobre la tensión entre el derecho/deber preferente de los padres a educar a sus hijos y la nueva noción de los menores de edad como sujetos de derechos y si este reconocimiento significa una revisión de los conceptos tradicionales de la paternidad y de los derechos de los tutores y representantes legales respecto de los espacios íntimos de los menores de edad, siendo la salud un espacio especialmente sensible.
III. Respeto a la autonomía progresiva de los adolescentes.
El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce la autonomía progresiva de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos fundamentales.
En efecto, su texto dispone que “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.”.
Nótese que expresamente señala que la “dirección y orientación” de los padres o de los adultos deben ser “apropiadas”, y en consonancia con la “evolución de las facultades del niño” y con los demás derechos recogidos en la Convención.
La protección de la adolescencia supone contemplar al adolescente como una persona plenamente activa, con un conocimiento y una capacidad de modificar por sí misma el medio personal y social que lo rodea, proyectando su propia autonomía para construir como sujeto, y de forma progresiva, su situación personal y su proyección en el futuro.
Ahora bien, de la necesidad de proteger el desarrollo de la autonomía progresiva del ejercicio de los derechos de los y las adolescentes, se derivan las funciones parentales de orientación y dirección, y los subsidiarios poderes del Estado.
Dichas funciones de orientación y dirección apropiadas implican, por su parte:
a) El abandono de prácticas de subordinación. La posibilidad del ejercicio de los derechos en forma autónoma con criterios de progresividad de acuerdo a la edad, conlleva el abandono de prácticas de subordinación de los adolescentes a sus padres, a las instituciones y a los adultos en general, y el reemplazo por funciones de orientación y dirección para que los adolescentes ejerzan los derechos de los cuales son titulares. Es más, es la propia idea de autonomía progresiva la que debe ser protegida jurisdiccionalmente, promoviendo mecanismos eficaces para que el adolescente que se forme un juicio propio pueda expresarla, y, principalmente, impidiendo prácticas abusivas y contrarias a la autonomía por parte de las autoridades, los padres, el sistema educacional, etc.
b) La primacía del principio del interés superior. La Convención se opone a todas aquellas situaciones en las que se otorgan a los padres derechos absolutos sobre los hijos. En su entender, los derechos y deberes de los padres se derivan de su responsabilidad por el bienestar del hijo, lo que no significa otra cosa que actuar en su interés superior.
c) Protección de la intimidad de los adolescentes. Los niños y adolescentes, al igual que toda persona, tienen derecho a la protección de la ley contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, y contra ataques ilegales a su honra y su reputación.
d) Confidencialidad del tratamiento médico. De acuerdo a las Orientaciones Generales para los informes periódicos que deben presentar los Estados Partes ¿respecto de las medidas adoptadas para poner en práctica las disposiciones y principios de la Convención y los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas¿, solicitan información relacionada con la edad mínima establecida legalmente por cada país para “el asesoramiento médico sin el consentimiento de los padres” y “el tratamiento médico de las intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento de los padres”. Ello, atendido a que la confidencialidad del asesoramiento médico o de un tratamiento médico origina problemas vinculados con la vida privada de los adolescentes, pues los padres con frecuencia intentan invadir o limitar el ejercicio de este derecho por parte de los adolescentes, alegando la minoría de edad de éstos. La propuesta de la Convención, entonces, es proteger y promover los derechos de los adolescentes a la educación, la información y la asistencia en materia de derechos sexuales y reproductivos, todo ello, con total confidencialidad o reserva.
e) La calidad de sujeto de derecho de los y las menores de edad es concordante con la titularidad de los derechos de la Constitución. En la expresión “persona” con que se encabeza el artículo 19 se incluyen sin lugar a dudas los individuos de ambos sexos sin distinción de edad, cualquiera sea su estado de salud física o mental. Los niños, por tanto, son titulares de los derechos consagrados en la Constitución, como la privacidad, la libertad de conciencia, derecho a la salud, etc.
f) Los derechos de los adolescentes no se contraponen a los de la familia. Este posible o supuesto conflicto debe ser descartado, si tiene presente que la condición de sujeto del niño no se opone a la familia, ni enfrenta a los adolescentes con sus padres. Se debe reconocer que los adolescentes son titulares de los mismos derechos que los adultos, y, además, que el ejercicio de sus derechos al interior de la familia no significa promover una revolución por encima de los derechos de los padres. La condición de sujeto de los niños, entonces, más que fomentar un posible desacato hacia la autoridad de los padres, plantea una nueva forma de establecer relaciones al interior de las familias y la forma en que se puede ejercer la autoridad paterna. La identidad del adolescente está estrechamente ligada a la de sus padres, por lo que una educación que no respete a los padres puede dañar la autoestima del adolescente.
g) Límite a la responsabilidad parental educativa. El acceso a la información y a la prestación de los métodos y servicios para el ejercicio por parte de los adolescentes de sus derechos a la salud, no se encuentra limitado por la responsabilidad parental educativa. El adolescente, como sujeto de derecho, es el titular de su derecho a la salud, y, por lo tanto, el ejercicio de este derecho no puede ser reemplazado por la voluntad de los padres, los que sí pueden y deben orientar a sus hijos.
IV. Rol de Estado.
Finalmente, también corresponde hacer presente que la protección hacia los derechos de los adolescentes constituye una obligación para todo Estado Parte, dado el compromiso asumido ante la comunidad internacional, de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, y de cualquier índole que correspondan, para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.
En consecuencia, el Estado chileno está obligado a dictar las leyes necesarias para hacer efectiva la garantía del derecho a salud integral.
Más aun, el Estado está obligado a proveer servicios de educación sexual y salud reproductiva como medio idóneo para prevenir embarazos no deseados, abortos voluntarios y patologías de transmisión sexual.
V. Marco Normativo para el examen de VIH/SIDA
Atendido lo expuesto se hace necesario revisar tanto el marco normativo fijado por la ley 19.779 y también su aplicación práctica.
La llamada ley del SIDA establece en su artículo 5º que “El examen para detectar el virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial y voluntario, debiendo constar por escrito el consentimiento del interesado o de su representante legal” y que “Sus resultados se entregarán en forma personal y reservada, a través de personal debidamente capacitado para ello”, declarando que “Serán aplicables en esta materia las disposiciones de la Ley 19.628 sobre protección de datos personales”, finalmente encomienda al reglamento establecer “las condiciones bajo las cuales se realizará el examen, la entrega de sus resultados, las personas y situaciones que ameriten la pesquisa obligatoria y la forma en que se entregará la información de los casos de contagio a la autoridad sanitaria.”.
A su vez, el Reglamento del Examen para la Detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (DS 182/2005), indica que el examen para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana será siempre confidencial y que rige para todo el personal de salud que tome conocimiento de sus resultados un deber de confidencialidad, precisando en el artículo 3º que los “resultados de los exámenes destinados a detectar la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana serán entregados en forma reservada solamente al interesado” y que “si el afectado estuviere incapacitado para recibirlo en forma no momentánea, será entregado a su representante legal, apoderado o familiar que lo acompañe, a falta de los anteriores.”.
Luego, el artículo 5º precisa que el examen para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana será siempre voluntario y que nadie podrá ser obligado a practicarse uno contra su voluntad, obligando el artículo 6º a que en forma previa a la toma de la muestra, deba dejarse constancia del consentimiento prestado en un documento firmado por la persona a la que se le efectuará o de su representante legal.
El artículo 8º regula que toda muestra de adultos y niños mayores de dos años que en el tamizaje-screening tenga resultado positivo para anticuerpos contra el VIH deba ser sometida a un nuevo examen, pero no desarrolla la situación de los menores de edad. El artículo 12 indica que las personas afectadas por enfermedades mentales deberán decidir por sí, si desean o no someterse al examen de que trata este reglamento, salvo situaciones particulares, transitorias o permanentes, de su enfermedad que involucren pérdida o disminución de su capacidad de consentimiento, y que sólo si el médico-cirujano evalúe que la persona se encuentra en la situación de incapacidad de consentimiento, la autorización será otorgada por el representante legal o tutor.
