Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Roberto Delmastro Naso
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- German Verdugo Soto
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Matias Walker Prieto
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Alejandro Santana Tirachini
- PERMISO
- DEBATE
- XII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Denise Pascal Allende
- PETICIÓN DE OFICIO : Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Montes Cisternas
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
- PETICIÓN DE OFICIO
- David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Accorsi Opazo
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Pepe Auth Stewart
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Pablo Letelier Morel
- Alejandro Navarro Brain
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN
- FUSIÓN DE PROYECTOS.
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- REAJUSTE DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. Observación del Presidente de la República.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Joaquin Godoy Ibanez
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- REAJUSTE DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. Observación del Presidente de la República.
- VI. HOMENAJE
- HOMENAJE AL 40° ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN LEGISLATIVA DE LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- HOMENAJE : Patricio Alejandro Hales Dib
- HOMENAJE : Juan Carlos Latorre Carmona
- HOMENAJE : Juan Luis Castro Gonzalez
- HOMENAJE : Lautaro Carmona Soto
- HOMENAJE : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- HOMENAJE AL 40° ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN LEGISLATIVA DE LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- SUPRESIÓN DE MEDIDAS DE AGENDA AL IMPULSO COMPETITIVO. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Lautaro Carmona Soto
- Joaquin Godoy Ibanez
- Edmundo Eluchans Urenda
- Matias Walker Prieto
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Carolina Goic Boroevic
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUPRESIÓN DE MEDIDAS DE AGENDA AL IMPULSO COMPETITIVO. (Preferencia).
- VIII. INCIDENTES
- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CÍVICO EN PUERTO MONTT. Oficios.
- MEDIDAS PARA EVITAR EL PAGO DE COSTOS DE LA DEMOLICIÓN DE INMUEBLES. Oficio.
- RECONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE COMUNA DE SAN CLEMENTE, REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CAMBIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN PROYECTO GABRIELA MISTRAL, DE CODELCO. Oficio.
- ADHESION
- Andrea Molina Oliva
- David Sandoval Plaza
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR MALTRATOS A INTERNOS DEL HOGAR PEQUEÑO COTTOLENGO DE QUINTERO. Oficios
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- David Sandoval Plaza
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Bertolino Rendic
- ADHESION
- UNIFORMIDAD DE CRITERIOS EN ENTREGA DE RECURSOS A JARDINES INFANTILES EN REGIÓN DE AYSÉN. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- ANTECEDENTES SOBRE DESTITUCIÓN DE PROFESIONAL DE LA SALUD EN COMUNA DE RÍO NEGRO, PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN EMITIDOS POR ESCUELA SAN ANDRÉS, DE TEGUALDA, Y LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS EN COMUNA DE FRESIA. Oficios
- INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS PRÁCTICAS ANTISINDICALES CONTRA TRABAJADORES DE PLANTA MINERA HIERRO ATACAMA. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- DENUNCIAS POR MALTRATO Y ABUSO EN COLEGIO SUBVENCIONADO ROBERT PACE, DE PUERTO MONTT. Oficio
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES DE LA MINERA BARRICK. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE NUEVA MODALIDAD DE TURNOS ACORDADA ENTRE EL SINDICATO NACIONAL METALÚRGICO INDUSTRIAL Y LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 7. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social relativo a la participación de parte de sus diputados miembros en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2011).
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Felipe Salaberry Soto
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Ernesto Silva Mendez
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Mario Bertolino Rendic
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Rosauro Martinez Labbe
- Cristian Monckeberg Bruner
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Leopoldo Perez Lahsen
- Karla Rubilar Barahona
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jose Manuel Edwards Silva
- Rosauro Martinez Labbe
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Cristian Monckeberg Bruner
- Leopoldo Perez Lahsen
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- German Verdugo Soto
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Arenas Hodar
- Eugenio Bauer Jouanne
- Gustavo Hasbun Selume
- Javier Hernandez Hernandez
- Carlos Recondo Lavanderos
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Romilio Gutierrez Pino
- Javier Hernandez Hernandez
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Felipe Ward Edwards
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Claudia Nogueira Fernandez
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Celso Rene Morales Munoz
- Jose Ramon Barros Montero
- Romilio Gutierrez Pino
- Gustavo Hasbun Selume
- Ivan Norambuena Farias
- Manuel Rojas Molina
- David Sandoval Plaza
- Ernesto Silva Mendez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 7. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social relativo a la participación de parte de sus diputados miembros en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2011).
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 54ª, en martes 12 de julio de 2011
(Ordinaria, de 11.13 a 15 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, y Bertolino Rendic, don Mario.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- HOMENAJE
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 15
II. Apertura de la sesión 19
III. Actas 19
IV. Cuenta 19
- Acuerdos de los Comités 19
- Prórroga de plazo a Comisión 20
- Fusión de proyectos 20
V. Orden del Día.
- Reajuste del ingreso mínimo mensual. Observación del Presidente de la República 21
VI. Homenaje.
- Homenaje al 40° aniversario de la aprobación legislativa de la nacionalización del cobre 44
VII. Proyectos de acuerdo.
- Supresión de medidas de agenda al impulso competitivo. (Preferencia) 62
VIII. Incidentes.
- Construcción de centro cívico en Puerto Montt. Oficios 63
- Medidas para evitar el pago de costos de la demolición de inmuebles. Oficio 64
- Reconstrucción de plantas de tratamiento de aguas servidas y alcantarillado en localidades de comuna de San Clemente, Región del Maule. Oficios 65
- Información sobre eventual cambio de gestión y administración en proyecto Gabriela Mistral, de Codelco. Oficio 66
- Adopción de medidas por maltratos a internos del Hogar Pequeño Cottolengo de Quintero. Oficios 67
- Uniformidad de criterios en entrega de recursos a jardines infantiles en Región de Aysén. Oficios 67
IX. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 70
- Antecedentes sobre destitución de profesional de la salud en comuna de Río Negro, provincia de Osorno. Oficios 70
- Información sobre certificados de promoción emitidos por Escuela San Andrés, de Tegualda, y licencias de conducir expedidas en comuna de Fresia. Oficios 71
Pág.
- Investigación de presuntas prácticas antisindicales contra trabajadores de Planta Minera Hierro Atacama. Oficios 71
- Denuncias por maltrato y abuso en colegio subvencionado Robert Pace, de Puerto Montt. Oficio 72
- Información sobre diversas actuaciones de la minera Barrick. Oficios 74
- Información sobre nueva modalidad de turnos acordada entre el Sindicato Nacional Metalúrgico Industrial y la Dirección del Trabajo. Oficio 75
X. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Crea el examen de excelencia profesional docente y la asignación de excelencia pedagógica inicial”. (boletín N° 7784-04). (120-359) 76
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Hace exigible el uso de chalecos reflectantes como medida de seguridad para los automovilistas.”. (boletín N° 7175-15). (318-359) 82
3. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea el Ministerio de Desarrollo Social.”. (boletín N° 7196-06) 82
4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia mandatada como “Investigadora de las eventuales responsabilidades políticas o administrativas en el incendio del Centro de Detención Preventiva de San Miguel” 90
5. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en las observaciones de S.E. Presidente de la República, con urgencia “discusión inmediata”, que “Reajusta monto del ingreso mínimo mensual.”. (boletín N° 7737-05) 200
6. Informe Complementario del segundo informe de la Comisión de Micro, Pequeña y Mediana Empresa recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Modifica ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, para fomentar el emprendimiento.”. (boletín N° 7426-26) 203
7. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, relativo a la participación de parte de sus Diputados miembros en la 100° Reunión de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los días 13 al 17 de julio de 2011, en Ginebra - Suiza 211
8. Moción de los diputados señores García, don René Manuel; Bertolino, Browne, Cardemil, Martínez, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás; Pérez, don Leopoldo, y de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla, y Sabat, doña Marcela, que “Modifica la Ley del Tránsito, en materia de Registro de Vehículos Motorizados”. (boletín N° 7778-15) 213
Pág.
9. Moción de los diputados señores García, don René Manuel; Cardemil, Edwards, Martínez, Monckeberg, don Nicolás; Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo; Sauerbaum, Verdugo y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que “Impide a las Instituciones de Salud Previsional modificar los planes de salud sin el consentimiento expreso de los afiliados”. (boletín N° 7779-11) 215
10. Moción de los diputados señores Arenas, Bauer, Hasbún, Hernández, Recondo, Van Rysselberghe, Vilches y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José; Molina, doña Andrea, y Zalaquett, doña Mónica, que “Incorpora un nuevo artículo 17 bis, a la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, restringiendo a un año el contrato con empresas de seguridad”. (boletín N° 7781-03) 216
11. Moción de los diputados señores Gutiérrez, don Romilio; Hernández, Macaya, Morales, Norambuena, Ward, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José; Molina, doña Andrea; Nogueira, doña Claudia, y Zalaquett, doña Mónica, que “Sanciona con mayor gravedad el robo o hurto de material pedagógico y tecnológico desde establecimientos educacionales”. (boletín N° 7780-07) 217
12. Moción de los diputados señores Morales, Barros, Gutiérrez, don Romilio; Hasbún, Norambuena, Rojas, Sandoval, Silva, Urrutia y de la diputada señora Molina, doña Andrea, que “Establece un seguro obligatorio por daños personales para aquellos deportistas que practiquen deportes considerados extremos”. (boletín N° 7782-29) 219
13. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados copia de la resolución recaída en requerimiento del Presidente de la República sobre modificación introducida por el Senado al artículo 197 bis del Código del Trabajo (crea permiso postnatal). Rol 2025-11-CPT. (6280). (boletín N° 7526-13) 220
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Petición de 40 señores diputados quienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de “la Comisión Especial de la Juventud con el objeto de hacer un diagnóstico relativo a las condiciones que rodean a los jóvenes en el Chile de hoy destacando sus principales intereses, valores y problemas a los que se deben enfrentar, revisar el diagnóstico efectuado en su momento por la Comisión Especial sobre el tema constituida en el año 2002, con el objeto de verificar si en diez años se han cumplido las promesas planteadas, y proponer una agenda de políticas públicas sectoriales para los jóvenes, en concordancia con los ministerios sociales. Para el cumplimiento del propósito la Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 180 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
2. Notas:
- Del diputado señor Delmastro, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 08 de julio próximo pasado, para dirigirse a Italia.
- Del diputado señor Chahín, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 07 de julio próximo pasado, para dirigirse a Argentina.
- Del diputado señor Verdugo, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 07 de julio próximo pasado, para dirigirse a México.
- Del diputado señor Walker, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 07 de julio próximo pasado, para dirigirse a México.
- Del diputado señor Santana, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 07 de julio próximo pasado, para dirigirse a Italia.
3. Oficios:
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que conceda un nuevo plazo de 14 días para tratar y despachar el proyecto que “Modifica la ley N° 19.946, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de permitir la solicitud de indemnización por daño moral en las demandas colectivas”, boletín N° 6904-03.
- De la Comisión Investigadora de extracción ilegal de aguas y áridos de los ríos del país, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para realizar sesiones ordinarias simultáneamente con la Sala los días Miércoles de 11:00 a 12:00 horas.
- De las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Drogas y Especial de Deportes, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N°s .5877-07;6055-25, 6175-25, 6205-25, 6210-25, 7229-07, 7251-07, 7509-07, 7600-25, 7603-25, 7718-25, 7721-25 y 7741-25.
Respuestas a oficios Cuenta 54ª
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar sobre la factibilidad de materializar el proyecto para construir un Centro de Salud Familiar en la localidad de Tegualda, en la comuna de Fresia. (814 al 3449).
- Proyecto de Acuerdo 368, “Solicita a S.E. el Presidente de la República una propuesta que permita el cálculo permanente y automático del salario mínimo.” (902).
- Proyecto de Acuerdo 367, “Solicita a S.E. el Presidente de la República la formación de una mesa de trabajo destinada a la búsqueda de soluciones a la brecha en materia de ingresos.” (904).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Chahín, Solicita informar sobre los perjuicios que se habrían ocasionados a los ahorrantes de las Asociaciones de Fondos de Pensiones chilenas, a consecuencias del eventual fraude bursátil cometido por Supermercados Santa Isabel S.A., reconocido como tal, en un acuerdo celebrado el año 2006 en una Corte Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, por el Grupo Royal Ahold, quien fuera propietario de dicha empresa. (15708 al 3333).
- Diputado Chahín, Solicita informe sobre el proyecto de diseño de un nuevo puente sobre el río Traiguén, comuna de Victoria, particularmente respecto de las alternativas de emplazamiento consideradas (320 al 3059).
- Diputado Bertolino, Solicita realizar una investigación en el Servicio de la Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, remitiendo sus conclusiones a esta Cámara, en relación con la entrega del subsidio diferenciado a la localización en los proyectos habitacionales Vista Bella I y Vista Bella II, en la comuna de Ovalle. (323 al 3089).
- Diputado Morales, Solicita entregar recursos especiales a las municipalidades, para los efectos de dotar a las familias que recibieron mediaguas, en el marco de las medidas de emergencias generadas a partir del sismo de 27 de febrero de 2010, de elementos de impermeabilización (328 al 3151).
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
- Proyecto de Acuerdo 314, ?Apoyo de Chiledeportes al Rodeo?. (7073).
Servicios:
- Diputado Carmona, Razones por las que la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional aceptó como válidos los estudios de impacto ambiental sobre la central termoeléctrica que se ubicará en la Hacienda Castilla, de la provincia de Copiapó, realizados por el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, entidad que no cuenta con la certificación del Instituto Nacional de Normalización. (349 al 3538).
- Diputado De Urresti, Solicita disponer se fiscalice y se apliquen, eventualmente, las sanciones a que haya lugar, por el vertimiento ilegal de residuos en la Ruta T-613, en el sector de la cuesta Santa Elvira, en la Región de Los Ríos. (899 al 1502).
XII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Delmastro, Contaminación ocasionada por las emanaciones de humo que genera una industria localizada en la Avenida España, del barrio Las Ánimas, de la ciudad de Valdivia, y, adopte las medidas que correspondan para poner término a la mencionada situación. (3773 de 05/07/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre la factibilidad de instalar, a la brevedad, señales de tránsito y aparatos reductores de velocidad en la Ruta CH 203, en el sector urbano de la comuna de Lanco, en la Región de Los Ríos, sin perjuicio que, para una mejor decisión, disponga se evalúe en terreno la necesidad y urgencia de lo requerido. (3774 de 05/07/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado De Urresti, Solicita informar acerca de las razones por las que la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región de Los Ríos solicita, para proveer un reemplazo por licencia de maternidad, ser periodista de una determinada universidad, también, sobre si esta exigencia se corresponde con la política ministerial en la materia, además, si se remitieron a otras instituciones de educación superior, amén de la señalada, antecedentes para la postulación, y, finalmente, de las medidas e instrucciones dispuestas para evitar estos hechos, eventualmente discriminatorios, y de las resueltas para aclarar el caso materia de este oficio. (3775 de 05/07/2011). A Ministerio Secretaría General de Gobierno.
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado del proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro, perteneciente a la empresa Colbún, además, acerca de sus antecedentes y de las fiscalizaciones y demás acciones tendientes a garantizar su calidad y seguridad técnica, también, en relación con la factibilidad de revocar el permiso ambiental que se le ha otorgado, y, por último, respecto de las modificaciones presentadas al proyecto original por la mencionada empresa y la eventualidad de exigir un estudio o declaración de impacto ambiental. (3776 de 05/07/2011). A Ministerio Medio Ambiente.
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el estado del proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro, perteneciente a la empresa Colbún, además, acerca de sus antecedentes y de las fiscalizaciones y demás acciones tendientes a garantizar su calidad y seguridad técnica, también, en relación con la factibilidad de revocar el permiso ambiental que se le ha otorgado, y, por último, respecto de las modificaciones presentadas al proyecto original por la mencionada empresa y la eventualidad de exigir un estudio o declaración de impacto ambiental. (3777 de 05/07/2011). A Intendente de la Región de Los Ríos.
- Diputado Delmastro, Pago de beneficios al señor Carlos Orlando Márquez Muñoz, quien fuera exonerado por el Ministerio de Obras Públicas, el 30 de septiembre de 1979 y calificado como tal, según resolución N° 979, del 9 de febrero de 2009 (3778 de 05/07/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputada Pascal doña Denise, Cantidad exacta de internos cuyo traslado se ha ordenado, en el último año, a la cárcel de Talagante, con indicación del tiempo de condena que resta cumplir a estos reclusos, las razones que motivaron su traslado, y, si se contemplan otros traslados, en el futuro, al mismo recinto. (3779 de 05/07/2011). A Ministerio de Justicia.
- Diputado Rivas, Informe a esta Cámara sobre los organismos u organizaciones que conforman la mesa multilateral de trabajo que prepara un proyecto de ley destinado a fortalecer el Ministerio Público, aumentando su dotación de funcionarios, y, las conclusiones a las que ha llegado a la fecha. (3780 de 05/07/2011). A Ministerio de Hacienda.
- Diputada Girardi doña Cristina, Solicita remitir el detalle de las preguntas formuladas en las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), realizadas en los últimos tres años. (3781 de 05/07/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado Delmastro, Solicita considerar la posibilidad de otorgar una pensión de vejez o de viudez, o cualquier otro beneficio que mejore la precaria situación socioeconómica del señor Félix Flández Molina, y, además, para que informe a esta Corporación, acerca de los derechos que asisten a esta persona respecto de los fondos acumulados o sobre la pensión que favorecía a quien fuera su cónyuge. (3794 de 06/07/2011). A Director Nacional del Instituto de Previsión Social .
- Diputado Montes, Reitera su petición de informe sobre diversos aspectos relacionados con las transacciones celebradas, durante 2010, con las empresas concesionarias, en el marco de las demandas interpuestas ante las Comisiones Conciliadoras y Arbitrales y ante la Ilustrísima Corte Suprema, y que fuere formulada en oficio N° 3262 (3809 de 07/07/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir la nómina de los médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y conductores de ambulancias que se desempeñan en el departamento de Salud Municipal, o su equivalente, con señalamiento de sus grados, o de aquel al que se encuentran asimilados, de la naturaleza jurídica de la relación contractual, de sus remuneraciones, de la antigüedad, y, del número de horas mensuales de trabajo. Además, para que informe el porcentaje del presupuesto global del municipio que representa el asignado a la mencionada repartición y, dentro de éste, el destinado al pago de remuneraciones. (3810 de 07/07/2011). A Municipalidad de Puerto Octay.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir la nómina de los médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y conductores de ambulancias que se desempeñan en el departamento de Salud Municipal, o su equivalente, con señalamiento de sus grados, o de aquel al que se encuentran asimilados, de la naturaleza jurídica de la relación contractual, de sus remuneraciones, de la antigüedad, y, del número de horas mensuales de trabajo. Además, para que informe el porcentaje del presupuesto global del municipio que representa el asignado a la mencionada repartición y, dentro de éste, el destinado al pago de remuneraciones. (3811 de 07/07/2011). A Municipalidad de Los Muermos.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir la nómina de los médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y conductores de ambulancias que se desempeñan en el departamento de Salud Municipal, o su equivalente, con señalamiento de sus grados, o de aquel al que se encuentran asimilados, de la naturaleza jurídica de la relación contractual, de sus remuneraciones, de la antigüedad, y, del número de horas mensuales de trabajo. Además, para que informe el porcentaje del presupuesto global del municipio que representa el asignado a la mencionada repartición y, dentro de éste, el destinado al pago de remuneraciones. (3812 de 07/07/2011). A Municipalidad de Puyehue.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir la nómina de los médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y conductores de ambulancias que se desempeñan en el departamento de Salud Municipal, o su equivalente, con señalamiento de sus grados, o de aquel al que se encuentran asimilados, de la naturaleza jurídica de la relación contractual, de sus remuneraciones, de la antigüedad, y, del número de horas mensuales de trabajo. Además, para que informe el porcentaje del presupuesto global del municipio que representa el asignado a la mencionada repartición y, dentro de éste, el destinado al pago de remuneraciones. (3813 de 07/07/2011). A alcalde de Río Negro.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir la nómina de los médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y conductores de ambulancias que se desempeñan en el departamento de Salud Municipal, o su equivalente, con señalamiento de sus grados, o de aquel al que se encuentran asimilados, de la naturaleza jurídica de la relación contractual, de sus remuneraciones, de la antigüedad, y, del número de horas mensuales de trabajo. Además, para que informe el porcentaje del presupuesto global del municipio que representa el asignado a la mencionada repartición y, dentro de éste, el destinado al pago de remuneraciones. (3814 de 07/07/2011). A Municipalidad de Purranque.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir la nómina de los médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y conductores de ambulancias que se desempeñan en el departamento de Salud Municipal, o su equivalente, con señalamiento de sus grados, o de aquel al que se encuentran asimilados, de la naturaleza jurídica de la relación contractual, de sus remuneraciones, de la antigüedad, y, del número de horas mensuales de trabajo. Además, para que informe el porcentaje del presupuesto global del municipio que representa el asignado a la mencionada repartición y, dentro de éste, el destinado al pago de remuneraciones. (3815 de 07/07/2011). A Municipalidad de Llanquihue.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir la nómina de los médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y conductores de ambulancias que se desempeñan en el departamento de Salud Municipal, o su equivalente, con señalamiento de sus grados, o de aquel al que se encuentran asimilados, de la naturaleza jurídica de la relación contractual, de sus remuneraciones, de la antigüedad, y, del número de horas mensuales de trabajo. Además, para que informe el porcentaje del presupuesto global del municipio que representa el asignado a la mencionada repartición y, dentro de éste, el destinado al pago de remuneraciones. (3816 de 07/07/2011). A Municipalidad de Puerto Varas.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir la nómina de los médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y conductores de ambulancias que se desempeñan en el departamento de Salud Municipal, o su equivalente, con señalamiento de sus grados, o de aquel al que se encuentran asimilados, de la naturaleza jurídica de la relación contractual, de sus remuneraciones, de la antigüedad, y, del número de horas mensuales de trabajo. Además, para que informe el porcentaje del presupuesto global del municipio que representa el asignado a la mencionada repartición y, dentro de éste, el destinado al pago de remuneraciones. (3817 de 07/07/2011). A Municipalidad de Frutillar.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir la nómina de los médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y conductores de ambulancias que se desempeñan en el departamento de Salud Municipal, o su equivalente, con señalamiento de sus grados, o de aquel al que se encuentran asimilados, de la naturaleza jurídica de la relación contractual, de sus remuneraciones, de la antigüedad, y, del número de horas mensuales de trabajo. Además, para que informe el porcentaje del presupuesto global del municipio que representa el asignado a la mencionada repartición y, dentro de éste, el destinado al pago de remuneraciones. (3818 de 07/07/2011). A Municipalidad de Fresia.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar sobre la situación que afecta a más de 180 pequeños y medianos propietarios agrícolas que habitan en las comunas de Osorno y Puyehue, entre Cañal Bajo y el sector de La Poza, que serán afectados, eventualmente, por expropiaciones de sus terrenos, a consecuencias de obras que realizará el Ministerio de Obras Públicas, y, además, acerca de los montos pagados por concepto de expropiaciones en la Región de Lagos, en especial en las provincias de Osorno y Llanquihue, durante los últimos 5 años, con motivo de obras realizadas también por ese ministerio, con especial mención de los relativos a expropiaciones realizadas por trabajos ejecutados en el tramo Cascadas-Ensenada, en las comunas de Puerto Octay y Puerto Varas, y, finalmente, para que, si lo tiene a bien, designe un equipo de expertos que se reúna con los vecinos del primer sector señalado, con el propósito de dar una justa solución a sus demandas. (3827 de 07/07/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Ascencio, Situación que afecta a los vecinos de la Villa Río Pudeto, de Ancud, quienes sufren por la contaminación que causa el rebalse de las fosas sépticas, y adopte las medidas necesarias para solucionar este problema. (3849 de 08/07/2011). A Municipalidad de Ancud.
- Diputado Ascencio, Situación que afecta a los vecinos de la Villa Río Pudeto, de Ancud, quienes sufren por la contaminación que causa el rebalse de las fosas sépticas, y adopte las medidas necesarias para solucionar este problema. (3850 de 08/07/2011). A Intendencias.
- Diputado Ascencio, Facilitar la conectividad de la provincia de Palena con el resto del territorio nacional, a fin que sus habitantes efectúen sus traslados con comodidad y cuenten con servicios que aseguren desplazamientos en una frecuencia acorde con sus necesidades. (3851 de 08/07/2011). A Intendencias.
- Diputado Ascencio, Facilitar la conectividad de la provincia de Palena con el resto del territorio nacional, a fin que sus habitantes efectúen sus traslados con comodidad y cuenten con servicios que aseguren desplazamientos en una frecuencia acorde con sus necesidades. (3852 de 08/07/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Ascencio, Facilitar la conectividad de la provincia de Palena con el resto del territorio nacional, a fin que sus habitantes efectúen sus traslados con comodidad y cuenten con servicios que aseguren desplazamientos en una frecuencia acorde con sus necesidades. (3853 de 08/07/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Ascencio, problema que afecta a un total de 61 personas pertenecientes a la comunidad Huilliche del Fundo Coihuín, de Compu, quienes fueron sometidos a un tratamiento dental inconcluso desarrollado por la Clínica Dental Móvil del Servicio de Salud de Chiloé y requieren acceder a prótesis dentales. (3854 de 08/07/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Monckeberg don Cristián, Deuda total, liquidada al mes de junio del presente año, de la cartera de la ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos, administrada por el Instituto de Previsión Social. (3855 de 08/07/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Monckeberg don Cristián, Forma en que se desglosan las remuneraciones de los altos ejecutivos de la Corporación Nacional de Cobre, desde el 1 de enero de 2010, sin señalar montos específicos, la naturaleza de los bonos, y, en el evento de entregarse bonos por productibilidad o relacionados con resultados o utilidades, su periodicidad y la moneda utilizada para su pago. (3856 de 08/07/2011). A presidente ejecutivo de la Corporación del Cobre.
- Diputado Monckeberg don Cristián, Forma en que se desglosan las remuneraciones de los altos ejecutivos de la Corporación Nacional de Cobre, desde el 1 de enero de 2010, sin señalar montos específicos, la naturaleza de los bonos, y, en el evento de entregarse bonos por productibilidad o relacionados con resultados o utilidades, su periodicidad y la moneda utilizada para su pago. (3857 de 08/07/2011). A Ministerio de Minería.
- Diputado Rojas , Diputado Sandoval, Recursos asignados con cargo al “Fondeporte” a las siguientes instituciones deportivas: Club Atlético Guanaqueros, Club Deportivo Unión Magdalena, Club Deportivo Los Gallos Blancos y Asociación Deportiva Regional Red Sport, y, remita los antecedentes que respecto de cada una solicita. (3858 de 08/07/2011). A Ministerio Secretaría General de Gobierno.
- Diputado Sandoval, Niveles de rendimiento y la calidad de la educación que se entrega a los alumnos de la escuela unidocente de Puerto Bertrand, de Aysén. (3859 de 08/07/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado Sandoval, Créditos otorgados y los respectivos cobros de comisiones e intereses, que efectúan las Cajas de Previsión Social, así como los descuentos que realizan a los pensionados afiliados a través del pago que se realiza en el Instituto de Previsión Social. (3860 de 08/07/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Ascencio, Problema que afecta a un total de 61 personas pertenecientes a la comunidad Huilliche del Fundo Coihuín, de Compu, quienes fueron sometidos a un tratamiento dental inconcluso desarrollado por la Clínica Dental Móvil del Servicio de Salud de Chiloé y requieren acceder a prótesis dentales, cuyo financiamiento correspondería al Gobernador . (3861 de 08/07/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar sobre la suspensión del subsidio al transporte aéreo en la provincia de Palena y, también, acerca de las medidas que se adoptarán para solucionar, a consecuencias de la interrupción de mencionado beneficio, el acceso al transporte aéreo de los habitantes de la zona afectada, por demás la única vía eficiente de transportación entre sus localidades, y entre estas y la capital regional. (3862 de 08/07/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Van Rysselberghe, Solicita reiterar el oficio N° 3084 de esta Corporación, de 29 de abril de 2011 y, en definitiva, se remita a esta Cámara la información requerida, relacionada con la administración de los recursos provenientes del Fondo Organización Regional de Acción Social en la Gobernación de Concepción. (3864 de 08/07/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Accorsi, Solicita informar sobre las circunstancias e implicancias del acuerdo adoptado por la Sociedad Sanitaria Lago Peñuelas de enajenar 667 hectáreas de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, ubicado en la Región de Valparaíso y declarado, además, Reserva Mundial de la Biósfera. (3865 de 08/07/2011). A Ministerio Medio Ambiente.
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita informar sobre los contratos de “lease back”, de hipotecas y “leasing”, celebrados, durante los últimos seis años, por el municipio a su cargo, respecto de bienes municipales, con señalamiento de las fechas de suscripción, montos involucrados, sesión del Concejo en que fueron aprobados y el detalle de la votación correspondiente, asimismo, acerca de los contratos suscritos entre esa municipalidad y la empresa “Gubbins Arquitectos Consultores Limitada”, con especial mención de su objeto, fecha de celebración, honorarios, y demás antecedentes relevantes. (3866 de 08/07/2011). A alcalde de Peñalolén .
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar sobre las razones por las que no se entrega suplemento de calcio en consultorios y hospitales, no obstante ser recetado con frecuencia a pacientes de sexo femenino en dichos establecimientos, y, en todo caso, en el evento que dicho suplemento se distribuya, señale las cantidades, periodicidad y lugares de distribución. (3867 de 08/07/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar sobre las razones por las que no se entrega suplemento de calcio en consultorios y hospitales, no obstante ser recetado con frecuencia a pacientes de sexo femenino en dichos establecimientos, y, en todo caso, en el evento que dicho suplemento se distribuya, señale las cantidades, periodicidad y lugares de distribución. (3868 de 08/07/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informar sobre el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, por parte de la Sociedad Constructora Gómez Recabarren Limitada, para adjudicarse la licitación pública del proyecto denominado “Reposición Escuela República Argentina D-159, Comuna de Quillota”. (3869 de 08/07/2011). A Contraloría General de la República .
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita remitir información relacionada con los recursos destinados a enfrentar la emergencia hídrica en la Región de Valparaíso. (3870 de 08/07/2011). A Director Regional Onemi Valparaíso.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita remitir la nómina del personal del Departamento de Salud, de planta y a contrata, que recibió el bono de desempeño colectivo, en los años 2008 y 2009. (3871 de 08/07/2011). A Municipalidad de La Calera.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informar sobre la factibilidad de otorgar la Beca Presidente de la República al señor Nicolás Sulantay Oyanedel, alumno de enseñanza media del Colegio Francisco de Miranda de la ciudad de Quilllota. (3872 de 08/07/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado Auth, Informe a esta Cámara, sobre la factibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en los juicios civiles y criminales iniciados contra los propietarios de los edificios Don Tristán y Don Luis, de la comuna de Maipú, o, inicie sus propias acciones para resarcir el gasto del fisco. (3873 de 11/07/2011). A Consejo de Defensa del Estado.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron, además, los ministros de Hacienda , don Felipe Larraín, y de la Secretaría General de Gobierno, doña Ena Von Baer.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Pedro Araya, Giovanni Calderón, Guillermo Ceroni, Roberto Delmastro, Pablo Lorenzini y Alejandro Santana.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.13 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 48ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 49ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Patricio Melero, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Tomar conocimiento de las tablas de la semana, documento que se acompaña en anexo.
2. Fijar la votación del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual a las 13.00 horas.
3. En la sesión especial del miércoles 13 de julio, que tiene por objeto “discutir las implicancias del proyecto de central hidroeléctrica Río Blanco-Ensenada y, en especial, las consecuencias derivadas de las lí-neas de alta tensión que la empresa Hidroensenada S.A. proyecta instalar en las comunas de Puerto Varas y Puerto Montt, con una franja de 50 kilómetros de longitud, en una zona considerada de alta relevancia medioambiental, por su rica biodiversidad de especies nativas, y el posible impacto turístico para la zona, en la Región de Los Lagos, a la que han sido citados los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Energía y del Medio Ambiente, se acordó autorizar el ingreso del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental , señor Ignacio Toro.
4. Considerar con preferencia, en la sesión de hoy martes 12 de julio, el proyecto de acuerdo que solicita suprimir los puntos 18, 23, 24, 25, 26 y 27 del conjunto de medidas de impulso competitivo.
5. Considerar con preferencia, en la sesión del miércoles 13 de julio, el proyecto de acuerdo que manifiesta la preocupación respecto de la situación del escritor venezolano Alejandro Peña Esclusa.
6. Considerar con preferencia, en la sesión del jueves 14 de julio, el proyecto de acuerdo N° 372, que postula al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales a la actriz Delfina Guzmán Correa.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , no tengo ninguna objeción respecto de que la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento acuerde que en tal sesión ingresará a la Sala equis persona; pero entiendo que autorizar dicho ingreso es atribución de la Sala, por unanimidad, y no de la Comisión de Régimen Interno; por tanto, ésta no puede tomar un acuerdo de esa naturaleza.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, el acuerdo fue adoptado por los Comités y no por la Comisión de Régimen Interno. El Reglamento establece que si el acuerdo es unánime, la Sala está obligada a respetarlo. Si no lo es, se puede objetar. El artículo 61 dispone: “Ningún Diputado podrá oponerse a los acuerdos a que hayan llegado los Jefes de los Comités con el Presidente de la Cámara , cuando hayan sido adoptados por todos ellos y por unanimidad.”.
Es la forma como hemos procedido en esta materia.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , sólo dejo constancia -no quiero entrar en una discusión mayor- de que, en mi opinión, esa disposición es válida para los acuerdos que puede tomar la Comisión de Régimen Interno. En este caso, adoptó un acuerdo sobre algo en lo que no tiene atribuciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Sobre el punto, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , apoyo plenamente lo que ha planteado el diputado Latorre . Lo contrario significaría que de ahora en adelante sólo los Comités adoptarán decisiones, sin consultar a la Sala, sobre materias que a ésta le competen. Existen asuntos que solamente la Sala debe resolver por unanimidad y punto. Eso es así.
El señor MELERO ( Presidente ).- El Reglamento establece un procedimiento económico, que supone que los acuerdos unánimes de los Comités representan a la Sala en plenitud. No obstante, lo relativo al ingreso de personas a la Sala podemos discutirlo en la próxima reunión de Comités.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN
.
El señor MELERO ( Presidente ).- La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicita que se le conceda un nuevo y único plazo de dos semanas para tratar y despachar el proyecto que modifica la ley N° 19.946, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de permitir la solicitud de indemnización por daño moral en las demandas colectivas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor MELERO ( Presidente ).- La Comisión Investigadora sobre la extracción ilegal de aguas y áridos en los ríos del país solicita autorización para celebrar sus sesiones ordinarias los miércoles de cada semana, de 11.00 a 12.00 horas, simultáneamente con la Sala.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
FUSIÓN DE PROYECTOS.
El señor MELERO ( Presidente ).- Las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Drogas y Especial de Deportes solicitan la autorización de la Cámara para refundir los proyectos que figuran en el punto 8) de la Cuenta, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Las Comisiones dejaron constancia de que se consultó a los autores de las mociones, en cumplimiento de lo señalado en el mandato legal.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En consecuencia, con la venia de la Sala las mociones refundidas se radicarán en las Comisiones Unidas.
-o-
El señor MELERO ( Presidente ).- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 229 del Reglamento, 40 señores diputados solicitan la creación de la Comisión Especial de la Juventud.
El objeto de la Comisión es analizar un estudio relativo al actual momento que vive la juventud en Chile y proponer una agenda de políticas públicas sectoriales para los jóvenes en concordancia con los ministerios sociales.
Hago presente que para crear la Comisión Especial se requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados en ejercicio, es decir, 61 votos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente: por la afirmativa, 60 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
V. ORDEN DEL DÍA
REAJUSTE DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. Observación del Presidente de la República.
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde considerar la observación sustitutiva formulada por su excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Joaquín Godoy.
Antecedentes:
-Observaciones del Presidente de la República , boletín N° 7737-05, sesión 53ª, en 7 de julio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5, de esta sesión.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor GODOY (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el veto de su excelencia el Presidente de la República formulado al proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.
Para hacer un poco de memoria, daré a conocer algunos antecedentes de la tramitación del proyecto y luego me referiré a su texto final.
En sesión de fecha 21 de junio pasado, la Cámara aprobó la idea de legislar del proyecto en informe, como también sus artículos 1º, 2º, 3º y 4º, elevando en 4,7 por ciento el ingreso mínimo mensual para los trabajadores del sector privado, las asignaciones familiares y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y el subsidio familiar para personas de escasos recursos establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020.
Por su parte, el honorable Senado, en sesión de 22 de junio de 2011, también aprobó la idea de legislar y los artículos 3º y 4º -que pasaron a ser 1º y 2º, respectivamente- del proyecto aprobado por la Cámara de origen, enmiendas que a su turno fueron rechazadas por ésta en sesión de igual fecha.
Constituida el 5 de julio, la Comisión Mixta, encargada de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, se abocó al conocimiento de una proposición del Ejecutivo destinada a tal objeto, similar en contenido a las observaciones de que trata el presente informe, sin alcanzar acuerdo sobre la forma y modo de resolver las dificultades. Esta circunstancia fue comunicada al Presidente de la República con fecha 6 de julio, para los efectos del inciso segundo del artículo 71 de la Constitución Política.
Finalmente, habiendo informado el Presidente de la República a la honorable Cámara su decisión de no hacer uso de la facultad que le confiere el mencionado artículo 71 de la Carta Fundamental, el mismo día 6 de julio le fue remitido para su promulgación el proyecto de ley parcialmente aprobado por el Congreso Nacional, en lugar de lo cual el Primer Mandatario , en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución, devolvió el citado proyecto a la Cámara de origen, con la siguiente propuesta de veto:
Artículos 1°, 2°, 3° y 4°
Para sustituir los actuales artículos 1° y 2° del proyecto de ley, por los siguientes artículos 1°, 2°, 3° y 4°:
“Artículo 1°.- Elévase, a contar del 1° de julio de 2011, de $ 172.000 a $ 182.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, de $ 128.402 a $ 135.867 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 110.950 a $ 117.401.
Artículo 2°.- Reemplázase, a contar del 1 de julio del año 2011, los incisos primero y segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.987, por el siguiente:
“Artículo 1º.- A contar del 1 de julio del año 2011, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario:
1) De $ 7.170 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 187.515;
2) De $ 5.064 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 187.515 y no exceda los $ 307.863;
3) De $ 1.600 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 307.863 y no exceda los $ 480.162.
4) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 480.162 no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo.”.
Artículo 3°.- Fijase en $ 7.170 a contar del 1 de julio del año 2011, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020.
Artículo 4°.- El mayor gasto que represente durante el año 2011 la aplicación de los artículos 2º y 3° de la presente ley, se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.”.
Finalmente, en sesión de la Comisión de Hacienda, el veto sustitutivo fue rechazado.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Godoy, Macaya , Monckeberg, don Nicolás ; Recondo , Silva y Von Mühlenbrock . Votaron por la negativa los diputados señores Marinovic , Ortiz y Rincón. Se abstuvieron los diputados señores Andrade , Auth y Jiménez .
El informe financiero contiene un cambio en relación con el costo del proyecto, el cual durante el segundo semestre del presente año asciende a 9.005 millones de pesos. Para el 2012, los recursos serán provistos en la respectiva Ley de Presupuestos.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión general el veto.
Hago presente a los señores diputados que en forma simultánea a la presente sesión la Comisión de Salud está votando el proyecto de ley que exime, total o parcialmente, de la obligación de cotizar para salud a los pensionados que indica. El señor ministro de Hacienda fue autorizado para ausentarse unos minutos de esta instancia a fin de participar en dicha Comisión, luego de lo cual se reincorporará a la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor presidente , ha-cía muchísimos años que el Presidente de la República no debía enviar un veto sustitutivo al Congreso. Ello se debe a un aspecto muy específico.
Cuando fue candidato, el actual Presidente de la República habló de sueldos dignos, y el año pasado hizo un planteamiento a través de su ministro de Hacienda , vocero del Gobierno en materia económica, que nos gustó. Expresó que había disposición y voluntad para conformar una comisión técnica con el objeto de poner término al debate sobre el salario mínimo y de estudiar un procedimiento permanente en la materia.
Se formó la comisión, a cuyas primeras dos reuniones asistieron dos representantes de la Central Unitaria de Trabajadores. Pero este año, cuando en función de tres variables planteadas por dichos representantes debía darse a conocer la proposición al Ejecutivo , éstos no estuvieron presentes en la instancia respectiva. Esa comisión pensaba que el salario mínimo, que al 30 de junio del presente año se planteaba en 172 mil pesos, debía aumentarse en 4,4 por ciento.
¿Qué hizo el Ejecutivo? Ingresó un proyecto de ley mediante el cual se aumentaba el monto a 180 mil pesos.
Comenzamos la discusión en la Comisión de Hacienda. Debatimos con argumentos. Escuchamos la posición del ministro de Hacienda , quien planteó algo que quiero rebatir por cuarta vez durante la tramitación constitucional de este proyecto. No es verdad que si se aumenta mucho el salario mínimo se generará cesantía, por algo muy específico: el rendimiento de la Operación Renta, proceso que culminó hace aproximadamente 40 días, significó un aumento de casi el 26 por ciento de los ingresos en el país, lo cual da una señal potente en el sentido de que los empresarios medianos y pequeños, en general los que producen empleo, están pasando por un buen momento económico, situación de la que nos alegramos infinitamente.
Más aún, 30 días atrás, el Banco Central cambió la proyección del crecimiento del país para 2011 a casi el 7 por ciento. Y cuando se anunció el 7,1 por ciento, el empresariado expresó que sus expectativas eran que a diciembre del presente año se llegara al 8 por ciento.
Se trata de cifras espectaculares. Lo ha reiterado el Ejecutivo , porque en realidad son logros que durante el año cuatro meses de gobierno alcanzó gracias a la seriedad con que se condujo la política económica del país durante los 20 años de la Concertación.
¿Pero cuál es el problema?
Por un lado, se expresa que este momento económico es el más espectacular, pero, por otro, no se avanza en lo que para nosotros es un asunto de equidad social.
Después de rechazar los 180 mil pesos en la Comisión de Hacienda, por 7 votos en contra y 6 a favor, durante el primer trámite constitucional, el Ejecutivo ofreció en esta Sala 181.500 pesos, lo cual se aprobó con una diferencia de 4 votos.
El proyecto se despachó al Senado, que le introdujo modificaciones, las que fueron rechazadas posteriormente por la Cámara de Diputados, lo cual llevó a la formación de una comisión mixta.
Nosotros siempre planteamos al Gobierno, luego de escuchar al Presidente llamar a una gran unidad nacional, que más que nunca se necesitaba llegar a un acuerdo debido al nivel de desaprobación de que era objeto toda la clase política.
Sin embargo, en la comisión mixta prácticamente no se conversó.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , ha terminado el tiempo de cinco minutos de su primer discurso.
Puede continuar en el tiempo de cinco minutos de su segundo discurso.
El señor ORTIZ.- Sí, señor Presidente.
Reitero, no se conversó, en circunstancias de que deseábamos lograr un acuerdo.
Planteamos una indicación para llegar a 190 mil pesos. Como no tenemos facultad constitucional para presentar ese tipo de propuestas, obviamente, la declararon inadmisible. Esperábamos que el monto se aumentara a 185 mil pesos, lo que representaba un aumento real de 7 por ciento.
En la comisión mixta, el Gobierno propuso un aumento de 500 pesos, vale decir, una cifra total de 182 mil pesos, con lo cual ascendió a 5,8 el porcentaje del ingreso mínimo mensual.
¿Con qué realidad nos encontramos?
Ocurrió algo que ha sido poco habitual: no se logró resolver la divergencia entre la Cámara y el Senado; no hubo proposición de la Comisión Mixta. Sólo quedaba el veto sustitutivo, mediante el cual, en este régimen presidencialista, esperábamos que el Presidente dispusiera un monto de a lo menos 183 mil pesos. Pero no fue así.
Ayer, en la Comisión de Hacienda, nuevamente rechazamos la propuesta del Ejecutivo de establecer un monto de 182 mil pesos. ¿De qué se nos acusa? De que seremos los responsables de que no haya aumento del ingreso mínimo. Pero nosotros no gobernamos el país. El país lo gobierna una coalición encabezada por el Presidente de la República , que tiene la facultad para mejorar esa cifra. No se puede desconocer algo fundamental. Es cierto que el IPC de mayo de 2010 a mayo de 2011 es de un 3,3 por ciento; es una realidad. Pero no se sabe cuál va a ser la inflación en los próximos doce meses.
En una exposición que hizo ante un grupo de empresarios, el señor Roberto Méndez , presidente de Adimark , reconoció que el país está pesimista porque ve expectativas de inflación. Señaló el aumento del precio de los limones, en 52 por ciento; del pasaje en Metro, en 32 por ciento; de la palta, en 32 por ciento; de la carne de vacuno, en 23 por ciento; del pan, en 17 por ciento; del azúcar, en 17 por ciento; de las verduras, en 16 por ciento; del cerdo, en 14 por ciento; del pescado, en 14 por ciento; de la carne de cordero, en 13 por ciento. Además, dio a conocer la cifra en que se ha incrementado el costo del transporte y de la calefacción en estos últimos doce meses.
En Chile hay alrededor de 600 mil personas cuyos ingresos son de 1 a 1,2 salarios mínimos. No se puede decir que con esto se pone un bajón a las posibles negociaciones colectivas de los próximos meses, porque quienes reciben el salario mínimo no tienen ninguna posibilidad de conformar sindicatos y llevar a cabo una negociación colectiva. La inmensa mayoría de esas 600 mil personas tampoco tiene la posibilidad de capacitarse ni de proyectarse hacia arriba, como corresponde a todo ser humano.
Por eso, en función de los antecedentes que hemos entregado en todos los trámites constitucionales, aviso, notifico y doy a conocer que no vamos a ser responsables si se rechazan los 182 mil pesos del salario mínimo propuesto por el Gobierno, porque siempre está la parte creativa desde el punto de vista legislativo, a la cual se puede recurrir cuando de verdad se quiere buscar una salida.
Por eso, anuncio que los diputados democratacristianos vamos a votar en contra de los 182 mil pesos como salario mínimo propuesto por el Ejecutivo para un grupo tan importante de trabajadores.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , el Gobierno, a través del ministro de Hacienda , propuso hace unas semanas un reajuste que llevaba el salario mínimo de 172 mil pesos a 180 mil pesos. Ese proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero fue rechazado en particular, porque a la mayoría de los miembros de dicha Comisión le parecía insuficiente que el salario mínimo aumentara menos que lo que estaba creciendo el país, en el entendido de que el salario mínimo es el piso a partir del cual se constituye la arquitectura salarial chilena y, en el contexto de la discusión sobre el ingreso ético familiar, es el piso a partir del cual se constituye dicho ingreso. Mientras más pequeño sea el salario mínimo, más grande tendrá que ser el subsidio estatal para llegar al ingreso ético. Evidentemente, quien piense que el mayor objetivo del ingreso ético debe ser la retribución digna al trabajador por su aporte al desarrollo, debe creer que hay que incrementar el salario mínimo en todo lo que sea posible.
La defensa vigorosa del ministro de Hacienda en la Comisión se reblandeció luego, cuando necesitó un puñado de votos de independientes y del PRI para conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados. Y ascendió el monto del ingreso mínimo en 1.500 pesos, para llegar de 180 mil pesos a 181.500 pesos, con lo cual consiguió una leve mayoría en este Hemiciclo.
Luego, en la Comisión Mixta, el Gobierno hizo un gesto: incrementó en 500 pesos la oferta anterior, lo que, naturalmente, aún dejaba por debajo el incremento del salario mínimo respecto del crecimiento esperado de Chile. Pero el gesto de elevar en 500 pesos más el salario mínimo para conseguir la mayoría de los senadores parecía mínimo, considerando que había hecho un incremento de 1.500 pesos para conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados.
Probablemente, esta es la principal de las negociaciones salariales que se hacen en Chile, donde las tasas de sindicación y de negociación colectiva son extremadamente bajas. Por ello, la negociación del salario mínimo se constituye en una referencia no sólo para aquellos que directamente reciben dicho salario, sino para prácticamente la gran mayoría de los asalariados. No por nada el salario mínimo representa el 64 por ciento de la mayor parte de los salarios de los chilenos en los tiempos presentes.
En la Comisión Mixta rechazamos el incremento propuesto por el Gobierno, con lo cual se produjo un empate que llevó al rechazo del proyecto, porque quisimos trasladar la responsabilidad de entregar un salario mínimo inferior al crecimiento esperado de Chile al propio Presidente de la República y a su Gobierno.
Sinceramente, pensamos que en el veto sustitutivo el Gobierno iba a incorporar el gesto que esperábamos, en orden a pasar de 5,8 por ciento a sobre el crecimiento esperado del país. Pero, lamentablemente, la tozudez del Gobierno o la voluntad de no aparecer haciendo concesiones para conseguir el acuerdo mayoritario, hizo que en el veto se mantuviera exactamente la misma cifra rechazada en la Comisión Mixta.
Por esa razón, porque el Gobierno ha insistido en un incremento del salario mínimo inferior al crecimiento de Chile y porque este incremento hará que el próximo año el país sea un poco más desigual que éste, no podemos concurrir a su aprobación. Lamentamos la falta de disposición a llegar a acuerdos del Presidente de la República y su Gobierno, ya que si el veto hubiera contenido una cifra significativa, probablemente se habría conseguido la unanimidad para aprobar este reajuste tan esperado por los chilenos.
Por las razones señaladas, no vamos a concurrir a su aprobación. Naturalmente, no podemos votar en contra porque hay cientos de miles de chilenos que esperan un incremento de su salario, por mínimo que sea. Sin embargo, reitero, no vamos a concurrir a aprobarlo y le diremos al país: “Éste es el reajuste al salario mínimo que quiso el Gobierno del Presidente Piñera, que es inferior al que se necesita y al que hoy Chile puede entregar, en consideración a las buenas condiciones de empleo, de crecimiento y de salud económica existentes.”. Chile puede más y el Presidente Piñera pudo haber reajustado bastante más el salario mínimo.
Por eso, entregamos toda la responsabilidad sobre este incremento del salario mínimo al Presidente de la República , y los diputados de la bancada del Partido por la Democracia no concurriremos con nuestros votos a aprobarlo, pero tampoco a rechazarlo, porque no pretendemos impedir que los trabajadores de Chile reciban un reajuste, por mínimo que éste sea. Por lo tanto, nos vamos a abstener masivamente en la votación.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente , lamentablemente, estamos repitiendo por tercera vez consecutiva el mismo debate que hemos tenido en el último mes en la Cámara.
Siempre hemos reclamado porque es un debate que se repite año tras año. Pero, no sólo reclamamos porque tenemos que hacer la misma discusión, sino porque los argumentos utilizados cambian, de acuerdo con la conveniencia y la posición política que se tenga en determinado momento. En verdad, esto es muy lamentable porque habla muy mal de la Cámara y del debate político que llevamos a cabo en nuestro país.
Algunos diputados plantean que el reajuste que ofrece el Ejecutivo y que estamos discutiendo es mezquino y muy inferior al que se podría otorgar. Es obvio que todos quisiéramos que el reajuste del salario mínimo fuera mucho más alto que el que se está ofreciendo aquí. Pero también es cierto que, con un mínimo de responsabilidad, debemos reconocer que los reajustes del salario mínimo tienen efectos especialmente negativos para lo que pretendemos hacer con nuestra sociedad, en particular, con los trabajadores.
Nosotros planteamos la hipótesis de que un salario mínimo del nivel que se plantea no produce desempleo o no representa una amenaza para quienes buscan trabajo, en particular, para quienes pertenecen a los estratos más jóvenes; pero, el diputado señor Ortiz ha afirmado con mucha propiedad que el incremento del salario mínimo muy por sobre la productividad del país no afectaría el empleo y que sería falsa una argumentación en el sentido contrario. En realidad, no se trata de una hipótesis, sino de hechos bastante comprobados, al punto de que todos los economistas serios del país y del mundo afirman que un ingreso mínimo muy por sobre la productividad de la mano de obra, evidentemente, afecta el empleo. Si no fuera así, no habría un tratamiento diferenciado, por ejemplo, para los menores de 18 años; si no existiera tal diferenciación, tendríamos un salario mínimo único, caso en el cual no estaríamos reconociendo que la mano de obra de los menores de 18 años es de baja productividad. Por lo tanto, si mantenemos un salario mínimo único para todos los trabajadores, los menores no tendrían posibilidad alguna de acceder al mundo laboral.
En esta misma línea, recojo un planteamiento formulado durante la discusión anterior, en cuanto a debatir más a fondo, tal vez, el próximo año, la posibilidad de establecer un salario mínimo diferenciado, de manera que los trabajadores menores de 24 años recibieran un monto equivalente, por ejemplo, al 70 ó 75 por ciento del que estamos fijando para los trabajadores, en general. Esto porque, de acuerdo con todas las cifras que conocemos, también es evidente que a quienes más golpea el alto nivel de desempleo es a los jóvenes menores de 24 años, en particular, a los que pertenecen a los quintiles 1 y 2, es decir, a los más vulnerables, a aquellos que tienen menos capacitación y, por lo tanto, constituyen mano de obra menos productiva. Este sector está siendo afectado con tasas de desempleo por sobre el 40 por ciento.
Por lo tanto, ¿qué estamos reconociendo implícitamente? Que si fijamos un salario mínimo muy alto, la mano de obra menos productiva tendrá menos posibilidades de acceder al sector laboral. Entonces, lo que estamos haciendo es establecer un reajuste de 10 mil pesos: de 172 mil a 182 mil pesos, que significa un porcentaje de 5,8 por ciento.
Quienes sostienen que este reajuste es mezquino, no decían lo mismo en años anteriores, cuando estuvieron en el gobierno y siempre propusieron reajustes inferiores o muy cercanos al que se está planteando hoy. ¿Por qué actuaron así cuando eran gobierno? Ellos daban los mismos argumentos que estamos dando nosotros ahora, es decir, que existe una relación directa entre la productividad y el nivel del salario mínimo que se está estableciendo. Si no fuera así -quiero insistir en esto-, durante el debate que llevamos a cabo en 2009, el diputado Ortiz no habría dicho que se llegó a ese acuerdo -en ese momento se había llegado a un acuerdo sobre la base de un porcentaje muy similar o inferior al que se está proponiendo ahora-, con el objeto de mantener el empleo. Es decir, sostuvo una tesis exactamente contraria a la que mantiene en esta oportunidad.
Lo lamentable de todo esto no es que tengamos que repetir permanentemente el mismo debate y que utilicemos los mismos argumentos, sino que, dependiendo de la posición política que tengamos en determinado momento, los cambiemos. Creo que con esto le hacemos un daño al debate político que efectuamos en la Cámara.
Por último, este reajuste toma en consideración algo que estoy seguro de que es muy importante para todos: la situación de la pequeña y la mediana empresa. Todos estamos conscientes de que este sector sufre y ha sufrido grandes dificultades para mantener su viabilidad, porque le estamos incorporando, permanentemente, nuevos costos y, por esta vía, las estamos empujando hacia la informalidad. Así, si quieren mantenerse en la formalidad, es muy difícil que puedan conservar su viabilidad. De acuerdo con cifras que todos hemos tenido en nuestros escritorios durante los debates, son las pymes las que concentran el mayor número de trabajadores: el 70 por ciento, que reciben el salario mínimo.
De manera que cuando planteamos que es posible aumentar el salario mínimo a los niveles que, probablemente, todos desearíamos, estamos poniendo en serio riesgo la viabilidad de una cantidad muy relevante de micro, pequeñas y medianas empresas que pagan a sus trabajadores el salario mínimo y que, de lo contrario, no serían viables en nuestra economía, en circunstancias de que su viabilidad es fundamental, si queremos mantener y acrecentar los actuales niveles de empleo.
Para el Gobierno del Presidente Piñera, es decir, nuestro Gobierno, seguirá siendo una prioridad mantener el crecimiento económico y las posibilidades de generación de empleo en los niveles que hemos conocido durante los últimos 15 meses. Por lo tanto, para avanzar en esto, tenemos que evitar poner impedimentos a las pymes y nuevos costos a la generación de empleo.
Por eso, me parece extraordinariamente razonable que podamos coincidir en el reajuste que está planteando el Gobierno, que en términos reales, en promedio, es mayor a los que conocimos en años anteriores.
En consecuencia, en esta tercera oportunidad concurriremos con nuestra aprobación al reajuste del ingreso mínimo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , al final del día, lo que está ocurriendo no es lo mejor para el país.
El hecho de que hoy votemos el veto a un proyecto de tanta importancia como el de reajuste del salario mínimo mensual con una Cámara de Diputados dividida, no es bueno para el país y no le hace bien a la Corporación.
En ese sentido, solicito encarecidamente al Gobierno y, en particular, por su intermedio, señor Presidente , al ministro de Hacienda , que situaciones como ésta ojalá en el futuro no vuelvan a ocurrir y que no estiren tanto el elástico como para que estemos enfrentados a una situación como la que hoy vivimos, en la que, para algunos, el salario mínimo es lo real, pero, para otros, es insuficiente.
La percepción de la comunidad hacia la labor parlamentaria, al igual como ocurre respecto de la Oposición y del Gobierno, es cada vez menos valorada.
Por eso, es responsabilidad del Gobierno y también del ministro de Hacienda llegar a acuerdos, en lo posible, con todos los sectores; no bastan los acuerdos minoritarios que, finalmente, ponen en peligro cualquier decisión.
En el mismo sentido, por su intermedio, señor Presidente , insto al ministro a que en el próximo reajuste de remuneraciones del sector público se llegue a acuerdo con todos los sectores, porque ésa es la única forma en que el país verá una Cámara de Diputados unida y no dividida, ni en la que se descalifican unos a otros.
La responsabilidad de dirigir el país y de hacer propuestas es del Gobierno, y éste descansa en sus ministros, quienes deben ser capaces de hacer todos los esfuerzos necesarios para alcanzar acuerdos y de ese modo -reitero- evitar un espectáculo que pone en jaque a millones de chilenos, en orden a si habrá o no reajuste del salario mínimo.
Por su intermedio, señor Presidente , pido al ministro que en el caso específico del reajuste de remuneraciones del sector público que abordaremos a futuro se alcance un acuerdo entre todos y para todos, de modo que a última hora no debamos enfrentar situaciones como la que ahora estamos viviendo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE .- Señor Presidente , no quiero repetir los argumentos esgrimidos en las distintas sesiones en que hemos tratado el proyecto que reajusta el ingreso mínimo. En consecuencia, quiero emplear un enfoque distinto en esta oportunidad, sobre la base de qué nos interesa proteger o desarrollar en esta discusión.
Se nos ha dicho que el reajuste tiene mucho que ver con preservar las condiciones para el empleo, ya sea respecto de los 600 y tantos mil trabajadores que reciben el ingreso mínimo, o de los jóvenes cesantes que, si el salario mínimo fuese muy alto, no podrían acceder a un empleo.
Quiero reiterar algo que he dicho en otras ocasiones: ellos ya tienen resuelto su problema. En Chile existen instituciones que se hacen cargo de ello: los subsidios de contratación a la mano de obra, que permiten al empleador, en estricto rigor, pagar un monto inferior al salario mínimo desde su bolsillo.
En la Región de Magallanes se aplica el decreto N° 669 -el diputado Marinovic me puede corregir si me equivoco-, que permite que el empleador que contrata a un trabajador de Magallanes, no sólo tenga acceso al subsidio ordinario para la contratación de mano de obra, sino que, además, al subsidio especial consagrado en el decreto N° 669. Si me equivoco en el número, me excuso.
En consecuencia, en Magallanes, un empleador paga menos del 40 por ciento del salario mínimo de su peculio, porque el resto lo subsidia el Estado.
Entonces, excúsenme, cuando se habla de cosas como ésta, hagámonos cargo de instituciones que la propia administración ha establecido en reiteradas ocasiones. De hecho, el propio Gobierno ha incrementado los montos destinados al subsidio a la contratación de mano de obra de los jóvenes, porque en su opinión y en la de otras administraciones, un incremento, un subsidio por esta vía, facilita su contratación.
Entonces, si queremos evitar la situación de que con un eventual incremento se genere cesantía, digo que ya hay instrumentos al respecto.
Digámoslo francamente: ¿qué se pretende proteger con esto? Permítanme una afirmación: se pretende proteger a las empresas grandes, que tienen un base constituido por el salario mínimo y que pagan el resto con variables. Ése es el punto: son las empresas del retail, las de los supermercados, empresas como La Polar, las que tienen un salario mínimo y que el resto lo enteran con variables. ¿A ellos se pretende proteger? ¿Ése es el centro de la discusión?
Lo digo con toda franqueza: el Congreso Nacional aprobó durante la administración anterior un proyecto que estableció que el sueldo base no podía ser inferior al ingreso mínimo, porque se producía la atrocidad de que había sueldos base de cinco mil pesos. Se resolvió aquello. Y lo que sucede ahora
es que por primera vez habrá un reajuste real de los sueldos de los trabajadores del retail, porque sobre ese sueldo base, que es igual al salario mínimo, se calculan las variables.
Entonces, para ellos, claro que importa el reajuste, pero importa para el empleador, porque a él le va a doler esta vez.
Entonces, ¿a quién se pretende proteger con esta discusión?
Dicen que a las pymes. Pero, ¿de qué pymes estamos hablando? Muchas de ellas no son sino expresión de empresas principales que se han ido dividiendo artificialmente. Por ello existe un compromiso del Gobierno de resolver los problemas de los multirut, porque existe una cantidad de pymes que no son sino artilugios para dividir artificialmente las empresas. ¿De esas pymes estamos hablando? ¿De los trabajadores de esas pymes estamos hablando?
¿Saben a quién más se intenta proteger? A los subcontratistas, puesto que pagan el mínimo. ¿Por qué? Porque se trata de una cantidad de pymes fuleras, que emanan de las empresas principales, que se han constituido sólo para abaratar los costos salariales. ¿Y a quiénes contratan en ellas? No a trabajadores jóvenes, sino a trabajadores a los que se les complementa el sueldo mediante las variables.
Entonces, insisto: ¿a quiénes queremos proteger con esta discusión? Sincerémonos de una vez por todas; de eso se trata.
Perdónenme por haber hecho un enfoque distinto. He insistido en que esto se resolve-ría y no necesitaríamos estar discutiendo sobre la materia si en el país existiera una auténtica negociación colectiva. No hay salario mínimo en los países desarrollados en que ella existe, se conviene entre los trabajadores, con sus sindicatos, y los empleadores.
Espero que esta administración cumpla un compromiso en esa dirección, porque en alguno de los discursos del 21 de mayo el
Presidente de la República lo dijo. Espero que no lo reitere en el último 21 de mayo de su mandato.
Por de pronto, mientras tengamos esta discusión, habrá un punto político que aclarar: a quién se pretende proteger. Discúlpenme, pero tengo serias dudas de que la protección apunte a los trabajadores jóvenes y a los cesantes. Ellos no tienen este problema, lo tienen las grandes empresas que pagan el mínimo y utilizan el subterfugio de complementarlo con variables.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente , después de escuchar la discusión, por todos los medios he intentado entender los argumentos, pero la conclusión es lamentable. Creo que ella se refleja mucho en algunas palabras del diputado Ortiz , en cuanto a que la responsabilidad es del Gobierno y que, por tanto, a él le corresponde arreglar este problema.
Sin embargo, debo recordar que estamos en democracia, lo cual significa que los proyectos importantes, como éste, deben pasar por el Congreso Nacional.
Nosotros estamos gobernando, pero no somos mayoría en este Poder del Estado. Por ende, la Oposición tiene la opción de ser constructiva u obstructiva. Ésa es la decisión que deben tomar nuestros colegas.
Las encuestas muestran qué tipo de Oposición han sido: una Oposición que está en el suelo con 21 puntos.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MELERO ( Presidente ).- Ruego guardar silencio a los señores diputados para que el señor Godoy continúe con su exposición.
El señor GODOY.- Señor Presidente , no hay problema. Algunos muchachos están acostumbrados a gritar entremedio. Pero ése no es el ambiente que se debe generar en la Cámara. Lo aprendí muy bien del diputado León , quien me lo planteó hace algunos momentos.
Cuando uno los escucha y empieza a analizar sus razonamientos, llega a lo siguiente. Algunos dicen que por intermedio del salario mínimo vamos a derrotar la desigualdad, en circunstancias de que ningún país del mundo lo hace. Luego, uno se da cuenta de que ése no es el argumento de fondo.
Uno los oye referirse a la tasa de crecimiento del 7 por ciento que ha experimentado el país, que en la práctica es la misma que se alcanzó cuando gobernaba el Presidente Aylwin . Pero ellos entregaron un reajuste real del 2,2 por ciento, y este Gobierno ofrece un reajuste real del 2,5 por ciento. Entonces, uno no entiende la lógica de su argumentación. No tiene ningún sentido.
Ellos plantean que aquí hay mezquindad. Entonces, ¿qué calificativo les ponemos si durante veinte años no reajustaron el salario mínimo en mayor medida que lo que propone este Gobierno?
El diputado Andrade expuso un nuevo eje en esta discusión: la situación de los trabajadores que ganan el mínimo en estas pymes fuleras, que vienen de grandes empresas, lo cual tiene que ver con el sueldo base. Cuando él fue ministro del Trabajo ocurría exactamente lo mismo y nunca enarboló esta bandera.
Traté de transmitir esto desde el principio. Con este tema no deberíamos hacer política, sino lograr consensos potentes.
Cuando algunos parlamentarios expresan que el problema está en el precio de los alimentos y, en el fondo, dejan entrever que se debe cambiar la forma de calcular la inflación, uno se da cuenta de que están dispuestos a agotar todos los medios para logar su objetivo. Eso me parece muy negativo, porque la inflación no sólo incluye el precio de los alimentos, sino, también, el del transporte, el del vestuario y el de todas las cosas que contempla en la canasta la gente que gana el sueldo mínimo.
Un ex presidente de la Comisión de Hacienda del Senado sostuvo que las cifras sobre el desempleo eran falsas. ¡Pretendió desmentir al Instituto Nacional de Estadísticas, INE, institución totalmente independiente, que entrega cifras que desde siempre hemos aceptado como fidedignas!
Este Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante, a partir del crecimiento económico, para generar muchas más oportunidades de trabajo.
Es muy difícil discutir de esta manera. El asunto de fondo es que logremos sobrepasar la idea de que el único que pierde es el Gobierno y que se debe obstruir todo para que le vaya mal, porque, al final, los que dejarán de recibir estos diez mil pesos en sus hogares son las personas que los necesitan. Lo dramático es que son ellos los que pierden, no el Gobierno.
Por eso, invito a los colegas de la Oposición a cambiar de actitud. Reconocemos que hemos cometido errores en el manejo del Gobierno. Muchas veces hemos pecado de soberbia. Creíamos que podríamos solucionar todo durante los primeros dos años, en circunstancias de que no ha sucedido así. Eso generó grandes expectativas en la ciudadanía y demoraremos mucho más en satisfacer sus necesidades.
De ahí mi invitación a cambiar de disposición y a contribuir en la construcción de un país mejor. Si eso ocurre, ganarán los trabajadores. Espero que de verdad tengan un cambio de fondo. De esa forma, estos diez mil pesos llegarán a los hogares de los chilenos que más los necesitan.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , si el diputado Ortiz dijo que las cifras no alteran la economía ni la cesantía, lo hizo porque, como bancada, nos preocupamos de estudiar el tema y de informarnos.
En su momento invitamos al doctor en Economía y profesor universitario Antonino Parisi , quien planteó que nuestra economía perfectamente permite un ingreso mínimo de 200 mil pesos sin producir cesantía.
Podríamos argumentar que dentro de los economistas hay visiones distintas, estamos de acuerdo; que algunos tienen una posición y otros, una distinta, es posible; pero como Congreso Nacional estamos llamados a lograr acuerdos, lo que no ha querido este Gobierno.
Me llamó mucho la atención cuando el ministro de Hacienda manifestó que con este veto sustitutivo se buscaba producir acuerdos en el Congreso. Pensé que era una buena noticia, pero ¿qué pasó? En vez del acuerdo, el veto de nuevo plantea un ingreso mínimo mensual de 182 mil pesos.
Por eso, vemos que el Gobierno no está preocupado de una razón técnica ni de producir acuerdos, sino de dos elementos, en mi opinión. Uno, es la teoría de que este “gallito” hay que ganárselo a la Oposición.
No hay razones técnicas que le permitan sostener que la economía se cae a pedazos si aumenta el valor de la cifra en discusión.
El segundo elemento, el más importante, tiene que ver un poco con lo que dijo el diputado Andrade , en cuanto a que este Gobierno defiende y protege a los empresarios. No lo digo sólo yo, ya que según la última encuesta CERC, más del 60 por ciento de los chilenos cree que éste es el Gobierno de los empresarios.
Ahí está la razón. Este Gobierno defiende a sus amigos empresarios, porque el ingreso mínimo no sólo afectará a quienes señaló el diputado Andrade , sino también a quienes pueden negociar colectivamente, en particular a la gente del agro, quienes también ganan el ingreso mínimo. La gente del agro nos dijo que, por favor, nos pusiéramos duros, porque forman parte de los indignados que hay en Chile. La gente está aburrida.
A mi juicio, el diputado Godoy está equivocado, porque no es lo mismo un rechazo de 60 por ciento a quien gobierna, pues en un minuto determinado se puede producir una crisis política, a una mala evaluación de la Oposición, porque eso el día de mañana puede dar lugar al nacimiento del liderazgo de un caudillo. Pero no tiene que ver con esto.
Queremos lograr acuerdos con el Gobierno en favor de los trabajadores y de la gente que demanda un mejor nivel de vida.
Este es un tema político, en el que el Gobierno no ha sido capaz de escuchar a la gente de la calle, que se encuentra molesta no sólo por los problemas de la educación, sino también por los abusos y por haberse legislado sólo en favor de las minorías privilegiadas.
Los democratacristianos no nos vamos a prestar para tal juego. La Concertación, en su momento, votó en contra de estos guarismos. No podemos dar la espalda a los trabajadores.
Por lo tanto, los democratacristianos vamos a insistir en nuestra posición y vamos a rechazar el veto al proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , el Gobierno insiste, una vez más, con su política restrictiva hacia los trabajadores, manteniendo una propuesta de salario mínimo de 182 mil pesos, que fue rechazada por el Senado y por la Comisión Mixta. Pero esa cifra llega de nuevo a la Cámara.
Nos parece que la propuesta representa una política de mezquindad ante el mundo laboral y explica, en gran medida, el rechazo que hoy está obteniendo el propio Presidente de la República y el Gobierno en las últimas encuestas de opinión.
Claramente, la oferta del Ejecutivo está por debajo de las expectativas de los trabajadores, porque no da cuenta de la realidad económica que el propio Gobierno exhibe como un gran logro, cual es el aumento del crecimiento de la economía por sobre el 6 por ciento.
Cabe tener presente que, de acuerdo con la información de la base de datos del seguro de cesantía, 2 millones de trabajadores perciben, en promedio, remuneraciones equivalentes a 1 ó 1,5 salarios mínimos mensuales. Por lo tanto, quienes se ven afectados por el aumento o no del salario mínimo son varios millones de compatriotas.
Dada la magnitud de trabajadores que perciben una remuneración igual o en torno al salario mínimo, su aumento contribuiría enormemente a reducir desigualdades, mejorando la distribución de los ingresos de los trabajadores, tanto en el sector formal como informal.
No se trata de que con esto se pretenda terminar con las desigualdades, como se ha dicho acá, lo que es poco menos que imposible, sino que, sencillamente, de acortar la enorme desigualdad que persiste en nuestro país desde hace ya tantos años, que prácticamente se ha mantenido inalterable.
En definitiva, un alza en el monto del salario mínimo implica una mejora en la equidad y un alza del poder adquisitivo, que debe incidir en el aumento de la producción y favorecer a la pequeña empresa, cuyos principales clientes son los trabajadores.
En conversaciones con directivos de las organizaciones de las pequeñas empresas, me han hecho ver que apoyan, incluso, a la Central Unitaria de Trabajadores en sus pretensiones de que el salario mínimo sobrepase los 190 mil pesos.
Se ha hablado de un crecimiento económico por sobre un 6,5 por ciento; de una tasa de desempleo que alcanza a un 7 por ciento; de una inflación proyectada para 2012 de 4,3 por ciento, y de un alza en los alimentos de 6,8 por ciento, en el período comprendido entre julio de 2010 y abril de 2011. Todos esos índices, que son los oficiales y que el Gobierno plantea como muy positivos para el país, no responden a las expectativas de los trabajadores.
La economía aparece creciendo a un buen ritmo, como lo demuestra la última cifra del Imacec; se están creando empleos -esto ha sido ampliamente celebrado por el Gobierno al dar a conocer la última cifra de desempleo, ocasión en la que, además, se destacó el aumento del empleo asalariado-, por lo que el fantasma de la cesantía no debiera constituir una amenaza creíble que impida realizar un esfuerzo encaminado a mejorar la distribución del ingreso en el país, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores que perciben un salario en torno al ingreso mínimo.
Por otro lado, la economía ha registrado un aumento sostenido en el nivel de precios, especialmente de bienes y servicios de primera necesidad, alimentos y transportes, y las proyecciones dan cuenta de que este incremento se mantendrá en los próximos meses, afectando severamente el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados.
Desde esa perspectiva y dado el entorno señalado, la propuesta de reajuste del salario mínimo que formularon los trabajadores, especialmente los organizados en la CUT, es razonable y atendible. Nosotros agregamos que el crecimiento económico no se puede seguir sosteniendo ni afianzando sobre la base de la precarización del empleo y a costa de los trabajadores.
Por ello, la bancada comunista votará en contra de la observación del Presidente de la República , porque está lejos de la solicitud de los trabajadores.
Si el Gobierno manifestara una voluntad distinta y una actitud más constructiva respecto de los trabajadores, que se llevan todo el esfuerzo del desarrollo del país, pero que reciben tan poco a cambio, estaríamos en posición de votar a favor, pero vemos que no hay una mejor disposición de su parte. Por eso, votaremos en contra.
Los trabajadores sabrán distinguir quiénes son los responsables de que no exista un salario mejor para ellos; no es la Cámara de Diputados, porque, en verdad, no puede incidir en el aumento del reajuste. Es sencillamente el Gobierno, y éste tendrá que explicar por qué no quiere subir el salario mínimo si las condiciones del país son tan buenas.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , el proyecto aprobado por el Congreso Nacional carece actualmente de normas de reajuste del salario mínimo y de reajuste del monto de asignación familiar. Por esta razón, el Ejecutivo repone dichas normas e introduce, entre otras, las siguientes modificaciones:
Se establece el monto del ingreso mínimo mensual en 182 mil pesos para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años. Será de 135.867 pesos para los trabajadores mayores de 65 años y para los menores de 18 años. El monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales se eleva de 110.950 a 117.401.
En definitiva, la nueva propuesta del Gobierno de incremento del ingreso mínimo mensual para el período junio de 2010 a junio de 2011 es de 5,8 por ciento nominal, lo que representa un aumento real de 2,5 por ciento.
La pregunta que se debe resolver es si tal incremento responde a la situación actual del país.
Sólo apuntaré a que el crecimiento del país se proyecta en una cifra que bordea el 7,0 por ciento, de manera que era posible que el Ejecutivo hubiera hecho un esfuerzo que se acercara más a la mencionada cifra, por lo menos para el período que se está discutiendo.
Como señalé en la oportunidad anterior, y vuelvo a reiterar ahora, se quiere instalar a nivel de la opinión pública, como un criterio técnico, el hecho irrefutable de que una excesiva alza del salario mínimo -lo dijo el diputado Godoy y otros parlamentarios de Derecha- generaría desempleo y, por lo tanto, jugaría en contra de quienes se pretende beneficiar, los trabajadores y sectores vulnerables de la sociedad. Sin embargo, de ninguna forma esto puede ser un elemento determinante, ya que no existen estudios que corroboren en forma absoluta este criterio “técnico”.
Por otra parte, ese criterio “técnico” proponía una cifra cercana a 180 mil pesos, que hoy alcanza a los 182 mil pesos. De manera que es el propio Ejecutivo el que no se ha ceñido a él; luego, es posible solicitar al Gobierno un nuevo esfuerzo para beneficiar a los trabajadores más vulnerables del país.
Las verdaderas trabas y dificultades de las micro, pequeñas y medianas empresas no es el ingreso mínimo como el que se discute, que en definitiva no producirá un costo que no puedan absorber, sino el hecho de que se ven obligadas a pagar altos costos energéticos a las grandes empresas oligopólicas de servicios que, por medio de tarifas excesivas, alimentan sus propias ganancias y constituyen una limitante importante en materia de costos, sin dejar de lado el encadenamiento productivo al cual están sujetas las microempresas, que les significa estar bajo la subordinación de las demandas de las grandes, asumiendo los riesgos de competitividad y los ciclos económicos recesivos.
Tampoco se aborda seriamente el tema principal, que es una política económica a largo plazo que verdaderamente apoye a las pequeñas y medianas empresas con miras a aumentar, por medio de una serie de instrumentos, la baja productividad de las mismas, mediante inyecciones de subsidios, accesos reales a nuevas tecnologías, para asumir, sobre todo, los altos costos energéticos.
En definitiva, mi voto será de abstención, aunque, como viene redactado el proyecto, hubiese sido mejor rechazarlo. Además, el Gobierno pudo y debió hacer un esfuerzo adicional, y no postergar las aspiraciones de un gran número de trabajadores cuyos únicos ingresos lo constituyen el salario mínimo, cuyo monto hoy se discute, más aún si se considera que los alimentos, el transporte y el combustible han sufrido considerables alzas, de forma que hoy es un imperativo moral, necesario y urgente garantizar una existencia básica a nuestros trabajadores.
Por ello, a los menos, deberíamos haber aprobado la propuesta de 190 mil pesos mensuales presentada por la CUT. Hoy vemos las grandes ganancias de las mineras y de todas las grandes empresas; pero, por otra parte, se escatiman esfuerzos para aumentar de manera más significativa el monto del sueldo mínimo.
¡ Presidente Piñera , usted pudo y no quiso! ¡ Presidente Piñera , una vez más, usted no escuchó a la gente! ¡ Presidente Piñera , por esto se está quedando tremendamente solo; las encuestas así lo demuestran y los trabajadores así lo entienden! ¡ Presidente Piñera , usted pudo y no quiso!