Al respecto, los mismos operadores del Sistema no han logrado tener un comportamiento uniforme en relación con los menores adultos o adolescentes, pues pese a los principios de voluntariedad y confidencialidad reiteradamente planteados por la ley y el Reglamento la situación de los menores entre los catorce y los dieciocho años no está completamente despejada, dado que la propia normativa habla de tutores y representantes sin precisar los límites entre el respeto de los menores de edad y el rol de los tutores o representantes legales.
A lo anterior se suma la ausencia de una norma de carácter general que tenga resuelto el respeto por la autonomía progresiva de los menores de edad en su atención de salud.
Pero además, esta ambigüedad normativa no sólo tiene efectos en relación con los derechos de los adolescentes, también tiene efectos en su salud, pues la ausencia de certeza acerca del respeto de la confidencialidad de su situación de salud y el respeto de la relación médico-paciente como espacio de confianza en que el menor traba una relación directa con el o la profesional tratante protegida por la ley, se transforma en una barrera de entrada al sistema o directamente en un poderoso disuasivo para que el menor acuda oportunamente a recibir atención y consejería de salud. Está demostrado que la ausencia de esta garantía frena la voluntad de los menores de consultar oportunamente, de acercarse a recibir adecuada asesoría para prevenir embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual y mantener un control de salud constante.
Esta situación es especialmente delicada cuando lo que está en juego es tanto la prevención del VIH/SIDA como el llamado de la autoridad al ejercicio de una sexualidad responsable. En este sentido, realizarse el examen, siendo una conducta sexualmente responsable (entre personas que de acuerdo a la ley están facultadas para consentir la relación sexual), con la certeza de la confidencialidad es una herramienta clave para las políticas de salud pública.
Por otro lado, garantizar la confidencialidad de la relación médico/paciente-menor-de-edad en nada se opone al desarrollo de confianzas de éste con sus padres, tutores o representantes, pero una falla en estas confianzas no puede ser reparada a costa de obligar a los profesionales de la salud a vulnerar un deber ético básico y esencial de su misión, cual es guardar reserva de la información de salud de sus pacientes.
El mismo Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre un requerimiento de un grupo de diputados en contra del decreto supremo que aprobó las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad declaró en su considerando decimosexto que las normas del Decreto Supremo impugnado que se refieren a la confidencialidad de la relación médico paciente en el caso de menores de edad “no vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos ni les impiden el cumplimiento del deber que les incumbe, al establecer la consejería a adolescentes en un marco de confidencialidad sin consentimiento ni conocimiento de los padres. Las normas sobre consejería en condiciones de confidencialidad no impiden, en efecto, a los padres de las adolescentes escoger el establecimiento educativo de sus hijas ni transmitir a éstas conocimientos y valores sobre la vida sexual, lo que es suficiente para rechazar el requerimiento en esta parte, sin que dichas normas vulneren el ejercicio legítimo de los derechos de las adolescentes, que también debe ser respetado.”.
VI. Propuesta
Por todo lo anterior y para garantizar realmente el respeto de los menores adolescentes se debe aclarar las condiciones bajo las cuales pueden realizarse el examen de VIH/SIDA en una situación que respete su calidad de sujetos de derechos, por ello se propone el siguiente proyecto de ley:
Artículo único: Modificase a la ley N° 19.779 agregándose el siguiente artículo 5º bis, nuevo:
“Artículo 5° bis.- Los menores de 18 años y mayores de 14 tendrán derecho a consentir personalmente la realización del examen y a que los resultados de éste se le entreguen personal y confidencialmente sin necesidad de autorización de su tutor o representante legal. Sin perjuicio de ello, la consejería deberá incluir especialmente la necesidad de que el menor comparta su situación con sus familiares o adultos responsables en los que éste confíe.”.
16. Moción de los diputados señores Tarud , Cardemil , Harboe , Lorenzini , Jiménez , Lemus , Moreira , Vargas , y de la diputada señora Muñoz , doña Adriana .
Reforma constitucional que establece la posibilidad de llamar a plebiscito cuando se trate de materias relevantes para el país. (boletín N° 7423-07).
FUNDAMENTOS
1.- El plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular de ley, entre otras, forman parte de aquellas instituciones que se denominan de “democracia directa”, por medio de las cuales se hace referencia a formas de participación ciudadana por medio del voto universal y directo, con el fin de que la ciudadanía decida directamente sobre asuntos relevantes en materias de interés público o de actos normativos o convoque a los poderes públicos a pronunciarse sobre temas de interés ciudadano;
2.- En la Grecia antigua, el plebiscito era considerado como la manifestación más perfecta del poder político y paradigma de la democracia directa, en una sociedad cuyo cuerpo electoral era pequeño y en donde existían grandes exclusiones para la participación, como era el caso de las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Por ello fue perdiendo importancia y fue siendo sustituido por formas de democracia indirecta, en el mejor de los casos, o por gobiernos autocráticos en otros, en la medida que aumentaron las poblaciones y fueron accediendo a la toma de decisiones sectores que anteriormente no estaban considerados;
3.- A partir del siglo XIX y en el marco del Estado Liberal, la consulta ciudadana se incorpora a los modelos de organización política, con especial énfasis en países como la Confederación Helvética y en algunos Estados de EE. UU. De Norteamérica. Con posterioridad a la segunda guerra mundial, algunos países europeos recurrieron a los mecanismos de consulta para proponer como opciones el regreso de las constituciones vigentes antes de la ocupación alemana o a la convocatoria de nuevos procesos constituyentes, o bien para que se decidiera entre la monarquía y la República, como sucedió, por ejemplo en Italia y en Bélgica. O para legitimar constituciones, como sucedió en Francia en 1958. Un caso más reciente lo constituye la celebración de plebiscitos en todos los países integrantes de la Unión Europea para adoptar o no una Constitución común para todos los países que la integran.
No está demás señalar, que estos mecanismos de democracia directa en más de alguna oportunidad han servido para que regímenes autoritarios pretendan legitimar el poder del autócrata, en procesos en que no ha existido la plena libertad de expresión, el voto no ha sido suficientemente informado y la propaganda oficial anula toda posibilidad de que el plebiscito tenga como significado un acto real de democracia. Por ello, al presentar esta iniciativa partimos de la base de que la celebración de un plebiscito exige la existencia de un Estado democrático transparente, dotado de derechos fundamentales plenamente garantizados y en que el pluralismo político y la prensa independiente goce de total efectividad.
De esta manera, se llega a la situación actual en que el plebiscito como instrumento de participación directa goza del favoritismo de aquellos que piensan en la necesidad de realizar esfuerzos permanentes para lograr la cercanía entre la toma de decisiones y el cuerpo electoral. No obstante y debido a la complejidad de las sociedades modernas, es muy difícil, sino imposible, articular la aplicación de este tipo de mecanismos para todas las decisiones políticas y normativas que deben adoptarse, debiendo solamente ser considerada esta posibilidad para la decisión de asuntos relevantes para la marcha de la respectiva sociedad de que se trate.
4.- Pensamos que la participación directa de la ciudadanía por medio del plebiscito debe contar con una gama no limitada de temas y la idea es que determinadas decisiones estatales, por su carácter de permanentes y con casi nula capacidad de revertir, no deben quedar exclusivamente radicadas en las instancias representativas y deben ser radicadas en la soberanía popular, lo cual se presenta como altamente razonable y coincidente con los principios del moderno Estado democrático. La existencia de democracia participativa, es decir la de poderes constituidos compuestos por representantes elegidos por la ciudadanía, constituye la regla general. En este sentido, el plebiscito como instrumento de democracia directa, cumple un papel complementario y ratifica y justifica la existencia de una sociedad democrática.
5.- En los países latinoamericanos, sólo Uruguay posee una larga tradición en materia de consultas plebiscitarias, cuyos hitos recientes más importantes lo constituyen la consulta de 1989, sobre la ley de amnistía, que consolidó la vuelta a la democracia y la de 1994, sobre reforma constitucional, que rechazó un reforma previamente aprobada por las fuerzas parlamentarias.