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva.
El señor SILVA .- Señor Presidente , en primer lugar, si la Concertación quiere buscar acuerdos, no se nota, porque lo único que se ha hecho a lo largo de la discusión de este proyecto es hacer esfuerzos, pero la Concertación no quiere acuerdos.
En beneficio del país y, especialmente, de los trabajadores, eso tiene que cambiar, porque o se aprueba el salario mínimo propuesto o la Concertación deja sin aumento a los trabajadores. Ésta es una propuesta importante, que aumenta en 10 mil pesos el salario mínimo, que significan 120 mil pesos en un año.
Hoy he escuchado distintos argumentos, pero me preocupa que la Concertación no quiera llegar a acuerdos. Se dijo que nos pusiéramos de acuerdo en ciertos criterios. Pues bien, lo intentamos, y llegamos a acuerdo en esos criterios en una comisión de expertos; pero no le gustan esos criterios. Después, el Gobierno hizo un esfuerzo adicional, pero tampoco les gusta.
El problema es la equidad, que se quiere resolver con el salario mínimo. Pero, en el fondo, ése nunca ha sido el mecanismo, y las personas que observan esta sesión en sus casas saben que la política social que se ha ido implementando, tanto por los gobiernos de la Concertación como por éste, busca enfrentar la problemática de las personas más pobres de distinta manera, así como la realidad del trabajo con otros instrumentos.
Hoy ha salido una nueva veta de argumentación relacionada con las pymes. Pero la Concertación fue gobierno durante veinte años, y ahora está tratando de ser Oposición. Ojalá lo haga con espíritu de colaboración.
El 80 por ciento de los trabajadores que reciben salario mínimo están en empresas de menos de cincuenta personas. Entonces, será muy difícil ponerse de acuerdo, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno.
En segundo término, es necesario recordar qué efectos produce el salario mínimo. El primero es en quienes lo reciben. Algunos dicen que la propuesta de aumento del salario mínimo del Gobierno es miserable. Después quizás vamos a discutir cuán miserable puede considerarse lo que se ha hecho en la historia de Chile en los últimos veinte años, pero 120 mil pesos al año es un aumento que muchos trabajadores necesitan.
Obviamente, todos quisiéramos que el aumento fuera mayor; pero el efecto en el salario mínimo también se produce también respecto de quienes lo pagan. Y en este punto se genera nuevamente una discusión. Hoy, quienes pagan salarios mínimos en Chile son, principalmente, pequeños empresarios, emprendedores, como, por ejemplo, una persona que tiene un taller con dos o tres trabajadores y que realiza un gran esfuerzo. Además, a partir del 1 de julio, como consecuencia de la implantación de la reforma previsional en su siguiente etapa, tendrá que pagar 1,5 por ciento más en el costo del seguro de invalidez; por lo tanto, también están aumentando sus costos. Pues bien, esa persona que tiene tres trabajadores deberá asumir un costo adicional de 360 mil pesos al año. ¡Y queremos que en Chile haya más emprendimiento!
En tercer lugar, me referiré a quienes hoy no están trabajando, pero tienen ganas de hacerlo.
Aquí se ha dicho de todo, pero la evidencia existente en Chile señala que los reajustes del salario mínimo, en algunos momentos de los últimos veinte años, han aumentado el desempleo entre los más jóvenes, especialmente entre 18 y 24 años. Alguno podría decir que quería que eso pasara, para promover mayores ingresos en otros grupos de la sociedad, como en mayores de 25 años y sus familias, pero las cifras son muy claras al respecto.
Quiero ilustrar lo que digo con un ejemplo. Entre los jóvenes entre 18 y 24 años, el desempleo supera el 19 por ciento; fluctúa entre el 18 y el 20 por ciento. Es decir, uno de cada cinco jóvenes que quieren trabajar no puede hacerlo, en parte debido al salario mínimo. Además, se ha generado un nivel de informalidad salvaje. Y entre los 25 y 50 años, el desempleo sólo alcanza a 6,5 por ciento. En ese sentido, debemos tomar la decisión correcta.
La Concertación crítica muy fuertemente a este Gobierno; pero es bueno revisar lo que se hizo antes. Estuvo bien en mucho de lo que realizó en materia de salario mínimo. Ahora se plantea un nuevo estándar: aumentar el salario mínimo de acuerdo con lo que ha crecido el país. Durante el período de gobierno de la Presidenta Bachelet , el país creció 2,8 por ciento, pero el salario mínimo subió en 1,98 por ciento real. Entonces, hay que ser consistentes en los argumentos.
Durante el gobierno del Presidente Aylwin, la economía tuvo un crecimiento de 7 por ciento, pero el aumento del salario mínimo fue de 2,25 por ciento.
Ahora, sin duda, a todos nos gustaría que el aumento fuera mayor. Pero, aun así, es mayor que los entregados por la Concertación en los últimos años; es un aumento real de 10 mil pesos para los trabajadores, después de una discusión que ha permitido recoger distintas visiones.
Por lo tanto, lo razonable es votar favorablemente las observaciones del Presidente de la República, para evitar que se repita lo que ha pasado en el último mes: tener pendientes a los trabajadores de un reajuste del ingreso mínimo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , considero muy preocupante que en la Cámara de Diputados y en el Senado no logremos ponernos de acuerdo sobre el monto del reajuste del ingreso mínimo. Y es más preocupante aun al escuchar que el Presidente de la República y personeros de su Gobierno apelan y llaman, de manera insistente, a un gran acuerdo nacional para enfrentar la movilización compleja, radical y profunda que están llevando a cabo en el país distintos sectores sociales.
El Presidente de la República ha señalado que la forma de enfrentar y de resolver estos problemas es a través del diálogo y del acuerdo. Pero surge de inmediato una pregunta obvia: ¿qué entienden el Gobierno y el Presidente Piñera por acuerdo, atendido lo que cultural y conceptualmente se entiende por tal, sobre todo si consideramos las situaciones bochornosas -ésta es una de ellas- que se han producido en el Congreso Nacional?
Para nosotros, llegar a acuerdo no significa que el Gobierno formule grandes propuestas y que las anuncie con grandes titulares, para después sentarse a la mesa sólo para imponerlas. El acuerdo es diálogo para llegar a un compromiso.
En educación, escuchamos la propuesta que denominaron GANE, el Gran Acuerdo Nacional por la Educación, y si nos gusta, bien, y si no, nos tratan de obstruccionistas y violentistas. Lo mismo ocurre respecto del debate sobre el salario mínimo. Para el Gobierno la Concertación, la Oposición, es la responsable de que los trabajadores no reciban un aumento de 10 mil pesos.
Hemos insistido, en forma majadera, en un criterio, sobre la base de una cifra que hemos puesto en la mesa de discusión, para el reajuste del salario mínimo. Y ese criterio está basado en el crecimiento del país. Esa aspiración no la inventamos nosotros; fue el propio Gobierno, a través de todos los medios de comunicación que controla y domina, cual monopolio, excluyendo a la Oposición de cualquier expresión pública, el que instaló el exitismo en el país al decir: “Estamos creciendo a una tasa de entre 6 y 7 por ciento, lo que es inédito en la historia. Estamos teniendo pleno empleo, lo que también es inédito en la historia”. En año y medio de gobierno de la Alianza, el crecimiento y el pleno empleo aparecen como por arte de magia. Y la ciudadanía los escucha, los observa y, como es lógico, entiende que merece más.
Y aquí también, majaderamente, nos dicen que los reajustes durante los gobiernos de la Concertación fueron mínimos. En ese afán casi extremista del Gobierno de querer compararse permanentemente con los gobiernos de la Concertación, se olvidan de que los procesos sociales, económicos y políticos se dan en contextos históricos, y que es imposible hacer comparaciones mecánicas. ¡Es imposible!
Recordemos que los reajustes del ingreso mínimo que otorgó la Presidenta Bachelet durante su gobierno, de los niveles que ahora se critican, se debieron a que en Chile, en América Latina y en el mundo entero el capitalismo mundial sufría una de las mayores crisis que se han conocido en las últimas décadas. Por eso, no es posible comparar ese momento histórico, preciso, concreto, del desarrollo mundial con el que se está viviendo actualmente en el mundo y en nuestro país. Esa actitud es majadera. ¿Hasta cuándo la tendremos que tolerar?
Hoy gobierna la Alianza por Chile con el señor Sebastián Piñera , que ofrecieron una nueva forma de gobernar y cambios profundos en el país. Y Chile les creyó y los eligió. Por eso hoy el país se moviliza y les exige. Es necesario tener consistencia y coherencia con lo que dijeron y prometieron, porque por esa alternativa apostó el país. Pero ahí tenemos las movilizaciones de los estudiantes, de los ambientalistas y de los trabajadores.
El 6 por ciento de reajuste que la oposición propone para el salario mínimo está en concordancia con el desarrollo del país, realidad que reflejan todas las cifras que se muestran. Sobre la base de ese monto, estamos disponibles para llegar a un acuerdo. No nos rehusamos al acuerdo, pero de rodillas no podemos representar al país en esta Corporación. No somos obstruccionistas, ni “vendepatrias” ni perros del hortelano. ¡Nunca he visto, en la historia reciente de nuestra democracia, a un gobierno tratar a la Oposición de la manera en que nos ha tratado este gobierno! Nos han calificado de esa forma, en circunstancias de que les hemos aprobado más del 95 por ciento de las iniciativas que han ingresado a tramitación al Congreso Nacional. Por ejemplo, con el proyecto sobre el postnatal, han hecho una pirueta a fin de burlar la decisión mayoritaria del Senado y de las mujeres de Chile al recurrir al Tribunal Constitucional para objetar la votación del Senado relativa al universo de mujeres que va a recibir el beneficio. ¡Y ahora nos tratan de obstruccionistas porque luchamos por un reajuste digno para los trabajadores!
Hoy, la gente lucha por igualdad y un mecanismo de redistribución de riqueza, para igualar las condiciones en que viven las chilenas y los chilenos, es la redistribución del ingreso a través del salario mínimo. Pero cuando hablamos de aumentarlo, los colegas de la Derecha repiten, en forma majadera: “Es que está en riesgo el empleo”. Cada vez que discutimos temas que benefician a los trabajadores, se recurre al cuco de la pérdida del empleo.
En la Comisión de Trabajo hemos discutido temas tan sutiles, que nadie podría pensar que van a impactar en el empleo, como, por ejemplo, modificar los procedimientos en los tribunales del trabajo, para hacerlos más expeditos y beneficiosos para los trabajadores. ¡Pero no! También se amenaza con que eso va a afectar el empleo. Ése fue el gran debate de la época. Cuando hablamos de sindicación, también se recurre a ese argumento. Lo mismo sucede cuando hablamos de negociación colectiva.
Hace más de tres años, el diputado Tucapel Jiménez presentó un proyecto de ley para la sindicación automática. En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en cuatro oportunidades ha estado listo para ser puesto en Tabla; pero, al final, nunca se incluye. Tenemos tres o cuatro proyectos sobre negociación colectiva, pero tampoco se debaten en la Comisión.
Pongamos las cartas sobre la mesa. Es el Gobierno y no la Oposición el que está obstruyendo la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras tengan un salario mínimo justo, que permita reducir la vergonzosa brecha salarial en Chile. Repito: No es la Oposición quien está obstruyendo.
Estamos ante un Gobierno que entiende los acuerdos como una imposición, que está obstaculizando la clara voluntad del país de mejorar sus condiciones de vida.
Por lo anteriormente expresado, me abstendré en la votación.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, en esta Sala se ha usado mucho el concepto de imperativo moral.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero recordar a los representantes de los gobiernos de Izquierda que gobernaron durante veinte años nuestro país que no fueron capaces de aplicar el concepto de imperativo moral cuando tuvieron que legislar sobre el salario mínimo. Incluso, a mi colega Osvaldo Andrade , ministro del Trabajo del gobierno anterior durante tres años, tampoco le vimos una actitud o una disposición para aplicar este supuesto imperativo moral de mejorar la distribución, en un país que es tremendamente desigual, cuestión en la que todos estamos de acuerdo.
En cuanto a los nuevos parámetros para fijar el salario mínimo, que estaría basado en el crecimiento proyectado de la economía, en este año y tres meses del actual Gobierno el país recuperó la senda del crecimiento, dada la confianza de los inversionistas y de quienes emprenden en Chile, en comparación al período, con crisis internacional incluida, en que tuvimos bajas tasas de inversión y de crecimiento.
El Presidente Piñera ha enfrentado los problemas -cuestión que nadie puede discutir- y llama a lograr acuerdos. Por eso, apelo a la memoria de mis colegas diputados y les recuerdo que, durante veinte años, quienes hoy estamos en el Gobierno y que ayer estábamos en la Oposición, les dimos los votos y comprendimos las razones que esgrimían las autoridades de turno, porque entendíamos que estábamos ante un tema país, sin pensar en ventajas políticas pequeñas y mezquinas, con calculadora en la mano, para efectos electorales.
Por último, quiero entregarles un mensaje: No se sigan vistiendo con ropa ajena.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , en la discusión sobre el reajuste del ingreso mínimo puede haber, legítimamente -es parte de la democracia-, diversas posiciones. Pero cuando diputados, como el señor Pérez , que me antecedió en el uso de la palabra, hablan de imperativos morales y de otro tipo de conceptos, simplemente uno debe sacar la voz por los temas que siempre ha defendido desde esta posición en la Cámara de Diputados: los derechos de los trabajadores y la defensa de ciertos principios, que nunca han estado en la vereda del frente como parte de su agenda.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al diputado Pérez que, si se trata de imperativos morales, quienes estamos sentados en este lado siempre hemos defendido los derechos de los trabajadores, que muchas veces han sido vilipendiados y humillados en el diario quehacer. Cuando ustedes han estado en el otro lado de la vereda, nosotros hemos estado realizando esa defensa, con nuestras virtudes y errores, pero siempre hemos estado en esa línea y hemos actuado en consecuencia.
Digo esto porque me parecen paradójicas algunas afirmaciones realizadas en la Sala, entre ellas las planteadas por el diputado Silva, que dijo que había que valorar la importancia de la propuesta de 10 mil pesos de aumento del ingreso mínimo que hizo el Gobierno.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al diputado Silva , con el mayor respeto, que los 120 mil pesos que él planteó y que constituyen el aumento del ingreso mínimo al año para un trabajador, seguramente, son los mismos que el diputado Silva paga mensualmente en el Club de Golf de Las Condes o que otros parlamentarios cancelan en el Club de Rodeo. Eso es lo que cobran mensualmente. Incluso, me puedo equivocar y, quizás, el monto es mucho mayor. Algunos diputados me corrigen y hablan de alrededor de 300 mil pesos, es decir, el equivalente al aumento anual de tres salarios mínimos.
Entonces, hablemos con claridad. El ingreso mínimo pudo haberse acercado, si hubiese existido voluntad política del Gobierno, a la cifra que la CUT estaba planteando, lo que habría permitido llegar en 2012, por lo menos, a un ingreso de 200 mil pesos, que es lo mínimo que puede recibir un trabajador chileno.
En la discusión anterior, entregué bastantes ejemplos, que hoy quiero reiterar a los colegas parlamentarios que, con su voto, van a aprobar un monto de aumento tan bajo. En gran parte del país, las cuentas de la energía eléctrica fluctúan entre los 20 mil y 40 mil pesos o, incluso, más en los hogares más humildes, que van desde la clase media hacia abajo.
Como dije también en la anterior ocasión, en muy pocos hogares las cuentas de agua están bajo los 10 mil pesos. Todas están, por lo menos, entre 10 mil y 30 mil pesos.
Asimismo, los costos de alimentación de una familia con cuatro miembros, que compra día a día, no bajan de 100 mil pesos, porque ni siquiera tienen la posibilidad de comprar en el supermercado. La gente que gana el ingreso mínimo vive así y compra todos los días en el almacén de la esquina.
En mi pasada intervención planteé al señor ministro que, generalmente, la gente en el sur no compra el pan, sino que lo hace la dueña de casa. Por consiguiente, allá el quintal de harina es un elemento fundamental y, dependiendo de la zona del país, cuesta entre 16 mil y 24 mil pesos.
Por un lado, el costo de la vida ha ido en aumento sostenido y, por otro, se dice que el país crece de manera increíble. El propio Presidente de la República lo ha repetido en sus discursos dentro y fuera de Chile. Hace unos días, en México, volvió a plantear los grandes índices de crecimiento que ha tenido Chile y que, bajo su administración, el país prospera de manera inusitada.
Cuando el Presidente plantea ese discurso dentro y fuera del país, lo mínimo que debería existir es una cierta correlación con lo señalado y decir. “Si estamos tan bien en esta vuelta, porque le está yendo bien al país, a los trabajadores también les irá un poquito mejor”, lo que no se cumple en la propuesta del Gobierno, por eso algunos colegas van a abstenerse y otros la vamos a rechazar, porque no se condice con lo que el país está creciendo, según lo que ha dicho el propio Presidente .
Con toda honestidad, quiero decir que da lata escuchar en las intervenciones las comparaciones con los gobiernos pasados, en todo. Yo juraba que hoy la ministra vocera de Gobierno iba a salir diciendo que, a diferencia de lo que ocurrió en los gobiernos de la Concertación, esta vez Chile sí clasificó a la segunda etapa de la Copa América. Es lo único que faltó decir, porque nos comparan en todo.
En este momento existen las condiciones económicas para otorgar un ingreso mínimo un poquito mejor. Los 500 pesos que subió el Gobierno son absolutamente insuficientes para lo que ha planteado el propio discurso del Presidente de la República . Por eso, más allá de las legítimas diferencias que puedan existir en esta Sala, que en democracia son absolutamente legítimas, lo importante es que seamos capaces de reconocer, como lo hizo el diputado Godoy , quien dijo: “Hemos sido arrogantes como Gobierno. Hemos creído y prometido tantas cosas”. Es cierto; prometieron muchas cosas y los chilenos creyeron en esas promesas.
Cuando se dijo que iba a haber un cambio, los chilenos creyeron que el cambio también iba en función de mejoras sustanciales en el ingreso mínimo. Incluso, muchos se confundieron cuando se hablaba del famoso sueldo ético de 250 mil pesos, que hoy se ha visto traducido en otros elementos.
El propio Presidente de la República reconoció ayer, en un discurso, que es imposible que un gobierno pueda terminar con la delincuencia. Pero lo dice ahora, cuando ya captó la adhesión de miles de personas que votaron por él, porque dijo que iba a terminar con la delincuencia.
Entonces, en los temas relacionados con los trabajadores también hay que mostrar cierta consecuencia.
Si un Presidente de la República se vanagloria de que al país le va bien y recorre el mundo diciendo lo bonito que viven los chilenos, a ese mismo Presidente le pido consecuencia y que entregue una propuesta de ingreso mínimo mucho mejor, más atractiva y justa para los trabajadores, que vaya en concordancia con el crecimiento, desarrollo y economía pujante que el mismo Presidente se ha encargado de destacar.
El monto del reajuste del ingreso mínimo que se propone no va en esa línea; por esa razón, algunos parlamentarios van abstenerse y otros lo vamos a rechazar, porque no concordamos con la forma en que este Gobierno ha planteado el tema. Los trabajadores chilenos deberían obtener hoy un ingreso mínimo que se acercara a los 190 mil pesos que estaba pidiendo la CUT, para que en 2012 llegara a los 200 mil pesos, que es lo mínimo que los trabajadores deben recibir.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, como resta un minuto para el término del Orden del Día, pido el asentimiento de la Sala para darle la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado señor Robles, pues su bancada es la única que no ha podido hacer uso de la palabra.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , hace poco tiempo, a esta misma Sala llegó el proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual que envió el Ejecutivo . En esa oportunidad, dijimos que el reajuste que proponía el Gobierno no tenía relación con las expectativas de los trabajadores, pero tampoco con el crecimiento que el país ha experimentado en los últimos meses ni con las expectativas de crecimiento para los próximos meses.
Por lo tanto, es evidente que cuando hablamos del ingreso mínimo mensual, lo que decimos es cuánto incorpora el trabajador chileno al desarrollo productivo del país. En el pasado nos acostumbramos a que recibiera mucho menos de lo que la productividad del país entrega a los demás actores de la economía.
El problema más importante que existe en el país es la desigualdad, sobre todo la desigualdad de ingresos que tienen las familias y los trabajadores. La cantidad de personas que ganan el salario mínimo en Chile y que se benefician con este aumento es muy importante. De hecho, gran parte de las empresas contratistas, del mercado informal y de quienes desarrollan actividades productivas en Chile pagan el sueldo mínimo a sus trabajadores. No hablo de las grandes empresas ni de la minería, sino de quienes laboran en el retail, en las faenas agrarias o en pequeñas empresas que pagan el sueldo mínimo a sus trabajadores.
Por eso, cuando rechazamos el proyecto del Ejecutivo en el Congreso Nacional, pasó a Comisión Mixta, instancia en que el Gobierno no fue capaz de aumentar el monto del reajuste del ingreso mínimo mensual a un nivel racional y acorde con la productividad del país. El Parlamento le dijo al Ejecutivo que el aumento del salario mínimo debía ser mayor. Lamentamos mucho que el Ejecutivo no haya escuchado su voz, la de la gente ni la de los trabajadores, y envíe un veto que propone un reajuste del ingreso mínimo mensual del mismo monto del que ya rechazó el Congreso Nacional.
Por eso, nuestra bancada votará en contra del proyecto y del reajuste por la misma razón que dimos en el pasado y que ahora reiteramos. No vamos a cambiar ahora el criterio, porque el Ejecutivo no ha tomado en cuenta lo que el Parlamento le planteó en las últimas sesiones que celebramos en relación con este mismo proyecto.
Hemos señalado con claridad que Chile debe tener un nuevo trato con sus trabajadores, con el objeto de lograr una mayor equidad respecto de sus ingresos. Si no partimos por el salario mínimo, ¿por dónde vamos a comenzar? La teoría del chorreo que plantean algunos economistas no se da en la realidad; en la práctica, esa fórmula no existe y, por lo tanto, es necesaria una regulación firme del Estado para entregar un mínimo de dignidad a los trabajadores de nuestro país.
Finalmente, anuncio que votaremos en contra de este reajuste propuesto, tal como lo hicimos en la oportunidad anterior.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Felipe Larraín.
El señor LARRAÍN ( ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , quiero contestar algunos de los puntos planteados y hacer una reflexión sobre este proceso.
Éste es el segundo año que me corresponde representar al Gobierno en el debate del reajuste del ingreso mínimo.
Cuando se terminó la tramitación del reajuste del salario mínimo durante el año pasado, muchos parlamentarios de Oposición y de Gobierno solicitaron que llegásemos a un acuerdo y elaboráramos criterios técnicos para determinar el reajuste del ingreso mínimo.
Me tomé en serio ese planteamiento, por lo que formamos una comisión con ese objetivo. En consecuencia, no corresponde a la realidad que se afirme que no hemos escuchado a los interesados en esta materia, ya que estuvimos reunidos con representantes de los trabajadores, de los sindicatos, del mundo académico, de los empresarios, tanto de las grandes empresas como de las pymes y, finalmente, logramos consensuar un documento que fue firmado por todos sus integrantes y que arrojó un aumento de 4,4 por ciento para el salario mínimo, que daba una cifra en torno a 179.500 pesos. Nosotros propusimos subir ese monto a 180 mil inicialmente y ahora lo hemos aumentado a 182 mil pesos, lo que implica 10 mil pesos adicionales al ingreso mínimo mensual para los trabajadores que tienen menos. Por lo tanto, el proceso de conversar, de escuchar y de dialogar se produjo.
Aquí también se ha dicho que las buenas cifras económicas tienen que significar un mayor reajuste del salario mínimo. Efectivamente, esas cifras económicas permiten otorgar un reajuste de 2,5 por ciento real, que es lo que se logra con el 5,8 por ciento de reajuste nominal que se propone.
Aunque algunos expresan que no les gustan las comparaciones, debo señalar que no es correcto el criterio de otorgar reajustes superiores al crecimiento del producto. Nunca se aplicó ese sistema, ni siquiera cuando se produjo el mayor crecimiento de los últimos veinte años, que fue durante el gobierno de don Patricio Aylwin, época en que el incremento promedio del salario mínimo fue de 2,25 por ciento, en circunstancias de que el crecimiento del producto fue superior al 7 por ciento.
Por lo tanto, uno tiene que ser consistente en el tiempo respecto de los criterios. Y los criterios establecidos por la comisión, que me parecen correctos y adecuados, son la productividad y la inflación.
También se ha dicho que el crecimiento del salario mínimo es una forma de disminuir la desigualdad en el país. ¡Qué más querríamos nosotros que ésa fuera la forma de disminuir la desigualdad en Chile, tema que nos preocupa! ¡Pero lamentablemente no es así!
Además, se ha planteado aquí que el salario mínimo no tiene efectos sobre el empleo. Eso es incorrecto. Todas las investigaciones serias sobre la materia, con la excepción de un caso muy puntual que se produjo en un lugar de Nueva Jersey, Estados Unidos, tema que me ha tocado trabajar en detalle, plantean que realmente el salario tiene un efecto sobre el empleo, cuando pasa de cierto nivel.
Por lo tanto, en nombre del Gobierno, hago presente nuestra disposición a conversar y a dialogar siempre. No obstante, la posibilidad de construir acuerdos depende también de la racionalidad de la propuesta alternativa.
Nos gustaría entregar un reajuste mucho mayor. Esperamos que el país continúe creciendo y se siga desarrollando, como lo está haciendo ahora, para seguir mejorando los salarios de los trabajadores, particularmente de los que tienen menos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate.
Corresponde votar la observación sustitutiva de su excelencia el Presidente de la República al proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia de discusión inmediata, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.
La observación tiene por objeto sustituir los actuales artículos 1° y 2° del proyecto de ley por cuatro artículos signados con los números 1°, 2°, 3° y 4°.
Por tratarse de una sola observación, debe ser aprobada o rechazada en su totalidad. En consecuencia, no procede dividir la votación.
Hago presente a la Sala que todas las disposiciones del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 24 abstenciones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
VI. HOMENAJE
HOMENAJE AL 40° ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN LEGISLATIVA DE LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE.
El señor MELERO ( Presidente ).- En virtud del acuerdo de los Comités Parlamentarios, corresponde rendir homenaje al 40° aniversario de la sesión del Congreso Nacional que aprobó la Nacionalización del Cobre, mediante la ley N° 17.450.
En nombre de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional, rendirá homenaje el diputado señor Carlos Vilches, a quien ofrezco la palabra.
El señor VILCHES (de pie).- Señor Presidente , señoras diputadas, señores diputados, dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre, señoras y señores, en representación de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional, tengo el alto honor de dirigirme a la honorable Cámara de Diputados para conmemorar el 40° Aniversario de la Nacionalización del Cobre, proceso que se origina el 11 de julio de 1971, bajo la Presidencia de la República del doctor Salvador Allende y del ministro de Minería señor Orlando Cantuarias .
(Aplausos).
En esa oportunidad, se modificó el artículo 10 de la Constitución Política de la República, referente al derecho de propiedad, y se agregó, entre otras, una disposición transitoria que estableció lo siguiente: “Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 N° 10° de esta Constitución Política, nacionalízanse y decláranse, por tanto, incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre, considerándose como tales las que señala la ley y, además, la Compañía Minera Andina.”.
En virtud de esa declaración, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en 1971, pasaron a dominio nacional todos los bienes de las empresas extranjeras productoras de cobre en Chile, por lo que el Estado tomó posesión material inmediata de sus instalaciones.
Las empresas nacionalizadas fueron las pertenecientes a los yacimientos de Anaconda Copper Company , El Salvador , Chuquicamata y Exótica; de Kennecott Corporation, El Teniente, y de Cerro Corporation, Andina. De esta forma, el gobierno de la época -según lo dispuesto por la ley-, pasa a disponer de la organización, explotación y administración de las empresas nacionalizadas.
Como consecuencia de eso, en 1976 se dictaron los decretos leyes Nos 1.349 y 1.350 que crean la Corporación del Cobre de Chile, empresa del Estado que agrupa a los yacimientos existentes en una sola corporación minera, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, domiciliada en el departamento de Santiago, de duración indefinida, que se relacionará con el gobierno a través del ministro de Minería .
La intensa progresión política que experimentó Chile en el siglo XX se vio reflejada en la creciente gravitación de las cuestiones mineras en la agenda nacional. Hasta 1970, los factores que influyeron en la política minera fueron la discusión sobre el grado de control del Estado en la toma de decisiones en el sector minero y la percepción de que la minería constituía un enclave con escasas vinculaciones al desarrollo del país.
La trascendencia que ha tenido la actividad minera constituye el resultado de lo que ha significado la nacionalización del cobre. Surge la Gran Minería de propiedad estatal y también las modificaciones al nuevo Código de Minería y el decreto ley N° 600, Estatuto de la Inversión Extranjera. Un aspecto central en la política minera de Chile ha sido el de la renta minera y la tributación, sobre todo asociado a la presencia de capital extranjero en grandes operaciones mineras en el país.
Ciertamente, así como fue importante la nacionalización hace cuarenta años, que hoy conmemoramos con orgullo, quiero destacar el hecho que cobra especial relevancia entre los años 1997 y 2001: la percepción pública de que la minería privada no pagaba suficientes impuestos, por lo que se origina un gran debate nacional que dio como resultado la promulgación de la ley de impuesto específico a la minería, conocida como royalty minero, destacando la importancia de la minería como un gran aporte al erario nacional.
Hoy, como una verdad irrefutable, Chile es un país minero que lidera en el mundo con su producción de cobre. De la misma forma como Chile fue capaz de nacionalizar sus riquezas básicas, hoy debe desarrollar políticas públicas que permitan un valor agregado a la explotación del cobre, para que llegue a ser un gran país exportador de cobre en productos terminados.
Finalmente, expreso mi sincero reconocimiento a tantos hombres y mujeres visionarios que impulsaron la nacionalización del cobre pensando en las futuras generaciones de chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES (de pie).- Señor Presidente , el principio innovador que inspiró la nacionalización del cobre y su asociación indiscutible con el actual debate del royalty evaporó la atmósfera de nostalgia que podría haber invadido este homenaje.
La vigencia del principio de rentabilidad excesiva fortalece los fundamentos de nuestro rechazo a la actual legislación permisiva de la gran minería privada y también nos desafía, porque no hemos sido capaces de cambiarla.
Es curioso que el estudio y homenaje a ese pasado presione tan fuertemente hacia el presente. La nacionalización del cobre quedó encadenada al futuro y remece nuestras deudas políticas presentes.
Pasados 40 años, esa Gran Minería, que constituía el ciento por ciento al momento de nacionalizarse, hoy se ha reducido a un tercio. Antecedentes de 1971 parecieran describir la minería de hoy como fundamentos para el royalty: abuso de nuestro recurso no renovable, elusión tributaria de las grandes empresas, explotación de nuestro suelo sin pagar impuestos, utilidades desproporcionadas respecto de las inversiones de esas mismas empresas en otras partes del mundo y el abuso demostrado contablemente.
El gobierno de la Unidad Popular instaló un principio innovador para nacionalizar el cobre chileno: la noción de la injusta rentabilidad excesiva.
En lugar de la amenaza expropiatoria revolucionaria, tan propia de los 60, proclamada por nosotros mismos, el gobierno aplicó la ley. La paradoja del concepto aplicado es que su carácter revolucionario lo constituyó justamente su legalismo.
El nuevo concepto consiguió anular rechazos a la decisión nacionalizadora y desmintió los miedos de las campañas del terror antiizquierdistas de la Derecha. La novedad argumental colocó a la Derecha en una decisión positiva ineludible.
La realidad de los bajos costos con que las compañías extranjeras consiguen la creación de valor produce exceso de renta. A la mano de obra barata, que otorga resultados de utilidades extraordinarias, se sumaba la explotación gratuita de la tierra, que contiene el material extraíble, la que el inversionista no compra y el costo de lo no renovable es cero. Hoy está marcada, además, por el buen precio del cobre y la industrialización.
La rentabilidad superaba la normalidad de otros negocios y superaba la rentabilidad de esas mismas empresas en otras partes del mundo.
Los datos que se hicieron públicos en ese entonces hablan por sí solos: la Kennecott, en El Teniente, ganó, desde 1955, un promedio del 53 por ciento, mientras que en otros países ganaba el 9. La Anaconda, en Chuquicamata, ganó un promedio de 21 por ciento, en circunstancias de que la media de sus otros negocios era de 3,7. En pocos años, la Chile Exploration aumentó sus utilidades en 130 por ciento; la Braden, en 400 por ciento, y la Andes Copper Mining , en 760 por ciento.
La reforma constitucional de Allende estableció que se pagaría indemnización, pero que a ésta se le descontaría la rentabilidad excesiva de las empresas. Estaba incluido en la Constitución.
La nacionalización que propuso el gobierno de la Unidad Popular cambió, entonces, el enfoque mundial en curso. Pasaba a ser un principio peligrosamente repetible. Nixon lo entendió. Cito a ese Presidente de los Estados Unidos: “Voy aplastar a Allende”.
A las 20.27 horas del domingo 11 de julio de 1971 se levantó la sesión del Congreso Pleno que había aprobado este proceso. El artículo transitorio N° 17, letra b), de la Constitución facultó al Presidente de la República para ordenar el descuento de las rentabilidades excesivas. Dos meses después, el Presidente Allende dictó el decreto supremo N° 92, que determinó la cantidad que habría que restar al pago de la indemnización obligatoria.
Antes de Allende, en el mundo se nacionalizaba por acuerdo o por imposición. Se temía a la violencia expropiatoria. En Chile, lo resolvió el Parlamento, que aprobó en pleno la iniciativa. Lo instaló en la propia Constitución.
Se desarrolló una discusión en forma democrática. Allende no impone, no expropia, no confisca. Se desmoronan las profecías en cuanto a que Allende reproduciría los procesos de la revolución cubana o los de algunos nacionalismos latinoamericanos de los años 50. No había atropello; había pleno respeto al estado de derecho.
La legitimidad de la fórmula se levantó como peligrosa para los intereses empresariales extranjeros en cualquier parte del mundo. Se había legitimado el proceso innovador de la rentabilidad excesiva. ¡Qué vigente es este debate sobre la rentabilidad excesiva!
Sólo el royalty podría detener el proceso que vivimos 40 años después y que me permito denominar hoy como la desnacionalización del cobre. ¡La desnacionalización del cobre!
¿Cuánto ganan hoy las mineras amparadas en la desnacionalización? Los especialistas entregan datos. Sólo en 2006, estas mineras -no las de antaño- ganaron cinco veces los 4 mil millones de dólares que el Presidente de la República ofrece para resolver los problemas de la educación: más de 20 mil millones de dólares en un solo año. Las facilidades legales de hoy permiten desnacionalizar el cobre, disminuyendo la apariencia de utilidad en base a créditos cargados u otras figuras para no tributar.
Podemos afirmar que lo desnacionalizaron desde 1974, pues lo obrado contravino conceptualmente la base misma de la institución jurídica y los principios del derecho moderno que habían permitido nacionalizar en 1971.
El constructor jurídico de la nacionalización, Eduardo Novoa Monreal , designado por el Presidente Allende para estos fines, estableció en la Constitución los principios que hoy nos pueden ayudar a exigir el royalty, por las utilidades excesivas, y así poner fin a los malabarismos con que las mineras eluden el pago de impuestos en Chile, lo que hace que pierda el territorio con cobre y también el dinero.
Entonces, homenajear la nacionalización del cobre significa también, inevitablemente, homenajear a Eduardo Novoa y a su equipo: Sergio Insunza , Armando Uribe y tantos más.
Construyeron la nacionalización con conceptos jurídicos nuevos, del siglo XX, como una institución jurídica que no surge sólo del derecho de los países socialistas, sino con Julliot , Chenot, Laufenburger , que se consagró en la declaración N° 1.803 de la ONU, en 1962, cuando se proclama el derecho de todo Estado a disponer de sus riquezas y sus recursos naturales. No venía del siglo XIX; era nuevo. ¡Ésa era la novedad!
Ellos entendieron que en su acepción más exacta una nacionalización no se caracteriza por colocar bajo el dominio nacional bienes de propiedad extranjera. No es contra lo extranjero; puede aplicarse tanto a bienes privados de nacionales como de extranjeros, pues su etimología no procede de hacer nacional lo que es extranjero, sino de asignar los bienes privados a la nación toda.
No la confunden con la confiscación, porque ésta tiene carácter sancionatorio. Y es distinta de la expropiación, que sólo transfiere el dominio. La nacionalización transforma la propiedad privada en colectiva con el objeto de ponerla al servicio de inte-reses generales.
El concepto que me permito levantar como “desnacionalización” se entiende mejor si confrontamos la realidad actual, lo que hoy vive Chile en la minería, con el principio nacionalizador que genialmente construye Eduardo Novoa : como “un acto supremo de gobierno”, que nace de una nueva actitud del hombre respecto a la propiedad, que entiende que ciertas actividades no pueden ser dejadas a la iniciativa privada o al lucro como motivo central. ¡Qué vigentes palabras! En el Chile de hoy, este enfoque es recordado por los movimientos sociales, con la política a la zaga.
La desnacionalización se contrapone a la nacionalización porque ésta confía a la colectividad las riquezas, empresas o actividades que antes estaban a cargo de la iniciativa privada, con el fin de que sean utilizadas en beneficio de todo el pueblo para solucionar problemas sociales, suprimir injusticias y procurar el bien a toda la colectividad.
Señor Presidente , más allá de la mitología de la unanimidad de la nacionalización en el Congreso Nacional en 1971, los expertos detectaron que en el debate de entonces -y quizás también hoy, en este Congreso Nacional- era natural que la Derecha quisiera asimilar la noción de nacionalización a la de expropiación del derecho tradicional. Es natural que quienes afirman que sólo la libertad individual es el motor más poderoso del progreso económico y de una mejor organización social, le encarguen al Derecho sólo el fin de proteger esa libertad y que evite todo intento estatal de dirigir la economía; y cuando advierten que la noción jurídica moderna de nacionalización no puede ser resistida, busquen reducirla hacia el derecho expropiatorio pasado. No entienden que la nacionalización está destinada a cambiar el régimen de explotación de los bienes o actividades, transformando la actividad en colectiva para el bien común.
Cito a sus detractores, quienes llegaron a decir que la nacionalización era un equívoco semántico para sorprender a las personas de poca cultura. Pero, como dijo el experto, algunos, terminaron aprobándola, pese a su repugnancia doctrinaria.
Al leer todos los boletines de sesiones del debate que tuvo lugar en la Cámara de Diputados en 1971, revivimos una argumentación demoledora. El debate sobre la indemnización ingresa hasta en las profundidades de la epiqueya de Aristóteles para fundamentar, citando a los autores, que un pago puede ser equitativo, aunque no sea equivalente, siempre que sea adecuado.
En la discusión sobre la equidad y la justicia social, Maira , Millas, Jaque, Renán Fuentealba fueron brillantes al defender los conceptos filosóficos y jurídicos de la justicia de la nacionalización.
La falta de convicción de la Derecha -con todo respeto- al concurrir con su apoyo a la unanimidad de la nacionalización del cobre en 1971, quedó demostrada en 1974. En efecto, tres años después de la nacionalización, actuó con su motivación más genuina, aquella que subyacía en las profundidades ideológicas de la Derecha, al iniciar la desnacionalización, después del golpe de Estado, con el decreto ley N°600. Sin pudor, a poquito de haber concurrido a la unanimidad de la nacionalización, en 1971, cuando el golpe consolidó el poder, el 74 la Derecha se expresó en su esplendor, a la luz del día, no sólo en su entusiasmo privatizador en otras áreas, sino desnacionalizando el cobre, ofreciéndolo, casi como se hace en el poema. Los abogados del dólar, de Neruda, que dice:
?Cuando llegan de Nueva York
las avanzadas imperiales…
se adelanta un enano oscuro,
con una sonrisa amarilla,
y aconseja, con suavidad,
a los invasores recientes:
No es necesario pagar tanto
a estos nativos, sería
torpe, señores, …
no sabrían sino embriagarse”.
Entonces, el decreto ley N°600 ofreció a la inversión extranjera en la Gran Minería que ganara dinero sin barreras.
Con razón, un subsecretario del Presidente Piñera , sin ser desmentido por ninguna autoridad, acaba de decir que la nacionalización del cobre fue un error histórico.
No se atrevieron a devolver la Gran Minería de Codelco nacionalizada, y comenzaron el proceso desnacionalizador. Al tener todo el poder en las manos, o con el fusil en las manos, comenzaron la desnacionalización de la minería y de otras actividades.
Así, cuarenta años después, ya no por culpa sólo de la Derecha, sino también por culpa nuestra, por responsabilidad nuestra, las minas que nacionalizó Chile, que constituían el ciento por ciento de la Gran Minería, ahora están reducidas a cerca del 33 por ciento, gracias al proceso de desnacionalización; el resto lo tienen los privados sin pagar un royalty por llevarse ganancias de un territorio que no volverá a tener cobre sino hasta dentro de unos ciento cincuenta millones o doscientos millones de años.
El pensamiento desnacionalizador, que destruye la propiedad colectiva, es decir, del Estado que servía al bien común, se extendió, lentamente a la salud y a la educación, concebidas ahora como un negocio, situación que los estudiantes han sabido denunciar mucho mejor que cualquiera de nosotros y que la política. Lo llamo desnacionalización, porque contrasta con el concepto que inspiró a la nacionalización del cobre, que hoy celebramos.
Chile ha retrocedido en su repudio al lucro excesivo y ha retrocedido en relación con el valor colectivo que se había conquistado.
Esta victoria de la nacionalización del cobre comenzó con el Presidente Eduardo Frei Montalva , con la llamada nacionalización pactada y la discutida chilenización de 1965.
Para no caer en una personal exageración filial, prefiero leer literalmente el párrafo con que la enciclopedia describe el proceso. Dice:
“…la nacionalización pactada (1969), que fue el proceso -ideado y encabezado por el ministro de Minería , Alejandro Hales-…
(Aplausos)
…que culminó con la compra de la mayoría de las compañías y su control por el Estado de Chile.
Posteriormente, en la presidencia de Salvador Allende se realizó la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre, por la ley N°17.450, publicada el 16 de julio de 1971”.
Esa valiosa gradualidad del curso histórico nacionalizador chileno facilitó el éxito de 1971.
El gobierno de Eduardo Frei Montalva ablandó resistencias. La nacionalización pactada agudizó la lucha contra el abuso y aceleró la idea del control estatal del cobre.
A comienzos de los 60, nadie apostaba a que la recuperación íntegra del cobre se lograría en 1971 y con votación unánime. Era difícil construir una conciencia colectiva nacional tan poderosa que empujara a la Derecha a concurrir con su voto positivo a una iniciativa de Allende.
El gobierno de Frei Montalva y el Partido Demócrata Cristiano, con sus líderes, fueron anulando la conducta de la Derecha chilena a oponerse al dominio total del Estado sobre la Gran Minería. Ellos también son parte de este homenaje.
Tomic, el candidato presidencial democratacristiano coincidió con Allende en su compromiso en pro de la nacionalización completa y total.
Vale la pena recordar que la conciencia se hace y también se deshace; que la comprensión colectiva de un país se puede transformar en una gran capacidad movilizadora que logra éxitos difíciles de imaginar al inicio de los procesos. También hay que recordar que el éxito es un peligro.
La novedad establecida por Allende fue un factor de amenaza de intereses, determinante para su caída. Su nacionalización no era por la vía armada; la propuesta de Allende era legal y moralmente aceptada en la comunidad internacional. Las empresas extranjeras descubrieron que este principio podía hacerse atractivo y usarse para expropiarles en todas partes. Lo grave para ellas era que se sabía justo, legítimo, ajustado a derecho, irrebatible, y que en Chile había sido políticamente incontrarrestable.
Las empresas habían aprovechado, como hoy, los recursos no renovables, pagando en las condiciones que ya hemos descrito. Por eso, la Constitución las llamó rentabilidades excesivas, y ordenó que a la hora de establecer el precio que el Estado debía pagarles a los privados, se les restara todo lo que habían ganado por sobre una utilidad normal.
El ejemplo de Allende era un peligro. El concepto de utilidades excesivas para restarlas del pago, podía extenderse en cualquier lugar del mundo donde funcionara la libre empresa. Allende era un peligro para sus intereses.
Escucho en mis archivos la grabación del embajador norteamericano Edward Korry , de la reunión que sostuvo con el Presidente Nixon y Kissinger en la Casa Blanca. Dice el embajador: “Nixon empezó a soltar un discurso de 5 o 6 minutos, sobre cómo iba a aplastar a Allende. No paraba de golpear su puño contra la mano. Dijo que lo destruiría, que lo hundiría económicamente, que iba a exprimirlo económicamente...”, y menciona algunos insultos de Nixon hacia el Presidente Allende .
El 21 de octubre de 1971, el entonces secretario de Estado , William Rogers , dijo que suspendería toda la ayuda a Chile si no revisaba su decisión de nacionalizar el cobre. Consultado si eso no sería una bofetada en la cara, respondió: “Es el único lenguaje que entienden”.
John Conally , entonces secretario del Tesoro, prohibió la venta de aviones comerciales a líneas aéreas chilenas. Para no despertar reacciones contraproducentes, como les ocurrió con Cuba, escogieron una línea más hábil, de silenciosa asfixia a la economía chilena. No se negaron los créditos, sino que se tramitaron sin aprobarlos. Una mano invisible operaba contra Chile en los organismos financieros internacionales. Esperaron la renegociación de la deuda externa para apretar el lazo en el Club de París.
Durante la renegociación de la deuda chilena, el Departamento de Estado dijo: “La nacionalización del cobre está en nuestro pensamiento”.
Traigo citas de diarios de la época, en que se promovía desconocer la legalidad de la nacionalización: New York Times: “Maniobra grotesca”; Evening Star : “Robo desembozado. Si Nixon no actúa, esto se extenderá a otras partes”; Barron ´s: “Bandoleros…despojo”; New York Daily News : “El ladrón Salvador Allende” ; Newsweek: “Confiscación”; Revista Time : “La nacionalización del cobre de Chile es un gran zarpazo… Hay que demostrar que Estados Unidos de América no es blando”.
No supimos entender las claves del odio que incubaba la Derecha chilena de entonces, ni los intereses que quería recuperar, que explican parte de su posterior permisividad política y social para la violación de los derechos humanos. Pero tampoco fuimos capaces de comprender la odiosidad de nuestras propias conductas. En el entusiasmo, nos cegamos, y nuestro fanatismo muchas veces tuvo efectos nocivos de sectarismo, del que somos responsables por haber contribuido al deterioro de la convivencia nacional.
A pesar de eso, conquistamos la nacionalización del cobre. Aunque pasada de moda para quienes hoy sólo creen en la habilidad de la elite política y en las maniobras de las directivas, la conciencia de nacionalizar el cobre venía construyéndose lentamente desde un amplísimo movimiento político popular.
Los senadores comunistas Elías Lafertte y Salvador Ocampo , presentaron el primer proyecto de nacionalización, en 1951. La política construyó un ambiente nacionalizador. En los años 70, en torno al cobre convergieron fuerzas políticas entonces adversarias, como la Democracia Cristiana y la Unidad Popular. Al revisar los discursos de Allende, puedo ver que repetía en toda su campaña: “No quiero sólo ganar votos; quiero ganar conciencias”. Chile estaba empapado de convicción.
Honorable Sala, en ese entonces trabajamos con lo único que hoy detona mis nostalgias: la política de vocación transformadora de largo plazo, la que siembra en las conciencias un porvenir mejor; la política sin cortoplacismos y, que avanza por peldaños, porque tiene sentido del porvenir.
Por eso, el proceso dio resultado. La nacionalización del cobre fue mucho más que una inteligente fórmula jurídico-contable. Construimos un anhelo nacionalizador; acercamos las propuestas políticas con capacidad transformadora al pensamiento de las personas, no sólo al de los eruditos, invitándolas a sumarse con convicción y orgullo a exigir la nacionalización como país.
Fue un trabajo duro, lento, hecho con pedagogía política. Había debate. La Derecha amenazaba con el recuerdo de las expropiaciones de Cuba en los años 60, con los gusanos y con el paredón. Se debatió, se sumaron los estudiantes, levantamos las razones, se divulgó la palabra, se recorrió Chile. Se hicieron marchas y asambleas previas a la votación de la reforma constitucional en el Congreso Nacional, que se iba a efectuar el domingo 11 de julio. Había que asegurar su aprobación.
Ese domingo, en la mañana -la votación sería en la tarde-, Allende habla en Rancagua ante los mineros. El discurso del Presidente fue un informe detallado, técnico, político, económico y social que entregó al pueblo apenas unas horas antes de la votación de la reforma constitucional. El país estaba atento.
Después de conocer el resultado, celebramos en todas partes y cantamos para poder expresarnos con toda el alma. Eduardo Yáñez , estudiante de la Universidad de Chile, compuso un éxito mundial, que dice:
“Nuestro cobre,
la carne de la pampa,
enclavado en la tierra colorada
que vive allá en el norte.
Nuestro cobre,
ahora estás en casa
y la patria te recibe emocionada
con vino y con guitarras.”
Esa gran minería nacionalizada hoy nos permite decir que Chile tiene dinero, que no somos pobres, aun cuando hay muchos pobres. Allende lo dijo al firmar la promulgación de la reforma constitucional. Con voz serena, en La Moneda, sentado al lado de Patricio Aylwin y del Presidente de la Corte Suprema , expresó: “Hemos conquistado nuestra segunda independencia: la independencia económica”.
Hoy, sólo tenemos un tercio de la Gran Minería, pero tenemos riqueza.
Las empresas comenzaron a exigir el embargo del cobre en los puertos de Europa, y nosotros llamábamos a defenderlo. Y, de nuevo, Novoa , con el valioso apoyo de algunos abogados de Derecha, por patriotismo, salieron a defender a Chile. Trabajamos para explicarle al pueblo que había que defender lo conquistado. Se hicieron afiches, rayados murales; recurrimos al arte, no sólo a la razón, para sensibilizar la objetividad de la lucha. Música, poesía; vino el pintor Matta a rayar con nosotros las murallas. Cantábamos para transmitir la emoción de la razón; cantábamos orgullosos en todas partes para defender el cobre nacionalizado; marchábamos y cantábamos porque la riqueza podía eliminar la pobreza.
“Nuestro cobre,
la carne de la pampa,
enclavado en la tierra colorada
que vive allá en el norte.
Como un niño que nunca imaginó
la dicha de ser hombre,
has vencido para bien de los chilenos;
ya no seremos pobres.
De tus frutos saldrá la vida nueva,
Vendrán tiempos mejores.”
Habíamos vencido políticamente en la discusión ideológica en torno al cobre. Había enemigos poderosos; pero, a pesar de todo, fue la política la que transformó realidades, haciendo conciencia. Y lo logramos.
Para finalizar, quiero decir que hoy son los movimientos estudiantiles los que han sido capaces de recuperar el ciclo de la lucha social, elevándolo a un nivel superior al del pasado. Los jóvenes de hoy han mejorado con amplitud la convocatoria sobrepolitizada con que nosotros nos movíamos hace cuarenta años. Los jóvenes de hoy más bien empujan a los políticos para sacar adelante lo que nuestras incapacidades presentes no han sido capaces de resolver.
A ver si la amistad laboral que hemos construido en el Parlamento y la amistad de trabajo que hemos construido en la política puede llevar a algunos a abrirse a buscar nuevamente acuerdos con sentido colectivo, no impuestos, para romper el curso del pensamiento desnacionalizador. No digo que vuelvan a votar unánimemente con nosotros como hace 40 años; pero, a lo mejor, puedan abrirse a un mayor esfuerzo por el bien colectivo, entendiendo que en esa línea que deja como lección la nacionalización del cobre, está el valor más grande que nos dejó como herencia el valor de lo colectivo, como país; de no entender el lucro como motor, al menos exclusivo, de las grandes necesidades de la nación, y que apliquemos esa idea no sólo en relación con el cobre, sino en otros ámbitos en los cuales nuestros compatriotas tienen tantas carencias y sufrimiento. Entonces, tal vez la Derecha se sume y salga cantando con nosotros:
“Nuestro cobre,
la carne de la pampa,
enclavado en la tierra colorada
que vive allá en el norte.
Como un niño que nunca imaginó
la dicha de ser hombre,
has vencido para bien de los chilenos;
ya no seremos pobres.
De tus frutos saldrá la vida nueva,
vendrán tiempos mejores.”
Vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos mejores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO ( Presidente ).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE (de pie).- Señor Presidente , estimados colegas, se acordó rendir este homenaje, con motivo del 40° aniversario de la nacionalización del cobre, antecedente necesario e indispensable para la existencia de la Corporación Nacional del Cobre.
Codelco no existiría si no se hubiese nacionalizado nuestro cobre. Por eso, a pesar de que la existencia legal de Codelco se produce con la dictación del decreto ley N° 1350, de 1° de abril de 1976, se puede decir que ese acto equivaldría a la inscripción de las personas en el Servicio de Registro Civil, y que la nacionalización sería su nacimiento.
Por este motivo, nos ha parecido oportuno dedicar algunos minutos a conmemorar un hecho tan importante como fue la nacionalización del cobre.
El primer hecho que surge en nuestra memoria es que, en un período de polarización política que terminó en la tragedia del golpe de Estado y la dictadura, haya existido unanimidad respecto de la necesidad de aprobar la reforma constitucional que concretó la nacionalización del cobre.
El 11 de julio de 1971, el Congreso Pleno, por 158 votos a favor y 1 abstención, ratificó dicha reforma, apoyado, entre otros antecedentes, en el reconocimiento de las Naciones Unidas de que los países integrantes de ella tenían el derecho a nacionalizar sus riquezas básicas.
Los democratacristianos podemos decir con orgullo que uno de los más tenaces y preclaros defensores del cobre como propiedad del Estado y, en consecuencia, de todos los chilenos, fue nuestro camarada Radomiro Tomic . En 1941, es decir, hace 70 años, decía: “El cobre podría ser para los chilenos como la lámpara de Aladino (como el petróleo para los árabes); pero la tradicional desconfianza del “huaso ladino” frente a lo nuevo o el “peso de la noche” de que habla Portales, nos impiden aprovechar el don prodigioso de la naturaleza que representa tener en nuestro territorio un tercio de la reserva mundial de cobre terrestre, de los mejores yacimientos con los más bajos costos comparativos de producción del orbe, del metal más escaso y más indispensable para la generación, distribución y uso de la energía eléctrica”.
Respecto de esta última afirmación, se puede decir que guarda su vigencia, pero respecto de su aplicación a los variados aparatos tecnológicos en actual y futuro uso.
Por eso, también el entonces senador Renán Fuentealba , hablando en representación del Partido Demócrata Cristiano, dijo en el solemne Congreso Pleno del 11 de julio de 1971: “La Democracia Cristiana ha estado permanentemente empeñada en una tarea de recuperación no sólo del cobre sino de todas nuestras riquezas naturales”. Y agregaba: “…No podemos dejar de consignar en esta tarde que el paso más trascendental dado hasta hoy en la materia lo constituyó la política de chilenización impulsada por el Gobierno del Presidente Frei, que dio a Chile, por primera vez, participación real en la propiedad de esta riqueza básica. Ningún gobierno había hecho antes nada tan importante como la chilenización…”.
Efectivamente, la nacionalización del cobre fue la culminación de un proceso que entregó al Estado chileno la propiedad de la Gran Minería, lo que incluía los yacimientos de Chuquicamata, El Salvador, El Teniente y Andina.
Cuando se produjo el traspaso, quienes habían manejado esas minas ponían en duda la capacidad de los trabajadores, técnicos y profesionales chilenos para continuar exitosamente con la producción de ellas, y más de alguno, con cierta sorna, decía: “ya tendrán que llamarnos de vuelta”.
Pero eso no fue necesario. Al revés, no sólo manejaron esos minerales, sino que luego fueron chilenos los que en su integridad, desde la prospección hasta su puesta en marcha, agregaron las minas Radomiro Tomic , Gabriela Mistral y Ministro Hales a la propiedad de Codelco.
Rechazamos categóricamente la vergonzosa afirmación del actual subsecretario de Minería , quien señaló que la nacionalización del cobre constituía un error histórico en nuestro país. Muy por el contrario, Codelco ha sido un excelente negocio para Chile.
Mencionaré algunas cifras que nos muestran por qué tenemos la obligación de cuidar Codelco y de mantener y defender su carácter de empresa ciento por ciento estatal.
Desde la nacionalización del cobre, los yacimientos que pasaron a manos del Estado y que luego dieron forma a esa Corporación, han permitido la extracción de 48,7 millones de toneladas de cobre fino, ocupando siempre el primer lugar entre los mayores productores de cobre del mundo. Sólo en 2010, la empresa produjo el 11 por ciento de todo el cobre proveniente de minas existentes. Para este año se proyecta una cifra similar.
En 1971, la producción de cobre de Codelco fue de 571 mil toneladas de cobre fino, cifra que se triplicó en 2010, alcanzando 1.760 millones de toneladas producidas.
Estas cifras demuestran la eficiencia y competitividad que Codelco fue ganando en las últimas décadas y que ha mantenido, pese al aumento de la producción de cobre a nivel mundial y a la natural caída, por su antigüedad, de las leyes de cobre de los yacimientos de dicha Corporación.
Codelco tiene aún las mayores reservas mundiales de cobre, equivalentes al 10 por ciento de las reservas mundiales. Las reservas y los recursos minerales, considerados en su Plan de Negocios y Desarrollo 2011, alcanzan a 124 millones de toneladas de cobre fino.
Si Codelco mantuviera su ritmo de explotación actual, realizando las inversiones necesarias, podría continuar produciendo al menos durante setenta años.
Codelco es la empresa que más aporta al Estado de Chile, generando, desde su creación, excedentes por 84 mil millones de dólares. Sólo en los últimos veinte años, entre 1990 y 2010, los aportes al fisco superaron los 59.500 millones de dólares. Lo anterior es equivalente al 11 por ciento de los ingresos fiscales, al 31 por ciento del impuesto al valor agregado del período y al 86 por ciento de lo recaudado por concepto de impuesto a la renta en primera categoría durante esos mismos años.
Codelco es un importante motor de desarrollo de la economía nacional, especialmente en las regiones donde mantiene sus operaciones. En 2010, generó cerca de 65 mil empleos directos, entre trabajadores propios y de empresas contratistas, incluidos los de operación y los de inversión, e hizo negocios por más de seis mil millones de dólares por concepto de compras de bienes y servicios.
La empresa cuenta hoy con cerca de 3 mil 900 proveedores, 90 por ciento de los cuales son nacionales o, al menos, están plenamente instalados en Chile.
Pero, para mantener esa riqueza, Codelco necesita concretar su cartera de proyectos estructurales, los que requieren una inversión que se estima en más de 17.500 millones de dólares. Ellos darán vida al desarrollo de sus minas Ministro Hales , Chuquicamata subterránea, nuevo nivel mina El Teniente y Andina Fase II.
Asimismo, Codelco ha hecho fuertes inversiones en la creación de filiales dedicadas a la innovación y tecnología en la industria minera, en alianza y cooperación con empresas internacionales de nivel mundial, como Biosigma, en bioteconología; MIRS , en robótica, y Micomo, en comunicaciones de última generación, lo que se pudo comprobar con ocasión del rescate de los 33 mineros de la mina San José , donde se empleó esa tecnología.
A su vez, el crecimiento de Codelco y su importancia fundamental para nuestra economía, llevó al Congreso Nacional a concordar con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet un nuevo gobierno corporativo, el que, en lo esencial, le entrega una mayor autonomía respecto de los gobiernos de turno y los avatares de la política contingente.
En este momento enfrenta nuevos desafíos. La antigüedad de algunas de sus minas -El Teniente, por ejemplo, tiene 106 años de explotación, y Chuquicamata, 101 años-, la baja en la ley de minerales, la distancia que se debe recorrer para desechar el material estéril, la necesidad de enfrentar y solucionar los llamados pasivos ambientales, entre otros factores, obligan a la empresa a realizar importantes inversiones para mantener su actual nivel de producción. Insisto, para mantener su actual nivel, no para aumentarlo.
La cartera de proyectos en curso involucra un monto total de 6.275 millones de dólares, de los que aproximadamente 1.500 millones serán invertidos durante el presente año. Con 12 proyectos en etapa de ejecución, los recursos de 2011 están destinados principalmente al desarrollo de los cuatro proyectos estructurales: mina Chuquicamata subterránea, Ministro Hales , nueva Andina Fase II y nuevo nivel mina El Teniente, que transformarán el modelo de gestión de la empresa y que involucran grandes desafíos tecnológicos.
Quizás, el desafío más relevante sea la explotación de la mina a tajo abierto más grande del mundo, de manera subterránea a partir de 2018, lo que traerá grandes cambios en la forma de hacerlo y tendrá importantes consecuencias para los trabajadores.
Hago notar que el excesivo endeudamiento y la decisión del actual Gobierno de no permitir una mayor capitalización, constituyen una de las principales preocupaciones para el futuro de una empresa como Codelco, de carácter plenamente estatal.
Los cambios tendrán que venir y son necesarios. Lo importante es que los cambios en este mineral y los demás que tengan que realizarse, deberán hacerse con la colaboración de los trabajadores y con pleno respeto de sus derechos y de las organizaciones sindicales que los agrupan.
En palabras del Presidente Allende , precisamente el día de la nacionalización: “Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos, y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro”. En una frase, los cambios que deben realizarse en la Gran Minería nacional, en particular en Codelco, deben hacerse con los trabajadores y no contra los trabajadores. Sólo de esa forma seremos consecuentes y dignos continuadores de aquellos que, de manera visionaria, un día tomaron la sabia decisión de nacionalizar nuestro cobre.
¡Viva Chile!
He dicho.
-Aplausos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En representación del Comité del Partido Socialista, rinde homenaje el diputado Juan Luis Castro.
El señor CASTRO (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la bancada del Partido Socialista, paso a rendir homenaje al 40° aniversario de la nacionalización del cobre.
Desde principios del siglo pasado, los yacimientos cupríferos chilenos comenzaron a ser adquiridos por compañías estadounidenses, como la Braden Copper, por ejemplo, que explotaría el yacimiento El Teniente, o la Chile Exploration Company, que haría lo suyo en Chuquicamata.
Durante las décadas posteriores, las variaciones del precio del cobre generaron inestabilidad y desconfianza entre las autoridades políticas chilenas, lo que llevaría a replantearse la institucionalidad de la explotación del cobre por parte de las compañías extranjeras, llevando al Estado chileno a negociar cerca de veinte acuerdos de explotación con aquellas, entre mediados de los años treinta y mediados de los cincuenta.
Ello llevó a que los impuestos que las empresas extranjeras pagaban al fisco chileno quedaran regulados a través de la ley del nuevo trato, de 1955, que determinó una tasa impositiva para la Gran Minería del Cobre del 50 por ciento sobre las utilidades. Se buscaba favorecer la modernización de la industria y una mayor entrada de recursos para la economía nacional.
Esta iniciativa coincidió con otras que afirmaban la necesaria nacionalización de la riqueza cuprífera nacional, como el proyecto de los senadores comunistas Elías Lafertte y Salvador Ocampo , de 1951, o el que presentó años más tarde el senador Salvador Allende y sus colegas socialistas Raúl Ampuero y Salomón Corbalán , entre otros.
Asimismo, en los años sesenta, la Democracia Cristiana avanzó en la misma dirección con la iniciativa del Presidente Eduardo Frei Montalva denominada “Chilenización del Cobre”, consistente en la adquisición por parte del Estado de porcentajes de la propiedad de empresas mineras norteamericanas, como Kennecott y Anaconda , dando origen a sociedades mixtas a través de los “convenios del cobre”.
La idea era generar capitales para aumentar la producción y financiar la expansión, quedando, eso sí, fuera los yacimientos más importantes, tales como Chuquicamata y El Salvador, respecto de los cuales el Estado suscribió pagarés garantizando el pago de las acciones adquiridas, en lo que se denominó la “nacionalización pactada”. Hacia 1970, el Estado chileno era accionista mayoritario en las compañías de cobre de El Salvador, Chuquicamata y El Teniente, y minoritario en otras, como Andina.
La llegada de la Unidad Popular al gobierno y de Salvador Allende a la presidencia, conllevó una importante voluntad de concluir el proceso de nacionalización de los recursos naturales, tal como ya lo planteaban instituciones internacionales, como la Cepal, y lo consagraban documentos, como la Declaración Nº 1803 de la Asamblea General de Naciones Unidas respecto de la soberanía estatal sobre los recursos naturales, de principios de los sesenta.
El concepto de soberanía y autonomía política y económica se hacía eco de los procesos de descolonización en los países del Tercer Mundo, de los movimientos de liberación nacional y, en particular en Latinoamérica, de la postura antiimperialista contra los intereses estadounidenses en la región.
Tanto para la Izquierda como para la Democracia Cristiana, la participación del Estado chileno en la explotación de sus riquezas naturales -en especial del cobre, llamado la “viga maestra de la economía chilena” o el “sueldo de Chile”- era considerada un punto esencial para la política de desarrollo nacional y un símbolo incuestionable de soberanía e independencia.
De esta manera, en virtud de la arquitectura legal elaborada principalmente por el reconocido jurista, don Eduardo Novoa Monreal -profesor de derecho de la Universidad de Chile y presidente del Consejo de Defensa del Estado en aquellos años-, ya fallecido, el gobierno del Presidente Salvador Allende presentó al Senado el proyecto de reforma constitucional al artículo 10, Nº 10, de la Carta, que permitía la nacionalización en los siguientes términos: “…por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre…”.
Al ser presentado el proyecto, el Presidente Allende sostuvo: “Por eso es que en este instante, nosotros al dar este paso estamos encarando una gran posibilidad para el pueblo y para la patria y lo vamos a hacer dentro de los cauces legales, lo vamos a hacer como un derecho del pueblo de Chile, como una obligación del Gobierno popular que ustedes pusieron. Lo vamos a hacer posible para el progreso material de nuestra patria, para asegurar nuestra soberanía y para demostrar que la dignidad de Chile y su independencia no tiene precio, ni está sometida a ninguna presión ni a ninguna amenaza”.
El 11 de julio de 1971, siete meses después de presentado y tras largas discusiones parlamentarias, el proyecto fue aprobado en forma unánime por el Congreso Pleno. Presidía la Cámara de Diputados don Jorge Ibáñez, y el Senado, don Patricio Aylwin .
Al respecto, el Presidente Allende señalaba: “Estamos en actitud positiva de ejercer un derecho inalienable para un pueblo soberano: el disfrute pleno de nuestros recursos naturales explotados por trabajo y esfuerzo nacional. Recuperar el cobre es una decisión de Chile y exigimos respeto de todos los países y gobiernos por una decisión unánime de un pueblo libre”.
Asimismo, cabe destacar las palabras del entonces senador don Francisco Bulnes , quien, al argumentar el voto favorable de la Derecha al proyecto, señalaba en la oportunidad: “…ser partidario de la propiedad privada no significa oponerse en principio a que determinadas actividades económicas pertenezcan al Estado por razones excepcionales. De acuerdo con esta manera de pensar, nunca nos hemos opuesto conceptualmente a que el estado chileno se haga dueño de la gran minería del cobre, que provee la mayor parte de las divisas con que cuenta el país, que es además una fuente considerable de recursos para el erario y cuya permanencia en manos extranjeras significa, obviamente, que el producto de una riqueza natural imposible de reponer no queda totalmente en Chile sino que se va en parte al exterior”.
La ley N° 17.450 se publicó cuatro días después de su aprobación por el Congreso. En ese entonces era ministro de minería don Orlando Cantuarias . Ella permitió que el Estado chileno dispusiera de su riqueza natural con el objeto de aprovecharla en su totalidad para el bienestar del país. Se indemnizó a las empresas norteamericanas dentro de las posibilidades financieras del fisco, una vez revisadas las utilidades obtenidas históricamente y deducido el valor de los yacimientos que eran de propiedad estatal. El principio sustentador era el de la supremacía del bien común de la colectividad en la búsqueda de garantizar el desarrollo y la prosperidad futura.
Las tesis jurídicas fueron defendidas en Chile y en el extranjero ante demandas de las empresas estadounidenses, las que finalmente, con posterioridad al golpe de estado de 1973, terminaron recibiendo las indemnizaciones consideradas dentro de los márgenes establecidos por la reforma constitucional de 1971, aunque sin descontar las rentabilidades excesivas.
Hay que señalar que dichas empresas realizaron una formidable campaña de sabotaje a la economía nacional durante los dos últimos años del gobierno del Presidente Salvador Allende, no sólo promoviendo embargos contra el comercio de cobre chileno, sino en otras áreas tan distantes como el boicot a la distribución del cine norteamericano en las salas chilenas.
Años después, en 1982, el régimen militar abrió nuevamente las posibilidades de inversión privada en yacimientos cupríferos nuevos -en virtud de la libertad económica y la apertura comercial consagradas en el Estatuto de Inversión Extranjera, más conocido como decreto ley N° 600-, a través de una ley orgánica constitucional de concesiones mineras.
Hoy en día, cuarenta años después de la reforma de 1971, dos tercios de la producción de cobre chileno corresponde a empresas privadas de capitales nacionales y extranjeros, mientras el tercio restante lo produce la Corporación del Cobre de Chile (Codelco), fundada en 1976. Es decir, se ha producido una importante desnacionalización del cobre, que, según el estudio de Orlando Caputo y Graciela Galarce , significó sólo en 2006 que las empresas privadas que explotan el cobre, en su mayoría extranjeras, obtuvieran ganancias efectivas por 20 mil millones de dólares, que no ingresan a las arcas fiscales.
Este hecho me lleva a concluir que los más altos intereses de nuestro país exigen plantear la posibilidad de renacionalizar tales empresas.
Hoy, cuatro décadas después, podemos señalar que la decisión adoptada fue la correcta, a pesar de las dificultades e incertidumbres propias de un desafío gigante como el que se enfrentó, que decía relación con administrar una responsabilidad de gran magnitud: una compañía cuprífera de escala mundial, que implicaba profesionales, técnicos y directivos de primera calidad, de acuerdo con la importancia del compromiso.
El desafío actual es administrar con la misma mirada de entonces, las cuantiosas reservas que el precio del metal rojo nos proporciona, es decir, pensando que se trata de un recurso de todos los chilenos y que debemos garantizar estándares mínimos de bienestar a las actuales generaciones y una base de desarrollo para las que vendrán.
Aquel año 1971, nuestro Pablo Neruda también alcanzaba renombre mundial, al recibir el Premio Nobel de Literatura. Por eso resulta inevitable repasar algunos versos de su Oda al Cobre:
“El cobre ahí dormido. Son los cerros del Norte desolado. Desde arriba las cumbres del cobre, cicatrices hurañas, mantos verdes,
cúpulas carcomidas por el ímpetu abrasador del tiempo,
cerca de nosotros la mina: la mina es sólo el hombre,
no sale de la tierra el mineral, sale del pecho humano,
allí se toca el bosque muerto, las arterias del volcán detenido,
se averigua la veta, se perfora y estalla la dinamita,
la roca se derrama, se purifica: va naciendo el cobre. Antes nadie sabrá diferenciarlo de la piedra materna.
Ahora es hombre, parte del hombre,
pétalo pesado de su gloria.
Ahora ya no es verde, es rojo,
se ha convertido en sangre, en sangre dura, en corazón terrible…”.
Para terminar, en nombre de mi bancada, deseo saludar a todos los trabajadores de Codelco, sobre todo por la gesta de estos días, de volver a poner por delante la renacionalización del cobre y evitar los intentos privatizadores.
Les envío un saludo por su gallardía, después de 18 años, de colocar por delante, no sus salarios y reivindicaciones individuales, sino el destino del principal metal exportador de nuestro país, y luchar por un verdadero cobre renacionalizado. ¡Viva Chile! ¡Vivan los trabajadores del cobre!
He dicho.
-Aplausos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité Mixto del Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Independientes, tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA (de pie).- Señor Presidente , estimados colegas, en el día del natalicio del poeta universal Pablo Neruda y a pocos meses de conmemorarse el 40º aniversario de que recibiera el Premio Nobel de Literatura, en nombre del Comité Mixto del Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Independientes, permítanme rendir un homenaje al 40º aniversario de la nacionalización del cobre y expresar mi reconocimiento a los trabajadores vinculados a las divisiones Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente, de Codelco. Me refiero a los más de 16 mil trabajadores de planta y a los más de 26 mil vinculados, por medio de empresas subcontratistas, a la explotación del mineral.
Hago este reconocimiento a los trabajadores del cobre por su patriótica contribución en el sentido de rechazar de plano los intentos de privatización de Codelco.
Desde esta tribuna, a través de los dirigentes Eduardo Cobs y Daniel Melo , saludo a los trabajadores de El Salvador, a quienes acompañé ayer, junto al alcalde de Diego de Almagro , Isaías Zavala .
Desde el punto de vista de nuestra soberanía económica, los trabajadores han dado muestras de gran responsabilidad histórica.
El ejemplar movimiento de paro en defensa de Codelco lo hicieron con responsabilidad, pues se mantuvieron turnos éticos y de resguardo del normal funcionamiento de la infraestructura industrial, para evitar cualquier trastorno de la producción, que se ha reanudado hoy, como fue el compromiso de los trabajadores. Lo digo porque acompañé a los trabajadores de El Salvador.
Cuando el Gobierno dice que “no tiene intenciones de privatizar”, pareciera que se estuviera refiriendo a que pretende mantener la personalidad jurídica y la marca Codelco, ya que, en paralelo, se atenta contra sus activos, disminuyendo su patrimonio. No responde con claridad cuando se le representan sus planes de privatización encubierta que pretende hacer de Codelco, y particularmente del yacimiento Gabriela Mistral , al intentar “traspasar sus pertenencias a una sociedad anónima”.
El ministro de Minería señala que estos proyectos de enajenación no son más que “medidas que se están tomando para organizar mejor sus operaciones”.
En la actual situación política, es muy trascendente conmemorar los cuarenta años transcurridos desde aquel 11 de julio de 1971, que el Presidente Salvador Allende declaró el Día de la Dignidad Nacional en la Plaza de Los Héroes, al promulgar la ley Nº 17.450, aprobada por unanimidad en el Congreso Pleno, que señaló con solemnidad: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos...”.
Este logro fue el resultado de largos años de lucha. La primera iniciativa la tuvieron, en 1951, los parlamentarios comunistas Elías Lafertte , Salvador Ocampo y Bernardo Araya , que contara con la adhesión del senador Salvador Allende . Presentaron un proyecto de ley de expropiación de las empresas de la Gran Minería.
Un hito muy importante fue, sin duda, la ley de “chilenización del cobre”, del Presidente Frei Montalva , y las actuaciones de Radomiro Tomic, quien consideraba al cobre como la “viga maestra” del desarrollo económico de Chile.
El hecho de que la Cámara de Diputados rinda este homenaje al conmemorarse cuarenta años de la nacionalización del cobre, tiene un importante valor.
El espíritu de la nacionalización fue traicionado por el denominado decreto ley Nº 600, de la dictadura de Augusto Pinochet, que abrió las puertas a las inversiones extranjeras, dando acceso a los yacimientos de cobre a las trasnacionales con la promesa de indemnizarles por el valor mismo de los yacimientos, por sobre las inversiones realizadas.
No cabe duda de que este fue el premio, el trofeo de guerra para las transnacionales e intereses del imperialismo norteamericano por el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Hubo una intervención directa de ese imperio en el derrocamiento del gobierno democrático de la Unidad Popular, que encabezara el compañero Presidente Salvador Allende , quien entregó su vida en el cumplimiento consecuente de su compromiso con la voluntad soberana del pueblo.
Hace algunas semanas, el país fue sorprendido por los irresponsables dichos del subsecretario de Minería , don Pablo Wagner , quien afirmó que la nacionalización del cobre fue un error histórico. Los primeros en reaccionar fueron los trabajadores, a través del consejo directivo nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre. Al respecto, nada ha precisado el Presidente de la República o el ministro de Minería , y el subsecretario sigue en su cargo. Entonces cabe la preguntarse: ¿Fue una opinión personal de ese subsecretario o es la opinión oficial del actual Gobierno? Es importante considerar esa formulación, porque está abierta a la comunidad y a los trabajadores.
Los antecedentes que ha entregado el economista Orlando Caputo , en su reciente estudio de actualización de sus trabajos al 2011 “Chile, cobre, defendámoslo”, entrega elementos que nos llevan a la reflexión de que la movilización por la renacionalización del cobre -desafío patriótico con profundo sentido de soberanía económica, clave para entender la independencia del país y que apela a lo más profundo de quienes tienen una mirada del desarrollo de Chile pensando en Chile, en su pueblo y en su soberanía- no será fácil. Las transnacionales del cobre en Chile se resisten y harán lo imposible por mantener sus privilegios y ganancias que, hoy por hoy, obtienen por el alto precio del metal rojo. Estas ganancias de las empresas extranjeras han crecido exponencialmente, al punto de que representan cerca del 75 por ciento del presupuesto del Estado de Chile y cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Educación, y duplican los excedentes de Codelco. Para 2011, los excedentes de las empresas privadas del cobre se proyectan en 34.632 millones de dólares. Esto representará el 79 por ciento del presupuesto público total y 7,3 veces el presupuesto del Ministerio de Salud.
En un momento en el cual se avanza para poner término a la Ley Reservada del Cobre, creo que dichos recursos deben destinarse, en parte, a fortalecer a Codelco, realizando en su momento las reinversiones necesarias; pero es necesario destinar otra parte no menor a hacer justicia, a invertir en el desarrollo de las comunas y regiones donde se lleva a cabo la explotación directa de nuestra principal riqueza, es decir donde se ubican las principales divisiones de Codelco.
Al finalizar esta intervención en homenaje y reivindicación a uno los hechos más importantes de la historia de Chile en lo que se refiere a su construcción con soberanía propia, deseo recordar, también como homenaje, algunas palabras del Presidente Salvador Allende , cuando dijo: “Compañeros mineros, trabajadores duros del rojo metal, una vez más debo recordarles que el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan”.
Señor Presidente , el pueblo de Chile y el Congreso Nacional pueden contar con el mejor esfuerzo de nuestra bancada para lograr que el 50 por ciento de las reservas mundiales de cobre, hoy en manos de grandes transnacionales, se renacionalicen, y se apoyen los esfuerzos de la mediana y pequeña minerías para pavimentar el desarrollo económico y la prosperidad de las futuras generaciones.
A cuarenta años de la nacionalización, a cuarenta años de la adjudicación, en justicia, del Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda , reitero algunos versos ya recordados desde esta tribuna:
“… cerca de nosotros, la mina: la mina es sólo el hombre,
no sale de la tierra el mineral, sale del pecho humano.
Antes nadie sabrá diferenciarlo de la piedra materna.
Ahora es hombre;
parte del hombre, pétalo pesado de su gloria.”.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Para finalizar este homenaje, en representación del Comité PRI e Independientes, tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ (de pie).- Señor Presidente , el 1° de julio de 1943, cuando se discutían en la Cámara de Diputados las modificaciones del Senado al proyecto sobre distribución de los fondos provenientes del impuesto extraordinario a la producción de cobre, el diputado Radomiro Tomic , en parte de su intervención señaló lo siguiente:
“Debo hacer un poco de breve historia, Honorable Cámara. Cuando en 1941, el honorable señor Manuel Garretón y yo, decidimos presentar un proyecto creando un impuesto extraordinario al cobre refinado, redactamos el proyecto con dos objetos principales: primero, crear una poderosa industria de la edificación con recursos para construir cien mil casas para obreros, y segundo, desarrollar un plan de industrialización de ese inmenso emporio de materias primas que es la zona norte”.
Años después, en junio de 1951, otro defensor y polemista del cobre chileno, el diputado liberal Mariano Puga Vega , señalaba en la Cámara de Diputados, en parte de su discurso: “Debemos congratularnos de que en Chile haya habido hombres de empresa, de visión atrevida, hombres intrépidos, que recuerdan a muchos que han hecho la grandeza económica de esta tierra…”.
Pero ya, en 1961, los senadores Eduardo Frei , Radomiro Tomic , Julián Echavarri y Tomás Pablo presentaron un proyecto de ley sobre el estanco del cobre, lo que implicaba que las ventas de este metal se realizarían sólo a través del Estado de Chile. Ese año, el senador Tomic señaló en el Senado:
“Los dos tercios de la economía exterior de Chile están constituidos por la actividad cuprera. Quien controla los dos tercios de la economía exterior de un país, controla a ese país. Por eso, es obvio que mientras pretendamos, no sólo en lo formal, sino en lo real, ser un Estado soberano, el control del cobre debe estar en manos de los poderes públicos del Estado de Chile y no en las empresas extranjeras”.
Pero cuando Eduardo Frei Montalva fue designado candidato a la Presidencia de la República , en 1964, se introdujo la expresión “chilenización del cobre”. Al término de su mandado, el Presidente Frei sintetizaba de la siguiente manera los fines perseguidos con su “chilenización”, puesta en obra en 1964: “a) duplicar la producción de cobre chileno; b) alcanzar la participación del Estado en la propiedad de las empresas cupreras; c) integrar la industria del cobre a la economía nacional; d) refinar en Chile el máximo de la producción posible, y e) lograr una activa participación del Estado en la comercialización del cobre en los mercados mundiales”.
Debemos mencionar que, históricamente, el primer proyecto de ley de nacionalización total de la Gran Minería del Cobre fue presentado el 21 de julio de 1951, por los senadores comunistas Salvador Ocampo y Elías Lafertte .
El segundo proyecto de nacionalización total lo presentaron, en 1961, los senadores socialistas Allende, Ampuero , Corbalán , Rodríguez , Quinteros , Chelén y Palacios. El proyecto que se asemejaba al de los senadores comunistas, disponía expropiar todos los bienes que poseyeran en Chile las tres grandes compañías norteamericanas. El precio se determinaría de acuerdo con los valores reconocidos por el Servicio de Impuestos Internos, los que deberían corresponder a inversiones efectivamente realizadas.
Ahora bien, una vez integrados los partidos de la Izquierda chilena en la Unidad Popular, el 17 de diciembre de 1969 aprobaron el “Programa básico de gobierno de la Unidad Popular”, que, en su punto número 4, indicaba lo siguiente: “Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes: 1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral”.
Cabe destacar que el programa de gobierno del candidato democratacristiano Radomiro Tomic, en 1970, también contemplaba la nacionalización de la Gran Minería del Cobre, dentro del delineamiento de la economía.
En septiembre de 1970, resultó electo Presidente de la República el abanderado de la Unidad Popular, Salvador Allende , quien ya en posesión de su cargo, el 21 de diciembre de 1970, pronunció un discurso, en el que se refirió a la nacionalización del cobre en los siguientes términos:
“Quiero que cada hombre y cada mujer que me escucha, comprenda la importancia del acto del cual vamos a firmar el proyecto destinado a modificar la Constitución Política, para que Chile pueda ser dueño de su riqueza fundamental, para que podamos nacionalizar sin apellidos, definitivamente, el cobre; para que el cobre sea para los chilenos.”
Al año siguiente, durante la legislatura 313ª, ordinaria, se celebró la sesión del Congreso Pleno, en domingo 11 de julio de 1971, en la cual, por la unanimidad de los votos (había 42 senadores y 135 diputados presentes) se aprobó el proyecto de reforma constitucional, cuyo artículo 1º introdujo modificaciones al número 10 del artículo 10 de la Carta Fundamental de 1925, lo que condujo a la nacionalización del cobre.
Es importante conocer parte de algunas de las intervenciones parlamentarias más representativas y significativas -para este trabajo- de aquella sesión, en la que hicieron uso de la palabra, además del Presidente del Senado , Patricio Aylwin , los senadores Hugo Miranda , por el Partido Radical; Luis Corvalán , por el Partido Comunista; Carlos Altamirano , por el Partido Socialista; Ramón Silva , por la Unión Socialista Popular; Renán Fuentealba Moena , por el Partido Demócrata Cristiano; Francisco Bulnes , por el Partido Nacional; el diputado Rafael Señoret , por la Democracia Radical y el senador Luis Fernando Luengo , por el Partido Social Demócrata.
Así, el senador Miranda , respecto de la inversión de las compañías norteamericanas en Chile, señalaba: “Queremos, a este respecto, dejar constancia de que, a nuestro juicio, y a juicio del Gobierno, no deriva de esta disposición ningún peligro ni mucho menos una amenaza encubierta en contra de los pequeños y medianos mineros, como han pretendido algunos señores parlamentarios durante la discusión de la reforma”.
Por su parte, el senador Altamirano hizo hincapié en la tributación de las compañías mineras. Puntualizó: “Estos problemas no son imputables al Gobierno actual, sino que a las empresas norteamericanas, que han retenido hasta ahora la administración de las minas y que debieron prever a tiempo las fallas para corregirlas. Las compañías norteamericanas son, pues, las responsables principales de que los planes de expansión estén mal ejecutados, que las minas se hayan explotado en forma irracional…”.
A su turno, el senador Fuentealba recalcó que la nacionalización del cobre estaba en el programa del “segundo Gobierno democratacristiano” y defendió la política cuprera llevada a cabo por la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva .
A continuación intervino el senador Bulnes, quien luego de hacer una defensa del régimen de propiedad privada y empresa particular propiciada por su partido, el nacional, expuso:
“(…) Pero ser partidario de la propiedad privada no significa oponerse en principio a que determinadas actividades económicas pertenezcan al Estado por razones excepcionales. De acuerdo con esta manera de pensar, nunca nos hemos opuesto conceptualmente a que el Estado chileno se haga dueño de la gran minería del cobre, que provee la mayor parte de las divisas con que cuenta el país, que es además una fuente considerable de recursos para el erario y cuya permanencia en manos extranjeras significa, obviamente, que el producido de una riqueza natural imposible de reponer no queda totalmente en Chile sino que se va en parte al exterior.”.
Terminada la sesión, el proyecto de reforma constitucional fue aprobado por la unanimidad, es decir, con 158 votos favorables.
Finalmente, en nombre de la bancada Independientes-PRI agradecemos a los miles de hombres y a las de mujeres que ayer soñaron con la nacionalización del cobre, sueño que se hizo realidad y que es un factor económico de tal importancia, que abarca más de un tercio del presupuesto nacional y del cual todos nos beneficiamos.
Pero llegó la hora de volver a soñar y buscar todas las fórmulas necesarias para que el cobre entregue a los chilenos lo que merecidamente nos corresponde, sin afanes privatizadores, pero sí respetando el derecho patrimonial que tenemos los chilenos sobre nuestros recursos naturales no renovables. Por eso, el cobre, por su importancia, es intransable hoy, mañana y -esperamos- siempre.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Con esta última intervención concluye el homenaje de reconocimiento al 40° aniversario de la sesión en que el Congreso Nacional aprobó la nacionalización de la gran minería del cobre, mediante la promulgación de la ley N° 17.450.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
SUPRESIÓN DE MEDIDAS DE AGENDA AL IMPULSO COMPETITIVO. (Preferencia).
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Por acuerdo de los Comités, corresponde considerar, con preferencia, el proyecto de acuerdo N° 385.
El Prosecretario va a dar lectura a su parte dispositiva.
El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 358, de los diputados señores Víctor Torres, Aldo Cornejo, Lautaro Carmona, Joaquín Godoy, Edmundo Eluchans, Matías Walker y Eduardo Cerda, y de las diputadas señoras Carolina Goic, Marta Isasi y María José Hoffmann, que en su parte dispositiva señala:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República suprimir los siguientes puntos del conjunto de “medidas al impulso competitivo”:
18. Más competencia en transporte marítimo de carga y pasajeros dentro de Chile.
23. Almacenes extra portuarios: más opciones;
24. Trámites aduaneros: más competencia;
25. Transporte caminero: normas técnicas más modernas;
26. Transportistas multimodales: nueva modalidad logística; y
27. Aduanas.”.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , dada la urgencia de esta petición al Presidente de la República y en consideración a que el proyecto está firmado por diputados de las distintas bancadas, pido a la Mesa que solicite el parecer de la Sala para despacharlo sin discusión.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para votarlo sin discusión?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Nuevamente no hay quórum.
Por lo tanto, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII. INCIDENTES
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CÍVICO EN PUERTO MONTT. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , hoy me referiré al destino de los terrenos del ex puerto Petrolero de la ciudad de Puerto Montt.
Entre 2004 y 2005, varias organizaciones civiles denunciaron los problemas de contaminación ambiental derivados de ese puerto petrolero, emplazado en calle Serrano, de
Puerto Montt. Por ello, nos opusimos a la prórroga del contrato de arrendamiento entre el Ministerio de Bienes Nacionales y las empresas petroleras, lo que finalmente se consiguió.
Atendida esa contaminación ambiental, el Consejo de Defensa del Estado inició acciones civiles indemnizatorias contra las empresas petroleras.
Durante ese debate, se propusieron alternativas para el nuevo destino de esos terrenos. Algunas propuestas consideraron un centro cívico o un centro de justicia, alternativas que fueron respaldadas por organizaciones ciudadanas, como el Centro para el Progreso o el Club de La Patagonia.
Cuando se realizó el estudio de impacto ambiental para el saneamiento de los terrenos, dirigentes locales efectuaron observaciones solicitando que se ejecutaran obras de equipamiento compatible con un centro cívico. Asimismo, en la modificación del plan regulador comunal se impusieron exigencias sanitarias para el desarrollo de inversiones compatibles con ese equipamiento comunitario.
Durante esos años, con el compromiso del Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el municipio conseguimos la construcción de un centro de justicia que hoy alberga a todos los tribunales de Puerto Montt en calle Egaña.
Los terrenos fiscales disponibles del ex puerto petrolero podrían servir para albergar el centro cívico, planteamiento que hemos efectuado desde hace varios años. Por ello, al asumir el Gobierno, planteamos a las autoridades regionales la posibilidad de ejecutar esas obras.
Su necesidad está dada no sólo por la precariedad del edificio que alberga a la intendencia, al GORE y a las seremis, sino también por el hecho de que se arriendan más de 50 oficinas en la ciudad de Puerto Montt para albergar a diferentes servicios públicos, por lo que se paga una cifra cercana a los 80 millones de pesos mensuales, con lo cual no sólo se entorpece la función pública, sino, especialmente, el acceso de la gente a los servicios del Estado.
La ejecución de esta obra permitiría hacer realidad lo que han señalado miembros de la Cámara Chilena de la Construcción, esto es reactivar la economía local y el empleo del sector.
En ese contexto, pido oficiar al presidente del Consejo de Defensa del Estado para que informe acerca del estado o resultado de las acciones ambientales iniciadas contra las empresas petroleras por la contaminación de los terrenos del ex puerto petrolero, ubicado en calle Serrano, en Puerto Montt.
Asimismo, pido oficiar al ministro del Interior , para efectos de que el señor intendente de la Región de Los Lagos informe si existen acciones concretas realizadas para materializar la idea de un centro cívico en Puerto Montt y sobre el número de inmuebles y montos que las seremis y servicios públicos pagan por concepto de arriendo y otros gastos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados y diputadas que así lo manifiestan a la Mesa.
MEDIDAS PARA EVITAR EL PAGO DE COSTOS DE LA DEMOLICIÓN DE INMUEBLES. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , me siento profundamente satisfecho de que el Ministerio del Interior, después de alargar innecesariamente el tiempo de las demoliciones en la provincia de Concepción, haya acogido nuestra recomendación de no exigir el consentimiento de los propietarios de los edificios grado 1 del Gran Concepción.
Ahora, con ello, se han iniciado los trámites para comenzar en agosto las deconstrucciones que nuestra zona demanda con urgencia. Sin embargo, todavía queda por resolver un problema adicional que afecta, significativamente, a los vecinos dueños de los departamentos que deben ser demolidos.
Según la ley, quienes tenían la obligación de demoler, una vez decretadas las órdenes para ello, eran los propietarios, pero, como ellos no contaban con los recursos para hacerlo, le correspondía a los municipios que decretaron las demoliciones. Sin embargo, las municipalidades tampoco tenían los recursos. Por ello, el Ministerio del Interior aportó los fondos necesarios para hacer cumplir la ley.
En ese contexto, el problema que resta por resolver es evitar que el Estado cobre a los propietarios el costo de las demoliciones, lo cual tiene tres vías posibles.
La primera, “a la chilena”, que consiste en que los organismos encargados de cobrar, simplemente, no lo hagan, lo que siempre deja en la incertidumbre a las familias deudoras y en riesgo de notable abandono de deberes a los alcaldes de los municipios respectivos.
La segunda, hacer las cosas como corresponde, es decir, que el Ejecutivo, específicamente el Presidente de la República, envíe un proyecto de ley para condonar la deuda a los propietarios.
Y la tercera, presentar, como lo hice la semana pasada, una indicación al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica las disposiciones legales en materia de vivienda y urbanismo, con el objeto de favorecer la reconstrucción, para que los propietarios de los edificios que deban ser demolidos por las municipalidades, por no haber cumplido con los decretos de demolición referidos a sus inmuebles, no tengan finalmente que devolver esos recursos al Estado.
Por lo tanto, comenzar las demoliciones es una noticia positiva, pero que todavía no resuelve el problema social que hay detrás de las personas que perdieron sus viviendas en el terremoto, a quienes nuestra actual legislación obliga a pagar al Estado el millonario e inalcanzable costo de las demoliciones.
Por eso, pido oficiar al ministro del Interior para que tome razón del asunto y arbitre las medidas necesarias para resolver, a la brevedad, este importante problema.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
RECONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE COMUNA DE SAN CLEMENTE, REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente , quiero hacer presente un problema grave que están viviendo habitantes de la comuna de San Clemente, específicamente en los sectores de Queri, Mariposas , Quebrada de Agua, Bajo Perquin y Corralones .
Cada uno de esos sectores rurales conta-ría en 2010 con una planta de tratamiento de aguas servidas y un alcantarillado, beneficiando, sin duda, a miles de personas. Los cuatro alcantarillados tuvieron un costo, en un proyecto inicial, de más de 4.000 millones de pesos y la duración de su construcción no duraría más de un año.
Actualmente, no hay nada: la empresa abandonó las obras, la municipalidad entró en litigio con la constructora y los que siguen esperando, pasando malos ratos y soportando los fuertes olores son los vecinos de los sectores mencionados. Es más, en el caso del alcantarillado de Queri, se contrató a una empresa para que hiciera un catastro a fin de que determinara el real estado de las obras, el que concluyó que el 80 por ciento de las obras realizadas en el colector deben ser reconstruidas.
Lo mismo ocurre en el caso del alcantarillado de Mariposas, en donde el 5 por ciento de las obras deben ser reconstruidas. En el caso del alcantarillado de Quebrada de Agua, el 30 por ciento de las obras deben ser reconstruidas. En el caso del alcantarillado y la planta de tratamiento de Perquin y Corralones son necesarios recursos extras por más de 300 millones de pesos para seguir con su construcción. Además, la municipalidad necesita 20 millones de pesos para comprar un terreno y reubicar la planta de tratamiento, ya que un informe de la DOH señala que el terreno en donde está construida es una zona inundable.
En consecuencia, considero que hubo un descuido grave de la municipalidad en cuanto a fiscalizar la construcción de las plantas de tratamiento y alcantarillados mencionados.
Por lo anterior, pido oficiar al ministro del Interior, al subsecretario de Desarrollo Regional, al intendente de la Región del Maule y al alcalde de la comuna de San Clemente para que informen respecto de la situación actual y las medidas que piensan tomar frente a este gran drama que hoy viven familias humildes de trabajadores y agricultores de la comuna de San Clemente.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo señalan.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CAMBIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN PROYECTO GABRIELA MISTRAL, DE CODELCO. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , la principal empresa minera del país, Codelco Chile, una vez más está en la polémica producto de la discusión relacionada con las afirmaciones efectuadas por dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre de Chile, de que estaría en marcha una privatización encubierta de la empresa. Se ha señalado que las autoridades que hoy dirigen Codelco Chile estarían modificando la propiedad accionaria de uno de los yacimientos de la empresa, específicamente el proyecto Gabriela Mistral , más conocido como proyecto Gaby.
Para conocer esa decisión, es necesario consultar al ministro de Minería , don Laurence Golborne , para lo cual solicito enviarle un oficio de fiscalización, a fin de consultarle si efectivamente hay un cambio en la gestión y administración del proyecto Gaby y si su directorio aprobó la formación de una sociedad anónima relacionada con ese yacimiento. La idea es tener una respuesta de esa autoridad que nos permita informar a los interesados sobre la materia, esto es a los trabajadores de Codelco Chile.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Andrea Molina y de los diputados señores Sandoval y Sabag .
ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR MALTRATOS A INTERNOS DEL HOGAR PEQUEÑO COTTOLENGO DE QUINTERO. Oficios
.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , plantearé un tema muy delicado y complejo, que, lamentablemente, se repite cada cierto tiempo: me refiero a maltratos ocurridos en hogares de acogida del Sename, en particular en el hogar Pequeño Cottolengo, de Quintero.
Una canal de televisión hizo un reportaje que mostró realidades terribles, lo que generó un allanamiento al lugar. Estamos hablando de niños que tienen problemas neurológicos, de niños que fueron quitados a sus padres para darles seguridad, una mejor calidad de vida y un mejor trato. Sin embargo, nos hemos encontrado con niños que permanecen amarrados durante más de 13 horas, es decir, prácticamente durante toda la noche, ello como parte de los que los responsables llaman “medidas de contención”.
La mayoría de los pequeños están desnutridos; se ha comprobado maltratos, golpes y latigazos a los menores; reciben comida cada 18 horas, lo que significa que comen una vez al día, y los alimentos y los medicamentos que se les suministran a los niños están vencidos desde 2010.
Esto es realmente terrible. Estamos ante una situación que no puede seguir ocurriendo en nuestro país, por lo que enfatizo que se tomen todas las medidas para que no vuelva a suceder. Como diputada del distrito -también represento a nuestro país y a nuestros niños- y como madre, presentaré todas las acciones legales que correspondan para ir tras quienes han permitido que ocurran estos hechos. Aquí hay personas responsables que estaban a cargo de ese hogar, que, al parecer, han hecho vista gorda y han maltratado a esos pequeños, por lo que tienen que recibir todo el rigor de la justicia.
Por lo tanto, solicito oficiar al director Nacional del Servicio Nacional de Menores , Sename , y al ministro de Salud , con el objeto de que nos informen sobre las medidas que se adoptarán en relación con este caso. Espero que se apliquen todas las medidas pertinentes, no sólo en relación con ese hogar, sino que con todos los que presenten este tipo de situación.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Vilches , Sandoval , Sabag y Bertolino .
UNIFORMIDAD DE CRITERIOS EN ENTREGA DE RECURSOS A JARDINES INFANTILES EN REGIÓN DE AYSÉN. Oficios.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , quiero referirme a los jardines infantiles que funcionan a través del mecanismo de transferencia de fondos.
He tomado contacto con los jardines infantiles de mi región. Anteayer estuve en el jardín infantil Futuro Austral, que fue construido con aportes municipales y que hoy es un orgullo para la atención de los párvulos de nuestra región por su proyecto, por su innovación, por el compromiso y, además, por ser el jardín infantil más grande de la Región de Aysén.
El problema es que las instrucciones emanadas de la Dirección Nacional de Junta de Jardines Infantiles establece ciertos mecanismos que son evidentemente discriminatorios para los establecimientos que administra directamente la Junji en relación con los administrados a través del mecanismo de transferencia de fondos, en los que los municipios son actores importantes, puesto que su población objetivo es tan vulnerable como la que atienden los establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Además, este esfuerzo que hacen los municipios contribuye de manera sustantiva a suplir las limitaciones que tiene la propia Junji para aumentar su cobertura a los preescolares.
El problema es que las instrucciones aplican distintos criterios para los establecimientos administrados directamente por la Junji y para los que pertenecen a las municipalidades, lo que no tiene sentido práctico, puesto que sólo afectan el financiamiento y la calidad de las atenciones de los alumnos, además de que restringen de manera sustantiva los recursos que administran los establecimientos administrados por las municipalidades, todo lo cual perjudica a los niños más vulnerables.
La exigencia que establecen los instructivos de la Junji para que los jardines de las municipalidades funcionen todos los meses del año de manera ininterrumpida produce una pérdida financiera importante. Por ejemplo, en febrero, de una matrícula de 220 niños, sólo se atendieron a 32, es decir, al 15 por ciento del total de la matrícula. No obstante, la Junji cierra sus jardines durante ese mes y se va de vacaciones, pero no permite que los jardines administrados por las municipalidades hagan lo mismo.
Esa medida implica una rebaja de alrededor del 42 por ciento, lo que genera un déficit que afecta la gestión financiera del resto del año.
Además, el funcionamiento continuo de los establecimientos administrados por las municipalidades impide mantener el período de adaptación de los párvulos nuevos, que es un formato que tiene la Junji en sus propios jardines y que permite adaptarse a los niños que recién ingresan al establecimiento, sin la rigurosidad técnica, pero con un gran sentido práctico, que permite un ingreso paulatino y efectivo de los niños a esos establecimientos. Esto se viene aplicando desde 2009.
Por lo tanto, se propone lo siguiente:
En primer lugar, que se considere el mes de febrero como de no funcionamiento para los jardines infantiles administrados por la vía de transferencia de fondos, al igual como sucede con los jardines administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pero sólo para el cálculo de la subvención, ya que la municipalidad no cerrará el jardín.
En segundo lugar, que el cálculo y pago de la subvención de febrero se haga tomando en consideración el promedio de los tres meses inmediatamente anteriores, para no disminuir lo que reciben los municipios.
En tercer lugar, considerar la primera semana de marzo como de no funcionamiento, para efectos del cálculo y pago de la subvención, lo que asegurará, además, la adaptación de los párvulos nuevos a los establecimientos que ingresan, al igual como sucede en los establecimientos administrados directamente por la Junji.
Reitero, estas medidas no significan el cierre de los establecimientos administrados por la vía de transferencia de fondos, sino que sólo tienen implicancias para los efectos del cálculo de la subvención, lo que se aplica a los jardines administrados directamente por la Junji, pero que, curiosamente, no rige para los establecimientos administrados por las municipalidades.
Por último, es absolutamente necesario que los trabajadores de los establecimientos administrados a través del sistema de transferencia de fondos se incorporen a los programas de capacitación que se imparten a los funcionarios de la Junji.
Al final de cuentas, esos jardines administrados a través del sistema de transferencia de fondos son supervisados, controlados, fiscalizados y financiados por fondos nacionales. No obstante, esos trabajadores no pueden capacitarse, a pesar de que se les exigen los mismos parámetros que a los que laboran en los establecimientos administrados directamente por la Junji.
Esta propuesta asegura la igualdad y la equidad en la atención de los párvulos; pero el oficio circular de la directora regional de la Junji de la Región de Aysén , emitido en 2011, se contradice de plano con la realidad citada. Hay una evidente disparidad de criterios de la Junji en la atención de la misma población objetivo, lo que debe ser corregido, porque los únicos perjudicados son los menores que se pretende proteger, ya que los jardines administrados por el sistema de transferencia de fondos no tendrán los recursos que podrían obtener en condiciones normales.
Dicho oficio circular señala: “Los jardines infantiles que las entidades creen, mantengan o administren (...) deberán funcionar
durante todos los meses del año ininterrumpidamente. Por lo anterior, cualquier solicitud deberá ser enviada a esta Dirección Regional para su análisis y respuesta.”.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Educación y a la directora nacional de la Junta de Jardines Infantiles, con el objeto de que adopten los cambios propuestos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Vilches y Sabag .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.00 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Subjefa de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 14.40 horas.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
ANTECEDENTES SOBRE DESTITUCIÓN DE PROFESIONAL DE LA SALUD EN COMUNA DE RÍO NEGRO, PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , solicito enviar un oficio al ministro de Salud , señor Mañalich , con el objeto de que dé respuesta a una situación que ha provocado mucha desazón y gran incertidumbre en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno.
En dicha comuna se desempeñó, por un buen tiempo, el médico Alexander Ospina Martínez , quien ha sido reconocido por la comunidad como una persona extraordinariamente cercana a la gente y, sobre todo, como un profesional que mantuvo una vinculación muy positiva con los adultos mayores del sector, a quienes atendía con mucho cariño, muchas veces fuera de los horarios de trabajo.
No obstante ello, de un momento a otro, por directrices que desconocemos y razones respecto de las cuales no tenemos absolutamente ninguna claridad y que la comunidad quiere conocer -por eso pedí oficiar al respecto, para que se clarifiquen los hechos-, al doctor Ospina se le destituyó del cargo que desempeñaba en el centro de salud de Río Negro.
El 8 de julio recién pasado, el profesional envió una carta a la comunidad de Río Negro para, en primer lugar, agradecerle todo el cariño brindado durante el tiempo que trabajó con ésta y, en segundo término, a fin de señalarle que su nombre había sido mancillado y que si bien la gente pedía su regreso, cuestión que agradecía, a él se le había acusado de hechos que jamás realizó y de dichos que nunca emitió.
Por lo tanto, quiero saber qué ocurrió con ese profesional de la salud. Pido que el señor ministro de Salud explique a la comunidad de Río Negro y a la provincia de Osorno los reales motivos que originaron esta verdadera persecución que sufrió el doctor Alexander Ospina Martínez , a objeto de tener mayor claridad sobre los hechos descritos, que considero tremendamente lamentables.
Señor Presidente , haré entrega de un documento -pido que se adjunte a mi intervención- que contiene la firma de más de mil vecinos de la comuna Río Negro que reclaman el regreso del doctor Ospina a sus funciones; porque -repito- su ausencia ha ocasionado muchos problemas en la comunidad y se ha generado un vacío muy importante en esta situación al no conocerse los motivos claros de su destitución.
Asimismo, quiero que el Servicio de Salud de Osorno señale las causas que gatillaron esa decisión, pues, además, el señor alcalde ha hecho caso omiso de los requerimientos de la gente que resultó afectada por ella.
Por último, solicito que se envíe copia de mi intervención y se adjunten los últimos antecedentes que he dado a conocer al señor alcalde y a los señores concejales de la comuna de Río Negro y al director del Centro de Salud Familiar de Río Negro .
El señor VALLESPÍN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN EMITIDOS POR ESCUELA SAN ANDRÉS, DE TEGUALDA, Y LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS EN COMUNA DE FRESIA. Oficios
.
El señor ESPINOZA (don Fidel) .- En segundo lugar, solicito oficiar al Departamento Provincial de Educación de Llanquihue para que nos informe de todos los certificados de estudios de octavo básico que han sido emitidos durante estos últimos tres años por la escuela San Andrés , de Tegualda, comuna de Fresia.
Hago esta solicitud porque considero relevante conocer el número de vecinos adscritos a programas de regularización de estudios.
Por otra parte, solicito oficiar al señor alcalde de la comuna de Fresia para que nos haga llegar un listado de las licencias de conducir que en los mismos últimos tres años ha entregado la Dirección de Tránsito amparándose en las certificaciones de estudio emitidas por la escuela San Andrés , de Tegualda.
Tengo la mejor impresión del desempeño del alcalde de la comuna de Fresia. No obstante ello, como diputado he tomado conocimiento de que en la escuela antes señalada se estarían emitiendo certificados de estudios sin que las personas hubieran cursado el nivel correspondiente, para posteriormente utilizarlos en la obtención de licencias de conducir, situación que requiero sea indagada mediante el chequeo de ambos datos.
Reitero: solicito que se entregue información en relación con los certificados de estudio emitidos por el director de la escuela San Andrés, de Tegualda, y respecto del número de ellos que han sido utilizados para obtener licencias de conducir en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Fresia.
He dicho.
El señor VALLESPÍN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS PRÁCTICAS ANTISINDICALES CONTRA TRABAJADORES DE PLANTA MINERA HIERRO ATACAMA. Oficios.
El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , luego de sostener una entrevista el sábado recién pasado, recibí una carta de don Mario Pinto , presidente del sindicato Planta Minera Hierro Atacama , en la cual se me solicita apoyar a sus trabajadores debido a que están siendo víctimas de prácticas antisindicales.
Durante la negociación colectiva, la empresa señalada le solicitó al sindicato un proyecto de contrato para dar inicio a las conversaciones, ante lo cual éste citó a sus bases a reuniones para escuchar sus puntos de vista.
La primera consulta dio como resultado la solicitud a la compañía minera de dar a conocer una oferta de contrato colectivo. Ésta respondió que ellos no trabajaban de esa forma, lo cual fue comunicado a las bases del sindicato, según la consulta que señaló necesitar una negociación reglada.
La reacción de la minera ante la postura de los trabajadores fue la de dar inicio a un proceso de intimidación en forma verbal por grupos, a través de los jefes de turno, y a las esposas que participan en cursos sociales realizados por la jefa de Relaciones Humanas, para que influyeran en sus esposos y, por esa vía, éstos cambiaran su opinión.
Además, la empresa promovió acciones contra la directiva del sindicato informando directamente a las bases de los beneficios propuestos, los que supuestamente la directiva no les habría comunicado. Asimismo, les manifestó que el sindicato los estaba llevando a la huelga, en el intento de anteponerse al hecho de que todo conflicto llega a un punto en el cual las bases deben votar la alternativa de huelga legal.
Las aguas comenzaron a llegar al río cuando la empresa despidió a un trabajador que se caracterizaba por hacer claridad entre sus compañeros sobre el trasfondo de la negociación colectiva. Fue un despido arbitrario, alejado de la reglamentación vigente.
Suma y sigue. La minera dio inicio a una escalada de intimidación a los socios, incentivándolos a renunciar al sindicato mediante amenazas de despido.
Todos los hechos fueron denunciados. El sindicato interpuso una denuncia por práctica antisindical, la cual fue acompañada de la documentación de rigor: las cartas de retiro del sindicato de algunos trabajadores, las que venían en papel con el logo de la empresa, y formalidades, tales como que sólo se cambiaba el nombre y el RUT del trabajador.
El sindicato, a través de la jefa de Recursos Humanos, solicitó a la empresa que no despidiera a más personas e hizo entrega de un preproyecto de contrato colectivo, dado que no había sido posible terminarlo adecuadamente debido a la carencia de información tributaria, la cual no fue entregada por la empresa. Por otra parte, la documentación que ésta le hizo llegar no portaba ni los timbres correspondientes ni el nombre del responsable de los archivos de origen, y no coincidía con la enviada anteriormente por el gerente en reuniones efectuadas con la directiva, la que se relacionaba con los balances y la cancelación de la repartición de utilidades a los trabajadores.
Las prácticas antisindicales son inaceptables. Esto se refiere a la realización de acciones contrarias a la parte débil en toda negociación.
Por lo expuesto, solicito oficiar a la directora regional del Trabajo de Atacama para que nos informe lo que sabe de la situación antes descrita y qué investigación se encuentra realizando al efecto.
Asimismo, solicito enviar copia del oficio a la ministra del Trabajo , al seremi del Trabajo de Atacama , a la intendenta de la Región de Atacama , al presidente del Sindicato Planta Minera Hierro de Atacama , al presidente de la Central Única de Trabajadores de Copiapó , a los consejeros regionales de Atacama, a los alcaldes y concejales de las distintas comunas de la Región de Atacama.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa y de quien habla.
DENUNCIAS POR MALTRATO Y ABUSO EN COLEGIO SUBVENCIONADO ROBERT PACE, DE PUERTO MONTT. Oficio
.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , la semana pasada, se reunió conmigo la presidenta del Centro de Padres y Apoderados del colegio particular subvencionado Robert Pace para plantear una situación que les está causando una enorme preocupación.
Ellos han presentado ocho denuncias a la Dirección Provincial de Educación por abuso y maltrato de la directora del colegio hacia alumnos, profesores y apoderados. Incluso, tengo el detalle de cada una de estas denuncias hechas por personas responsables que, de una u otra forma, han sido maltratadas verbalmente y amenazadas por la directora, que parece que se siente la dueña del establecimiento, lo que, obviamente, no resiste análisis.
Por lo expuesto anteriormente, algunos apoderados han debido retirar a sus hijos del colegio. No obstante, es bueno señalar que el Centro de Padres y Apoderados valora la formación que se entrega en este colegio, pero no el actuar de la directora, que no solo maltrata a alumnos, sino que también a apoderados y profesores.
Estas denuncias han sido reiteradas. La primera se efectuó el 18 de agosto de 2010; la segunda, el 28 de diciembre de 2010; y, la tercera, el 16 de mayo de 2011. La situación se ha hecho insostenible. Cincuenta y dos apoderados firmaron un documento que no ha tenido respuesta del director provincial de Educación.
En conversaciones informales con los apoderados, el director provincial informó que él no tenía ningún grado de maniobra por tratarse de un colegio particular subvencionado, lo cual no es así, ya que hay abuso y maltrato de la directora del establecimiento. Además, se le pide a los apoderados aportes mensuales que consisten en canastas de ayuda, las que se supone que están destinadas a campamentos cercanos; sin embargo, éstas nunca llegan. Se les exige a los apoderados cosas que van más allá de lo que plantea el reglamento, ya que esas ayudas son voluntarias y aquí se convierten en obligatorias; incluso, se les cierra la matrícula a aquellos alumnos que no hacen dicho aporte a través de sus apoderados.
Finalmente, el director provincial acogió estas denuncias y ordenó realizar una investigación debido a la presión que ejercieron los apoderados, quienes realizaron una manifestación en el frontis de la Dirección Provincial. También se informó al sostenedor, quien accedió a dejar parcialmente fuera del cargo a la directora, Eliana Chávez Hernández , mientras se realiza la investigación, quien es la persona responsable de todas estas anomalías y abusos.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Educación para que instruya al director provincial de Educación -este personero tuvo un accionar muy tibio, quizás porque aún no conoce bien el tema, ya que esto partió el año pasado y ya había reclamos verbales respecto del punto- para que acelere al máximo la investigación, realice una revisión a fondo de cada una de las denuncias y tome contacto con la directiva del Centro de Padres y Apoderados, con el propósito de que escuche a todas las partes y se hagan los ajustes que este colegio necesita.
De más está decir que, fruto de este maltrato, hay un recambio continuo de profesores, una rotación permanente que afecta a los niños e incide en el proceso de aprendizaje. Repito, no se trata de un tema con el colegio en sí, sino con la directora en particular. Espero que el sostenedor también esté atento al resultado de esta investigación.
Creo que el ministro de Educación debe involucrarse en esta materia e instruir como corresponde a sus subalternos, para lo cual adjunto cada una de las denuncias que han sido presentadas en la Dirección Provincial de Educación. Algunas han sido puestas por escrito de puño y letra de los afectados. El ministro debe saber que detrás de este problema hay personas que, responsablemente, han puesto su nombre, RUT, teléfono y dirección para que sean contactados, a fin de dar testimonio de por qué esta directora no debe seguir ejerciendo su cargo. Insisto, se han cometido abusos que deben ser sancionados. Por eso, espero que el ministro actúe con prontitud en esta materia.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES DE LA MINERA BARRICK. Oficios.
El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , hace pocos días, tuve una reunión con una cantidad importante de trabajadores del consorcio minero Parina Cerro Alto, quienes me señalaron que, hace un tiempo, Barrick contrató a dicha empresa para actuar como enganchador de personal, con el fin de saltarse todas las responsabilidades legales que la primera debería asumir por el hecho de contratar trabajadores.
La empresa Parina Cerro Alto , como enganchador, contrató a mil personas. Digo enganchador, porque la empresa contratante es la que debe proveer todos los elementos de protección e implementos para sus trabajadores. No obstante, la empresa Barrick señaló que había entregado un bono a un sindicato de trabajadores, con lo cual está reconociendo en forma indirecta que esas personas son sus empleados.
Hace pocos días, la empresa Barrick puso término al contrato que mantenía con la empresa Parina Cerro Alto, despidiendo a más de mil trabajadores de la zona.
Lo cierto es que la empresa Barrick ha estado actuando de una forma absolutamente antisindical al obviar la contratación de personas como trabajadores de la propia empresa. De hecho, una vez que se puso término al contrato de la empresa Parina Cerro Alto, empezó a recontratar en forma directa y a plazo fijo a algunos trabajadores por seis meses, o sea, hasta diciembre, según la información que obra en mi poder, pero sus ejecutivos han señalado que sólo va a recontratar a aquellas personas que no estaban afiliadas al Sindicato Parina Cerro Alto, cuyos dirigentes han actuado en defensa de sus trabajadores, particularmente, porque denunciaron problemas de seguridad y malas condiciones de aseo e higiene. Tal situación la planteé hace mucho tiempo, en una reunión que sostuve con distintas organizaciones medioambientales que me informaron sobre las condiciones en que trabajaban muchas personas de la empresa minera Barrick en el proyecto Pascua Lama .
La Dirección General de Aguas me informó que, luego de efectuada una fiscalización, comprobó que la empresa estaba extrayendo agua en forma ilegal desde pozos ubicados en los sectores altos de la cordillera. Además, los trabajadores que desarrollan trabajos en altura tienen problemas de seguridad y aseo. Trabajar a más de 4 mil metros no es algo fácil; por lo tanto, los trabajadores deben disponer de los elementos de seguridad necesarios para desarrollar sus labores; pero, la empresa Barrick y la empresa Parina Cerro Alto no están cumpliendo con tales obligaciones.
Por otra parte, hay mil personas despedidas, la mayoría de las cuales son de la Región de Atacama. No sé qué estará ocurriendo ahora; pero, el acuerdo a que llegó el Servicio de Evaluación Ambiental con la empresa Barrick , cuando le concedió el permiso correspondiente, fue que, por lo menos, el 50 por ciento de sus trabajadores debían ser de la Región de Atacama; sin embargo, según la información que tengo en mi poder, ello no ha ocurrido.
Por eso, quiero pedir que se oficie a la directora nacional del Trabajo , al director del Servicio de Evaluación Ambiental , a los seremis del Medio Ambiente y del Trabajo, a las ministras del Trabajo y del Medio Ambiente y a las autoridades de salud, a fin de que me informen sobre los despidos que están ocurriendo en la empresa contratista Parina Cerro Alto , si la empresa Barrick tiene alguna responsabilidad en ello, en su condición de empresa mandante, y si ha infringido la ley al hacer enganche de trabajadores, a través de una empresa contratista.
Asimismo, que me informen respecto de las condiciones en que los trabajadores han desempeñado sus labores durante todo este tiempo y sobre el Fondo de Desarrollo Humano que se constituyó en el proyecto Pascua Lama, que debiera beneficiar a los trabajadores que están siendo afectados por los despidos.
Por último, que me informen si es efectivo que 16 trabajadores quedaron atrapados en la cumbre, en el sector de Pascua Lama. Esta información debiera estar en poder de la Dirección Nacional del Trabajo y del Sernageomin, ya que fue entregada a las autoridades correspondientes. Según la información que tengo en mi poder, esos 16 trabajadores habrían sido despedidos por la empresa.
Estamos ante un problema muy serio, relacionado con la forma en que está tratando a sus trabajadores una empresa de tal magnitud. Me parece que no podemos aceptar este tipo de prácticas de las empresas mandantes porque, de lo contrario, toda la minería empezará a recurrir a empresas enganchadoras para disponer de personal, evitando con ello los convenios colectivos y la provisión de elementos de seguridad que los trabajadores se merecen. Necesitamos empresas que lo hagan bien, no sólo desde el punto de vista de la producción, sino, como he dicho, en cuanto al trato que les dan a sus trabajadores.
Para terminar, pido que se envíe copia de este oficio a la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores de la Región de Atacama , a la directiva de la CUT provincial del Huasco, que estuvo presente en la reunión que sostuve con los trabajadores; a la directiva del sindicato de la empresa Parina Cerro Alto y al alcalde y concejales de las provincias del Huasco, con quienes el alcalde Cristián Tapia estuvo presente en la reunión señalada.
El señor VALLESPÍN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE NUEVA MODALIDAD DE TURNOS ACORDADA ENTRE EL SINDICATO NACIONAL METALÚRGICO INDUSTRIAL Y LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO. Oficio.
El señor ROBLES.- Por último, voy a referirme a un asunto del mismo tenor.
Tengo información de que el Sindicato Nacional Metalúrgico Industrial, Sinami , que busca adherentes en distintas faenas de la región y del país, llegó a un acuerdo con la Dirección del Trabajo para implementar turnos de catorce por siete en la empresa Cerro Casale , que también está relacionada con la empresa Barrick .
Lo cierto es que uno de los grandes logros de las empresas mineras ha sido mantener turnos de uno por uno, es decir, un día trabajado y un día de descanso. Pero, la resolución de la Dirección del Trabajo que aprobó turnos de catorce por siete, anula completamente la modalidad anterior, obligando a los trabajadores a laborar durante catorce días y a descansar durante siete, lo que es absolutamente inaceptable, desde el punto de vista del trabajo en altura que deben desarrollar los trabajadores.
Por lo tanto, pido que se oficie a la directora nacional de Trabajo , a fin de que me informe sobre el particular.
He dicho.
El señor VALLESPÍN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.06 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Subjefa de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República , con el que inicia un proyecto de ley que crea el examen de excelencia profesional docente y la asignación de excelencia pedagógica inicial. (boletín N° 7784-04)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto crear el examen de excelencia profesional docente y la asignación de excelencia pedagógica inicial.
I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
Uno de los compromisos fundamentales de este Gobierno consiste en mejorar la calidad de la educación en nuestro país, para esto se implementarán una serie de medidas dentro de las cuales se contemplan las que propone este proyecto de ley.
El objeto de este proyecto de ley consiste en crear un examen de excelencia profesional docente y una asignación de excelencia pedagógica inicial. De esta forma, se generarán nuevos mecanismos de información que beneficiarán a toda la comunidad educativa y se aumentarán las remuneraciones iniciales de los docentes.
El examen de excelencia profesional docente evaluará los conocimientos disciplinarios de quienes lo rindan.
Así, se constituirá en una herramienta útil para que las instituciones de educación superior que entreguen títulos de profesor tengan información actualizada acerca de los conocimientos de sus estudiantes o egresados. En esta línea, el examen permitirá a dichas instituciones contar con datos que les faciliten la focalización de sus acciones de mejoramiento.
Para los estudiantes también constituirá una importante fuente de información sobre sus propias fortalezas y debilidades, lo que fomentará el mejoramiento y capacitación continua en las materias que más lo requieran.
Asimismo, servirá para que los alumnos interesados en estudiar pedagogía puedan elegir la institución de educación superior con mayores antecedentes sobre la formación que entrega. También, los sostenedores se verán beneficiados ya que tendrán más referencias sobre la formación de los egresados de las distintas instituciones.
Cabe destacar que este examen no será requisito de habilitación para ejercer la función docente, ya que para esto es suficiente recibir el título profesional de la correspondiente institución de educación superior reconocida por el Estado.
Con todo, en los establecimientos educacionales subvencionados se deberán contratar docentes profesionales de la educación, que hayan rendido el examen, cuando éstos ejerzan la profesión por primera vez, para que dichos establecimientos puedan obtener recursos otorgados por el Estado.
Es importante destacar que la necesidad de este examen se fundamenta en las particulares condiciones en que se desarrolla la profesión docente, especialmente en el sector municipal, donde el marco normativo hace mucho más comprometedora su contratación por cuanto las causales de salida son más restringidas.
Otro de los objetivos del presente proyecto es incentivar a los alumnos más talentosos a ejercer la función docente en aquellos sectores que más lo requieren, mediante el aumento de las remuneraciones iniciales a través de una asignación de excelencia pedagógica inicial, que se otorgará a los profesionales de excelencia que ingresen a establecimientos subvencionados del país. Estos serán aquellos que obtengan resultados destacados en el examen de excelencia profesional docente.
De esta forma, la implementación de este sistema motivará a los alumnos a hacer su mejor esfuerzo para desarrollar todas sus potencialidades, aumentando las posibilidades de obtener mejores resultados al rendir el mencionado examen.
Por otra parte, se crea un incentivo para que los mejores profesores trabajen en el sector subvencionado y en los regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, por cuanto la asignación de excelencia pedagógica inicial sólo la recibirán quienes se desempeñen en dichos establecimientos.
A través de todas las medidas mencionadas, el presente proyecto busca fortalecer la calidad de la enseñanza que se entrega a los alumnos de establecimientos educacionales que reciben subvención.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO
1. Creación del examen de excelencia profesional docente
El proyecto propone la creación del examen de excelencia profesional docente, el cual será voluntario y se aplicará en las universidades o institutos profesionales. Podrán rendir el referido examen quienes quieran ejercer funciones docentes por primera vez en educación básica o media.
El examen tendrá por objeto medir conocimientos disciplinarios de manera de permitir el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje definidos en las bases curriculares.
El contenido, diseño, administración y fijación de los contenidos mínimos del examen corresponderá al Ministerio de Educación, quien podrá realizarlo directamente o celebrar convenios para la elaboración y aplicación del mismo, con instituciones de educación superior, centros de estudio u organismos internacionales.
De todos modos, los contenidos del examen requerirán de la aprobación del Consejo Nacional de Educación.
Los contenidos el examen serán públicos y anualmente se deberá dar a conocer al menos una de las formas de dicho examen, con el objeto de garantizar su adecuada transparencia.
Asimismo, los resultados del examen serán públicos y deberán informarse de manera agregada por institución y carrera o programa. Sin perjuicio de lo anterior, éstas podrán conocer los resultados individuales de sus alumnos y los resultados individuales de cada evaluado serán informados a cada uno de ellos.
Los costos de elaboración y realización del examen serán de cargo del Ministerio de Educación.
Finalmente, se señala que los establecimientos educacionales subvencionados podrán acceder a obtener recursos otorgados por el Estado cuando los docentes profesionales de la educación que contraten, que estén ejerciendo por primera vez la profesión, hayan rendido el examen.
2. Creación de la asignación de excelencia pedagógica inicial
Con el propósito de atraer a los mejores profesionales a ejercer funciones docentes en establecimientos educacionales que reciban subvención y en los regidos por el decreto ley Nº 3.166 de 1980, el proyecto propone crear la asignación de excelencia pedagógica inicial con el objeto de reconocer a aquellos profesionales de excelencia que ingresen a dichos establecimientos. Ésta comenzará a pagarse el año escolar 2012.
Para percibir la asignación se exigirá ingresar a ejercer funciones docentes dentro del año siguiente de haber rendido el examen, por un mínimo de 22 horas semanales, y tener resultados destacados en relación a los demás evaluados siempre que superen el puntaje mínimo que para cada tramo determine el Ministerio de Educación. Para estos efectos, se crearán tres tramos de acuerdo al percentil de resultados a los que corresponderán los siguientes montos mensuales de la asignación: $ 150.000, $ 100.000 y $ 50.000 para jornadas de 44 horas semanales. De esta forma los montos serán proporcionales al número de horas servidas.
La asignación se pagará durante 3 años corridos, contados desde el ingreso del profesional a los establecimientos educacionales, y será entregada trimestralmente, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, a través de los sostenedores de quienes dependan los docentes beneficiados.
Esta asignación será incompatible con la asignación variable por desempeño individual establecida en la ley N° 19.933 y con la asignación de excelencia pedagógica establecida en la ley Nº 19.715; y se considerará renta para todos los efectos legales.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo primero.- Apruébase la siguiente ley de examen de excelencia profesional docente y asignación de excelencia pedagógica inicial:
Artículo 1º.- La presente ley establece y regula el examen de excelencia profesional docente, en adelante “el examen”, y la asignación de excelencia pedagógica inicial.
Artículo 2º.- Créase un examen voluntario de conocimientos disciplinarios, aplicado por las universidades e institutos profesionales. Podrán rendir el examen quienes quieran ingresar por primera vez a ejercer funciones docentes en enseñanza básica o media.
El examen sólo medirá conocimientos disciplinarios que permitan el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje definidos en las bases curriculares.
Artículo 3º.- El diseño, administración y fijación de los contenidos del examen corresponderá al Ministerio de Educación, quien podrá realizarlo directamente o celebrar convenios para la elaboración y aplicación del mismo con instituciones de educación superior, centros de estudio u organismos internacionales. Sin perjuicio de lo anterior, los contenidos del examen deberán ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación.
Los contenidos del examen serán públicos y anualmente se deberá dar a conocer al menos una de las formas de dicho examen, con el objeto de garantizar su adecuada transparencia.
Un reglamento, dictado por el Ministerio de Educación, establecerá los criterios generales destinados a garantizar la objetividad, transparencia, adecuada publicidad y administración del examen, la oportunidad y forma de entrega de los resultados y, en general, toda otra materia relacionada con su aplicación.
Artículo 4º.- Los resultados del examen serán públicos y deberán ser dados a conocer anualmente de manera agregada por institución formadora y por carrera o programa. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones mencionadas podrán conocer los resultados individuales de sus alumnos, los que deberán mantener en reserva.
Los resultados individuales de cada evaluado serán informados a cada uno de ellos.
Artículo 5º.- La totalidad de los costos asociados a la elaboración y realización de este examen serán de cargo del Ministerio de Educación. El monto de este aporte fiscal será fijado anualmente en la ley de Presupuestos del Sector Público.
Artículo 6º.- La asignación de excelencia pedagógica inicial tendrá por objeto reconocer a aquellos profesionales de excelencia que ingresen a ejercer labores docentes a establecimientos subvencionados del país.
Tendrán derecho a percibir esta asignación quienes hayan tenido resultados destacados en el examen y que ingresen a ejercer funciones docentes dentro del año siguiente de haberlo rendido, por un mínimo de 22 horas semanales en establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998 y por el decreto ley Nº 3.166, de 1980.
La asignación de excelencia pedagógica inicial será incompatible con la asignación variable por desempeño individual establecida en la ley N° 19.933 y con la asignación de excelencia pedagógica establecida en la ley Nº 19.715.
Para todos los efectos la asignación de excelencia pedagógica inicial se considerará renta.
Artículo 7º.- La asignación de excelencia pedagógica inicial se pagará a los profesionales que cumpliendo los requisitos mencionados en el artículo precedente, hayan obtenido resultados destacados en el examen de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla:
TRAMO
PERCENTIL DE
RESULTADOS
MONTO MENSUAL
JORNADA 44 HORAS
SEMANALES
Primero
90 o superior
$ 150.000
Segundo
Entre 80 y 89
$ 100.000
Tercero
Entre 70 y 79
$ 50.000
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior sólo tendrán derecho a las asignaciones mencionadas quienes superen el puntaje mínimo que para cada tramo determine el Ministerio de Educación de acuerdo al reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 8º.
Los montos mencionados se reajustarán anualmente de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o quien haga sus veces, entre los meses de enero a diciembre del año anterior. Asimismo, dichos montos serán proporcionales al número de horas servidas en los establecimientos educacionales y se pagarán durante 3 años corridos, contados desde el ingreso del profesional a los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998 y por el decreto ley Nº 3.166, de 1980.
Para los efectos de determinar el total de horas servidas se considerarán todos los contratos o designaciones que tenga el respectivo profesional en los establecimientos mencionados en el inciso anterior.
En caso que el profesional deje de ejercer funciones, por cualquier causa, en los establecimientos a que se refiere este artículo perderá la asignación a contar de la fecha en que termine su relación laboral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el profesional vuelva a ejercer funciones docentes en dichos establecimientos, antes de expirar el período de 3 años desde que comenzó a percibir la asignación, tendrá derecho a percibirla por el tiempo que falte para completarlos.
Artículo 8º.- La asignación será pagada de manera trimestral con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación a través de los sostenedores de quienes dependan los docentes beneficiados.
El Ministerio de Educación en un reglamento, que también deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda , fijará las normas necesarias para estructurar y organizar el funcionamiento y operación de la asignación de excelencia pedagógica inicial.
Artículo 9°.- Para que los establecimientos educacionales subvencionados puedan acceder a obtener recursos otorgados por el Estado, los docentes profesionales de la educación que contraten, que ejerzan la profesión por primera vez, deberán haber rendido el examen.
Artículo segundo.- El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero transitorio.- Lo dispuesto en el artículo séptimo de la ley de examen de excelencia profesional docente comenzará a regir a partir del año escolar 2012.
Artículo segundo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo segundo de la presente ley comenzará a regir a partir del año escolar 2012.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; JOAQUÍN LAVÍN INFANTE , Ministro de Educación .”
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL EXAMEN DE EXCELENCIA
PROFESIONAL DOCENTE Y LA ASIGNACIÓN
DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA INICIAL
En el marco del compromiso del Gobierno en mejorar la calidad de la educación se implementarán una serie de medidas, entre las cuales se encuentra el presente proyecto de ley que crea:
a. El Examen de Excelencia Profesional Docente tiene por objeto medir los conocimientos disciplinarios que permiten a los docentes contar con las capacidades para cumplir con las metas sobre los aprendizajes establecidos en las bases curriculares para la educación básica y media. Ello proveerá de información relevante para el mejoramiento de la formación de los docentes, lo que beneficiará a toda la comunidad educativa, desde la enseñanza académica de los futuros docentes hasta la sala de clase donde se ejerce la profesión decente.
b. La Asignación de Excelencia Pedagógica Inicial aumentará las remuneraciones iniciales de los nuevos docentes destacados, que se desempeñen en los establecimientos del sector municipal y particular subvencionado y los regidos por el Decreto Ley N° 3166-1980.
1. El artículo 3° establece que el diseño, administración y fijación de los contenidos del examen corresponderá al Ministerio de Educación, quién podrá realizarlo directamente o celebrar convenios para su elaboración y aplicación con instituciones de educación superior, centros de estudio u organismos internacionales. Asimismo, señala que el contenido del examen deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación.
2. El artículo 5° dispone que los costos asociados a la elaboración y realización de este examen será de cargo del Ministerio de Educación.
Al respecto, para el año 2011 se estima que 16.426 docentes se titulen como profesores y que todos rindan el Examen de Excelencia Profesional Docente, ello demandaría un costo de aproximadamente $ 3.187 millones.
Para los años 2012 y 2013 se estima un incremento de 10% de nuevos docentes titulados que rinden el examen, esto es, 18.068 y 19.875 docentes, respectivamente, lo que representaría un gasto anual por la elaboración y realización del Examen de Excelencia Profesional Docente de $ 3.505 millones y $ 3.856 millones, respectivamente.
3. El artículo 7° establece que la Asignación de Excelencia Pedagógica Inicial se otorga a los nuevos docentes que hayan obtenido resultados destacados en el examen, de acuerdo a los valores establecidos según la tabla siguiente:
Tramo
Percentil de resultado
Monto Mensual Jornada
44 horas semanales$
Primero
90 o superior
$ 150.000
Segundo
Entre 80 y 89
$ 100.000
Tercero
Entre 70 y 79
$ 50.000
Para el año 2012, se considera que el 30% de los 16.426 docentes obtienen resultados de destacados en el proceso de examinación del año 2011, estimándose que 4.386 docentes ingresan a desempeñar la función docente en los establecimientos subvencionados del país, distribuidos un 10% en cada uno de los tramos citados, en consecuencia el gasto por pago de la Asignación alcanzaría $ 3.489 millones (año escolar 2012, 10 meses), con 35 horas de contrato cada docente.
Para los dos años siguientes considerando un incremento de los egresados de un 10%, en el pago de la asignación podría beneficiar y representar el siguiente nivel de gasto:
Año
Beneficiarios vigentes
Millones $
2013
9.210
8.791
2014
14.517
13.857
4. En resumen los gastos estimados por aplicación de este proyecto de ley para los años 2011, 2012, 2013 y 2014, serían:
En millones $ ($ 2010)
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Art. 5° costos de elaboración y realización del examen.
3.187
3.505
3.856
3.856
Art. 7° asignación de excelencia pedagógica inicial
3.489
8.791
13.857
Total
3.187
6.994
12.647
17.713
5. El mayor gasto que representa el presente proyecto de ley será de cargo del Presupuesto del Ministerio de Educación.
Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del proyecto de ley que hace exigible el uso de chalecos reflectantes como medida de seguridad para los automovilistas (boletín 7175-15), en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social. (boletín Nº 7196-06) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en el H. Senado por un mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma urgencia” para su tramitación legislativa.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
- Indicación de los Diputados señores Lorenzini y Ortiz al artículo 10 del proyecto.
- Indicación de los Diputados señores Lorenzini y Ortiz al artículo 26 del proyecto.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
Los artículos 1° y 2° transitorios.
4.- Se designó Diputado Informante al señor Macaya, don Javier .
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Felipe Kast , Ministro de Planificación y las señoras Anne Traub , Asesora de Mideplan y Patricia Orellana , Asesora de la Dirección de Presupuestos.
El propósito de la iniciativa consiste en la creación del Ministerio de Desarrollo Social, en reemplazo del actual Ministerio de Planificación. Colaborará esta Secretaría de Estado con el Presidente de la República en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social de la comunidad, destinadas a superar y erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social. Para cumplir sus objetivos estará encargado del Banco Integrado de Programas Sociales y del Banco Integrado de Proyectos de Inversión.
Su organización básica la conforma el Ministro , dos subsecretarías: de Evaluación Social y de Servicios Sociales, y las secretarías regionales ministeriales de desarrollo social.
Además, se crea el Comité interministerial de Desarrollo Social, entidad asesora del Presidente de la República y se modifican diversas normas para permitir que el Ministerio cumpla con sus objetivos, facultando al Presidente de la República para que fije la planta de personal y establezca normas sobre su encasillamiento.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 6 de septiembre de 2010, señala que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación del proyecto, durante el primer año de su entrada en vigencia, y el que se derive del ejercicio de la facultad establecida en el artículo primero transitorio, considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $ 1.878.541 miles, y se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Planificación o el órgano que lo reemplace, y en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público.
En el debate de la Comisión intervino el señor Felipe Kast , quien hizo presente que el proyecto en análisis se ha venido perfeccionando desde hace ocho meses, cuando inició su tramitación en el H. Senado, previo a lo cual se realizaron diversas consultas a distintos centros de estudios, ya que había consenso sobre la necesidad de crear un ministerio que se dedicara a coordinar las políticas sociales. Así lo indicó en su oportunidad la Comisión Meller sobre Trabajo y Equidad y, más tarde, el Programa de Gobierno del Presidente Piñera y también, el programa de gobierno alternativo. De ahí que la iniciativa fuera aprobada por unanimidad en las distintas comisiones y en la Sala del H. Senado, luego que se consensuaran allí, entre los distintos sectores políticos, las 159 indicaciones formuladas a la misma.
Explicó que, a pesar de que en 1989 Odeplan pasó a ser un Ministerio, éste no ha contado con el poder necesario ni con los instrumentos adecuados; la ley no lo ha dotado de suficientes atribuciones como para poder cumplir un rol en la coordinación de las políticas sociales. Hoy en día, hay más de 360 programas sociales a nivel nacional, sin considerar los de carácter local, y ni siquiera existe un banco integrado de ellos que permita apreciar en forma sistémica la evolución de las variables sociales vinculadas a esos programas.
Lo que hace el proyecto, entonces, es transformar a Mideplan en una entidad que de alguna manera ya venía desarrollándose. Por mucho tiempo y desde que era Oficina, este ministerio tuvo una connotación social muy fuerte; ya en el año 2000 de manera informal, y dos años después, formalmente, los gobiernos de la Concertación fueron traspasando la responsabilidad de la planificación regional, que a comienzos de los 90 correspondía a Mideplan, a los gobiernos regionales.
El proyecto separa las funciones actuales de Mideplan, conforme a su naturaleza, en dos Subsecretarías. La primera de ellas será la encargada de gestionar las políticas sociales, de coordinar y supervisar el buen funcionamiento de los programas propios del Ministerio y de las instituciones encargadas de su ejecución. Es la Subsecretaría de Servicios Sociales. La segunda será la encargada de coordinar los 360 programas sectoriales hoy existentes y de enviar al Congreso anualmente el Informe de Política Social (IPOS), que va a permitir a los parlamentarios tener una discusión presupuestaria más informada sobre la materia.
En cuanto a las funciones que se asignan a estas Subsecretarías en materia de coordinación interministerial, destacó el Ministro señor Kast la de pronunciarse ex ante sobre los programas sociales que otros ministerios pretendan desarrollar. Esto implica hacer una evaluación previa de los respectivos programas y del marco lógico en que se insertan; insumo además relevante para que el banco integrado de proyectos sociales permita tener una mirada global de los mismos. Mencionó también la vinculación del MDS con el proceso presupuestario en materia de programas sociales, el monitoreo de éstos una vez aprobados, la definición de los instrumentos de focalización y la consolidación de la información social disponible a través del sistema de registro RIS.
En materia de ejecución de programas y servicios relacionados, junto con la creación de una Subsecretaría con esta función específica, destacó la radicación en el MDS de las facultades de diseño de políticas y la celebración de convenios de desempeño con la administración de los servicios para la ejecución de aquéllas.
Enumeró enseguida los ocho productos estratégicos que persigue la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Social. El primero de ellos es la creación del Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS), que exige la evaluación ex ante de éstos para evitar duplicidades, asegurar una buena definición de la población objetivo, etcétera, para cuyo efecto se está desarrollando una metodología con ayuda del BID. El segundo es el IPOS, que al igual que el Informe de Política Monetaria deberá presentarse una vez al año al Congreso. En tercer lugar, están las Fichas de Monitoreo, que contienen una evaluación ex dure de los programas sociales con respecto a los indicadores que se ha querido modificar con ellos. Desde el punto de vista institucional, se crea un Departamento de Estudios, a fin de tener una mirada global de lo social (Comité de Ministros de Desarrollo Social); se genera una Unidad de Focalización, que se ocuparía del mejoramiento continuo de la FPS y otros instrumentos; se crea un Observatorio Social, que se encargará de desarrollar nuevas métricas de desarrollo social, y dos Unidades de Coordinación, tanto de Servicios Relacionados como de Gestión Local y Dirigentes Sociales, ésta última con el objeto de escuchar a quienes están más cerca de la gestión de los programas sociales -y a sus usuarios- para poder mejorarlos.
Con respecto al IPOS, señaló el Ministro que se está trabajando en su diseño sobre la base del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México y que se espera tener un primer borrador del mismo hacia fines del presente año. En cuanto a las fichas de monitoreo, explicó que su contenido deberá dar cuenta de los objetivos de cada programa social, del método de focalización utilizado (forma de seleccionar a sus beneficiarios), de los resultados obtenidos a partir de su aplicación (evolución de los indicadores sociales en los que se ha querido influir) y del gasto social efectivo en que se ha incurrido (porcentaje de los recursos públicos invertidos en cada programa que beneficia directamente a los usuarios).
Finalmente, señaló el señor Ministro que los aspectos más relevantes que tuvo la discusión del proyecto en el Senado fueron los siguientes:
1) Se destacó el rol evaluador del MDS en los programas sociales nuevos y reformulados (Informe de Recomendación), así como el fortalecimiento de la evaluación, vinculándola al proceso presupuestario.
2) Se trabajó intensamente en el informe de seguimiento de los programas sociales en ejecución.
3) Se consolidó al MDS como la entidad donde estará disponible toda la información social.
4) Se estableció el deber de transparencia respecto de los resultados de las evaluaciones de Programas Sociales y Proyectos de Inversión, para que estén efectivamente a disposición de la ciudadanía y de todos los actores políticos (creación de Registros de Programas Sociales y Proyectos de Inversión).
5) Se reforzó el rol de los dirigentes sociales y se aseguró la protección a los funcionarios, disponiéndose claramente que el ejercicio de las facultades que el proyecto otorga al Presidente de la República en materia de personal no podrá implicar término de servicios, supresión de cargos, término de la relación laboral, disminución de remuneraciones ni modificaciones a derechos previsionales.
En respuesta a diversas consultas e inquietudes formuladas por los Diputados señores Jaramillo , Marinovic , Lorenzini , Silva , Auth y Godoy , el Ministro señor Kast , aclaró, en primer lugar, que el artículo 26 del proyecto se refiere a la planificación regional en materias ajenas a lo social, mientras que el artículo 8º se refiere exclusivamente a la ejecución de los programas sociales, con lo cual no se hace más que sincerar algo que la Concertación hizo en el año 2000, que fue quitarle a Mideplan la potestad de la planificación regional y entregársela a los gobiernos regionales, con el apoyo de la Subdere.
Por otra parte, afirmó que el proyecto en debate no modifica la normativa que rige a los servicios relacionados con el MDS, por lo que sus disposiciones no afectan en absoluto al personal que el FOSIS pueda tener en algunas comunas.
Destacó, además, que no todo lo social es de competencia del MDS, como ocurre con ciertas políticas de Salud, Vivienda, Educación o Trabajo, amén de la dificultad de trazar claramente la línea divisoria entre lo que tiene, o no, ese carácter. Esta es la razón por la que el Instituto Nacional de Deportes no formaría parte de la estructura del nuevo Ministerio, sin perjuicio de procederse a una reforma del mismo, y la que justifica también la existencia del Comité Interministerial de Desarrollo Social, cuya finalidad es sentar a la mesa a los encargados de los distintos sectores para trabajar en conjunto las estrategias de largo plazo que se propondrán al Presidente de la República con miras a enfrentar los desafíos sociales.
En cuanto a la política de descentralización del MDS y de los servicios relacionados, señaló que, de partida, los Seremis de Planificación, que pasan a ser de Desarrollo Social, se transforman formalmente en apoyadores de los Intendentes y Gobiernos Regionales en la materia, lo cual ya venía ocurriendo, gradualmente, en la práctica. Otro aspecto que no está contemplado en la ley, es el trabajo que se está haciendo con los municipios para que ciertos programas sociales, que hasta ahora eran ejecutados por consultoras privadas a un costo relativamente alto, sean ejecutados directamente por ellos.
Sobre la vinculación que habría entre la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dipres, afirmó que uno de los motivos por los que el proyecto en estudio pudo avanzar con tanta expedición durante su paso por el Senado fue en gran medida la especificación de la forma en que ambos organismos se van a relacionar; y es que, cuando alguien quiera desarrollar un programa social, el MDS deberá pronunciarse sobre su rentabilidad social a través de un proceso de evaluación ex ante, y será el Presidente de la República quien decida finalmente sobre su aprobación o rechazo, oyendo a la Dipres. Recalcó el Ministro que el proyecto obliga también a hacer más expeditos los RS (informes de rentabilidad social), en el sentido de que, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, el MDS determinará las características de aquellos programas que no requerirán dicha evaluación previa, lo que es muy bueno porque hay programas pequeños, muchas veces estandarizados, cuya evaluación puede ser más gravosa que el beneficio que generan.
Con respecto a los cambios que implicará el proyecto en materia de personal, reiteró que éste contiene normas inéditas de protección en favor de los funcionarios de Mideplan, no pudiendo privárseles de ningún beneficio que actualmente posean. En cuanto a las transformaciones institucionales, señaló que en cada región deberán instaurarse unidades de evaluación y ejecución de programas, además de las divisiones y unidades centrales dependientes de las dos Subsecretarías descritas anteriormente. En lo que atañe a los servicios relacionados, indicó que el Senama quedará bajo la supervigilancia del MDS; la Iniciativa Científica Milenio ha sido traspasada al Ministerio de Economía y, Sectra , al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Sobre los costos de la iniciativa, manifestó que es necesario avanzar en su aprobación con cierta premura, justamente, porque hay recursos provisionados este año en el presupuesto de Mideplan y en la Partida Tesoro Público que deben aplicarse a su implementación.
Respondiendo a otras consultas e inquietudes de los Diputados señores Andrade y Santana , señaló el Ministro Kast que las atribuciones que el proyecto confiere al MDS le parecen adecuadas, pero que el cumplimiento cabal de sus objetivos dependerá de la voluntad política con que se ejerzan.
Finalmente, aseguró que el MDS participará plenamente en el proceso de elaboración presupuestaria en relación con los programas sociales e iniciativas de inversión que se propongan, así como también en el monitoreo de aquéllos que se decida implementar, e informará directamente a la Comisión Mixta de Presupuestos acerca de su rendimiento.
El Diputado señor Montes se manifestó partidario de fortalecer el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, porque el problema de fondo que hoy tiene el país es que todo se resuelve en una gerencia de finanzas, cuando en materia social se requiere tener una gerencia de desarrollo. En tal sentido, sostuvo que el proyecto no logra llegar a la altura de una gerencia de desarrollo social, pues le faltan elementos para ello, aunque reconoció que constituye un avance en esa dirección.
En cuanto a la normativa propuesta, consideró inapropiado hacer referencia a equidad o desarrollo social como dos conceptos separados, pues en su opinión son complementarios y debiera aludirse a ellos, siempre, conjuntamente.
Planteó que lo fundamental, para darle fuerza a este nuevo Ministerio, es la composición, la estructura y el nivel del presupuesto social y, en esa línea, hay un conjunto de elementos que el MDS adquiere con este proyecto, pero que no son suficientes para hacer de él un lugar donde se debata la política global social de cada año.
Destacó la evaluación de programas sociales ex ante que consagra la iniciativa, pero le preocupó la forma en que ésta se hará, porque a diferencia de la evaluación ex post, para la cual se han venido desarrollando distintos modelos en los últimos años, no existen aquí criterios claramente definidos. De partida, la evaluación dependerá del concepto de rentabilidad social que se tenga y podrá consistir en una mera cuantificación de costos y beneficios, que es la tendencia normal de los economistas. Por ello, estimó necesario que el modelo ex ante considere otros factores, tales como calidad de vida, identidad o protección social, que no siempre son cuantificables. Además, consideró adecuado que, para efectos de determinar los criterios de la evaluación, especialmente ex ante, exista un comité de expertos que emita una opinión técnica teniendo en cuenta dichos factores.
Afirmó que le preocupa, también, que se otorgue al MDS, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, la potestad reglamentaria para, entre otras cosas, definir lo que se va a considerar gasto público social. Ello, por cuanto -a su juicio- el gasto tributario que tenga connotación social (franquicias en materia de vivienda, por ejemplo) debe considerarse parte de aquél, pero esto no se menciona en el proyecto. Igualmente, mencionó que las transferencias efectivas o potenciales destinadas a privados, como los aportes estatales al Hogar de Cristo o a la Fundación Las Rosas, que cubren las necesidades de muchos adultos mayores a quienes el Estado no tiene nada que ofrecer, deben considerarse también gasto social. Del mismo modo, los fondos públicos que se entregan a distintas instituciones e, incluso, las donaciones que tienen connotación social, y que implican también una franquicia, debieran ser consideradas parte del gasto social y todo ello debiera evaluarse globalmente.
En el mismo sentido, consideró un avance importante que el MDS deba rendir ante el Congreso un Informe de Política Social, pero de todo lo que se estime gasto social y no solamente de programas determinados.
Asimismo, planteó que se han creado a través del tiempo distintas agencias del Estado o privadas que ejecutan programas sociales y que debieran ser evaluadas como agencias de política social. Es el caso de las municipalidades, que actualmente no son evaluadas, pero se sabe que hay sólo algunas que tienen cierta capacidad para actuar como tales. Están también las EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social) y las ATE (Asistencia Técnica Educativa), que tienen directa relación con políticas sociales y que debieran ser evaluadas por algún ente ajeno al MDS para saber en qué están ayudando.
En lo relativo al Comité Interministerial, consideró indispensable que forme parte de él, como organismo permanente, la Dipres - a través del Ministro de Hacienda - y que no se deje afuera a los gobiernos locales y regionales, porque es importante que los principales operadores de las políticas sociales estén presentes en su discusión. También sugirió incorporar a la Subdere, a través del Ministro del Interior , por la importancia que tiene hoy en día la dimensión territorial del gasto social.
Finalmente, planteó la necesidad de que servicios públicos como el Injuv, el Sernam y otros, sean dotados de facultades para ejecutar planes y programas, ya que hoy en día deben efectuar todo tipo de triangulaciones para hacerlo.
Intervinieron sucesivamente a continuación los Diputados señores Lorenzini , Robles y Ortiz , quienes plantearon la posible inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º transitorios del proyecto, por cuanto facultan al Presidente de la República para fijar las plantas de personal de las Subsecretarías de Evaluación Social y de Servicios Sociales, y disponer el traspaso a ellas de los funcionarios de Mideplan, como asimismo, para conformar el primer presupuesto de las mismas, pudiendo al efecto crear, modificar o suprimir los capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes, todo lo cual es -a su juicio- prerrogativa exclusiva del legislador.
El primero de los Diputados nombrados sugirió, además, que las directrices a que se refiere la letra g) y el informe de que trata la letra v), ambas del artículo 3º, sean dados a conocer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos trimestralmente, al menos, durante el primer año de vigencia de la ley en proyecto.
El señor Felipe Kast , hizo presente que la delegación de facultades legislativas en el Presidente de la República , en materia de fijación de plantas y encasillamiento de personal, es un mecanismo que se ha utilizado muchas veces al reestructurar distintos Ministerios (Inte-rior y Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional, Medio Ambiente , Minería y Energía), sin que se haya objetado su constitucionalidad, salvo el caso del Instituto Nacional de Deportes, que implicaba una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al conferirse al jefe superior del servicio el rango de Subsecretario. Por lo demás, hizo notar que en este proyecto se han incorporado normas de protección inéditas para los funcionarios de Mideplan, disponiéndose en el artículo 1º transitorio que, producto del ejercicio de esas facultades, ninguno de ellos podrá sufrir menoscabo alguno y todos deberán ser traspasados al nuevo Ministerio en el mismo grado y calidad jurídica que tenían en el que se suprime.
En relación a las observaciones del Diputado Montes , destacó que el proyecto otorga al MDS atribuciones bastante sustantivas en comparación a lo que hoy existe. Así, la Contraloría General de la República tendrá que visar que los programas sociales cuenten con la evaluación ex ante, la que en todo caso tendrá que perfeccionarse a través del tiempo. Destacó, además, que esta evaluación será más compleja y menos economicista que la del Sistema Nacional de Inversiones, ya que al hablar de rentabilidad social hay que tomar en cuenta elementos adicionales a lo meramente cuantitativo.
Señaló también que el IPOS tendrá que ser comprensivo de todo el gasto social y, por lo mismo, exigir que sea presentado trimestralmente -como se ha sugerido- resulta bastante complejo.
En lo que respecta a la composición del Comité Interministerial de Desarrollo Social, señaló que ella se ha reservado únicamente a los Ministros titulares de las Carteras indicadas en el artículo 12, razón por la cual no podrían integrarlo la Dipres o la Subdere, sin perjuicio de que sus autoridades puedan ser invitadas a participar con derecho a voz, como de hecho ocurre actualmente en la práctica.
DISCUSIÓN PARTICULAR
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 1°, 3°, 8°, 24, y 27 permanentes y 1°, 2°, 4° y 5° transitorios. Por su parte, la Comisión de Hacienda incorporó a su consideración los artículos 9°, 25 y las indicaciones presentadas.
El Diputado señor Godoy ( Presidente ) propuso que se votaran conjuntamente los artículos 1º; 2º Nº 6; 3º, 8°, 9°, 14, 24, 25 y 27 permanentes, y 4° y 5° transitorios, y la modificación que reemplaza en el articulado del proyecto, todas las veces que aparece, la conjunción disyuntiva “o” entre las expresiones “equidad” y “desarrollo social”, por la expresión “y, o”, los que fueron aprobados por unanimidad. Votaron favorablemente los Diputados señores Auth, don Pepe ; Delmastro, don Roberto ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
A continuación, se procedió a la discusión y votación de las siguientes indicaciones parlamentarias y sus artículos relacionados, cuando corresponde.
Indicaciones de los Diputados señores Lorenzini y Ortiz:
a) Al artículo 3º, para agregar en el párrafo segundo de su letra g), a continuación de la palabra “Presupuestos”, la frase “a más tardar, el 30 de noviembre de cada año”, precedida de una coma (,). Ello, con el objeto de asegurar que las directrices a que se refiere la norma sean informadas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos antes de iniciarse la discusión presupuestaria anual.
Fue aprobada esta indicación por unanimidad. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Delmastro, don Roberto ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
b) Al artículo 10, para sustituir la expresión “El personal” por “Los funcionarios”, por considerar que la primera no da cuenta de la calidad jurídica de las personas sujetas al deber de reserva o secreto que establece la norma.
Fue rechazada esta indicación por falta de quórum de aprobación. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel , y Robles, don Alberto . Votaron por la negativa los señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvieron los señores Delmastro, don Roberto , y Montes, don Carlos .
c) Al artículo 26, para eliminar la letra h) que se agrega al artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1-18.359, de 1985, por estimarse que la función asignada a la Subdere a través de ella pugna con las atribuciones que se confieren al MDS en materia de desarrollo social a nivel regional.
Esta indicación fue rechazada por mayoría de votos. Votaron a favor los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel , y Robles, don Alberto . Votaron en contra los señores Delmastro, don Roberto ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Se abstuvo el señor Auth, don Pepe .
Por último, el Diputado señor Robles solicitó votación separada en los artículos 1º y 2º transitorios, sobre los cuales anunció que formularía reserva de constitucionalidad.