En el resto de los países latinoamericanos, luego de pasados los períodos autoritarios, se han ido reformando las respectivas constituciones y prácticamente en todas se reserva a los mecanismos de participación directa un mayor protagonismo que el que contaban en los ordenamientos democráticos anteriores. Esto ha sucedido por ejemplo en Colombia, Perú , Paraguay, Argentina, Bolivia , Nicaragua, Guatemala , Ecuador y Venezuela.
6.- En nuestro país la Constitución Política contempla en su artículo 5 la posibilidad del plebiscito como mecanismos de participación ciudadana al señalar que “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas…”. Sin embargo son muy limitadas las posibilidades en que se contempla la posibilidad de uso de este mecanismo de participación popular.
Uno de estos casos se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional de municipalidades, como mecanismo de participación ciudadana contempla al plebiscito comunal, el cual puede ser convocado por el Alcalde con acuerdo del Concejo, por dos tercios del Concejo o por petición de la ciudadanía inscrita en los Registros Electorales de la Comuna. En estos casos el plebiscito no es vinculante y por lo mismo, como mecanismo de participación ha tenido escasa utilización, por su alto costo y lo engorroso de sus mecanismos de convocatoria por parte de la ciudadanía.
El otro caso se encuentra en la propia Constitución, en sus artículos 128 y 129, como parte del proceso de reforma constitucional. Señala el artículo 128 en su inciso segundo “Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto aprobado por ambas cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.”. Es decir, en la Constitución chilena el plebiscito aparece como un mecanismo final que tiene el Presidente de la República para evitar que el Congreso imponga su voluntad ante un proyecto de reforma constitucional con el que él no está de acuerdo.
7.- Los patrocinantes estimamos que se debe contemplar la posibilidad de llamar a plebiscito cada vez que el Presidente estime que el tema es de tal relevancia que la ciudadanía deba ser consultada o, que por la misma relevancia, la Cámara de Diputados por dos terceras partes de sus miembros en ejercicio lo conmine a plebiscitar una determinada materia. Esto podría suceder por ejemplo al pedir el envío de un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo que este no quiera enviar, o cuando se trate de decisiones de trascendencia como la venta o enajenación de empresas, activos o bienes del Estado, etc. Y, consideramos que esta convocatoria a plebiscito debiera tener el carácter de obligatoria cuando se trate de consultar acerca de la cesión de soberanía en determinados territorios del país.
Por las razones antes expuestas, los diputados abajo patrocinantes venimos en presentar el siguiente proyecto de reforma constitucional;
PROYECTO
ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el artículo 32 de la Constitución Política de la República agregando el siguiente número 21°:
21°. Llamar a plebiscito cuando deba tomar una decisión que estime trascendente y relevante para el interés nacional. Particularmente deberá hacerlo en forma obligatoria cuando se trate de una eventual cesión de soberanía sobre el territorio nacional.
El Presidente deberá también llamara a plebiscito sobre temas de interés nacional cuando le sea solicitado por las dos terceras partes de los diputados en ejercicio”.
17. Moción de los diputados señores Farías , Ceroni , De Urresti , Espinosa, don Marcos ; Marinovic y Moreira .
Establece la obligación de obtener permiso para conducir vehículos motorizados con capacidad igual o menor a 50 centímetros cúbicos. (boletín N° 7424-15)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Consideraciones:
Considerando que el parque de motocicletas, motonetas, motos para todo terreno (de dos, tres o cuatro ruedas) y otros similares va en constante aumento, lo que se traduce en una cada vez mayor presencia de estos vehículos y sus ocupantes en la circulación vehicular, se hace necesario normar integralmente la conducción de dichos vehículos.
En la actualidad cualquier persona puede conducir un vehículo motorizado de dos, tres o cuatro ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares, cuya capacidad sea igual o inferior a 50 centímetros cúbicos. Lo que trae como consecuencia que incluso niños y personas sin experiencia alguna las puedan conducir, aumentando la posibilidad de sufrir accidentes propios y/o a terceros.
Debido a que el parque automotriz ha ido en un constante aumento, lo que ha traído como consecuencia un aumento en los atochamientos, no es difícil ver a diario una gran cantidad de bicicletas a las cuales se les incorpora un motor, así como también un creciente aumento de motocicletas de todo tipo, incluso, se han visto niños menores de 14 años conduciendo motocicletas. Es así como en periodos de navidad ha crecido la oferta y por consiguiente la demanda de vehículos de dos, tres o cuatro ruedas que no tienen ninguna restricción en su venta.
Por lo anterior, hemos sido testigos de accidentes en donde se ven involucrados vehículos de la naturaleza descrita anteriormente conducidos por menores de edad.
Además, existen ferias o establecimientos itinerantes o no, especialmente en época estival, que prestan un servicio conducción de motos de dos, tres o cuatro ruedas con fines de entretención, sin exigir a los conductores otro requisito, que tener un mínimo de edad, sin tener en cuenta, por ejemplo, la experiencia en el conducir o algún tipo de permiso para hacerlo.
Por lo anterior, el proyecto de ley viene a introducir exigencias para la conducción de vehículos motorizados de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea inferior a 50 centímetros cúbicos.
Además, busca restringir la edad para conducir, ya que como se señalo anteriormente, los vehículos de dos, tres o cuatro ruedas cuya cilindrada fuera menor a 50 centímetros cúbicos, no necesita de licencia de conducir, por lo que cualquier niño las puede manejar. Por esta razón, se hace estrictamente necesario que para conducir vehículos de características como las descritas, se obtenga un permiso especial, otorgado por la Municipalidad correspondiente, el cual tendrá una vigencia de 2 años y la edad mínima para requerirlo es de 14 años de edad.
Para acceder al permiso especial, el postulante deberá cumplir con requisitos de edad mínima, educación, aprobar los exámenes pertinentes y la autorización de sus padres, apoderados o representantes legales.
Este proyecto no tiene como fin poner fin a la conducción de ciertos vehículos, sino que busca regular en forma coordinada y sostenida en el tiempo, la conducción de vehículos de dos, tres o cuatro ruedas para que puedan verse sus logros y corregir los aspectos negativos.
Por lo señalado anteriormente, los Diputados y Diputadas que suscriben vienen en presentar el siguiente Proyecto de Ley:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO: Entiéndase por cilindrada a la capacidad de carga de combustible que tiene internamente un motor de una motocicleta.
ARTÍCULO SEGUNDO: Toda persona que conduzca vehículos motorizados de dos, tres o cuatro ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares, cuya capacidad sea igual o inferior a 50 centímetros cúbicos, deberá obtener un permiso especial, expedido por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal de una Municipalidad autorizada al efecto, el cual tendrá una vigencia de 2 años.
ARTÍCULO TERCERO: Para acceder al permiso especial señalado en el artículo anterior, el postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Tener como mínimo 14 años de edad.
2.- Ser egresado de enseñanza básica.
3.- Aprobar el examen de conocimientos teóricos, cuyo contenido estará comprendido por un cuestionario de 15 preguntas de materias básicas de las normas del tránsito.
4.- Contar con la debida y expresa autorización de sus padres, apoderados o representantes legales.
ARTÍCULO CUARTO: La persona que desee obtener el permiso especial, deberá solicitarla en la Municipalidad de la comuna donde tenga su residencia.
ARTÍCULO QUINTO: El permiso especial tendrá una vigencia de 2 años. El postulante al permiso especial, cuando cumpla los 18 años de edad deberá someterse a los exámenes y requisitos para obtener una licencia de conducir según lo establecido en la Ley Nº 18.290.
ARTÍCULO SEXTO: Todo persona que conduzca un vehículo motorizado de dos, tres o cuatro ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares, cuya capacidad sea igual o inferior a 50 Centímetros Cúbicos, deberá llevar como mínimo, los implementos de seguridad establecidos en el Decreto Supremo Nº 234, de 2000, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes.
ARTÍCULO SEPTIMO: Las empresas que presten servicio de conducción de vehículos motorizados de dos, tres o cuatro ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares, cuya capacidad sea igual o inferior a 50 centímetros cúbicos con fines de entretención, deberán contar, además de los permisos exigidos por la ley, con un permiso Municipal que los autorice a otorgar el permiso especial referido en el artículo segundo, el cual tendrá una vigencia de 2 años.