Puesto en votación el artículo 1° transitorio, fue aprobado por 7 votos a favor, de los Diputados señores Auth, don Pepe ; Delmastro, don Roberto ; Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón y 4 votos en contra, de los Diputados señores Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel y Robles, don Alberto ; y la abstención del Diputado señor Montes, don Carlos .
Puesto en votación el artículo 2° transitorio, fue aprobado por 9 votos a favor, de los Diputados señores Auth, don Pepe ; Delmastro, don Roberto ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón y 3 votos en contra, de los Diputados señores Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel , y Robles, don Alberto .
Tratado y acordado en sesiones de fechas 22 de junio y 6 de julio de 2011, con la asistencia de los Diputados señores Godoy, don Joaquín ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos (Andrade, don Osvaldo) ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro (Delmastro, don Roberto) ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en las actas respectivas.
Sala de la Comisión, a 8 de julio de 2011.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión .”
4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en cumplimiento del mandato entregado por la corporación para investigar las eventuales responsabilidades políticas o administrativas en el incendio que afectó al Centro de Detención Preventiva de San Miguel.
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en cumplimiento del mandato entregado por la Corporación con fecha 14 de diciembre de 2010, viene en informar acerca de la materia señalada en el epígrafe, de acuerdo a los siguientes antecedentes.
I. ORIGEN.
Con fecha 8 de diciembre de 2010 se produjo un incendio de proporciones en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, que arrojó un saldo de 81 internos fallecidos y 26 heridos, además de cuantiosos daños materiales. Dada la gravedad de la situación, 50 Diputados solicitaron a la Corporación que esta Comisión se constituyera como investigadora de lo sucedido y se pronunciara frente a las eventuales responsabilidades políticas o administrativas que pudieren existir. Asimismo, tomara conocimiento de las acciones emprendidas por la actual administración y las propuestas que ha diseñado en materia carcelaria en el corto, mediano y largo plazo.
Por último, debería también abocarse a analizar la forma en que ha operado en las dos últimas décadas el proceso de construcción y modernización de los recintos penitenciarios y su capacidad, las condiciones de hacinamiento actualmente imperantes de la población penal, las políticas de reinserción social y de penas y cualquier otro antecedente que permitiera constatar el desarrollo o estancamiento del sistema penitenciario.
Mediante oficio N° 9195, de 14 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Corporación , se puso en conocimiento de la Comisión este mandato y se le fijó un plazo de ciento veinte días para el cumplimiento de su cometido.
II. SESIONES.
Durante el desarrollo de su trabajo, la Comisión celebró un total de trece sesiones, cinco de ellas en Santiago, una reunión en Comité y una visita inspectiva al Centro de Detención Preventiva de San Miguel.
III. PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
La Comisión durante las sesiones que realizó, tanto en Valparaíso como en Santiago, recibió las opiniones y pareceres de las siguientes personas:
1.- Don Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia quien concurrió acompañado por doña Paulina González Vergara , Jefa de la División Jurídica de ese Ministerio y don Germán Subercaseaux , Jefe de Gabinete del Ministro .
2.- Don Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería de Chile y don Jaime Concha Soto , Coronel, Subdirector Operativo de Gendarmería de Chile, quienes concurrieron acompañados por el coronel don Carlos Bustos Hofmann , Director Regional Metropolitano de Gendarmería de Chile, el mayor don Renán Sepúlveda Aldunate , Ayudante del Director Nacional y doña Noelia Miranda Fernández , Jefa de la Unidad de Comunicaciones de la misma Institución.
3.- Don José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), quien concurrió acompañado por el mayor don Antonio Ibarra Lillo , el mayor don Pedro Villarroel Camilo , Tesorero y el mayor don Alberto Figueroa Quezada , Director.
4.- Don Oscar Benavides Millapán , Presidente Subrogante de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile (Anfup), don Boris Henríquez Monsálvez , Secretario Nacional; don Sergio Barra Delgadillo , Presidente Provincial de Santiago ; don Oscar Martínez Fredes ; don Mario Robles Cáceres y don Miguel Valdés Reyes .
5.- El suboficial don Juan Alarcón Arce , Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) y el suboficial don Mario Apablaza Palma , Secretario Nacional .
6.- Don Gabriel Pérez Benavides , Presidente de la Asociación Nacional de Directivos , Profesionales y Técnicos (Adiptgen).
7.- Doña Javiera Blanco Suárez , Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana y doña Ana María Morales Peillard , Directora del Área Sistema de Justicia y Reinserción.
8.- Don Alberto Precht Rorris , Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana quien concurrió acompañado por don Manuel Mayne Sarabia , ingeniero comercial y doña Marilaura Toro Dubó , abogada.
9.- R.P. Nicolás Vial Saavedra , Presidente de la Fundación Paternitas .
10.- Don Nicolás Espejo Yaksic , profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Central de Chile.
11.- Don Alejandro Jiménez Mardones , ex Director Nacional de Gendarmería .
IV. VISITA INSPECTIVA.
Con fecha 10 de enero del año en curso, la Comisión, encabezada por el Diputado señor Guillermo Ceroni , practicó una visita inspectiva en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, lugar en que fue recibida por el señor Luis Masferrer Farías , Director Nacional de la Institución , el coronel don Osvaldo Muñoz Díaz , el coronel don Segundo Sanzana y el mayor don Cristián Gutiérrez . En dicha visita recibió una descripción circunstanciada de los hechos y recorrió especialmente los sitios siniestrados, ubicados en la Torre 5, sector sur en que murieron 66 internos y sector norte en que perecieron 15 presos.
V. PLAZO.
Como ya se señalara, el plazo fijado a la Comisión para entregar sus conclusiones fue de 120 días, término que, reglamentariamente, vencía el 28 de junio recién pasado, pero dado lo complejo y delicado del tema en análisis, se acordó solicitar una prórroga del término hasta el 12 de julio próximo, el que fue concedido por la Corporación.
VI- FORMA DE TRABAJO.
La Comisión, luego de analizados los antecedentes recibidos y escuchadas las personas que comparecieron ante ella, acordó formar una Subcomisión integrada por los Diputados señora Marisol Turres Figueroa y señores Pedro Araya Guerrero , Guillermo Ceroni Fuentes y Arturo Squella Ovalle a fin de que propusiera a la Comisión una propuesta de conclusiones.
VII. ANTECEDENTES.
Conforme a lo señalado, la Comisión acordó efectuar un estudio acerca de los antecedentes recopilados, separándolos por temas, citando en cada uno de ellos las opiniones vertidas por los distintos invitados.
CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN CARCELARIA DEL PAÍS.
ALGUNAS REFERENCIAS A LAS CAUSAS DEL COLAPSO DEL
SISTEMA PENITENCIARIO
1.- Nicolás Espejo Yaksic, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Central de Chile
Manifestó que a lo menos desde 2005 y con cierta sistematización, hasta la ocurrencia del incendio en la cárcel de San Miguel, la comunidad internacional había hecho presente al Estado de Chile en materia penitenciaria una serie de diagnósticos, informes, recomendaciones y observaciones, tal como lo hicieron algunos órganos de supervisión interna.
Detalló que se han emitido diversas observaciones, comentarios, recomendaciones y diagnósticos por parte de órganos internacionales de supervisión, como el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la OEA, el informe del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos respecto del Estado de Chile, algunas visiones de diagnostico y recomendaciones que formuló el Consejo para la Reforma Penitenciaria, la fiscal de la Corte Suprema, señora Mónica Maldonado , informes de derechos humanos de otras organizaciones, etcétera.
En 2008, el relator especial de la Relatoría de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Florentín Meléndez , estuvo en Chile con motivo de una invitación oficial y emitió un informe sobre la situación carcelaria. Allí se observan algunos aspectos preocupantes de las condiciones carcelarias, entre los que se cuentan los siguientes:
-Uso excesivo e innecesario de la fuerza y castigos, práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería y uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas;
-Una práctica generalizada de registros corporales denigrantes y humillantes a las visitas, particularmente a mujeres y niñas.
-La permanencia en centros carcelarios de personas con discapacidad mental y de ancianos de hasta ochenta años de edad.
-Graves deficiencias y limitaciones en los programas de readaptación social.
En centros operados por el Estado -el informe se refiere a los que no son licitados- se observaron niveles de hacinamiento pocas veces visto en estas regiones, condiciones de insalubridad extrema, que incluyen servicios precarios o deficientes de agua potable, alimentación, higiene y salud, así como pésimas condiciones de infraestructura y graves deficiencias o ausencia de verdaderos programas de readaptación social.
Este informe se hizo público al Estado de Chile en 2008 por parte de la OEA.
Otro aspecto central de estos informes internacionales es lo que ha dicho el Comité Contra la Tortura respecto de Chile.
Al respecto hizo presente que Chile ha ratificado dos instrumentos relevantes para el trabajo de la Comisión. En primer lugar, la Convención contra la Tortura, de Naciones Unidas, y, en segundo lugar, un protocolo facultativo o adicional de la Convención Contra la Tortura, que establece un mecanismo de prevención de la tortura a nivel nacional, y que el Estado de Chile aún incumple.
Explicó que el Comité Contra la Tortura, de Naciones Unidas, se refirió a las condiciones de detención de los centros. Lo negativo apunta particularmente a lo relativo a las condiciones materiales, hacinamiento y abuso y sanciones injustificadas en la aplicación del régimen disciplinario.
Estimó que el reconocimiento de la crisis carcelaria es algo reciente. Señaló que considera la creación del Consejo para la Reforma Penitenciaria, en junio de 2009, un primer hito de reconocimiento de su existencia.
Los gobiernos de la Concertación erraron al desconocer la dimensión de la crisis humanitaria dentro de las cárceles, a la dimensión de los derechos humanos de esa crisis. Ello constituyó una demora inexcusable en distintos gobiernos. Sin embargo, hubo un giro en esa cuestión hacia fines del último Gobierno.
Estimó importante que esta Comisión refuerce la relación que existe entre la crisis del sistema penitenciario y la política criminal. Gran parte del debate a propósito de los tipos penales y las medidas que se están anunciando, guarda relación con el tipo de persecución y cuál es el número de personas que queremos tener privadas de libertad.
La crisis penitenciaria, para bien o para mal, es función necesaria de las políticas criminales que se adopten, es decir, qué tipo de delitos la fiscalía va a tener como política criminal privilegiada en el trabajo que hace el fiscal nacional, pues él es quien finalmente dicta el contenido central de las políticas criminales en cuanto a la persecución penal de la fiscalía.
Si no se relaciona la política criminal y la crisis penitenciaria, resultará muy difícil solucionar esa situación.
2.- Gabriel Pérez Benavides , Vicepresidente de la Asociación Nacional de Directivos Profesionales y Técnicos, Adiptgen
Lo ocurrido en San Miguel no es un hecho nuevo ni en ese recinto carcelario ni en ninguno de los establecimientos penitenciarios del país.
Las múltiples denuncias que han realizado los gremios de Gendarmería, la fiscal de la Corte Suprema, señora Mónica Maldonado ; los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -para mayor abundamiento ver el último informe del Comisionado señor Florentín Meléndez - y los diversos estudios de Centros de Educación Superior estatales y privados, constituyen claros testimonios y evidencias concretas de que la tragedia estaba más que anunciada y que fue desoída por una sociedad que ha priorizado una visión sobreideologizada y basada en un prisma reduccionista, conservador y exacerbadamente punitivo.
El presidente de la Corte Suprema , señor Milton Juica , sobre esta materia declaró: “El mundo político entrega un mensaje donde se refuerza la idea de que toda persona que delinque debe ir a la cárcel”.
Los dañinos slogans como “Delincuentes, se les acabó la fiesta”, “Tolerancia cero”, “La tercera es la vencida”, “A trancar la puerta giratoria”, unidas a otras iniciativas, como la agenda corta anti delincuencia impulsada en el gobierno pasado, han destacado dentro de este facilismo mediático que las autoridades políticas impulsaron, sin precaver que aquello conspiraba aún más con el aumento descontrolado de las penas de privación de libertad, incluso de aquellas personas que no representan o no revisten ninguna connotación de peligrosidad o gravedad.
El grave error de confundir medios con fines ha llevado a decisiones incorrectas, como las de policializar la vida social y extremar recursos para fortalecer la seguridad en desmedro de un verdadero apoyo a las abandonadas funciones de tratamiento y reinserción social, como asimismo impactar negativamente la diversificación de las penas sustitutivas a la reclusión.
No basta con la construcción de más metros cuadrados de cemento. Ello no resuelve el problema de fondo: una reforma profunda e integral del sistema penal chileno, un enfoque inteligente e innovador que asuma los costos políticos asociados y la eventual desaprobación popular que ocurriere.
Expuso un breve análisis de la política criminal chilena y sus efectos en el órgano administrativo de ejecución penal.
En cuanto a la agenda pública pro seguridad ciudadana y sus efectos en el sistema penitenciario chileno o el aumento descontrolado de la población penal, señaló que la sociedad chilena en los últimos años logró transversalmente, a través de sus representantes políticos, consensuar una política de seguridad pública para contener los excesos del denominado flagelo de la delincuencia.
Así aparece la llamada agenda corta anti delincuencia y su impacto en cuanto a transformaciones normativas que redefinen los contornos del proceso penal, la implementación de algunas modificaciones legales, que por diversas razones han aumentado la población de las cárceles, como por ejemplo las leyes Nº 20.000, 20.009, 20.066, 20.074, 20.273, 20.253, 19.927 y, por último, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, así como la dictación de una serie de leyes tendientes a incentivar los mecanismos de autoincriminación y la aceleración de procesos, para lo cual se modificó el régimen de medidas cautelares, la facilitación de la aplicación de la prisión preventiva y el endurecimiento de las penas respecto de ciertos delitos.
Profundizando lo anterior, en julio de 2010 el Ejecutivo anunció la agenda legislativa destinada a endurecer las normas que persiguen y castigan los delitos y sus autores.
Lamentablemente, hoy también existe una grave distorsión institucional en Gendarmería respecto de los mecanismos asociados a la progresividad de las penas, lo que genera, adicionalmente, un incremento de la población penal y una restricción de las decisiones de los consejos técnicos en los establecimientos penales, producto de una lógica dominante basada en influencias y presiones políticas centralizadas.
Expresó que no existe evidencia empírica respecto de que la privación de libertad reduce los índices de delincuencia ni los de reincidencia. Por el contrario, cárceles en pésimas condiciones, con alta presencia de personas sin condena, con deficiente sistema de clasificación y segmentación; vulneración de derechos, distorsión institucional respecto de los mecanismos asociados a la progresividad de la pena; limitada cobertura en rehabilitación y reinserción, son los elementos que consolidan peligrosamente una perspectiva de escuelas del delito.
Lo anterior debería llevar a repensar la actual política criminal, con énfasis en la línea del endurecimiento en la aplicación de la restricción de la libertad, y avanzar hacia la racionalización de su uso, considerando la utilización de penas sustitutivas, las que todavía no han sido priorizadas en términos políticos ni económicos, aun cuando la evidencia indica que redundan significativamente en menores tasas de reincidencia y su costo es drásticamente menor.
Sin duda, el desafío de replantear la actual política obliga a armonizar dos intereses públicos, en apariencia, contradictorios. Por un lado, confrontar el éxito de las políticas de persecución criminal y los requerimientos ciudadanos por sostener y mantener una agenda pro seguridad ciudadana y, por otro, el deber de un estado de derecho democrático de garantizar a todos los ciudadanos, sin exclusiones, la promoción, protección y defensa de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y tratados internacionales suscritos por nuestro país.
La crisis del sistema penitenciario se evidencia con mayor nitidez en el hacinamiento, la violencia, las violaciones a los derechos humanos y las malas condiciones de trabajo para el personal penitenciario.
En cuanto a la vulneración de los derechos humanos, si efectivamente la relación de la institución penitenciaria con la población afecta a algún tipo de sanción penal, es una relación de derecho público y, entonces, la crisis enunciada va más allá de cuestiones de infraestructura, salubridad o acceso a mecanismos de reintegración.
Lo que está en crisis son los fundamentos de un estado de derecho democrático que no visualiza a través de sus instituciones que el centro de su quehacer lo constituyen sus ciudadanos, y si aquellos tienen la restricción de algún derecho, es deber del Estado promover y proteger los derechos no conculcados.
La promoción y protección de los derechos de la población penalizada no han estado en el centro del debate, sino sólo bajo condiciones especiales como las actuales.
3.- Javiera Blanco Suárez , Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana
Señaló que en la década de los noventa hubo progresos importantes en el sistema de enjuiciamiento criminal y en los sistemas policiales, no así en el sistema carcelario, tal vez por la dificultad que supone llamar la atención respecto de la necesidad de construir cárceles y de revertir las carreras delictivas.
Hoy se sabe que si bien la cantidad de infractores de ley en el país no es tan alta, existe una proporción pequeña que es muy prolífica en este ámbito, por lo que se puede concluir que unos pocos sujetos son responsables de la mayoría de los hechos delictivos y la sociedad ha sido ineficiente para alejar a estas personas del mundo de la delincuencia.
Hay mucho desconocimiento respecto de las materias carcelarias, lo que en varias ocasiones ha llevado a la toma de malas decisiones. Uno de los aspectos que merece especial atención es el costo de los días cama por recluso, el que asciende a un promedio de $ 300.000 mensuales. En efecto, en las cárceles antiguas, que están en malas condiciones, el costo por recluso es de $ 290.000 mensuales, mientras que en las concesionadas, es de $ 370.000 mensuales. Estas últimas, aun cuando no han sido evaluadas hasta la fecha en cuanto a su impacto, aseguran, por lo menos, una mejor condición de habitabilidad y con ello un mayor respeto a las garantías mínimas que deben tener las personas que cumplen condena.
Sin embargo, es un desafío entender si los casi $ 100.000 adicionales que se gastan en ellas implican a su vez mejoras en términos de rehabilitación, como se pretendió al establecer este modelo de cárceles. En este contexto, es válido preguntarse quiénes ocupan las cárceles y si es necesario invertir en cárceles de alta seguridad o en establecimientos penitenciarios caros para mejorar el hacinamiento.
Adelantó que la Fundación realiza actualmente el primer estudio sobre la reincidencia delictual en el país, cuyas cifras preliminares señalan que ésta supera el 50% y que una proporción importante de las personas recluidas tiene un nivel de compromiso delictual bastante bajo, pues cumplen penas, por ejemplo, por no pago de pensiones alimenticias o de multas, sea como sanción directa o como pena sustitutiva.
-Evolución de la población penitenciaria en el sistema cerrado:
Si bien hay algunas estadísticas que no están actualizadas al 2010, es posible afirmar que el sistema de encierro ha tenido un crecimiento sostenido importante, lo que tiene su origen en la implementación de la reforma procesal penal. Así, en el sistema cerrado la población recluida creció el 58,9% entre los años 2000 y 2009.
-Cantidad de detenidos, procesados/imputados y condenados del sistema cerrado:
Por su parte, el porcentaje de condenados ha aumentado en más del 140% en el mismo período. Sin embargo, la buena noticia es que el porcentaje de procesados imputados privados de libertad ha disminuido. En 2000, el 42% de los privados de libertad se encontraba en espera de un juicio y hoy ese porcentaje no supera el 20%. Uno de los mitos existentes es que en la actualidad hay menos prisiones preventivas y la gente suele considerar, por ello, que los jueces tienen más mano blanda. No obstante, al analizar las cifras, es posible apreciar que la cantidad de prisiones preventivas decretadas en el año 2000 es bastante similar a la del año 2009. Del total de personas a las que se ha aplicado esta medida, sólo el 23% recibió una sentencia condenatoria de encierro, mientras que el 77% cumplió su condena en libertad o, lo que puede ser más grave, ha sido absuelto.
Lamentablemente, las prisiones preventivas no se dictan con toda la información que se requiere, de acuerdo con los antecedentes recabados a través de una encuesta efectuada a los jueces, razón por la cual no es de extrañarse que el 70% de las prisiones preventivas haya sido mal dictado.
Si bien hay una mayor garantía procesal en el sentido de que las personas que están en encierro efectivamente son condenadas, la situación conduce a pensar que éstas representan un número bastante alto, lo cual podría considerarse positivo si se interpreta que con ello se saca de circulación a personas que son infractoras de la ley, siempre y cuando, una vez sancionadas, no vuelvan a entrar al sistema, lo cual, sin embargo, no se está logrando de acuerdo con el estudio de reincidencia.
-Utilización excesiva de la prisión preventiva:
Ingresos a la cárcel tipificados como “Prisión preventiva” (2005 - 2010)
Frecuencia
%
2005
8.604
17,8
2006
8.879
18,4
2007
8.880
18,4
2008
9.245
19,1
2009
8.862
18,3
2010
3.864
8,0
Total
48.334
100
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de Gendarmería 2005- 2010 solo hasta junio.
Indicó que la estadística precedente alcanza hasta junio, de modo que si comprendiese más tiempo, las prisiones preventivas representarían alrededor del 16, 17 ó 18%, como en años anteriores. Sólo el 23% de los sujetos que estuvieron por primera vez en prisión preventiva entre los años 2005 y 2010 ingresaron posteriormente a la cárcel .
El sistema cerrado está saturado con ingresos que no tienen mayor justificación. En efecto, según las bases de datos de Gendarmería del período 2005-2010, el 23% está recluido por no pago de pensiones alimenticias, el 21%, por no pago de multas y sólo el 56%, por delitos propiamente tales, siendo este último porcentaje uno que podría representar a personas que tienen un nivel de peligrosidad más o menos importante, que podría justificar su encierro. En cambio, el caso de quien no paga una pensión alimenticia o una multa es diferente y podría ser más útil, por ejemplo, que el Estado entregue a la madre que demanda dicha pensión la misma cantidad de dinero que actualmente se invierte en la mantención de cada recluso. Resultaría más conveniente, en términos económicos, arrendar una casa en cualquier comuna para que estas personas pernocten o pasen ciertas horas de encierro, en lugar de mandarlos a un lugar que está pensado para sujetos de alta peligrosidad.
-Número de ingresos por delito:
Hay muchos delitos menores que hoy se sancionan con encierro, como es el caso del hurto, pese a que esta figura no implica ejercer violencia. Destacan, igualmente, los ingresos por delitos de leyes especiales, como los tipificados en la Ley de Violencia en los Estadios, y por robos no violentos, que en total representan a más del 50% de las personas que cumplen penas de encierro, quienes son consideradas como de alta peligrosidad y responden a este perfil delictivo.
-Penas de corta duración en el sistema cerrado:
El 10 por ciento de las personas que están privadas de libertad en nuestro país cumplen penas de menos de un año.
Si bien la respuesta penal implica, de alguna manera, resarcir el daño causado y que haya un efecto, debe igualmente ponderarse el objetivo resocializador de la pena. En este sentido, no vale la pena encerrar a alguien por unos pocos meses si, posteriormente, lo más probable es que vuelva a delinquir y a ingresar a la cárcel con una condena mayor.
En general, en otros países, se ha tendido a la eliminación de las penas de corta duración, que implican el encierro por algunos meses, ya que son consideradas nocivas. Una opción válida es que puedan cumplirse en el medio libre, quizás con niveles de control más elevados que otras penalidades, como podrían ser los trabajos en beneficio de la comunidad.
4.- Ana María Morales Peillard , Jefa del Área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana.
Se refirió al trabajo efectuado por el Consejo para la Reforma Penitenciaria. El citado Consejo se creó a raíz de una iniciativa convocada por el Ministerio de Justicia en el año 2009, y que culminó con la entrega del informe final a las nuevas autoridades en marzo de 2010. Contó con la participación de Fundación Paz Ciudadana, del Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, del Centro de Seguridad de Flacso y del Centro de Justicia para las Américas.
El informe está dividido en dos partes: una, relativa al diagnóstico y otra, con las diferentes propuestas de mejoras del sistema penitenciario.
El diagnóstico dio cuenta de los siguientes aspectos:
1. El hacinamiento y la sobrepoblación actualmente existente en los recintos penitenciarios, lo que conspira contra los propios fines de reinserción que deberían atribuirse al sistema penitenciario.
2. El aumento explosivo de la población penal, a propósito de la implementación de la reforma procesal penal.
3. Una insuficiente inversión en infraestructura. Sin duda, ha habido esfuerzos a través de la construcción de recintos de carácter concesionado, pero no han sido acordes al incremento de la población penal, sobre todo en razón de que los tiempos administrativos de las cárceles concesionadas no son capaces de dar respuesta a dicho aumento.
4.- La estructura organizacional de Gendarmería enfocada unívocamente en la seguridad o custodia, con lo cual todos los otros motivos asociados a la prevención especial positiva de la pena o a la reinserción son obviados o ignorados en muchos casos.
En este aspecto, el informe mostró que los beneficios intrapenitenciarios han descendido drásticamente en los últimos cinco años, lo cual no solamente dice relación con las políticas de seguridad o con las políticas criminales, sino con que muchas de las decisiones sobre esos beneficios, en definitiva, recaen en personas como los alcaides, que no tienen ninguna preparación en materia de reinserción social, sino que están preocupados por evitar cualquier posibilidad de fuga de los reos y tomar resguardos ante eventuales responsabilidades administrativas que pudiesen tener por esa causa.
En este sentido, se hace necesario repensar a Gendarmería, en especial el eje de la función de custodia, pues de lo contrario es bastante complicado que se siga aumentando o exigiendo más al sistema penitenciario.
5. La carencia de una adecuada oferta de reinserción. Actualmente, Gendarmería de Chile inyecta, en materia de reinserción, un porcentaje que no supera el 17% de su presupuesto, lo que la hace altamente ineficiente en esas labores .
6. Los aumentos presupuestarios no han tenido resultados demostrables, en términos del cumplimiento de los objetivos otorgados para tales incrementos.
7. La falta de una perspectiva intersectorial en la gestión del sistema, lo que dice relación con ciertas obligaciones que deberían recaer, por ejemplo, en el Ministerio de Salud o de Educación, en términos de generar una oferta programática para efectos de la reinserción social. En general, el sistema penitenciario y las personas privadas de libertad son la última prioridad para esas carteras, las que carecen de planes destinados para fomentar esas áreas.
8. La eliminación de los antecedentes penales no implica reinserción, por cuanto las personas no pueden conseguir empleo después de que han cumplido su condena.
9. La falta de un enfoque territorial de los programas pospenitenciarios, que se reducen a los entregados por el Patronato Nacional de Reos, organismo que no puede hacer mucho en términos de reinserción, por contar con un presupuesto muy escaso.
10. El aumento de las penas privativas de libertad.
11. El escaso control de la ejecución de las penas. Una de las exigencias impuestas por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, es la existencia de controles externos del sistema penitenciario. Por esa razón, siempre se ha hablado de la necesidad de la existencia de jueces de ejecución penal o de que la función de ejecución penal sea controlada por jueces, que velen por el adecuado otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios y libertades condicionales, entre otros aspectos.
Las propuestas del Consejo se resumen como sigue:
1. Fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario, a través de la separación de Gendarmería en dos instituciones totalmente distintas, una de ellas abocada a la custodia y la otra a la reinserción social, sobre la base de una serie de modelos comparados que han mostrado resultados bastante exitosos, en el entendido que tienen espíritu y objetivos bastante distintos, lo que hace que, en definitiva, conspiren unos con otros, en la medida que están localizados en la misma institución.
2. Fortalecer el sistema alternativo a la privación de libertad, por la vía de ampliar las respuestas penales que están entregándose a través de los servicios en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada y el control telemático de personas. El proyecto de ley sobre medidas alternativas o penas sustitutivas, que se encuentra en actual tramitación, recoge una serie de propuestas que fueron trabajadas con la Fundación Paz Ciudadana, pero no considera otras formuladas por esa entidad, como los servicios en beneficio de la comunidad, que han sido exitosamente implementados en una serie de países, como España, y han tenido resultados positivos, sobre todo en las hipótesis menos lesivas, como el no pago de las multas.
3. Favorecer la reinserción social en los recintos penitenciarios.
4. Fortalecer la reinserción social pospenitenciaria. En ese sentido, es necesario introducir planes y evaluaciones, a cargo de nuevos servicios, y racionalizar el uso de la privación de libertad, cuestionando una serie de figuras que están comprendidas en el sistema penal, como los casos de no pago de multas y de penas inferiores a un año.
5. Fomentar la existencia de controles externos de la ejecución penal (visitas y jueces de ejecución).
6. Dar continuidad a las intervenciones entre el sistema adolescente y el de adultos.
Por último, indicó que la política criminal del país ha sido bastante vertiginosa en los últimos años. Ha habido una serie de modificaciones legales desde la implementación de la reforma procesal penal y se han dictado varias leyes pequeñas. Por otro lado, hubo dos leyes bastante grandes como la N° 20.074 y la N° 20.253, denominada Agenda Corta Antidelincuencia, las cuales han tendido a endurecer el discurso y las herramientas de carácter penal, sin velar por las consecuencias que esas modificaciones generen en el sistema penitenciario.
Así, el primer texto legal mencionado impactó profundamente con las modificaciones que introdujo a la suspensión de la condena. En un principio, ésta operaba por faltas y simples delitos, y se redujeron las faltas, porque había problemas de percepción de impunidad. Igualmente, la Ley Agenda Corta Antidelincuencia tuvo efectos, sobre todo, en la prisión preventiva, ocasionando, a partir de la fecha de su dictación (2008), un incremento de las mismas. Así, mucha de la política criminal ha estado orientada a dar señales de discurso duro, pero ha incidido poco en la delincuencia.
Hizo presente que la Fundación no cuenta con estudios más acabados sobre el tema, pero se espera efectuar una evaluación de la reforma procesal penal y de las modificaciones que se le han introducido.
“CAPÍTULO II
HACINAMIENTO QUE SE REGISTRA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
1.- Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia .
La tasa de encarcelamiento es especialmente alta en Chile, ya que por cada 100 mil habitantes hay 317 personas recluidas, lo que equivale a afirmar que el 0,32 por ciento de la población se encuentra privado de libertad, porcentaje que incluye como grupo mayoritario a los condenados, así como también a quienes están sujetos a prisión preventiva.
Nuestro país se ubica en el tercer lugar en el ranking de tasas de población recluida en Sudamérica, superado únicamente por Guyana Francesa y Surinam, en tanto que en el contexto internacional, donde destaca Estados Unidos con el 0,8 por ciento de la población recluida, ocupa el lugar 35, lo que se refleja en las tablas adjuntas:
Ranking de tasas de Población recluida cada 100 mil habitantes en América del Sur
Lugar
País
Tasa cada 100 mil habitantes
1
Guyana Francesa
365
2
Surinam
356
3
Chile
317
4
Guyana
272
5
Uruguay
244
6
Brasil
242
7
Colombia
163
8
Perú
152
9
Argentina
132
10
Ecuador
126
11
Paraguay
95
12
Venezuela
85
13
Bolivia
80
Ranking de tasas de Población recluida por cada 100 mil habitantes en el mundo
Lugar
País
Tasa cada 100 mil habitantes
1
Estados Unidos
760
3
Rusia
624
28
Sudáfrica
329
31
Israel
325
35
Chile
317
61
México
208
64
Nueva Zelanda
195
76
España
164
88
Inglaterra y Gales
153
104
Australia
129
114
China
119
117
Canadá
116
138
Italia
97
140
Francia
96
146
Alemania
90
177
Japón
63
203
India
33
La alta tasa de encarcelamiento conduce necesariamente a un gran nivel de hacinamiento. En efecto, actualmente, el sistema carcelario tiene, de acuerdo con su diseño, una capacidad para albergar a 34.036 personas, en circunstancias que la población penal recluida asciende a 53.372 internos, lo que da cuenta de una tasa de hacinamiento cercana al 60 por ciento, en promedio a nivel nacional, ya que hay penales donde este porcentaje es menor, pero hay otros en que resulta significativamente más alto, superando, incluso, el ciento por ciento, en algunos casos. Así, por ejemplo, la tasa de hacinamiento del Centro de Detención Preventiva San Miguel es cercana al 90 por ciento.
La siguiente tabla exhibe la capacidad de los establecimientos penitenciarios en cada región y las tasas de hacinamiento:
/
La definición de la capacidad del sistema es bastante discutible, debido a la diferencia existente entres los establecimientos en función de su antigüedad o data. Por su parte, el hacinamiento es un problema que tiene amplias repercusiones, las que no se circunscriben únicamente a las condiciones de habitabilidad en las que se encuentran los internos, puesto que la falta de espacio incide, además, en las capacidades de segregación y de rehabilitación, acciones que se tornan difíciles de ejecutar. Así también, el control de cualquier calamidad, motín, riña entre internos resulta especialmente complejo en los establecimientos con mayor nivel de hacinamiento, ya que esto afecta las condiciones operativas y laborales de los funcionarios de Gendarmería y de las fuerzas de apoyo, como bomberos y carabineros.
Por otra parte, señaló que la evolución de la población penal recluida en recintos cerrados entre los años 1990 y 2010 se resume con los siguientes datos: 22.000 en 1990; 21.000 en 1991, 1993 y 1994; 20.000 en 1992; 23.000 en 1995; 24.000 en 1996; 26.000 en 1997; 28.000 en 1998; 31.000 en 1999; 35.000 en 2000; 34.000 en 2001 y 2002; 36.000 en 2003 y 2004; 37.000 en 2005; 39.000 en 2006; 43.000 en 2007; 47.000 en 2008, y 53.000 en 2009 y 2010.
En tanto, la evolución mensual de la población penal recluida en el período comprendido entre 2008 y 2010, se sintetiza como sigue:
-Año 2008: en enero, 44.167; en febrero, 44.654; en marzo, 45.424; en abril, 46.040; en mayo, 46.457; en junio, 46.641; en julio, 47.426; en agosto, 48.147; en septiembre, 48.497; en octubre, 48.732; en noviembre, 48.913, y en diciembre, 47.984.
-Año 2009: en enero, 48.511; en febrero, 49.098; en marzo, 49.732; en abril, 50.289; en mayo, 51.034; en junio, 51.016; en julio, 51.303; en agosto, 51.848; en septiembre, 52.159; en octubre, 52.482; en noviembre, 52.401, y en diciembre, 51.063.
-Año 2010: en enero, 51.631; en febrero, 51.398; en marzo, 51.906; en abril, 52.153; en mayo, 52.740; en junio, 52.926; en julio, 52.950; en agosto, 53.391; en septiembre, 53.372; en octubre, 53.153, y en noviembre, 52.959.
En diciembre de 2010, debería producirse un descenso en las cifras, salvo algún evento extraordinario, debido a las rebajas de condenas, que por ley corresponde firmar al Ministro de Justicia y a las revisiones de las prisiones preventivas. Por ello se espera un comportamiento similar al de los meses de noviembre y diciembre del año 2009, en que egresaron 1.338 presos. En este sentido, es previsible que la población penal disminuya a alrededor de 51.000 internos y que se estanque en ese nivel por un tiempo.
2.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería de Chile
Manifestó que los problemas de hacinamiento y de sobrepoblación se deben trabajar mediante un plan de mejoramiento para resolver cuestiones básicas de habitabilidad de los internos al interior de los recintos penales.
Añadió que en el sistema penitenciario existen 4 subsistemas:
-88 Unidades Penales;
-20 Centros de Educación y Trabajo;
-32 Centros de Reinserción Social y 4 Centros Abiertos, y
-10 Patronatos Locales de Reos.
La cifra referida al número de unidades penales no considera las unidades penales que fueron devastadas por el terremoto y que significaron la pérdida de 2066 plazas, lo que vino a agravar el problema de hacinamiento o de sobrepoblación.
Respecto a los Centros de Educación y Trabajo, informó que tales Centros están subutilizados, por cuanto es posible aumentar las fuentes de producción y las áreas productivas de los mismos, como también el número de internos que pueden acceder a esta modalidad de cumplimiento de penas.
Informó que la población atendida por Gendarmería, a noviembre de 2010, alcanza a un total nacional de 50.851 internos, en circunstancias que las 88 unidades penales fueron diseñadas para un total de 35.066 individuos. Por tanto, el porcentaje de sobrepoblación alcanza a un 67 por ciento.
Sobre este punto expuso el siguiente cuadro:
^@#@^Región
Enero-2010
Noviembre -2010
Capacidad diseño
Población Penal
Sobre
Población
Capacidad diseño
Población Penal
Sobre
Población
Total
Total
%
Total
Total
%
XV
1.216
2.236
84%
1.216
2.342
93%
I
2.319
2.646
14%
2.319
2.702
17%
II
1.426
2.476
74%
1.412
2.503
77%
III
524
1.198
129%
524
1.330
154%
IV
2.022
2.271
12%
2.022
2.320
15%
V
2.669
5.981
124%
2.831
6.099
115%
VI
2.332
2.884
24%
2.332
2.864
23%
VII
2.009
2.931
46%
1.367
2.748
101%
VIII
3.309
4.852
47%
2.080
4.612
122%
IX
1.883
2.759
47%
1.909
2.986
56%
XIV
1.508
1.257
-17%
1.508
1.361
-10%
X
1.901
1.973
4%
1.953
2.239
15%
XI
394
275
-30%
398
265
-33%
XII
438
391
-11%
438
404
-8%
RM
12.091
22.569
87%
12.760
23.928
88%
Total nacional
36.041
56.699
57%
35.066
58.851
67%
Respecto a las cifras de población detenida, en prisión preventiva, procesados y condenados, en relación a población recluida expuso el siguiente cuadro:
Años
Detenidos
Procesados/Imputados
Condenados
Total
recluidos
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
2003
1.799
5,0
14.178
39,0
20.354
56,0
36.331
100
2004
1.039
2,9
12.965
35,6
22.370
61,5
36.374
100
2005
1.090
2,9
11.739
31,7
24.204
65,4
37.033
100
2006
256
0,6
11.546
29,3
27.615
70,1
39.417
100
2007
266
0,6
10.484
24,0
32.852
75,3
43.602
100
2008
211
0,4
11.234
23,0
37.381
76,6
48.826
100
2009
180
0,3
12.114
22,9
40.653
76,8
52.947
100
Aclaró que se entiende para este cuadro como población recluida aquella que se encuentra bajo cualquier calidad penal al interior del establecimiento penal del sistema cerrado y semiabierto.
En la población condenada no se incluye a aquellos internos con Reclusión Nocturna del sistema abierto que pernoctan en unidades penales, que como es sabido también se recluyen en los establecimientos de carácter cerrado y sí se incluyen a los condenados con Salida Con-
trolada al Medio Libre, Arresto Nocturno y condenados en los C.E.T., todos los cuales pernoctan en los establecimientos de reclusión.
Sostuvo que los reclusos que se encuentran en el sistema concesionado de cárceles, al 30 de noviembre, sumaban 11.771 individuos, y existe una capacidad de 10.085 plazas. Por tanto, hay más internos que aquellos permitidos por diseño. Por ello, algunas unidades penales, como Santiago I, pagan multas, puesto que superó el 120 por ciento de internos permitidos para dicha unidad.
Añadió que al asumir la dirección nacional también se estaba pagando multa por la cárcel concesionada de Rancagua. Luego de una reunión con directores regionales, decidieron hacer un esfuerzo para reubicar internos de esa cárcel en otras unidades, con lo cual puso fin al pago de multas por parte del Estado.
Declaró que el número de procesados e imputados privados de libertad disminuye entre el 2003 y 2009 como efecto de la reforma procesal penal.
Por su parte, el número de condenados fue en aumento. Por tanto, disminuye la situación procesal de quienes están cubiertos por la presunción de inocencia, de presos preventivos o imputados, pero paralelamente va aumentando la de condenados.
Por otra parte, indicó que se fortalecerá el ingreso al subsistema semiabierto, conformado por los centros de educación y trabajo. Lamentablemente, los CET semiabiertos solo son 20, a nivel nacional, y están subutilizados, pues es posible tener más internos en ellos y aumentar las fuentes de producción, para lo cual se requiere el consentimiento transversal de la sociedad, en el sentido de incorporar actores privados y públicos en esta política de rehabilitación y de reinserción.
3.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios .
Indicó que la autoridad institucional sitúa el hacinamiento por sobre un 50,1 por ciento con relación a la capacidad de cada recinto. Sin embargo, en terreno se aprecia un fenómeno extremadamente distinto de lo que se ha presentado.
En primer lugar, la calle 4 de la penitenciaría tiene capacidad para 114 personas. En este minuto hay 634 condenados privados de libertad en esa dependencia, lo que significa 500 por ciento de hacinamiento. Del mismo modo, en la calle 6 hay 359, lo que significa 200 por ciento de hacinamiento.
Colina 2 y en Puente Alto son dependencias que tienen un nivel de hacinamiento 4 ó 5 veces superior al nivel reconocido por el Estado respecto de las cárceles chilenas.
Con todo, en esas dependencias no hay violencia; ni riñas, ni muertos, pese a las condiciones paupérrimas de los recintos. Sin embargo, esos reclusos prefieren vivir en esas condiciones que arriesgarse a compartir dependencias con otros internos.
Informó que en la galería 5 de la Penitenciaría hay 108 reclusos, la que constituye la dependencia más violenta de Chile. La mayor tasa de mortalidad proviene de dicha galería, como autores o víctimas de muertes violentas.
Hizo hincapié en que el hacinamiento no sólo afecta a los internos, sino también al personal de Gendarmería, puesto que ambos son víctimas del colapso del sistema carcelario.
Las cárceles fueron diseñadas para una cantidad determinada de internos y de funcionarios de Gendarmería, pero hay elementos como las cuadras del personal y las oficinas administrativas, que impiden muchas veces realizar la función como corresponde. La falta de espacio impide desarrollar actividades recreativas para los internos e incide en el control al que deben estar sometidos, porque la vigilancia disminuye. De allí que la función penitenciaria prácticamente esté reducida a evitar la fuga de los reos.
Debido a la gravedad de esta situación y a la urgencia con que requiere ser atendida, la solución exige la construcción rápida de nuevos establecimientos penales, aun cuando ello no sea el gran remedio para el problema carcelario.
4.- Boris Henríquez Monsalve , Secretario General de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios
En los últimos treinta años, la población penal ha aumentado en más del 240%. En la actualidad hay más de 100.00 personas en el sistema penitenciario, de las cuales alrededor de 55.000 están privadas de libertad. Si se considera que el hacinamiento asciende al 60% y el crecimiento anual de la población penal bordea el 7%, cada año debería construirse a lo menos una cárcel para 3.000 o más personas.
En 2009 y 2010, la Fiscal Judicial de la Corte Suprema , señora Mónica Maldonado , elaboró sendos informes relacionados con la crisis penitenciaria, en los que catalogó al sistema como inhumano, degradante y cruel. A su vez, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en sus informes anuales sobre las condiciones carcelarias, específicamente en los de los años 2005, 2006 y 2008, había advertido sobre el estado crítico de nuestro sistema penitenciario, diagnóstico que han compartido la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Paz Ciudadana y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.
5.- Juan Alarcón Arce , Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog).
Hizo presente que hay espacios que pueden ser recuperados y habilitados para ayudar a descomprimir en parte el hacinamiento. Por ejemplo, se cuenta con las dos cárceles antiguas de Rancagua, la cárcel de Buin, la cárcel de Collipulli, la cárcel de Chin Chin, en Puerto Montt, y la de Isla Teja, en Valdivia. En esos establecimientos se podría recluir a los internos primerizos y de bajo compromiso delictual, para evitar el contacto criminógeno y salvaguardar la integridad física de los mismos.
Está comprobado que hay reclusos de alta, mediana y baja peligrosidad en las mismas torres. En todas las cárceles se está dando el problema de mezcla de la población penal, salvo en las concesionadas. Si se inyectaran recursos en los recintos antes mencionados se podría descomprimir en parte el hacinamiento en el resto de los establecimientos penitenciarios, hasta encontrar soluciones más adecuadas.
Informó que la cárcel de Antofagasta está siendo desbordada. El personal de Gendarmería no quiere trabajar en esa ciudad por un tema de costos, ya que se encuentra ubicada en una zona minera donde los sueldos son elevados. El alto costo de los bienes básicos, principalmente los relacionados con alimentación y vivienda, hace que los funcionarios deban vivir en las mismas poblaciones periféricas en las que habitan los delincuentes, con lo que se produce un contacto muy peligroso.
6.- R. P. Nicolás Vial Saavedra , Presidente de la Fundación Paternitas .
La población penal recluida en Chile, entre los 80 y 90, aumentó de forma sostenida a una tasa anual promedio de crecimiento de 4,2 por ciento, lo que explica los sucesivos indultos y la flexibilización de las exigencias para la concesión de beneficios intrapenitenciarios.
A partir de los noventa la realidad cambió y se generó un crecimiento en la población penal a más de 23 mil reclusos. Después de los noventa, a más de 32 mil, y a partir del 2003 llegaron a más de 38 mil los internos en el país.
En la actualidad, con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal han llegado a más de 100 mil los condenados, de los cuales 52 mil están sujetos al sistema cerrado.
Como consecuencia de lo anterior, el hacinamiento de los penales promedia el 70 por ciento. Esto significa que donde debería haber un máximo de 35 mil reclusos hay 53 mil en las 88 unidades penales del país.
7.- Javiera Blanco Suárez , Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana
Expuso el siguiente cuadro:
/
Ranking de poblaciones penales en distintos países:
/
A nivel mundial, en América del Sur, Chile tiene una tasa alta de hacinamiento, sobre todo si se compara con la del Reino Unido y de Francia. América del Sur tiene un promedio de 150 recluidos por cada 100.000 habitantes, cifra que Chile duplica.
Nuestro país mantiene a 53.000 en el sistema cerrado, en circunstancias que los países vecinos, no sólo los desarrollados, tienen la mitad de esa cantidad en tales condiciones, pese a que algunos de ellos exhiben niveles delictivos más altos que los de Chile en la región.
“CAPÍTULO III.
IMPACTO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL Y DEL TERREMOTO EN EL HACINAMIENTO DE LA POBLACIÓN CARCELARIA
1.- Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia
La población penal ha aumentado en los últimos veinte años, produciéndose el primer incremento importante a partir de 1990 y hasta el año 2000, como consecuencia de la promulgación de la reforma procesal penal.
En el año 2000 se comenzó a aplicar la mencionada reforma en las regiones de La Araucanía y de Coquimbo, y la tasa de encarcelamiento se mantuvo, a partir de entonces, relativamente estable porque las regiones restantes fueron incorporándose paulatinamente, hasta el año 2005, en que se produjo nuevamente un aumento notable en razón de la entrada en vigencia del nuevo sistema en la Región Metropolitana, cuya concentración de población es muy fuerte.
No obstante, hizo notar que la reforma procesal penal fue una buena política pública y representó un gran avance al sustituir al sistema inquisitivo y acusatorio, y al incorporar otros estándares de transparencia, junto con una mayor celeridad en la tramitación de las causas. Esta situación explica que la cantidad de condenados haya aumentado a partir del año 2005, época en que se comenzó a ejecutar la reforma, de 35.000 a 215.000, en 2010, lo que demuestra una correlación bastante directa entre la citada reforma y la tasa de encarcelamiento.
En relación con el informe del Consejo para la Reforma Penitenciaria de marzo de 2010, que atribuyó a la dictación de ciertos textos legales, como la ley N° 20.000, de drogas, y la ley N° 20.066, el efecto de aumentar el hacinamiento carcelario, admitió que es posible que tales factores hayan tenido, igualmente, algún tipo de incidencia, que es difícil de medir pero que, en todo caso, es menor a la que ha producido en este tema la implementación de la citada reforma.
2.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería de Chile
En relación a las 2.066 plazas que se perdieron como consecuencia del terremoto del 27 de febrero expuso el siguiente cuadro referido a las unidades penales que se vieron afectadas y al total de plazas que se perdieron o quedaron inutilizadas, lo que vino a agravar la situación de sobrepoblación carcelaria en el país.
^@#@^Región
Unidad
m2
Cap. Diseño
VII
CCP PARRAL
3.834,50
133
CCP SAN JAVIER
1.893,19
116
CDP CONSTITUCION
1.587,70
88
CDP CUREPTO
784,45
38
CCP MOLINA
2.313,34
112
CCP TALCA (Mod. A y B)
214
VIII
CDP LOS ANGELES
8.424,00
386
CCP CHILLAN
5.421,00
483
CPF CHILLAN
800,00
38
CP CONCEPCION (mod 1,2,RN)
324
XIII
CCP BUIN
2.277,41
134
2.066
Consultado por los recursos destinados a la reconstrucción de penales, señaló que éstos. a pesar de la rebaja de 5 por ciento en el presupuesto, que fue un corte transversal al sector público, ascienden a 2.547 millones de pesos, los que fueron reasignados el 30 de julio de 2010 por un monto superior: 2.923 millones de pesos. El presupuesto ejecutado fue de 2.271 millones de pesos.
Destacó que cada uno de los penales afectados por el terremoto tienen un común denominador, cual es que, antes del primer trimestre de este año, se entregarán las obras y la recepción definitiva, lo que va a significar recuperar las plazas que se perdieron.
Manifestó que el impacto de la Reforma Procesal Penal es evidente. La condición procesal de las personas privadas de libertad arroja una disminución del 91% de la población de detenidos y un 12% la población de presos preventivos. Sin embargo, los condenados han aumentado en un 121%.
En relación a la evolución de la población penal atendida por Gendarmería expuso el siguiente gráfico:
/
En esta lámina se aprecia que las personas con medidas alternativas disminuyen desde el año 2000 hasta a lo menos el año 2005. Ello dice relación con la instalación de un nuevo instituto procesal: la suspensión condicional del procedimiento. Esta alternativa se ocupa respecto de aquellas personas que no han sido objeto de condenas anteriores y que eventualmente podrían recibir una sentencia que los condene a una pena de hasta tres años. Su efecto práctico consiste en que permite no incorporar a esas personas al sistema penitenciario. Si no hubiese existido la suspensión condicional del procedimiento, todas ellas habrían terminado con remisión condicional de la pena y hubiese aumentado el indicador de las personas con medidas alternativas.
La población penal al día de hoy alcanza a 107.910 personas privadas de libertad, ya sea en régimen cerrado -día y noche- o con alguna de las medidas alternativas.
3.- Javiera Blanco Suárez , Directora Ejecutiva Fundación Paz Ciudadana
Tras el terremoto de 2010, el porcentaje de hacinamiento aumentó en casi 15 puntos. Si bien la Región Metropolitana se ha considerado más afectada en este sentido, hay regiones mucho más complicadas, como son la XV, la III, la V y la VIII, cuya sobrepoblación carcelaria alcanza al 203,5%, 237,8, 229,2% y 219,4%, respectivamente en relación con la capacidad según el diseño de los establecimientos.
4.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
Hizo presente que antes de la reforma procesal penal existían 10 mil personas procesadas en las cárceles, con su situación judicial pendiente. Después de ella, se aumentó a 12 mil.
Si bien se aumentó la cantidad de condenados y sin lugar a dudas, se invirtió el porcentaje de condenados versus imputados privados de libertad, sigue existiendo una gran cantidad de personas privadas de libertad, sin estar condenadas. Sólo Santiago I , en 2010, tuvo 10 mil imputados en prisión preventiva.
Al respecto preguntó si realmente existieron 10 mil condenados y si fue realmente necesaria la prisión preventiva en todos esos casos.
CAPÍTULO IV.
INFRAESTRUCTURA CARCELARIA
1.- Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia
A partir del año 2000, se inició un período de incremento de establecimientos penitenciarios como consecuencia de la reforma procesal penal y se implementó el sistema de cárceles concesionadas.
En la siguiente tabla se aprecian las distintas cárceles concesionadas que en su minuto se previeron, y su estado de avance:
Lugar
Programa
Estado
1.- Alto Hospicio
Primero (Lagos) (1)
Operando. (1)
2.-Antofagasta
Primero (Lagos) (2)
En construcción. Sin agua. Para segundo semestre 2011.
3.-La Serena
Primero (Lagos)(3)
Operando. (2)
4.- Santiago I
Primero (Lagos)(4)
Operando. (3)
5.- Santiago II
Primero (Lagos) (5)
Terreno comprado 4/3/2010. Problemas de agua.
6.- Rancagua
Primero (Lagos) (6)
Operando. (4)
7.- Talca
Primero (Lagos) (7)
Comprado el terreno. Diseño en fase de terminación con mayor capacidad
8.- Concepción (El Manzano II)
Primero (Lagos) (8)
Construcción finalizada. No habilitada. Operando por terremoto
9.- Valdivia
Primero (Lagos) (9)
Operando. (5)
10.- Puerto Montt
Primero (Lagos) (10)
Operando. (6)
11.- Calama
Segundo (Bachelet) (1)
Terreno fiscal asignado
12.- Copiapó
Segundo (Bachelet) (2)
Terreno fiscal asignado
13.- Quinta Interior o Litoral Sur
Segundo (Bachelet) (3)
Sin terreno definido
14.- Chillán
Segundo (Bachelet) (4)
Terreno definido. En proceso de compra en Bienes Nacionales.
15.- Temuco
Segundo (Bachelet) (5)
Sin terreno definido
La construcción de las diez cárceles concesionadas que forman parte del primer programa estaba prevista, inicialmente, para el período comprendido entre los años 2000 y 2006, más sólo se logró terminar las cárceles de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua , mientras que en el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet se concluyó la construcción de las cárceles de Valdivia, Puerto Montt y Santiago I. Por su parte, El Manzano II, de Concepción cuya construcción culminó pero no se encuentra habilitado ya que no ha sido entregado en concesión, fue ocupado tras el terremoto de febrero de 2010. Adicionalmente, el penal de Antofagasta debería ser entregado durante el mes de enero de 2011 para ser habilitado y comenzar a funcionar en octubre o noviembre del mismo año. La construcción del resto de los establecimientos que forman parte del primer y del segundo programa se encuentra aún pendiente.
Comentó que, pese a las solicitudes que distintos parlamentarios le han formulado para disponer el cierre de algunas cárceles, ha sostenido que ello no es posible en atención a la situación de hacinamiento que las afecta, aún ante la evidencia del problema que acarrea el hecho de que ciertos establecimientos penitenciarios hayan pasado a formar parte del radio urbano, debido a la expansión de las ciudades en que están emplazadas.
Señaló que existe interés en buscar nuevos terrenos para la instalación de cárceles, tarea que suele generar una resistencia legítima y entendible, pero extraordinariamente fuerte por parte de la comunidad e hizo hincapié en la necesidad de superar el déficit en lo que respecta a la infraestructura carcelaria, que supone construir más penales. A modo de ejemplo de la situación deplorable del sistema, indicó que en la ex Penitenciaría, se aglomeran 14 a 16 personas en un espacio de tres metros cúbicos.
Resaltó la bondad del modelo de las cárceles concesionadas, proceso que impulsó el ex Presidente Ricardo Lagos , aun cuando reconoció que los resultados, tanto en su ejecución como en sus costos, dejaron, de alguna manera, comprometida la viabilidad del sistema.
En lo que respecta a la ejecución del programa de cárceles concesionadas, concluyó que era conveniente contar con la asesoría de expertos internacionales que tuvieran la misión de repensar el sistema. Esta determinación surgió al revisar el diseño de la que debe emplazarse en Talca, inserta dentro del primer programa, dado que se percató de que su capacidad alcanza para albergar 1.800 internos, lo que le pareció insuficiente si se considera que la construcción de una cárcel concesionada demora alrededor de tres o cuatro años, esto es, la duración de un período presidencial, por lo cual no representaría ningún avance. Por ello, convocó a una reunión al personal del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Gendarmería y del Ministerio de Justicia, en la que sostuvo la necesidad de aumentar a 3.000 plazas la capacidad de dicha cárcel, sin comprometer los estándares, aprobándose un rediseño que propone un incremento aún superior a la cifra indicada, con aumento de costos del orden del 5 al 10 por ciento.
En lo que respecta a las inversiones anteriores en infraestructura carcelaria, en el marco del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, indicó que en el caso del grupo conformado por las cárceles de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua , hubo un sobrecosto del 78 por ciento; para el segundo grupo, en tanto, constituido por las cárceles de Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, el sobrecosto fue del 32 por ciento. En el caso del tercer grupo, correspondiente a las cárceles de Antofagasta y Concepción, que hoy está en ejecución, se produjo una diferencia con la empresa concesionaria que reclamó modificaciones en las especificaciones técnicas, lo que implicó, en el caso de Antofagasta, un sobrecosto del 214%, ya que el gasto de 900.000 unidades de fomento se triplicó a casi 3.000.000 unidades de fomento, ocurriendo una situación similar en Concepción, lo cual es relevante si se considera que invertir esta gran cantidad de recursos en recintos penitenciarios resulta discutible.
Hizo presente que el gasto por metro cuadrado en las cárceles concesionadas es igualmente alto, pues asciende en promedio a 46,06 unidades de fomento, si se considera lo que se ha pagado por las 8 cárceles que se mencionan en el siguiente cuadro, 6 de las cuales se encuentran en operación, 1 en habilitación y otra en construcción.
Metros Cuadrados Construidos Programa 1
Costo Construcción Total UF
Valor m/2 construido en UF
Capacidad Diseño
Grupo 1
Alto Hospiciio
46.645
2.217.061
47,53
1.679
La Serena
48.719
2.315.639
47,53
1.656
Rancagua
48.886
2.323.577
47,53
1.689
Grupo 2
Concepción
34.869
2.203.378
63,19
1.160
Antofagasta
35.518
2.848.417
80,20
1.190
Grupo 3
Santiago 1
63.051
2.030.049
32,20
2.568
Valdivia
39.668
1.277.188
32,20
1.248
Puerto Montt
42.915
1.381.731
32,20
1.245
Totales
360.271
16.597.040
46,06
12.435
Hizo notar que en el caso de Antofagasta, se presentó la particularidad de un alto costo por metro cuadrado (80 unidades de fomento) y de la ausencia de un proveedor de agua potable, pese a que el 15 de marzo de 2010 estaba en ejecución, lo que evidencia falta de oficio y diligencia. Por ello, se debió contratar a una profesional expresamente dedicada a solucionar este tema, con una empresa cuya área de concesión no comprendía a la mencionada cárcel, por lo que no hay derecho a tarifa regulada, situación que implicó una dificultad adicional que ha debido abordar el Ministerio durante un período de ocho meses. Un problema similar se presenta en la construcción del penal Santiago 2 en un terreno en Til-Til, que si bien tiene derechos de aprovechamiento de agua de pozos, requiere contar con un sistema de suministro que dé garantías.
En lo que respecta a lo obrado en anteriores gobiernos en materia de infraestructura carcelaria, comentó que no puede estar satisfecho con la tarea ejecutada en este rubro en los últimos 50 ó 100 años, así como tampoco en los últimos 10 años, porque aun cuando se aumentó la cantidad de cárceles, hubo un diagnostico del ex Presidente Lagos , en el sentido de que durante su sexenio se requerían diez cárceles, pese a lo cual sólo se entregaron tres.
Adicionalmente, opinó que los altos costos pagados no obedecen a razones de corrupción, sino más bien a la falta de fiscalización y a la inexperiencia.
Reiteró que no le consta que haya corrupción. Si tuviera algún antecedente, como funcionario público, tendría que darlo a conocer inmediatamente. Cuando constata esas asimetrías, que llevan a que el costo del metro cuadrado de la cárcel de Antofagasta sea de 80 UF y que el de la de Santiago I sea de 36, no busca hablar en subtexto ni hacer insinuaciones. Fue un sistema que en algún momento se desbordó.
En cuanto a las diferencias que pueden detectarse entre la calidad de vida que se da a los privados de libertad en los penales concesionados que se encuentran funcionando y la que reciben los internos de recintos tradicionales, afirmó que son abismantes, pues en los primeros es notoriamente mejor el nivel de prestaciones y el de habitabilidad. Esta realidad determina que existan presos de primera y de segunda categoría; los primeros ascienden al 20 por ciento de la población penal y los, segundos, representan el 80 por ciento restante. Opinó que el estándar que se dio a las cárceles concesionadas -política que considera discutible- podría ser más eficiente, ya que algunos servicios están demasiado sobredimensionados. Así, por ejemplo, la cárcel de Alto Hospicio tiene instalaciones de salud de mejor nivel que las que pueden hallarse en el sistema público. Esta situación da origen a la necesidad de buscar una mayor homogeneización en las prestaciones de salud, de modo que no existan diferencias sustanciales entre las que se brindan a los presos y la que recibe el resto de los ciudadanos que no están condenados.
2.- Alberto Precht Rorris, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana
Señaló que el sistema penitenciario concesionado está al borde de sus límites o ya los sobrepasó, por lo que el Estado debería empezar a pagar multas. En el caso de la cárcel de Rancagua, si bien cuando la visitaron estaba al borde de superar el límite, hoy ya lo superó, de manera que en ese caso el Estado ya está pagando la multa correspondiente. Lo mismo ocurre en Santiago I y en otros recintos penitenciarios.
En general, ha habido adaptación de parte de los internos a dicho sistema, aunque al principio fue bastante chocante. De hecho, aumentó la tasa de suicidios en los primeros meses de funcionamiento de la cárcel concesionada de Rancagua, lo que se pudo controlar con intervención. Sin embargo, los internos aún se quejan de la alimentación y de la cantidad de talleres que tienen. En todo caso, se destaca la seguridad e higiene de los recintos penitenciarios concesionados.
El penal de Rancagua es buen ejemplo de recinto penitenciario que demuestra que el sistema concesionado funciona. Se han instalado distintos tipos de fábricas, incluso después del terremoto se instaló una de mediaguas. También hay una fábrica de pallets de cartón.
A petición de la Comisión que preside se autorizó el ingreso de frazadas adicionales. Se revisó la pauta de alimentación y se están desarrollando talleres para las internas, que normalmente no están incluidas en las bases de licitación. Sostuvo que éstas son bastante machistas, pues, por ejemplo, consideran más talleres para hombres que para mujeres. Lo mismo ocurre con las comunidades terapéuticas.
Debido a la carencia de oferta programática para los imputados, que también quedan fuera de las bases de licitación se están desarrollando ciertas actividades deportivas.
En la Región Metropolitana visitaron las cárceles Colina I y Colina II. La realidad de esas cárceles representan las dos caras de la moneda respecto de lo que sucede con los recintos penitenciarios tradicionales.
Colina I destaca por su gran espacio, incluso se practica la agricultura y la cría de animales dentro del recinto. Las condiciones para la práctica deportiva de los internos son bastante favorables. Sin embargo, se constataron algunas situaciones que son bastante inhumanas, entre ellas las condiciones en que estaban las celdas de castigo. También, se conserva la institución de los mocitos, que son internos que prestan servicios a Gendarmería sin ningún tipo de regulación.
Señaló que se trata de un penal en el que se puede mejorar y crecer. Tiene una zona industrial realmente impresionante. Hay 400 internos que contratados por Gendarmería y 1.000 internos que van al colegio.
Por otro lado, el penal de Colina II es el de más alta peligrosidad del país, donde están los internos refractarios, por lo cual es muy difícil realizar actividades de reinserción. Su estructura presentaba un gran deterioro y al igual que en todos los penales visitados, se constató un déficit de funcionarios.
Resulta importante constatar cómo contrastan esos dos penales, Colina I y Colina II, que son colindantes. En uno se quiere dar un ejemplo de formación técnica profesional y en el otro el sistema se encuentra colapsado, de modo que es un riesgo latente. De hecho, la semana pasado recibieron denuncias de familiares de 64 internos que llevaban dos semanas en tránsito. Un interno en tránsito es un recluso que no tiene módulo donde dormir, por lo que termina durmiendo en las celdas de castigo o en las celdas de tránsito.
En 2009 fallecieron 23 internos en ese penal y en él se producen más de cien atenciones médicas diarias.
En cuanto a los penales de la Primera Región , visitaron el de Alto Hospicio y el de Iquique. La Secretaría Regional Ministerial de Justicia ha implementado ciertas medidas, como un plan de puertas abiertas y está recibiendo aproximadamente 300 audiencias.
En el norte del país se presenta el problema de los internos extranjeros. Mediante decretos de expulsión y convenios de colaboración con otras unidades penales se podría trasladar a esos internos al extranjero. Hasta el 30 por ciento de la población de esos penales no son chilenos.
Respecto del centro de cumplimiento penitenciario de Antofagasta, a juicio de la Comisión que preside es el centro que está en peores condiciones. Había internos habitando en los baños y las celdas de castigo estaban en un estado realmente inhumano, antihigiénico. Sin embargo, se tomaron medidas urgentes y ello ya no ocurre. En todo caso, hay sobrepoblación y la segregación es imposible en ese penal, lo que constituye un riesgo latente.
El déficit de dotación de personal de Gendarmería es de 100 por ciento. En general el personal de la institución proviene del sur del país y no es llano a trasladarse a las regiones del norte.
En Antofagasta se adoptó un plan agresivo para cambiar la situación. En el segundo semestre, después de mucho bregar, entrará en funcionamiento el nuevo penal de esa ciudad, lo que permitirá descomprimir la situación. En todo caso, el actual recinto penal antiguo podría readecuarse. En el nuevo penal se optimizó el espacio para la instalación de literas, a fin de que no se usen los baños como dormitorio.
Hizo presente que los baños no sólo se usan como dormitorios por un problema de sobrepoblación, sino que también por lo que se denomina la cultura canera. En concreto, hay internos que tienen a aquellos internos que denominan “los perritos”, a los cuales les exigen que le presten todo tipo de servicios, alojados en los baños. Estimó que el Estado chileno no puede ser complaciente con la cultura canera. No basta con decir que es una realidad con la cual se debe vivir.
Informó que en la Décima Región visitaron los penales de Osorno, Castro , Ancud y Puerto Montt.
El penal de Osorno presenta un riesgo latente, puesto que si bien se han implementado medidas de seguridad contra incendios, la población penal excede en 173 por ciento la capacidad estimada para dicho penal y no existe la tecnología adecuada para combatirlos. Además, se constató un alto nivel de licencias médicas. De hecho, cuando visitaron ese penal sólo quedaba un gendarme en la noche, por lo que en caso de un incendio, de un motín o de cualquier tipo de conflicto nada hubiera podido hacer.
También, consignó que existe sólo un asistente social para todo el penal, tanto para los internos como para el personal de Gendarmería.
La situación de hacinamiento se repite tanto en Ancud como en Castro. En ambos casos el 80 por ciento de la población corresponde a condenados por delitos sexuales y tienen muy buena conducta. En general, se trata de penales de buena conducta, en los que se pueden hacer actividades con los internos, lo que demuestra que una buena segregación, teniendo reos con igual grado de peligrosidad, lo que permite que haya incluso un mejor ambiente dentro de penales, a pesar de que están colapsados.
En ambos centros se constató que a pesar de estar colapsados se encuentran en muy buenas condiciones de limpieza.
Respecto a las medidas implementadas en la Décima Región, indicó que en el penal de Puerto Montt se han recubierto las ventanas, ello en atención a que tanto este penal como el de Valdivia no fueron construidos considerando las características de la zona. Cuando los visitaron constataron que, como las ventanas dan hacia el norte, en caso de temporal reciben todo el viento y las celdas se inundan.
Hizo presente que no existía ninguna motivación por parte de la concesionaria para utilizar los espacios industriales. Hoy se están usando dos de ellos, con la implementación de los dos primeros talleres, y se abrió un local en la zona comercial de Angelmó, para la venta de los productos internos. En Osorno, con recursos de Gendarmería se repararon los baños y se implementó un sistema contra incendios.
En Ancud, el CORE aprobó un proyecto de 141 millones de pesos para mejorar las instalaciones.
Hace algunos años se constituyó una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados que emitió un informe lapidario acerca de la situación del penal concesionado de Valdivia. Al respecto, cuando lo visitaron junto con la Secretaría Regional Ministerial de Justicia lo hicieron en un día de fuertes lluvias y se encontraba inundado.
Se trata de un penal que data del 2007, el cual ya en 2010 presentaba un alto deterioro, lo que no resulta razonable. Allí, sucede lo mismo que en otros penales concesionados, en los que debido a la inflexibilidad del sistema hay pocos talleres o son reiterativos.
Debido a lo constatado por la Comisión se implementaron ciertas medidas, por ejemplo, respecto del problema de la humedad, se realizó un tratamiento de muro, tanto interno como externo, con productos especiales, con lo que se espera lograr que cesen las filtraciones en celdas y talleres industriales.
Por otra parte, se propone la creación de un liceo profesional de adultos para 316 internos y se implementó el servicio de lavandería que estaba en las bases de concesión, pero que aún no se había implementado.
En relación con el complejo penitenciario de Valparaíso, expresó que constituye otra muestra de un recinto donde no se hicieron los estudios suficientes para emplazarlo en el lugar en el que se encuentra. Entre otras cosas, tiene 50 por ciento de cobertura de agua potable la mitad del día, el tamaño de los patios no se corresponde con la cantidad de internos que tiene el módulo. Éstos ni siquiera alcanzan a hacer la tradicional huincha, que es el paseo que hacen en las canchas. Ello se debe a que no existe espacio para caminar; la dotación funcionaria es insuficiente y debido a la diversidad de criminalidad o peligrosidad de los internos existen módulos con 4 ó 5 internos, los que deben estar en una condición de aislamiento, en circunstancias de que son para 50 ó 60 reos.
La semana que visitaron el penal de Valparaíso constataron que los tribunales habían ordenado que el delincuente denominado “rey del oxicorte”, conocido por el robo de cajeros automáticos, debía estar en aislación, para lo cual compartiría un módulo con tres internos más en un recinto en el que podían vivir 60 internos. Esas medidas no resultan lógicas: los reos de alta peligrosidad deberían estar en penales de alta seguridad y debería existir una mejor distribución, para lo cual es necesario tener una mejor coordinación con el Poder Judicial .
Tampoco existía una ambulancia en buenas condiciones, de manera que si hubiera habido un interno en condiciones graves, debido a la ubicación de ese penal, habría sido difícil trasladarlo. Por otra parte, constataron sobrepoblación en celdas de castigo -hasta cinco internos en una celda- lo que claramente en una celda de un metro de largo por dos de ancho, sin luz, contradice todos los derechos humanos.
Por otra parte, los internos en las celdas de castigo denunciaban que nadie les leía sus derechos ni cuánto tiempo iban a durar los castigos a los que se les sometía. Hoy, los tratados internacionales establecen que se debe avanzar hacia la eliminación de las celdas de castigo. Nuestro reglamento penitenciario tiene una forma mixta que las pone como excepcionales, pero la verdad es que no lo son y ocurren violaciones flagrantes a los derechos de las personas.
También, había problemas en las visitas de la sección juvenil, para lo cual se habilitó un módulo especial techado para las familias.
Se compró una nueva ambulancia y hoy existe un instructivo de la Secretaría Regional Ministerial para que en un máximo de 24 horas se informe a cada interno los motivos del castigo.
CAPÍTULO V.
LA SITUACIÓN DE LOS INTERNOS. VIOLENCIA EN LAS CÁRCELES.
AUSENCIA DE SEGREGACIÓN EN SU INTERIOR
1.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
Explicó que cuando los reclusos están en libertad, se asocian, se agrupan, según base territorial. La comuna ejerce un rol importante. Luego, está el vínculo familiar y, en tercer lugar, el delito por el cual ellos se unen. Así se van generando bandas y pandillas. Éstas hacen ajustes de cuentas con armas de fuego.
En la cárcel, la violencia se manifiesta de la misma manera, pero, como no hay armas de fuego a disposición, recurren a destruir el bien fiscal para hacerse de armas blancas: estoques, escudos, punzones. Todo aquello que es posible confeccionar no lo usan con el fin de defenderse, sino de atacar a la banda o a la pandilla rival.
Los actos violentos, criminales, que se registran en las cárceles no son sino con el ánimo de matar al otro. Hizo presente ello para tratar de contextualizar lo ocurrido en San Miguel.
Agregó que como la violencia no hace distinción de género, en la cárcel de mujeres ha habido un aumento de la misma. Antiguamente, la mujer participaba de una manera pasiva en el delito; hoy lo hace en forma activa.
En el CPF de Santiago se puede apreciar mucha violencia con arma blanca por parte de algunas reclusas.
Destacó que en el pasado las visitas en la población penal era algo sagrado y respetado por los códigos del hampa antiguo. Nunca se producía un hecho de violencia que afectara o comprometiera las visitas de esposas, madres e hijos. Actualmente, se ha perdido ese respeto.
En recintos como San Miguel, Colina o la Penitenciaría, los reos de alta peligrosidad se apropian de algunas dependencias, y cuando los gendarmes ingresan a un recluso a ellas, sale con una herida cortopunzante.
El recluso insulta al gendarme o trata de golpearlo para salir de la torre en condición de castigado y no de delator frente a sus pares, porque ello es altamente penado por el hampa. Si no lo acepta, el recluso es agredido con arma blanca por el resto de los internos.
Cuando se toma una declaración a un recluso golpeado, éste declarará haber sido golpeado por encapuchados en el baño e ignora quienes fueron.
Así no se puede hacer justicia, se genera una zona sin ley, un Estado fallido.
Ese tipo de reclusos debe ser confinado a una celda individual, porque pone en riesgo gravemente la vida de sus pares, de sus compañeros de celda.
Expresó que es importante que se defina un perfil de clasificación para ese tipo de reclusos, para que sean confinados a una celda individual.
Si los 71 reos del sector cuarto sur, y 75 del sector norte de la torre de San Miguel hubiesen estado en celdas individuales, no habría sucedido una desgracia de la magnitud de la del 8 de diciembre.
Es prudente establecer un trato diferenciado a la población penal, según su peligrosidad y su grado de compromiso delictual. En efecto, hay cierto tipo de reclusos al que puede facilitársele el acceso al mundo laboral, entregándole herramientas o elementos mucho más sofisticados, sabiendo que no va a atentar contra la integridad física de terceros, ni contra la propia o contra la administración. Así también, existe otro tipo de internos que son peligrosos, en razón de su compromiso con la delincuencia, a quienes no se debería confiar ni herramientas para trabajar ni un balón de gas. En consecuencia, esta clase de reclusos, como quienes causaron el incendio, deberían estar confinados a una celda individual; tener acceso únicamente a alimentación concesionada y a otro tipo de servicios, a fin de que el Estado garantice mayor seguridad para el sistema penitenciario.
2.- Alberto Precht Rorris, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana
Expresó que los dos sistemas de recintos penitenciarios presentan grandes problemas. El sistema concesionado es bastante rígido. Las condiciones de seguridad son las mismas para todo tipo de personas que se encuentren internas, mientras que en los recintos tradicionales es tanta la sobrepoblación que es imposible segregar. Por ello, no resulta lógico que tanto en el sistema nuevo como en el antiguo no existan mejores políticas de segregación, sobre todo, a través de la construcción de recintos penitenciarios que no cumplen con los mayores estándares de seguridad debido a que podrían contener a internos que tienen baja criminalidad.
En este sentido, propuso la construcción de cárceles modulares y, al interior de los recintos tradicionales, la construcción de módulos de emergencia.
3.- R.P. Nicolás Vial Saavedra , Presidente de la Fundación Paternitas
El sistema carcelario actual se presenta cruel, inhumano y degradante, tanto para los internos como para los funcionarios de Gendarmería.
El trato indigno para los internos, la falta de espacios, la ausencia de frazadas, de colchones, de literas, el dormir a la intemperie, los castigos en celdas asquerosas, los encierros prolongados por más de quince horas sin ver la luz, la ausencia de condiciones higiénicas, baños insuficientes y colapsados, el olor nauseabundo por las fecas a la vista de todos, la acumulación de basura y ratas deambulando, los contagios que eso genera y la inactividad, traen como consecuencia violencia, peleas, agresiones, riñas y muertes.
San Miguel, con sus 81 muertos, plantea la urgente necesidad de un cambio en la manera y en la metodología de abordar la cuestión de la recuperación de un sujeto.
La condena se hace condena justa en cuanto haya una posibilidad y un futuro de recuperación del individuo, y no en los términos de más del 70 por ciento de gente que reincide.
Manifestó que existe una continua reducción del espacio cárcel por razones de aumento de enrejados y exceso de población. Los internos suelen decir que les quitan el espacio o les reducen la cárcel cada vez que aumentan los enrejados, lo que genera tensión y una violencia permanente, la que normalmente termina en agresiones entre ellos.
Además se produce un maltrato sistemático y abuso de autoridad. Ello se agrava por la impunidad del maltrato o abuso en el 99 por ciento de los casos. Nunca se sabe quién es el responsable de lo que sucedió.
La nula o muy escasa atención médica también genera conflictos muy grandes.
Asimismo, se lleva a cabo un registro grosero y violento de los familiares que asisten a las visitas, lo que crea un estado permanente “de guerra”. Para un amplio número de población penal el uniforme es sinónimo de aplastamiento, de agresión. Por lo tanto, cada vez que un interno puede le hace zancadillas a los funcionarios, y viceversa.
Los internos ven al sistema penitenciario y a sus dependencias como sinónimo de agresión en su contra, razón por la que deben destruirlo.
Paternitas es una institución que trabaja hace muchos años con internos que han salido de las cárceles, y nunca les han destruido el recinto. Nadie está rompiendo las cañerías, sacándolas, o rompiendo las llaves o las duchas. Las usan, las utilizan, las cuidan, porque ven humanidad.
Expresó que ha llegado a creer que no es el hacinamiento lo que produce el problema, sino el maltrato, la violencia de parte del sistema.
Si continúa esta situación habrá más muertes y quizás una guerra interna. Cualquier día se sabrá de 100 gendarmes y 200 internos muertos, porque lo que sucede se puede comparar a una caldera que genera una presión muy fuerte.
4.- Oscar Benavides Millapan , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios , Anfup.
Hizo presente que durante el presente año han ocurrido otros hechos graves.
El 2 de febrero se hallaron diez cajas de explosivos en la Cárcel de Colina.
El 9 febrero hubo un incendio en la cárcel de mujeres de Santiago. Afortunadamente, las funcionarias lograron controlar la situación a tiempo y no hubo pérdida de vidas humanas. Durante la noche sólo hay una funcionaria para custodiar a 450 internas en ese penal. En total son seis funcionarias las que deben controlar a 2.800 internas en aquella cárcel y no existe posibilidad alguna que se aumente el personal.
El 10 de febrero murió un interno en la cárcel de Valparaíso que estaba a punto de obtener su libertad.
A mediados de febrero reventaron las redes secas y húmedas de la cárcel de Alto Hospicio.
El 17 de febrero murió un reo en la cárcel de Osorno y el 27 de febrero un interno de la cárcel Colina II perdió la vida en una riña.
A la fecha el promedio de muertes en riñas o peleas al interior de las cárceles chilenas es de dos por mes.