En caso de no contar con el permiso especial referido en el inciso anterior, será responsable el representante legal de la empresa, quien deberá soportar las multas correspondientes”.
18. Moción de los diputados señores Farías , Ceroni , De Urresti , Espinosa, don Marcos ; Marinovic , Moreira , y de la diputada señora Sabat , doña Marcela .
Restringe la entrega de licencias clase C. (boletín N° 7425-15)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Consideraciones:
Considerando que el parque de motocicletas, motonetas, motos para todo terreno (de dos, tres o cuatro ruedas) y otros similares va en constante aumento, lo que se traduce en una cada vez mayor presencia de estos vehículos y sus ocupantes en la circulación vehicular.
Además, en la actualidad existe en el mercado, una oferta amplia de vehículos de dos, tres o cuatro ruedas. Lo anterior trae una demanda sin restricción, es así por ejemplo, que una persona puede adquirir un vehículo de dos, tres o cuatro ruedas de una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, sin tener ninguna experiencia en el manejo de estos vehículos, lo que puede traer como consecuencia accidentes de distinta índole.
Según estadísticas proporcionadas por la ANIM (Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas) que se dedica al estudio y difusión de los intereses económicos y tecnológicos del sector, en la actualidad existe un parque de motocicletas con permiso de circulación vigente de cerca de 90.000 permisos. Señalan además, que la importación de este tipo de vehículos se proyecta hacia el año 2014 en 55 mil unidades.
Otra estadística importante que destacar es la proporcionada por el Sistema Integrado Estadístico de Carabineros de Chile (SIEC 2) donde resalta el aumento de accidentes en la cual están involucradas motocicletas, aumentando año a año la cantidad de muertos o con consecuencias graves.
Los datos señalados, ponen en alerta, en razón de normar la capacidad de conducción de las personas que adquieren una motocicleta, motonetas, motos para todo terreno (de dos, tres o cuatro ruedas) y otros similares. Para esto es necesario, preparar a los motoristas para la conducción segura, modificando los requisitos de acceso a la conducción de los vehículos señalados.
Este proyecto, no tiene como fin poner término al aumento de siniestralidad, sino lo que pretende, es restringir la conducción de un vehículo motorizado de dos, tres o cuatro ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares, según la experiencia del conductor, es decir, establecer tramos en los cuales el poseedor de una licencia clase C, pueda ir aumentando su capacidad de conducir los vehículos señalados, en virtud de la experiencia en el manejo.
Para lo anterior, se establecería un cuadro que contiene tramos de cilindrada de los vehículos. Por ejemplo:
Primer tramo : 50 centímetros cúbicos a 125 centímetros cúbicos.
Segundo Tramo : 125 centímetros cúbicos a 500 centímetros cúbicos.
Tercer Tramo : 500 centímetros cúbicos a 750 centímetros cúbicos.
Cuarto Tramo : 750 centímetros cúbicos en adelante.
Así también, se establecería una nueva categoría de licencia de conducir clase C, por ejemplo:
Primer tramo : C1.
Segundo Tramo: C2.
Tercer Tramo : C3.
Cuarto Tramo : C4.
Para poder pasar de un tramo a otro, los conductores deberán estar en posesión de una licencia de conducir clase C a lo menos un año en cada categoría.
La autorización para pasar al tramo siguiente deberá realizarse en la misma Municipalidad en donde se extendió la licencia de conducir, por el solo hecho de acreditar la posesión de licencia de conducir por un periodo igual o superior a un año.
Para lo anterior, la licencia de conducir clase C deberá traer impreso el tramo al cual pertenece.
Por lo señalado anteriormente, los Diputados y Diputadas que suscriben vienen en presentar el siguiente Proyecto de Ley:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO: Para los efectos de esta Ley se establecerán tramos de autorización para la conducción de motocicletas, motonetas, motos para todo terreno (de dos, tres o cuatro ruedas) y otros similares. Lo anterior, en virtud de la cilindrada del vehículo y la experiencia del conductor.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para el establecimiento de los tramos, se utilizara la siguiente tabla:
Primer tramo : 50 centímetros cúbicos a 125 centímetros cúbicos.
Segundo Tramo : 125 centímetros cúbicos a 500 centímetros cúbicos.
Tercer Tramo : 500 centímetros cúbicos a 750 centímetros cúbicos.
Cuarto Tramo : 750 centímetros cúbicos en adelante.
ARTÍCULO TERCERO: La nomenclatura de cada tramo será el siguiente:
Primer tramo : C1.
Segundo Tramo: C2.
Tercer Tramo : C3.
Cuarto Tramo : C4.
ARTÍCULO CUARTO: Las licencias de conducir clase C establecidas en la Ley Nº 18.290, deberán contener visiblemente el tramo a que pertenece, según el cuadro que se señala en el artículo anterior.
ARTÍCULO QUINTO: En caso de que un conductor sea sorprendido conduciendo motocicletas, motonetas, motos para todo terreno (de dos o tres ruedas) y otros similares con una licencia de un tramo mayor será sancionado en los mismos términos como si no tuviera licencia de conducir.
ARTÍCULO SEXTO: La permanencia en cada tramo señalado en el artículo segundo, tendrá una duración de 1 año.
Una vez cumplido el plazo señalado en el inciso anterior, el titular de la licencia podrá acudir a la Municipalidad donde se extendió la licencia de conducir, para aumentar el tramo, sin más trámite que el hecho de acreditar la posesión de licencia de conducir por un periodo igual o superior a un año.
19. Moción de los diputados señores Sabag , Baltolu , Campos, Ortiz , Sauerbaum , Teillier , Van Rysselberghe , Velásquez , Verdugo, y de la diputada señora Pascal, doña Denise .
Modifica la ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, para fomentar el emprendimiento. (boletín N° 7426-26)
FUNDAMENTOS
Desde hace algunos años, el fomento al emprendimiento del pequeño y mediano empresario ha sido la preocupación central de los países en vías de desarrollo, tras haber encontrado en ellos el principal nicho de empleo y de crecimiento económico de las naciones. Numerosas investigaciones en el campo de la economía y del derecho dieron cuenta de esta realidad después de varios años, motivando la opción de modificar la reglamentación asociada al emprendedor –como persona individual y/o colectiva en algunos casos- y darle herramientas concretas para el desarrollo de sus proyectos. En este sentido, las experiencias extranjeras dieron cuenta que no sólo existía un beneficio individual en la modificación de la legislación en pos del emprendimiento, sino que ella constituía un aporte al bien social de la comunidad que va desde la generación de empleo hasta la posibilidad de entregar una mayor gama de bienes y servicios, cada vez más diversos y de mayor calidad a los consumidores.
Asimismo, la legislación además de ser concebida como una herramienta destinada a normar y dar certeza jurídica a las relaciones humanas, termina siendo absolutamente vinculante y útil en el ámbito de las relaciones comerciales. En este sentido, la figura de la “sociedad” y de “empresa” ha sido por décadas el motor principal del emprendedor, quien hasta hace algunos años sólo tenía la opción de asociarse con terceros para poder dar forma a la figura jurídica elegida y dar inicio a sus proyectos de la forma exigida por la ley. Sin embargo, las políticas societarias en el extranjero –y ahora en Chile- han tendido a facilitar el acceso de las personas naturales al mundo comercial, incorporando las sociedades unipersonales, entre otras figuras similares.
Las empresas individuales de responsabilidad limitada constituyeron el primer acercamiento a las nuevas exigencias que el mercado ya había sugerido años atrás en países más desarrollados. En efecto, la Ley Nº 19.857 que autorizó el establecimiento de esta persona jurídica fue principalmente motivada por la firma del Convenio de la Unión Europea, la cual dejó en evidencia la necesidad de adoptar una figura jurídica de estas características: Unipersonal y de formato simplificado.