CAPÍTULO VI
LA SITUACIÓN DEL PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE
a) Condiciones laborales en gendarmería. Salud física y mental de sus funcionarios
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Afirmó que el 8 de diciembre, solicitó a la subdirectora técnica que desplegara acciones con sicólogos y asistentes sociales, para que informaran a los familiares sobre las víctimas. Ese mismo día, fueron derivados 24 funcionarios del hospital de Carabineros.
Posteriormente, dos siquiatras del servicio asistieron al penal para otorgar otras atenciones al personal. En el policlínico institucional se dio atención siquiátrica a nueve funcionarios más.
Respecto del diagnóstico de los funcionarios, indicó que predomina el trastorno por estrés agudo y el trastorno postraumático.
Por otra parte, se contrataron los servicios de la unidad de crisis, del Centro de Salud Mental San Joaquín, de la Pontificia Universidad Católica, para evaluación sicológica y siquiátrica a sesenta funcionarios que tuvieron directa participación en los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2010.
La tabla de funcionarios atendidos, al 3 de enero, es la siguiente: primera atención, 33 personas; segunda 11; tercera 6. Atención siquiátrica 1 y no han asistido a las horas reservadas 6 funcionarios.
En tercer lugar, en conjunto con el Instituto de Seguridad del Trabajo, se programó una jornada de capacitación en sicología de crisis, destinada a diez sicólogos, quienes deben replicar estos conocimientos a nivel grupal.
Asimismo, expresó que están realizando capacitaciones en la escuela de formación penitenciaria, preparando a los gendarmes alumnos en materias como sicología de la emergencia y primeros auxilios, entre otros.
Además se instruyó a los directores regionales para que consultaran sobre funcionarios que quisieran trabajar de manera voluntaria en la unidad penal de San Miguel, de modo de reemplazar la dotación de personal con licencia médica.
A raíz de una denuncia formulada en su contra, indicó que, como Director Nacional, cuenta con dos funcionarios que trabajan de escolta, los señores Zamora y Carter , y dos conductores, los señores Herrera y Paredes. Este último se desempeña como chofer de la ayudantía . Hasta el 25 de marzo había tres conductores, al igual que en la administración anterior, pero dispuso el traslado de un vehículo de la ayudantía al Departamento de Seguridad, para potenciar el trabajo de investigación penitenciaria, lo cual ha redundado en el desbaratamiento de dos redes de tráfico, de corrupción o de cohecho. Dicho conductor fue destinado a la cárcel de Angol a fines de marzo.
El día del incendio en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel había tres conductores y dos escoltas en la Dirección Nacional. Por otra parte, a través de diversos oficios, se ha informado a esta Comisión que en dicho establecimiento penitenciario había 31 funcionarios, en distintas funciones: guardia armada, centinela guardia armada, primer relevo, segundo relevo, tercer relevo, guardia interna nocturna y funcionarios que estaban autorizados para pernoctar en el establecimiento en condición de franco. La población penal asciende a un poco más de 1.930 internos.
El déficit de personal no se manifiesta sólo en la cárcel de San Miguel, por lo que destaca la importancia de la aplicación de la ley Nº 20.426, en materia de encasillamiento de funcionarios, mejoramiento de su remuneración y aumento de la planta de la institución en el plazo que indica.
Consciente de la problemática del recurso humano, dispuso que se determinara la cantidad de funcionarios uniformados que están cumpliendo labores administrativas, tras lo cual se derivaron 13 funcionarios de la Dirección Nacional a distintas unidades penales, principalmente, a la Penitenciaría de Santiago. Se ha instruido seguir con este procedimiento a los directores regionales en sus respectivas regiones.
Como hay recursos para contratar a funcionarios civiles con el objeto de que cumplan labores administrativas, el funcionario uniformado que está en la oficina debe ser destinado a una unidad penal, a fin de mejorar el sistema de turno y aumentar el número de funcionarios en cada establecimiento. En esta tarea ha debido enfrentarse con la Asociación de Funcionarios.
2.- Marcos Fuentes Mercado, Subdirector Operativo de Gendarmería de Chile .
Los establecimientos penales, de acuerdo con su función y con la forma en que están conformados, necesitan una cantidad determinada de funcionarios. La cárcel de Puerto Aysén, por ejemplo, tiene diez internos y 20 ó 18 funcionarios, porque los puestos asignados a esa unidad tienen que estar cubiertos. En ese sentido, si la guardia armada tiene seis garitas, éstas deben estar ocupadas, puesto que en ellas se cumplen las mismas funciones que en las de una cárcel de mayor complejidad. En los penales de Punta Peuco o Cordillera ocurre lo mismo, porque los funcionarios están establecidos de acuerdo con los puntos de vigilancia que tiene cada recinto.
A su juicio, el sistema penitenciario tiene que ser modificado profundamente en términos de vigilancia, ya que se pierden muchos recursos humanos en la custodia de lugares que no la requieren tanto. Para ello, debería operar un sistema de tecnología o tecnovigilancia con mayor prontitud, a fin de optimizar los recursos humanos.
Mientras más cantidad de reclusos tenga un recinto penal, aumenta la diferencia en la relación entre la cantidad de internos y de funcionarios, lo que ocurre en las grandes unidades, como por ejemplo, en la Penitenciaría de Santiago, en las cárceles de San Miguel, Puente Alto y en las de las regiones Quinta y Octava, en las que la población penal es mucho mayor.
3.- Juan Alarcón Arce , Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog).
La falta de personal, la sobrecarga laboral y el desarraigo familiar, social y emocional genera cuadros de alcoholismo, trastornos del sueño y otros, que se añaden a la constante tensión y sensación de peligro a la que debe adecuarse el personal.
Declaró que existe una gran cantidad de licencias presentadas, las que se derivan de los problemas que ocasiona la falta de personal.
4.- Alberto Precht Rorris, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana
Llamó la atención sobre las condiciones laborales en que se desempeña el personal de Gendarmería. En terreno se puede constatar que las condiciones laborales tanto de habitación, de descanso y sanitarias no son las más adecuadas para ningún tipo de trabajador.
Es así como es posible hallar una ducha para 20 gendarmes, situaciones de duchas mixtas, camas que finalmente terminan siendo rotativas, debido a los turnos.
Asimismo, sostuvo que no hay un clima laboral adecuado, particularmente en el caso de los suboficiales.
Por otra parte, hizo presente la necesidad de crear un código de ética penitenciaria. El personal gendarme se siente tensionado cada vez que ocurre algún tipo de incidente en la cárcel y la autoridad política reacciona modificando patrones de conducta de los gendarmes, como por ejemplo, la revisión de los familiares.
Añadió que Gendarmería es uno de los servicios de la Administración del Estado con mayor cantidad de licencias médicas. Éstas provocan que haya funcionarios con turnos muy largos, en los que duermen sólo 4 horas, y en condiciones bastante inhumanas que generan mayor estrés. Por lo tanto, vuelven a tener licencia, lo que provoca un círculo vicioso.
Por último, consideró necesario implementar una dupla psicosocial al interior de los penales, con el objeto de atender exclusivamente necesidades de los gendarmes. Hoy existen, pero para atención de aquellos y además de los internos.
5.- Oscar Benavides Millapán , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios , Anfup.
Manifestó que hay sólo dos sicólogos a nivel nacional para la elaboración de las políticas mentales para 13.600 funcionarios de Gendarmería de Chile. Desde 2000 a la fecha se han registrado 9 suicidios y alrededor de 44 intentos de suicidio entre los funcionarios en horas de trabajo, siendo los índices de suicidio más altos del sector público.
Por otra parte, añadió que apenas diez funcionarios custodian a 1.228 internos en Antofagasta y en la unidad de Calama, tres funcionarios se encuentran a cargo de 612 reos. En tales condiciones, una situación similar a la ocurrida en la cárcel de San Miguel ocasionaría una cantidad impresionante de gente lesionada y muerta. Por ello, el director regional de Antofagasta ha hecho un pacto con la población penal, con el objeto de que ante un incendio ellos mismos intervengan con bolsas de arena, las que se han dispuesto para salvar sus vidas.
Comentó que el Director Nacional de Gendarmería de Chile cuenta con una guardia de guardaespaldas que supera ampliamente los cuatro funcionarios de Gendarmería de Chile que se encontraban en la cárcel de San Miguel en la noche del incendio. En efecto, dispone de una guardia, una escolta de ocho guardaespaldas, tres conductores, asesores y alrededor de 15 funcionarios que se encuentran custodiando la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, cifras que superan ampliamente la cantidad de funcionarios que se encontraba la noche del incendio en la cárcel de San Miguel.
Hizo presente que cada mes mueren dos reos, desde 2000 a la fecha, a causa de incendios, sin considerar a quienes fallecen por riñas.
Los funcionarios de la institución trabajan de seis a siete días, día y noche, durmiendo tres horas y media por día en turnos que duran alrededor de cuatro o cinco años, tras los cuales el gendarme está en condiciones de desempeñarse en la guardia interna, realidad que refleja una falta de calidad de vida familiar y de proyección institucional. El sistema de turnos de Gendarmería data de un siglo atrás y los primeros que se conocen, registrados en la ex penitenciaría de Santiago, en 1894, hablan de un trabajo desarrollado durante seis o siete días, con uno de descanso, realidad que no ha sido modificada, por ejemplo, en la cárcel de Antofagasta.
6.- Boris Henríquez Monsalves , Secretario General de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios , Anfup.
Hizo presente su preocupación por algunas prácticas antisindicales que estarían ocurriendo en Gendarmería durante la actual administración.
Declaró que cuando se atenta contra la libertad sindical o contra el funcionamiento de las asociaciones, se viola la ley, dado que la participación de las asociaciones gremiales de Gendarmería en las políticas institucionales no es antojadiza, sino que está establecida en nuestra legislación.
Informó que una de las medidas preliminares que tomó la nueva administración consta en el oficio N° 166, de 2 septiembre de 2010. Mediante dicho oficio se intentó regular el fuero de los dirigentes. Tuvieron que llevar a cabo una movilización para evitarlo. Indicó que ésta es una materia respecto de la cual hay vasta jurisprudencia de la Contraloría y está debidamente regulada.
En dicho documento prácticamente se estaba prohibiendo el ejercicio de la función gremial en las unidades penales. Entre las medidas que se imponían estaba la de obligar a los dirigentes a firmar los libros y que se les preguntara la función que iban a desarrollar cada vez que pretendían hacer uso de las facultades que les otorga la ley.
Además informó que existió una disposición que ordenaba la salida de todos los funcionarios que cumplían funciones en las asociaciones. También tuvieron que llevar a cabo una movilización, entre todas las organizaciones gremiales de la institución, para revertir esa situación.
Es así como a través del oficio N° 1.533, de 1 de septiembre de 2010, se ordenó la salida del personal administrativo que cumplía funciones en las asociaciones de funcionarios, sin mediar razones, que no fuera la facultad del Director.
Añadió que si bien es cierto que la facultad para enviar al personal en cometido funcionario a las diferentes áreas de Gendarmería corresponde al Director Nacional , ésta debe ejercerse con buena voluntad y en coordinación con las organizaciones gremiales.
Además sostuvo que se ha impedido que las asociaciones participen en el debate de las políticas institucionales. Hoy ninguna de ellas participa en las mesas de trabajo de la dirección nacional, como la de salud, la de licencias médicas, la encargada de los traslados de los funcionarios, etcétera.
En cuarto lugar, informó que se marginó a todas las organizaciones sindicales de los proyectos de capacitación que se aprobaron en diciembre de 2010. Ninguna de las asociaciones que presentaron proyectos de capacitación al Comité Bipartito de Capacitación ganó algún proyecto.
Se les informó que por el hecho de ser asociaciones no califican, en circunstancias que desde los años 90, cuando lograron instaurar la instancia de los comités bipartitos, venían formulando proyectos relacionados con la función penitenciaria.
En quinto lugar, señaló que se ha abusado de la aplicación del llamado a retiro discrecional de los funcionarios de Gendarmería. Ya fueron testigos, a través de la prensa, de cómo la autoridad política declaró que serán expulsados los funcionarios. Hoy, año 2011, están siendo expulsados sin que se les apliquen los principios como el debido proceso, el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia.
Los recursos de apelación en materia administrativa los resuelve el Ministro de Justicia, pero en este caso es el mismo quien resuelve que serán expulsados antes de que se termine la investigación propiamente tal.
Recordó que cuando regresaron al sistema previsional de Carabineros, Dipreca, lamentablemente, también quedó establecido en la historia de la ley que los funcionarios, junto con otorgárseles nuevamente ese beneficio, quedaban sujetos a un término de carrera tal como ocurre con Carabineros de Chile. Es decir, discrecionalmente se puede llamar a retiro a los gendarmes. Estimó que por muy jerarquizada y disciplinada que sea una institución, no corresponde aplicar ese tipo de medidas.
A modo de ejemplo, señaló que el 25 de febrero de 2011 se instruyó a todos los funcionarios de La Serena, por providencia número 024 que, ante cualquier hecho relacionado con faltas que puedan ser constitutivas de delito, ya sea en períodos de franco, beneficios estatutarios o licencias médicas, producirá por parte de la autoridad el alejamiento del servicio de él o los funcionarios que se vean involucrados en ese tipo de conductas, invocando el DFL N° 2, que es el estatuto del personal de Carabineros de Chile. Manifestó que tales actos constituye un amedrentamiento.
Estimó importante que el Director de Gendarmería aclare si van a continuar implementando este tipo de medidas.
7.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios
Actualmente, la dirección y conducción del servicio de Gendarmería de Chile está entregada a la discrecionalidad del Presidente de la República , a través de la facultad con que cuenta para nombrar a los respectivos jefes de servicios.
Si bien en 2003 se publicó la ley N° 19.882, que crea un Sistema de Alta Dirección Pública al que estarán sujetos los funcionarios de exclusiva confianza de la autoridad competente y que desempeñen cargos de jefatura, la misma ley se encargó de señalar, en su artículo 36, los servicios públicos que no quedaron incorporados en la nueva normativa, entre ellos Gendarmería de Chile, situación que debería revisarse, ya que es preciso analizar las razones técnicas y políticas que se tienen en cuenta a la hora de la designación del cargo de director.
Una institución como Gendarmería de Chile debería necesariamente contar con autoridades ligadas directamente a la función penitenciaria. Sin embargo, a través de los años, han habido directores de las más variadas profesiones, sin mencionar los cargos de jefaturas intermedias y de asesoría, cuyos perfiles profesionales, lamentablemente, muchas veces no se relacionan con el mundo penitenciario, lo que retrasa la conducción del servicio y genera incertidumbre respecto de las políticas que se deben implementar, ya que deben pasar por un período largo de inducción.
En definitiva, manifestó que las autoridades institucionales deberían provenir de la propia institución, que cuenta con funcionarios capaces de cumplir con esa labor, sean éstos oficiales o profesionales de algunas de las plantas, porque conocen el sistema carcelario, sus necesidades y se han hecho expertos en la materia.
Por otra parte, informó que desde el año 2009 a la fecha se han suicidado diez funcionarios de Gendarmería de Chile mientras realizaban turnos de garita y que ha habido más de 34 intentos de suicidios no consumados, pero que han causado grave daño a los funcionarios que los han cometido.
Otro elemento que debe considerarse es la inseguridad penitenciaria en relación con las remuneraciones que perciben los funcionarios de la institución, puesto que no les otorga asignación de riesgo, a pesar de estar sometidos a peligros que son evidentes. En efecto, los gendarmes están a cargo de la custodia de personas privadas de libertad, que están dispuestas a violentar la seguridad, al personal y a sus propios compañeros, a lo cual se suma el estigma social que conlleva trabajar en cárceles. Según las estadísticas de 2010, alrededor de un centenar de funcionarios han sido golpeados y amenazados por los internos. Sólo en los últimos meses, aproximadamente veinte gendarmes han sido heridos, golpeados y amenazados, situaciones de las que ha dado cuenta la prensa.
Manifestó que se privó a los gendarmes de la asignación de riesgo en 1974, cuando se dictó el decreto ley N° 249, que creó la escala única de sueldos, lo que significó la pérdida de otros beneficios como la atención de Dipreca, los mayores sueldos y los quinquenios penitenciarios. Se ha señalado que la asignación iba a morir paulatinamente por el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los gendarmes y la instauración de la modernización del servicio penitenciario, lo que no aconteció. Por ello, debería pagarse nuevamente tal asignación no sólo a los funcionarios uniformados, sino también a los civiles que, naturalmente, están expuestos a un mayor riesgo, porque no están preparados para desempeñar su función al interior de los establecimientos penales.
A esta situación se agrega el maltrato social y acoso laboral de los mandos menores por parte de algunas jefaturas, lo que ha sido objeto de denuncias por escrito. Lamentablemente, las investigaciones se dilatan sin que las autoridades de Gendarmería tomen en consideración el derecho que se reclama. Los gendarmes deben cumplir extenuantes turnos en sus funciones de guardia armada o guardia nocturna, por los que, sin embargo, no se les pagan horas extraordinarias.
Comentó que la Asociación está promoviendo, a través de algunos diputados y senadores, que se legisle sobre el mobbing laboral en Gendarmería de Chile, como una forma de transparentar el trato que se brinda a los funcionarios. Sin embargo, la tramitación del proyecto de ley respectivo no ha avanzado mucho .
Por último, afirmó que actualmente, la dotación de funcionarios es de 14.600, de los cuales 10.000 pertenecen a la planta de vigilancia, cantidad absolutamente insuficiente.
Los establecimientos penales, especialmente los concesionados, requieren mayor demanda de vigilantes, por lo que estimó que este déficit de personal afecta las condiciones de seguridad tanto de los internos como de los propios funcionarios.
8.- Ana María Morales Peillard , Jefa del Área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana.
Afirmó que el personal de Gendarmería de Chile está sometido a mucha presión y su labor ha sido catalogada como bastante penosa, en términos de derechos humanos, por todos los convenios suscritos por el Estado de Chile. Por lo tanto, requiere ciertas características especiales y una retribución en términos monetarios que efectivamente se condigan con el trabajo que desempeñan.
Hay una serie de condiciones que determinan que el personal que ingresa a esa institución no esté preparado, sobre todo en materias de derechos humanos y en el otorgamiento de un trato digno a la población, lo cual fue advertido por el relator de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana que visitó nuestro país. En su informe manifestó que había un trato sistemático de violencia contra la población penal, asunto que debía ser necesariamente abordado en la malla curricular de Gendarmería de Chile. Actualmente, se prepara al personal para realizar labores de custodia durante seis meses o dos años, si se trata de oficiales. Esta escasa capacitación decanta en que existan varios focos de corrupción que no han sido debidamente atajados.
Hay un déficit de personal que trató de superarse con la ley de modernización que se terminó de tramitar en el año 2010, pero también existen enormes problemas de gestión de recursos.
Actualmente, la carrera funcionaria tiene una estructuración, en la cual es posible apreciar que los funcionarios de menor rango realizan la labor de custodia, mientras que los de mayor jerarquía desarrollan actividades de carácter administrativo y, por lo tanto, se desvinculan del trato directo con la población, lo cual es altamente negativo, porque ello da cuenta de la existencia de personal subutilizado en labores respecto de las cuales se ignora su capacidad para desarrollarlas. En efecto, hay muchos oficiales que están ocupando cargos de dirección, en puestos de carácter administrativo, y es válido preguntarse si se cuentan con preparación para ello.
El tema de los turnos es bastante complejo, ya que si bien en los establecimientos penitenciarios tienden a ser demasiado duros, en las cárceles concesionadas se observan condiciones más aliviadas para ejercerlos. Sin embargo, cuando un alcaide propone la unificación de turnos, las asociaciones gremiales han logrado derrocarlo para evitar la implementación de esta medida.
Por otro lado, escasea el personal destinado a labores de reinserción, el cual ha sido, además, poco capacitado en estas materias, que comprenden no sólo visitas o entrevistas personales, sino la realización de terapias cognitivo-conductuales, el trabajo en temas educacionales y laborales, en un esquema intersectorial y el ingreso al mundo laboral una vez que se ha cumplido la condena. En razón de la importancia de estas tareas, se hace necesario seleccionar a los mejores funcionarios para que se hagan cargo de ellas.
b) Proceso de admisión en gendarmería, modernización de su planta y capacitación del personal.
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Informó que se encuentran revisando los procesos de admisión y corrigiendo la malla curricular de la Escuela de Gendarmería, para incorporar materias como ética profesional, ética pública, Reforma Procesal Penal y cursos de Derechos Humanos. Sostuvo que trabajarán con la Universidad Diego Portales en la revisión de la malla.
Asimismo, expresó que implementarán un diplomado de alta gestión penitenciaria.
Hizo presente que también están implementando la ley N° 20.426, que moderniza y amplía la planta de Gendarmería.
Ya publicaron el primer Decreto con Fuerza de Ley, con su respectivo reglamento y elaboraron más de 10 mil resoluciones de encasillamiento. Con ello se dio inicio a un incremento en forma gradual por los próximos cinco años en el número de oficiales, que llegará a 348, y de suboficiales, que serán 5.802.
Este año, 2011, egresarán 425 gendarmes alumnos e ingresarán al proceso de formación 153 aspirantes a oficiales y 1.050 gendarmes alumnos.
Declaró que el ascenso en la carrera ya no es sólo por la antigüedad, sino que también por un nuevo factor: el mérito. Éste va a determinar que un funcionario ascienda o no de grado, a través de la aprobación de exámenes habilitantes, y tendrá que ser la Escuela de Gendarmería la que licite estos productos y encabece y lidere los procesos de capacitación y perfeccionamiento para los funcionarios.
Por su parte, sostuvo que se ha celebrado un convenio con el Ceamos, Centro de Análisis y Modelamiento en Seguridad, perteneciente al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile , a fin de procurar mejorar los antecedentes estadísticos de la institución. En este sentido, activaron una comisión de trabajo interdisciplinaria para abordar el tema del mejoramiento de registro y confiabilidad de datos en los centros penitenciarios del país.
Manifestó que otra de las ventajas de la ley N° 20.426 es el diseño de una nueva estructura orgánica institucional y su correspondiente plan de implementación que moderniza Gendarmería de Chile. Por ejemplo, los cargos de los subdirectores tanto técnicos como de administración y finanzas van a ser provistos a través del sistema de Alta Dirección Pública.
A diciembre de 2010 la dotación de funcionarios es de 14.127, que corresponden a 691 oficiales, 10.493 suboficiales y 2.943 civiles. Con la implementación de la ley, en los próximos cinco años, se aumenta en 348 oficiales, 5.802 suboficiales y 100 funcionarios a contrata para el programa 02, y 25 funcionarios para la planta directiva.
Por tanto, el incremento que va a tener Gendarmería es de casi un 50 por ciento.
Interrogado sobre las razones por las cuales no habían ingresado alumnos a la Escuela de Gendarmería, señaló que ello se vincula con los desvíos de fondos por el terremoto.
Agregó que el año 2010 ingresaron sólo 430 alumnos vigilantes y no los 800 ó 900 que se habían anunciado en 2009, porque al momento de ingreso no había vacantes para cubrir ese número superior y tampoco había presupuesto. En el caso de los aspirantes a oficiales, las vacantes existentes no alcanzaban para formar un curso. Sólo había de 23 vacantes disponibles.
Por ello, el proceso de admisión de los aspirantes se suspendió. Se reactivó en diciembre de 2010 y se llamaron a los preseleccionados para saber en qué situación estaban y cuál era su voluntad respecto del proceso de admisión en el que habían participado.
Este año van a egresar 425 gendarmes alumnos, que fueron los que ingresaron el segundo semestre de este año e ingresarán, a más tardar la última semana de marzo o primera semana de abril, 153 aspirantes a oficiales y 1.050 gendarmes alumnos.
Consultado sobre la revisión de la malla curricular de la Escuela de Gendarmería y si ésta fue licitada, sostuvo que tal malla ha sido modificada en varias oportunidades. La actual modificación la está trabajando la Dirección de la Escuela, a fin de adecuarla a las políticas institucionales, para lo cual se debe poner énfasis en transparencia, probidad, excelencia funcionaria, derechos humanos, reforma procesal penal y conocimiento de nuevas tecnologías de vigilancia y control. No es una actividad que haya sido externalizada.
2.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
En relación con las políticas educacionales de Gendarmería, sostuvo que hay un excesivo militarismo en el servicio. Muchas de las enseñanzas recibidas por gendarmes y aspirantes a oficiales de la escuela, pertenecientes a la planta de suboficiales y oficiales, están más orientadas hacia lo militar que a aquellas que requieren para desempeñarse en las cárceles, de modo que la formación es más propia de un actor represor que de un agente rehabilitador dentro de las unidades penales. A esta realidad han contribuido los directores nacionales, quienes han dispuesto que los funcionarios desfilen en distintos actos cívicos de algunas municipalidades, como ocurrió en 2010, en Iquique, Puente Alto , Colina , Talca, Angol , Puerto Montt y otras ciudades, lo que en estricto rigor excede a las funciones que les encomienda la ley, que dicen relación principalmente con la custodia, rehabilitación y tratamiento de la población penal.
Indicó que debería evitarse exigir a los gendarmes que destinen horas de trabajo a este tipo de actividades, debido a la falta de personal y a la crisis carcelaria.
Comentó que el artículo primero transitorio el decreto ley N° 2.859, de 1979, ley orgánica de Gendarmería, entrega la facultad a la autoridad correspondiente para que, en un plazo determinado, dicte un reglamento de disciplina para el personal de Gendarmería, el cual, afortunadamente, no se ha puesto en marcha, dado que no corresponde a la función pública propiamente tal de los gendarmes y es considerado más propio de las instituciones castrenses. Por ello, propuso, en reemplazo de esa norma, establecer un código de buenas prácticas laborales, en el cual se determinen claramente las responsabilidades, derechos y obligaciones de los funcionarios penitenciarios, especialmente cuando se producen conflictos de intereses entre jefaturas y funcionarios. Calificó como fundamental que Gendarmería cuente con un manual de procedimientos de carácter permanente y público para todo el personal, puesto que luego del último terremoto quedó en evidencia que no había protocolos de evacuación de las cárceles ni claridad respecto de cómo debía enfrentarse una situación de esa envergadura, lo que se ratificó con la tragedia de la cárcel de San Miguel.
Planteó que muchas de las disposiciones relacionadas con la seguridad, trato a los internos, procedimientos y protocolos se encuentran repartidas en variados documentos de Gendarmería, tales como resoluciones, ordinarios, providencias e instructivos, los cuales, una vez leídos dentro del proceso de formación del personal, se archivan, de manera que nada más se sabe sobre el contenido de los mismos. En la escuela institucional tampoco se dan a conocer, de modo que los funcionarios que ingresan a trabajar a los establecimientos penales, no saben nada sobre procedimientos y protocolos de seguridad, y actúan por instinto, reduciendo la función penitenciaria a la mera custodia de reos.
Informó que en la actualidad, la formación principal que recibe un funcionario es la que proporciona la Escuela de Gendarmería, a través del curso de formación, que dura un año académico para los gendarmes y dos años académicos para los oficiales, lo que evidentemente no es suficiente.
Como una forma de revertir esa situación, la Asociación que representa ha suscrito una serie de convenios con reconocidas universidades, mediante los cuales se ha logrado que la mayoría o un número importante de funcionarios accedan a la educación superior, ya que se desea enfrentar con mayor responsabilidad el tema relacionado con el trato al interno y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, para ello es necesario que el Estado construya penales que reúnan los estándares mínimos para el encarcelamiento.
Reiteró que al personal de Gendarmería de Chile nunca se le ha preparado para enfrentar siniestros como el ocurrido en la cárcel de San Miguel. Ese tipo de capacitación no es posible hallarla en la malla curricular de los aspirantes a oficiales ni en la de los vigilantes.
3.- Juan Alarcón Arce , Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG).
Manifestó que con lo ocurrido en San Miguel cobra más relevancia como factor, el hecho de que al día de hoy no exista un centro capacitador intermedio o una escuela de suboficiales para el personal uniformado. Es sumamente necesario reentrenar al personal, readoctrinarlo y actualizarlo a las nuevas funciones y roles que deben desempeñar en relación con la población penal actual y las diferentes problemáticas que representan.
Explicó que la población penal no es la misma de hace diez años. Hoy existen grupos con estructuras jerárquicas muy focalizadas, existen líderes y seudolíderes, principalmente del narcotráfico y de bandas organizadas, que manejan los penales.
Propuso replicar lo efectuado en Carabineros de Chile, cuando se contrató a ex funcionarios para reemplazar los puestos especiales o administrativos.
Este personal no requiere formación ni capacitación, dado que ya la tiene, pues conoce el sistema y su organización, lo que no sucede con el personal civil, que no posee experiencia y está sujeto a riesgos, con lo cual genera más problemas que soluciones, ya que al estar enfrentados a procedimientos de cualquier índole, se tiene que velar primero por sus vidas, esto es, sacarlos del lugar, de las guardias internas de los penales y luego llevar a cabo los procedimientos.
Por otra parte, destacó que existe un número aproximado de doscientos funcionarios de la planta de suboficiales capacitados en labores bomberiles, a quienes se podría emplear como instructores que capaciten al resto del personal. También se debieran implementar en todas las unidades penales las brigadas de incendio de gendarmería.
Se debe considerar, en la malla académica de las escuelas de formación, cursos de manejo de crisis, combate de incendios y primeros auxilios.
Sugirió entregar a Gendarmería el ex estadio de Famae, con el fin de adecuarlo como centro capacitador, orientado a la instrucción contra incendios, antimotines y traslados riesgosos, puesto que cuenta con el espacio necesario para ello y es adaptable a las urgentes necesidades de capacitación que requiere su personal.
Además sostuvo que se debe entregar a Gendarmería, en forma definitiva, la actual escuela de formación, ubicada en la comuna de Lo Espejo, más conocida como “La Perla”, ya que fue entregada sólo en comodato.
Agregó que la Escuela de Suboficiales debiera ser un centro de readoctrinamiento y capacitación a mitad de la carrera de los funcionarios de la planta de suboficiales y gendarmes. A diferencia de otras instituciones, Gendarmería no cuenta con un centro capacitador intermedio.
4.- Nicolás Espejo Yaksic, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Central de Chile
Sugirió fortalecer la capacitación en derechos humanos en Gendarmería de Chile, fijando metas de corto, mediano y largo plazo en materia de mejoras de los derechos de los privados de libertad, y, en particular generar indicadores técnicos de la satisfacción de derechos de los reos.
Hizo presente que en el derecho internacional sobre derechos humanos se han generado progresivamente indicadores de satisfacción de los derechos, que permiten hacer comparaciones temporales y, también, interregionales. Preguntó cómo saber que las cárceles de la Quinta Región están mejor, peor o igual que las de la Octava Región y en relación con qué año?
Ello es posible saberlo en materia educacional, en políticas de salud, de transporte, pero se ignora respecto de los privados de libertad. En consecuencia, la opinión sobre los centros privativos de libertad termina siendo en abstracto, normalmente condicionada por una visión política y de cálculo de acuerdo al momento en que se emita. La falta de discusión técnica sobre el respeto de los derechos de los privados de libertad es el síntoma de que se carece de políticas integrales.
Por ello, recomendó reforzar la obligación del Estado de establecer indicadores y metas específicas en materia de los derechos de los privados de libertad.
5.- Alberto Precht Rorris, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana
A diferencia de lo que ocurre con Carabineros de Chile y otras instituciones de las Fuerzas Armadas y Policía de Investigaciones, hoy los programas de educación de la Escuela de Gendarmería no son homologados por el Ministerio de Educación, por lo cual claramente no existen incentivos desde el punto de vista educativo para ingresar a la institución.
Por otra parte, estimó que hay una subutilización de funcionarios que han cursado estudios superiores y que sienten que en los penales tales estudios no son considerados. También ocurre que muchas veces Gendarmería da las facilidades para que sus funcionarios estudien carreras que no tienen relación alguna con el cumplimiento de la labor de gendarme.
6.- R.P. Nicolás Vial Saavedra , Presidente de la Fundación Paternitas
Existe un insuficiente grado de perfeccionamiento de los funcionarios de Gendarmería. Se debe potenciar a los funcionarios, de manera que conozcan perfectamente cómo abordar ese problema tan complejo, como es la atención de un hombre y de una mujer que están en privación de libertad.
Si se concluye que no puede ser que Gendarmería la entidad que se dedique al tema de la recuperación, habrá que determinar qué institución calificada en esta materia debe trabajar en forma constante, sistemática, dentro de las cárceles para que se logre el objetivo de una condena, cual es recuperar a un sujeto, sacarlo a la sociedad en condiciones adecuadas.
Manifestó que una persona que pasa por la cárcel sale de ella altamente discapacitada para vivir en forma normal en medio de la comunidad. Si a esa persona nadie la acoge ni la asiste ni la acompaña en su proceso, existirá un 70 por ciento o más de reincidencia.
La conducta y el trato de los funcionarios de Gendarmería no está acorde con la ley ni con los tratados vigentes. Se están violando sistemáticamente los tratados internacionales que Chile ha suscrito por años.
Además de no tener la capacitación adecuada, el personal es insuficiente, lo que genera deshumanización y despersonalización, según la estructura que actualmente se maneja, así como agresión, violencia sexual, física, psicológica y religiosa.
Se observa discapacitación laboral y social e incapacidad para asumir distintos roles con responsabilidad, como el de la paternidad, así como confusión ética y moral, justificación ante conductas desadaptadas, etcétera.
Se observa una nula o muy escasa colaboración por parte del personal uniformado para introducir alternativas innovadoras para capacitar y acompañar a los internos e internas en una nueva perspectiva distinta de las rutinas habituales.
De pronto, se piensa que lo único seguro para Gendarmería, es no hacer algo distinto. Por ejemplo, no sacar a un interno para llevarlo a misa o a algún curso, porque les significa sacar a la población de un ámbito en el que están relativamente encuadrados.
Al país le cuesta introducir situaciones innovadoras que hagan que las cárceles sean más interesantes, en muchos aspectos, y para darle alternativas distintas a la gente que está viviendo condenas.
Esa situación ha generado rivalidad continua, particularmente entre el personal uniformado y los internos.
7.- Boris Henríquez Monsálvez , Secretario General de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios , Anfup.
Interrogado sobre la capacitación que reciben los funcionarios de Gendarmería, indicó que ésta no existe, por falta de recursos económicos y, principalmente, por un déficit tan extraordinario de funcionarios que no permite la capacitación, porque no habría quien cuide la cárcel.
Por lo tanto, muchas veces se termina haciendo capacitaciones a los funcionarios administrativos.
8.- Oscar Benavides Millapán , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile
Destacó el interés de los gendarmes en capacitarse y perfeccionarse y en convertirse en actores de cambio social, porque desean influir potentemente en la rehabilitación y en el tratamiento de los internos recluidos. Es así como en 2007 egresaron de la Universidad San Sebastián 140 funcionarios de Gendarmería de Chile, que son profesores expertos en rehabilitación social; en 2009, ingresaron a estudiar servicio social 40 funcionarios de Punta Arenas y otros 40, de Osorno; en 2010, 67 funcionarios ingresaron a la carrera de servicio social del Instituto La Araucana, en Curicó y 60 funcionarios de Puente Alto comenzaron a estudiar en la escuela penal de la Universidad de Los Lagos, en el área de proyectos sociales, y en 2011, 140 funcionarios que estudiaron Administración de Proyectos Sociales se titularán en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a la vez que la Universidad Iberoamericana recibirá a más de 400 funcionarios que ingresarán a la carrera de cientista social con mención en reinserción y la rehabilitación social y las sedes de esa casa de estudios ubicadas en La Serena, Santiago , Osorno , Rancagua , Curicó y Concepción, impartirán la carrera de servicio social con mención en reinserción y la rehabilitación social. Precisó que estas carreras son financiadas por los gendarmes, de manera que no se han comprometido recursos del Estado ni de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile. Aclaró que de esta última dependerá el aprovechamiento del recurso humano que se está formando.
9.- Alejandro Jiménez Mardones , ex Director Nacional de Gendarmería de Chile
Contestando una pregunta respecto de si los vigilantes y oficiales de Gendarmería tienen la capacitación necesaria para manejar los implementos contra incendios o únicamente les cabe dar la alerta y esperar a que el Cuerpo de Bomberos actúe, señaló que, en términos generales, hay capacitación tanto en la Escuela de Gendarmería como en la Escuela de Oficiales de Gendarmería. Un tema discutible, que trató de abordarse, fue la cantidad de tiempo de preparación que tienen los funcionarios, que en el caso de los gendarmes son nueve meses, período muy comprimido. Después del incendio del Penal de Colina, bajo su administración, se iniciaron varios cursos, tanto presenciales como E-Learning; se iniciaron prácticas contra incendios, algunas sorpresivas y otras dirigidas y se estableció un protocolo para especificar la función que debe cumplir cada uno. Así, por ejemplo, hay un encargado de llamar a los bomberos una vez que observa la aparición de humo. A su juicio, están preparados y capacitados, pero, tal vez, de manera aún insuficiente, por lo que sería conveniente ampliar la malla curricular.
Destacó el profesionalismo de los gendarmes e hizo hincapié en que muchos de ellos lo demostraron ante el incendio que se investiga.
c) Eventual corrupción al interior de gendarmería
1.- Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia
En lo concerniente al nivel de corrupción que existiría al interior de Gendarmería, admitió que es una realidad y que se ha formalizado a cinco gendarmes que estarían involucrados en traslados irregulares de condenados, incluso, negociando rebajas de condenas, mecanismo que se implementó en 2003, por lo que se estima hubo un intento de manipulación de las bases estadísticas para hacer aparecer algunos condenados con mayor cantidad de pena remitida rebajada de lo que correspondía.
Sin embargo, hizo hincapié en que no debería estigmatizarse a la institución, toda vez que gran cantidad de su personal trabaja en condiciones abnegadas, con un palmario déficit de dotación.
2.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Interrogado sobre el nivel de corrupción en Gendarmería, afirmó que el fenómeno existe, pero que durante este período han incrementado los esfuerzos para combatir los actos de corrupción al interior de las unidades penales.
Además están potenciando la unidad de investigación penitenciaria, que pasará a ser un departamento de la institución. Informó que se han aplicado 54 DFL N° 2 a funcionarios por actos de corrupción, falta de compromiso con la institución o faltar al servicio. Hay otros casos que están siendo conocidos a través de sumarios administrativos y que pueden llevar a la sanción de destitución.
3.- R.P. Nicolás Vial Saavedra , Presidente de la Fundación Paternitas
El ingreso y consumo de drogas, así como el tráfico de celulares al interior de los penales, genera una especie de caldera de alta presión, muy peligrosa, en continuo riesgo de estallar, porque es un círculo vicioso, y virtuoso para algunos.
Explicó que luego de ingresar los celulares, se lleva a cabo un allanamiento y se confiscan tales aparatos, pero al cabo de un mes y medio o dos vuelven a entrar los celulares. Destacó que se trata de un asunto de alto riesgo.
4.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios .
Lamentó los hechos de corrupción que han afectado a la institución, en cuyo marco se ha condenado a ex funcionarios a penas privativas de libertad por delitos de cohecho y tráfico de drogas y estupefacientes. Por otra parte, más de ochenta gendarmes han sido alejados del servicio, como consecuencia del llamado a retiro temporal por razones de buen servicio, en virtud de antecedentes que dicen relación con participación directa en hechos que dañan la probidad administrativa.
En 2010, se pesquisaron 14.000 teléfonos celulares al interior de las cárceles, 2 kilos de pasta base, 4 de cocaína, 6 de marihuana y 9.000 litros de chicha artesanal, todo lo cual fue decomisado. Estos elementos ingresan, mayoritariamente, a través de las visitas, pero también existen otras vías asociadas a la corrupción.
Asimismo, se han detectado dos casos correspondientes a irregularidades en la manipulación de antecedentes de los presos para optar a beneficios, consistentes en la falsificación de la información contenida en el registro de conductas, con el fin de permitir que reclusos sean beneficiados con la ley de rebaja de penas, sin cumplir con los requisitos que en ella se exigen. La situación fue denunciada al Ministerio Público y los funcionarios de esta red están privados de libertad. Adicionalmente, se estableció la participación de personal del Poder Judicial .
Planteó que Gendarmería carece de un instrumento institucional que le permita cautelar los intereses del Estado en materia de probidad administrativa y que tenga como misión supervisar el comportamiento ético del personal, pues sólo cuenta con un departamento de seguridad que asesora al Director Nacional en materias de seguridad penitenciaria.
En relación con los factores que inciden en los casos de corrupción del personal de la institución, señaló que no existe un instrumento que permita advertir que una persona tendrá conductas reñidas con la ética pública y la probidad y sólo se exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales de ingreso a la administración pública, de modo tal que una vez establecido que el postulante satisface tales requisitos y aprueba los exámenes es incorporado a la institución y pasa a integrar sus filas si aprueba el programa y el proceso de formación.
Sostuvo que Gendarmería no está ajena a los flagelos que aquejan a la sociedad, entre los cuales destacan el alcoholismo y la drogadicción. Tal como ha señalado el Conace, entre los factores de riesgo que están presentes en la función penitenciaria se cuentan los turnos largos, los trastornos del sueño, el desarraigo familiar y el contacto con la droga y con grupos criminógenos. En consecuencia, los gendarmes deben pasar muchos años trabajando con lo peor de la sociedad, de modo que no es posible negar que exista algún grado de riesgo de contagio delictual.
Explicó que el recluso que desea ingresar a la cárcel un elemento prohibido, puede recurrir a dos fórmulas: solicitárselo a sus parientes, lo que es altamente riesgoso, o bien, corromper a alguien del sistema, que representa una alternativa para proteger a su familia. Este problema podría ser corregido si se generara un mejor sistema de turnos y una especie de institución que acoja de mejor forma al personal de Gendarmería y lo proteja del mundo delictivo, ya que, por ejemplo, no hay viviendas que estén destinadas exclusivamente para los funcionarios. Así, los gendarmes que se desempeñan en Alto Hospicio y tienen rentas más bajas habitan casas de mínimas condiciones, muy similares a aquellas en que viven los delincuentes de esa comuna.
Aseveró que los funcionarios se sienten orgullosos de su oficio y de contribuir a garantizar a la ciudadanía la seguridad pública que significa mantener a 55.000 personas privadas de libertad, con una tasa de fuga del 0,6% administrando los escasos recursos de que dispone la institución. Sin embargo, este sentimiento se ve afectado por las acusaciones que se han formulado a través de los medios de comunicación, que provocan daño y deterioran la calidad del personal de Gendarmería haciéndolo propenso a incurrir en situaciones de corrupción.
En relación con los comentarios formulados a través de la prensa en cuanto a que algunos funcionarios de la guardia estaban ebrios la noche del incendio, aclaró que ese día se requisó un par de botellas de licor a dos funcionarios que estaban con permiso cuando iban ingresando al establecimiento penal, por lo que no se encuentra acreditado lo que se ha afirmado públicamente a través de los medios de comunicación, y en consecuencia la denuncia sobre el consumo de alcohol no está relacionada con la causa de la muerte de los 81 reos.
En cuanto a las razones por las cuales se producen este tipo de situaciones, comentó que generalmente se menciona el sistema de turnos y las condiciones remuneracionales del personal de Gendarmería, que impiden muchas veces que los funcionarios estén en sus domicilios, como corresponde. Este tema, sin embargo, ha sido abordado en los gobiernos anteriores. De allí que uno de los argumentos que se esgrimieron el año 2000, cuando se puso en marcha el sistema concesionado de cárceles, fue que éste evitaría que los funcionarios vivieran en las unidades penales.
Por otra parte, respecto de la probidad administrativa y los problemas de corrupción, sostuvo que la gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería realiza su trabajo con el mayor esmero, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestos continuamente en su labor. No obstante, en su condición de dirigente no puede defender a quienes se han involucrado en hechos de corrupción, sin perjuicio de reconocer que el personal de Gendarmería está particularmente en riesgo de sufrir este flagelo, en atención a la función que cumple.
En razón de lo señalado, sostuvo que debería haber políticas permanentes de educación, formación y fortalecimiento de la función penitenciaria.
d) Los turnos al interior de gendarmería. El caso de la cárcel de San Miguel
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Expresó que existe un plan de contingencia para siniestros, el cual se compone de tres sistemas: una guardia armada, una interna y una nocturna.
La guardia armada está compuesta por un oficial de guardia que trabaja en turnos de 24 por 24 horas y por jefes de relevo en turnos de 24 por 48 horas. Por otra parte, hay centinelas en número variable, de acuerdo a la disponibilidad de personal y trabajan en turnos de 72 por 24 horas promedio. La función de la guardia armada consiste en regular la seguridad periférica de la unidad y controlar el acceso de las personas al recinto penitenciario.
La guardia interna incluye un oficial por cada una de las crucetas, en la medida en que la dotación lo permita.
La guardia nocturna está compuesta por 4 ó 6 funcionarios, al mando de un oficial jefe nocturno y ejerce sus funciones en turnos de 24 por 24 horas desde las 17.00 horas hasta las 8.30 del día siguiente. La función de la guardia nocturna es mantener el orden y la seguridad una vez efectuado el encierro de la población penal, convirtiéndose en responsable del control de cualquier eventualidad que se detecte para tomar las medidas correspondientes.
2.- Coronel Jaime Concha Soto , Subdirector Operativo de Gendarmería
Indicó que la guardia de San Miguel está compuesta por dos sistemas de vigilancia: una guardia perimetral, que es la armada y que está compuesta por los centinelas que trabajan 3 ó 4 días y tienen uno de descanso. Cuando hacen referencia al personal disponible, están aludiendo a 6 ó 7 puestos que se cubren y la diferencia, que son tres relevos, corresponde a otras dotaciones que están descansando y disponibles para cualquier emergencia que se origine durante la noche. A ello hay que sumarle el personal que hace servicio nocturno, constituido por la guardia interna de los turnos y que ingresa a las 17.30 horas, una vez que se produce el encierro, y permanece hasta el otro día, a la hora en que se realiza el desencierro de la población penal.
Esa guardia nocturna está compuesta por 6 ó 4 hombres y un oficial, la cual hace un servicio de patrullaje por las cinco torres. No se puede ubicar a un gendarme en cada torre. No tendría ninguna efectividad preventiva ante la comisión de algún delito al interior del establecimiento. Entonces, se realiza un sistema de patrullaje al interior de la cárcel.
A ello se debe sumar el personal que está en la guardia propiamente tal y que comprende al oficial de guardia, que trabaja 24 horas, a los funcionarios que hacen función de jefe de relevo, que se encargan de hacer los cambios de turno en las diferentes garitas, los que cumplen cuatro horas de servicio y tienen ocho de descanso. Además, se debe considerar el personal que trabaja en los sistemas de cámaras de televisión las 24 horas.
Afirmó que el día de los hechos en la unidad de San Miguel había 31 funcionarios, los que estaban distribuidos de la siguiente manera: había seis puestos de vigilancia, con un régimen de cuatro horas de trabajo por ocho horas de descanso. Por tanto, al existir seis puestos de vigilancia, incluyendo los de la puerta principal y la reja túnel, se llega a 24 funcionarios en el servicio perimetral.
Añadió que se ha dicho que había 16 funcionarios del servicio perimetral, pero éste solamente tiene seis garitas, y esos son los puestos que se cubren por cuatro horas. Después de ese lapso se hace el relevo. Había un oficial de guardia y un servicio nocturno con un oficial y cuatro funcionarios, aparte del personal disponible de las garitas, que estaba descansando a la hora de los hechos, porque cada cuatro horas se realizan los relevos de los turnos.
El personal que participó en el procedimiento fueron 31 funcionarios, sin contar a los que hacen vida de cuartel y se hospedan en la unidad, pero sin estar de servicio, es decir, los que habitan en el establecimiento.
3.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios .
En cuanto a las extenuantes horas de trabajo que deben cumplir los funcionarios, señaló que cada cierto tiempo deben acuartelarse en los distintos recintos penitenciarios frente a una situación de crisis, lo que ha traído consigo el abuso por parte del Estado, ya que la figura del acuartelamiento pudo tener algún sentido en épocas pasadas, pero no en la actualidad, cuando las instituciones tienden a su modernización y al respeto de los derechos laborales de los trabajadores. En efecto, en estos casos, los gendarmes son convocados desde sus domicilios para presentarse en las respectivas unidades, lo que constituye un abuso y violación flagrante de sus derechos laborales.
Advirtió que el Estado debe asumir un mayor compromiso en esta materia y transparentar el abusivo sistema de turnos que lleva a los gendarmes a realizar un sinnúmero de horas de trabajo, sin que por ello reciba la contraprestación correspondiente.
Recordó que en 1997, el gobierno de la época dictó la ley N° 19.538, que estableció la asignación de turnos, como una forma de compensación por las extenuantes horas de trabajo de los funcionarios. Sin embargo, tras catorce años desde que se estableció dicha asignación, la situación no se ha revertido, pues los gendarmes continúan trabajando en las mismas condiciones que antes.
Los esfuerzos que realizan los funcionarios en un sistema carcelario, cuya crisis se acrecienta, no son recompensados. Por el contrario, lamentables políticas de los diferentes gobiernos han nivelado los sueldos hacia abajo, tal como ocurrió en 2003 con la dictación de la ley N° 19.851, cuerpo legal que, entre otros aspectos, disminuyó las remuneraciones de los funcionarios que ingresan a la institución, desde el grado 22 al grado 26, de modo que perciben alrededor de $ 100.000 menos. Con motivo de esta situación, el gremio realizó una movilización, en 2009, que duró 28 días, en la que demandaron el restablecimiento del grado 22 para los funcionarios más jóvenes, quienes deben cumplir la función penitenciaria propiamente tal, la que lamentablemente no consiguió su objetivo. A ello se agrega que ningún funcionario de Gendarmería tiene asignación de riesgo desde 1974, pese a las luchas que se han librado para recuperarla.
Explicó que el personal del Centro de Detención Preventiva de San Miguel está distribuido entre la zona perimetral, que corresponde a la guardia armada, y la zona interna, llamada guardia interna.
La guardia armada está compuesta, principalmente, por gendarmes de las últimas promociones, con muy poca experiencia profesional. La guardia interna, por su parte, está integrada por el personal más experimentado, que tiene trato directo con los reclusos. Esta última se divide en una guardia nocturna, compuesta por cuatro funcionarios, y la guardia diurna, que agrupa al máximo contingente, y trabaja dentro de las torres y en los patios con los reclusos. La diurna es responsable por el régimen interno de desayuno, las actividades de tratamiento, reinserción, las escuelas, las enfermerías, las salidas a tribunales, y, en general, todo el quehacer con la población penal, incluidas las situaciones de emergencia que se producen en el interior.
Hay un segundo contingente, que es responsable de la seguridad perimetral del recinto se divide en tres turnos, que corresponden a tres relevos de ocho gendarmes cada uno, alrededor de cuatro o cinco días. Cuando las condiciones son favorables, tienen 24 horas de descanso fuera del recinto. El resto de los días deben permanecer en la unidad trabajando periódicamente en estos turnos.
Hay un tercer grupo de uniformados que desempeñan labores administrativas en horario de oficina y están a cargo de la Oficina de Personal, de Rancho, de Administración, de Adquisiciones, de Secretaría, de Estadísticas y de Clasificación.
En relación con lo ocurrido en la cárcel de San Miguel, señaló que el personal de servicio nocturno no tiene herramientas y es insuficiente. No hay uno por torre. Hay cuatro, incluido el jefe nocturno; vale decir, tres funcionarios más un oficial.
A esa hora, en el perímetro de servicio, hay ocho funcionarios; siete en las garitas de vigilancia apostadas en el muro de circunvalación y el octavo en la puerta principal, más una oficial de guardia y un jefe de relevos.
Es decir, hay 11 personas de servicio despiertos en el perímetro del recinto y cuatro en el interior. Ése es el total de personal en servicio activo, presto y dispuesto a enfrentar cualquier contingencia.
Hay 16 gendarmes que están en sus dormitorios descansando y el segundo relevo está trabajando de cuatro a ocho de la mañana, cuando ocurre el siniestro.
Preguntó qué habría ocurrido si los siete gendarmes que estaban en las garitas hubieran dejado sus puestos para ir al incendio. Ellos no pueden abandonar sus puestos. El que lo abandonó, porque la teniente lo ordenó, fue el de la puerta principal.
Gendarmería a las 5.40 de la madrugada en San Miguel contaba con un gendarme en la puerta principal y los cuatro de servicio nocturno. El resto no puede abandonar sus puestos. Por tanto, se debe despertar a los que están descansando.
En relación con la responsabilidad que le cabe al personal de Gendarmería en los hechos que se investigan, hizo hincapié en que deben considerarse las condiciones de trabajo y, principalmente, que sólo cuatro funcionarios hayan estado a cargo de la guardia la noche del incendio para vigilar a alrededor de 2.000 reos, sin perjuicio de los demás gendarmes que se encontraban en la unidad penal por distintas razones: por el sistema de turnos que realizan, especialmente los funcionarios centinelas de garitas, que los obliga a estar cinco, seis, siete u ocho días al interior del establecimiento penal, en espera de que se produzca la franquía del día libre correspondiente, y los que pernoctan en las cárceles, modalidad a la que vulgarmente se le denomina hacer vida de cuartel. Esta última situación se produce, entre otras razones, porque algunos funcionarios, debido a su baja remuneración, no pueden comprar o arrendar una vivienda, o están lejos de sus familias, circunstancia que les impide acercarse continuamente a su lugar de origen.
Aclaró que la guardia nocturna está directamente en contacto con la población penal y que la guardia armada tiene que velar por la seguridad de todo el establecimiento. Esta última tiene apostado un funcionario en la puerta principal para evitar atentados que provengan del exterior del establecimiento, razón por la cual no está en condiciones de asumir la responsabilidad de las situaciones que ocurren al interior del recinto penitenciario. Esta última función compete a la guardia nocturna.
4.- Juan Alarcón Arce , Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog)
La guardia interna nocturna estaba constituida por 3 funcionarios más 1 oficial jefe. Total: 4 funcionarios.
La guardia armada o perimetral estaba integrada por 8 funcionarios por relevo, trabajando en turnos de 4 horas, más una sala de control de cámaras, más el oficial de guardia y jefe de relevos. Total: 11 funcionarios.
Los funcionarios de servicio ese día eran 15. Los salientes de guardia o que estaban descansando eran 16 funcionarios más un conductor y un armero. Todo ese personal estaba durmiendo, pues ya habían concluido sus respectivos servicios.
Expresó que en muchas ocasiones los funcionarios trabajan 5, 6 o más días en situación de encierro, sin las condiciones adecuadas, lo que genera muchos problemas.
En múltiples ocasiones el personal que trabaja en los turnos de las guardias perimetrales llegan a trabajar hasta 17 días, 20 horas diarias. Al décimo día el cuerpo no se siente, al decimoquinto día ya no se reconoce el calendario, al día 16 ya no reconoce las horas del reloj, al día 17 se empieza a perder la noción tiempo-espacio.
Explicó que los turnos se encuentran organizados en relevos de cuatro horas por cuatro horas de servicio, pero ello no se cumple en la práctica.
Tales turnos corresponden entre 5 y 17 días de trabajo continuos, dependiendo de la unidad penal donde se desempeñe el funcionario. Eso quiere decir que, muchas veces, con los servicios extras que hay que cumplir, debido a las visitas de los familiares de los reos, al control de la población penal, a las salidas a los tribunales y a los hospitales y las comisiones a cementerios, el tiempo de descanso se reduce prácticamente a cuatro o seis horas diarias, como máximo, es decir, se sigue en la misma lógica de 18 a 20 horas diarias de trabajo para el personal que está en las unidades penales.
Si el gendarme tiene una hora de descanso, la dedica a dormir, porque no hay un esquema que le asegure que tendrá cinco horas para que descanse completamente. Eso no ocurre, porque, en cualquier momento, por cualquier situación, se acude al personal que está disponible.
5.- Boris Henríquez Monsálvez , Secretario Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP
Aquella noche en San Miguel la guardia y la responsabilidad recaía en cuatro funcionarios, porque ellos eran quienes cumplían funciones esa noche. Estaban designados por pauta y por la autoridad para controlar la población penal; tres guardias nocturnos y un oficial.
También hay un conjunto de funcionarios que pernocta, que vive en la cárcel, que hace vida de cuartel. Son alrededor de 30 funcionarios que trabajan en el sistema de turnos. Ese sistema, como es tan arcaico, obliga a los funcionarios a vivir en la cárcel, porque se van relevando cada 4 y 8 horas, que es la forma en que asumen los turnos de guardia, por 5, 6 ó 10 días continuos.
En consecuencia, no se puede exigir al funcionario que está 20 días trabajando continuamente en ese sistema arcaico de turnos de 4 por 4 y de 4 por 8 a que tenga una conducta normal, o que prácticamente no viva su vida.
CAPÍTULO VII.
REINSERCIÓN Y REHABILITACIÓN
1.- Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia
Informó que se han potenciado los hasta ahora subutilizados Centros de Educación y Trabajo, CET, que constituyen herramientas de rehabilitación y reinserción. Al 25 de octubre de 2011, deberían estar ocupadas las 733 plazas existentes en estos Centros, ya que a diciembre de 2010, sólo había 594 plazas ocupadas. Añadió que se contempla el diseño de las bases de licitación para suscribir en el año 2011 convenios entre empresas del sector privado y los CET, a la vez que se pretende introducir modificaciones reglamentarias para garantizar la entrega de remuneraciones a los internos por su trabajo, además de libretas de ahorro, dineros de libre disposición, seguros de accidentes laborales y permitir el uso de excedentes para fines de reinserción.
En lo concerniente al funcionamiento de los Centros de Educación y Trabajo y a su idoneidad para rehabilitar a los condenados, de modo de evitar la reincidencia y facilitar la reinserción social, sostuvo que estas instancias son muy valiosas para conseguir el propósito indicado. Señaló que la persona que ha trabajado en una empresa privada instalada en un CET tiene grandes perspectivas de ser contratada una vez que egrese del penal, porque hay una relación de confianza gestada durante el cumplimiento de la condena. No obstante, se requiere comprometer, en forma prioritaria y en virtud de un pacto social, a los sectores público y privado para dar posibilidades de reinserción a las personas una vez cumplidas sus condenas, ya que actualmente hay reticencia para contratarlas, pese a haber sido capacitadas, lo que dificulta que puedan ganarse la vida en forma honesta.
Indicó que anualmente, egresan 20.000 personas, pero a la vez ingresa un número similar.
2.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Señaló que a partir del año 2006 la Dirección de Presupuestos separó transferencias asignadas a cinco programas de reinserción.
El año 2008, la Ley de Presupuestos otorgó 3.700 millones de pesos al Programa 02, agregando un sexto programa, denominado Ampliación Progresiva de la Cobertura de Prestaciones de Reinserción Social para las Personas Privadas de Libertad.
El año 2010, el presupuesto asignado a Gendarmería permitió la ejecución de 8 programas de reinserción, a los que se agregó el programa de tratamiento para hombres que ejercen violencia contra su pareja en el contexto intrafamiliar. Por su parte, el presupuesto para 2011 es de 7.479 millones de pesos.
En el período 2006-2010, el incremento de recursos del Programa 02 benefició al programa Centro de Educación y Trabajo (CET), Hoy es mi Tiempo, de reinserción social de reos con medidas alternativas, como también a la creación e implementación del programa de subsidio a la contratación, de 2009, al programa de inclusión progresiva de la cobertura y prestaciones de reinserción social para personas privadas de libertad, de 2008, al programa de subsidio a la contratación de personas que han cumplido condenas, de 2009, y a un programa de tratamiento para hombres que ejercen violencia contra su pareja en un contexto intrafamiliar.
Con respecto a la actividad laboral penitenciaria, informó que 16.470 personas condenadas, en promedio, trabajan en las cárceles. Existen 20 centros de educación y trabajo que disponen de 733 plazas de atención.
Estimó que hay una subutilización de las áreas de producción. Citó como ejemplo el CET de Vilcún, con más de 1.020 hectáreas, tiene cuatro fuentes productivas que se podrían duplicar si se incorporara al sector privado en el desarrollo de esos centros.
Informó que hay 598 internos contratados por empresas privadas. Además, 1.288 trabajan en modalidades vinculadas a empresarios privados, en prestación de servicios.
Añadió que para potenciar la acción de rehabilitación y de reinserción, están abocados a fortalecer los consejos técnicos. Se debe revisar su composición, sus facultades y sus roles, para avanzar en esa materia desde el punto de vista administrativo y de la cobertura.
Informó que se fortalecerá el ingreso al subsistema semiabierto, conformado por los centros de educación y trabajo. Lamentablemente, los CET semiabiertos sólo son 20, a nivel nacional, y están subutilizados, pues es posible tener más internos en ellos y aumentar las fuentes de producción, para lo cual se requiere el consentimiento transversal de la sociedad, en el sentido de incorporar actores privados y públicos en esta política de rehabilitación y de reinserción.
Por otra parte, señaló que la ley N° 18.216 establece medidas alternativas a la reclusión y se aplica en Chile a partir de 1983. Dicha ley contempla cuatro medidas: Remisión condicional, reclusión nocturna, libertad vigilada.
Indicó que en promedio un delegado de libertad vigilada debería estar a cargo de treinta condenados, pero nuestra realidad señala que existe un delegado por cada 57 ó 60 condenados -de modo que no se cumple con el objetivo de la libertad vigilada propiamente tal o de libertad monitoreada-, el que debe preocuparse, principalmente, de la reinserción laboral.
Hoy se atiende a 11.692 personas en libertad vigilada del adulto, a 34.833 personas con remisión condicional de la pena y a 5.712 personas en reclusión nocturna.
Esas tres medidas tienen como finalidad el control y la reinserción, pero pareciera ser que hay un “flanco” de impunidad e incumplimiento de las penas, debido a la incapacidad de controlar y monitorear permanentemente su ejecución.
Hay programas de reinserción laboral desde 1993, programas de salud mental y un centro de tratamiento de adicciones e intervención para hombres que ejercen violencia contra sus parejas mujeres, desde diciembre de 2009 a la fecha. El programa está instalado en los Centros de Reinserción Social de Antofagasta, Copiapó , Valparaíso , Santiago y Concepción y tiene una cobertura de treinta plazas por cada proyecto.
Además existe un programa de intervención psicosocial y laboral para jefas de hogar y un programa de intervención diferenciada a ofensores sexuales, con objetivos específicos en cada uno de ellos.
Consultado sobre los beneficios intrapenitenciarios, indicó que éstos se encuentran especificados en el reglamento de establecimientos penitenciarios. Entre tales beneficios se contemplan la salida dominical controlada y medio libre. El consejo técnico es el organismo colegiado que asesora al jefe de establecimiento, el que debe pronunciarse sobre la pertinencia o no de dichos permisos.
3.- Gabriel Pérez Benavides , Vicepresidente de la Asociación Nacional de Directivos Profesionales y Técnicos, Adiptgen.
Indicó que se ha registrado un descenso drástico en el número de los beneficiarios a la libertad condicional, como consecuencia del desconocimiento de la legitimidad y de las propuestas de los equipos profesionales informantes, que nada pueden hacer frente a las decisiones políticas de los secretarios regionales ministeriales de Justicia.
En el último proceso de libertad condicional -con excepción de las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Concepción y Los Lagos- se presentaron un total de 2.578 postulaciones a la libertad condicional, con sólo 133 beneficios aprobados. Es decir, casi el 5 por ciento fueron beneficiados con libertad condicional.
Afirmó que la marginal utilización de los Centros de Educación y Trabajo, CET, deja una vez más en evidencia que existen ofertas de preparación de los condenados para el medio libre, pero no ha habido voluntad política para adoptar medidas tal vez impopulares, pero muy necesarias, para atender de manera diversa a la población de condenados.
La subutilización de la libertad vigilada del adulto es una medida que destaca por su abandono e insuficiente dotación de recursos humanos y tecnológicos, lo que conspira con su esencia de focalizarse en el tratamiento y la reinserción social. Repercute en su quehacer la frecuente distracción de los escasos recursos disponibles a otras exigencias institucionales.
En la Región Metropolitana se atiende a 4.960 penados en libertad vigilada, con 90 delegados, los cuales no son en su totalidad delegados operativos, puesto que también cumplen funciones administrativas en jefaturas o en áreas técnicas, lo que debilita el quehacer de esa medida.
Debiera cumplirse con la exigencia de un delegado por cada treinta penados, la que hace muchos años se incumple, pues hoy existe un promedio nacional de 55 penados por delegado.
Por otra parte, en la reclusión nocturna se puede constatar la inexistencia de plazas necesarias para su buen cumplimiento, así como ausencia de recintos apropiados.
En remisión condicional de la pena, se evidencia pobreza programática y abandono de recursos coadyuvantes para la reinserción.
A su vez, se puede constatar la inexistencia de un control jurisdiccional. Debería repensarse la inclusión de un juez de ejecución penal capaz de velar y evaluar el cumplimiento apropiado y efectivo de las penas.
Del mismo modo, no se ha desarrollado una perspectiva intersectorial en la gestión del sistema penitenciario. La reinserción social, en la fase de cumplimiento, o con posterioridad a ella, requiere de un sólido componente de apoyo de redes intersectoriales, lo que hoy no se plasma, dada la débil prioridad que se le otorga a nivel institucional a esa perspectiva, y la baja significación que se le otorga a este tipo de población de parte de otras políticas sectoriales y locales.
Los programas tendientes al tratamiento de la población han sido inorgánicos y con un crecimiento extremadamente reducido. Sus efectos en el subsistema cerrado se aprecian en una población recluida, caracterizada por la improductividad, en que un alto número de personas egresa sin haber participado con provecho de programas de rehabilitación o reinserción y sin el desarrollo de recursos personales para afrontar los desafíos cada vez más exigentes de la vida en libertad.
En la Región Metropolitana existen 21.524 personas recluidas cumpliendo condenas, y coexisten, para incidir en labores de tratamiento de reinserción, 163 profesionales. La relación es de 1 a 276 en asistentes sociales; de 1 a 391 en sicólogos, y de 1 a 717 en terapeutas ocupacionales.
Lograr algún tipo de transformación o preparación para el medio abierto o para la vida en libertad, con esa cantidad de profesionales resulta irrisorio.
La experiencia comparada ha identificado como crítica la salida de la cárcel y el retorno a la comunidad. Por lo tanto, se requiere con urgencia un esfuerzo intersectorial y de cooperación público privada para revertir en parte lo precario de la lógica postpenitenciaria de la actual institucionalidad.
Existe un órgano institucional, llamado Patronatos Locales de Reos, que trabaja con población que ha salido de la fase de cumplimiento de penas y se encuentra en la fase de reinserción a la sociedad. Estos patronatos no tienen incidencia en todas las localidades del país.
Destacó el trabajo del patronato local de reos de Concepción, que ha propiciado un trabajo que va más allá de la incidencia del propio patronato, que termina cuando el penado cumple su tiempo de condena. Luego, se entra una fase oscura, pues se ignora lo que ocurrirá con ese sujeto una vez que haya salido de la atención postpenitenciaria.
Se ha hecho un convenio para que, a través de trabajo intersectorial, se continúe con el tratamiento y colaboración de órganos públicos y privados para procurar que esas personas tengan una exitosa reinserción social.
4.- Alberto Precht Rorris, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana
Afirmó que en general, son destacables la buena disposición del personal de Gendarmería y las positivas medidas que han tomado localmente los gobiernos regionales, como los Centros de Educación y Trabajo (CET), particularmente los de Osorno y Antofagasta.
Por ejemplo, informó que en el penal de Castro se implementó una sala de ventas de productos donde los internos llegaron a vender hasta un millón 300 mil pesos de sus bienes en la temporada de verano. En consecuencia, si se logra difundir mejor entre el ambiente judicial y administrativo estas buenas prácticas, se pueden mejorar las condiciones de rehabilitación.
Además, propuso potenciar los talleres que se desarrollan por parte de los reclusos al interior de los recintos. Solamente hay autogestión, incluso, del gendarme que cuida el módulo, lo cual debería ser estandarizado.
El sistema concesionado se concibe como un sistema muy rígido. Estimó que se debe ir más allá del cumplimiento formal de los contratos de cárceles concesionadas. Muchas veces, un interno condenado a largas penas puede pasar tres, cuatro o, incluso, cinco veces por un mismo taller, por ejemplo, de Desarrollo Personal.
Preguntó qué herramientas proporcionará al interno pasar cinco veces por el mismo taller? En las próximas concesiones los contratos deben tener flexibilidad.
Hizo presente que en los informes particulares constataron situaciones que rayan en lo irrisorio o ridículo, como, por ejemplo, tener penales con 11 horas de pediatra para un solo menor y no tener siquiatras cuando realmente se necesitan. Ello sucede porque el contrato con la concesionaria contempla que debe haber 11 horas de pediatría.
El modelo de cárceles concesionado va a imperar y, quizás, crecer en los próximos años. Éste significa un gran avance en cuanto a infraestructura y seguridad de los internos, pero los espacios en los patios interiores, en términos de ser diferenciados a través del compromiso delictual, aún no están delimitados. Todos los internos tienen el mismo trato.
El avance en materia de infraestructura no presenta correlato respecto de la implementación exitosa de actividades de reinserción. En los recintos visitados de carácter concesionado, con excepción del de Rancagua y el de Puerto Montt, en los que ya se ha avanzado sobre ello, se podían hallar grandes galpones que estaban en completo desuso. Ello se debe a que, por ejemplo, en algunos contratos de concesión se incluyó la construcción de módulos para la instalación de industrias, pero no se consideró una entrada para camiones, por lo cual ninguna industria se interesó en instalarse allí, ya que no podrían sacar los productos que se fabriquen dentro.
5.- Oscar Benavides Millapán , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile
El modelo de tratamiento penitenciario está orientado a focalizar el tratamiento de las duplas psicosociales, de los esfuerzos educativos y de trabajo en los internos que están a punto de cumplir el tiempo mínimo requerido para la obtención de un beneficio intrapenitenciario, como la libertad condicional, la salida dominical y las salidas esporádicas de fin de semana. Sin embargo, pese a que la ley orgánica de Gendarmería de Chile establece que la misión institucional consiste en atender, custodiar, vigilar y contribuir a la reinserción de todas las personas privadas de libertad, hay un alto porcentaje de internos que no recibe estos beneficios aún cuando cumple los requisitos para ello.
En el sistema cerrado, representado por las cárceles custodiadas por gendarmes y que cuentan con sistemas de murallas y de seguridad, se concentra más del 98 % de los internos recluidos. Por su parte, el sistema semiabierto congrega a menos de 600 reos. Esto refleja, en alguna medida, lo que quiere la sociedad, la cual es castigadora, motivo por el cual el trabajo de Gendarmería se enmarca en la función de mantener la seguridad.
Hizo presente que en 2002, se concedían 1.800 libertades condicionales en el sistema a nivel nacional, pero en 2011 no ascienden a más de 400, lo que indica que aquél no tiene por objeto generar oportunidades. A su juicio, hubiese sido más grave para la opinión pública que las víctimas del incendio de San Miguel hubiesen fallecido luego de haberse fugado, porque ello habría significado que los gendarmes no cumplieron su misión.
Afirmó que el sistema de tratamiento penitenciario requiere de un cambio profundo, porque en la actualidad la educación, el trabajo y las oportunidades simplemente han sido instrumentalizados por los internos, con el propósito de obtener un beneficio y el sistema no está orientado a la rehabilitación.
De cada 10 reos que egresan de un establecimiento penitenciario, 8 reinciden. Sin embargo, si éste contara con un CET, como el que existe en el sistema semi abierto, sólo dos reincidirían y los ocho restantes serían reinsertados en la sociedad.
Destacó la importancia de modificar el sistema de tratamiento penitenciario y de crear conciencia de que el actualmente concebido sólo contribuye a multiplicar la cantidad de internos recluidos. En efecto, el 80% de los internos corresponde a reincidentes que pasaron por el sistema penitenciario y no tuvieron oportunidades de reinserción.
Añadió que Flacso y Paz Ciudadana cuentan con datos muy decidores respecto del efectivo trabajo que se realiza en los CET. A su juicio, el nuevo modelo de tratamiento penitenciario debería contemplar que el proceso de egreso de los internos de las cárceles se realice a través de un CET, donde se focalicen los esfuerzos rehabilitadores.
Actualmente, los internos “hacen conducta”, lo que se traduce, por ejemplo, en realizar ciertas tareas domésticas, como barrer o asistir al colegio, sin importar que por las noches tenga un mal comportamiento. En consecuencia, el sistema es muy básico y no está orientado a la posibilidad de generar oportunidades de calidad.
Indicó que puede haber gendarmes que cumplan con tareas vinculadas a la seguridad y otros, dedicados a la rehabilitación. Esta fórmula parece ser más barata que construir cárceles- la edificación de una cuesta alrededor de 50 ó 60 millones de dólares-, porque los CET generan recursos propios y, en algunos casos, tienden a la autonomía económica. Así, por ejemplo, en el de Vilcún, que ocupa 1.000 hectáreas, los internos perciben remuneraciones de $ 140.000 mensuales por su trabajo, mientras que en el de Concepción, los internos trabajan en un terreno de 60 hectáreas. En esa ciudad, 36 internos se acaban de titular, como técnicos en construcción, en la Universidad Católica, a través de un plan propuesto por la Anfup. Todas estas iniciativas, sin embargo, podrían impulsarse por el Director Nacional de Gendarmería mediante una simple resolución, ya que sólo debe elaborar y adecuar la actual reglamentación de los procedimientos.
Según estudios realizados por la Universidad de Concepción, el nivel de reincidencia en un CET es del 20%, porcentaje bajísimo si se lo compara con el de la cárcel El Manzano, que bordea el 75%.
Por otra parte, aclaró que los CET no son empresas y que su finalidad no debe ser la producción de dinero, sino que la generación de oportunidades de calidad para aquellos que se quieran rehabilitar.
Destacó que el 25 % de los internos son primerizos que, eventualmente, podrían acceder a los beneficios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), sin que ello involucre riesgos para la sociedad, lo cual se traduciría en disminuir la cantidad de población penal en las cárceles más complicadas. De este modo, la rehabilitación parece ser la solución real a la reincidencia carcelaria y al hacinamiento.
6.- Javiera Blanco Suárez , Directora Ejecutiva Fundación Paz Ciudadana
Afirmó que las medidas alternativas han aumentado, lo cual revela que el impacto mayoritario ha sido ocasionado por la reforma procesal penal, que ha generado más condenas en encierro y en libertad.
Dicha reforma ha cumplido con lo que se pretendía con ella, esto es, más eficiencia y la generación de más condenas en menos tiempo. El problema radica en que no se mejoró el sistema de cumplimiento de penas, que recibió un impacto que no supo manejar y trajo como consecuencia los niveles de hacinamiento y de reincidencia.
-Subutilización del sistema abierto:
Número de condenados
País
Sistema Cerrado
Sistema Abierto
Chile
51.495
53.726
España
73.800
185.400
Estados Unidos
2.292.000
4.200.000
Reino Unido
83.000
190.000
En otros países, la mayor parte de los condenados cumple penas en libertad. En España, por ejemplo, menos de la mitad está en el sistema cerrado y lo mismo puede afirmarse respecto de Estados Unidos, pese a que es el país más represivo del mundo, por tener a más de 2.000.000 de personas en encierro. Sin embargo, en términos comparativos de distribución de los condenados, Chile está en peores condiciones, pues la mitad está en el sistema cerrado y la otra mitad, en el abierto.
Ello exige generar un sistema de cumplimiento de penas en libertad eficiente y que asegure un control. Actualmente, el problema radica en que la única alternativa que se le presenta al juez, para efectos de garantizar un cumplimiento efectivo, es el encierro, ya que el sistema de medidas alternativas ha quedado muy desfasado de las exigencias que se requieren para la aplicación de las mismas. Tanto en el caso de la remisión condicional como en el de la reclusión nocturna, los condenados deben, en definitiva, concurrir a los establecimientos penitenciarios a firmar, en el primer caso, o a dormir, en el segundo, porque no hay recintos especialmente habilitados, lo cual implica un costo administrativo que tiene que asumir Gendarmería para habilitar espacios para estos fines y destinar horas hombre-gendarme a estas funciones, a lo cual se agrega el contagio criminógeno asociado.
La remisión condicional es la medida alternativa más usada, seguida por la libertad vigilada. El promedio de personas condenadas que está a cargo de cada delegado es de sesenta, en circunstancias que la norma técnica exige no más de treinta, lo que revela una clara insuficiencia del sistema.
La labor que debería cumplir un delegado se relaciona con la posibilidad de generar una respuesta eficiente en reinserción en términos de reescolarización, de superación de adicciones, de colocación laboral, lo cual dista mucho de las herramientas y de las posibilidades con que cuenta hoy, sin perjuicio de otras limitaciones a las que se ve enfrentado, por falta de redes, ya que la oferta social, aún escasa, privilegia a personas que nunca han delinquido. Por lo tanto, en todos los espacios donde pueden insertarse, quedan, en definitiva, rezagados, lo que constituye un contrasentido si se considera que, por una parte, se sanciona la reincidencia, pero, por otra, son escasas las posibilidades que se brindan a quien desea reinsertarse en la sociedad, para que no vuelva a delinquir. La probabilidad de reincidir en el delito es cinco, seis o hasta diez veces mayor durante el primer mes de egreso del sistema penitenciario, de modo que si durante este término no está trabajando o no ha escapado de las adicciones -lo que es altamente posible-, es muy probable que vuelva a delinquir. En otros países, conocedores de esta realidad, se pone en actividad laboral a la persona de manera inmediata, durante ese primer mes, con fondos federales o estatales.
En relación con los Centros de Estudio y Trabajo, señaló que si bien hay pocos cupos, su capacidad ociosa es bastante alta. Esto es, de 700 cupos, sólo el 60% corresponde a plazas ocupadas y el restante 40%, a plazas libres. Es difícil medir la reincidencia en dichos centros, debido a un problema estadístico en las bases de datos de Gendarmería, el cual es reconocido por esta institución, sin que hasta la fecha haya sido superada.
Para efectuar el estudio de reincidencia, se realizó un arduo trabajo tratando de unificar dichas bases de datos, que no convergen entre sí. Esto revela un problema en la forma de registrar las estadísticas, que impide tener información sobre el tema. Así como se sabe anualmente cómo evoluciona la cantidad de recluidos, la tasa de reincidencia también debería constar en una estadística anual.
Si bien los Centros de Educación y Trabajo tienen mejores condiciones resocializadoras que otros espacios donde hay mayor hacinamiento, muchas veces carecen de cupos para fines de reinserción en materia educativa o laboral, a la vez que presentan una serie de falencias, como las regulaciones laborales.