Sin embargo, la praxis hizo ver que este tipo de empresas contienen una traba práctica bastante importante y que se traduce en la obligación de establecerles la actividad económica que será el objeto o giro de la empresa y el ramo o rubro específico en que se desempeñará, limitando de esta manera el ámbito de acción del empresario individual para desempeñar varias actividades a la vez, junto con exigir una serie de formalidades de constitución o de aplicación práctica que hacen más oneroso el inicio de las actividades, como por ejemplo, los costos de la escritura pública, inscripciones en Registro de Comercio , publicaciones en el Diario Oficial , entre otras.
El segundo paso en este tema lo constituyeron las Sociedades por Acciones las que, por su parte, contemplaron un instrumento jurídico principalmente enfocado a satisfacer las necesidades de la industria de capital de riesgo, destinada principalmente al desarrollo de proyectos con gran posibilidad de crecimiento en el corto plazo, pero de alto grado de inseguridad, vinculados generalmente con temas de innovación, transferencia tecnológica, entre otras materias. Sin embargo, este modelo no consideró necesariamente nuestra pequeña y mediana empresa en su concepción tradicional, por lo que si bien otorga una figura flexible que puede ser de bastante utilidad para el desarrollo de negocios, impone la exigencia de crear un estatuto muy completo al cual pocas veces puede tener acceso un emprendedor sin experiencia. Además de lo anterior, no goza de un buen régimen tributario que apunte a la reinversión u otras franquicias, siendo poco útil en la práctica para los emprendedores Pyme.
En este sentido, el surgimiento de las sociedades unipersonales en el ámbito internacional ha sido cada vez más aceptado, incluso por legislaciones con similar tradición jurídica que la nuestra. Esta situación se ha replicado rápidamente por numerosas legislaciones europeas, abarcando en poco tiempo la esfera global de numerosos países en vías de desarrollo, quienes han entendido de que la legislación debe ser una herramienta de ayuda en la constante evolución mercantil, modificándose inexorablemente a satisfacer las necesidades –siempre constantes y diversas- del mundo actual. Aunque esos acercamientos han ido por diferentes vías, tales como la creación de patrimonios de afectación, las empresas individuales o las mismas sociedades unipersonales, todas han apuntado hacia el mismo objetivo: facilitar y abaratar el emprendimiento privado.
La sociedad, entendida como la herramienta más común para el desarrollo del emprendimiento privado, constituye en términos económicos el principal instrumento de crecimiento en países globalizados como el nuestro. Lo anterior se entiende principalmente por las virtudes que de dicha figura se desprenden, como la separación de patrimonios, los regímenes tributarios que los afectan, entre otros beneficios.
El surgimiento empresarial ha sido generalmente conducido por personas naturales quienes han enfrentado –a lo largo del tiempo- un problema fundamental: Comprometer su patrimonio privado o embarcarse en un proyecto por alguna vía legal, mancomunando esfuerzos para obtener mejores beneficios. En nuestro país, la segunda opción derivó en las denominadas “sociedades de papel” por medio de las cuales dos o más personas participaban en la constitución de una sociedad sólo para cumplir los requisitos formales exigidos por la legislación, pero donde en la práctica, no existía un real ánimo asociativo.
Hoy en día parece no ser necesario seguir sobrellevando esa situación en nuestro ordenamiento, ya que el derecho –y sobre todo el mercantil- debe adecuarse y responder a la realidad y a las necesidades imperantes. En esta constante evolución, la normativa debe adaptarse y evolucionar de la mano con los cambios que la propia tecnología y la sociedad de la información han permitido en el último tiempo, en pos del progreso y acorde a las circunstancias actuales. Por ejemplo, la necesidad del trabajo mancomunado como fue concebida la sociedad en sus inicios ha sufrido un profundo cambio en las últimas décadas, no siendo gravitante el día de hoy la existencia de dos o más personas para la realización de un proyecto con objeto mercantil. Es más, hoy es posible prescindir de ese elemento con las instituciones que ya poseemos en nuestra legislación, a saber: Sociedad por Acciones y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
El proyecto que se presenta en este acto pretende modificar la Empresa de Responsabilidad Limitada (EIRL), reconociendo desde ya en ella un enorme paso dentro de nuestro Derecho Mercantil. En Chile, un importante porcentaje de las empresas surge mediante esta figura debido a la simplicidad de su estructura, su flexibilidad y los numerosos beneficios que entrega por la separación de patrimonios, constituyéndose en la principal herramienta de emprendimiento privado en nuestra legislación societaria.
Sin embargo, creemos que esta figura debe adecuarse a los tiempos y a las exigencias del mercado, no sólo nacional sino que global, dando la posibilidad de mejorar ciertos aspectos que han trabado la masificación de la misma. Es así como hoy, además de los costos en la constitución de las empresas individuales, ellas han enfrentado ciertos obstáculos en el ámbito bancario y financiero por la restricción legal que existe en el objeto o giro, siendo muchas veces rechazadas en su análisis jurídico por los departamentos legales de los bancos e instituciones financieras, obligando al emprendedor a incurrir en nuevos gastos para subsanar este aspecto.
Bajo este respecto, la filosofía que ha motivado la creación de este proyecto de ley pretende mejorar esta institución para lograr una cada vez mayor aceptación en nuestro mercado y una mejor proyección en el tiempo, haciéndolas más duraderas, útiles y accesibles para nuestros pequeños y medianos empresarios.
Bajo esta premisa, el proyecto pretende, como primer aspecto, permitir a las empresas individuales ser constituidas por personas naturales o jurídicas, modificando al efecto el artículo primero de la Ley Nº 19.857.- En este sentido, nuestra iniciativa pretende seguir el ejemplo que ya ha dado la Sociedad por Acciones la cual, si bien es cierto, apunta a otro tipo de emprendedores, busca en ello dar permanencia a los proyectos empresariales y permitir el desarrollo de ciertas áreas mediante la formación de conglomerados. Nos parece una excelente iniciativa poder abrir esta posibilidad, sobre todo tomando en cuenta los principios de certeza jurídica y no vulneración a derechos de terceros que a nuestro entender se seguirían respetando.
Otra de las modificaciones que pretenden introducirse por medio de este proyecto, contempla la posibilidad de que las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada sean constituidas por instrumento privado autorizado ante notario y posteriormente protocolizado ante dicho ministro de fe. El objetivo de dicha inclusión en el texto legal radica en darles la posibilidad a los pequeños y medianos empresarios de abaratar sus costos iniciales y facilitar los trámites de índole legal, disminuyendo los tiempos de los mismos y manteniendo los estándares legales que promueven la seguridad jurídica ante terceros.
En la práctica, los costos notariales y judiciales constituyen uno de los mayores gastos al momento de abrir y echar a andar una empresa, después de los trámites sanitarios, según las estadísticas nacionales, lo cual afecta enormemente la constitución de empresas individuales y el emprendimiento privado. Con nuestra iniciativa, este monto podría verse disminuido a cerca de la mitad en cuanto a los trámites estrictamente legales de constitución en este tipo de sociedades, lo cual beneficia directamente a los pequeños y medianos emprendedores. Asimismo, con esta modificación existirá una disminución en los tiempos de inscripción y publicación, dando la posibilidad de que las empresas inicien sus actividades formalmente en un plazo mucho menor al actual, junto con la simplificación y abaratamiento de los costos durante el desarrollo de la empresa en el tiempo, como por ejemplo la delegación de facultades otorgadas por el titular contempladas en el artículo noveno o la declaración de término señalada en el artículo décimo quinto, ambas de la ley en cuestión.
Finalmente, entendemos que nuestra ley mercantil ya ha dado un paso importante en esta materia con la Ley de Mercado de Capitales II, al posibilitar a las Sociedades por Acciones la constitución por instrumentos privados, lo cual ha dado excelentes resultados y ningún problema de certeza jurídica.
Asimismo, el proyecto contempla la modificación del artículo 4º de la Ley antes mencionada en lo relativo a las menciones mínimas que debe contener la escritura pública o instrumento privado de constitución. En este sentido, la reforma apunta a una serie de aspectos, a considerar:
1. La eliminación de la edad del constituyente, habida consideración a que el proyecto contempla que las empresas individuales sean constituidas por personas jurídicas; agregando la inclusión del Rol Único Tributario o documento de identidad, en su caso, siguiendo la línea de la modificación incluida en las Sociedades Anónimas que permite otorgar mayor certeza jurídica tanto en la constitución como en el extracto.