Tales Centros están regidos por circulares internas de Gendarmería, que se pueden modificar en cualquier minuto, las que se refieren, entre otras materias, a las contraprestaciones económicas. Por lo general, quienes ingresan a estos lugares tienen perfiles de peligrosidad muy bajos, porque se produce una selección natural, prefiriéndose a aquéllos que de por sí están llamados a tener una resiliencia mayor. Por lo tanto, es difícil medir el impacto que tiene para estas personas haber ingresado a estos Centros, ya que, seguramente, aún en el evento de que no lo hubieran hecho, habrían tenido reincidencias menores.
Hay falencias en relación con el tipo de enfoque que se da al trabajo que se ofrece a los internos en las cárceles, ya que aquél se vincula al desarrollo de habilidades muy blandas. En efecto, muchos de los infractores se desempeñan en panadería, y la mayor parte de ellos, en mueblería y mimbre, oficios que se desconoce si pueden continuar realizando una vez que salgan de la cárcel.
Hoy, la tendencia universal es a generar habilidades sociales y laborales al interior de los recintos penitenciarios, de modo que un recluso esté capacitado para elaborar un currículum, enfrentar una entrevista, entender lo que significa el cumplimiento de una jornada laboral, independientemente de su oficio, para lo cual resulta trascendente la vinculación con el mundo privado.
Recalcó que los Centros de Educación y Trabajo representan una instancia laboral útil.
La posibilidad de que privados se instalen al interior de las cárceles también resulta atractiva, pero se presentan problemas de falta de espacio y de demora en el ingreso y la revisión, lo que encarece el proceso productivo. La Fundación organizó una mesa de empresarios vinculados a la inserción laboral de reclusos y resultó sorprendente la cantidad de interesados. El problema radica en que muchas veces los desincentivos para mantenerse con ese interés son altos.
Así, por ejemplo, don Eduardo Simonsohn , gerente de la empresa Favima , contrata a personas que están cumpliendo penas en libertad, o que han accedido a beneficios intrapenitenciarios, con fines exclusivamente altruistas , y ha tenido una muy buena experiencia, salvo en lo que dice relación con su vinculación con Gendarmería. En una oportunidad contrató a una persona con salida controlada al medio libre, y debido a su excelente desempeño, le ofreció el turno nocturno, el que implicaba una contraprestación pecuniaria más alta. Sin embargo, su oferta se vio enfrentada a las siguientes limitaciones: las personas que tienen salidas controladas al medio libre no disponen de dinero ni se les proporciona almuerzo durante el día. Por otra parte, a pesar de haber sido catalogado por el empresario como el trabajador más productivo de la empresa, en su desempeño en el turno nocturno, fue objeto de un control de identidad, determinándose que había generado un quebrantamiento de condena, ya que la salida controlada implicaba dormir en la cárcel. Como consecuencia de ello, fue recluido y se perdió todo lo ganado en el tema de rehabilitación durante un año completo, sólo porque nadie informó a la empresa que la persona contratada tenía que cumplir con reclusión nocturna y no podía, por tanto, haber tomado el turno nocturno.
La Iglesia Evangélica se destaca en esta materia, ya que cuenta con dos fundaciones destinadas a entregar cupos laborales a personas que han cumplido penas privativas de libertad. Es necesario que exista una legislación clara en los que respecta al trabajo de los internos y contemplar iniciativas de fomento y de incentivo tributario y económico para el empresariado privado, que permita a este sector acceder a una población penal mayor, toda vez que en la actualidad sólo el 2% de los internos acceden a puestos de trabajo.
Ser eficiente en materia de rehabilitación implica, inevitablemente, separar la vigilancia de los internos de la reinserción. Los programas que tienen más impacto en términos de disminución de reincidencia son los menos frecuentes en nuestro país. En general, los programas educativos tienen un efecto un poco menor que los laborales y los de tratamiento de adicciones y sicológicos, que son aún más escasos.
Muchas de las personas que hoy cumplen penas privativas de libertad, como consecuencia del consumo abusivo de alcohol o sustancias sicotrópicas tienen trastornos siquiátricos no menores y requieren atención de este tipo como parte de su rehabilitación.
En general, cuando se habla de diseñar una institucionalidad eficiente y efectiva en términos de rehabilitación y reinserción, el impacto es de más de 20 puntos porcentuales de disminución de reincidencia, esto es la tasa actual del 60%, podría reducirse a menos del 40%.
Por último, sostuvo que resulta preocupante que los montos aprobados recientemente por el Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos, para fines de rehabilitación, sean menores que los que se asignaron en los años anteriores, en circunstancias de que, obviamente, este ítem debería ser priorizado.
CAPÍTULO VIII
LA ALIMENTACIÓN AL INTERIOR DE LOS PENALES Y EL USO
DE BALONES DE GAS
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Consultado si existe regulación del uso de balones de gas al interior de los penales, respondió que el decreto supremo N° 518, de 22 de mayo de 1998 permite el uso de éstos al establecer la posibilidad de que los internos mantengan bienes o especies para su uso personal. El artículo 47 de ese decreto supremo señala que los internos tendrán derecho a que la administración les proporcione una alimentación supervigilada por un especialista en nutrición, médico o paramédico, y que corresponda en calidad y cantidad a las normas mínimas dietéticas y de higiene. Sin perjuicio de lo anterior, los internos podrán adquirir en los economatos que funcionan en los establecimientos penitenciarios, bienes o especies para su consumo o uso personal. En ningún caso el servicio de economato tendrá fines de lucro.
Respecto a la venta de balones de gas en San Miguel indicó que existe una autorización del jefe de la unidad penal. El 2 de julio de 2010 el encargado del economato, el vigilante segundo Ozuel Franco Franco , comunica al jefe de la unidad lo siguiente: “Debido a la inquietud del personal, nos hemos dado cuenta de que este economato cuenta con un giro específico que autoriza la venta de gas licuado. Por lo anteriormente expuesto, solicito instrucciones sobre la continuidad de la venta de ese producto, la que ha sido ordenada por la jefatura de esa unidad, ya que esta administración del economato se recibió con vales de carga de gas y cilindros llenos que se encontraban almacenados en la bodega para posterior venta”. El jefe administrativo, a mano escrita, dispone: Autorízase la venta y realícense los trámites para la ampliación del giro por medidas de seguridad.
Declaró que a los internos no les satisface el rancho fiscal, a excepción de lo que ocurre en las cárceles concesionadas. Entonces, ellos deciden preparar sus propios alimentos. Por ello, se les permite utilizar balones de gas y preparan té o mate a las 3 ó 4 de la mañana y comidas que, a través de encomiendas, son llevadas a las unidades penales por sus familiares o amigos.
Después del anterior incendio de San Miguel, ocurrido en el año 2000, la autoridad de la época anunció que se prohibirían los balones de gas al interior de recintos penales. Sin embargo, frente a esa realidad dura y permanente, fue imposible llevar a cabo esa decisión. Se debió dar un paso atrás, lo que finalmente redundó en impedir el uso del kerosén al interior de los penales y permitir los balones de gas.
Indicó que junto con el subdirector evaluaron la posibilidad de retirar los balones, al menos en las noches, pero no fue posible ejecutar esa medida.
Añadió que en San Miguel los cilindros de gas tienen una doble función: preparar alimentos para los internos y como medio de calefacción.
El fisco gasta alrededor de 890 pesos para ración diaria de los internos. Informó que se aumentó esa cifra a unos 920 pesos aproximadamente.
Sin embargo, si se hiciera el ejercicio de equiparar ese monto de ración fiscal diaria por interno, a lo que se entrega en las cárceles concesionadas, en donde no se usan cocinillas ni balones de gas, se debería subir a un promedio de 1.455 pesos por ración diaria.
Teniendo una proyección de una tasa de crecimiento de 8 por ciento en la población penal que pernocta en las unidades penales y que no está en las cárceles concesionadas, el universo sería de 45.269 internos.
Destacó que se trata de tres raciones diarias, siguiendo una guía alimenticia que asegure aproximadamente 2.100 kilocalorías diarias en tres comidas. Hizo presente que se requiere financiar 16.523.334 raciones al año.
Con el presupuesto ya incrementado para 2011 en materia de alimentación, que corresponde a 15.248 millones de pesos, no alcanza para cubrir las raciones antes mencionadas.
Para poder cubrir las más de 16 millones de raciones se necesitan 22.572 millones de pesos. Por tanto, existe un déficit de 7 mil millones de pesos. A vía de ejemplo, mencionó que el plan de mejoramiento de las 11 medidas, que incluyen la licitación de 13 equipos inhibidores de celular, cuesta 6 mil millones de pesos.
Reiteró que con 7 mil millones de pesos podrían entregar alimentación adecuada a los internos, lo que permitiría el retiro de los balones de gas, en la medida que además se resuelvan otros dos aspectos: calefacción en las distintas unidades penales y la existencia de comedores.
Mientras, se sigue permitiendo el uso del balón de gas al interior del recinto penal, porque la ración fiscal no es suficiente para satisfacer las demandas o las necesidades alimentarias de la población penal.
Recordó que cuando ocurrió el incendio en Iquique y el anterior de San Miguel, se hizo el ejercicio de utilizar cocinillas eléctricas.
Se contactó en esa época con la empresa Fabrestel para que diseñe una cocinilla que respondiera a los requerimientos de Gendarmería de Chile, considerando que serían utilizadas por los internos en los penales. Es una cocinilla con un concepto antivandálico.
Una vez terminada la etapa de diseño y prueba de funcionamiento, el costo asociado para la confección de 148 cocinillas fue de 84.426 pesos más IVA, la de tres platos, y de 77.560 más IVA, la de dos platos. Se compraron algunas el segundo semestre de 2002 y fueron enviadas a Iquique, Antofagasta, San Antonio, Los Andes , Rengo , Santa Cruz y Buin.
Paralelamente, se iniciaron modificaciones al sistema eléctrico de la unidad penal con el objeto de aumentar la capacidad y dar respuesta a este nuevo requerimiento eléctrico. Así, en el CCP de Rengo el empalme existente de 40 kilowatts se debió aumentar a 100 kilowatts con un costo de la época de 1.443.864 pesos y una inversión de 11.825.371 pesos para las readecuaciones del sistema eléctrico, de modo de permitir suministrar energía a esas cocinillas sin afectar las instalaciones del resto de la unidad penal.
Gendarmería y la autoridad de la época desecharon perseverar en esta vía, por el alto costo en el consumo eléctrico que podía demandar.
Consultado si existe algún estudio referido a la posibilidad de externalizar el servicio de alimentación, respondió negativamente.
Añadió que en las cárceles concesionadas la empresa se adjudica tanto la construcción y la concesión. Además hay otra empresa que se adjudica la distribución de los alimentos.
Pese a que no cuenta con estudios que confirmen su opinión, estimó que resulta más fácil externalizar, que tener que construir centrales de alimentación, porque significa aumentar costos.
Recalcó que no sólo se requieren 7 mil millones de pesos para satisfacer o complementar el déficit en alimentación. Además se debe contar con un espacio para que los internos tengan dónde comer. A vía de ejemplo mencionó que en San Miguel no hay comedores.
Se podría externalizar el servicio de alimentación y llegarían bandejas con comida, pero ello no soluciona el problema de la falta de espacio.
Además, hizo presente que si se sacan los balones de gas se genera otro problema, que dice relación con la calefacción en invierno para los internos.
Informó que suscribió un convenio con la Subsecretaría de Energía, organismo que les traspasará 180 millones de pesos para la instalación de paneles solares en las salas materno-infantiles en tres cárceles femeninas: Antofagasta, CPF de Santiago y Concepción.
Informó que han potenciado los servicios nocturnos, así como también crearon un servicio de patrullaje. Con todo, hizo presente que resulta difícil controlar a 7 mil y tantos presos después de las 18.00 horas. Pese a ello, hay un control, una clasificación y una segmentación.
2.- Coronel Jaime Concha , Subdirector Operativo de Gendarmería
Recordó que a raíz del primer incendio que ocurrió en Iquique y luego del de la torre II de San Miguel, se quiso tomar la decisión de impedir el uso de kerosén y de cilindros de gas, pero era difícil quebrar un esquema de cultura de los presos, porque iba a provocar conflictos al interior de las cárceles, como los ocurridos después de los hechos del 8 de diciembre en la Penitenciaría, San Miguel y Puente Alto, los que se podrían replicar en forma masiva en todos los penales del país.
En los establecimientos que tienen 30 años de existencia, como San Miguel y Puente Alto, no se pensó en la parte alimenticia como si se hizo en las cárceles concesionadas. Éstas cuentan con el avance de la tecnología y con otra alimentación. Actualmente, la alimentación por preso es de 800 pesos en las cárceles convencionales; lo que constituye una diferencia con las concesionadas.
3.- Alberto Precht Rorris, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana
Manifestó que debe producirse un mejoramiento en la calidad y aporte nutricional de la alimentación. Ello puede parecer incluso menor, pero es algo que todos los gendarmes mencionaron en las entrevistas.
El cambio del sistema tradicional al concesionado ha llevado a que las minutas alimenticias hayan cambiado y sean estándares para todo el país, por lo cual en la zona sur del país se encuentran comidas con bajo aporte calórico y en la zona norte podrían tener mayor aporte que el que corresponde. Por ello, instruyó que se revisen esas pautas de alimentación.
Destacó que el año 2009, Gendarmería logró eliminar la parafina y el carbón al interior de los recintos penitenciarios, pero no se ha dado el paso a eliminar el gas, porque hoy no existen las condiciones para alimentar, de forma centralizada, a los reos internos.
Además, sugirió tener un mayor control del ingreso de esos artículos a los recintos penitenciarios. El que lleva el balón de gas a un interno es un gendarme. Al respecto se han recibido denuncias de que gendarmes llevan el gas a algunos y, a otros, no, dependiendo del grado de cercanía con los internos o, quizás, de algún tipo de dádiva, de acuerdo a lo expuesto por gendarmes que entrevistaron.
4.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios .
Gendarmería tiene recursos para alimentar a toda la población penal en los 88 recintos penitenciarios que están habilitados, pero no todos los reclusos utilizan este beneficio, debido a que, según los códigos del mundo delictivo, aquella persona que percibe la alimentación fiscal no tiene los recursos necesarios para proveérsela por sí misma, motivo por el cual no tiene el estatus delictivo que merece, lo que ocurre sobre todo en el caso de los asaltantes. Por ello, mucha comida elaborada para los internos se pierde y diariamente hay que botarla, pues no está permitido, según los dictámenes de la Contraloría, regalarla. En todo caso, admitió que hay un problema estético, de higiene, de ausencia de comedores y de falta de vajilla en todos los penales de Chile, salvo en los concesionados. En estos últimos, se licita la alimentación, que debe cumplir con los requisitos de carga proteica, valórica y de gramaje que establece el Estado. El problema, en este tipo de establecimientos, consiste en que los reclusos no están conformes con la cantidad de alimentos que reciben, ya que no quedan satisfechos. Por ello, muchos prefieren trasladarse a un penal tradicional, donde se puedan autoabastecer y mejorar su alimentación, que proviene de su grupo de pares, de su familia y que está conforme a su estatus delictivo. A su juicio, esta práctica podría ser erradicada en la medida en que se destinen más recursos al tema de la alimentación.
En lo que respecta a la fiscalización del correcto uso de los recursos que el Fisco invierte en la adquisición de alimentos, comentó que corresponde a los directores regionales ejercer los controles internos administrativos en Gendarmería de Chile respecto de la forma en que debe invertirse el presupuesto estatal en cada recinto penitenciario. Entre los años 2009 y 2010 se instruyeron sumarios administrativos, varios de ellos a petición de la Contraloría General de la República, evidenciándose la necesidad de reforzar la fiscalización en algunos recintos, a fin de garantizar que la totalidad de los alimentos asignados a la población penal sean recibidos por los internos.
CAPÍTULO IX.
PRESUPUESTO DESTINADO A INFRAESTRUCTURA CARCELARIA Y A
GENDARMERÍA, PARTICULARMENTE EL REFERIDO A EQUIPAMIENTO
DE SEGURIDAD Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS.
1.- Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia
En lo que respecta a la suficiencia del presupuesto aprobado para invertir durante el año 2011 en materia de infraestructura carcelaria, manifestó la necesidad de obtener recursos extraordinarios. En este sentido, recordó que el Presidente de la República declaró expresamente que, por ejemplo, parte de los recursos extraordinarios del royalty se van a destinar a las cárceles, en el entendido de que este tema no puede manejarse dentro del régimen ordinario, y requiere un esfuerzo político excepcional.
En lo concerniente a la lentitud con que el actual Gobierno ha procedido a ejecutar el presupuesto asignado para el año 2010 para el financiamiento del diseño de nuevos penales o de infraestructura, ya que a septiembre estaría ejecutado sólo el 48 por ciento del presupuesto, aclaró que no existe el ánimo de paralizar la construcción de las cárceles, pues se reconoce el déficit que existe en esta materia. Comentó que, de acuerdo con el programa del gobierno anterior, la primera cárcel que debía construirse para 2013, era la de Talca, pero se determinó realizar un reestudio y rediseño, debiendo, en todo caso, ejecutarse el proyecto en el plazo o antes de lo que estaba previsto. Por otra parte, en lo que se refiere a la cárcel Santiago II , prevista para el año 2014, el terreno se compró recién el 4 de marzo de 2010 y se construirá durante este Gobierno, una vez que se solucionen los problemas de aguas. Planteó que, en lugar de acelerar la materialización del programa carcelario, debe actuar reflexivamente e invertir adecuadamente los recursos públicos, sobre todo a la luz de ciertos antecedentes, como el costo de las cárceles de Antofagasta y Santiago I, donde comparativamente la primera implicó un mayor gasto que la segunda, pese a que ésta la dobla en cuanto a capacidad.
Manifestó que está en condiciones de aumentar la capacidad de la cárcel de Talca, de 1.800 a 3.000 plazas, con un incremento de sólo el 5 ó 10% de costo, pues es posible aumentar la capacidad de las celdas e instalar en ellas a dos personas en lugar de una. Por otra parte, es factible optimizar el diseño por la vía de suprimir los túneles que se instalan en muchas de las cárceles concesionadas sin justificación alguna y de reemplazar los muros perimetrales de hormigón por sistemas de mallas, que son más baratos e igualmente eficientes.
En relación con el motivo por el cual se decidió asumir un alto costo por metro cuadrado en la construcción de la cárcel de Antofagasta, cuya capacidad, de acuerdo con el diseño, se vería sobrepasada por la población penal que debe albergar en el momento de entrar en operaciones, advirtió que la construcción de dicho penal se gestó en el año 2006 y que el Gobierno recibió dicha obra en ejecución con un estado de avance del 70%, abocándose a la tarea de acelerar la entrega y de solucionar el tema del suministro de agua, sin que sea posible modificar la capacidad del establecimiento, que reconoce como insuficiente.
En relación con la insuficiencia de los recursos asignados a Gendarmería, en virtud de la Ley de Presupuestos, para la rehabilitación de los condenados y para la implementación de medidas en prevención de incendios, comentó que en el presupuesto de 2010, se destinaban alrededor de $ 40.000.000 para prevención de incendios, mientras que en el de 2011, los recursos se aumentaron a $ 469.000.000, bajo la convicción de que era necesario reforzar la condición de seguridad de los penales.
2.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería de Chile
Cuando asumió la dirección de la institución, en la elaboración del presupuesto priorizó los ítems relativos a equipamiento de seguridad y adquisición de elementos contra incendios.
Destacó que por primera vez en mucho tiempo contaban con una glosa específica de adquisición de elementos contra incendios por 469 millones de pesos.
En relación a los recursos solicitados y asignados para seguridad en Gendarmería desde el año 2000 a la fecha señaló que en aquel año no se destinaron muchos recursos para combatir incendios. El año en 2002 se invirtieron 2.697 millones de pesos, cifra que guarda relación con incendios producidos en la cárcel de San Miguel y en la de Iquique los años 2000 y 2001.
En estos cuadros se destaca en amarillo cada vez que se consideran recursos para equipamiento de seguridad, particularmente para la adquisición de elementos contra incendios.
El año 2008 se consideraron 135 millones 500 mil pesos en el presupuesto exploratorio de ese año, suma que fue ratificada desde el Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda se destinó cero pesos a ese concepto.
La misma situación se produjo el año 2009.
Agregó que para el año 2011 se pidió desde Gendarmería y el Ministerio de Justicia, 454 millones y en definitiva se aprobaron 469 millones 230 mil pesos.
Informó que el Ministro de Justicia envió un oficio a su par de Hacienda para solicitarle 3 mil millones de pesos para resolver este tema en particular en Gendarmería, como presupuesto adicional.
Consultado sobre el presupuesto asignado para el año 2011, sostuvo que cuando se hizo cargo de la institución le informaron que: “Ése es el presupuesto que hay que defender”.
Añadió que solicitó al departamento de planificación que utilizara la matriz de riesgo institucional y que el presupuesto se elaborara considerando ese cruce de información, lo que iba a reflejar de mejor manera los requerimientos de la institución.
Por ello, en la presentación las columnas 18 y 19, en el ítem adquisición de elementos contra incendio, cambiaron de relación o de ubicación a la 8° columna.
Indicó que en el subtítulo 22, la solicitud se efectuó por 454.240.000 pesos y en definitiva se aprobaron 469.230.000 pesos.
3.- Juan Alarcón Arce , Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog).
Expresó que Gendarmería fue objeto de una importante reducción presupuestaria el año pasado. Se recortaron 2.450 millones de pesos el 7 de junio de 2010.
Estimó urgente inyectar recursos extras para adquirir equipamiento disuasivo, antimotines, de protección del personal, así como para renovar camiones y buses, habilitar dependencias adecuadas en las unidades y efectuar la capacitación de los funcionarios con instructores de la propia institución.
CAPÍTULO X.
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTRO DE JUSTICIA ANTES
DEL INCENDIO DE LA UNIDAD PENAL DE SAN MIGUEL
Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia
Una vez que asumió el cargo, se abocó a poner al tapete el problema de la realidad carcelaria, que se arrastra por décadas y que no es fácil de abordar por cuanto la construcción de establecimientos penitenciarios demanda recursos, al igual que otros temas importantes, como la salud y la educación. En este contexto, procedió a contabilizar la cantidad de internos y a determinar la capacidad disponible de los establecimientos penitenciarios para albergarlos, tras lo cual concluyó que existía un déficit importantísimo, del orden del 60 por ciento.
Asimismo, se propuso como tarea mejorar las condiciones básicas de dignidad, debido a las dificultades que se presentan en materia de habitabilidad en varios de los penales de Chile, como consecuencia del hacinamiento. Por ello, el 15 de octubre de 2010 se implementó un plan de 11 medidas, que tendrán un costo de $ 6.000.000.000, entre las cuales cabe destacar las siguientes:
1. La entrega de colchones y frazadas a todos los internos del país, ya que había un déficit importante de estos elementos. Se compraron 23.000 colchones ignífugos por $ 693.528.000 (15.000 cubren el déficit existente y 8.000 reponen igual número en mal estado). Asimismo, se dispuso la adquisición de 42.418 frazadas para renovar todo el stock de las cárceles tradicionales por $ 385.000.000 (19.220 ya han sido distribuidas y el saldo se encuentra en proceso de compra). Asimismo, se fabricaron 4.000 literas en los Centros de Educación y Trabajo (CET) de tres penales por $ 228.523.000 (2.275 fabricadas y en distribución y 1.725 en proceso de fabricación).
2. El mejoramiento de las condiciones de alimentación, de manera que todos los establecimientos penitenciarios tengan una relativa autonomía en esta materia y que no dependan de la forma en que los internos se preparan sus propios alimentos. Se está en proceso de compra de 42.098 pocillos plásticos con tapa ($ 37.888.200); de 457 termos mantenedores de 35 litros (con capacidad para 70 raciones cada uno) y de 125 carros transportadores, por un valor de $ 127.175.300, y se invertirán $ 81.657.000 para adquirir otros utensilios de cocina.
3. El mejoramiento del sistema sanitario y de luminarias. Se contempla la reparación, renovación y mejoramiento de baños e instalaciones sanitarias de los internos y del personal de Gendarmería en todas las unidades penales tradicionales, por un monto de $ 944.000.000 ($ 472.000.000 se invierten en el año 2010 y $ 472.000.000, en 2011); la reparación y reposición de baños en la ex Penitenciaría de Santiago, por un valor de $ 260.057.166 y la reposición de luminarias para todos los penales del país, que asciende a $ 17.905.000.
4. El aumento de las horas en que se permite a los recluidos salir de sus celdas. Debido a la falta de dotación de personal de Gendarmería y a una tradición cultural, los internos son liberados diariamente alrededor de las 08:30 ó 09:00 horas y encerrados nuevamente a las 16.30 horas. Por ello, se determinó incrementar, a partir del 30 de agosto de 2010, en una o dos horas, en promedio a nivel nacional, el tiempo en que los internos pueden permanecer en libertad dentro de la cárcel, instruyéndose que los internos cumplan nueve horas efectivas fuera de sus celdas, en el entendido de que un encierro prolongado en estas últimas conspira contra la calidad de vida de los internos. Esta circunstancia constituye una de las razones por las cuales las cárceles concesionadas, que tienen un mejor estándar en cuanto a infraestructura que los establecimientos tradicionales, presentan una tasa de suicidio importante.
5.- La adopción de medidas en materia de cuidado de la salud de la población penal en situaciones de emergencia. En este sentido, se asignó un paramédico en cada penal del país; se definió un stock básico de medicamentos, materiales e insumos para situaciones de emergencia en todas las enfermerías de los penales con un costo de $ 22.994.758; se implementó un sistema de comunicaciones internas, vía telefónica y radial, entre las enfermerías de todos los penales y los servicios de urgencia y ambulancias de los hospitales más cercanos y se asignó a un experto en prevención de riesgos por cada región del país.
6.- El mejoramiento de las condiciones en que se realiza el registro corporal a los internos. Se celebraron convenios con universidades para aumentar la cobertura en medicina general y especialidades en las enfermerías y hospitales penales, encontrándose pendiente la suscripción de un convenio con la Universidad Nacional Andrés Bello para el Hospital Penitenciario de Santiago . Se contemplan revisiones en lugares cerrados, con la presencia de personal capacitado, con indumentaria que garantice la higiene y en condiciones de respeto, así como la capacitación de 40 funcionarios, quienes replicarán esta actividad en todo el país.
7.- El mejoramiento del procedimiento de visitas de los familiares de los internos, a fin de reforzar sus vínculos con parientes y amigos. En este sentido, se estableció que las técnicas utilizadas por Gendarmería para detectar el eventual ingreso de celulares y de drogas preocupan a los internos debido a que sus familiares deben verse expuestos a procedimientos especialmente intrusivos. Por esa razón, se optó por implementar un sistema de registro electrónico y convocar a un proceso de licitación de inhibidores de celulares, que logre disminuir a una mínima expresión la revisión corporal de los visitantes. Así, se prevé la adquisición de 442 paletas de registro magnético, 123 sillas “boss” o de scanner, y 18 equipos de Rayos X, cuyo costo ascenderá a $ 1.935.000.000. Además, se contempla la adquisición de techos y bancas en zonas de espera y de visitas en 36 penales del país, habiéndose ejecutado obras, al 30 de septiembre de 2010, en 29 cárceles de 10 regiones del país, por $ 41.000.000. Igualmente, se dispone de una línea 800 para solicitud de horas de visitas y de entrega de información a los familiares de los internos, con un plan piloto de este servicio en la Cárcel de San Miguel. Finalmente, se ampliará al doble la zona de visitas en la ex Penitenciaría de Santiago, lo que tendrá un costo de $ 160.000.000.
8.- El fortalecimiento de la asistencia espiritual. Se considera la implementación de un sistema de registro, acreditación y entrega de credenciales para todos los capellanes, sacerdotes y pastores de las confesiones religiosas que prestan apoyo en los penales; la revisión de los distintos cuerpos normativos sobre asistencia religiosa, para facilitar el acceso a los sacerdotes y pastores, y la estandarización de los procedimientos para la celebración de misas, ritos y charlas.
9.- El mejoramiento de las condiciones de liberación. Se proporciona ayuda a los internos para dejar el penal al cumplir sus condenas. Se modificó el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios para no exigir el retiro a las 00.00 horas, de modo que el interno pueda optar por abandonar la cárcel al día siguiente. Se celebró un convenio con la Defensoría Penal Pública, para que acompañe la salida del interno y apoye la coordinación con los familiares.
10.- El potenciamiento de los hasta ahora subutilizados Centros de Educación y Trabajo CET), que constituyen herramientas de rehabilitación y reinserción. Al 25 de octubre de 2011, deberían estar ocupadas las 733 plazas existentes en estos Centros, ya que a diciembre de 2010, sólo habían 594 plazas ocupadas. Se contempla el diseño de las bases de licitación para suscribir en el año 2011 convenios entre empresas del sector privado y los CET, a la vez que se pretende introducir modificaciones reglamentarias para garantizar la entrega de remuneraciones a los internos por su trabajo, además de libretas de ahorro, dineros de libre disposición, seguros de accidentes laborales y permitir el uso de excedentes para fines de reinserción.
11.- El mejoramiento de la seguridad en los penales. Se contempla la instalación de sistemas de inhibición telefónica en la ex Penitenciaría, Colina I y Colina II por un valor de $ 900.000.000, la realización de test de droga a funcionarios de Gendarmería y la utilización intensiva de perros adiestrados en la detección de estupefacientes.
Adicionalmente, se pretende contratar en octubre de 2011 a una empresa consultora internacional para analizar el funcionamiento del sistema concesionado, en razón de los costos que ha significado y de la posibilidad de optimizarlo.
Por otra parte, se ha acelerado el proceso de incremento de la dotación de la planta de Gendarmería en el 50 por ciento, autorizado en virtud de la ley N° 20.426 y en tal virtud se dictaron los reglamentos asociados a su puesta en marcha así como también más de 10.000 resoluciones de encasillamiento, con la colaboración de la Contraloría, lo cual se concretó antes del plazo establecido en la mencionada ley para tales efectos. Ello permitió adelantar en un año el plan de ingreso quinquenal de los 6.000 nuevos funcionarios, el incremento de la dotación, y el aumento de remuneración asociado al incremento de grado que beneficia a más de 10.136 funcionarios.
Igualmente, se ha avanzado en materia de incremento de grado a los funcionarios civiles de Gendarmería y en la incorporación de funcionarios a contrata.
Adicionalmente, se han desplegado esfuerzos orientados a perfeccionar la iniciativa legal que modifica la ley sobre medidas alternativas a las penas privativas de libertad, triplicándose el presupuesto inicialmente contemplado para estos efectos, bajo la convicción de que la cárcel no puede ser la única respuesta que ofrezca nuestro sistema penal frente al problema de la delincuencia.
Destacó la preocupación que ha tenido en su condición de Secretario de Estado por recorrer las cárceles junto al Presidente de la República , pese al poco interés que el tema despierta en los medios de comunicación, y el propósito de reforzar la capacitación de Gendarmería en materia de derechos humanos, para lo cual se espera contar con la colaboración de instituciones especialista en esta área, que impartan cursos a los oficiales no sólo de carácter teórico, sino aplicados al tratamiento de los internos.
CAPÍTULO XI.
TAREAS FUTURAS ANUNCIADAS POR EL MINISTRO DE JUSTICIA
RESPECTO A LA MATRIZ CARCELARIA
1.- Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia
1. La consultora americana contratada para proporcionar asesoría recorrerá prácticamente los 88 recintos penales del sistema cerrado, con el objeto de efectuar un diagnóstico sobre la realidad actual y las necesidades de infraestructura.
2. Se pretende optimizar el diseño del sistema de concesiones, a fin de invertir de mejor manera los recursos públicos y abaratar costos. En este sentido, es necesario abordar los siguientes problemas:
a) La deficiencia en lo que se refiere a la implementación de nuevos recintos de establecimientos penales, que no sean de mediana y alta seguridad para condenados que no son considerados peligrosos.
Para estos efectos, se ha de tener en consideración que existe justificación suficiente para mantener en encierro al 40% de la población penal, en circunstancias que alrededor de 1.700 condenados a penas privativas de libertad gozan de beneficios intrapenitenciarios, como la salida dominical, salida de fin de semana y salida controlada al medio libre, lo que conlleva a analizar si tiene o no sentido seguir construyendo cárceles que son de media y alta seguridad, en circunstancias que una parte de la población penal que éstas albergan no representan mayor peligrosidad.
b) La falta de una adecuada política de segregación de los condenados, situación que se encuentra en análisis desde el año 2006. En las legislaciones más avanzadas se han desarrollado procedimientos muy afinados en orden a estudiar la conducta de la persona que está encarcelada, considerando variables sicosociales.
3. Contar con un gran recinto penitenciario, que opere como el centro de derivación fundamental en el país, donde sean internadas las personas condenadas durante treinta días para ser analizadas bajo todos los prismas, con ayuda de sicólogos y siquiatras, a fin de determinar cuál es el tipo de recinto penal que requiere y distribuirlo en una matriz carcelaria que debería diversificarse en un modelo penitenciario que distinga tres niveles de peligrosidad: baja, mediana y alta.
4. Superar las deficiencias detectadas en Gendarmería, en materia de capacitación del personal y de recursos para controlar motines, con gases e implementos que no sean especialmente lacerantes.
CAPÍTULO XII.
MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR LA CONDICIÓN DE LOS
INTERNOS, PARTICULARMENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS Y SEGURIDAD. UNIDADES MÁS RIESGOSAS.
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Señaló que han realizado allanamientos preventivos rutinarios y extraordinarios, desarrollados por personal de la unidad penal y por personal del departamento de seguridad. Asimismo, se han comprado elementos y equipamientos contra incendios, por un monto equivalente a 72 millones de pesos y se han llevado a cabo 50 simulacros de crisis, a nivel nacional: incendios, fugas y desastres naturales, entre otros.
Estos simulacros contemplan evacuación, desalojo y contención de la población penal, y atenciones de primeros auxilios, previa coordinación con organismos de la comunidad, tales como policía, sistema de salud y sistema de emergencia regionales.
En el plano de la seguridad penitenciaria, se han nombrado quince jefes operativos regionales, quienes asesoran al director regional en materia de seguridad y coordinan con los jefes operativos locales las medidas de seguridad de los establecimientos penales.
Además se designó un prevencionista de riesgo por región, para revisar y tratar las situaciones críticas.
Consultado sobre las medidas adoptadas para disminuir la accidentabilidad, señaló que el plan de las 11 medidas para mejorar las condiciones humanas de los privados de libertad influye necesariamente en la disminución de los focos de conflicto al interior de los recintos penales. Ello se logra con la aplicación de medidas tales como aumentar las horas de desencierro, mejorar del sistema de visitas, permitiendo un ingreso más fluido y un registro corporal que respete la dignidad humana. En este sentido, mencionó que se han adquirido elementos de seguridad, como la paleta detectora de metales, arcos detectores de metales, silla boss, para detectar teléfonos celulares, droga, máquina de rayos X, para revisión de encomiendas, etcétera.
Asimismo, el plan considera mejorar las condiciones de habitabilidad, cuyo objetivo también es disminuir la accidentabilidad. Ello implica la entrega de colchonetas, frazadas y literas. Expresó que su primera intención fue proporcionar una litera a cada uno de los internos, donde faltaran, pero se percataron que ello era imposible. El déficit es de 9 mil literas, pero por capacidad, por construcción de los diseños, solo se pueden entregar 5 mil.
Además se potenció las actividades religiosas. Indicó que lograr el fortalecimiento de la asesoría espiritual y religiosa también ha sido un elemento muy importante de contención y de tratamiento al interior de los recintos penales.
Interrogado sobre las medidas adoptadas después del 8 de diciembre, informó que se inició un procedimiento de traslado de internos, con el fin de disminuir la población penal al interior de la unidad de San Miguel.
La tragedia se produjo el miércoles 8 de diciembre y el viernes se inició el traslado de los primeros 35 reos. Éstos fueron seleccionados de la torre 3, cuya clasificación es de alta peligrosidad, quienes fueron trasladados a la cárcel de Rancagua.
También enviaron a personas que estaban en prisión preventiva a Santiago 1.
Después del 8 de diciembre se han potenciado los servicios nocturnos en las unidades penales de todo el país, a través de instrucciones dadas a los directores regionales, con especial énfasis y preocupación tanto para la noche de Navidad como para la de Año Nuevo, para evitar cualquier inconveniente.
Consultado si existe una clasificación de riesgo en las distintas unidades penales, manifestó que actualmente, Gendarmería de Chile, a través de la ficha de clasificación penitenciaria, identifica a los internos por compromiso delictual. Este instrumento, que está destinado a identificar el nivel de vinculación con la actividad delictiva, permite facilitar la adaptación al régimen interno a través de la segmentación.
El departamento de seguridad, a través de la oficina de investigación penitenciaria, elabora periódicamente una nómina con los internos que pueden constituir un peligro para la seguridad penitenciaria. Indicó que el departamento de seguridad pone el acento principalmente en internos refractarios, bandas delictuales, intentos previos o anteriores de fuga, casos de corrupción, condenados por narcotráfico, etcétera.
En 2010 se realizó un diagnóstico de la población condenada de alto riesgo penitenciario asociado al delito de tráfico de drogas. Producto de ese diagnóstico se identificaron poblaciones más vulnerables, por lo que se dio una instrucción de supervisar e informar respecto de los traslados en la vida penitenciaria de estos internos, con el objeto de mantener información actualizada.
Respecto de cuáles son las cárceles más riesgosas, señaló que le preocupan principalmente tres: la cárcel de Calama, la cárcel de mujeres de Santiago y la cárcel de Castro.
Respecto a la segunda, indicó que allí se presenta un problema de políticas de género. Si se considera el tipo de delito y de condenas, se puede apreciar que en un alto porcentaje las mujeres están internas por el delito de micro tráfico, que se debe a la pobreza.
En relación a la cárcel de Castro, indicó que es un polvorín. Están tratando de cerrar un patio y construir un gimnasio, porque, dadas las condiciones climáticas de la zona, ni siquiera hay un espacio para que los internos puedan circular durante las horas de desencierro.
Por último, hizo presente que en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, o ex Penitenciaría hay más de 7 mil internos, cuando con suerte debería albergar 2.300. Es una unidad penal que fue construida en 1843.
2.- Alberto Precht Rorris, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana.
Resaltó que las primeras medidas anunciadas por el Ministerio de Justicia apuntan a la descompresión de los recintos penales.
Las primeras once medidas están en implementación, con plazo inmediato.
En el caso del penal de San Miguel constató que se habían entregado colchones ignífugos y frazadas nuevas. Asimismo, se están implementando nuevos módulos de asistencia espiritual. Son medidas avaluadas en más de 6.000 millones de pesos.
Lo que se busca es una nueva matriz carcelaria orientada a superar el problema del hacinamiento a través de la construcción de penales modulares. Para ello se encargó una consultoría a la empresa Altegrity Risk International .
Por otra parte, en enero se implementó la circular N° 53 de Gendarmería, que permite que hoy exista una mejor coordinación con los organismos de emergencia.
3.- Coronel Jaime Concha Soto , Subdirector Operativo de Gendarmería
Reiteró que en la cárcel de mujeres de Santiago hay 2.300 reclusas, todas por delitos relacionados con el micro tráfico, en circunstancias que ese recinto penal fue construido para albergar a 800 a 900 reclusas.
Allí existen bastantes conflictos, por razones de espacio y de habitabilidad.
La ex Penitenciaría de Santiago es otro foco fuerte de riesgo, junto con la cárcel de Antofagasta y la de Calama. Recalcó que el problema de hacinamiento es transversal y ataca incluso a unidades muy pequeñas del sur del país.
CAPÍTULO XIII.
RED SECA Y HÚMEDA AL INTERIOR DE LOS PENALES.
EL CASO DE LA CÁRCEL DE SAN MIGUEL
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Consultado sobre las inversiones efectuadas en la red seca y en la red húmeda, indicó que el año 2008, Gendarmería licitó las obras llamadas “Mejoramiento de Redes Contra Incendio en Diversas Unidades Penales de la Región Metropolitana”. Se trataba de seis unidades adjudicadas a un contratista por la suma de 42 millones de pesos, a 60 días de ejecución. Estas obras fueron recepcionadas provisoriamente en enero de 2009.
Por otra parte, a propósito de la cárcel San Miguel informó que en agosto de 2010, el jefe operativo de esa unidad, mayor Christian Alveal , comunica, por oficio, al director regional metropolitano que las redes seca y húmeda no estaban operativas.
Con los recursos que contaba Gendarmería, el director regional metropolitano, en comunicación con el subdirector operativo, coronel Jaime Concha , deciden disponer una orden de compra por dos millones de pesos, con fecha 30 de noviembre, para productos contra incendios. Se subió al sistema ChileCompra y no hubo oferentes. Se hizo una contratación directa, y los tiempos del proveedor hicieron que los productos llegaran después del 8 de diciembre. Ello dio lugar a un sumario administrativo para determinar la razón por la que la recepción definitiva de esas obras haya sido en un tiempo superior al permitido.
2.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
Sostuvo que es de conocimiento público que las redes secas y húmedas no estaban en funcionamiento, porque estaban deterioradas. Se trató de hacer funcionar la red húmeda, pero en pocos minutos la presión de agua disminuyó.
Recordó que el jefe de la unidad de San Miguel en agosto de 2010, emitió un oficio dando cuenta de que las redes seca y húmeda no estaban en condiciones de funcionar frente a cualquier siniestro.
Eso alertó a las autoridades, las que llamaron a licitación a fines de 2010 para efectuar las reparaciones.
Destacó que existe un informe del director regional metropolitano, de octubre de 2005, en el que se expresa que la presión del agua en San Miguel es insuficiente y que se debe cambiar el grifo. Además se establece que debe existir un cuartelero dedicado al trabajo y al equipamiento de técnica antiincendio, que se deben comprar dos IFEX adicionales, que son equipos de respiración autónoma, y que el material menor de la red seca fue dañado y destruido por los reclusos.
3.- Oscar Benavides Millapán , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
La red seca es una red con presión que se inyecta a los caudales de agua y que hace que de la manguera de Bomberos surja un chorro con gran potencia, con gran caudal, que permite apagar rápidamente un incendio.
En San Miguel de aquella red sólo emanaba un chorro débil, sin potencia.
Haciendo historia, informó que los problemas partieron en 2000 en San Miguel, cuando se produjo un incendio en que murieron siete reos. Después, en 2001, en un incendio parecido, pero en Iquique, murieron otros 26 reos quemados. El 3 de julio de 2003, murieron dos presos más, en la cárcel El Manzano, en Concepción. El 11 de septiembre de 2003 murieron otros nueve reos en la cárcel de Concepción. En octubre de 2007, once internos menores perdieron la vida en la cárcel Alto Bonito, en Puerto Montt. Y en abril de 2009 fallecieron otros 10 internos en Colina.
Advirtió que lo ocurrido en San Miguel volverá a suceder.
Informó que le solicitaron al Presidente de esta Comisión que se constituya en la cárcel de Antofagasta. Allí dos días antes de que prestara su testimonio, la mitad de la ciudad estaba sin agua, incluida la cárcel, por lo que en caso de incendio los funcionarios deberían haber apagado el fuego con unas bolsas de arena que se encuentran dispuestas para esos efectos en los dormitorios de los reos. De hecho, el Director Regional de Gendarmería tuvo que conversar con los internos y solicitarles que si había una riña entre ellos, por favor no se quemarán, y que si lo hacían, por favor utilizarán las bolsas de arena que se habían dispuesto para ese caso, porque no había agua para apagar un incendio.
CAPÍTULO XIV.
SITUACIONES DE DESIGUALDAD QUE SE PRODUCEN EN LOS PENALES.
LOS RECINTOS CARCELARIOS DE CORDILLERA Y PUNTA PEUCO
1) Óscar Benavides Millapán , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile.
Advirtió las situaciones de desigualdad que se producen entre los penales, ya que mientras los internos de San Miguel tenían menos de un metro cuadrado para desarrollar su vida, los de las cárceles de Cordillera y de Punta Peuco disponen de alrededor de cien metros cuadrados para cada uno.
Comentó que el Director Nacional de Gendarmería de Chile cuenta con una guardia de guardaespaldas que supera ampliamente los cuatro funcionarios de Gendarmería de Chile que se encontraban en la cárcel de San Miguel en la noche del incendio. En efecto, dispone de una guardia, una escolta de ocho guardaespaldas, tres conductores, asesores y alrededor de 15 funcionarios que se encuentran custodiando la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, cifras que superan ampliamente la cantidad de funcionarios que se encontraba la noche del incendio en la cárcel de San Miguel.
2.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
Propuso cerrar en forma definitiva la cárcel Cordillera, que actualmente tiene una población penal de 10 internos y 50 funcionarios, lo que constituye un contrasentido dada la enorme falta de personal en unidades como la de San Miguel y Antofagasta. La cárcel Cordillera tiene privilegios que no se condicen con un estado de derecho, por lo que dicho establecimiento debería ser utilizado por Gendarmería para llevar adelante políticas de tratamiento y reinserción. Indicó que la población penal en Punta Peuco asciende a 48 reos y que dicho establecimiento tiene capacidad para alrededor de cien reclusos.
3.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
En el penal Cordillera hay seis funcionarios de guardia interna, diez internos de población penal y treinta funcionarios de guardia armada, mientras que en el de Punta Peuco hay 49 internos de población penal, 23 funcionarios de guarida interna y 43 funcionarios de guardia armada, información que fue enviada a esta Comisión el 20 de enero de 2011. Ambos penales tienen una naturaleza especial en lo que respecta a la seguridad y su dotación está fijada desde la fecha de su creación.
Contestando una pregunta en relación con la posibilidad de iniciar un proceso de reasignación del personal de la institución que encabeza, hizo presente que le corresponde asegurar la custodia de los internos y que, por alguna razón, históricamente, la institución ha asignado determinado número de funcionarios para penales como Punta Peuco y Cordillera desde la fecha de su creación.
CAPÍTULO XV.
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ESTABLECER UN MECANISMO
NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA. INSUFICIENCIA
DE LA DEFINICIÓN DE TORTURA EN NUESTRA LEGISLACIÓN
1.- Nicolás Espejo Yaksic, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Central de Chile
Chile, al ratificar el protocolo adicional a la Convención Contra la Tortura, se obligó en el plazo de un año a establecer un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Ese plazo ya venció y el Estado de Chile no ha diseñado un mecanismo nacional de prevención contra tortura.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha tomado dentro de sus actividades el hacer algún trabajo respecto de los centros privativos de libertad, o las cárceles, pero Chile carece a nivel de adultos de un sistema de supervisión autónomo, independiente, que visite los centros, y que no sea un control jurisdiccional como el que ejerce la Fiscalía de la Corte Suprema, o los jueces de garantía, y que sea independiente de quien tiene por objeto velar por el régimen disciplinario.
La virtud de un mecanismo autónomo independiente radica en que precisamente el Estado de Chile cuente con un mecanismo que no esté sujeto a las presiones de la dependencia política de la institución que está a cargo de la administración de las sanciones. En última instancia, que no dependa del Ministerio de Justicia y que desde una perspectiva independiente y técnica pueda verificar si al interior de los centros privativos de libertad o cárceles se respetan los derechos de los internos y se cumplen o no con las metas en materia de indicadores de derechos como la salud, la educación, la formación técnica y la integridad corporal de las personas privadas de libertad.
En el caso chileno se cuenta con un mecanismo en esta materia, pero para el sistema penal adolescente. Se trata de las Comisiones Intrainstitucionales de Supervigilancia de centros privativos de libertad de adolescentes. Son instituciones casi autónomas, porque están constituidas al alero del Ministerio de Justicia, por lo tanto, no cumplen con el principio de autonomía absoluta que reclaman los principios de París en esta materia. Pese a ello, han realizado un trabajo importante.
Informó que desde Unicef apoyan la labor del Ministerio de Justicia en esta materia, y participan de las comisiones en las quince regiones del país.
Expresó que si esta Comisión emite un informe, y si el Ministerio de Justicia consolida una política de reforma al sistema penitenciario, cabe preguntarse quién, de manera independiente, supervisará el estado de protección de los derechos de los privados de libertad.
La experiencia comparada y lo que está señalando de alguna manera esta obligación conforme al protocolo facultativo a la Convención Contra la Tortura, es que Chile debe establecer un mecanismo nacional de prevención contra la tortura, independiente, que permita supervisar e informar al Congreso, al Ejecutivo y al Estado en general, sobre las condiciones de protección de derechos de aquellos privados de libertad, con independencia del control jurisdiccional.
Al adoptar políticas penitenciarias, el Estado debiese crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura dentro de las cárceles de Chile, como se recomendó en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, por el Comité Contra la Tortura, y que está pendiente de cumplimiento por parte del Estado de Chile.
Por otra parte, estimó importante que Gendarmería abra sus registros, a fin de conocer, por ejemplo, de cuántos casos de decesos han ocurrido dentro de las cárceles, cuántos sumarios administrativos se cursan, cuántas sanciones existen contra sus funcionarios.
Ello es importante, porque en el pasado hubo prácticas de secretismo por parte de dicha institución y de negativa a entregar información. Informó que tuvo que litigar en contra de Gendarmería de Chile y luego ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener el número de decesos dentro de las cárceles de Chile y casos administrativos, porque Gendarmería consideraba que esa información no estaba abierta a todo el público.
La ley de acceso a la información y la ley de Bases General de la Administración del Estado consolidan una idea de acceso a la información de interés público. Destacó lo importante de la transparencia activa de Gendarmería, pues sin esa información no es posible saber qué ocurre dentro de las cárceles.
Un mecanismo autónomo de supervisión de las cárceles permitiría verificar esta información. Ello ocurre, por ejemplo, en el sistema penal adolescente. Antes de la visita, la Comisión pide al Centro que informe cuántas medidas disciplinarias ha impuesto, cuántos jóvenes han quedado en aislamiento, cuál es su presupuesto, qué personal paramédico tiene, entre otras materias. Tales antecedentes son fundamentales para elaborar políticas penitenciarias. De lo contrario, se seguirá legislando y estableciendo más estándares, sin que se produzca una bajada efectiva de esas medidas a la realidad.
Por otra parte, explicó que lo que el Comité Contra la Tortura, de Naciones Unidas, ha señalado al Estado de Chile es que la definición de tortura en la legislación interna es incompleta, toda vez que no sanciona la tentativa de tortura, que está cubierta por la definición de tortura de los artículos 1° y 4° de este tratado internacional.
La legislación chilena concibe un plazo de prescripción del delito de tortura de 10 años, en circunstancias de que el Comité ha señalado al Estado de Chile que la obligación en esta materia, conforme al derecho internacional, es de declarar el delito de tortura como imprescriptible.
Consultado sobre la forma en que se hace efectiva la responsabilidad del Estado frente a los organismos internacionales, sostuvo que existe una responsabilidad del Estado en su conjunto, pero quien lo representa frente al órgano internacional es el Gobierno de turno; por ende, será éste quien tendrá que responder por lo ocurrido en San Miguel.
Respecto de las sanciones que podría recibir el Estado, el sistema internacional es bien complejo, porque no hay capacidad de coacción en estos casos. Lo que sí ocurre es que la posición del Estado de Chile es la de comprometerse internacionalmente en cuestiones bastante básicas de estándares de derechos humanos.
Las sanciones afectan el prestigio internacional en cuanto a la coherencia de la política internacional del país y los más altos estándares que el propio Estado se ha autofijado en esa materia. En otras palabras, no va a haber sanciones para el Estado de Chile porque no se cumpla con esta cuestión. Pero deja en pie de incoherencia una política que pretende ser de primera línea en materia internacional de derechos humanos.
Chile es parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un club privilegiado de Estados que tienen los más altos estándares de derechos humanos. En ese contexto, nuestro Estado ha recibido recomendaciones, como reforzar la tipificación del delito de tortura, de manera tal que ésta cubra casos de tentativa por parte de funcionarios de Gendarmería, que se haga una investigación más asertiva sobre las denuncias de de comisión de ese delito, y que se mejore el récord de sanciones judiciales por la comisión del mismo tipo penal.
Se ha reportado en distintos informes internacionales que la proporción entre denuncias e investigaciones serias es muy mala. Por lo tanto, existen razones para creer que hay un ámbito de impunidad importante en la investigación y sanción de las denuncias de torturas al interior de los centros privativos de libertad y de las cárceles.
La tortura es un delito prescriptible. Entonces, si transcurren 11 años, está prescrito el delito y no se podría perseguir penalmente. Ello significa que si una persona condenada a 12 años fue víctima de tortura mientras estaba privada de libertad, hizo la denuncia y no se investigó, al salir de la cárcel no podría perseguir penalmente la responsabilidad del infractor.
CAPÍTULO XVI.
CENTROS PRIVATIVOS DE LIBERTAD DEPENDIENTES DEL SERVICIO
NACIONAL DE MENORES
1.- Nicolás Espejo Yaksic, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Central de Chile
Destacó que algunos de los problemas graves que se identifican respecto de las cárceles de adultos, también se hacen presente en los centros privativos de libertad de adolescentes, y en algunos centros de regiones con más intensidad.
Recordó el fallecimiento por un caso de incendio de 10 adolescentes en un centro privativo de libertad de Puerto Montt, a pocos meses de que se hubiese promulgado y entrado en vigencia la ley Nº 20.084. Al respecto, la Cámara de Diputados emitió el informe en esa materia, junto con la Contraloría General de la República.
La Cámara ya hace dos años llamaba la atención sobre recintos inadecuados que impiden la segregación por edad, hacinamiento, falta de elementos mínimos como frazadas o policarbonatos en las ventanas, condiciones antihigiénicas en los baños, existencia de materiales inflamables, escasez de funcionarios del SENAME y Gendarmería en capacitación, falta de dependencias para los gendarmes, falta de oferta educacional sistemática y condiciones de inseguridad y riesgo para los internos y para los funcionarios.
Informó que el Ministerio de Justicia, desde el segundo semestre del año pasado, ha decidido publicar los informes de las comisiones de supervisión de los centros privativos de libertad. Esta información se encuentra en la página web del Ministerio.
La conclusión de esa cartera que se consigna en la introducción de esos informes, es que el resultado de la supervisión no es bueno. “De los informes es posible concluir -materia penal adolescente- que existen insuficiencias en la infraestructura y seguridad de los centros. Los funcionarios que trabajan al interior de los mismos no cuentan con la adecuada y suficiente capacitación. Las políticas de segregación y salud se deben mejorar sustancialmente, y especialmente la oferta programática relativa a escolarización, resocialización y rehabilitación, requiere de importantes modificaciones.”.
Adicionalmente, el Ministerio de Justicia anunció hace unos meses, antes del incendio de la Cárcel de San Miguel, una serie de medidas de urgencia para ser aplicadas en 90 días en los centros de adultos. En este mismo sentido, estimó importante que el Estado anuncie medidas urgentes para los adolescentes, que también tengan que ver con casos como salud mental, ropa de cama, medidas de seguridad, acceso a agua potable en red fija dentro de los centros privativos de libertad, entre otras.
En este mismo sentido, expresó que se requiere un sistema estadístico nacional. Chile carece de dicho sistema integrado sobre personas privadas de libertad.
La información que se posee al respecto, está en Gendarmería, en la defensoría y en la fiscalía. Reiteró que para hacer políticas integradas para acceder a los servicios, pre y pos penitenciario, es indispensable tener un sistema integrado de información, de modo de tener claridad, por ejemplo, sobre los niveles de reincidencia, desistimiento, consumo problemático de drogas, etcétera, de las personas que pasan por el sistema penitenciario, y no sólo saber cuál es el número de plazas utilizadas o, eventualmente, cuáles volvieron a ser ocupadas.
A vía de ejemplo sostuvo que si un adolescente es condenado por la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente, al cumplir la mayoría de edad pasa a una sección penal juvenil, que debe ser de los peores centros de reclusión en Chile, pues están en él las personas condenadas bajo el régimen penal adolescente, pero condenadas en cárceles de adultos. Ello es una violación flagrante al derecho internacional de los derechos humanos.
Señaló que la respuesta del Estado y, por consiguiente, del Sename, en materia de responsabilidad penal adolescente ha sido deshacerse de los jóvenes complicados y enviarlos a Gendarmería de Chile, institución que carece de los medios y de la competencia para tratar con ellos adecuadamente.
El costo de la ausencia de una política de resocialización adecuada no lo puede pagar el otro adolescente que está cumpliendo una sanción por un delito menor, pero, tampoco la respuesta tiene que ser la desresponsabilización y el reenvío de estos infractores a cárceles de adultos, que es lo que está ocurriendo en la actualidad.
Informó que este año, por primera vez, el Ministerio del Interior aprobó fondos por alrededor de 80 millones de pesos para algunos programas de trabajo en las secciones penales juveniles. Ello es completamente insuficiente, pues al leer los informes de las comisiones es posible percatarse que está ocurriendo lo antes expuesto.
Además, se está envejeciendo la población de personas condenadas por el sistema penal adolescente. Es decir, dentro de algunos años existirán más adultos condenados cuando eran menores de edad, pero que están pagando sus condenas en cárceles de adultos. Lo que está ocurriendo, y probablemente se va a consolidar en el tiempo, es que todo el efecto de la ejecución de la sanción, para garantizar la resocialización, quedará derivado en cárceles de adultos sin programas pertinentes para personas que cometieron delitos siendo menores de 18 años de edad.
Recalcó que el sistema penal adolescente acompaña al infractor también en la etapa de ejecución de la sanción. No se trata de que si una persona cometió un delito a los 16 años y es condenado a cinco años de presidio, a los 18 el sistema penal se desentiende de él.
Manifestó que existe una posibilidad de que el Estado, como lo está haciendo, al parecer, con el sistema penitenciario adulto, anuncie una batería de medidas urgentes de corto, mediano y largo plazo sobre el sistema penal adolescente.
Por otra parte, sostuvo que ha existido muy poco debate en lo que se refiere a diseño penitenciario de los nuevos centros que se denominan de altos estándares para los adolescentes privados de libertad.
Se discute poco sobre el tipo de centros que se necesita y luego se deben adaptar los programas a éstos, en circunstancias de que debería ser al revés. Por lo tanto, es importante que en el diseño de los centros, tanto de adultos como de adolescentes, se efectúe una consulta técnica con quienes trabajan, con instituciones colaboradoras, tanto del Sename como del sistema penal adulto, pues son ellos quienes tendrán que ejecutar los programas dentro de estos centros.
2.- R.P. Nicolás Vial Saavedra , Presidente de la Asociación Paternitas
Por último, destacó la crisis que existe en el sistema de responsabilidad penal adolescente. No existe especialización de los intervinientes para ese tema: juez, fiscal y defensor. Lo único que cambia es la edad. Son los mismos castigos, las mismas situaciones y las mismas condenas.
Recordó que diecisiete puñaladas le dio hace poco un joven a otro en un centro penal juvenil. Agregó que cada vez que asiste a un Centro encuentra a varios jóvenes a punto de haber sido muertos, porque les metieron puñales por diversas partes del cuerpo, muy cerca del corazón o muy cerca del pulmón, o con alguno que tuvieron que llevarlo rápidamente al hospital porque se estaba muriendo.
Existe personal de trato directo sin capacitación y profesionalismo. Son muy buenas personas, muy honorables, con mucha voluntad, pero ello no basta.
La infraestructura disponible es inadecuada y está colapsada. Manifestó que no entiende que en Tiempo Joven, hay un edificio nuevo, de hace dos o tres años, que todavía no lo entregan, en circunstancias de que en el centro Tiempo Joven, que está al lado, hay más de 300 muchachos muy hacinados.
Destacó que hay muy escasa oferta programática especializada para esos niños.
3.- Javiera Blanco Suárez , Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana
Manifestó que es necesario poner el acento no sólo en los adultos, sino también en los jóvenes infractores. En relación con este segmento, es preocupante la situación de hacinamiento y las condiciones de seguridad de los que cumplen penas privativas de libertad. No sólo hay deficiencias en la red húmeda y seca en los recintos de adultos, sino que también en recintos de menores, información que está en poder del Ministerio de Justicia.
CAPÍTULO XVII.
LA UNIDAD PENAL DE SAN MIGUEL
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Señaló que fue inaugurada el 6 de septiembre de 1982. Su superficie es de 16 mil metros cuadrados y su costo ascendió a 314 millones de pesos.
Según su diseño, la capacidad de esa unidad penal es de 892 internos; sin embargo, la población penal al 8 de diciembre era de 1.951 internos. El porcentaje de sobrepoblación alcanza a 118 por ciento.
Esta cárcel está distribuida en cinco torres. La población de cada una de las torres es la siguiente: la torre 1 tiene 184 internos; la torre 2 tiene 518; la torre 3, 481; la torre 4, 287; la torre, 5 481.
A continuación, exhibió la siguiente fotografía:
La clasificación por las torres viene dada por un plan de segmentación elaborado por el consejo técnico, del 8 de junio de 2010, de acuerdo al oficio 408 de La Dirección Regional Metropolitana.
Cada torre tiene un sector sur y uno norte. A modo de ejemplo, en la torre 1, sector sur, piso 1 está la escuela; en el piso 2 están los homosexuales; en el piso 3, enfermería y primeros auxilios; en el piso 4, ex uniformados. En el sector norte de la torre 1, en el piso 1 están los homosexuales; en el piso 2, faltas régimen interno; en el piso 3, enfermería y primeros auxilios; en el piso 4, beneficios y mozos puestos especiales
En la torre 2, sector sur, piso 1 están los talleres; en el piso 2, mozos CET; en el piso 4, buena y muy buena conducta.
Torre 3, reincidentes y diversas conductas; tercera edad y mozos del CET, y en el primer piso talleres.
En la torre 4, pisos 2 y 3 imputados. Recordó que en la Región Metropolitana hay imputados sólo en las cárceles de Puente Alto, San Miguel -hasta la fecha de los hechos- Colina 2 y Santiago 1. En el piso 4, delitos sexuales y tercera edad.
En la torre 5, sector norte, en el primer piso hay talleres, de modo que no hay población penal. En el piso 2 están los primerizos y tercera edad y en los pisos 3 y 4 primerizos.
Sobre la base de la definición penitenciaria, los primerizos son las personas que por primera vez van a cumplir una pena en régimen cerrado, de manera que ya fueron objeto de condenas anteriores con beneficio de la ley Nº 18.216.
Jurídicamente, el concepto normativo de primerizo se aplica a la persona que por primera vez tiene una condena, lo que tal vez lleva a confusión, dado que la clasificación penitenciaria u operativa entiende por primerizos a aquellos que por primera vez van a entrar a un régimen cerrado, pero que previamente tuvieron condenas con beneficio alternativo.
En el sector sur, piso 3, delitos sexuales; piso 2, quienes forman parte de APAC, que es el programa de los evangélicos Amando al Preso Amarás a Cristo.
El cuarto piso de la torre 5 estaba integrado de la siguiente forma:
Primerizos Legales
20
Nunca han estado privados de libertad
Primerizos Legales reincidentes criminógenos
30
Han sido condenados por primera vez pero tienen diferentes procesos anteriores de privación de libertad.
Penas remitidas
12
Fueron condenados anteriormente pero a una pena alternativa
Reincidentes Legales
8
Tenían condenas de más de un año.
Condenas Cortas
6
Condenas inferiores a un año, que se derivan en resguardo de su integridad física.
Condenas como menor
5
Se derivan a este sector para evitar su contagio criminógenos en dependencias
A continuación, se refirió a una clasificación por conducta de los internos:
Conducta
Compromiso delictual
Delitos
MUY BUENA
3
Alto
16
Económico
1
BUENA
9
Mediano
49
Sexual
3
REGULAR
18
Bajo
16
Tráfico drogas
7
MALA
16
Total
81
Homicidio
2
PESIMA
15
Homicido/lesiones
2
SIN REGISTRO
20
Hurtos
2
TOTAL
81
Hurtos/ Robos
3
Lesiones
1
Robo
53
Otros, Robo
1
Otros
6
Total
81
2.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
Hizo presente que no existe una zona de evacuación en la cárcel de San Miguel.
Por su parte, cada módulo de reclusión de los penales concesionados cuenta con una vía de evacuación en cada piso.
Informó que la empresa que construyó dicho recinto penitenciario se dedicaba a construir establecimientos educacionales. Éste cuenta con sólo un acceso, el que fue bloqueado. Tenía dos candados, y uno no pudo ser abierto, porque, aparentemente, fue bloqueado por los mismos reclusos para ocultar la riña o para evitar que el personal ingresara rápidamente a controlarla.
Expresó que son partidarios de los penales concesionados, no por el modelo económico, sino por el diseño arquitectónico y, principalmente, por los elementos de seguridad.
Los penales tradicionales, como San Miguel , Puente Alto y los que están dispersos a lo largo del territorio, más la Penitenciaria, deben ser reemplazados, porque, en este minuto, son bombas de tiempo, debido a que tienen las mismas condiciones y características que la cárcel de San Miguel.
3.- Juan Alarcón Arce , Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog)
El CDP de San Miguel fue construido en 1980, con un sistema de 5 torres, llamados colectivos, que contempla la habitabilidad por parte de la población penal, sin separaciones ni divisiones.
Cada torre cuenta con 4 pisos. El penal de San Miguel al día de los acontecimientos tenía 1.956 internos. Específicamente, la torre 5 contaba con 484 internos, divididos en sus pisos. El dormitorio sur, siniestrado, contaba con 71 internos, del cual resultaron 66 muertos y 5 internos rescatados. El dormitorio norte tenía 75 internos, de los cuales resultaron 15 muertos y 60 rescatados vivos.
Balance total: 81 muertos y 65 rescatados vivos de un total de 146 internos.
Hizo presente que resulta imposible que ingrese cualquier vehículo a ese recinto, porque ninguna de las cárceles cuenta con un sistema interno, por lo menos de ese tipo, por el que puedan ingresar.
No hay forma que accedan los vehículos hasta el lugar de los hechos. Por ello Bomberos tuvo que ingresar por un estacionamiento adyacente y levantar escaleras telescópicas para combatir el fuego desde afuera.
a) Hacinamiento en San Miguel
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Consultado por los niveles de hacinamiento de la Cárcel de San Miguel respondió que tales niveles son de carácter histórico y no dicen relación con un fenómeno del último tiempo. La entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal vino a aumentar la población penal. Si bien se redujo el tiempo del imputado o de los antiguos procesados en prisión preventiva, significó también un crecimiento exponencial de las condenas.
Informó que el promedio de población del Centro de San Miguel no ha registrado un cambio sustancial ni drástico, vinculado con políticas de gestión, como sería el trasladar imputados de Rancagua a dicho Centro.
Cuando se habilitó Santiago 1 bajó el promedio de internos. Sin embargo, cuando Santiago 1 comienza llenar su capacidad, tanto Colina 1, San Miguel como Puente Alto comenzaron a recibir más imputados.
2.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios .
En la cárcel de San Miguel hay 5 torres. La torre 1 en uno de sus pisos cuenta con un liceo; en otro piso está la enfermería; en otro están los incomunicados, los castigados, y queda un piso para los homosexuales. No hay posibilidades de introducir población penal.
Desde que se implementó la Reforma Procesal Penal se obliga a la cárcel de San Miguel a segmentar por situación procesal. Los imputados en prisión preventiva quedan confinados en la cruceta 4. Los reos de la torre 4, que son altamente peligrosos, son repartidos entre las torres 2, 3 y 5 y en los módulos 4, 5 y 6 de Colina 2.
En el incendio de Colina 2, reos que participaron en esa riña provenían de la cárcel de San Miguel, cruceta 4. Por tanto, hay un impacto que se produce por los desplazamientos generados a raíz de la Reforma Procesal Penal.
En consecuencia, un recluso de la jurisdicción de San Miguel tiene tres posibilidades de clasificación; tres torres.
En ese escenario, si alguien que está privado de libertad por vender CDs en la vía pública y es reincidente, va a caer en la torre que supuestamente es la de más baja peligrosidad, que es la 5. No se puede ubicar en la torre 1, porque no es homosexual declarado; no se puede ubicar en la torre 4, porque no es imputado en prisión preventiva. Incorporarlo en la torre 2 o en la 3 sería poner gravemente su vida en peligro, porque en ellas hay reos muy peligrosos. Entonces, le corresponde la torre 5. No hay más opciones en la cárcel de San Miguel.
Destacó que el hacinamiento no produce necesariamente muertes y violencia. Si fuese causa de la violencia, se tendría que haber producido la muerte de 81 reclusos en el tercer piso, donde se aprecia claramente que está con el doble de su capacidad, pues es de 50 internos por piso.
En el primer piso hay 56 internos. Ese piso es una dependencia destinada a un proyecto de la comunidad evangélica. Esos reos no desean habitar los cuartos pisos por temor a su integridad física. Los cuartos pisos tienen capacidad para 50 internos. En uno hay 71 y en otro, 75, lo que pone de manifiesto que no están frente al 70 por ciento de hacinamiento nacional que se reconoce; ni tampoco frente a un 300 o 400 por ciento de otras dependencias.
Por tanto, el problema consiste en el perfil criminógeno de la gente que habita la dependencia.
b) Equipamiento de la unidad penal de San Miguel
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
Consultado sobre los equipamientos que había en la unidad penal, señaló que el Sargento primero encargado de la sala de armas, Abel Verdugo Viveros , el 16 de diciembre de 2002, a solicitud del jefe de la unidad, informó del listado de elementos contra incendio que existían al 8 de diciembre, informe al que dio lectura:
“01.- Para informar lo solicitado mediante ordinario N°1744/10 del 15 de diciembre de 2010 en su letra F, mediante el cual solicita informe la totalidad de los elementos contra incendio que estarían el día del siniestro ocurrido en la cruceta N° 5 de esta unidad penal.
4 equipos de respiración autónomos.
2 equipos ifex 3.000 C/02 cilindros cada uno.
1 equipo electrógeno más bidón, con combustible.
8 trajes de bombero, completos (chaqueta, pantalón).
2 esmeril angular de 9 milímetros y 4 milímetros y medio.
1 alargador de 20 metros.
5 casquetes protectores faciales.
4 guantes protectores termo barrera.
3 guantes cobertura de aluminio para altas temperaturas.
5 guantes para soldar.
4 esclavinas protectoras nomex.
1 combo de 8 libras.
1 napoleón de 16 libras.
1 foco alógeno portátil
8 cascos de bomberos.
4 botas de bomberos.
2 hachas.
3 bicheros.
3 reducciones Stors .
20 pitones modelo UFS.
4 pitones Stors .
48 mangueras de 50 milímetros.
3 mangueras de 70 milímetros.
2 llaves Stors .
2.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
Informó que no tienen un equipo de reacción como se aprecia en las películas norteamericanas, donde existe un destacamento dedicado especialmente a un área, esperando una alarma para entrar en acción con el equipamiento necesario.
Recalcó que el personal de Gendarmería no está capacitado ni equipado para enfrentar una catástrofe como la producida en San Miguel.
c) Trabajos de mejoramiento de las unidades penales de San Miguel, de Colina y de la penitenciaria de Santiago y las denuncias que se han formulado en relación con éstos.
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería de Chile
Se refirió a dos denuncias que se han formulado en su contra. La primera habría sido planteada por el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, señor Pedro Hernández , quien habría afirmado enfáticamente que se habría ocultado información al Ministerio Público, al no haberle enviado un oficio determinado que le fue requerido por dicho organismo, el cual tampoco habría sido remitido a esta Comisión investigadora. La segunda, que involucra al ex Director Nacional de Gendarmería , señor Alejandro Jiménez , sostiene que las obras y la recepción provisoria, que es la recepción material de las obras que generan el pago, habría ocurrido también bajo mi dirección.
- En lo que respecta a la supuesta omisión en la entrega de antecedentes al Ministerio Público, señaló lo siguiente:
1) El oficio conductor ordinario N° 2257, de 27 de diciembre de 2010, cuya materia es: “Remite informe y carpeta con antecedentes” consta de más de tres páginas, en las que se precisa, en términos generales, el contenido de la información enviada, que corresponde a un legajo o un archivador de documentos. Entre estos últimos es posible encontrar la resolución N° 4.326, de 9 de septiembre de 2010, que, según los denunciantes, no habría sido remitida al Ministerio Público.
2) Dicha resolución fue enviada, igualmente y en forma oportuna, a esta Comisión investigadora.
3) A fin de explicar las posibles motivaciones por las cuales se efectúa esta denuncia, se refiere al comportamiento que ha exhibido el denunciante:
a) En mayo de 2010, tras su anuncio de regularía el protocolo de registro de los internos, el señor Hernández sostuvo que esta nueva política afectaría los derechos de los gendarmes. Ello, incluso, fue representado en la página 117 del informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010, de la Universidad Diego Portales, donde el mencionado dirigente gremial afirma que el Director Nacional no tiene ningún interés en solucionar la problemática de los derechos humanos en el sistema penitenciario, en circunstancias que fue una de las primeras cuestiones que planteó al asumir la Dirección Nacional, poniendo especial énfasis en el tratamiento de los reclusos.
b) Ante la decisión de los tribunales de justicia de decretar la prisión preventiva para los gendarmes imputados en la causa relativa al incendio de la cárcel de San Miguel, el denunciante comunicó que se llevaría a cabo una movilización gremial para atacar las resoluciones de los tribunales, lo que no se condice con un Estado de Derecho ni con un Estado democrático respetuoso del amparo de la ley.
En cuanto a la recepción y pago de la obra, señaló:
1) Las obras fueron ofertadas, los contratos fueron celebrados y hubo un proceso de adjudicación, de pago y de revisión provisoria,-que corresponde a la recepción material, es decir, a la conformidad del trabajo realizado para proceder al pago,- de devolución de retenciones y vencimiento de la póliza de seguro o de fidelidad, todo lo cual se registró bajo la administración del señor Alejandro Jiménez . Por lo tanto, no es efectivo que en su condición de actual Director Nacional haya recepcionado provisoriamente esas obras, que haya firmado algún documento para su pago o que haya tenido alguna posibilidad de evitar la contratación de este trabajo, toda vez que todo lo anterior se efectuó con anterioridad a su asunción en el cargo.
2) En ese entendido, sólo le correspondió cerrar un proceso administrativo, toda vez que éste quedó inconcluso bajo los dictámenes de la Contraloría General de la República, la que señala que hay un plazo determinado en la ley de contratación de obras en que se deben celebrar las recepciones definitivas. No había posibilidades de resarcir, sino que simplemente hacer fe de lo que la comisión provisoria señaló, es decir, que las obras ejecutadas eran las contratadas y que ya se habían pagado.
3) La cronología de los hechos es la siguiente:
a) La resolución N° 1.863, de 7 de mayo de 2008, del Director Nacional de la época, señor Alejandro Jiménez , acepta y adjudica la propuesta a suma alzada al contratista señor Alejandro Jiménez Mardones , para ejecutar la obra denominada “Obra N° 2: mejoramiento de redes contra incendio en diversas unidades penales de la Región Metropolitana”.
b) Una carta suscrita por el contratista el 18 de julio de 2008 indica que el mejoramiento de redes contra incendio se encuentra terminado, por lo que se solicita la recepción provisoria.
c) La resolución exenta de fecha 21 de agosto de 2008, designa una comisión para la recepción provisional y definitiva de las obras. En ella se indica el nombre de las personas que la conforman y sus profesiones. Esta resolución se dictó por orden del Director Nacional de la época y fue firmada por el respectivo Subdirector Administrativo.
d) El primer pago de las obras, cuyo valor asciende a aproximadamente $ 49.000.000, es de fecha 26 de agosto de 2008.
e) El acta de la recepción provisoria fue suscrita el 16 octubre de 2008, fecha en que se constituyó la comisión receptora de la obra. En ella se mencionan las unidades que fueron revisadas y la conformidad con los trabajos mencionados, para autorizar los respectivos pagos. Asimismo, aparece información acerca de la cárcel de mujeres, en Puente Alto, y de los recintos de San Miguel, Colina 1 , Colina 2 y Santiago Sur .
Es posible apreciar que la comisión de recepción se reunió, con posterioridad al primer pago, para efectuar este trámite.
La recepción provisoria es el equivalente a la recepción material, es decir, en virtud de ella se admite que las obras fueron ejecutadas conforme a lo contratado. La recepción definitiva, en tanto, es el cierre administrativo del proceso.
En el primer párrafo de las conclusiones del acta se señala que, de conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por esa comisión receptora, la revisión visual, el chequeo en terreno de las obras proforma y ejecutadas y los suministros de materiales entregados y cumplidos por el contratista, recepcionados por la inspectora técnica de obra -la ITO,- y de acuerdo con el presupuesto y sus ampliaciones, se concluye que lo ejecutado corresponde con lo contratado, razón por la que se tenía que pagar.
Sin embargo, en el segundo párrafo se expone: “Esta comisión receptora de obras, designada al 21 de agosto de 2008, deja constancia que se ha circunscrito a recepcionar solamente los trabajos que efectuó el contratista, por lo tanto, en ningún caso avala el funcionamiento, estado y características de las redes secas, sus trazados, gabinetes y otros elementos que existían antes de la ejecución de este contrato. Este antecedente es ratificado por el diagnóstico radicado en el informe de la empresa AS&P del Cuerpo de Bomberos de Santiago, emitido en 17 de julio de 2008.”
Estos antecedentes forman parte integrante de la carpeta de obra de la ITO, la que fue constituida en terreno, por encargo de la empresa Alejandro San Martín . En ella se expresa que el sistema inspeccionado in situ no califica para ser certificado de acuerdo con los parámetros mínimos normados y dispuestos en la reglamentación vigente respecto de las cinco unidades penales visitadas. Se destaca que en Puente Alto no se efectuó la obra. Tal parámetro estaría representado por el adecuado funcionamiento de las redes secas de incendio existentes en las seis unidades penales que abarcó el contrato.
f) El 13 de noviembre de 2008 se extiende un segundo cheque por la diferencia de las obras en su totalidad.
g) El 30 de enero de 2009 se dicta la resolución que aprueba el acta de recepción provisoria y ordena la devolución de las retenciones que indica, de modo que a esa fecha ya se habían efectuado la totalidad de los pagos.
h) La póliza de seguro o de garantía, que era la última vinculación contractual con el contratista y permitiría demandar en caso de de disconformidad de las obras, se encontraba vigente desde las 12 horas del 7 de mayo de 2008 hasta las 12 horas del 7 de enero de 2010, esto es, venció bajo la administración anterior y no fue renovada.
Lo anterior demuestra, que el Gobierno actual se encontró con un proceso administrativo pendiente, de modo que el Departamento Jurídico de Gendarmería informó al Subdirector de Gendarmería sobre el estado en que se encontraba este último y le dio a conocer que la recepción definitiva de las obras se había producido fuera del plazo legal. Por lo tanto, el mencionado Departamento solicitó que se firme el acta de aprobación de la recepción y que se cierre este proceso administrativo, para poder iniciar un sumario destinado a establecer las causas por las cuales la comisión receptora de obras se constituyó fuera del plazo legal.
A partir de la recepción definitiva de las obras, comienza a correr un plazo de cinco años para demandar civilmente. Dado que la Contraloría General de la República ha sostenido en diversos dictámenes que es necesario cerrar los procesos administrativos, y, habiendo caducado o vencido la póliza, se optó por aprobar la recepción, que es meramente administrativa, para efectos de poder demandar al contratista.
Aseguró desconocer el estado de las redes contra incendios del Centro de Detención Preventiva de San Miguel al momento de firmar la resolución que aprueba la recepción definitiva, puesto que esta materia estaba a cargo de la Subdirección Operativa. Allí, se generó un circuito de comunicaciones entre el jefe de la unidad suplente, el director regional, el jefe de la unidad de asesoría operativa, que luego pasó a ser subdirector operativo, el Coronel Concha, y el jefe del departamento de seguridad, en las cuales se afirmaba que las redes eran inoperantes, información que no fue remitida a la Dirección Nacional. En la documentación entregada a la Comisión se aprecia el historial de tales comunicaciones y de las resoluciones entre los integrantes de la Subdirección Operativa, entre las que destaca la orden de compra de carros y mangueras que suben a un portal el 30 de noviembre de 2010. En el primer proceso de licitación, no hay adjudicación, por lo que los citados elementos contra incendios se compran por trato directo, y llegan a la cárcel con posterioridad al incendio.
Explicó que el sumario administrativo instruido tuvo por objeto investigar las responsabilidades que correspondían por la demora en la recepción de las obras vinculadas a la red seca en las unidades penales de la Región Metropolitana. Estuvo a cargo del fiscal señor Miguel Ángel Cornejo , administrador público del área de Concesiones. Dicho sumario, que fue remitido a la Comisión el 30 de marzo de 2011, determinó que hay seis personas inculpadas, las que se encuentran en proceso de descargo dentro de la etapa administrativa.
Indicó que uno de los aspectos que merece dudas es la razón por la cual se pagaron las obras, en circunstancias de que ni siquiera la comisión designada para el cierre administrativo definitivo estaba cumpliendo con su tarea.
Según dictámenes de la Contraloría que, incluso, se pronuncian a propósito de otras obras en el complejo penitenciario de Valparaíso, es necesario dictar la recepción definitiva de las obras, aun cuando hayan vencido pólizas de garantía, por lo que, en el caso de las obras de mejoramiento de redes, se optó por cerrar el proceso para hacer efectivas las responsabilidades correspondientes.
2.- Alejandro Jiménez Mardones , ex Director Nacional de Gendarmería de Chile .
Aclaró que no ha imputado al actual Director Nacional el haber ocultado información al Ministerio Público o a esta Comisión respecto de ciertos documentos relacionados con contrataciones y pagos de las obras, pues simplemente se limitó a repetir lo que dice la resolución del Fiscal Nacional del mencionado organismo, que ordena que se inicie una investigación por parte de la fiscalía sur, dado que no se habrían presentado documentos en la investigación.
En la primera declaración que efectuó el Director Nacional actual, tras haberse producido el incendio de San Miguel, señaló que las obras habían sido recepcionadas definitivamente en la administración anterior, lo que no es efectivo, pues ese trámite se llevó a cabo en septiembre de 2010, es decir, bajo el actual Gobierno.
Señaló que la recepción provisoria tiene tal carácter y, por ello, la comisión designada para esos efectos manifestó algunas aprensiones, ya que en el momento de la recepción definitiva corresponde efectuar las revisiones que correspondan para determinar si la obra está o no conforme con lo que se contrató y si va a cumplir su objetivo.
Afirmó que le parecía extraño que se argumente que la recepción definitiva se realizó con el objetivo de iniciar el sumario y de ejercer las acciones civiles. En efecto, en la Administración Pública, los sumarios se pueden decretar en cualquier momento y no es necesaria la recepción definitiva para determinar responsabilidades. Por lo tanto, no tiene sentido que se haya aprobado la recepción definitiva si se sabía que la obra estaba en mal estado o que las redes no cumplían con los requisitos. Por lo demás, la resolución es de septiembre de 2010, y el sumario recién se ordena en diciembre, con posterioridad al incendio, es decir hubo una demora en su instrucción que carece de explicación. Señaló que pese a que se anunció que iba a ser citado, en el marco de la investigación de dicho sumario, ello no se concretó.
La recepción definitiva establece si las obras cumplieron con las normas. Si ello no fuese así, no existiría el concepto jurídico de recepciones provisorias y definitivas. Las primeras buscan que en el acta queden establecidas las problemáticas que podría presentar la obra para que, en definitiva, sean solucionadas y posteriormente, en la recepción definitiva, sea recepcionada como corresponde.
Contestando una pregunta en relación con las razones por las cuales las obras se pagaron con anterioridad a la recepción provisoria, explicó que en todos los contratos de la administración pública y, en especial, los que se celebran en Gendarmería, por base -que son bases generales y particulares que están aprobadas con anticipación- las formas de pago, en general, se establecen con la recepción provisoria y las garantías correspondientes para la provisión en caso de la recepción definitiva.
En términos generales, en la administración pública, los pagos se efectúan de acuerdo con el avance de obras. Así, en este caso, el primero se realizó el 26 de agosto de 2008, y posteriormente, se pagó el saldo restante una vez efectuada la recepción provisoria.
Recalcó que la recepción definitiva supone la conformidad con lo ejecutado y que se subsanaron las observaciones que, en algún momento, pudo haber tenido la obra. Por lo tanto, afirmar que tal especie de recepción es necesaria únicamente para incoar un sumario es simplificar su función, pues en cualquier obra de la administración pública, la recepción definitiva implica el cierre y validación de todo el proceso.
Afirmó no conocer personalmente al contratista de las obras aunque, al parecer, ha ejecutado otros trabajos dentro de Gendarmería.
Señaló que en el incendio que se produjo en abril de 2009 en Colina II, como consecuencia de una riña, los internos no estaban encerrados en sus celdas y algunos de ellos fallecieron. Por ello, se solicitó, a través de la Subdirección Operativa, la realización de varios trabajos tendientes a minimizar una situación similar,. En ese contexto, se dictó un protocolo que, en definitiva, fue aprobado el 28 de diciembre de ese año; se hizo un levantamiento de planos de emergencia a nivel nacional; se iniciaron simulacros de incendio en todas las unidades penales; se ordenó, por parte de la Subdirección Operativa, la eliminación de cocinillas y se prohibió el ingreso de parafina. Además, se hizo un levantamiento de algunas unidades penales respecto del funcionamiento de las redes secas y húmedas, en razón del cual se ordenaron las reparaciones en esa y en otras unidades penales, a partir de lo cual se tomó conocimiento de las especificaciones y de los diseños.
El pago de las obras de mejoramiento de las redes de las unidades penales de la Región Metropolitana se efectuó mediante una resolución de la Subdirección Administrativa. Una vez recepcionada el acta por el Departamento de Infraestructura de Gendarmería, la jefa de este último extendió un oficio por el que se entiende que la obra está aprobada provisoriamente y lo elevó al Subdirector Administrativo, que es su jefe directo, quien dictó una resolución, aprobando provisoriamente la obra. Luego, por orden del Director, en razón de que en 2004 o 2005 se estableció, por resolución, que algunos documentos eran firmados por la Subdirección Administrativa, se notificó al Director Nacional que se cerró provisoriamente esa obra.
En términos generales, muchas veces se revisaba la documentación de todas las obras, incluso con mayor acuciosidad en el cierre definitivo. Supuestamente, todos los pagos contaban con la visación de la comisión que recibió la obra, de la Jefa de Infraestructura y del Subdirector Administrativo, y además, del inspector técnico de obra (ITO), que era un funcionario del Departamento de Infraestructura, quien, debía visitar la obra, al menos semanalmente y revisar el libro de avance de la misma, a fin de autorizar los pagos. Por lo tanto, habiéndose cumplido formalmente todos los requisitos de la obra, la única opción que tenía el Director Nacional para determinar si efectivamente funcionaba, era probarla personalmente.
En consecuencia, como Director de Gendarmería sólo contaba con la información que emanaba de las áreas técnicas, como por ejemplo, la que proporciona el ITO, en el sentido de que la obra en cuestión estaba en condiciones de ser recepcionada, aspecto en el que coincidieron la Jefa de Infraestructura, el Subdirector Administrativo y la comisión de la recepción provisoria, aunque con algunas observaciones. Estas últimas representan el único elemento que advierte un eventual problema con las obras, ya que ningún funcionario técnico denuncia fallas en las mismas.
Indicó que, al parecer, en la actual administración, el último de los oficiales que estuvo a cargo del Centro de Detención Preventiva de San Miguel formuló observaciones respecto de la obra durante 2010, sin que algún alcaide o director regional lo haya hecho con anterioridad.
Aclaró que el pago efectuado el 26 de agosto de 2008 fue certificado por el ITO, de acuerdo a la normativa vigente y a las bases generales y particulares de las obras, según el avance porcentual de los trabajos. Por lo general, se establece en tales bases que el pago procede una vez cumplido el 30 por ciento de avance de las obras. En ocasiones, las propias empresas acumulan los pagos correspondientes a varios estados de avance, lo cual podría explicar que en la fecha mencionada se haya pagada una gran cantidad de dinero.
Precisó que, por regla general, los pagos provisorios no son autorizados por la Dirección Nacional, sino por la Subdirección Administrativa y por el ITO, de modo que no le correspondía suspenderlos.
Aseveró que tampoco estos últimos debían hacerlo, toda vez que los pagos provisorios dicen relación más bien con el avance de la obra que con el funcionamiento de la misma, en el entendido de que durante la recepción definitiva se verifica la calidad de la obra.
Afirmó que las obras fueron contratadas para reparar las fallas en el sistema de las redes de las unidades penales de la Región Metropolitana.
Respecto de las razones por las cuales se habría pagado el valor total de las obras, devolviendo a la empresa la garantía entregada pese a saber que el sistema no funcionaba, señaló que hay distintos tipos de garantías, como por ejemplo, de seriedad de la oferta, de seriedad de la obra y otras, que garantizan la obra definitiva. Declaró desconocer qué tipo de garantías se utilizaron en este caso y cuáles fueron devueltas. Sin embargo, hizo presente que corresponde a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, conjuntamente con la Unidad Jurídica, velar por que se mantengan vigentes. De hecho, bajo su administración, se encontraron boletas de garantía vencidas de otras obras y se iniciaron los sumarios correspondientes.
El Director Nacional puede revisar si las garantías están vigentes, a partir de la información que emana de la Unidad Jurídica y de la de Contabilidad y Presupuesto, así como también a través de las auditorías realizadas por esta última unidad. Sin embargo, en estricto rigor, la Subdirección Administrativa es la encargada de supervisar que las garantías se encuentren vigentes, sin perjuicio de que la responsabilidad última recaiga en el jefe de servicio.
Indicó que aunque se cuente con muchos asesores, el Director de Gendarmería no puede estar encima de todo y, en definitiva, en cada uno de los departamentos está establecido quiénes son los responsables de que estas garantías se mantengan.
3.- Oscar BenavidesMillapán. Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile (Anfup)
Los trabajos de mejoramiento de las unidades penales de San Miguel, de Colina y de la Penitenciaria de Santiago se realizaron a través de un proceso de licitación pública, que se inició en 2008, en la Administración del Director Nacional de Gendarmería de Chile don Alejandro Jiménez y que terminó recién en septiembre del año pasado con la recepción final de todos los trabajos realizados.
Los procesos de licitación de trabajos mayores están regulados a través del decreto Nº 75, de 2004, del Ministerio de Obras Pública, proceso que comienza con la elaboración de las bases, en la que participan las áreas de adquisiciones, jurídica y de infraestructura. Posteriormente, se llama a licitación o a propuesta pública. A continuación viene un período para la consulta y aclaraciones, una visita a terreno, presentación de las ofertas, apertura de éstas y posteriormente se constituye una comisión que las analiza y las evalúa.
Esta comisión de adjudicación se creó a través de la resolución N° 3.806, del 21 de agosto, de 2008, en la administración del Director Nacional, señor Alejandro Jiménez . Posteriormente, por resolución exenta Nº 1.863, de mayo de 2008, se adjudica la licitación y se da inicio a la ejecución de los trabajos de San Miguel. Sin embargo, se percataron que las obras no quedaron bien ejecutadas, hecho que ocurrió durante la administración anterior.
En la administración del actual Director Nacional, señor Masferrer , se realizó el proceso de pre recepción de las obras la recepción final de las obras, a través de la resolución Nº 4.326, de 9 de septiembre de 2010, donde consta, claramente, que el actual Director Nacional de Gendarmería de Chile recibió conforme todos los trabajos realizados en los recintos penales de la Penitenciaria de Santiago, de San Miguel, de Colina y de la Cárcel de Mujeres de Santiago. Sin embargo, a la fecha, las redes secas y húmedas no se encuentran funcionando.
Este documento acredita que el actual Director Nacional de Gendarmería de Chile recibió conforme y sin observación los trabajos de la cárcel de San Miguel.
En la segunda parte de la citada resolución se señala que se recibieron todos los trabajos sin observación alguna.
Consideró injusto que se traspase la responsabilidad del colapso total del sistema penitenciario a los funcionarios. Sin duda, acá hay responsabilidades superiores y que corresponden a aquellos que han asumido la administración del sistema penitenciario.
Recalcó que el actual Director de Gendarmería como su predecesor en la pasada administración no pueden ser juez y parte.
La intervención de aquellos que están siendo cuestionados va a enturbiar este proceso de investigación de responsabilidades.
Manifestó que la idoneidad para permanecer en el cargo por parte del actual Director Nacional de Gendarmería de Chile debe ser a lo menos cuestionada.
Reiteró que la situación de San Miguel era conocida. Hubo muchas señales de advertencia.
Consultado sobre los procedimientos y la constitución de la comisión que tenía la facultad u obligación de revisar el proceso de adquisiciones, señaló que el proceso de adjudicación de obras mayores, de más de 6 mil UTM, requiere de una licitación, cuyo procedimiento consiste en un llamado a licitación o propuesta pública, durante 20 días; consultas y aclaraciones, visita en terreno, presentación de ofertas, apertura de ofertas, análisis y evaluación de las mismas, a través de la Comisión de Adjudicación, creada por resolución N° 3.806, del 21 de agosto de 2008, bajo la administración del señor Alejandro Jiménez ; adjudicación de la licitación, realizada por resolución exenta N° 1.863, de 7 de mayo de 2008, y el proceso de ejecución que, según la información que manejan, fue durante su administración.
Sin embargo, el proceso de licitación y ejecución de una obra no termina aquí. De acuerdo a lo establecido en el decreto supremo N° 75, de 2004; termina con la recepción final de los trabajos, la que se realizó a través de la resolución de 9 de septiembre de 2010, por la cual, por orden del Director Nacional de Gendarmería de Chile, se reciben los trabajos de mejoramiento de las redes seca y húmeda de las unidades penales de San Miguel, de Colina y de la Penitenciaría de Santiago sin observaciones.
La Comisión de Recepción de las Obras, integrada, seguramente, por funcionarios con conocimientos específicos de esa técnica, tenía como función constituirse en terreno y verificar que las redes húmedas y secas estuviesen funcionando.
Aquellos que tenían la responsabilidad de recibir ese trabajo debieron constituirse y verificar que el sistema de redes estaba funcionando. Pero fue recibido sin observaciones, y el hecho objetivo es que la noche del 7 de diciembre, cuando, lamentablemente, fallecieron los internos, esas redes no funcionaron. Más aún, el 19 de diciembre, durante el motín de la Penitenciaría, tampoco funcionaron las redes seca y húmeda y, gracias a la intervención de bomberos, con sus equipos, se logró apagar el incendio del motín.
Esta Comisión deberá esclarecer si es responsabilidad de la administración anterior o de la actual, si hay o no responsabilidad política, sobre la base de los antecedentes que han aportado.
Consultado sobre cuando finalizó el proceso de licitación y ejecución de las obras, señaló que durante la administración de Alejandro Jiménez. Al actual Director Nacional de Gendarmería de Chile le correspondía la pre- recepción y la recepción de ellas. Y en la recepción de las obras, a través de la comisión que le corresponde, él tenía dos posibilidades: una, aceptar sin observaciones el trabajo, o darse cuenta de que los trabajos estaban mal realizados. En ese caso, debía hacer uso de las boletas de garantía correspondientes, lo que implicaba que la empresa que ejecutó el trabajo tendría que haber dispuesto la reparación de las obras a través de un porcentaje del valor total, o la aplicación de multas a la empresa que las ejecutó.
Por lo tanto, en ese proceso de recepción, el Director Nacional contaba con las facultades entregadas por el decreto N° 75 para realizar objeciones y observaciones y, en consecuencia, rechazar las obras y disponer su reparación. Finalmente, recibió todo el trabajo sin observación alguna.
Señaló que la cárcel de San Miguel está considerada en esas obras.
4.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios
Antecedentes sobre obras de mejoramiento de las redes contra incendios ejecutadas en diversas unidades penales de la Región Metropolitana que obran en poder del Ministerio Público
1) En virtud de la resolución exenta N° 1863, de 7 de mayo de 2008, el entonces Director Nacional de Gendarmería , señor Alejandro Jiménez Mardones , acepta y adjudica la propuesta a suma alzada al contratista señor Alejandro San Martín Venegas para ejecutar la obra denominada “Obra N° 2: Mejoramiento Redes contra incendios en diversas Unidades Penales de la Región Metropolitana (Segundo llamado)”, por la suma de $ 42.416.094 con I.V.A. incluido, dentro del plazo de sesenta días corridos.
Se establece que el pago se efectuará mediante estados de pago mensuales, los cuales no podrán ser inferiores al 50% del monto total de la obra, una vez comprobado, por Gendarmería, el cumplimiento de las especificaciones estipuladas. Asimismo, se dispone que de cada estado de pago, se retendrá el 10% de su valor, hasta completar un 5% del monto total del contrato, lo que servirá como garantía de cumplimiento de las obligaciones del contrato, debiendo devolverse estas retenciones después de efectuada la recepción provisoria siempre que los trabajos hayan sido ejecutados sin defecto alguno y en conformidad con las Bases Administrativas Generales, Especiales, especificaciones, planos y reglas de la técnica.
2) El 20 de agosto de 2008, mediante la resolución exenta N° 003698, la mencionada autoridad aprueba el convenio ad referéndum entre Gendarmería y el contratista, en virtud del cual se aumenta en doce días corridos el plazo de ejecución de la obra, debido a que se produjo un retraso en la inspección de las redes contra incendios en las unidades penales de la Región Metropolitana, en razón de las dificultades administrativas de ingreso y prueba de los sistemas existentes, que tuvo el Cuerpo de Bomberos de Santiago, encargado de efectuar tal inspección.
3) La resolución exenta N° 004611, de 10 de octubre de 2008, de la misma autoridad, regulariza y aprueba la liquidación del valor proforma efectuado a la obra mencionada, valor que corresponde al trabajo que efectúa el contratista antes de ejecutar su obra, para los siguientes establecimientos penitenciarios: Centro Penitenciario Femenino de Santiago, Centros de Detención Preventiva de San Miguel y Santiago Sur y de Puente Alto, y Centros de Cumplimiento Penitenciario Colina I y II.
En el caso del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, el valor proforma propuesto asciende a $ 1.500.000, monto que se asemeja al asignado para el resto de las unidades penales. El presupuesto total es de $ 13.417.488.
4) El acta de recepción provisoria, de 16 de octubre de 2008, establece que la comisión receptora se limitó a recepcionar únicamente los trabajos realizados por el contratista, sin avalar el funcionamiento, estado y características de las redes secas, sus trazados gabinetes y otros elementos que existían antes de la ejecución del contrato. Este antecedente es ratificado por el diagnóstico efectuado por la AS&P del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en virtud de un informe en el que se indica que el sistema inspeccionado in situ no califica para ser certificado de acuerdo con los parámetros mínimos normados en la reglamentación vigente en las cinco unidades penales visitadas (no se efectuaron obras en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto), cual es el adecuado funcionamiento de las redes secas en las seis unidades penales que abarcó el contrato de obras.
5) En virtud del oficio ordinario N° 2365/2008, de 26 de diciembre de 2008, la Jefa del Departamento de Infraestructura de Gendarmería informa al Jefe del Departamento Jurídico que las obras, consistentes en el suministro de elementos contra incendio, se ejecutaron en todas las unidades penales previstas, al igual que la reparación de las redes secas, que también estaban contempladas en las obras, pero en este último caso, se exceptúa al Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, lugar en que no se llevaron a cabo, por considerar que el valor de la reparación- que no se explicita- superaba ampliamente el valor proforma establecido y aprobado en virtud de la resolución ya mencionada.
Pese a haber sido excluido de las obras, el valor proforma propuesto para este Centro, no fue rebajado del total del presupuesto, que ascendía a $ 13.417.488, sino que fue prorrateado, de modo de cuadrar las cifras para que el monto total a pagar fuera el indicado precedentemente, situación irregular que podría, perfectamente, revestir carácter de delito.
Se deja constancia en la resolución que las redes fueron inspeccionadas por el Cuerpo de Bomberos, el que indicó que no estaban aptas para ser certificadas, dado que cada unidad penal debía contar, al menos, con los siguientes elementos: extintores, camilla, mangueras, cuellos ortopédicos y áreas no cubiertas, aspectos que, en todo caso, estaban fuera del alcance del contrato.
6) En el oficio ordinario N° 00553/2009, de 14 de enero de 2009, el Director Regional Metropolitano da a conocer a la Jefa del Subdepartamento de Infraestructura las siguientes deficiencias de las redes secas contra incendios y sus elementos en las unidades penales que se indican:
-Centro de Detención Preventiva de Puente Alto: la tubería está rota y, por tal motivo, no se efectuaron pruebas para comprobar su operatividad.
-Centro de Detención Preventiva de San Miguel: existen filtraciones, válvulas en mal estado y, según el certificado emitido por el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, la red seca no se encuentra operable.
En dicho oficio se solicita la reparación de las redes que se encuentran en mal estado en ambas unidades, en prevención de una eventualidad de incendio y se citan un sinnúmero de oficios anteriores mediante los cuales los jefes de las unidades de Santiago denuncian el estado deficitario de las redes.
7) La resolución exenta N° 000447, de 30 de enero de 2009, del ex Subdirector Administrativo, señor Miguel Candia Irarrázabal , aprueba el acta de recepción provisoria y ordena la devolución de las retenciones a los estados de pago del contratista por un valor total de $ 2.120.805 con I.V.A. incluido. De este modo, se procede al primer y segundo pago en la administración anterior.
8) En el acta de recepción definitiva de la obra, de 6 de agosto de 2010, se señala que la comisión que fue creada para recibir las obras, compuesta por tres constructores civiles y un ingeniero civil, analizó los antecedentes y documentos que sirvieron de base a la recepción provisoria y se limitó a recepcionar únicamente los trabajos realizados por el contratista, sin avalar el funcionamiento, estado y características de las redes secas, sus trazados gabinetes y otros elementos que existían antes de la ejecución del contrato, porque el sistema, al decir del informe emitido por la empresa AS&P del Cuerpo de Bomberos de Santiago, no califica para ser certificado de acuerdo con los parámetros mínimos normados en la reglamentación vigente en las unidades penales analizadas, una de las cuales es el Centro de Detención Preventiva de San Miguel. En dicho informe se recomienda realizar un estudio completo, cuya ingenie-ría permita contar con sistemas de red húmeda y seca prácticos y funcionales.
Cabe hacer presente que no se incluye en la recepción definitiva al Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, pues en esa unidad no se canceló ni efectuó reparaciones en la red seca existente.
En consecuencia, resulta cuestionable que se haya pagado esta obra en circunstancias que el informe técnico de la comisión designada señala que no es satisfactoria y que las redes no están en funcionamiento.
9) En el oficio ordinario N° 1031/2010, de 25 de agosto de 2010, el Abogado Jefe del Departamento Jurídico de Gendarmería , don Marcos Pastén Campos, informa al Subdirector Administrativo de la institución, en relación con la solicitud de elaboración de la resolución que apruebe la recepción definitiva de la obra, que la comisión designada para efectuar esta última se constituyó con bastante posterioridad a la fecha de término efectivo de los proyectos e, incluso, a la época en que cesó la vigencia de documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato, lo que se apartaría de la normativa legal vigente.
En efecto, hace presente que el artículo 176 del decreto supremo N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que fijó el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, establece que la comisión que debe efectuar la recepción definitiva del proyecto se debe constituir en la obra en un plazo no superior a diez días a contar de la fecha de término de la garantía. Si transcurrido ese plazo no se hubiera constituido por causas ajenas al contratista, éste tendrá derecho a que se le restituya el dinero que hubiere desembolsado para mantener vigente por mayor tiempo la boleta o póliza de seguro de garantía del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que incurran los funcionarios por este hecho.
Se indica que hubo un desfase de siete meses entre la fecha en que debió efectuarse la recepción definitiva y aquélla en que realmente ello aconteció. Asimismo, se señala que si bien no se ocasionó un perjuicio económico para la institución, este hecho ha significado que han caducado las garantías existentes de los contratos antes de la fecha estimada para el cese de la vigencia de los mismos, sin que tales garantías hayan sido renovadas.
En razón de lo anterior, el Subdirector Administrativo de la institución debió haber solicitado al Director Nacional un sumario administrativo por el defectuoso trabajo del contratista y por las falencias de control y supervisión de la administración anterior, a fin de establecer las responsabilidades correspondientes, lo que, sin embargo, no ocurrió en forma oportuna.
10) En vez de ello, el Subdirector Administrativo, don Carlos Esteffan Codoceo, aprueba el acta de recepción definitiva de las obras, sin observaciones, en virtud de la resolución exenta N° 4326, de 9 de septiembre de 2010.
11) El 15 de septiembre de 2010, se efectúa la liquidación del contrato y se deja constancia de los montos cancelados por estados de pagos:
Estado de pago N° 1: $ 37.609.670
Estado de pago N° 2: 2.685.619
Estado de pago N° 3, retenciones 5%: 2.120.805
Total pagado: $ 42.416.094
Igualmente, se declara que el contratista entregó los trabajos encomendados en conformidad al contrato correspondiente, planos y especificaciones técnicas, a entera satisfacción de Gendarmería.
12) El 15 de octubre de 2010, mediante la resolución exenta N° 4917, del mencionado Subdirector aprueba la liquidación final y ordena la devolución de las garantías del contrato de ejecución de obras, porque la administración anterior se excedió en todos los plazos legales.
En consecuencia, la actual administración se hace parte del error en que incurrió la anterior, al haber tomado conocimiento del estado de las redes sin hacer nada para mejorar la situación.
13) El 2 de noviembre de 2010, la Jefa Operativa Regional (S) comunica a la Jefa Administrativa Regional de Gendarmería que el 25 de octubre de ese año, personal del Área Operativa Regional visitó el Centro de Detención Preventiva de San Miguel y supervisó la operatividad de la red húmeda, concluyendo que se encuentra en pésimas condiciones e inoperable ante una emergencia. Por ello, se propone, a fin de atenuar el riesgo de incendio con consecuencias fatales, efectuar la compra de mangueras y de carros porta mangueras para activar la mencionada red en los primeros pisos de cada cruceta. Es así como la Dirección Regional Metropolitana, a cargo del Coronel señor Carlos Bustos Hofmann , quien fue alejado del servicio, dispuso la adquisición de estos elementos. La ficha de licitación y el comprobante de ingreso de oferta (de 26 de noviembre de 2010) demuestran que esta compra, aunque llega extemporáneamente a San Miguel , es una acción dispuesta y ejecutada por la Dirección Regional Metropolitana para paliar la situación y no por la Dirección Nacional.
14) Mediante la resolución N° 6178, de 20 de diciembre de 2010, el actual Director Nacional de Gendarmería ordenó instruir un sumario administrativo en el Subdepartamento de Infraestructuras, a fin de establecer las responsabilidades por eventuales irregularidades y atrasos en la ejecución del proceso de licitación pública de la obra en cuestión.
Si bien el actual Director Nacional de Gendarmería ha sostenido que dictó la recepción definitiva con el único ánimo e intención de disponer un sumario administrativo, ello parece cuestionable, por cuanto este último fue dispuesto doce días después del incendio, cuando habían transcurrido tres o cuatro meses desde la recepción definitiva.
En razón de lo anterior, hay molestia entre los oficiales de Gendarmería, ya que se les acusa públicamente de tamaña catástrofe, en circunstancias que quienes estaban encargados de evitar esta tragedia, para lo cual debían haber habilitado las redes, no las tuvieron en condiciones cuando se necesitaban.
Por ello, aun cuando están dispuestos a asumir las responsabilidades penales que lleguen a establecerse, están convencidos de que también se deben exigir las responsabilidades políticas de las dos administraciones involucradas en estos hechos.
5.- Olga Feliú Segovia de Ortúzar .
Informe en derecho referido a la recepción definitiva de las obras de mejoramiento de redes contra incendio en diversas unidades penales de la Región Metropolitana.
“En el año 2008, Gendarmería de Chile contrató obras de Mejoramiento de Redes contra incendio en diversas Unidades Penales de la Región Metropolitana.
En relación con la recepción definitiva efectuada el 6 de agosto de 2010 por la Comisión Receptora de la Obra de dicho Organismo, se me ha solicitado informar en derecho.
Antecedentes
Para emitir este informe se me han proporcionado los siguientes antecedentes.
1. Por Resolución exenta N° 1863, de Gendarmería de Chile, Departamento Jurídico, de 7 de mayo de 2008, dictada en conformidad con el artículo 86 inciso tercero, del Reglamento para Contrato de Obra Pública, se aprobaron las Bases Administrativas especiales “las especificaciones técnicas; las cartas aclaratorias; el presupuesto oficial; el presupuesto del contratista; las actas de apertura y de adjudicación de las propuestas; las declaración de vista a terreno; el programa de trabajo o Carta Gantt; el programa mensual de inversiones; el listado de maquinarias y equipos; la nómina de obras en actual ejecución; los planos generales y de detalle; la declaración de conocimiento de las bases; formulario de identificación del proponente; el certificado del Subdepartamento de Infraestructura Institucional, de encontrarse de la empresa contratista inscrita en el Registro General de Contratistas de Gendarmería y; todos los demás antecedentes que han servido de fundamento al proyecto denominado “Obra N° 2: Mejoramiento redes contra incendio en diversas unidades penales de la Región Metropolitana (segundo llamado)”.
Los documentos señalados precedentemente, de conformidad al artículo 92° del Decreto MOP N° 75, de 2004, deberán ser suscritos por el contratista y depositados en el archivo especial que para estos efectos lleva el Subdepartamento de Infraestructura. Estos documentos y antecedentes, una vez rimados por el contratista, se entenderán formar parte integrante de la presente resolución, para todos los efectos legales reglamentarios u administrativos.”.
En igual Resolución se aceptó y adjudicó la propuesta del contratista don Alejandro San Martín Venegas , bajo el sistema de “propuesta pública” a “suma alzada”.
Se estipuló un plazo de 60 días corridos. Estableció la misma resolución que el contratista debía presentar boleta de garantía bancaria.
Igualmente, dispuso esta Resolución lo relativo a los estados de pago, retenciones, financiamiento, materiales y otros propios de esta especie de contratos.
2.- Las especificaciones técnicas generales, aprobadas por la Resolución exenta N° 1863, de 2008, indican, en el párrafo relativo a Generalidades, que “las obras consisten fundamentalmente en el mejoramiento integral de red seca contra incendio, reparando todas las filtraciones existentes, introduciendo las modificaciones que señalan las presentes Especificaciones Técnicas, dejando la red completamente operativa, con aprobación del Cuerpo de Bomberos que corresponda, según el sector. “.
3. Por Resolución N° 3806, exenta, de 21 de agosto de 2008, se designó la Comisión que debía recibir en forma provisional y definitiva la obra señalada en el número anterior.
4.- El 17 de julio de 2008, AS&P una empresa del Cuerpo de Bomberos de Santiago emite un Informe Técnico sobre los “Sistemas contra incendios (Red Seca y Húmeda) Recintos Penitenciarios Región Metropolitana. “
En este Informe, respecto del Centro de Detención Penitenciario de San Miguel se expresa como conclusión que “estos sistemas tampoco cumplen los requisitos necesarios para poder ser certificados de acuerdo a los parámetros normados, por lo que se hace necesaria una intervención mayor que optimice estos dispositivos, volviéndolos sistemas eficaces, eficiente y confiables.”.
5.- El 16 de octubre de 2008, constituida la Comisión Receptora de la obra, designada por la Resolución N° 3806, referida en el N° 2, precedente, hizo diversas observaciones y dejó diferentes constancias. Se debe destacar que hizo expresa referencia al informe de 17 de julio de 2008, referido en el número precedente.
Como conclusión, la Comisión señala que “¡a revisión visual dentro de lo posible del chequeo en terreno ... concluye que lo ejecutado corresponde a lo contratado ... “.
Agrega el Acta pertinente que “sin perjuicio de lo anterior... “la Comisión deja constancia que se ha circunscrito a recepcionar solamente los trabajos que ejecutó el contratista “ por lo tanto, en ningún caso se avala el funcionamiento, estado y características de las redes secas, sus trazados... y que este antecedentes es ratificado por el informe de la empresa del Cuerpo de Bomberos -referido en el número 3 precedente- que es parte integrante de la Carta de Obra de la ITO y que han tenido a la vista “. Concluyendo que “constituida en terreno por encargo de la empresa ...expresa que el sistema inspeccionado in situ, no califican para poder ser certificados de acuerdo con los parámetros mínimos normados y dispuestos en la reglamentación vigente en las cinco (5) Unidades Penales visitadas ... “.
6.- Oficio N° 713, de 1 de diciembre de 2008, del abogado Jefe del Departamento Jurídico a la Jefa del Departamento de Infraestructura en el que manifiesta que se ha solicitado dictar la Resolución de recepción provisoria de las obras para lo cual requiere se le informe sobre las mismas, que permita determinar si el contratista ha realizado las acciones necesarias para subsanar las observaciones existentes según el acta de 16 de octubre de 2008.
7.- Oficio N° 2365, de 26 de diciembre de 2008, de la Jefa del Departamento de Infraestructura al señor Jefe del Departamento Jurídico.
En el informe se señala que en todas las unidades penales se suministraron los elementos contra incendio de acuerdo con las especificaciones técnicas, los que fueron debidamente recepcionados y certificados por el personal de cada Unidad Penal.
Que las obras fueron ejecutadas.
Que las redes fueron inspeccionadas por el Cuerpo de Bomberos que indicó que no están aptas para ser certificadas dado que para obtener esta certificación se requiere cumplir con una serie de condiciones -que especifica-”las cuales estaban fuera del alcance de este contrato dándose por cumplido el desarrollo de este aspecto solicitado en las Especificaciones Técnicas, al entregarse en informe respectivo por parte de Bomberos. “.
8. Por Resolución N° 447, exenta, de 30 de enero de 2009, del Subdirector Administrativo de Gendarmería, suscrita por orden del Director Nacional, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria de 16 de octubre de 2008 y se ordenó devolver al contratista las retenciones de sus estados de pago.
En los Vistos de esta Resolución se cita expresamente el Oficio N° 2365, de 26 de diciembre de 2008, de la Jefa del Departamento de Infraestructura del Servicio.
9. Según da cuenta el Acta de 6 de Agosto de 2010, ese día se constituyó la Comisión Receptora de la Obra, la que había sido designada por la Resolución N° 3806, exenta de 21 de agosto de 2008, referidas en los números 1 y 2, precedentes, respectivamente.
Esa Comisión, según se expresa en el acta de la Comisión, concluye que los trabajos ejecutados corresponden a lo contratado con la empresa Alejandro San Martín y que fueran aprobados por la I.T.O.
Deja constancia en esta Acta que “Con respecto a lo señalado en el trámite de Recepción Provisoria, donde se deja constancia que el informe técnico emitido por la Empresa AS&P del Cuerpo de Bomberos de Santiago entregado de acuerdo a contrato, “recomienda un estudio completo, cuya ingeniería permita contar con sistemas como la red húmeda y red seca, prácticos y funcionales “, esta Comisión Receptora de Obra Definitiva, deja constancia que se ha circunscrito a recepcionar solamente los trabajos que efectuó el Contratista, por lo tanto en ningún caso se avala el funcionamiento, estado y características de las redes secas, sus trazados gabinetes y otros elementos que existían antes de la ejecución de este contrato, toda vez que el citado informe indica que el sistema inspeccionado in situ, no califican para poder ser certificados de acuerdo con los parámetros mínimos normados y dispuestos en la reglamentación vigente en las cinco (5) Unidades Penales visitadas. “.
Consideraciones
10) Teniendo en consideración los antecedentes antes referidos procede informar respecto de la procedencia y legalidad de la recepción definitiva de las obras efectuada el 8 de agosto de 2010.
Sobre el particular, cabe tener en consideración que la ejecución de las obras de que se trata se encuentra regida por el Reglamento para Contrato de Obra Pública pues así lo dispuso la Resolución N° 1863, de 7 de mayo de 2008, exenta, que aprobó los antecedentes, aceptó y adjudicó la propuesta, estableció que la obra se regiría por el sistema de propuesta pública “a suma alzada”, sin reajustes ni intereses
Igualmente, debe considerarse que entre los antecedentes aprobados se encuentran las Bases Administrativas especiales; las especificaciones técnicas y las cartas aclaratorias; el presupuesto oficial; el presupuesto del contratista; las actas de apertura y de adjudicación de las propuestas; la declaración de visita al terreno; el programa de trabajo o Carta Gantt; el programa mensual de inversiones; el listado de maquinarias y equipos; la nómina de las obras en actual ejecución; los planos generales y de detalle; y la declaración de conocimiento de las Bases.
Todos estos antecedentes configuran una obra precisa, cierta y determinada que fue la contratada a suma alzada.
El Reglamento para Contrato de Obra Pública, en su Título IX trata “De la recepción de las Obras”.
En sus artículos 166 hasta el 178 regula en forma precisa y detallada cuáles son las actuaciones que debe efectuar la Administración.
En el caso en informe, atendido los antecedentes antes pormenorizados, cabe concluir que habiéndose cumplido regularmente las etapas anteriores a la recepción definitiva procedía que ésta se efectuara.
A idéntica conclusión arriba el dictamen de Contraloría General número 48.443, de 16 de diciembre de 1999, recaído en una consulta formulada por el Servicio de Gendarmería de Chile.
Expresa el Organismo Contralor, en este pronunciamiento, que el Servicio “debe efectuar la recepción definitiva de una obra mayor ejecutada bajo la modalidad de contratación por trato directo a suma alzada, una vez vencido el plazo a que se refiere el art/164 del dto 15/92 obras públicas, esto es, el de un año contado desde la fecha fijada como de término del trabajo, salvo que las bases administrativas señalen uno diferente, ello, porque acorde art/170 del citado ordenamiento, la recepción definitiva se hace en la misma forma y con similares solemnidades que la provisional, después de transcurrido el plazo de garantía de fiel cumplimiento del contrato por parte del contratista, el cual se encuentra establecido en el mencionado art/ 164...”.
Cabe destacar que si bien el dictamen del Organismo Contralor recae sobre el anterior Reglamento para Contrato de Obra Pública, es lo cierto que las normas relativas a esta materia, en el Reglamento que es aplicable al caso en estudio, no contempla modificaciones por lo que la conclusión del Organismo Contralor resulta íntegramente comprendida en la situación de la especie.
También se debe destacar sobre esta materia que la obligación del contratista es la de respetar las normas de arte y ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones de la entidad que se le encargó, obligándose a entregarla dentro de los plazos convenidos. Según tales especificaciones es la obra que el contratista debe entregar.
Así, si hubiese habido un mal diseño de los trabajos encomendados por parte del Servicio, ello no sería susceptible de ser corregido con posterioridad ni menos retardando o procediendo a dejar de efectuar la recepción final.
Tal rechazo o retardo sólo podría comprometer la responsabilidad de Gendarmería.
En este sentido se debe considerar que el Informe del Departamento de Infraestructura del Servicio , de 26 de diciembre de 2008, hace presente que las normas indicadas para el Cuerpo de Bomberos ''estaban fuera del alcance del contrato”. Siendo ello así, y habiéndose cumplido regularmente todas las etapas previas a la recepción final debía efectuarse ésta, tal como se realizó.
Conclusión
Sobre la base de los antecedentes proporcionados que han sido señalados en forma pormenorizada, y de acuerdo con las Consideraciones expuestas, cumplo con informar que en mi concepto, la recepción final efectuada el 6 de agosto de 2010, por la Comisión Receptora de la Obra, a que se refiere este informe, se ajusta al Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.”
d) El día que ocurrieron los hechos
1.- Luis Masferrer Farías , Director Nacional de Gendarmería
En relación a los hechos acaecidos el día 8 de diciembre, señaló que según lo manifestado por el interno Patricio Bastidas , en declaración prestada en la unidad penal, se produjo una riña entre los internos de la pieza chica y el colectivo.
Los internos de la pieza chica se atrincheraron en su zona, ante lo cual el resto de los internos idearon un plan para obligarlos a salir de esa dependencia. Para tal efecto, utilizaron un lanzallamas artesanal e incendiaron una colchoneta, la que lanzaron hacia el interior de la pieza chica, pero sin lograr su objetivo, que era hacer salir de allí a los internos. Luego, las llamas comenzaron a propagarse rápidamente hacia la entrada del piso.
Interrogado sobre quien alertó a bomberos, afirmó que el aviso se efectuó a través del operador del centro de despacho radial, dependiente de la unidad de servicios especiales penitenciarios (USEP), ubicada físicamente en la Avenida Pedro Montt , cerca del Centro de Justicia de Santiago , quien, ante las comunicaciones que se estaban generando en el CDP de San Miguel, toma contacto telefónico con el 132, en el que contesta la operadora del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quien transfiere el llamado al Cuerpo de Bomberos de San Miguel. Este llamado se efectúa a las 5.54 horas.
Expresó que ignora si otra persona, o un interno llamó a bomberos.
Reiteró que desde el Centro de Control y Despacho, se comunicaron con la operadora central de bomberos, quien derivó el llamado a bomberos de San Miguel, quienes contestan que están en conocimiento.
Consultado sobre el tiempo de reacción de los Gendarmes señaló que los tiempos fueron más o menos los siguientes:
A las 5.40, el vigilante del puesto tres llama vía radial a la guardia nocturna y solicita una ronda urgente.
A las 5.42, el vigilante del puesto tres informa: “Al parecer, estarían peleando y sale humo.”. A la misma hora concurren tres funcionarios de servicio nocturno a realizar ronda al sector solicitado.
A las 5.43, ingresan a guardia interna dos refuerzos, uno con armamento largo -una escopeta- y uno con equipo contra incendio IFEX.
A las 5.47, ingresan 13 funcionarios de refuerzo a la guardia interna.
Consultado sobre la hora en que fue informado del incendio, a qué hora llegó a San Miguel y a qué hora contactó al Ministro de Justicia respondió que fue informado por el subdirector operativo, coronel Jaime Concha , a las 05.55 horas por teléfono. Llegó a la cárcel a las 06.30 de la madrugada y tuvo la primera comunicación con el Ministro a las 06.35 horas aproximadamente.
Informó que existía un protocolo de acuerdo en virtud del cual, ante situaciones de crisis, se debía pasar a buscar al director para llevarlo a un punto de reunión que es la oficina o el departamento de seguridad, ubicada en calle Carmen, lugar al que llegó a las 06.15 ó 06.20 horas.
En vistas que su presencia en ese lugar no tenía sentido, se trasladó a la unidad penal de San Miguel, a las 06.30 horas.
Una vez allí, en el descanso del tercer al cuarto piso de la torre, junto al coronel Jaime Concha ; al teniente coronel Sepúlveda ; al teniente coronel Alveal , al jefe operativo de la unidad; el asesor Emilio Alfaro y al jefe del departamento de seguridad, coronel Heriberto Muñoz comenzaron a tomar frazadas para cubrir apersonas que sobrevivieron, mientras las llevaban al servicio de urgencia.
Interrogado sobre cuál es el criterio de clasificación para las denominadas piezas chicas declaró que éstas no son instalaciones independientes del dormitorio colectivo, ya que tienen un acceso común con las otras áreas.
La oficina de clasificación de la unidad designa los internos por torre y por dormitorio y es potestad del jefe de la torre determinar quién utiliza ese sector, designación que normalmente recae en los internos de mejor conducta.
2.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
Había dos internos que habitaban la pieza grande, y dos que habitaban el dormitorio pequeño, que estaba en disputa.
Dos reos ejercían el control territorial del piso completo de la torre. Ellos decidían quien podía vivir en la torre, quien era destinado a una dependencia y quien no. Cuando los otros dos internos llegan a esta torre, se generó una disputa por el control territorial, que no se limita a ejercer un control de la torre en sí, sino también a controlar el tráfico de drogas y el sector de visitas, pues hay prostitución en ellas.
Si se observa el extracto de filiación de cada uno de esos sujetos, es posible hallar a multirreincidentes.
La tesis que sustenta Gendarmería respecto de las causas del incendio se funda en el testimonio de los cinco sobrevivientes y del personal que se encontraba en servicio el día de la tragedia en la cárcel de San Miguel, que sitúa el origen de este incidente en el desarrollo de una riña extremadamente violenta, con armas blancas. Admitió que existe la probabilidad de que algunos hayan perecido como consecuencia de las heridas infligidas durante el curso de la pelea y que, finalmente, una de las bandas, que resultó vencedora en este incidente, utilizó, en una acción criminal, un balón de gas como lanzallamas, con lo que se inició el siniestro.
Dio a conocer que como consecuencia de este incidente hay dos funcionarios heridos de mediana gravedad, uno de los cuales es el teniente José Hormazábal , quien se quemó los brazos al hacer palanca en la puerta del dormitorio para salvar a cinco internos y otro gendarme que sufrió quemaduras en el rostro.
Adicionalmente, el personal está afectado psicológicamente, pues hay 12 funcionarios con licencia médica siquiátrica luego de los hechos. El haber transportado los restos humanos hacia la guardia interna y hacia el patio de carga fue una vivencia extremadamente fuerte para muchachos que tienen en promedio 20 años, por lo que la autoridad del servicio está disponiendo el traslado de algunos de esos funcionarios a otros recintos.
Por otra parte, con posterioridad al incendio, una subteniente oficial de guardia fue amenazada de muerte por considerarla responsable por la muerte de los internos. Asimismo, una agrupación de familiares de quienes perdieron la vida ha realizado manifestaciones en el frontis del recinto penitenciario, atacando e insultando al personal y anunciando venganza, lo que resulta extremadamente grave. En este contexto, criticó las declaraciones del Ministerio Público y la prensa, en virtud de las cuales se ha enjuiciado públicamente al personal de Gendarmería.
3.- Juan Alarcón Arce , Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog)
En relación al actuar del personal de servicio, señaló que éste está avalado por datos que se han ido validando con el tiempo.
A las 05.40 horas, el puesto N° 3 de centinelas, que está por el perímetro, avisa radialmente de “riña” en una de las crucetas de la torre 5. Dice textual: “pelea entre claves 26”. Clave 26 para los Gendarmes son los internos.
A las 5.42 horas, el puesto N° 6, que está opuesto al N° 3, visualiza que está saliendo humo de dicha torre. También da aviso y comunica radialmente.
A las 5.43 horas, el puesto N° 3 rectifica que los mismos internos están avisando de humo.
A las 5.46 horas, el puesto N° 3 llama al oficial de guardia a la torre 6 para que concurra con un IFEX, que es un aparato que usa bomberos habitualmente, que lanza, con aire comprimido y a intervalos, chorros de agua. Pero para un incendio declarado eso es insuficiente.
A las 5.47 horas, el Centro de Control y Despacho, que es un ente externo del Centro de Detención Preventiva de San Miguel, llama a San Miguel y gestiona llamar a Bomberos, Carabineros y ambulancias.
A las 05.51 horas, el Centro de Control y Despacho, comunica a San Miguel que ya está gestionando los llamados respectivos a todos los entes que se requieren.
A las 05.55 horas, nuevamente el Centro de Control y Despacho avisa que Bomberos ya concurre al lugar. De esto han transcurrido prácticamente 15 minutos.
A las 05.47 horas el personal que estaba descansando ya está reaccionando. Todo el personal disponible se está aprestando y está concurriendo a la guardia interna. Van con el objetivo claro de intervenir frente a una riña. A contramarcha se les avisa que se trata de un incendio. Esto ocurre en 7 minutos.
A las 06.03 horas llega al lugar Bomberos, pero al patio de cargas, el cual por su estructura no permite ingresar más carros al interior del recinto.
A las 06.12 horas se constata que no hay agua, no hay presión, las redes secas no funcionan.
Aseveró que todo el personal actuó en forma ética y moralmente correcta. La primera comunicación radial habla de “riña” generada por pugnas de poder entre internos. El personal va predispuesto para actuar ante ese hecho. Luego de dos o tres minutos se avisa de humo, y cambia la figura, por cuanto de una riña se pasa a un incendio. El personal que estaba de servicio actúa rápidamente, y el que estaba descansando se apresta velozmente, refuerza a los demás funcionarios y concurre a la guardia interna y torre siniestrada, con lo que se logra rescatar a los internos antes señalados.
Resaltó que los funcionarios actuaron en desventaja numérica, sin ropa adecuada y arriesgaron sus propias vidas. Sin embargo, lamentablemente siguen, filtrándose o dándose a conocer versiones y acusaciones irresponsables en contra de ellos, lo cual daña sus vidas y carrera en forma irreparable. Además, se pone en riesgo su integridad física por posibles represalias de las familias de los internos.
Informó que ya fue atacada una funcionaria por parte de familiares de internos.
En relación con el consumo de alcohol por parte de funcionarios de Gendarmería el día de los hechos, expresó que se incautó a un funcionario dos botellas de alcohol, lo cual demuestra que los sistemas internos de control actuaron.
La ineficiente red de agua, la rapidez de la combustión por la presencia de elementos tóxicos, colchonetas, maderas, ropas, kerosene, gas licuado y los tiempos en instaurar todos los sistemas, sin duda que son aspectos que no han sido debidamente ponderados y considerados.
Asimismo, debido a la escasez de personal, los funcionarios que estaban en la guardia debieron desdoblarse en distintas funciones al mismo tiempo, salvaguardando en todo momento la seguridad de la unidad. Aclaró que se refiere a todas las personas que estaban en la guardia en ese momento.
El oficial de guardia, el cabo de relevo, el control de la sala de cámaras y el funcionario de puerta principal, partieron a reforzar la guardia interna, quedándose uno o dos funcionarios en la guardia, abriendo los accesos, comunicándose vía telefónica y radial y tratando de coordinar todo. Eso es lo que no se ve en un incendio, en un intento de fuga, en una riña o en un motín.
4.- Boris Henríquez Monsálvez , Secretario General de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios , Anfup
Cuando la Fiscalía hizo presente el tema referido a la ingesta de alcohol, se refería a un funcionario, que cumple funciones de centinela, que trabaja en la garita, que concurrió al casino institucional de Gendarmería en un día de saliente de 20. La saliente de 20 es una autorización que se da a los funcionarios que llevan varios días encerrados en las cárceles, que consiste en un permiso que va desde las 20.00 horas hasta las 23.30 horas. Por lo tanto, ese centinela concurrió esa noche al casino institucional y consumió una cena, una cerveza y, eventualmente, un trago de ron con otros dos funcionarios.
Reiteró que ese funcionario, de 19 años, entraba al otro día de guardia. Sigue permaneciendo en la cárcel, pero fue autorizado a saliente 20, hecho que es común cuando se tiene un buen comportamiento y se lleva muchos días trabajando.
Manifestó que resulta efectivo que ese funcionario trató de ingresar una botella. Recordó que fue autorizado a comprar en el exterior por el oficial de guardia, lo que quedó establecido en los libros de novedades. Cuando iba ingresando a la unidad, mostró la botella, y la oficial de guardia le informó que no podía ingresar con ese elemento a la unidad, por lo que quedó requisada. Al otro día, el funcionario se fue libre y se le devolvió la botella.
Por lo tanto, no debe afirmarse que la guardia estaba en estado de ebriedad, porque ten-drían que haber sido sólo los cuatro funcionarios, que correspondían a la guardia del penal.
5.- Oscar Benavides Millapán , Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile
Sostuvo que los funcionarios que estaban en la guardia interna no disponían de una cámara de televisión que les permitiera saber qué estaba sucediendo en los dormitorios, porque éstas fueron instaladas en las murallas externas y orientadas de manera de impedir la fuga de los reos, situación que refleja que es más importante la seguridad que la vida de los internos.
Hizo presente que en el pasado hubo incendios en las cárceles, donde se registraron muertes por asfixia, experiencia que debió haber servido para tomar medidas a tiempo. En efecto, hubo 7 reos muertos en el incendio de San Miguel en 2000; 26, en el incendio de la cárcel de Iquique, en 2001; 11 en el penal El Manzano de Concepción, en 2003, en dos incendios distintos; 11 menores en el motín de la cárcel de menores Alto Bonito, de Puerto Montt, y 10 en un incendio en Colina II. En todas las ocasiones en que ha actuado Gendarmería, los funcionarios llegan, generalmente, antes de los cinco minutos, pero no pueden abrir las rejas, porque son metálicas y, debido a la alta temperatura, éstas se cierran por la expansión del metal o simplemente están al rojo vivo y los funcionarios no pueden intervenir, sin perjuicio de que las muertes por asfixia en las condiciones propias de los recintos penitenciarios se producen casi instantáneamente.
Es posible que la responsabilidad por el incendio de la cárcel de San Miguel recaiga, en definitiva, en los cuatro o cinco funcionarios que seguramente hicieron todo lo que humanamente podían frente a esta emergencia. Planteó que los ruidos en la cárcel son normales, pues todos los días los internos están tocando los barrotes, aplauden y gritan, pues la actividad se empieza a desarrollar una vez que se cierran las rejas, ya que a partir de ese momento los internos cenan, se visitan unos con otros, hacen competencias y juegan a las cartas.
Cuando se produjo el incendio, los funcionarios escucharon ruidos a lo lejos y los centinelas avisaron a la guardia armada, la que finalmente reportó el hecho, tras lo cual los funcionarios se prepararon para acudir a verificar si efectivamente había un incidente en uno de los dormitorios, proceso que demoró alrededor de cinco minutos, en el marco del cual tomaron las medidas de resguardo para evitar la fuga de los internos. Los funcionarios corrieron hasta el lugar, subieron por las torres y encontraron en el cuarto piso una cortina de humo gigantesca con llamas saliendo por todos lados. Entonces, intervinieron con sus poleras y sus cuerpos desnudos, porque no cuentan con protección para encarar esas situaciones. Los más valientes tomaron frazadas, se mojaron e intentaron abrir los dos candados que tiene cada reja en la parte de arriba y en la de abajo, respectivamente. El primero no pudo ser abierto debido a las altas temperaturas, mientras que trataron de abrir el segundo, con ayuda de los internos, para que éstos salieran de la celda.
Por ello, destacó la importancia de que un funcionario de carrera de Gendarmería de Chile asuma la dirección nacional y enfrente estos problemas con su experiencia en el trabajo carcelario, ya que es difícil enseñar el funcionamiento del mundo penitenciario a quien no lo conoce.
Los funcionarios que vieron las primeras fumarolas de humo en forma inmediata, avisaron a la guardia armada por el portátil que ellos tienen y ésta informó a la guardia interna para que acudiera.
Hizo presente que, dado que los internos cocinan en todas las cárceles de Chile, muchas veces es posible avistar humos que se relacionan con cigarros o vapor. Esa noche, mientras los internos gritaban, circunstancia que fue registrada por los medios de comunicación, los gendarmes ya estaban interviniendo, pero, lamentablemente, el sistema de seguridad está orientado a observar lo que sucede en la muralla y no dentro de las celdas.
e) Prohibición de ingresar al sitio del suceso que afectaba a la defensoría penal pública
1.- Boris Henríquez Monsálvez , Secretario General de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios
Por último, informó que en virtud de lo dispuesto en el oficio ordinario número 1.538, de 2011, aún hoy se le impide el acceso al sitio del suceso, esto es, la cárcel de San Miguel, a la defensoría penal pública.
Expresó que aquella institución tuvo que denunciar esos hechos ante el juez de garantía. Por ello se realizó el viernes 4 de marzo una audiencia de cautela de garantías en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago , donde se conminó a la fiscalía a entregar la carpeta investigativa y a que autorice el señalado ingreso.
Pese a ello, Gendarmería todavía no acata lo dispuesto por el juez de garantía. Sigue impidiendo el acceso a la Defensoría.
El fiscal Alejandro Peña señaló que nunca había negado esa autorización y que ello era resorte de Gendarmería de Chile. Sin embargo, afirmó que hay algunos documentos que demuestran que él instruyó para que se negase el acceso a la defensoría.
CAPÍTULO XVIII.
ALGUNAS PROPOSICIONES EFECTUADAS POR LOS INVITADOS
1.- Gabriel Pérez Benavides , Vicepresidente de la Asociación Nacional de Directivos Profesionales y Técnicos, Adiptgen
Sugirió considerar las siguientes propuestas:
1.- Incorporar la figura de un juez de ejecución penal, reactivando la propuesta normativa del anteproyecto de ley de derechos y deberes de las personas privadas de libertad y ejecución penal.
2.- Fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario, modificando su actual estructura orgánica, armonizando el actual dominio de la lógica punitiva y de seguridad en los recintos penitenciarios con la función pública de reinserción social. Ello obligaría a disponer de manera más racional los recursos humanos y económicos de la gestión penitenciaria y, de ese modo, garantizar que, durante la ejecución de la pena, junto con las otras propuestas sugeridas, no se afecten más derechos que los permitidos por la ley y los señalados en la sentencia.
3.- La reformulación de los contenidos de la actual ley orgánica permitiría rediseñar los verbos rectores del mandato institucional, incorporando en la definición de la misión institucional el concepto de protección de derechos de los penados, ejercido en el contexto de la labor de cumplimiento efectivo y ejecución de penas, dotando a éstas de un sentido orientado a la reinserción más que al castigo.
4.- Fortalecer el sistema alternativo a la privación de libertad. Las modificaciones a la ley N° 18.216 deben contemplar, además de la asignación de recursos humanos y de logística e infraestructura, la dictación de reglamentos orgánicos y otros instrumentos que potencien su gestión.
Hoy, el órgano contralor de la libertad vigilada lo constituye la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia. Sin embargo, esta división no tiene capacidad para trasladarse a regiones y monitorear la forma en que se administra la libertad vigilada.
5.- Favorecer la reinserción social en los recintos penitenciarios. Vale decir, modificar las reglamentaciones orgánicas institucionales por otras que gradualmente transfieran mayores competencias administrativas a los actores técnicos, conocedores de los mecanismos de progresividad de la pena, de modo tal que primen criterios orientados a la rehabilitación u otros que mejoren la capacidad de gestión en el ámbito de la reinserción social y protección de los derechos humanos.
6.- Promover la creación de centros de educación y trabajo -CET- y centros abiertos. Una herramienta que efectivamente puede descomprimir el sistema penitenciario es el uso más revolucionario e inteligente del subsistema semiabierto. Así se garantizarán los derechos de penados con otro tipo de sanciones, como la reclusión nocturna y/o incentivar los mecanismos de progresividad de la pena al otorgar más beneficios intrapenitenciarios.
Destacó que hoy existen 2.648 compatriotas cumpliendo condenas de cárcel por un delito sancionado con multa. Ello un absoluto contrasentido, porque la multa es una medida sustitutiva. Sin embargo, hoy esas personas cumplen una pena privativa de libertad, no teniendo sentido entonces esa medida sustitutiva.
2.- Alberto Precht Rorris, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana
Destacó que nuestro ordenamiento jurídico permite, a través de instancias administrativas, judiciales y del reestudio de la política acotada de indulto, generar una descompresión del sistema. No resulta lógico lo ocurrido en la cárcel de San Miguel, donde en un mismo módulo había un vendedor de DVD condenado a multa que, por no pagarla, fue condenado a una pena menor junto con otros internos que se encontraban allí por delitos mucho mayores.
Con respecto a las rebajas de condena, estimó que deben ser modificados los procesos de dictación de decretos de autorización de estos beneficios, pues el proceso hoy demora en promedio siete meses. Por ello propuso que las Comisiones se reúnan por lo menos dos veces al año, ya que hoy lo hacen sólo una vez al año.
Asimismo, solicitó se reinterprete y/o especifique, a través del Ministerio de Justicia, el título V del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, para que puedan establecerse mecanismos de reinserción social, como la salida esporádica, salida dominical, salida de fin de semana y salida controlada al medio libre.
Chile debería avanzar hacia la creación de un juez ejecutor de penas. Existen modelos comparados como el mexicano, donde se puede apreciar que una figura como ésta puede contribuir a que las penas sean bien llevadas y no solamente sean vistas como medidas de carácter administrativo o judicial.
También recomendó se promuevan las actividades que realizan los distintos cultos religiosos.
Indicó que se deben estandarizar las pautas de uso de venusterios y remodelar de los baños.
Hoy, los venusterios se utilizan como una medida de descompresión del ánimo de las personas internas. Sin embargo, en muchos de los penales visitados, entre ellos el de San Miguel, no existen venusterios, sino “camaros”. Por ejemplo, en un día de visita se puede entrar al gimnasio del penal de San Miguel y constatar a la visita conyugal debajo de una frazada y en condiciones realmente indignas para la visita conyugal y para los niños que concurren a ver a sus padres.
Por otra parte, propuso se haga una consulta a los internos que tengan una buena conducta y que estén dispuestos a trasladarse a otros recintos penitenciarios más descongestionados, previo análisis de disponibilidad en establecimientos tradicionales y concesionados.
3.- R.P. Nicolás Vial Saavedra , Presidente de la Fundación Paternitas
La Carta Fundamental debe reconocer el derecho penitenciario, asegurar la inserción de los internos e internas y garantizar el respeto de sus derechos humanos. La Constitución Política debiera señalar que respecto de todo ciudadano preso cumpliendo condena, el Estado hará los esfuerzos ingentes por recuperarlo en los planos social, laboral, familiar y personal.
El respeto de los derechos humanos involucra, entre otras cosas, que los reos puedan contar con baños dignos y con una litera, para no tener que dormir en los pasillos.
En segundo lugar, afirmó que se requiere la creación de un código penitenciario que regule las situaciones que viven tanto los formalizados privados de libertad como los condenados al interior de los recintos; tribunales especializados y competentes para fiscalizar, conocer y juzgar los hechos acontecidos en los penales; fiscales y defensores especializados y término definitivo y absoluto de la administración del Estado respecto de las cárceles, lo que no significa que no se deba fiscalizar. El Estado no debe administrar cárcel alguna, para lo cual se debe efectuar la concesión total del sistema carcelario, con una visión sabia, inteligente y eficiente.
En tercer lugar, se debe tener siempre presente que la privación de libertad es la última instancia, no la primera. No es posible que a la primera infracción la persona pierda su libertad, cuando hay tantas otras posibilidades de evitar esa medida, con todas las consecuencias nefastas que trae consigo.
Manifestó que grosso modo, Fundación Paternitas tiene un costo de 200 mil pesos mensuales por atención de interno, que incluye a su grupo familiar, el que se considera de aproximadamente cuatro o cinco personas, mientras que al Estado un interno le cuesta entre 500 mil y 600 mil pesos, lo que no incluye la preocupación por su núcleo familiar, sino sólo su mantención al interior de los recintos penitenciarios.
Preguntó por qué razón seguir con el sistema antiguo? Si se lleva a cabo lo señalado, el Estado se ahorraría entre 300 mil y 400 mil pesos por interno.
En cuarto lugar, planteó la necesidad de adoptar medidas que signifiquen la liberación de miles de personas que se encuentran privadas de libertad.
Sostuvo que si se liberan 20 mil personas, pagándoles 150 mil pesos a cada una, durante seis meses, con la condición de que encuentren trabajo antes del séptimo mes, el Estado se ahorraría 400 mil pesos, con el añadido que existiría un alto índice de recuperabilidad. Esas personas deberían ser atendidas y acompañadas por instituciones calificadas.
Estimó que no se puede trabajar con los internos sólo pensando en que las empresas abran sus puertas. Previamente deben ser capacitados.
Informó que hace veinte años desarrollaron un proyecto en el cual llegaron a tener alrededor de 2 mil cupos mensuales para internos que estaban saliendo de las cárceles. No obstante, fracasaron rotundamente, y las empresas les cerraron las puertas.
Con esa experiencia aprendieron que las personas abandonan las cárceles discapacitados. Desde el punto de vista de la responsabilidad, no tienen horarios, ni disciplina, ni capacidad para escuchar al jefe reprocharles algo porque responden de mala manera.
Se percataron que debe existir un apresto laboral, para que un proyecto como el descrito sea eficiente y efectivo.
En quinto lugar, declaró que se necesita mejorar y ampliar el catálogo de medidas alternativas a las penas privativas de libertad.
Asimismo, sugirió disminuir los tiempos de encierro; mejorar el acceso a la educación y a la capacitación laboral; establecer sanciones que no menoscaben el desarrollo integral de la persona del interno; centros para tratamientos de desintoxicación, para enfermedades contagiosas y de obstetricia y ginecología, para las internas; mayor inversión en programas de prevención y reinserción; más apoyo a instituciones que trabajan y conocen la metodología a usar con los infractores.
4.- José Maldonado Vera , Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
Propuso la aplicación de las siguientes medidas urgentes para solucionar la crisis que afecta al sistema:
a) Rebajar a dos o tres años el plazo para la formación de 4.000 nuevos gendarmes, que es de 6 años, de acuerdo con la ley N° 20.426, publicada el 20 de marzo de 2010, que autorizó la ampliación de planta. Indicó que, lamentablemente, todas las leyes de ampliación de planta que se han dictado se basan en un estudio de lo que ocurre en el presente, de manera que cuando se termina de formar el personal nuevamente aparece un déficit.
b) Cerrar en forma definitiva la cárcel Cordillera, que actualmente tiene una población penal de 10 internos y 50 funcionarios, lo que constituye un contrasentido dada la enorme falta de personal en unidades como la de San Miguel y Antofagasta. La cárcel Cordillera tiene privilegios que no se condicen con un estado de derecho, por lo que dicho establecimiento debería ser utilizado por Gendarmería para llevar adelante políticas de tratamiento y reinserción. Indicó que la población penal en Punta Peuco asciende a 48 reos y que dicho establecimiento tiene capacidad para alrededor de cien reclusos.
c) Establecer un sistema de incentivo a la empresa privada para la contratación de ex reclusos. En Estados Unidos, se dictó la ley de segunda oportunidad, principalmente para evitar la sobrepoblación de las cárceles, ejemplo que debería seguir nuestro país, ideando una norma que genere confianza en el empresariado para dar una oportunidad a aquellos internos con mayores posibilidades de reinserción, especialmente los primerizos. E este modo, disminuiría grandemente la reincidencia carcelaria y las condiciones de hacinamiento en los establecimientos.
d) Designar al Director de Gendarmería de entre los funcionarios de la institución. En este sentido, sería conveniente revisar la normativa sobre Alta Dirección Pública y la conveniencia de su aplicación en Gendarmería, de manera que sin que el Presidente de la República pierda la facultad de nombrar al jefe de servicio, la persona que ocupe ese cargo provenga de una terna de funcionarios de la institución.
e) Crear el juez de ejecución de penas en el sistema penitenciario chileno, que existe en el derecho comparado, en Alemania, España y en algunos países latinoamericanos, pues ello permitiría un adecuado control de las medidas alternativas a las privativas de libertad. Además, el juez de ejecución de penas debería tener competencia para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que la condena puede experimentar, salvaguardar los derechos de los internos, resolver sobre las quejas y reclamaciones de los mismos, ejercer el control jurisdiccional y velar por las condiciones de hacinamiento e insalubridad. La principal característica de este juez sería su autonomía respecto de la administración penitenciaria propiamente tal, lo que constituiría un gran aporte para el servicio penitenciario, porque daría cuenta, con mucha mayor antelación, de lo que ocurre en las unidades penales.
f) Resolver el problema que se genera a raíz del otorgamiento de indultos, facultad del Presidente de la República que debería ser eliminada.
5.- Ana María Morales Peillard , Jefa del Área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana.
Expuso las siguientes propuestas de la Fundación Paz Ciudadana:
1. Aumentar el catálogo de penas sustitutivas, incluyendo el servicio en beneficio de la comunidad para reducir los ingresos a reclusión por no pago de multas.
2. Contemplar recintos que no tengan características penitenciarias y que se hagan cargo de las personas que no cumplen con el pago de las pensiones de alimentos, quienes no debe-rían ingresar a las cárceles, ya que no han cometido un delito.
3. Implementar el sistema de monitoreo telemático como mecanismo de control, evitando el contacto criminógeno.
4. Regular un sistema de progresividad de la ejecución penal, de manera que el sistema penal sea mucho más dinámico y dé respuestas de acuerdo con el proceso de reinserción social. Así, por ejemplo, en otros países, el sujeto ingresa a un establecimiento penitenciario para cumplir una pena privativa de libertad, pero, satisfaciendo ciertos requisitos, puede pasar a regímenes mucho más benignos, como el de firma o el acceso a la libertad condicional. Actualmente, nuestro sistema penal es poco flexible en ese sentido, puesto que, en general, los sujetos que deben cumplir con una pena de cinco años y un día egresan de la cárcel sin haber podido optar a ningún beneficio intrapenitenciario, menos aún, a la libertad condicional.
5. Racionalizar el uso de la prisión preventiva, mediante el mejoramiento de las medidas cautelares personales establecidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, y su control, lo cual permitiría aumentar su grado de utilización.
6. Aumentar la oferta programática tanto dentro como fuera de las cárceles, gracias a lo cual podrían concederse mayores beneficios intrapenitenciarios.
7. Regular la libertad condicional como un derecho, tal como se establece en otros países, al cual podrá optar una persona cuando haya cumplido con su proceso de reinserción social y con ciertos requisitos mínimos. Actualmente, este beneficio es negado a la mayoría de la población, y no se conceden más de quinientas de ellas al año, con una población de 53.000 presos.
8. Fortalecer la reinserción social post penitenciaria, estableciendo sistemas de adecuados de apoyo y seguimiento.
9. Regular la fase de ejecución penal con la creación de la figura del juez de ejecución de penas, el que debiera encargarse de controlar la administración penitenciaria y, por ejemplo, decidir acerca de los traslados, las sanciones disciplinarias, los beneficios intrapenitenciarios, la libertad condicional y los indultos, de modo que estos últimos dejen de ser una herramienta entregada a un órgano político. La aplicación de esta medida hará necesario contar con defensores penitenciarios, que puedan hacer asequible la justicia para las personas que se encuentren privadas de libertad.
CAPÍTULO XIX.
CONSIDERACIONES QUE SIRVEN DE BASE A LAS PROPOSICIONES
APROBADAS POR LA COMISIÓN.
Luego del lamentable incendio que significó la muerte de 81 personas el día 8 de diciembre de 2010 en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, se le encomendó a esta Comisión que se constituyera como Investigadora de los hechos que dieron origen a la tragedia.
Como ya se ha señalado, ese mandato también se extendió al análisis de la forma en que ha operado en las últimas dos décadas el proceso de construcción y modernización de los recintos penitenciarios y la capacidad de éstos; las condiciones imperantes de hacinamiento de la población penal, las políticas de reinserción social, de penas y cualquier otro antecedente que permitiera constatar el desarrollo o estancamiento del sistema penitenciario.
Por tanto, la investigación no se limitó exclusivamente a los hechos directamente vinculados al incendio ocurrido en diciembre del año pasado, sino que se extendió a múltiples otros aspectos, a los cuales nos referiremos a continuación.
A.- Hacinamiento
1. Actualmente el sistema penitenciario en régimen cerrado tiene una capacidad máxima de 34.000 personas aproximadamente, en circunstancias que la población penal recluida a septiembre del año 2010 ascendía a 53.372 internos, llegando a una tasa de hacinamiento cercana al 60% en promedio a nivel nacional. En algunos establecimientos, como en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel dicha tasa asciende a un 90%.
Las razones que han incidido en la tasa de hacinamiento se encuentran en parte en la creciente demanda social por mayor seguridad ciudadana, lo que durante los últimos años se ha traducido en un endurecimiento de la política criminal, estando ella generalmente asociada a un incremento de las penas privativas de libertad.
2. De acuerdo a lo expuesto por los invitados a la Comisión, la reforma procesal penal se ha traducido en un importante aumento en el número de condenados, por cuanto cumplió exitosamente con uno de sus propósitos, cual es, alcanzar una mayor eficiencia en la persecución penal, obteniendo más condenas en un menor lapso. Sin embargo, no se avanzó en la misma medida en el sistema de cumplimiento de penas.
Por su parte, la ley 20.253 también generó importantes efectos en la prisión preventiva, ocasionando a partir de la fecha de su publicación (en marzo de 2008), un importante incremento de las mismas.
3. También repercute en las altas tasas de hacinamiento que se registran, el brusco descenso en el otorgamiento de la libertad condicional y de beneficios intrapenitenciarios.
A pesar del crecimiento de la población penal, el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios ha ido disminuyendo drásticamente: de 4.682 en 1995 a 1.193 en 2006. Por su parte, la libertad condicional también ha descendido bruscamente: de 1519 en 1999 a 876 en 2008.
Lo expuesto se ha traducido en un incremento del porcentaje de condenados que cumple íntegramente su pena dentro de la cárcel, sin acceder a espacios graduales de libertad, “lo cual también tiene como consecuencia que, al momento del egreso, la persona se enfrente súbitamente a un mundo del cual ha estado ajeno por el tiempo de duración de la condena”. (“Recomendaciones para una nueva política penitenciaria”, Consejo para la Reforma Penitenciaria ).
La legislación vigente contempla la intervención inicial de una Comisión de Libertad Condicional, integrada por miembros del Poder Judicial . Dicha Comisión, luego de analizar los antecedentes del postulante y valorando la conveniencia o no de otorgar la libertad condicional, propone al respectivo Secretario Ministerial de Justicia , conceder o denegar este beneficio. En consecuencia es esta última autoridad quien finalmente resuelve sobre el otorgamiento de la libertad.
Esta intervención se ha traducido en el tiempo en una reducción considerable del número de condenados que finalmente acceden a este tratamiento penal especial.
Por ello, estimamos que la decisión sobre la concesión de la libertad condicional debe guiarse por criterios técnicos, por lo que quien la debe adoptar debiera ser un organismo de la misma naturaleza, prescindiendo de la intervención discrecional de los Secretarios Ministeriales de Justicia.
B.- Infraestructura carcelaria
4. La infraestructura carcelaria no sólo no ha tenido la misma proporción de crecimiento que la población penal, sino que además, no se han mantenido adecuadamente los actuales recintos, estando en una gran mayoría en precarias condiciones para albergar a seres humanos.
Si bien a partir del año 2000 se impulsó un ambicioso programa de inversión en infraestructura penitenciaria bajo el nuevo sistema de cárceles concesionadas, no ha sido suficiente para alcanzar la tasa de crecimiento de la población penal.
Tal programa, que en su momento fue objeto de importantes cuestionamientos que incluso motivaron la conformación de una Comisión Investigadora en esta Corporación, ha significado que se generen importantes diferencias en la calidad de vida entre los internos de penales concesionados respecto de quienes permanecen en los recintos tradicionales.
No cabe duda que los niveles de confort que presenta el sistema concesionado cumplen de mejor manera con otorgar al interno un trato justo y humano, situación que ha sido reconocida por el Ministro de Justicia en la página 30 del cuerpo de este informe.
Sin embargo, cabe hacer presente que en su construcción se registraron importantes sobre costos, llegándose en el caso de Antofagasta a pagar un 214%, dado que el gasto de 900.000 unidades de fomento se triplicó a casi 3.000.000 de unidades de fomento, según consta en las declaraciones del Ministro de Justicia consignadas en la página 29.
En el penal mencionado se presentó la particularidad que no existía un proveedor de agua potable, lo que evidencia falta de oficio y diligencia.
Tanto en el sistema tradicional como en el concesionado se presentan similares dificultades a la hora de procurar segregar a los internos en razón de su peligrosidad. Es así como ha ocurrido que, por orden de los tribunales una persona se debe “aislar” del resto de la población penal, para lo cual se ha destinado un módulo para sesenta personas a sólo tres internos.
5. Por otra parte, esta Comisión estimó que el sistema concesionado aparece muy rígido. Se debe ir más allá del cumplimiento formal de los contratos de cárceles concesionadas. Muchas veces, en materia de rehabilitación, un interno condenado a largas penas puede pasar tres, cuatro o, incluso, cinco veces por un mismo taller. Cabe preguntarse qué herramientas proporcionará al interno el estar presente en repetidas oportunidades en el taller.
C.- Situación del personal de gendarmería
6. Cuesta hallar en el sector público funcionarios que se desempeñen en circunstancias más difíciles y extremas como las que corresponde desarrollar al personal de Gendarmería de Chile.
La falta de personal con la consiguiente sobrecarga laboral, junto con la constante tensión en la que deben desempeñarse, ha redundado en un significativo número de licencias médicas, constituyendo, al decir de los invitados, uno de los servicios de la Administración del Estado que presenta el mayor número de ellas.
La existencia de un alto número de licencias médicas acarrea como consecuencia que los funcionarios deban desempeñar turnos demasiados prolongados, en los cuales no duermen más de cuatro horas, circunstancias propicias para la aparición de enfermedades como el stress, generándose un círculo vicioso.
Contribuye a aumentar los grados de tensión que sufren los funcionarios de Gendarmería, la inexistencia de un código de ética penitenciaria o código de buenas prácticas laborales en los que se determine claramente las responsabilidades, derechos y obligaciones de los funcionarios penitenciarios y se establezcan reglas generales sobre los patrones de conducta que se deben seguir en los procedimientos que les son habituales, como por ejemplo, la revisión de los familiares que visitan a los internos.