2. El nombre de la empresa, eliminando la mención del nombre y apellido del constituyente, sumado a la o las actividades económicas que constituyen el giro u objeto de la misma; exigiéndose ahora sólo la inclusión de las palabras “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o la abreviatura “E.I.R.L.” para dar solución concreta a un problema práctico que hasta ahora se presentaba: La extensión del nombre de este tipo de empresas hacía incurrir en gastos a los emprendedores y dificultaba algunos trámites administrativos, los cuales pueden ser fácilmente solucionados por medio de esta reforma.
3. Asimismo, el constituyente podrá señalar uno o varios objetos a desarrollar mediante su empresa, sin que necesariamente se afecten derechos de terceros ni se produzca confusión de patrimonios entre la empresa y el titular. De hecho, así lo ha reconocido nuestra legislación en el caso de las Sociedades por Acciones las cuales, además de poder ser unipersonales, contemplan la opción de uno o varios giros a desarrollar.
Por otro lado, se propone una modificación al artículo 5º de la Ley Nº 19.857, al incluir las menciones que debiesen incluirse en el extracto a inscribir y publicar, abaratando los costos del emprendedor al cumplir con las exigencias legales de constitución que hasta el día de hoy son relativamente onerosos. Es así como el proyecto incluye:
a) El nombre, apellidos, domicilio y Rol Único Tributario o documento de identidad del constituyente, tal como se ha utilizado -hasta hoy- en todas las sociedades de nuestra legislación comercial;
b) El nombre y domicilio de la empresa;
c) Las fechas de la escritura pública o de protocolización del instrumento privado, la fecha del extracto y el nombre y domicilio del Notario respectivo.
Para concluir, la modificación que se presenta por este acto contempla, como nuevo artículo 18º, el caso de la mujer casada en sociedad conyugal que no tiene patrimonio reservado, como sucede en una enorme cantidad de casos en nuestro país, donde muchas dueñas de casa con ánimo emprendedor buscan la opción de iniciar un proyecto comercial. La inclusión de esta norma nos parece un enorme aporte a la realidad chilena, pues considera un aspecto omitido en la ley primitiva y que sin duda promoverá la creación de nuevos ingresos para las familias de nuestro país.
Toda la maquinaria legislativa en los últimos años claramente está y, seguramente, seguirá apuntando a las pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo de ello es la reciente publicación de la Ley Nº 20.416 conocida como el “Estatuto de las Pymes”, constituyéndose en un claro ejemplo de la preocupación que existe en éste ámbito a nivel gubernamental y uno de los numerosos impulsos que, a futuro, pretenden mejorar el crecimiento económico, combatir el desempleo y propender al bien común.
Por lo anterior, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, nos hacemos cargo de esta necesidad, y teniendo en vista el emprendimiento, venimos a presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.857, sobre Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada:
1.-Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente: “Se autoriza a toda persona natural o jurídica el establecimiento de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada , con sujeción a las normas de esta ley.”
2.-Sustitúyese el artículo 3° por el siguiente: “La constitución se hará por escritura pública o instrumento privado autorizado ante Notario, en cuyo registro será protocolizado dicho documento, que se inscribirá y publicará con arreglo a los artículos 4º y 5º.”
3.-Sustitúyese el artículo 4° por el siguiente: “En la escritura o instrumento privado, el constituyente expresará a lo menos:
a- Su nombre, apellidos, nacionalidad, estado civil, domicilio y Rol Único Tributario o documento de identidad;
b- El nombre de la empresa, que deberá incluir las palabras “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o la abreviatura “E.I.R.L.”. Si el nombre de la empresa fuere idéntico o semejante al de otra ya existente, esta última tendrá derecho a demandar su modificación en juicio sumario.
c- El capital que se transfiere a la empresa, con la indicación de si se aporta en dinero o en especies y, en este último caso, el valor que les asigna;
d- La enunciación de él o de los objeto específicos de la empresa;
e- El domicilio de la empresa;
f- El plazo de duración de la empresa. Si nada se dice, se entenderá que su duración es indefinida.
4.- Sustitúyese el artículo 5° por el siguiente: “Un extracto de la escritura pública o instrumento privado protocolizado, autorizado por el Notario ante quien se otorgó la escritura o ante quien se protocolizó el respectivo instrumento, se inscribirá en el Registro de Comercio del domicilio de la empresa y se publicará por una vez en el Diario Oficial, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la escritura o protocolización del instrumento. El extracto deberá contener:
d) El nombre, apellidos, domicilio y Rol Único Tributario o documento de identidad del constituyente;
e) El nombre y domicilio de la empresa;
f) Las fechas de la escritura pública o de protocolización del instrumento privado, la fecha del extracto y el nombre y domicilio del Notario respectivo.
5.- Modifícase el inciso primero del artículo 8°, en el sentido de agregar al final del referido inciso, la frase siguiente: “Se presume que son obligaciones de su giro, las contraídas por el administrador, mandatario o gerente, bajo el nombre y representación de la misma.”
6.-odifícase el artículo 9°, en el sentido siguiente:
a) Sustitúyese, en el inciso segundo, las palabras “el objeto social” por “el o los objetos de la empresa”.
b) Reemplázase el inciso tercero, por el siguiente:
“El titular podrá otorgar mandatos generales o especiales para actuar a nombre de la empresa y designar uno más gerentes, mediante escritura pública o instrumento privado autorizado y protocolizado ante notario, que se inscribirá en el Registro de Comercio del domicilio de la empresa. Mandatarios y gerentes tendrán las facultades que se consignen en el referido documento.”
c) Sustitúyese el inciso cuarto, como sigue:
“Las notificaciones judiciales deberán practicarse al titular de la empresa o, indistintamente, a quien éste hubiere conferido poder para tal efecto”.
7.- Modifícase el artículo 10, en el sentido siguiente:
a) Sustitúyese el inciso primero,
como sigue: “Los actos y contratos que el titular de la empresa individual celebre con su patrimonio no comprometido en la empresa, por una parte, y con el patrimonio de la empresa, por la otra, sólo tendrán valor si constan por escrito y desde que se protocolicen ante notario público”
b) Elimínase el inciso segundo.
8.- Intercálase en el inciso tercero del artículo 15, entre la frase “escritura pública” e “inscribirse y publicarse con arreglo al artículo 6º”, la frase “o instrumento privado autorizado y protocolizado ante notario”.
9.- Incorpórese un nuevo artículo 18, pasando el actual artículo 18 a ser el nuevo artículo 19:
“Artículo 18.- Si quien constituyere una empresa individual de responsabilidad limitada fuere una mujer casada en régimen de sociedad conyugal que careciere de patrimonio reservado, no necesitará autorización de su marido para aportar bienes propios a la misma y las utilidades que retire de la empresa ingresarán al patrimonio reservado de la mujer”.
20. Moción de los diputados señores Van Rysselberghe , Bauer , Hasbún , Kast , Silva , Uriarte , Vilches , Von Mühlenbrock y Ward .
Obliga a las instituciones financieras a informar debidamente en toda acción publicitaria el costo financiero total de los créditos que ofrecen. (boletín N° 7427-03)
I. Fundamentos que justifican la propuesta
1. Existe consenso en entender que el principal mecanismo de protección de los consumidores es la mejora de la información a la que éstos puedan acceden para adoptar sus decisiones de consumo. Por ello, resulta esencial que los proveedores que promocionan y publicitan sus productos y servicios informen detalladamente las características esenciales de éstos;
2. La existencia de consumidores bien informados importa, consecuentemente, la generación de incentivos para que los proveedores presten y ofrezcan mejores servicios y productos;
3. De conformidad con el Ejecutivo , “es posible todavía percibir en algunos mercados asimetrías de información” en las relaciones de consumo. Ello, impide a los consumidores contar con información eficaz para evaluar los productos y servicios que se ofrecen en dichos mercados;
4. El mercado del crédito requiere de consumidores más educados e informados, de manera de permitir a éstos evaluar, entre otros factores, el costo de los créditos ofrecidos por los proveedores financieros;
5. Son múltiples los ejemplos de publicidad y promoción de créditos en el mercado que contienen defectos de información o, simplemente, omisiones;
6. Para la Organización de Consumidores y Usuarios, dichos defectos y omisiones son “prácticas que lamentablemente no contribuyen a mejorar el entendimiento de este tipo de servicios, sino que contribuyen a la confusión del público consumidor”;
7. La práctica más notoria la constituye la publicidad de créditos específicos, donde se consigna el monto del crédito ofrecido y de las cuotas, sin indicación del monto o importe final o total del crédito, factor fundamental al momento de evaluar y comparar productos de esta naturaleza;
8. Nuestra legislación no considera norma que de manera específica obligue a tal señalamiento por parte de los proveedores de créditos, sólo a nivel administrativo la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha dispuesto de disposiciones reguladoras de la publicidad, pero sólo destinada a los Bancos y referida a la garantía estatal a los depósitos y captaciones. Las demás normas sobre información vigentes son generales y buscan regular, principalmente, relaciones de consumo existente;
9. A diferencia de nuestro país, Argentina ha regulado de manera detallada la materia, obligando a las instituciones financieras a publicitar el “costo financiero total” de los créditos que ofrecen, tanto en recintos o sucursales de la institución como en prensa y medios escritos, radiales, televisivos y telefónicos, entre otros;
10. Medidas como las adoptadas por dicho país enriquecen la información del consumidor y, por ende, lo protegen, permitiéndole evaluar y comparar eficazmente las ofertas del mercado crediticio;
11. El establecimiento en chile de disposiciones como las descritas permitirían satisfacer de mejor manera las reglas de información establecida por la propia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que, entre otros materias, consignan: “los bancos deben velar porque la información que suministran al mercado sobre los productos financieros permita que los usuarios tengan la posibilidad de adquirir un conocimiento cabal sobre la materia y así puedan tomar las decisiones que consideren más adecuadas sobre la utilización de los servicios que les son ofrecidos”;
12. Normar de la manera descrita la materia en análisis, en orden a obligar a las instituciones financieras a señalar en la publicidad y promociones de sus operaciones de consumo el costo total de los créditos ofrecidos por dichos medios, supone modificar la Ley Nº 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, específicamente el párrafo 3°, del Título III de dicho cuerpo normativo, sobre crédito al consumidor, que si bien contempla normas sobre información mínima que el proveedor de una operación de consumo debe poner a disposición del consumidor, no contiene normas de publicidad de dichas operaciones; y
13. Al efecto, a continuación se propone incorporar un nuevo artículo al citado párrafo, destinado a exigir a dichas instituciones el señalamiento del costo total del crédito en sus acciones de publicidad y promoción.
II. Proyecto de Ley
ARTÍCULO ÚNICO.- Incorpórase el siguiente artículo 39-D nuevo a la Ley Nº 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:
“Toda acción publicitaria ejecutada a través de cualquier medio masivo o individual en que se promocionen créditos específicos, que haga mención al monto y plazo del crédito, y/o al monto de las cuotas del mismo, deberá informar el costo financiero total del crédito, otorgándole a éste un tratamiento, en cuanto a tipografía de la gráfica, duración, dicción, repeticiones y nivel de audición, que asegure una efectiva comunicación de dicho costo”.
21. Moción de los diputados señores Rojas, Ascencio , Calderón , Gutiérrez, don Hugo ; Hernández , Montes , Sandoval , Vilches , Von Mühlenbrock y Walker .
Modifica el artículo 70 de la ley General de Urbanismo y Construcción, que establece condiciones de áreas verdes, áreas de actividades deportivas y equipamiento. (boletín N° 7429-14)
“El presente texto se desarrolla a partir de una revisión de la situación actual de las exigencias de urbanización vigentes y la posibilidad de realizar una propuesta que estandarice y homologue las condiciones en que se concretan estos espacios.
I. Fundamento de la Iniciativa.
La calidad de vida de las personas esta condicionada por las características de los espacios en que habitan, su vivienda, su entorno inmediato, el barrio, entre otros y las posibilidades que este espacios puedan brindar.
El conjunto de estos lugares públicos van conformando el espacio urbano y construyendo la calidad de las ciudades que habitamos. Constituyen espacios para la integración, la convivencia, la diversión, el esparcimiento de cada uno de los habitantes y aspiramos a que sean desarrollados desde esta perspectiva.
Sin embargo, la realidad de estos espacios en nuestro país es asimétrica, existiendo lugares con alto grado de desarrollo y mantención en contraposición a otros que se nos presentan solo como espacios baldíos, que nunca fueron construidos como tales o que no recibieron la mantención adecuada y yacen abandonados.
La Ley General de Urbanismo y Construcción, contempla que en el proceso de urbanización de un terreno, se debe ceder de manera gratuita y obligatoriamente, una proporción de este para destinarlo a áreas verdes, área de actividades deportivas y equipamiento, sin embargo no se señalan las características y condiciones que ellos deben cumplir.
En el caso de los proyectos habitacionales que se postulan para que sus viviendas sean adquiridas mediante financiamiento del Estado por medio de un subsidio habitacional, tiene exigencias –señalados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre estas condiciones- relativas al tipo y cantidad de equipamiento urbano con que se debe contar. En los proyectos privados, la competencia entre los distintos empresas inmobiliarias que ofertan los conjuntos habitacionales, les hace competir y mejorar su equipamiento urbano, sin embargo ni en uno ni en otro caso existe un estándar que garantice espacios de calidad y seguridad para sus futuros ocupantes, lo que trae como consecuencia que los lugares y espacios urbanos sean de distintas características y proyección de vida útil.
Por otro parte, la administración de estos espacios recae en los municipios, quienes deben asumir las tareas y costos de su mantención de espacios que no fueron diseñados desde una perspectiva que garantizara la economía y durabilidad de la inversión que ellos representan, sino que responden a la inmediatez de venta o cumplimientos de exigencias de los proyectos, constituyéndose en una carga de difícil administración para estos estamentos.
No existen estándares que aseguren las condiciones mínimas de seguridad, integración y accesibilidad de estos espacios, que faciliten su conformación como espacios públicos de apropiación y convivencia para todos los habitantes, tanto desde la perspectiva del emplazamiento en el conjunto, como de las características propias del diseño de cada uno, que permitan su utilización segura e inclusiva por todos sus ocupantes, incluyendo quienes presentan algún tipo de discapacidad.
En este sentido no existe en nuestro país, un parámetro de calidad de los elementos que los conforman deban cumplir, ni como ellos se relacionada con su entorno vial. Tampoco sobre aspectos de seguridad entre ellos: formas, cantos, alturas, materiales, espacios para cada actividad, etc., lo que si ha sido desarrollado en otros lugares como Buenos Aires, Argentina y Castilla y León , España .
De manera local, los municipios han implementado ordenanzas que buscan suplir estos aspectos, sin embargo, se hace necesario que exista un norma de carácter nacional que homologue y haga equivalentes las distintas exigencias adaptándolas a las condiciones y características que presenta la realidad nacional, por ejemplo geográficas o climáticas, entre otras.
En este contexto, la presente propuesta, tiene por objetivo dotar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de las facultades para desarrollar a nivel normativo los parámetros con que se deben desarrollar estos espacios públicos y como implementar su mantención en el tiempo.
II. Propuesta de Modificación.
Se propone la modificación del en su artículo N° 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, de la siguiente forma:
Artículo 70.- En toda urbanización de terrenos se cederá gratuita y obligatoriamente las superficies que señale la Ordenanza General, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno original y que estarán destinadas al desarrollo de infraestructura para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y equipamiento. La ejecución de esta infraestructura corresponderá al urbanizador, para lo cual deberá ceñirse a los estándares que para dicho efecto establezca el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que considerarán, al menos, lo siguiente:
1. Ubicación de las distintas áreas requeridas (equipamiento, deporte y recreación, y equipamiento) dentro del conjunto, que aseguren accesibilidad, integración y seguridad.