Por otra parte, como se señaló en reiteradas oportunidades ante la Comisión, el personal destinado a labores de reinserción de los internos resulta claramente insuficiente.
7. En materia de capacitación, diversos invitados hicieron presente que los funcionarios de Gendarmería no han sido preparados para enfrentar contingencias como la ocurrida en el incendio del Centro de Detención Preventiva de San Miguel.
Quienes se han perfeccionado, de acuerdo a lo expuesto por ellos, lo han hecho destinando sus propios recursos para ello, en virtud de acuerdos suscritos por las propias asociaciones con diversas casas de estudios.
Sobre este aspecto, cabe hacer presente que existe una subutilización de funcionarios que han cursado estudios superiores y que sienten que tales estudios no son considerados en los penales.
Al respecto surge la interrogante sobre el sentido que tiene el otorgar facilidades a funcionarios para que cursen carreras que no tienen relación alguna con el cumplimiento de la labor de gendarme.
Por último, cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre en las Fuerzas Armadas y de Orden, los programas de educación que imparte la Escuela de Gendarmería no son homologados por el Ministerio de Educación, por lo que, desde el punto de vista educativo, no existen incentivos para ingresar a la institución.
D.- Reinserción y rehabilitación
8. Todo indica que la principal labor que hoy desarrolla Gendarmería se centra en las tareas de custodia, vigilancia y control, pasando a un segundo plano aquellas referidas a la reinserción y rehabilitación, siendo que estas últimas tienen tanto o más importancia que las primeras y constituyen un deber irrenunciable e inexcusable para el Estado.
La Comisión constató que los Centros de Educación y Trabajo (CET), herramientas de gran utilidad en materia de rehabilitación y reinserción de los penados, se encuentran subutilizados.
De acuerdo a la naturaleza de los CET, el mayor o menor éxito que puedan tener está dado por una más activa participación del sector privado.
A la fecha son insuficientes los incentivos para que un particular decida invertir en dichos centros, ya que si bien la capacidad de trabajo de los internos es alta y competitiva, las barreras asociadas a las características propias de un recinto con acceso restringido, dificultan la actividad fabril o industrial. En este sentido, cabe destacar, entre los recintos penitenciarios tradicionales, la experiencia de Colina I, donde si bien hay aspectos negativos que deben mejorarse, se considera altamente positivo y ejemplar que 1.000 internos asistan a clases y que 400 hayan sido contratados por Gendarmería.
Esta Comisión estima que dado el reconocido aporte que dichos centros otorgan en materia de reinserción social a partir de la capacitación y trabajo remunerado, se deben generar los incentivos suficientes para que la actividad empresarial, incluya dentro de sus plantas, personal que se encuentre cumpliendo condena sea en régimen abierto o cerrado.
Los beneficios de un mecanismo de capacitación y trabajo remunerado al interior del sistema penitenciario conlleva una serie de externalidades positivas relativas tanto al proceso de reinserción, como al mejoramiento de la relación intrapenitenciaria. Dentro de dichos efectos se destacan: la generación de disciplina laboral; el fortalecimiento de la autoestima, la mantención del vínculo familiar como consecuencia del aporte monetario; la capacitación y preparación para un trabajo al tiempo de cumplida la condena, entre otras.
Para disminuir los niveles de reincidencia, resulta fundamental poner el acento en la reinserción del condenado en el mundo laboral, dotándolo de habilidades sociales y laborales, de forma tal que al abandonar la cárcel se encuentre preparado para insertarse en alguna actividad remunerada.
E.- Alimentación al interior de penales y uso de gas
9. Como se señaló anteriormente, la implementación del sistema de cárceles concesionadas ha generado la existencia de dos categorías de internos, en atención a las evidentes diferencias que existen en los niveles de confort entre el mencionado sistema y el tradicional.
Pues bien, uno de los aspectos donde la diferencia se hace manifiesta dice relación con las raciones alimenticias que se otorgan a unos y otros internos.
Hasta la fecha del lamentable incendio en San Miguel, el costo de la ración diaria para los internos del sistema tradicional ascendía a 940 pesos aproximadamente, mientras que en el sistema concesionado el costo promedio de la ración es de unos 1.455 pesos. Cabe hacer presente que en este último sistema la distribución de los alimentos ha sido también concesionada.
La existencia de cocinillas, y por ende, de balones de gas al interior de los penales del sistema tradicional, responde básicamente a esta razón.
La Comisión no puede, no obstante, dejar de observar la ocurrencia de prácticas indebidas, como la señalada, lo que desde hace largo tiempo ha sido aceptado por las autoridades, teniendo en consideración ciertas costumbres impuestas por la “jerarquía” existente dentro del mundo delictual, especialmente en lo que respecta a la recepción de las raciones alimenticias.
Asimismo, destaca el hecho de que la Dirección de Gendarmería haya abordado el tema, implementando un plan para el retiro gradual de los balones de gas existentes en los penales del país, incluyendo una mejora sustantiva en las raciones entregadas, llegando en la actualidad a $ 1.500 en promedio, equiparándose de esta forma con el régimen de los recintos concesionados.
F.- Responsabilidad del personal de gendarmería
10. Cabe señalar que la determinación de las eventuales responsabilidades penales escapan a la competencia de esta Comisión, sin embargo, y más allá de los resultados a que se llegue en la investigación que está efectuando el Ministerio Público, esta Comisión considera que lo ocurrido en San Miguel es, en gran medida, reflejo del calamitoso estado del sistema penitenciario.
G.- Obras de mejoramiento en las redes húmeda y seca
11. Uno de los aspectos que motivó mayor debate al interior de la Comisión, dice relación con las obras de mejoramiento de las redes contra incendio, ejecutadas en diversas unidades penales de la Región Metropolitana.
En virtud de la resolución exenta N° 1863, de 7 de mayo de 2008, el entonces Director Nacional de Gendarmería , adjudica la propuesta para ejecutar la obra denominada “Mejoramiento Redes contra incendios en diversas Unidades Penales de la Región Metropolitana ”.
El acta de recepción provisoria, de 16 de octubre de 2008, establece que la comisión receptora se limitó a recibir únicamente los trabajos realizados por el contratista, sin avalar el funcionamiento, estado y características de las redes secas, sus trazados, gabinetes y otros elementos que existían antes de la ejecución del contrato. Este antecedente es ratificado por el diagnóstico efectuado por la AS&P del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en virtud de un informe en el que se indica que el sistema inspeccionado in situ, no califica para ser certificado de acuerdo con los parámetros mínimos normados en la reglamentación vigente en las cinco unidades penales visitadas (no se efectuaron obras en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto), cual es el adecuado funcionamiento de las redes secas en las seis unidades penales que abarcó el contrato de obras.
No deja de llamar la atención que la fecha del acta de recepción provisoria corresponde al 16 de octubre de 2008, vale decir, casi dos meses después del primer pago efectuado al contratista.
El 26 de diciembre de 2008, la Jefa del Departamento de Infraestructura de Gendarmería informa al Jefe del Departamento Jurídico que las obras, consistentes en el suministro de elementos contra incendio, se ejecutaron en todas las unidades penales previstas, al igual que la reparación de las redes secas, que también estaban contempladas en las obras, pero en este último caso, se exceptúa al Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, lugar en que no se llevaron a cabo, por considerar que el valor de la reparación- que no se explicita- superaba ampliamente el valor proforma establecido y aprobado en virtud de la resolución ya mencionada.
Se deja constancia en la resolución que las redes fueron inspeccionadas por el Cuerpo de Bomberos, el que indicó que no estaban aptas para ser certificadas.
En oficio ordinario de 14 de enero de 2009, el Director Regional Metropolitano da a conocer a la Jefa del Subdepartamento de Infraestructura las siguientes deficiencias de las redes secas contra incendios y sus elementos en las unidades penales que se indican:
- Centro de Detención Preventiva de Puente Alto: la tubería está rota y, por tal motivo, no se efectuaron pruebas para comprobar su operatividad
- Centro de Detención Preventiva de San Miguel: existen filtraciones, válvulas en mal estado y, según el certificado emitido por el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, la red seca no se encuentra operable.
En dicho oficio se solicita la reparación de las redes que se encuentran en mal estado en ambas unidades, en prevención de una eventualidad de incendio y se cita un sinnúmero de oficios anteriores mediante los cuales los jefes de las unidades de Santiago denuncian el estado deficitario de las redes.
La resolución exenta N° 000447, de 30 de enero de 2009, del ex Subdirector Administrativo, señor Miguel Candia Irarrázabal , aprueba el acta de recepción provisoria y ordena la devolución de las retenciones a los estados de pago del contratista por un valor total de $ 2.120.805 con I.V.A. incluido.
Por su parte, en el acta de recepción definitiva de la obra, de 6 de agosto de 2010, se señala que la comisión que fue creada para recibir las obras, compuesta por tres constructores civiles y un ingeniero civil, analizó los antecedentes y documentos que sirvieron de base a la recepción provisoria y se limitó a recibir únicamente los trabajos realizados por el contratista, sin avalar el funcionamiento, estado y características de las redes secas, sus trazados gabinetes y otros elementos que existían antes de la ejecución del contrato, porque el sistema, al decir del informe emitido por la empresa AS&P del Cuerpo de Bomberos de Santiago, no califica para ser certificado de acuerdo con los parámetros mínimos normados en la reglamentación vigente en las unidades penales analizadas, una de las cuales es el Centro de Detención Preventiva de San Miguel. En dicho informe se recomienda realizar un estudio completo, cuya ingeniería permita contar con sistemas de red húmeda y seca prácticos y funcionales.
En el oficio ordinario N° 1031/2010, de 25 de agosto de 2010, el Abogado Jefe del Departamento Jurídico de Gendarmería , don Marcos Pastén Campos, informa al Subdirector Administrativo de la institución, en relación con la solicitud de elaboración de la resolución que apruebe la recepción definitiva de la obra, que la comisión designada para efectuar esta última se constituyó con bastante posterioridad a la fecha de término efectivo de los proyectos e, incluso, a la época en que cesó la vigencia de documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato, lo que se apartaría de la normativa legal vigente.
En efecto, hace presente que el artículo 176 del decreto supremo N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que fijó el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, establece que la comisión que debe efectuar la recepción definitiva del proyecto se debe constituir en la obra en un plazo no superior a diez días a contar de la fecha de término de la garantía. Si transcurrido ese plazo no se hubiera constituido por causas ajenas al contratista, éste tendrá derecho a que se le restituya el dinero que hubiere desembolsado para mantener vigente por mayor tiempo la boleta o póliza de seguro de garantía del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que incurran los funcionarios por este hecho.
Se indica que hubo un desfase de siete meses entre la fecha en que debió efectuarse la recepción definitiva y aquélla en que realmente ello aconteció. Asimismo, se señala que si bien no se ocasionó un perjuicio económico para la institución, este hecho ha significado que han caducado las garantías existentes de los contratos antes de la fecha estimada para el cese de la vigencia de los mismos, sin que tales garantías hayan sido renovadas.
El 15 de septiembre de 2010, se efectúa la liquidación del contrato y se deja constancia de los montos cancelados por estados de pagos.
El 15 de octubre de 2010, mediante la resolución exenta N° 4917, del mencionado Subdirector, se aprueba la liquidación final y se ordena la devolución de las garantías del contrato de ejecución de obras, porque la administración anterior se excedió en todos los plazos legales.
El 2 de noviembre de 2010, la Jefa Operativa Regional (S) comunica a la Jefa Administrativa Regional de Gendarmería que el 25 de octubre de ese año, personal del Área Operativa Regional visitó el Centro de Detención Preventiva de San Miguel y supervisó la operatividad de la red húmeda, concluyendo que se encuentra en pésimas condiciones e inoperable ante una emergencia. Por ello, se propone, a fin de atenuar el riesgo de incendio con consecuencias fatales, efectuar la compra de mangueras y de carros porta mangueras para activar la mencionada red en los primeros pisos de cada cruceta.
Por último, cabe hacer presente que el actual Director Nacional de Gendarmería ordenó instruir un sumario con fecha 20 de diciembre de 2010, para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan, habiéndose formulado cargos en contra de seis personas. Al 30 de marzo del presente año, se hallaba vigente el plazo para que tales funcionarios formularan sus descargos.
12. El actual Director Nacional de Gendarmería excusa su responsabilidad en los hechos expuestos, en atención a que la recepción provisoria de las obras ocurrió durante la pasada administración, atribuyendo a la recepción definitiva de las mismas, ocurrida durante su administración, un carácter meramente administrativo.
Por su parte, el señor Alejandro Jiménez Mardones , ex Director Nacional de Gendarme-ría , se desliga de toda responsabilidad, en atención a que la recepción definitiva de las obras no ocurrió durante su administración, sino en la actual.
13. La Comisión estimó necesario oficiar a la Contraloría General de la República, para que ésta emita un pronunciamiento sobre el alcance de la recepción provisoria y definitiva en contratos de obras públicas.
Ésta sostuvo que “tratándose de los contratos de obras públicas celebrados por la Dirección Nacional de Gendarmería, las recepciones provisorias y definitiva se encuentran reguladas en el título X de las Bases Administrativas Generales para contratos de obras públicas, aprobadas por la resolución N°411 de 2005, de esa dirección.
De acuerdo a las bases citadas, una vez terminados los trabajos el contratista debe solicitar por escrito la recepción provisoria de la obra al inspector fiscal, quien debe verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y constatado aquello, debe comunicar por oficio la conclusión de las faenas al Subdepartamento de Infraestructura.
La autoridad que adjudicó el contrato debe proceder a designar la comisión de recepción provisional, la que una vez verificada la correcta ejecución de la obra, dará curso a dicha recepción.
Si de la verificación efectuada por la comisión resulta que los trabajos no están terminados o ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones y reglas de la técnica, o que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dará curso a la recepción provisional y la comisión debe evacuar un informe detallado proponiendo un plazo para que el contratista ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que se determinen.”
La Contraloría en su informe añade que la recepción provisional constata la correcta ejecución de la obra al tiempo en que se formule, hace procedente la devolución de las retenciones del contrato y, en su caso, de la garantía adicional que se hubiere otorgado, permitiendo el inicio de la explotación de la obra.
Luego de la recepción provisional y hasta su recepción definitiva existe un período de garantía (un año o seis meses según si se trata de obras inscritas en el registro de obras mayores o menores).
Luego de ese lapso, en el cual el servicio usará o explotará la obra, tiene lugar la recepción definitiva de las obras en la misma forma y con iguales solemnidades que la provisional. No obstante, en caso que la comisión de recepción definitiva constate defectos imputables al contratista éste deberá repararlos a su costa.
Finaliza la Contraloría su informe señalando que “si bien la recepción provisoria supone la conformidad preliminar de la Administración con los trabajos ejecutados, dicha actuación no libera al contratista de la obligación de responder por los defectos que le fueren imputables y que se adviertan a partir de la explotación de la obra, y por su parte, la recepción definitiva da cuenta de la correcta ejecución de la obra luego de transcurrido el período de garantía, previsto -ha de entenderse- para detectar la eventual existencia de imperfecciones no advertidas en la primera recepción o desperfectos sobrevinientes, constituyendo ambas recepciones partes de un sólo proceso destinado a verificar la adecuada realización y funcionalidad de la obra.”
14. De los antecedentes reunidos y dada la propia naturaleza de los hechos que han dado origen a esta investigación, queda de manifiesto que existe una evidente responsabilidad del Estado de Chile en la ocurrencia del siniestro que causó la muerte de 81 personas en la cárcel de San Miguel.
En efecto, no puede escapar al criterio de esta Comisión que es el Estado el que, por medio de Gendarmería, ejecuta su política penitenciaria y se responsabiliza por la custodia de quienes se encuentran privados de libertad, razón por la cual tiene al respecto responsabilidad en los acontecimientos ocurridos en dicho recinto penal el pasado 8 de diciembre de 2010.
15. Más allá de lo ocurrido con la recepción provisoria y definitiva de las obras antes individualizadas, cabe hacer presente que en Gendarmería existía conocimiento del mal estado de las redes contra incendio del Centro de Detención Preventiva de San Miguel, como lo demuestran una serie de comunicaciones internas entre diversas autoridades administrativas de dicho servicio, a las cuales la Comisión tuvo acceso. Entre éstas se cuentan las siguientes:
a) Oficio de fecha 31 de agosto de 2010, dirigido por el Alcaide del C.D.P. de San Miguel al Director Regional Metropolitano, en el cual le informa que “se pudo apreciar la existencia de un profundo deterioro de las instalaciones, producto del paso del tiempo y las precarias medidas de mantención que para cada red se ha dispuesto, lo que influiría sin lugar a dudas en el abastecimiento expedito de agua ante la ocurrencia de un siniestro, especialmente en los pisos superiores de cada cruceta.”
Más adelante agrega que “…se viene en solicitar a Ud. disponer que personal especializado proceda a hacer un levantamiento de las necesidades de esta unidad, en lo relacionado al sistema de redes contra incendios a objeto pueda ser considerada una mantención del sistema en el plazo más breve posible y de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.”
El oficio está fechado 26 días después de la fecha del acta de recepción definitiva de las obras que tenían por objeto dejar la red contra incendios “completamente operativa, con aprobación del Cuerpo de Bomberos que corresponda, según el sector.”
b) Oficio de fecha 12 de octubre de 2010 enviado por el Jefe (S) del Departamento de Seguridad de Gendarmería al Jefe de la Unidad de Asesoría Operativa de dicha institución. En éste se señala que “..personal de ese Departamento con fecha 8 de octubre del año en curso (2010), efectuó levantamiento respecto del estado de la red seca del Centro de Detención Preventiva de San Miguel, pudiendo constatar las siguientes anomalías:
i. Las salidas de red seca, ubicadas en las torres del establecimiento se encuentran en su mayoría sin manillas para la operación de las llaves de bola.
ii. Salidas de red seca de las torres se encuentran sin tapas de seguridad y en otros casos éstas se encuentran bloqueadas por las tapas existentes, las que sellan la salida producto de su adherencia a causa de oxidación y degradación del oring de ajuste de la unión Storz .
iii. Es posible observar salidas de red seca, bloqueada por construcciones para almacenaje y otras funciones del personal de las torres.”
Luego que se denunciaran tales anomalías el oficio concluye que “la red seca del Centro de Detención Preventiva de San Miguel se encuentra en malas condiciones y no cumple con la finalidad para la cual fue diseñada.”, añadiendo más adelante que en atención a lo expuesto respecto de la red húmeda ese departamento estima que “se debe efectuar una rápida reparación de este equipamiento, considerando que estos gabinetes son la primera línea de intervención frente a un siniestro, dado que la red seca se encuentra fuera de operaciones.”
iv. Oficio del Director Regional Metropolitano al Jefe de la Unidad de Asesoría Operativa , de fecha 3 de noviembre del año 2010 se afirma que “…efectuado un recorrido por todo el interior del penal, incluyendo los shaff de cada cruceta, se pudo apreciar claramente que ésta (la red seca) se encuentra en pésimas condiciones e inoperable ante una emergencia.”, añadiendo más adelante que se dispuso la adquisición de mangueras y de carros porta mangueras “con la finalidad de poder proceder como primera intervención ante el inicio de un amago de incendio.”
Finalmente, entre los antecedentes acompañados a la Comisión aparece que la orden de compra de las citadas mangueras e implementos para hacer frente a emergencias, se efectuó el 30 de noviembre de 2010, esto es ocho días antes del incendio, y la fecha de la factura el 10 de diciembre, dos días después de la tragedia.
CAPÍTULO XX.
DECISIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN
Luego de analizados los antecedentes reseñados, la Comisión coincidió, por mayoría de votos (10 votos a favor y 1 en contra), en las proposiciones que se hacen en el capítulo siguiente, votando a favor los Diputados señoras Goic y Turres y señores Cardemil , Ceroni , Eluchans , René Manuel García , Saffirio , Squella , Velásquez y Vilches . En contra lo hizo el Diputado señor Díaz .
El Diputado señor Díaz dejó constancia de su acuerdo en general con el trabajo realizado por la Comisión y las propuestas que formula, pero hizo presente que discrepaba de la no atribución de responsabilidad política que cabría a los señores Luis Masferrer y Alejandro Jiménez , actual Director y ex Director Nacional de Gendarmería, respectivamente, por el estado de las redes seca y húmeda del penal al momento de producirse el siniestro.
Se manifestó, al efecto, partidario de agregar el siguiente párrafo final en las consideraciones signadas con el número 15 del capítulo anterior:
“La Comisión concluye en que existe responsabilidad política por parte del ex Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Jiménez , así como del actual Director Nacional de dicho Servicio, señor Masferrer , en lo relativo al estado de la red seca y húmeda de la cárcel de San Miguel, correspondiendo a la Contraloría General de la República determinar las responsabilidades administrativas que de ello se puedan derivar.”.
Se dejó constancia, asimismo, que el Diputado señor Harboe , quien no pudo participar en la votación del informe por encontrarse ausente, coincidía con esta apreciación.
Puesta en votación la inclusión de este párrafo en el número 15 de las consideraciones, se lo rechazó por mayoría de votos (10 votos en contra y 1 a favor). Votaron en contra los Diputados señoras Goic y Turres y señores Cardemil , Ceroni , Eluchans , René Manuel García , Saffirio , Squella , Velásquez y Vilches . A favor lo hizo el Diputado señor Díaz .
CAPÍTULO XXI.
PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN
Al concluir su trabajo, la Comisión acordó formular las siguientes proposiciones:
1. Instar al Gobierno para que aumente los recursos destinados a mejorar la actual infraestructura carcelaria.
Los nuevos recintos que se construyan deben permitir la aplicación de políticas de segregación en los penales.
En este orden de ideas, la Comisión apoya la iniciativa anunciada por el Ministro de Justicia, de impulsar la construcción de recintos destinados a internos de mediana o baja peligrosidad.
2. Hacer presente al Ejecutivo y al Congreso Nacional la necesidad de considerar la situación de hacinamiento penitenciario, al momento de legislar sobre temas de carácter penal que pudieran redundar en el aumento de la población carcelaria.
3. Solicitar al Poder Ejecutivo un aumento sustantivo en los recursos humanos y materiales, que se destinan a rehabilitación y reinserción y potenciar los Centros de Educación y Trabajo (CET) a través de incentivos al ingreso del sector privado.
4. Separar las funciones de vigilancia y reinserción que hoy desempeña Gendarmería de Chile en dos servicios públicos distintos, manteniendo las labores de vigilancia y custodia de los internos en Gendarmería y asignando las de rehabilitación y reinserción a una nueva entidad, creando, al efecto, un Servicio de Reinserción Social, en atención a la diversidad de objetivos que se persiguen.
5. Generar, junto con lo anterior, indicadores técnicos de la satisfacción de los derechos de los internos, de modo de poder efectuar un análisis comparativo no sólo de orden cronológico sino también para cotejar tales indicadores entre diversos recintos penales.
De esta manera, se podrán establecer objetivos y metas específicas en esta materia, evitando que la visión sobre lo que ocurre al interior de los penales quede entregada a las visiones políticas que existan.
6. Crear un Código de Ética Penitenciaria, de modo tal que el funcionario de Gendarmería tenga meridiana claridad respecto a qué comportamientos o patrones de conducta son aceptados o promovidos por el servicio y cuáles están prohibidos.
7. Fortalecer el cumplimiento alternativo de condenas para quienes no constituyan un peligro para la sociedad, particularmente a través de los servicios en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada y el control telemático de personas.
Asimismo, la Comisión comparte la imperiosa necesidad de aumentar el número de delegados de libertad vigilada. Al respecto cabe recordar que, a propósito de la discusión del proyecto de ley que modifica la ley N°18.216 se señaló que hoy en día existen 209 delegados de libertad vigilada, cada uno de los cuales maneja una cartera de 60 penados, lo cual atenta contra la calidad del servicio que prestan. Por ello, dicho proyecto contempla la incorporación de 287 delegados adicionales, a un costo de $ 3 mil 262 millones, para llegar a un total de 496 delegados. Posteriormente, con la finalidad de enfrentar las necesidades del establecimiento de una nueva pena alternativa, se aprobó en ese mismo proyecto, un aumento que permitiría alcanzar la cantidad de 585 delegados, lo que daría la posibilidad de alcanzar la proporción de uno por cada treinta personas supervisadas.
8. Mejorar las condiciones laborales en que se desempeña el personal de Gendarmería, procurando disminuir los turnos extenuantes e incrementar en el número que sea necesario, el personal a cargo de la custodia de los internos.
9. Fortalecer la capacitación del personal de Gendarmería particularmente en manejo de crisis. Así también, se sugiere avanzar hacia una pronta homologación en los estudios que se imparten en la Escuela de Gendarmería por parte del Ministerio de Educación, tal como ocurre con las Escuelas de las Fuerzas Armadas y de Orden.
10. Solicitar a Gendarmería de Chile que incorpore en la denominada “transparencia activa” todos aquellos aspectos relacionados con eventuales ilícitos cometidos al interior de los penales, número de denuncias efectuadas, sumarios a que den lugar las citadas denuncias, número de internos lesionados y fallecidos que se registran en cada penal del país, entre otras materias.
11. Prescindir, en materia de beneficios intrapenitenciarios y en la concesión de libertad condicional, de la intervención discrecional de los Secretarios Ministeriales de Justicia en el proceso de otorgamiento de libertad condicional.
12. Avanzar en el estudio de la incorporación de la figura de un juez de ejecución penal, como también en la creación de programas de defensa o control interno en el ámbito de ejecución de la pena, a cargo de la Defensoría Penal Pública. Actualmente existen escasos o nulos controles externos en el ámbito señalado, los que se limitan, casi exclusivamente, a la posibilidad que tienen los internos de interponer alguna acción constitucional (amparo o protección) o de presentar alguna solicitud ante el juez de garantía.
13. Avanzar, en lo que se refiere a la alimentación al interior de los penales, en uniformar las raciones que se brindan en el sistema tradicional con las que se entregan en el sistema penitenciario concesionado, de modo tal de eliminar completamente el uso de cocinillas a gas por parte de los internos.
-o-
Sala de la Comisión, a 7 de julio de 2011.
Se designó diputado informante al señor Arturo Squella Ovalle .
Acordado en sesiones de fechas 15 y 21 de diciembre de 2010; 3, 5, 12 y 17 de enero, 2, 7, 9 de marzo, una reunión de Comité de fecha 4 de abril de 2011; 4 y 18 de abril, 6 y 7 de julio de 2011, con la asistencia de los Diputados señor Alberto Cardemil Herrera ( Presidente ), señora Marisol Turres Figueroa , y señores Pedro Araya Guerrero , Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Guillermo Ceroni Fuentes , Aldo Cornejo González , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner , Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle .
En reemplazo de los Diputados señores Jorge Burgos Varela , Pedro Araya Guerrero , Giovanni Calderón Bassi , Aldo Cornejo González , Cristián Monckeberg Bruner , Marcelo Díaz Díaz y Ricardo Rincón González , asistieron los Diputados señores René Saffirio Espinoza , Pedro Velásquez Seguel , Carlos Vilches Guzmán , Carolina Goic Boroevic, René Manuel García García , Marcelo Schilling Rodríguez y Fuad Chahín Valenzuela .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión .”
5. Certificado de la Comisión de Hacienda.
“Valparaíso, 12 de julio de 2011.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que la iniciativa que formula observaciones al proyecto de ley que reajusta monto del ingreso mínimo mensual (Boletín Nº 7737-05), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue tratado por esta Comisión, en sesiones de fecha 11 y 12 de julio de 2011, con la asistencia de los Diputados señores Godoy, don Joaquín ( Presidente ) Andrade, don Osvaldo ; Auth, don Pepe ; Jiménez, don Tucapel ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Monckeberg, don Nicolás ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos, Rincón, don Ricardo ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Concurrió, además, el Diputado señor Leopoldo Pérez .
Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa los señores Felipe Larraín , Ministro de Hacienda y Bruno Baranda , Subsecretario de Trabajo .
Antecedentes de la tramitación
En sesión de fecha 21 de junio pasado, la H. Cámara aprobó la idea de legislar del proyecto en informe, como también sus artículos 1º, 2º, 3º y 4º, elevando en 4,7% el ingreso mínimo mensual para los trabajadores del sector privado, las asignaciones familiares y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y el subsidio familiar para personas de escasos recursos establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020.
Por su parte, el H. Senado, en sesión de fecha 22 de junio de 2011, aprobó también la idea de legislar y los artículos 3º y 4º -que pasaron a ser 1º y 2º, respectivamente- del proyecto aprobado por la Cámara de Origen, enmiendas que a su turno fueron rechazadas por ésta, en sesión de igual fecha.
Constituida el día 5 de julio la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, ésta se abocó al conocimiento de una proposición del Ejecutivo destinada a tal objeto, similar en contenido a las observaciones de que trata el presente informe, sin alcanzar acuerdo sobre la forma y modo de resolver las dificultades, comunicándose al Presidente de la República esta circunstancia con fecha 6 de julio para los efectos del inciso segundo del artículo 71 de la Constitucion Politica.
Habiendo informado el Presidente de la República a la H. Camara su decisión de no hacer uso de la facultad que le confiere el mencionado artículo 71 de la Carta Fundamental, el mismo día 6 de julio le fue remitido para su promulgación el proyecto de ley parcialmente aprobado por el Congreso Nacional, en lugar de lo cual el Primer Mandatario , en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución, devolvió el citado proyecto a la Cámara de su origen, con la siguiente propuesta de Veto:
ARTÍCULOS 1°, 2°, 3º y 4º
-Para sustituir los actuales artículos 1 y 2 del proyecto de ley, por los siguientes artículos 1, 2, 3 y 4:
“Artículo 1°.- Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, de $ 172.000 a $ 182.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, de $ 128.402 a $ 135.867 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 110.950 a $ 117.401.
Artículo 2°.- Reemplázase, a contar del 1 de julio del año 2011, los incisos primero y segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.987, por el siguiente:
“Artículo 1º.- A contar del 1 de julio del año 2011, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario:
1. De $ 7.170 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 187.515;
2. De $ 5.064 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 187.515 y no exceda los $ 307.863;
3. De $ 1.600 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 307.863 y no exceda los $ 480.162.
4. Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 480.162 no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo.”.
Artículo 3°.- Fijase en $ 7.170 a contar del 1 de julio del año 2011, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020.
Artículo 4°.- El mayor gasto que represente durante el año 2011 la aplicación de los artículos 2º y 3° de la presente ley, se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.”.
En el actual trámite legislativo, la Comisión de Hacienda tuvo en consideración los argumentos del señor Ministro de Hacienda que reiteraron lo expuesto en el análisis del proyecto de ley y la fundamentación del voto de varios de los señores Diputados, opiniones que constan en el Acta respectiva.
Sometido a votación el Veto Sustitutivo fue rechazado por la Comisión, al no reunir el quórum de aprobación necesario. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Godoy, don Joaquín ; Macaya, don Javier ; Monckeberg, don Nicolás ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votaron por la negativa los Diputados señores Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel , y Rincón, don Ricardo . Se abstuvieron los Diputados señores Andrade, don Osvaldo ; Auth, don Pepe , y Jiménez, don Tucapel .
En sesión de la Comisión de fecha 12 de julio de 2011, los Diputados señores Godoy, don Joaquín ( Presidente ); Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Jaramillo, don Enrique ; Macaya, don Javier ; Ortiz, don José Miguel ; Rincón, don Ricardo , y Silva, don Ernesto , procedieron a ratificar lo acordado en la sesión celebrada en Santiago, el día 11 de julio recién pasado, en la cual se rechazó por la Comisión el Veto sustitutivo.
La Comisión acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Godoy, don Joaquín .
Se adjunta al presente certificado el informe financiero sustitutivo de la Dirección de Presupuestos, de fecha 7 de julio de 2011.
En consecuencia, para el evento que la Sala se manifieste en desacuerdo con la Comisión, el texto de la iniciativa sería el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, de $ 172.000 a $ 182.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, de $ 128.402 a $ 135.867 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 110.950 a $ 117.401.
Artículo 2°.- Reemplázase, a contar del 1 de julio del año 2011, los incisos primero y segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.987, por el siguiente:
“Artículo 1º.- A contar del 1 de julio del año 2011, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario:
1. De $ 7.170 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 187.515;
2. De $ 5.064 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 187.515 y no exceda los $ 307.863;
3. De $ 1.600 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 307.863 y no exceda los $ 480.162.
4. Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 480.162 no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo.”.
Artículo 3°.- Fijase en $ 7.170 a contar del 1 de julio del año 2011, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020.
Artículo 4°.- El mayor gasto que represente durante el año 2011 la aplicación de los artículos 2º y 3° de la presente ley, se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.”.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión ”.
6. Informe complementario del segundo informe de la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, referido al proyecto que modifica la Ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, con el objeto de fomentar el emprendimiento. (boletín Nº 7426-26)
“Honorable Cámara:
La Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa pasa a emitir informe complementario del segundo informe reglamentario, sobre el proyecto individualizado en el epígrafe, originado en moción de los integrantes de la Comisión, Diputada señora Denise Pascal Allende , y diputados señores Nino Baltolu Rasera , Cristián Campos Jara , José Miguel Ortiz Novoa , Jorge Sabag Villalobos , Frank Sauerbaum Muñoz , Guillermo Teillier del Valle, Enrique Van Rysselberghe Herrera , Germán Verdugo Soto ( Presidente ), y Pedro Velásquez Seguel .
-o-
La Sala, conoció el segundo informe en la sesión 32ª, de 18 de mayo de 2011, y decidió que volviera el proyecto a la Comisión para la emisión de un informe, en relación con algunas aprensiones habidas en el debate relacionadas con el artículo 1°, número 1.-, que modifica la ley N° 19.857, para permitir que las personas jurídicas puedan constituir también empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL), del mismo modo que las personas naturales, que es sólo lo que permite la referida ley, actualmente. En las demás modificaciones, hubo consenso en lo positivo de la iniciativa porque los diputados que intervinieron coincidieron en que resuelve trabas prácticas que ha generado la aplicación de las ley sobre las empresas individuales de responsabilidad limitada, -constituidas por personas naturales-, de uso por lo demás bastante masivo y común.
Los argumentos de los señores diputados que se opusieron tenazmente a la aprobación dicen relación con las aprensiones que surgen de incluir, entonces, a las personas jurídicas, -que ya tiene un régimen societario-, en un régimen sencillo de constitución creado para las personas naturales, normalmente pequeños emprendedores, de modo que pueda usarse la figura de EIRL para abusos, como por ejemplo, sociedades anónimas que con un mismo dueño y un mismo capital, podría obtener un conjunto de personalidades jurídicas y multirut para contratar con distintos acreedores y proveedores, y, probablemente, con distintos trabajadores, con las nefastas consecuencias.
La Comisión, sobre el particular, pidió a la Biblioteca del Congreso Nacional , efectuar un análisis de las consecuencias laborales en la constitución de empresas individuales de responsabilidad limitada por parte de personas jurídicas, en el marco del proyecto de ley que establece un nuevo concepto de empresa (boletín N° 4456-13) el que cumple su segundo trámite constitucional en el Senado, como asimismo, antecedentes de derecho comparado sobre la materia, los que se indican a continuación
1.-Consecuencias laborales de la constitución de empresas individuales de responsabilidad limitada por parte de personas jurídicas
a) Antecedentes de las iniciativas legislativas
El proyecto de ley en discusión, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica la ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, propone autorizar a las personas jurídicas para constituir dichas empresas, ampliando la norma vigente que sólo reconoce tal facultad a las personas naturales.
A dicho proyecto se presentaron indicaciones parlamentarias con el objeto de suprimir la autorización propuesta, fundamentadas todas en el hecho de que ésta permitiría la comisión de fraude de personas jurídicas vestidas con “ropaje de empresas individuales de responsabilidad limitada” . En este sentido, se señaló que esta modalidad permitiría un nuevo espacio del “Multirrut”, ya que las empresas podrían disfrazarse detrás de otras .
Por otra parte, se encuentra en tramitación un proyecto de ley (Boletín 4456-13 ), iniciado en moción, que en lo fundamental tiene por objeto establecer un nuevo concepto de empresa en materia de legislación laboral, para proteger de mejor forma los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
La moción en comento describe las formas más utilizadas por los empresarios para eludir las obligaciones laborales, que consisten en la división o subdivisión del capital en distintas sociedades, traspasando bienes de una sociedad a otra, para efectos de no cumplir con una serie de derechos de carácter laboral .
En ese contexto, el Ejecutivo , compartiendo los problemas planteados en la moción, anunció la presentación de una indicación sustitutiva al proyecto de ley con el objeto de aprovechar lo avanzado de este proyecto.
En la sesión del 2 de mayo pasado, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, la señora Ministra del Trabajo , Evelyn Matthei , señaló los principales contenidos de la indicación sustitutiva. Si bien la indicación se encuentra presentada en la oficina de partes del Senado, no se ha presentado formalmente a trámite legislativo, pues no se ha abierto un plazo de indicaciones que lo permita, por lo que no es posible acceder al texto de la indicación.
Sin embargo, por lo dicho en su exposición la señora Ministra , se puede desprender que el contenido del proyecto es dotar a los trabajadores de un instrumento para requerir ante la autoridad judicial competente, mediante el procedimiento de carácter general contemplado en el Código del Trabajo, que declare la obligación de negociar colectivamente en forma conjunta a dos o más empresas que comparten elementos comunes, cuya separación legal, consciente o inconsciente, afecta los derechos de negociación colectiva de los trabajadores.
Los requisitos para que judicialmente se establezca esta obligación de negociar colectivamente de manera conjunta, están señalados en forma taxativa y precisa, con el objeto de otorgar certidumbre a los trabajadores y empleadores, siendo estos:
-Que las empresas se encuentren vinculadas permanentemente entre sí, en los términos del Título V de la ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores;
-Elaborar los mismos productos o prestar los mismos servicios (tengan el mismo giro de actividad); y
-Tener una administración laboral común y permanente.
Asimismo, la indicación contiene una norma que vela por los derechos individuales de protección a la maternidad, ya que dispone que si asiste la obligación de negociar colectivamente por sentencia judicial ejecutoriada, se produce el efecto que se entenderá que ocupa 20 o más trabajadoras, en base al total de mujeres que se desempeñan en todas las empresas afectadas por el referido pronunciamiento judicial.
b).-Efectos del proyecto de ley en los derechos laborales
Actualmente, el artículo 3º de Código del Trabajo define a la empresa como aquella organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales, o benéficos, dotadas de una individualidad legal determinada.
Por su parte, el artículo 507 del Código del Trabajo sanciona con multa al que utilice cualquier subterfugio, ocultando, disfrazando o alterando su individualización o patrimonio y que tenga como resultado eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la convención. En el inciso tercero de la misma norma se define subterfugio como “cualquier alteración realizada a través del establecimiento de razones sociales distintas, la creación de identidades legales, la división de la empresa, u otras que signifiquen para los trabajadores disminución o pérdida de derechos laborales individuales o colectivos, en especial entre los primeros las gratificaciones o las indemnizaciones por años de servicios y entre los segundos el derecho a sindicalización o a negociar colectivamente.”
De lo anterior se deduce que la legislación laboral, tanto en la definición de empresa como en sus sanciones, no distingue entre tipos o figuras sociales mercantiles, como es la empresa individual de responsabilidad limitada
Si bien se ha sostenido que los actuales instrumentos disponibles no han sido lo suficientemente efectivos para velar por la recta aplicación de la ley, dándose paso al abuso del denominado “MultiRut” por vulnerar los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, sin embargo, la división o atomización de razones sociales no está asociada a un tipo social mercantil en particular, pudiendo verificarse al alero de cualquier clase de sociedad.
2.-Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada: Referencia comparada en sus principales aspectos
En el contexto de la discusión legislativa del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL), se analizan legislaciones extranjeras que disponen de figuras similares en sus estatutos mercantiles. De las legislaciones revisadas, sólo dos (España y Colombia) facultan la constitución de empresas individuales por parte de personas jurídicas, sin perjuicio de permitir su constitución por parte de personas naturales.
Se identifican, en el derecho comparado, los principales aspectos de las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada que permiten su constitución por personas tanto jurídicas como naturales, tal como lo propone el proyecto de ley que modifica esa figura mercantil, en actual discusión.
En tal contexto, se analizan los casos de España y Colombia ya que, de la búsqueda realizada (que incluyó, además, a Francia, Argentina y México), son los países que cuentan con la figura en análisis.
Se abordan brevemente aspectos comunes a las empresas individuales revisadas: sujetos de constitución, formalidades de constitución, objeto social y autocontratación. Finalmente, en cuadro resumen se comparan estos aspectos con los dispuestos en la ley Nº 19.857, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada y con los propuestos en el proyecto de ley de modificación de ese cuerpo normativo
-Legislación extranjera
Marco regulatorio
La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada (SURL) española se encuentra regulada en el Capítulo XI de la Ley 2/1995 , de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Corresponde, por tanto, a una clase de SRL, rigiéndose por las normas de ésta en todo aquello no dispuesto especialmente para las SURL.
De conformidad con las normas de la SURL tienen el carácter de unipersonales las sociedades constituidas por un único socio, como también aquellas sociedades constituidas por dos o más socios cuando todas las participaciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio.
Colombia, en tanto, consagra las empresas individuales (EI) en el Capítulo VIII de la ley 222 de 1995. Si bien nada dice respecto de la limitación de responsabilidad de este tipo de empresa, ésta deriva de la remisión que la ley hace a las normas de las sociedades de responsabilidad limitada.
La EI permite destinar parte de los activos de una persona para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil.
-Sujeto de empresas individuales de responsabilidad limitada
En España, por expresa disposición del artículo 125, la persona que constituye una SURL puede ser tanto natural como jurídica.
En igual sentido la ley colombiana confiere expresamente la facultad de constituir EI tanto a personas naturales como jurídicas, con el sólo requisito de que reúnan las “calidades requeridas para ejercer el comercio”.
-Constitución y publicidad
La constitución de las SURL españolas se perfecciona por escritura pública e inscripción de la misma en el Registro Mercantil . Tanto los requisitos de contenido de la escritura, como de los estatutos se rigen por lo dispuesto para las sociedades de responsabilidad limitada.
La EI colombiana, simplifica su constitución, exigiendo sólo documento escrito -sin mayores requisitos- que debe inscribirse en el Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio.
-Objeto social
Las normas que regulan la SURL española nada dicen del objeto social que pueden desarrollar esta clase de sociedad. Ante ello, le son aplicables las normas que al efecto se disponen para las sociedades de responsabilidad limitada, en cuya virtud el objeto social es amplio y podrá, por tanto, estar constituido por una o más actividades.
Más explícito es en el caso colombiano, donde la amplitud del objeto o giro social se deduce de la norma que establece el contenido de la escritura de constitución, al disponer que ésta debe expresar una “enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio”.
-Autocontratación
En España los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad deben constar por escrito o en la forma documental que exija la ley de acuerdo con su naturaleza, debiendo transcribirse en el libro-registro de la sociedad. Además, en la memoria anual debe hacerse referencia expresa e individualizada a dichos contratos .
Por el contrario, en Colombia se prohíbe al titular de una empresa individual contratar con ésta, incluso, contratar con ésta por medio de otra EI constituida por el mismo titular.
Cuadro Resumen
A continuación, en una tabla, se comparan las legislaciones sobre empresas individuales de España y Colombia, con el texto vigente de la ley Nº 19.857, sobre la EIRL, y el proyecto de modificación de la misma. La comparación se efectúa por tema, señalando en cada caso las diferencias regulatorias observadas. Para ello, en la primera columna se individualiza el país y texto, según el caso, de legislación analizada. De la segunda a la quinta columna se consignan aquellos aspectos dispositivos de cada legislación o texto, extractando de cada una las materias objetos de análisis: sujetos de constitución, formalidades de constitución, objeto social y autocontratación.
País
Sujeto de constitución
Requisitos
Constitución
Objeto
social
Autocontratación
España
Personas Naturales.
Personas jurídicas.
Escritura pública.
Inscripción en el Registro Mercantil .
Objeto o giro amplio.
Permite con requisitos de publicidad: constar por escrito; transcribirse en libro-registro; y mención en memoria anual.
Colombia
Personas Naturales.
Personas jurídicas.
Documento escrito (sin mayores formalidades).
Inscripción en el Registro Mercantil .
Objeto o giro amplio.
Régimen especial de responsabilidad.
Chile
(Vigente)
Personas naturales.
Escritura pública.
Inscripción Registro de Comercio .
Publicación en Diario Oficial.
Objeto o giro restringido.
Permite con formalidades de publicidad.
Chile
(Boletín Nº 7426-26)
Personas naturales.
Personas jurídicas.
Escritura pública o privada autorizada ante notario.
Inscripción Registro de Comercio .
Publicación en Diario Oficial.
Objeto o giro amplio.
Prohíbe al titular de una empresa individual contratar con ésta.
La Comisión, luego de recibir los antecedentes que se señalan, afirmó su convicción de aprobar el texto propuesto a la Sala en su segundo informe reglamentario, apoyada, por una parte, en la necesaria actualización de las normas que permitan dotar de mayores y mejores herramientas a las personas emprendedoras, sean naturales o jurídicas, y, por la otra parte, porque los resguardos, tanto para los terceros que contratan con ellas, como contra los posibles abusos que se esgrimen, están precisamente considerados en las propias normas, tanto en las de la ley sobre las EIRL, como en la que da lugar a este informe, al exigirle a las personas jurídicas que se constituyan como empresas individuales de responsabilidad limitada, mayores requisitos de transparencia tanto para su constitución, como para su modificación y disolución.
Por otra parte, a los integrantes de la Comisión les hizo mucha fuerza para insistir en el texto aprobado, el hecho de que la iniciativa no agrega ningún factor que pudieran hacer sus normas incompatibles con las anunciadas, o que facilite la vulneración de los derechos colectivos de los trabajadores mediante la figura del multirut, toda vez, que la división de empresas en distintas razones sociales no viene atada a un tipo societario mercantil específico, y, por otra parte, los derechos de los trabajadores están claramente definidos en la propia ley al señalarse que cumplidos ciertos requisitos, dos o más empresas están obligadas a negociar colectivamente. Por su parte, y a mayor abundamiento, la tesis de la Comisión se encuentra avalada por el derecho comparado.
Por lo anterior, el proyecto de ley que modifica la regulación de las EIRL que permite que ellas sean constituidas por personas jurídicas, no agrega factores nuevos que permitan dividir razones sociales en fraude de los trabajadores. En otras palabras, los empleadores podrían cometer ilícitos, si esa fuera la intención, con o sin las modificaciones propuestas en el proyecto, pudiendo verificarse al alero de cualquier clase de sociedad.
Por su parte, tanto la moción que se encuentra en tramitación en el Senado, y que tiene por objeto la no vulneración de los derechos de los trabajadores (principalmente a negociar colectivamente) a través de la creación de distintas razones sociales, como la indicación sustitutiva anunciada por el Ejecutivo , no prohíbe la constitución de determinado tipo social, ni su división en distintas razones sociales, fundamentos que hacen del proyecto en estudio, -y que motiva este informe- compatible, oportuno y eficaz en el contexto de legislar en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa.
-o-
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las razones que dará a conocer el señor Diputado Informante , la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.857, que autoriza la constitución de empresas individuales de responsabilidad limitada:
1.- Intercálase, en el artículo 1°, entre las expresiones “natural” y “el”, los vocablos “o jurídica”.
2.- Agrégase, en el artículo 3°, entre la voz “pública” y la coma (,) que le sigue, el siguiente párrafo:
“o instrumento privado cuyas firmas sean autorizadas ante notario, en cuyo registro será protocolizado dicho documento”.
3.- Sustitúyese, el artículo 4°, por el siguiente:
“Artículo 4°.- En la escritura o instrumento privado, el constituyente expresará a lo menos:
a) Su nombre, apellidos, profesión u oficio, domicilio y documento de identidad o, si el constituyente es una persona jurídica, su nombre, domicilio, rol único tributario y el nombre, apellidos y profesión u oficio de su representante legal;
b) El nombre de la empresa, que contendrá: el nombre y apellidos del constituyente, o una referencia a la principal actividad del giro, o una combinación de esas menciones, si es persona natural; y el nombre, una referencia a la principal actividad del giro o una combinación de ambas menciones, si es persona jurídica. Adicionalmente, deberá incluir las palabras “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o la abreviatura E.I.R.L.
Si el nombre de la empresa fuere idéntico o semejante al de otra ya existente, esta última tendrá derecho a demandar su modificación en juicio sumario;
c) El capital de la empresa, con la indicación de si se aporta en dinero o en especies y, en este último caso, el valor que les asigna;
d) Las actividades sobre las que deba versar el objeto o giro de la empresa;
e) El domicilio de la empresa, y
f) El plazo de duración de la empresa. Si nada se dice, se entenderá que su duración es indefinida.”.
4.- Reemplázase, el artículo 5°, por el siguiente:
“Artículo 5°.-Un extracto de la escritura pública o instrumento privado protocolizado, cuyas firmas sean autorizadas por el notario ante quien se otorgó la escritura o ante quien se protocolizó el respectivo instrumento, se inscribirá en el Registro de Comercio del domicilio de la empresa y se publicará por una vez en el Diario Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N°20.494, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la escritura o protocolización del instrumento. El extracto deberá contener:
a) El nombre, apellidos y domicilio del constituyente o, si éste es una persona jurídica, su nombre y domicilio;
b) El nombre, domicilio, capital y actividades sobre las que debe versar el objeto o giro de la empresa y
c) La fecha de la escritura pública o de protocolización del instrumento privado, y la indicación del nombre y domicilio del notario ante quien se hubiere otorgado la escritura o protocolizado el instrumento.”.
5.- Sustitúyese, el artículo 8°, por el siguiente:
“Artículo 8°.-El titular sólo responderá personalmente de las obligaciones de la empresa hasta el monto de su aporte o a la suma que a más de éste se haya obligado.”.
6.- Modifícase, el artículo 9°, en la forma que se señala:
a.- Suprímese, en el inciso segundo, la frase “para el cumplimiento del objeto social” y la coma (,) que le sigue, y agrégase, a continuación del término “extrajudicialmente”, la conjunción “y”.
b.- Reemplázase, el inciso tercero, por el siguiente:
“El titular podrá otorgar mandatos generales o especiales para actuar en nombre de la empresa y designar uno o más gerentes, mediante escritura pública o instrumento privado cuyas firmas sean autorizadas y protocolizado ante notario, que se inscribirá en el Registro de Comercio del domicilio de la empresa. Los mandatarios y gerentes tendrán las facultades que se consignen en el referido documento”.
c. - Sustitúyese, el inciso cuarto, por el siguiente:
“Las notificaciones judiciales deberán practicarse al titular de la empresa o, indistintamente, a quien éste hubiere conferido poder para tal efecto.”.
7.- Modíficase, el artículo 10, en el sentido siguiente:
a.- Elimínase, en el inciso primero, el párrafo segundo.
b.- Suprímese el inciso segundo.
8.- Derógase el artículo 12.
9.- Intercálase, en el inciso segundo del artículo 14, entre las locuciones “escritura pública,” e “inscribirse y publicarse con arreglo al artículo 6°”, la frase “o instrumento privado cuyas firmas sean autorizadas y protocolizado ante notario,”.
10.- Incorpórase, un nuevo artículo 17, del siguiente tenor:
“Artículo 17: Si quien constituyere una empresa individual de responsabilidad limitada fuere una mujer casada en régimen de sociedad conyugal que careciere de patrimonio reservado, no necesitará autorización de su marido para aportar bienes propios a la misma, y las utilidades que retire de la empresa ingresarán al patrimonio reservado de la mujer, sin perjuicio de los derechos de los terceros.”.
-o-
Se designó Diputada Informante a la señora Denise Pascal Allende
Tratado y acordado según consta en el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 6 de julio del año en curso, con la asistencia de los siguientes señora Diputada y señores diputados: Denise Pascal Allende , y diputados señores, José Miguel Ortiz Novoa ( Presidente accidental ), Jorge Sabag Villalobos , Guillermo Teillier del Valle y Carlos Vilches Guzmán .
Sala de la Comisión, 11 de julio de 2011
(Fdo.) MARÍA EUGENIA SILVA FERRER , Abogado Secretaria de la Comisión .”
7. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social relativo a la participación de parte de sus diputados miembros en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2011).
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Corporación, cumplo con rendir informe del cometido de los Diputados miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad en el marco de la invitación formulada por la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Evelyn Matthei Fornet , a formar parte de la delegación del Supremo Gobierno en la 100.a Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Cabe hacer presente que la participación de los señores Diputados es en calidad de invitados sin derecho a voz ni voto en los debates oficiales.
La Organización Internacional del Trabajo -OIT- fue fundada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial , basada en una visión según la cual una paz duradera y universal sólo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las normas internacionales del trabajo y es la única agencia de las Naciones Unidas de carácter “tripartito” ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas, así como en la promoción del trabajo decente para todos.
La OIT está consagrada a la promoción de oportunidades de trabajo decente y productivo para mujeres y hombres, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Sus objetivos principales son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo dignas, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo.
La 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se desarrolló entre el 1 y el 17 de junio recién pasados, en la sede de la organización, en Ginebra, Suiza.
La delegación de Diputados estuvo compuesta por los señores Osvaldo Andrade Lara ; Tucapel Jiménez Fuentes ; Felipe Salaberry Soto ; Nicolás Monckeberg Díaz ; y, Ernesto Silva Méndez . Asistió, además, el Abogado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señor Dámaso Montebruno Arriagada . Cabe destacar que los señores Andrade y Jiménez participaron de la Reunión entre los días 6 y 10 de junio, mientras que el resto de la delegación estuvo presente entre los días 13 al 17 de junio.
La 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo consideró, entre otros, los siguientes temas: El trabajo decente para los trabajadores domésticos (segunda discusión con miras a la adopción de un convenio complementado por una recomendación); Administración del trabajo e inspección del trabajo, en el sentido de que resulta fundamental contar con sistemas de administración e inspección laboral eficaces para la buena gobernanza del mercado del trabajo, el desarrollo económico equitativo y la aplicación efectiva de los normas internacionales del trabajo; Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico de la protección social en el marco del seguimiento de la Declaración de 2008 de la OIT, específicamente sobre la justicia social para una para una globalización equitativa.
La delegación parlamentaria que me correspondió presidir asistió a las sesiones plenarias y especiales desarrolladas entre los días 13 al 17 de junio, durante las cuales destacó la alocución del Excelentísimo señor Susilo Bambang Yudhoyono , Presidente de la República de Indonesia , quien abogó por la creación de una coalición mundial que haga frente al desafío del empleo juvenil con el objeto de avanzar hacia una nueva era basada en la justicia social. Al respecto subrayó que en el mundo hay unos 81 millones de jóvenes desempleados entre 15 y 24 años, de un total de 620 millones que están económicamente activos, y recordó que este es el número más alto que se haya registrado. “Casi la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años, y por eso es evidente que los jóvenes pueden contribuir en forma importante con una economía más próspera... Debemos invertir más en sectores que generen empleo para los jóvenes”, añadió “unámonos y forjemos una nueva era de justicia social”. Por otra parte, el Presidente Yudhoyono también manifestó que Indonesia fue uno de los países menos afectados por la crisis económica mundial y destacó que un aspecto clave de la respuesta exitosa a la crisis fue la capacidad para coordinar acciones y políticas entre el gobierno central y los gobiernos locales, con el sector privado y los sindicatos, entre otros. “La lección fue que el gobierno, los empresarios y los trabajadores podían actuar juntos para minimizar el desempleo”, agregó, y destacó la forma en que la OIT ha contribuido a hacer posible este consenso.
Asimismo, destacó la alocución de S.E. Angela Merkel , Canciller de Alemania , quien señaló que la OIT ha cimentado normas del trabajo fundamentales, como la interdicción del trabajo forzoso, del trabajo infantil y la discriminación, y la promoción de la libertad sindical, en un mundo globalizado. Por otro lado, destacó el nuevo Convenio de la OIT para la protección de los trabajadores domésticos, calificándolo como “un hito en el camino del empleo equitativo y justo en nuevos ámbitos”, que respeta la dignidad personal de todos los seres humanos. Finalmente, la Canciller puso de manifiesto la importancia del papel desempeñado por la OIT en la promoción de la estabilidad social en los países en desarrollo, en particular, en el mundo árabe. Afirmó que la libertad y la democracia en estos países dependerán en última instancia de la capacidad “de dar una perspectiva a las personas que quieren trabajar”.
A su vez, resultó destacable la participación de S.E. Vladimir Putin , Primer Ministro de Rusia , quien hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener un sistema “más sostenible y equilibrado” de crecimiento económico que beneficiaría no sólo a determinados países sino a la comunidad mundial en su totalidad y destacó la importancia del papel de la OIT en formular políticas de recuperación económica. El señor Putin recalcó la singular estructura tripartita de la OIT lo que, en su opinión, ha permitido a la Organización desarrollar iniciativas como el Pacto Mundial para el Empleo 2009 como parte de su respuesta a la crisis financiera y económica mundial de 2009-2010. Asimismo, subrayó la “misión social” y la “responsabilidad fundamental” de los gobiernos, las empresas y las instituciones políticas y financieras hacia los ciudadanos, “Creemos que ésta es la principal lección de la crisis mundial, la lección que debemos tener presente cuando formulamos políticas de desarrollo a largo plazo”.
Asimismo, vuestra la delegación participó en varias sesiones de la Comisión de Normas, lo que resulta particularmente relevante a fin de conocer las dificultades y conflictos laborales que afectan a los Estados miembros de la Conferencia.
Adicionalmente, delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores aprobaron, el día 16 de junio, el Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, por 396 votos a favor, 16 en contra y 63 abstenciones, y la Recomendación que lo acompaña por 434 votos a favor, 8 en contra y 42 abstenciones. Las nuevas normas se convertirán en el Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201 desde que fuera fundada la Organización en 1919. El Convenio es un tratado internacional vinculante para los Estados miembros que lo ratifiquen, mientras que la Recomendación ofrece una guía más detallada sobre la forma en que el Convenio puede ser llevado a la práctica. Las nuevas normas de la OIT establecen que los millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo podrán tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva.
Por otra parte, cabe destacar que nuestra delegación fue recibida y atendida personalmente por el señor Embajador de Chile en Ginebra , don Pedro Oyarce Yuraszek , quien se esmeró en la implementación y éxito de cada una de las actividades realizadas.
Resulta particularmente relevante la participación de nuestra delegación en la recepción realizada en la residencia del señor Embajador el día martes 14 de junio, la que contó no solo con la asistencia de las delegaciones de trabajadores, empleadores y gobierno, si no que, además, concurrió parte de la colonia chilena en Ginebra.
Finalmente, quisiera reiterar mis agradecimientos á la persona del señor Embajador de Chile en Ginebra , don Pedro Oyarce Yuraszek , sin cuya valiosa cooperación el éxito de nuestra participación no hubiera tenido tan prósperos resultados. En iguales términos agradezco a los señores Diputados Osvaldo Andrade Lara ; Tucapel Jiménez Fuentes ; Nicolás Monckeberg Díaz ; y, Ernesto Silva Méndez quienes generaron y participaron permanentemente en instancias de encuentro con representantes de los trabajadores y empleadores, oportunidades que enriquecerán el estudio de las iniciativas de ley que la Comisión de Trabajo y Seguridad enfrente a futuro, por lo cual destaco que la participación que informo constituye un escenario relevante de inserción de la Cámara de Diputados en instancias internacionales de primer nivel, enriquecedora y rica en insumos, en el horizonte de una legislación laboral moderna y adecuada a nuestra realidad nacional.
Es todo cuanto puedo informar.
(Fdo.): FELIPE SALABERRY SOTO , Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social”.
8. Moción de los diputados señores García, don René Manuel ; Bertolino , Browne , Cardemil , Martínez , Monckeberg , don Cristián ; Monckeberg, don Nicolás ; Pérez, don Leopoldo , y de las diputadas señoras Rubilar , doña Karla , y Sabat , doña Marcela . Modifica la Ley del Tránsito, en materia de Registro de Vehículos Motorizados . (boletín N° 7778-15)
ANTECEDENTES
1. La reciente construcción de diversas carreteras concesionadas y autopistas urbanas es vista como un evidente avance en materia urbanística y de conexión vial. Estos modernos caminos han permitido reducir los tiempos de movilización entre distintas conurbaciones, y aún dentro de ellas, y han permitido mejorar los estándares de calidad y seguridad que deben existir en todas nuestras rutas.
2. junto con ello, se debe reconocer el progreso social que ha significado el sistema electrónico de cobro de tarifas, utilizado por las autopistas urbanas que funcionan dentro de Santiago. Este sistema deja de lado las históricas casetas de peaje para realizar el debido cobro por utilizar una vía concesionada, como era lo habitual, y en vez de ellas instala un dispositivo electrónico (“Tag” o “Televía”) en cada automóvil, el que registra el número de veces que un mismo vehículo pasa por los pórticos instalados a lo largos de estas autopistas urbanas. Posteriormente, cada autopista emite una boleta con el cobro asociado por el total de pórticos transitados, durante un tiempo determinado.
3- En este raso, como se puede apreciar, la comodidad es aún mayor, porque no se pierde tiempo en molestas filas previas a una caseta de peaje, ni debe el conductor estar preocupado de mantener siempre un flujo de dinero para pagar en ella. No obstante lo anterior, el cobro de Televía ha originado ciertos problemas derivados, que deben ser solucionado por vía legal.
4. Uno de ellos es la situación subyacente en relación a los antecedentes que figuran o deben figurar en el Registro de Vehículos Motorizados. Conforme a la legislación chilena actual, junto con la transferencia de un vehículo motorizado particular, se debe realizar una inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados que debe llevar el Servicio de Registro Civil e Identificación (artículo 37 y siguientes, Ley N218.290, Ley del Tránsito).
En este Registro deben quedar consignadas los hechos y anotaciones relativas al vehículo, como deben ser las deudas, ya sea por infracciones a la Ley de Tránsito no pagadas, o por cuentas pendientes en el caso de uso de autopistas concesionadas que utilicen el cobro por pórtico.
5. Este Registro es de gran utilidad, pues le permite al adquiriente de un vehículo saber si -al momento de celebrar el contrato de compraventa- existe alguna deuda pendiente de la que él deba hacerse cargo. Y este tema no es menor, pues la normativa establece que el TAG -y por consiguiente, las deudas asociadas a este dispositivo- siguen la suerte del automóvil, y no del propietario. Luego, si uno adquiere un vehículo con una deuda contraída con una autopista concesionada, no se puede eximir del pago de ésta.
6. El problema es aún más complejo, pues hay casos en los que el comprador de un automóvil, de manera responsable, solicita un certificado del Registro de Vehículos Motorizados ante el Servicio Civil, y éste señala que no hay deudas vigentes; pero meses o incluso años más tarde, aparece una deuda por no pago del uso de una autopista concesionada, en tiempos anteriores á la adquisición del vehículo, y sin que el certificado señalado la detectara.
7. En tal episodio, el deudor se ve forzado a cumplir con una obligación contraída por un tercero, y de la cual él no tuvo noticia al momento de celebrar el contrato. Y para mayor profundidad, debido a que la norma contractual de las autopistas dice que el TAG se asocia al vehículo y no al propietario, el nuevo dueño del automóvil no tiene acción para repetir contra el antiguo dueño. Es, como se puede apreciar, una situación del todo injusta, que debe ser recompuesta por vía legislativa.
En virtud de lo anterior, los Diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Agregase los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, en el artículo 47 de la Ley N2 18.290, Ley de Tránsito, con el siguiente texto:
“En el caso de que el certificado expedido señale que un vehículo no es objeto de deudas exigibles al momento de haberse solicitado dicha información, no se podrá perseguir posteriormente al propietario del mismo por deudas contraídas con anterioridad a la fecha de emisión del certificado. En tal situación, el acreedor sólo podrá perseguir la deuda por parte del propietario del vehículo al momento de haberse contraído la obligación, o haberse configurado el hecho jurídico que dio origen a la deuda.
Dicho documento podrá, incluso, ser utilizado como un medio de oposición, por parte del ejecutado, para configurar la excepción N°7ª , del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.
9. Moción de los diputados señores García, don René Manuel ; Cardemil , Edwards , Martínez , Monckeberg, don Nicolás ; Monckeberg, don Cristián ; Pérez, don Leopoldo ; Sauerbaum , Verdugo y de la diputada señora Rubilar , doña Karla . Impide a las Instituciones de Salud Previsional modificar los planes de salud sin el consentimiento expreso de los afiliados. (boletín N° 7779-11)
ANTECEDENTES
1. La legislación chilena actual reúne en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, el marco de la legislación relativa a las prestaciones de salud. De esta manera, la mencionada norma fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de tres cuerpos normativos: el decreto ley N° 2.763, de 1979, la ley N° 18.933 y la ley N° 18.469.
2. Este Decreto con Fuerza de Ley constituye la base legal de diversas materias relacionadas con la Salud Pública, incluyendo las prestaciones que otorgan las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). En efecto, estas instituciones son reguladas en el Título II del Libro III del Decreto con Fuerza de Ley, referido al sistema privado de salud.
3. Dentro de las materias reguladas en este Título, se encuentran las prestaciones de Salud, y los planes que pueden pactar las personas (pasándose a llamar “afiliados” o “cotizantes”) con las Isapres, a través de los cuales los primeros reusltan beneficiados de ciertas prestaciones de salud contratadas.
4. En rigor, el artículo 197 de este Decreto con Fuerza de Ley señala, en su inciso primero, que los contratos por un plan de salud deberán “ser pactados por tiempo indefinido, y no podrán dejarse sin efecto durante su vigencia, sino por incumplimiento de las obligaciones contractuales o por mutuo acuerdo”, añadiendo el mismo inciso que “la Institución deberá ofrecer un nuevo plan si este es requerido por el afiliado y se fundamenta en la cesantía o en una variación permanente de la cotización legal, o de la composición del grupo familiar del cotizante, situaciones que deberán acreditarse ante la Institución”.
5. Al mismo tiempo, el inciso tercero de la norma, regula varias materias, como la facultad que tienen las Isapres de “revisar los contratos de salud, pudiendo sólo modificar el precio base del plan, con las limitaciones a que se refiere el artículo 198', en condiciones generales que no importen discriminación entre los afiliados de un mismo plan”.
6. El problema suscitado es que el mismo inciso señala que “el afiliado podrá aceptar el contrato con la adecuación de precio propuesta por la Institución de Salud Previsional” pero a continuación agrega que “en el evento de que nada diga, se entenderá que acepta la propuesta de la Institución”.
7. Esta regla -que sin duda protege a las instituciones pero perjudica a los afiliados- podría prestarse para abusos o irregularidades, pues se trata de situaciones en las que puede no constar fehacientemente que el afiliado haya tomado conocimiento de los cambios. Y más aún, al silencio se le asocia el carácter de aceptación, sin que haya habido manifestación alguna (incluso, en casos en que la persona puede no haber leído la carta).
8. Por ello, consideramos que no puede haber ningún cambio en el plan de salud que el afiliado haya contratado, a menos que conste su manifestación expresa de consentimiento, en el mismo instrumento por el que se le hizo llegar la propuesta de cambio de plan: una carta certificada, dirigida a la Isapre en la que se encuentra afiliado el cotizante.
En virtud de lo anterior, los Diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Sustitúyese, en el tercer inciso del artículo 197 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2_763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, la oración “En tales circunstancias, el afiliado podrá aceptar el contrato con la adecuación de precio propuesta por la Institución de Salud Previsional; en el evento de que nada diga, se entenderá que acepta la propuesta de la Institución”, por: “En tales circunstancias, el afiliado deberá manifestar expresamente su voluntad de aceptar el nuevo contrato, con la adecuación de precio propuesta por la Institución de Salud Previsional, a través de una carta certificada que deberá ser expedida a dicha Institución; en ningún caso, la Institución de Salud Previsional podrá dar por modificado el precio base del plan ante el silencio del afiliado”.
1 El artículo 198 se refiere a las reglas a las que están sujetas las Instituciones de Salud Previsional para cambiar los precios base de los planes de salud.
10. Moción de los diputados señores Arenas, Bauer , Hasbún , Hernández , Recondo , Van Rysselberghe , Vilches y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José ; Molina , doña Andrea , y Zalaquett , doña Mónica . Incorpora un nuevo artículo 17 bis, a la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, restringiendo a un año el contrato con empresas de seguridad. (boletín N° 7781-03)
“La seguridad es un tema que siempre está presente en nuestra sociedad y que involucra una preocupación de carácter transversal por constituir un problema común que atañe a todos los componentes de la comunidad. Así, nuestra sociedad durante las últimas décadas ha experimentado una mayor sensación de inseguridad en diversos ámbitos, instalando en el debate nacional el tema de la inseguridad como una profunda preocupación de todos los chilenos y que ha llevado a la incorporación de nuevas institucionalidades y de nuevas políticas públicas destinadas a la represión del delito.
Es por lo anterior que se han desarrollado diversos negocios cuyo eje de acción lo representa precisamente la seguridad. En ellos, se ofrece un servicio el cual no se encuentra regulado en toda su dimensión, razón por la cual al tratarse de servicios, su calidad debe necesariamente estar regulada en leyes generales o en la ley de consumidor.
En efecto, numerosas empresas a lo largo de Chile se han establecido ofreciendo servicios de seguridad en casas y edificios para las personas, con el objeto de aumentar los estándares de seguridad en tales propiedades.
Es así como tales entidades que ofrecen servicios de seguridad, establecen contratos tipo o estandarizados en donde las cláusulas se encuentran establecidas con anterioridad a la suscripción del mismo, limitándose en muchas oportunidades los consumidores a aceptar o no las cláusulas contractuales.
Pensamos que esta situación envilece los derechos de los consumidores, requiriéndose en consecuencia, Una normativa que introduzca un cierto dirigismo, sobre todo en materia del plazo de duración del contrato suscrito entre el consumidor y la empresa.
En efecto, el presente proyecto de ley viene en establecer un máximo de un año para los contratos de seguridad suscritos entre los consumidores y las empresas que proveen el servicio de seguridad en casas y edificios, evitando con ello desagradables prácticas de amarre una vez que los consumidores quieran optar por servicio u ofertas mejores.
El estado de cosas actual implica rigidizar el mercado, en el sentido que generalmente al durar 18 meses los contratos de seguridad, los usuarios del servicios luego de un año de implementado o en menor tiempo, no tienen la posibilidad de elegir otras ofertas mejores, toda vez que las empresas al proporcionar implementos de seguridad al usuario, este no puede devolverlos sino hasta expirado íntegramente el servicio.
Es por lo anterior que el presente proyecto de ley viene en determinar que los contratos seguridad no duren más de un año, otorgándoles a los consumidores una vez expirado dicho término, la posibilidad de cotejar otras ofertas existentes en el mercado.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Modifíquese 1a ley del Consumidor número 19.496 incorporando un nuevo artículo 17 bis el que reza de la siguiente manera:
“Los contratos de seguridad de casas y edificios no podrán exceder de 1 año contado desde la suscripción del instrumento”
11. Moción de los diputados señores Gutiérrez, don Romilio ; Hernández , Macaya , Morales , Norambuena , Ward , y de las diputadas señoras Hoffmann , doña María José ; Molina, doña Andrea ; Nogueira , doña Claudia , y Zalaquett , doña Mónica . Sanciona con mayor gravedad el robo o hurto de material pedagógico y tecnológico desde establecimientos educacionales. (boletín N° 7780-07)
“Considerando
Según las cifras entregadas por la Fiscalía Nacional en Chile el año 2010 se cometieron 1.283.0831 delitos, de las cuales 85.099 corresponden a robos, 214.928 a robos no violentos y 139.263 a hurtos.
Pero dentro de los hurtos o robos cometidos se ha percibido una nueva categoría, correspondiente a la sustracción de material pedagógico e interactivo desde los establecimientos educacionales de nuestro país, dicho material está destinado al desarrollo e incentivo de la educación de miles de estudiantes de escasos recursos de nuestro país.
Dicho incremento encuentra uno de sus fundamentos en la iniciativa de nuevos programas gubernamentales orientados a la entrega de material tecnológico a estudiantes de escasos recursos, lo que ha conllevado que cientos de escuelas del país se vean beneficiadas con computadores personales, reproyectores, reproductor de dvds u otros equipos de alto costo, imposibles de adquirir por los establecimientos y sus alumnos.
Un ejemplo de esto es el programa “Yo Elijo mi PC” iniciativa que busca aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños en condición de vulnerabilidad que se destacan por sus altas calificaciones escolares, este programa contempla por ejemplo para el año 2011 la entrega de 60 mil computadores personales a los mejores alumnos que estén matriculados en 72 básico y pertenecientes al 40% más vulnerable de la población.
Pero la entrega de dichos computadores ha incentivado su sustracción por parte de terceros con fines completamente distinto a los educacionales, por tanto se hace necesario establecer una mayor penalidad a quienes hurten o roben material pedagógico desde los establecimientos educacionales, especialmente a quienes sustraigan computadores entregados mediante iniciativas del Estado u otros materiales que se contemplan dentro del mejoramiento a la Educación Chilena.
Por otra parte, se hace necesario señalar que nuestra legislación penal a diferencias de otros sistemas extranjeros contempla un catálogo taxativo de circunstancias atenuantes, agravantes y una mixta, detalladas en los artículos 11 a 13 y que son aplicables a todos los delitos, pero señala en otros articulados circunstancias particulares aplicables a delitos determinados, este es el caso del robo y hurto.
Es así como el articulo 456 bis establece una serie de disposiciones que alteran el marco penal aplicable a esta clase de delitos, operando independientemente de las agravantes comunes, a las que se hizo referencia anteriormente, de este modo dichas circunstancias tampoco pueden tomarse en cuenta doblemente contra el reo respetándose de esta forma los principios fundantes de nuestro derechos.
Cabe destacar que la doctrina nacional ha agrupado dichas agravantes en tres grupos: en razón del objeto del delito, de los medios de comisión y de la conducta anterior del delincuente.
Respecto de aquellas llamadas en razón objeto del delito es posible encontrar una serie de delitos determinados (como es el abigeato, el hurto o robo de parte de animales, hurto o robo de vehículos, etc) pero no se hace referencia en nuestro código penal a la sustracción de material pedagógico desde establecimientos educacionales, pese a la relevancia que tienen dichos elementos en la enseñanza de tanto jóvenes a nivel nacional, y que cumple con los requisitos para ser categorizados dentro de este tipo de agravantes es por esto que mediante el presento proyecto se busca agrupar dentro de esta categoría esta importante clase de hurto o robo, es así como el objetivo principal de esta tipificación es la prevención de esta clase de delitos (objetivo central de nuestro derecho penal) y si no es posible cumplir con dicha prevención una sanción mayor en caso de comisión.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agréguese un nuevo numeral 6° al artículo 456 bis del Código Penal de la siguiente forma:
12. Moción de los diputados señores Morales, Barros , Gutiérrez, don Romilio ; Hasbún , Norambuena , Rojas , Sandoval , Silva , Urrutia y de la diputada señora Molina , doña Andrea . Establece un seguro obligatorio por daños personales para aquellos deportistas que practiquen deportes considerados extremos. (boletín N° 7782-29)
“Como sabemos, la práctica de deportes representa una virtud que toda sociedad debe promover, es así como el poder ejecutivo ha impulsado políticas públicas tendientes a incentivar la práctica de actividades deportivas, otorgándole a La ciudadanía una mejor calidad de vida en todos los aspectos.
Con todo, en materia de práctica de deportes y como en toda actividad recreativa en general, se deben adoptar todas y cada una de las medidas de seguridad disponibles, disminuyendo el riesgo de producirse Lesiones o incluso [a muerte del deportista.
Frente a esto, la seguridad es entonces un factor que siempre hay que considerar a la hora de comenzar la práctica de algún ejercicio o actividad de índole deportiva. En efecto, la salud de los deportistas debe ser considerada como elemento central en la materia, sin el cual no puede ser concebida.
Es así como en materia de deportes considerados riesgosos, el factor de seguridad debe tener aún mayor importancia a partir que, por esencia, la práctica de tales deportes implica un componente importante de riesgo o peligro de sufrir algún accidente.
Que, es por lo indicado precedentemente que los firmantes del presente proyecto de ley venimos en promover como herramienta de protección hacia los deportistas y sus familias, la consagración a nivel legal de un seguro obligatorio que cubra los riesgos propios de esta actividad.
Por lo anteriormente indicado, la presente iniciativa obliga a todos aquellos deportistas que practiquen deportes considerados “extremos' a contratar un seguro que cubra eventuales daños personales, concediendo con ello un mayor soporte económico a estas personas por los desafortunados daños que pueda acarrear la práctica de tales disciplinas deportivas.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1: Todo deportista que practique deportes considerados extremos deberá contratar un seguro contra riesgos personales de los que norma esta ley.
Art. 2: Se entiende por deportista a toda aquella persona que practica en forma continua un deporte riesgoso o extremo.
Art 3: Se denomina seguro obligatorio contra riesgos personales la póliza que como
a) Seguro de vida para el caso de muerte en la práctica deportiva.
b) Seguro contra accidentes personales en tales prácticas.
c) Seguro contra invalidez por accidente en el ejercicio de tales deportes.
Art.4: La obligación de contratar el seguro que regla esta ley es requisito habilitante para practicar el deporte riesgoso
Art.5: El seguro obligatorio contra riesgos personales podrá ser contratado en cualquiera de las entidades aseguradoras establecidas en la ley.
Art.6: En caso de invalidez total y permanente del asegurado, la Compañía de Seguros deberá indemnizado con una renta periódica, sin perjuicio de la cobertura de los gastos médicos iniciales hasta por el monto máximo de la indemnización por accidente. En caso de muerte del asegurado como consecuencia del accidente que le produjo la invalidez total, la compañía aseguradora deberá indemnizar al beneficiario, deducidos previamente los montos que por conceptos de rentas periódicas se hayan solventado.
Art. 7: Para los efectos de esta ley se entiende por incapacidad total y permanente aquella que produce en la víctima la pérdida de a lo menos dos tercios de su capacidad de trabajo como consecuencia del debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales.
13. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 7 de julio de 2011.
Oficio N° 6.280
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copias de las resoluciones dictadas por esta Magistratura con fecha 7 de julio de 2011, en los autos Rol N° 2.025-11-CPT, sobre el requerimiento formulado por el Presidente de la República solicitando se declare inconstitucional “la actuación del Senado y la consecuente modificación introducida por este al árticulo 197 bis del Código del Trabajo” contenido en el proyecto de ley que crea el permiso postnatal parental y modifica el Código del Trabajo, boletín N° 7526-13, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia de escrito de fojas 437.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO.”