2. Porcentajes mínimos de vegetación y/o sombra, según variables climáticas, económicas, tanto de implementación como de mantención, contemplados en relación a la superficie dispuesta.
3. Características y especies de los árboles y otras especies vegetales utilizables, cuando corresponda, en razón de las características del área, su seguridad, sus condiciones climáticas y sus requerimientos de mantención.
4. Características y condiciones en se permitirá el reemplazo de la vegetación por otro tipo de materiales en las zonas denominadas áreas verdes.
5. Características y número de los implementos urbanos con los que debe contar según su superficie, y población usuaria, tales como bancas, basureros, kioscos, etc.
6. Porcentaje de las áreas verdes que deberán ser dispuestas para actividades deportivas y recreacionales.
7. En el caso de actividades recreacionales: Características y ubicación de los juegos infantiles y/o deportivos, las materialidades utilizables, sus condiciones de seguridad y mantención, y la proporción entre el número potencial de usuarios y los cupos ofrecidos por los juegos dispuestos.
8. En el caso de actividades deportivas: Características de las superficies, implementación mínima, cierros perimetrales, etc. que permitan asegurar su uso adecuado y seguridad.
9. Características de las superficies, tanto de aquellas destinadas a la circulación y equipamiento, como aquellas destinadas a áreas de juego.
10. Instalaciones básicas que se debe disponer, tales como iluminación artificial y/o agua potable para el riego, considerando la dotación de medidores independientes para cada uno de los usos dispuestos.
11. Medidas de seguridad de las zonas de equipamiento y/o áreas verdes en relación a su ubicación, tales como rejas perimetrales de seguridad, pasos para peatón, reductores de velocidad, entre otros.
12. Requerimientos que debe contener la planimetría para el desarrollo de estos espacios, y documentación que debe incluir para su aprobación para la obtención del Permiso de Loteo en el municipio respectivo.
13. Incentivos para aquellos proyectos que contemplen en su implementación, condiciones que faciliten su mantención como luminarias solares, sistemas de riego, etc. que reduzcan los costos de mantención para los municipios.
14. Plan y periodicidad de las mantenciones.
Si el instrumento de planificación territorial correspondiente contemplare áreas verdes de uso público o fajas de vialidad en el terreno respectivo, las cesiones se materializarán preferentemente en ellas. La municipalidad podrá permutar o enajenar los terrenos recibidos para equipamiento, con el objeto de instalar las obras correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados.
La exigencia establecida en el inciso primero será aplicada proporcionalmente en relación con la intensidad de utilización del suelo que establezca el correspondiente instrumento de planificación territorial, bajo las condiciones que determine la Ordenanza General de esta ley, la que fijará, asimismo, los parámetros que se aplicarán para las cesiones cuando se produzca crecimiento urbano por densificación”.
22. Moción de las diputadas señoras Zalaquett , doña Mónica ; Cristi , doña María Angélica ; Nogueira , doña Claudia ; Sabat , doña Marcela , y de los diputados señores Hasbún , Moreira , Pérez, don Leopoldo ; Salaberry y Silva .
Modifica el artículo 385, del Código Procesal Penal, en lo relativo al recurso de nulidad, con el objeto de agregar como causal que permita invalidar solo la sentencia, la de haberse impuesto una pena inferior a la que legalmente correspondía. (boletín N° 7430-07)
OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
La idea central de la iniciativa es modificar el Código Procesal Penal, agregando al articulo 385 una nueva causal, con el fin de facultar a la víctima a presentar recurso de nulidad cuando estime que la pena impuesta al imputado es inferior a la que corresponde, sin que por ello, una vez acogido el recurso, se deba anular el juicio oral realizado, sino que únicamente la sentencia, posibilidad que actualmente sólo le esta dada al imputado.
Este proyecto de ley tiene por principal objetivo evitar la victimización secundaria que se produce en los afectados al verse obligados a repetir el juicio y de revivir su papel, enfrentándose nuevamente a su agresor y exigiéndosele que recuerde en repetidas ocasiones los hechos tal y como sucedieron, lo que genera un impacto emocional negativo para ella, y sentimientos de injusticia e incertidumbre.
ANTECEDENTES
La regla general en materia de nulidad procesal penal es que, una vez acogida, ésta deja sin efecto la sentencia y el juicio, cualquiera sea la causal invocada.
La legislación chilena contempla en el articulo 385 una excepción en que la declaración de nulidad deja sin efecto sólo la sentencia. Las causales que pueden dar lugar a este efecto se relacionan con vicios que no se refieren a formalidades del juicio ni a los hechos o circunstancias que se dieran por probados, sino que se trata de vicios que se han generado con la resolución del tribunal y que se señalan en la ley de manera taxativa:
-Si el fallo hubiere calificado de delito un hecho que la ley no considera tal.
-Si se hubiera aplicado una pena no debiéndose aplicar pena alguna.
-Si se hubiera aplicado una pena superior a la que legalmente correspondía.
Cabe señalar que en la historia fidedigna de la ley N° 20.074, que introdujo el inciso final del artículo 385, manifestó el señor Fiscal Nacional que el artículo 385 da lugar a la nulidad de la sentencia por circunstancias que sólo interesa alegar a la defensoría. En cambio, si el recurrente es la fiscalía, en virtud del artículo 386 la nulidad afectará también al juicio oral, el que deberá repetirse, lo cual inhibe a los fiscales de ejercer este recurso.
Así, es posible afirmar que las causales que dan lugar a la anulación únicamente de la sentencia van en beneficio directo del imputado, ya que si es la víctima quién desea recurrir ante la Corte de Apelaciones por que estima que la pena impuesta es inferior a la que corresponde, debe estar dispuesta a repetir el juicio oral. Por ende, la víctima en la mayoría de los casos, aunque no este de acuerdo, prefiere conformarse con la pena.
Resulta evidente que en este caso nos encontramos ante una situación de victimización secundaria, la cuál consiste en la respuesta que da el sistema a una víctima, mediante la cual la hace de nuevo revivir su papel de tal. Esta vez no es sólo víctima de un delito, sino de una serie de circunstancias anexas, tales como la duración del proceso penal, exigiéndosele a la víctima que recuerde en repetidas ocasiones los hechos tal y como sucedieron, sin que se tengan en cuenta, los efectos del paso del tiempo, la distorsión propia de la afectividad del momento, los propios efectos de la burocracia, los inconvenientes materiales y laborales para la víctima, derivados de las múltiples comparecencias, la reacción ante entornos físicos y sociales desconocidos, así como los procedimientos utilizados y sus fines.
En el caso del juicio oral se dan dos nuevas circunstancias, por un lado los procedimientos a seguir, desconocidos por la victima; por otro lado se da un nuevo contacto con el agresor, que resulta amenazante e intimidante para fa víctima
Otro aspecto es la narración de los hechos por parte de la víctima, durante el juicio oral, donde se ejerce presión por, parte de los defensores, con el fin de restarle credibilidad al testimonio de esta, hasta el punto en el que se señala a la victima de haber causada su propia victimización, dejando a un lado el deseo de esta por expresarse y ser comprendida en su testimonio.
En consecuencia, a nuestro entender, no parece razonable que el artículo 385 no contemple como excepción el caso de que la pena impuesta sea inferior a la solicitada, debiendo la víctima pasar por un nuevo juicio oral en el caso de que no este de acuerdo 9, en otras ocasiones prefiere conformarse atendido al desgaste y dolor que le causaría repetir un nuevo juicio.
En tal virtud, estimamos que debe modificarse el artículo 385 del Código Procesal Penal relativo al recurso de nulidad, a fin de que se incluya entre las causales que permiten a la Corte dejar sin efecto sólo la sentencia, el caso de que se hubiera aplicado una pena inferior a la que legalmente correspondía.
En mérito a las consideraciones expuestas, venimos en someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO 1: Modifíquese el artículo 385 del Código Procesal Penal del modo que sigue:
Agréguese en el inciso primero entre las palabras “superior” y “a” las palabras “o inferior”.